Telesur: Un paso regional hacia la democratización de la comunicación

Eje temático n° 3: Comunicación, cultura y Política

Autora: Lic. Cecilia Beatriz Díaz

Institución: Graduada y docente de Universidad Nacional de La Matanza (U.N.La.M.).

Doctoranda en Comunicación Social (U.N.L.P)

Título de la Ponencia:

“Telesur: un paso regional hacia la democratización de la

comunicación”

“Comenzamos a desalambrar los latifundios mediáticos latinoamericanos en el camino de la

democratización del espectro televisivo en nuestra región. Era obvio y esperable:

después de 513 años se está terminando la afonía de las mayorías, y aquellos que

nunca tuvieron voz ni imagen hoy las comienzan a tener”

1er. Director de Telesur, Aram Aharonian, 2006

RESUMEN

La señal de noticias internacional Telesur salió al aire, por primera vez, el 24 de septiembre

de 2005 como producto de una decisión estratégica política-comunicacional, emitida y

pensada desde Latinoamérica. A partir de la asociación inicial entre las televisoras públicas

de Venezuela (51 por ciento), Argentina (20 por ciento), Cuba (19 por ciento) Uruguay (10

por ciento), el objetivo fue proponer una agenda alternativa al discurso de la

norteamericana CNN en español.

Sin dudas, Telesur implicó una etapa del proceso de instalación en el debate público del rol

de los medios de comunicación masivos en las democracias contemporáneas, al tiempo que

constituyó un antecedente del impulso de legislaciones, reformas y regulaciones a la

explotación comercial de los espectros radioeléctricos nacionales.

Esta iniciativa se contextualiza en la decadencia del paradigma neoliberal en la región y con

el surgimiento de gobiernos populares que encuentran su principal oposición en los medios

de comunicación concentrados. Éstos últimos habían configurado, en décadas, un mapa

mediático caracterizado por: la hegemonía de conglomerados de medios que continúan

produciendo contenidos desde los centros urbanos, con la exclusión de las minorías locales

y la finalidad comercial en la explotación de las licencias.

De ese modo, la creación de Telesur significó un instrumento concreto de la defensa de los

valores del pluralismo y soberanía cultural, pugnados desde la Academia y que se ponen en

juego en los flujos comunicacionales mundiales. Tal como lo hizo Al Jazzera, la señal de

noticias latinoamericana se propuso construir un espacio de resistencia frente a la lógica de

países periféricos-centrales así como también enfrentarse a las corporaciones locales que

instalan el pensamiento único en la región.

Sin embargo, la demanda por la democratización de la comunicación fue sostenida por la

academia y organizaciones sociales que no lograron alcanzar la atención de los pueblos

latinoamericanos. Por un lado, este pedido no constituía una inquietud electoral ni cotidiana

para la mayoría de los ciudadanos, acuciados por problemáticas más urgentes. Por otro

lado, toda reforma tendiente a regular a los monopolios mediáticos fue desarticulado por

ese actor, a través de la construcción de agenda, no sólo con la exclusión del tema, sino a

través de otros mecanismos que modelan a la opinión pública. Las etapas de ese proceso de

construcción del sentido fueron necesarias para desnaturalizar el status quo de la

comunicación masiva de licenciatarios privados. Esto implicó desarrollar otras reformas

parciales, como lo es la puesta en el aire de Telesur.

Por eso, la nueva señal es parte de un movimiento regional, ya que le han sucedido el

debate y la modificación de políticas de comunicación locales. En ese proceso, se

evidenciaron (y se evidencian) los desafíos gubernamentales para impulsar cualquier tipo

de reforma, ya que implicó la confrontación con un actor político de gran influencia en la

opinión pública, como lo son los medios de comunicación concentrados.

En síntesis, este trabajo se propone analizar y describir las características de Telesur como

estrategia geopolítica en vistas a su aporte a las discusiones sobre la democratización del

capital simbólico que conlleva la comunicación social.

Introducción

Desde la teoría de la Agenda Setting han proliferado los estudios focalizados en investigar

la influencia de los medios de comunicación por sobre otros actores sociales y políticos

(McCombs, 2006). Pero, ¿qué ocurre cuando el tema de agenda es una reforma en materia

comunicacional que afecta los intereses de los medios? ¿Cómo regulaciones sobre los

espectros radioeléctricos de la región como la producción de los Estados nacionales que la

componen construyen aceptación pública con un discurso tan influyente como el mass

mediático en contra?

En el continente Latinoamericano se sucedieron diversas políticas tendientes a la

integración de la comunicación regional, es decir: “acciones y omisiones de las instancias

estatales de todo tipo que, de acuerdo a las concepciones y legitimaciones de cada sociedad y

cada tiempo histórico, determinan u orientan los destinos de la creación, la producción,

difusión y consumo de los productos culturales y comunicativos” (Bustamante, 2003, p. 34).

Cuando se suceden medidas activas en políticas de comunicación se ejerce el rol del

estado como una responsabilidad que actúa como garante y estimulador del ejercicio de la

libertad de expresión y al mismo tiempo controla que no se cercene tal derecho, es decir

coordinador de acciones donde la comunicación es entendida como servicio público y la

información como bien social (Graziano, 1986). Por lo tanto la intervención pública en la

definición de políticas de comunicación es necesaria para garantizar una mayor

democratización de los sistemas de medios (Mastrini & Mestman, 1996). En ese sentido, la

legitimación de regulación aseguraría “el acceso, la diversidad de opinión –pluralismo- y una

verdadera independencia frente a los intereses creados” (McQuail, 1992). Esto se vuelve aún

más complejo al requerir el consenso de diversos Estados.

Sin dudas, instalar en el debate público la demanda y la acción para democratizar el

sistema mediático requiere de un proceso complejo en medio de un escenario adverso. En

este trabajo se sostiene que para llevar este tema de agenda de los ámbitos académicos y de

organizaciones sociales fue determinante la iniciativa de los Estados para desarrollar

proyectos regionales en materia comunicacional que iniciaron procesos de reforma en ese

sector. En ese sentido, la señal Telesur significó el inicio de la ruptura en la región del

paradigma neoliberal de la comunicación.

Telesur: La pantalla regional con ojos latinoamericanos

La señal de noticias internacional Telesur salió al aire, por primera vez, el 24 de

septiembre de 2005 como producto de una decisión estratégica política-comunicacional,

emitida y pensada desde Latinoamérica. Al inicio, se asociaron las televisoras públicas de

Venezuela (51 por ciento), Argentina (20 por ciento), Cuba (19 por ciento) Uruguay (10 por

ciento), y más tarde, Bolivia y Nicaragua (5 por ciento cada una), con el objetivo de proponer

una agenda alternativa al discurso de la norteamericana CNN en español.

Esta asociación nace por la coexistencia de gobiernos nacionales proclives a la integración

regional (Carballal Cano, 2009). De esa forma, ese es uno de sus principales objetivos junto a

constituirse como un medio de información alternativa en la grilla mundial, con una agenda

social latinoamericana.

En consecuencia, el género que predomina en la señal regional es el informativo pero con

un posicionamiento ideológico diferenciador que alcanza lo estético. Desde la comunicación

comercial la realidad se sintetiza en los noticieros de actualidad con el predominio de la

secuenciación ficcional de los hechos y esto tiene la intención de borrar el proceso histórico

en el que se enmarcan (Aharonian, 2006).

En la búsqueda por contextualizar los hechos, Telesur se vale de informes documentales,

mesas de debate, entrevistas con cientistas sociales entre otros géneros. La unión con la

historia se vincula con otro valor simbólico, tal como la defensa de la identidad cultural, es

decir a “Pluralidad de voces, variedad de enfoques: la inconmensurable diversidad de un

continente y su imaginario, más que una señal, Telesur es un punto de encuentro, un espacio

para (re)conocerse, comprenderse e integrarse” (Moya Padilla & Brito Delgado, 2006).

En efecto, Telesur constituye una ruptura con el rol neoliberal en la comunicación

instalado en la región, ya que conlleva a la llegada de la soberanía en los discursos

mediáticos, como una estrategia de acción política. Para entender dicho cambio, es necesario

caracterizar el poder mediático y su influencia para instalar agenda gubernamental y social.

La Agenda de la Mediocracia

El neoliberalismo en Latinoamérica se correspondió, históricamente, con la centralidad de

los medios de comunicación como vectores entre el poder político y una sociedad civil, cada

vez más numerosa y atomizada. Esto fue caracterizado por democracias representativas ya no

basadas en intereses clasistas, sino en imágenes mediáticas. Es decir, primaron los medios de

comunicación y la personalización de los dirigentes, en detrimento a los partidos políticos,

como espacios de lucha y debate (ABAL MEDINA, 2004, pág. 94).

En este proceso, la televisión fue el principal media porque instauró una revolución

multimedial. Parafraseando a Sartori (1998), se transformó al homo sapiens, producto de la

cultura escrita, en un homo videns para el cual la palabra fue destronada por la imagen. El

concepto de la “videopolítica” sintetizó el poder de la imagen para inducir opiniones,

pseudoacontecimientos y concentrar las campañas electorales.

El panorama fue abarcado por el debate acerca de la llamada crisis de la representatividad

política, donde confluyen desde análisis apocalípticos hasta otros más optimistas; como el de

Manin, quien sostiene que se experimenta una “metamorfosis” en la que se combinan

elementos de la democracia parlamentaria de Inglaterra, del siglo XVIII-XIX, en cuanto a la

creciente personalización, pero esta vez bajo la lógica mediática (MANIN, 1992).

En este sentido, se conceptualizó a este sistema político como “Mediocracia”. Para Meyer,

se trata de “la colonización de la política por los medios” (MEYER, 2002, pág. 35), como

signo del dominio mediático. Sin embargo, en este trabajo se opta por la acepción de Exeni

en la que se entiende “mediocracia no como gobierno de los mass media, sino como gobierno

cercado por la mediatización, […] de alta intensidad porque habita-altera, sin tregua, la

agenda nuestra de cada día” (2010, pág. 5).

Desde esta perspectiva, los medios de comunicación constituyen un nuevo actor en la

construcción de los problemas públicos en las democracias actuales, confeccionando una

agenda. Así, “se puede llamar propiamente formación de la agenda al proceso mediante el

cual las demandas de varios grupos de la población se transformen en asuntos que compiten

por alcanzar la atención seria de las autoridades públicas”, explican Cobb y Ross (1976, pág.

126).

Para eso, cada sector de la sociedad civil debe persuadir al resto y fundamentalmente a los

gobiernos sobre la relevancia y prioridad de su demanda, para que alcancen un lugar en la

agenda pública. “Los problemas de la política son entonces, construcciones sociales que

plasman ciertas concepciones particulares de la realidad” (Cobb & Elder, 1984, pág. 115) y

más allá de sus trayectos como temas públicos, un factor preponderante son sus definiciones

ya que “no son sólo estructuran y encuadran las elecciones posteriores de la política, sino que

también sirven para afirmar una concepción particular de la realidad” (loc. Cit.).

Constantemente en los sistemas democráticos contemporáneos entran en pugna las

agendas gubernamentales, mediáticas y sectoriales para conformarse en una única agenda

pública. En efecto, “por agenda de gobierno suele entenderse el conjunto de problemas,

demandas, cuestiones, asuntos, que los gobernantes han seleccionado y ordenado como

objetos sobre los que han decidido que deben actuar o han considerado que tienen que

actuar” (Aguilar Villanueva, 1993).

Por su parte, la agenda mediática posee un gran un valor para el resto de los actores por su

capacidad de difusión y anclaje en el público masivo. Incluso, esto se traduce en los

innumerables estudios basados en la teoría de la agenda setting y su influencia en las

percepciones de las audiencias en homologar la jerarquización temática que construyen los

medios con la pública (McCombs, 2006).

En la Mediocracia, “los medios de comunicación seleccionan/construyen un conjunto de

hechos o temas para otorgarles tratamiento noticioso-informativo-de opinión y, en esa

dinámica, establecen un criterio de importancia de los asuntos considerados como públicos,

los cuales tienden a influir tanto en el sistema político como en el llamado “clima de opinión

pública”. Así pues, la primera tarea de la fijación de agenda, la más evidente, consiste en el

proceso de selección/construcción temática mediante el cual se incluyen tanto como se

excluyen un conjunto de asuntos para su tratamiento informativo” (Exeni, 2010, pág. 25).

Camino hacia la democratización de la comunicación: La demanda por la integración

“La lucha (por los derechos a la comunicación e información) sigue siendo política, se

basa en una disputa en torno a recursos económicos y simbólicos, y es cada vez más

necesario volver a plantear la necesidad de democratizar los recursos comunicacionales de la

sociedad”, exhortaron los comunicólogos argentinos Guillermo Mastrini y Diego de Charras

(2005), cuando las reformas tendientes a pluralizar los medios de comunicación en

Latinoamérica se percibían improbables. Sin duda, el diagnóstico fue compartido por la

comunidad académica y por las organizaciones sociales representativas de intereses

minoritarios, que fueron excluidos de la propiedad de licencias y la producción de contenidos

por la legislación heredada de los regímenes militares y/o reformas en la década de los 90’,

en privilegio de la concentración económica.

En el caso argentino, la demanda de estos sectores cobra fuerza con la recuperación

democrática en 1983, donde no solo se exige la propiedad de licencia sino la distribución de

lo simbólico. Desde el ámbito académico se pugnaba por la democratización del

conocimiento universitario: “la reapropiación social de la ciencia, y se articula alrededor del

abordaje de problemáticas socialmente relevantes, de manera de garantizar el acceso al

conocimiento necesario y suficiente para que los ciudadanos y ciudadanas puedan tomar

decisiones autónomas respecto de estas temáticas” (Gugliotta & Spiegel, 2010). Ese

mecanismo en los medios de comunicación implica “una decisión política que demanda

enfrentar distinto tipo de desafíos” (Ibíd.).

A pesar de este reclamo, se inició un proceso de aplicación de medidas neoliberales en la

comunicación que resultaron en la conformación de multimedios que propagaban el

pensamiento único (RAMONET, 2001).

Más allá de las alternancias de gobierno de distinto signo político en América Latina, la

propiedad de los medios tradicionales viró hacia “conglomerados pluri-industriales de la

comunicación producto de la inyección que el capital extranjero y la convergencia

tecnológica impregnaron al sector” (Blanco & Germano, 2004, pág. 13). Un escenario que se

replicó y profundizó hasta inicio del siglo XXI en los países de la región con las

denominadas industrias infocomunicacionales (diarios, radio, televisión, cable, telefonía

móvil, discografía, editoriales y acceso a internet) cuyas cuotas de mercado de audiencia y

publicidad fueron monopolizadas por empresas multinacionales (Becerra & Mastrini, 2009).

La comunicación comercial, entonces, se consolidó en detrimento de los valores

comunitarios, informativos y ciudadanos, de tal forma que la demanda de la academia y de

las organizaciones sociales no logró ubicarse como agenda pública, ni siquiera

gubernamental durante ese período. “En la Argentina, en el mejor y en el peor momento

político- institucional, el poder se ocupó de pactar con la industria mediática revelando la

importancia de este sector para la construcción de consenso y hegemonía” (Blanco &

Germano, 2004). Por eso, de las relaciones entre los actores políticos y los medios de

comunicacióni surgen “las políticas públicas de comunicación, […] desde la omisión (no

definirla explícitamente o apoyar procesos de desregulación son acciones que tienen

consecuencias) o de definiciones específicas con diversos niveles de articulación”

(Koschützke & Gerber, 2011, pág. 92).

Otros dos aspectos impidieron que la demanda de este sector calara en la preocupación de

los pueblos latinoamericanos. Por un lado, este pedido no constituía una inquietud electoral

ni cotidiana para la mayoría de los ciudadanos, acuciados por problemáticas sociales más

urgentes. Por otro lado, toda reforma tendiente a regular a los monopolios mediáticos fue

desarticulado por ese actor, a través de la construcción de agenda, no sólo con la exclusión

del tema, sino a través de otros mecanismos que modelan a la opinión pública. En este

sentido, existen: “el framing o enfoque marco respecto a la interpretación del contenido de

los asuntos considerados relevantes y, luego, a una suerte de “preparación del público”

(priming) a fin de conceder ciertos atributos a los asuntos incluidos en la agenda” (Exeni,

2010, pág. 26).

De este modo, cada iniciativa de regulación y/o intervención activa del Estado en el

mapa de la comunicación fue relegado a un espacio marginal y amenazante para la agenda

pública. En un panorama global, “al haberse convertido la comunicación (extendida a la

informática, la electrónica y la telefonía) en la industria pesada de nuestro tiempo, estos

grandes grupos pretenden ampliar su dimensión a través de incesantes adquisiciones y

presionan a los gobiernos para que anulen las leyes que limitan las concentraciones o

impiden la constitución de monopolios o duopolios” (Ramonet, 2003).

Las reformas locales al sistema de Medios de Comunicación

En la década de los años setenta, en la región se dieron innumerables discusiones y

seminarios-congresos sobre la necesaria integración comunicacional. Surgieron ideas y

proyectos pero pocas concreciones. Telesur irrumpe teniendo como base muchas de esas

ideas.

Por ejemplo, existen antecedentes de proyectos comunicacionales integracionistas ya

desde el siglo XIX. En ese sentido, “encontramos el periódico Correo del Orinoco, fundado

por Simón Bolívar en 1818, y el periódico Patria, fundado por José Martí en 1892. Ya en el

siglo XX, […] y bajo el impulso de la Revolución Cubana, se gestaron en Latinoamérica

esfuerzos mediáticos como Prensa Latina y la Federación Latinoamericana de Periodistas

(FELAP)” (Carballal Cano, 2009).

En el periodo contemporáneo, nuestro continente revela “la desigual distribución de las

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y la falta de acceso a la información que

tiene una gran parte de la población mundial, fenómenos que suelen denominarse brecha

digital, son de hecho una expresión de nuevas asimetrías en el conjunto de brechas sociales

existentes” (Aharonian, 2006). Ya desde el informe Mc Bride para la UNESCO, se impulsa a

que el Estado tienda a equilibrar el poder de los privados y lo público, en pos del interés

comunitario, donde las definiciones de las medidas requieren de “la asignación de los

recursos públicos, las decisiones referentes a la estructura global de las actividades de

comunicación, la eliminación de los desequilibrios internos y externos, y una definición de

las prioridades” (Mc Bride, 1987, pág. 170).

Por otra parte, el contexto actual nos interpela en las concepciones comunicacionales ya

que “hemos sido entrenados para pensar que comunicación alternativa significa

comunicación marginal; pero hoy debemos cambiar estos paradigmas y asumir que la única

forma de plantearse la batalla de las ideas, es con una estrategia comunicacional masiva, que

sea realmente alternativa al bombardeo constante, hegemónico, que nos llega desde el Norte”

(Aharonian, 2006).

Si bien Latinoamerica comenzó a discutir y sancionar reformas (de mayor o menor grado

de radicalización) en el sistema mediático, la ley argentina de Servicios de Comunicación

Audiovisual (S.C.A.) resulta un paradigma a nivel mundial por su debate, diseño y sanción.

Su principal objetivo por garantizar la pluralidad de voces y contenidos, la ubica como una

antecedente para las otras regulaciones regionales.

El punto de origen de la Ley de S.C.A fue el documento titulado “21 puntos básicos por el

derecho a la Comunicación”ii elaborado por la Coalición por una Radiodifusión Democrática

Argentina, que reunió desde instituciones nacionales e internacionales, a representantes del

ámbito académico, trabajadores del periodismo y la comunicación, hasta figuras de diversas

fuerzas políticas. El acuerdo preveía la concepción de una nueva legislación que sustituya el

decreto-ley de la última Dictadura militar y que garantice “el pluralismo informativo y

cultural”.

Para tal fin, uno de los acuerdos centrales de este documento fue destinar el 33 por ciento

del espectro radioeléctrico a señales sin fines de lucro con el “criterio de asignación de

frecuencias, sobre el plan de servicios y la inserción de las entidades en su comunidad”

(Coalición por una Radiodifusión Democrática-Argentina, 2004).

Asimismo, estas reformas promueven el sentido de participación de las audiencias para

favorecer el intercambio. En correspondencia, para la discusión del texto de la ley se

organizaron, desde la intervención del COMFER, foros de debate en universidades

nacionales, con la participación de estudiantes, cientistas sociales, profesionales de la

comunicación y el periodismo, y trabajadores de medios alternativos/comunitarios de todo el

país.

Sin embargo, estos encuentros no obtuvieron la cobertura periodística por la construcción

de la agenda mediática. En este punto, el desafío de quienes demandaban la democratización

del espectro radioeléctrico y su impulso (la iniciativa gubernamental) era lograr el consenso

social sobre la necesidad de debatir una reforma de estructuras de los medios de

comunicación. En simultáneo, el público masivo recibía un contra-discurso constante y

homogéneo, advirtiendo sobre los “peligros” del control sobre la prensa.

No obstante, en escenarios similares, Telesur llevó a la cobertura de otras alternativas de

comunicación acordes con su proyecto político y estratégico como “la no renovación de la

concesión a RCTV, el debate sobre la democratización de los medios de comunicación en

Venezuela, organizando las Jornadas Internacionales “El derecho a informar y estar

informado”, en Caracas, en mayo de 2007” (Carballal Cano, 2009). Mientras que como

estructura “ha firmado convenios de colaboración y de asesoría para que el Estado

nicaragüense habilite el Canal 6 como señal de televisión pública, mantiene asistencia

técnica y en infraestructura para habilitar el primer canal de televisión estatal de Ecuador”

(Ibid.).

En este sentido, “la construcción de un medio de comunicación audiovisual hemisférico,

con la misión de difundir una versión real de la diversidad social y cultural de América

Latina y el Caribe, no solo será el reflejo que el mundo recibirá de la región, sino un impulso

a todas las estrategias de cambio” (Moya Padilla & Brito Delgado, 2006) .

Sin dudas, la definición, como prioridad de la agenda pública, de las regulaciones a los

sistemas de medios de comunicación, dependió de otras iniciativas gubernamentales

graduales y previas en políticas de Estado sobre la comunicación. En efecto, “el poder se

ejerce fundamentalmente construyendo significados en la mente humana mediante los

procesos de comunicación que tienen lugar en las redes multimedia globales, locales de

comunicación de masas, incluida la autocomunicación de masas” (Castells, 2010, pág. 535).

Y en ese proceso, Telesur es la primera medida tendiente a plasmar los valores de la

democratización del espectro radioeléctrico, integración e identidad cultural en

Latinoamérica.

Conclusiones

La puesta en el aire de Telesur no resulta un mero canal de televisión, sino la ruptura del

paradigma neoliberal del rol del Estado en la comunicación ya que significó la puesta en

marcha de un proyecto regional que interpreta la esfera mediática como el campo donde se

ponen en juego una serie de valores simbólicos tales como la identidad, integración,

ciudadanía, cultura y educación, los cuales por su importancia no pueden dejarse en manos

del mercado.

Este cambio estratégico responde al contexto histórico actual donde los medios masivos

de comunicación actúan y desarrollan escenarios de socialización donde lo político no puede

estar ausente. Según García Canclini, “no ocuparse hoy de las industrias culturales es como

si hace un siglo los políticos se hubieran negado a legislar sobre ferrocarriles y a

promoverlos, como si hace 50 años no se hubieran ocupado de los coches y el transporte

público, o 30 años atrás de los electrodomésticos y las fuentes de energía; las industrias

culturales son recursos igualmente estratégicos para el enriquecimiento de las naciones, la

comunicación y la participación de sus ciudadanos y consumidores” (García Canclini, 2001).

En efecto, para la creación de Telesur fue fundamental la decisión política de gobiernos

populares, elegidos democráticamente y comprometidos con el ideal de la integración

americana. Transformarse en Estados comunicadores implica la inversión en capital y

también el enfrentamiento con el poder concentrado de los conglomerados mediáticos,

quienes funcionan como el principal opositor a los proyectos políticos actuales.

En la puja entre las agendas gubernamentales y mediáticas, ¿quién logra instalar la

necesidad de reformas tendientes a mayor intervención del Estado en la comunicación, en el

interés popular? En ese sentido, Telesur demuestra que otro enfoque informativo sobre la

región es posible y de ese modo, cuestiona el tratamiento corporativo de las grandes cadenas

internacionales de noticias y lleva al debate público el rol de los mass media en las

democracias actuales.

En simultáneo, la participación de los estados latinoamericanos en el proyecto político-

comunicacional de Telesur abrió procesos locales para impulsar la regulación en los sistemas

de medios. Si bien los resultados presentan matices en términos de sanción e

implementación, la concentración de la propiedad, el discurso único, la falsa objetividad de

la noticia y el lucro en el mensaje, quedaron al desnudo frente a la mirada de los pueblos.

Bibliografía

ABAL MEDINA, J. M. (2004). La Muerte y la resurrección de la representación política.

Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Aguilar Villanueva, L. (1993). “Estudio Introductorio” en Problemas públicos y agenda de

gobierno. México: Porrúa.

Aharonian, A. (28 de agosto de 2006). Democratizar la comunicación. Rebelion.org.

Alfonzo, A. (2007). “Medios de información, partidos políticos y sociedad civil:

Reflexiones para una agenda sobre cultura democrática en América Latina”.

Seminario Internacional "Medios de comunicación, política y democracia en

Centroamérica y República Domínicana. Managua.

Becerra, M., & Mastrini, G. (2009). Los dueños de la palabra: Acceso, estructura y

concentración de los medios en la América Latina del Siglo XXI. Buenos Aires:

Prometeo .

Bisbal, M. (2006). Telesur: ¿Concretización de un proyecto comunicacional- político

regional? Comunicación.

Blanco, D., & Germano, C. (2004). 20 años de Medios & Democracia en la Argentina.

Buenos Aires: Fundación Konrad Adenauer Stiftung.

Bustamante, E. (2003). Hacia un nuevo sistema de comunicación mundial: Las Industrias

culturales en la era digital. Barcelona: Gedisa.

Cahn, M. (1995). The Policy Game. En S. Theodoulou, & M. Cahn, Public Policy: The

essential readings (págs. 333-341). Prentice Hall.

Carballal Cano, A. (2009). Telesur. Construyendo una televisión para la integración

latinoamericana. Nueva época(24).

Casar , M. A., & Maldonado, C. (2008). Formación de agenda y procesos de toma de

decisiones: una aproximación desde la Ciencia Política. Documentos de Trabajo del

Centro de Investigación y docencia económicas, número 207.

Castells, M. (2010). Comunicación y poder. Madrid: Alianza.

Coalición por una Radiodifusión Democrática-Argentina. (2004). Hacia una nueva ley de

radiodifusión. 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. Mate amargo,

pág. http://www.mateamargo.org/mate/files/21puntos.pdf.

Cobb, R., & Elder, C. (1984). Agenda- Building and the politics of aging. Policy Sciences

Journal, 115-129.

Cobb, R., & Elder, C. (1995). Issues and Agendas. En S. Theodoulou, & M. Cahn, Public

Policy: the essential readings (págs. 96-104). Prentice Hall.

Cobb, R., Ross, M., & Ross, J. (1976). Agenda building as a comparative political process.

American Political Science Review, 126-138.

Córdoba, M. L. (2010). El derecho a la comunicación como demanda democrática: notas

sobre la experiencia de la Coalición por una Radiodifusión Democrática en

Argentina. Seminario Internacional Medios, Gobiernos y Ciudadanías

Latinoamericanas frente a las transformaciones en políticas de comunicación,

Programa de Estudios sobre Comunicación y Ciudadanía- Red AMLAT, CEA-UNC.

Córdoba: Mimeo.

Coscia, J. (24 de enero de 2012). Trabajar por la pluralidad de voces. La Nación.

Crettaz, J. (4 de septiembre de 2011). Una ley en señal de ajuste. La Nación.

Di Paolo, B. (diciembre de 2011). Estrategias de enunciación del discurso de prensa:

análisis de los encuadres en la cobertura de la Ley de Servicios de Comunicación

Audiovisual. Recuperado el 13 de febrero de 2012, de

http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/oficiosterrestres/article/viewFile/1225/1139

Exeni, J. L. (2010). Mediocracia de alta intensidad Bolivia: Medios de comunicación y

democracia en contextos de cambio. La Paz: Instituto Internacional para la

Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA).

Fair, H. (2010). El Debate político en torno a la Ley de Servicios de Comunicación

Audiovisual en la Argentina ¿Hacia una mayor democratización social o hacia un

incremento del autoritarismo? Intersticios, Revista Sociológica de Pensamiento

Crítico, volumen 4.

García Canclini, N. (2001). ¿Por qué legislar sobre industrias culturales? Nueva Sociedad,

61.

Graziano, M. (1986). Política o ley: debate sobre el debate. Espacios, Facultad de Filosofía

y Letras (UBA).

Gugliotta, J., & Spiegel, A. (2010). La Universidad Pública y la decisión de democratizar

conocimientos: desafios de la producción de contenidos para la televisión educativa.

Gabinete de Comunicación y Educación.

Guzmán, V. (Septiembre-Noviembre de 2011). "La Participación en los Foros por una

nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina. El caso de los

pueblos indígenas / originarios". Recuperado el 18 de febrero de 2012, de Revista

Derecom: http://www.derecom.com/numeros/articulo0507.html

KOSCHÜTZKE , A., & GERBER, E. (2011). Progesismo y Comunicación: Manos a la

obra. Buenos Aires: Fundación Friedrich Ebert.

Lorenc Valcarce, F. (2005). ”La sociología de los problemas públicos: Una perspectiva

crítica para el estudio de las relaciones entre la sociedad y la política” . Nómadas,

Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, número 12.

MANIN, B. (1992). Metamorfosis de la representación. En ¿Qué queda de la

representación política? Buenos Aires: Nueva Sociedad.

Marín, R. (10 de julio de 2007). TV con valor agregado y sin golpes bajos. La Nación.

Mastrini , G., & Mestman, M. (1996). ¿Desregulación o reregulación? De la derrota de las

políticas a las políticas de la derrota. Cuadernos de información y comunicación

CIC, 81-88.

Mastrini, G., & De Charras, D. (2005). 20 años no es nada: del NOMIC a la CMSI. 20 años

no es nada: del NOMIC a la CMSI. Buenos Aires, UBA (Ciencias de la

Comunicación).

MC BRIDE, S. (1987). Un solo mundo, voces múltiples. Comunicación e información en

nuestro tiempo. México: Fondo de Cultura Económica.

McCombs, M. (2006). Estableciendo la Agenda: El impacto de los Medios en la Opinión

Pública y el Conocimiento. Barcelona: Paidós Ibérica.

McQuail, D. (1992). La acción de los medios: los medios de comunicación y el interés

público. Buenos Aires: Amorrortu.

MEYER, T. (2002). Mediocracia: ¿Rumbo a una democracia diferente? En F. PRIESS,

Relación entre política y medios; propuestas alemanas en una perspectiva

comparada (págs. 35-49). Buenos Aires: Fundación Konrad Adenauer Stiftung.

Temas Grupo Editorial.

Monje, D. (2009). La imposible región. Propuesta para el análisis comparativo de las

políticas de radiodifusión diseñadas para los sectores privado comercial,

social,comunitario y público, entre los socios fundadores de la unión regional

MERCOSUR. Revista de Economía Política de las Tecnologías de la Información y

Comunicación EPTIC, vol. XI, n. 2, mayo – ago.

Monje, D. I. (2010). Políticas de radiodifusión frente a procesos de integración regional:

caso Mercosur 1991-2007. tesis para optar al grado de Doctora en Ciencias

Sociales, FLACSO. Buenos Aires: Mimeo.

Montecinos, E. (2001). Límites del enfoque de las políticas públicas para definir un

Problema Público. Cuadernos de Administración.

Moya Padilla, N., & Brito Delgado, J. (2006). Telesur: con la brújula en la historia y en la

identidad de nuestros pueblos. III Conferencia Internacional: La obra de Karl Marx

y los desafíos del siglo XXI. La Habana.

Novelli, C., & Pincolini, C. (2008). Tv de Proximidad y alfabetización audiovisual.

Comunicar, Revista Científica de Educomunicación, 491-495.

RAMONET, I. (2001). ¿Cómo nos venden la moto? Barcelona: Icaria.

RAMONET, I. (octubre de 2003). El Quinto Poder. Le Monde Diplomatique.

Rincón, O. (2010). ¿Por qué nos odian tanto? Estado y Medios de Comunicación en

América Latina. . Bogotá: Centro de Competencia en Comunicación para América

Latina Friedrich Ebert Stiftung.

Rodriguez Miranda, C. (2011). TDT, Una promesa de entrada a la Sociedad de la

Información. Caso Argentina. Razón y Palabra, núm. 76, mayo-julio.

Rodríguez Múrua, C., & Vega, R. (2006). Los planes estratégicos del desarrollo como

nuevo campo de la Planificación comunicacional. Buenos Aires: Facultad de

Ciencias Sociales UBA, Material de Cátedra Metodología del Planeamiento en

Comunicación.

SARTORI, G. (1998). Homo Videns. La sociedad teledirigida. Madrid: Taurus.

Segura, M. S. (2011). “De lo alternativo a lo público. Las tomas de posición de las

organizaciones sociales en vistas a democratizar las comunicaciones (Argentina,

2001-2009)”. Derecho a Comunicar, nro. 2, 205-226.

Tosoni, M. M. (2010). "Sintonizando lo popular: Las radios comunitarias y la Ley de

Servicios de Comunicación Audiovisual en Mendoza. Recuperado el 10 de febrero

de 2012, de IV Congreso Interoceánico de Estudios Latinoaméricanos:

http://congresobicentenario.webuda.com/files/mesa07_tosoni.pdf

Zunino, E. (2011). "Planificación y Comunicación en América Latina: balance, alcances y

perspectivas". Recuperado el 10 de febrero de 2012, de Difusiones, UCSE-DASS:

http://www.ucse.edu.ar/dass/difusiones/Planificacion_y_Comunicacion.html

i En las obras ya citadas, estas relaciones son caracterizadas de “matrimonio por convivencia y conveniencia”, complicidad

o sometimiento del poder mediático sobre el político.

ii Coalición por una Radiodifusión Democrática-Argentina. (2004). Hacia una nueva ley de radiodifusión. 21 puntos básicos

por el derecho a la comunicación. Disponible en: <http://www.mateamargo.org/mate/files/21puntos.pdf> [Consulta:

noviembre 2010.]