REUNIÓN NACIONAL DE LÍDERES DEL PDA IMPULSORES DE UNA TENDENCIA DEMOCRÁTICA Álvaro Villarraga Sarmiento 1. Iniciativa para conformar una tendencia democrática: Un grupo de personas, lideresas y líderes del Polo Democrático Alternativo, integrantes de comités nacionales, regionales y locales de dirección y procedentes de varios departamentos, animados por la coincidencia en puntos de vista y afinidades construidas por proceder de organizaciones políticas y sociales comprometidas de manera especial con la promoción de la paz, los derechos humanos, la equidad de género y la movilización social y por haber pertenecido al Polo Democrático Independiente, coincidimos en la necesidad de conformar una tendencia democrática, como referente de opinión al seno del PDA y en su beneficio. En tal sentido consideramos pertinente conformar un núcleo impulsor de tal tendencia mediante el intercambio de opiniones y la aproximación con otras personas que por su liderazgo, representación y aporte político desde los ámbitos local, regional, social, nacional e internacional puedan contribuir de manera activa en este propósito. Se trata de forjar una voluntad y una decisión colectiva que responda a la necesidad de contar con mayores referentes y posibilidades para potenciar iniciativas políticas, sin que afecte la autonomía, dinámica y funciones propias de las instancias y los organismos partidarios. Por el contrario, este tipo de esfuerzo debe fortalecer nuestro proyecto político común a partir de una particular contribución con elaboraciones, opiniones, propuestas e iniciativas de acción que propendan por el intercambio, la discusión organizada y la integración del Polo a todo nivel. No es un agrupamiento cerrado sino de una iniciativa abierta a las ideas, las y los militantes, los colectivos de trabajo y a todos los que brinden su concurso. Tampoco es un centro de dirección sino un referente que retroalimente la praxis política organizado con un sentido de red mediante dinámicas de conexión permanente y horizontal con todos los integrantes y sus espacios locales y sectoriales. Aunque se apoya como uno de sus motivos en identidades y lazos afectivos heredados de anteriores y actuales experiencias, no se trata de un reagrupamiento de cara al pasado sino de una mayor compaginación de cara a los retos presentes y futuros. En tal sentido, estimamos negativo para el PDA que las afinidades políticas tengan como único resero los partidos o agrupamientos políticos que antecedieron el proceso de unidad, puesto que si bien éste es un acumulado político que indudablemente incide, se trata de responder de manera abierta a nuevos niveles y escenarios de integración. De lo contrario, podría redundar el Polo en una coalición de fracciones políticas cerradas y anquilosadas en anteriores posiciones y estructuras, sin responder al alcance de los anhelos de unidad y de los nuevos dilemas políticos a resolver colectivamente. Estimamos que los mayores entendimientos y la conformación de corrientes o tendencias organizadas de opinión deben responder a la misma dinámica de consolidación de los espacios partidarios y a la proyección colectiva de acumulados políticos, incidencia social, fortalezas y aportes, a favor de los propósitos programáticos y de las metas políticas adoptadas. Más aún, ahora responden a una necesidad política y con implicaciones organizativas positivas. Es diciente, por ejemplo, que en el Comité Ejecutivo de Bogotá así como equipos de dirección en otras ciudades y regiones tienen consenso en torno a la conveniencia de que al interior del PDA madure este proceso de conformación de corrientes o tendencias. Se entiende que es una de las condiciones para conseguir el necesario decantamiento ideológico y político, a la vez que contribuye en la formación de la militancia, la entrega de mayores contribuciones al partido y posibilita un mejor funcionamiento y actuación de sus organismos.

Este tipo de esfuerzo permite construir identidades tras determinados matices y posturas, pero simultáneamente debe convocar de manera unitaria y fraterna a las distintas vertientes para articular dinámicas de debate pero también de intercambio, y actuación conjunta y solidaria. En sentido práctico, la positiva afiliación masiva de militantes y la numerosa composición de las instancias de dirección, hacen dificultoso el funcionamiento y limitados los espacios de participación y discusión política, por lo cual las corrientes o tendencias resultan ser un acicate importante para la propia estructuración partidaria. Lo importante es que sean concebidas sin sectarismo y sin menoscabar a la afiliación individual y a la posibilidad de que se expresen de manera diversa, lo cual implica también la posibilidad de formas de integración en lo territorial, social, poblacional y temático, por supuesto sin que su actuación sustituya, menoscabe o vaya en detrimento de la prioridad de los propósitos y las acciones comunes. Calificamos como hecho positivo el que algunos sectores y se hayan proclamado e incluso actúen como tendencias organizadas al seno del Polo y otros marchen en tal dirección. En nuestro caso al convocar a la conformación de una Tendencia Democrática no nos consideramos los únicos portadores de la iniciativa puesto que de hecho hay precedentes de núcleos y colectivos de trabajo que buscan estructurar este tipo de tendencia, con posturas similares o muy cercanas a las nuestras. Así mismo, entre quienes nos reunimos ahora en este esfuerzo, algunos trabajaban recientemente de manera coordinada y otros habían propiciado encuentros nacionales o regionales con sentido de integración. Nos llamó la atención le experiencia de Barranquilla, en donde surgió también una positiva expresión de tendencia democrática que busca aportar a un referente nacional, de forma que ha implementado una original metodología de tertulias dedicadas al desarrollo del pensamiento democrático. Las tendencias al interior del PDA tienen sentido como referentes de opinión que promueven puntos de vista, iniciativas y propuestas; construyen afinidades inscritas en el Ideario Político y el Programa del Partido; sustentan posiciones y debaten como ejercicio de afirmación y construcción política que contrarresta el sectarismo, puesto que antes que un llamado al alinderamiento constituye un estímulo a la elaboración política, la sustentación de posiciones y la presentación de opciones y propuestas en diálogo con las distintas posturas. Éste fenómeno organizativo a la vez contribuye a contrarrestar el caudillismo, en la medida en que supera la sólo convocatoria personal del líder. Así mismo contribuye a evitar las prácticas clientelistas, en la medida en que antepone el referente político por encima de posiciones de poder, posibilidades de manejo de recursos y de intereses o favores particulares como el referente de agrupamiento. Por supuesto que la conformación de tendencias, corrientes y agrupamientos temporales o más permanentes de opinión deben actuar en claro respeto a los estatutos, el programa y los organismos de dirección del PDA; por consiguiente evitar cualquier pretensión de instrumentar sus estructuras; por el contrario, la claridad y transparencia de sus trabajos posibilita la maduración de posiciones política, la formalización de los acuerdos políticos, los consensos y el tratamiento más profundo y a la vez ágil de los asuntos programáticos y políticos medulares así como alrededor de decisiones tácticas y propuestas de especial trascendencia. La conformación de una tendencia la concebimos como proceso abierto, con entera disposición al entendimiento y la integración con otros sectores de personas con quienes compartimos posiciones. Dispuesto al entendimiento y al intercambio. Con manifestaciones propias y particulares en las dinámicas locales, regionales, nacionales, internacionales, sociales y poblacionales. Con especial interés con respecto a las dirigencias sociales, las ONG´s y los sectores de la intelectualidad que pueden participar y brindar particulares aportes. Su presupuesto ideológico es el pluralismo, la reivindicación del derecho a la diferencia, la tolerancia y el sano debate. Conlleva la aceptación de unos mínimos ideológicos, políticos y éticos. Y debe, desde las diversas tendencias, ante todo a coadyuvar a la maduración y al propio desarrollo programático y político del conjunto PDA.

Una tendencia no puede ser un grupo cerrado, ni una nueva militancia diferente a la única ejercida en el PDA como tampoco obliga en todo momento y circunstancia a tener plena identidad de opinión y de opción entre sus miembros. Al respecto observamos como hecho interesante lo sucedido recientemente con las precandidaturas más opcionadas para la Alcaldía Mayor en Bogotá, donde los agrupamientos que respaldaron las respectivas campañas en todos los casos no coincidieron exactamente con las vertientes o tendencias que se configuran en el PDA. Esto muestra que ellas no excluyen sino que alimentan a la vez convergencias más pluralistas, confluencias más amplias en torno a distintas acciones, e incluso la libertad dentro de las tendencias y organizaciones aún existentes al seno del PDA, para asumir y expresar simpatías diferenciadas al respecto. Este fenómeno construye unidad en medio de la diversidad y permite la emulación entre las propuestas programáticas y políticas como condición para consolidar los consensos, a la vez que puede ser aprovechado para consolidar los perfiles y las propuestas de las diversas tendencias.

En consecuencia, la construcción del PDA con apoyo, entre otros aspectos organizativos, de la configuración de nuevas corrientes y tendencias, expresa así mismo tanto la evolución de sectores asociados a anteriores partidos y agrupaciones, pero básicamente la conformación de nuevas convergencias, en un proceso que aún es inicial y no suficientemente soportado e incidente. Por tanto, pensamos que consolidar el partido y su unidad pasa en el presente por atender a éste fenómeno, el cual podrá canalizarse para ganar terreno en el tratamiento político fraterno, de altura y de construcción compartida, a la vez que conlleva a respetar la expresión autónoma de cada tendencia, puesto que cada posición conllevará a la vez su propio perfil e impronta.

2. La democracia como pilar ideológico y guía de actuación política: Los ideales igualitarios, de disfrute integral de derechos y de bienestar social colectivo que supere la inequidad se apoya en sentidas necesidades de la población, a la vez que se inspira en diversas corrientes críticas y en los nuevos paradigmas asumidos desde los movimientos sociales y políticos. Dentro de ellos queremos destacar la democracia como principio esencial frente al proyecto de Estado, de gobierno y de sociedad. Pero también como principio coherente con la propia práctica política, partidaria, social y del ámbito de la vida pública y privada. Rompe las concepciones y regímenes basados en la subordinación, la explotación, el autoritarismo y la sujeción patriarcal. Se asociada al proyecto de liberación de los sectores subordinados, a la soberanía y autonomía como nación, a la equidad social y a una nueva concepción del desarrollo sostenible y sustentable. Se opone a las estructuras políticas y sociales verticales al reivindicar un tratamiento horizontal, de reconocimiento como sujetos iguales y diferenciados en el modo de convivir y de vivir en distintos ámbitos de las relaciones sociales. (Sartori). Nuestro proyecto debe en consecuencia buscar el ejercicio efectivo de la soberanía popular, apelar a las formas de la democracia directa y apoyarse de forma adecuada y legítima en la democracia representativa. Se asocia a los conceptos de renovación, alternación, posibilidad de la revocatoria del mandato, rendición de cuentas y estímulo a las formas de control y veeduría desde la sociedad. Al decir de Bobbio, la democracia se concibe como sistema de gobierno, reglas de juego convenidas y toma de decisiones colectivas. La democracia es afín a la dirección colectiva, a la habilitación efectiva de la expresión auténtica y autónoma de la diferencia en un marco de garantías y posibilidades de realización. Es oposición a la concentración del poder y a la élite que captura y privatiza el poder público. El concepto secular de la autoridad no reconoce jefaturas ni mandatarios ni directorios exclusivos ni perennes, ni inamovibles; tampoco como portadores absolutos de la verdad ni exclusivos en la toma de decisiones. Por el contrario, la democracia se asocia al pluralismo, a la diversidad, a las garantías efectivas para la oposición política y el pluripartidismo. Al respeto a la divergencia, la disidencia y la alteridad del otro

(Lechner). Se relaciona también con el ejercicio efectivo de la integralidad de los derechos individuales y colectivos y con la construcción de ciudadanía. En las últimas décadas aboga por el derecho a la diferencia, la no discriminación y el reconocimiento de discriminaciones positivas a favor de las comunidades étnicas, mujeres, LGBT y minorías históricamente excluidas, para recuperar las posibilidades efectivas de promoción de sus derechos. En crítica a la modernidad desde el postmodernismo se aboga por la revolución democrática, con elementos como la superación del racionalismo objetivista, del determinismo de los metarrelatos y el reconocimiento de la complejidad, la diferencia y el ámbito subjetivo. La sociedad no puede ser entendida como un conjunto cerrado ni totalizado. El ser humano y su destino no pueden ser ajenos al entendimiento con las demás especies vivientes y la naturaleza. La aceptación de los conflictos implica su transformación o superación no violenta. Frente a las utopías afectadas por el determinismo y circunstancias contextuales históricamente distintas en diversos aspectos, se plantea una reconstrucción del sujeto y del objeto de la representación política, la emergencia de un nuevo sujeto como resultado del proceso de su autoconstitución (Laclau) y la construcción de nuevos y diversos referentes. La democracia radical aporta a partir de beber de fuentes liberales y socialistas y conlleva a profundizar la democracia superando el formalismo, para incidir en todos los ámbitos políticos, sociales y culturales; reivindica posibilidades importantes como la desobediencia civil (Thoreau) y de manifestaciones como la insumisión y objeciones como la de conciencia y la fiscal, ejercidas precisamente por medios civilistas, pacíficos y legítimos, en oposición a las leyes injustas y a las autoridades arbitrarias. El PDA requiere de una estrategia clara y coherente en torno a la consolidación de un proyecto democrático de sociedad, de Estado y de su propio proyecto político. En tal sentido el Polo debe ser en esencia el partido de la democracia. 3. La consolidación del PDA como alternativa política y de gobierno: En los últimos años se ha creado una nueva situación política que afecta la estructura del sistema partidista: un pronunciado declive de los partidos tradicionales, surgimiento de nuevas agrupaciones políticas y una polarización sin antecedentes históricos próximos. De una parte, el sector liderado por el presidente Álvaro Uribe con apoyo en la colisión gobernante, conformada básicamente por fracciones de los partidos tradicionales, reagrupadas en anteriores y nuevos partidos y grupos políticos. La emergencia del paramilitarismo asociado al narcotráfico conllevó la promoción de buena parte de las nuevas agrupaciones políticas, las cuales adoptaron por respaldar también al presidente Uribe. Y de otra parte, las vertientes de la oposición, representadas por el PDA, en cierto grado y en algunos temas por el Partido Liberal y con la frecuente coincidencia con la movilización de amplios sectores sociales y poblacionales que movilizan en demanda de sus derechos. El Congreso de Unidad que dio origen al PDA retomó el Ideario de Unidad construido colectivamente, un esbozo de programa de gobierno, avanzó en formulaciones y discusiones importantes en los temas abordados y aprobó los estatutos y una resolución política. Se trata de un partido abierto a todos los ciudadanos, pero a la vez organizado y con vinculación de los sectores sociales, poblacionales, la mujer, las minorías étnicas, los LGTB, los jóvenes, las regiones y los colombianos residentes en el exterior. El haber acogido el sistema de cuotas para estimular la participación de sectores que cuentan con un pasado histórico y manifestaciones actuales de discriminación, el nombramiento democrático de la dirección y la capacidad de construir consensos, son factores que benefician la construcción de democracia interna. El programa de gobierno del PDA pretende la vigencia del Estado Social de Derecho y por consiguiente de la Constitución Política, en perspectiva de construir una sociedad democrática. Esto conlleva al compromiso para acabar con las enormes desigualdades y aplicar políticas, legislación, programas y recursos coherentes

con el reconocimiento de los derechos sociales como exigibles y fundamentales. Asume deslegitimar la lucha armada, propiciar la solución política y negociada del conflicto bélico interno y construir la paz con el concurso de un amplio acuerdo nacional. Restablecer un ambiente político de garantías efectivas y de tolerancia. En lo económico y social, entre otras propuestas, considera la prioridad del empleo, la derogación de la ley de flexibilización laboral y la adopción de un estatuto del trabajo; la eliminación de las exenciones y descuentos tributarios al gran capital, la exclusión del IVA de los productos de consumo básico, la reforma agraria y el retorno de los desplazados a sus tierras, así como medidas impedir beneficios exorbitantes en el sector financiero, rentístico y terrateniente improductivo. A la vez, propone medidas para el desarrollo industrial y la recuperación del campo. En materia internacional pretende una nueva política exterior sobre presupuestos de soberanía nacional, integración latinoamericana, hermandad en las fronteras, multilateralismo, respeto a la libre determinación de otros pueblos, apoyo a la población colombiana emigrante en el exterior y búsqueda de la cooperación internacional en beneficio de la paz. El PDA se propone forjar un partido moderno, amplio, de adhesión masiva de ciudadanas y ciudadanos, coherente en definiciones y claro en las reglas de juego. Requiere de una identidad básica y aglutina una variedad de tendencias y posiciones, puesto que se trata de una izquierda plural y con actitud abierta ante la aportación proporcionada por las dinámicas sociales y políticas. Como lo reconocieron amplios sectores de opinión en las elecciones parlamentarias y especialmente en las presidenciales con la candidatura del ex magistrado Carlos Gaviria, afianzó su presencia política. El nuevo signo del ascenso de la izquierda en la presente década responde a su sintonía con las demandas sociales, la consecuencia con la renovación política, la defensa de la Constitución ante los intentos de contrarreforma y la reafirmación de los propósitos de la paz, la solución política del conflicto armado, los derechos humanos, la no discriminación y la reconciliación, a partir de una actuación claramente civilista y en expreso rechazo al empleo de la violencia y de la guerra. Sobresalen liderazgos provenientes de los movimientos sociales que con frecuencia se corresponden con trayectorias de militancia con las organizaciones de izquierda. Los gobiernos de Lucho Garzón en Bogotá y de Angelino Garzón en el Valle, entre otros, ponen de presente que la izquierda puede gobernar con responsabilidad, eficacia y resultados, con gran sentido social y una concepción democrática. El entorno latinoamericano muestra experiencias y logros recientes de gobiernos alternativos encabezados por personajes, partidos y coaliciones políticas de la izquierda democrática. La labor parlamentaria desarrollada por los integrantes del PDA entrega un legado de experiencia, capacidad y particular incidencia en distintos órdenes y materias. La inclusión a su vez de liderazgos procedentes de diversos sectores sociales y poblacionales conlleva la posibilidad de un compromiso estrecho con tales dinámicas y aspiraciones. Resulta de particular importancia estimular la participación, el liderazgo y la incidencia de sectores históricamente excluidos y discriminados; al respecto es importante el cumplimiento del sistema de cuotas en beneficio de las mujeres, los jóvenes, las comunidades étnicas y la diversidad de género.1 Para construir la cultura política alternativa necesitamos persistir en la confrontación de las expresiones de sectarismo que pretenden movilizar a partir de la descalificación del adversario y no de la afirmación y sustentación de las propuestas. Contrarrestar las expresiones de caudillismo y de clientelismo mediante la prelación del compromiso político, la actuación colectiva y la institucionalización partidaria de ciertas acciones y recursos especialmente en el desarrollo de las campañas electorales. En consecuencia, resulta determinante estimular la opción autónoma, conciente y programática del voto, como ejercicio de construcción política compartida.

1 Asunto importante en la construcción democrática del PDA ha sido el que se adopte el criterio de cuotas de participación

como lo había implementado también el PDI, a favor de garantizar la mayor participación de las mujeres, los jóvenes, las comunidades étnicas y el sector de LGTB.

Además de la existencia de los comités de dirección es necesario conformar los comités de base en distintos ámbitos locales y sectoriales para ser coherentes con la promoción de la participación política y posibilitar que la vida del PDA no se reduzca a la franja de los comités dirigentes y los delegados elegidos para el Congreso de Unidad. Pero así mismo se requiere fortalecer el criterio de que el partido debe ser abierto a la permanente afiliación de ciudadanas y ciudadanos, de dirigentes sociales y de militantes procedentes de distintas vertientes políticas, a partir de la convocatoria de inclusión permanente y de las acciones políticas emprendidas. 4. La oposición al programa y las políticas del Gobierno Uribe: El presidente Uribe con el acogimiento de las políticas de la banca internacional debilita las políticas sociales, precipita la crisis en la salud, deteriora las condiciones laborales y posibilita la ampliación de la pobreza y la indigencia. El TLC acordado con el Gobierno de Estados Unidos conlleva desproporcionadas ventajas estratégicas para ese país, detrimento reconocido de sectores económicos y grave impacto laboral y social en la población, a la vez que resulta incongruente con la dinámica de integración regional y de la búsqueda de alternativas en el ámbito latinoamericano, con los países del sur y ante Europa y otros continentes. Su mandato favorece las exageradas ganancias del sector financiero, presenta una alarmante concentración del poder económico y desarrolla privatizaciones innecesarias y lesivas a los intereses del sector público. Su consigna de lucha contra la corrupción y el clientelismo perdió sentido ante los reiterados hechos de su gobierno que obran en sentido contrario. La política central del gobierno llamada de seguridad democrática promueve iniciativas contrarias a la legislación y la aplicación de los derechos humanos y el derecho humanitario; entre ellas, la vinculación masiva de personas a redes de inteligencia conectadas con el estamento militar y las detenciones masivas y arbitrarias. Si bien la fuerza pública consiguió recuperar presencia estatal en numerosas regiones y un repliegue significativo de las guerrillas, no se produjo la anunciada derrota de la insurgencia y se sacrificó la política de paz. La medida positiva de desmovilizar el paramilitarismo no consiguió desarticular todos los grupos, se permitió la reactivación de otros y no atacó los soportes ilegales –especialmente el narcotráfico- y legales –mediante la interferencia e infiltración en las instituciones públicas. Fracasaron la política antidroga, las fumigaciones de glifosato y la aplicación de la ley de extinción del dominio a las propiedades incautadas a los narcotraficantes, sobre las cuales había expectativa de los desplazados y los campesinos pobres. Si bien el presidente Uribe fue reelegido en 2006 con importante respaldo electoral, en pocos meses entró en una crisis de gobernabilidad. Importantes funcionarios del gabinete e integrantes de todos los partidos y movimientos que lo respaldan, se encuentran vinculados a procesos judiciales por paramilitarismo o narcotráfico. Por tal motivo, miembros del gobierno en altos cargos han sido destituidos y un creciente número de congresistas, diputados y concejales de los partidos de la coalición de gobierno está en investigación o en juicio por tal motivo. El PDA es el único partido ajeno a las graves problemáticas del paramilitarismo, el narcotráfico y la corrupción que han afectado a todos los partidos de la coalición de gobierno. Sus voceros han denunciado con valor civil estas problemáticas, a la vez que están dispuestos a ofrecer alternativas de solución, a pesar del proceder gubernamental que ataca con sectarismo y con expresiones de arbitrariedad e intolerancia la actuación del conjunto de los opositores políticos, pero de manera especial a los dirigentes del Polo. La defensa de la Constitución Política conllevó al Polo Democrático Alternativo, al Partido Liberal y a otros sectores a oponerse, entre otros proyectos de ley gubernamentales, al de la reelección inmediata que obró abiertamente a favor de sus intereses; los de marcada impunidad para beneficiar a los paramilitares mientras se ignoraban los derechos de las víctimas y al recientemente proyecto de Acto Legislativo para

recortar las transferencias a los entes territoriales, lo cual debilitará los ingresos destinados a la salud, la educación y el saneamiento básico. 5. Limitadas posibilidades para el ejercicio de la oposición política: La ciencia política reconoce que un régimen democrático tiene como uno de sus fundamentos brindar garantías a la oposición; no obstante ello se reconoce principalmente en el régimen parlamentario y tiende a desestimarse o cuestionarse en el régimen presidencialista, debido a la estructura centralizada, vertical y propensa a formas de gobierno autoritarias. Sin embargo, existe consenso e instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos que en la actualidad reconocen como necesario y obligante el otorgamiento de garantías a la oposición dentro del Estado de Derecho. Las realidades políticas, internas e internacionales, presentan grupos de oposición que se expresan mediante métodos constitucionales o de facto, en correspondencia con determinados contextos. Por supuesto que en nuestro caso corresponde afirmar, en medio de la pervivencia del conflicto armado y de un alto grado de violencia política e intolerancia social, la necesidad de consolidar el régimen constitucional y de hacer efectivo el marco de garantías políticas consagrado. A la vez, la oposición, en sus expresiones sociales y políticas se manifiesta tanto por la actuación parlamentaria como extraparlamentaria, dentro de la cual son diversas sus formas como las manifestaciones, las campaña de opinión e incidencia, las huelgas, jornadas de protesta, los paros cívicos y otras manifestaciones ciudadanas. La oposición constituye un asunto esencial para la consolidación de un régimen político democrático y pluralista, pero en nuestro ámbito son precarios los niveles de institucionalización y los recursos legales y prácticos en su apoyo. Más aún, podemos registrar la persecución a la crítica y a la disidencia, característica propia del autoritarismo, ejercida en los últimos años de manera reiterada por el actual Gobierno nacional. La Constitución Política consagra expresamente cinco derechos para la oposición: acceso a la información, a los medios de comunicación social, el derecho de réplica y la participación en los organismos electorales y en las mesas directivas de los cuerpos colegiados. Merece considerarse que con respecto al acceso a los medios de comunicación y en el derecho de réplica existe también la obligación de los medios de comunicación privados, con base en exigencias de la necesaria equidad informativa y la responsabilidad social que los compromete. Pero luego de 15 años de expedida la Constitución Política no se cuenta con el Estatuto de la Oposición que demandó. Algunas propuestas al respecto no han tenido eco en las autoridades nacionales ni en el Congreso. Los actos legislativos y las leyes aprobadas en años recientes aún no consiguen reglamentar el Estatuto de la Oposición, sus avances formales son exiguos cuando no inadecuados y recientemente, de lado de la aprobación de la reelección inmediata del presidente, se consiguió un desarrollo apenas marginal de sus posibilidades. Como se advierte en la discusión, en un régimen presidencialista y en un sistema de partidos multipartidista no es fácil establecer el campo e inclusive en ocasiones la identidad de las fuerzas de la oposición. Pero lo importante y necesario si es que debe existir un marco normativo claro al respecto y hay que evitar que tales dificultades alimenten las tendencias a negar la oposición misma, sus posibilidades y sus derechos. Al respecto, es preciso acoger figuras del régimen parlamentario como la moción de censura, consagrada en la Constitución Política pero que no se ha llevado a efecto. Estipular un procedimiento para transitar a la oposición y reconocer la conformación de los bloques de los partidos del gobierno y de la oposición. En las actuales condiciones el tema del acceso a los medios de comunicación es un asunto medular. Es preciso mostrar el divorcio entre el formalismo de la ley y la ausencia real del ejercicio de los derechos. No se cumple el acceso efectivo de los partidos de la oposición al Consejo Nacional Electoral y a las mesas

directivas de las corporaciones públicas. El acceso a los medios de comunicación sigue en marcadas condiciones de inequidad. El derecho a réplica ha sido abiertamente vulnerado en casos recientes. La Comisión Nacional de Televisión parece un órgano apéndice del Gobierno nacional. No actúa el Procurador ante situaciones graves como los reiterados ataques verbales proferidos por el presidente Uribe contra voceros de la oposición, a la vez que han sido numerosos los casos de indebida participación de funcionarios públicos en actividades políticas y partidistas, sin que actúe la autoridad competente. Se agregan los reiterados delitos contra el sufragio, la ocurrencia de fraudes y la tolerancia con la presión armada ilegal para constreñir a los electores. De otra parte, resulta lamentable que el ejercicio de la oposición es calificada como actividad riesgosa, al punto que la Corte Constitucional -al igual que con la defensa de los derechos humanos y con la lucha social- considera que se requieren “medidas de protección reforzada”. Es muy alto el número de opositores políticos asesinados y perseguidos con responsabilidad estatal, por acción u omisión, como también es sistemático el ataque de los grupos paramilitares y de las guerrillas contra líderes políticos en distintas regiones. Diversas voces advirtieron que con la reforma constitucional que impuso la reelección presidencial inmediata se alteró negativamente la relación del ejecutivo con los demás organismos del Estado, puesto que el diseño constitucional previsto se sustituyó por una mayor ingerencia presidencial en la designación de altos cargos en las cortes, la Fiscalía, el Ministerio Público y el Banco de la República. Se profundiza de tal manera el rasgo presidencialista del régimen político y se debilitan las garantías para la independencia de las ramas del poder público. En la actualidad se vive una fase de reordenamiento tanto de los partidos políticos como del régimen de partidos y del régimen electoral, pero de manera que aún no se consigue sino una parcial e insuficiente reglamentación del estatuto de garantías de la oposición. En virtud de esta circunstancia tiende a superarse la fragmentación política y como consecuencia de circunstancias históricas y políticas el país transita hacia superar el bipartidismo y consolidar un nuevo mapa político, el cual da lugar a un esquema multipartidista. En esta situación, urge conseguir que se asuma uno de los componentes esenciales de la democracia cual es el respeto a la oposición, puesto que en nuestro contexto sobran ejemplos de intolerancia política, de manera que muchos sectores que han intentado erigirse como alternativas diferentes a las del poder han sido acallados. Por tanto, el respeto a la diferencia es pieza clave para posibilitar la existencia y contribución de las fuerzas opositoras a un proyecto democrático de sociedad. La oposición debe ser entendida y asumida de forma respetable, como reserva política y moral, como alternativa ante los desafíos de la gobernabilidad. La oposición equivale a la capacidad del sistema político para que los ciudadanos tengan referentes alternativos. Norberto Bobbio bien señala que la piedra de toque de la democracia política la constituye el trato que se depare a quienes disienten y se oponen por medios legítimos. 6. Política de oposición y disposición a consensos y acuerdos nacionales: En el esquema gobierno – oposición el PDA necesita adoptar su línea de actuación como fuerza política opositora. Sus guías son el Ideario de Unidad, el Programa de Gobierno y los consensos políticos y programáticos que se construyan de cara a la realización del Congreso y a las acciones políticas. El reto político inmediato es consolidarse como fuerza política mayoritaria con implantación en las regiones en las elecciones de 2007. Las formas de actuación deben saber relacionar el espacio parlamentario, la participación en gobiernos territoriales y en determinados ámbitos estatales y la vinculación con la lucha social y ciudadana. En consecuencia, adquiere alto valor el respaldo y la asimilación de la valiosa experiencia de los gobiernos locales y seccionales, a tono con la definición de los programas y las líneas de actuación particular en las

localidades y las regiones. Igualmente, la agenda legislativa se tendrá que organizar ahora con base en una línea de actuación unificada y a partir del trabajo de las bancadas, tendrá que organizar ahora con una línea de actuación y a partir del trabajo de las bancadas, lo cual redundará en el mejoramiento de la participación, los debates, las iniciativas y las posibilidades del control político en el Congreso y las demás corporaciones públicas. Así mismo, los sectores sociales y poblacionales requieren de líneas de acción, iniciativas políticas y organización coordinada y unitaria de las distintas vertientes del mismo polo en cada frente de actividad. La oposición al gobierno nacional no significa oposición a los demás gobiernos territoriales sino, por el contrario, de apoyo y alianzas hasta donde sea posible con ellos. Es preciso para las fuerzas opositoras reactivar la amplia convergencia política con otros movimientos políticos y organizaciones sociales. Significa ejercer una oposición con discurso sólido y sustento programático, contundente frente a las políticas y medidas gubernamentales y con capacidad de despliegue permanente de opinión, iniciativas y propuestas alternativas ante la ciudadanía. Requiere posicionar temas y propuestas de interés en la agenda pública. Asumir con seriedad y fundamentación los debates. Organizar acciones de fiscalización, de veeduría y de seguimiento a políticas y programas en curso a distintos niveles. Pero a la vez, en el ejercicio de la oposición es preciso convocar y participar en torno a consensos en ciertos tópicos de interés nacional como son el tratamiento a las gestiones de la paz, a la crisis humanitaria, a los desastres y emergencias que se llegaran a registrar y en la atención de algunos temas del interés nacional y en política internacional. Por supuesto, sin sacrificar la opinión independiente y la proyección de la propia actuación política opositora. En la actualidad desde distintos sectores se propone un pacto nacional con los propósitos de la verdad, la justicia, el acuerdo humanitario y la paz. Las demandas de verdad, justicia, reparación de las víctimas consiguieron un posicionamiento importante en la agenda pública, especialmente alrededor del debate sobre el marco legal necesario para el proceso de desmovilización paramilitar en curso. Desde las víctimas se ha forjado un importante movimiento de exigibilidad al respecto. A la exigencia del acuerdo humanitario para conseguir la liberación de las personas capturadas por las FARC se han sumado progresivamente aliados internos e internacionales. Ante los intentos de conceder casi total impunidad a los paramilitares acogidos a la desmovilización le surgieron fuertes resistencia internas e internacionales, rectificaciones importantes a la Ley de Justicia y Paz por parte de la Corte Constitucional y la rama de la justicia tiene el compromiso de obrar en consecuencia frente a las numerosas investigaciones en curso tanto a instancias de dicha ley como de forma ordinaria frente a las más de cien personas que incluyen funcionarios y miembros de corporaciones públicas comprometidas con el paramilitarismo. Cuando el país se horrorizaba y crecían las manifestaciones de repudio por el terror y los crímenes paramilitares, ser produjo el asesinato colectivo de los diputados del Valle secuestrados por las FARC, lo cual desató un inmenso repudio y una dinámica de movilización nacional contra el secuestro y en exigencia de la libertad de los afectados. En tal contexto se han producido varios llamamientos hacia un acuerdo nacional en estos temas. El Alcalde Lucho Garzón y el Gobernador Angelino Garzón han sido impulsores importantes del acuerdo humanitario y han convocado a un entendimiento nacional por la paz y la reconciliación. El senador Gustavo Petro luego de sus importantes denuncias sobre el paramilitarismo propuso un acuerdo nacional por la paz con énfasis en la verdad. La Iglesia Católica ha desarrollado múltiples acciones orientadas a la reconciliación, pero con el presupuesto del compromiso irrenunciable con los derechos de las víctimas y con la justicia. La CUT y demás centrales obreras plantearon un acuerdo nacional por la paz, la verdad y la democracia. El Partido Liberal en su reciente congreso acordó promover un voto simbólico por el acuerdo humanitario. El Congreso de las organizaciones de paz, las experiencias de constituyentes locales y la plenaria nacional de la Asamblea por la Paz han propuesto también un voto simbólico por la paz y el acuerdo humanitario. Este tipo de iniciativas se han conjugado, especialmente alrededor de la participación en las recientes movilizaciones de rechazo al secuestro y demanda de la libertad para proponer de manera consensuada una votación simbólica que retome las experiencias positivas de los mandatos ciudadanos realizados de

manera similar con anterioridad2 . Esta propuesta conllevaría el 28 de octubre en el contexto de la realización de las elecciones territoriales a la realización de esta votación, como nueva manifestación de la voluntad ciudadana tras los propósitos expuestos y como clara exigencia a las partes en conflicto para procedan al cumplimiento de las demandas humanitarias, a la suscripción del acuerdo humanitario y a avanzar hacia un proceso de paz definitivo y la renuncia a la guerra y a la violencia. 7. Compromiso con la exigencia del acuerdo humanitario: El acuerdo humanitario no debería ser la principal forma de conseguir los compromisos humanitarios que le obliga a las partes en el conflicto armado puesto que constituyen una obligación permanente e imperiosa a la luz del derecho internacional e interno. Por tanto antes que cualquier acuerdo o eventualidad de recurrir a solucionar problemáticas humanitarias derivadas de dicho conflicto, corresponde poner de presente el previo e irrenunciable rechazo a la toma de rehenes y los secuestros y a exigir la liberación inmediata e incondicional de los afectados así como corresponde la misma actitud con respecto a los homicidios, masacres, desapariciones, amenazas, desplazamientos forzados y demás atentados y violaciones cometidas por tropas oficiales y por grupos paramilitares o guerrilleros. En el caso de los miembros de la fuerza pública tomados como rehenes y los civiles secuestrados por las FARC plantear el recurso de la fuerza es una opción legítima y válida del Estado de Derecho, la cual se aplicaría de forma automática en condiciones de normalidad. El Estado debe actuar en todo caso salvaguardando la vida y la integridad de las personas dentro de los parámetros de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Pero en las condiciones de la guerra irregular que nos afecta, en tanto grupos armados organizados tienen control territorial, mando reconocido y capacidad de sostener hostilidades militares, se relativiza o incluso en espacios territoriales y sociales no existe el poder del Estado. Por tanto, al tratar la situación de la población afectada allí por los efectos de la guerra, además de exigir la correspondiente actuación de las autoridades estatales se hace preciso levantar exigencias frente a los irregulares y habilitar los acuerdos humanitarios. El acuerdo humanitario por consiguiente puede contribuir a garantizar el retorno con garantías de todos los cautivos por las FARC así como en el caso del ELN, mientras que la opción del rescate militar conlleva una muy alta probabilidad de fracasos y de riesgos para las víctimas. Además, contrastan las experiencias recientes de acuerdos humanitarios exitosos que consiguieron la recuperación de la libertad de las víctimas con los repetidos fracasos de los rescates militares con costos fatales para las víctimas. Para conseguir el acuerdo humanitario que actualmente se exige entre el Gobierno y las FARC, se necesita recuperar las aproximaciones conseguidas y explorar fórmulas adicionales con el concurso de los facilitadores y, en especial, de los tres países que prestan valiosos oficios. 8. La masacre de los diputados y las movilizaciones contra el secuestro y por el acuerdo humanitario: Tras el asesinato de los diputados del Valle las FARC merecieron con justeza el rechazo indignado de la población. Desde entonces ha cobrado mucha fuerza la exigencia a las guerrillas del abandono de la práctica del secuestro. Al respecto el ELN se pronunció en el sentido de la disposición a asumir un compromiso al respecto. Este hecho constituyó un crimen de lesa humanidad inadmisible, cometido contra

2 Nos referimos especialmente al Mandato por la Vida, la Paz y la Libertad de 1997 que obtuvo en su respaldo unos 10

millones de votos. Pero hay que recordar las históricas votaciones del movimiento estudiantil por la séptima papeleta en 1990 como precedente de la Asamblea Nacional Constituyente y las votaciones simbólicas también de los años noventa en Aguachica, de las niñas y niños en el ámbito nacional así como las que recientemente promovió Redepaz en Ciudad Bolívar, Bogotá, y Rivera, Huila.

civiles que habían sido tomados arbitrariamente como rehenes, mantenidos con amenazas y comportamientos arbitrarios que contrariaban las exigencias humanitarias para tales situaciones. Aunque no se conozca la información de lo en particular sucedió, sin duda le cabe responsabilidad directa –intelectual y material- a las FARC porque es la responsable de tales hechos que propiciaron el fatal desenlace y porque fueron masacrados en su poder. Señalar que hubo fuego cruzado, sin especificar la presencia de otro actor armado, es inconsistente e implica el reconocimiento de su propia responsabilidad. Distinta es la responsabilidad de tipo político que también le cabe al Gobierno nacional, en particular al Presidente de la República y a otras instituciones del Estado, por no haber cumplido con la obligación constitucional de brindar la protección y las garantías constitucionales y por no haber propiciado una solución efectiva a tal emergencia humanitaria, valiéndose de los recursos disponibles y, como parte de ellos, de la opción de implementar de manera oportuna el acuerdo humanitario. Razón le asiste también a Monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal, cuando señala una responsabilidad social, en el sentido de que ni el conjunto de las instituciones ni la misma sociedad habían hecho lo necesario para que tal circunstancia no se presentara. Las inmensas manifestaciones ciudadanas realizada en muchas ciudades del país el pasado 5 de julio pasado contra el secuestro y en exigencia de la libertad de las víctimas y la marcha y el significativo y masivo recibimiento en todos los lugares y que concluyó el 31 de julio con una gran expresión de apoyo al profesor Gustavo Moncayo y de exigencia del acuerdo humanitario, han contribuido a crear una nueva situación política de renovadas exigencias para proscribir como actuación el secuestro y para conseguir compromisos efectivos de las partes con el acuerdo humanitario. En estos hechos como en otros3 el protagonismo fundamental ha sido de las víctimas y ha contado con la solidaridad de numerosos sectores y de varios mandatarios locales y seccionales, en especial del alcalde Lucho Garzón en Bogotá y del gobernador del Valle Angelino Garzón. El Gobierno nacional se vinculó a las demostraciones del 5 de julio con la pretensión de conseguir respaldo a su política de fuerza y a la desmilitarización de un territorio para iniciar el diálogo con las FARC para el acuerdo humanitario. Estas demostraciones ciudadanas se articulan a una dinámica más diversa, en la cual confluyen las frecuentes movilizaciones y demás acciones de las organizaciones de las víctimas y de sectores sociales afectados por este y por otros motivos que explican sus protestas frente al Gobierno nacional. Con ellas concurre la importante movilización de los pueblos indígenas, las mujeres, los trabajadores y el fuerte movimiento estudiantil que irrumpió recientemente con marcado carácter civilista, en oposición a las medidas del Plan de Desarrollo que ocasionan el detrimento de la universidad pública. Se suma como hecho importante la denuncia de la presencia de grupos armados ilegales que interfieren de manera arbitraria en por lo menos un 30% de los municipios la realización de las elecciones de octubre, con hechos graves como los recientes asesinatos y atentados de las FARC contra concejales y la reactivación de una estructura paramilitar en buen grado conformada por mandos e integrantes de los anteriores grupos –desmovilizados y no desmovilizados-; estos hechos motivaron exigencias de garantías y acciones de veeduría interna e internacional por parte de varias organizaciones políticas y de organismos no gubernamentales. A propósito de esta situación se abre paso la iniciativa comentada de conseguir un amplio consenso nacional por la verdad, la justicia, la democracia y los acuerdos humanitarios. Al seno del PDA y de algunas organizaciones sociales se discute que constituye un error marginarse de tales dinámicas o circunscribirlas de manera estrecha a las fuerzas de la oposición, lo cual cerraría las posibilidades para conseguir tanto una amplia convergencia con los más diversos sectores, como a la vez resta posibilidades de entendimiento y de 3 Son de destacar entre otros hechos recientes el Encuentro de Víctimas pertenecientes a Organizaciones Sociales realizado

en Bogotá entre el 26 y 28 de julio con más de 2 mil delegados; la movilización simultánea de un número similar de indígenas desde el Cauca hasta Bogotá y la demostración hecha por los desplazados en la Plaza de Bolívar de Bogotá que contó con el apoyo solidario de la ACNUR y de entidades de derechos humanos.

maniobra en la pretensión de conseguir compromisos del Gobierno nacional en la resolución de tales temas, que además como lo afirmamos antes son del interés nacional y se soportan en expresiones de movilización ciudadana que supera las manifestaciones partidistas. 9. El PDA requiere un claro deslinde con la lucha armada y la violencia: En Colombia ha sido un hecho dramático la sistemática persecución violenta que se desató durante varias décadas contra todas las vertientes de la izquierda y contra los movimientos sociales de protesta, hechos en los cuales se ve comprometida, por omisión u omisión, la propia responsabilidad oficial. Pero a la vez, la prolongación de la actuación insurgente ha contribuido a cerrar los espacios de actuación legal para la oposición política. Así se revela un alto grado de dificultad para el ejercicio de la oposición política y para la expresión de los movimientos sociales. Entonces, constituye un asunto neurálgico conseguir la recuperación efectiva de un ambiente de garantías para el ejercicio de la política y para la labor de las organizaciones sociales. En términos políticos, la esencia de la paz estriba en la capacidad del Estado para garantizar las posibilidades de actuación política, el acceso a las instancias del poder y un marco de garantías en materia de derechos fundamentales y para el ejercicio de la oposición. En consecuencia, se necesita contribuir a generar un ambiente de tolerancia y de claro deslinde con la apelación a la violencia. La oposición política y en especial las vertientes de la izquierda democrática debemos asumir el rechazo sin ambages a la guerra y a la violencia. Esto exige también superar las lógicas de guerra presentes en la política, los intentos de involucramiento instrumental de los actores armados, a la vez que reconocer el concepto de contrincante político y no el de enemigo, susceptible de aniquilamiento. Y requiere de la movilización de la población civil contra la guerra, de exigir su solución política y adoptar una cultura política democrática, civilista y comprometida con los presupuestos de la resistencia civil y la noviolencia. La noviolencia constituye una práctica de resistencia pacífica pero activa, desarrollada por importantes movimientos en las últimas décadas,4 que rechaza el uso de la violencia, se opone a ella desde la fuerza social, la legitimidad de las causas y los presupuestos éticos, con el propósito de transformar situaciones de injusticia y conseguir transformaciones sociales y políticas. Además de significar el rechazo a la violencia en todas sus manifestaciones (directas, simbólicas y estructurales) conlleva un método para influir desde múltiples espacios cotidianos en el curso pacífico del conflicto y en la dimensión profunda y cultural de las transformaciones propuestas. (Lederach). En tal óptica, la perspectiva de la paz y la reconciliación adquieren la dimensión de un profundo proceso de transformación de las relaciones sociales a todo nivel, tras la violencia, de forma que la acción liberadora se concibe desde múltiples escenarios, actores y procesos. (Galtung). Al interior del PDA manifestamos preocupación porque durante la preparación, en los debates en torno a los proyectos de plataforma y en las mismas sesiones del Congreso de Unidad, incluyendo la discusión sobre la resolución final, no se logró el nivel de unidad suficiente en torno al tema de la paz, el rechazo a la violencia y a la guerra como formas de acción política. Hubo posiciones que no fueron aceptadas oficialmente como conclusión pero que expresaron la defensa de la guerra y de la violencia, así como en consecuencia la aceptación de la combinación de las formas de lucha legales e ilegales, política y armada, lo

4 Movimientos feministas, ecologistas y pacifistas, a la vez que se destacan hitos históricos como la reivindicación de los

derechos de la población negra en Estados Unidos, la lucha liderada por Ghandi para lograr la independencia de la India y la resistencia de Nelson Mandela en Suráfrica, entre otros casos.

cual choca frontalmente con los principios civilistas, pacíficos y de exclusiva apelación a la lucha política, social y moral que contienen nuestros presupuestos ideológicos y prácticos. Si bien la insurgencia tiene origen y raíces históricas, sociales y políticas que han sido reconocidas, ha perdido vigencia histórica la lucha armada –de la insurgencia y de la contrainsurgencia- y sólo corresponde asumir el tratamiento político para su resolución. A diferencia de otros países infortunadamente no se logró una negociación global del conflicto armado, de manera que los procesos de paz han sido parciales y han resultado importantes los pactos de paz conseguidos con parte de las organizaciones insurgentes en la década pasada5 y merece el apoyo y se esperan efectivos y prontos resultados de los diálogos que se adelantan con el ELN en La Habana. La existencia de la guerra para la política y las dinámicas sociales y en particular la existencia de las guerrillas con relación a la actuación política de la izquierda y de los movimientos sociales constituyen serios obstáculos. Las expresiones de autoritarismo e intolerancia hoy reforzadas desde el alto Gobierno nacional justifican el ambiente de guerra y asumen como pretexto la existencia de la insurgencia, para atacar e impedir el avance de un proyecto democrático y en particular para las aspiraciones del PDA. Más aún, la herencia de la lucha violenta y de la guerra incide negativamente en la mentalidad y en la opinión ciudadana, de forma que se obstaculiza la identificación y el reconocimiento de los presupuestos civilistas y pacifistas de nuestro proyecto político y no existe suficiente comprensión de nuestro deslinde con la guerra y la utilización de cualquier forma de violencia en la lucha política y en la protesta social. Este es un asunto que a nuestro juicio debe discutirse también al seno del Polo. No se encuentra justificación, por ejemplo, para que no se hubiera producido un rechazo claro y expreso del Ejecutivo Nacional con relación a la responsabilidad de las FARC con el crimen de los diputados así como con el asesinato de concejales recientemente sucedido, al igual que debe hacerse con los crímenes de Estado que siguen sucediendo y con la reaparición de la actuación de grupos paramilitares. Es decir, que estimamos que no puede haber ambivalencia en el rechazo a la lucha armada y a las actuaciones arbitrarias desde ella contra la población civil. No podemos ni debemos asumir costos políticos ni tener posiciones defensivas al respecto. Así como debemos ser claros en denunciar que la guerra y las acciones violentas y el recurso al terrorismo han servido para el ascenso de la derecha en Colombia, para la intolerancia y la justificación del ambiente de ausencia de garantías y grave crisis humanitaria. Con especial agudeza en la discusión se señala que el importante ascenso actual de la izquierda en Latinoamérica se sustenta en la lucha política, la lucha social y el respaldo de opinión ante alternativas creíbles de gobierno, más no desde los llamados a la guerra y a la insurrección que se hicieron en décadas pasadas y que nos ofrece al contrario un gran escollo como alternativa de gobierno en el país. El PDA debe asumir el discurso de la paz, adoptar una línea más clara e incidente al respecto, asumir concepciones y prácticas coherentes con la transformación y resolución pacífica de los conflictos a todo nivel y con la teoría de la noviolencia. Fortalecer las dinámicas de integración e intercambio en estos temas para nutrirse de los acumulados y experiencias conseguidos por movimientos sociales, locales y regionales en la última década. En especial la resistencia indígena, de las mujeres y de experiencias locales en contextos de violencia, así como amplias expresiones urbanas con el concurso ciudadano directo y de diversos movimientos sociales enseña formas de resistencia civil determinantes al respecto. Y en coherencia con ello, no tiene ninguna justificación auspiciar o aceptar las actuaciones violentas a partir de la lucha política y de la lucha social que emprendemos. Flaco servicio y difíciles circunstancias nos han

5 Acuerdos de paz con el M19 en 1990, con el EPL el PRT y el MAQL en 1991, con la CRS en 1994 y con otros grupos

milicianos y guerrilleros durante la década. La contribución de éstos procesos de paz y su protagonismo fue decisiva en la Convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente y en los logros conseguidos con la Constitución Política de 1991.

ocasionado y sin embargo, no han conllevado a una clara actitud al respecto de parte de todos los sectores al interior del Polo. 10. La experiencia del gobierno alternativo en Bogotá: El Gobierno de Lucho Garzón en el Distrito Capital, con la divisa del naciente Polo democrático y en alianza con el Partido Liberal, marcó la diferencia con el Gobierno nacional en hechos como conseguir la prioridad del gasto social en coherencia con el incremento de la inversión pública y el saneamiento de las finanzas. Avanzó en seguridad sin comprometer los derechos y garantías ciudadanas. Consiguió posicionar una forma de gobierno democrático sustentada en un plan de desarrollo enfocado en el ejercicio de los derechos humanos fundamentales y con apoyo en acciones decisivas de inclusión social y lucha contra las formas de discriminación. Su referente, era claro, se corresponden con los de una administración de talante democrático y no de carácter revolucionario ni con competencias para determinados asuntos del orden nacional o estructural. El Gobierno de Bogotá prioriza la política social. Su Plan de Desarrollo Bogotá sin indiferencia se sustenta en programas como Bogotá sin Hambre y Salud a su Hogar, en la gratuidad y atención especial para garantizar la educación de las niñas y niños de menores recursos y desarrolla programas para atender otros asuntos como la atención del voluminoso desplazamiento forzado. El asunto crítico del espacio público y los vendedores ambulantes fue tratado con acierto dentro de los parámetros constitucionales y mecanismos de concertación. Configura una política de seguridad ciudadana sustentada en presupuestos democráticos, lo cual confronta el enfoque autoritario de la política de seguridad del Gobierno Nacional. Y en materia política promueve los temas de la paz, la reconciliación y la exigencia del acuerdo humanitario. Su experiencia enseña que la seguridad debe ser parte de la agenda de los gobiernos alternativos y que demanda una importante inversión en lo social, estrategias de prevención, dispositivos de protección, defensa de los derechos de la ciudadanía y actuación legítima de la Fuerza Pública para reprimir el delito. En el 2006 se apreciaron los mejores resultados en seguridad de los últimos siete años, con notorio descenso de los hechos de violencia. Esto a pesar de sortear un período difícil por la penetración del narcotráfico y el paramilitarismo en la ciudad y por otros factores, ante lo cual la administración obró con medidas, recursos e intervención coordinada con autoridades de distinto orden. Así mismo, promovió la suscripción de pactos locales y sectoriales por la convivencia y propuestas como el desarme generalizado de la población civil. En la actualidad la administración distrital consigue articular políticas que responden al desarrollo institucional, la inversión en infraestructura y el desarrollo de la política social enfocada a superar las áreas críticas de la pobreza y la indigencia. La reforma político administrativa lograda es importante; en materia de nutrición, educación y seguridad se presentan innegables logros y deja proyecciones con la definición de planes maestros y el manejo presupuestario sano que garantiza recursos al siguiente gobierno. Sobresale también la política de reconocimiento de los derechos de sectores vulnerables, de los LGTB, afrodescendientes y pueblos indígenas. El programa complementario para la población desplazada consigue logros importantes,6 a la vez que el programa complementario para la reinserción adelanta una política diferenciada ante el discutido y poco eficaz programa nacional. No obstante estos y otros avances, aún son críticos los márgenes de pobreza e indigencia existentes, notorias las falencias en el tratamiento del tema ambiental, la consecución de resultados parciales en 6 A pesar de la inmensa dimensión del problema que aún no logra ser resuelto en su totalidad, se registran avances en la

atención a los desplazados, en contraste con los reiterados incumplimientos del Gobierno Nacional al respecto, lo cual ha llevado a partir de la Sentencia T-025 a la Corte Constitucional a declarar que existe un estado de inconstitucionalidad y presentarle una serie de exigencias perentorias.

materia de vivienda y no se superan los altos márgenes de desempleo. Aunque aparecen algunas medidas tributarias progresivas y hay el interés de frenar los altos grados de evasión, no se cuenta con suficientes políticas ni medidas que permitan avanzar hacia la redistribución del ingreso, ni dimensionar los esfuerzos y las políticas sociales con medidas estructurales,7 ni fomentar la producción con nuevos renglones que consigan real impacto hacia la superación del desempleo. Además, es claro que se abrió un debate sobre el tema de la movilidad urbana y, en especial, sobre las opciones en torno al sistema de transporte público de carácter masivo. Distintos factores indican que a pesar de los importantes resultados conseguidos con el sistema transmilenio no se consigue la solución requerida; a la vez, surgen discusiones sobre la alta concentración de intereses privados en sus proyectos, la necesidad de resolver democráticamente otras alternativas y la superación de la presión y los obstáculos impuestos por los grandes transportadores. Adicionalmente, en la nueva concepción de atender el tema de la movilidad urbana, aparecen como delicados temas no resueltos otros como el de la saturación del parque automotor, el deterioro de la malla vial –tratada con emergencia en un actual programa- y nichos de ineficacia y corrupción aún existentes especialmente con relación al transporte. Se reconoce desde la misma administración distrital y distintas voces señalan vacíos a resolver en temas cruciales como la movilidad, la malla vial, la vivienda, la salud y el medio ambiente. A lo cual podemos agregar la necesidad de profundizar en discusiones como el POT, las estrategias y medidas de promoción al desarrollo socioeconómico, las políticas de estímulo a las alternativas laborales, la atención al sector rural y al proyecto de región, la consecuencia con una estrategia de participación, la necesaria interlocución y los mecanismos de concertación inexistentes con varios sectores sociales, entre otros temas importantes. Además, hay que reiterar que se necesita conseguir claridad y mejoramiento sustancial en las difíciles relaciones alcalde – partido - bancadas y en la adopción de un programa y de una política del partido para la ciudad. La evaluación y los aportes de las bancas por Bogotá en la Cámara, en el Concejo y en las JAL así como en la gestión de las alcaldías locales, son determinantes al respecto. 11. El PDA como opción para el rescate del sano ejercicio de la política: Es necesario valorar el concepto de ejercicio de la política como asunto público, de interés colectivo y exento de los lastres que en su aplicación se han presentado. Responde a las exigencias de moralización de la gestión pública y de acabar con el perfil del político esquilmador y negociante, introduciendo fuertes ingredientes éticos. En términos culturales, como proyecto de sociedad y proceso social, es un reto pedagógico que implica una ruptura con las expresiones de degradación y mercantilización del asunto electoral. Este es un asunto también de la mentalidad y de los fundamentos de la cultura política democrática que se asocia a la construcción de una ciudadanía activa en la exigencia y el disfrute de sus derechos.

En medio de la profunda crisis política e institucional que vive el país, por diversos factores, el PDA cuenta con las mejores posibilidades políticas para proyectarse como opción de gobierno y para consolidarse como la primera y más importante fuerza política. Es alto el nivel de ilegitimidad y de compromiso con el paramilitarismo y con las mafias que afecta al conjunto de los partidos que conforman la coalición de gobierno y que repercutirá en el mediano plazo de manera determinante frente al Gobierno Nacional. A pesar de la intensa y sistemática labor diplomática del Gobierno nacional con avances no desestimables a

7 Aunque por supuesto algunas tendrán que responder a iniciativas del concejo y las de mayor importancia a medidas

legislativas del orden nacional, en lo cual se requiere así mismo superar la desarticulación entre la Alcaldía Mayor y las bancadas, en especial con relación al Congreso de la República.

su favor, ahora pueden apreciarse en los Estados Unidos y en el ámbito internacional también notorias consecuencias políticas de ésta situación.

El PDA, ha sido la fuerza política que con dignidad y valor civilista ha sido capaz de denunciar y confrontar políticamente este grave fenómeno, junto con otros sectores políticos y sociales, de forma que a pesar del ataques intolerantes y arbitrarios asumidos por el Presidente y su equipo de gobierno, lidera junto con algunos sectores políticos la lucha por la restauración del ejercicio sano de la política, la ética ciudadana, el Estado constitucional y la recuperación de un ambiente de garantías políticas. Este posicionamiento, a pesar de los riesgos necesarios de encarar, nos coloca en una situación excepcional en términos de proyección política.

El Polo cuenta con el posicionamiento de importantes liderazgos a distinto nivel, en las corporaciones públicas, en la lucha social y en distintos espacios de actuación regional y local. Sin embargo, hay que reconocer que en muchas ciudades y departamentos aún la presencia es precaria, se carece de dirigentes de suficiente perfil frente a las posibilidades políticas que se presentan y nos afectan expresiones de sectarismo y estrechez que incluso impiden la inclusión de nuevos sectores y limitan la consolidación de la influencia en amplios sectores de opinión. También nos limita seriamente la carencia del desarrollo de políticas sectoriales, territoriales y locales, al punto que perviven enfrentamientos, viejas prácticas y disputas entre sectores del mismo Polo, por lo regular atrincherados desde las posturas anteriores al proceso de unidad. Al revisar la estructura el polo es más un fenómeno de opinión, con desarrollo importante ante todo en Bogotá y en algunas regiones, pero con seria limitaciones organizativas incluso en la conformación de los equipos nacionales. Es demasiado escaso el desarrollo de las estructuras de base, locales y sectoriales. El Comité Ejecutivo Nacional si bien sesiona y consigue definiciones y consensos dista de seguirle el pulso a los intensos fenómenos nacionales y a las dinámicas sectoriales, regionales e internacionales, a la vez que el nivel de integración y la conformación de las comisiones y equipos de trabajo más funcionales no consigue resultados. Son notorias las dificultades y falencias en los pronunciamientos políticos, de forma que se carece de posición oficial unificada ante propuestas como la del acuerdo nacional por la paz y sobre otros temas importantes. Las formas organizativas si bien en su composición obedecen a los acuerdos de unidad que merecen respeto, no parecen responder a la real situación en muchas localidades y al querer de las mayorías, a la vez que no posibilitan la integración de nuevos sectores con el debido reconocimiento para su participación. El referente adoptado de los delegados elegidos al Congreso de Unidad y su adscripción voluntaria a diversas estructuras causó un impacto difícil de tratar en la conformación de los equipos de dirección departamental y municipal y se han producido tensiones y dificultades asociadas a las posiciones y a la promoción y el respaldo a las candidaturas en juego. 12. Campaña electoral, respaldo al resultado de las consultas y alianzas: La presente campaña electoral del PDA para las elecciones del 27 de octubre próximo serán determinantes para la proyección política nacional y para el posicionamiento territorial así como definirá una nueva situación en tanto en términos de la proyección política como de la situación interna. Lo resultados en Bogotá donde se trata de mantener el gobierno tendrán repercusión estratégica e impacto nacional. Además, existe el reto en todas las ciudades y regiones de recuperar y de ser posible ampliar el amplio respaldo conseguido con la exitosa campaña Gaviria Presidente.

En materia programática aunque se hacen esfuerzos aún son débiles, existe la propuesta de que podría existir un programa marco sobre los temas municipal, departamental y regional, que sirva de base y se complemente con las particularidades y con el reconocimiento de énfasis y de temas especiales como los del ordenamiento territorial, el modelo de desarrollo, las demandas sociales específicas, las fronteras, el impacto del conflicto, el tema agrario, las comunidades y territorios étnicos, la crisis humanitaria, etc. Por las circunstancias particulares en Bogotá hay una mayor aprehensión de temas programáticos y políticas que se reflejó en las precandidaturas y se avanza hacia la adopción de lineamientos unificados y asumidos como política de partido y con el concurso de la dirección distrital. El respaldo a las candidaturas ganadoras en las consultas es un hecho político de profunda repercusión positiva en lo interno en materia de unidad y potenciación de esfuerzos y en lo público porque a partir de la experiencia de la consulta para la candidatura presidencial y con las experiencias actuales, el PDA se aprestigia como el partido que respeta las reglas de juego, los acuerdos internos y practica la democracia en los procedimientos electorales, mientras en otros partidos prosperan las disputas, el irrespeto a las reglas de juego, las deslealtades y los conflictos no resueltos. De manera sorprendente el apoyo y el nivel de simpatía a favor de Samuel Moreno en Bogotá de inmediato consiguió capitalizar así el conjunto de la opinión favorable a todos los precandidatos que estaban en juego, como hecho constatado tanto a nivel de la opinión ciudadana como de los colectivos políticos comprometidos. Además, estos hechos corroboran una tendencia al crecimiento del PDA tanto en la capital como en otras ciudades ante circunstancias similares. No obstante, preocupa la escasa votación registrada en consultas realizadas en varias regiones. Es previsible que podamos conseguir un crecimiento superior al 100% de los concejales que en la actualidad son alrededor de 300 si se consideran todos los que vienen de organizaciones y sectores integrados al PDA y que están concentrados básicamente en unos 10 departamentos. Por supuesto, nos afectan las dificultades en materia de garantías en muchas regiones por la presión ilegal de los grupos armados, lo cual afecta de manera especial ámbitos rurales y regiones con fuerte impacto del conflicto. El avance con la experiencia de los gobiernos alternativos, locales y seccionales, a los que se logró acceder a partir de amplias coaliciones con fuerzas políticas democráticas y progresistas, marca un dilema puesto que de no conseguirse nuevos resultados en ese orden estaríamos ante un lamentable retroceso, máximo si en tales casos sobrevienen el triunfo de las fuerzas uribistas empeñadas en afianzar su proyecto regresivo. En Bogotá se trata de enfrentar la candidatura neoliberal de Peñalosa que representa tal corriente, de manera que el Polo a la vez que potencia su propia dinámica e iniciativa, debe buscar conseguir acuerdos con otros sectores a partir de las identidades políticas y programáticas. Aunque con ello no hay que ignorar la importancia determinante del voto de opinión en la capital del país; la polarización existente entre las dos campañas; el ascenso de nuestra campaña que ya en algunos sondeos supera al contendor; el positivo influjo del aprestigiado gobierno de Lucho Garzón y la existencia aún de un alto margen de inclinación al voto en blanco y de indecisos. Sin embargo, de manera equivocada al interior del Polo se presentan posiciones de sectores que niegan la política de alianzas que además es línea de actuación oficial definida desde el Congreso de Unidad. Hemos registrado en distintas regiones al respecto manifestaciones de sectarismo que conllevan a un análisis y una postura de polarización total entre la izquierda y el uribismo, de manera que se desestiman equivocadamente las posibilidades de las alianzas y los acuerdos, se estigmatiza a todo el que no está con la izquierda y el Polo y no se comprenden las posibilidades de actuación más amplia a partir de las circunstancias de cada caso. Ante esta equivocación que ha conllevado ataques sectarios contra los sectores que propendemos porque se aplique la política más amplia de alianzas, acuerdos y entendimientos señalamos que se ubican en contra de la definición política y la necesidad de crecimiento y amplitud que nos asiste.

Esta circunstancia impide a la vez el ingreso de nuevos sectores al Polo e incluso ha motivado en algunos casos el retiro de algunos militantes en varias regiones o a la búsqueda de acuerdos por fuera de la estructura del mismo PDA. Hay quienes aún están en otros partidos y desean ingresar al Polo con intenciones políticas constructivas y producto del posicionamiento político conseguido, pero que a sabiendas de este tipo de problemática manifiestan temor porque se pueden ver privados de la oportunidad de ingresar y de las garantías que les debe ofrecer el partido. Como impulsores de la Tendencia Democrática promovemos varias candidaturas en el ámbito nacional, respaldamos a los candidatos ganadores en las consultas internas y participamos de manera activa y entusiasta para que los resultados en estas elecciones nos perfilen como opción de gobierno hacia las elecciones presidenciales de 2010. Bogotá, D.C., 20 de julio de 2007.