Lineamientos Programa de Reparaciones Económicas

Lineamientos para el diseño del Programa de Reparaciones Económicas Página 1

Comisión Multisectorial encargada de desarrollar lineamientos para la determinación de los montos, procedimientos y modalidades de pago a favor de las víctimas de la violencia

Plan Integral de Reparaciones Ley N° 28592

PROGRAMA DE REPARACIONES ECONÓMICAS

INFORME TÉCNICO

Lineamientos técnicos y metodologías para la determinación de los montos, procedimientos y modalidades de pago que deberán regir la

implementación del Programa de Reparaciones Económicas

Lima, enero de 2011



Contenido 1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................................... 3

2. ANTECEDENTES ..................................................................................................................................... 5

3. OBJETIVO ............................................................................................................................................... 6

4. ALCANCE ............................................................................................................................................... 6

5. MARCO CONCEPTUAL ........................................................................................................................... 6

5.1 PRINCIPIOS: ................................................................................................................................... 7

5.2 ENFOQUES: ................................................................................................................................... 8

6. MARCO LEGAL ....................................................................................................................................... 9

7. RESULTADO DE LOS PROCESOS DE ANÁLISIS ....................................................................................... 9

7.1 Número de víctimas ...................................................................................................................... 9

7.2 Expectativas de víctimas y beneficiarios ..................................................................................... 11

7.2.1 Monto esperado de reparación económica ................................................................ 11

7.2.2 Destino de la reparación económica ........................................................................... 11

7.2.3 Conocimiento y percepciones del PIR y comunicaciones. .......................................... 12

7.3 Metodología para la valoración de los daños y del monto de la reparación económica ........... 13

8. PROPUESTA DE LINEAMIENTOS .......................................................................................................... 16

8.1 Sobre el monto de la reparación económica .............................................................................. 16

8.2 Sobre las modalidades de ejecución ........................................................................................... 18

8.3 Sobre los procedimientos ........................................................................................................... 19

9. COSTO FISCAL ...................................................................................................................................... 20

ANEXOS

Anexo 1: Registro Único de Víctimas: Identificación y determinación de Víctimas y Beneficiarios Anexo 2: Expectativas de víctimas y beneficiarios Anexo 3: Lineamientos para la valoración económica de la afectación y para la determinación del

monto de la reparación económica.



1. INTRODUCCIÓN La violencia ocurrida en nuestro país entre los años 1980 y 2000 distinguida “por su carácter masivo,

por sus niveles de concentración en determinadas áreas o regiones, por haber sustentado su inicio en ideologías en fase de descomposición y haber hecho sus víctimas mayoritariamente entre las poblaciones más humildes y desposeídas del país”, como lo señala el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación‐CVR, generó la necesidad de respuesta por parte del Estado a través del establecimiento de políticas de reparación, como un gesto y acción de reconocimiento, respeto y reafirmación de dignidad de las víctimas de la violencia terrorista.

Para ello se emitió un conjunto de normas sustentadas en principios, enfoques y criterios de reparación a favor de la víctima, a partir de la concepción jurídica de la reparación como proceso, que comprende el período a lo largo del cual se realiza el conjunto de acciones orientadas a permitir a las víctimas reconstruirse como personas y colectivos, para encarar el futuro con dignidad a través del restablecimiento y plena vigencia de sus derechos así como de las condiciones, recursos, capacidades, oportunidades y calidad de vida perdidos por efecto del proceso de violencia y sus secuelas.

Así, se aprueba la Ley Nº 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones – PIR, y establece como sus componentes, seis programas de reparación a los que, a través de su Reglamento aprobado mediante D.S. Nº 015‐2006‐JUS y modificado por D.S. Nº 003‐2008‐JUS, se incorpora el Programa de Reparaciones Económicas, con el objetivo de otorgar una reparación económica a las víctimas y beneficiarios previstos por Ley.

La coordinación, supervisión y monitoreo de la ejecución del PIR, es encargada a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel Encargada del Seguimiento de las Acciones y Políticas del Estado en los Ámbitos de la Paz, la Reparación Colectiva y la Reconciliación Nacional – CMAN, creada mediante D.S. Nº 011‐2004‐PCM, del 5 de febrero de 2004, modificado por los D.S. Nº 0024‐2004‐PCM y D.S. Nº 031‐2005‐PCM, como ente rector de la política nacional en materia de reparaciones.

El proceso de reparaciones, iniciado a partir del año 2007, muestra avances significativos con la aprobación e implementación sectoriales de los programas de reparaciones en salud, educación y reparaciones simbólicas.

Asimismo, el Programa de Reparaciones Colectivas muestra logros importantes a nivel de recuperación y reconstrucción de la infraestructura económica‐productiva, ampliación de infraestructura de servicios básicos. Este Programa se ha caracterizado por su amplia apertura a la participación de las comunidades en la identificación de proyectos, la ejecución descentralizada a través de los gobiernos locales, la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres y el tratamiento equitativo de las comunidades campesinas, comunidades nativas y centros poblados rurales bajo el enfoque de interculturalidad.

Este proceso, bajo un enfoque integral, ha conducido a que el año 2010 el Gobierno, como reafirmación del compromiso de Estado con las víctimas de la violencia, emita la Resolución Suprema Nº 171‐2010‐PCM que crea la Comisión Técnica Multisectorial encargada de desarrollar lineamientos técnicos y metodologías para la determinación de los montos, procedimientos y modalidades de pago que deberán regir para la implementación del Programa de Reparaciones Económicas.

El presente documento tiene por objetivo proponer los Lineamientos Técnicos y Metodologías que orienten la adecuada determinación de montos y modalidades de pago de las reparaciones económicas y permitan garantizar la oportuna y prioritaria implementación del Programa.

Para la elaboración de los Lineamientos se ha cumplido en realizar tres procesos:



En primer lugar, se ha buscado conocer cuál es el universo de víctimas con derecho a reparación económica y sus beneficiarios, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nº 28592 y su Reglamento. Con esta finalidad se ha solicitado información al Consejo de Reparaciones que es el órgano encargado de la elaboración del Registro Único de Víctimas1 (RUV) en dos momentos: La cantidad inscrita a una fecha de corte y la cantidad proyectada al cierre del RUV. El anexo Nº 1 muestra los resultados de este proceso.

Por otro lado, se ha buscado conocer cuáles son las expectativas que tienen los familiares respecto a las reparaciones económicas que el Estado otorgará. Para ello se han realizado Talleres Descentralizados denominados “Diseño del Programa de Reparaciones Económicas con afectados por la violencia 1980 – 2000” en diversos lugares, entre ellos: Ayacucho –zona urbana y zona rural– , Junín, Huancavelica, Huánuco y las provincias de Abancay y Andahuaylas del departamento de Apurímac, a fin de conocer directamente las expectativas de las víctimas de la violencia y sus organizaciones sobre el monto de las Reparaciones Económicas que el Estado les otorgará y, además, disponer de elementos de juicio que permitan diseñar una estrategia comunicacional para el Programa de Reparaciones Económicas. El anexo Nº 2 muestra los resultados de este proceso.

Luego, se ha buscado establecer los lineamientos que permitan fijar los montos de las reparaciones económicas, teniendo en cuenta que:

a) Son parte de un conjunto de programas que tienen la finalidad de reparar a las víctimas del proceso de violencia consideradas como tales en la Ley, con el objeto de contribuir a afirmar la paz y la concordia entre los peruanos y propender a la reconciliación nacional,

b) El carácter masivo de las víctimas con derecho a la reparación económica, cerca de 50,000 personas –entre muertos, desaparecidos, discapacitados y víctimas de violación sexual– según proyecciones del Consejo de Reparaciones, lo que hace casi imposible evaluar el daño sufrido por cada una de ellas.

c) Que la mayor parte de las víctimas, tres de cada cuatro, fueron campesinos o campesinas quechua hablantes.

También es importante precisar que las reparaciones económicas serán reparaciones de tipo “administrativo” que deben posibilitar el resarcimiento de los daños sufridos, sin pretender, bajo ninguna circunstancia, valorar el costo de una vida. Deben tener un carácter simbólico y moral que enfatice el reconocimiento del Estado de la dignidad afectada y que se desea recuperar, en aras de la reconciliación nacional. El anexo Nº 3 muestra los resultados de este proceso.

Establecidos los Lineamientos sobre montos, modalidades y procedimientos del Programa de Reparaciones Económicas, en la parte final se presenta un estimado del Costo Fiscal de las reparaciones económicas sobre la base las referencias utilizadas para establecer su monto y la proyección del Consejo de Reparaciones sobre el número de víctimas al cierre del RUV.

Lima, enero de 2011 Comisión Técnica Multisectorial

1 Víctimas Individuales: Libro 1, Víctimas colectivas: Libro 2.



2. ANTECEDENTES En junio de 2001, mediante D.S. Nº 065‐2001‐PCM y D.S. Nº 101‐2001‐PCM, se crea la Comisión de

la Verdad y Reconciliación – CVR, con la finalidad de esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación a los derechos humanos, producidos de mayo de 1980 a noviembre de 2000, así como proponer iniciativas destinadas a afirmar la paz y la concordia entre los peruanos y propender a la reconciliación nacional, a la justicia y al fortalecimiento del régimen democrático constitucional. En agosto de 2003, la CVR entrega su Informe Final que señala que “el conflicto armado interno constituyó el episodio de violencia más intenso, más extenso y más prolongado de la historia de la República, revelando brechas y desencuentros profundos y dolorosos en la sociedad peruana; con enormes pérdidas económicas expresadas en destrucción de infraestructura y la capacidad productiva de la población fundamentalmente campesina y selvática”. El Informe recomienda implementar un programa integral de reparaciones con el fin de resarcir los daños producidos a sus víctimas. En julio de 2005, el Congreso –por votación unánime y multipartidaria– aprueba la Ley N° 28592 que crea el Plan Integral de Reparaciones – PIR, con el objeto de establecer el marco normativo para la atención a las víctimas, familiares de víctimas y grupos humanos que sufrieron la violación de sus derechos humanos en forma individual y quienes sufrieron daños en su estructura social, mediante la violación de sus derechos colectivos. En julio de 2006, se emite el Decreto Supremo Nº 015‐2006‐JUS que reglamenta la Ley e incorpora el Programa de Reparaciones Económicas. Dicha norma ha sido modificada en dos oportunidades mediante el D.S. Nº 003‐2008‐JUS y el D.S. Nº 073‐2010‐PCM. En agosto de 2006, el Gobierno del Presidente Alan García anuncia que implementará una política de Gobierno orientada a reparar integralmente a las personas y colectivos que resultaron afectados por la violencia terrorista y los excesos de agentes del Estado, entre los años 1980 y 2000. En septiembre de 2006, mediante D.S. Nº 062‐2006‐PCM, se adscribe la Comisión de Alto Nivel – CMAN, creada con D.S. Nº 011‐2004‐PCM, a la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, modificando así la adscripción de ésta al Ministerio de Justicia dispuesta con D.S. Nº 082‐2005‐PCM. En octubre de 2006, la PCM instala el Consejo de Reparaciones encargándole, conforme a Ley, identificar y registrar a las víctimas y beneficiarios del PIR. El año 2007 el PIR, para la ejecución de sus componentes, cuenta con 45 millones de soles en el Pliego de la PCM (30 de Recursos Ordinarios y 15 en Donaciones). En junio de 2007, el Presidente García encabeza el lanzamiento del proceso de reparaciones entregando las primeras reparaciones colectivas, en la ciudad de Huanta, ratificando su compromiso de otorgar reparaciones integrales, es decir, colectivas e individuales. Durante los años 2008, 2009 y 2010 el Programa de Reparaciones Colectivas ha tenido un financiamiento sostenido desde la PCM; contando con una asignación anual de 40 millones de soles, a



los que se suman los aportes de cofinanciamiento realizados por los gobiernos locales que permitieron ampliar metas de ejecución y atender a 1 469 comunidades. En julio de 2010, el Gobierno, en afirmación de su decisión política de implementar las reparaciones económicas individuales a las víctimas del terrorismo, instala la Comisión Multisectorial para el diseño del Programa de Reparaciones Económicas, creada con R.S. N° 171‐2010‐PCM; y, hace el anuncio que el 2011 se dará inicio a la implementación de las reparaciones individuales, dando prioridad al afectado adulto mayor del ámbito rural. Para ello, se asigna 20 millones de soles del presupuesto 2011 de la PCM.

3. OBJETIVO El Informe Técnico tiene por objetivo desarrollar lineamientos técnicos y metodologías para la determinación de los montos, procedimientos y modalidades de pago que deberán regir para la implementación del Programa de Reparaciones Económicas del Plan Integral de Reparaciones a las víctimas del proceso de violencia ocurrido en el país entre los años 1980 y 2000. La finalidad de los Lineamientos es establecer pautas de carácter técnico – operativo que permitan a la alta dirección de la Presidencia del Consejo de Ministros proponer el monto de la reparación económica por tipo de afectación, el costo fiscal global y anualizado, establecer el marco programático para la ejecución de acciones de reparación económica; así como programar y formular los requerimientos presupuestales para una eficiente y oportuna implementación del Programa de Reparaciones Económicas a las víctimas de la violencia terrorista, contempladas por ley como beneficiarias.

4. ALCANCE Los Lineamientos Técnicos y Metodologías para la determinación de los montos, procedimientos y modalidades de pago que deberán regir para la implementación del Programa de Reparaciones Económicas del PIR tienen alcance sobre las entidades del Estado previstas como entidades ejecutoras del PIR en la Ley Nº 28592, Ley del Plan Integral de Reparaciones, y en su Reglamento, siendo de cumplimiento obligatorio, según corresponda.

5. MARCO CONCEPTUAL El Plan Integral de Reparaciones – PIR, creado mediante Ley Nº 28592, es el instrumento técnico normativo que establece los principios, enfoques, objetivos, políticas y acciones que guían la acción del Estado para sus tres niveles de gobierno, en materia de reparación, a las víctimas de la violencia ocurrida durante el período comprendido entre mayo de 1980 y noviembre de 2000.

Las reparaciones son las acciones que realiza el Estado a favor de las víctimas del proceso de violencia y, de acuerdo con la Ley, a los familiares de las víctimas, orientadas, de manera expresa, al reconocimiento de su condición de tales, con el objeto de permitir su acceso a la justicia, la restitución de sus derechos, la resolución de las secuelas derivadas de las violaciones a los derechos humanos y la reparación material y moral, específica o simbólica, por los daños sufridos.



Los beneficiarios previstos en la Ley pueden ser individuales o colectivos. Son considerados beneficiarios individuales los familiares de las víctimas desaparecidas o fallecidas (cónyuge o conviviente, hijos y padres), las víctimas directas y las víctimas indirectas.

El proceso de reparación comprende el período a lo largo del cual se realiza el conjunto de las acciones de reparación.

El reglamento establece la estructura programática y funcionalidad del PIR, definiendo a nivel programático 07 componentes: Programa de Restitución de Derechos Ciudadanos, Programa de Reparaciones en Educación, Programa de Reparaciones en Salud, Programa de Promoción y Facilitación al Acceso Habitacional, Programa de Reparaciones Colectivas, Programa de Reparaciones Simbólicas y el Programa de Reparaciones Económicas. Asimismo, a nivel funcional, los roles y responsabilidades de las entidades públicas que intervienen, precisando la participación del Estando en sus tres niveles de Gobierno.

La implementación del Programa de Reparaciones Económicas implica coordinar acciones sectoriales que se deben complementar mutuamente, y, en conjunto, buscar la reparación integral de las víctimas y beneficiarios de este Programa, inscritos en el Registro Único de Víctimas. El Reglamento de la Ley del PIR prevé como casos a ser considerados para identificar y determinar a las víctimas y beneficiarios:

a) las víctimas de asesinato, ejecución arbitraria o extrajudicial, b) las víctimas de desaparición forzada, c) las personas que como resultado de atentados, agresiones o torturas, tienen una discapacidad

física o mental permanente; y, d) las víctimas de violación sexual.

La Tercera Disposición Complementaria Final del Reglamento establece la conformación de una Comisión Técnica Multisectorial para desarrollar Lineamientos y Metodologías para la determinación de los montos, procedimientos y modalidades de pago de las reparaciones económicas.

El Programa de Reparaciones Económicas se regirá, en su diseño, planeamiento y ejecución, en los Lineamientos que se aprueben, respetando los principios y enfoques señalados en la Ley del PIR, con especial énfasis en los siguientes:

5.1 PRINCIPIOS:

a) Respeto a la dignidad y derechos de la persona humana. El fin supremo de la sociedad y del Estado es la persona humana. Por consiguiente, todo programa de reparación debe enmarcarse dentro del estricto respeto a su dignidad y sus derechos.

b) Expresión de finalidad reparadora de la acción. Por el cual sólo se considerarán como acciones de esta naturaleza a aquellas que de manera expresa se les haya asignado dicho carácter antes de su ejecución por estar inscritas dentro de los marcos del PIR y sean así comunicadas a los beneficiarios de las mismas.



c) Equidad y proporcionalidad. Para la determinación y asignación de las reparaciones de todo programa a favor de las víctimas y beneficiarios, se procederá a tratar de manera igual y proporcional a quienes se encuentren en la misma situación y de manera diferenciada a los que estén en una situación adversa.

d) No discriminación. Para la determinación y asignación de las reparaciones de todo programa a favor de las víctimas y beneficiarios se procederá sin ninguna distinción, exclusión, restricción o preferencia, de cualquier naturaleza, que tenga por objeto o como resultado anular o menoscabar el reconocimiento, asignación y goce de las reparaciones en condiciones de igualdad.

e) Simplificación. El acceso de las víctimas y beneficiarios a las instancias responsables del Registro Único de Víctimas y el Plan Integral de Reparaciones deberá orientarse a la eliminación de etapas y requisitos que sean onerosos y no resulten estrictamente indispensables, privilegiando el cumplimiento de los fines del Plan Integral de Reparaciones sobre el cumplimiento de formalidades que no sean absolutamente necesarias.

5.2 ENFOQUES:

a) Integralidad. Implica tener en cuenta las diversas dimensiones y factores que inciden sobre las acciones de reparación y la forma en la que éstas se relacionan e interactúan entre sí, a fin de lograr el mayor efecto positivo posible en cada intervención.

b) Sostenibilidad. Implica tener en cuenta la permanencia en el tiempo de los efectos de la acción

reparadora, evitando los efectos negativos y potenciando los positivos.

c) Participativo. Implica el reconocimiento del derecho y la participación de la población en la toma de decisiones y definiciones de sus propios procesos de construcción y reconstrucción social, cultural, económica y material mediante un proceso de diálogo y consulta que presupone incorporar y desarrollar las sugerencias de la población involucrada.

d) Intercultural. Implica reconocer las diferencias étnicas y culturales de la población peruana y

trabajar con ella desde una perspectiva de diálogo entre sujetos distintos adecuando las acciones a las particularidades de cada población y persona beneficiaria de las mismas.

e) Equidad de género e igualdad de oportunidades. Implica reconocer las situaciones de desventaja y

diferencia que existen entre hombres y mujeres al acceder a recursos y tomar decisiones.

f) Simbólico. Implica que toda medida de reparación debe expresar el reconocimiento de la dignidad y derechos de las víctimas, y que todos los actos de reparación deben estar orientados a reconocer la forma en la que las víctimas fueron afectadas durante el proceso de violencia, y afirmar la condición de ciudadanos/as de quienes sufrieron la violación de sus derechos fundamentales.

g) Derechos Humanos. Implica que las medidas se adopten buscando efectivizar los derechos

fundamentales de las personas, a la luz de las normas nacionales e internacionales suscritas y ratificadas por el Estado peruano.



h) Descentralizado. Implica que en las acciones, planeamiento y ejecución del PIR se considerarán los procesos regionales y locales en materia de reparación, otorgándose a los programas de reparación una aplicación territorial

6. MARCO LEGAL

Ley Nº 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones. Publicado el 29.07.2005

Decreto Supremo Nº 015‐2006‐JUS, que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28592, estableciendo como componente del PIR, el Programa de Reparaciones Económicas. Publicado en julio de 2006.

Decreto Supremo Nº 003‐2008‐JUS, que modifica el Reglamento de la Ley Nº 28592. Publicado

el 21.02.2008.

Decreto Supremo Nº 073‐2010‐PCM, que modifica la Tercera Disposición Complementaria Final del Reglamento de la Ley Nº 28592, relativa al Programa de Reparaciones Económicas. Publicada en julio de 2010.

Resolución Suprema Nº 171‐2010‐PCM, que crea la Comisión Multisectorial encargada de

desarrollar lineamientos para la determinación de los montos, procedimientos y modalidades de pago a favor de las víctimas de la violencia. Publicado el 18.07.2010.

7. RESULTADO DE LOS PROCESOS DE ANÁLISIS

7.1 Número de víctimas

Cabe precisar que, conforme al Art. 41° del D. S. N° 015‐2006‐JUS, el período de determinación e identificación de beneficiarios del Programa de Reparaciones Económicas debió cerrase a los dos años de publicado el Reglamento de la Ley N° 28592; y que, habiéndose vencido largamente ese plazo, deberá modificarse la norma estableciéndose una nueva fecha de cierre de dicho proceso. Con la anterior precisión, al 31 de diciembre de 2010, de acuerdo al análisis de la Base de Datos del Consejo de Reparaciones, el Libro 1 del RUV tiene registradas 96 753 personas: 50 166 víctimas y 46 587 beneficiarios.

A esa fecha, el número de víctimas cuyos casos darían lugar a reparación económica asciende a 22 844 personas, tal como se puede observar en el cuadro Nº 1:



Cuadro Nº 1 Número de víctimas y familiares registradas en el RUV

con derecho a reparación económica

AFECTACIÓN VÍCTIMAS FAMILIARES REGISTRO BENEFICIARIOSFallecimiento 16 109 36 784 52 893 36 784 Desaparición forzada 5 144 9 771 14 915 9 771 Violación sexual 1 174 ‐ 1 174 1 174 Víctimas con Discapacidad 417 ‐ 417 417 TOTAL 22 844 46 555 69 399 48 146

Al analizar la Base de Datos del Consejo de Reparaciones con mayor precisión, se encuentra que existe un número de víctimas que no tienen familiares inscritos en el RUV; luego de su depuración temporal, en tanto en estos casos no se podría ejecutar la reparación económica por no estar inscritos los beneficiarios, el total de víctimas con derecho a reparación económica, se reduce a 16 228, tal como se puede apreciar en el cuadro Nº 2. Así, los Fallecidos y Desaparecidos con familiares son 14 637, quedando 6 616 víctimas sin familiares. Estos últimos no se beneficiarían del Programa de Reparaciones Económicas.

Cuadro Nº 2 Número de víctimas con familiares registrados en el RUV

con derecho a reparación económica

De otro lado, a solicitud de la Comisión Técnica, el Consejo de Reparaciones2, el 20 de agosto de 2010, estima que la cantidad de personas con derecho a reparación económica al cierre del RUV llegará como mínimo a 45,694 y como límite máximo a 52,662 personas; 49,976 entre fallecidos y desaparecidos, 739 víctimas con discapacidad y 1,947 víctimas de violación sexual, tal como se puede observar en el cuadro Nº 3.

2 Información remitida a Comisión Técnica Multisectorial con Oficio Nº 055‐2010‐PCM‐CR/P del 26/08/2010.

AFECTACIÓN VÍCTIMAS FAMILIARES REGISTRO BENEFICIARIOSFallecimiento 11 165 36 784 47 949 36 784 Desaparición forzada 3 472 9 771 13 243 9 771 Violación sexual 1 174 ‐ 1 174 1 174 Víctimas con Discapacidad 417 ‐ 417 417 TOTAL 16 228 46 555 62 783 48 146



Límite mínimo

Límite máximo

Límite mínimo

Límite máximo

Fallecidos (A) 14,669Desaparecidos (B) 4,510Víctimas con discapacidad 13 235 235 739 739Víctimas de violación sexual 831 1,244 1,244 1,947 1,947

Total general 20,023 24,019 24,967 45,694 52,662

Fuente: Consejo de Reparaciones

RUV: VÍCTIMAS CON DERECHO A REPARACIÓN ECONÓMICA

22,540 23,488

Cuadro Nº 3

Proyectado al 31/12/2010 Proyectado al cierre del RUV

Tipo de víctimasTotal

Víctimas al 20/08/2010

43,008 49,976

7.2 Expectativas de víctimas y beneficiarios

7.2.1 Monto esperado de reparación económica

• La mayor parte de las respuestas se sitúa en el rango de S/. 100,001 a 150,000 (68 respuestas de 370), que incluye la suma de S/. 120,000 propuesta por la CONAVIP, que ha hecho suya una propuesta elaborada originalmente por la sociedad civil; seguido de las respuestas en el rango S/. 90,000 a 100,000 (66 respuestas de 370).

• La frecuencia acumulada de las preferencias situadas entre S/. 90,001 y 150,000 representan el 36 % del total.

• Sin embargo, se puede observar que existen afectados con expectativas menos ambiciosas (o más realistas) que se ubican en el rango de S/. 5,001 a 10,000.

• Las expectativas de reparación económica son más elevadas en la zona urbana que en la zona rural.

7.2.2 Destino de la reparación económica

• Los destinos compra – mejoramiento de vivienda y compra de terreno urbano juntos representan un 38% de las respuestas; el destino educación representa 19% de las respuestas y las actividades lucrativas agrupadas (agricultura, ganadería y otros negocios) representan el 26%.



7.2.3 Conocimiento y percepciones del PIR y comunicaciones.

Conocimiento del PIR:

• Beneficiarios y opinión pública confunden roles del Consejo de Reparaciones y de la CMAN

• Confunden cifras de inscritos en el RUV con número de beneficiarios del Programa de Reparaciones Económicas

• Elevado número de personas registradas en el RUV desconocen a qué programas del PIR pueden acceder como beneficiarios

Programa de Reparaciones Económicas

• Expectativas de sumas elevadas como reparación económica

• Confunden reparaciones administrativas con jurisdiccionales

Comunicaciones: Características del público objetivo

• Idioma: El 33% de los asistentes manifestó que desea ser informado de forma bilingüe ‐ castellano y lengua nativa (quechua u otro), el 32% sólo en castellano, 27% en lengua nativa (quechua u otro).

• Analfabetismo: Elevada tasa de analfabetismo en el área rural. En el taller realizado en la comunidad de Marccaraccay, distrito de Santillana, provincia de Huanta ‐ Ayacucho, el 48% de los participantes no sabía leer ni escribir.

• Beneficiarios del Programa de Reparaciones Económicas: víctimas que se quedaron en la comunidad y desplazados, que tienen mayor contacto con las organizaciones de DD.HH.

Medios de información

• El 76% de los encuestados prefieren la radio para informarse, un 22 % la televisión nacional, un 14% la televisión local, mientras que el 11% los diarios y el 9% el Internet.3

3 Cabe resaltar que la pregunta fue de opción múltiple, es decir, podían marcar más de una opción.



Canales de distribución de materiales informativos

• El 59% de los encuestados visita con frecuencia los puestos de salud del MINSA, el 22% su local comunal, el 45% municipalidad, 32% centros educativos, 24% iglesia, 15% no sabe o no precisa.

7.3 Metodología para la valoración de los daños y del monto de la reparación económica

Como no existen referencias sobre estrategias de reparación económica para realidades similares a la peruana, se apela a usar como referente para calcular el costo del restablecimiento de la vida familiar y social de las víctimas de la zona rural, los costos de una estrategia de desarrollo rural4, desarrollada por el Instituto para una Alternativa Agraria (IAA)5, denominada Sierra Productiva, que ha sido reconocida como válida para el Perú rural y que ha servido como inspiración para la aprobación de la Ley Nº 29337, el 27 de marzo de 2009, Ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad productiva.

La propuesta del IAA consiste en la difusión y capacitación a las familias en un paquete tecnológico compuesto por 18 tecnologías, las que abarcan desde innovaciones en producción, hasta mecanismos para mejorar el hábitat de residencia de los individuos, las mismas que se detallan en el Anexo Nº 3.

El módulo básico de riego, huertos, animales menores y cocinas mejoradas cuesta en materiales externos S/.1.100 por familia y conlleva una contribución familiar de S/.2.400 en materiales locales y mano de obra, se instala en tres meses y los resultados se dan casi de inmediato. El costo de los módulos 11 al 14 tiene un costo estimado de S/. 5,000.00 y del 16 al 18, S/. 1,000.00 adicionales, haciendo que la inversión total para implementar el paquete tecnológico completo sea de S/. 7,100.00.

Si bien es cierto que las víctimas, al recibir su reparación económica, no tienen ninguna obligación de optar por la estrategia del IAA descrita, por tratarse de recursos de libre disponibilidad para ellos, se puede afirmar, sólo como referencia, que esta vía demandaría una inversión total cercana a S/. 7,000.00 para mejorar la calidad de vida y mantener un estilo de vida saludable para aquellos que si lo hagan.

4 Descrita en: Martínez Carla, María E. Rodríguez, Milytza Almeida, Innovación tecnológica en el desarrollo de familias

campesinas dedicadas a la agroindustria: el caso de la empresa “Micaela Bastidas” (Cusco); en Innovación empresarial y comportamiento tecnológico sectorial, Experiencias exitosas y estudio de casos, Lima, 2010, CIES ‐ FINCyT

5 El IAA apuesta por una estrategia por etapas a la cual denomina Escalera de Progreso, su objetivo es mejorar la calidad de

vida de la población rural pobre y extremo pobre, mediante la introducción de innovaciones tecnológicas que permitan: 1) la seguridad alimentaria familiar, 2) desarrollar nuevas fuentes de ingresos, y 3) mantener un estilo de vida saludable.



De otro lado, considerando que los hechos de violencia del periodo 1980 – 2000 frustraron los proyectos de vida de miles de familias rurales y les quitaron el derecho de vivir tranquilamente, desarrollando sus actividades sociales y económicas, postrándolas en la pobreza y en la extrema pobreza, es muy difícil establecer en qué tiempo una familia puede restablecerse de un hecho traumático como perder a un familiar por muerte o desaparición forzada, más aún si las condiciones generales de violencia han durado veinte años. Este último dato permite señalar que el promedio estadístico de duración de los efectos de la afectación para las víctimas de la violencia, mientras ésta se mantuvo, es de diez años.

Sin embargo, para efectos de intentar contabilizar la pérdida económica sufrida, se estima que al menos se requieren de cinco años para restablecer la situación previa al daño: Dos para recuperarse del impacto inmediato del trauma y tres para restablecer sus actividades económicas habituales.

De acuerdo a lo señalado anteriormente, se dispone de dos enfoques para establecer la duración del periodo en que se generaron pérdidas por efecto de los actos de violencia que deben ser reparados:

a) La duración promedio de los efectos de la afectación para las víctimas de la violencia, mientras esta se mantuvo, que es de diez años.

b) El plazo necesario para restablecer la situación previa al daño que se ha estimado en cinco años.

Siendo casi imposible evaluar el daño sufrido por cada una las víctimas por el carácter masivo de la afectación, se opta por un método indirecto para su evaluación: Suponer que durante el periodo se ha dejado de percibir el ingreso familiar per cápita, pues diversas instituciones establecen periódicamente el ingreso familiar per cápita a nivel distrital.

Con esta información y ponderando las cifras con el porcentaje de víctimas por lugar de afectación se ha estimado el ingreso per cápita perdido por las víctimas de la violencia que vendría a ser de S/. 215.32, como se puede observar en el cuadro Nº 6.

Esta pérdida para un periodo de cinco años representa la suma de S/. 12,919.30 y para un periodo de diez años la suma de S/. 25,838.60, cifras que se constituyen en referencia para el cálculo de la reparación económica.

De otro lado, en cuanto a montos otorgados como reparación dineraria, en el Perú se tiene dos antecedentes:

a) El de los miembros de los Comités de Autodefensa, DS N° 077‐92‐DE –que ha beneficiado a un número muy reducido de personas6‐ con indemnizaciones de entre 20,800 y 39 mil nuevos soles

6 Al 23 de febrero de 2010, el Comando Conjunto de las FFAA, encargado de evaluar y aprobar las solicitudes de

indemnización, ha entregado del año 2000 a la fecha, un total de 162 indemnizaciones. (AND281491) Fecha: 23/02/2010



que, en la práctica, ha sido un beneficio casi inaccesible pues rige para casos del año 1992 hacia adelante y especifica “La muerte, lesiones e invalidez derivadas de un enfrentamiento con terroristas, originará la atención preferente del Estado, a través de ayuda asistencial indemnizaciones o pensión por muerte o invalidez, a propuesta del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.” (Art. 10)

b) El de las víctimas del terrorismo, DS N° 051‐88‐ PCM, que otorga una indemnización de 3,780.00 nuevos soles, y una pensión que no es reparación sino un beneficio laboral propio de los servidores públicos.



8. PROPUESTA DE LINEAMIENTOS

8.1 Sobre el monto de la reparación económica Las reparaciones económicas son administrativas

a) El monto que se establezca como reparación económica no pretende, bajo ninguna circunstancia valorizar las afectaciones sufridas7 por las víctimas de la violencia 1980‐2000. Pretende, sí, ser parte del reconocimiento del Estado de la dignidad vulnerada de sus ciudadanos durante el periodo de violencia, una compensación siempre parcial por los daños sufridos y una contribución a la recuperación de la dignidad menoscabada.

Son parte del PIR b) El Programa de Reparaciones Económicas es parte del Plan Integral de Reparaciones que tienen

otros componentes que persiguen el resarcimiento moral (aspectos simbólicos) y la atención de las necesidades de salud, educación, vivienda, identidad, además del Programa de Reparaciones Colectivas.

Propósito de las reparaciones económicas c) Sin embargo, las reparaciones económicas que se establezcan deberían, por lo menos:

i. Procurar, en la medida de lo posible, la devolución a la víctima a la situación anterior a la provocación del daño.

ii. Favorecer el restablecimiento de la vida familiar y social de la víctima.

iii. Facilitar el regreso de la víctima a su lugar de residencia.

Toman como una referencia el ingreso familiar per cápita mensual perdido durante un tiempo d) Para estimar un monto de reparación económica que posibilite la devolución de la víctima a la

situación anterior a la provocación del daño, se propone utilizar como referencia la pérdida del ingreso familiar per cápita mensual de las zonas afectadas ponderadas por la intensidad de afectación. Una primera aproximación permite establecer que esta cifra es de S/. 215.32, calculada usando el ingreso promedio per cápita departamental del año 2007, estimado por el PNUD en su informe sobre Desarrollo Humano.

i. Si la duración promedio de los efectos de la afectación para las víctimas de la violencia, mientras esta se mantuvo, fuera de diez años, el monto de la reparación económica ascendería a la suma de S/. 25,838.60.

7 En caso de fallecimiento o desaparición forzada, daños a las personas que como resultado de atentados, agresiones o torturas, tienen una discapacidad física o mental permanente, parcial o total; y, las víctimas de violación

sexual.



ii. Si la duración promedio de los efectos de la afectación para las víctimas de la violencia, mientras esta se mantuvo, fuera de cinco años, el monto de la reparación económica ascendería a la suma de de S/. 12,919.30

Toma como referencia también el costo de un paquete tecnológico que permite salir de la pobreza a una familia rural

e) Bajo otro enfoque, para estimar la cifra que permita favorecer el restablecimiento de la vida familiar de la víctima, como no existen referencias sobre estrategias de reparación económica para realidades similares a la peruana, se apela a usar como referente el costo de implementar una estrategia de desarrollo rural, desarrollada por el Instituto para una Alternativa Agraria (IAA), denominada Sierra Productiva, que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de la población rural pobre y extremo pobre, mediante la introducción de innovaciones tecnológicas que permitan: 1) la seguridad alimentaria familiar, 2) desarrollar nuevas fuentes de ingresos, y 3) mantener un estilo de vida saludable.

f) La propuesta del IAA consiste en la difusión y capacitación a las familias en un paquete tecnológico compuesto por 18 tecnologías, las que abarcan desde innovaciones en producción, hasta mecanismos para mejorar el hábitat de residencia de los individuos, las mismas que se detallan en el cuadro Nº 4. El costo de este paquete tecnológico, que está diseñado para implementarse y tener efectos sostenibles sobre el nivel de vida en un plazo de tres años se estima en S/. 7,100.00

Rango propuesto para fijar el monto de las reparaciones económicas g) Consecuentemente, la reparación económica por cada víctima debía estar entre S/. 7,100.00 y

S/. 25,838.60 dependiendo del enfoque que se adopte y del plazo de duración promedio de los efectos de la afectación para las víctimas de la violencia que se considere apropiado. Así, en cifras redondas, la reparación económica debería estar entre S/. 7.000,00 y S/.25.000,00.

Estrategia de comunicaciones h) Implementar una estrategia de comunicación que permita a beneficiarios, representantes del

Estado, sociedad civil y opinión pública en general comprender y valorar estas acciones de resarcimiento como justas, necesarias y propias de un Estado Democrático respetuoso de los derechos fundamentales.

Monto de la reparación independiente del tipo de afectación y del número de familiares i) El monto de reparación debe ser el mismo, no dependiendo del tipo de afectación que ha

generado el derecho de acceder a ella, ni del número de beneficiarios que tengan las víctimas.

Distribución de la reparación económica entre los familiares de la víctima j) Se debe aprobar una Directiva que establezca la forma de distribución de la reparación

económica cuando concurran distintas categorías de beneficiarios.



8.2 Sobre las modalidades de ejecución La reparación económica se realiza mediante desembolso monetario

a) Por la estructura del Plan Integral de Reparaciones, en los que cada uno de sus componentes representa modalidades de reparación, se entiende que el Programa de Reparaciones Económicas se realizará mediante desembolsos monetarios.

Plazo de implementación b) El plazo para implementar el Programa de Reparaciones Económicas dependerá de la modalidad

de desembolso que se elija y de la asignación presupuestal que se le otorgue en el presupuesto público; sin embargo, habida cuenta que las víctimas y sus familiares se encuentran a la espera de las reparaciones desde la aprobación del PIR y su Reglamento (2006) se considera que un plazo razonable no debería ser mayor a cinco años.

Formas de desembolso – alternativas c) Siendo un Programa masivo de reparaciones que podría involucrar a casi 50,000 personas, la

modalidad de desembolso elegida debería ser aquella que permita atender un mayor número de personas desde su inicio. Las alternativas posibles se muestran a continuación:

i. La modalidad que permitiría atender al mayor número de víctimas desde el inicio sería aquella consistente en realizar pagos mensuales equivalentes al ingreso familiar mensual per cápita utilizado para determinar el monto de la reparación económica, en un esquema similar al utilizado por el Programa Juntos, hasta completar la suma establecida como reparación económica. La desventaja de esta modalidad es que las víctimas tendrán dificultades en realizar inversiones productivas o compras de activos.

ii. Alternativamente, otra modalidad sería realizar la entrega del integro de la reparación en una sola armada8. La desventaja, en este caso, es que el número de víctimas atendidas al inicio del Programa será menor y algunas de ellas tendrían que seguir esperando durante cinco años adicionales.

iii. Existe una tercera alternativa que combina las ventajas de las anteriores o minimiza sus desventajas: Otorgar el 50 % del monto de la reparación en una armada y la diferencia en mensualidades equivalentes al 50% del ingreso familiar mensual per cápita utilizado para determinar el monto de la reparación económica.

Prelación para atención de las víctimas d) La prelación para la atención de las víctimas está establecido en el Reglamento de la Ley Nº

28592, que en su artículo 49º señala que se dará prioridad tanto en la elaboración de las medidas de reparación como en el otorgamiento de beneficios a las víctimas huérfanas, adultos mayores, viudas y personas con discapacidad.

8 La implementación del Programa de Reparaciones Económicas debería considerar acciones de acompañamiento que propicien el buen uso de los recursos en beneficio de los propios beneficiarios: Orientación en manejo de cuentas bancarias, acompañamiento psicosocial, asesoría en actividades productivas, etc.



e) Adicionalmente, se debería empezar el proceso en los distritos con mayor índice de pobreza, por haber sido estas zonas las más afectadas por la violencia.

Gradualidad f) El proceso de implementación del Programa de Reparaciones Económicas se realizará

gradualmente, sujeto a la disponibilidad presupuestaria del Tesoro Público y siguiendo los procedimientos establecidos en la Ley Nº 28411 y las leyes de presupuesto para el sector público que se aprueben anualmente.

8.3 Sobre los procedimientos Los procedimientos que se deben cumplir para poder efectivizar las reparaciones económicas son

los siguientes:

Nombre Resultado Responsable

Determinación de monto de la reparación económica, modalidad de pago y procedimientos

para acceder a la reparación Decreto de Urgencia PCM

Adecuación del período de determinación e identificación de los beneficiarios del PRE (vencido) Decreto Supremo PCM ‐ CMAN

Elaboración de listado de beneficiarios del PRE y transferencia de acervo documentario a la PCM

Listado, base de datos y expedientes de beneficiarios

Consejo de Reparaciones

Verificación y depuración de listado de beneficiarios del PRE Listado depurado CMAN

Priorización de listado de beneficiarios del PRE año 2011 (Anual) Listado CMAN

Elaboración del Plan de Comunicaciones del PRE Plan de

Comunicaciones PCM ‐ CMAN

Selección de Organismo Ejecutor Convenio PCM

Transferencia de recursos a Órgano Ejecutor Transferencia financiera PCM

Entrega de Reparaciones Económicas

Entrega de Cuenta de Ahorros o cupones de

cobranza. Organismo Ejecutor



9. COSTO FISCAL De acuerdo al artículo 43º del Reglamento del PIR, el Presupuesto del Programa de Reparaciones

Económicas estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria que se apruebe para ello. En este sentido, se sujetará a los procesos y procedimientos establecidos en la Ley Nº 28411 y las leyes de presupuesto para el sector público que se aprueben anualmente. Para ello, el titular del Pliego Presidencia del Consejo de Ministros, con opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, deberá proponer en el presupuesto correspondiente a su pliego una partida especial para su financiamiento.

En vista de que en los Lineamientos desarrollados se establece que el monto de la reparación económica por víctima se podría situar entre S/. 7.000,00 y S/. 25.000,00 a continuación se muestra el costo fiscal asociado, considerandos el total de víctimas registradas al 31 de diciembre de 2010 y las proyecciones del Consejo de Reparaciones al cierre del RUV, las mismas que se reproduce a continuación:

Límite mínimo Límite máximo

16.1095.144417 739 739

1.174 1.947 1.947

Total general 22.844 45.694 52.662Fuente: Consejo de Reparaciones

Tipo de víctimas

Fallecidos (A)Desaparecidos (B)Víctimas con discapacidadVíctimas de violación sexual

43.008 49.976

RUV: VÍCTIMAS CON DERECHO A REPARACIÓN ECONÓMICA

Total Víctimas al 31/12/2010

Proyectado al cierre del RUV

• Si el monto de la reparación económica fuera de S/. 7.000,00 el costo fiscal total ascendería a la suma de S/. 368.634.000,00



• Si el monto de la reparación económica fuera de S/. 25.000,00 el costo fiscal total ascendería a la suma de S/. 1.316.550.000,00

La tabla adjunta muestra, para cada caso, el costo anualizado del monto máximo, dependiendo del plazo en que se realice el pago, es decir: 5, 10 o 15 años.



Mínimo MáximoFallecidos (A) 112.763.000Desaparecidos (B) 36.008.000Víctimas con disapacidad 7.000 2.919.000 5.173.000 5.173.000 1.034.600 517.300 344.867Víctimas de violación sexual 7.000 8.218.000 2.919.000 13.629.000 2.725.800 1.362.900 908.600

Costo Total Reparaciones 159.908.000 309.148.000 368.634.000 73.726.800 36.863.400 24.575.600

Mínimo MáximoFallecidos (A) 161.090.000Desaparecidos (B) 51.440.000Víctimas con disapacidad 10.000 4.170.000 7.390.000 7.390.000 1.478.000 739.000 492.667Víctimas de violación sexual 10.000 11.740.000 4.170.000 19.470.000 3.894.000 1.947.000 1.298.000


Mínimo MáximoFallecidos (A) 193.308.000Desaparecidos (B) 61.728.000Víctimas con disapacidad 12.000 5.004.000 8.868.000 8.868.000 1.773.600 886.800 591.200Víctimas de violación sexual 12.000 14.088.000 5.004.000 23.364.000 4.672.800 2.336.400 1.557.600


Mínimo MáximoFallecidos (A) 402.725.000Desaparecidos (B) 128.600.000Víctimas con disapacidad 25.000 10.425.000 18.475.000 18.475.000 3.695.000 1.847.500 1.231.667Víctimas de violación sexual 25.000 29.350.000 10.425.000 48.675.000 9.735.000 4.867.500 3.245.000

Costo Total Reparaciones 571.100.000 1.104.100.000 1.316.550.000 263.310.000 131.655.000 87.770.000

83.293.333

COSTO FISCAL DE LAS REPARACIONES ECONÓMICAS

25.000 1.075.200.000 1.249.400.000 249.880.000 124.940.000

Tipo de víctimasMonto

reparación por víctima (S/.)

Costo PRE victimas al 31/12/10

Costo total del PRE S/.Costo máximo anualizado

Pago en 5 años

Pago en 10 años

Pago en 15 años

Pago en 15 años

12.000 516.096.000 599.712.000 119.942.400 59.971.200 39.980.800

99.952.000 49.976.000 33.317.333





Pago en 5 años

Pago en 10 años





Pago en 5 años

Pago en 10 años

Pago en 15 años

Costo máximo anualizadoPago en 5

añosPago en 10

añosPago en 15

años

69.966.400 34.983.200 23.322.133

10.000 430.080.000 499.760.000



7.000 301.056.000 349.832.000


Costo total del PRE S/.



Comisión Multisectorial Técnica, encargada de desarrollar Lineamientos Técnicos y Metodologías para la determinación de montos, procedimientos y modalidades de pago que deberán regir para la implementación del Programa de Reparaciones Económicas

Presidente: Jesús Aliaga Baldeón, Secretario Ejecutivo de la CMAN Representante de la PCM

Integrantes:

José Rodríguez Portocarrero, representante del MEF Lizandro Tovar Acevedo, representante del MIMDES

Equipo Técnico:

Roy David Molina Menacho, Coordinador

Margoth Quispe Anaya

Hernán Tenicela Ninamango

Víctor Andrés Hostos Chumpitazi

Joyce Denisse Morales Agreda

Lima, enero de 2011



ANEXOS

Lineamientos Programa de Reparaciones Económicas

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