“INOBSERVANCIA DEL DEBIDO PROCESO, EN EL DESARROLLO DEL PROCESO PENAL, POR CARENCIA DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES LEGALES MAYA HABLANTES DE OFICIO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DE HUEHUETENANGO” ” CAMPUS "SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ, S. J." DE HUEHUETENANGO HUEHUETENANGO, SEPTIEMBRE DE 2013 CARLOS EDUARDO MÉRIDA LÓPEZ CARNET30099-05 TESIS DE GRADO LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDÍCAS Y SOCIALES FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
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“INOBSERVANCIA DEL DEBIDO PROCESO, EN EL DESARROLLO DEL PROCESO PENAL, POR CARENCIA DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES LEGALES MAYA HABLANTES DE
OFICIO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DE HUEHUETENANGO”
”
CAMPUS "SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ, S. J." DE HUEHUETENANGO
HUEHUETENANGO, SEPTIEMBRE DE 2013
CARLOS EDUARDO MÉRIDA LÓPEZ
CARNET30099-05
TESIS DE GRADO
LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDÍCAS Y SOCIALES
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
TRABAJO PRESENTADO AL CONSEJO DE LA FACULTAD DE
“INOBSERVANCIA DEL DEBIDO PROCESO, EN EL DESARROLLO DEL PROCESO PENAL, POR CARENCIA DE TRADUCTORES E INTÉRPRETES LEGALES MAYA HABLANTES DE
OFICIO EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS CONTRA EL AMBIENTE DE HUEHUETENANGO”
”
EL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIADO EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
PREVIO A CONFERÍRSELE
HUEHUETENANGO, SEPTIEMBRE DE 2013
CAMPUS "SAN ROQUE GONZÁLEZ DE SANTA CRUZ, S. J." DE HUEHUETENANGO
CARLOS EDUARDO MÉRIDA LÓPEZ
POR
TESIS DE GRADO
UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
LICENCIATURA EN CIENCIAS JURIDÍCAS Y SOCIALES
DR. CARLOS RAFAEL CABARRÚS PELLECER, S. J.
DRA. MARTA LUCRECIA MÉNDEZ GONZÁLEZ DE PENEDO
DR. EDUARDO VALDÉS BARRÍA, S. J.
LIC. ARIEL RIVERA IRÍAS
LIC. FABIOLA DE LA LUZ PADILLA BELTRANENA DE LORENZANA
SECRETARIA GENERAL:
VICERRECTOR ADMINISTRATIVO:
VICERRECTOR DE INTEGRACIÓN UNIVERSITARIA:
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN:
P. ROLANDO ENRIQUE ALVARADO LÓPEZ, S. J.
VICERRECTORA ACADÉMICA:
RECTOR:
AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR
AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
DECANO: DR. ROLANDO ESCOBAR MENALDO
VICEDECANO: MGTR. PABLO GERARDO HURTADO GARCÍA
SECRETARIO: MGTR. ALAN ALFREDO GONZÁLEZ DE LEÓN
TERNA QUE PRACTICÓ LA EVALUACIÓN
NOMBRE DEL ASESOR DE TRABAJO DE GRADUACIÓN
LIC. JULIO BONIFACIO BAQUIAX BULUX
LIC. ERICK JOSE CASTILLO LOPEZ
ACTO QUE DEDICO
AL CORAZÓN DEL CIELO:
Por la vida y la salud que me has dado y por ser fuente inagotable de sabiduría.
A MIS PADRES: Víctor Hugo Mérida Gómez y Lucía López Ordóñez por haberme
dado la vida, especialmente a mi madre por todo su apoyo económico y amor
incondicional que me ha dado en toda mi vida.
A MIS HERMANOS: Francisco Arístides Mérida López y Crisma Yaritza Nikté
Jiménez López, en especial a mi hermano Francisco (Paco) por ser mi mejor amigo y
ser uno de mis pilares fundamentales en mi vida.
A MI ESPOSA E HIJAS: Leidy Verónica Gómez Sánchez, Andreí Luz María Mérida
Gómez y Bela Ana Karla Mérida Gómez, por todo su amor y apoyo incondicional;
sobre todo porque son mi fuente de inspiración de cada día y que mi triunfo sea
motivo para su superación académica.
A MI FAMILIA: Por sus muestras de cariño y aprecio, especialmente a mis Abuelos
(QPD) Francisco López Morales y María Ordóñez Ortíz por su cuido y amor hacia mi
persona, a mi Primo José Francisco Láinez López por su apoyo en toda la carrera
universitaria y a mi tío Miguel López Ordóñez por sus buenos consejos y amistad.
A MIS AMIGOS: Gracias por su amistad y cariño, especialmente a Heber Martínez
por su apoyo incondicional.
A MIS COMPAÑEROS DE UNIVERSIDAD:
Mi cariño y amistad sincera.
AGRADECIMIENTO
AL CREADOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA:
Por haberme dado la sabiduría e inteligencia en toda mi vida estudiantil.
A MI MADRE:
Por toda su comprensión y amor, sobre todo por todo su apoyo económico y moral
en toda mi carrera estudiantil.
A MIS COMPAÑEROS DE TRABAJO:
Por su apoyo y cariño, especialmente a la Profesora Claudia Viviana Salazar Villatoro
por su comprensión y apoyo en toda mi carrera universitaria.
A MI ASESOR DE TESIS:
Lic. Julio Bonifacio Baquiax Bulux, por su acompañamiento y paciencia en la
asesoría de este trabajo de investigación.
A MI REVISOR DE TESIS:
Lic. Erick José Castillo López, por su buena voluntad en la terminación de este
trabajo de investigación y su valiosa orientación académica.
A MIS CATEDRÁTICOS:
Por sus sabias enseñanzas y valiosa colaboración en el desarrollo y culminación de
mi carrera universitaria.
A LA UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR:
Por ser mi casa de estudios superiores, por sus principios y valores que me inculcó.
A todas las personas que de una u otra forma contribuyeron al logro final de este
trabajo de investigación.
RESPONSABILIDAD: “El autor será el único responsable del contenido y
conclusiones de la presente tesis”.
ÍNDICE
RESUMEN EJECUTIVO ...............................................................................................I
INTRODUCCIÓN .........................................................................................................II
CAPÍTULO I
EL DEBIDO PROCESO, UN DERECHO CONSTITUCIONAL
1.1 Concepto: .............................................................................................................. 1
1.2 Evolución Histórica: ............................................................................................... 3
1.3 Principios Procesales: ........................................................................................... 8
1.3.1 Principios Generales: ................................................................................... 8
1.3.2 Principios Especiales: ................................................................................ 12
1.4 Garantías Procesales: ......................................................................................... 15
1.4.1 Garantías Genéricas: ................................................................................. 17
1.4.2Garantías Específicas: ................................................................................ 21
1.5 Vulneración del Debido Proceso: ........................................................................ 25
CAPÍTULO II
EL ACCESO A LA JUSTICIA EN EL IDIOMA MATERNO DE LOS MAYA
HABLANTES
2.1 Fundamento Jurídico: .......................................................................................... 27
2.1.1 Marco Jurídico Nacional: ........................................................................... 27
2.1.2 Marco Jurídico Internacional: ..................................................................... 30
2.2 El Acceso a la Justicia un derecho de todos ...................................................... 38
2.2.2El Acceso a la Justicia en Guatemala: ........................................................ 39
2.2.3 El Acceso Ineficaz de los Maya Hablantes a la Justicia Oficial .................. 41
CAPITULO III
SISTEMA DE JUSTICIA EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA PENAL
3.1 Fundamento Constitucional ................................................................................. 45
3.2 Organismo Judicial .............................................................................................. 46
3.3 Juzgados De Primera Instancia ........................................................................... 47
3.4 El Proceso Penal en los Juzgados de Primera Instancia: ................................... 48
3.4.1 Jueces de Primera Instancia: ..................................................................... 49
3.4.2 El Procedimiento Preparatorio: .................................................................. 49
3.4.3 El Procedimiento Intermedio: ..................................................................... 50
CAPÍTULO IV
DERECHOS CULTURALES E INTERCULTURALIDAD
4.1 Derecho Indígena en la Actualidad:..................................................................... 52
4.1.1 Uso del Idioma indígena en el proceso: ..................................................... 54
4.1.2 Legislación Actual sobre idiomas Mayas: .................................................. 56
4.2 Definición de traductor y de intérprete: ............................................................... 60
4.2.1 Traducción: ................................................................................................ 60
4.2.2 Intérprete: .................................................................................................. 61
4.3 Reconocimiento Constitucional: .......................................................................... 62
4.4 Pluralismo Jurídico: ............................................................................................. 63
CAPÍTULO V
PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
5.1 Presentación de Resultados: ............................................................................... 66
5.1.1 De las Encuestas: ...................................................................................... 66
5.1.2 De las Entrevistas: ..................................................................................... 80
5.2 Análisis y Discusión de Resultados: .................................................................... 91
CONCLUSIONES ......................................................................................................94
RECOMENDACIONES ..............................................................................................96
REFERENCIAS ..........................................................................................................99
BIBLIOGRÁFICAS: ................................................................................................... 99
NORMATIVAS: .........................................................................................................100
ELECTRÓNICAS: ....................................................................................................101
OTRAS REFERENCIAS:..........................................................................................104
ANEXOS .................................................................................................................. 105
I
RESUMEN EJECUTIVO
El Debido Proceso son los presupuestos o principios procesales que como mínimo
debe tener un proceso judicial, en la cual debe asegurarse a las partes en todo
proceso legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas,
oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente predeterminado por
ley, con el fin de garantizar un proceso justo, equitativo y con toda la legitimidad del
caso.
Pero éste no siempre se cumple a cabalidad, por lo que se cae a la vulneración del
mismo, el cual se da en el incumplimiento de las etapas formales secuenciadas e
imprescindibles que deben ser realizadas dentro un proceso penal por los sujetos
procesales, asimismo no respetando los requisitos prescritos en la Constitución y
en las leyes de la materia, teniendo como consecuencia el riesgo de llevar de parte
de los órganos judiciales un proceso injusto, tardado y corrupto.
Uno de los presupuestos indispensables del Debido Proceso el cual está establecido
tanto a nivel Constitucional como a nivel de Normativa Internacional en materia de
Derechos Humanos ratificados por el Estado de Guatemala, es que se reconoce
expresamente el derecho a ser atendido en los Centros de Justicia en el idioma
materno de las partes ya sea acusador o sindicado, por medio de traductores o
intérpretes de dichos idiomas.
En el presente trabajo de investigación trata sobre si existe vulneración del debido
proceso en el Sistema de Justicia en el Juzgado de Primera Instancia Penal del
departamento de Huehuetenango, a los usuarios maya hablantes por no contar con
traductores o intérpretes de los idiomas mayas que se hablan en la Jurisdicción de
dicho juzgado, considerando éste como uno de los pilares principales del Sistema de
Justicia en el municipio de Huehuetenango, por ser uno de los más concurridos por
población maya hablante que no domina el idioma español.
II
INTRODUCCIÓN
El debido proceso es un concepto indeterminado con una definición genérica que se
materializa en actos procesales concretos. Eso no quiere decir que no se pueda o no
se deba cumplir. Significa, básicamente, que en todo proceso judicial, cualquiera sea
su materia o instancia, o quien sea su protagonista, siempre debe realizarse con
equidad, razonabilidad y con los presupuestos y principios procesales esenciales
para un resultado válido, justo y socialmente aceptado.
Uno de los presupuestos procesales más importantes del debido proceso es la
intervención de un traductor o intérprete en casos de que el acusador o imputado no
hablen el idioma español, máximo que en Guatemala, desde un punto de vista social,
es un país multiétnico, pluricultural y multilingüe; específicamente, el departamento
de Huehuetenango presenta esta realidad y, dentro de su carácter multilingüe,
cuenta con ocho idiomas mayas que se hablan en su territorio siendo estos: el Mam,
Awakateko, Tektiteko, Chalchiteko, Q’anjob’al, Akateco, Chuj y Poptí, por lo tanto es
eminentemente necesario contar con traductores o intérpretes de los idiomas mayas
que se hablen en las diferentes competencias territoriales de los tribunales de
justicia en el departamento.
La Ley de Idiomas Nacionales, Decreto Número 19-2003, respalda lo establecido
anteriormente, ya que establece la obligación de facilitar el acceso a los servicios de
salud, educación, justicia y seguridad, a través de la información y atención en el
idioma propio de cada comunidad lingüística.
Pero lamentablemente la realidad es otra, ya que el acceso a la justicia, ha sido
deficiente y limitado para los sectores más pobres y, del área rural, principalmente
para el pueblo maya. Asimismo, el acceso a la justicia en el idioma materno del
pueblo maya, ha sido siempre negado y limitado, produciéndose de esta manera, la
violación al principio de acceso a la justicia en el propio idioma, por parte del Estado
de Guatemala, esto se refleja claramente en el Organismo Judicial que no cuenta
III
con traductores o intérpretes de los idiomas mayas en la mayoría de Juzgados o
Tribunales, ni siquiera en donde la población en su mayoría es indígena y por ende
su lengua materna no es precisamente el español.
A todo esto no es excepción el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y
delitos contra el Ambiente del departamento de Huehuetenango, el cual es un
Juzgado sumamente importante y concurrido por la población en general de
Huehuetenango, y por ende de la población indígena, que en su mayoría no entiende
ni habla el español correctamente, por el simple hecho de que no es su idioma
materno.
Todos estos elementos permiten formular la siguiente pregunta de investigación ¿Se
vulnera a los usuarios maya hablantes el Debido Proceso, en el sistema de Justicia
del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el
Ambiente del departamento de Huehuetenango, por carencia de traductores o
intérpretes Maya hablantes de oficio?
De acuerdo al planteamiento del problema indicado anteriormente, en este trabajo de
investigación se plantea como objetivo general el: determinar si el sistema de Justicia
en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el
Ambiente de Huehuetenango vulnera el debido proceso por falta de traductores o
intérpretes en dicha instancia. Ahora bien, en el presente trabajo de investigación,
también se fijaron ciertos objetivos específicos, tales como: Determinar el
fundamento constitucional que permite a los usuarios maya hablantes el acceso a la
justicia en su Idioma y los diferentes factores que intervienen en ella; establecer los
derechos culturales que la Constitución Política de la República de Guatemala
reconoce dentro del proceso penal guatemalteco; determinar la situación actual del
juzgado de Primera Instancia penal del municipio de Huehuetenango, en términos de
aplicación de la justicia en los Idiomas Mayas de la región; y por último formular
propuestas para poder evitar la vulneración del debido proceso penal a los usuarios
maya hablantes en dicho Juzgado.
IV
Por otra parte, en la presente tesis, se utilizaron como elementos de estudio para
llevar a cabo la investigación, la figura del juez y el traductor o intérprete legal y el
proceso penal.
Al momento de elaborar el presente trabajo de investigación, se pudo contar con
algunos textos que se refieren al acceso a la justicia en el idioma materno del pueblo
maya; situación sociocultural de Guatemala, el proceso penal guatemalteco; así
como también la existencia de algunas tesis relacionadas con el acceso a la justicia
de los pueblos indígenas.
La Unidad de análisis se centró las siguiente normativa tanto nacional como
internacional: Constitución Política de la República de Guatemala, Ley de Idiomas
Nacionales Decreto No. 19-2003; Código Procesal Penal Decreto No. 51-92 y Leyes
y Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por el
Estado de Guatemala, específicamente en materia de acceso a la justicia en el
idioma materno de los pueblos indígenas.
Los sujetos de estudio fueron los siguientes: Ministerio Público, Abogados Litigantes,
la Defensa Pública Penal, y usuarios en general del Juzgado de Primera Instancia
Penal, Narcoactividad y delitos contra el Ambiente del municipio de Huehuetenango.
Los instrumentos utilizados para recopilar la información de campo fueron encuestas,
las cuales fueron pasadas a usuarios del Juzgado de Primera Instancia Penal del
departamento de Huehuetenango, también se hicieron una serie de entrevistas a
Operadores de Justicia, personal del Ministerio Público, Defensa Pública Penal,
Abogados Litigantes del municipio de Huehuetenango, esto con el fin de analizar la
problemática vivida en dicho Juzgado por la carencia de traductores e intérpretes de
los idiomas mayas de la región.
Los aportes que trato de dejar en esta investigación, según mi criterio, son los
siguientes: que el lector, al adquirir la información, establezca que es necesario
V
contar lo más antes posible con traductores o intérpretes de los idiomas Mam,
Q’anjob’al, Awakateko, Chalchiteko y Tektiteko que son los idiomas que habla la
población maya en el territorio competencia del Juzgado de Primera Instancia Penal
del departamento de Huehuetenango, para evitar así la vulneración y dilatación de
los procesos penales donde los usuarios indígenas son sujetos procesales en dicho
juzgado; dejar un material bibliográfico a la Universidad Rafael Landívar el cual sirva
para enriquecer las investigaciones analíticas-descriptivas para las siguientes
generaciones de estudiantes.
Por lo tanto la presente investigación consta de cinco capítulos que están
estructurados de la siguiente manera: Capítulo I el Debido Proceso, un derecho
constitucional, en el cual se define en sí el debido proceso, se indica una reseña
histórica de ésta institución, se establecen los principios y garantías procesales
mínimos que debe llevar todo proceso judicial y la vulneración del Debido Proceso.
Capítulo II El Acceso a la Justicia en el Idioma Materno de los Maya Hablantes, en
donde se indica cuál es el fundamento jurídico de éste, tanto en la normativa
nacional como internacional, el acceso a la justicia en la realidad guatemalteca, y el
acceso ineficaz de los maya hablantes a la Justicia Oficial. Capítulo III Sistema de
Justicia en los Juzgados de Primera Instancia Penal, el cual abarcó: el fundamento
constitucional del mismo, el proceso penal en los juzgados de Primera Instancia y su
procedimiento. Capítulo IV Derechos Culturales e Interculturalidad, en los cuales se
establece el derecho indígena en la actualidad, el uso de idioma indígena en el
proceso, legislación actual sobre idiomas mayas, la definición de traductor e
intérprete, el reconocimiento constitucional de los mismos y el pluralismo jurídico.
Capítulo V Presentación, Análisis e Interpretación de Resultados: el cual se
desarrolló en base a los resultados obtenidos en la investigación de campo donde se
encuestaron a veinticinco usuarios del Juzgado de Primera Instancia Penal,
Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Huehuetenango, además se
entrevistó al Juez de dicho Juzgado; a los Operadores de Justicia, funcionarios del
Ministerio Público, Defensa Pública Penal, Abogados litigantes de la cabecera
departamental de Huehuetenango.
1
1
CAPÍTULO I
EL DEBIDO PROCESO, UN DERECHO CONSTITUCIONAL
1.1 Concepto:
a) El debido proceso según Aníbal Quiroga León “es la institución del Derecho
Constitucional Procesal que identifica los principios y presupuestos procesales
mínimos que debe reunir todo proceso judicial jurisdiccional para asegurar al
justiciable la certeza, justicia y legitimidad de su resultado”.1
b) Ticona Póstigo anota: “El debido proceso legal, proceso justo o simplemente
debido proceso… es un derecho humano fundamental que tiene toda persona y
que le faculta a exigir del Estado un juzgamiento imparcial y justo, ante un juez
responsable, competente e independiente….”2
c) Eduardo J. Couture citado por Virginia Servent Palmieri define el debido proceso
legal como “Garantía Constitucional”, el cual consiste en asegurar a las personas
el ser debidamente escuchados durante el proceso dentro del cual se les juzga,
con iguales oportunidades para exponer sus motivos y probar sus derechos.” 3
d) Para Suárez en sentido formal, el debido proceso “consiste en que nadie puede
ser juzgado sino de conformidad con la ritualidad previamente establecida, para
que se cumpla aquel axioma de que nadie puede ser condenado, sin antes haber
sido oído y vencido en juicio con la plenitud de las formalidades legales...”4 por lo
que esto Implica la existencia previa de los procedimientos de investigación y de
1 Debido Proceso, Mundo Jurídico, El Debido Proceso: Mecanismo de Protección de los Derechos Humanos,….
http://members.fortunecity.es/mundojuridico/debidoproceso.htm. consultado el: 28.03.2011 2Ibid.
3Servent Palmieri, Virginia. La aplicación de los principios procesales, el debido proceso y los efectos de las
nuevas reformas de la ley del organismo judicial contenidas en el decreto número 112-97 del congreso de la
república. 2000. Tesis de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Rafael Landivar, Pág. 18. 4Actuaciones jurídicas: el debido proceso, Arburola Valverde, Allan, Concepto Formal: Debido Proceso, Costa
Rica, 2008, http://www.mailxmail.com/curso-actuaciones-juridicas-debido-proceso/origen, consultado: 25-05-2011.
2
2
juzgamiento a los que deben ser sometidos los imputados antes de emitir alguna
sentencia o actuación penal.
e) En igual sentido desde el punto de vista material Suárez señala que “el debido
proceso es el adelantamiento de las distintas actuaciones judiciales, con sujeción
a las garantías constitucionales y legales como límite de la función punitiva del
Estado (noción formal + cumplimiento de los fines y derechos fundamentales). Ya
no se refiere al trámite formal, sino a la manera como se ha de sustanciar un acto.
No se mira el acto procesal en sí, como un objeto, sino su contenido referido a los
derechos fundamentales”5
Puedo llegar entonces a definir al Debido Proceso en una institución instrumental en
virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso legalmente
establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas, oportunidad razonable de
ser oídas por un tribunal competente predeterminado por ley, independiente e
imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la
parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de
contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de
impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales y conformes a
derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus
derechos. Siempre y cuando se respeten los derechos fundamentales como la
libertad, la justicia, la dignidad humana, la igualdad, la seguridad jurídica y derechos
fundamentales como la legalidad, la controversia, la defensa, la publicidad, pero
además que el proceso se lleve a cabo en el idioma materno del sindicado como
parte fundamental del proceso.
También se puede decir de una manera resumida que Debido Proceso son los
presupuestos o principios procesales que como mínimo debe tener un proceso
judicial, con el fin de garantizar un proceso justo, equitativo y con toda la legitimidad
del caso. Por lo tanto son garantías constitucionales que deben cumplirse en todo
proceso judicial para que realmente haya un Estado de Derecho en el país.
5Ibid.
3
3
1.2 Evolución Histórica:
El debido proceso es un concepto indeterminado con una definición genérica que se
materializa en actos procesales concretos. Eso no quiere decir que no se pueda o no
se deba cumplir. Significa, básicamente, que en todo proceso judicial, cualquiera sea
su materia o instancia, o quien sea su protagonista, siempre debe realizarse con
equidad, razonabilidad y con los presupuestos y principios procesales esenciales
para un resultado válido, justo y socialmente aceptado.
Para Hoyos el origen del debido proceso se remonta en la Carta Magna expedida por
Inglaterra por el rey Juan en el año 1215, para reconocer una serie de derechos
fundamentales en respuesta a las demandas de los barones de Runnymede y
constaba originalmente de 63 capítulos.
En el capítulo 39, el rey Juan prometió lo siguiente:
“Nullus liber hommo capitur, vel imprisonetur, aut dissaisiatur, aut autlaagetur, aut
exulteur, act aliquo modo destruatur, nec super um bimus nec super eum mitteemus,
nisi per legale judicium parium suorum vel per legem terrae (ningún hombre
aprehendido, hecho prisionero, puesto fuera de la ley o exiliado ni en forma alguna
arruinado, ni iremos ni mandaremos a nadie contra él, excepto mediante el juicio de
sus partes o por la ley de la tierra.)” 6 Al año y medio de haber emitido la Carta
Magna, el rey Juan falleció y debido al carácter personal del gobierno feudal, su
sucesor el todavía niño Enrique III reafirmó la carta en 1216.
En la reexpedición de la Carta de 1225, también en el reinado de Enrique III, el
documento fue reducido de 63 a 37 capítulos, y la futura cláusula sobre el debido
proceso todavía per legem térrea, paso del capítulo 39 original al capítulo 29, en
6Actuaciones jurídicas: el debido proceso, Arburola Valverde, Allan, Origen, Costa Rica, 2008,
http://www.mailxmail.com/curso-actuaciones-juridicas-debido-proceso/origen, consultado: 25/05/2011.
4
4
lugar de la expresión per legem aparece la expresión inglesa due process of law, la
cual ha sido traducida a nuestro idioma más comúnmente como el debido proceso
legal o simple debido proceso…7
Desde mitad del siglo XX, al fin de la Segunda Guerra Mundial, las constituciones
incorporaron, con mayor o menor grado, estos conceptos equivalentes. Así, la
española de 1978 garantiza la tutela efectiva de jueces y tribunales de justicia, en
tanto que la peruana de 1979 los contiene de modo implícito y explícitamente a partir
de 1993 en fórmula mixta: derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional. Hoy
el debido proceso --en su fórmula anglosajona-- o la tutela judicial eficaz --en su
fórmula germano española-- constituye un derecho esencial que marca la impronta
de un Estado democrático de derecho a través del comportamiento de sus tribunales
de justicia.
Jueces imparciales y autónomos, juez natural, reglas procesales predeterminadas,
derecho de defensa, de igualdad de armas, de apelación a un tribunal superior,
debida motivación de fallos y sentencias, condenas proporcionales, a no ser
incriminado por lo que la ley no considere delito, al silencio, a no declarar contra sí
mismo, al propio idioma, la publicidad para el eficaz control social, y de crítica a las
resoluciones judiciales, son solo algunos de sus principales elementos que, en
conjunto, dan realidad al proceso razonable y justo.
En nuestro país surgen los primeros indicios de debido proceso en la Constitución de
la República Federal de Centro América, de 1824, en su título X la cual se denominó
Garantías de la libertad Individual, en su artículo 153 que literalmente dice “Todos los
ciudadanos y habitantes de la República sin distinción alguna, están sometidos al
mismo orden de procedimientos y de juicio que determine la ley”.8 En esta
7Ibid.
8Constitución de la República Federal de Centro América, Asamblea Nacional Constituyente en 22 de
noviembre de 1824.
5
5
Constitución la República Federal de Centro América ya reconoce la igualdad entre
los ciudadanos y los somete a un mismo orden jurídico, pero aún no reconoce todas
las garantías necesarias para que exista un debido proceso.
Luego la llamada Revolución de Octubre de 1,944 es, por mucho el suceso más
importante de los que acontecieron en la vida social de Guatemala del siglo XX. “La
arcaica Constitución Liberal, vigente hasta aquel momento fue sustituida por el
Congreso Revolucionario en 1945”.9 Esto produjo al surgimiento a la nueva
Constitución de la República de Guatemala, decretada por la Asamblea
Constituyente en 11 de marzo de 1945, insertando a Guatemala en el Marco del
“Constitucionalismo Social”, en la cual en su artículo 4, indica que el idioma oficial de
la República es el Español, además en su artículo 52 indica literalmente “A nadie
debe condenarse sin haber sido, citado, oído y vencido en juicio…10 Esto es el
artículo clave para el surgimiento del debido proceso en Guatemala, el cual surge en
represión del autoritarismo que se vivía en nuestro país, más sin embargo aún no
estaba plasmado el respeto y reconocimiento de los idiomas mayas en nuestro país.
Desde entonces empieza a surgir con más auge el respeto a la dignidad humana, la
ampliación de los derechos individuales y la constitucionalización de los derechos
sociales. Luego con la Contrarrevolución surge una nueva Constitución en 1965, el
aporte más importante al respecto está plasmada en el artículo 43 que literalmente
dice: En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y
derechos…Se prohíbe cualquier discriminación por motivo de raza, color, sexo,
religión…11 Esto viene a reforzar las disposiciones anteriormente emitidas, se agrega
la prohibición de discriminación y además en su artículo 53 indica que ninguna
persona puede ser juzgada por comisión o por tribunales especiales, lo cual ya va
dando sentido a que a todas las personas se les juzgue respetando sus derechos
fundamentales.
9Flores Juárez, Juan Francisco, Constitución y Justicia Constitucional/Apuntamientos, Guatemala, 2005, Pág. 64.
10Constitución de la República de Guatemala, decretada por la Asamblea Constituyente en 11 de marzo de 1945.
11Constitución de la República de Guatemala, decretada por la Asamblea Constituyente en 15 de septiembre de
1965.
6
6
Sin embargo seguía en vigencia el sistema inquisitivo en el proceso penal el cual
permitía una ancha cabida a la arbitrariedad judicial, ya que tenía mucho de siniestro
y secreto. El proceso penal estaba regido por el Código de Procedimiento Penal,
Decreto 551 del Presidente de la República, vigente hasta 1973; luego surge el
Código Procesal Penal Decreto 52-73 del Congreso de la República, que siguió en el
mismo sistema inquisitivo.
Pero el momento cúspide en la cual el Debido Proceso en Guatemala obtiene una
investidura constitucional más acorde a lo que realmente significa, es hasta el año
1,985 cuando surge nuestra actual Constitución Política de la República de
Guatemala, en la cual libres de los Gobiernos de Facto, y en un país democrático se
posibilita la constitucionalización de derechos individuales y fundamentales de todo
ser humano, por lo que en el artículo 4º. Indica que en Guatemala todos los seres
humanos somos libres e iguales en dignidad y derechos… Pero no es hasta el
artículo 12 que realmente enviste jurídicamente el Debido Proceso en Guatemala, el
cual literalmente dice: - Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus
derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos,
sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal
competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por Tribunales
Especiales o secretos, ni por procedimientos que no estén preestablecidos
legalmente12.
Esto significa que el Estado prohíbe que ninguna persona pueda ser juzgada sin
antes comprobar su culpabilidad mediante un proceso legal, ante juez competente y
sobre todo que se respete el procedimiento que esta preestablecido en ley.
Actualmente estamos regidos por esta Constitución, más el respaldo de los
convenios y pactos internacionales en materia de Derechos Humanos, lo cual hace
que en la actualidad se respete el debido proceso en nuestro país.
12
Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República de Guatemala de 1985 y su
interpretación por la Corte de Constitucionalidad.
7
7
A pesar que constitucionalmente el respeto al debido proceso estaba plasmado,
contrastaba con el sistema inquisitivo que se manejaba en el ámbito penal en nuestro
país, por lo que fue necesario cambiar dicho sistema a un sistema Acusatorio, pero
para llegar a este resulta hubieron varios acontecimientos importantes que influyeron
en dicho cambio; es importante mencionar algunos de ellos.
A finales de julio de 1,967 la Universidad Rafael Landívar por medio de la facultad de
derecho de aquel tiempo, organizó un seminario con el fin de dar a conocer las
arbitrariedades que tenía el actual Código Penal y la necesidad de reformar el
proceso penal en Guatemala, donde la conclusión más importante fue la de adoptar
un sistema Acusatorio en el proceso penal y con el cual respetar y cumplir el debido
proceso penal en Guatemala.
“El Dr. Edmundo Vásquez Martínez, siendo presidente de la Corte Suprema de
justicia y del Organismo Judicial, vio la necesidad de reformar el Código Penal
vigente en ese entonces, por la presión de las recomendaciones realizadas por la
Organización de las Naciones Unidas, lo que motivo que en el año 1,990 encargara a
los Maestros argentinos, Alberto Binder Barzizza y Julio Maier, la elaboración de un
proyecto de Código Procesal Penal para Guatemala”13
Tras estar trabajando en este proyecto por el lapso de un año aproximadamente los
juristas argentinos finalizaron el proyecto de Código Procesal Penal y lo presentaron
a la Corte Suprema de Justicia, luego el Organismo Judicial lo remitió como iniciativa
de ley al Organismo Legislativo. Después de la discusión del mismo, sus lecturas
respectivas y diversas revisiones técnicas se hace toda una realidad la reforma del
Código Procesal Penal y se emite con el Decreto No. 51-92 del Congreso de la
República, el cual fue emitido el 28 de septiembre de 1,992.
13
Par usen, José Mynor, El Juicio Oral en el Proceso Penal Guatemalteco. , Guatemala, Centro Editorial Vile,
1,999, Pág. 38.
8
8
Dicho acontecimiento constituyó para nuestro país como uno de los avances más
significativos en materia procesal penal, ya que se pasa de un sistema inquisitivo a
un sistema acusatorio, el cual vino a solucionar la problemática que padeció el
sistema de justicia en Guatemala.
1.3 Principios Procesales:
“Los principios procesales son los valores y postulados esenciales que guían al
proceso penal y determina su manera de ser como instrumento para realizar el
derecho del Estado a imponer las consecuencias jurídicas derivada de los actos
humanos tipificados en la ley como delitos o faltas”.14 Son también criterios
orientadores de los sujetos procesales y constituyen elementos valiosos de
interpretación, facilitan la comprensión del espíritu y los propósitos de la jurisdicción
penal. Por sus características, estos principios pueden dividirse en Generales Y
Especiales.
1.3.1 Principios Generales:
“El proceso es el método lógico y ordenado creado por la civilización para conducir a
una decisión judicial justa y restablecer por tal medio la paz y el orden jurídico”15.
Para que pueda existir un proceso judicial, es necesario que se cumplan ciertos
postulados creados por el liberalismo político, el humanismo filosófico y en las
ciencias jurídicas; principios de carácter universal, consagrados generalmente en las
Constituciones Políticas y en el derecho internacional.
Puede señalarse como principios generales e informadores del nuevo proceso penal
guatemalteco, implantado como el decreto legislativo 51-92, los siguientes:
14
Barrientos Pellecer César Ricardo. Curso Básico Sobre Derecho Procesal Penal Guatemalteco.
Guatemala, Imprenta y Fotograbado Llerena, S.A. 1,993. Págs. 122.
15
Ibid. Pág. 126.
9
9
1.3.1.1 Equilibrio:
Concentra los recursos y esfuerzos en la persecución y sanción efectiva de la
delincuencia, esto a causa de la generalización de conductas peligrosas y delictivas
en la sociedad.
1.3.1.2 Principio de Desjudicialización:
Está enfocada hacia los asuntos de menor importancia para que éstos puedan ser
resueltos de una manera más rápida y sencilla por medio del Criterio de Oportunidad,
la Mediación y otro proceso similar.
1.3.1.3 Principio de Concordancia:
Tradicionalmente, en el derecho penal, la concordancia es más conocida como
conciliación, la cual es posible conseguir entre las partes únicamente en los delitos
privados. Las exigencias y necesidades del derecho penal moderno han llevado a
consideración y revisión de los planteamientos que impedían tal actividad en los
delitos públicos de poca o ninguna incidencia social. De tal manera que la falta de
peligrosidad del delincuente, y siempre que se trate del delincuente primario, así
como la naturaleza poco dañina del delito, han llevado a plantear la posibilidad del
avenimiento entre las partes como satisfacción del interés público.
El principio de concordancia procede en tres fases: A) avenimiento de las partes con
la intervención del Ministerio Público o del Juez. B) Renuncia de la acción pública por
parte del órgano representativo de los intereses sociales, y C) Homologación de la
renuncia de la acción penal ante el juez.
10
10
1.3.1.4 Principio de Eficacia:
Este principio se logra como resultado de la aplicación de los criterios
desjudicializadores y de la introducción de la concordia en materia penal, esto hace
más rápido el proceso penal; por lo que permite llegar a la conclusión del mismo
eficientemente.
1.3.1.5 Principio de Celeridad:
Las acciones procesales deben de practicarse inmediatamente. Por esa razón la
investigación y la fase intermedia no tienen plazos, cualquier fijación del mismo viola
el mandato de proceder en el acto. Este principio va íntimamente relacionado con el
de concentración los cuales tienen como objetivos agilizar el proceso penal, para
concluirlo lo más rápido posible, evitando así más gastos judiciales.
1.3.1.6 Principio de Sencillez:
La significación del proceso penal es de tanta trascendencia que las formas
procesales deben ser simples y sencillas para expeditar dichos fines, al tiempo que
se asegura la defensa. En la virtud, los jueces deben evitar el formalismo.
1.3.1.7 Principio del Debido Proceso:
Principio trascendental el cual nos indica que nadie puede ser juzgado sino conforme
a las leyes preexistentes y por un acto calificado antes como delito o falta, ante
tribunal competente y con observancia de las formas establecidas en las leyes de la
materia.
11
11
1.3.1.8 Principio de Inocencia:
Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado responsable en
sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. Este principio está reconocido en
nuestra Constitución, específicamente en el artículo 14, el cual se denomina
Presunción de inocencia y publicidad del proceso.
1.3.1.9 Principio de Defensa:
El derecho de defensa, consiste en que nadie podrá ser condenado ni privado de sus
derechos sin antes haber sido citado, oído y vencido en un proceso judicial, está
consagrado por nuestra Constitución en su artículo 12 y desarrollado debidamente
en el decreto 51-92 del Congreso de la República.
1.3.1.10 Principio de Favor Rei:
Principio que surge como consecuencia del principio de inocencia, el juez deberá
favorecer al procesado en caso de duda, y por tanto cuando no pueda tener una
interpretación unívoca o certeza de culpabilidad deberá decidir en favor de éste.
1.3.1.11 Principio de Favor Libertatis:
Este principio busca la graduación del auto de prisión, lo cual indica que la prisión
debe de aplicarse únicamente en los casos de mayor gravedad; en los asuntos de
menor relevancia se le debe aplicar una medida desjudicializadora y por medio de
ésta se le condene a prestar servicio comunitario o arresto domiciliario por
mencionar un ejemplo. Es decir, reduce la prisión provisional a medida que asegura
la presencia del imputado en el proceso.
12
12
1.3.1.12 Principio de Readaptación Social:
Principio que tiene como fin reeducar y prevenir delitos, ya no tanto para imponer
temor en la sociedad sino para favorecer y fortalecer el sentimiento de
responsabilidad y de fidelidad al ordenamiento jurídico.
1.3.1.13 Principio de Reparación Civil:
Principio que consiste en establecer los mecanismos que permitan en el mismo
proceso penal la reparación de los daños y perjuicios provocados al agraviado por el
hecho criminal.
1.3.2 Principios Especiales:
El proceso penal, señala Alberto Binder, es “un conjunto de actos realizados por
determinados sujetos (Jueces, fiscales, defensores, imputados, etc), con el fin de
comprobar la existencia de los presupuestos que habilitan la imposición de una pena
y, en el caso de tal existencia se establezca la cantidad, calidad y modalidad de la
sanción. Así como determinar las medidas de seguridad respectivas y las
responsabilidades civiles si fueron reclamadas.”16
En el sistema acusatorio el juez no procede, por regla general, por cuenta o iniciativa
propia. Tampoco pone en marcha el procedimiento o investiga los hechos,
simplemente está sujeto a un conjunto de reglas llamadas normas procesales, las
cuales rigen el proceso penal y se basan en principio que rigen el Derecho en
general y que tienen como fin la Justicia. También existen principios que rigen
específicamente el actuar del Juez en el Proceso y le indican que pasos debe seguir
para que el proceso sea legal.
16
Ibid. Pág. 209
13
13
En consecuencia, los principios especiales del proceso penal son:
1.3.2.1 Principio de Oficialidad:
Este principio obliga al Ministerio Público a realizar o promover la pesquisa objetiva
de hechos criminales y a impulsar la persecución penal de oficio, sin necesidad de
orden judicial.
1.3.2.2 Principio de Contradicción:
En virtud del principio de contradicción, el proceso penal se convierte en una
contienda en tres partes, en la cual cada parte tiene derecho a defender su postura
aunque no exista igualdad de medios y tareas, si hay un equilibrio entre derechos y
deberes.
1.3.2.3 Principio de Oralidad:
Este principio se refiere a que el proceso se lleve a cabo por medio de la palabra
hablada, ya que esta expresa mayor fidelidad, vigor y acierto los sentimientos y
planteamientos de las partes en contienda. La experiencia ha demostrado que la
escritura provoca que los jueces juzguen escritos y actuaciones documentadas que
no reflejan la realidad.
1.3.2.4 Principio de Concentración:
Concentrar es reunir en un solo acto. En virtud de este principio procesal, el debate
se realiza de manera continua y secuencial en una sola audiencia o de una serie de
audiencias consecutivas que no podrán interrumpirse sino excepcionalmente.
14
14
1.3.2.5 Principio de Inmediación:
Implica la máxima relación, el más estrecho contacto y la más íntima comunicación
entre el juez, las partes y los órganos de prueba. La inmediación permite recoger
inmediatamente hechos, elementos y evidencias que dan mayor objetividad a la
administración de justicia.
1.3.2.6 Principio de Publicidad:
Este principio establece que el detenido, el ofendido, el Ministerio Público y los
Abogados que hayan sido designados por los interesados, en forma verbal o escrita,
tienen derecho a conocer personalmente, toda las actuaciones, documentos y
diligencias penales, sin reserva alguna y en forma inmediata, esto lo podemos
encontrar en el artículo 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala,
en su segundo párrafo.
1.3.2.7 Sana Crítica Razonada:
Principio que obliga al Juez o Tribunal a precisar en los autos y las sentencias, de
manera explícita, el motivo y la razón de la decisión, lo cual hace al juez reflexivo y lo
obliga a prestar atención al debate y al examen de las leyes y doctrinas que tienen
relación con la cuestión litigiosa.
1.3.2.8 Doble Instancia:
La Constitución de la República de Guatemala establece que ningún proceso habrá
más de dos instancias. En el medio jurídico nacional la doble instancia se identifica
especialmente con el recurso de apelación que implica la revisión íntegra del fallo de
15
15
primer grado, así favorezca o perjudique a quien lo haya interpuesto, incluyendo al
procesado, lo cual viola el principio de favor rei, aspecto que corrige el actual Código
Procesal en el artículo 422 al establecer el reformatio in peius. El cual literalmente
dice en su primer párrafo “Cuando la resolución sólo haya sido recurrida por el
acusado o por otro en su favor, no podrá ser modificada en su perjuicio, salvo que los
motivos se refieran a intereses civiles…..”17
1.3.2.9 Cosa Juzgada:
El fin del proceso judicial es la sentencia firme, que en el caso del derecho procesal
penal absuelve o condena al acusado. Fin equivale a término, límite, consumación,
objeto o motivo último.
Con la descripción de cada uno de los pilares fundamentales llamados principios
que son comunes a todo tipo de proceso y que están referidos a las posibilidades de
intervención de las partes en el proceso. Estos principios que pueden concebirse o
entenderse también como criterios o postulados que regulan las diferentes
actuaciones que integran el procedimiento penal.
Dichos principios hacen comprender de una mejor manera el Debido Proceso, pero
es necesario ahondar más sobre el tema, por lo cual es necesario estudiar las
Garantías Procesales, las cuales darán la pauta a una mejor comprensión del tema
investigado.
1.4 Garantías Procesales:
Las garantías son el amparo que establece la Constitución y que debe prestar el
Estado para el efectivo reconocimiento y respeto de las libertades y derechos de la
17
Congreso de la República de Guatemala, Decreto No. 51-92, Código Procesal Penal, Artículo 422.
16
16
persona individual, de los grupos sociales, e incluso del aparato estatal, para su
mejor actuación y desenvolvimiento.”18
Las Garantías Procesales son las seguridades que se otorgan para impedir que el
goce efectivo de los derechos fundamentales sea transgredido por el ejercicio del
poder estatal, ya sea limitando ese poder o repeliendo el abuso. Así tenemos que,
hablar de garantías es hablar de mecanismos jurídicos que impiden un uso arbitrario
o desmedido de la coerción penal.
“Por garantías constitucionales del proceso penal debe entenderse por el cúmulo de
principios, derechos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución y,
lato sensu, por los tratados internacionales, que tienen por finalidad otorgar al
imputado un marco de seguridad jurídica y, en última instancia, mantener un
equilibrio entre la llamada búsqueda de la verdad material y los derechos
fundamentales del imputado.”19
A la par en que la Constitución Política de un país reconoce derechos
constitucionales, también establece una serie de mecanismos procesales con el
objeto de tutelarlos, pues los derechos sin garantías no son sino afirmaciones
programáticas, desprovistas de valor normativo.
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala declaró en sentencia emitida que: “La
garantía consiste en la observancia por parte del tribunal, de todas las normas
relativas a la tramitación del juicio...”.20 Esta declaración obliga al respeto irrestricto
18
Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Caro Coria, Dino Carlos, Las
garantías constitucionales del proceso penal, Perú, 2006,
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/20062/pr/pr19.pdf, Fecha de consulta: 17-09-2011.
19Ibid, Pág. 1028
20 Constitución Política de la República de Guatemala, Corte de Constitucionalidad, Guatemala, 2001Gaceta No.
54, página No. 49 expediente 105-99, sentencia 16-12-1999.
17
17
de las leyes procesales por parte de los jueces o tribunales. La mayoría de las
Constituciones de Latinoamérica han incorporado un conjunto de garantías genéricas
y una extensa relación de garantías específicas.
Como Garantías Genéricas se consideran: el derecho a la tutela jurisdiccional, la
presunción de inocencia, el derecho de defensa y el debido proceso. Estas garantías
refuerzan e, incluso, dan origen a las Garantías Específicas como: la del Juez
Natural, publicidad, pluralidad de instancia, Duración razonable del proceso y
Prohibición de doble juzgamiento. Existiendo, además, una marcada interrelación
entre ellas.
1.4.1 Garantías Genéricas:
Se denominan garantías genéricas a “aquellas normas generales que guían el
desenvolvimiento de la actividad procesal”.21 Es decir que rigen todo el proceso penal
desde la fase preliminar o de investigación, pasando según el caso, por la fase
intermedia y juicio oral, hasta concluir la fase impugnatoria.
1.4.1.1 Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva:
Es un derecho de todas las personas a tener acceso al sistema judicial y a obtener
del mismo una resolución fundada en derecho. A ello se añade el derecho a no sufrir
indefensión, esto es, a poder ejercer en el proceso, en apoyo de la propia posición,
todas las facultades legalmente reconocidas. “Mediante este derecho se garantiza al
individuo la posibilidad de acceder al proceso jurisdiccional, promoviendo o
solicitando su inicio ante el órgano legalmente competente, o concurriendo
válidamente al proceso ya iniciado…”22
Contenido del Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva:
21
Caro Coria, Dino Carlos. Op. Cit., Pág. 1029. 22
Ibid, Pág. 1030.
18
18
a. Derecho de Acceso a los Tribunales.
b. Derecho a obtener una sentencia fundada en derecho.
c. Derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales.
d. Derecho a un recurso legalmente efectivo.
1.4.1.2 Presunción De Inocencia:
“La presunción de inocencia constituye la máxima garantía del imputado y uno de los
pilares del proceso penal acusatorio, que permite a toda persona conservar un
estado de //“no autor”// en tanto no se expida una resolución judicial firme. La
afirmación que toda persona es inocente mientras no se declare judicialmente su
responsabilidad es una de las más importantes conquistas de los últimos tiempos.”23
La presunción de inocencia significa:
a. Que nadie tiene que “construir” su inocencia;
b. Que sólo una sentencia declarará esa culpabilidad “jurídicamente construida”
que implica la adquisición de un grado de certeza;
c. Que nadie puede ser tratado como culpable, mientras no exista esa
declaración judicial; y
d. Que no puede haber ficciones de culpabilidad: la sentencia absolverá o
condenará, no existe otra posibilidad.
23
Garantías Procesales, Binder Alberto, Introducción al Derecho Procesal Penal, Buenos Aires- Argentina, 1993.
http://ofdnews.com/comentarios/1256_0_1_10_C43/. Fecha: 28.03.2011.
19
19
Estos cuatro enunciados encierran el significado de presunción de inocencia, el cual
exige que el procesado sea tratado como inocente, hasta que el Juez, en sentencia
firme lo condene como culpable del hecho del cual es acusado. Esto se suma a lo
que la Constitución Política de la República de Guatemala en el primer párrafo del
artículo 14 indica que toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado
responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada.
1.4.1.3 Derecho de Defensa
“Es la facultad que toda persona tiene para contar con el tiempo y los medios
necesarios para ejercer su defensa en todo proceso donde se vea involucrado. Todo
justiciable tiene derecho a ejercer una defensa adecuada de sus intereses en
cualquier tipo de proceso, sin embargo, este derecho adquiere significativa
relevancia cuando se trata de un procedimiento penal, en el que está en juego la
libertad y el patrimonio del imputado.”24
Según lo establecido en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de
Guatemala; el artículo 8 de La Convención Americana de Derechos Humanos; el
artículo 15 de La Ley del Organismo Judicial, y las demás normas procesales, el
derecho de defensa es la facultad de las partes de sostener sus posiciones y de
contradecir los fundamentos del contrario. Es un derecho público constitucional que
asiste a toda persona física a quien se le pueda atribuir la comisión de un hecho
punible, mediante cuyo ejercicio se garantiza al imputado la asistencia técnica de un
abogado defensor y se le concede a ambos la capacidad de postulación necesaria
para oponerse eficazmente a la pretensión punitiva y poder hacer valer dentro del
proceso el derecho constitucional a la libertad del ciudadano.
24
Garantías Procesales, Gimeno Sendra Vicente, Constitución y Proceso, Madrid- España, 1998,
http://ofdnews.com/comentarios/1256_0_1_10_C43/. Fecha: 28.03.2011.
20
20
Según el artículo 12 de La Constitución Política de la República de Guatemala el
derecho de defensa que se desarrolla a través del debido proceso, debe observar las
siguientes características:
a) Los derechos de la personas son inviolables.
b) Nadie puede ser condenado, ni privado de sus derechos sino por juicio fenecido.
c) Tiene que ser citado, oído y vencido en juicio.
d) Con aplicación del debido proceso.
e) Ante juez o tribunal competente y preestablecido.
f) Nadie puede ser juzgado por tribunales especiales o secretos.
g) Nadie puede ser juzgado por procedimientos que no estén establecidos en la ley.
Uno de los contenidos importantes del Derecho de Defensa es la Asistencia de un
traductor o intérprete en casos de que el imputado hable un idioma diferente al del
Tribunal, máximo que en Guatemala la mayoría de población es indígena y que aún
habla su idioma materno, por lo cual debe ser atendido en su propio idioma; por ende
el Estado de Guatemala debe proporcionar de forma gratuita este servicio.
1.4.1.4 Derecho Al Debido Proceso
“El Debido Proceso Legal es la institución del Derecho Constitucional procesal que
identifica los principios y presupuestos procesales mínimos que debe reunir todo
proceso jurisdiccional para asegurar al justiciable la certeza, justicia y legitimidad de
su resultado.”25Teniendo como finalidad la función de sintetizar las garantías
destinadas a concretar la legitimidad del proceso.
“A través del debido proceso se precipitan todas las garantías, derechos
fundamentales y libertades públicas de las que es titular la persona”.26
25
Garantías Procesales, Quiroga León Aníbal, Las Garantías Constitucionales de la Administración de Justicia.
Lima Perú, 1989, http://ofdnews.com/comentarios/1256_0_1_10_C43/. Fecha: 28.03.2011. 26
Caro Coria,Dino Carlos. Op.cit., Pág. 1032.
21
21
Al respecto la Corte de Constitucionalidad (CC) ha escrito: “… Los derechos de
audiencia y al debido proceso reconocidos en el artículo 12 de la ley fundamental, al
provenir de una norma general prevista en la parte dogmática, deben tener plena
observancia en todo procedimiento en que se sancione, condene o afecten derechos
de una persona… Tales derechos abarcan la potestad de ser oído, de ofrecer y
producir medios de prueba y de rebatir las argumentaciones deducidas, y el
pronunciamiento definitivo de conformidad con la ley. Su observancia es vital por
cuanto determina protección de los derechos de la persona y fortalece la seguridad
jurídica…”27
Se puede entender entonces que el Debido Proceso busca rodear el proceso de las
garantías mínimas de equidad y justicia que respaldan en legítima la certeza en
derecho de sus resultados. Por lo que a través de éste se consiguen todas las
garantías, derechos fundamentales y libertades públicas de las que es titular la
persona en el Estado social y democrático de Derecho. Aún más cuando la misma
Constitución Política de la República de Guatemala le reviste el valor Constitucional
que se merece y su observancia es de vital importancia para que haya realmente un
Estado de Derecho en Guatemala.
1.4.2 Garantías Específicas:
1.4.2.1 Juez Natural:
“La imparcialidad impone la rigurosa aplicación del principio de la identidad: el juez
es juez, nada más que juez. Y entre el juez y las partes resulta aplicable el principio
del tercio excluido: o bien es parte, o bien es juez; no hay posibilidad intermedia.”28
27
Constitución Política de Guatemala, Corte de Constitucionalidad, Gaceta No.57, expediente No. 272-00, página
No. 121, sentencia: 06-07-00. 28
Caro Coria,Dino Carlos. Op.cit., Pág. 1035
22
22
El Principio de Juez Natural, funciona como un instrumento necesario de la
imparcialidad y como una garantía frente a la posible arbitrariedad de la actuación del
poder penal del Estado en perjuicio del acusado que podría facilitarse mediante la
asignación posterior al momento del acaecimiento del hecho que se le imputa, “en
virtud del cual el juez penal será competente para conocer de un proceso penal
siempre y cuando su competencia haya sido previamente determinada por ley.”29 Es
decir que solo el juez competente a la materia y con la debida jurisdicción que lo
enviste, puede juzgar a un imputado en un determinado proceso a su cargo.
El Órgano Judicial debe presentar 4 caracteres indispensables:
a) Competencia o la aptitud que la ley le confiere para ejercer su jurisdicción en un
caso concreto.
b) Independencia, implica que no se encuentre subordinado a ninguna de las partes
del proceso.
c) Imparcialidad, el Juez es un tercero neutral para decidir el proceso con objetividad;
y
d) Estar establecido con anterioridad por la Ley, debe haber sido designado
previamente al hecho que motiva el proceso, de acuerdo al mecanismo constitucional
para su nombramiento.
1.4.2.2 Publicidad del Proceso:
“La publicidad constituyó una de las pretensiones políticas más importantes de la
Revolución Francesa. Esta garantía, concierne al control de la justicia penal por la
colectividad. Los asuntos penales son demasiado importantes como para que se les
29
Ibid, Pág 1036
23
23
pueda tratar secretamente. La potestad jurisdiccional emana del pueblo, por lo que
resulta indispensable que el público controle el procedimiento”.30
Con la publicidad se asegura la transparencia de las decisiones judiciales, pues así
estarán sometidas a un control popular. Además, con ella se concreta uno de los
principios del sistema republicano: la publicidad de los actos del gobierno. La
publicidad tiende a asegurar la defensa en su sentido más amplio. Los juicios deben
ser públicos porque no puede existir credibilidad en la justicia si el trámite de los
expedientes es realizado a puertas cerradas o en secreto.
La misma Constitución Política de la República de Guatemala regula la publicidad en
el proceso, como ya fue indicado anteriormente. El Juicio oral es público, no así el
procedimiento de investigación y el intermedio, que son reservados, es decir, de
conocimiento exclusivo de las partes, ya que éstas tienen derecho de conocer
cualquier diligencia o actuación sin reserva y de forma inmediata. Esto es razonable,
porque si todo el actuar del proceso fuera público retardaría el proceso, se formarías
anticipados enjuiciamientos que ofenderían posiblemente, a la persona sujeta a
proceso y perjudicarían la buena imagen de la justicia, esto crearía una lógica
desinformación, lo cual confundiría a la población y perdería la confiablidad de la
justicia.
1.4.2.3 Duración Razonable del Proceso:
El proceso penal debe realizarse dentro de un plazo razonable a fin de que se
resuelva la situación procesal del imputado, quien tiene derecho a obtener un
pronunciamiento que ponga término del modo más rápido posible a la situación de
30
Derecho/UBA, Scorticati, Sabrina Solage, Garantías Constitucionales en el derecho procesal penal, Argentina,
2006, disponible en: http://www.derecho.uba.ar/graduados/ponencias/scorticati.pdf. Fecha de consulta: 16-09-
2011.
24
24
incertidumbre y de innegable restricción a la libertad que comporta el enjuiciamiento
penal.
“Para que la actividad jurisdiccional alcance sus objetivos de justicia es necesario
que el proceso se tramite con celeridad…, este derecho garantiza que el proceso
penal se lleve adelante y finalice sin que existan dilaciones indebidas en su
tramitación”31Esta garantía es aplicable a cualquier proceso judicial, pero es más
recalcado en el ámbito penal, en razón del reconocimiento que tiene la persona de
liberarse cuanto antes del estado de sospecha que pesa sobre sus hombros y de las
restricciones de derechos que la ley le impone; por lo que es necesario que el
proceso dure razonablemente para no afectar más de lo debido al acusado.
La convención Americana sobre los Derechos Humanos indica que “Toda persona
tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable…”32Esto da a entender que también hay un respaldo de la normativa
internacional ratificada por nuestro país, en la todo proceso penal debe tener un
plazo razonable, en beneficio del acusado o sindicado para que se resuelva su
situación jurídica.
1.4.2.4 Prohibición de doble juzgamiento:
Consiste en que nadie puede ser perseguido penalmente más de una vez por el
mismo hecho. En la doctrina es conocido como NON BIS IN IDEM, lo que significa
que ninguna persona debe ser sometida a un doble proceso, por el mismo hecho
delictivo, del cual ya haya sido legalmente juzgado ante un juez competente.
31
Caro Coria, Dino Carlos. Op.cit., Pág. 1034
32Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Suscrita
en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la
Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, Artículo 8 numeral 1.
25
25
“Desde su perspectiva sustancial, la garantía del non bis in idem, tiene dos
significados: por un lado el procesal, según el cual nadie puede ser enjuiciado dos
veces por los mismos hechos, su fundamento se halla en las exigencias particulares
de libertad y seguridad del individuo, y otro Material, en virtud del cual nadie puede
ser sancionado dos veces por una misma conducta”33
Para que dicha garantía tenga efecto tiene que cumplir tres requisitos fundamentales,
los cuales son: En primer lugar se debe tratar de la misma persona. En segundo
lugar se debe tratar del mismo hecho; y en tercer lugar, debe tratarse del mismo
motivo de persecución. En suma, dicha garantía tiene por objeto garantizar al
sindicado que en ningún momento sea procesado ni juzgado dos o más veces por el
mismo hecho, por lo cual se estarían violando su derecho de libertad y dignidad.
1.5 Vulneración del Debido Proceso:
Es el incumplimiento de las etapas formales secuenciadas e imprescindibles que
deben ser realizadas dentro un proceso penal por los sujetos procesales, asimismo
no respetando los requisitos prescritos en la Constitución y en las leyes de la
materia. Teniendo como consecuencia el riesgo de llevar de parte de los órganos
judiciales un proceso injusto, tardado y lleno de corrupción.
En este caso la Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado de esta manera: “..la
garantía del debido proceso no sólo se cumple cuando en un proceso se desarrollan
los requisitos procedimentales que prevé la ley y se le da oportunidad de defensa a
ambas partes de esa relación procesal, sino que también implica que toda cuestión
litigiosa debe dirimirse conforme disposiciones normativas aplicables al caso
concreto con estricto apego a lo que dispone el artículo 204 de la Constitución y que
se viola el debido proceso si a pesar de haberse observado meticulosamente el
33
Scorticati, Sabrina Solage. Op.cit., Pág. 11
26
26
procedimiento en la sentencia se infringen principios que le son propios a esta
garantía constitucional….” 34
La Corte de Constitucionalidad de nuestro país deja claro que la Vulneración o
Inobservancia del Debido Proceso no es solo infringir las normas jurídicas o no
aplicar todos los requisitos de un proceso judicial, sino que también el hecho de
aplicar principios que son inapropiados al artículo 204 de la Constitución Política de
la República de Guatemala, lo cual se refiere que toda resolución o sentencia
emanada de los Tribunales de Justicia deben de acatar que la Constitución prevalece
sobre cualquier orden o tratado.
34
Constitución Política de Guatemala, Corte de Constitucionalidad, Gaceta No.61, expediente No. 712-01,
sentencia: 19-09-01.
27
27
CAPÍTULO II
EL ACCESO A LA JUSTICIA EN EL IDIOMA MATERNO DE LOS MAYA
HABLANTES
2.1 Fundamento Jurídico:
A continuación se deja plasmado el conjunto de normas jurídicas de jerarquía
constitucional (principalmente en materia de Derechos Humanos), tanto de carácter
nacional como internacional, que permiten, estudiar, analizar y comprender, la
obligación que posee el Estado de Guatemala para garantizar el acceso a la justicia
en el idioma materno, del pueblo maya. De esta manera, se inicia con el
ordenamiento jurídico interno; asimismo se empieza con la Constitución Política de la
República por ser nuestra ley suprema.
2.1.1 Marco Jurídico Nacional:
La Constitución Política de la República de Guatemala es la ley suprema de toda la
normativa jurídica en nuestro país, por ende se le debe todo el respeto que amerita.
En ella se encuentran plasmados derechos y obligaciones de todos los
guatemaltecos; tanto del Estado, como de la población.
En el preámbulo de la Constitución indica que el Estado de Guatemala tiene como
objetivo fundamental la promoción del Bien Común, consolidando el régimen de
legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, heredando estos ideales de
nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y una rica cultura milenaria.
En nuestro país todos los seres humanos somos libres e iguales en dignidad y
derechos, esto último significa que no importa de qué cultura, idioma, religión
seamos, todos contamos con los mismos derechos a realizar lo que la ley no
prohíbe. Si se diera el caso de que alguna persona infringiera alguna de las leyes y
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fuese detenido por las autoridades pertinentes, la misma Constitución concede
derechos al detenido, como lo son: proveerse de un defensor el cual defenderá su
posición; por lo que ninguna persona podrá ser condenado, ni privado de sus
derechos, sin antes haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o
tribunal competente. (Art. 12 CPRG).35
Un aspecto muy importante que se debe señalar que en nuestra Constitución
prevalece el interés social sobre el interés particular, como a sabiendas es que la
mayoría de la población guatemalteca es indígena, es importante que se respete y se
les permita participar libremente en la vida cultural de acuerdo a sus valores, su
lengua (idioma) y sus costumbres. (Art. 58 CPRG).36
Otro de los Fundamentos jurídicos importantes de señalar es que la Constitución
Política de la República de Guatemala en su artículo 66 reconoce, respeta y
promueve las formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización
social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres, “idiomas y dialectos de
grupos indígenas de ascendencia Maya.”37
Por tal razón en el sector justicia no debe ser la excepción, máximo en los
Tribunales de Justicia en donde su función es la de resolver conflictos o
controversias, y en donde la pena puede ser de prisión, es necesario que se atienda
en el idioma materno de los usuarios para que puedan ser entendidos y darse a
entender a plenitud.
Uno de los artículos que causa controversia en la Constitución es el artículo el 143,
el cual regula que el idioma Oficial de Guatemala es el Idioma Español, tomando a
los demás idiomas Mayas que se hablan en el país como lenguas vernáculas,
inclusive indicando que forman parte del patrimonio cultural de la Nación. Pero como
35
Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República de Guatemala de 1985 y su
interpretación por la Corte de Constitucionalidad. Pág. 23. 36
Ibid., Pág. 60. 37
Negritas son propias.
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29
lo indica la Corte de Constitucionalidad que la Constitución Política de la República
de Guatemala se basa en el principio hermenéutico el cual se basa en que “la
Constitución debe interpretarse como un conjunto armónico, en el significado de que
cada parte debe determinarse en forma acorde con las restante, que ninguna
disposición debe ser considerada aisladamente y que debe preferirse la conclusión
que armonice y no la que coloque en pugna las distintas cláusulas del texto… ”38Por
lo que se respeta dicho principio e interpreto que los demás idiomas se les reconoce
y se les da la protección debida para que no se extingan.
Pero también la Corte de Constitucionalidad indica que “esta disposición no ha sido
objeto de examen particularizado”39, a mi entender debe ser objeto de un estudio
particular, ya que tiende a confundir con otras disposiciones de la misma normativa,
ejemplo de ello en el artículo 66 en donde el Estado reconoce y respeta el idioma
de los pueblos indígenas.40Ahora bien que se entiende por lenguas vernáculas en
el sitio web de lengua oficial dice: “Lengua vernácula: También denominada
aborigen o indígena, es la lengua propia de las poblaciones nativas que preexistían a
la colonización. Son lenguas minoritarias ya que están en relación de desigualdad
social con las mayoritarias”.41 A esto se adjunta la terminología patrimonio cultural:
“Patrimonio cultural: es el conjunto de todos los bienes, materiales (tangibles) o
inmateriales (intangibles), que, por su valor propio, deben ser considerados de
interés relevante para la permanencia de la identidad y la cultura de un pueblo. ...”42
Al analizar detenidamente este artículo la Constitución Política de la República de
Guatemala quiere dar a entender que las lenguas Mayas son propias de los pueblos
de ascendencia Indígena que forman parte de la cultura y patrimonio intangible de la
38
Asamblea Nacional Constituyente, Gaceta No. 18, expediente No. 280-90, página No. 99, sentencia: 19-10-90. 39
Asamblea Nacional Constituyente. Op. Cit. Pág. 119. 40
Negritas son propias. 41
Datos obtenidos en página de Lengua Oficial http://www.varelaenred.com.ar/lengua_oficial.htm. Fecha de
consulta: 12.07.2010. 42
Datos obtenidos en página de Diccionarios astala web
http://diccionarios.astalaweb.com/Local/Diccionario%20museol%C3%B3gico%202.asp. Fecha de consulta:
12.07.2010
30
30
nación, por lo cual es necesario su conservación y respeto, pero sin embargo no son
reconocidas como idiomas oficiales del país.
2.1.2 Marco Jurídico Internacional:
En algunos ámbitos sociales se está contrarrestando la limitación al uso de los
idiomas indígenas en procesos judiciales y otros procedimientos colaterales. Aún no
se ha avanzado en litigar en idioma indígena, aun cuando las partes sean hablantes
del mismo, y en algunos lugares no se da cumplimiento a las disposiciones que
mandan contar con un intérprete debidamente calificado y, en la práctica, no se
capacitan ni contratan suficientes intérpretes; de esta situación se derivan hechos
que violan las normas del debido proceso en perjuicio de los indígenas y es
preocupación del Estado atender este problema.
2.1.2.1 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de
Discriminación Racial.
Las Naciones Unidas indican que “el Estado busca mecanismos de acceso a la
justicia para superar los niveles altos de discriminación y lograr el goce de los
derechos para los ciudadanos al igual que la eficacia de la justicia mediante el
fortalecimiento de las instituciones y de su desarrollo en los marcos de la democracia
y del estado de derecho; todo esto se encamina a fortalecer la lucha contra los altos
niveles de impunidad e inseguridad, así como la búsqueda de medios para reparar la
gobernabilidad. La justicia es el medio por excelencia para articular mejoras en la
seguridad ciudadana respetando los derechos humanos”.43
43
Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación racial de las Naciones Unidas. Examen de los
informes presentados por los Estados Partes de conformidad con el art. 9 de la Convención, Adición Guatemala,
2005. Pág. 6.
31
31
En la presente Convención en su artículo uno menciona la expresión “discriminación
racial” denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en
motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por
resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones
de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas
política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. Esto
indica que los Estados partes en la que Guatemala es parte, debe combatir y
erradicar todo acto de discriminación racial y sobre todo en el acceso a la justicia
debe ser justo y dar solución a sus controversias.
2.1.2.2 Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes. Adoptado por la Conferencia General de la Organización
Internacional del Trabajo el 27 De Junio de 1989.
“El Congreso de la República de Guatemala a través del Decreto Número 9-96
aprobó y ratificó dicho convenio y la misma se publicó el cinco de junio de 1996.”44
El Convenio 169 de la OIT es uno de las normativas internacionales que da una
protección especial a todos los pueblos indígenas protegiendo los derechos de esos
pueblos y garantizar el respeto de su identidad.
Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse
debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario, en
este caso obviamente se debe respetar su idioma.
44
OIT~Convenio 169, Prodiversitas, Convenio sobre pueblos indígenas y tribales (169), Ginebra, 27 de junio de
1989, http://www.prodiversitas.bioetica.org/doc8.htm#Ratificaciones, consultada: 18-07-2011.
32
32
En este convenio el artículo más importante referido al tema de investigación es el
artículo 30 en donde los Estados partes deberán adoptar medidas acordes a las
tradiciones y culturas de los pueblos indígenas, asimismo se deberá utilizar
traducciones escritas y la utilización de medios de comunicación de las lenguas o
idiomas en dichos procesos jurisdiccionales.
2.1.2.3 Convención Americana Sobre Derechos Humanos
“Pacto de San José de Costa Rica Decreto 6-78 del Congreso de la República de
Guatemala, aprueba la presente Convención, fue ratificada por Guatemala el 27 de
abril de 1978.”45
El Gobierno de la República de Guatemala, ratifica la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, suscrita en San José, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969,
haciendo reserva sobre el artículo 4, inciso 4, de la misma, ya que la Constitución de
la República de Guatemala, en su Artículo 54, solamente excluye de la aplicación de
la pena de muerte, a los delitos políticos, pero no a los delitos comunes conexos con
los políticos.
“El instrumento de ratificación se recibió en la Secretaría General de la OEA el 25 de
mayo de 1978, con una reserva. Se procedió al trámite de notificación de la reserva
de conformidad con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
suscrita el 23 de mayo de 1969.”46
45
Departamento de Derecho Internacional, Tratados Multilaterales, CONVENCION AMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS "PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA”, San José Costa Rica, 22 de noviembre de
1969, http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/b-32.html, consultada: 18-07-2011. 46
Datos obtenidos en página la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
http://www.iachr.org/Basicos/basicos3.htm. Fecha de consulta: 12.07.2010
33
33
En esta convención en su artículo 8 indica que toda persona debe ser oída con las
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, es evidente que debe ser ante un
tribunal competente y no debe existir ningún tipo de discriminación ya que todas las
personas son iguales ante la ley, siempre y cuando se respete la costumbre de cada
persona.
En su artículo 8.2 inciso a) regula que todo inculpado debe ser asistido gratuitamente
por un traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del Juzgado o
Tribunal. Queda claro entonces que las normas internacionales regulan la
importancia que existan traductores o intérpretes de los diferentes idiomas que
predominan en los países que ratificaron dicha convención para asistir a todas
aquellas personas que no dominan el idioma oficial o el idioma que se utiliza en los
Juzgados.
2.1.2.4 Declaración Universal de Derechos Humanos. Aprobada y Proclamada
por la Asamblea General de Las Naciones Unidas El 10 de Diciembre de 1948.
En dicho apartado todas las normativas internacionales que se señalan tienen en
común regular normas que le permitan a cualquier persona no importando su raza,
color, sexo, idioma47, religión, opinión política, posición económica y otros, el acceso
a la justicia sin menoscabo o discriminación, como lo indica en su artículo dos de
esta declaración Universal.
Todas las normativas tienen en común regular normas que le permitan a cualquier
persona no importando su raza, color, sexo, idioma,48 religión, opinión política,
posición económica y otros, el acceso a la justicia sin menoscabo o discriminación,
como lo regula en su artículo 2 de esta declaración Universal.
47
Negritas son propias. 48
Ibid.
34
34
También en la misma, en su artículo 7 regula que todas las personas son iguales
ante la ley tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen
derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y
contra toda provocación a tal discriminación.
Es importante mencionar que en esta Declaración en el artículo 8 regula el Derecho
a un recurso efectivo ante los Tribunales nacionales competentes contra actos que
violen sus Derechos Fundamentales reconocidos en la ley, por ende exige un Debido
Proceso en todos los Juicios a realizar en los países que han ratificado dicha
Declaración.
Por último en su artículo diez regula una situación determinante en la investigación
que se realiza porque es aquí donde regula que toda persona tiene derecho, en
condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal
independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o
para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Claro está que es un gran avance en Materia Penal el que se le brinde tanto al
indígena, mestizo, criollo o extranjero la plena igualdad de condiciones en un juicio
penal, teniendo los mismos derechos y obligaciones en cualquier acusación que se
les haga.
2.1.2.5 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
“Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su
resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo
de 1976, de conformidad con el artículo 49 Lista de los Estados que han ratificado el
pacto Declaraciones y reservas.”49
49
Oficina del alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, Nueva York, Estados Unidos, 23 de marzo de 1976,
http://www2.ohchr.org/spanish/law/ccpr.htm. Consultada: 18-07-2011.
35
35
En este Pacto no se abarcan los derechos individuales sino que los derechos en
conjunto o de una comunidad o etnia, por lo que en el artículo uno regula que: Todos
los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho
establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo
económico, social y cultural. Es decir que permiten que cada pueblo se rija por sus
propias normas, que no necesariamente son escritas, ya que la mayoría de pueblos
indígenas sus normas no están escritas o plasmadas en leyes, simplemente son
orales, que pasan de generación en generación, lo cual contradice el sistema
occidental el cual nos rige. Por ende que el pluralismo jurídico en la mayoría de
Estados no permite su uso libremente, porque los pueblos originarios se rigen por
tradiciones y costumbres muy diferentes a los pueblos occidentales, es de allí que
nace el problema, es sumamente complejo.
En esta norma internacional en su artículo segundo regula que cada uno de los
Estados Partes en el presente pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos
los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los
derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social sus derechos
inherentes como ser humano.
Pero su aporte más significativo en esta investigación lo encontramos en el artículo
catorce en el cual regula que durante el proceso, toda persona acusada de un delito
tendrá derecho, en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas:
a) A ser informada sin demora, en un idioma que comprenda50 y en forma
detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella;
50
Negritas son propias.
36
36
...f) A ser asistida gratuitamente por un intérprete51, si no comprende o no habla el
idioma empleado en el tribunal.
Claro está que este Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es
fundamental jurídicamente en la presente investigación, ya que como es un Pacto
ratificado por el Estado de Guatemala, tiene la misma jerarquía de una normativa
constitucional, por lo cual se debe cumplir, por lo que todas las personas tenemos
derecho a ser informadas cuando estemos en litigio en el idioma que comprendemos
para poder entender de qué se nos acusa, pero si el juez no comprendiera nuestro
idioma, tenemos el derecho de contar con un intérprete gratuitamente para que lleve
la traducción del proceso en el idioma que dominamos.
2.1.2.6 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
Este instrumento internacional especifica también el uso del idioma materno de los
usuarios de los órganos jurisdiccionales según lo indica el artículo II donde hace
mención que todas las personas son iguales ante la ley y tienen los mismos
derechos sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna. Máximo en el
sector justicia en donde está en juego la libertad de los sindicados, lo cual hace que
como garantías mínimas el Estado debe proporcionar traductores para que los
sindicados que no dominen el idioma oficial, es decir el Español, puedan darse a
entender y ser entendidos, y así cumplir con la normativa internacional ratificada por
Guatemala en cuestión de Derechos Humanos.
Esto significa que cualquier persona debe tener acceso a la justicia en su propio
idioma, no importando cual sea; máxime que en nuestro país existe una variedad de
idiomas, el Estado está obligado a proporcionar funcionarios públicos bilingües que
domine el idioma materno de la comunidad donde trabajan, y si los funcionarios de
justicia son monolingües, deben de existir traductores que permitan la comunicación
51
Ibid.
37
37
correcta entre sindicado y juez, con el fin de llevar un proceso que cumpla con los
principios mínimos de un debido proceso.
2.1.2.7 Carta de Las Naciones Unidas (Firmada en San Francisco, el 23 de junio
de 1945).
Esta carta de las naciones Unidas fue fundamental en el surgimiento de las llamadas
Constituciones Socialistas que surgieron en América Latina, las cuales abarcaron
más derechos individuales y fundamentales de las personas. Además de darle un
sentido humanitario a dichos preceptos.
Por lo que en su artículo 1 numeral 3 regula que las naciones deben de promover el
desarrollo y estímulo al respeto a los derechos humanos y las libertades
fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o
religión.
Dicha carta según el artículo 55 tiene como fin principal crear en las naciones partes
de la misma condiciones de estabilidad y bienestar necesario para las relaciones
pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la
igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos.52Cuando los
Estados emplean el término “autonomía” se refieren a la capacidad que un grupo
tiene para reglamentar un cierto número de actos que el Estado supervisa
habitualmente, algo que en Guatemala ya se está dando, no a totalidad pero ya hay
un gran avance en ese sentido porque existen ya comunidades que dictan sus
propias resoluciones claro está no contradiciendo la Constitución, es parte de un
pluralismo jurídico que se explicará en un apartado siguiente. Para que se dé un
ámbito de autonomía total es necesario que se rija Constitucionalmente o a través
52
Negritas propias
38
38
de la legislación interna, tal como el proceso autonómico departamental que vive
Bolivia.
2.2 El Acceso a la Justicia un derecho de todos
2.2.1 Concepto:
Raquel Yrigoyen citada por Cesar Parodi y Nadezhda Vásquez menciona que el
acceso a la justicia es un concepto que ha sufrido profundas transformaciones. “El
concepto tradicional de acceso a la justicia se relaciona con la posibilidad que tienen
las personas de acudir al sistema previsto para la resolución de conflictos y obtener
una respuesta efectiva a sus pretensiones”.53
El acceso a la justicia, entonces, es un concepto que hace referencia a las
posibilidades de las personas, sin distinción de sexo, raza, edad, identidad sexual,
ideología política, creencias religiosas, de acceder a un recurso efectivo para la
protección de derecho y la solución pacífica de conflictos y cuyo ámbito material de
aplicación se delimita mediante el análisis del conjunto de derechos de los
ciudadanos y la valoración de la naturaleza y extensión de la actividad pública y de
los mecanismos o instrumentos jurídicos necesarios para garantizarlos.
Además es necesario agregar que el acceso a la justicia también puede verse como
una expresión de la ciudadanía o civilidad de todo individuo, entendida como una
disposición de facultades y de canales institucionales que permitan el más amplio
goce de la libertad humana. Así comprendido, el acceso a la justicia puede verse
fácilmente traducido a acciones públicas o populares en la defensa de intereses
individuales, generales o colectivos.
53
Parodi, Cesar. Vásquez, Nadezhda. Propuesta de lineamientos de políticas públicas para el acceso de los
pueblos indígenas a la justicia oficial. Guatemala: Comisión para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la
Justicia, Magna Terra Editores S.A. 2007. Pág. 13.
39
39
Cuando me refiero a “acceso a la justicia” se entiende que es un conjunto de
derechos y garantías recogidos y reconocidos por la Constitución Política de la
República de Guatemala y la Convención Americana de Derechos Humanos entre
otras normativas nacionales e internacionales, las cuales velan porque el Estado en
este caso Guatemala, aplique las normas que regulan el libre acceso a la justicia sin
discriminación alguna, con el objetivo de resolver en litigio los conflictos que puedan
tener los ciudadanos.
En el artículo 2 de nuestra Constitución, enumera los deberes que tiene el Estado
con todos los ciudadanos guatemaltecos y entre ellos está la justicia “nos la garantiza
el Estado aplicando las leyes que existen en nuestro país a través de nuestras
autoridades correspondientes o sea los jueces, pero aplicándolas a todos sin
favoritismo….., sin importar sin son funcionarios de gobierno o no, en fin la justicia se
garantiza aplicando las leyes por parejo a todos”.54
2.2.2 El Acceso a la Justicia en Guatemala:
2.2.2.1 Leyes que garantizan el acceso a la justicia
La Constitución Política de la República de Guatemala establece en el artículo dos,
que “es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la
libertad, la justicia,55 la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”.56
Así también el artículo 4 de la Carta Magna establece que “en Guatemala todos los
seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer,
cualquiera, que sea su estado civil tienen iguales oportunidades y responsabilidades.
54
De León Carpio Ramiro. Catecismo Constitucional. Guatemala. Tipografía Nacional. 1995. Pág. 46. 55
Negritas son propias. 56
Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República de Guatemala de 1985 y su
interpretación por la Corte de Constitucionalidad. Pág. 17.
40
40
Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que
menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre
sí”.57
En cumplimiento y observancia del Debido Proceso, se han efectuado reformas al
proceso penal guatemalteco, la más importante se realizó en el año 1994, al iniciarse
la vigencia del actual Código Procesal Penal, que significó la transición del
procedimiento inquisitivo por uno de corte acusatorio; desde entonces se han
efectuado reformas al mismo en distintos años. Estas reformas se evalúan como
favorables a los denunciantes de escasos recursos, ya que se incorporan
procedimientos favorables para presentar denuncias incluso de forma oral. Sin
embargo, no siempre se da el cumplimiento de las mismas.
2.2.2.2 Educación de las Personas sobre sus Derechos de Acceso a la
Justicia
La función de informar a la población sobre sus derechos de acceso a la justicia ha
sido asumida por diversas organizaciones no gubernamentales, especialmente las
que trabajan más en el ámbito de los Derechos Humanos.
Dentro de los programas educativos oficiales no existe capacitación sobre el sistema
de justicia ni sobre derechos humanos, los programas informativos impulsados por el
poder judicial tienen una cobertura limitada y carecen de una estrategia de
seguimiento.
57
Datos obtenidos en página del Instituto de Investigación y Autoformación
Políticahttp://www.cejamericas.org/doc/documentos/mazariego-informe-gua.pdf Fecha de consulta: 21.06.2010.
Pag.76
41
41
En cuanto al grado de educación o conocimiento de las personas acerca de sus
derechos de acceso a la justicia, puedo decir que es escaso, aunque no existen
estudios al respecto, sin embargo, basados en el grado de escolaridad de la mayor
parte de la población y en la carencia de programas informativos sobre el acceso a la
justicia puedo inferir que la mayor parte de personas no conoce la función de los
organismos de justicia ni sus derechos relativos al acceso a la justicia, no obstante
se han iniciado campañas por parte de la sociedad civil para informar a la población
sobre los mismos.
“En el caso de los pueblos indígenas, la situación se agrava por el condicionamiento
socio-económico anulante de su personalidad, por la discriminación, marginación y
explotación que sufren, la falta de consideración y respeto a su cosmovisión jurídica
y por no considerar la ignorancia de sistemas jurídicos ajenos, más allá de los
principios generales y universalmente válidos, como el derecho a la vida, la libertad y
la seguridad de las personas”. 58
Es evidente que la población indígena es el más pobre económicamente hablando,
por lo mismo y por el pasado oscuro que nos empaña, seguimos siendo
discriminados hasta por el mismo sistema de justicia, por ende sigue existiendo un
alto índice de analfabetismo en la población maya, por lo que se vuelve una barrera
para informarnos sobre nuestros derechos, mucho menos tener el beneficio de
éstos.
2.2.3 El Acceso Ineficaz de los Maya Hablantes a la Justicia Oficial
El sistema de justicia oficial ordinaria de Guatemala, sigue descansando en el
monopolio que mantiene la “idea del Estado-Nación”, visto como un solo pueblo, una
sola cultura, un solo idioma, y por ende un solo sistema jurídico de autoridades de
58 Ordóñez Cifuentes, José Emilio Rolando, Justicia y Pueblos Indígenas. Guatemala, Magna Terra
Editores, 1997, Pág. 21.
42
42
administración de justicia; Justo Solórzano Ramírez Luis citado por Jesús Gómez
indica al respeto,…“que nuestro sistema de justicia es un modelo mono cultural,
monolingüe y donde solo existe un sistema jurídico que explícitamente buscaba
eliminar sus idiomas, su cultura, su espiritualidad y su derecho”.59
Para la transformación de dicho sistema, los acuerdos de paz firmados en
Guatemala en 1996, contemplaban el diseño nacional de justicia que respondiera a
un modelo de Estado Pluricultural. En ese marco, las demandas de acceso a la
justicia de la población, en particular de los pueblos indígenas, debían ser
satisfechas a través de una profunda reforma del sistema de justicia oficial ordinaria y
el reconocimiento y el respeto pleno al derecho indígena, el fortalecimiento de las
medidas desjudicializadoras y la definición de mecanismos de coordinación entre el
sistema de justicia ordinaria y el sistema de justicia indígena.
Sin embargo, “las medidas de reforma que se tomaron después de los Acuerdos de
Paz, y posterior ratificación del Convenio 169 de la OIT no han sido suficiente y más
bien se han alejado de los objetivos previstos originalmente, dando prioridad a la
justicia oficial sin tomar en cuenta la necesidad de promover y fortalecer el
reconocimiento del derecho indígena y el desarrollo de pautas de coordinación a fin
de lograr un modelo de justicia que satisfaga a todos los guatemaltecos sin
distinción”.60
Según la Comisión Nacional de Juristas citado por Jesús Gómez afirman que
“Actualmente la mayoría de los guatemaltecos no tiene acceso efectivo a la justicia.
La Administración de justicia guatemalteca se muestra incapaz de atender las
necesidades de la población tanto en términos de recursos humanos como de
presencia territorial. A su vez, los costos asociados para los usuarios de la justicia y
las demoras que se presentan dentro del sistema llevan a que muchos habitantes,
59
Gómez, Jesús. Acceso de los indígenas a la justicia oficial en Guatemala. Guatemala: Comisión Nacional para
el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia, Magna Terra Editores S.A. 2007. Pág. 16
60Ibid.
43
43
sobre todos aquellos sectores marginados, resuelvan sus controversias por otros
medios, como lo son los linchamientos y turbas.”61
La misma necesidad de darle solución a los problemas de acceso a la justicia,
especialmente a los pueblos indígenas surge la idea de crear los Juzgados de Paz
Comunitarios, que realmente son tribunales comunitarios ya que están conformados
por tres jueces; por el mismo aumento de la violencia, con el fin de llevar justicia a los
lugares remotos del país y sobre todo darle el reconocimiento del derecho a ejercer
su propio sistema jurídico a las comunidades indígenas. El Sistema de Justicia al ver
la necesidad de darle solución a dichos conflictos reforma el Código Procesal Penal,
en la cual se facultó a los juzgados de paz a promover la conciliación como
mecanismo alterno de solución de conflictos y “reconocer la existencia del derecho
maya y consuetudinario para la resolución de conflictos jurídicos”.
“El Decreto Número 79-97 fue aprobado por el Congreso de la República el 10 de
septiembre de 1997, y publicado en el Diario de Centro América el 15 de octubre del
mismo año, entrando en vigencia 8 días después de su publicación.”62
Los Juzgados de Paz Comunitarios se implementaron en 5 municipios de diferentes
departamentos del país, los cuales son: En el municipio de San Andrés Semetabaj
departamento de Sololá; en el municipio de San Luis departamento de Petén; en el
municipio Santa María Chiquimula departamento de Totonicapán; en el municipio de
San Miguel Ixtahuacán, departamento de San Marcos; y en el municipio de San
Rafael Pétzal, departamento de Huehuetenango.
Una de las situaciones relevantes es que estos juzgados están conformados por tres
jueces que fueron propuestos por la misma comunidad. Las resoluciones se deben
61
Ibid. Pág. 17. 62
Portal URL/Archivos, Baquiax Baquiax, Josué Felipe, Los Juzgados de Paz Comunitarios y incidencia en el
acceso a la justicia de los pueblos indígenas, Guatemala, 2003,
http://www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/83/Archivos/Departamento%20de%20Investigaciones%20y
%20publicaciones/Articulos%20Doctrinarios/Derecho/Los%20Juzgados%20de%20Paz%20Comunitari
os%20y%20su%20incidencia%20en%20el%20acces.pdf, consultado el: 02-06-2011.
44
44
tomar previa deliberación por mayoría, tomando como base los usos y costumbres
de la comunidad. Siempre y cuando no contradiga la Constitución Política de la
República de Guatemala y las leyes del país.
El funcionamiento de los Juzgados de Paz Comunitario presenta aspectos de
modernización del sistema de justicia en el país, pues por primera vez en la Historia
Política del país, la población de determinadas comunidades escoge a las personas
encargadas de administrar justicia, en este sentido se da un avance para la
legitimación de los jueces y de las resoluciones judiciales.
Sin embargo hace falta mucho por hacer para que nuestros pueblos Mayas tengan
un mejor acceso a la justicia, ya que el Organismo Judicial ha implementado
traductores en algunos tribunales de justicia, pero no es suficiente ya que como es
sabido, la mayoría de la población guatemalteca es indígena y no dominan el idioma
oficial que es el español. Por lo que es un reto a un futuro próximo para que el
Organismo Judicial pueda implementar más traductores o funcionarios que dominen
el idioma materno de las comunidades y así poder prestar un mejor servicio a la
población, pero sobre todo también se pueda impartir justicia en base a las
costumbres ancestrales de nuestros pueblos, para que realmente se pueda
reconocer la cosmovisión o la manera de pensar y sentir de nuestro pueblo Maya.
45
45
CAPÍTULO III
SISTEMA DE JUSTICIA EN LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA PENAL
3.1 Fundamento Constitucional
La Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 1º. Regula que
el fin supremo del Estado es el bien común, es decir que los intereses de una
comunidades prevalecen sobre intereses particulares. Para poder lograr dicha
finalidad, propone garantizarle la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el
desarrollo integral de las personas, como lo regula su artículo 2º. Por lo que el
Estado de Guatemala se compromete a velar por la justicia y el desarrollo integral de
la persona, lo cual se logrará respetando y ejecutando el conjunto de leyes o
normativa jurídica, que tiene como fin lograr un verdadero Estado de Derecho.
Esa garantía y fin planteados conllevan implícitamente la necesidad de reconocer
que existe y existirá, cierto nivel de conflictividad que se debe resolver de
conformidad con acuerdos y formas racionales que protejan a todos los interesados.
Esta afirmación implica que el Estado expropia al individuo de la potestad de resolver
determinados conflictos por sus propias manos y que la monopolización del poder
penal representa un modo "civilizado" de resolver conflictos. Para el efecto, la
Constitución Política de la República de Guatemala asigna a sus órganos, entre
otras, las siguientes funciones: a los tribunales de justicia, la potestad de juzgar y
promover la ejecución de los juzgados; al Ministerio Público, velar por el estricto
cumplimiento de las leyes y el ejercicio de la acción penal pública.
Por su parte, a los funcionarios los instituye en depositarios de la autoridad práctica,
este poder se constituye en el medio más poderoso de control social. Su utilización
puede servir tanto para preservar la paz social, como para ejercer control y
persecución política, sobre sectores disconformes con la manera de ejercer el poder.
46
46
Aplicado racionalmente, el deber ser que plantea la Constitución consiste en
garantizar la vida, la paz, la seguridad y el desarrollo integral de la persona.
3.2 Organismo Judicial
Según la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 203
faculta a los Tribunales de Justicia la potestad de Juzgar y Promover la ejecución de
lo juzgado; es decir, que el Estado le faculta dos funciones o atribuciones al
Organismo Judicial, las cuales son:
a. Juzgar:
Exclusivamente al Organismo Judicial (Tribunales de Justicia) se le faculta para
conocer todos los procesos judiciales que surgieren y emitir su resolución respectiva.
Tiene función jurisdiccional exclusiva, ninguna otra autoridad podrá intervenir en la
administración de Justicia.
b. Promover la Ejecución de lo Juzgado:
El organismo Judicial tiene como segunda función velar porque se cumplan las
sentencias o resoluciones emitas por el mismo órgano. Es decir, que debe darle
seguimiento a las resoluciones emitas para su correcta ejecución. Ambas funciones
van entrelazadas. Los otros organismos e instituciones del Estado como lo es La
Policía Nacional Civil (PNC), El Ministerio Público (MP) deberán prestar a los
Tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de las resoluciones emitidas
por los Tribunales de Justicia.
El Organismo Judicial, incluye a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Tribunales de
Apelaciones, y otros órganos colegiados de igual categoría, Juzgados de Primera
Instancia y Juzgados de Paz. La Corte Suprema de Justicia es el tribunal de mayor
47
47
rango y tiene la responsabilidad de la administración del Organismo Judicial,
incluyendo la labor de presupuesto y los recursos humanos.
La Corte de Constitucionalidad es el máximo tribunal en materia constitucional. El
Estado guatemalteco ha depositado en el Organismo Judicial la obligación de
administrar justicia en el País, éste a su vez, ha tenido ciertas dificultades en cuanto
a la administración de justicia en comunidades indígenas debido factores como la
distancia y el idioma.
En este sentido el Organismo Judicial con el fin de mejorar el acceso a la Justicia en
nuestro país y principalmente el de los Maya hablantes ha creado de los Centros de
Justicia en zonas remotas (CAJ); los Centros Regionales de Justicia o Centro de
Administración de Justicia. Se espera que con creaciones como éstas y el
establecimiento de más juzgados y centros de mediación en el interior de la
República las comunidades indígenas realmente obtengan una forma más rápida y
eficaz de acceder a la justicia.
3.3 Juzgados De Primera Instancia
Por mandato legal los jueces de primera instancia tienen a su cargo el control
jurisdiccional de la investigación afectada por el Ministerio Público en la forma que el
código establece, es decir, la fase preparatoria o de instrucción respectivamente.
Instruirán también, personalmente las diligencias que específicamente les estén
señaladas. Además tienen a su cargo la tramitación y sustanciación del
procedimiento intermedio y del abreviado.
Conocerán, además del procedimiento de liquidación de costas. Es de agregar que
también pueden autorizar el criterio de oportunidad, la suspensión de la persecución
penal, y otros. También darle tramite al procedimiento abreviado, siempre y cuando
estos procedan. En todos estos casos, podrán rechazarlos cuando a criterio del juez
48
48
no procede, como consecuencia debe ordenar al Ministerio Público, que proceda a
plantear la acusación que corresponda.
Deben también tramitar el procedimiento intermedio, conforme a lo que estatuye los
artículos 332 al 345 del Código Procesal Penal (Dto. 51-92). Es decir, dará audiencia
a las partes en los plazos que establece la ley, entregándoles copia del escrito de
acusación. Controlará las objeciones que plantean las partes contra la acusación
planteada por el Ministerio Público. Seguidamente se avocará el conocimiento de lo
planteado y resolverá si constata vicios formales en la acusación, designándolos
detalladamente y ordena el ente oficial que proceda a su corrección.
Resolverá las solicitudes de constitución y en caso de excepciones u oposiciones,
dictará la resolución que corresponda. Dictará el auto de apertura del juicio o de lo
contrario, el sobreseimiento, la clausura del procedimiento o el archivo, según sean
las constancias procesales. Los jueces de primera instancia, también les
corresponde conocer del procedimiento abreviado y una vez concluido la tramitación
del proceso debe emitir la sentencia que enderecho corresponde, ya sea, absolutoria
o condenatoria según lo admite el caso.
3.4 El Proceso Penal en los Juzgados de Primera Instancia:
En concreto, el proceso penal común se divide en tres etapas o fases, siendo éstas:
El procedimiento preparatorio, el procedimiento intermedio y la fase del juicio, ésta
última se realiza en un Tribunal de Sentencia, claro está que ya no está en la
competencia de los Juzgados de Primera Instancia respectivamente. En su orden,
cada una de las etapas indicadas, es base para desarrollar y cumplir con los fines del
proceso, lo cual implica una compleja y progresiva actividad por parte del órgano
jurisdiccional, del órgano de persecución penal y otros sujetos, según corresponde.
Todas las etapas del proceso común lo podemos encontrar en el libro segundo del
Código Procesal Penal Decreto 51-92, de los artículos 285 al 353 de esa misma
normativa legal.
49
49
3.4.1 Jueces de Primera Instancia:
Los jueces de primera instancia tendrán a su cargo el control jurisdiccional de la
investigación efectuada por el Ministerio Público, en la forma que se establece en el
Código Procesal Penal. Instruirán, también, personalmente las diligencias que
específicamente les estén señaladas.
Estarán encargados de la tramitación y solución del procedimiento intermedio y del
abreviado. Conocerán, además, del procedimiento de liquidación de costas.
3.4.2 El Procedimiento Preparatorio:
El procedimiento preparatorio inicia con la noticia de un hecho delictivo, ya sea a
través de una denuncia, prevención policial o a través de la querella. Para lograr la
realización de la apertura a juicio, es necesario formular acusación, que proporcione
fundamento serio para el enjuiciamiento público del imputado; por lo que, debe haber
una investigación preliminar para reunir información y elementos de prueba. Esta
actividad de investigación o actos de investigación la realiza el Ministerio Público.
El artículo 309, del Código Procesal Penal, indica “En la investigación de la verdad, el
Ministerio Público deberá practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para
determinar la existencia del hecho, con todas las circunstancias de importancia para
la ley penal. Asimismo, deberá establecer quiénes son los partícipes, procurando su
identificación y el conocimiento de las circunstancias personales que sirvan para
valorar su responsabilidad o influyan en su punibilidad…”63 El Ministerio Público es
una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales encargada,
según la Constitución Política de la República, el Código Procesal Penal y la Ley
63
Congreso de la República de Guatemala, Código Procesal Penal, Decreto No. 51-92 y sus
Reformas.
50
50
Orgánica que rige su funcionamiento, del ejercicio de la acción pública, así como de
la investigación preliminar para preparar el ejercicio de la acción.
Además, es importante indicar que en esta etapa está la presencia del juez de
Primera Instancia, quien es el contralor de la investigación, adoptándose así, el
sistema acusatorio, contemplado en el artículo 47 del Código Procesal Penal e indica
que los Jueces de Primera Instancia tendrán a su cargo el control jurisdiccional de la
investigación efectuada por el Ministerio Público, asimismo en el artículo 144 del
mismo cuerpo legal, indica que los jueces que controlan la investigación actuarán en
su propia sede, sin embargo, deberán trasladarse para la práctica de aquellas
diligencias que requieran su presencia en cualquier lugar de su jurisdicción”64
3.4.3 El Procedimiento Intermedio:
El procedimiento intermedio está regulado en los artículos 332 al 345 del Código
Procesal Penal (CPP). Es la etapa o fase comprendida entre el procedimiento
preparatorio y la preparación para el debate.
En esta etapa, es a través de la acusación en la que se plantean las conclusiones,
realizadas por el Ministerio Público. Además de la acusación se pide al mismo tiempo
la apertura a juicio. Entonces, formulada la acusación y solicitada la apertura del
juicio, se concretiza la etapa intermedia y, de conformidad con el artículo 332 del
mismo cuerpo legal, segundo párrafo, la etapa intermedia tiene por objeto que el juez
evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público,
por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo o para verificar la
fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público.
Hay que hacer notar que, no sólo la acusación puede solicitar el Ministerio Público,
existen otras alternativas que son: la clausura provisional, el sobreseimiento y el
64
Ibid
51
51
Archivo. El Juez en esta etapa puede admitir la acusación y la apertura del juicio o
archivar o sobreseer el proceso; por lo que, esta fase no es para determinar la
culpabilidad o inocencia del acusado.
Para que exista dicha decisión, el juez al día siguiente del requerimiento, convocará
a las partes a una audiencia oral que debe realizarse dentro del plazo no menor de
diez días ni mayor de quince, con el objeto de decidir la procedencia de la apertura
del juicio.
52
52
CAPÍTULO IV
DERECHOS CULTURALES E INTERCULTURALIDAD
4.1 Derecho Indígena en la Actualidad:
El reconocimiento del derecho indígena en América Latina ha sido limitado, lo cual
debe entenderse como parte de un proceso altamente globalizado de recomposición
de la justicia estatal y del Estado. En la mayoría de países latinoamericanos en
donde existen comunidades indígenas ha sido muy poco el avance que se ha tenido,
se sigue acarreando las secuelas de la colonización y en donde los Estados no
permiten que dichos pueblos se rijan con sus propias normas. Una excepción de esta
situación es el país de Bolivia en donde la incidencia de su Presidente Evo Morales
ha permitido reformar la Constitución dándole una autonomía a los pueblos
indígenas de ese país del sur, por consecuencia regirse por sus propias normas.
En Guatemala, como efecto del proceso de paz, los esfuerzos por reformar el
sistema judicial han sido particularmente limitados. A pesar de la oposición de élites
nacionales al reconocimiento de los derechos indígenas, diversos agentes locales y
agencias de cooperación internacional han promovido un mayor acercamiento entre
la población indígena y el aparato judicial estatal en aras de lograr un sistema de
justicia más “plural”, eficiente y legítimo.
Sin embargo se ha avanzado paulatinamente en algunos aspectos, por ejemplo la
creación de Juzgados de Paz Comunitarios, de los cuales ya se ha mencionado
anteriormente, también se ha contratado a más personal bilingüe para atender las
diferentes dependencias de Justicia, con el fin de que se cuente con recursos
humanos capacitados que faciliten el acceso a la justicia a aquellas personas
marginadas que no dominan el idioma oficial del país. Pero aún falta más personal
bilingüe para poder cubrir los diferentes Juzgados de los municipios remotos en
53
53
donde es muy escaso el uso del idioma Español, por lo que es un reto a futuro para
el Estado.
El Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca
Acordaron en el año 1996 con los Acuerdos de Paz lo siguiente: El reconocimiento
de la identidad de los pueblos indígenas es fundamental para la construcción de la
unidad nacional basada en el respeto y ejercicio de los derechos políticos, culturales,
económicos y espirituales en todos los guatemaltecos. Además acordaron que el
idioma es uno de los pilares sobre los cuales se sostiene la cultura, siendo en
particular el vehículo de la adquisición y transmisión de la cosmovisión indígena.
En este sentido todos los idiomas que se hablan en Guatemala merecen igual
respeto. Para lo cual el Gobierno debe tomar la siguiente medida en el ámbito de
este estudio: a) promover la utilización de los idiomas de los pueblos indígenas en la
prestación de los servicios sociales del Estado a nivel comunitario. b) Promover los
programas de capacitación de jueces bilingües e intérpretes judiciales de y para
idiomas indígenas. Todos estos fragmentos fueron tomados del “Acuerdo sobre
Identidad y Derechos de los Pueblos indígenas.”65
Generalmente en materia de Derechos Humanos, la realidad difiere de la retórica;
Desde hace muchos años, tal vez desde fines de los años 70, América Latina por
medio de sus autoridades estatales se inició la aceptación de la vigencia del
pluralismo cultural. Incluso los sectores mayoritarios de las ciencias sociales y de la
sociedad civil, que a partir de los enfoques economistas, habían negado o
minusvalorado la importancia de etnicidad, reconocen ahora que es una presencia
insoslayable.
Pero los discursos oficiales y las políticas tienden a discrepar, porque por lo general
se trata de la aceptación formal y retórica de un derecho, que en la práctica no puede
65
“Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales”, Justicia Penal y Comunidades Indígenas,
año 4, Número 4, Buenos Aires, Argentina, enero de 2,000, Editores del Puerto s.r.l, Pág. 153, 154 y 156.
54
54
ser ejercido, por la misma acción pasada y presente de los aparatos estatales.
Acción tendencialmente orientada hacia la homogeneización cultural de las
poblaciones étnicamente diferenciadas, cuya alteridad es percibida como obstáculo
para la construcción de la colectividad nacional. Esta contradicción inhibe la
concreción del pluralismo que se proclama y con ello se contribuye a imposibilitar
que las sociedades víctimas de colonialismo puedan reasumir sus proyectos
históricos bloqueados.
4.1.1 Uso del Idioma indígena en el proceso:
“El racismo lingüístico excluye o menosprecia la utilización de otra u otras lenguas,
esto ocasiona que las nuevas generaciones pierdan o abandonen la utilización de un
lenguaje materno y, con él, un sentido de pertenencia, predomina la lengua oficial ,
las otras desaparecen.”66
La pérdida de los idiomas originarios de Guatemala, es decir los idiomas mayas,
garífunas y xincas, ha ocasionado que el sistema de Justicia se acomode a la
utilización únicamente del idioma Español, en los diferentes procesos judiciales, pero
esto es a raíz del menosprecio y discriminación de estos idiomas desde el tiempo de
la invasión española a nuestro país, esto ha traído como consecuencia que se esté
perdiendo la identidad de los pueblos indígenas del país, más sin embargo los
idiomas mayas han podido sobrevivir y hablarse en una gran parte de la población
indígena, que merece ser tratada en su idioma materno en cualquier trámite judicial.
Por lo que es deber del Estado tomar las medidas necesarias para garantizar que
los miembros de los pueblos indígenas puedan comprender y hacerse comprender
en los diversos procedimientos legales es el mecanismo más consolidado y con
mayor impacto en la práctica respecto del reconocimiento de la diversidad cultural.
66
Ordóñez Cifuentes, José Emilio Rolando, El derecho a la lengua de los pueblos indígenas. México,
editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, Impresora Azteca, S.A. de C.V. 2003,
Pág. 2.
55
55
Tanto a nivel constitucional como a nivel de normativa internacional en materia de
Derechos Humanos ratificados por el Estado de Guatemala, se reconoce
expresamente el derecho a ser atendido en los Centros de Justicia en el idioma que
el sindicado o acusado domina, por medio de traductores o intérpretes.
Para los efectos de la traducción de las lenguas vernáculas al español o viceversa, el
Congreso de la República ha conferido al Organismo Judicial dos años a partir de la
vigencia de la ley para la implementación de los mecanismos necesarios de creación
y funcionamiento de un cuerpo de traductores (art. 547 CPP, último párrafo).
En Guatemala, la existencia de programas de diplomado de traductores e intérpretes,
así como la elaboración de un glosario de términos jurídicos son experiencias que
ilustran la forma en que se puede otorgar mayor operatividad a este mandato legal.
Otro de los aspectos fundamentales a tener en cuenta es la necesidad de contar con
abogados maya hablantes y funcionarios judiciales que también hablen la lengua
indígena.
Las diligencias judiciales deben ser realizadas en el idioma oficial del Estado, en
nuestro caso en español, pero como Guatemala es un país plurilingüe, lo anterior no
debe ser obstáculo a que tengan validez los actos realizados en alguna de las
lenguas vernáculas, y en consecuencia las actuaciones realizadas y los documentos
presentados en alguno de esos idiomas tendrán sin necesidad de traducción al
castellano plena validez, ello sin perjuicio de la traducción de oficio.
Como expusiera el Lic. Rubén Calderón Menéndez en el Curso Básico de Derecho
Procesal Penal Guatemalteco, impartido en el Colegio de Abogados (primer grupo de
cursantes): “Esta innovación le da a las lenguas mayenses el rango de lengua oficial
sustituta en el caso específico del proceso penal. Aquí no se trata solamente de darle
al indígena que no habla español la garantía procesal que se le da a los extranjeros
para poder expresarse en su idioma mediante traductores. Es algo más: Implica un
56
56
reconocimiento de las lenguas mayenses. Como única o predominante forma de
expresión verbal de un alto porcentaje de guatemaltecos”.67
Y continúa: “Por ello el artículo 142 de la nueva legislación adjetiva prescribe que los
actos procesales, no simplemente las declaraciones, deberán también realizarse en
idioma indígena y ser traducidos al español simultáneamente. En este caso las actas
y resoluciones se redactarán en ambos idiomas”.68
Por lo tanto, de acuerdo al espíritu integrador de la Constitución Política, el artículo
142 del código Procesal Penal determina que los actos procesales serán cumplidos
en español pero que cuando una persona se exprese con dificultad en ese idioma
se le brinde la ayuda necesaria para que el acto se pueda desarrollar, en su idioma y
traducir al español. Pero, además, deberán realizarse en el idioma autóctono en
que se exprese alguna de las partes y traducirlo al español simultáneamente.
Como puede verse, se admite que los actos judiciales, los realizados por las partes,
peritos y los testigos, sean en español o en la lengua propia de la comunidad
Indígena a que pertenezcan los sujetos procesales; con ello se busca evitar la
indefensión y mejorar la participación ciudadana en la administración de justicia.
Desde luego las lenguas no oficiales deberán utilizarse como limitaciones derivadas
del conocimiento de las demás partes, debiendo el juez o tribunal utilizar intérpretes.
4.1.2 Legislación Actual sobre idiomas Mayas:
“La pluriculturalidad y la multietnicidad guatemalteca es innegable; la cultura indígena
es milenaria, y en la actualidad coexiste con otras culturas, lo cual conlleva una
diversidad que hace de Guatemala un país muy rico culturalmente, pero también
67
Barrientos Pellecer César Ricardo. Curso Básico Sobre Derecho Procesal Penal Guatemalteco.
Guatemala, Imprenta y Fotograbado Llerena, S.A. 1,993. Págs. 90.
68Ibid, Pág. 91.
57
57
implica una complejidad sociocultural, ante la cual el Estado debe responder
promoviendo las políticas públicas fundadas en esas características.”69
Es importante resaltar que la población guatemalteca es multilingüe, ya que en el
país se hablan 23 idiomas diferentes al castellano, que van desde los idiomas con
más de medio millón de hablantes como el K’iche’, Mam, Kaqchikel y otros; hasta
aquellos que se consideran en riesgo de extinción, ejemplo de ellos el Pocomam,
Awakateko, Tektiteko y otros.
Siendo el idioma una de las bases sobre los cuales se sostiene la cultura de los
pueblos, siendo el medio principal para la adquisición, conservación y transmisión de
su cosmovisión, valores y costumbres, en el marco de las culturas nacionales y
universales que caracteriza a los pueblos mayas, garífuna y xinka. Se hace
necesario que la Constitución Política de la República reconozca el derecho de los
pueblos y comunidades indígenas a su identidad cultural de acuerdo con sus valores,
su lengua y sus costumbres, siendo deber fundamental del Estado garantizar esos
derechos.
Con la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo por
parte del Estado de Guatemala y otros convenios Internacionales, así como en el
Acuerdo de Paz Firme y Duradera, el estado de Guatemala asume el compromiso
de adoptar disposiciones para preservar los idiomas mayas, garífuna y xinka,
promoviendo su desarrollo, respeto y utilización, considerando el principio de unidad
nacional y carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca,
por lo cual se crea la Ley de Idiomas Nacionales, la cual se estudiará a grandes
rasgos en la presente investigación.
69
Datos obtenidos en página de la Biblioteca Jurídica, Marroquín Guerra, Otto, Administración de justicia en
Pueblos Indígenas, http://www.bibliojuridica.org/libros/3/1333/7.pdf, Fecha de consulta: 21.07.2011.Pag.91.
58
58
1.1.2.1 Ley de Idiomas Nacionales (Decreto Número 19-2003):
Esta ley consta de 5 capítulos, los cuales abarcan 28 artículos, en el cual en su
artículo 1 lo regula de la siguiente manera: “El idioma oficial de Guatemala es el
español. El Estado reconoce, promueve y respeta los idiomas de los pueblos maya,
garífuna y xinca”.70
Esta ley ratifica que el Idioma Oficial de Guatemala es el Español, pero también
regula que el Estado de Guatemala reconoce, promueve y sobre todo respeta los
idiomas mayas, garífuna y xinca, lo cual da un paso gigantesco para la aceptación de
los otros idiomas en todos los aspectos y promueve el desarrollo y utilización en las
esferas públicas y privadas.
En su artículo 5 regula una serie de definiciones los cuales son:
Idioma: Lengua específica de una comunidad determinada, que se caracteriza
por estar fuertemente diferenciada de las demás.
Comunidad lingüística: Conjunto de personas que poseen, reconocen y
utilizan un idioma común, ya sea en un espacio territorial, social o cultural
específico. Entre otros.
Es importante indicar que esta ley en su artículo 15 facilita el acceso a los servicios
de salud, educación, justicia71, seguridad, como sectores prioritarios, para los cuales
la población deberá ser informada y atendida en el idioma propio de cada comunidad
lingüística, es decir que los servicios de justicia los usuarios deben ser atendidos en
su idioma materno o que dominen.
Un aspecto también importante a resaltar es su artículo 16 en el cual regula que los
postulantes a puestos públicos, dentro del régimen de servicio civil, además del
idioma español, de preferencia deberán hablar, leer y escribir el idioma de la
70
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Idiomas Nacionales, Decreto No. 19-2003.
71Negritas son propias
59
59
comunidad lingüística respectiva, en donde realicen sus funciones. Lo cual viene a
respalda dicha investigación para que existan más traductores o funcionarios
bilingües en los centros de justicia.
Ahora en Huehuetenango específicamente es uno de los departamentos de
Guatemala en donde más idiomas mayas se hablan, aunque el idioma popular es el
español, sin embargo en la mayoría de municipios se habla por lo menos un idioma
maya, los cuales quedan establecidos de la siguiente forma:
El idioma Mam: se habla en La Libertad, San Pedro Necta, Santiago
Chimaltenango, Todos Santos Cuchumatán, Cuilco, San Idelfonso Ixtahuacán,
Colotenango, San Rafael Pétzal, San Juan Atitán, San Gaspar Ixchil, Santa
Bárbara, San Sebastián Huehuetenango, Chiantla y Tectitán;
El Tektiteko: se habla en el municipio de Tectitán y Cuilco, juntamente con el
idioma Mam.
El Akateco: se habla en los municipios de San Miguel Acatán, San Rafael la
Independencia.
El Chuj se habla en San Mateo Ixtatán, San Sebastián Coatán y parte de
Nentón,
El Popti' que también es conocido como Jacalteco, se habla en Jacaltenango,
La Democracia, Concepción Huista, San Antonio Huista y Santa Ana Huista.
El Q’anjob’al se habla en San Pedro Soloma, San Juan Ixcoy, Santa Eulalia y
Santa Cruz Barillas.
El Awakateko que se habla una parte de Aguacatán.
El Chalchiteko se habla en una parte de Aguacatán.
En la sección de anexos estaré ilustrando un Mapa lingüístico para una mejor
comprensión y ubicación de las regiones donde se hablan los mencionados idiomas
mayas que se hablan en el departamento de Huehuetenango.
60
60
1.1.2.2 Código Procesal Penal Decreto No. 51-92:
En dicho cuerpo legal en el artículo 90 especifica el derecho a un intérprete,
regulándolo en beneficio del imputado y guardando silencio respecto a la parte
agraviada en el proceso penal. Este artículo establece que: “El imputado tiene
derecho a elegir un traductor o intérprete de su confianza para que lo asista durante
sus declaraciones, en los debates o en aquellas audiencias en las que sea necesaria
su citación previa. Cuando no comprenda correctamente el idioma oficial y no haga
uso del derecho establecido anteriormente, se designará de oficio un traductor o
interprete para esos actos.”72 Puede decirse entonces que la legislación
guatemalteca en su normativa ordinaria reconoce el uso de traductores o intérpretes
de oficio para que los usuarios que no dominen el idioma oficial del país, es decir el
español puedan hacer uso de dichos funcionarios para que no se vulnere el debido
proceso penal.
4.2 Definición de traductor y de intérprete:
4.2.1 Traducción:
Según el autor Guillermo Cabanellas, citado por Belardo Jiménez Sales “Expresión
en un idioma de lo dicho o escrito en otro...”73 De este concepto, se puede decir que
la traducción se realiza de un idioma a otro distinto.
Después de haber dado un concepto de traducción, también es importante señalar el
concepto de traducir, que es “Realizar una traducción es facilitar lo escrito o dicho en
otro idioma empleando el lenguaje propio o el comprensible por los oyentes o
lectores.
72
Congreso de la República de Guatemala, Código Procesal Penal, Decreto No. 51-92.
73 Jiménez Sales, Belardo, El Acceso a la Justicia en el Idioma Mam en el departamento de Huehuetenango,
Guatemala, 2005, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Rafael Landívar, Pág. 61.
61
61
La legislación penal guatemalteca, utiliza indistintamente las palabras traductor e
intérprete para referirse al derecho que tienen las personas de hacer uso de esta
figura en el proceso penal, así el artículo 90 del código procesal penal, indica “El
imputado tiene derecho a elegir un traductor o intérprete de su confianza…” En virtud
que, la legislación penal hace referencia al intérprete, se da un concepto del mismo,
por lo cual es importante también estudiar el concepto de intérprete.
4.2.2 Intérprete:
“Persona versada en dos o más idiomas y que sirve de intermediaria entre otras que,
por hablar y conocer sólo lenguas distintas, no pueden entenderse...”74 El presente
concepto indica que es la persona versada en dos o más idiomas. “Persona que
conoce y domina dos o más idiomas y que por tal razón sirve de intermediaria entre
otras que por hablar y conocer sólo idiomas distintos, no pueden entenderse”.75
“La función del intérprete se concreta en la traducción oficial de documentos
redactados en idioma que no es el oficial de un país, para servir de enlace entre el
juez o tribunal y las partes o testigos…..”76
En cierto modo puede decirse que el intérprete es, en relación a la palabra hablada,
lo mismo que el traductor con respecto a la escrita. Tanto el intérprete como el
traductor tienen relevante importancia en materia forense…”77 Al haber apuntado el
concepto de traductor y el concepto de intérprete legal, se determina que ambos
son personas versadas en dos o más idiomas.
En el caso del Departamento de Huehuetenango, específicamente de la
investigación el traductor y el intérprete son personas que dominan y conocen el
idioma español, conocen y dominan el idioma Mam, K’iche’, Q’anjob’al, Awakateko,
74
Ibid. Pág. 62. 75
Morales Laynez, Benito, El Acceso a la Justicia en el Propio Idioma, Guatemala, Editores Siglo Veintiuno, 2001,
Pág. 51. 76
Ibid. 77
Ibid. Pág. 62.
62
62
Chalchiteko y Tektiteko que son los idiomas mayas que se hablan en la competencia
territorial del juzgado de Primera Instancia Penal del departamento de
Huehuetenango, pero en el presente estudio cuando se utilice la palabra traductor
nos estaremos refiriendo a la persona que domina cualquiera de los idiomas Mayas y
Español.
4.3 Reconocimiento Constitucional:
La Constitución Política de la República de Guatemala reconoce que el Estado está
formado por diversos grupos étnicos y asegura, respetar y promover sus formas de
vida, costumbres y tradiciones.
El artículo 66 referente a la Protección a grupos étnicos establece: “Guatemala está
formada por diversos grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de
ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida,
costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso del traje indígena en
hombres y mujeres, idiomas y dialectos.”
La Constitución de nuestro país asegura a las comunidades indígenas que tengan
tierras que históricamente le pertenecen, el mantenimiento de ese sistema; además
ordena la creación de programas especiales que proveerán de tierra a las
comunidades que las necesiten para su desarrollo.
Nuestra Carta Magna también prevé el traslado de trabajadores indígenas fuera de
sus comunidades por cuestiones de trabajo y ofrece protección y legislación que
aseguren condiciones de trabajos adecuados, así como salarios justos. Intenta
también garantizar que este traslado no sea causa para la desintegración de las
comunidades de las cuales migran los trabajadores; sin embargo en la práctica
muchos indígenas se ven obligados a dejar su lugar de origen por cuestiones
económicas, ya que al carecer de trabajo en su comunidad deciden vivir fuera de ella
para obtener el dinero necesario para la sustentación de su familia.
63
63
En lo referente a educación la Constitución garantiza este derecho “sin
discriminación alguna” y tomando en cuenta a las escuelas establecidas en lugares
donde predomine la población indígena ordena que “la enseñanza deberá impartirse
preferentemente en forma bilingüe.”
4.4 Pluralismo Jurídico:
El derecho de acceso a la justicia implica para la población indígena, en el marco de
la legislación vigente, no sólo el libre paso a los tribunales y en general a las oficinas
del Estado para informarse y hacer valer sus derechos, sino también el desarrollo de
mecanismos que le permita a la comunidad, en el marco de su historia particular,
idioma, cosmovisión, formas de organización social, valores, espiritualidad y otros
evolucionar como colectividad en la resolución de sus conflictos, creciendo a partir de
ellos, en un elogio a la dificultad que dignifique a los seres humanos, es decir que se
le permita a los pueblos indígenas tener su propia determinación y organización,
específicamente que tengan sus propios órganos de justicia los cuales se regirán por
sus normas o costumbres.
“En la actualidad, los especialistas han conceptualizado el pluralismo jurídico como la
co-existencia de varios sistemas normativos, estén o no reconocidos legalmente
dentro del Estado o del espacio geopolítico en el que existan”.78Se puede afirmar
entonces que Pluralismo Jurídico es la coexistencia dentro un Estado de diversos
conjuntos de normas jurídicas positivas en un plano de igualdad, respeto y
coordinación.
El Pluralismo Jurídico rompe con la configuración mística de que el Derecho emana
sólo de la norma estatal, formándose la idea consensual del Derecho como
78
Ordóñez Cifuentes, José Emilio Rolando. Pluralismo Jurídico y Pueblos Indígenas. México Distrito Federal,
Universidad Autónoma de México, 2,005. Pág. 228.
64
64
"acuerdo", producto de necesidades, confrontaciones y reivindicaciones de las
fuerzas sociales en la arena socio-política.
El pluralismo Jurídico como lo menciona Lola Cubells Aguilar en el trabajo de nuestro
compatriota Guatemalteco, específicamente del departamento de Totonicapán José
Emilio Rolando Ordóñez Cifuentes, en su libro Pluralismo Jurídico y Pueblos
Indígenas “Las demandas de autonomía de los pueblos indígenas optan en
Latinoamérica, por la convivencia con otras culturas en el mismo Estado Nación,
exigiendo el reconocimiento de sus culturas y al mismo tiempo, el derecho de
participar en la construcción del proyecto nacional. Plantea por tanto, la
transformación del actual Estado, en uno multicultural que refleje la pluralidad de
culturas que lo constituyen.”79
El Pluralismo Jurídico en Guatemala se manifiesta en las comunidades indígenas y
tienen como características peculiares de ser no escritas y que regula:
a) Sus formas de organización y elección de sus Autoridades Comunitarias,
como por ejemplo: Alcaldes Comunales, líderes ancianos y otros.
b) Formas de vida: familiar, religioso y cultural.
c) Formas propias de resolución de conflictos.
La existencia de estas normas No Escritas de las comunidades Indígenas, el Estado
las reconoce según el artículo 66 de la Constitución Política de la República de
Guatemala y a través del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), el cual está ratificado por el Estado de Guatemala.
Al estudiar detenidamente el artículo 66 de la CPRG, puedo interpretarlo como la
base jurídico-constitucional del Pluralismo Jurídico en Guatemala, porque regula que
el Estado reconoce, respeta y promueve las formas de vida, costumbres, tradiciones,
79
Ibid. Pág. 35.
65
65
formas de organización social80, el uso del traje indígena en hombres y mujeres,
idiomas y dialectos81 de los grupos indígenas de ascendencia Maya.
Al decir que el Estado reconoce las formas de organización social el uso del idioma o
dialectos, está confiriendo toda la potestad para que los pueblos mayas puedan
regirse por sus propias autoridades, las cuales se rigen por un conjunto de normas
no escritas, pero que han sobrevivido por medio de la palabra hablada de generación
en generación. Dichas normas también traen consigo sus propias formas de
resolución de conflictos, sanciones y la reparación del daño causado.
En realidad para que exista un pluralismo jurídico en nuestro país debe de existir
autonomía de los pueblos indígenas, lo cual Eugenio Bermejillo dice al respecto
citado por José Emilio Rolando Ordóñez Cifuentes “no se trata de aplicar un
esquema nacional de autonomía a lo largo del país sino que cada pueblo, cada
región pluriétnica, de acuerdo a su historia y situación, desarrolle un proyecto propio
consensado a su interior”.82 Esto refleja que el Pluralismo Jurídico es muy complejo,
por lo cual no se ahondará en la presente investigación; concluyendo entonces, en
que nuestro país se ven grandes avances en este tema, sobre todo porque el
Organismo Judicial se va modernizando y va implementando formas o sistemas en
donde las comunidades puedan regirse por sí mismas y sobre todo que puedan
desarrollar los procesos de resolución de conflictos en su idioma materno.
80
Negritas son propias 81
Ibid 82
Ordóñez Cifuentes, José Emilio Rolando. Op. Cit., Pág. 124.
66
66
CAPÍTULO V
PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
El presente capítulo se hace la presentación, interpretación y análisis de los
resultados obtenidos para así establecer los objetivos trazados fueron alcanzados,
sobre todo si la pregunta de investigación fue respondida o resuelta.
Es necesario mencionar que el objetivo general del presente estudio es determinar si
el sistema de Justicia en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y
Delitos contra el Ambiente de Huehuetenango transgrede o limita el debido proceso
por falta de traductores o intérpretes legales Maya Hablantes de oficio en dicha
instancia. Toda vez que la Constitución Política de la República de Guatemala
regula el Debido Proceso para todas las personas que habitamos este país, no
importando que seamos Mayas, Xincas, Garífunas o Ladinos, se debe cumplir con
los derechos estipulados tanto en las leyes internas como de la legislación
internacional, por lo cual el Estado debe garantizar a toda la población ser tratados
en el idioma materno que dominen.
5.1 Presentación de Resultados:
Luego del estudio teórico realizado en dicha investigación, es momento de
presentar con elementos de la realidad que se vive en Huehuetenango,
específicamente en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Huehuetenango, los
resultados obtenidos surgieron de los instrumentos de estudio de campo, los cuales
consistieron en una serie de encuestas y entrevistas.
5.1.1 De las Encuestas:
67
67
Las encuestas fueron dirigidas a quince usuarios del Juzgado de Primera Instancia
Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Municipio de Huehuetenango,
también fueron dirigidas a cinco Abogados que litigan en dicho Juzgado incluyendo
un Abogado de la Defensa Pública Penal, a cuatro Fiscales del Ministerio Público y
al Traductor Legal del Ministerio Público del municipio de Huehuetenango.
En la pregunta uno, se les formuló lo siguiente:
¿A qué cultura pertenece? Como lo demuestra la gráfica No. 1, donde el 40% de
los usuarios entrevistados respondieron que son de cultura maya, el 52%
respondieron que son de cultura ladina, el 4% respondió que pertenece a la cultura
Garífuna, y el otro 4 % no sabe de qué cultura es, y ninguna persona encuestada
respondió que era de cultura Xinca.
GRAFICA 1
40%
52%
4%0%
4%
¿A qué cultura pertenece?
Maya = 10
Ladina = 13
Garífuna = 1
Xinca = 0
No sabe = 1
Fuente investigación de campo.
68
68
En la pregunta dos, se les formuló lo siguiente:
¿Si es Maya a que etnia pertenece? Esta pregunta está íntimamente ligada con la
primera, por lo que del 40% de encuestados que respondieron que pertenecían a la
cultura Maya, el 24% de los usuarios entrevistados respondieron que son de la etnia
Maya Mam, el 8% respondieron que son de la etnia K’iche’; el 4% respondió que
pertenece a la etnia Awakateka, el otro 4% respondió que pertenece a la etnia
Q’anjob’al y ningún encuestado respondió que pertenecía a las etnia Chalchiteka, lo
cual se puede corroborar con la gráfica No. 2, que a continuación se presenta.
GRAFICA 2
24%8%
4% 4%0%0%
0%¿Si es Maya a que etnia pertenece?
Mam = 6
K´iche´ = 2
Kanjob´al = 1
Aguacateco = 1
Chalchiteco = 0
Chuj = 0
No sabe = 0
Fuente investigación de campo.
En la pregunta tres, se les formuló lo siguiente:
69
69
¿Sabe leer y escribir? A pesar que existe un índice elevado de analfabetismo en el
país, la mayoría de encuestados respondieron que sí saben leer y escribir, como se
puede visualizar en la Gráfica No. 3 el 96% de encuestados respondieron que sí
saben leer y escribir, mientras que el 4% contesto que no sabía leer ni escribir. Por lo
que ahí nos podemos dar cuenta que siempre existen usuarios del Juzgado de
Primera Instancia Penal o de cualquier otro Tribunal de Justicia que son Analfabetas,
lo cual demuestra que aún impera el analfabetismo en nuestro país, aunque se va
mejorando poco a poco.
GRAFICA 3
Fuente investigación de campo.
En la pregunta cuatro, se les formuló lo siguiente:
70
70
¿Hasta qué grado de escolaridad tiene? En esta pregunta surge un dato muy
interesante la mayoría de encuestados respondió que cuentan con un nivel de
estudio Universitario lo cual es lógico ya que fueron encuestados personas
estudiadas que cuentan con Título Universitario de Abogados tanto particularmente
como funcionarios del Ministerio Público, ya que éste es eminentemente necesario
para poder litigar en cualquier Tribunal Penal del país. Además esta pregunta está
íntimamente ligada a la anterior ya que del 96% que sabe leer y escribir; el 38%
cuenta con un Nivel Universitario, el 28% cuenta con un nivel primario, el 16%
cuenta con Post Grado, el 11% cuenta con un nivel de estudio Diversificado y, el 3 %
cuenta con nivel Básico. Estos datos los podemos observar en la gráfica No. 4 la cual
marca una tendencia que de las personas encuestadas la mayoría o sólo cuenta con
estudios de nivel primario o alcanzó terminar su carrera universitaria.
GRAFICA 4
28%
3%11%
38%
16%
¿Hasta qué grado de escolaridad tiene?
Primaria = 7
Basico = 1
Diversificado = 3
Universitario = 9
Post grado = 4
Fuente investigación de campo.
En la pregunta cinco, se les formuló lo siguiente:
71
71
¿Habla usted un Idioma Maya? Es necesario mencionar que cualquier persona no
importando de que cultura pertenece, puede llegar a dominar cualquier idioma, por lo
que en esta pregunta pudo haber personas encuestadas que dijeron anteriormente
que pertenecían a la cultura Ladina y bien pueden dominar un idioma maya o
viceversa, pudieron haber contestado anteriormente que pertenecen a la cultura
Maya pero no pueden hablar su idioma materno. Por lo que en la gráfica No. 5 se
observan los siguientes datos: el 68% de encuestados no hablan un idioma Maya, el
32% sí hablan un idioma Maya, los cuales son: el 20% hablan el idioma Mam, el 4%
habla el idioma K’iche’, otro 4% habla el idioma Q’anjob’al y el otro 4% contestó que
habla el idioma Awakateko. Ningún encuestado contestó que podía hablar el idioma
Chuj ni Chalchiteko. Se tomaron estos idiomas Mayas porque son éstos los que se
hablan en los municipios que tienen jurisdicción con el Juzgado de Primera Instancia
Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Huehuetenango.
GRAFICA 5
Fuente investigación de campo.
En la pregunta seis, se les formuló lo siguiente:
72
72
¿Comprende más el español o se le facilita expresarse en su idioma materno
de la misma manera que el castellano (español)? Esta pregunta está íntimamente
relacionada con la anterior por lo que en la gráfica No. 6 nos podemos dar cuenta
que del 32% que contestó que habla un idioma Maya cualquiera que haya sido, el
23.04% de encuestados contestó que comprende más el Español que su propio
idioma materno, el 7.68% contestó que ambos idiomas los puede comprender y el
1.28% contestó que no domina el español, por lo que sólo domina su idioma
materno. Lo cual muestra que a pesar que el idioma oficial de Guatemala es el
Español (Castellano) aún existen guatemaltecos que no lo dominan ya que nuestro
país es plurilingüe y existe una diversidad de idiomas Mayas, sin olvidarse del
Garífuna y Xinca. Esto hace más complejo la función de que exista un debido
proceso en el idioma materno de los usuarios de los Órganos de Justicia en
Guatemala más no imposible.
GRAFICA 6
Fuente investigación de campo.
En la pregunta siete, se les formuló lo siguiente:
73
73
¿Si ha tenido un trámite en el Juzgado de Primera Instancia Penal de
Huehuetenango con qué idioma le hablaron en dicho Juzgado? La respuesta a
esta pregunta al deducirla lógicamente muestra un claro panorama a que la totalidad
de personal que labora en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y
Delitos Contra el Ambiente en el municipio de Huehuetenango no habla ningún
idioma Maya, por lo que únicamente domina el idioma Español, lo cual queda
demostrado en la gráfica No. 7 la cual indica que al 100% de encuestados respondió
que el idioma con que lo han tratado en dicho Juzgado es el Español, no importando
si es indígena o ladino. Lo cual queda en evidencia que los Tribunales de Justicia no
existe personal bilingüe que pueda tratar en el idioma materno a los usuarios.
GRAFICA 7
Fuente investigación de campo.
En la pregunta ocho, se les formuló lo siguiente:
74
74
¿Sabe si el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos
Contra el Ambiente de Huehuetenango tiene traductor permanente de algún
idioma Maya? Esta pregunta es una de los cuestionamientos claves en la
investigación ya que trata sobre si existe o no traductores de en dicho Juzgado, por
lo que según los convenios y Tratados Internacionales en Materia de Derechos
Humanos ratificados por Guatemala, La misma Constitución Política y las leyes
penales relacionadas indican que es eminentemente necesario en materia de
justicia, el de hacer uso del idioma materno a través de un traductor o intérprete, en
el proceso penal. Por lo que si no existe traductor o intérprete en dicho Juzgado
estudiado, a mi entender se transgrede el Debido Proceso Penal a aquellas personas
que no dominan el idioma Oficial es decir el Español. En la gráfica No. 8 indica que el
80% de encuestados respondieron que el Juzgado de Primera Instancia Penal del
municipio de Huehuetenango no cuenta con un traductor permanente de algún
idioma Maya, mientras que el 20% de encuestados manifestaron que dicho Juzgado
sí cuenta con traductor de algún idioma Maya.
GRAFICA 8
Fuente investigación de campo.
En la pregunta nueve, se les formuló lo siguiente:
75
75
¿Cree que los traductores o intérpretes son personal necesario en los
Tribunales de justicia? Este cuestionamiento al igual que el anterior es
trascendental en la presente investigación, inclusive se podría tomar como una
recomendación, según la gráfica No. 9 el 100% de encuestados respondió que sí
es necesario contar con Traductores o Intérpretes en los Tribunales de Justicia y
los Juzgados de Primera Instancia Penal no son la Excepción, máxime que es allí
donde se juega la inocencia o culpabilidad de los imputados. Por lo que es
eminentemente necesario contar con traductores para que los usuarios que no
comprendan el español puedan entender lo que los Jueces, Oficiales o Abogados
tratan de decirle, por medio de las traducciones en su idioma Materno.
GRAFICA 9
100%
0%
¿Cree que los traductores o intérpretes son personal necesario en los tribunales de
justicia?
SI = 25
NO= 0
Fuente investigación de campo.
En la pregunta diez, se les formuló lo siguiente:
76
76
¿Qué limitaciones o problemas ha tenido para que se resuelva su caso en el
Juagado de Primera Instancia Penal de Huehuetenango? Este cuestionamiento
es más subjetivo pero a la vez está relacionado con el tema investigado ya que una
de las limitaciones por la cual los casos tienden a retrasar el proceso penal en los
tribunales es el idioma, por lo que los resultados en la gráfica No. 10 son los
siguientes: el 32% de encuestados contestó que la falta de información del trámite de
las diligencias a seguir en los procesos penal son el mayor problema que han tenido
para que se resuelva su caso, el 24% indicó que es por la distancia que tienen que
recorrer para llegar a dicho Juzgado para averiguar o evacuar alguna audiencia la
causo de limitación que retrasa su caso, el 16% respondió que el dinero, porque hay
que pagar los honorarios de los Abogados y éstos son altos, el 8% respondió que es
el idioma la limitación más grande para poder resolver su caso y el 20% indicó que
otros son las limitaciones que obstruyen la resolución de sus casos en dicho juzgado,
algunos mencionaron que es el sobrecargo de trabajo con el que cuenta el Juzgado
de Primera Instancia Penal estudiado, otros indicaron que es porque los operadores
de Justicia no agilizan los procesos.
GRAFICA 10
77
77
8%16%
24%32%
20%
¿Qué limitaciones o problemas ha tenido para que se resuelva su caso en el Juzgado de Primera Instancia Penal del municipio de
Huehuetenango?
Idioma = 2
Dinero = 4
Distancia = 6
Falta deinformación = 8
Otro = 5
Fuente investigación de campo.
La pregunta once, se les formuló lo siguiente:
¿Para usted a quienes se les vulnera el Debido Proceso Penal por falta de
traductores en los Tribunales de Justicia? Con este cuestionamiento se llega a al
fondo de la Investigación ya que según la teoría investigada nos indicaba que en el
desarrollo del Proceso Penal es fundamental contar con un traductor o interprete, el
cual tiene la función de traducirle al usuario o sindicado que no comprenda el idioma
oficial es decir el español lo que el Juzgador o Abogado quiere decirle o informarle
en su idioma materno, por lo que a falta de éste se transgrede el Debido Proceso y
se violan los derechos de contar con Traductor establecidos en la Constitución de la
República de Guatemala, Convenios Internacionales y demás normativa jurídica
ratificada por el Estado de Guatemala. Por lo que en el cuadro No. 11 muestra que el
100% de encuestados indicó que es a los indígenas a quienes se les vulnera o existe
78
78
inobservancia del Debido Proceso Penal en el caso que lleven en los Tribunales de
Justicia.
GRAFICA 11
Fuente investigación de campo
En la pregunta doce, se les formuló lo siguiente:
¿Quiénes cree que podrían ser los Jueces que atiendan a los usuarios
indígenas? Esta pregunta se realizó con el objetivo de saber que tanta aceptación
tiene que los Jueces sean personas indígenas que dominen un idioma Maya, o aún
más extremos que éstos sean personas de sus comunidades aunque éstas no sean
profesionales del Derecho, como sucede en los Juzgados de Paz Comunitarios,
también sirve para saber la aceptación de los actuales Jueces de los Tribunales de
Justicia. El cuadro No. 12 muestra que un 48% de los encuestados indicó que deben
ser Profesionales que sean Indígenas los que atiendan a usuarios indígenas, otro
24% indicó que los actuales jueces están bien para atender a dicho sector de la
79
79
población, un 4% indicó que deben ser personas de sus comunidades aunque no
sean profesionales del derecho los que deben conocer sus problemas, otro 4% indicó
que deben ser profesionales no indígenas y por último un 20% indicó que deberían
ser otro tipo de personas; como por ejemplo, profesionales con principios éticos,
morales y espirituales.
GRAFICA 12
48%
4% 4%
24%
20%
¿Quiénes cree que podrían ser los jueces que atiendan a usuarios indígenas?
Profesionales que sean indigenas =12
Personas de la comunidad aunqueno sean profesionales = 1
Profesionales no Indigenas = 1
Los actuales jueces estan bien = 6
Otro = 5
Fuente investigación de campo
80
80
5.1.2 De las Entrevistas:
Las entrevistas fueron dirigidas a Operadores de Justicia del complejo de Justicia
del municipio de Huehuetenango, del mismo departamento incluyendo al Juez de
Primera Instancia Penal, Narcoactividad y delitos contra el Ambiente del municipio de
Huehuetenango, también a Abogados Litigantes incluyendo a los Defensores
Públicos de la Defensa Pública Penal y a los Fiscales del Ministerio Público.
Se realizaron 5 tipos de entrevistas, constando de 10 preguntas cada una las cuales
tienen como finalidad recabar información trascendental y concreta en esta
investigación, únicamente la entrevista realizada al Juez de Primera Instancia Penal,
Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Huehuetenango fue de 15 preguntas.
Es importante indicar que el trascurso de la realización del trabajo de campo, por
considerarlo necesario se entrevistó al Traductor legal del Ministerio Público, quien
es Marcos Sales Ramírez, y al Traductor Legal del Juzgado Primero de Paz del
municipio de Huehuetenango, Carlos Lainez Domingo.
La primera entrevista se realizó a Operadores de Justicia de los diferentes
Juzgados o Tribunales del municipio de Huehuetenango, las preguntas fueron
contestadas concretamente de la siguiente manera:
Pregunta No. 1 en la cual se preguntaba su nombre, todos contestaron el mismo,
nadie se reservó de decirlo.
Pregunta No. 2 ¿Qué Cargo Desempeña? También la totalidad de entrevistado
indicó el cargo que desempeña dentro de los Juzgados o Tribunales según sea el
caso.
Pregunta No. 3 ¿Qué nivel Académico tiene? El 46.7% contestó que es estudiante
universitario de la Carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales; el 33.3% indicó que son
81
81
Licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, el 20% indicó que
cuentan únicamente con título de nivel medio.
Pregunta No. 4 ¿Es originario del municipio de Huehuetenango? El 60% de los
entrevistados indicó que no era originario del municipio de Huehuetenango, aunque
cabe mencionar que la mayoría sí son del departamento de Huehuetenango,
mientras que el 40% manifestó que sí lo era.
Pregunta No. 5 ¿Habla un idioma Maya? El 80% de los entrevistados contestó que
no hablan ningún idioma Maya, mientras que el 20% contestaron que sí hablan un
idioma maya, la totalidad de éstos habla únicamente el idioma Mam.
Pregunta No. 6 ¿Con qué idioma atienden a los usuarios de este Juzgado o
Tribunal? La totalidad es decir el 100% de entrevistados indicó que es con el idioma
oficial, es decir el Español, aunque también hay que mencionar que en el Juzgado
Primero de Paz, indicaron que también atienden a los usuarios cuando es requerido
en idioma Mam.
Pregunta No. 7 ¿Cuentan con traductor de algún idioma Maya en este Juzgado
o Tribunal? El 66.7% contestó que no, mientras que el 33.3% contestó que sí,
siendo ellos Operadores de Justicia del Juzgado Primero de Paz del municipio de
Huehuetenango, el cual es del idioma Mam.
Pregunta No. 8 ¿Tiene conocimiento que en el Juzgado de Primera Instancia
Penal del departamento de Huehuetenango cuentan con traductor de algún
idioma Maya? El 73.3% de entrevistados contestó que dicho Juzgado no cuenta con
ningún traductor o intérprete de los idiomas Mayas, el 20 % indicó que sí cuenta con
traductor y el 6.7% indicó que no tiene conocimiento; es importante mencionar que
los que dijeron que no hay un traductor específico de ese Juzgado, se auxilian de
intérpretes adscritos a otros Juzgados o Tribunales, como lo son el intérprete del
82
82
idioma Mam del Juzgado Primero de Paz y de los intérpretes del Tribunal de
Sentencia los cuales son de los idiomas Mam y Q’anjob’al.
Pregunta No. 9 ¿Considera necesario contar con traductores o intérpretes de
los Idiomas Mayas en el Juzgado de Primera Instancia Penal de
Huehuetenango? La totalidad de entrevistados es decir que el 100% indicó que sí
es completamente necesario, dada la circunstancia que esto evita la vulnerabilidad
en el proceso y agiliza el proceso penal, ya que con esto se evitaría el aplazamiento
de audiencias por falta de intérpretes o traductores de algún idioma Maya.
En la pregunta No. 10 ¿Considera que al no contar con traductores de los
idiomas Mayas en los Tribunales de Justicia se vulnera el debido proceso a los
usuarios indígenas? La respuesta fue dividida porque el 40% de los entrevistados
contestaron que No se vulnera el Debido Proceso Penal, aduciendo que la mayoría
de usuarios de los Tribunales de Justicia en la cabecera departamental de
Huehuetenango hablan y dominan el idioma español, al contrario el 60% de
entrevistados manifestó que sí se vulnera el debido proceso porque aducen que la
mayoría de usuarios de esta cabecera vienen de los municipios o aldeas donde el
español no es su idioma materno y por ende no lo dominan, por lo que se le juzga en
un idioma que desconocen.
La segunda entrevista se realizó a Abogados Litigantes que tienen su Bufete
Jurídico en el municipio de Huehuetenango, departamento del mismo, las preguntas
fueron contestadas concretamente de la siguiente manera:
Pregunta No. 1 en la cual se preguntaba su nombre, todos contestaron el mismo,
nadie se reservó de decirlo.
Pregunta No. 2 ¿Qué nivel académico Tiene? Lógicamente el 100% de
entrevistados contesto que ostentan los títulos de Licenciados en Ciencias Jurídicas
y Sociales, Abogados y Notarios.
83
83
Pregunta No. 3 ¿Es originario del municipio de Huehuetenango? El 66.7%
contestó que es originario del municipio de Huehuetenango, mientras que el 33.3%
manifestó que No lo era.
Pregunta No. 4 ¿Habla un idioma Maya? El 100% de los entrevistados contestó que
no hablan ningún idioma Maya.
Pregunta No. 5 ¿Con qué idioma atienden a los solicitantes de sus servicios
profesionales? El 100% de entrevistados indicó que es con el idioma español.
Pregunta No. 6 ¿Cuándo las personas no hablan el idioma español de qué
manera los asesora? El 83.3% contestó que la mayoría de personas cuando no
hablan o entienden el español, llevan a un familiar o amigo que sí domina el idioma
español, para que le sirva como traductor o intérprete; el 16.7% indicó que no ha
tenido ningún cliente que no domine el español.
Pregunta No. 7 ¿Cuándo usted presta sus servicios como abogado en un
proceso, usted solicita un traductor a los juzgados o ellos se lo ofrecen? El
100% de entrevistados indicó que ellos solicitan a los intérpretes o traductores ya
que en la mayoría de los casos el Juez desconoce que las partes en el proceso no
comprenden ni hablan el idioma español.
Pregunta No. 8 ¿Tiene conocimiento que en el Juzgado de Primera Instancia
Penal del departamento de Huehuetenango cuentan con traductor de algún
idioma Maya? El 50% de entrevistados contestó que dicho Juzgado no cuenta con
ningún traductor o intérprete de los idiomas Mayas, el 33.3% indicó que sí cuenta
con traductor del idioma Mam, y el 16.7% indicó que no tiene conocimiento.
Pregunta No. 9 ¿Considera necesario contar con traductores o intérpretes de
los Idiomas Mayas en el Juzgado de Primera Instancia Penal de
84
84
Huehuetenango? El 100% de entrevistados indicó que sí es completamente
necesario e indispensable, porque todas las personas tienen derecho de expresarse
en su idioma materno, es decir el idioma que dominan, y con esto se evita la
vulnerabilidad del derecho de defensa de la población indígena.
En la pregunta No. 10 ¿Considera que al no contar con traductores de los
idiomas Mayas en los Tribunales de Justicia se vulnera el debido proceso a los
usuarios indígenas? El 83.3% de los entrevistados contestaron que sí se vulnera el
Debido Proceso Penal, indicando de que si no se atiende a las personas en el idioma
materno o el idioma que dominan, no van a comprender lo que el Juez u operadores
de Justicia les estén indicando, por lo que se violenta el Debido Proceso; mientras
que el 16.7% indicó que no se vulnera, más bien se retrasa el Proceso porque no
habiendo traductor en un determinado caso el Juez lo que hace es suspender la
audiencia, por lo que no se da la Justicia pronta y cumplida.
La tercera entrevista se realizó a Funcionarios de la Defensa Pública Penal del
Municipio de Huehuetenango, departamento del mismo, las preguntas fueron
contestadas concretamente de la siguiente manera:
Pregunta No. 1 en la cual se preguntaba su nombre, todos contestaron el mismo,
nadie se reservó de decirlo.
Pregunta No. 2 ¿Qué Cargo Desempeña? La totalidad de entrevistado indicó el
cargo que desempeña dentro de la Institución, según sea el caso.
Pregunta No. 3 ¿Qué nivel Académico tiene? El 50% contestó que ostentan los
títulos de Licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, el 50%
contestó que tienen Pensum Cerrado de la Carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales.
Pregunta No. 4 ¿Es originario del municipio de Huehuetenango? El 50% de los
entrevistados indicó que no era originario del municipio de Huehuetenango, aunque
85
85
cabe mencionar que sí son del departamento de Huehuetenango, mientras que el
50% manifestó que sí lo era.
Pregunta No. 5 ¿Habla un idioma Maya? El 75% de los entrevistados contestó que
no hablan ningún idioma Maya, mientras que el 25% contestaron que sí hablan un
idioma maya, específicamente el idioma Q’anjob’al.
Pregunta No. 6 ¿Con qué idioma atienden a los usuarios de este Juzgado o
Tribunal? El 100% de entrevistados indicó que se atiende en el idioma Español,
aunque el Lic. Maximiliano Antonio Francisco manifestó que si se presentaba la
oportunidad de que alguna persona requiriera los servicios de la Defensa Pública
Penal y no dominara el español, sino el Q’anjob’al, él podría atenderla en ese idioma.
Pregunta No. 7 ¿Cuentan con traductor de algún idioma Maya en este Juzgado
o Tribunal? El 100% contestó que no, pero que estaban haciendo todas las
gestiones de que se habilitara una plaza de traductor o intérprete sobre todo del
idioma Mam, ya que es en ese idioma que hay necesidad, porque la mayoría de
personas que necesitan los Servicios de dicha institución son de la etnia maya Mam.
Pregunta No. 8 ¿Tiene conocimiento que en el Juzgado de Primera Instancia
Penal de Huehuetenango cuentan con traductor de algún idioma Maya? El 50%
de entrevistados contestó que dicho Juzgado no cuenta con ningún traductor o
intérprete de los idiomas Mayas, el otro 50% indicó que sí cuenta con traductor,
específicamente del idioma Mam.
Pregunta No. 9 ¿Considera necesario contar con traductores o intérpretes de
los Idiomas Mayas en el Juzgado de Primera Instancia Penal de
Huehuetenango? El 100% indicó que sí es necesario, por la razón de que hay
muchas personas que no hablan bien el español o no lo comprenden, por tanto es
necesario que nombren para empezar a un traductor del idioma Mam, luego un
86
86
Q’anjob’al y un Poptí; porque estos son los idiomas que se hablan en la jurisdicción
de acá de Huehuetenango.
En la pregunta No. 10 ¿Considera que al no contar con traductores de los
idiomas Mayas en los Tribunales de Justicia se vulnera el debido proceso a los
usuarios indígenas? La respuesta fue dividida porque el 50% de los entrevistados
contestaron que No se vulnera el Debido Proceso Penal, aduciendo que cuando se
da un caso de que alguien no entienda ni hable el español, la Defensa Pública Penal
si lleva el caso no permite que se realicen las audiencias si no se cuenta con un
intérprete o traductor del idioma maya que se requiera, por lo contrario el otro 50%
de entrevistados manifestó que sí se vulnera el debido proceso porque, si una
persona no entienden el español, mucho menos van a entender terminología jurídica
que se utiliza en las audiencias por parte del Juez, y eso estaría violentando su
Derecho de Defensa.
La cuarta entrevista se realizó a Funcionarios del Ministerio Público del Municipio
de Huehuetenango, departamento del mismo, cabe mencionar que algunos
funcionarios de dicha institución no quisieron ser entrevistados aduciendo razones
personales, siendo esta institución la más difícil de poder recopilar información. Las
Respuestas se dieron de la siguiente manera:
Pregunta No. 1 en la cual se preguntaba su nombre, todos contestaron el mismo,
nadie se reservó de decirlo.
Pregunta No. 2 ¿Qué Cargo Desempeña? La totalidad de entrevistado indicó el cargo que
desempeña dentro de la Institución, según sea el caso.
Pregunta No. 3 ¿Qué nivel Académico tiene? El 50% contestó que ostentan los títulos
de Licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario, el 33.3%
contestó que tienen Pensum Cerrado de la Carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales
y el 16.7% indicó que ostenta una carrera Técnica Universitaria (Traductor Legal)
87
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Pregunta No. 4 ¿Es originario del municipio de Huehuetenango? El 66.7% de los
entrevistados indicó que no era originario del municipio de Huehuetenango, cabe
mencionar que la mayoría es originaria de otros departamentos de Guatemala,
mientras que el 33.3% manifestó que sí lo era.
Pregunta No. 5 ¿Habla un idioma Maya? El 83.3% de los entrevistados contestó
que no hablan ningún idioma Maya, mientras que el 16.7% contestaron que sí
hablan un idioma maya, dicho idioma es el Mam.
Pregunta No. 6 ¿Con qué idioma atienden a los usuarios de este Juzgado o
Tribunal? El 66.7% de entrevistados indicó que se atiende en el idioma Español y
en el idioma maya Mam, el 33.3% indicó que únicamente en idioma español.
Pregunta No. 7 ¿Cuentan con traductor de algún idioma Maya en este Juzgado o
Tribunal? El 100% contestó que sí, dicho traductor es únicamente del idioma Mam.
Pregunta No. 8 ¿Tiene conocimiento que en el Juzgado de Primera Instancia
Penal del departamento de Huehuetenango cuentan con traductor de algún
idioma Maya? El 66.7% de entrevistados contestó que dicho Juzgado no cuenta con
ningún traductor o intérprete de los idiomas Mayas, el 33.3% indicó que sí cuenta con
traductor, únicamente del idioma Mam.
Pregunta No. 9 ¿Considera necesario contar con traductores o intérpretes de
los Idiomas Mayas en el Juzgado de Primera Instancia Penal de
Huehuetenango? El 100% indicó que sí es necesario, argumentando que es un
derecho de los usuarios ya sea agraviado o sindicado contar con un traductor así se
les pueda escuchar en su propio idioma, ya que al no contar con traductores se tiene
que suspender las audiencias y esto retrasa los procesos.
En la pregunta No. 10 ¿Considera que al no contar con traductores de los
idiomas Mayas en los Tribunales de Justicia se vulnera el debido proceso a los
88
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usuarios indígenas? El 33.3% de los entrevistados contestaron que no se vulnera el
Debido Proceso Penal, aduciendo que si bien es cierto que no todos los órganos
jurisdiccional cuentan con traductor siempre que se necesite la intervención de uno
de ellos, se manda a llamar para que preste sus servicios; por lo el contrario el
66.7% de entrevistados manifestó que sí se vulnera el debido proceso porque, al no
contar con un intérprete prácticamente los sujetos procesales que no puedan hablar
el idioma español no entienden lo que se dice en las audiencias, y al no entenderse
se viola el Debido Proceso.
La quinta entrevista se realizó al Juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad
y Delitos contra el Ambiente de Huehuetenango, departamento del mismo, los
datos de la misma se pueden apreciar en la tabla No. 5 que se mostrará en el
apartado de anexos; Las Respuestas se dieron de la siguiente manera:
Pregunta No. 1. Nombre:
Jorge Cano
Pregunta No. 2. Edad:
41 años
Pregunta No. 3. Nivel Académico:
Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario.
Pregunta No. 4. Tiempo que lleva desempeñando su cargo: 19 años.
Pregunta No. 5. ¿Es originario del municipio de Huehuetenango?
Sí
Pregunta No. 6. ¿Habla algún idioma Maya?
No
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Pregunta No. 7. ¿Con qué idioma atienden a los usuarios en el Juzgado al
presentárseles un proceso?
Español
Pregunta No. 8. ¿Es necesario que el acusado se auxilie de un traductor o intérprete
legal en caso de ignorar el idioma español?
Claro que es necesario, no se le puede violentar ese derecho
Pregunta No. 9. ¿Considera importante la intervención de un intérprete de cualquier
idioma Maya en el Proceso Penal?
Es importante
Pregunta No. 10. ¿Cuentan con traductor permanente en este Juzgado al servicio de
la población Maya hablante?
Aquí en el Juzgado directamente no, hay uno que está adscrito al Juzgado
Primero de Paz que es el que viene para acá, pero sólo hay del idioma Mam.
Pregunta No. 11. ¿Si existe traductor o intérpretes en dichos juzgados, considera
que han desempeñado su función con eficiencia?
Yo considero que sí, pero vuelvo a repetir sólo hay en idioma Mam
Pregunta No. 12. ¿En los casos en que ha intervenido el traductor o intérprete legal,
en qué idiomas mayas se ha necesitado más dicha intervención?
En idioma Mam
Pregunta No. 13. ¿Cuáles son los obstáculos más frecuentes que usuarios Maya
hablantes tienen para el acceso a los servicios de justicia que proporciona este
Juzgado? Enumere las más importantes.
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No contamos con el servicio de intérpretes de los diferentes idiomas Mayas
que se hablan en Huehuetenango
En la mayoría de los Juzgados de Paz no existen traductores, por lo que
cuando llega un detenido que no domina el idioma español, y cuando se le
hace saber por qué están detenidos, algunas veces no entienden lo que el
Juez les dice.
Pregunta No. 14. ¿Cuáles son los obstáculos más frecuentes que como funcionario
judicial tienen proporcionar el acceso a los servicios de justicia a usuarios Maya
hablantes? Enumere las más importantes
El primero es no tener interprete directamente en este Juzgado
La suspensión de audiencias por no tener intérprete
Sólo se cuenta con el apoyo de un intérprete del idioma Mam, de otros
idiomas como el Q’anjob’al, Awakateko, Chalchiteko o Tektiteko, ya que
nuestra jurisdicción abarca desde Tectitán hasta Todos Santos Cuchumatán,
por lo que los otros Juzgados de Primera Instancia del departamento están
peor que el de aquí, porque no existe ningún intérprete
Que a veces el intérprete del Juzgado primero de Paz está ocupado o tiene
otra audiencia, por lo cual se tiene que postergar la audiencia
Pregunta No. 15. ¿Considera que aún existe discriminación en el acceso a la justicia
respecto a usuarios Maya hablantes? ¿Por qué?
1. Es un problema coyuntural, es un problema enraizado en la población. Ahora
bien el Organismo Judicial tiene una limitación en su Presupuesto por lo que
no hay intérpretes, aunque eso ha sido una de las propuestas y poco a poco
están saliendo plazas de intérpretes que antes no había.
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5.2 Análisis y Discusión de Resultados:
Al realizar las encuestas a los usuarios del Juzgado de Primera Instancia Penal,
Narcoactividad y delitos contra el Ambiente de Huehuetenango, la mayoría de
personas que contestaron son de origen maya, y dominan de mejor manera su
idioma materno, lógicamente se les dificulta entender y hablar el español, por lo que
manifestaron la necesidad de que existan traductores o intérpretes de los idiomas
mayas que se hablan en la región, inclusive, dijeron al mismo tiempo que, es
importante que el juez hable algún idioma maya, que se domine en la región, por
ejemplo el Mam, Awakateko, Q’anjob’al, que son los que predominan en la
competencia de dicho juzgado.
También se les preguntó en qué idioma son atendidos en dicho Juzgado,
contestando la totalidad que es en el idioma español; ahora bien, a la población
indígena que no domina ni habla el español, cómo se le puede atender entonces; por
lo que se les preguntó sobre si existe o no traductores de idiomas mayas de en
dicho Juzgado, contestando la mayoría que no existía ningún traductor que los
pudiera auxiliar en las audiencias o diligencias que realizan.
Al realizar las entrevistas a los Operadores de Justicia, al personal de la Defensa
Pública Penal, Ministerio Público y Abogados Litigantes del municipio de
Huehuetenango, departamento del mismo, se notó que conocen en cierta medida la
realidad lingüística y cultural del departamento de Huehuetenango, además la
mayoría contestó de igual manera que los usuarios encuestados, que en el Juzgado
de Primera Instancia Penal de Huehuetenango no cuentan con ningún traductor de
los idiomas mayas que se hablan en la región.
Es importante mencionar que al preguntarles si se vulnera el Debido Proceso Penal
por falta de Traductores o Intérpretes de los idiomas mayas, las respuestas
coincidieron que sí, es vulnerado principalmente en su Derecho de Defensa. Esta
situación debe preocupar a todos, ya que es deber del Estado de Guatemala, velar
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porque el acceso a la justicia no vaya en retroceso, sino que, exista un mejor
cumplimiento de los Convenios y Tratados Internacionales, prioritariamente el
Convenio 169, por lo que es necesario contar con traductores por los menos en los
Juzgados o Tribunales más importantes o concurridos por la población indígena.
Ahora bien es necesario comprobar si en la presente investigación se pudo
responder a la pregunta principal de la misma, la cual es la siguiente: ¿Se vulnera a
los usuarios maya hablantes el Debido Proceso, en el sistema de Justicia del
Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente
del departamento de Huehuetenango, por carencia de traductores o intérpretes
Maya hablantes de oficio? Al analizar la doctrina, las leyes guatemaltecas y tratados
internacionales ratificados por el Estado de Guatemala indican que es
eminentemente necesario en materia de justicia, el hacer uso del idioma materno de
los usuarios a través de un traductor o intérprete, en el proceso penal. Por lo que si
no existe traductor o intérprete en dicho Juzgado estudiado, a mi entender se vulnera
el Debido Proceso Penal a aquellas personas que no dominan el idioma Español.
Todo ello, se complementa con el trabajo de campo, que refleja la realidad directa
que viven a diario en dicho Juzgado las personas maya hablantes, al no contar con
un traductor o intérprete de oficio, ya que si bien es cierto se cuenta con el apoyo de
otros intérpretes tanto del Juzgado Primero de Paz, Tribunal de Sentencia y del
Ministerio Público, todos ellos del municipio de Huehuetenango, no siempre pueden
estar en las diferentes audiencias o diligencias, porque tienen otras diligencias que
hacer, lógicamente tienen que cumplir con su trabajo primordial del Tribunal o
Juzgado al cual dependen directamente; lo cual dilata el proceso, porque se tienen
que suspender las audiencias para poder escuchar a las partes en su idioma
materno, eso si los usuarios que requieren de un intérprete que hable el idioma Mam
y Q’qnjob’al, porque según lo investigado sólo existen traductores para ambos
idiomas, por lo que si el usuario que requiere de intérprete o traductor habla otro
idioma de la región, le será imposible ser escuchado en su idioma materno, lo cual
no le permite expresarse claramente ni mucho menos entender lo que sucede en las
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audiencias o diligencias, trayendo como consecuencia, la vulneración de su Derecho
de Defensa, ya que muchas veces los usuarios indígenas son juzgados sin que
sepan ellos de qué se les acusa, mucho menos podrán defenderse.
Por lo tanto sí se respondió a la pregunta de investigación, porque con el trabajo de
campo se confirma en forma categórica, lo analizado anteriormente en el sentido
siguiente: de que la mayoría de operadores de justicia del municipio de
Huehuetenango no dominan los idiomas mayas de la región, por lo que es necesario
contar con traductores o intérpretes de los mismos, para que sirvan de apoyo a las
personas indígenas que lo requieran, y así cumplir con los derechos mínimos que
exige un proceso justo, ya que toda persona debe ser oída y atendida en el idioma
que domina, es decir su idioma materno.
Ahora bien aún más específicos en el Juzgado de primera Instancia Penal,
Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Huehuetenango, no cuentan con
ningún traductor o intérprete de oficio de manera fija en este este Juzgado tan
importante, y que es uno de los más concurridos por la población indígena que no
sabe hablar el idioma español; solamente teniendo el apoyo de otros traductores que
laboran en otros Juzgados, por lo tanto esto viene a retardar los procesos penales,
trayendo consigo la vulneración de los principios de celeridad del proceso y el
derecho de defensa que tenemos todas las personas, por la sencilla razón de que los
sujetos procesales que no hablan el español no van a poder expresar lo que ellos
quieran, ni mucho menos entender la terminología jurídica que se usa en los
Tribunales de Justicia, por los tanto el Estado aún no cumple de manera eficiente su
obligación de brindar un verdadero acceso a la justicia a la población indígena que es
la más vulnerable en nuestro país desde la época de la invasión española.
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CONCLUSIONES
1. La Constitución Política de la República de Guatemala y los Tratado y
Convenios Internacionales tipifican en los derechos culturales que toda
persona debe ser atendida en su idioma materno, pero la realidad en la
cabecera departamental de Huehuetenango es otra, ya que por lo general los
usuarios son atendidos únicamente en el idioma español, no importando si lo
entienden o no, máximo que la mayoría de usuarios de las dependencia
administrativas de justicia son maya hablante y por lo general no comprende
ni habla es español.
2. Con la falta de cumplimiento de los preceptos Constitucionales en materia de
acceso a la justicia de los pueblos indígenas, el Estado de Guatemala, a
través de sus entidades estatales está violando el reconocimiento de los
derechos culturales que le corresponde a los pueblos indígenas.
3. Existe poco personal bilingüe en los Juzgados o Tribunales de Justicia de la
cabecera departamental de Huehuetenango y únicamente dominan el idioma
Mam y Q’anjob’al, no así los otros idiomas mayas que se hablan en la región,
que es competencia de dichos Juzgados o Tribunales de Justicia.
4. En las instituciones relacionadas con la administración de Justicia la mayoría
de funcionarios no hablan ningún idioma maya de la región.
5. En el Ministerio Público de la cabecera departamental de Huehuetenango
únicamente existe un Traductor Legal del idioma Mam,
6. Existen pocas plazas de Traductores Legales de los diferentes idiomas mayas
que se hablan en la región central de Huehuetenango, en los diferentes
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Juzgados o Tribunales de Justicia de la cabecera departamental de
Huehuetenango.
7. Sin la presencia de Traductores Legales en el Juzgado de Primera Instancia
Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Huehuetenango, se
vulnera el debido proceso de la población indígena, porque la mayoría
únicamente domina el idioma materno, no así el español.
8. Al no contar con Traductores Legales de los idiomas mayas de la localidad
fijos en el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos
contra el Ambiente de Huehuetenango se viola el principio de celeridad en el
proceso penal, hacia la población maya hablante, ya que esto viene a retardar
las audiencias o diligencias respectivas, haciendo más dilatorio los procesos
en dicho juzgado.
9. Los Operadores de Justicia de los Tribunales de Justicia, Funcionarios de la
dependencias de administración de Justicia y Abogados Litigantes del
municipio de Huehuetenango, están conscientes, que debe existir plazas fijas,
de traductores o intérpretes legales, en el Juzgado de Primera Instancia
Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Huehuetenango, porque
la mayoría de población que requiere de este juzgado es maya hablante, que
no domina el idioma español.
10. Es necesario que existan intérpretes o traductores legales en todas las
instituciones de la administración de justicia, para que todas las personas
estén en igualdad de condiciones de comprensión e interpretación de las leyes
y etapas de los diferentes procesos judiciales.
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RECOMENDACIONES
1. Instar al Estado de Guatemala, cumplir con su obligación de promover y
publicar las leyes internas del país en los diferentes idiomas mayas del país.
2. El Estado de Guatemala debe cumplir con la obligación de proporcionar a los
pueblos mayas el goce de sus derechos culturales y libertades fundamentales
que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, sin
discriminación alguna.
3. Que le Estado de Guatemala, a través de las entidades encargadas de la
administración de justicia deben de respetar y cumplir plenamente con cada
uno de los preceptos establecidos en la legislación nacional, así como en los
Convenios y Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos,
aceptados y ratificados, en materia de acceso a la justicia y derechos
culturales de los pueblos indígenas.
4. El Estado de Guatemala debe cumplir con su obligación de nombrar a
traductores o intérpretes legales de los idiomas mayas que se hablan en la
Jurisdicción del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos
contra el ambiente del municipio de Huehuetenango de forma permanente.
5. Es necesario que el Estado de Guatemala, por lo menos nombre personal
bilingüe de los idiomas mayas en las diferentes instituciones de administración
de justicia, en la cabecera departamental de Huehuetenango, ya que la
mayoría de la población es indígena que conserva aún su idioma materno.
6. El Organismo Judicial debe crear plazas, para traductores o intérpretes legales
de los diferentes idiomas mayas en los Juzgados o Tribunales de Justicia de
la cabecera departamental de Huehuetenango.
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97
7. Promover capacitaciones a los abogados respecto a los temas de acceso a la
justicia de los pueblos indígenas, derechos culturales reconocidos por la
legislación interna e internacional, para poder dar una mejor atención o
servicio a la población indígena.
8. Promover capacitaciones a los Operadores de Justicia respecto a los temas
de acceso a la justicia de los pueblos indígenas, derechos culturales
reconocidos por la legislación interna e internacional, para poder dar una
mejor atención o servicio a la población indígena.
9. Dotar de traductores o intérpretes legales de los diferentes idiomas mayas de
la región a las dependencias estatales tales como: el Ministerio Público,
Defensa Pública Penal y de esta manera facilitar el acceso a la justicia a la
población maya hablante del departamento de Huehuetenango.
10. Que las Universidades del País divulguen por los medios de comunicación,
como lo son la radio, televisión, internet y otros, para hacer del conocimiento
público la importancia del servicio de los traductores e intérpretes en un
proceso judicial, haciendo cumplir los principios del debido proceso, y de esta
manera presionar al Estado de Guatemala en la creación de plazas de éstos
en las instituciones encargadas de la Administración de Justicia en el país.
11. La integración de las prácticas indígenas al sistema oficial, ya que es evidente
que la población indígena maneja criterios mucho más eficaces que el propio
sistema de justicia nacional, en este sentido se va avanzando poco a poco,
con la creación de los Juzgados Comunitarios, en donde los jueces son
elegidos por la misma población, son personas originarios de su comunidad y
que dominan el idioma materno de la comunidad.
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12. El Estado Guatemalteco debe crear políticas de Estado para reconocer y
respetar el pluralismo jurídico, ya que somos un país eminentemente
multicultural, y por ende se practican diferentes costumbres, creencias y
tradiciones, que para unas culturas es normal y para otras puede ser inclusive
un delito penado por la ley.
99
99
REFERENCIAS
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ANEXOS
Universidad Rafael Landívar
Campus: San Roque González de Santa Cruz S.J. Huehuetenango. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales Curso: Tesis II – Asesor: Lic. Julio Bonifacio Baquiax Bulux
Instrumento De Investigación: E N C U E S T A
“Encuesta dirigida a a los usuarios incluyendo a Abogados defensores y Fiscales del
Ministerio Público que llevan casos en el Juzgado de primera Instancia Penal,
Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Huehuetenango, departamento de
Huehuetenango para elaborarla Tesis denominada: Inobservancia del Debido
Proceso, en el Desarrollo del Proceso Penal, por Carencia de Traductores e
Intérpretes Legales Maya Hablantes de Oficio en el Juzgado de Primera Instancia
Penal, Narcoactividad Y Delitos Contra El Ambiente del departamento de
Huehuetenango.
Fecha: ____________________________________________________________________
1. ¿A qué cultura pertenece?
_ Maya
_ Ladina
_Garífuna
_ Xinca
_ No sabe
2. ¿Si es Maya a que etnia pertenece?
_ Mam
_ K’iche’
_Q’anjob’al
-Awakateko
-Chalchiteko
- Chuj
_ No sabe
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3. ¿Sabe leer y escribir? Si __________No_________
4. ¿Hasta qué grado escolar tiene?
__________________________________________________
5. ¿Habla usted un idioma Maya? ¿Cuál?
_ Mam ___________________________
_ K’iche’ ___________________________
_ Q’anjob’al __________________________ _
-Awakateko ___________________________
-Chalchiteko ___________________________
-Chuj ___________________________
_ No habla un idioma maya________________
6. ¿Comprende más el español o se le facilita expresarse en su idioma de la misma
manera que el idioma castellano (español)?
Si________ No_______ Ambas __________
7. ¿Si ha tenido un trámite en el Juzgado de Primera Instancia Penal del
departamento de Huehuetenango con qué idioma le hablaron en dicho Juzgado?
__________________________________________________________________
8. ¿Sabe si el Juzgado de Primera Instancia tiene traductor?
Sí________ No_______
9. ¿Cree que los traductores o intérpretes son personal necesario en los tribunales
de justicia?
Sí________ No_______
¿Porque?____________________________________________________________
___________________________________________________________________
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10. ¿Qué limitaciones o problemas ha tenido para que se resuelva su caso?
� Idioma
� Dinero
� Distancia
� Falta de información
� Otro.
¿Porque?___________________________________________________
__________________________________________________________
11. ¿Para usted a quienes se les vulnera el Debido Proceso Penal al no tener
traductores en los Tribunales de Justicia?
_ Los ladinos
_ Los ladinos pobres
_ Las mujeres
_ Los indígenas
_ Todos los anteriores
12. ¿Quiénes cree que podrían ser los jueces que atiendan a usuarios indígenas?
� Profesionales que sean indígenas
� Personas de la comunidad aunque no sean profesionales
� Profesionales no indígenas
� Los actuales jueces están bien
� Otro.
¿Cual?______________________________________________________
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Instrumento De Investigación: E N T R E V I S T A
INSTRUCCIONES: Dirija de forma personal las siguientes interrogantes a Operadores de Justicia (Organismo Judicial) con sede en el Municipio de Huehuetenango, departamento de Huehuetenango.
1.- Nombre:
2.- ¿Cargo que desempeña?
3.- ¿Qué Nivel Académico tiene?
4.- ¿Es originario del municipio de Huehuetenango?
5.- ¿Habla un idioma maya?
6.- ¿Con qué idioma atienden a los usuarios de este Juzgado o Tribunal?
7.- ¿Cuentan con traductor de algún idioma Maya en este Juzgado o Tribunal?
8.- ¿Cuáles son las funciones de un Traductor?
9.- ¿Tiene conocimiento que en el Juzgado de Primera Instancia Penal del
departamento de Huehuetenango cuentan con traductor de algún idioma Maya?
10.- ¿Considera que al no contar con traductores de los idiomas Mayas en los
Tribunales de Justicia se vulnera el debido proceso a los usuarios indígenas?
Sí No ¿Por qué?
______________________________________________________________
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INSTRUCCIONES: Dirija de forma personal las siguientes interrogantes a Miembros del Ministerio Público con sede en el Municipio de Huehuetenango, departamento de Huehuetenango.
1. Nombre:
2. ¿Cargo que desempeña?
3. Nivel Académico
4. ¿Es originario del municipio de Huehuetenango?
5. Habla un idioma maya?
6. ¿Con qué idioma atienden a los usuarios del Ministerio Público?
7. ¿Cuentan con traductor de algún idioma Maya en el Ministerio Público?
8. ¿Cuáles son las funciones de un traductor o intérprete?
9. ¿Tiene el conocimiento que el Juzgado de Primera Instancia Penal del
departamento de Huehuetenango cuentan con traductor de algún idioma Maya?
10. ¿Considera que al no contar con traductores de los idiomas Mayas en los
Tribunales de Justicia se vulnera el debido proceso a los usuarios indígenas? Sí
No
¿Por qué?
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Instrumento De Investigación: E N T R E V I S T A
INSTRUCCIONES: Dirija de forma personal las siguientes interrogantes a Miembros
de la Defensa Pública Penal con sede en el Municipio de Huehuetenango, departamento de Huehuetenango.
1.- Nombre:
2.- ¿Cargo que desempeña?
3.- ¿Qué Nivel Académico tiene?
4.- ¿Es originario del municipio de Huehuetenango?
5.- ¿Habla un idioma maya?
6.- ¿Con qué idioma atienden a los usuarios de la Defensa Pública Penal?
7.- ¿Cuentan con traductor de algún idioma Maya en la Defensa Pública Penal?
8.- ¿Cuáles son las funciones de un Traductor o Intérprete?
9.- ¿Tiene el conocimiento que el Juzgado de Primera Instancia Penal del
departamento de Huehuetenango cuentan con traductor de algún idioma Maya?
10.- ¿Considera que al no contar con traductores de los idiomas Mayas en los
Tribunales de Justicia se vulnera el debido proceso a los usuarios indígenas?
Sí No
¿Por qué?
_________________________________________________________________
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Universidad Rafael Landívar Campus: San Roque González de Santa Cruz S.J. Huehuetenango. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales Curso: Tesis II – Asesor: Lic. Julio Bonifacio Baquiax Bulux
Instrumento De Investigación: E N T R E V I S T A
INSTRUCCIONES: Dirija de forma personal las siguientes interrogantes a Abogados
indígenas y no indígenas que tengan su Bufete Jurídico en el Municipio de Huehuetenango, departamento de Huehuetenango.
1. Nombre:
2. ¿Qué Nivel Académico tiene?
3. ¿Es originario del municipio de Huehuetenango?
4. ¿Habla un idioma maya?
5. ¿Con qué idioma atienden a los solicitantes de sus servicios profesionales?
6. ¿Cuándo las personas no hablan el idioma español de qué manera los asesora?
7. ¿Cuándo usted presta sus servicios como abogado en un proceso usted solicita un
traductor a los juzgados o ellos se lo ofrecen?
8. ¿Cuáles son las funciones de un traductor o intérprete?
9. ¿Tiene el conocimiento que el Juzgado de Primera Instancia Penal de
Huehuetenango cuentan con traductor de algún idioma Maya?
10.- ¿Considera que al no contar con traductores de los idiomas Mayas en los
Tribunales de Justicia se vulnera el debido proceso a los usuarios indígenas? Sí No
¿Por qué?
_______________________________________________________________
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Instrumento De Investigación: E N T R E V I S T A
INSTRUCCIONES: Dirija de forma personal las siguientes interrogantes al Juez de Primera Instancia del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Huehuetenango, departamento de Huehuetenango.
1.- Nombre:
2.- Edad:
3.- Nivel académico:
4.- ¿Tiempo desempeño en su cargo?
5.- ¿Es originario del municipio de Huehuetenango?
6.- ¿Habla un idioma maya?
7.- ¿Con qué idioma atienden a los usuarios en el Juzgado al presentársele un
proceso?
8.- ¿Es necesario que el acusado se auxilie de un traductor o intérprete legal
en caso de ignorar el idioma español?
9- ¿Cuentan con traductor permanente en este Juzgado al servicio de la
población Maya hablante?
10- ¿Si existe traductor o intérpretes en dichos juzgados, considera que han
desempeñado su función con eficiencia?
11- ¿En los casos en que ha intervenido el traductor o intérprete legal, en qué
idiomas mayas se ha necesitado más dicha intervención?
12.- ¿Considera importante la presencia o intervención de un intérprete de
cualquier idioma Maya en el Proceso Penal?
13-¿Cuáles son los obstáculos más frecuentes que usuarios Maya hablantes
tienen para el acceso a los servicios de justicia que proporciona este
Juzgado? Enumere los más importantes
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14.- ¿Cuáles son los obstáculos más frecuentes que como funcionario judicial
tienen al proporcionar el acceso a los servicios de justicia a usuarios Maya
hablantes? Enumere los más importantes.
15.- ¿Considera que aún existe discriminación en el acceso a la justicia
respecto a usuarios Maya hablantes? Sí No ¿Por qué?
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MAPA LINGÜÍSTICO DEL DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO
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http://www.mineduc.gob.gt/DIGEBI/mapaLinguistico.html, Fecha de Consulta: 25-11-2012
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