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Reforma Agraria: Fracaso del colectivismo

PhD. Absalón Vásquez V.PhD. Jesús Abel Mejía M.

PhD. Issaak Vásquez R.

ÍNDICE

I. Introducción ............................................................................................................... 4

II. Antecedentes ............................................................................................................. 9

III. Ley de Reforma Agraria: Decreto Ley 17716 ...........................................313.1. Promulgación de la Ley de Reforma Agraria ............................................323.2. Principios Básicos de la Ley de Reforma Agraria ....................................333.3. Características de la Ley de Reforma Agraria .........................................343.5. Etapas en la Aplicación de la Ley de Reforma Agraria ..........................413.7. Proceso de Aplicación de la Ley de Reforma Agraria............................453.8. Administración de las empresas intervenidas ..........................................503.9. Organización y constitución de las empresas autogestionarias ..... 523.10.Subsidios del campo a la ciudad ......................................................................573.11.Afectaciones, expropiaciones y adjudicaciones: 1969 – 1991 ........603.12.La Producción y Productividad: 1950 – 2020 .........................................703.13.Precios en chacra de principales producos agrícolas ...........................833.14.Evolución de la inflación en el Perú: 1922- 2020 ...................................873.15.Proceso de parcelación de las empresas autogestionarias ...............883.16.Efectos del terrorismo en las empresas autogestionarias ................92

IV. Principales causas del fracaso de la Reforma Agraria ........................1014.1. Causas externas a las empresas autogestionarias ..............................1014.2. Causas internas en las propias empresas autogestionarias ...........110

V. Consecuencias de la reforma agraria ........................................................1275.1. Consecuencias positivas ..................................................................................1285.2. Consecuencias negativas .................................................................................128

VI. Deuda pendiente: -Bonos de reforma agraria .......................................132

VII. Historias verdaderas de la reforma agraria ............................................138

VIII. Bibliografía .............................................................................................................154

IX. Anexos ........................................................................................................................157

I. Introducción

La Reforma Agraria fue un proceso gestado en el tiempo desde fines del siglo XIX hasta la década del 60 del siglo pasado. Las condicio-nes semifeudales de la explotación de los hombres del campo, espe-cialmente en la sierra, era insostenible. Los hacendados mantenían costumbres, muchas de ellas, con continuidad desde la Colonia. A partir de la década del 50, los diferentes partidos políticos conside-raron, dentro de sus propuestas electorales, la necesidad de llevar a cabo una reforma agraria a favor del campesinado. Así, en 1956, el candidato Manuel Prado Ugarteche, quien postulaba a un segundo mandato, ofreció iniciar un verdadero proceso de reforma agraria, promesa que le permitió ganar las elecciones generales de ese año. Al iniciar su gobierno, el 10 de agosto de 1956 crea, mediante De-creto Supremo, la Comisión para la Reforma Agraria y de la Vivien-da (CRAV), encargando su ejecución a su primer ministro, don Pe-dro Beltrán Espantoso, terrateniente y dueño del diario La Prensa. La mencionada comisión, en el tiempo establecido, hizo entrega del Proyecto de Ley, el mismo que posteriormente fue encarpetado en el Congreso de la República.

El tema de la Reforma graria continuó siendo un asunto pendiente. En los siguientes procesos electorales, se mantenía como la promesa más importante de los candidatos presidenciales que aspiraban ga-nar, es decir, era la promesa favorita para ganar las elecciones. En las elecciones generales de 1963, el Arquitecto Fernando Belaúnde Te-rry fue elegido Presidente Constitucional, teniendo como propues-tas llevar a cabo una profunda reforma agraria y la nacionalización de los yacimientos petrolíferos de La Brea y Pariñas. Durante su go-bierno, se expidieron las leyes 14646 y 14648, ambas relacionadas a expropiaciones de tierras, y; luego, el 21 de mayo de 1964, es apro-bado el proyecto de ley que había sido enviado por el Ejecutivo al Congreso de la República. Se promulgó como Ley 15037. Posterior-mente, es aprobada la Ley 15272, a fin de hacer efectiva la aplicación de la ley anterior. Con las leyes antes mencionadas, no se cumplía, en absoluto, con la promesa electoral. Ello generó un gran desconten-to en el campesinado. Con todo ello y los abundantes escándalos de corrupción que afectaban al gobierno del Arq. Fernando Belaúnde, sobresaliendo el de la pérdida de la página 11, relacionado con un

contrato petrolero con la International Petroleum Company (IPC), desencadenó que el 3 de octubre de 1968 se produjera un golpe de estado encabezado por el General EP Juan Velasco Alvarado.

Este gobierno militar fue quien, finalmente, el 24 de junio de 1969, promulga el Decreto Ley 17716, más conocido como la Ley de Re-forma Agraria. Este hecho terminó por cambiar de manera radical la historia y la estructura agraria del país, expropiando y pagando a va-lor castigado de libros y con bonos agrarios. Hasta el día de hoy, esa deuda no se termina de pagar. Los objetivos que se propusieron con dicha ley fueron:

a. Eliminación del latifundio y del minifundio,b. Establecimiento de modelos asociativos de producción, de pro-

piedad colectiva y de base campesina,c. Aumento de la producción y productividad en el campo, asegu-

rando así el aumento de los ingresos y del poder adquisitivo de las familias campesinas marginadas, y

d. El desarrollo paralelo de las industrias de transformación prima-ria en el campo, entre otros.

Uno de los principales resultados técnico-económicos logrados con la reforma agraria fue el fracaso total del modelo colectivista de la propiedad que impusieron en las empresas asociativas que se forma-ron. Asimismo, se puede afirmar que con el proceso de reforma agra-ria se acentuó, considerablemente, el minifundio de la propiedad de la tierra, al haberse parcelado al año 1990 casi la totalidad de las coo-perativas agrarias -excepto las cooperativas azucareras- y algunas otras empresas asociativas creadas durante el mismo proceso. Esto se debió, entre otras cosas, a la descapitalización y crisis económica por la que atravesaban, a la falta de confianza entre los socios y a la corrupción de muchos dirigentes y funcionarios al interior de estas empresas autogestionarias.

Así, la estadística oficial, da cuenta que en 1961 el número de parcelas llegaba a 2’486,748 y en el año 1972, se incrementaron a 4’741,207 y para el año 2012; el número total de parcelas suman 5’147,415.

Por otro lado, en lo referente al aumento de la producción y la pro-ductividad, se tuvo que, en el año 1969, la papa alcanzó un rendi-miento promedio nacional de 6.11t/ha; el trigo de 0.93 t/ha; el maíz amiláceo 0.98 t/ha; la quinua 0.45 t/ha; la caña de azúcar 140.6 t/ha; maíz amarillo duro (MAD) 2.52 t/ha; el arroz 4.05 t/ha y el algodón 1.51t/ha; y, para el año 1992, se tuvo un rendimiento promedio para la papa de 7.43 t/ha; el trigo de 1.04 t/ha; el maíz amiláceo de 0.92 t/ha y la quinua 0.50 t/ha; la caña de azúcar 99.3 t/ha; MAD 2.86 t/ha; arroz de 4.98t/ha y algodón 1.25 t/ha. Es decir, con la reforma agraria, lograron todo lo contrario a lo que inicialmente se habían propuesto, tanto en la eliminación del minifundio, así como en el in-cremento de la productividad. Para mayor ilustración sobre este as-pecto; se presenta, en el apéndice, la estadística oficial completa de la productividad de todos estos cultivos y especies pecuarias. Por otro lado, la Reforma Agraria condujo también a la descapitaliza-ción en el campo y la eliminación de la participación de las empresas privadas en el agro. Lo anterior contribuyó, lamentablemente, en la disminución de la inversión en nuevas tecnologías y al estancamien-to y empobrecimiento del agro nacional que, hasta el momento, no logra recuperarse a plenitud.

Los ideólogos y los responsables de llevar adelante el proceso de Re-forma Agraria se equivocaron; porque pensaron, tal como lo sostu-vo José Carlos Mariátegui, que el problema central del campo era la concentración de la tierra y que, por lo tanto, debería ser distribuida mejor. Ello no era totalmente cierto; pues olvidaron que, no solo bas-taba la tierra; sino que, además, se necesitaba insumos, capital, tec-nología, capacidad y calidad humana, mercados, precios adecuados e infraestructura básica que no construyó el Estado.

Por otro lado, los ideólogos se volvieron a equivocar al pensar que las Comunidades Campesinas (CC) de la sierra eran empresas colec-tivas de producción; desconociendo que eran organizaciones mixtas donde convivía la propiedad individual con el sistema colectivo y que la principal función de las CC, era la defensa de sus miembros y su representación ante las diferentes instancias del Estado. Asimismo, se equivocaron una vez más al pensar que las Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS), que formaron en la sierra, serían similares a

las Cooperativas Agrarias de la Costa, es decir, empresas modernas. Fue falso, porque en casi todas las SAIS, se mantuvieron una parte del personal sin salarios y que recibieron un pedazo de terreno a cambio de que trabajen, durante unos 10 a 15 días del mes, gratis para la em-presa. Es decir, en algunos casos, se mantuvieron algunos rezagos de las ex haciendas. Por último, producto de las expropiaciones efectua-das por la reforma agraria, hasta el día de hoy existe una deuda impa-ga a los ex propietarios, constituyendo a todas luces una violación a los derechos de las personas afectadas.

Toda esta experiencia traumática vivida en el agro peruano debe servir de reflexión a nuestros líderes políticos, autoridades guberna-mentales y sociedad en general, que los destinos de nuestro país de-ben ser conducidos con absoluta responsabilidad. Las consecuencias negativas de las medidas que se adopten afectarán siempre a los más pobres, a quienes se dice favorecer. Esta historia no debería volver a repetirse jamás en nuestra patria.

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La reforma agraria en el Perú

II. Antecedentes

La reforma agraria que se llevó a cabo en nuestro país fue un lar-go proceso, con una extensa etapa de gestación y de ejecución, que abarcó desde fines del siglo XIX hasta gran parte del siglo XX. Debe entenderse, con claridad, que, hasta mediados del siglo XX, se tenía dos tipos de haciendas o latifundios. En la costa, haciendas capitalis-tas, con avanzada tecnología y una buena gerencia; y en la sierra, la mayoría de las haciendas con características feudales, con tecnolo-gía heredada desde la colonia, con baja productividad, con el manejo de la empresa por la familia, con una relación de servidumbre y abu-so con la gente que trabajaba en dichas haciendas y, en la mayoría de casos, con trabajadores no asalariados que vivían en condiciones infrahumanas.

Las primeras voces acerca de la necesidad de que en nuestro país se requería llevar adelante un profundo cambio estructural en el campo datan desde fines del siglo diecinueve, siendo el principal promotor don Manuel González Prada quien fue una de las figuras más influyentes en las letras y la política del país de fines del siglo XIX y comienzos de siglo XX. Él percibió la creciente presión social del campesinado contra la injusta distribución de la tierra y el abuso. Es decir, el 90% de las tierras de aptitud agraria del país estaba en manos del 5% de propietarios; además, del pobre nivel de vida del hombre del campo se venía arrastrando desde la Colonia y se acen-tuó desde los primeros años de la República.

De esa época de oprobio, se tiene aún como recuerdo el azote y otros castigos en cuerpo desnudo al campesino, marcado de su cuerpo con fierro caliente, encierro en calabozos especialmente construidos para esos fines, el trabajo forzado de sol a sol, el trabajo no asala-riado, el abuso contra la esposa e hijas del campesino por parte del patrón o de sus hijos; entre otros muchos hechos detestables que se presentaban, especialmente, en las haciendas y latifundios de la sierra. Se puede decir, sin exageración, que, en esa época, el campesi-no, particularmente de la sierra, era considerado como una bestia de carga o un animal más del “propietario” o “dueño” quien era más co-múnmente llamado como patrón, hacendado o gamonal. En tal con-dición, por tanto, podía disponer del campesino o de su familia como

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mejor le pareciera, según sus intereses, caprichos o extravagancias.Desde finales del siglo XIX, la idea de reforma agraria fue tomando cuerpo gobierno tras gobierno hasta convertirse en una corriente doctrinaria que fue reivindicada por ilustres pensadores como Luis E. Valcárcel, Víctor Raúl Haya de la Torre, José Carlos Mariátegui, Hildebrando Castro Pozo, entre otros. Del mismo modo, fue materia de denuncias literarias por parte de escritores como Clorinda Matto de Thurner, José María Arguedas y Ciro Alegría, entre otros que, ins-cribiéndose en la corriente indigenista, denunciaron el estado de po-breza extrema, injusticia social y abusos en el campo, especialmente en la sierra donde imperaba el sistema feudal en las haciendas y en los grandes latifundios.

Esta vertiente nacional se fortaleció con los planteamientos refor-mistas que llevó a cabo EEUU, después de la segunda guerra mundial implementando programas de redistribución de la propiedad rural como parte de los procesos de reconstrucción económica de los paí-ses derrotados, como Japón, Filipinas, entre otros. El objetivo fue debilitar a los poderosos terratenientes y favorecer a la clase media de dichos países.

La situación de la agricultura en nuestro país venía arrastrando pro-blemas estructurales y hasta psicológicos, heredados desde la época de la Conquista. Desde el inicio, los españoles se dieron cuenta que en el territorio conquistado existía un potencial muy grande de oro y plata. En consecuencia, los conquistadores y la gente de su entor-no, responsables de la administración, definieron que la actividad económica más importante que se debería priorizar era la actividad minera. Con esta política, se relegaba automáticamente al sector agrario a un segundo plano, después de haber sido el sector más importante durante las épocas preinca e inca. Según algunos inte-lectuales y religiosos españoles de la época como Bernabé Cobo, la agricultura que ellos encontraron era una de las más avanzadas del mundo. Para llevar adelante sus planes de extracción minera, reque-rían mano de obra abundante y de un sistema esclavista del trabajo, en otras palabras, hacerlos trabajar hasta que ya no puedan o hasta que mueran.

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Por otro lado, las mejores tierras para cultivo o ganadería de los di-versos valles de la costa y sierra fueron ocupadas por los españoles, descendientes o allegados, despojando a los nativos lugareños. Ello implicaba que los nativos o lugareños eran expulsados hacia las tie-rras marginales lo cual ocasionó rápidamente una falta de alimentos para los pobladores nativos. La población, en el año 1532, bordeaba los 11 millones de personas que comenzó rápidamente a disminuir, debido a la falta de alimentos por la reducción de la superficie cose-chada y al sometimiento a trabajos forzados en la extracción mine-ra donde, la gran mayoría, encontró la muerte. El maltrato y muerte de los nativos era tan grande que, en un momento, incluso la propia corona española tuvo que intervenir directamente dando leyes para que se respeten algunas tierras a favor de los nativos, sobre la base de los Ayllus. La designación de Comunidades Campesinas recién apareció en la etapa de la República.

Por la aplicación de esta política durante la conquista y el colonia-je, al momento de la Independencia, en el año 1821, la población de nuestro territorio nacional bordeaba tan solo 1 200,000 personas. Es decir, en aproximadamente 330 años, la población había descen-dido de manera alarmante. A esa política, se sumaron las enfermeda-des que introdujeron los conquistadores, el hambre y el abuso a los que fueron sometidos los nativos y sus descendientes. En la práctica, se llevó a cabo un exterminio masivo de nuestra población nativa.

A partir de la Independencia en 1821 -utilizando el poder político y militar de la época- los mestizos, criollos y extranjeros fueron arre-batando las tierras de las poblaciones nativas y sus descendientes, a fin de incrementar la extensión de sus propiedades. Los dueños nati-vos de las tierras arrebatadas pasaron a ser arrendatarios o braceros de los nuevos dueños de las mejores tierras agrícolas del país; y, en otros casos, pasaban a trabajar tierras totalmente marginales. Este proceso se fue acentuando paulatinamente tanto en la costa como en la sierra, hasta que poco a poco se fueron formando las grandes haciendas o latifundios. En la sierra, se fueron formando los grandes latifundios que tenían, muchos de ellos, hasta cerros con una canti-dad pequeña de pastos naturales para la ganadería, pero con altas pendientes que dificultaba su aprovechamiento.

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Asimismo, en las tierras con altas pendientes, tenía lugar una perma-nente erosión de los suelos y su paulatino empobrecimiento. La su-perficie de aptitud de uso agrícola, en comparación con el tamaño de los latifundios, era relativamente muy pequeña, y estas eran, mayor-mente, áreas con pastos, bosques naturales y áreas de protección. El área bajo riego era relativamente escasa, por lo que predominaba la agricultura de secano.

La situación era diferente en la costa, pues los suelos eran de buena calidad, especialmente para el uso agrícola y la mayor cantidad de tierras estaba bajo riego. Además, cada año recibían una gran canti-dad de sedimentos y nutrientes que era transportada por el agua de lluvia que procedía de la sierra. Ello mejoraba aún más su calidad, en detrimento de los suelos de la sierra. Como se conoce, en la costa se presentan las avenidas de agua de lluvia, fundamentalmente en los meses de enero hasta abril o mayo, correspondiendo al resto del año, una situación de falta de agua en los ríos, salvo en los ríos Santa, Pa-tivilca, Cañete y Camaná. Incluso, en muchos de los valles. existía un alto potencial de aguas subterráneas para su aprovechamiento.

A partir de la revolución industrial, los países europeos, liderados por Inglaterra, y América del Norte por EEUU; se constituyeron como los motores de la innovación tecnológica y de la demanda de materias primas de la agricultura peruana. Por otro lado, teniendo como base las ganancias provenientes del comercio del guano y el salitre, se van formando poco a poco grupos inversores en la actividad ganadera y agrícola para la exportación, especialmente, de la caña de azúcar y algodón, en la costa y, lana de ovino y fibras de alpaca para la sierra. Con este fin, se van incorporando una serie de tecnologías modernas y, al mismo tiempo, se importan maquinarias de última generación, fundamentalmente para la producción de azúcar. Con ello, se van modernizando y abandonando las prácticas de producción y proce-samiento de la colonia.

En este contexto, ya para los años 1850 a 1875, se fueron consoli-dando y creciendo las grandes haciendas en la costa y los latifundios en la sierra. De esta manera, se fue imponiendo el gamonalismo como una forma social, económica y política de los diferentes pueblos ale-daños a ellos. En los latifundios de la sierra, emergió la clase domi-

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nante donde el gamonal no sólo manejaba sus tierras y su produc-ción, sino que incluso gravitaba y ejercía una gran influencia en la vida social, económica y política y, también, del propio desarrollo de los caseríos, villorrios, distritos e incluso hasta nivel provincial y regional donde se ubicaba su propiedad. La clase dominante ejercía un poder casi absoluto, influyendo decididamente en la designación de jueces, alcaldes, gobernadores, tenientes gobernadores, entre otros. Incluso, definía si era necesaria la gestión y construcción de escuelas, postas, carreteras o cualquier otra obra que podría ejecu-tar el Estado o que sea promovida por él mismo y con participación de la población lugareña.

Igualmente, decidían en las fiestas del pueblo, definían los organiza-dores, la duración, los invitados foráneos, etc. Por otro lado, cuando se presentaba un caso de que una autoridad local o profesor, le era incómoda, inmediatamente gestionaba su remoción. Es decir, man-tenía un absoluto control en los pueblos aledaños a su jurisdicción. En síntesis, el gamonal decidía sobre el destino de la gente dentro de su jurisdicción y de la población de los diferentes pueblos aledaños.

Luego, la Guerra del Pacífico devastó el agro nacional, pues por don-de pasaba el ejército chileno, se producían saqueos, destrucción, vio-laciones, abusos y muerte; constituyendo, en la práctica, el retroceso y la ruina para el desarrollo del agro. Como resultado, la exportación del algodón se redujo en más del 70% y los industriales azucareros tuvieron que pagar grandes cupos de dinero a los militares chilenos, a fin de que no les destruyan sus plantaciones e ingenios. Esta si-tuación generó una profunda crisis económica, social y política que conllevó una reestructuración en el sistema de producción agraria de nuestro país que incluyó el cambio de dueños de muchas hacien-das, pues para muchos de ellos, las cuantiosas pérdidas ocasionaron la quiebra y el remate de sus haciendas. Para otros, significó la posi-bilidad de iniciar, crecer y modernizarse, aunque; en muchos de los casos; lo hacían en parte de tierras de las comunidades campesinas o del despojo de sus tierras a los pequeños campesinos nativos.

En el año 1890, el aporte del agro representaba en el producto bruto interno de nuestro país alrededor del 15%. En la sierra central, algu-nos hacendados fueron perdiendo el control de sus tierras que te-

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nían desde mucho antes de la guerra con Chile, y pasaron a manos de grandes sociedades ganaderas, de propiedad de la oligarquía limeña. Así, se fueron formando y consolidando muchas de las verdaderas haciendas y latifundios de la costa y sierra.

Desde inicios de la década de 1920, los humos de la fundición de la Oroya comenzaron a contaminar las aguas y los pastos de la zona, afectando la actividad agropecuaria, especialmente, la ganadera. El funcionamiento de la fundición y su permanente contaminación ocasionó que los hacendados y comuneros de la zona se vean obli-gados a vender sus tierras, que ya estaban improductivas. Esa venta de tierras, y a muy bajo precio, fue a la propia Cerro de Pasco Cooper Corporation; con lo cual muchos comuneros pasaron a trabajar en la mina, en la fundición, en la gran hacienda y otros tuvieron que migrar a otros lugares. Pocos años después, la empresa instaló purificadores de los humos de las chimeneas, recuperando los pastos afectados, así constituyeron su área ganadera, sobre la base de un gran latifundio de cerca de 500,000 ha. convirtiéndose en el más moderno de la sie-rra peruana.

Desde los primeros años del siglo XX, la élite agroexportadora na-cional y algunos grandes empresarios de los otros sectores económi-cos comenzaron a intervenir más activamente en la conducción de nuestro país. Apoyaron a candidatos que los representen y cuiden sus intereses, tanto para la presidencia de la república como para se-nadores y diputados. Consecuentemente, gravitaban decididamente en la designación de ministros y otras autoridades de nivel nacional, departamental o local.

Paralelamente, desde inicios del siglo XX y más específicamente a partir de 1910, comienzan a presentarse movimientos y protestas campesinas. En el sur peruano, se acentuó desde los inicios de la década del 20, con crecientes movilizaciones campesinas que mos-traban su descontento con la situación de ese momento. En la sie-rra, se destacó la gran movilización de 1924 en Puno, encabezada por Teodoro Gutiérrez, más conocido como Rumi Maqui, la cual fue duramente reprimida por las fuerzas del orden. Las manifestaciones campesinas se fueron incrementando en forma gradual con el trans-currir de los años.

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En la costa, también, por esos años comienzan las luchas de los tra-bajadores para formar sus sindicatos, especialmente en las hacien-das azucareras, para exigir mejores condiciones de trabajo (8 horas de trabajo), educación para sus hijos y mejores salarios. Las luchas fueron intensas y, en algunos casos, con enfrentamientos con las fuerzas del orden e inclusive hasta con las mismas fuerzas armadas. En algunos casos, por efectos de la represión feroz, se produjeron pérdidas lamentables de vidas, pues los hacendados siempre conta-ban con el apoyo de todos los gobiernos y sus autoridades.

En la sierra, sobresalían las grandes haciendas o latifundios de la sie-rra central y del sur peruano. Especialmente destacan las de Cusco y Puno donde se logró desarrollar y modernizar la ganadería de ovi-nos y alpacas para la producción de lanas y fibras para exportación.

Por otro lado, la crisis mundial desatada a partir del año de 1929, y posteriormente, la segunda guerra mundial fortaleció la agricultura de exportación en la economía nacional. Así, en el año 1930, el país era considerado eminentemente agrario, pues, los 2/3 de la pobla-ción era rural y habitaban mayormente en la sierra. En los primeros años de esta década, la actividad agropecuaria era la actividad eco-nómica que más aportaba al PBI nacional, la agro exportación repre-sentaba alrededor del 50% del total de las exportaciones de nuestro país; además, este sector proveía divisas y ocupaba gran parte de la mano de obra de la población económicamente activa. Los principa-les productos de exportación eran el azúcar, algodón y lanas, cuyo valor de exportación, en un momento, era similar al valor de las ex-portaciones de cobre, plata y petróleo.

Durante la década del 40 y parte del 50, la agro exportación siguió desempeñando un rol decisivo en la economía nacional; puesto que el valor de las exportaciones de origen agropecuario tales como: azúcar, algodón, café y lanas eran muy importantes generadoras de divisas que el país necesitaba. No obstante, el resto de la actividad agropecuaria que abastecía de alimentos a nuestra población, con-tinuaba bastante golpeada por los bajos precios de sus productos en el mercado interno, a pesar de que cobijaba a la gran mayoría de nuestro campesinado, especialmente de la sierra.

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En este punto, es importante tomar en cuenta que, desde los años de la década de 1820, comienza un cambio del eje de desarrollo eco-nómico y social del país, que, desde el incanato, la colonia y hasta el inicio de la república, había sido la sierra. Los sucesivos gobiernos co-mienzan a cambiar esta realidad dando más prioridad al desarrollo de la costa y el consecuente abandono de la sierra.

En el cuadro 1, se presentan los aportes al PBI nacional de los prin-cipales departamentos durante el período 1795-2017. Allí, se puede observar claramente que en el año 1795 el aporte al PBI nacional de los departamentos de la sierra como Cajamarca, Ancash, Pasco, Ju-nín, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, entre otros, era sumamente importante y cercano al aporte que efectuaba el depar-tamento de Lima. A partir del año 1827, se observa que Lima comien-za a incrementar su aporte al PBI nacional, y los otros departamentos del interior empiezan a disminuir en forma lenta pero sostenida.

Esta tendencia se mantuvo con ciertas variaciones hasta el año 1913, observándose que en las décadas siguientes la importancia del apor-te del PBI de los mismos departamentos al PBI nacional comenzó a disminuir sustantivamente. Así, el aporte del Cusco cayó de 11.67% que era en el año 1795 hasta 1.52% en 1980 y habiendo sido en el año 2017 de 2.07%. Puno, en el año 1827, tuvo un aporte del PBI de 8.56%, y cayó hasta 1.62 % en el año 2017. Ayacucho tuvo el mismo comportamiento, pues en el año 1795, el aporte del PBI era de 8.89% y en el año 2017 era de tan solo el 0.96%. Pasco, en el año 1795, tuvo un aporte del PBI del 6.33% y el año 2017, fue de solo 0.35%. Ancash tuvo un aporte hasta del 8.91% en el año 1876; y, en el año 2017, fue de tan solo 1.77%. Similar comportamiento tuvo Cajamarca, que, en el año 1827, su aporte del PBI llegó hasta el 5.53% y para el 2017, solo era de 1.66 %. Arequipa tuvo un aporte al PBI de 6.11% en el año 1,795 y en el año 2017, solo fue de 5.31%. Mientras esto ocurría en los departamentos especialmente de la sierra y algunos de la costa; en el departamento de Lima ocurría todo lo contrario, el aporte de su PBI en el año 1795 fue de 12.33%, cifra que fue creciendo en for-ma constante y sostenida hasta alcanzar en el año 2017, la cifra de 65.17%. Esto representa el gran centralismo limeño que se fue ges-tando durante todo el período analizado, y que se aceleró desde la proclamación de la independencia en 1821. Ello significó, consecuen-

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temente, el empobrecimiento y olvido de la sierra y selva peruana y, en mucho menor grado, de algunos de los departamentos de la costa.

Aporte del PBI de los principales departamentos al PBI nacional: 1795 - 2017(%)

DEPARTAMENTO 1795 1827 1876 1913 1950 1960 1970 1980 1990 2007 2017Tumbes 0,23 1,18 0,29 0,39 0,34 0,33 0,31 0,32 0,45 0,26 0,22Piura 2,63 2,62 3,12 11,54 11,27 8,76 6,65 5,01 4,65 2,95 2,55Lambayeque 2,29 2,96 5,91 5,16 3,36 3,08 3,08 2,45 3,44 2,23 2,11La Libertad 5,16 4,33 4,95 7,57 4,19 3,98 3,96 3,06 3,80 3,96 3,42Cajamarca 3,97 5,53 4,91 3,74 2,29 1,99 1,81 1,66 1,85 2,28 1,66Ancash 4,88 6,60 8,91 7,33 4,40 4,22 3,95 2,69 2,62 2,08 1,77Ica 2,26 1,26 3,74 4,16 3,71 3,95 3,39 1,99 2,08 2,24 2,72Pasco 6,33 1,90 2,56 1,60 0,73 1,05 0,79 0,71 0,69 0,59 0,35Junín 3,76 3,00 2,25 5,51 3,92 3,92 3,67 3,24 3,22 2,52 2,60Huancavelica 2,97 2,28 2,77 2,00 1,47 1,58 1,26 1,22 1,10 0,67 0,57Ayacucho 8,89 5,23 4,74 2,52 1,46 1,28 1,30 0,86 0,89 0,84 0,96Apurimac 4,97 4,76 3,52 1,50 1,28 1,04 0,78 0,67 0,64 0,38 1,22Cusco 11,67 9,95 7,19 3,94 2,85 2,10 1,74 1,52 1,91 1,76 2,07Puno 3,46 8,56 4,51 3,99 2,74 2,25 2,06 1,77 1,81 1,75 1,62Lima 12,33 12,20 15,23 18,84 43,82 48,71 54,85 59,06 57,44 63,72 65,17Arequipa 6,11 6,59 6,64 7,97 4,45 3,84 3,64 3,70 4,31 4,83 5,31Amazonas 1,67 2,39 1,18 0,71 0,52 0,55 0,50 0,61 0,79 0,75 0,66San Martín 2,55 2,49 2,57 1,36 1,16 1,06 0,81 0,89 1,11 1,05 1,07Loreto 2,25 3,49 1,42 2,10 1,69 1,51 1,32 4,33 3,07 1,2 0,74Huánuco 2,22 1,79 3,18 2,61 1,44 1,46 1,23 1,07 1,15 0,8 0,81Ucayali 2,96 4,98 1,52 1,53 0,75 0,66 0,68 0,67 0,75 1,14 0,88Moquegua 1,19 1,74 0,82 1,03 0,46 0,44 0,45 1,18 0,96 0,83 0,56Tacna 1,94 1,18 2,64 2,01 1,36 1,97 1,56 1,17 1,04 0,92 0,75

Cuadro 1

Nota Seminario (2015)Elaboración propia

Por otro lado, en las décadas del 30 al 50, las protestas y las moviliza-ciones se fueron acentuando más y más contra los gobiernos de tur-no, porque los campesinos los consideraban como los defensores del orden oligárquico y feudal, que imperaba, especialmente en la sierra. La exigencia de las protestas era por tierras para ser trabajadas, edu-cación, salarios, entre otras mejoras. Entre los años 1955 al 1968, se acentúan las invasiones de tierras y movilizaciones campesinas. En-tre los años 1956 y 1964, se presentan sucesivas movilizaciones y como consecuencia de toda la insatisfacción de la masa campesina, se llegó a desarrollar la movilización más grande, desde la rebelión de Túpac Amaru II.

Los comuneros y los campesinos colonos, yanaconas, arrendatarios o pastores de las haciendas de la sierra buscaban reivindicar las tie-rras que ellos consideraban que les habían sido arrebatadas por los terratenientes y en complicidad con las autoridades de turno. Enar-bolaron como lema de su lucha “tierra o muerte”.

Como corolario de todas estas luchas y ante la sordera e indiferen-cia de los gobernantes y la clase política, en el año 1965, durante el gobierno del Arq. Fernando Belaúnde Terry, comienzan a actuar

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abiertamente las guerrillas en la sierra y ceja de selva, que como ban-dera central de lucha exigían reformas profundas en lo referente a la propiedad de la tierra. Estos movimientos fueron rápidamente repri-midos por las fuerzas armada; pero, al mismo tiempo, quedaba cier-ta preocupación, pues algunos oficiales que participaron en la lucha contra la subversión consideraban justos los reclamos. Ellos pudie-ron ver con sus propios ojos los abusos que cometían los hacenda-dos, la pobreza y el hambre que sufrían los campesinos; así como a la falta de oportunidades de trabajo para la nueva población que se insertaba a la economía, se sumaba que la población en el sector ru-ral había crecido y, lógicamente, la tierra resultaba insuficiente para poder vivir.

Toda esta situación que se vivía desde los años 20 se fue tornando en insostenible, obligando que muchas personas y familias enteras migraran principalmente a la costa y en menor número a la selva o protestar para conseguir algo de tierras en sus propias zonas. Este fe-nómeno se fue acentuando y es a partir de inicios de la década del 40, que, en las grandes ciudades, especialmente Lima, y otras de la costa o sierra y en menor grado en la selva, se comienzan a desarrollar las barriadas o comúnmente conocidos como asentamientos humanos o pueblos jóvenes, producto de las crecientes migraciones del campo a la ciudad. Todo ello debido al abandono absoluto del Estado a la sie-rra y otras poblaciones de la costa.

Por otro lado, a fines de la década del 40, debido al modelo de desa-rrollo económico que comenzó aplicarse en nuestro país, basado en la sustitución de las importaciones, se inicia el estancamiento de la producción agraria de la pequeña agricultura, en mayor medida de la sierra que abastecía, al mercado interno. Los sucesivos gobiernos de turno incentivaban mayores importaciones de alimentos, mediante la aplicación de subsidios con recursos del tesoro público y al mismo tiempo desconocían o se hacían “de la vista gorda” que, en el mercado mundial, las grandes potencias subsidiaban y continúan haciéndolo hasta hoy día con ingentes cantidades de dinero a sus productores; y, por lo tanto, los productos básicos como arroz, azúcar, trigo, maíz amarillo duro, leche, etc. que se ofertan en el mercado mundial de alimentos tienen subsidios y que, al ser importados sin haber corregi-do dichos subsidios, significan una competencia desleal con nuestros productores agrarios.

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A mediados del siglo XX, en la actividad agraria de nuestro país, se presentaban dos situaciones muy distintas:

» En la Costa: haciendas azucareras y algodoneras, eminentemen-te capitalistas. Sus trabajadores eran asalariados, sus plantas industriales eran modernas y con altas eficiencias, llegando al-gunas de ellas a ser ejemplos en el mundo como lo fueron Casa Grande, Tumán, Paramonga, Cartavio, entre otras.

» En la Sierra: la mayoría de las haciendas o latifundios mantenían un régimen feudal, y con trabajadores no asalariados, salvo al-gunas excepciones. Su producción era mayormente ganadera, escaso desarrollo tecnológico, con aplicación de tecnologías an-cestrales y una productividad deficiente, además, con una escasa o nula infraestructura de carreteras, energía, salud y educación. Es decir, la sierra estaba totalmente abandonada por el Estado.

Por otro lado, debido a la gran presión social que se inicia en todo el sector rural desde los primeros años del siglo XX y, es a partir de la década del 50, cuando los diferentes partidos políticos incluyen, dentro de sus planes de gobierno o promesas electorales, llevar a cabo una reforma agraria a favor del campesinado. En las elecciones generales del año 1956, el candidato don Manuel Prado Ugarteche ofreció llevar a cabo una reforma agraria, con lo cual logró ganar las elecciones y juramentar como Presidente de la República el 28 de julio de ese año. El 10 de agosto de 1956, a los pocos días de haber iniciado su segundo gobierno, crea, mediante Decreto Supremo, la Comisión para la Reforma Agraria y de la Vivienda (CRAV), para lo cual encarga a su primer ministro, don Pedro Beltrán Espantoso – Terrateniente y dueño del diario La Prensa - la organización de dicha Comisión. Beltrán designó como presidente de la Comisión a don Er-nesto Alayza Grundy e integrado además por connotados especia-listas. Esta comisión señaló como parte de su informe que era priori-taria la eliminación de las haciendas de la sierra, donde imperaba el colonato, pero en el fondo defendía los latifundios y recomendaban que se expropie sólo las tierras marginales u ociosas. Al final, pre-sentaron el primer proyecto de Ley de Reforma Agraria, el mismo que fue sometido para opinión de connotados abogados, políticos y miembros de un sector de nuestras Fuerzas Armadas. Finalmente, el proyecto terminó encarpetado en el Congreso de la República.

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Por otro lado, es importante remarcar que, por ese entonces, promi-nentes personalidades de ideas diametralmente opuestas a las ideas de Pedro Beltrán, como don Carlos Malpica Santisteban, considera-ban, desde sus propios puntos de vista, que el origen de todos los ma-les que aquejaban a la agricultura peruana estaba en la existencia del latifundio y el minifundio, por tanto, consideraban que la solución se hallaría en la redistribución de la propiedad de la tierra. Falsa idea, pues con todo el proceso y la profundidad con que se llevó a cabo no se terminó con los otros males de fondo, que eran el minifundio y la pobreza extrema de nuestro campesinado, sobre todo de la sierra y parcialmente de algunas zonas de la costa. Podría decirse que fue contrario el resultado, es decir se agudizaron sus problemas.

Como la presión social iba en aumento, el 20 de enero de 1957, me-diante Ley 12706, se declara de necesidad y utilidad pública la expro-piación de la hacienda Patibamba, ubicada en Abancay, pagándose en efectivo por dicha expropiación. Posteriormente, el primero de enero de 1959, con el triunfo de la revolución comunista en Cuba, encabezada por Fidel Castro y, en consecuencia, con la instauración del primer gobierno comunista en América, así como al posterior es-tallido de las guerrillas procastristas en nuestro país, que enarbola-ban como bandera de lucha el problema de la distribución de la tierra, a inicios de la década de los 60, el tema de la reforma agraria pasó a ocupar un espacio preponderante dentro del proyecto nacional, in-cluso dentro de las propias Fuerzas Armadas.

Por otro lado, el Presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, pre-ocupado por esta corriente comunista en América, el 13 de marzo de 1961 en un discurso realizado en la Casa Blanca, ante una recepción con Embajadores Latinoamericanos, propuso oficialmente la crea-ción del Programa Alianza Para el Progreso. El objetivo planteado era ayudar económica, social y políticamente a los países de América La-tina, a fin de evitar la expansión de la corriente comunista en el resto de países latinoamericanos.

Luego, entre el 5 al 17 de agosto de 1961 en la Reunión del Consejo Interamericano Económico y Social, llamada también Conferencia de Punta del Este, donde concurrieron delegados de todos los países miembros de la OEA; se aprobó la creación de la Alianza Para el Pro-

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greso (ALPRO). Su finalidad fue ayudar a desarrollar y modernizar las economías latinoamericanas, como una forma concreta de con-trarrestar la insurgencia comunista, que simbolizaba Fidel Castro. En medio de este panorama político y de creciente convulsión social campesina en nuestro país, el 11 de enero 1962, se promulga la Ley 13849. Mediante esta, se dispuso la expropiación de las haciendas Sahuanay y Maucacalle, también ubicadas en Abancay, y se dispuso el pago en efectivo.

Luego, ante el desgaste del gobierno de Prado, las crecientes movi-lizaciones sociales y un inminente triunfo de Víctor Raúl Haya de la Torre, enemistado con las FFAA, el 18 de julio de 1962, ocurre un gol-pe de Estado encabezado por el General Ricardo Pérez Godoy quien gobernó hasta el 3 de marzo de 1963. En su calidad de Presidente de la Junta Militar de Gobierno, el General Ricardo Pérez Godoy expi-de el Decreto Ley 14197, el 31 de agosto de 1962, mediante el cual se dispuso que el Estado pasaba a ser dueño de todos los terrenos eriazos, sin importar cual fuese el título de su adquisición. Esta ley no entró en vigencia, porque colisionaba con la Constitución de 1933.

Por otro lado, el 16 de noviembre de 1962, se expide el Decreto Ley 14238, llamado también Ley de Bases para la Reforma Agra-ria, complementada al año siguiente, -durante el gobierno del Ge-neral Nicolás Lindley López quien gobernó desde el 3 marzo al 28 julio 1963- mediante el Decreto Ley 14444 de fecha 28 de marzo de 1963, conocido como la Ley de Bases para la Reforma Agraria. Por acción de este dispositivo, se declaró como Zona de Reforma Agra-ria, los Valles de La Convención y Lares, ubicados en la provincia de La Convención, departamento de Cusco; constituyéndose así, en la primera acción concreta de iniciar el proceso de reforma agraria en nuestro país. Esta medida se dio con la finalidad de desactivar los movimientos campesinos que se agudizaron en los valles de La Con-vención y Lares. Con ello, se legalizaron la toma de las tierras a favor de los colonos de las propias haciendas afectadas. Sobre la base de dichas normas legales, se iniciaron procesos de expropiación y ad-judicaciones de tierras en dichos valles. Asimismo, ese mismo año, apareció por primera vez en nuestro país, el grupo guerrillero Ejérci-to de Liberación Nacional, liderado por Héctor Béjar Rivera y Javier

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Heraud, entre otros. Este fue aplastado rápidamente en Puerto Mal-donado, en mayo de 1963, con la muerte de algunos de sus integran-tes.

En el proceso electoral que se llevó a cabo ese año, el candidato del partido de Acción Popular, el Arq. Fernando Belaúnde Terry, basó su campaña electoral sobre dos planteamientos, llevar a cabo un pro-ceso de reforma agraria y la nacionalización de los yacimientos pe-troleros de Brea y Pariñas que, en esos años, era explotado por la In-ternational Petroleum Company (IPC). Todo ello fue parte de su plan de gobierno denominado “Peruanicemos al Perú”; lo cual fue decisivo para que el pueblo lo apoyara, en forma mayoritaria. Asimismo, de-bido a estas propuestas, también recibió el apoyo del partido comu-nista del Perú, en todos sus matices; con lo cual Fernando Belaúnde Terry ganó las elecciones de ese año. Al asumir el mando el 28 de julio de 1963, el Presidente Belaúnde en su discurso de asunción del mando prometió, una vez más, llevar a cabo las dos reformas sustan-ciales de su campaña:

◊ La Reforma Agraria, y◊ Nacionalización de los yacimientos de Brea y Pariñas.

Esto generó gran expectativa y esperanza en toda la población, por-que el nuevo presidente de la república se comprometía así ante todo el país. Como se recuerda, el mismo día 28 de Julio de 1963, mientras juramentaba Belaúnde, se producía la invasión de una de las hacien-das de la Cerro de Pasco Corporation, por parte de las comunidades campesinas colindantes. A partir de este hecho, el gobierno tuvo que enfrentar invasiones y tomas de tierra en diversos lugares del país.

La decisión del gobierno de llevar a cabo la reforma agraria la com-partía su socio político el partido Demócrata Cristiano. Por ello, du-rante el período 1963-1968 cuando gobernó la Alianza Acción Po-pular-Democracia Cristiana, esta última agrupación política ocupó y controló todo el sector agrario. Paralelamente, el Presidente Belaún-de encargó a su Primer Vicepresidente de la República, Ing. Edgar-do Seoane Corrales para que presida una comisión integrada por los abogados Enrique Torres Llosa, Guillermo Figallo Adrianzén, entre otros profesionales conocedores del tema y la problemática agraria, para que preparen un proyecto de Ley de Reforma Agraria.

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El 3 de setiembre de 1963, el Congreso de la República promulga las leyes 14646 y 14648, mediante las cuales se establecía que el Estado entregaría tierras a las comunidades indígenas que no las tu-vieran en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades de su gente. Estas leyes, en la práctica, constituyeron meros saludos a la bandera, es decir un engaño más a los campesinos peruanos y pue-blo en general.

El Proyecto de Ley de Reforma Agraria, preparado por el Ejecutivo, fue elevado al Congreso, que después de prolongados y acalorados debates, ambas Cámaras aprobaron la Ley de Reforma Agraria. Lue-go, fue promulgada por el Presidente de la República, Arq. Fernando Belaúnde Terry, el 21 de mayo de 1964, con el N° 15037, sobre esa base se pudo adquirir la hacienda “Algolán” ubicada en el departa-mento de Pasco, revertir al Estado 500,000 hectáreas en la selva central y afectar la hacienda ganadera de la Cerro de Pasco Corpo-ration en la sierra central, totalizando alrededor de 900,000 ha afec-tadas y expropiadas.

Esa ley fue severamente cuestionada por los sectores comunistas y las alas radicales del APRA, Acción Popular y de su socio de gobier-no la Democracia Cristiana. Se acusó de no afectar a raja tabla las haciendas azucareras y los demás latifundios existentes en diversas zonas del país, así como de entregar a los campesinos tierras que no habían sido trabajadas o de entregar algunos latifundios de la sierra que estaban prácticamente quebrados.

Para hacer efectiva la aplicación de esta ley, el 28 de noviembre de 1964, se expidió la Ley 15272, mediante la cual se modificaban 3 ar-tículos de la Constitución Política de 1933, referente al pago de las tierras en bonos y bienes expropiados con fines de reforma agraria. Ante el fracaso y descrédito del gobierno de llevar adelante la refor-ma agraria, tal como lo había pregonado el propio Presidente Fer-nando Belaúnde y debido a las sucesivas invasiones de tierras en di-ferentes zonas del país, algunas de ellas con enfrentamientos entre campesinos y hacendado e incluso con las fuerzas del orden, se fue generando una situación de convulsión insostenible en todo el país.

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En medio de toda esta situación, en 1965, inician su accionar las gue-rrillas del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), inspirados en la revolución cubana. El 9 de junio asaltan el puesto de la Guardia Civil y a la mina Santa Rosa, ubicada en la provincia de La Concepción, departamento de Junín. Luego, el Ejército Peruano fue destruyendo los grupos subversivos comandados por Luis de la Puente Uceda, en Mesa Pelada, en la selva central; las de Ayabaca (Piura), comandadas por Gonzalo Fernández Gasco y Elio Portocarrero y los de la provin-cia de La Mar, en Ayacucho, donde solo operaba la guerrilla del Ejérci-to de Liberación Nacional. Meses después, las guerrillas del MIR y las del ELN, fueron erradicadas por el Ejército Peruano, al morir Máximo Lobatón Milla, uno de los líderes, y sus principales lugartenientes de la zona central. Todas estas acciones guerrilleras se desarrollaron ín-tegramente en el campo, pues los líderes buscaban el apoyo del cam-pesinado, ya que vivían en condiciones paupérrimas y soportaban el abuso despiadado de los terratenientes o latifundistas. Esto generó una sensación de triunfo del gobierno, pero en el fondo sirvió como una semilla fértil de la insatisfacción social.

Estas luchas contra las guerrillas impactaron decididamente en mu-chos oficiales de nuestras FFAA que estuvieron en el frente de lucha, pues observaban en el mismo terreno de los hechos la gran miseria y abandono del Estado, principalmente de los pequeños productores, de la sierra y ceja de selva. Todas estas experiencias vividas en el cam-po por los oficiales de nuestras Fuerzas Armadas, especialmente del ejército, comenzaron a ser analizadas en el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM), en la Escuela Superior de Guerra y en las Escuelas de Inteligencia de las FFAA, con la finalidad de definir el problema central y las acciones a recomendar para prevenir acciones nada fa-vorables a nuestro país, pues la influencia de Cuba estaba presente en todos estos hechos.

La conclusión final de todo esto sirvió para que se tenga claro el pa-norama. Si no se realizaban reformas estructurales que permitan disminuir el gran desequilibrio estructural que existía en el campo, especialmente en la sierra y ceja de selva, la violencia subversiva pronto volvería a emerger con más fuerza y mejor organizada, pues la represión militar, por más dura que sea, sola no iba a solucionar este profundo problema estructural.

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El descontento popular y la convulsión social, tanto en el campo como en la ciudad, siguieron en aumento debido al incumplimiento de las promesas del Presidente Belaúnde. También, ayudó el aumen-to de la pobreza extrema, la falta de empleo, el creciente contraban-do y la corrupción que campeaba en todos los niveles del gobierno.

En el año 1967, se llevó a cabo, entre el 12 al 14 de abril, una reu-nión de jefes de Estado en Punta del Este, impulsada por los EEUU, ante la preocupante situación social y política de muchos países de América. Al finalizar dicha reunión, se suscribió la Declaración de los Presidentes de América. Aquí, nuestro representante, el Arquitecto Fernando Belaúnde Terry, en su condición de Presidente de la Repú-blica y signatario de la declaración, se comprometió, entre muchas otras cosas, a:

“Impulsar, dentro de las particularidades de cada país, programas de Reforma Agraria, orientados a la efectiva transformación de las estruc-turas e injustos sistemas de tenencia y explotación de la tierra donde así se requiera, con miras a sustituir el régimen de latifundio y mini-fundio por un sistema justo de propiedad, de tal manera que, mediante la distribución de la tierra, el crédito oportuno y la asistencia técnica de parte del Estado; la tierra constituía, para el hombre que la trabaja, base de su estabilidad económica, fundamento de su progresivo bienes-tar y garantía de su libertad y dignidad”.

Este programa no se cumplió en nada, pues el gobierno del presiden-te Belaúnde estaba totalmente desgastado y no existía la voluntad política del gobierno de llevar adelante la reforma agraria tal como lo había ofrecido desde su campaña electoral. Por todo ello, las mo-vilizaciones y el descontento popular seguían creciendo y se torna-ban en insostenibles.

En un último intento por lavarse la cara, el Presidente Belaúnde, en julio de 1968, anunció que se iban a realizar tratos con la Interna-tional Petroleum Company (IPC), a fin de dar cumplimiento a la Ley 16674 que había sido promulgada el año anterior y que había sido suscrita por el mismo Presidente Belaúnde. Mediante esa ley, se le facultaba al gobierno la reivindicación de los yacimientos e instala-

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ciones de la IPC a cuenta de los adeudos que la empresa tenía con el estado peruano y que a esa fecha ascendía a unos 700 millones de dó-lares. Luego, a los pocos días del anuncio, el 13 de agosto, se firma el Acta de Talara donde se establecía que todos los campos petroleros pasaban a poder de la Empresa Petrolera Fiscal, hoy PETROPERÚ, a cuenta de las deudas que la IPC mantenía con el Estado Peruano, aunque la IPC seguía manteniendo la refinería de Talara, el sistema de distribución de combustibles, entre otros puntos. Esta Acta firma-da colisionaba totalmente con lo que establecía la Ley 16674 del 27 julio de 1967.

Para sorpresa y ante el rechazo total de la población, cuando la pren-sa nacional informa que en el Acta firmada faltaba la página 11, es-talla el escándalo de la “página once”, generando la indignación de todos los peruanos. Este escándalo, constituyó, en la práctica, la gota de agua que faltaba para que se rebalse el vaso. En esa página, según los especialistas de ese entonces, aparecía los precios acordados por el petróleo que entregaría la empresa petrolera fiscal a la IPC. Es de-cir, ante la opinión pública nacional, fue interpretado como un nego-ciado vergonzoso en contra de los intereses de nuestro país.

Ante este escenario de crisis muy profunda y descrédito por la que atravesaba el gobierno y la indignación popular, el 3 de octubre de 1968, el Comandante General del Ejército, el General Juan Velasco Alvarado encabeza un golpe de estado, deponiendo al Presidente Fernando Belaúnde, y haciendo conocer al país en un manifiesto las causas que determinaban su decisión. Asumió el cargo de Presiden-te del Consejo de Ministros el General Ernesto Montagne Sánchez, quien, al mismo tiempo, desempañaría el cargo de Ministro de Gue-rra y el Coronel Enrique Gallegos Venero continuaría como Jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército. Este Coronel tenía como asesor desde algún tiempo atrás y a tiempo completo, a su paisano y compa-ñero de colegio, Ingeniero Benjamín Samanez Concha, para analizar la problemática agraria que afectaba al país. Es de remarcar que el In-geniero Benjamín Samanez Concha tenía un hermano en el poder ju-dicial, que era Vocal Supremo, quien le ayudó a redactar el Proyecto de la Ley de Reforma Agraria, que luego sería presentado al General Velasco, por el coronel Enrique Gallegos Venero.

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Es bueno resaltar que, en este año, mediante el Decreto Supremo 06-69/EP de fecha 4 de marzo de 1969, el gobierno militar de Juan Ve-lasco Alvarado suspende la gratuidad de la educación pública de los niveles de secundaria común, educación secundaria técnica, mando intermedio y formación magisterial. Se estableció que los alumnos que desaprobaran como mínimo un curso, perderían la gratuidad de la enseñanza; y, por lo tanto, tendrían que pagar la suma de 100 soles oro mensuales de abril a diciembre; brindada por el Estado, lo cual generó un total rechazo de la población y finalmente culminó con la rebelión de estudiantes, padres de familia y campesinos en Huanta y Huamanga, donde el balance final fue que perdieron la vida varias decenas de personas y muchos heridos. Ante lo cual el gobierno tuvo que dar marcha atrás, promulgando el Decreto ley 17717 el 24 de junio de 1969, que dejó sin efecto el Decreto Supremo 06-69/EP. Este error del gobierno militar generó que Sendero Luminoso, que ya se encontraba iniciando su etapa de gestación, acelerara sus prác-ticas de agitación, aprovechando el momento de las justas protestas, comprendiendo así sus líderes que deberían orientar su accionar por la educación pública y que, por lo tanto, su trabajo era de largo plazo.

Paralelamente, el 1 de abril de 1969, el General de Brigada José Gra-ham Hurtado es designado Jefe del Comité de Asesoramiento de la Presidencia de la Republica (COAP) cuya oficina funcionaba en una de las Salas de Palacio de Gobierno. Además; integraban también el COAP los coroneles EP Leónidas Rodríguez Figueroa y Enrique Ga-llegos Venero, personas de absoluta confianza del General Velasco. Asimismo, integraban el equipo del COAP dos Asesores Jurídicos Arturo Valdez Palacio, coronel EP y José Rivera de Lucero, Coronel FAP, quienes eran los encargados de preparar la documentación le-gal jurídica que el Gobierno Revolucionario promulgaría vía Decre-tos Leyes.

El 15 de mayo de 1969, se reunió toda la oficialidad que prestaba servicios en la guarnición de Lima, en la División Blindada, ubicada en el Rímac, por orden del Comandante General del Ejército, Ernes-to Montagne Sánchez. A las 12 del mediodía, asistió el Presidente de la República, General Juan Velasco Alvarado. Llegó acompañado por el Ministro de Agricultura, General José Benavides Benavides, el

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Jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, Coronel Enrique Galle-gos Venero y su invitado el Ingeniero Agrónomo Benjamín Samanez Concha, quien fue presentado como el experto en temas agrarios y su Asesor personal.

Allí reunidos, el General Juan Velasco manifestó a los presentes que el motivo de la reunión era para informarles que el 24 de junio, el Go-bierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas promulgaría la Ley de Reforma Agraria y que esta medida se tomaba debido a que en nuestro país se estaban cometiendo las peores injusticias en contra de los hombres del campo, por lo tanto, la revolución tenía que em-pezar destruyendo el latifundio y dar al campesinado la tierra que trabajaba. Con este paso, planteó que se estaría impidiendo que se produzca un nuevo movimiento guerrillero en nuestro país cuyo cal-do de cultivo era la gran explotación del campesinado que se encon-traba en las comunidades indígenas y que, en adelante, se llamarían Comunidades Campesinas y que contarían con el apoyo decidido del Estado Peruano. Acto seguido, el Presidente le dio la palabra al Inge-niero Benjamín Samanez quien explicó los objetivos y alcances más saltantes del proyecto de ley.

Al concluir la exposición, retomó en el uso de la palabra el Presidente Velasco, manifestando que el gobierno revolucionario sabía bien que la ley iba a tener adversarios y detractores. Finalmente, agregó que el 24 de junio, llamado como “Día del Indio”, la Revolución Peruana convertirá en el “Día del Campesino Peruano”, terminó su mensaje, diciéndoles: Señores oficiales; recuerden al hombre de la tierra, aho-ra le podremos decir en la voz inmortal y libertaria de Túpac Amaru: ¡Campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza!

Después de la reunión, el coronel Enrique Gallegos Venero se dirigió junto con su asesor Benjamín Samanez Concha a una reunión con el General José Graham, Jefe del COAP, en su oficina, para conversar sobre el tema tratado en la reunión con el Presidente de la Repúbli-ca. Posteriormente, las reuniones en el COAP prosiguieron durante casi un mes, a la cual concurrían el General Enrique Gallegos, el Ing. Benjamín Samanez Concha y su hermano José Samanez Concha, co-nocedor del problema agrario y ambos hablaban perfectamente el quechua. Por ello, el General Velasco buscaba que ellos pudieran ex-

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plicar en su propia lengua nativa a los campesinos beneficiarios de la Reforma Agraria. Es importante remarcar que a muchas de estas reuniones también asistió el abogado Guillermo Figallo Adrianzén, quien después sería el primer presidente del Tribunal Agrario.

Cuando ya se tuvo el proyecto de ley terminado, fue expuesto ante el jefe del CAP, General José Graham y sus asesores los coroneles y abogados Arturo Valdez Palacio y José Rivera de Lucero. El proyecto ya consensuado con los Asesores del COAP, los hermanos Samanez Concha y el abogado Guillermo Figallo Adrianzén y los coroneles Leónidas Rodríguez Figueroa y Enrique Valdez Angulo fue entre-gado al General Graham. En estas reuniones de trabajo en el COAP, también fue tratado y discutida la necesidad de darse una nueva ley de aguas, como complemento vital de la Ley de Reforma Agraria y el otro tema que se trató fue la necesidad de darse una Ley General Forestal y Fauna Silvestre.

Cuando ya se contaba con la aprobación del jefe del COAP, se pro-gramó la exposición ante el Consejo de Ministros que estuvo a cargo del Coronel Arturo Valdez Palacio. En dicha reunión, fue aprobado el Decreto Ley de Reforma Agraria; y pasó, luego, para su promul-gación.

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III. Ley de Reforma Agraria: Decreto Ley 17716

Como se precisó en el capítulo anterior, debido a la profunda crisis y descomposición del gobierno del Arq. Fernando Belaúnde, originada por el desgobierno y la corrupción generalizada cuyo caso más sona-do fue la pérdida de la página 11 del contrato petrolero entre el Go-bierno Peruano y la International Petroleum Company (IPC), y con el consecuente rechazo mayoritario del pueblo peruano, el General Juan Velasco Alvarado lideró el golpe de Estado al Arquitecto Fer-nando Belaúnde, el 3 de octubre de 1968.

Más adelante, el 17 de junio de 1969, el gobierno militar expidió el Decreto Ley 17713, mediante el cual se creó la Oficina Nacional de Desarrollo Cooperativo (ONDECOOP), como ente responsable para reconocer oficialmente a las cooperativas y para brindarles aseso-ría especializada en todo lo relacionado a su actividad. Asimismo, estaba facultado para acreditar representantes ante las asambleas generales, comités, Consejos de Administración y Vigilancia de las cooperativas, cuando lo estimen conveniente, entre otras funciones que garanticen la buena marcha de la cooperativa. Este fue uno de los primeros pasos previos a la promulgación de la ley de Reforma Agra-ria, que posteriormente el 24 de junio de 1969 expidió el Decreto Ley 17716, más conocido como Ley de Reforma Agraria.

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3.1. Promulgación de la Ley de Reforma Agraria

A las seis de la tarde del 24 de junio de 1969, el General Juan Velasco Alvarado promulgó el Decreto Ley 17716, conocido también como Ley de Reforma Agraria, en una solemne ceremonia transmitida a ni-vel nacional. El texto que queda para el recuerdo, como se mencionó anteriormente, fue la famosa frase atribuida a José Gabriel Condor-canqui o Túpac Amaru II: “Campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza”, complementada por otra no menos efectista: “La tierra es de quien la trabaja”.

La frase se convirtió, en esa época, en todo un símbolo político del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Posteriormente, gracias a una entrevista exclusiva de la revista “Agronoticias” (co-rrespondiente a junio de 1985), se llegó a saber que ese eslogan fue creado por uno de los asesores del equipo de gobierno: el periodista y exparlamentario social progresista Efraín Ruiz Caro, quien había parodiado para ello un apotegma de Diego Túpac Amaru, sobrino y lugarteniente del mártir de Tinta contra el vasallaje ibérico: “Los es-pañoles han comido de la pobreza de los indios”.

Paralelamente, el 25 de junio de 1969, el gobierno formó la Secreta-ría Ejecutiva de Reforma Agraria y estableció Comisiones Interven-toras para que lleven a cabo el proceso de afectación de las haciendas azucareras. El Ingeniero Benjamín Samanez Concha fue designado

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como Director General de Reforma Agraria. Su hermano José Sama-nez Concha continuó como Vocal Supremo de la Corte Suprema de la República y el abogado Guillermo Figallo Adrianzén fue designado como el Primer Presidente del recién creado Tribunal Agrario.

3.2. Principios Básicos de la Ley de Reforma Agraria

Los ideólogos del proceso de reforma agraria consideraron como principios básicos del proceso lo siguiente:

a. Se trataba de un proceso integral y un instrumento de transfor-mación de la estructura agraria del país.

b. Permitía sustituir los regímenes del latifundio y minifundio por un sistema justo de propiedad, tenencia y explotación de la tie-rra.

c. Permitiría el establecimiento de un nuevo ordenamiento agra-rio que garantice la justicia social en el campo y aumente la pro-ducción y productividad del sector, elevando y asegurando los ingresos de los campesinos para que así la tierra constituya, para el que la trabaja, base de su estabilidad económica, fundamento de su bienestar y garantía de su dignidad y libertad.

Estos tres conceptos se encontraban comprendidos en el Artículo 1° del Decreto Ley 17716 o Ley de Reforma Agraria. Por otro lado, se-gún el Ing. Benjamín Sánchez Concha, los objetivos que perseguía el gobierno revolucionario con la aplicación de la reforma agraria eran los siguientes:

• La formación de una nueva estructura agraria dentro de una política nacional de desarrollo con acciones planificadas por el Estado.

• El perfeccionamiento del control de los recursos naturales (agua, tierra, biodiversidad) para su racional y plena utilización.

• La ampliación significativa del área agrícola mediante una polí-tica integral de irrigaciones y proyectos de recuperación de tie-rras, aprovechamiento de aguas subterráneas, impulso tecnoló-gico e incorporación de la selva.

• La consolidación a nivel de microrregiones de la nueva estructu-ra agraria, bajo el concepto de proyectos integrales de asenta-

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miento rural (PIAR) que comprendían actividades agrarias y no agrarias, con la utilización de servicios comunes.

• La intensificación de las acciones de capacitación a favor de la población campesina dentro del marco de la Reforma Educativa, y la implementación de una política forestal y de fauna silvestre destinada a proteger esos recursos e impulsar el desarrollo socio económico de la región amazónica.

Para lograr estos objetivos, se dictaron, entre otras, las siguientes normas: Ley General de Reforma Agraria, Ley General de Aguas y la Ley General de Forestal y Fauna Silvestre.

3.3. Características de la Ley de Reforma Agraria

Uno de los mayores errores de la reforma agraria fue mantener en abandono a la pequeña agricultura tradicional, especialmente de la sierra. Con muy pocas excepciones, las grandes SAIS y algunas coo-perativas de la sierra no fueron capaces de erradicar los antiguos regímenes de trabajo, los cuales se reprodujeron bajo el maquillaje asociativo. Así, los pastores seguían trabajando por días en el área asociativa mientras que mantenían el control de importantes zonas de la empresa en las cuales cultivaban o criaban su propio ganado criollo o “huaccho”. Además, los trabajadores eventuales o llamados comúnmente como “golondrinos”, contratados especialmente en las empresas asociativas de la costa y en algunos contados casos en la sierra, eran contratados para que realicen los trabajos más duros en la empresa, en reemplazo de los socios, quienes pasaban a realizar trabajos mucho más suaves o que requerían menos esfuerzo.

De otro lado, la reforma agraria tampoco hizo nada por las comuni-dades campesinas que existían en ese momento en el país y que invo-lucraban a distintos tipos de agricultores. Por lo general, eran zonas de pequeña agricultura muy estratificadas con predominancia de medianos y pequeños “gamonales” que combinaban la propiedad de mayores áreas, el manejo del poder político local o de la dirigencia comunal y el desarrollo de otras actividades económicas como el co-mercio o el transporte y en algunos casos la minería.

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Del mismo modo que en la sierra, los cambios en la región de la ceja de selva tampoco tuvieron mayor efecto. En ella, solo se afectaron algunos escasos fundos y no se realizó mayor obra a favor de las po-blaciones nativas pertenecientes a distintos grupos étnicos.

Así, mientras que la propaganda oficial hablaba de una transforma-ción “espectacular” de la propiedad de la tierra lograda con la refor-ma agraria, en realidad la reforma “beneficiaba” sólo a una porción minoritaria del agro que no representaba siquiera al 25% de la po-blación del campesinado. Además, la pobreza en el sector rural se había incrementado; debido, especialmente, al favorecimiento de las importaciones de alimentos e insumos agropecuarios, mediante subsidios indiscriminados y un asfixiante control de precios. Los be-neficiarios eran los consumidores de las grandes urbes y los produc-tores extranjeros.

Entre los aspectos más saltantes que caracterizaron al proceso de reforma agraria, se puede mencionar:

• Fue de carácter masivo y radical, pues en muchos casos, se violó incluso la propia ley y demás normas de la reforma agraria debi-do a que el objetivo que se trazaron sus ideólogos y ejecutores consistió en barrer con todo lo que consideraban latifundio o “foco de injusticia social”. Buscaban, en todo momento, alentar un revanchismo contra los profesionales, técnicos y, sobre todo, contra los expropietarios y, en muchos casos, hasta con algunos trabajadores o peones que eran considerados muy cercanos a los exdueños. Además, ellos buscaban cumplir metas trazadas de afectaciones y adjudicaciones, sin interesarles cuán bien se cumplían los fines del proceso, ni menos aún por el futuro de las nuevas empresas autogestionarias.

• Eliminó el mercado de tierras al considerarlo a la tierra como un bien de carácter social y no como un bien de capital o bien eco-nómico.

• Instituyó la “prenda agrícola” como garantía para la obtención de un crédito en el Banco Agrario, pues la tierra ya no podía ser em-bargada ni rematada, tal como lo contemplaba la normatividad sobre reforma agraria.

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• Eliminó radicalmente la participación de las sociedades de capi-tal o sociedades anónimas en el agro.

• Eliminó la conducción indirecta de la tierra.• Introdujo la propiedad colectiva en el agro, al convertir las áreas

expropiadas y adjudicadas en empresas asociativas, pero de pro-piedad colectiva, pues eran “dueños” los trabajadores mientras trabajaban en la empresa, pero que, al dejar de trabajar, también dejaban automáticamente de ser “propietarios” de la empresa. Entre aquellas formas asociativas o autogestionarias, se pueden mencionar: las Cooperativas Agrarias de Producción (CAP), Coo-perativas Agrarias de Usuarios (CAU), Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS), Comunidades Campesinas y Nativas, Gru-pos Campesinos o alguna otra forma asociativa e incluso benefi-ciarios individuales.

• La reforma agraria no benefició mayormente a las comunida-des campesinas que reclamaban tierras que, supuestamente, les habían sido arrebatadas por los antiguos latifundistas. Para los ideólogos del gobierno, desde el inicio del proceso, no estuvo en sus planes apoyar a las comunidades campesinas.

• Propiedad individual para las personas naturales que trabajen directamente la tierra y cuyas parcelas no excedan los límites de extensión que la ley establecía.

• Creó un régimen jurídico especial (Fuero Agrario) y que funcionó separado del poder judicial, para la aplicación de la Ley de Refor-ma Agraria, con personal especialmente preparado con antici-pación para su “eficiente” aplicación: El Tribunal Agrario, con sus juzgados de tierras en todo el país, se constituyó en el elemento clave para convalidar todos los atropellos que se cometían en el proceso de reforma agraria y al final se convirtió en un foco de corrupción.

• La valorización de los bienes expropiados fue a valor castigado de libros.

• Los pagos por concepto de expropiación e indemnización se efec-tuaron mayormente en Bonos Agrarios de aplicación obligatoria a 20, 25 y 30 años. Estos podían ser reinvertidos en actividades industriales, con lo cual tenían prioridad y una bonificación para su conversión en dinero efectivo, acción que pocos expropiados hicieron, pues, algunos afectados tenían la esperanza que podía revertirse esta situación, años más adelante, con nuevas autori-dades.

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• Intervención y tutela estatal en todas las etapas de aprovecha-miento de los recursos naturales, producción, transformación y comercialización de los productos agrarios en las empresas ex-propiadas, bajo el pretexto de que eso era para asegurar el pago de la deuda agraria por los bonos dados por el gobierno a los ex propietarios. En la práctica, con esta intervención y tutelaje, el Estado actuaba como el verdadero dueño de la empresa, y en todo el quehacer agrario, ocasionando una inestabilidad abso-luta por el paternalismo dañino que se le transmitía al campesi-nado y al mismo tiempo por constituir una fuente de corrupción perniciosa, tanto en las empresas asociativas como en todo el aparato estatal agrario.

• Constituyó, en muchos casos, un proceso abusivo tanto en las etapas de afectación, expropiación y adjudicación, pues actua-ron con prepotencia y sin respeto a la constitución ni a la ley y demás normas que el propio gobierno había promulgado.

• Benefició sólo a un sector minoritario del agro y aumentó la bre-cha dentro de la estructura social del campo.

• Los principales ideólogos, promotores y conductores del proce-so de Reforma Agraria que representaban al Estado lo convir-tieron desde el inicio en un proceso eminentemente politizado, debido a su tendencia ideológica comunista, en la mayoría de los casos. Ellos instituyeron la “democratización y plena participa-ción” de todos los miembros de cada empresa en la toma de deci-siones, con lo cual se instituyó, desde el inicio, el asambleísmo en el manejo de las empresas.

• Instituyeron el concepto de “igualdad” entre todos los miembros de la empresa, sin distingo alguno entre trabajadores y jefes de la misma, aduciendo que todos los miembros de la empresa eran “dueños” y en consecuencia todos eran iguales o tenían los mis-mos derechos. Además, le hacían hincapié de que el gerente y los ingenieros de la empresa, eran solo contratados por ellos, es decir, eran sus empleados y que, por lo tanto, si no se portaban bien, los podían despedir en cualquier momento. Con este en-tendido se rompía todo principio de autoridad y disciplina, tan necesarias en toda organización productiva.

• Eliminó la eficiencia y productividad en el agro, pues al no re-conocer con retribución alguna el mayor rendimiento o la ma-yor productividad, la disciplina, la puntualidad, la creatividad, el

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mayor esfuerzo que podía poner un trabajador de las empresas asociativas, junto con la mística y entrega al trabajo creativo, se resquebrajó por completo, ya que los aumentos o beneficios se otorgaban a todos los miembros de la empresa por igual. Ade-más, si un trabajador faltaba reiteradamente por “enfermedad” ganaba igual que uno que trabajaba eficiente y puntualmente. Ante esta situación, los trabajadores eficientes se preguntaban ¿para qué me esfuerzo más si al final gano igual que el ocioso e irres-ponsable?.

• Favoritismo descarado con recursos de la empresa asociativa, a favor de los dirigentes y sus allegados, así como a los miembros del grupo político al que pertenecían.

• Una de las limitaciones fundamentales del proceso de reforma fue que se implementó de manera concentrada en el sector más desarrollado y moderno de la agricultura costeña y andina, de-jando de lado a la mayoría de la actividad agropecuaria del país. Es decir, ni siquiera llegó a ser una reforma integral, sino que fue una reforma muy parcial, solo de la propiedad rural y que abarcó solo a cerca de un 25% del campesinado, aproximadamente.

• Intervención y control absoluto del Estado en todo lo relacionado con el manejo económico, administrativo y legal de la empresa, desde el mismo día de la intervención o afectación de la empresa que se expropiaba, hasta los años 1974-1978 en algunos casos, y que dicho sea de paso fueron los mejores años de producción por las óptimas condiciones de disponibilidad de agua.

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Para todo ello, no sólo se remozó la estructura orgánica del Minis-terio de Agricultura, sino que, además, se les dio a las dependencias encargadas de llevar a cabo todo el proceso de la reforma agraria, el máximo presupuesto, personal y apoyo logístico. Por otro lado, se crearon organismos ad hoc para la tarea de control y fiscalización de la “buena marcha” de las empresas autogestionarias que se forma-ban.

3.4. Tribunal Agrario

A través del Capítulo II del título XII del Decreto Ley N° 17716, se crearon órganos jurisdiccionales encargados de conocer y resol-ver los procesos de expropiación con fines de reforma agraria, así como resolver los conflictos derivados de la aplicación de la legisla-ción sobre la Reforma Agraria, Aguas, Tierras Eriazas y de Selva y de derecho agrario, en general. Dicha estructura jurisdiccional estuvo conformada por los Juzgados de Tierras, como órganos de primera instancia, y por el Tribunal Agrario, como órgano de segunda y úl-tima instancia jurisdiccional en materia agraria, cuyas sentencias por lo tanto eran inapelables, y tenían la calidad de cosa juzgada. Sin embargo, el Tribunal Agrario fue ajeno a la estructura del Po-der Judicial, ya que el gobierno lo creó como un organismo público descentralizado del sector agricultura, con autonomía económica y administrativa, con potestad para nombrar a los jueces de tierras de acuerdo a los requisitos señalados en la Ley de Reforma Agraria.

Inicialmente, el Tribunal Agrario estuvo conformado por cinco voca-les, que podrían ser abogados o ingenieros agrónomos, con quince años de ejercicio profesional, sin precisarse el número de abogados y de ingenieros agrónomos que lo conformarían. No obstante, poco tiempo después, mediante Decreto Ley N° 17814, publicado el 20 de setiembre de 1969, se modificó la composición del tribunal agrario reduciéndose a tres miembros, todos abogados, creándose también un cargo de fiscal. La designación de los miembros del tribunal agra-rio se efectuaba mediante decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, estipulándose que todos los integrantes del tribunal agrario gozaban del rango y prerrogativas de los miem-bros de la Corte Suprema.

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En adición al fuero privativo militar-policial, se creó un fuero privati-vo ad-hoc para asuntos agrarios. El Fuero Privativo Agrario, repeti-mos, no funcionó formando parte de la estructura del poder judicial, sino como dependiente del poder ejecutivo. Es decir, la potestad de administrar justicia en materia agraria, entre otros asuntos, el de re-visar en sede judicial las resoluciones dictadas por el propio Ejecutivo a través de la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural del Ministerio de Agricultura de entonces, quedó dentro del ámbito del ejecutivo. Con ello, se quebró el principio de separación de poderes en cuanto a la administración de justicia agraria que de-bió actuar en forma autónoma como parte del poder judicial.

Mediante la primera disposición final de la Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario, contenida en el Decreto Legislativo N° 653, se derogó las leyes recogidas en el Texto Único Concorda-do del Decreto Ley Nº 17716, Ley de Reforma Agraria, aprobado por Decreto Supremo Nº 265-70-AG, sus ampliatorias y conexas, a ex-cepción de las normas relativas al Fuero Privativo Agrario, hasta que se apruebe la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código de Procedimientos Civiles.

En virtud del Decreto Ley N° 25869, se reestructuró la Ley Orgánica del Poder Judicial, estableciéndose, a través de la primera de sus dis-posiciones finales y transitorias, que las Salas y Juzgados del Fuero Agrario se incorporan como Salas y Juzgados Especializados de las Cortes Superiores del Distrito Judicial donde estaban ubicados a lo largo del país. Dispuso, además, que el Tribunal Agrario se desdobla-ba en tres Salas Agrarias Superiores, con sede en las Cortes Superio-res de las ciudades de Chiclayo, Lima y Puno, con las jurisdicciones establecidas en dicha disposición. Como la legislación sobre reforma agraria ya había sido derogada por el Decreto Legislativo N° 653, progresivamente las Salas Agrarias y los Juzgados de Tierras fueron desactivados, pasando a formar parte de las Salas Civiles de las Cor-tes Superiores y de los Juzgados Civiles. Como primer Presidente del Tribunal Agrario fue designado el Abogado Guillermo Figallo Adrian-zén, personaje clave en la preparación del Proyecto de Ley de Refor-ma Agraria 17716.

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3.5. Etapas en la Aplicación de la Ley de Reforma Agraria

Las etapas que establecía la ley de reforma agraria para su aplicación fueron: • Afectación, • Expropiación, y • Adjudicación.

En algunas situaciones estas etapas no se cumplieron, tal como lo es-tablecía la ley, porque en algunos casos tan solo con la intervención militar de la empresa se daba la afectación automática y la expro-piación de hecho, tal como ocurrió en algunas empresas azucareras, entre otras.

a. Afectación

Constituyó la limitación al derecho de propiedad con fines de re-forma agraria, debido a determinadas causales, entre las que se puede mencionar:

• Conducción indirecta del fundo: arrendamiento, al partir, etc.

• Contravención a la legislación laboral, con lo cual se hizo más del 80% de las afectaciones,

• Explotación deficiente,• Condominio, • Sociedades anónimas que no se convertían en sociedades de

personas, • Por exceso del límite inafectable que para tierras bajo riego

era de 150 ha. Para tierras en secano, era el doble y para zo-nas de pasturas 100 veces más. El equivalente de una hectá-rea bajo riego era a 100 ha de pastos naturales, etc.

• El Abandono tenía su propio procedimiento, mediante el cual se incorporaba al dominio del Estado y sin pago alguno al propietario.

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Procedimiento de afectación: Para la afectación de una hacien-da o un fundo se siguieron los siguientes pasos:

• Declaración de zona de reforma agraria. • Estudio de titulación y elaboración de planos de afectación. • Expedición de resolución directoral de la zona, conteniendo

los causales de la afectación. • Notificación de dicha resolución al propietario, quien podía

observarla. • Con o sin observación, se expedía la resolución directoral

zonal de afectación que se notificaba al propietario para su impugnación ante la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural (DGRAAR), si así lo consideraba. El expe-diente era trasladado inmediatamente a la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural (DGRAAR).

• Absuelta la impugnación, la DGRAAR solicitaba al Poder Eje-cutivo la expedición del correspondiente Decreto Supremo de afectación. Todo el proceso duraba como máximo unos tres meses. En muchos de los casos, no se respetó ni siquiera el procedimiento ni los plazos que se establecieron; pues la finalidad era despojar al propietario y cumplir los objetivos trazados por los funcionarios del gobierno.

b. Expropiación

Expedido el Decreto Supremo (DS) de afectación, el propietario podía recurrir ante el Tribunal Agrario interponiendo un Recurso de Amparo (que en ese tiempo se llamaba Recurso de Exceso de Poder) contra el DS de Afectación. Resuelto el recurso, declaran-do la validez legal del DS, la DGRAAR procedía a interponer la demanda de expropiación ante el juez de tierras, quien con el de-pósito del valor de la expropiación en efectivo o en bonos, proce-día a fijar día y hora para la toma de posesión de los bienes expro-piados a favor de la DGRAAR. Lo expropiado era entregado a un Comité o Consejo Transitorio de Administración nombrado por el Estado hasta que después de unos dos años aproximadamen-te, recién eran entregadas para su administración a los campe-sinos adjudicatarios que ya previamente habían sido calificados

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como beneficiarios de la reforma agraria, previa “capacitación” o “concientización”, en los fundamentos ideológicos de la Reforma Agraria.

Tomada la posesión de los bienes expropiados, el juez notifica-ba la valorización al propietario quien podía observarla. Una vez concluida, se dictaba sentencia, fijando el monto indemnizato-rio por la expropiación, el mismo que podía ser apelado por las partes, es decir por el afectado o por el Estado, ante el Tribunal Agrario, quien resolvía en definitiva y última instancia. Luego, pasaban los partes a los registros públicos para la inscripción del dominio de los bienes afectados a favor de la DGRAAR que tenía personería jurídica para afectar, expropiar y adjudicar.

Paralelamente, desde el primer día de la expropiación, comenza-ba la capacitación de todos los futuros socios o beneficiarios y la organización de la futura empresa autogestionaria.

c. Adjudicación

Constituía un proceso solamente administrativo, para lo cual previamente se calificaba a los beneficiarios de la reforma agra-ria, de la empresa expropiada. Luego, se procedía a la transfe-rencia de la propiedad a favor de los adjudicatarios, mediante contratos compra - venta con reserva de dominio por 20 a 30 años a favor del Estado, quienes durante dicho período no po-dían transferir dicha propiedad sin previo aviso y aprobación de la DGRAAR. El pago de dichos bienes adjudicados se estipuló que se hiciera efectivo en un período de 20 a 30 años, mediante armadas anuales, las que años más adelante, en muchos de los casos fueron condonados, y el Estado asumía toda la deuda que faltaba pagar.

3.6. Rol del SINAMOS en el Proceso de la Reforma Agraria

El Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, más cono-cido como el SINAMOS, fue creado el 4 de abril de 1972 mediante el Decreto Ley 18896. El primer jefe fue el general Leónidas Rodrí-guez Figueroa quien tenía rango de Ministro de Estado y dependía

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directamente del presidente de la República. Su finalidad fue lograr la “consciente y activa” participación de la población nacional en las tareas que demande el desarrollo económico y social de nuestro país. Para ello, incorporaron en la plana directriz de esta naciente insti-tución a Héctor Béjar, Hugo Neira, Jaime Llosa, Carlos Franco, José Luis Alvarado, entre otros cuadros políticos de la Izquierda comunis-ta peruana. La primera medida tomada al crearse esta nueva orga-nización consistió en el cambio de todos los militares por civiles en las jefaturas departamentales y locales del SAF-CAP y ONDECOOP. Dicha medida constituyó, en la práctica, un simple “lavado de cara”; pues los militares y directivos del SAF-CAP y de la ONDECOOP pa-saron a dirigir el SINAMOS a nivel nacional, con mayores atribucio-nes políticas, administrativas y presupuestales, llegando a constituir la llamada “Aplanadora” del gobierno. Su accionar fue eminentemen-te político y de tendencia comunista. Fue desactivado en el año 1978.

Los objetivos del SINAMOS fueron:

• La capacitación, orientación y organización de la población na-cional en forma complementaria a la acción de los demás actores.

• La promoción del desarrollo de entidades de interés social tales como: Cooperativas Agrarias de Producción, SAIS, Empresas de Propiedad Social (EPS) Comunidades Laborales, Comunidades Campesinas y otras similares, sin interferir con las responsabili-dades técnicas propias de cada sector. Al respecto, se debe resal-tar que uno de los propósitos fundamentales del SINAMOS era profundizar la labor ideológica y política, a fin de “concientizar” a la población contra todo cuanto significaba “oligarquía agraria”, desactivando a la vez cualquier brote de protestas, contrarios a la política de afectaciones y adjudicaciones de predios a sus pro-pios trabajadores.

Como el descontento crecía y los problemas continuaban, el accionar del SINAMOS no sólo se limitó al agro, sino que se encargó también de organizar a la población a nivel nacional para neutralizar las mo-vilizaciones populares que se avizoraban en varios puntos del país. Como parte de esta estrategia desmovilizadora, el gobierno militar promovió y financió la creación de organizaciones de fachada afines

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al régimen como la Central de Trabajadores de la Revolución Pe-ruana (CTRP), el Sindicato de Educación de la Revolución Peruana (SERP) y la Confederación Nacional Agraria (CNA) con sus ligas y fe-deraciones en todo el país.

En síntesis, la función del SINAMOS consistió en movilizar a la pobla-ción para defender la “Revolución” de los militares, desmovilizando a la vez a las corrientes contrarias, para cuyo efecto sus ideólogos, funcionarios y promotores desempeñaban activa labor en el campo de la organización, agitación y adoctrinamiento de la población a ni-vel nacional.

Así mismo, ante las crecientes manifestaciones de descontento, los promotores del SINAMOS impulsaron la organización de los Comi-tés de Defensa de la Revolución, como remedo de los Comités que organizó Fidel Castro, en Cuba y en estos últimos años hizo lo mismo Hugo Chávez, en Venezuela, para defender su “revolución”.

3.7. Proceso de Aplicación de la Ley de Reforma Agraria

Al día siguiente de la promulgación de la ley de reforma agraria, el 25 de junio de 1969, el gobierno creó la Secretaría Ejecutiva de la Reforma Agraria. Declaró, además, como zona de reforma agraria, a los departamentos de La Libertad, Lambayeque, el distrito de Pa-tivilca, en el departamento de Lima y la Provincia de Bolognesi en el departamento de Ancash. También, se promulgó los decretos supre-mos de afectación de todas las haciendas azucareras, nombrándose, paralelamente, las Comisiones Interventoras de cada una de ellas. La intervención militar de las empresas azucareras se inició desde el día 26 de junio de 1969, se realizó paralelamente en Casa Gran-de, Cartavio, Laredo, Cayaltí, Pucalá, Tumán, Pomalca, Paramonga y San Jacinto, el 11 de setiembre de ese mismo año; posteriormente se intervinieron las pequeñas haciendas azucareras, tales como El Ingenio, Sintuco, Chiquitoy, Chiclín, entre otras.

Las Comisiones Interventoras, formadas exprofesamente por el gobierno militar, se presentaron de acuerdo al cronograma que los

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propios militares habían establecido ante las gerencias o administra-ciones responsables de las empresas a ser afectadas, a fin de iniciar sus funciones. La Reforma Agraria estaba empezando de ese modo en forma efectiva en el Perú, afectando en primer lugar a las empre-sas cuyos propietarios eran los más influyentes tanto en el orden económico y político de nuestro país, marcando un hito que signó, el destino del agro peruano y de las generaciones venideras.

La intervención militar en Casa Grande estuvo presidida por el co-ronel Jorge Ruiz Lombardi y se inició minutos antes de las 7 de la mañana del día 26 de junio de 1969. En aquel día, llegaron sorpre-sivamente varios oficiales del Ejército en un Jeep, tres camiones del ejército con cerca de 100 soldados, que se ubicaron frente a la casa hacienda. Otra cantidad de soldados se ubicaron estratégicamen-te en las puertas principales de la fábrica y de la casa hacienda. Los Oficiales ingresaron rápidamente a las oficinas de la Administración General de la Empresa, tomando el control total de la administración a partir de ese momento. Paralelamente, llegaban en un helicóptero representantes del gobierno militar, acompañados de más oficiales del ejército peruano.

Tal acontecimiento generó honda preocupación, tristeza, desorienta-ción y asombro en los dueños y responsables de las empresas, al ser intervenidos por los militares e invitados a abandonar la empresa sin poder sacar ni un lápiz; mientras que los trabajadores y sus familiares observaban los hechos con incredulidad, confusión, desconcierto y gran expectativa. Una mezcla de esperanzadora alegría y turbación ante lo incierto, inundó sus corazones y su pensamiento. A partir de ese momento, la administración seguía con sus dueños, pero bajo la estricta vigilancia y control absoluto de toda la empresa azucarera en manos de la Comisión Interventora, designada por el gobierno mi-litar.

El 18 de agosto se inició formalmente la administración estatal de la empresa, el 28 de setiembre de 1969, se formalizó el acto de PO-SESIÓN de la hacienda intervenida, a favor de la III Zona Agraria y lo hizo el Juez de Tierras de Trujillo. El 7 de febrero de 1970 se for-maliza recién la afectación de dicha hacienda intervenida; el 18 de febrero de 1970 se cambia el nombre de la Empresa Agrícola Chica-

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ma Limitada, que tenía al momento de la intervención, por Complejo Agroindustrial Casa Grande. Luego, el 15 de setiembre de 1970, la ONDECOOP expide una resolución reconociendo a la Cooperativa Agraria de Producción Casa Grande N° 32.

El 3 de octubre de 1970, se llevó a cabo el acto simbólico de AD-JUDICACIÓN a favor de los trabajadores de la empresa, en Acto presidido por el Ministro de Agricultura de ese entonces, el Gene-ral EP Jorge Barandiarán Pagador. En la ceremonia, estuvo presen-te el primer fiscalizador don Roberto Gagliardi Kindlimann y el Ing. Fernan Valer Carpio, Director de la III Zona Agraria. El Ing. Alfonso Fuentes Rickets fue quien firmó el documento de adjudicación de la exhacienda Casa Grande a favor de los trabajadores. El Ministro de Agricultura ofreció a los presentes que, en el más corto plazo, se constituiría formalmente la Cooperativa.

El Ing. Alfonso Fuentes Rickets fue designado por el ministro, prime-ro como gerente y al año siguiente como el primer presidente de la cooperativa, para los años 1971 y 1972. La primera Asamblea Gene-ral de Delegados lo conformaron 120 delegados, de los cuales solo 24 eran trabajadores de la cooperativa y 96 eran delegados desig-nados por el gobierno militar. Es decir, con esta medida, el gobierno militar seguía teniendo el control absoluto en el manejo administra-tivo y de la dirigencia de toda la cooperativa, aunque políticamente pregonaba el gobierno militar, que los trabajadores manejaban la cooperativa, por ser “los auténticos dueños”.

Terminada la designación del gobierno del Ing. Alfonso Fuentes como el primer presidente de la cooperativa, luego por elección de todos los trabajadores fue elegido como presidente del Consejo de Administración, al Sr. Humberto Apolinario Justiniano Sagardía, quien desempeñó tal función durante los años 1972 al 1975; y luego le sucedió el Sr, Celso Sánchez, ambos prominentes líderes apristas.

Al asumir la designación del gobierno como presidente de la coope-rativa el Ing. Alfonso Fuentes Rickets, le sucede en la gerencia gene-ral el Ing. Jorge Young Mongrut quien fue designado por el gobierno militar para ocupar dicho cargo y en el cual se mantuvo hasta el año 1978. Es decir, el representante y designado por el gobierno militar

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manejó la empresa en los años de bonanza económica; luego, pasó a ser el gerente general de la Central de Cooperativas Azucareras del Perú (CECOOAP), hasta su liquidación.

En el cuadro 2, se presenta la relación de las diferentes empresas azucareras, con las fechas de intervención del ejército. Se incluye el inicio de la administración estatal de la empresa por personal desig-nado por los militares y bajo la supervisión de ellos; la formalización del proceso de afectación de la empresa y la fecha de la adjudicación de la misma.

Cooperativización de las haciendas azucareras:1969 - 1970Cuadro 2

Elaboración propia

Cooperativa Intervención Estatal

Administración Estatal Afectación Adjudicación

1970Casagrande 26-Jun 18-Ago 7-Feb-70 3-Oct

Cartavio 26-Jun 18-Ago 20-Feb-70 3-Oct

Laredo 26-Jun 18-Ago 23-Dic-69 24-Jun

Cayaltí 26-Jun 18-Ago 28-Nov-69 24-Jun

Paramonga 26-Jun 18-Ago 10-Feb-70 3-Oct

Pomalca 26-Jun 18-Ago 30-Ene-70 3-Oct

Pucalá 26-Jun 18-Ago 3-Mar-70 3-Oct

Tumán 26-Jun 17-Jul 15-May-70 24-Jun

San Jacinto 11 Setiembre 11-Nov 19-Dic-69 3-Oct

Intervenidas las haciendas azucareras y ya con la nueva adminis-tración designada por el gobieno, prosiguieron las afectaciones del resto de los latifundios o haciendas de la costa y sierra, luego fue-ron profundizando el proceso y afectaron incluso a propietarios de hasta 20 has de terreno cultivable. En muchos casos, se debió solo a venganzas políticas o porque sus legítimos dueños no estaban de acuerdo con el gobierno de turno. Para hacer efectiva e ir radicali-zando el proceso de reforma agraria, se fueron expidiendo una gran cantidad de decretos leyes y otras normas legales de menor jerar-quía, pero todas ellas encaminadas al logro del objetivo trazado por el gobierno de hacer cumplir a cabalidad la Ley 17716. Todos estos abusos generaron un creciente rechazo de vastos sectores de los pe-queños propietarios de tierras agrícolas. Esto ocasionó que se cons-tituyeran frentes de defensa de la pequeña propiedad en diferentes puntos del país, lo cual hizo retroceder en su accionar a los encarga-dos de llevar a cabo estos hechos abusivos.

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Para estos efectos, el 18 de agosto de 1970, se expidió el Decreto Supremo N°265-70-AG que aprobó el Texto Único Concordado del Decreto Ley 17716. Posteriormente, se siguieron expidiendo más decretos leyes y normas de menor jerarquía, pues la improvisación y el desconocimiento de la realidad técnica y socio económica del sector rural fueron las principales características de la mayoría de los responsables de llevar a cabo, desde el inicio, todo el proceso. Además, a fin de “facilitar” el proceso y lograr los objetivos trazados, pero al mismo tiempo, tratando de “encuadrarlo” legalmente, el go-bierno creó el Fuero Agrario a nivel nacional.

La ley establecía que el proceso debía ejecutarse en todo el país, en forma ordenada. En todos los casos, para aplicar la ley debía cumplir-se lo siguiente:

• En primer lugar, mediante DS, debía declararse a toda una cir-cunscripción territorial, como zona de reforma agraria. En el caso de las haciendas azucareras, se exceptuó este procedimien-to y desde el primer día se intervino militarmente la administra-ción, desalojando automáticamente a los propietarios y a todos los responsables de la empresa. La administración de la empresa, a partir de ese momento, era encargada a una junta transitoria de administración cuyos responsables eran designados, supervi-sados y controlados por el gobierno; es decir, en el fondo era una administración disfrazada del Estado.

• Todos los propietarios o poseedores de tierras estaban obliga-dos a presentar una declaración jurada de toda la propiedad a ser afectada y entregar el título de propiedad si la tuvieran.

• La Dirección Zonal del Ministerio de Agricultura de la zona don-de se ubicaba la hacienda a ser afectada, como primera instan-cia, evaluaba todos los papeles presentados por el propietario y sobre esa base podía expedir la resolución de afectación. No-tificada la resolución al propietario e interpuesto o no recurso de apelación por este, se elevaba el expediente a la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural para la pro-secución de su trámite.

• La DGRAAR, como segunda instancia, evaluaba todo el expe-diente de lo actuado, aprobando o revocando la resolución ante-rior, de la Dirección Zonal del Ministerio de Agricultura.

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• Si la resolución de la DGRAAR aceptaba la afectación, se solicita-ba la expedición del correspondiente DS que iniciaba el proceso de expropiación.

• Los propietarios afectados tenían el derecho de plantear sus ale-gatos ante el fuero agrario, de su jurisdicción.

• Expedido el DS, se planteaba la demanda de expropiación ante el Juzgado de Tierras de su jurisdicción, adjuntando la valoración y los respectivos Bonos de la deuda agraria.

• El juez de tierras otorgaba la posesión del fundo o hacienda a la DGRAAR, y entregando al propietario afectado, ya sea el dinero o los respectivos bonos de reforma agraria, que le correspondían.

• A partir de este momento, recién se podría proceder a la adjudica-ción de la hacienda a favor de los beneficiarios. A estas alturas, ya la empresa debía estar debidamente organizada en el papel, con sus organigramas, manuales de funciones de los comités especia-lizados, consejos de vigilancia y administración y de la asamblea general de delegados. Además, ya los cuadros directivos, fueron elegidos “democráticamente” por los socios y asesorados por los funcionarios del Estado.

3.8. Administración de las empresas intervenidas

Al promulgarse la ley de reforma agraria, se crea la Secretaría Ejecu-tiva de la Reforma Agraria que pronto se transformó en el llamado Sistema de Conducción de la Reforma Agraria, a cargo del General Enrique Valdez Angulo, cuyo objetivo fundamental consistía en ga-rantizar la estabilidad de la producción, productividad y la disciplina laboral. Sin embargo, en el fondo, no era más que un organismo mili-tar encargado de la administración temporal de las empresas inter-venidas o afectadas según sea el caso hasta que se constituya formal-mente la empresa autogestionaria, que en promedio duraba entre 1 a 3 años, según la importancia de la empresa. Al mismo tiempo, los militares y responsables de la aplicación de la ley de reforma agraria designaban inicialmente a los gerentes de las empresas autogestio-narias y “asesoraban” a los socios para la elección de los delegados y demás directivos de las empresas, bajo el pretexto de garantizar la buena marcha de las empresas asociativas. Con esto, aseguraban una gran influencia de los funcionarios del gobierno en la administra-ción, marcha y control de la empresa. Esto era facilitado, porque el

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General Enrique Valdez quien era al mismo tiempo jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, a su vez tenía la responsabilidad expresa encomendada a dicho Sistema de Conducción de la Reforma Agra-ria. De esta forma, en la práctica, el General Valdez era el que tenía el mayor poder de decisión en el manejo, administración e implemen-tación de la reforma agraria en nuestro país.

Ante el rápido desgaste de este Sistema de Conducción, el año 1971, fue reemplazado por otro mecanismo burocrático denominado “Sis-tema de Asesoramiento y Fiscalización de las Cooperativas Agrarias de Producción” (SAF-CAP), el mismo que, aparte de la función pro-piamente fiscalizadora contenida en el Decreto Ley 18158, recibió facultades para someter a la jurisdicción del Fuero Militar a toda persona que atente “contra la buena marcha de la reforma agraria”. Se estableció, para los infractores, penalidades drásticas como la de prisión no menor de seis meses ni mayor de cinco años. El primer jefe del SAF-CAP fue el General Oscar Molina Pallochia. El SAF-CAP ejerció el papel de controlador en los aspectos político y administrativo de las empresas. Para ello, se designó a un coordina-dor militar en cada empresa, a quien debían rendir cuenta minuciosa el gerente general y las demás instancias de gobierno de la misma. El cargo de coordinador era desempeñado por un militar en retiro y con grado de mayor o comandante quien tenía como jefe inmediato superior al coordinador departamental, cargo que era ejercido por otro militar con rango de coronel. El comando departamental estaba integrado por:

Un coronel, Jefe de Equipo,El jefe departamental de la Guardia Civil, yEl jefe departamental de la Policía de Investigaciones del Perú.

El coordinador de cada empresa tenía las siguientes atribuciones:

• Conocer las opiniones, problemas e inquietudes de y entre los trabajadores,

• Asistir a la asamblea de delegados para asesorar a la misma,• Controlar y apoyar las movilizaciones de los trabajadores,• Detectar e informar a sus superiores, los actos de sabotaje a la

reforma agraria.

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Los coordinadores departamentales dependían del jefe del Sistema a nivel nacional, cargo desempeñado por un general, siendo el primero de ellos el General EP Enrique Valdez Angulo. En la práctica, la ver-dadera función del SAF-CAP tenía que ver con el asesoramiento, fis-calización, inteligencia e intervención en la marcha de las empresas.

3.9. Organización y constitución de las empresas autogestiona-rias

Tan pronto se iniciaba el proceso de afectación de la hacienda o lati-fundio y se designaba la Junta Transitoria de Administración, se ini-ciaba el proceso de capacitación de todos los trabajadores, quienes serían los futuros beneficiarios. Paralelamente, empezaba la prepa-ración de la organización y constitución de la futura empresa auto-gestionaria. En el proceso de organización y constitución se desarro-llaron las siguientes acciones:

• Programa de capacitación,• Programa de organización,• Programa de constitución.

a. Programa de capacitación

La Comisión Interventora o la Junta Transitoria de Administra-ción de cada hacienda contaba con un número importante de promotores que se encargaban de capacitar o ideologizar a los nuevos propietarios de las nacientes empresas asociativas. Los temas a tratar, según los programas de capacitación fueron:

• Los principios cooperativos, • Historia y doctrina cooperativa,• Asociatividad,• La cooperativa como asociación y como empresa,• Administración de empresas,• Integración y desarrollo cooperativo,• Análisis e interpretación de la Ley General de Cooperativas,

Decreto Ley 15260,• Concientización política y social, y• Participación democrática en la conducción de una empresa

autogestionaria, entre otros temas

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Cuando se había capacitado a más del 70% de los trabajadores, se informaba al ONDECOOP para poder iniciar la segunda etapa o programa. Es de remarcar que cada trabajador estaba obliga-do a asistir a todos los eventos de capacitación programados. Sin ese requisito le era imposible “aprobar” el curso y estar apto para ser calificado como beneficiario de la reforma agraria y conver-tirse en socio ya sea de la Cooperativa Agraria de Producción, la SAIS o la Empresa Rural de Propiedad Social en formación, entre otras.

La Oficina Nacional de Desarrollo Cooperativo (ONDECOOP) cuyas funciones eran las de promoción, apoyo, capacitación em-presarial, supervisión y fiscalización de las “nacientes” coopera-tivas agrarias; también, tenían a su cargo el reconocimiento legal de tales organizaciones. Como parte de este proceso, se crearon los Centros Regionales de Capacitación Cooperativa (CERC-COOP), a los que se les encargó la “capacitación cooperativa” de los trabajadores de todas las empresas expropiadas, con la fina-lidad de formar al nuevo trabajador del campo. Para cumplir con este encargo, ONDECOOP fue potenciada con un considerable grupo de jóvenes profesionales y estudiantes, preferentemente extraídos de las facultades de Ciencias Políticas, Sociología, An-tropología, Arqueología, Ciencias de la Comunicación, Derecho y Educación, todos ellos comprometidos con los postulados del proceso de reforma agraria. En los CERCCOOP, también se dictaban cursos vinculados a la estructura y organización de las empresas cooperativas, conta-bilidad, administración, etc. En algunos casos, los “promotores o instructores”, además del dictado de “clases”, tenían la misión subrepticia de detectar y seleccionar a potenciales líderes, es-pecialmente en la persona de jóvenes lúcidos, y que tenían po-tencial político, quienes posteriormente eran sometidos a una preparación especial mediante cursos de adoctrinamiento e ideologización, en el marco de la llamada doctrina de la “Revo-lución Peruana”, marxismo, justicia social, lucha de clases, ter-cermundismo, etc.; llegando, en muchos casos, a ser enviados a Cuba para “afinar su capacitación y adoctrinamiento”.Es de re-

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marcar que, aunque esto no estaba dentro de los postulados del “gobierno revolucionario” de ese entonces, en la práctica, es lo que hacían sus promotores o instructores y directores de algunas de las instituciones encargadas de llevar adelante el proceso de reforma agraria.

Se crearon luego los “Círculos de Estudio”, a fin de lograr la ple-na participación de todos los trabajadores en el “análisis, debate, discusión y en la toma de decisiones” inherentes a la empresa. Los círculos de estudio se establecieron en cada área de trabajo de la empresa, convirtiéndose en verdaderos centros de adoctrina-miento en materias que, usando el tema del cooperativismo como pantalla, difundían conceptos como la “lucha de clases” -aunque esto no figuraba en los postulados del gobierno, en la práctica se hizo- y la denominada “participación democrática” que más tarde se convertirían en el germen de la pérdida del principio de auto-ridad y la disciplina, que condujo, entre otros factores, al desgo-bierno y al caos generalizado en estas empresas.

Muchas de estas ideas distorsionadas y demagógicas se hicieron eco progresivamente en la mente, el sentimiento y en la conducta de los trabajadores. Los ideólogos de la reforma agraria preten-dieron formar de este modo “empresas modelo” en cuyo ámbito las decisiones se tomarían “democráticamente y por consenso”, además de que la empresa tendría que estar dirigida por una “ge-rencia colegiada”.

Las empresas tendrían como grandes protagonistas y únicos ac-tores a sus propios trabajadores imbuidos de una actitud cons-ciente, justa, honrada, eficiente y de un compromiso “social y democrático auténtico”, es decir, sin egoísmos personales y sin pensar en la propiedad privada individual ni en el lucro. Estos conceptos fueron catalogados por sus mentores como “rezagos del capitalismo yanqui apadrinado por la oligarquía terrateniente y sus lacayos, llamados a desaparecer definitivamente del país”, según pregonaban permanentemente los promotores o capaci-tadores de la reforma agraria.

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En las acciones de capacitación, ya sea en cursos, talleres o se-minarios, entre otros; se hizo hincapié en alentar la “lucha de clases”, el “odio contra los ex-dueños, los inversionistas, el jefe de campo o caporal, contra los ingenieros y los técnicos”, con lo cual se promovió un espíritu de “revancha” contra todo lo que “representaba” la supuesta etapa anterior a la reforma agraria. Así mismo, se mencionaba en forma permanente y se remarcaba con mucha firmeza, la “democratización y plena participación” de todos los miembros de la empresa en la toma de decisiones, pues todos los socios eran los nuevos dueños de la empresa, por lo tanto, ellos decidían sobre todo lo concerniente al manejo de la empresa. Es decir, antes de que los gerentes de la empresa to-men alguna decisión, esta debía ser discutida y aprobada, en la Asamblea General de Delegados, luego de la cual recién podría ser llevada a cabo por el gerente. Además, los capacitadores ex-plicaban que la asamblea general de delegados de la empresa era el equivalente a la junta general de accionistas y que el Consejo de Administración era igual que el directorio de la antigua em-presa. Con todo ello, se fue instituyendo el asambleísmo desde el inicio en el manejo de estas empresas asociativas. Por otro lado, se acuñó con insistencia el concepto de igualdad entre to-dos los miembros de la empresa, es decir entre los trabajadores de todo nivel y los jefes de la misma, pues todos eran dueños y, por lo tanto, todos eran iguales. Además, le hacían hincapié de que el gerente de la empresa o cualquier otro trabajador contra-tado eran empleados de los trabajadores o socios y que, si no se comportaban bien, lo podían despedir. Con ello, se rompían más aun los principios de disciplina y de autoridad, tan necesarios en toda organización, pues todos los miembros de la empresa se consideraban con igualdad de derechos por ser propietarios y además todas las decisiones en la empresa tenían que discutirse y aprobarse previamente en la Asamblea General de Delegados.

Con la organización de las empresas autogestionarias, se creó en cada empresa un comité de educación. Posteriormente, con la incorporación de ONDECOOP al SINAMOS y la desactivación de los famosos CERCCOOP, y la adjudicación a la empresa cons-tituida, la mayoría de estos “promotores”, que habían laborado para el Estado, fue asimilada por estos Comités de Educación

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como parte de las empresas asociativas. De este modo, se conso-lidó la tendencia ideologizada de los centros de adoctrinamiento, con la diferencia de que tales promotores se convirtieron en tra-bajadores permanentes de la empresa y, por lo tanto, los gastos y la logística para desarrollar esa labor corría por cuenta de la pro-pia empresa asociativa. Estos “promotores” gravitaron decisiva-mente en la evolución posterior de las empresas.

b. Programa de organización

Esta etapa se iniciaba con la formación del Comité Organizador de la Empresa, conformado a su vez por 5 subcomités. Cada sub-comité contaba con su respectivo plan de trabajo. Tales subcomi-tés fueron los siguientes:

• Subcomité de Administración, cuya función consistía en de-finir la nueva estructura organizativa de la empresa, la distri-bución de los recursos humanos, la determinación del sistema contable y la elaboración del Plan de Cuentas de la empresa.

• Subcomité de Economía y Finanzas, cuya responsabilidad consistía en diseñar los certificados de aportación, el registro de socios, definir el plan de inversiones y desarrollo de la em-presa, elaborar los presupuestos de la empresa, etc.

• Subcomité Legal, encargado de elaborar el estatuto y el re-glamento de trabajo de la empresa.

• Subcomité de Servicios, cuya labor era la de supervisar los servicios diversos que brindaba la empresa a los trabajado-res: bodega, créditos, viviendas, salud, limpieza, transporte, previsión social, mercados, etc.

• Subcomité de Educación, bajo cuya responsabilidad recaía la difusión, capacitación y adiestramiento de los nuevos socios de la empresa, a fin de formar al “nuevo” hombre del campo.

c. Programa de constitución

Esta etapa se iniciaba con la elección de los socios integrantes de la Asamblea General de Delegados quienes, a su vez, elegían a los miembros del Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia y de los Comités Especializados. Además, se aprobaba el estatu-to de la empresa y el plan de inversiones, luego se elaboraba el

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expediente legal a ser presentado ante ONDECOOP para lograr el reconocimiento oficial correspondiente. Culminadas tales ac-ciones, la empresa quedaba expedita para ser adjudicataria de la hacienda expropiada. Así, por ejemplo, en ceremonia especial el día 3 de octubre de 1970, fueron adjudicadas a sus trabajadores las cooperativas azucareras Casa Grande y Cartavio, en presen-cia del ministro de agricultura de entonces, General EP Jorge Ba-randiarán Pagador, en representación del gobierno militar.

En forma similar, se procedió con la entrega oficial de las otras haciendas expropiadas a las nacientes empresas a nivel nacional. Estas entregas se programaban para predisponer el ánimo de la gente contra los ex dueños y conseguir réditos políticos para la “revolución”..

3.10. Subsidios del campo a la ciudad

Como ya se indicó, desde finales de la década del 40, con la política de sustitución de las importaciones puesta en marcha por los suce-sivos gobiernos de nuestro país, se comenzó a implementar gradual-mente una serie de medidas encaminadas a abaratar el precio de los alimentos en el mercado interno, afectando gravemente a nuestra agricultura y ganadería nacional. Esta política estaba orientada a fa-vorecer el desarrollo de la industria nacional mediante, entre otras medidas, el abastecimiento de alimentos baratos para las grandes urbes que crecían aceleradamente debido a la gran migración del campo a la ciudad, especialmente procedente de la sierra.

En esas urbes, especialmente en Lima, se ubicaban las industrias que demandaban mano de obra abundante y los gobiernos buscaban apoyar a las industrias, entre otras medidas, abaratando los precios de los alimentos en el mercado cuyo propósito era que, con ello los trabajadores no presionen por aumento de salarios a las empresas industriales. Asimismo, al abaratar los precios de los alimentos en el mercado, los gobiernos recibían menos presión política de la pobla-ción urbana de las grandes urbes, especialmente de la costa. Es decir, con ello las autoridades de turno lograron que el campo subsidie a las grandes urbes costeñas y a las otras actividades económicas, como

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la industria, el comercio, etc.; sin importarles para nada el continuo empobrecimiento del sector rural, especialmente de la sierra debido a esta política de sustitución de importaciones y manejo irresponsa-ble de grandes subsidios en la importación de los alimentos, aplica-dos por nuestras autoridades gubernamentales, haciendo así, una competencia totalmente desleal a nuestros productores del campo.

El abastecimiento y el abaratamiento del precio de los alimentos en el mercado nacional lo lograron mediante:

• Monopolización estatal de la importación de alimentos e insu-mos agrícolas. Para este fin, se expropiaron empresas de comer-cialización, como fue la de la primera cadena de tiendas de au-toservicios del Perú en 1969 y más adelante con la creación de empresas estatales, tales como la Empresa Peruana de Servicios Agropecuarios (EPSA), Empresa Nacional de Comercialización de Insumos (ENCI), Empresa de Comercialización de Arroz (ECA-SA), Mercados Pueblo, etc.

• Monopolización de la comercialización estatal de alimentos e in-sumos básicos en el mercado interno: arroz, trigo, insumos lác-teos, maíz amarillo duro, fertilizantes, entre otros productos.

• Exoneración de todo tipo de tarifas aduaneras para la importa-ción de alimentos básicos, insumos para la industria de alimentos y los insumos agrícolas.

• Establecimiento de precios de garantía por parte del Estado, para la compra futura de algunos productos básicos a nuestros cam-pesinos.

• Exoneración de aranceles a los alimentos e insumos importados para la industria alimentaria,

• Subvaluación de las divisas para la importación de alimentos, mediante un control cambiario. Es decir, se aplicaron subsidios para los alimentos importados, desconociendo que los alimen-tos que se importaban, tenían un gran subsidio desde sus países de origen, lo cual hacía una competencia desleal contra nuestra agricultura familiar y ganadería que abastecía a nuestro mercado interno.

• Control estatal de precios de los alimentos básicos,• Impuesto a las agro exportaciones y retención adelantada hasta

del 20% del valor FOB de lo exportado, con lo cual le quitaban

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recursos económicos adelantados a las empresas, que en su gran mayoría eran las empresas asociativas creadas por la reforma agraria, y que bien podrían haberlos utilizado para sus operacio-nes, induciéndoles con estas medidas, a que recurran a présta-mos para esos fines.

Además, dada la situación de pobreza de nuestro país, en aquellos años, recibía donaciones de alimentos del programa Mundial de Alimentos (PMA) y del Programa PL- 480 (Programa de Apoyo del Gobierno Americano), para ser comercializados en nuestro país, y lógicamente el precio de venta era bajo.

Las aplicaciones de todas estas medidas estaban orientadas a aba-ratar el precio de los alimentos en las ciudades, para así mantener bajos los salarios que pagaban las industrias a su personal y evitar intranquilidad en la población. A esta realidad, se suma la falta de carreteras y caminos rurales en buen estado, la ausencia casi total del Estado en educación, salud, energía, crédito y asistencia técnica, entre otros, a favor de la pequeña agricultura y agricultura familiar. Esta situación era realmente dramática para nuestra agricultura, pues los precios de venta de sus productos no cubrían ni siquiera sus costos de producción, lo cual ahondaba la situación de pobreza y descapitalización, situación que hasta la fecha continúa y de manera creciente, haciendo perder a todos los peruanos, nuestra soberanía alimentaria.

Esta política de subsidios para abaratar artificialmente el precio de los alimentos en el mercado nacional llegó a su máxima expresión en la década del 80 y, especialmente, entre los años 1986 al 1990, cuando se estableció el dólar del mercado único de cambios, más conocido como el dólar MUC, y se dio abundantes subsidios para la importación de los alimentos, generando un mercado negro muy dañino y una corrupción incontrolable. Para tratar de “compensar” esta situación tan dañina para nuestra agricultura, se incrementaron los créditos del Estado, a través del ex Banco Agrario, e inclusive se llegó a otorgar créditos con tasas de interés cero para los campesi-nos de la sierra, a pesar de que la tasa de inflación bordeaba los 7 mil por ciento al año durante los años 1989, junio de 1990.

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Es de remarcar que, desde el mismo momento que se dictó la ley de reforma agraria, esta política de subsidios a la importación de ali-mentos continuó y se acentuó. Esta situación resultó contradictoria, pues a través de la ley de reforma agraria el Estado entregaba la tie-rra a los campesinos y, por otro lado, el propio Estado propiciaba el abaratamiento artificial de los precios de los alimentos en el mercado interno y aplicaba un tremendo castigo a los agroexportadores, me-diante el control de las tasas de cambio de las divisas que obtenían y una retención adelantada de impuestos, producto de sus ventas que con tanto esfuerzo producían. Por lo tanto, es válido preguntarnos, ¿fue correcto este contrasentido propiciado por las autoridades gu-bernamentales que aplicaban la reforma agraria, con la finalidad de “hacer justicia al campesino” y, al mismo tiempo, les ocasionaban un gran daño con la aplicación de las medidas antes mencionadas? Defi-nitivamente no, pero esa fue la realidad cruda. Para compensar este daño, las autoridades impulsaron más créditos con tasas bajas de in-terés a través del Banco Agrario del Perú, venta de insumos subsidia-dos y el establecimiento de los precios de garantía para la compra de sus cosechas a los campesinos por las empresas comercializadoras del Estado, que al final más favorecía a los comerciantes, al mercado negro y al contrabando de tales productos, menos al pequeño pro-ductor que era la gran mayoría en nuestro país. Todo ello generó una mayor descapitalización y empobrecimiento de nuestros campesi-nos, especialmente los productores de la sierra y selva.

3.11. Afectaciones, expropiaciones y adjudicaciones: 1969 – 1991

En este capítulo, analizaremos de forma detallada lo que ocurrió en materia de afectaciones, expropiaciones y adjudicaciones de tierras, desde la promulgación de la ley de reforma agraria, el 24 de junio de 1969 hasta el año 1991, en que se deroga la mencionada ley.

En el cuadro 3, se muestra un consolidado de las expropiaciones de fundos o haciendas, los beneficiarios de tales adjudicaciones y las áreas correspondientes, desde el año 1962 hasta el año 1979. Se destaca que en dicho período se expropiaron en total 16,372 fundos que sumaban 10 093 millones de has y una adjudicación total 8.704 millones de has a un total de 382,370 beneficiarios; correspondiendo a la aplicación de la Ley 17716 una superficie total 9.066 millones de

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Expropiaciones y adjudicaciones en la reforma agraria: 1962 – 1979Cuadro 3

Nota. Matos, José. "Reforma Agraria: Logros y Contradicciones 1969-1979". IEP, 1980.Elaboración propia

Fundos Área (miles has) % Beneficiarios Ärea (miles

has) %

1962 - 1968 546 1 027,6 _ 13 553 375,61969 249 428,1 4,7 7 355 256,8 3,11970 391 1 594,7 17,6 42 343 691,7 8,31971 478 655,2 7,2 18 671 538,1 6,51972 1 732 1 028,5 11,3 38 976 1 119,2 13,41973 2 446 952,3 10,5 56 496 1 336,7 16,11974 1 522 805,4 8,9 42 080 879,3 10,61975 2 376 933,9 10,3 36 590 1 081,7 13,01976 3 753 1 298,9 14,3 40 267 634,8 7,61977 1 653 486,2 5,4 29 398 592,9 7,11978 1 105 749,0 8,3 21 137 560,5 6,71979 121 133,5 1,5 35 504 636,6 7,6

1969 - 1979 15 826 9 065,7 100,0 368 817 8 328,3 100,01962 - 1979 16 372 10 093,3 _ 382 370 8 703,9

EXPROPIACIONES ADJUDICACIONESPERIODO

En el cuadro 4, se presentan los tipos y números de organizaciones de los beneficiarios de las adjudicaciones de las tierras según su ap-titud de uso. Aquí, se puede observar que 530 mil ha de aptitud agrí-cola fueron adjudicadas a las cooperativas agrarias de producción, de las cuales 370.5 mil has fueron bajo riego y 159.7 mil ha eran de seca-no; correspondiendo un total de tierras adjudicadas a favor de ellas a 2,336 millones de ha. Las tierras agrícolas correspondieron en su gran mayoría a tierras de buena calidad, las mismas que estuvieron ubicadas en su mayoría en la región de la costa.

has expropiadas que correspondieron a 15,826 fundos y una super-ficie total adjudicada de 8.328 millones de has a 368,817 beneficia-rios.

Beneficiarios de la reforma agraria y aptitud de las tierras adjudicadas: 1962-1979Cuadro 4

Nota. Matos, José. “Reforma Agraria: Logros y Contradicciones 1969 - 1979". IEP., 1980Elaboración propia

Bajo riego Secano Pastos Forestales Protección

Cooperativas 586 272,7 155,8 1 317,4 80,8 380,8 2 207,5Cooperativas Azucareras 12 97,8 3,9 _ _ 26,8 128,5SAIS 60 35,7 230,3 2 089,0 111,3 341,1 2 807,4EPS 13 4,2 8,5 206,2 0,1 13,8 232,8Grupos Campesinos 870 41,2 237,1 1 287,2 23,5 150,5 1 739,5Comunidades Campesinas 463 56,0 42,0 668,3 5,8 132,9 905,0Campesinos Individuales _ 87,9 407,4 99,4 0,4 88,2 683,3TOTAL _ 595,5 1 085,0 5 667,5 221,9 1 134,1 8 704,0

BENEFICIARIO Número TOTALTIERRAS ADJUDICADAS (Miles has.)

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Distribución de tierras adjudicadas según su aptitud y región natural: 1969-1979 Cuadro 5

Nota. Caballero, José María y Elena Alvarez: "Aspectos Cuantitativos de la Reforma Agraria 1969 - 1979”. I E P. Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural (DGRAAR) -

(Miles de has) (%) (Miles de

has) (%) (Miles de has) (%) (Miles de

has) (%)

Cultivo Bajo Riego 397,9 77,7 112,9 22,0 1,3 0,3 512,1 100,0Cultivo de Secano 36,2 5,1 539,0 76,2 131,8 18,6 707,0 100,0Pastos Naturales 406,0 6,8 5 429,0 90,6 155,0 2,6 5 990,0 100,0Tierras Marginales 218,9 20,1 828,0 76,2 40,1 3,7 1 087,0 100,0Superficie Total 1 059,0 12,8 6 908,9 83,3 328,3 4,0 8 296,1 100,0

TotalAptitud de las tierras

Costa Sierra Selva

Las SAIS, EPS, los Grupos campesinos y las Comunidades campesi-nas, que se ubicaron mayormente en la sierra, fueron beneficiadas con alrededor de 5,6 millones de ha, de las cuales correspondían al-rededor de las 4,25 millones de has a tierras de aptitud para pastos y unas 655 mil ha de aptitud para uso agrícola, de las cuales eran 137.1 mil has bajo riego y 517.9 mil has de secano.

La adjudicación total de tierras que se dio durante dicho período fue de 1.6804 millones de has de aptitud agrícola, de las cuales co-rrespondieron 595.5 mil has bajo riego y 1.085 millones de has para cultivos de secano. En cuanto al total de tierras adjudicadas de ap-titud de pastos, fue de 5.668 millones de ha; de aptitud forestal fue de 221.9 mil has. y de tierras de protección fue de 1.134 millones de has. El total de tierras adjudicadas dentro de dicho período alcanzó la cifra de 8.704 millones has.

En el cuadro 5, se muestran las cifras correspondientes a la distribu-ción de tierras adjudicadas por la reforma agraria, según su aptitud y la región natural. Se puede observar que las tierras de mejor calidad para el uso agrícola y bajo riego estuvieron ubicadas en la costa. A la sierra le corresponde la mayor cantidad de tierras de aptitud para pastos naturales y para uso agrícola bajo secano.

En el cuadro 6, se presentan las cifras correspondientes a las adju-dicaciones de tierras expropiadas por la reforma agraria durante el período 1962 a 1993, según el tipo de beneficiarios. La superficie ad-judicada totalizó las 9 688,763 ha.

En el cuadro 7, se presenta un resumen del proceso de redistribu-ción de tierras de 42 empresas asociativas ubicadas en Puno, que

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dispuso el gobierno de ese entonces, mediante el DS 06-86-AG en el año 1986. Aquí, se puede observar el número de empresas aso-ciativas reestructuradas, el área que recibieron originalmente por adjudicación de la reforma agraria, el área que fueron expropiadas a las empresas correspondientes, en la siguiente columna se mues-tra el área acumulada con la que finalmente quedaban en posesión las diferentes empresas asociativas al culminar la reestructuración. En resumen, se les arrebató más de 1 millón de has a las empresas asociativas y fueron entregadas a las comunidades campesinas que se formaron rápidamente, pues anteriormente eran en su mayoría parcialidades.

En los cuadros anteriores, se observa que desde el año 1962 se efectuaron expropiaciones de tierras productivas en aplicación de leyes sobre reforma agraria, dictadas desde esos años, pero debe re-marcarse que esas expropiaciones efectuadas hasta antes de 1969 fueron pagadas a sus propietarios y sobre todo que se trataban de personas con mucha influencia política en dichos gobiernos y eran tierras que estaban ubicadas en la sierra y en ceja de selva.

Adjudicación de tierras durante la reforma agraria: 1962-1993 Cuadro 6

Nota. Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT), set. 1993 - Ministerio de Agricultura.

Beneficiario Número Superficie Adjudicada (has) Porcentaje

Cooperativas Agrarias 607 1 697 341 17,5SAIS 44 1 866 939 19,3Grupos Campesinos 702 1 048 328 10,8EPS 12 156 713 1,6Comunidades Campesinas 1 569 3 397 629 35,1Adjuticatarios Individuales _ 1 521 813 15,7

TOTAL _ 9 688 763 100,0

Redistribución de tierras en Puno, dispuesto por el Gobierno en 1986Cuadro 7

Nota. Ministerio de agricultura, Dirección Regional Puno - PETT. 1993

Número de Empresas asociativas

reestructuradas

Área recibida de la reforma agraria

Área entregada por la reestructuración

Área que quedaron con las empresas

asociativas23 SAIS 1 024 476,42 608 681,24 415 795,1814 CAPS 498 416,94 334 019,89 164 397,055 ERPS 217 417,78 68 291,01 149 126,77

Total 42 empresas 1 740 311,14 1 010 992,14 729 319,00

Elaboración propia

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Por otro lado, la mayor cantidad de afectaciones y expropiaciones se efectuaron entre los años 1969 a 1975. El 29 de agosto de 1975, se produjo el golpe de estado, encabezado por el General EP Francisco Morales Bermúdez, que depuso al General EP Juan Velasco Alvara-do. Durante toda esta etapa, hasta el año 1980, pasando por la Asam-blea Constituyente de 1979, lo que se hizo fue, fundamentalmente, mediatizar la aplicación de la Ley de Reforma Agraria y administrar la profunda crisis por la que atravesaba nuestro país y en especial el agro peruano.

El General EP Francisco Morales Bermúdez, en su último año de man-dato, encargó a su equipo de gobierno, la preparación de un proyecto de ley agraria necesario para la promoción del desarrollo agrario del país. El resultado final fue un anteproyecto de ley llamado “Ley de Promoción de Desarrollo Agrario”, que, al finalizar el gobierno, fue puesto a disposición del nuevo goberno del Arq. Fernando Belaúnde Terry quien ganó las elecciones en 1980.

Al iniciar su segundo gobierno del Arquitecto Fernando Belaúnde Terry, período 1980-1985, tuvo como Ministro de Agricultura al Ing. Agr. Nils Erickson Correa, y se promulgó el Decreto Legislativo N° 02, llamado, Ley de Promoción y Desarrollo Agrario que tenía los si-guientes objetivos:

a. Contribuir al desarrollo del país mediante el aumento de la pro-ducción y productividad agropecuaria.

b. Mejorar las condiciones de vida de la población rural, incremen-tando sus ingresos y elevando su nivel cultural y tecnológico.

c. Promover la ampliación de la frontera agrícola, mediante las obras de irrigación y drenaje.

d. Propiciar la generación de empleo mediante la utilización de tec-nologías adecuadas a la realidad nacional.

e. Promover la instalación de plantas agroindustriales, principal-mente, en las propias regiones de producción.

f. Perfeccionar la comercialización a nivel rural preferentemente. g. Fortalecer los servicios de investigación, extensión y fomento

agrario.h. Fortalecer y apoyar la expansión económica y la capitalización

del agro en sus diversas formas empresariales e impulsar la cap-

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tación de recursos financieros para satisfacer la demanda del crédito agrario.

i. Propiciar la libre constitución y desarrollo a todo nivel de orga-nizaciones representativas de los productores agrarios con fines de cooperación y asistencia.

Con la promulgación de esta norma, que en su artículo 80, decía: “Las empresas asociativas podrán decidir libremente sobre el mo-delo empresarial que mejor convenga al interés de sus asociados”, se permitió, legalmente, la parcelación de las empresas asociativas, formadas sobre la base de las ex haciendas expropiadas durante la reforma agraria. La parcelación por decisión democrática de sus so-cios fue alentada tanto por los políticos de “profesión” de las diferen-tes tendencias ideológicas, extremistas radicales de izquierda y por estudiosos teóricos e intelectuales. El argumento de que el campe-sino con su pedazo de tierra (2-4 ha, para costa o de unas 40 a 100 ha de pastos en la sierra, en promedio) que sentía verdaderamente suyo, lo podría trabajar como tal, generando así “una revolución en la producción y productividad agraria”, en beneficio suyo y de la econo-mía nacional en conjunto. En la práctica, fue tan solo una ilusión o un deseo sin fundamento técnico ni real, pues los campesinos estaban empobrecidos y sin ningún apoyo del Estado.

Al finalizar el gobierno del presidente Belaúnde, ya se habían parce-lado más del 60% de las empresas asociativas creadas con la refor-ma agraria. Este proceso de parcelación se acentuó en el Gobierno del Dr. Alan García Pérez (1985-1990), quien alentó personalmente dicho proceso, habiéndose parcelado en total ya sea de hecho o de-recho, hasta julio de 1990, más del 95% de las empresas asociativas creadas por la reforma agraria.

Además, es de remarcar que el proceso de parcelación de las em-presas asociativas fue alentado tanto por la extrema derecha, con propósitos revanchistas y por su posición ideológica de querer bo-rrar todo rezago de la reforma agraria, así como por los grupos de extrema izquierda (PUM, Patria Roja, Pukallacta, entre otros) así como por los terroristas, especialmente Sendero Luminoso. Todos ellos desde sus puntos de vista e intereses, buscaban destruir a las únicas organizaciones de base productivas y sociales que -a pesar

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de todos sus errores y defectos- constituían los grandes baluartes de progreso real a favor de sus beneficiarios, especialmente los agri-cultores de la sierra, ancestralmente abandonados por el Estado. Los grupos de extrema izquierda y los terroristas buscaban destruir toda organización para que aumenten las contradicciones y consecuente-mente aumenten también los problemas sociales, políticos y econó-micos en la población, base fundamental de las prédicas extremistas de izquierda y de los terroristas. Ellos querían arrasar todas estas empresas para tener en la pobreza generalizada del campesinado un escenario adecuado para sus proyectos totalitarios que buscaban instaurar en el país.

Además, es de remarcar que, a partir de julio de 1980, poco a poco se fue complicando más la vida y el trabajo en el sector rural, con el ini-cio del accionar de la violencia, destrucción y muertes que ocasiona-ban los grupos terroristas de Sendero Luminoso, en primer lugar; y, luego, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Se debe recordar que tan pronto ganó las elecciones el Presidente Fernando Belaúnde Terry, en el mes de mayo, hizo su aparición oficial el grupo terroris-ta Sendero Luminoso; pues el día anterior a las elecciones inició sus acciones violentas mediante la quema de ánforas en el pueblo ayacu-chano de Chuschi, que en el fondo significaba el rechazo al proceso electoral que se iba a llevar acabo al día siguiente. Este hecho, lamen-tablemente, no tuvo mayor importancia para las autoridades ni para el ganador de las elecciones, el Arquitecto Fernando Belaúnde. Al poco tiempo de iniciado el gobierno del Presidente Belaúnde, su Ministro de interior el Dr. José María de la Jara y Ureta, dijo al país que los grupos violentistas que comenzaban a actuar en el sector ru-ral eran subversivos. Ante esta afirmación, el propio presidente de la república desautorizó en el mismo día a su ministro, manifestando que se trataba de abigeos y muchachos malcriados, pero que no eran subversivos. Como consecuencia, el ministro De la Jara renunció inmediatamente. Hechos como este permitieron que este grupo te-rrorista vaya creciendo y consolidándose durante todo ese gobierno. Más adelante, en 1985 con el triunfo del Dr. Alan García Pérez, y los grandes desaciertos con los que manejó el país que condujeron a que en julio de 1990 se tuviera una inflación superior a los 7,600% al año. Además, el país estaba totalmente aislado del sistema financiero in-

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ternacional, con un gran desabastecimiento de alimentos básicos y un mercado “negro” de alimentos e insumos agrícolas en pleno apo-geo y con las reservas internacionales en negativo. Todo esto generó una gran inestabilidad política y una convulsión e insatisfacción so-cial sin precedentes que abonaba a favor del terrorismo de Sendero Luminoso y del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, permi-tiendo que, a esa fecha, más de las 2/3 partes de nuestro territorio nacional esté declarado como “territorio liberado”, es decir, bajo el control de los grupos terroristas.

Resulta importante remarcar que, en el año 1986, se expidió el DS 06-86-AG, mediante el cual se dispuso que se lleve a cabo un proce-so de redistribución de tierras de las 42 Empresas Asociativas que se constituyeron con la Reforma Agraria en Puno, afectándolas en alrededor de 1 millón de hectáreas y adjudicándolas a las comunida-des campesinas, que en su mayoría eran nuevas, pues anteriormente habían sido parcialidades. Al año siguiente, en setiembre de 1987, se expidió el DS 049-87-AG, mediante el cual se dispuso la reestructu-ración de las empresas asociativas de Cuzco, con lo cual se afectó a varias empresas destacándose la Cooperativa Agraria Anta Pampa, la SAIS Oropesa, entre otras. Esta medida de redistribución de tie-rras fue la causa principal para la desintegración de las empresas au-togestionarias que se habían formado con la reforma agraria y que fueron afectadas con esta medida.

Toda esta situación de desaciertos de los diferentes gobiernos y el accionar demencial de los grupos terroristas afectó grandemente al sector rural con la destrucción de su escasa infraestructura, incre-mento de la pobreza y la consecuente gran migración del sector ru-ral, especialmente de la población joven a las grandes urbes. El país se encontraba en una crisis y violencia sin precedentes y con exten-sas áreas agropecuarias abandonadas a lo largo de todo el país, de-bido a la migración anteriormente mencionada.

Por otro lado, es bueno recalcar que durante el Congreso Constitu-yente de 1979-1980 y durante los años 1980 a 1990, los señores congresistas, en ningún momento, quisieron o se propusieron co-rregir los errores que los gobiernos anteriores habían cometido en

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relación al tema agrario. Es decir, los dejaron pasar y hubo muchos discursos incendiarios y bonitos, muchas confrontaciones en el Par-lamento Nacional, pero sin ninguna ley que permita dar una salida práctica y real a dicha problemática. Así, se llegó en 1990, a la casi total parcelación de las empresas asociativas que, particularmente y desde el punto de vista técnico, constituyó un retroceso técnico, por las características de la disponibilidad hídrica de la costa y sierra de nuestro país, por cuestiones sanitarias de nuestra actividad agrope-cuaria y por cuestiones socio económicas de nuestra realidad. Desde julio de 1990, los señores congresistas tuvieron igual compor-tamiento que antes; pues en ningún momento planteaban algunos puntos de interés sobre la problemática del agro. Ante ello, por la propuesta del sector agricultura, el poder ejecutivo tuvo que dictar algunas medidas necesarias, entre ellas, destaca, el DS 0016-91-AG, promulgado el 28 de marzo de 1991; mediante el cual se estableció por primera vez en nuestro país, un derecho específico o sobretasa que gravaba la importación de ciertos productos alimenticios, como el arroz, trigo, maíz amarillo duro, azúcar, insumos lácteos: leche en-tera en polvo, leche descremada en polvo, grasa anhidra de leche, entre otros. Esta medida se dio con la finalidad de corregir, en par-te, los grandes subsidios que tenían dichos productos agropecuarios que se importaban, haciendo una competencia totalmente desleal a nuestros pequeños productores. Se procedió, también, a la liquida-ción de las empresas monopólicas que importaban y comercializaban en el mercado interno alimentos, insumos básicos para la industria alimentaria y fertilizantes, consumiendo gran cantidad de divisas del tesoro público y generando una serie de hechos de corrupción que se tornaban en incontrolables. Asimismo, se dictaron otras medidas destinadas a eliminar la participación absurda e irresponsable del Es-tado como el monopolio de las importaciones de productos agrope-cuarios, control de precios y el uso de divisas subvaluadas para la im-portación y la comercialización agraria en el mercado interno, puesto que estas medidas perjudicaban totalmente a nuestros campesinos.

Por otro lado, el 1 de agosto de 1991, se publica en el diario oficial El Peruano, el Decreto Legislativo 653, más conocido como Ley de Pro-moción de las Inversiones en el Sector Agrario, y que recién entró en vigencia el 1 de setiembre de ese mismo año. Mediante esta ley y su

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respectivo reglamento (Decreto Supremo N°0048-91-AG), se otor-gaba seguridad jurídica sobre la tenencia y propiedad de las tierras rústicas y se permitió también la participación de las sociedades civi-les en la actividad agraria. Los derechos reales sobre ellas, comenza-ban nuevamente a regirse por el Código Civil y las disposiciones con-tenidas en el mencionado decreto legislativo. Finalmente, se derogó la Ley de Reforma Agraria 17716; y se modificaron algunos puntos absurdos que contenía la ley de aguas vigente a ese momento, el De-creto Ley 17752. Además, con otras normas adicionales de menor jerarquía y sobre todo con la plena decisión política de las autori-dades del sector agricultura, se garantizó la tenencia y posesión de las tierras de los campesinos adjudicatarios o posesionarios de las tierras que les fueron entregadas por la reforma agraria o que las ve-nían conduciendo desde tiempo atrás y que eran tierras del Estado.

Con estas medidas, se protegió a todos nuestros campesinos que fueron beneficiados con las tierras entregadas de la reforma agra-ria, pero que no habían concluido con el proceso de adjudicación y titulación de dichos predios por desidia u olvido de los funcionarios responsables del ministerio de agricultura que tuvieron a su cargo la conducción del proceso de reforma agraria. Todo esto se compli-caba; pues, en la práctica, casi la totalidad de estas tierras que ha-bían pertenecido a esas empresas autogestionarias, se encontraban parceladas y en la gran mayoría de ellas dichos procesos no estaban formalizados legalmente. Esto obligó a crear inmediatamente el Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT), a fin de regulari-zar la propiedad de nuestros campesinos. Lamentablemente, no se disponía de dinero suficiente en el ministerio de agricultura, dada la situación del país en esos años, como para acelerar este tan impor-tante proceso.

Es importante destacar que, desde 1991, se hizo denodados esfuer-zos para evitar la parcelación de las escasas empresas asociativas que aún quedaban, pero, que se encontraban en una crisis muy gran-de. En ese sentido, se dictaron varias normas legales, sobresaliendo entre ellas el Decreto legislativo 802, más conocido como la Ley de Protección Patrimonial de las Empresas Azucareras. A partir del año 1994 aproximadamente, dada la profunda crisis económica por la que pasaban, algunas de estas empresas comenzaron a alquilar par-

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te de sus tierras a particulares lo cual, en la práctica, constituía el ini-cio de una inminente parcelación, que hubiese sido desastroso para los propios socios trabajadores, jubilados y para el país en general. 3.12. La Producción y Productividad: 1950 – 2020

En el cuadro 8, se puede ver que la participación del PBI agropecua-rio en el PBI global nacional fue cayendo desde 11.0% en el año 1950 hasta alcanzar la cifra más baja de 4.7%, en el año 1980; y a partir de allí comienza a recuperarse lentamente, alcanzando en el año 1987 el 5.0 %. En el año 2000, alcanzó la cifra de 7.0%, y en el año 2020 se consigue la cifra de 6.3%, resaltando que las condiciones de desarro-llo de los otros sectores económicos son totalmente diferentes a los de las décadas del 50 ó 70.

En cuanto al PBI agropecuario, se observa que entre los años 1969 al 1971 se presentó un crecimiento importante del PBI agropecua-rio de 6.6; 7.8 y 2.0%, si se tiene en cuenta que en el año 1968 se tuvo una caída importante de -3.4%, debido a la severa sequía que afec-tó el norte peruano durante los años 1967 y 1968. A partir del año 1972, se observan altibajos en el crecimiento del PBI agropecuario, nada favorables al desarrollo agrario nacional. En los años 1972 y 1973 se presentan tasas de -2.4% y 0.4% respectivamente; en los años 1977, 1978 y 1,980, se presentaron crecimientos negativos de -0.1%, -1.5% y -5.8%, respectivamente. En el año 1981, se presenta un crecimiento muy importante de 9.3%, debido fundamentalmente al cambio de gobierno, al apoyo que comenzó a brindar a un cierto sector del campesinado y ante la expectativa de que se corregirían algunos de los errores que se habían cometido durante la década perdida para la producción nacional. En el año 1983, nuevamente se observa una caída del -9.6%, provocada fundamentalmente por las inundaciones severas que se presentaron en el norte peruano, debi-do al fenómeno de El Niño que ocurrió en los años 1982-1983 y a la sequía que se presentó en gran parte del sur peruano.

A partir de 1984 hasta 1988, se aprecia una importante recuperación del crecimiento, pero durante los años 1989 y 1990 se presentaron caídas del -5.6% y -6.9% del PBI agropecuario, debido fundamen-talmente a la política económica seguida por el gobierno de turno y a la acción demencial del terrorismo de Sendero Luminoso y del

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MRTA que ocasionó un masivo abandono de tierras productivas por el campesino, especialmente de la sierra, que fugaba a las capitales de provincia u otros lugares que podrían brindarles una mayor segu-ridad. A partir de 1991, comienza nuevamente la recuperación con un crecimiento 4.2%, pero es interrumpida en el año 1992, debido a una severa sequía que afectó a gran parte del país, debido a lo cual el PBI sufrió una caída de -8.6%. A partir de ese año, el crecimiento del PBI agropecuario fue constante, sobresaliendo el año 1994 cuando el crecimiento alcanzó el 13.3%, salvo algunos años como los años 2001 y 2004 que se tuvo unas tasas de -0.8% y -0.5 %, y en el resto de años el crecimiento del PBI agropecuario continuó hasta el año 2020, donde se alcanzó el 1.3% de crecimiento.

Variación anual de la participación del PBI agrario, total y población: 1950-2020Cuadro 8

Nota. BCR, INEI, MINAGRIElaboración propia

PBI Agropecuario /

PBI Global nacionaI

Total Agropecuario

PBI Agropecuari

o / PBI Global

nacionaI

Total Agropecuario

1950 11,0 1986 5,2 9,4 4,3 2,31951 10,3 9,3 3,0 2,5 1987 5,0 9,7 6,6 2,31952 10,0 5,9 2,9 2,5 1988 5,9 -9,4 7,1 2,21953 9,7 5,8 2,3 2,6 1989 6,4 -12,3 -5,6 2,21954 9,4 5,3 2,0 2,6 1990 6,2 -5,0 -6,9 2,11955 8,8 5,9 -0,8 2,7 1991 6,4 2,2 4,2 2,01956 8,0 4,7 -4,8 2,7 1992 5,9 -0,5 -8,6 2,01957 7,5 6,6 0,4 2,7 1993 6,1 5,2 9,3 1,91958 8,2 -1,1 6,9 2,7 1994 6,1 12,3 13,3 1,91959 8,3 3,2 4,9 2,8 1995 6,1 7,4 6,1 3,21960 8,0 9,9 6,4 2,8 1996 6,3 2,8 6,5 1,81961 7,7 7,3 3,0 2,9 1997 6,1 6,5 4,4 1,81962 7,2 10,0 2,4 2,9 1998 6,2 -0,4 0,1 1,81963 7,0 4,3 1,5 2,9 1999 6,8 1,5 11,1 1,61964 6,9 6,5 4,9 2,9 2000 7,0 2,7 5,8 1,41965 6,6 5,6 2,0 2,9 2001 6,9 0,6 -0,8 1,21966 6,5 8,2 5,4 2,9 2002 6,9 5,5 5,1 1,11967 6,5 3,9 3,9 2,8 2003 6,7 4,2 2,0 0,91968 6,2 0,2 -3,4 2,8 2004 6,4 5,0 -0,5 0,91969 6,4 3,5 6,6 2,8 2005 6,2 6,3 3,4 0,81970 6,7 3,4 7,8 2,8 2006 6,3 7,5 8,9 0,81971 6,5 4,6 2,0 2,8 2007 6,0 8,5 3,3 0,71972 6,2 3,5 -2,4 2,8 2008 5,9 9,1 8,0 0,61973 5,8 6,3 0,4 2,8 2009 5,9 1,0 1,3 0,71974 5,5 9,4 3,7 2,8 2010 5,7 8,5 4,3 0,71975 5,3 4,3 0,0 2,8 2011 5,6 6,5 4,1 0,71976 5,3 1,4 1,5 2,8 2012 5,6 6,0 5,9 0,71977 5,3 0,3 -0,1 2,8 2013 5,4 5,8 2,7 0,81978 5,3 -2,6 -1,5 2,7 2014 5,4 2,4 1,6 0,91979 5,3 4,1 3,9 2,7 2015 5,4 3,3 3,5 1,21980 4,7 5,9 -5,8 2,6 2016 5,3 4,0 2,7 1,51981 4,9 5,6 9,3 2,5 2017 5,3 2,5 2,8 1,81982 5,0 -0,2 2,0 2,5 2018 5,5 4,0 7,7 1,91983 5,0 -10,4 -9,6 2,4 2019 5,6 2,2 3,5 1,81984 5,4 3,6 10,2 2,4 2020 6,3 -11,1 1,3 1,51985 5,4 2,1 2,9 2,3

PBI (%)

Poblacion Total (%)Año

PBI (%)

Poblacion Total (%) Año

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Cabe destacar que el crecimiento del PBI agropecuario observado en este cuadro desde el año 1992, se debe fundamentalmente a la aplicación del Decreto Legislativo 653, más conocido como “Ley de Promoción de Inversiones en el Sector Agrario”, que se expidió en el último trimestre del año 1991. Esta norma permitió la participación del sector privado en la producción agraria. Ello permitió la inyección de capitales frescos para poner en producción extensas superficies de tierras eriazas de la costa, así como en las áreas tradicionales de nuestra agricultura.

En el cuadro 9, se presentan las cifras de las tasas promedio anual del crecimiento de la población, del PBI total nacional, PBI agrario y desagregado por los sub sectores agrícola y pecuario por períodos de 5 años desde el año 1960 al año 2020. Se observan las variacio-nes, debido fundamentalmente a las políticas que implementaron los diferentes gobiernos de turno. En el anexo se presenta el cuadro A1 la población nacional y los valores del PBI total y PBI agropecuario según sub sectores, expresado en millones de soles del año 2007.

En el cuadro 10, se presenta la variación acumulada del crecimiento de la población, del PBI total y del PBI agrario por períodos de 5 años desde el año 1960 hasta el año 2020. Se pueden observar las tasas de crecimiento acumuladas de la población nacional, del PBI total nacio-nal y del PBI agrario, por períodos de 5 años, desde el año 1961 hasta el 2020.

Analizando las tasas del PBI agropecuario, se observa, con claridad, que de unas tasas de crecimiento de 11.2 y 15.3% de los períodos 1961-1965 y del 1966-1970, comienzan a caer dramáticamen-te, obteniéndose un crecimiento de tan solo 1.6% para el período 1971-1975 y para el período 1976-1980 de -3.7%. Para el período 1981-1985, el crecimiento acumulado fue de 4.8% y para el período 1986-1990 fue de solo 0.3%. Para los períodos 1991-1995 y 1996-2000, las tasas de crecimiento del PBI agrario fueron de 21.3 y 22.9 % respectivamente y para los siguientes períodos 2001 – 2005, 2006-2010, 2011-2015 y 2016-2020; las tasas de crecimiento agrario fue-ron de 10.2, 17.9 ,14.3 y 16.1% respectivamente. Es decir, a partir del período 1991-1995, se obtuvo un constante crecimiento del sector

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Variación acumulada del PBI total y agrario, según períodos1961-2020 P/

Cuadro 10

Nota. INEI, BCRPElaboración propia

P/ Preliminar

PBI TOTAL Agrario Agrícola Pecuario

1961 - 1965 12,2 29,2 11,2 - -1966 - 1970 11,8 11,3 15,3 10,1 23,31971 - 1975 11,5 25,5 1,6 5,1 -3,11976 - 1980 10,8 7,7 -3,7 2,5 -16,31981 - 1985 9,9 -5,5 4,8 4,1 6,41986 - 1990 9,1 -17,2 0,3 -3,8 6,91991 - 1995 7,8 26,3 21,3 40,6 -2,31996 - 2000 6,9 10,5 22,9 7,9 29,42001 - 2005 3,8 22,5 10,2 39,3 -12,32006 - 2010 2,7 29,7 17,9 2,4 8,52011 - 2015 3,7 18,8 14,3 13,2 20,62016 - 2020 7,2 -3,2 16,1 19,0 11,4

Períodos Población Nacional

Producto Bruto Interno (PBI)

Variación porcentual anual del PBI total y agrario, según períodos1961-2020 P/

Cuadro 9

Nota. INEI, BCRPElaboración propia

P/ Preliminar

PBI TOTAL Agrario Agrícola Pecuario

1961 - 1965 2,9 6,6 2,7 - -1966 - 1970 2,8 2,7 3,6 2,4 5,41971 - 1975 2,8 5,8 0,4 1,3 -0,81976 - 1980 2,6 1,9 -0,9 0,6 -4,41981 - 1985 2,4 -1,4 1,2 1,0 1,61986 - 1990 2,2 -4,6 0,1 -1,0 1,71991 - 1995 1,9 6,0 4,9 8,9 -0,61996 - 2000 1,7 2,5 5,3 1,9 6,72001 - 2005 0,9 5,2 2,5 8,6 -3,22006 - 2010 0,7 6,7 4,2 0,6 2,12011 - 2015 0,9 4,4 3,4 3,2 4,82016 - 2020 1,8 -0,8 3,8 4,4 2,7

Períodos Población Nacional

Producto Bruto Interno (PBI)

agrario nacional. Por otro lado, la tasa de crecimiento poblacional del país desde el año 1961 hasta el año 1990, fue muy superior al creci-miento del PBI agrario, significando una mayor pobreza para el cam-po, especialmente de nuestra sierra y selva. En el anexo se presenta el cuadro A2 donde se muestra la variación porcentual anual del PBI total, PBI agropecuario y sub sectores para el período 1951-2020.

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En el cuadro 11, se presenta la productividad promedio de los princi-pales cultivos tradicionales, como la papa, arroz, maíz amarillo duro, trigo, maíz amiláceo, quinua, algodón, café y caña de azúcar. Se ob-serva, en la mayoría de los casos, como es el del cultivo de papa, la productividad promedio nacional en el año 1960 era de 4.91 t/ha y en el año 1990 era de 7.88 t/ha. A partir de ese año, la productividad comienza a crecer rápidamente, teniéndose en el 2020 una produc-tividad promedio nacional de 16.47 t/ha. Esto se debió, entre otros factores, que a partir de 1994 se atendió, por primera vez, por parte del Ministerio de Agricultura el problema de la calidad de semilla, con la producción de semilla libre de virus mediante la biotecnología. En el cultivo del arroz, la productividad promedio en el año 1960 era de 4.13 t/ha, en el año 1990 era de 5.23 t/ha y para el año 2020 alcan-zó un promedio nacional de 8.23 t/ha. En el cultivo del maíz amarillo duro, la productividad promedio nacional en el año 1960 fue de 2.09 t/ha, en el año 1990, era de 2.77 t/ha y para el año 2020 había subi-do hasta 4.77 t/ha, considerado un rendimiento muy bajo como para que les genere utilidad a nuestros productores. Para los principales cultivos típicos de nuestra serranía como son el trigo, maíz amiláceo, quinua, sustento en gran parte de la alimentación de nuestra pobla-ción de dicha región, el incremento de la productividad promedio durante el período 1960-1990 fue mínimo o prácticamente nulo, in-cluyendo el rendimiento del cultivo de la papa, que siembran los pe-queños productores, los cuales representan a más del 80% de peque-ños productores de la sierra. Para el caso de los cultivos del algodón, los rendimientos promedios variaron de 1.43 t/ha que se tenía en el año 1960, a 1.73 t/ha en 1990 y en el año 2020 alcanzó las 2.73 t/ha. En el cultivo de la caña de azúcar, se puede observar que el rendi-miento promedio en el año 1961 fue de 161.20 t/ha y cayó en 1995 a una productividad promedio de 102.83 t/ha y para el año 2020, co-menzó a recuperarse dicha cifra alcanzando los 123.76 t /ha. En el cultivo el arroz, el rendimiento promedio en el año 1960 era de 4.13 t/ha, en el año 1990 era de 5.23 t/ha y en los años 2000 y 2020, eran de 6.59 y 8.23 t/ha respectivamente. En el cultivo del maíz amiláceo, que es alimento básico de la alimentación de la sierra, la productivi-dad promedio en el año 1960 era de 0.91 t/ha; en el año 1990, fue de 1.0 t/ha; en los años 2000 y 2020, la productividad promedio alcanzó los 1.15 y 1.62 t/ha respectivamente. La quinua, alimento básico de la dieta del poblador andino, en el año 1960, era de 0.73 t/ha, y para los

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años 1990, 2000 y 2020 los rendimientos alcanzaron los 0.43, 0.98 y 1.48 t/ha respectivamente. En el cultivo del maíz amarillo duro, en el año 1960, el rendimiento promedio era de 2.09 t/ha; mientras que para los años 1990, 2000 y 2020, alcanzaron las cifras de 2.77, 3.56 y 4,77 t/ha, respectivamente.

Productividad promedio de los principales cultivos tradicionales: 1960-2020 t/ha

Cuadro 11

Nota. SINIA – MINAGRIElaboración propia

Año Caña Azúcar Arroz Algodón Maiz

amarillo papa Maiz Amilaceo Quinua Trigo Café Año Caña

Azúcar Arroz Algodón Maiz amarillo papa Maiz

Amilaceo Quinua Trigo Café

1960 155,39 4,13 1,43 2,09 4,91 0,91 0,73 1,00 0,43 1991 109,19 5,14 1,50 2,92 7,95 1,16 0,73 1,25 0,501961 154,82 4,09 1,51 2,08 5,29 0,94 0,79 1,00 0,48 1992 99,28 4,98 1,25 2,86 7,43 0,92 0,50 1,04 0,531962 154,75 4,31 1,70 2,10 5,36 0,87 0,81 0,99 0,48 1993 91,18 5,45 1,51 3,14 8,39 1,09 0,79 1,28 0,531963 156,58 3,71 1,57 2,14 5,17 0,87 0,85 1,02 0,48 1994 106,42 5,85 1,72 3,12 9,37 1,08 0,80 1,24 0,491964 155,38 4,28 1,57 2,37 5,86 0,92 0,91 0,96 0,49 1995 102,83 5,62 1,75 3,02 9,78 1,12 0,74 1,26 0,601965 161,20 3,88 1,50 2,47 6,24 1,06 0,95 0,96 0,52 1996 127,33 5,72 1,96 3,02 10,06 1,16 0,86 1,25 0,601966 158,11 3,90 1,63 2,50 5,89 1,02 0,71 0,93 0,50 1997 89,79 6,10 1,60 2,91 9,68 1,06 0,88 1,11 0,621967 159,91 4,32 1,46 2,42 6,30 1,07 0,78 0,95 0,52 1998 108,44 5,73 1,30 3,07 9,79 1,07 0,92 1,16 0,651968 137,42 3,77 1,72 2,72 6,08 0,97 0,52 0,83 0,56 1999 108,01 6,26 1,69 3,41 11,26 1,13 0,98 1,29 0,701969 140,61 4,05 1,51 2,52 6,11 0,98 0,45 0,93 0,58 2000 111,82 6,59 1,66 3,56 11,54 1,15 0,98 1,28 0,721970 155,52 4,18 1,72 2,52 6,12 0,99 0,45 0,92 0,58 2001 122,34 6,76 1,98 3,71 11,49 1,16 0,87 1,25 0,721971 173,26 4,01 1,71 2,65 6,15 0,93 0,43 0,88 0,57 2002 136,96 6,68 1,87 3,84 12,18 1,19 1,09 1,35 0,751972 175,64 4,09 1,76 2,68 6,32 0,94 0,48 0,89 0,55 2003 114,05 6,79 2,04 3,92 12,19 1,24 1,06 1,38 0,701973 171,36 4,10 1,75 2,76 6,40 0,96 0,54 0,90 0,55 2004 98,03 6,44 2,11 3,66 12,19 1,20 0,98 1,39 0,781974 168,40 4,27 1,73 2,83 6,43 0,97 0,51 0,92 0,55 2005 102,42 6,90 2,22 3,61 12,46 1,23 1,14 1,34 0,631975 162,05 4,38 1,69 2,93 6,54 0,98 0,62 0,95 0,54 2006 110,04 6,87 2,33 3,67 12,45 1,29 1,02 1,34 0,851976 159,97 4,28 1,67 2,98 6,59 1,07 0,58 0,95 0,54 2007 121,09 7,21 2,41 3,97 12,62 1,23 1,05 1,26 0,701977 158,73 4,42 1,58 3,02 6,54 1,03 0,54 1,00 0,60 2008 135,93 7,36 2,37 4,14 12,91 1,24 0,96 1,38 0,821978 148,22 4,09 1,72 2,78 6,86 0,98 0,53 1,01 0,62 2009 131,88 7,39 2,36 4,23 13,34 1,34 1,16 1,43 0,711979 130,49 4,26 1,81 2,60 7,00 1,00 0,54 1,06 0,68 2010 125,49 7,28 2,28 4,34 13,16 1,28 1,16 1,42 0,801980 113,93 4,30 1,79 2,40 7,20 0,98 0,75 0,94 0,56 2011 123,46 7,30 2,66 4,54 13,74 1,29 1,16 1,47 0,901981 133,07 4,73 1,82 2,60 8,18 1,05 0,59 1,02 0,52 2012 127,81 7,73 2,19 4,72 14,33 1,34 1,15 1,49 0,811982 140,47 4,56 1,93 2,62 7,78 1,07 0,68 1,06 0,51 2013 133,72 7,71 2,63 4,65 14,41 1,42 1,16 1,50 0,641983 140,65 4,19 1,25 2,45 7,60 1,00 0,46 0,95 0,54 2014 126,05 7,60 2,94 4,53 14,78 1,42 1,68 1,56 0,611984 131,62 4,84 2,10 2,87 8,29 1,08 0,65 1,03 0,53 2015 120,74 7,89 2,61 4,83 14,90 1,42 1,52 1,55 0,661985 137,93 4,56 1,84 2,80 8,39 1,09 0,43 1,14 0,56 2016 112,12 7,55 2,51 4,61 14,53 1,41 1,23 1,50 0,721986 124,69 4,50 1,83 2,86 8,63 1,14 0,52 1,24 0,59 2017 121,25 7,19 2,86 4,71 15,39 1,51 1,27 1,50 0,801987 128,52 5,09 1,69 2,80 8,04 1,03 0,55 1,28 0,58 2018 121,83 8,12 2,94 4,94 15,85 1,52 1,33 1,54 0,831988 130,82 5,15 2,12 2,75 8,92 1,15 0,72 1,32 0,54 2019 126,08 7,70 3,09 4,99 16,27 1,54 1,38 1,56 0,821989 136,42 5,12 1,88 2,84 8,79 1,08 0,86 1,36 0,56 2020 123,76 8,23 2,73 4,77 16,47 1,62 1,48 1,64 0,841990 122,82 5,23 1,73 2,77 7,88 1,00 0,43 1,22 0,50

76


En el cuadro 12, se presenta la población total nacional de ovinos, vacunos, alpacas, cerdos y aves de carne. Analizando el caso de los ovinos, se puede observar por ejemplo que, en 1960, se criaban alre-dedor de 15.6 millones de ejemplares; en 1970, se tenían 17.1 millo-nes de ejemplares; en 1990, se tenía 12.6 millones de cabezas mien-tras que, en el año 2020 se tuvo 11.1 millones de ovinos. En cuanto a la población nacional de vacunos, el año 1960 fue de 3.8 millones de cabezas, en el año 1990, se tenía 4.2 millones de cabezas y en el año 2020, la población llegó a los 6 millones de ejemplares. En cuanto a la alpaca, típico de la zona alto andina de nuestra serranía, en el año 1960, se tuvo una población total de 2.7 millones de ejemplares, en el año 1990 se tuvo una población de 2.4 millones de cabezas y para el año 2020, la población alcanzó la cifra de 4.5 millones de ejempla-res. En cuanto a la población total de aves para carne, la población en 1960 era de 17.6 millones de ejemplares, en el año 1990 la pobla-ción alcanzaba la cifra de 60.4 millones de aves y para el año 2020, la población total fue de 178.2 millones de aves.

En el anexo se presentan los cuadros del A3 al A18, correspondien-tes a los cultivos de algodón, arroz, maíz amarillo duro, caña de azú-car, papa, maíz amiláceo, quinua, trigo y café; donde se muestran las variables más importantes correspondientes a cada uno de ellos para el período 1960-2020.

POBLACIÓN PECUARIA DE PRINCIPALES ESPECIES: 1960 -2020(Miles de Unidades)

Nota. MIDAGRIElaboración propia

Año Ovino Vacunos Alpacas Cerdos Aves Carne Año Ovino Vacunos Alpacas Cerdos Aves Carne

1960 15 595,2 3 819,8 2 700,0 1 624,9 17 556,0 1991 12 554,1 4 252,0 2 707,4 2 372,7 65 931,01961 15 937,9 3 823,7 2 720,0 1 540,0 21 653,0 1992 12 560,2 4 241,4 2 697,4 2 350,6 65 079,61962 16 340,0 3 927,0 2 830,0 1 620,0 21 100,0 1993 12 533,8 4 223,0 2 688,2 2 348,6 67 730,91963 15 879,1 3 801,5 3 000,0 1 564,9 22 076,0 1994 12 667,0 4 504,7 2 811,0 2 403,6 70 305,51964 14 549,3 3 625,0 3 200,0 1 997,0 26 450,0 1995 12 614,4 4 557,8 2 840,5 2 413,4 75 410,71965 15 218,1 3 644,0 3 304,0 1 843,0 13 937,0 1996 12 765,3 4 662,8 2 721,6 2 494,1 78 749,21966 15 233,3 3 686,0 3 290,0 1 782,0 14 705,0 1997 13 432,6 4 663,1 2 779,0 2 561,2 78 888,11967 16 041,3 3 711,0 3 140,0 1 829,0 16 283,0 1998 13 836,7 4 748,9 2 843,3 2 599,8 82 552,41968 16 219,9 3 811,0 3 212,0 1 807,0 17 238,0 1999 14 338,3 4 861,7 3 040,1 2 787,5 87 603,11969 16 810,6 4 059,7 3 300,0 1 938,8 19 278,0 2000 14 801,0 4 980,3 3 078,5 2 845,6 88 010,41970 17 063,9 4 127,3 3 281,0 1 930,5 22 022,0 2001 14 727,2 5 035,6 3 190,4 2 809,9 85 621,21971 16 918,1 4 310,1 2 855,9 2 070,8 24 363,0 2002 14 690,5 5 163,7 3 335,7 2 941,0 90 354,21972 15 032,8 4 145,2 2 658,8 2 074,6 24 681,0 2003 14 721,2 5 193,4 3 422,6 2 990,5 92 846,11973 15 104,8 4 102,6 2 658,8 2 083,0 26 114,1 2004 14 696,5 5 184,8 3 429,0 3 000,2 97 761,01974 15 391,6 4 143,6 2 671,5 2 135,3 29 428,5 2005 14 813,8 5 249,8 3 594,5 3 010,7 99 278,81975 15 280,4 4 150,4 2 507,0 2 135,5 34 833,0 2006 14 675,3 5 241,1 3 625,6 3 073,9 117 976,71976 15 294,2 4 188,6 2 444,8 2 141,9 37 681,3 2007 14 580,2 5 420,9 3 687,3 3 115,8 120 227,61977 14 626,5 4 191,0 2 362,8 2 095,5 37 697,6 2008 14 509,6 5 443,0 3 780,8 3 151,4 131 179,11978 13 583,2 4 233,3 2 229,6 2 101,8 38 655,4 2009 14 137,7 5 459,4 4 105,6 3 256,8 137 838,01979 13 730,4 4 311,5 2 359,4 2 093,1 37 376,8 2010 14 159,7 5 520,2 4 177,5 3 254,4 130 779,01980 13 612,6 4 261,4 2 373,4 2 078,9 39 350,3 2011 14 050,2 5 589,2 4 322,3 3 263,3 128 943,51981 14 077,9 4 291,5 2 401,3 2 106,3 42 295,9 2012 12 184,1 5 661,0 3 927,4 2 987,3 138 554,11982 14 214,3 4 319,5 2 472,9 2 114,6 43 789,3 2013 11 831,0 5 556,0 4 005,3 3 176,1 138 179,81983 12 889,4 4 132,4 2 433,8 2 091,4 41 971,0 2014 11 652,3 5 578,0 4 315,8 3 173,0 144 703,71984 12 602,0 4 172,2 2 512,9 2 125,2 45 242,8 2015 11 982,6 5 553,5 4 318,5 3 200,7 151 000,91985 12 858,2 4 197,6 2 464,4 2 157,7 50 916,3 2016 11 450,7 5 525,5 4 319,2 3 104,9 158 263,21986 12 923,1 4 268,9 2 591,4 2 198,3 55 614,2 2017 11 338,4 5 535,6 4 330,7 3 217,3 156 637,71987 13 255,9 4 291,1 2 649,6 2 216,8 58 918,9 2018 11 330,9 5 595,5 4 384,8 3 215,7 160 959,31988 13 026,0 4 298,1 2 724,9 2 248,3 59 984,6 2019 11 371,6 5 599,9 4 456,0 3 269,5 168 172,61989 13 085,5 4 342,7 2 758,9 2 358,9 56 928,2 2020 11 122,7 5 688,5 4 450,4 3 270,7 178 159,61990 12 637,3 4 245,5 2 687,7 2 354,1 60 406,9

Cuadro 12

77


El cuadro 13 contiene la información, correspondiente al período 1960 al 2020, sobre la evolución de los índices de productividad pro-medio nacional de los vacunos de carne, ovinos, cerdos, aves para carne, huevos, leche fresca de vaca y fibra de alpaca. Es de impor-tancia analizar la evolución de las cifras de la producción promedio de leche fresca por vaca y por año; en el año 1960, la productividad promedio nacional fue de 1213 kg/vaca-año; para el año 1990 la pro-ductividad promedio alcanzó los 1234 kg /vaca-año; el año 2000, la productividad llegó a los 1631 kg /vaca-año y en el año 2020 , la cifra alcanzó los 2361 kg/vaca-año; con un importante incremento de la productividad de leche fresca en los últimos 30 años, en comparación con un estancamiento durante el período 1960-990.

Por otro lado, se puede observar que, en la productividad de fibra de alpaca, en el año 1960, alcanzaba la cifra de 1.96 kg/animal-año; en 1990 la cifra bajó hasta 1.72 kg/animal-año, en el año 2000, cifra si-guió bajando hasta 1.70 kg/animal-año y en el año 2020, la produc-tividad se recupera hasta alcanzar 2.00 kg/animal-año. Es decir, con esto prácticamente se superó ligeramente a la productividad que se tuvo en el año 1960.

PRODUCTIVIDAD PECUARIA PROMEDIO DE PRINCIPALES ESPECIES: 1960-2020


Cuadro 13

1960 123,98 10,60 41,95 1,58 5,89 1 213 1,96 1991 157,83 10,47 49,25 1,86 11,96 1 234 1,791961 133,73 10,60 42,03 1,51 5,76 1 231 1,96 1992 157,24 10,84 48,83 1,84 12,81 1 241 1,831962 126,20 10,60 42,04 1,56 5,63 1 249 1,96 1993 153,09 11,95 53,88 1,84 13,13 1 261 1,871963 136,40 10,21 45,54 1,55 5,90 1 259 1,96 1994 151,09 12,83 57,80 1,82 13,44 1 305 1,881964 127,34 10,55 42,39 1,52 5,83 1 236 1,96 1995 151,83 13,16 57,90 1,89 14,22 1 351 1,841965 122,45 10,65 41,65 1,53 5,63 1 276 1,95 1996 150,44 12,64 56,73 1,87 15,08 1 396 1,841966 124,62 10,66 41,63 1,54 5,81 1 331 1,95 1997 147,29 12,78 58,19 1,84 15,94 1 441 1,701967 124,53 10,56 41,70 1,50 5,72 1 280 1,99 1998 147,08 13,38 61,78 1,84 15,84 1 511 1,791968 124,40 10,54 41,73 1,54 5,52 1 267 1,91 1999 146,01 12,13 60,50 1,81 15,87 1 556 1,741969 122,32 10,61 42,22 1,53 5,38 1 246 1,95 2000 148,73 12,32 59,43 1,80 15,02 1 631 1,701970 119,52 10,64 42,23 1,51 5,47 1 307 1,95 2001 144,07 12,42 56,45 1,80 14,83 1 735 1,761971 120,01 10,83 44,48 1,54 5,37 1 350 1,85 2002 140,99 12,49 56,52 1,81 15,09 1 655 1,771972 119,48 10,97 44,79 1,50 5,58 1 294 1,79 2003 139,74 12,60 55,52 1,86 15,15 1 700 1,751973 119,54 10,94 44,46 1,53 5,98 1 291 1,69 2004 140,80 12,44 52,77 1,88 15,14 1 726 1,771974 119,57 10,91 44,52 1,57 6,03 1 292 1,60 2005 142,29 12,54 52,56 1,90 15,17 1 745 1,801975 120,48 10,92 44,57 1,56 6,01 1 256 1,64 2006 143,63 12,59 52,88 1,93 15,49 1 811 1,771976 120,57 10,93 44,62 1,50 6,09 1 260 1,62 2007 143,37 12,62 53,19 1,95 15,55 1 933 1,761977 123,01 11,47 45,22 1,52 6,09 1 269 1,59 2008 141,78 12,45 54,04 2,01 15,63 2 034 1,731978 122,50 11,63 44,89 1,52 6,09 1 262 1,60 2009 140,95 12,15 51,84 2,02 15,62 2 099 1,751979 122,87 11,71 44,75 1,52 6,09 1 205 1,65 2010 141,03 12,07 52,88 2,02 15,70 2 131 1,751980 121,45 10,72 46,39 1,59 6,09 1 248 1,60 2011 141,38 12,04 51,16 2,07 15,92 2 153 1,811981 125,28 10,41 48,93 1,69 6,73 1 194 1,62 2012 141,44 12,13 50,95 2,10 15,82 2 083 1,821982 130,21 12,30 48,09 1,72 7,81 1 169 1,62 2013 140,42 12,32 51,09 2,11 16,04 2 103 1,851983 130,42 11,70 47,31 1,79 7,88 1 274 1,62 2014 142,57 12,34 51,49 2,12 16,04 2 103 1,551984 133,63 11,60 45,19 1,80 8,09 1 315 1,60 2015 143,31 12,29 51,69 2,21 16,17 2 148 1,871985 138,90 11,80 44,82 1,74 9,50 1 358 1,63 2016 140,02 12,38 51,99 2,19 16,20 2 182 1,861986 137,17 12,10 46,98 1,80 10,73 1 369 1,68 2017 141,78 12,40 51,34 2,21 16,25 2 261 1,881987 147,32 11,90 47,54 1,88 10,81 1 383 1,71 2018 140,71 12,53 52,99 2,23 16,32 2 305 1,851988 143,58 11,60 52,28 1,87 13,03 1 326 1,70 2019 142,16 12,59 52,75 2,24 16,58 2 351 1,931989 140,47 11,70 51,91 1,86 11,08 1 231 1,64 2020 147,20 12,73 53,18 2,29 16,97 2 361 2,001990 152,07 10,81 48,56 1,81 10,96 1 234 1,72

Huevos(kg/gallina)

Leche (kg/vaca-año)

Fibra Alpaca(kg/animal-año)Año

Carne Vacuno

(kg/animal)

Carne de ovino

(kg/animal)

Carne Cerdo

(kg/unidad)

Carne Ave (kg/animal)Año

Carne Vacuno

(kg/animal)

Carne de ovino

(kg/animal)

Carne Cerdo

(kg/unidad)

Carne Ave (kg/animal)

Huevos(kg/gallina)

Leche (kg/vaca-año)

Fibra Alpaca(kg/animal-año)

78


En el cuadro 14, se observa el consumo per cápita promedio de los principales alimentos de nuestro país durante el período 1960-2020. El consumo per cápita de la papa en 1960 fue de 63.8 kg/persona- año, en 1970, subió esta cifra hasta los 78.9 y luego fue bajando hasta que en el año 1990 fue de tan solo 55.8 kg/persona y a partir de ese año, el consumo se fue incrementando nuevamente hasta que, en el año 2020, alcanzó la cifra de 89.0 kg/persona-año. En cuanto al con-sumo de arroz, en el año 1960, el consumo per cápita fue de 36.0 kg/ persona-año, observándose que la tasa de crecimiento del consumo per cápita fue constante y así se llegó que para el año 2020, se tuvo un consumo de 71.5 kg/persona-año.

Consumo per cápita promedio de los principales alimentos: 1960-2020(kg / persona / año)

Cuadro 14

Nota. SINIA – MINAGRIElaboración propia

1960 63,8 36,0 9,3 51,2 2,1 6,4 50,0 1,71965 65,7 25,3 9,7 50,2 3,2 6,5 63,1 1,61970 78,9 34,5 9,7 49,4 4,4 6,4 64,0 2,11975 59,8 35,4 8,8 47,4 8,6 5,7 59,5 3,31980 58,4 34,6 9,6 45,4 8,3 4,8 50,2 3,51985 57,9 43,6 9,5 42,3 10,3 5,2 46,6 4,01990 55,8 40,5 9,6 40,2 10,3 5,4 38,4 4,51995 59,4 45,5 9,1 42,7 14,7 4,5 48,9 5,52000 76,7 52,8 9,3 45,5 20,2 5,0 45,2 7,02005 74,8 58,5 8,3 46,8 23,5 5,5 51,8 7,42010 77,9 65,5 8,3 48,7 35,0 5,6 66,3 9,72015 87,7 67,9 9,4 48,9 46,3 6,3 73,7 12,42020 89,0 71,5 8,3 49,9 55,2 6,1 81,7 15,0

Leche HuevosAño Papa Arroz Maíz Amiláceo Azúcar Carne

AveCarne

Vacuno

En cuanto al consumo per cápita del maíz amiláceo, alimento espe-cialmente de la población de la sierra, en el año 1960, el consumo per cápita fue de 9.3 kg/persona-año y en el año 2000 se mantuvo la misma cifra y para el año 2020 se redujo hasta tenerse solo 8.3 kg/persona-año. En cuanto al azúcar, el consumo per cápita para el año 1960 fue de 51.2 kg/persona-año, cifra que fue reduciéndose en for-ma gradual, hasta alcanzar la cifra más baja en el año 1990 de 40.2 kg/persona-año y en el año 2000, la cifra se incrementó hasta alcan-zar los 45.5 Kg/persona-año y para el año 2020, la cifra se incremen-tó hasta los 49.9 kg/persona-año. En cuanto al consumo de carne de aves y huevos, en el año 1960, era de 2.1 y 1.7 kg/persona-año, res-pectivamente; cifras que se fueron incrementando en forma cons-

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tante hasta alcanzar en el año 1990, los consumos de 10.3 y 4.5 kg/persona-año respectivamente y en el año 2020, el consumo alcanzó los 55.2 y 15.0 kg/persona-año respectivamente. Respecto a los pro-ductos carne de vacuno y leche, en el año 1960 las cifras fueron de 6.4 y 50.0 kg/persona-año respectivamente, en el año 1990, el con-sumo alcanzó los 5.4 y los 38. 4 kg/persona-año y para el año 2020, se alcanzó los 6.1 y 81.7 kg/persona-año respectivamente.

En el cuadro 15, se presentan algunos aspectos relevantes de la ac-tividad agraria de nuestro país para el período 1961-2017, donde sobresale que la atomización de las tierras agrícolas se incrementó considerablemente, a pesar que uno de los principales objetivos de la ley de reforma agraria 17716 fue “eliminar el latifundio y minifun-dio”. Ello se cumplió eliminando los latifundios empresariales, pero no el minifundio que, por el contrario, se acentuó. Otro aspecto im-portante se refiere al incremento del número de productores. Este pasó de 878 456 que se tenía en 1961, a 1 077, 548 en el año 1972; para el año 1994, se incrementó a 1 742,267 y para el año 2012, el número total de productores alcanzó la cifra de 2 187, 207. Por otro lado, respecto del número de comunidades campesinas que en el año 1961 era de 583, en el año 1972 ya era de 1 344; en el año 1994 el número se incrementó a 5 680 y para el año 2012, el número total de las comunidades campesinas llegó a las 6 115. La superficie de tierras que poseían dichas comunidades fue de 1 440,574 has en el año 1961; en el año 1972, ya poseían 6 120,781has; en el año 1994,

Aspectos relevantes de la actividad agraria nacional: 1961-2012Cuadro 15

Nota. INEI, CENAGROs I, II, III, IV SINIA - Ministerio de AgriculturaElaboración propia

Variables 1961 1972 1994 2012Superficie Agropecuaria total (Has.) 17 722 500 23 545 100 35 381 800 38 742 465Superficie Agricola (Has.) 3 897 372 3 691 417 5 476 980 7 125 008Superficie Pastos Naturales (Has) _ _ _ 18 018 795Superficie de Montes y Bosques (Has) _ _ _ 10 939 274Otros Usos (Has) _ _ _ 2 659 389Superficie No Agricola (Has) 13 825 128 19 853 683 29 904 820 31 617 458Unidades Agropecuarias (U.A.) 878 456 1 077 548 1 293 049 2 257 242Numero de Parcelas 2 486 748 4 741 207 5 718 079 5 147 415Numero de Productores 878 456 1 077 548 1 742 267 2 187 207Numero de Parcelas/Productor 2,83 4,40 3,29 2,35Numero de Comunidades Campesinas (CC) 583 1 344 5 680 6 115Superficie Agropecuaria de CC (Has) 1 440 574 6 120 781 14 171 968 16 359 074Numero de Comunidades Nativas _ _ 1 260 _Sup. Agrop. de Comunidades Nativas (Has) _ _ 5 249 326 8 046 415

80


Evolución de la Superficie Agrícola Nacional: 1961-2012has

Cuadro 16

Nota. INEI, CENAGROs I, II, III, IV SINIA - Ministerio de AgriculturaElaboración propia

Superficie Agrícola 1961 1972 1994 2012

Área Bajo Riego 1 016 300 1 273 500 1 729 400 2 579 900

Área de Secano 2 881 072 2 417 917 3 747 580 4 545 108

Total 3 897 372 3 691 417 5 476 980 7 125 008

Superficie agrícola nacional con cultivo, tipo de riego y sin cultivos: 2012Has

Cuadro 17

Nota. INEI, CENAGRO IV SINIA - Ministerio de AgriculturaElaboración propia

Modalidad de cultivo TOTAL NACIONAL

Gravedad 1 590 545Goteo 127 200Asperción 86 873Exudación 3 683

Descanso 766 090En Barbecho 1 431 641

TOTAL 7 125 0084 155 678 2 969 330

2 579 900

4 545 108

Con Cultivos Sin cultivos

Bajo Riego (has) 1 808 301 771 599

2 197 7312 347 377Secano (has)

las tierras que poseían eran de 14 171,968 has y para el año 2012 las tierras que poseían llegaban a las 16 359,074 has.

Similar situación se presentó con las comunidades nativas. Según el censo, en el año 1994, llegaban a un total de 1 260 y poseían un total de 5 249,326 has y para el año 2012, sus tierras alcanzaban la cifra de 8 046,415 ha y en el año 2017, según el INEI, el número de comunidades nativas registradas era de 2,703, observándose un incremento de 114.5%., respecto al año 1994.

En el cuadros 16, se puede apreciar la evolución de la superficie agrí-cola a nivel nacional desagregada por áreas bajo riego o de secano. Las áreas agrícolas bajo riego, en el año 2012, alcanzaban las cifra de 2 579,900 has y para cultivo de secano la superficie era de 4 545,108 has. con cultivo y sin cultivos. Se puede observar que las áreas agrí-colas bajo riego, en el año 2012, alcanzaban las cifra de 2 579,900 has y para cultivo de secano, la superficie era de 4 545,108 has. En el cuadro 17, según el IV Censo Nacional Agropecuario se presen-tan las áreas con cultivo y tipos de riego y de secano. En él, se puede observar que solo estaban con cultivos 1 808,301 has de tierras bajo

81


riego, es decir que, del total de tierras bajo riego, que se observa en el cuadro 17, increíblemente 771,599 has no estaban siendo culti-vadas. Esto se debió, posiblemente, a que no contaban con recursos económicos para cultivarlos o no le eran rentables. Este punto es de fundamental importancia y debe ser abordado con total seriedad y serenidad, pues en un país donde existe falta de empleo y de ali-mentos, no es justificable desde ningún punto de vista que se tengan tierras bajo riego y sin producir. Por otro lado, se observa que del total de tierras para cultivo de secano con que cuenta nuestro país 2 197,731 has, están en descanso.

En el cuadro 18, se presenta la balanza comercial agropecuaria del período 1950-2020. Se puede observar que, en el año 1950, el valor FOB de las exportaciones agrarias fue de 107 millones de dólares de esa época, mientras que el valor FOB de las importaciones de productos agrarios era de 25,457 millones de dólares de esa épo-ca, dando un balance comercial muy favorable para nuestro país de 82,289 millones de dólares FOB.

Esta situación favorable de la balanza comercial agropecuaria con-tinuó hasta el año 1980 cuando, por primera vez, los valores de las importaciones de productos agropecuarios alcanzaron la cifra de 489,825 millones de dólares FOB de esa época, mientras que el valor FOB de nuestras exportaciones de productos agropecuarios sólo alcanzaron los 309,157 millones de dólares FOB de esa época, arrojando un déficit en nuestra balanza comercial agropecuaria ne-gativa de 180,668 millones de dólares; similar tendencia continuó en los años siguientes. En los años 1990 y 1995, los valores FOB de la importación de productos agrarios fueron de 56,669 y 90,556 millones de dólares respectivamente; mientras que el valor de las exportaciones FOB para los años 1990 y 1995, fueron de 305,019 y 657,057 millones de dólares, respectivamente. Se observa que el desbalance entre las importaciones y exportaciones de productos agropecuarios fue creciendo en forma significativamente negativa, nada favorable para nuestra economía nacional. Resalta que, recién a partir del año 2000, esta situación comienza a revertirse, siendo en ese año, el valor FOB de las importaciones de productos agropecua-rios de 709,381 millones de dólares, mientras que el valor FOB de las agro exportaciones fue de 785,571 millones de dólares. Es decir,

82


nuestro país comenzó a tener una balanza comercial agropecuaria positiva que año a año se fue incrementando y así, en el año 2020, se alcanzó a tener que el monto total de las agro exportaciones fue de 7 791,064 millones de dólares FOB y las importaciones alcanzaron la cifra de 4 848,318 millones de dólares FOB, es decir con ello se tuvo una balanza comercial agropecuaria positiva de 2 942,746 millones de dólares FOB. En el apéndice se presenta el cuadro completo de la balanza comercial agropecuaria desde el año 1950 hasta el año 2020.

En la siguiente figura 1, se puede observar la tendencia de nuestra balanza comercial agropecuaria desde el año 1950 hasta el año 2020.

BALANZA COMERCIAL AGROPECUARIA: 1950-2020(Miles US$ FOB)

Nota. SUNAT - SUNADElaboración propia

Cuadro 18

Año Exportaciones (Miles US$ FOB)

Importaciones (Miles US$ FOB)

Balanza Comercial

(Millones US$ FOB)Año Exportaciones

(Miles US$ FOB)Importaciones (Miles US$ FOB)

Balanza Comercial

(Millones US$ FOB)

1950 107 746 25 457 82 289 1986 428 039 449 222 -21 1831951 136 673 23 055 113 618 1987 284 236 494 425 -210 1891952 123 189 27 462 95 727 1988 276 489 500 823 -224 3341953 114 991 25 457 89 534 1989 366 149 432 984 -66 8351954 114 358 20 151 94 207 1990 305 019 565 669 -260 6501955 120 757 25 000 95 757 1991 334 200 437 072 -102 8721956 136 799 23 863 112 936 1992 286 058 640 180 -354 1221957 142 340 30 668 111 672 1993 293 989 667 683 -373 6941958 133 570 31 632 101 938 1994 496 903 783 049 -286 1461959 132 586 31 202 101 384 1995 657 057 905 556 -248 4991960 148 307 32 123 116 184 1996 648 574 1 110 848 -462 2741961 176 161 38 830 137 331 1997 841 397 1 050 288 -208 8901962 186 765 38 401 148 364 1998 718 661 1 272 047 -553 3851963 194 648 34 410 160 238 1999 815 566 963 293 -147 7281964 206 897 50 868 156 029 2000 785 571 709 381 76 1891965 167 201 73 585 93 616 2001 777 440 809 937 -32 4971966 172 543 69 718 102 825 2002 925 358 798 106 127 2521967 150 661 71 124 79 537 2003 1 008 021 849 775 158 2461968 167 134 80 157 86 977 2004 1 316 149 1 237 159 78 9891969 148 083 74 280 73 803 2005 1 561 098 1 341 323 219 7751970 167 248 84 609 82 639 2006 2 065 698 1 505 886 559 8131971 157 818 88 771 69 047 2007 2 184 331 2 039 366 144 9651972 194 408 144 145 50 263 2008 2 795 429 2 836 920 -41 4911973 230 781 185 623 45 158 2009 2 631 038 2 331 601 299 4371974 343 854 289 168 54 686 2010 3 398 395 2 981 354 417 0411975 400 239 373 728 26 511 2011 4 777 376 3 856 005 921 3711976 308 059 255 793 52 266 2012 4 442 888 4 187 917 254 9721977 369 915 225 680 144 235 2013 4 426 504 4 141 857 284 6471978 296 383 204 663 91 720 2014 5 301 421 4 325 552 975 8691979 386 815 278 366 108 449 2015 5 284 693 4 070 891 1 213 8021980 309 157 489 825 -180 668 2016 5 789 936 4 041 020 1 748 9161981 245 344 602 787 -357 443 2017 6 255 420 4 610 102 1 645 3171982 287 057 417 523 -130 466 2018 7 033 425 4 782 000 2 251 4251983 258 700 487 586 -228 886 2019 7 462 044 4 709 645 2 752 3991984 290 621 353 425 -62 804 2020 7 791 064 4 848 318 2 942 7461985 321 386 238 667 82 719

83


3.13. Precios en chacra de principales producos agrícolas

En el cuadro 19, se presentan los precios promedio anual dolariza-dos en chacra de los principales productos agrícolas para al período 1963-2020; aqui se puede observar el comportamiento de los pre-cios que reflejan el efecto de la política de control de precios, pre-cios de garantía y los subsidios con los que el Estado importaba los principales productos a traves de las empresas estatales vigentes en el período 1970-1991.

Balanza Comercial Agropecuaria: 1950 – 2020

Nota. Superintencia Nacional de Administración Tributaria - SUNADElaboración propia

-1 000 000

-500 000

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

1950

1952

1954

1956

1958

1960

1962

1964

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

Mile

s de

US$

FO

BFigura 1

84


PR

EC

IO E

N C

HA

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INC

IPA

LES

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S: 1

960-

2020

(US

$/kg

)

Not

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Año

Arro

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aña

de

Azúc

arM

aiz

amar

illoAl

godó

nM

aíz

amila

ceo

Papa

Qui

nua

Trig

oC

afé

1963

0,07

10,

070

0,24

30,

075

0,06

20,

070

0,52

1992

0,23

10,

032

0,21

00,

517

0,32

50,

219

0,41

50,

281

0,46

1964

0,08

30,

006

0,06

40,

257

0,06

50,

060

0,11

10,

069

0,53

1993

0,25

30,

030

0,18

70,

617

0,31

70,

190

0,35

50,

276

0,52

1965

0,09

30,

006

0,07

30,

224

0,07

70,

064

0,12

90,

078

0,52

1994

0,23

40,

000

0,20

90,

706

0,33

70,

194

0,45

40,

261

1,30

1966

0,11

60,

006

0,07

60,

221

0,08

90,

078

0,12

50,

103

0,37

1995

0,25

10,

000

0,22

00,

771

0,34

60,

129

0,44

40,

270

1,72

1967

0,11

00,

005

0,07

10,

204

0,08

20,

063

0,11

00,

089

0,32

1996

0,28

80,

000

0,21

80,

664

0,33

90,

227

0,44

70,

285

1,31

1968

0,11

50,

004

0,06

40,

180

0,07

60,

057

0,10

80,

085

0,32

1997

0,24

60,

000

0,19

20,

676

0,31

50,

180

0,52

60,

274

2,08

1969

0,11

40,

004

0,06

70,

193

0,08

50,

058

0,11

20,

093

0,33

1998

0,29

30,

000

0,19

20,

658

0,34

10,

213

0,54

60,

268

1,35

1970

0,11

00,

005

0,06

90,

207

0,08

90,

057

0,11

60,

092

0,37

1999

0,21

20,

000

0,16

00,

556

0,30

10,

1 26

0,48

50,

227

1,02

1971

0,11

30,

005

0,07

20,

224

0,09

60,

055

0,12

70,

098

0,33

2000

0,19

40,

000

0,15

50,

472

0,28

60,

109

0,45

10,

206

0,92

1972

0,12

00,

006

0,08

20,

236

0,11

30,

068

0,14

30,

110

0,40

2001

0,19

90,

000

0,15

00,

493

0,30

50,

138

0,46

70,

222

0,68

1973

0,12

40,

007

0,10

30,

354

0,12

70,

080

0,16

70,

126

0,42

2002

0,17

80,

000

0,14

90,

462

0,30

80,

090

0,44

00,

213

0,55

1974

0,13

80,

008

0,12

90,

390

0,14

60,

100

0,19

10,

142

0,45

2003

0,17

80,

000

0,15

00,

537

0,29

40,

133

0,42

50,

203

0,61

1975

0,20

70,

022

0,17

10,

440

0,21

50,

128

0,29

60,

214

0,52

2004

0,26

70,

000

0,16

40,

587

0,28

90,

124

0,43

40,

230

0,72

1976

0,15

40,

028

0,13

60,

385

0,16

80,

101

0,21

40,

165

0,46

2005

0,22

50,

000

0,16

40,

548

0,31

10,

115

0,47

20,

239

1,08

1977

0,20

80,

015

0,15

90,

497

0,20

20,

153

0,30

30,

203

1,78

2006

0,20

10,

025

0,17

30,

569

0,32

60,

156

0,47

60,

242

1,06

1978

0,17

80,

025

0,15

30,

427

0,17

80,

113

0,22

50,

175

1,24

2007

0,26

20,

020

0,21

20,

664

0,37

70,

147

0,52

10,

283

1,24

1979

0,22

90,

022

0,15

90,

443

0,20

00,

148

0,27

20,

193

1,32

2008

0,37

30,

016

0,26

60,

695

0,51

10,

211

0,70

60,

430

1,46

1980

0,27

80,

023

0,21

70,

498

0,26

90,

207

0,34

20,

268

1,27

2009

0,27

10,

023

0,25

00,

583

0,59

40,

224

1,06

20,

406

1,55

1981

0,29

50,

035

0,20

50,

539

0,28

80,

158

0,42

40,

251

0,89

2010

0,32

10,

032

0,29

30,

812

0,62

70,

214

1,18

70,

416

1,87

1982

0,26

60,

025

0,18

10,

424

0,23

80,

128

0,40

90,

209

0,71

2011

0,44

30,

045

0,36

11,

289

0,67

20,

229

1,25

20,

469

2,56

1983

0,18

80,

020

0,15

60,

456

0,22

70,

2 11

0,33

80,

242

0,58

2012

0,42

10,

044

0,38

10,

891

0,79

10,

270

1,43

50,

512

2,16

1984

0,17

40,

015

0,16

00,

688

0,30

30,

136

0,34

90,

272

0,99

2013

0,36

90,

020

0,38

60,

818

0,82

80,

281

2,40

70,

519

1,81

1985

0,14

60,

010

0,13

10,

439

0,20

60,

079

0,32

60,

220

1,01

2014

0,40

40,

020

0,36

00,

860

0,78

90,

247

2,65

20,

538

2,11

1986

0,17

90,

010

0,19

10,

407

0,27

00,

151

0,43

10,

260

1,61

2015

0,36

80,

027

0,32

00,

715

0,71

80,

278

1,56

80,

498

1,79

1987

0,18

20,

011

0,15

90,

533

0,23

00,

116

0,43

00,

233

0,67

2016

0,35

90,

032

0,32

10,

788

0,71

10,

316

1,33

70,

495

1,58

1988

0,06

40,

010

0,08

20,

331

0,10

50,

055

0,14

50,

122

0,53

2017

0,36

50,

035

0,33

10,

873

0,77

00,

238

1,28

80,

535

1,64

1989

0,12

90,

019

0,12

00,

310

0,18

50,

153

0,29

10,

252

0,32

2018

0,32

60,

023

0,32

10,

973

0,82

30,

227

1,22

10,

540

1,56

1990

0,08

00,

030

0,13

30,

281

0,21

10,

119

0,16

40,

340

0,27

2019

0,31

00,

018

0,32

10,

789

0,83

50,

323

1,47

60,

552

1,46

1991

0,23

40,

026

0,20

00,

679

0,35

90,

197

0,42

00,

321

0,66

2020

0,34

20,

017

0,31

20,

614

0,83

10,

232

1,31

50,

541

1,55

8

Cua

dro

19

85


PRECIO EN CHACRA DE ARROZ CÁSCARA: 1963 – 2020

Nota. MidagriElaboración propia

Gráfico 1

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

0,400

0,450

0,500

1963

1965

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

(US$

/Kg)

PRECIO EN CHACRA DE CAÑA DE AZÚCAR: 1963 – 2020


Gráfico 2

0,000

0,005

0,010

0,015

0,020

0,025

0,030

0,035

0,040

0,045

0,050

1963

1965

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

(US$

/Kg)

PRECIO EN CHACRA DE MAÍZ AMARILLO DURO: 1963 – 2020


Gráfico 3

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

0,400

0,450

1963

1965

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

(US$

/Kg)

PRECIO EN CHACRA DE ALGODÓN; 1963 – 2020


Gráfico 4

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

1,200

1,400

1963

1965

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

(US$

/Kg)

86


PRECIO EN CHACRA DE MAÍZ AMILÁCEO: 1963 – 2020


Gráfico 5

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0,800

0,900

1963

1965

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

(US$

/Kg)

PRECIO EN CHACRA DE PAPA: 1963 – 2020


Gráfico 6

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

1963

1965

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

(US$

/Kg)

PRECIO EN CHACRA DE QUINUA: 1963 – 2020


Gráfico 7

0,000

0,500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

1963

1965

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

(US$

/Kg)

87


PRECIO EN CHACRA DE CAFÉ: 1963 – 2020


Gráfico 9

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

1963

1965

1967

1969

1971

1973

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

(US$

/Kg)

3.14. Evolución de la inflación en el Perú: 1922- 2020

En el cuadro 20, se presenta la estadística de las tasas de inflación de nuestro país para el período 1922-2020, donde se puede obser-var que la tasa de inflación para el año 1973 fue de 13.8% y a partir de ese año se fue incrementando sostenidamente hasta el año 1980 que se tuvo una tasa de inflación de 60.1%. Esto se debió a la errada política económica que implementó el gobierno militar, al despilfarro del dinero fiscal, y al desmedido endeudamiento externo. Para el año 1985, la tasa de inflación subió a 158.3% y para el año 1990 se alcan-zó la astronómica cifra de 7,649.6%.

A partir de ese año la tasa de inflación comenzó a decaer bruscamen-te debido al programa económico que se comenzó aplicar, lográndo-se para el año 1995 tener una tasa de 10.2%, para el año 2000 una tasa de tan solo 3.7% y en el año 2020 una tasa de 2.0%.

Es bueno remarcar, que este proceso inflacionario que sufrío nuestro país en la década de los 80 se aceleró debido a que nuestro país dejó de pagar unilateralmente la deuda externa desde el año 1983 y se agravó entre los años 1987 a 1990.

Este proceso inflacionario incidió grandemente en los precios que re-cibía el campesino por sus productos, pues estos variaban en la ma-ñana, tarde y noche y consecuentemente acentuaban el empobreci-miento de la economía del campesino.

PRECIO EN CHACRA DE TRIGO: 1963 – 2020


Gráfico 8

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,60019

6319

6519

6719

6919

7119

7319

7519

7719

7919

8119

8319

8519

8719

8919

9119

9319

9519

9719

9920

0120

0320

0520

0720

0920

1120

1320

1520

1720

19

(US$

/Kg)

88


EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN, SEGÚN AÑOS: 1922-2020(%)

Nota. Instituto Nacional de Estadística e Informática y BCRPElaboración propia

Año Inflación Año Inflación Año Inflación Año Inflación Año Inflación Año Inflación

1922 -4,5 1939 4,8 1956 6,0 1973 13,8 1990 7649,6 2007 3,91923 -5,3 1940 9,2 1957 7,1 1974 19,1 1991 139,2 2008 6,71924 3,9 1941 10,5 1958 8,9 1975 24,0 1992 56,7 2009 0,21925 7,0 1942 8,5 1959 16,8 1976 44,6 1993 39,5 2010 2,11926 0,5 1943 12,3 1960 2,6 1977 32,6 1994 15,4 2011 4,71927 -3,5 1944 13,2 1961 8,7 1978 73,9 1995 10,2 2012 2,61928 -6,7 1945 11,1 1962 4,9 1979 66,7 1996 11,8 2013 2,91929 -2,2 1946 12,1 1963 8,7 1980 60,1 1997 6,5 2014 3,21930 -4,5 1947 46,1 1964 11,4 1981 72,7 1998 6,0 2015 4,41931 -6,5 1948 13,6 1965 14,6 1982 72,9 1999 3,7 2016 3,21932 -4,4 1949 18,7 1966 7,9 1983 125,1 2000 3,7 2017 1,41933 -2,6 1950 9,5 1967 19,0 1984 111,5 2001 -0,1 2018 2,21934 2,0 1951 8,2 1968 9,8 1985 158,3 2002 1,5 2019 1,91935 1,3 1952 6,4 1969 5,7 1986 62,9 2003 2,5 2020 2,01936 5,3 1953 8,6 1970 5,5 1987 114,5 2004 3,51937 6,3 1954 4,8 1971 7,5 1988 1722,3 2005 1,51938 -4,1 1955 4,6 1972 4,2 1989 2775,3 2006 1,1

Cuadro 20

EVOLUCIÓN DE LA INFLACIÓN: 1922 – 2020

Nota. INEIElaboración propia

Gráfico 10

-1000,0

0,0

1000,0

2000,0

3000,0

4000,0

5000,0

6000,0

7000,0

8000,0

9000,0

1922

1924

1926

1928

1930

1932

1934

1936

1938

1940

1942

1944

1946

1948

1950

1952

1954

1956

1958

1960

1962

1964

1966

1968

1970

1972

1974

1976

1978

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

(%)

3.15. Proceso de parcelación de las empresas autogestionarias

Con la dación del Decreto Legislativo N° 02, expedido en los prime-ros meses del segundo gobierno del Arquitecto Belaúnde en el año 1980, se abrió, como ya se señaló, la posibilidad para que legalmen-te, las empresas agrarias asociativas pudieran “cambiar de modelo” incluyendo la opción de parcelarse, para que así, cada campesino pueda llegar a ser propietario de un pedazo de tierra y consecuente-mente pueda trabajarlo con mayor dedicación. Esto generó toda una corriente a favor de la parcelación, sobre todo en las empresas pe-queñas y medianas, especialmente, de la costa central. Es de resaltar que algunas empresas se parcelaron de hecho, incluso, antes de la vigencia de esta norma que permitía la parcelación.

89


Ante esta realidad, convendría preguntarnos ¿por qué ocurrieron las parcelaciones? Algunas de las causas que podemos mencionar son las siguientes:

• La percepción que seguía teniendo la mayoría de los socios de las empresas asociativas era que el Estado era el verdadero dueño de la empresa. Esta consideración se sustenta en la gran injeren-cia en su manejo desde el momento mismo de la intervención o afectación de la hacienda que se debía expropiar, la designación de los interventores, de los gerentes y la manipulación en las elecciones de los delegados y demás cuadros directivos, además de tener decisiva injerencia en la administración de las empre-sas, entre otras acciones.

• El mal manejo y falta de disciplina laboral en todos los niveles de la empresa.

• La crisis económica de la empresa, la misma que se fue agravan-do cada año desde el año 1975 aproximadamente, debido a la menor producción y consecuentemente menores ingresos, ge-nerando un déficit creciente y, consecuentemente, una preocu-pación en los trabajadores, pues ellos consideraban que podían quedarse, incluso sin recibir sus beneficios sociales como tiempo de servicios, jubilación, etc., si continuaba esta situación y que-braba la empresa, lo cual los mantenía intranquilos y desmoti-vados.

Por otro lado, la crisis económica que comenzó a presentarse en las empresas asociativas arrastró, entre otras cosas, al desánimo y al pago no puntual de las remuneraciones, bonificaciones y al no repar-to de utilidades, entre otros beneficios que sus propios directivos habían aprobado años atrás. Por ello, la reacción que estaba a su alcance y ante el desconcierto era apoyar la parcelación, para que así puedan tener su propia parcela, con lo cual se “aseguraban” el futu-ro propio y de su familia, pues muchos socios pensaban que podían perder su tiempo de servicios y beneficios ganados con luchas. Esta misma situación de crisis, desgobierno y desaliento también se fue generando en las empresas agrarias grandes como es el caso de las cooperativas azucareras, las SAIS y las Empresas Rurales de Propie-dad Social, aunque debido a la magnitud de estas, los problemas se iban notando con una mayor lentitud o retraso.

90


Para analizar esta problemática en forma más específica y que, ade-más, es similar para todas las empresas asociativas creadas con el proceso de reforma agraria, con ligeras particularidades, según las regiones naturales donde se ubicaban, se tomará como ejemplo, el caso de las empresas azucareras. En primer lugar, se puede afirmar que, por primera vez en su historia, nuestro país se vio en la nece-sidad de importar azúcar en el año 1980, para poder cubrir nues-tro consumo interno. Se importaron, en dicha oportunidad, 46 mil t; 150 mil t en el año 1981; 268,195 t en el año 1983; 129,898 t en el año 1984 y en el año 1986, se importó 174,472 t de azúcar. A partir de este año, nuestro país se convirtió en permanente impor-tador de azúcar y con volúmenes cada vez mayores, debido a la baja producción de nuestra industria azucarera, causada por la descapi-talización que sufrió junto con todo el agro peruano, por la perma-nente injerencia del gobierno en la administración de las empresas autogestionarias, por la nefasta política de monopolio estatal en la comercialización, subsidios a las importaciones de alimentos bási-cos e insumos para la industria alimentaria nacional y al control de precios, entre otros.

Por otro lado, los volúmenes de exportación que, en el año 1972, al-canzaron la cifra de 480,000 t, fueron disminuyendo gradualmente hasta que en 1981 ya no se tuvo volúmenes exportables, pues tan sólo se buscó cubrir la cuota norteamericana asignada a nuestro país, la misma que progresivamente se fue reduciendo, por falta de producción. El Perú pasó de ser un neto exportador a importador de azúcar.

En cuanto a la productividad, se puede decir que en 1972 alcanzó la cifra promedio de 176 t de caña/ha y en 1993 fue de tan sólo 91 t de caña/ha, con campos cosechados de algunas de las empresas, hasta de 40 t/ha, es decir, la productividad promedio de caña había caído a casi la mitad de su potencial del año 1972. Por otro lado, la pro-ductividad promedio de azúcar comercial, que en el año 1971 fue de 18.48 t/ha cayó hasta el nivel de 8.40 t/ha en el año 1993. Simi-lar situación se observaba en fábrica, con los índices de extracción, consumo de energía en fábrica, horas de parada de molienda por fa-llas mecánicas; debido a la falta de mantenimiento oportuno o por falta de abastecimiento de caña a fábrica, entre otras causales. Los

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gobiernos, conscientes del grave daño que estaban haciendo al agro nacional, subsidiaban el escaso crédito que otorgaba el Banco Agra-rio y los insumos como los fertilizantes, que no llegaban ni siquiera al 5% de los pequeños productores de la sierra y selva.

Por otro lado, la producción total nacional de azúcar comercial, que en el año 1974 fue de 992 mil t, comenzó a disminuir hasta alcanzar el nivel más bajo en el año 1993, que fue del orden de las 400 mil t. Es decir, la producción de azúcar cayó al 40% de su capacidad.

Todo este escenario de producción y productividad descrito para el caso de las empresas azucareras es bastante similar de una u otra manera a la mayoría de las empresas agrarias que nacieron al ampa-ro de la Ley de Reforma Agraria. Constituyeron en la realidad, como un lamentable retroceso en el aspecto productivo y tecnológico.

En el cuadro 21, se presenta el número de parcelas y productores agrícolas de nuestro país según el tamaño de las unidades agrope-cuarias en el período 1961-2012. Aquí, se puede observar que el to-tal de parcelas en el año 1991 era de 2 486,748 y para el año 1972 se había incrementado a 4 741,207; para el año 1994 siguió incre-mentándo hasta llegar a 5 718,079, y para el año 2012 se registró 5147,415 parcelas.

Por otro lado, se puede decir que para el año 1991 el número de parcelas con una superficie menor a 0.5 ha fue 300,622, para el año 1972 esta cifra se incrementó a 573,163 y para los años 1994 y 2012 se tuvo 506,589 y 1 098,810 parcelas respectivamente.

Para el tamaño de las parcelas de 0.5 a 4.9 ha, el número de parce-las para los años 1991, 1972, 1994 y 2012 fueron de 1 447,387; 2759,572; 3 590,399 y 3 038,317 de parcelas respectivamente. El número de parcelas con superfice entre 5.0 -9.9 has varió de 349,818 en el año 1961, en el año 1972 fue 666,960; en el año 1994 fue de 907,420 y en el año 2012 se tuvo un total de 546,384 parcelas.

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NÚMERO DE PRODUCTORES Y PARCELAS, SEGÚN TAMAÑO DE UNIDADES AGROPECUARIAS

Nota. INEI I, II, III y IV CENAGROElaboración propia

Cuadro 21

Total 2 486 748 4 741 207 1 742 267 5 718 079 2 187 207 5 147 415

< 0.5 300 622 573 163 210 622 506 589 505 853 1 098 8100.5 - 4.9 1 447 387 2 759 572 1 014 069 3 590 399 1 245 626 3 038 3175.0 - 9.9 349 818 666 960 245 090 907 420 218 564 546 384

10.0 - 19.9 192 969 367 912 135 198 409 524 118 274 270 77520.0 - 49.9 120 056 228 898 84 114 196 497 75 435 148 997> de 50,0 75 896 144 702 53 174 107 650 23 455 44 132

Número de productores

Número de parcelas

IV CENAGRO 2012I CENAGRO 1961

II CENAGRO 1972 III CENAGRO 1994Tamaño de las Unidades

Agropecuarias Número de parcelas

Número de parcelas

Número de productores

Número de parcelas

Como conclusión del análisis y las cifras antes mostradas, se puede afirmar que el proceso de minifundización continuó y continuará si es que las autoridades gubernamentales no dictan e implementan políticas y medidas adecuadas y oportunas, porque es sabido que en todo el mundo y desde hace décadas se viene presentando un pro-ceso acelerado de migración del campo a la ciudad, especialmente de la población joven; por ello los gobernantes deben poner en mar-cha y promover el desarrollo de programas de generación de nuevos empleos masivos en otras actividades económicas que no sea la ac-tividad agraria tradicional. Se debe tener claro que nuestro país es grande en superficie total, pero no en tierras agrícolas para cultivos.

Finalmente, es importante tener siempre presente que nuestro país tiene un potencial para reforestar 20 millones de has aproximada-mente en sierra y selva y, para recuperar la capacidad productiva de las áreas con aptitud para pastos de unas 16 millones de has aproxi-madamente; lo cual se podría hacer realidad con un apoyo decidido del Estado a nuestros pequeños productores y comunidades campe-sinas y nativas propietarias de esos terrenos.

3.16. Efectos del terrorismo en las empresas autogestionarias

El 17 de mayo de 1980, un grupo de terroristas de Sendero Lumi-noso, al grito de “Viva la lucha armada”, incursionaron en el centro poblado de Chuschi de la región Ayacucho, quemando las ánforas del proceso electoral que se llevaría a cabo ese domingo. Sus ideó-logos esperaban que encontrarían un abrumador respaldo en el campo y, especialmente en la sierra, donde existían condiciones de

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pobreza extrema, hambre y recuerdos muy repudiables y aún reza-gos del abuso de los ex hacendados o terratenientes, en contra de las familias campesinas que dependían de ellos. Según los ideólogos de Sendero Luminoso, la reforma agraria que había desarrollado Juan Velasco Alvarado, había fracasado al no lograrse los resultados es-perados por el gobierno revolucionario de haber eliminado el mini-fundio y mejorar el nivel de vida de las familias del campo y ni haber beneficiado a la mayoría de campesino pobres. Además, del olvido ancestral por parte del Estado del sector rural, especialmente de la sierra y ceja de selva, que se traducía en la falta absoluta de carre-teras, caminos rurales, infraestructura educativa, salud, agua y des-agüe, luz; falta de oportunidades, sobre todo para la población joven y un altísimo porcentaje de analfabetismo y desnutrición crónica.

Todos estos elementos fueron analizados por más de una década por los ideólogos y líderes terroristas. Sobre la base de todo ello, elabo-raron sus planes estratégicos y comenzaron a implementarlo, con sangre, muerte, fuego y destrucción, hasta conquistar el poder po-lítico y que, según sus máximos líderes, pensaban que lo alcanzarían con la violencia y muertes que causaron, a finales del año 1999.

Es decir, el terrorismo planificó su accionar pensando que las con-diciones, antes descritas, servirían de base para su accionar y logra-rían así un absoluto apoyo de las poblaciones campesinas, pues en el plan inicial de los líderes de sendero luminoso se contemplaba llevar a cabo la reforma agraria desde su orientación política e ideológica, que era un sentir y un anhelo de las poblaciones rurales empobreci-das de la sierra. A esta conclusión, llegaron los líderes en la década del 60. Los líderes máximos de los grupos terroristas eran mistis y no conocían bien el sentimiento ni la idiosincrasia de la población rural andina, de lo contrario, hubieran sabido que los pobladores rurales no iban apoyar un proyecto político violentista o comunista, pero sí anhelaban un cambio en su situación de opresión y miseria y la recu-peración de sus tierras que, supuestamente, les habían sido arreba-tadas por los criollos, mestizos y extranjeros.

Desde el año 1982, ante asesinatos de autoridades, algunos pro-fesionales e incluso sacerdotes y monjas y ataques a comisarías ubicadas en los pueblos alejados, las Fuerzas Policiales comienzan

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a abandonar el campo y se repliegan a las capitales de provincias, acentuando un vacío de poder del Estado y siendo ocupado por los terroristas, declarándolas como “zonas liberadas”.

La violencia se fue extendiendo y, ya a mediados de 1983, el gobier-no de Belaúnde declaró el Estado de Emergencia en todo el País, suspendiendo varias garantías constitucionales. En setiembre de 1983, seguía manteniéndose el Estado de Emergencia en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac y bajo un control militar en Lima y Callao, se instauró el toque de queda. Más adelante, se amplía el Estado de emergencia a las provincias de Arequipa, Cuzco, Puno, Piura, Tru-jillo, Chiclayo, Huaraz, Chimbote, Pucallpa, Maynas, Lima y Callao; suspendiéndose las garantías individuales. El avance del terrorismo generaba al mismo tiempo el repliegue de las fuerzas del orden, de-jando abandonados a los pueblos más alejados primero y, más ade-lante, a los pueblos más cercanos a las capitales de las provincias, generando un estado de zozobra y fuga en toda la población.

Durante la década del 80 y los primeros años del 90; debido a la vio-lencia, destrucción y muertes que ocasionaban a las familias, prime-ro, de la sierra y luego en la costa, se generó una gran migración del campo a las capitales de provincia, a las capitales de departamentos y las familias que podían hacerlo se enrumbaban a las grandes ciuda-des de la costa, especialmente Lima. Esto ocasionaba un abandono de las parcelas de las familias que lograban escapar y consecuente-mente repercutía grandemente en la producción alimentaria nacio-nal y su consecuencia natural de un aumento de la importación de alimentos e insumos agrarios. Para julio del año 1990, el terrorismo ya tenía controlado, como “zonas liberadas” a cerca de las 2/3 partes de nuestro territorio nacional y con un saldo de unas 70 mil muer-tes, la gran mayoría familias campesinas de las zonas más pobres de nuestro país; y pérdidas de más de 30 mil millones de dólares ameri-canos de esos años por la destrucción de infraestructura vial, ener-gética, salud, investigación agraria, procesamiento agroindustrial, entre otros.

La interrelación del accionar y avance del terrorismo, la inflación ga-lopante (7,600% anual), la informalidad, la disminución de la produc-ción, la falta de empleo, el no pago de la deuda externa contraída ma-yormente durante el gobierno militar, la falta de divisas y agotadas

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las reservas internacionales, la desmoralización y el desánimo en mu-chos de los integrantes de nuestra PNP e incluso de nuestras FFAA y la falta de liderazgo y capacidad de nuestros gobernantes contribu-yeron al desgaste del gobierno y del Estado Peruano y que, como co-rolario de todo ello, nuestro país fue aislado del sistema financiero in-ternacional, convirtiéndose en un país paria en el mundo, todo lo cual favorecía grandemente al terrorismo que azotaba a nuestro país.

Es indudable que en el accionar de estos movimientos terroristas hubo una conexión muy fuerte con el narcotráfico y los secuestros de empresarios, pues a los terroristas le convenía el apoyo económico y logístico que obtenían mediante el cobro de “CUPOS” con lo cual obtenían ingentes cantidades de dinero ilícito, y a los narcotrafican-tes les ayudaban con la distracción de las fuerzas del orden para que puedan actuar sin mayores problemas y llevar la droga al exterior. Las zonas donde se asentaron con mayor fuerza los grupos terro-ristas fueron las zonas donde había mucha producción o influencia del narcotráfico y las zonas de traslado de la droga a los puntos de entrega. En las zonas productoras de droga, los campesinos estaban en un fuego cruzado entre las fuerzas del orden, el narcotráfico y los grupos terroristas. Los más afectados fueron los campesinos, pues las fuerzas del orden, en la mayoría de los casos, abusaban de las fa-milias campesinas, generando un rechazo y, consecuentemente, sin quererlo apoyaban a los grupos terroristas. Todo esto favorecía al crecimiento del terrorismo, además ellos ya se habían organizado e infiltrado durante las décadas del 60 y 70 y habían tomado presencia en las universidades, institutos, academias, magisterio, colegios, mi-nisterios, organizaciones sociales, culturales, entre otras.

En consecuencia, el terrorismo también jugó un rol muy importante en la crisis del agro peruano, y repercutió negativamente en la refor-ma agraria, especialmente, en la sierra y algunos valles de la costa. Ellos, junto con los grupos comunistas de extrema izquierda, boico-tearon desde el primer momento el proceso de reforma agraria de Velasco, pues comprendían bien que, con esa medida, estaban per-diendo su principal caballito de batalla para concretar su “Revolución poltpotiana y pro China”, del campo a la ciudad, que querían imponer en nuestro país.

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Como parte de toda la problemática que se presentaba en el sector rural, especialmente en las zonas alto andinas, se puede mencionar las invasiones de tierras de algunas empresas asociativas creadas con la reforma agraria: Cooperativas Agrarias de Producción (CAPs), Sociedades Agrarias de Interés Social (SAIS), entre otras; sobre todo en el departamento de Puno y en mucho menor grado en algunos otros departamentos. Estas invasiones fueron abiertamente dirigi-das por los principales líderes del Partido Unificado Mariateguista (PUM) y otros partidos de extrema izquierda, así como por algunos líderes de la Confederación Campesina del Perú (CCP), quienes, en-gañando a los comuneros pobres ubicados en las cercanías de esas empresas, los azuzaban para que actúen contra aquellas, incluso en colusión con algunos miembros del clero de las zonas y algunos ex hacendados, renegados. Una vez producida la invasión, se procedía al reparto del ganado de la empresa, con lo cual se liquidaba la orga-nización empresarial y el capital pecuario mejorado cuya obtención demandó gran esfuerzo y décadas de trabajo. Lamentablemente, a los 2 ó 3 años posteriores al reparto del ganado, en muchos de los casos, ya había sido vendido o enviado a los camales, quedando has-ta la fecha grandes extensiones de pasturas naturales totalmente peladas o en estado de abandono, al igual que la infraestructura con que contaban: potreros, corrales, salas de inseminación, mallas para cercado de potreros, canales de riego, depósitos y oficinas adminis-trativas, actualmente totalmente destruidas.

En realidad, ese proceso empezó en el departamento de Pasco a mediados de 1980, cuando las comunidades campesinas vecinas, azuzadas por algunos dirigentes de la CCP, del FOCEP y algunos cuadros emergentes del Partido Comunista del Perú-Sendero Lu-minoso arremetieron contra las cooperativas organizadas sobre las tierras de la ex hacienda “Algolán”. Testimonios vividos en ese mo-mento se pueden encontrar en los diarios de 1980-81, así como en la revista “AGRONOTICIAS” de esos mismos años.

Luego, en la sierra central, las invasiones de tierras alcanzaron su clímax en el año 1989 con el ataque a la SAIS Cahuide, ubicada en el departamento de Junín, la mayor empresa asociativa del país con 280,000 hectáreas de extensión adjudicadas por la reforma agraria.

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Allí, con absoluta deslealtad, desde el interior de la propia empresa, se generó un movimiento autodestructivo instigado por gente extra-ña a la zona, ligada a la ultraizquierda criolla y con cuadros encubier-tos de Sendero Luminoso a la cabeza; pues, en el fondo, lo que ellos buscaban era agudizar las contradicciones, destruir la organización y aumentar la pobreza. Finalmente, los comuneros vecinos y aventu-reros de toda laya invadieron la empresa, y se “repartieron” todo el ganado y bienes de capital, hasta saquearla por completo. Así, hasta la entonces famosa Unidad de Producción LAIVE, ejemplo de tecnología ganadera y de procesamientos de lácteos para toda la zona alto andina, quedó totalmente destruida y abandonada en pocas horas. Lo más lamentable fue que el ganado vacuno de raza Brown Swiss y otras razas adaptadas a esas alturas, que tanto tiempo y esfuerzo costó obtener, fueron a parar casi en su totalidad a los ca-males de la zona o de Lima. Este acontecimiento jamás podré olvidar, pues fue muy impactante observar cómo hasta vacas preñadas y ex-celentes reproductores terminaban en los corrales de los principales camales de Lima, como el camal de yerbateros. Eran traídos, desde la SAIS Cahuide, por comerciantes que los compraron en la zona, a precios totalmente irrisorios. En todas estas acciones devastadoras de la empresa tuvieron un papel decisivo los grupos de ultraizquierda y el Partido Comunista del Perú - Sendero Luminoso, así como algu-nos malos dirigentes y miembros resentidos de la propia SAIS que se coludieron con ellos.

Una vez más, los humildes trabajadores de la empresa y los miem-bros de las comunidades campesinas vecinas fueron engañados por la demagogia que solo logró destruir todo cuanto significaba progre-so y desarrollo. Al final, la totalidad del patrimonio de la empresa: pasturas, canales de riego, corrales, depósitos y demás bienes que-daron abandonados hasta el día de hoy y las familias campesinas de la empresa destruida se fueron a las capitales de provincias cercanas para ampliar los cinturones de desocupación y miseria.

Toda esta situación, que se vivió en muchas de las empresas agrarias expropiadas y adjudicadas a sus trabajadores, trajo consigo una dis-minución de la producción y productividad tanto en la parte pecua-ria como en la agrícola. Por consiguiente, se redujo la producción de

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alimentos para el mercado interno y para exportación. Es decir, se acentuó nuestra dependencia alimentaria; y, por otro lado, disminu-yó la cantidad de divisas para nuestra economía. Paradójicamente, los pseudo revolucionarios de la izquierda y ultraizquierda criolla, surgidos básicamente de la élite social limeña o de algunas capitales de departamento, consiguieron exactamente lo contrario a su prédi-ca bajo la cual alentaron el proceso de reforma agraria, pretendida-mente orientada a elevar el nivel de vida de la familia campesina y a disminuir nuestra dependencia alimentaria del exterior.

Por otro lado, como parte del demencial accionar de los terroristas de Sendero Luminoso en el campo, es conveniente mencionar a al-gunas de las muchísimas víctimas de asesinato de connotados pro-fesionales y líderes agrarios, podremos mencionar, entre muchos otros, a los siguientes:

Uno de los hechos de sangre y destrucción más trágicos que se re-cuerda en el Sector Agrario es la destrucción y muerte que causaron 18 terroristas que ingresaron violentamente a la Estación Experi-mental Donoso, del Instituto de Investigaciones Agrarias (INIA), ubi-cada en Huaral, el día 12 de julio de 1991. Los terroristas estaban to-talmente armados y con abundante cantidad de explosivos. Estando ya en el interior y con el control absoluto, separaron y aislaron a los 3 expertos japoneses de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA): Kiyotada Miyagawa, Seibun Kinra y Hiroshi Nakanishi de todo el personal de la estación experimental. Luego procedieron a ejecutar a cada uno de los expertos japoneses y paralelamente a dinamitar vehículos, laboratorios e incluso almácigos del Centro de Investigaciones Hortícolas.; causando un pánico total entre el per-sonal de la Estación y un dolor y un daño irreparable.

El Dr. Alberto Pumayalla, cuando acababa de terminar su mandato de Decano de la Facultad de Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria “La Molina”, fue invitado en su calidad de experto en Camé-lidos sudamericanos, para efectuar una selección de alpacas en el distrito de Ñuñoa, en el departamento de Puno y lo acompañaba el ingeniero Glicerio Gonzales. Terminado el trabajo, cuando ellos se enrumbaban hacia la provincia de Sicuani, departamento de Cuzco,

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por la ruta de Santa Rosa – Sicuani, el día 1 de junio de 1990 son in-terceptados a la salida de Ñuñoa por una columna terrorista dirigida por una mujer. Los secuestraron y luego de 2 días de torturas a esos dos profesionales, que su único pecado era apoyar a los campesinos criadores de alpacas, llamas, guanacos y vicuñas, en forma totalmen-te gratuita, como una acción de proyección social de la UNALM, fue-ron vilmente asesinados con varios tiros de bala en la cabeza el día 3 de junio de 1990.

Entre las otras pérdidas lamentables que se debe resaltar se tienen:

Ing. Agrónomo, Javier Puigross Planas, torturado y asesinado por los terroristas de Sendero luminoso, en su fundo agrícola, ubicado en Vilca Huaura, carretera Huaura- Sayán, Provincia de Huacho, Región Lima.

La ecologista y periodista Bárbara D´ Achille, que fue asesinada el 31 de junio de 1984, en las alturas de Huancavelica donde se encontra-ba desarrollando trabajos de su especialidad y a favor de los campe-sinos de la zona.

El Ing. Zootecnista Marco Antonio Saldívar Abanto, profesor Princi-pal de la Universidad Nacional Agraria La Molina, acaecido el 24 de abril de 1991.

El Dr. Rodrigo Franco Montes de Peralta, Ex Secretario General del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MINAG), asesinado por Sen-dero Luminoso en su casa en Ñaña, el 29 de agosto de 1987 cuando ocupaba el cargo de Presidente Ejecutivo de la Empresa Nacional de Comercialización de Insumos (ENCI).

Otra de las víctimas de la barbarie terrorista de Sendero Luminoso, fue el Ing. Luis Salazar Vera a quien dejaron paralítico, en uno de los varios atentados e incursiones a las instalaciones de la SAIS Cahuide, de Junín, lugar donde ejercía el cargo de gerente general.

El líder campesino, Antonio Cárdenas, quien fuera el promotor y jefe histórico de los Comités de Autodefensa del VRAE, quien a sus 19 años asumió la responsabilidad de dirigir el Comité de Pichiwilca, a

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partir del 21 de junio de 1984. Los terroristas de Sendero luminoso, asesinaron a su esposa, padres e hijos, quedando solo y herido para seguir luchando por la libertad y contra la barbarie y muerte, desa-tada por los narcoterroristas, de Sendero luminoso. Así, como estos héroes del campo agrario peruano, también murieron muchas otras personas valiosas que siempre estarán en el recuerdo de todos los peruanos. Todas estas acciones fueron generando temor en el cam-po y su consecuente abandono de tierras en muchos casos, pues el Estado prácticamente, hasta julio del año 1990, estaba totalmente replegado, generando un vacío de poder y autoridad en casi las 2/3 partes del territorio nacional, lo cual era aprovechado por el terro-rismo de Sendero luminoso y del MRTA.

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IV. Principales causas del fracaso de la Reforma Agraria

Tras la experiencia de más de 50 años de haberse iniciado el proce-so de reforma agraria en el Perú, nadie puede dudar de que la gran mayoría de las empresas expropiadas y adjudicadas bajo la forma de empresas asociativas de propiedad colectiva entraron de una u otra forma y por diversas razones a una etapa de crisis, la misma que fue agravándose con el pasar del tiempo hasta llegar finalmente en la mayoría de los casos a la parcelación o desintegración total. La parcelación significó un retroceso técnico, en otros, su destrucción y abandono como los señalados en el capítulo anterior sus consecuen-cias fueron desastrosas, y en el mejor de los casos, un proceso de re-conversión empresarial, aunque lento, pero con un futuro promisor desde el punto de vista técnico, social y económico.

A continuación, se presentan las principales causas que determina-ron la grave crisis, signada por el descenso notable de la producción, productividad, el desgobierno, la quiebra económica y su desintegra-ción en la mayoría de los casos. Para ello, existieron causas externas y causas internas de las propias empresas.

4.1. Causas externas a las empresas autogestionarias

A este nivel identificamos como causas de la crisis y la desintegración de las empresas asociativas a factores de orden económico, político o social, exógenos a las empresas, tales como:

a. Intromisión estatal en la administración de las empresas au-togestionarias

Desde el primer día de la intervención del Estado en las hacien-das a expropiar, desarrollaron un manejo y control de la marcha económica y técnica de las empresas autogestionarias, desig-nando a los miembros de la Junta Interventora de la empresa, a los gerentes, a los integrantes del Consejo de Administración y Vigilancia, e inclusive a la mayoría de los miembros de la Asam-blea General de Delegados.

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Durante los primeros 4 a 7 años de la Reforma Agraria el Es-tado ejerció un férreo control de estas empresas; es decir ya estaban formadas las empresas autogestionarias pero la inje-rencia la seguía ejerciendo el Estado, pues la propiedad de la empresa estaba inscrita en los Registro Públicos a nombre de la Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural (DGRAAR). Esta injerencia estatal en las empresas autogestio-narias fue muy negativa.

b. Monopolio estatal en la comercialización

La intervención del Estado a través de empresas monopólicas de comercialización -creadas ex profesamente- a fin de que sean las únicas que podrían comprar las cosechas a los produc-tores y, al mismo tiempo, ser las únicas empresas que podían importar y comercializar los alimentos básicos e insumos agro-pecuarios importados como trigo, maíz, lácteos, arroz, aceite, carne, fertilizantes, entre otros. Esta política fue nefasta, ya que estas empresas se convirtieron en una verdadera fuente de corrupción, sobre todo, para favorecer a algunos altos fun-cionarios de los gobiernos de turno, y generando cuantiosos gastos innecesarios de recursos económicos del Estado. Al fi-nal, esta política constituyó un verdadero atentado contra los productores agrarios y el campesinado en general.

Un ejemplo concreto lo constituye el caso del arroz en el que ECASA tenía el monopolio de la comercialización interna y ex-terna; los productores arroceros entregaban sus cosechas a ECASA, la cual encargaba el pilado del arroz entregado por los campesinos, a los molinos privados con que trabajaba y que se encontraban agrupados en la asociación peruana de molinos de arroz (APEMA), luego ECASA vendía el arroz y, en muchos ca-sos, recién les pagaba a los productores después de 3 a 6 meses de recibida su cosecha, en promedio. Este desfase en el pago a los productores, sobre todo en el marco de un proceso inflacio-nario, era totalmente negativo para ellos, pues tenían compro-misos con entidades financieras y sus deudas crecían, ya que las empresas comercializadoras no les compensaban por esta demora.

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Situación similar ocurría con los productores de maíz amari-llo duro y otros productos que comercializaba ENCI. Mención aparte constituyó el tema de los fertilizantes, que monopoli-zaba, también, ENCI. Esta empresa importaba el fertilizante a granel que necesitaba el país, y luego los embolsaba en sus almacenes. Las bolsas en mucho de los casos lo envasaban con 1 ó 2 kg menos de peso en cada bolsa. En otros casos, mez-claban el fertilizante con 2 y hasta 3 kg de sales por bolsa, lo cual afectaba grandemente al campesinado, pues al aplicarlos a sus cultivos, los “quemaban”. En las importaciones estas em-presas utilizaron en muchos casos, divisas con tasas de cambio totalmente diferenciadas para la importación de alimentos e insumos. También, se utilizó la política de establecimiento de precios de garantía para algunos productos agrícolas básicos que producían nuestros productores. Ello, indudablemente, constituía un engaña muchachos, pues los que se aprovecha-ban mayormente eran los intermediarios y comerciantes y no los verdaderos productores.

Estas medidas absurdas aplicadas en nuestro país desde los años 60, incluyendo en el período donde estaba vigente la ley de reforma agraria, constituían una competencia desleal con-tra nuestros agricultores. Abaratar artificialmente los precios de los alimentos en el mercado interno afectaba directamente los precios de sus productos a nuestros productores, condu-ciéndolos a la pobreza y la descapitalización. Toda esta nefasta política fue eliminada en el año 1991.

c. Congelamiento y control de precios por el Estado

Como se mencionó en el punto anterior, la política de control y congelamiento de precios de los alimentos fijados por el Esta-do, se comenzó aplicar desde la década del 60 del siglo pasado, se fue acentuando durante la década del 70 hasta alcanzar su máxima expresión a finales de la década del 80. Esta política fue nefasta para el país y, sobre todo, para los productores agra-rios, y en especial para los pequeños productores, que abas-tecían al mercado nacional, pues los precios que fijaba el go-bierno eran muy inferiores a sus costos de producción, porque

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para los gobernantes les era más favorable mantener tranquila a la población consumidora que a los productores. Esta política que aplicaron los sucesivos gobiernos, junto con otras medidas, condujeron al empobrecimiento continuo de nuestros campe-sinos. Además, los más favorecidos con estas medidas fueron la población urbana de las grandes ciudades y las mafias que se formaron para manejar el mercado negro y el acaparamiento que normalmente surgen en forma “espontánea”.

d. Subsidios para la importación de alimentos e insumos

Por otro lado, los sucesivos gobiernos aplicaron una política de subsidios a la importación de alimentos e insumos para la in-dustria agroalimentaria nacional, con la finalidad de abaratar artificialmente el precio de los alimentos en el mercado inter-no. Con esta política, se favoreció a la población consumidora de las grandes urbes. Esto ocasionó que los precios para los alimentos producidos en el país y que se comercializaban en el mercado nacional sean tan bajos que ni siquiera cubrían sus costos de producción y originaba que nuestros productores y empresas autogestionarias se vayan descapitalizando hasta llegar a la crisis interna, que se reflejaba en la falta de recursos económicos para la reposición de bienes de capital, compra de insumos y repuestos e incluso para el pago de los beneficios so-ciales y obligaciones con el Estado y proveedores privados.

En los casos de las empresas agrarias que exportaban produc-tos agropecuarios como: azúcar, algodón, café, lana, etc., el Es-tado les asignaba un tipo de cambio diferente, muy por debajo de su valor real, a fin de controlar o reducir las supuestas “ex-cesivas” ganancias que podían tener dichas empresas, lo cual era totalmente absurdo y “contradictorio”, sobre todo para los objetivos con los que iniciaron el proceso de reforma agraria.

Mención aparte merece lo ocurrido en la década de los 80, es-pecialmente, en el período 1985-90 cuando se aplicó la política de subsidios generalizados a la industria alimentaria, a fin de que se importen los productos básicos e insumos para la indus-tria agroalimentaria con el famoso dólar MUC, cuyo costo, en

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algunos casos, representaba tan sólo 1/3 de su valor de mer-cado. Esto fue sumamente dañino para las empresas produc-toras agrarias y para el campesinado en general, debido a la competencia totalmente desleal que esta política del gobierno ocasionaba contra nuestros productores agrarios. Para “com-pensarles”, el gobierno brindaba algunos subsidios a través de los créditos del Banco Agrario del Perú, y en fertilizantes que comercializaba ENCI. Todo ello, a duras penas, alcanzaba a la minoría de los productores sobre todo de la costa, mientras que las empresas asociativas formadas con la reforma agra-ria y sobre todo los pequeños campesinos de la costa, sierra y selva estaban abandonados a su suerte, a pesar de las huelgas que promovieron reclamando el cumplimiento de tales ofreci-mientos. Ante tanta presión, el gobierno se vio obligado apli-car una política de “CREDITO CERO”, que significaba que para los campesinos de la sierra alto andina se otorguen créditos con tasa de interés cero, lo cual benefició a un reducido núme-ro de campesinos. Por otro lado, gran parte de esos recursos no se llegaron aplicar al campo, pues el campesino sabía bien que ganaría más, destinándolos a otras actividades diferentes a la producción, porque los precios de sus productos eran muy bajos y se estaba viviendo una etapa de hiperinflación, pues los precios de los productos variaban en la mañana, en la tarde y en la noche y para conseguirlos tenían que hacerse grandes co-las o simplemente recurrir al mercado negro.

e. Nulo apoyo técnico por parte del Estado

El Estado se desentendió por completo de brindar asistencia técnica que había ofrecido a las empresas asociativas y que, in-cluso, en las leyes que expidió sobre la reforma agraria, consta-ba que apoyaría con crédito y asistencia técnica para mejorar su producción y productividad. Por el contrario, si gastó mucho dinero y contrató muchísimo personal fue para la capacitación y concientización sobre los alcances y objetivos del proceso de reforma agraria, que en el fondo fue fundamentalmente para impulsar la politización y la lucha de clases entre los trabaja-dores y su plana de profesionales, gerencial y directivos de la propia empresa asociativa.

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f. Subsidios en el mercado mundial de alimentos

Esta situación constituyó un gravísimo daño que el propio Es-tado ocasionó contra las empresas asociativas formadas como producto de la reforma agraria. Nuestros pequeños producto-res agropecuarios, que constituían la mayoría de nuestro cam-pesinado, al importar alimentos del mercado mundial, sabían que los países ricos o desarrollados aplicaban subsidios a favor de sus productores por el orden de unos 1,200 a 1,500 millones de dólares americanos diarios de esa época, según las tempora-das. Es decir, que los alimentos que el Estado importaba como el arroz, el trigo, maíz amarillo duro, lácteos, aceites y grasas, carnes, entre otros, venían subsidiados desde sus países de ori-gen y al comercializarse en nuestro país ocasionaban una com-petencia totalmente desleal contra nuestros productores, es-pecialmente, contra los pequeños campesinos que abastecen al mercado interno, al deprimir los precios de sus productos, llevándolos a una descapitalización y pobreza.

g. Fenómenos hidrológicos extremos: sequía e inundaciones

Nuestro país se caracteriza por estar sometido cíclicamente a fenómenos de sequía y a excesos de lluvias. En tal sentido, la sequía que afectó al país entre los años 1978 y 1981, así como el fenómeno El Niño que se presentó en 1983 y la sequía que afectó en los años 1991 y 1992 a gran parte del país, ocasio-naron gran daño a las empresas agrarias asociativas y a todo el sector agrario, en general. Estos daños aceleraron la crisis, pues su producción y productividad decayeron enormemente y, consecuentemente sus ingresos. El apoyo del Estado fue muy escaso y para los pequeños productores fue nulo, generando más pobreza y desesperanza en el campesinado.

h. Cobro de impuestos adelantados

El cobro de impuestos adelantados existió sobre todo para los productos agropecuarios que se exportaban. Mención especial constituyó el tema del azúcar, dado que en los años 1974-1975,

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el precio en el mercado mundial alcanzó la cifra récord de 64 dólares por quintal. Con esta medida, el Estado ocasionó la disminución de la liquidez de las empresas agrarias, que bien pudieron utilizarla para su capitalización e impulsar su produc-ción. Similares medidas fueron aplicadas a los productores - exportadores de algodón, lanas, fibras y el café, sin importarles que este cultivo se realizaba en la zona de selva y ceja de selva, zonas carentes de todo tipo de infraestructura y sin apoyo téc-nico ni económico del Estado, además tenían una competencia con las actividades del narcotráfico, por los costos de la mano de obra, lo cual encarecía los costos de producción. Estos co-bros adelantados o retenciones adelantadas de impuestos y un tipo de cambio subvaluado de la moneda que recibían por sus exportaciones, afectó grandemente a las empresas agra-rias que, incluso, la mayoría de ellas, habían sido formadas como efecto de la reforma agraria, generándoles un gravísimo daño en su estabilidad empresarial.

i. Comercialización integrada

La comercialización integrada como la del azúcar se realizaba a través de la Central de Cooperativas Agrarias Azucareras del Perú (CECOOAP), cooperativa de segundo piso que fue creada por los representantes del gobierno militar, que habían sido designados para administrar las cooperativas azucareras. Si bien el principio era bueno, pues con ello se trataba de bus-car una economía de escala para bajar precios en la compra de insumos y maquinaria, así como lograr mejores precios en la comercialización de sus productos ya sea en el mercado inter-no o externo; al final, los resultados fueron muy negativos para la mayoría de las empresas socias, pues las ineficiencias de al-gunas de ellas fueron asumidas o cargadas injustificadamente por las otras empresas más eficientes, como fue el caso de las empresas azucareras, tealeras, algodoneras y cafetaleras, en-tre otras. Aparte de que con una comercialización integrada se formaron verdaderas mafias de élite que negociaban precios a espaldas de los dirigentes y trabajadores y, en algunos casos, ciertos malos dirigentes se coludían con esta élite y los malos

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funcionarios de los sucesivos gobiernos, afectando la econo-mía de las empresas socias. En todo esto, los funcionarios del gobierno militar tuvieron una absoluta responsabilidad. Prime-ro, por haber impuesto este sistema sin el consentimiento de los socios de las empresas, segundo, por la total injerencia en la administración y comercialización que ejercieron desde el primer día de la intervención estatal en las haciendas expropia-das y que luego se convirtieron en empresas autogestionarias. Con este accionar, los funcionarios del Estado, junto con los ge-rentes de las empresas asociativas, designados en la práctica por ellos, actuaban como los nuevos dueños de estas empresas asociativas; lo cual generó mucha confusión y desánimo en la masa trabajadora de las empresas asociativas.

j. Falta de financiamiento

Debido al marco legal relacionado con la reforma agraria, a la política extremadamente controlista y monopólica en la co-mercialización impuesta por el Estado y adicionalmente a ello, la falta de credibilidad y garantías por parte de muchas de las empresas agrarias asociativas ante el sector financiero, el fi-nanciamiento de la banca privada al que estas empresas po-dían lograr fue muy escaso. El Banco Agrario no podía cubrir ni siquiera el 10% de las necesidades de financiamiento de las empresas asociativas. Esta situación obligó a muchas empresas asociativas a recurrir al financiamiento usurero facilitado por los denominados “habilitadores” quienes en su gran mayoría eran agiotistas inescrupulosos y comerciantes informales que otorgaban préstamos de “emergencia” cobrando en promedio tasas de interés superiores a 400 por ciento por encima de las tasas bancarias.

Otra modalidad empleada por las empresas asociativas para conseguir financiamiento fue la de ventas a futuro de su pro-ducción, consistentes en recibir dinero adelantado con el com-promiso insalvable de entregar la cosecha en el futuro. Como la angustia económica de las empresas era muy grande, los com-pradores imponían condiciones leoninas en cuanto a precios y a tasas de interés, generándose a la vez una incontenible co-

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rruptela originada por el cobro de “comisiones” clandestinas, así como por la subvaluación del precio del producto en perjui-cio directo de las empresas. Esta modalidad permitió la apari-ción en las zonas productoras de “nuevos ricos” que emergie-ron sobre el hambre, la miseria de los productores y a costa de la descapitalización y quiebra de muchas empresas.

k. Violencia terrorista

Esta fue otra causa de cuantiosas pérdidas económicas, la des-capitalización y gastos en seguridad para las empresas auto-gestionarias, además de sufrir permanentemente atentados, destrucción de sus bienes y acciones de agitación, desinforma-ción ante los trabajadores y socios, generando intranquilidad, desánimo y desconfianza en los propios socios. Todo esto con-tribuyó a la descapitalización, disminución de la productividad, desmoralización y zozobra entre los propios socios y trabaja-dores de las empresas asociativas.

l. El pago de los servicios de educación y salud por la empresa

Esto fue otra de las causas de gastos innecesarios por parte de muchas de las empresas autogestionarias, que consistió en el pago de los sueldos de maestros, directores y personal auxiliar y de servicios en los centros educativos que antes de la reforma agraria venían siendo pagados por los hacendados. Además, el mantenimiento de la infraestructura y la construcción de nue-vos centros educativos, debido al crecimiento poblacional.

Por otro lado, las empresas pagaban al personal de salud, me-dicinas y su mantenimiento, cuando tenían en su propio ámbito una posta médica o un pequeño hospital. Es decir, los trabajado-res aportaban al seguro social (Hoy ESSALUD) y en la mayoría de los casos no recibían atención de dicha institución. El Estado no cumplía ni con estos servicios básicos que debería brindar a los trabajadores y familiares.

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4.2. Causas internas en las propias empresas autogestionarias

a. No se sintieron dueños de su empresa

Desde el primer día que se anunció que los trabajadores serían los dueños de la empresa, especialmente de las haciendas de la costa, donde existían sindicatos, desde la promulgación de la ley de reforma agraria, los trabajadores no estaban convenci-dos de ello. Por eso, a pesar de que primero el SAF-CAP, el ON-DECOOP y luego con mayor fuerza el SINAMOS u otras entida-des del Estado pretendieron liquidar a los sindicatos fueron los mismos trabajadores quienes se opusieron a esta medida y los defendieron. Esta reacción de los socios de las empresas auto-gestionarias se debía a que realmente no estaban convencidos con este cambio tan brusco de pasar de simples trabajadores a propietarios de la misma, pues el modelo fue impuesto por el Estado y en ningún momento fueron informados o consultados los trabajadores a ser beneficiados, si querían ser socios de la empresa autogestionaria naciente.

Ellos seguían pensando en su sindicato como medio de defensa de sus derechos laborales. Esto generó pugnas internas entre grupos de dirigentes por el control y manejo de la empresa, de tal manera que los que ganaban las elecciones para los órganos de gobierno manejaban la empresa y los perdedores se refu-giaban en el sindicato y desde allí hacían oposición a los direc-tivos de la empresa, exigiendo una serie de reivindicaciones como aumento de sueldos, bonificaciones, reparto de utilida-des, etc. Exigencias que, cuando hubo bonanza en la empresa se cumplía, pero en los años de bajos ingresos de la empresa, como producto de sequías, excesos de lluvias, bajos precios en los mercados, etc., no podían cumplirse o aceptarse; por lo tanto, comenzaban los conflictos internos, llegando inclusive a huelgas y enfrentamientos entre los propios trabajadores. Esto afectó la disciplina, el rendimiento y consecuentemente la producción y productividad. Estas situaciones se fueron acen-tuando año tras año y lo generaban los propios líderes de esas empresas. Con ello, lo único que buscaban era ser el mejor can-

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didato para las próximas elecciones de los órganos de gobierno de la empresa. Todo ello se repetía año tras año, generando un gravísimo daño a su propia empresa, ya que ellos no la sentían como tal. Esta situación se fue clarificando cuando un socio se jubilaba y al retirarse de la empresa solo recibía su tiempo de servicios y en algunos contados casos su participación si hu-biera tenido un fondo de reserva cooperativo.

Aquí, el trabajador y sus familiares entendían bien que tan solo había sido un trabajador más y habían sido socios de la empre-sa mientras trabajaban y por lo tanto aducían que les habían engañado diciéndoles que eran dueños de la empresa asocia-tiva. Ante esta situación quedaba flotando en la mente y en el sentimiento de los socios, la inquietud y pregunta ¿quién o quié-nes eran los verdaderos dueños de la empresa?.

Ellos no entendían ni querían saber nada de empresas asocia-tivas o autogestionarias de esa naturaleza. Todo esto acentuó la crisis, desconfianza de los trabajadores y la falta de identifi-cación con su empresa; pues, para ellos y sus familiares, el ver-dadero dueño era el Estado.

b. Deficiente gestión empresarial

Con la satanización que efectuaron los promotores de ONDE-COOP, SAF-CAP y SINAMOS acerca de los técnicos y profesio-nales que laboraban en estas empresas, a quienes se les hacía aparecer como representantes de los ex hacendados y “enemi-gos” del trabajador, el rechazo y cansancio no se hicieron espe-rar. Se produjo, entonces, la gran fuga de los mejores y experi-mentados técnicos y profesionales hacia otras actividades, e incluso hacia el exterior. Hubo casos que esos experimentados profesionales contribuyeron decididamente al desarrollo de la agricultura de los países que los cobijaron, como fue el caso de Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador, entre otros países.

En el manejo de las empresas, se dio prioridad al gasto social por la vía de las remuneraciones, reparto de utilidades y de otros beneficios. Se descuidaron las inversiones para las siem-

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bras y manejo de pastos y cultivos, la preparación de tierras, el riego, el abonamiento, mejoramiento ganadero o la reparación o renovación de los tractores y otras maquinarias de vital im-portancia para la empresa, entre otras actividades.

Otro hecho reprobable fue el “olvido” irresponsable de llevar a cabo en forma oportuna y puntual los programas de renovación y mantenimiento de campos, maquinarias, equipos, herramien-tas y de su infraestructura productiva. Recordar tales despro-pósitos sirve para explicar el estado caótico y ruinoso al que fueron llegando, año tras año, estas empresas y las causas de la crisis que los llevó a su desintegración.

El manejo de estas empresas autogestionarias estuvo carga-do de demagogia, improvisación e injerencia política de los di-rectivos. Las gerencias actuaban con total subordinación a los Consejos de Administración y Vigilancia, cumpliendo al pie de la letra lo que tales órganos les indicaban, en caso contrario, los gerentes eran despedidos. De esta manera, en la mayoría de las empresas, los gerentes se convirtieron en “buenos y dóciles se-cretarios” de los “dirigentes” de su empresa. Los bajos sueldos que percibían los gerentes eran aceptados incondicionalmente por ellos, gracias a su “mentalidad revolucionaria y de sacrifi-cio” que manifestaban tener, aun cuando en algunos casos ca-recían de idoneidad para el desempeño de tan delicada respon-sabilidad, debido a que habían sido ubicados en dichos cargos tan solo por cuestiones políticas, amicales o de recomendación. Por eso, la mejor estrategia adoptada por los gerentes o jefes para permanecer en sus cargos consistía en:

• Ser “buena gente”, es decir, aceptar todo lo que los dirigen-

tes le indicaban o solicitaban. • Nunca sancionar a nadie, pues mejor era hacerse de la “vis-

ta gorda”, es decir, no tocar nunca un problema delicado de la empresa, aunque fuera de urgencia, evidente y de cono-cimiento generalizado.

• Nunca sancionar la indisciplina, el desorden, el incumpli-miento de las tareas asignadas y la impuntualidad, entre otros hechos.

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• Aceptar cualquier petición reivindicacioncita o de mejoras que efectuaban los dirigentes sindicales, de los órganos de gobierno de la empresa o de los trabajadores organizados a manera de grupos de presión.

• Distribuir la mayor cantidad de “utilidades” o de recursos de la empresa, para mantener relativamente contentos a los trabajadores y dirigentes, sin tomar en cuenta los in-gresos, el estado económico, ni los planes de inversiones proyectados, es decir no les importaba en absoluto el futu-ro de la empresa.

• Pagar puntualmente sueldos, salarios, bonificaciones, etc., aun cuando ello significara comprometer el futuro de la empresa, vendiendo su producción a futuro a precios sub-valuados o endeudándose irresponsablemente con agio-tistas informales

• Desatender las peticiones de los profesionales y/o técni-cos; es decir, les resultaba mejor estar de lado de los diri-gentes y no de sus profesionales o técnicos.

• Abstenerse de exigir un sueldo decoroso correspondiente al cargo de gerente, ya que resultaba estratégico mostrarse conforme con la remuneración asignada y con los aumen-tos acordados por los órganos de gobierno de la empresa.

Esta forma de razonamiento era compartida por quienes ocu-paban los demás cargos de responsabilidad en la empresa, dando como resultado final, la situación caótica a la que llega-ron estas empresas. Cabe recordar que, en la gran mayoría de las empresas, los planes de desarrollo siempre fueron “actuali-zados” teóricamente, pero en la práctica de nada servían por la escasa o nula prioridad que se les asignaba, pues los recursos económicos siempre se priorizaban y destinaban para atender las obligaciones del momento y para ciertas mejoras socia-les reclamadas por los sindicatos o trabajadores y aprobadas por los irresponsables directivos de las empresas. Los planes de diversificación agropecuaria o agroindustrial que iniciaron algunas empresas, también, terminaron en fracasos rotundos, tanto en el orden técnico como en lo económico, debido bási-camente, a la falta de visión de futuro de los directivos de las empresas.

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c. Aumento desmedido de personal en las áreas de administra-ción y servicios

Desde que se inició el modelo asociativo, en algunas empre-sas se fue rompiendo, poco a poco, el manejo equilibrado en lo referente al número del personal para producción y para servicios, no habiéndose respetado ni siquiera la racionalidad que existió en las antiguas haciendas. Por el contrario, se incre-mentó el número de personal en las áreas de administración y servicios: educación, salud, guardianías, conserjerías, limpieza, servicios sociales, administración, etc., descuidándose las áreas productivas.

Debido a sus vinculaciones político-partidarias, al compadraz-go y a otros factores extra laborales, los trabajadores del área de servicios fueron mejor tratados y remunerados que aque-llos del mismo nivel pero que laboraban en el área de campo o de producción. Este contrasentido obligó a que muchos tra-bajadores de campo dedicaran su tiempo a la búsqueda de una “vara” y a realizar constantes “gestiones” para ser cambiados a una posición más “descansada” y mejor pagada. Las vacantes producidas en el campo fueron cubiertas con jóvenes contrata-dos, sin experiencia ni formación en ese tipo de trabajo especia-lizado, hecho que constituyó un grave error cuyos resultados se vieron traducidos en la disminución de los índices de produc-ción y productividad y en el lamentable retroceso tecnológico y de manejo agronómico y pecuario en todos los campos de cultivo y en la actividad pecuaria. La incorporación de nuevos profesionales, técnicos, empleados u obreros a la empresa se hacía, fundamentalmente, sobre la base de recomendaciones de los órganos de gobierno y administración de las empresas. Casi nunca se realizaba concurso de méritos.

Se dispuso, así mismo, por acuerdo de los consejos de admi-nistración y de las asambleas generales de delegados, que, a la muerte o jubilación de un socio, se debía incorporar en su lugar a un hijo o a la esposa, sin tomar en cuenta ningún otro factor acerca de la calificación de la persona ni de su relación con la

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vacante existente. En muchos casos, cuando el beneficiario de esta medida no tenía “vara” o “padrino” en el Consejo de Administración de turno, simplemente nunca se efectivizaba el acuerdo, e incluso en su reemplazo ingresaba un familiar, allegado o miembro del partido político al cual pertenecía el directivo de la empresa, quien, obviamente, nada tenía que ver familiarmente con el trabajador fallecido o jubilado.

A los trabajadores contratados o eventuales, llamados también trabajadores “golondrinos”, se les asignaba los trabajos más duros y exigentes y, en la práctica, eran los “nuevos explotados por los nuevos patrones”. Algunos de ellos, después de algunos años de permanecer en calidad de contratados en forma conti-nua, eran automáticamente incorporados como nuevos socios de la empresa. Esta posibilidad hizo que algunos dirigentes, en forma irresponsable, procedieran a incorporar a nuevos socios sin ninguna justificación técnica ni de carga de trabajo. Así mis-mo, se incorporaron a nuevos socios a través de juicios ama-ñados que eran favorablemente resueltos por las autoridades regionales de trabajo o por el poder judicial. Este procedimien-to permitió, incluso, que ex trabajadores eventuales que ya no estaban contratados, resultaran ganando juicios gracias a la colusión de jueces e inspectores de trabajo corruptos. Estos ordenaban su incorporación en calidad de socios bajo pena de sanción a la empresa, lo que lógicamente era cumplido por las autoridades de la empresa.

Todo este manejo en lo referente a la política de empleo trajo consigo graves consecuencias tales como:

• Las áreas de servicios se superpoblaron de trabajadores. • Las áreas de producción, en muchos de los casos, estuvie-

ron a cargo de gente con escasa experiencia, preparación y mística.

• Se abandonó toda consideración y aprecio a la capacidad técnica, experiencia, eficiencia, responsabilidad y rendi-miento como criterios para la selección de personal y para cubrir las vacantes que periódicamente se producían como parte de la dinámica laboral.

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d. Pérdida patrimonial de la empresa

Como consecuencia de la baja producción y productividad en las empresas, incremento de los costos de producción, de control de precios en la venta de sus productos, que impuso el Estado y que estuvo vigente hasta 1990, falta de pago a los préstamos pendientes y proveedores así como a los propios trabajadores, aunado con la crisis y el mal manejo, las empresas comenzaron a descapitalizarse poco a poco llegando, en un mo-mento, a no dar el mantenimiento ni renovación adecuado a sus campos, maquinaria y equipos, pues sus balances anuales arro-jaban cuantiosas pérdidas. Esto significaba que el patrimonio de la empresa iba disminuyendo en la misma magnitud de sus pérdidas. Para tratar de enmascarar el problema, los directivos de las empresas asociativas optaron por efectuar revaluacio-nes periódicas de sus activos que, en muchos casos, resultaban ficticias, pues los asientos contables reflejaban valores muy su-periores a la realidad.

En tal sentido, resultaba censurable que los directivos respon-sables de la administración de estas empresas, a pesar de la si-tuación descrita, continuaran manejándolas como si se encon-traran en una época de bonanza, sin problemas económicos ni financieros, hecho que, además, nunca fue explicado ni siquiera a los miembros de la Asamblea General de Delegados, menos aún, a los trabajadores en general. En todo momento, se ocultó la verdad sobre la real situación de las empresas. De haberse actuado con transparencia, es posible que los problemas se hu-bieran enfrentado con prontitud y realismo, evitando la crisis o la desintegración de las mismas.

e. Excesivo endeudamiento

• Se generaron deudas cuantiosas al Estado por parte de las empresas a: ESSALUD, SUNAT, SENATI, FONAVI, etc. Ade-más, esta situación era más grave, porque a los trabajadores sí se les habían descontado puntualmente y esos fondos ha-bían sido utilizados por la administración para otros fines.

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• Deudas cuantiosas a sus propios trabajadores por sus re-muneraciones y beneficios sociales impagos.

• Deudas a muchos jubilados por concepto de tiempo de ser-vicios, habiendo fallecido, muchos de ellos, antes de cobrar la totalidad de los beneficios sociales que les correspon-dían.

• Deudas a bancos, proveedores, habilitadores-agiotistas, quienes, en muchos casos, cobraban tasas de interés supe-riores a los 400% sobre las tasas formales, y en otras situa-ciones para ser pagados con productos de la empresa, etc.

f. Problemas sociales crecientes

• Deudas cuantiosas y crecientes a los propios trabajadores por sus remuneraciones, a ESSALUD, fondo de pensiones, entre otros. Esta situación obligó a muchos trabajadores de avanzada edad a permanecer como trabajadores acti-vos, por temor a que no le paguen sus beneficios.

• Deudas a muchos jubilados por concepto de su tiempo de servicios, y otros beneficios adeudados, habiendo incluso fallecido muchos de ellos antes de cobrar el íntegro de sus beneficios sociales;

• Imposibilidad de muchos trabajadores jubilados de obte-ner oportunamente su pensión de la ONP, debido a que la empresa gastó, indebidamente, las aportaciones al fondo de pensiones descontadas al trabajador en su oportuni-dad y consignado en su boleta de pago. Dichas retenciones fueron gastadas indebidamente por las administraciones sucesivas de algunas empresas en otros rubros, perjudi-cando a los trabajadores activos y a los jubilados, quienes se vieron obligados a iniciar acciones judiciales contra la empresa.

• Trabajadores sin atención médica de la seguridad social, no obstante, habérseles descontado sus aportaciones co-rrespondientes al fondo de salud, dinero que también fue gastado en rubros ajenos a su fin, por los responsables de las empresas.

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• Crecimiento desmedido de población extraña a la empresa y de la propia población en las empresas asociativas, debido a que en algunas de ellas se llegó a otorgar, en algún mo-mento, incentivos con motivo del nacimiento de un nuevo hijo del trabajador.

• Cuando la empresa otorgaba energía eléctrica a sus traba-jadores, su consumo fue indiscriminado por parte de estos y de sus familiares, dado que este servicio se brindaba en forma totalmente gratuita y se hacía extensivo a toda la po-blación.

• Incremento de las tasas de morbo-mortalidad y de proble-mas sociales de diversa índole, especialmente con respecto a la niñez y a la juventud.

• Desánimo y desesperanza de la masa trabajadora y de sus familiares por la vigencia de esta especie de “carnaval” en el manejo y deterioro de su empresa y las consecuencias que podrían acarrearles en el futuro o a su jubilación.

• Incremento del consumismo y la obtención “fácil” de las co-sas para muchos jóvenes, falta de empleo y el consecuente Incremento de la delincuencia y el consumo de drogas.

g. Corrupción al interior de las empresas

La corrupción fue, sin lugar a dudas, uno de los mayores ma-les que afectó a las empresas agrarias asociativas. Afectó sus propias bases, especialmente en los más elevados niveles jerár-quicos de los órganos de gobierno, de las cúpulas dirigenciales, de algunas gerencias y de ciertos niveles administrativos. En tal sentido, se puede afirmar que la corrupción hirió de muerte a estas empresas asociativas, desde el momento mismo de su na-cimiento. Prueba de ello, es que se presentaron sonados casos vinculados a “negociados” que se convirtieron en hechos de es-cándalo público y en temas de comentario diario por parte de los trabajadores y de sus familiares. Esta forma de cáncer fue avanzando inconteniblemente debido, principalmente, a que los casos descubiertos y puestos en evidencia no recibieron en la mayoría de los casos un castigo ejemplar y necesario que to-dos los trabajadores esperaban, salvo, en contados casos, algu-nas sanciones leves y temporales que, en su gran mayoría, no se cumplían a cabalidad.

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La corrupción de algunos gerentes y funcionarios de alto rango se originó a partir de su mediocridad y de las bajas remunera-ciones que los órganos de gobierno les aprobaban y de la “mí-nima” responsabilidad real que tenían en la toma de decisio-nes, debido al “asambleísmo” y a la mal llamada “participación democrática” que entorpecía la marcha y conducción de la em-presa, con la consecuente desaparición de la responsabilidad de los gerentes y demás funcionarios.

Las formas de negociado y vicios más frecuentes en las que participaban muchos de los gerentes, funcionarios y dirigentes de los órganos de gobierno de las empresas agrarias asociati-vas fueron:

• Compras sobrevaluadas de insumos, maquinaria y repues-tos,

• Compras excesivas y sin justificación técnica alguna de in-sumos y repuestos y, en ciertos casos, de maquinaria,

• “Pérdida” de importantes cantidades de producto cose-chado, debido a “mermas naturales” o “fallas en balanza”,

• Sustracción de equipos, repuestos, productos e insumos de la empresa,

• Venta de cosechas o productos obtenidos a precios subva-luados, previa “comisión” a los responsables,

• Permanentes viajes en comisión de servicio con jugosos viáticos, etc.

Mientras esto ocurría en beneficio de quienes ejercían la di-rección de los órganos de gobierno y las gerencias y posicio-nes más elevadas de la empresa, en los niveles intermedios e inferiores se instauraba la desmoralización, la impotencia y, también en algunos casos, la tentación de ganar dinero fácil sin esforzarse para lograrlo, pues veían que a los responsables de mayor jerarquía no les ocurría nada. Es más, como era de co-nocimiento de los trabajadores que muchas empresas vecinas o de otros departamentos, venían siendo saqueadas, la mejor forma de asegurarse consistía en obtener dinero a como diera lugar, sabiendo que sería muy difícil cobrar sus beneficios so-ciales, los que inclusive consideraban que corrían el riesgo de perderse definitivamente.

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Esta tendencia fue creciendo día a día, a través de modalidades típicas como las que a continuación se detallan:

• Sustracción hormiga de productos, repuestos, insumos, en-tre otros,

• Sustracción de gasolina, lubricantes y repuestos,• Presentación de facturas, muchas de ellas falsas por “gas-

tos en medicinas”,• Pago por días de descanso y por sobretiempos que nunca

fueron trabajados,• Cambio de las herramientas nuevas que recibían para reali-

zar su trabajo por otras usadas y ya descartadas, entre mu-chas otras modalidades.

h. Clientelismo en las remuneraciones y beneficios sociales

Como el manejo de estas empresas pasó a manos de los diri-gentes en “representación” de los trabajadores, lo primero que hicieron las cúpulas dirigenciales fue, por un lado, exigir y, por el otro, otorgar una serie de beneficios remunerativos y de na-turaleza social, sin considerar la estabilidad de la empresa.

La política remunerativa y de ascensos, en la mayoría de las empresas asociativas, desechó irresponsablemente el pago por eficiencia o productividad. Es decir, se aplicó al pie de la letra el denominado principio de “igualdad” hasta en el pago de re-muneraciones y bonificaciones, hecho que permitía ganar igual tanto al trabajador responsable, creativo y eficiente, como al ocioso e irresponsable. La misma política se aplicó en los cua-dros técnicos y profesionales de toda la empresa.

Del mismo modo, desapareció o se redujo a su mínima expre-sión el reconocimiento en términos remunerativos por el grado de responsabilidad, con lo cual fue eliminada la motivación por la superación, con miras a ocupar cargos de mayor responsabi-lidad y ascender en la jerarquía de la empresa. Los ascensos se concretaban fundamentalmente por afinidad político-partida-ria, por familiaridad con los dirigentes de turno, por amistad o en razón a intereses creados de diversa índole, es decir, los mé-

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ritos personales y la capacidad profesional fueron desechados, para estos fines.

En los diversos procesos de selección, categorización y reca-tegorización de personal llevados a cabo en estas empresas, nunca se tomó en cuenta la calidad de las personas ni su ca-lificación personal, profesional o técnica. Por encima de estos valores, primaban las “influencias” o “varas” las cuales definían el cargo y el nivel salarial de los trabajadores o los ascensos correspondientes.

El deterioro empresarial se debió, también, a que en cada una de las empresas se fue acentuando el desgobierno y el despil-farro en los gastos administrativos y en los beneficios sociales. Cuando se adoptaba decisiones que comprometían la econo-mía de la empresa, nunca se tuvo en cuenta la producción, la productividad ni la capacidad de pago o endeudamiento de la empresa. En las elecciones para los cargos directivos, cada candidato ofrecía, en una suerte de irresponsable competen-cia, mejoras diversas para los trabajadores, pues el objetivo consistía en ganar las elecciones a como diera lugar, sin impor-tar para nada el estado económico presente ni el futuro de la empresa.

Cuando un gerente o los miembros del Consejo de Administra-ción o de vigilancia de la empresa pasaban por dificultades con la gente, recurrían al fácil expediente de otorgar incrementos salariales u otros beneficios adicionales para acallar las pro-testas y terminar transitoriamente con las dificultades. Lo grave del asunto radicaba en que la masa trabajadora definía como un “buen gerente” o un “buen directivo” a quien mayores beneficios concedía, otorgándole por tanto su respaldo. Esto ocurría, porque los trabajadores no estaban preparados, no se sentían verdaderos propietarios ni conocían la real situación económica financiera de la empresa.

Así, se fue acostumbrando a la masa trabajadora a obtener más salarios y más beneficios sociales, sin tomar en cuenta la pro-ducción, la productividad ni la situación económico-financiera

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de la empresa. Esta política demagógica no podía continuar in-definidamente sin llevar a las empresas a la quiebra o al borde del desastre total, como ocurrió en efecto con casi todas ellas.

Los gastos sociales que eran asumidos por las empresas, como educación inicial, primaria y secundaria, así como los servicios de salud, adelantos de dinero, entre otros beneficios, fueron creciendo en forma desmedida. Algunos malos dirigentes, ge-rentes y funcionarios tomaron a la empresa como una “bene-ficencia”, en el mejor de los casos, o como “botín”, en otros, que debía ser aprovechado al máximo y a la carrera, antes de que fuera demasiado tarde.

Para ilustrar la errática política salarial que se aplicó en muchas de estas empresas asociativas, se puede mencionar que se re-muneraba mejor a un obrero-conserje que un obrero-regador o un pastor en las empresas ganaderas; es decir, muchas veces un trabajador de servicios ganaba mucho más que uno de produc-ción, correspondiendo ambos al mismo nivel ocupacional. Esto trajo un desgano en el trabajador de campo, que al observar todo esto, buscaba ser trasladado a un cargo administrativo.

i. Comercialización deficiente en las empresas

La venta de las cosechas o productos de las empresas asocia-tivas agrarias, en muchos casos, se hizo con vicios o signos de inmoralidad. Los directivos y los responsables de la comerciali-zación se coludían con los compradores y fijaban precios infe-riores a los del mercado a cambio de “comisiones bajo la mesa” para beneficio de los encargados de la venta, quienes estaban “amarrados” con los dirigentes y funcionarios de turno.

Esta situación se repetía en la compra de maquinaria, repues-tos, insumos, combustibles y lubricantes. En este aspecto, muchas veces acordaban con los vendedores para que sobre-valuen los precios de sus productos y que les alcancen su “comi-sión” bajo la mesa. Asimismo, las compras se hicieron en exceso y sin justificación técnica alguna, pues el objetivo era comprar para recibir la “comisión”. Existen diversas anécdotas sobre la

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compra de combustibles, como aquella de que muchas veces llegaba la factura, pero no ingresaba el producto a la empresa, sólo pasaba el tanque cisterna vacío para demostrar presencia ante la vista de la gente. Similar situación se presentaba en la compra de repuestos, fertilizantes y pesticidas.

j. Politización y agitación al interior de la empresa

Desde el inicio del proceso de formación de las empresas asociativas, los promotores e ideólogos de la reforma agraria que trabajaban en ONDECOOP, SAF-CAP, SINAMOS, minis-terio de agricultura, entre otros entes del Estado iniciaron la siembra de la semilla de la politización y la agitación política en el propio seno de las empresas en formación, a través de los diversos eventos de capacitación y concientización que desarrollaron como parte del proceso de calificación para ser beneficiarios de la reforma agraria y ser incorporados como socios de la empresa. La creciente politización y agitación al interior de las empresas asociativas fueron promovidas por sus propios cuadros dirigenciales que, en muchos casos, eran dependientes ideológicamente de algunos partidos políticos o que, incluso, habían sido capacitados política e ideológicamen-te en Cuba.

Esta situación no sólo derivó en irreparable pérdida de horas de trabajo, sino que perturbó, en cierta manera, la conducta del trabajador al legitimar una conducta laboral distorsiona-da y contraria a los más elementales principios de eficiencia empresarial, acarreando el inevitable quebrantamiento de la disciplina, el principio de autoridad y la responsabilidad en el trabajo. Este daño puede resumirse en los siguientes aspectos:

* Pérdida del principio de autoridad El principio de autoridad se perdió debido a la forma dis-torsionada con la que muchos socios asumieron la condi-ción de ser dueños de la empresa. Como todos eran propie-tarios y se sentían “iguales” no se distinguía con claridad los roles del jefe ni del subordinado. Se daban situaciones

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que contribuyeron decisivamente al resquebrajamiento del principio de autoridad, tales como la intromisión de los dirigentes en el levantamiento de sanciones impuestas a sus subordinados por los jefes directos, entre otras accio-nes. A partir de ese momento, el jefe quedaba totalmente desautorizado ante los trabajadores, perdiendo autoridad y mando ante su gente.

* Asambleísmo y “democracia plena” en la toma de decisio-nesSe reflejó incluso en los aspectos mínimos e intrascenden-tes de la empresa. Todos opinaban y todos mandaban. Na-die quería recibir órdenes, armándose un verdadero “car-naval” en el manejo de una empresa.

* Desaparición del principio de eficiencia en el trabajo

Se debió, principalmente, por no permitir la aplicación de incentivos por un mayor rendimiento del trabajador. Todos ganaban igual: los trabajadores honestos, puntuales, efi-cientes y aquellos indisciplinados que faltaban a su centro de trabajo o se “enfermaban” o salían de “reposo” cuando deseaban; todo esto al final, resultó ser un gravísimo error.

* Pérdida de la disciplina, el orden y la mística de trabajoComo la “igualdad” campeaba en los aspectos remunera-tivo, ascensos, etc., sean trabajadores eficientes, discipli-nados, productivos, respetuosos y honrados o indiscipli-nados, deshonestos, ociosos, improductivos, malcriados e ineficientes; el orden, la mística, el respeto mutuo, la pro-ductividad y la disciplina pasaron a un segundo plano de importancia, afectando todo esto a la empresa.

* Proliferación de pugnas y líos internos Tuvo ocurrencia en la mayoría de las empresas, siendo la causa principal, la ambición de los “líderes” por ocupar los cargos en los consejos de administración y vigilancia, en la asamblea general de delegados o en los comités especia-lizados. Desempeñar funciones dirigenciales, en muchos

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casos, les significaba la obtención de mejoras económicas para el dirigente y sus allegados o familiares, disfrute de li-cencias con goce de haber, viajes y jugosos viáticos, entre otras gollerías. Esto era percibido por los trabajadores de la mayoría de las empresas, especialmente de la costa, por lo cual el cargo de dirigente sindical también era codiciado, porque era considerado como una opción para postular, en las futuras elecciones, a los cargos en los órganos de go-bierno de la empresa.

Por otro lado, la politización partidaria que se gestó en mu-chas de estas empresas desde épocas anteriores a la dación de la reforma agraria, especialmente en la costa, se acentuó en forma notoria posteriormente, constituyendo una de las causas que contribuyó significativamente más a la crisis. La acción de algunos malos e irresponsables dirigentes que obedecían consignas de los diferentes partidos políticos existentes en sus zonas fue gravitante en la orientación de la masa trabajadora hacia la exigencia de mayores ventajas económicas, sin reparar la real situación de su empresa.

Además, las decisiones acerca de qué personas debían encabezar y formar parte de las listas que postulaban al Consejo de Administración y de Vigilancia, a la Asamblea General de Delegados, etc., así como sobre la persona que debía asumir las funciones de gerente de la empresa, en la mayoría de los casos, se adoptaban en los locales de los partidos políticos de la capital o de la región. Es justo men-cionar que los dirigentes honestos y transparentes de los partidos antes mencionados que se oponían a esta forma de intromisión, formaban parte de la minoría dentro de su colectividad partidaria, por lo tanto, se vieron imposibilita-dos de modificar la influencia política perniciosa en estas empresas.

A casi todos los dirigentes de los partidos políticos que tuvieron en sus manos la conducción de estas empresas, lo único que les interesó fue aprovechar el cargo para sus intereses personales o de su grupo político, en ese sentido

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nunca informaron sobre la real situación económica, finan-ciera y técnica de las mismas. De esta forma, los trabaja-dores nunca tuvieron conocimiento cabal de lo que esta-ban haciendo ni tenían idea de lo que les sobrevendría más adelante. Muchos dirigentes nacionales y departamenta-les de los partidos políticos con influencia en tales empre-sas, también participaron en negociados, especialmente, vinculados a la venta de sus productos y cosechas, en la compra de insumos, repuestos y maquinarias, así como en el tráfico de influencias en la empresa. Parlamentarios de diversos partidos políticos también ejercieron influencia para obtener provecho personal, en perjuicio de las em-presas asociativas.

Así mismo, la política partidaria desarrollada en el seno de las empresas causó la división entre los propios trabajado-res, según el grupo político al que apoyaban, llegando, en muchos casos, a enfrentamientos violentos y fratricidas para obtener el poder y control de la empresa. El grupo que llegaba al poder, valiéndose, incluso, de los recursos de la propia empresa, contrataba “matones” procedentes de otros lugares para evitar los asaltos de la casa cooperativa o de la gerencia, produciéndose enfrentamientos que, en muchos casos, adquirieron ribetes muy lamentables.

Finalmente, los “politiqueros’’ resultaron también exper-tos en la elaboración de pasquines y panfletos anónimos que eran frecuentemente distribuidos en horas de la no-che, casa por casa. En función de sus mezquinos intereses, o en el de quienes los financiaban, los “diligencieros” polí-ticos se las ingeniaban para generar “bolas” o rumores an-tojadizos. La absoluta mayoría de la masa trabajadora per-manecía ajena a todo este acontecer, dejándose llevar muy fácil e ingenuamente hacia el objetivo político partidario y utilitario de las cúpulas dirigenciales politizadas.

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V. Consecuencias de la reforma agraria

El modelo de propiedad colectiva impuesto por el gobierno militar para todas las empresas autogestionarias que formaron para recibir la adjudicación de los bienes de las ex haciendas expropiadas por la reforma agraria fue un grave error. Fue interpretado, desde el pri-mer momento, por la gran mayoría de las familias del sector rural como un bien que “era propiedad de todos y de nadie” o “verdade-ramente era de propiedad del Estado”. En consecuencia, no lo sen-tían como un bien propio, como parte de ellos. Además, conociendo nuestra idiosincrasia, la propiedad individual o propiedad privada está totalmente identificada aun en las familias más pobres y no así con la propiedad colectiva. Por otro lado, este modelo no se ajustó a las características universales del esquema asociativo por haberse establecido como resultado de la imposición política del gobierno de ese entonces, en lugar de responder a la concertación voluntaria de los supuestos interesados.

Si se hubiesen constituido, desde el primer momento, como empre-sas de accionariado difundido, es decir, se hubiera posibilitado el ac-ceso real a la propiedad a cada uno de los integrantes de la empresa, probablemente otro hubiese sido el desarrollo de estas empresas; y, lógicamente, no hubiesen sentido la necesidad de parcelarla. Esta cruda realidad de empresa asociativa o autogestionaria de propie-dad colectiva fue entendida fácilmente por la persona más humilde y poco instruida de los trabajadores, porque -como mencionamos anteriormente- al retirarse de la empresa al ser jubilado o por re-nuncia, no recibían nada por el concepto de haber sido “propietario” de la misma, tan solo recibían, en el mejor de los casos, su tiempo de servicios y demás beneficios de ley, tal como lo recibía cualquier trabajador de una empresa privada. Esta situación generó un estado de desánimo, confusión y frustración, pues el trabajador jamás en-contró una respuesta coherente a la interrogante inevitable: ¿quién es el verdadero propietario de la empresa? A pesar de que, desde el inicio de la reforma agraria, los funcionarios de las diferentes insti-tuciones del Estado decían que el trabajador era el verdadero dueño de la empresa, junto con todos sus compañeros de trabajo.

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5.1. Consecuencias positivas

Entre las consecuencias que podrían considerarse como positivas son las siguientes:

◊ Se reivindicó el honor y la autoestima del campesino más humil-de, eliminándose todo tipo de abuso y humillación al hombre del campo y su familia.

◊ Se mejoró el nivel socio-económico de los trabajadores. En mu-chas empresas autogestionarias se construyeron viviendas, hospitales, colegios y también se brindaron otros servicios y se mejoraron las remuneraciones. Es conveniente señalar que esta mejora relativa del bienestar fue solo temporal, y se dio especial-mente durante los primeros 5 a 9 años de gestión que coincidió con años de buena disponibilidad de agua y de buenos precios de sus productos en los mercados nacional e internacional.

◊ Se incrementaron las oportunidades, sobre todo para la pobla-ción joven, que tuvo acceso a mejores niveles de educación téc-nica y superior, incluso en las capitales departamentales y/o en Lima.

◊ Se aumentaron los niveles de consumo personal y familiar. Se satisficieron aspiraciones largamente esperadas como la adquisi-ción de electrodomésticos, motocicletas, vehículos, etc. También, se elevó la calidad y cantidad de la dieta alimentaria, vestido y re-creación. De otro lado, esta mayor capacidad de consumo permi-tió que se acentuaran viejos males sociales como el alcoholismo y la relativa difusión del consumo de drogas, en algunos sectores de la juventud, especialmente de la costa.

◊ Algunos trabajadores ganaron experiencia directa y/o indirecta en el manejo empresarial, pues muchos de ellos accedieron a los órganos de gobierno y pudieron conocer y familiarizarse con dis-tintos aspectos de la marcha de la empresa, aunque la mayoría de ellos no lograron entender mucho.

5.2. Consecuencias negativas

Entre las consecuencias que podrían ser consideradas como negati-vas del proceso de reforma Agraria, se pueden mencionar las siguien-tes:

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◊ Fracaso total del modelo de propiedad colectiva impuesto en el campo por el gobierno, a través de las diferentes organizaciones que crearon, tales como Cooperativas Agrarias de Producción (CAPs), Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS), Empresas Rurales, Empresas de Propiedad Social (EPS), etc.

◊ El proceso de Reforma Agraria se desarrolló, desde el inicio, con una clara orientación política y social, obviando todo punto de vista técnico-económico de la actividad.

◊ El minifundio se acentuó considerablemente, debido a la parce-lación de la gran mayoría de las empresas autogestionarias que se formaron sobre la base de las adjudicaciones producto de la Reforma Agraria, a pesar de que los ideólogos del proceso ha-bían sostenido que lo eliminarían, pues ese fue uno de los objeti-vos de la Reforma Agraria.

◊ La pobreza en el sector rural, especialmente de la sierra y sel-va, se incrementó. Los ideólogos del proceso sostuvieron que la eliminarían, pues este fue otro de los objetivos de la Reforma Agraria.

◊ La politización de gran parte del personal del Ministerio de Agri-cultura, dado que concentraron sus esfuerzos y dedicación a las tareas de expropiaciones, adjudicaciones, asuntos legales e in-tervenciones de las empresas expropiadas, descuidando casi por completo las funciones de asistencia técnica y extensión rural. La Dirección General de Reforma Agraria y Asentamiento Rural, en la práctica, manejaba el Ministerio de Agricultura; pues con-centraba al mismo tiempo la mayor cantidad del presupuesto del sector.

◊ Estancamiento de la productividad agrícola y pecuaria.◊ La balanza comercial agropecuaria de nuestro país comenzó a

ser negativa desde el año 1980 cuando alcanzó la cifra de $ US -108.7 millones de dólares. Prosiguió con esa misma tendencia negativa hasta 1999 cuando el desbalance comercial agropecua-rio alcanzó la cifra de $ US -147.7 millones de dólares y a partir del año 2000 se comienza a revertir alcanzando en el año 2020 la cifra récord histórico de una balanza comercial agropecuaria positiva de $ US +2,942.7 millones de dólares.

◊ Descapitalización técnica y económica del agro nacional.◊ Fuga masiva del campo de la mayoría de los profesionales agra-

rios con experiencia a países vecinos o a otras actividades ajenas al agro.

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◊ Eliminación de la iniciativa e inversión privada en el campo.◊ Eliminación de las sociedades de capital en el agro.◊ Politización y debilitamiento de la autoridad responsable de la

administración de las aguas a nivel nacional.◊ Abuso de las autoridades que representaban al Estado al haber

expropiado bienes agrarios y pagado con bonos soberanos a nombre de la Nación peruana sin haber sido honrados, a mu-chos de ellos, hasta la fecha.

Desde una perspectiva general, la evaluación de la reforma agra-ria también debería realizarse sobre la base de las respuestas a las siguientes interrogantes: ¿Qué hubiera pasado con las haciendas, hacendados y el país en su conjunto, si no se hubiese dado la refor-ma agraria en el año 1969?, ¿Cuáles habrían sido los resultados o consecuencias, si los terroristas de Sendero luminosos o del MRTA hubiesen enarbolado y llevado a cabo una reforma agraria violenta, que hubiera consistido en la distribución de la tierra y con el apoyo del campesinado, especialmente de la sierra?¿ Cuál habría sido el rumbo de la historia de nuestro país?

Las consecuencias para nuestro país eran, indudablemente, previsi-bles; pero nada deseables.

En primer lugar, se habrían agudizado totalmente las contradic-ciones y conflictos sociales en el campo. Tanto así que los sectores ultraizquierdistas se opusieron al proceso de reforma agraria ini-ciado por Velasco. Lo tildaron de “medida pequeño-burguesa, im-puesta por los lacayos de la oligarquía y el imperialismo yanqui”, así lo expresaba Javier Diez Canseco, entre otros. Las razones de su oposición, entre otras, es que consideraban que, con esa medida, el caldo de cultivo para sus intenciones de destrucción del “estado burgués” y la instalación de un gobierno del proletariado que tanto pregonaban, disminuía considerablemente. Su lema “tierra o muer-te, venceremos” ya no tenía el efecto deseado.

Por otro lado, tampoco se trata en pensar que un retroceso a las condiciones anteriores a la reforma agraria sea la varita mágica que pueda resolver todos los problemas del agro. Lo anotamos, por-que todavía subsisten algunas mentalidades conservadoras que lo

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creen así. Ante esta situación, cobra plena validez lo que sostuvie-ron los pensadores griegos acerca de que los procesos sociales son irrepetibles: “Nadie puede bañarse en el mismo río y con las mismas aguas dos veces.”

Por ello, es importante evaluar la reforma agraria con sus defectos y aciertos. Podría verse como un hecho importante de la realidad vin-culada al conjunto de otros grandes procesos económicos y sociales ocurridos en las últimas décadas, como la globalización de la econo-mía, la revolución de la tecnología, la generalización de las comuni-caciones, la popularización de los sistemas informáticos, la transfor-mación de la pirámide de edades poblacionales, para citar algunos.

En ese contexto, libres de los atavismos del pasado, de las urgencias del presente y mirando el futuro, podremos preguntarnos: ¿cuáles son las alternativas para lograr el desarrollo sostenido y efectivo del agro y con ello poder mejorar el nivel de vida de las familias campe-sinas?.

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VI. Deuda pendiente: -Bonos de reforma agraria

Hasta el día de hoy aún existe una deuda pendiente, producto de las expropiaciones efectuadas en aplicación de la Ley de Reforma Agraria 17716, expedida el 24 de junio de 1969. La mencionada ley dispuso que la forma de pago a los propietarios afectados fuese me-diante títulos valor que el Estado peruano debía emitir con el nom-bre de bonos de la deuda agraria. La misma norma autorizó al poder ejecutivo a emitir estos bonos hasta por la suma de 15,000 millones de soles oro, de esa época.

Con el fin de facilitar la aplicación de la reforma agraria, se aprobó el Reglamento de utilización de Bonos de la Deuda Agraria, median-te el Decreto Supremo 267-70-AG, del 25 de agosto de 1970, que reguló su emisión. Esta norma determinó reglas claras sobre el par-ticular, que no fueron modificadas en lo esencial hasta la década del 90.

A través del reglamento se determinó que los bonos de la deuda agraria serían utilizados para pagar a los propietarios de las hacien-das y tierras expropiadas, a manera de indemnización. De lo que se concluye un elemento esencial en cuanto a la naturaleza de la emi-sión de dichos bonos: su utilidad respondía a un carácter indemni-zatorio derivado del marco normativo aplicable en ese entonces. Por otro lado, los propietarios de dichos predios a ser expropiados, estaban obligados por ley a aceptar los bonos agrarios. La valoriza-ción de todos los bienes expropiados se efectuó a valor castigado de libros y no a su valor real.

Asimismo, se establecía que los bonos eran de diversas categorías en función, de la calidad de los bienes expropiados y estaban exone-rados de impuestos. Los bonos eran de tres clases:

• Bonos de clase A: devengaban un interés anual del 6% durante un plazo de 20 años, a partir de la fecha de su colocación.

• Bonos de clase B: devengaban un interés anual del 5% durante un plazo de 25 años a partir de la fecha de su colocación.

• Bonos de clase C: devengaban un interés anual del 4% durante un plazo de 30 años a partir de la fecha de su colocación.

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Asimismo, sus valores nominales serían en soles por montos esta-blecidos de mil, 5 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil, 500 mil y un millón. El pago se efectuaría por intermedio del Banco de Fomento Agrope-cuario del Perú, como agente pagador. El banco estaba obligado a abrir cuentas individuales con el nombre de los titulares de los bo-nos. Se generó, así, con los antiguos propietarios de tierras y com-plejos agroindustriales uno de los mayores rubros de deuda interna en la historia del país.

Los bienes expropiados pasaron, en un primer momento, al dominio del Estado y luego, años más tarde, fueron adjudicados a campesinos y pequeños agricultores, organizados en empresas asociativas y de propiedad colectiva bajo la forma de Cooperativas Agrarias de Pro-ducción (CAP), Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS), Em-presas de Propiedad Social (EPS), Comunidades Campesinas (CC), Comunidades Nativas (CN) y a productores o campesinos individua-les. Cuando se efectuaba la adjudicación de los bienes expropiados a los campesinos beneficiarios, el Estado retenía el dominio de toda la propiedad, a fin de que los beneficiarios cumplan con el pago anual de su compromiso que asumían, el mismo que supuestamente per-mitiría pagar al expropietario el valor de los bonos agrarios emitidos, hecho que sólo ocurrió durante los 5 a 8 primeros años de aplicada la Reforma Agraria. A partir de entonces, el Estado incumplió con hon-rar su compromiso asumido al emitir los bonos y haberlos entregado a los ex dueños.

Años más tarde, como el agro estaba atravesando una situación eco-nómica y financiera muy difícil, los gobernantes de turno optaron por condonar las deudas. Esto lo hicieron porque eran conscientes que el propio Estado había contribuido a la situación caótica del agro nacional, por las políticas erradas que se dictaron desde el inicio, en-tre estas, el intervencionismo estatal en la marcha de las empresas asociativas desde el primer día de intervención de las empresas a ser expropiadas, el control de precios en la venta de sus productos, crea-ción de monopolios estatales para la comercialización de productos e insumos agrícolas, subsidios a las empresas estatales para la im-

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portación de productos agrarios, haciéndole una competencia total-mente desleal a los propios productores, que decían apoyar, falta de crédito, falta total de asistencia técnica, entre muchas otras cosas que terminaron afectando al productor nacional y al Estado. La situación económica del país se fue deteriorando desde media-dos de la década del 70 y se aceleró totalmente desde mediados de la década del 80, hasta alcanzar la inflación, en julio de 1990, con una cifra de más de 7,600 % al año. Todo ello obligó a que el Estado cambie la moneda oficial dos veces en un lapso de seis años. Como resultado final, el equivalente nominal de un Sol de Oro (moneda en la que se emitieron los bonos) en los primeros años de la década del 90, era de solo 0.000000001 (una mil millonésima parte) de un Nue-vo Sol. Es decir, en la práctica, los bonos agrarios ya no tenían ningún valor y, por lo tanto, muchos funcionarios del Estado manifestaban que el valor nominal de la deuda había desaparecido. Lo cual induda-blemente no era así, pues la deuda sí existió y por lo tanto se tenía y tiene que pagar.

Por otro lado, el tratamiento de una deuda soberana, como es el caso de los bonos agrarios, es un factor determinante en la economía de una nación, en especial en tiempos de globalización y expansión eco-nómica de los países emergentes. Por esta razón, las deudas de los bonos de la reforma agraria deben ser honradas bajo los parámetros que el Estado peruano dispuso desde su origen. Asimismo, las con-secuencias económicas derivadas de dicho pago deberían asumirse y manejarse bajo criterios legales objetivos.

Como el Estado incumplió en la mayoría de los casos con el pago de los bonos soberanos que entregó como pago por las expropiaciones que efectuó; durante más de 5 décadas, los tenedores de bonos agra-rios han exigido el pago justo del valor de sus bonos, mientras que los sucesivos gobiernos, a través una serie de leyes, decretos y nor-mativas, no ha establecido dicho valor. Mientras tanto, los originales tenedores de los bonos fueron muriendo y les sucedían sus herede-ros, quienes continuaron con el proceso de cobranza al Estado, pero nunca encontraron una respuesta seria en ninguna instancia. Para proseguir con sus justos reclamos, los expropietarios que habían ac-tuado individualmente y/o a través de la Asociación de Agricultores

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Expropiados por Reforma Agraria (ADAEPRA) acordaron crear la Asociación de Bonistas de la Deuda Agraria (ABDA), transparentan-do que, por el tiempo transcurrido, muchos de los tenedores de bo-nos ya no eran necesariamente los expropiados originalmente.

Recién, en la década del 90, los reclamos de los tenedores de bonos empezaron a ser atendidos por el Congreso de la República, el cual, en el año 1996 aprobó la Ley 26597, del 10 de abril de 1996, donde establecieron la forma en que se sustanciarían los procesos de ex-propiación para fines de reforma agraria y de afectación de terrenos rústicos y que estipuló que los bonos de la deuda agraria fueran pa-gados a su valor nominal.

Esta decisión no satisfizo a los tenedores de los bonos soberanos, quienes, inmediatamente, y a través del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), plantearon una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), instancia que en 2001 declaró la in-constitucionalidad de la ley que estipulaba que los bonos de la deuda agraria fueran pagados a valor nominal (sentencia TC 20013). Dicha disposición, sin embargo, se limitaba a recusar en lo jurídico aquella forma de pago nominal y establecía que los bonos debían necesa-riamente pagarse conforme a un criterio que permitiese la actuali-zación de su valor al momento de pago, sin determinar los criterios técnicos mediante los cuales el Estado debería actualizar el valor de estos instrumentos.

Ante este vacío, el CIP formuló en el mismo año 2001, un nuevo recurso al TC, esta vez de Ejecución de la sentencia. Esta instancia máxima resolvió dos años después (resolución TC 20135), dispo-niendo que se aplicase un método de dolarización, junto con una tasa de interés para la actualización del valor de los bonos de la deuda agraria. Con esta base, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en el 2014 y en el 2017, determinó la forma de reconocimiento, va-lorización y pago de los bonos de la deuda agraria.

Paralelamente, entre los años 2013 y 2014, tanto el Tribunal Consti-tucional como el Ministerio de Economía y Finanzas determinaron, en diferentes resoluciones y decretos supremos, el método para de-finir el valor actualizado de los bonos agrarios y el reglamento para

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registrar a los bonistas, actualizar la deuda del Estado y proceder al pago de los mismos. Sin embargo, los herederos tenedores de bo-nos consideran que tanto los Decretos Supremos del Ministerio de Economía y Finanzas como la resolución del Tribunal Constitucional están plagados de errores fundamentales, obstáculos y violaciones de derechos, que perjudican a los bonistas, quienes consideran que:

• El monto a pagar solo correspondería al 0.5% del valor actuali-zado de la deuda.

• El pago se realizaría en un tiempo indeterminado aún.• El Estado exige que los bonistas deben renunciar a su derecho de

apelar a las instancias judiciales si desean acceder a este pago.

Por su parte, los tenedores de bonos encargaron, en el año 2015, a tres destacados economistas de ESAN que realizaran una estimación del valor actualizado de la deuda a diciembre del 2014, incluyendo el interés a las tasas prometidas por el Estado. Estos expertos conclu-yeron que el monto actualizado de la deuda era de 15,251 millones de soles o su equivalente a 5,100 millones de dólares. El Estado por su parte, hasta ahora no emite ningún monto de reconocimiento de la deuda a pagar.

En tanto, la presión por el pago continua, argumentando que el in-cumplimiento del pago de la deuda interna podría afectar el grado de inversión que el país recibe de las principales agencias calificado-ras de riesgo, como Standard & Poor’s Financial Services, Moody’s Investors Service y Fitch Ratings. Además, en diciembre del 2017, la ABDA remitió una carta a la Organización para el Desarrollo y Coo-peración Económicos (OCDE) cuestionando la admisión del Perú por no honrar sus compromisos con sus acreedores internos. En consecuencia, es evidente que existe una controversia conceptual y económica sobre el tema por lo que resulta relevante adentrarse en el tratamiento jurídico y darle la solución definitiva al problema.

Por otro lado, los gobiernos de Ollanta Humala, García Pérez e in-cluso el actual gobierno siguen sin pagar, con el mismo criterio de que el pago podría desequilibrar la caja fiscal. Paralelamente, entre los años 2006 y 2008, apareció un nuevo actor, la empresa Gramer-

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cy Perú Holdings LLC y su matriz Gramercy Funds Management, que inició la compra de bonos a sus tenedores convirtiéndose, por lo tanto, en un nuevo acreedor del Estado, pues a la fecha, ya habría comprado más de 9,700 bonos de la deuda agraria, convirtiéndose en propietario de casi el 20% de los bonos. Con esto, a la fecha, nues-tro país ya tiene una demanda del nuevo acreedor extranjero, lo cual complica aún más el problema.

Lo señalado debe servir como lección a las autoridades gubernamen-tales para tomar decisiones con los conocimientos técnicos y la sen-satez debida a fin de no repetir nunca más estos errores, que ocasio-nan tanto daño a los directamente afectados, así como al desarrollo del sector correspondiente y al país en general.

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VII. Historias verdaderas de la reforma agraria

La reforma agraria estuvo acompañada de una vasta campaña pro-pagandística que, en lo ideológico y político, buscaba resaltar el ca-rácter revolucionario de la transferencia de la propiedad de la tierra. Para tal efecto, la Dirección General de Reforma Agraria y Asenta-miento Rural incorporó a conocidos politólogos y profesionales de las ciencias sociales, vinculados a los partidos Comunista, APRA -ala radical-, Acción Popular -ala radical- y la Democracia Cristiana. Los simpatizantes de la ultra izquierda se opusieron tenazmente al pro-ceso y lo boicotearon abiertamente, porque con ese proceso veían que se les iba de las manos la oportunidad de “incendiar el campo” en su carrera ciega para impulsar la lucha por la toma del poder e imponer la “dictadura del proletariado”. Sin embargo, la imaginación popular tejió su propia versión de la realidad del proceso, enrique-ciendo el bagaje con historias y anécdotas reales que, a fuerza de re-petirse, se convirtieron en el mejor testimonio de lo que realmente ocurrió en el campo entre 1969 y 1990. A continuación, a modo ilustrativo, se presentan algunos de esos re-latos que revelan la cara interior de la reforma agraria: Caso 1: El sueño de Valencia

El ingeniero Valencia toda su vida había sido un buen hombre. Padre de familia, agrónomo destacado y funcionario de carrera de la Direc-ción Zonal Agraria de La Libertad. En 1969, cuando llegó la reforma se le confió la máxima responsabilidad departamental: ser interven-tor de Casa Grande.

El Ing. Valencia asumió el encargo con la misma responsabilidad que lo había caracterizado toda su vida. Se puso de acuerdo con el co-ronel responsable de la zona, quien tenía el cargo de Coordinador Militar, juntó a sus promotores, notificó a los representantes de los propietarios y marchó a la antigua hacienda para hacer cumplir la Ley. Luego de una inicial sorpresa y de algunos incidentes con los diri-gentes sindicales, muy pronto se compenetró con el manejo de la ha-

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cienda. Se instaló en la oficina de don Juan Gildemeister, y comenzó a usar la pluma fuente de don Juan, sus hojas membretadas y hasta las finas toallas bordadas con su nombre, que encontró en su baño privado.

El ingeniero Valencia también recibió el hermoso chalet de don Juan, y heredó su camioneta, su chofer y hasta sus empleadas domésticas. En el exclusivo club La Tranca, ocupaba el puesto que siempre se ha-bía reservado para los Gildemeister, en la iglesia, el reclinatorio de los Gildemeister y en el estadio el lugar privilegiado para quien era el mecenas del equipo tradicional de Casa Grande: “El Defensor Ca-sagrande”. Las promociones escolares se disputaban para llevar su nombre, como antes el de don Juan, y no había kermesse o fiesta don-de no fuese el invitado principal. Más de alguna vez ciertas viejitas distraídas, al pasar a su lado, en lugar de saludarlo con un “buenas no-ches ingeniero Valencia”, como era lo habitual, le habían dicho “bue-nas noches don Juan”. Confusión que él perdonaba con una sonrisa amable y una discreta inclinación de sombrero.

Con el transcurrir de las semanas, en Trujillo, también, ocurrió algo parecido. El palco principal del Teatro Municipal le fue reservado, la sala mayor del exclusivo Club Central estaba a disposición del inge-niero Valencia, pues, ahí recibía al ministro de agricultura o al jefe po-lítico militar de la región, y “don Valencia” pasó a ser hasta el persona-je principal de la Fiesta de la Primavera o del Concurso de Marinera, tal como lo fue siempre Juan Gildemeister.

Todo iba muy bien hasta que una noche sucedió algo inesperado. El ingeniero Valencia despertó entre temblores y gritos aterradores. Ante esto, su esposa se incorporó asustada, preguntándole: “¿Qué te pasa?, ¿qué te pasa?” A lo que el esposo respondió:

- He tenido una pesadilla, un sueño horrible. - Pero dime, ¿qué cosa has soñado que te hace temblar así? - insistió la señora. - Mujer, soñé que llegaba la reforma agraria nuevamente a Casa Grande y me sacaban de la administración.

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Caso 2: La mejor recepción a los ilustres visitantes

Ocurrió en Puno, en las lejanas tierras de la Sociedad Agrícola de In-terés Social (SAIS) “Churura”, la antigua hacienda de la familia Amat y León. Allí, el nuevo gerente compró un hermoso carnero Corrieda-le argentino, que había sido premiado como el Gran Campeón en la Feria de Juliaca. El animal era de una inusual hermosura y desperta-ba la admiración de propios y la envidia de extraños. Por ello, los directivos no se sorprendieron cuando llegó la noticia de la Dirección Zonal de Agricultura en el sentido de que el jefe de la región militar visitaría Churura ese fin de semana, con el propósito de ver cómo marchaba la empresa.

La ceremonia no pudo ser más emotiva. El jefe de la delegación vi-sitante encomió los logros de Churura diciendo que la empresa era una “hija predilecta de la revolución, que sólo en tres años tenía el mejor reproductor de toda la historia de la hacienda”. Los dirigentes, algo en castellano y algo en aymara, le contestaron que defenderían incondicionalmente al gobierno. “¡chino, contigo hasta la muerte!”, coreaban enfervorizados.

Luego vino la música, el baile y la comida; pero mientras la asistenta social y las profesoras se desvivían por atender a los ilustres visitan-tes, con las mejores presas y bebidas espirituosas, el jefe de la comi-tiva, con tono complacido, interrogó al presidente de la SAIS: - Dígame, Mamani, ¿y dónde está ese carnero campeón? - ¿Cómo mi jefecito, no sabe usted?- Si lo supiera no te lo preguntara - replicó la autoridad ya con un tono menos indulgente. - Lo estamos comiendo ahorita mismo, mi jefecito. ¿No le gusta?” - Pero, ¿cómo han podido matar al reproductor - exclamó el coronel -. ¿A quién se le ha ocurrido semejante barbaridad? - Pensamos que con esta recepción Ud. y su comitiva se sentirían más contentos y nos apoyarían más, fue la única respuesta.

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Caso 3: “Don IGV”

Habían transcurrido ya diez años de reforma agraria y en la Coopera-tiva Azucarera Pucalá ya se respiraban algunos problemas. El “boom” del precio del azúcar de los años 1974-1975 se había esfumado y las ventas ya no alcanzaban para pagar planillas, más aún cuando el nuevo Consejo de Administración, en cumplimiento de sus promesas electorales, había hecho ingresar a 300 hijos de socios como nuevos trabajadores. Sin embargo, había una sola persona en toda la empre-sa a la que la crisis no había tocado y cuyo nombre era don Segundo. Segundo era un cholo fornido y campechano que tuvo la suerte de ser el único de sus nueve hermanos que llegó a ir al colegio. Por eso, cuando cumplió 16 años, el patrón lo mandó llamar para que traba-je y, en lugar de mandarlo a la palana como a sus otros hermanos, lo incorporó a la oficina. Ahí, con el tiempo, aprendió de todo. Fue con-serje, asistente, apuntador, cajero después siguió un curso de conta-bilidad por correspondencia. Cuando se presentó la oportunidad, un compadre, el presidente del Consejo de Administración, lo nombró subgerente de compras. Posteriormente, sin haberlo deseado, un golpe de estado contra el gerente barrió con todas las jefaturas y el quedó al frente de la gerencia de compras.

El cholo Segundo se ganó muy rápido la fama de duro. “Acá se aca-baron las gollerías, todo el mundo trabaja y debe pagar sus impues-tos”, decía en voz alta cada vez que un proveedor lo iba a visitar. Bajo su gestión, se ampliaron las adquisiciones y los créditos de las casas comerciales de Chiclayo hacia la empresa: desde ventiladores hasta urea, pasando por camionetas, pesticidas, tractores, muebles, bolsas de papel para azúcar en abundancia, etc.

Sin embargo, no faltaron las críticas a don Segundo, siendo entre ellas: “Usa una pulsera de medio kilo de oro “,“Se ha comprado dos microbuses, que los trabajan sus sobrinos ... “ “Tiene ahorros en dólares y se ha convertido en prestamista de dinero ... “, y muchas otras cosas más manifestaban sus opositores o detractores.

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Pero, a pesar de ello, el Consejo de Administración le mantenía su confianza, y cuando el consejo de vigilancia lo puso bajo la mira, li-quidó la investigación con un banquete en Chongoyape. “De repente recibe alguito, pero lo importante de su gestión es que nos mantiene al día con los impuestos, tanto es así que todo el mundo lo conoce como don IGV”, fue la conclusión de los consejeros participantes.

Sin embargo, una denuncia se cruzó en su felicidad. Un proveedor de máquinas de escribir denunció a don Segundo por haberle pedido coima. De inmediato fue llamado al consejo de vigilancia y careado con el denunciante, negando por supuesto todo.

- ¿Cómo se atreve a hablar mal de don Segundo? - le espetó uno de los consejeros al denunciante, increpándolo por dudar del funciona-rio. - Pero si todo el mundo sabe que es un coimero - respondió este anonadado denunciante. - Eso, señor, lo tendrá que demostrar - terció el presidente del conse-jo de vigilancia -. Para que sepa, estamos orgullosos de la gestión de don Segundo; porque desde que él es gerente de compras se cumple respetuosamente con los impuestos de ley, tanto es así que la gente le ha puesto el sobrenombre de “don IGV”. - ¿Y ustedes creen que es por los impuestos? - replicó el comerciante asombrado. - Nada que ver. A don Segundo le dicen “don IGV” porque religio-samente cobra una coima de 18% sobre cada factura, y al que no le acepta no le paga y nunca más le compra nada

Caso 4: “La señora cooperativa”

La pampa de Anta es una de las zonas más productivas del Cusco. Está ubicada en el valle intermedio y sus tierras son planas y propi-cias para la agricultura a diferencia de las partes altas donde sólo se puede cultivar papa amarga y hacer ganadería extensiva. Las tierras de Anta inmemorialmente pertenecieron a las comunidades más ri-cas del Cusco, pero a inicios del siglo pasado los hacendados las des-pojaron, obligando a sus integrantes a refugiarse en las alturas.

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Por ello, cuando vino la reforma agraria, la pampa de Anta se convir-tió en un símbolo. Hasta ahí llegaron los más altos funcionarios de SINAMOS y del Ministerio de Agricultura para decidir que, sobre esa base, se crearía la Cooperativa “Túpac Amaru II-Antapampa”, la em-presa más grande del antiguo ombligo del mundo.

Así lo hicieron. Con sus más de 100,000 hectáreas, lo único que logró la cooperativa fue reproducir las viejas relaciones de trabajo por las cuales los comuneros tenían que trabajar casi gratuitamente en fa-vor de la presunta empresa asociativa de la cual eran presuntamente “dueños”.

Tanta fue la expectativa defraudada que, muy rápido, la comunidad se rebeló contra la empresa y ultra izquierdistas venidos del Cusco y de Lima organizaron tomas de tierras y levantamientos sociales. Ante ello, el jefe político militar de la región decidió que se hiciese una encuesta entre los “beneficiarios” para saber cuáles eran las ra-zones de su descontento. Con ese fin, se contrató los servicios de la Facultad de Ciencias Socia-les de la Universidad Católica de Lima, cuyos profesores y alumnos recorrieron la zona realizando más de 1,000 encuestas. Aunque el jefe de la zona necesitaba los datos “para ayer”, el informe final de-moró más de un mes. “No importa, decía el jefe, con esta información vamos a hacer leña a los agitadores”.

Por ello, grande fue su sorpresa, cuando leyó que la principal conclu-sión del estudio era que los campesinos no se sentían dueños de “Tú-pac Amaru II-Antapampa” y, es más, que ni siquiera sabían quiénes eran los dueños”. “Que se han creído estos limeñitos, encima que se les paga por su estudio vienen a joder al gobierno”, gruñó el jefe polí-tico militar de la zona.

“Ahorita mismo vamos a saber la verdad”, le ordenó a su segundo, el jefe de la zona. “Se me disfraza usted de paisano y va a los mismos sitios donde estos jovencitos han encuestado y me trae usted las res-puestas verdaderas. Tiene 24 horas para este trabajo.”

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El comisionado de inmediato partió a Collana, una de las comunida-des más belicosas.

A las 24 horas exactas, el hombre se presentaba ante su jefe dicién-dole: - Aquí tengo la información. - Dígame, ¿es cierto que los campesinos no saben quién es el dueño? - Falso mi jefe. Ellos saben muy bien quién es el dueño. Según me han dicho, antes trabajaban para un señor Escobar y hoy para una señora Cooperativa. Dicen que esa señora es muy buena gente, pero que los administradores son muy malos. Por eso, están pensando irse a Lima para hablar con ella.

Estas historias reflejan el desconocimiento, la inconsciencia, el buro-cratismo, la corrupción, la falta de identidad en el que se desenvolvió la reforma agraria.

Caso 5: gerente solidario

En el año 1980, en la Cooperativa Azucarera Casa Grande se pre-sentó un conflicto de grandes proporciones entre dos grupos anta-gónicos que se disputaban el control de la empresa. Uno de los ban-dos estaba en la dirección y el manejo de la empresa. Lo lideraba el gerente general, prominente personaje vinculado al Partido Aprista Peruano. El otro grupo estaba capitaneado por un miembro del Con-sejo de Administración y administrador del anexo Farias y vinculado al partido Acción Popular.

La gran mayoría de la masa trabajadora y de la población de Casa Grande en general apoyaba al segundo grupo, no por ser militantes de Acción Popular, sino porque estaban descontentos y hartos de ver tan mal manejo de la empresa, sobre todo con sonados casos de corrupción y favoritismo que cometía la cúpula que la conducía.

El conflicto se agudizó y los grupos se reforzaron con matones y per-sonas de mal vivir, contratados de otros lugares. Al final de la pugna, que duró varios meses, hubo el saldo lamentable de un niño muerto y varias otras personas heridas. El segundo grupo había triunfado;

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pues, coincidentemente, el segundo gobierno del arquitecto Belaún-de, que inició su mandato al 28 de julio de 1980, inclinó la balanza, apoyándolo decididamente. Además, impuso como Gerente General al Ing. Javier Ramírez, un connotado belaúndista mas conocido como el “Zorro Cañero”, quien al llegar a Casa Grande fue recibido como el salvador de esa crisis, y fue paseado en hombros por la muchedum-bre a lo largo de la calle “Tren”.

Él ofreció sanear la empresa en el más corto tiempo con una serie de proyectos que nunca se realizarían, pues el financiamiento que él había prometido conseguir pronto, jamás llegó. Además, ante la masa trabajadora, él ofreció sacrificio de su parte, no autorizando aumen-tos a los técnicos y profesionales, y empezando por él mismo, según manifestó. Sin embargo, los malos manejos fueron frenados sólo por un pequeño período. Luego, retornaron a vista y paciencia de todos.

Por otro lado, el gerente anterior había iniciado juicio a la empresa, aduciendo que fue despedido “injustamente” en 1980. Tanto así que, en 1985, cuando el Partido Aprista ganó las elecciones generales en el país, nuevamente regresó a la gerencia general el personaje que fue despedido como gerente general en 1980, y desplazó al “Zorro Cañero’’. Al poco tiempo, ante un “fallo judicial”, le tuvieron que pagar los cinco años que no trabajó en la empresa: 1980-1985. Durante todos estos años, entre 1985-1990, nuevamente se repitie-ron los malos manejos de siempre en Casa Grande, con el agravante de que durante dicho período la crisis se acentuaba. Esto debido a los ingentes subsidios a la azúcar importada, los precios del azúcar na-cional subvaluados y fijados por el gobierno, el deterioro de los índi-ces de producción y productividad, tanto en campo como en fábrica debido a la falta de inversión y al creciente desorden y desgobierno de la empresa. A ello, se aunó a una crisis moral, social y económica generalizada.

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Caso 6: El difusor propio

La empresa azucarera Tumán, antes de la aplicación de la Ley de Re-forma Agraria, era la segunda del país en tecnología y productividad azucarera, después de Casa Grande. Esto lo sabían desde los técni-cos hasta los hombres del campo.

En los años 1973 y 1974, cuando los precios del azúcar en el merca-do mundial llegaron hasta 64 dólares por quintal, precio excepcio-nal, dados los buenos niveles de producción de ese entonces, Tumán vivía una época de bonanza económica, sin precedentes.

En este escenario, a propuesta de la gerencia general y los órganos de gobierno de la cooperativa, incluyendo la asamblea general de delegados, se aprobó la compra de un difusor, con una capacidad de 6,000 t/día, siendo la capacidad promedio de molienda de la fábrica de 3,600 t/día, con el fin de mejorar la extracción de azúcar en el pro-ceso de molienda. Además, con esta adquisición se igualaba a Casa Grande en tecnología de fábrica, pues esta ya tenía difusor desde 1968. Esta compra costó varios millones de dólares americanos de ese entonces.

Cuando llegó dicha maquinaria a Tumán fue todo un acontecimien-to e incluso se vivió un ambiente de fiesta en la empresa. Lo curioso fue que antes de instalarlo, los especialistas preguntaron dónde es-taba la prensa que trituraría la caña como para que pase al difusor. La respuesta fue de asombro: no se tenía esa máquina y, por lo tan-to, debería comprarse primero, antes de instalar el difusor. Nueva-mente, la justificación de compra de la prensa French fue preparada y sustentada ante los consejos de administración y vigilancia de la empresa, así como ante la asamblea general de delegados, quienes la aprobaron rápidamente. La gerencia general ejecutó inmediatamen-te el acuerdo, autorizando la compra de dicha prensa, la cual llegó pronto; pero, antes de instalarla, los especialistas vieron que para hacerla funcionar se necesitaba una buena cantidad de energía, con la que en ese momento la fábrica no contaba. Ante ello, nuevamente justificaron la compra de un caldero que generaba 50 TM/hora de vapor. Dicho elemento llegó a Tumán, aproximadamente, en 1975, pero recién fue instalado en 1989, es decir casi 15 años después

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de la compra. Es más, el difusor y la prensa French continúan en los almacenes, ya como chatarra, con varias piezas extraídas, sin haber funcionado un solo instante.

La puesta en operación del caldero se hizo cuando estaba de gerente general el Ing. Javier Contreras, gran maestro azucarero. Para ello, se tuvo que vencer innumerables obstáculos y boicots de los mismos dirigentes de la empresa.

Esta situación de compras costosas y su posterior abandono, se pre-sentó también en las otras empresas asociativas, como es el caso de la empresa azucarera Pomalca, que hasta el día de hoy mantiene abandonado un caldero que nunca entró en funcionamiento. Está canibalizado y sólo vale como chatarra, es decir, como monumento al despilfarro, la improvisación, la demagogia, viveza, “comisiones” y mal manejo de la empresa.

Caso 7: Sustitución del cultivo de caña de azúcar por papa, café, sorgo, maíz amarillo, frutales, etc. y compra de 1500 vaqui-llonas en la cooperativa azucarera Casa Grande

Por los años 1986 y 1987, se vivía en el país una etapa de falsa bonan-za y dinamismo económico. Se debió, básicamente, al control de la comercialización y de los precios de los principales productos agro-pecuarios, protección desmedida de la industria, gasto de ingentes sumas de dinero del fisco en subsidios bajo diferentes modalidades y menor precio coyuntural de los principales productos importados en el mercado mundial. En este escenario que vivía el país, las principa-les autoridades gubernamentales pregonaban un apoyo excepcional al agro nacional, en busca del “auto abastecimiento alimentario’’, para no depender más del extranjero. Es decir, manifestaban que sólo se debería comer lo “nuestro”.

Lo anecdótico fue que el gerente general y los órganos de gobierno de la empresa decidieron, en 1986, iniciar un agresivo programa de diversificación o mejor dicho de sustitución del cultivo de la caña de azúcar por otros cultivos como: papa, sorgo forrajero, maíz amarillo duro, frijol, garbanzo, camote, espárrago, café, frutales y kiwicha.

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Esto, solo en 1988, significó la siembra de más de 1,600 hectáreas con esos cultivos en lugar de la caña de azúcar. Sin embargo, este programa de sustitución duró sólo hasta 1990.

En cuanto a los resultados obtenidos, fueron desastrosos. En la ma-yoría de los casos, ni siquiera se recuperaron los costos de produc-ción, pues los trabajadores de campo de Casa Grande no conocían la técnica ni el manejo de estos cultivos. Las pérdidas económicas debido a esta “experiencia” fueron varios millones de dólares de ese entonces. Lo que olvidaron tanto el Gerente como los órganos de gobierno de la empresa fue que los trabajadores de campo estaban especializados en el manejo del cultivo de la caña de azúcar y no de otros cultivos.

Por otro lado, se presentaba el problema de que, al sembrar menos caña, debido a la sustitución del cultivo, se tendría consecuentemen-te menos caña propia para molienda. En efecto, la capacidad de fá-brica no podía bajar según la disponibilidad de caña y mucho menos el consumo de energía. Todo ello incidía en mayores costos de mo-lienda y de producción. Este es uno de los típicos casos de falta de gerencia, de improvisación, de falta de raciocinio y de dispendio de recursos económicos de la empresa.

Otro caso anecdótico ocurre en 1989 cuando la fábrica de azúcar es-taba en emergencia, los campos de caña en mal estado y la maquina-ria obsoleta los órganos de gobierno de la empresa y la gerencia ge-neral compraron 1,500 reproductores vacunos de “primera calidad”. Fueron traídos al país, con el famoso dólar MUC (subsidiado), por un conocido importador y beneficiario del dólar MUC, amigo personal de las principales autoridades del gobierno de turno. El costo que pagó Casa Grande por esas “vaquillonas” fue de un millón y medio de dólares. Obviamente, los resultados de esta inversión fueron tam-bién desastrosos. Significó enormes pérdidas para la empresa, pues al día de hoy no queda ni siquiera una cría de ese ganado importado.

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Caso 8: Afectación con mentada

En el año 1975, cuando ya iban pasando los momentos más críticos del proceso de reforma agraria, los directivos del SINAMOS organi-zaron un mitin campesino en la plaza de armas de Ica, con la finalidad de “demostrar” a la opinión pública la gran capacidad de movilización de masas campesinas que tenían aún vigente. Sin estar programada la participación de un dirigente de Nazca, este pidió astutamente un momentito de interrupción y así le dieron el uso de la palabra. Enton-ces, aprovechando la masiva presencia campesina, traída en camio-nes y volquetes de todo el departamento y la euforia de los organiza-dores, arrancó su discurso de la siguiente manera:

¡Cómo quisiéramos compartir la alegría que todos ustedes sienten en estos momentos, hermanos campesinos, de haber “recuperado sus tierras”! Nosotros, sencillamente no podemos, compañeros, pues, la hacienda donde somos explotados sigue en manos de los gamonales, y allí no pasa nada; por ello, compañeros, quiero repetirles para que todo el Perú lo escuche:

¡Concha’ e su madre, Reforma Agraria!, ¡Concha’ e su madre, Ministro de Agricultura!, ¡Concha’ e su madre, Velasco ...! ¡Así lo repiten siempre aquellos terratenientes de Nazca que pre-tenden burlarse de la reforma agraria y del gobierno de las fuerzas armada! Muchas gracias.

Terminó así su discurso con el aplauso de la masa campesina y con el asombro de los miembros del SINAMOS y de todas las autoridades presentes.

Al día siguiente, el predio fue intervenido sin miramientos ni argu-mentos adicionales por las autoridades de la reforma agraria para luego terminar transfiriéndolo a las familias campesinas que trabaja-ban en dicha hacienda.

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Caso 9: Zapotes y no mangos

En el año 1973, en pleno proceso de reforma agraria, el inspector ge-neral del ministerio de agricultura, acompañado por uno de los hom-bres más influyentes del régimen -un connotado politólogo-, fue a supervisar los avances en la I Dirección Zonal Agraria Piura, dirigida en ese entonces por el Ing. Juan Ibáñez. Al finalizar la visita de cam-po, las dos autoridades visitantes le preguntaron al Ing. Ibáñez:

¿Quién es el especialista de fruticultura que trabaja en el ministerio? El Ing. Ibáñez le respondió rápidamente que era el Ing. Ricardo Sala-zar, hombre de mucha experiencia. Ante esto, los ilustres visitantes le retrucaron sarcásticamente al Ing. Ibáñez, diciéndole: Conque el Ing. Salazar tiene “mucha experiencia” en fruticultura, no …, pues ahora se va a acordar de nosotros para que otra vez no boicotee la reforma agraria, ya que es imperdonable que él haya dejado que se sequen los mangos en su planta, sabiendo que esa fruta es muy ape-tecida y buscada por el pueblo. Él no apoya al hermano campesino; por eso el Ing. Salazar queda sancionado con un descuento de sus haberes equivalente a 1 sol por cada mango que se haya secado en la mata, y además una amonestación por escrito y que vaya a su file personal.

Ante esto, y dado que el Ing. Ibáñez era muy respetuoso con sus “je-fes” y ellos no le permitieron interrupción alguna antes, finalmente le dejaron hablar, y manifestó lo siguiente: “Doctores”, permítanme por favor decirles, no con el ánimo de contradecirles, pero sí con el fin de aclararles, que los árboles a los que ustedes se refieren, no son plantas de mango, sino zapotes, cuyos frutos deben madurar total-mente en sus ramas; en consecuencia, creo que sería bueno reconsi-derar la orden que ustedes han dado.

Los dos “ilustres” visitantes, sonrojados de vergüenza por la “igno-rancia” y la autosuficiencia puesta de manifiesto, sólo atinaron a de-cirle al Ing. Ibáñez al unísono: ¡Queda usted relevado del cargo, desde este momento, por incapaz!

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Caso 10: El gerente desconfiado

En el año 1979, una mañana de primavera, el gerente general de Casa Grande en una de sus cotidianas visitas de campo, supervisando la construcción de un canal de riego por las faldas del cerro Licapa, se bajó de su camioneta y, mirando el canal, llamó a su fiel chofer y le preguntó: ¿crees tú que el agua pueda ir de aquí hasta ese lugar? Yo veo que se han equivocado los ingenieros y el canal está en contra-pendiente, “es decir al revés”. Ante esto, el chofer le dijo: yo también creo lo mismo, señor gerente.

Al subir nuevamente a su camioneta, llamó por radio al jefe de la obra y le dijo que el canal estaba mal, pues se notaba a lo lejos que estaba en contrapendiente y por lo tanto el agua no iba a fluir al lugar reque-rido. El ingeniero de obra, sumamente preocupado por esta observa-ción, fue inmediatamente con el topógrafo a chequear la pendiente y los maestros de obra a ver la calidad del material utilizado.

Luego de la verificación, se pudo comprobar que todo estaba bien y que por lo tanto el señor gerente debería estar tranquilo de su preo-cupación. Esto fue inmediatamente comunicado al superintendente de campo para que lo haga de conocimiento al señor gerente.

Caso 11: Ley 17716. Sorpresa para el ministro de agricultura En el año 1969, el General Juan Velasco Alvarado, en su calidad de presidente de la Junta Militar de Gobierno, le había encargado pre-parar una ley de reforma agraria al ministro de agricultura de ese entonces, General Benavides, a fin de “hacer justicia con el campe-sinado”. El Ministro de Agricultura, a fin de cumplir el encargo a ca-balidad, logró convocar a un selecto grupo de expertos en la materia, pero que tenían vinculaciones con terratenientes o hacendados de ese entonces; así rezaban los informes de inteligencia que le llega-ban al General Velasco. Ante esta situación, su equipo de confianza comenzó a preparar en forma paralela, con mucha discreción y sin que supiera de este hecho el Ministro de Agricultura, otro proyecto de ley de reforma agraria, con la “auténtica” orientación del jefe de la “revolución”.

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Cuando el Ministro de Agricultura ya tenía listo el proyecto de ley y ya había comunicado al COAP sobre su envío para su revisión y posterior promulgación, grande fue su sorpresa al enterarse a tra-vés de la radio, televisión y del diario oficial El Peruano, que se había promulgado una Ley de Reforma Agraria totalmente opuesta al pro-yecto que había trabajado con su equipo. Esta situación lo incomodó de sobremanera, y lo obligó a presentar su renuncia irrevocable al cargo, hecho que fue aceptado de inmediato; reemplazándolo el Ge-neral Enrique Valdez Angulo, verdadero conductor del proceso de reforma agraria, especialmente en la etapa más crítica.

Caso 12: Expertos chinos en cultivos de arroz visitan Arequipa

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IX. Anexos

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POBLACIÓN NACIONAL, PBI TOTAL y PBI AGROPECUARIO, SEGÚN SUB SECTORES:1950-2020(Millones de soles de 2007)

Nota. BCRPElaboración propia

Cuadro A1

Producto Bruto

InternoAgropecuario Agrícola Pecuario

Producto Bruto


1950 7 633 40 920 4 486 … … 1986 19 966 182 981 9 438 5 984 3 1941951 7 826 44 711 4 621 … … 1987 20 417 200 778 10 060 6 337 3 4541952 8 826 47 347 4 755 … … 1988 20 870 181 822 10 772 7 143 3 2781953 8 232 50 085 4 865 … … 1989 21 320 159 436 10 169 6 162 3 6701954 8 447 52 762 4 962 … … 1990 21 765 151 492 9 463 5 756 3 4131955 8 672 55 858 4 922 … … 1991 22 204 154 854 9 762 5 411 4 0291956 8 905 58 484 4 686 … … 1992 22 640 154 017 9 010 5 334 3 3081957 9 146 62 371 4 705 … … 1993 23 073 162 093 9 845 6 128 3 4001958 9 397 61 706 5 030 … … 1994 23 502 182 044 11 156 6 982 3 8611959 9 658 63 653 5 276 … … 1995 23 926 195 536 11 842 7 610 3 9361960 9 931 69 946 5 614 … … 1996 24 348 201 009 12 611 8 110 4 2701961 10 218 75 085 5 782 … … 1997 24 768 214 028 13 160 7 621 5 1581962 10 517 82 620 5 921 … … 1998 25 182 213 190 13 177 7 320 5 2151963 10 826 86 196 6 010 … … 1999 25 589 216 377 14 646 8 148 5 3131964 11 143 91 840 6 305 … … 2000 25 984 222 207 15 496 8 750 5 5241965 11 467 97 003 6 431 3 724 2 592 2001 26 367 223 580 15 374 8 453 5 2281966 11 796 104 995 6 778 3 765 2 919 2002 26 739 235 773 16 152 8 563 5 0271967 12 132 109 040 7 042 3 918 3 026 2003 27 103 245 593 16 472 8 673 5 5361968 12 476 109 206 6 803 3 841 2 857 2004 27 460 257 770 16 391 9 613 5 0211969 12 829 113 044 7 252 3 987 3 172 2005 27 811 273 971 16 948 11 776 4 5841970 13 193 116 849 7 818 4 145 3 600 2006 28 151 294 598 18 462 12 764 5 0191971 13 568 122 213 7 975 4 199 3 706 2007 28 482 319 693 19 074 11 612 4 6631972 13 953 126 463 7 784 4 565 3 069 2008 28 807 348 923 20 600 12 741 4 9431973 14 348 134 401 7 815 4 592 3 071 2009 29 132 352 584 20 873 12 738 5 2281974 14 751 147 017 8 104 4 953 2 960 2010 29 462 382 380 21 766 13 075 5 4471975 15 161 153 340 8 101 4 414 3 590 2011 29 798 407 052 22 658 13 596 5 7611976 15 581 155 559 8 222 5 079 2 940 2012 30 136 431 273 23 992 14 773 6 0861977 16 011 156 102 8 214 5 625 2 291 2013 30 475 456 449 24 640 14 926 6 2391978 16 447 151 977 8 091 5 517 2 283 2014 30 814 467 376 25 028 15 044 6 6041979 16 886 158 194 8 406 5 520 2 622 2015 31 152 482 676 25 894 15 397 6 9501980 17 324 167 596 7 917 5 206 2 460 2016 31 489 502 225 26 584 15 668 7 2081981 17 760 176 901 8 633 5 629 2 740 2017 31 826 514 655 27 328 16 065 7 4091982 18 197 176 507 8 824 5 497 3 102 2018 32 162 535 083 29 461 17 609 7 8411983 18 636 158 136 7 974 5 274 2 442 2019 32 496 546 723 30 464 18 069 8 1611984 19 076 163 842 8 790 5 759 2 757 2020 32 824 557 651 31 473 18 330 8 3941985 19 519 167 219 9 046 5 861 2 914

Año

Poblacion de

habitantes (Miles)

PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI)

Año

PRODUCTO BRUTO INTERNO (PBI)Poblacion de

habitantes (Miles)

159


VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN NACIONAL, PBI TOTAL Y PBI AGROPECUARIO:1951-2020

Nota. BCRPElaboración propia

Cuadro A2

Producto Bruto


Producto Bruto


1951 2,5 9,3 3,0 … … 1986 2,3 9,4 4,3 2,1 9,61952 12,8 5,9 2,9 … … 1987 2,3 9,7 6,6 5,9 8,11953 -6,7 5,8 2,3 … … 1988 2,2 -9,4 7,1 12,7 -5,11954 2,6 5,3 2,0 … … 1989 2,2 -12,3 -5,6 -13,7 12,01955 2,7 5,9 -0,8 … … 1990 2,1 -5,0 -6,9 -6,6 -7,01956 2,7 4,7 -4,8 … … 1991 2,0 2,2 3,2 -6,0 18,01957 2,7 6,6 0,4 … … 1992 2,0 -0,5 -7,7 -1,4 -17,91958 2,7 -1,1 6,9 … … 1993 1,9 5,2 9,3 14,9 2,81959 2,8 3,2 4,9 … … 1994 1,9 12,3 13,3 13,9 13,61960 2,8 9,9 6,4 … … 1995 1,8 7,4 6,1 9,0 1,91961 2,9 7,3 3,0 … … 1996 1,8 2,8 6,5 6,6 8,51962 2,9 10,0 2,4 … … 1997 1,8 6,5 4,4 -6,0 20,81963 2,9 4,3 1,5 … … 1998 1,8 -0,4 0,1 -3,9 1,11964 2,9 6,5 4,9 … … 1999 1,6 1,5 11,1 11,3 1,91965 2,9 5,6 2,0 … … 2000 1,4 2,7 5,8 7,4 4,01966 2,9 8,2 5,4 1,1 12,6 2001 1,2 0,6 -0,8 -3,4 -5,41967 2,8 3,9 3,9 4,0 3,7 2002 1,1 5,5 5,1 1,3 -3,91968 2,8 0,2 -3,4 -1,9 -5,6 2003 0,9 4,2 2,0 1,3 10,11969 2,8 3,5 6,6 3,8 11,0 2004 0,9 5,0 -0,5 10,8 -9,31970 2,8 3,4 7,8 4,0 13,5 2005 0,8 6,3 3,4 22,5 -8,71971 4,8 4,6 2,0 1,3 3,0 2006 0,8 7,5 8,9 8,4 9,51972 2,8 3,5 -2,4 8,7 -17,2 2007 0,7 8,5 3,3 -9,0 -7,11973 2,8 6,3 0,4 0,6 0,1 2008 0,6 9,1 8,0 9,7 6,01974 2,7 9,4 3,7 7,9 -3,6 2009 0,7 1,1 1,3 0,0 5,81975 2,7 4,3 0,0 -10,9 21,3 2010 0,7 8,3 4,3 2,6 4,21976 2,7 1,4 1,5 15,1 -18,1 2011 0,7 6,3 4,1 4,0 5,81977 2,6 0,3 -0,1 10,7 -22,1 2012 0,7 6,1 5,9 8,7 5,61978 2,6 -2,6 -1,5 -1,9 -0,3 2013 0,8 5,9 2,7 1,0 2,51979 2,6 4,1 3,9 0,0 14,8 2014 0,9 2,4 1,6 0,8 5,81980 2,5 5,9 -5,8 -5,7 -6,1 2015 1,2 3,3 3,5 2,3 5,21981 2,5 5,6 9,0 8,1 11,3 2016 1,5 4,0 2,7 1,8 3,71982 2,5 -0,2 2,2 -2,3 13,2 2017 1,8 2,5 2,8 2,5 2,81983 2,4 -10,4 -9,6 -4,0 -21,3 2018 1,9 4,0 7,7 9,6 5,81984 2,4 3,6 10,2 9,2 12,9 2019 1,8 2,2 3,5 2,7 4,11985 2,3 2,1 2,9 1,8 5,7 2020 1,5 -11,1 1,3 3,1 -1,6

Año

Población de

habitantes (Miles)


Año

Población de

habitantes (Miles)


160


CULTIVO DE ALGODON: 1960-2020


Cuadro A3

AÑO PRODUCCIÓN (t)

SUP. COSECH. (Has.)

RENDIMIENTO (Kg/ha) AÑO PRODUCCIÓN

(t)SUP. COSECH.

(Has.)RENDIMIENTO

(Kg/ha)1960 361 788 252 355 1 434 1991 176 395 117 650 1 4991961 368 083 243 851 1 509 1992 107 986 86 237 1 2521962 429 895 252 887 1 700 1993 97 826 64 695 1 5121963 402 502 256 800 1 567 1994 167 656 97 309 1 7231964 387 283 245 980 1 574 1995 216 869 123 681 1 7531965 357 351 238 135 1 501 1996 268 596 137 096 1 9591966 332 269 203 990 1 629 1997 145 730 91 167 1 5981967 264 319 181 135 1 459 1998 95 176 73 284 1 2991968 285 649 166 235 1 718 1999 137 412 81 470 1 6871969 254 598 168 620 1 510 2000 155 436 93 557 1 6611970 247 804 143 825 1 723 2001 140 970 71 267 1 9781971 232 728 136 325 1 707 2002 140 132 74 873 1 8721972 224 502 127 580 1 760 2003 138 612 67 802 2 0441973 235 549 134 660 1 749 2004 187 697 88 908 2 1111974 256 479 148 190 1 731 2005 207 316 93 250 2 2231975 226 472 133 670 1 694 2006 213 410 91 787 2 3251976 164 511 98 290 1 674 2007 215 439 89 428 2 4091977 173 328 109 937 1 577 2008 167 397 70 507 2 3741978 198 542 115 698 1 716 2009 95 968 40 639 2 3611979 243 885 134 719 1 810 2010 63 758 27 963 2 2801980 264 554 147 999 1 788 2011 122 047 45 811 2 6641981 286 263 156 943 1 824 2012 110 955 50 686 2 1891982 254 944 131 952 1 932 2013 82 624 31 391 2 6321983 105 725 84 906 1 245 2014 92 472 31 450 2 9401984 200 673 95 352 2 105 2015 70 152 26 928 2 6051985 290 771 157 620 1 845 2016 45 358 18 099 2 5061986 303 745 165 673 1 833 2017 23 333 8 158 2 8601987 202 031 119 647 1 689 2018 44 195 15 007 2 9451988 282 392 133 462 2 116 2019 58 308 18 874 3 0891989 321 466 170 730 1 883 2020 19 233 7 057 2 7251990 238 971 138 330 1 728

161


EXPORTACIÓN É IMPORTACION DE ALGODÓN FIBRA: 1960-2020

Nota. SUNAT - ADUANAS - BCRPElaboración propia

1960 100,40 73,15 _ _ 1991 25,03 57,42 _ _1961 114,71 79,84 _ _ 1992 9,61 23,14 _ _1962 139,70 97,16 _ _ 1993 2,03 4,56 15,7 22,31963 125,39 91,43 _ _ 1994 2,25 4,93 19,3 29,41964 115,64 91,34 _ _ 1995 8,17 24,33 21,7 44,01965 115,82 87,44 _ _ 1996 11,66 30,24 12,9 23,21966 113,89 84,99 _ _ 1997 13,74 32,14 25,7 47,61967 69,86 55,42 _ _ 1998 1,63 3,99 44,5 84,41968 68,34 55,78 _ _ 1999 0,85 1,55 43,6 68,01969 88,93 65,17 _ _ 2000 2,73 5,00 32,2 41,01970 69,99 52,09 _ _ 2001 2,56 4,77 39,7 52,01971 50,77 44,65 _ _ 2002 1,61 2,33 43,6 50,51972 49,93 46,93 _ _ 2003 3,57 5,71 40,3 58,41973 36,95 63,41 _ _ 2004 3,34 6,29 36,3 61,31974 47,57 96,49 _ _ 2005 2,01 3,29 46,9 65,01975 36,55 57,13 _ _ 2006 3,82 7,00 38,1 51,11976 35,69 70,89 _ _ 2007 1,58 3,25 60,3 88,81977 21,19 47,90 _ _ 2008 0,92 2,26 53,4 96,21978 18,14 38,06 _ _ 2009 1,56 2,69 47,0 69,41979 19,95 49,29 _ _ 2010 0,48 1,12 70,0 139,81980 32,23 71,54 _ _ 2011 2,07 7,79 67,8 219,91981 31,52 63,60 _ _ 2012 1,87 4,40 49,0 143,91982 59,21 85,26 _ _ 2013 0,80 1,71 57,7 128,11983 26,15 37,67 _ _ 2014 1,57 3,73 59,6 139,41984 11,92 23,50 _ _ 2015 1,34 3,25 55,9 108,41985 28,67 51,46 _ _ 2016 0,81 1,53 37,4 67,81986 21,74 38,46 _ _ 2017 0,63 1,20 47,7 100,81987 8,66 18,90 _ _ 2018 0,71 1,78 51,8 117,11988 10,78 32,35 _ _ 2019 0,68 1,35 47,8 96,11989 40,20 79,88 _ _ 2020 0,60 1,19 34,2 64,01990 21,37 48,16 _ _

Año

EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN

Volumen (Miles de t)

Valor (Millones de US$ FOB)


Valor (Millones de

US$ CIF

Año





Valor (Millones de

US$ CIF

Cuadro A4

162


CULTIVO DE ARROZ: 1960-2020


Cuadro A5


SUP. COSECH. (Has.)

RENDIMIENTO(Kg/ha) AÑO PRODUCCIÓN

(t)SUP. COSECH.

(Has.)RENDIMIENTO

(Kg/ha)1960 357 608 86 578 4 130 1991 814 168 158 348 5 1421961 331 877 81 086 4 093 1992 829 373 166 499 4 9811962 391 361 90 791 4 311 1993 967 627 177 527 5 4511963 269 860 72 790 3 707 1994 1 401 393 239 453 5 8521964 351 475 82 200 4 276 1995 1 141 550 203 196 5 6181965 290 520 74 920 3 878 1996 1 203 168 210 353 5 7201966 374 032 95 875 3 901 1997 1 457 910 238 878 6 1031967 461 420 106 690 4 325 1998 1 543 620 269 263 5 7331968 286 195 75 975 3 767 1999 1 961 714 313 205 6 2631969 444 432 109 855 4 046 2000 1 895 328 287 511 6 5921970 586 721 140 395 4 179 2001 2 028 176 300 086 6 7591971 591 111 147 340 4 012 2002 2 115 148 316 750 6 6781972 482 326 118 055 4 086 2003 2 132 405 313 856 6 7941973 483 471 117 805 4 104 2004 1 844 896 286 468 6 4401974 494 237 115 755 4 270 2005 2 468 357 357 883 6 8971975 536 835 122 480 4 383 2006 2 362 259 343 692 6 8731976 570 415 133 165 4 284 2007 2 435 134 337 640 7 2121977 594 010 134 356 4 421 2008 2 793 980 379 785 7 3571978 467 758 114 274 4 093 2009 2 991 157 404 614 7 3931979 560 399 131 445 4 263 2010 2 831 374 388 659 7 2851980 441 233 102 532 4 303 2011 2 624 458 359 613 7 2981981 760 176 160 874 4 725 2012 3 043 330 393 891 7 7261982 825 730 180 923 4 564 2013 3 046 774 395 032 7 7131983 799 032 190 498 4 194 2014 2 896 611 381 368 7 5951984 1 139 997 235 410 4 843 2015 3 151 408 399 501 7 8881985 878 279 192 711 4 557 2016 3 165 749 419 564 7 5451986 725 915 161 153 4 505 2017 3 038 766 422 436 7 1931987 1 168 600 229 465 5 093 2018 3 557 900 437 948 8 1241988 1 129 240 219 247 5 151 2019 3 190 969 414 401 7 7001989 1 091 430 213 313 5 117 2020 3 437 370 417 597 8 2311990 966 101 184 758 5 229

163


EXPORTACIÓN É IMPORTACION DE ARROZ: 1960-2020


Cuadro A6

1960 ... ... 25 452 4 275 1991 ... ... 243 569 78 3621961 ... ... 8 663 4 280 1992 ... ... 418 333 20 4501962 ... ... 1 210 2 394 1993 ... ... 297 481 84 7231963 ... ... 921 5 1994 ... ... 173 351 47 4881964 ... ... 47 984 13 1995 ... ... 157 701 55 4701965 ... ... 91 912 5 1996 ... ... 351 055 137 6811966 ... ... 79 304 32 1997 ... ... 179 247 69 2941967 ... ... 59 009 3 662 1998 42 13 176 343 80 6291968 ... ... 47 923 6 297 1999 9 3 93 527 38 1371969 ... ... 37 312 42 2000 1 0 64 356 20 5741970 ... ... 15 430 3 416 2001 1 0 51 536 14 6711971 ... ... ... 1 095 2002 -- -- 34 035 9 7701972 ... ... ... 232 2003 123 35 15 875 5 0921973 ... ... ... 195 2004 15 18 77 096 30 7081974 ... ... ... 7 333 2005 13 24 117 357 46 5201975 ... ... 78 178 13 518 2006 44 54 39 994 15 9081976 ... ... 70 622 12 358 2007 145 80 74 154 34 9571977 ... ... ... 10 405 2008 17 466 14 196 146 588 101 0461978 ... ... 26 360 9 858 2009 46 039 25 117 91 346 55 7221979 ... ... 150 423 7 089 2010 1 998 1 228 94 663 61 7821980 ... ... 225 816 2 184 2011 611 601 205 345 130 8831981 ... ... 136 782 ... 2012 44 113 20 356 251 233 165 6171982 ... ... 56 847 ... 2013 29 857 22 094 175 678 121 4211983 ... ... 95 352 ... 2014 37 64 207 985 138 7751984 ... ... 47 631 ... 2015 69 67 238 609 145 1001985 ... ... ... 40 030 2016 8 631 5 968 290 807 165 1201986 ... ... 188 142 16 522 2017 196 224 401 717 231 9981987 ... ... 211 369 ... 2018 447 421 271 961 161 2201988 ... ... 17 208 9 780 2019 37 416 21 038 292 762 166 5911989 ... ... 209 309 58 118 2020 44 814 30 023 315 593 181 1091990 ... ... 239 071 102 460

Año


Volumen (t)

Valor (Miles de US$ FOB)


Valor (Miles de US$ CIF)

Volumen (t)

Valor (Miles de US$ FOB)


Valor (Miles de US$ CIF)

Año


164


CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO:1960-2020


Cuadro A7


SUP. COSECH. (Has.)


(t)SUP. COSECH.

(Has.)RENDIMIENTO

(Kg/ha)1960 191 158 91 411 2 091 1991 433 883 148 446 2 9231961 186 684 89 872 2 077 1992 392 029 137 290 2 8551962 201 906 96 063 2 102 1993 586 109 186 742 3 1391963 209 413 97 855 2 140 1994 536 649 171 927 3 1211964 299 038 126 440 2 365 1995 488 200 161 901 3 0151965 339 126 137 550 2 465 1996 559 676 185 368 3 0191966 368 976 147 430 2 503 1997 613 482 210 521 2 9141967 363 946 150 120 2 424 1998 708 511 230 596 3 0731968 346 865 127 425 2 722 1999 805 778 236 262 3 4111969 375 793 149 415 2 515 2000 960 362 269 893 3 5581970 388 057 153 700 2 525 2001 1 057 355 284 681 3 7141971 413 822 156 430 2 645 2002 1 038 117 270 502 3 8381972 412 275 153 570 2 685 2003 1 097 337 280 154 3 9171973 380 447 138 090 2 755 2004 983 156 268 524 3 6611974 382 320 134 860 2 835 2005 999 274 276 795 3 6101975 420 713 143 785 2 926 2006 1 020 041 278 173 3 6671976 488 744 163 870 2 983 2007 1 122 920 282 767 3 9711977 503 294 166 641 3 020 2008 1 231 518 297 621 4 1381978 379 143 136 370 2 780 2009 1 273 943 301 194 4 2301979 408 323 157 266 2 596 2010 1 283 621 295 848 4 3391980 317 397 132 111 2 403 2011 1 260 124 277 390 4 5431981 390 768 150 526 2 596 2012 1 392 973 294 844 4 7241982 429 260 163 654 2 623 2013 1 365 242 293 719 4 6481983 434 605 177 386 2 450 2014 1 227 563 271 086 4 5281984 564 005 196 858 2 865 2015 1 438 562 297 588 4 8341985 490 140 175 242 2 797 2016 1 232 381 267 576 4 6061986 644 600 225 565 2 858 2017 1 249 602 265 128 4 7131987 698 931 249 804 2 798 2018 1 265 072 256 240 4 9371988 645 081 234 866 2 747 2019 1 270 757 254 545 4 9921989 785 277 276 091 2 844 2020 1 127 502 236 418 4 7691990 480 784 173 706 2 768

165


OFERTA DE MAIZ AMARILLO DURO:1960-2020(Miles de toneladas)


Año Produccion Importación Oferta Año Produccion Importación Oferta

1960 191,16 0,84 191,99 1991 433,88 476,08 909,971961 186,68 21,44 208,13 1992 392,03 749,14 1 141,171962 201,91 9,99 211,90 1993 586,11 501,10 1 087,211963 209,41 7,49 216,90 1994 536,65 703,68 1 240,321964 299,04 15,67 314,71 1995 488,20 953,79 1 441,991965 339,13 4,57 343,70 1996 559,68 744,57 1 304,251966 368,98 6,00 374,98 1997 613,48 897,35 1 510,831967 363,95 0,88 364,83 1998 708,51 1 159,43 1 867,941968 346,87 59,13 406,00 1999 805,78 1 034,74 1 840,521969 375,79 6,31 382,11 2000 960,36 846,45 1 806,821970 388,06 1,72 389,77 2001 1 057,36 871,77 1 929,121971 413,82 0,43 414,25 2002 1 038,12 914,99 1 953,111972 412,28 104,06 516,33 2003 1 097,34 924,30 2 021,631973 380,45 223,19 603,64 2004 983,16 1 086,95 2 070,111974 382,32 238,21 620,53 2005 999,27 1 304,44 2 303,721975 420,71 323,94 744,65 2006 1 020,04 1 487,11 2 507,151976 488,74 278,28 767,03 2007 1 122,92 1 560,84 2 683,761977 503,29 171,10 674,39 2008 1 231,52 1 392,16 2 623,671978 379,14 149,56 528,70 2009 1 273,94 1 500,62 2 774,561979 408,32 127,51 535,83 2010 1 283,62 1 904,30 3 187,921980 317,40 485,39 802,79 2011 1 260,12 1 894,57 3 154,701981 390,77 359,03 749,80 2012 1 392,97 1 831,28 3 224,251982 429,26 480,74 910,00 2013 1 365,24 2 005,33 3 370,581983 434,61 425,02 859,63 2014 1 227,56 2 315,96 3 543,531984 564,01 115,04 679,05 2015 1 438,56 2 661,27 4 099,831985 490,14 250,23 740,37 2016 1 232,38 3 021,32 4 253,701986 644,60 354,53 999,13 2017 1 249,60 3 357,43 4 607,031987 698,93 479,67 1 178,60 2018 1 265,07 3 528,30 4 793,381988 645,08 587,32 1 232,40 2019 1 270,76 3 982,82 5 253,581989 785,28 191,07 976,35 2020 1 127,50 3 743,13 4 870,631990 480,78 479,39 960,17

Cuadro A8

166


CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR: 1930-2020


Cuadro A9

AÑOPRODUCCIÓN

DE CAÑA (t)

SUP. COSECH.

(Has.)

PRODUCTIVIDAD (Kg/ha) AÑO

PRODUCCIÓN DE CAÑA

(t)

SUP. COSECH.

(Has.)

PRODUCTIVIDAD (Kg/ha)

1930 3 376 113 30 345 111 258 1988 5 951 043 45 490 130 8211935 3 393 452 32 605 104 078 1989 6 335 346 46 440 136 4201940 3 953 682 31 407 125 885 1990 5 946 823 48 419 122 8201945 3 491 390 31 631 110 379 1991 5 792 216 53 046 109 1921950 3 697 087 31 675 116 719 1992 4 740 845 47 754 99 2761955 6 097 566 35 898 169 858 1993 4 342 661 47 629 91 1771960 7 359 171 47 361 155 385 1994 5 429 511 51 020 106 4191961 7 288 136 47 075 154 820 1995 6 127 804 59 594 102 8261962 7 247 077 46 830 154 753 1996 6 930 267 54 428 127 3291963 7 697 310 49 160 156 577 1997 5 705 340 63 543 89 7871964 7 590 920 48 855 155 377 1998 5 705 340 52 614 108 4381965 7 498 940 46 520 161 198 1999 6 278 571 58 127 108 0151966 8 463 380 53 530 158 105 2000 7 135 154 63 809 111 8211967 7 942 800 49 670 159 911 2001 7 385 946 60 373 122 3391968 7 272 300 52 920 137 421 2002 8 419 786 61 478 136 9571969 6 411 900 45 600 140 612 2003 8 863 958 77 720 114 0501970 7 530 949 48 425 155 518 2004 6 945 686 70 851 98 0321971 8 291 356 47 855 173 260 2005 6 304 065 61 549 102 4231972 8 582 468 48 865 175 636 2006 7 245 832 65 846 110 0421973 8 746 119 51 040 171 358 2007 8 228 624 67 953 121 0931974 9 179 337 54 510 168 397 2008 9 395 959 69 126 135 9251975 8 958 215 55 280 162 052 2009 9 936 945 75 348 131 8801976 8 761 132 54 767 159 971 2010 9 660 895 76 983 125 4941977 8 825 079 55 599 158 727 2011 9 884 936 80 069 123 4551978 7 970 194 53 771 148 225 2012 10 368 866 81 125 127 8131979 7 034 212 53 906 130 490 2013 10 992 241 82 205 133 7171980 5 598 088 49 137 113 928 2014 11 389 616 90 356 126 0531981 5 125 864 38 520 133 070 2015 10 211 856 84 574 120 7441982 6 508 604 46 333 140 474 2016 9 832 526 87 697 112 1191983 6 380 486 45 365 140 648 2017 9 399 617 77 524 121 2481984 6 988 369 53 097 131 615 2018 10 336 178 84 838 121 8341985 7 329 335 53 140 137 925 2019 10 902 906 86 473 126 0851986 6 276 321 50 335 124 691 2020 10 468 800 84 590 123 7591987 6 073 864 47 259 128 523

167


CAÑA DE AZÚCAR: PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVODAD: 1930-2020


Cuadro A10

AÑOPRODUCCIÓN DE AZÚCAR

(Miles t)

PRODUCTIVIDAD AZÚCAR

(t/ha)AÑO

PRODUCCIÓN DE AZÚCAR

(Miles t)

PRODUCTIVIDAD AZÚCAR

(t/ha)1930 391 12,89 1991 558 10,511935 389 11,93 1992 439 9,181940 471 14,98 1993 400 8,401945 423 13,38 1994 541 10,601950 427 13,49 1995 641 10,761955 652 18,15 1996 608 11,161960 806 17,02 1997 674 10,611965 762 16,57 1998 450 8,541968 752 14,41 1999 603 10,381969 633 14,32 2000 724 11,351970 771 15,99 2001 760 12,591971 882 18,48 2002 878 14,271972 899 18,45 2003 959 12,341973 897 17,64 2004 748 10,551974 992 18,26 2005 695 11,291975 964 17,50 2006 805 12,231976 930 16,97 2007 916 13,471977 900 16,19 2008 1 007 14,571978 856 15,93 2009 1 064 14,131979 695 12,90 2010 1 038 13,491980 537 10,94 2011 1 076 13,441981 478 12,41 2012 1 106 13,641982 613 13,24 2013 1 174 14,281983 442 9,74 2014 1 203 13,321984 603 11,35 2015 1 119 13,241985 727 13,68 2016 1 148 13,091986 599 11,91 2017 1 081 13,941987 560 11,84 2018 1 183 13,951988 574 12,61 2019 1 196 13,831989 608 13,09 2020 1 197 14,161990 592 12,23

168


EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN DE AZÚCAR: 1960-2020(Miles de t)


AÑO EXPORTACION IMPORTACION AÑO EXPORTACION IMPORTACION

1960 525,8 1,8 1991 73,2 182,61961 556,5 1,6 1992 42,6 217,71962 478,5 1,8 1993 40,5 297,31963 495,8 2,0 1994 56,0 327,41964 424,8 1,7 1995 62,9 236,91965 365,6 0,3 1996 82,5 312,71966 424,0 0,3 1997 76,9 254,71967 431,4 1,9 1998 60,2 494,91968 459,4 0,7 1999 17,3 344,01969 267,6 3,6 2000 41,7 171,01970 403,2 ... 2001 41,6 187,11971 428,6 ... 2002 41,8 138,31972 480,9 ... 2003 61,1 10,91973 407,0 ... 2004 41,4 180,31974 462,2 ... 2005 32,2 251,51975 421,8 ... 2006 108,6 243,31976 284,0 ... 2007 48,3 245,71977 412,0 ... 2008 70,4 207,51978 266,0 ... 2009 85,5 145,71979 181,0 ... 2010 112,0 209,91980 52,9 46,0 2011 62,6 189,11981 0,0 150,0 2012 61,4 301,11982 58,9 - 2013 101,0 147,61983 88,7 268,2 2014 134,4 176,81984 115,9 129,9 2015 86,3 368,91985 66,2 - 2016 122,9 370,31986 54,6 174,5 2017 126,9 544,71987 32,5 209,4 2018 40,9 298,51988 35,1 233,7 2019 183,7 231,11989 42,9 111,2 2020 124,3 349,31990 88,0 129,2

Cuadro A11

169


CULTIVO DE PAPA: 1960-2020


Cuadro A12


SUP. COSECH. (Has.)


(t)SUP. COSECH.

(Has.)RENDIMIENTO

(Kg/ha)

1960 1 145 233 036 4 914 1991 1 454 182 919 7 9461961 1 244 235 208 5 288 1992 1 003 135 048 7 4281962 1 232 229 750 5 363 1993 1 493 177 871 8 3921963 1 197 231 390 5 173 1994 1 767 188 531 9 3741964 1 531 261 500 5 855 1995 2 368 242 131 9 7821965 1 568 251 120 6 245 1996 2 309 229 446 10 0631966 1 499 254 630 5 887 1997 2 404 248 413 9 6751967 1 712 271 895 6 296 1998 2 632 268 923 9 7861968 1 526 250 850 6 084 1999 3 065 272 253 11 2581969 1 856 303 515 6 113 2000 3 275 283 802 11 5391970 1 929 315 195 6 122 2001 2 691 234 067 11 4951971 1 968 320 050 6 149 2002 3 298 270 891 12 1751972 1 713 270 935 6 324 2003 3 144 258 003 12 1851973 1 713 267 685 6 400 2004 3 008 246 771 12 1901974 1 722 267 920 6 429 2005 3 290 264 055 12 4581975 1 640 250 720 6 540 2006 3 248 260 848 12 4531976 1 667 252 810 6 594 2007 3 383 268 161 12 6161977 1 616 246 843 6 545 2008 3 597 278 547 12 9141978 1 695 247 191 6 858 2009 3 765 282 356 13 3351979 1 695 242 003 7 005 2010 3 814 289 873 13 1591980 1 512 210 082 7 197 2011 4 072 296 440 13 7381981 1 833 224 053 8 180 2012 4 475 312 370 14 3251982 1 721 221 257 7 779 2013 4 570 317 046 14 4131983 1 317 173 216 7 605 2014 4 705 318 381 14 7781984 1 452 175 152 8 291 2015 4 716 316 535 14 8991985 1 557 185 631 8 386 2016 4 514 310 699 14 5291986 1 658 192 178 8 625 2017 4 776 310 400 15 3881987 1 707 212 434 8 036 2018 5 121 323 092 15 8501988 2 108 236 215 8 924 2019 5 389 331 177 16 2731989 1 690 192 309 8 790 2020 5 461 331 476 16 4741990 1 154 146 435 7 880

170


CULTIVO DE MAÍZ AMILÁCEO: 1960-2020


Cuadro A13


SUP. COSECH. (Has.)


(t)SUP. COSECH.

(Has.)RENDIMIENTO

(Kg/ha)

1960 147 721 162 331 910 1991 225 896 194 963 1 1591961 153 353 163 524 938 1992 127 936 138 430 9241962 155 368 178 197 872 1993 186 273 170 286 1 0941963 152 937 174 965 874 1994 188 420 175 143 1 0761964 203 542 220 500 923 1995 226 988 203 118 1 1181965 218 045 204 800 1 065 1996 250 784 215 627 1 1631966 212 032 207 490 1 022 1997 219 878 206 616 1 0641967 226 629 212 280 1 068 1998 230 568 214 538 1 0751968 178 970 183 715 974 1999 251 240 221 718 1 1331969 213 905 218 990 977 2000 280 607 244 750 1 1471970 226 562 228 405 992 2001 253 565 218 759 1 1591971 202 546 217 415 932 2002 252 745 213 171 1 1861972 216 048 229 375 942 2003 256 475 207 142 1 2381973 219 043 228 625 958 2004 216 891 180 353 1 2031974 223 312 229 210 974 2005 241 506 196 173 1 2311975 213 974 218 775 978 2006 249 221 192 538 1 2941976 236 915 221 575 1 069 2007 245 326 199 546 1 2291977 230 579 224 289 1 028 2008 249 380 201 453 1 2381978 210 871 214 538 983 2009 285 802 213 751 1 3371979 213 134 213 771 997 2010 257 574 201 328 1 2791980 175 910 179 651 979 2011 255 651 198 262 1 2891981 200 037 190 839 1 048 2012 280 903 209 273 1 3421982 229 298 214 427 1 069 2013 307 482 216 832 1 4181983 191 040 191 129 1 000 2014 302 074 212 962 1 4181984 211 553 195 302 1 083 2015 307 865 216 246 1 4241985 212 330 195 573 1 086 2016 277 427 197 312 1 4061986 231 707 203 789 1 137 2017 273 868 181 298 1 5111987 210 503 203 885 1 032 2018 304 463 199 805 1 5241988 263 255 228 168 1 154 2019 305 198 197 746 1 5431989 224 578 208 230 1 079 2020 320 402 198 207 1 6171990 149 242 149 779 996

171


CULTIVO DE QUINUA: 1960-2020


Cuadro A14


SUP. COSECH. (Has.)


(t)

SUP. COSECH.

(Has.)

RENDIMIENTO(Kg/ha)

1960 20 674 28 408 728 1991 15 439 21 007 7351961 22 494 28 610 786 1992 3 960 7 874 5031962 24 364 30 040 811 1993 14 095 17 843 7901963 25 060 29 640 845 1994 16 629 20 697 8031964 17 635 19 390 909 1995 13 773 18 729 7351965 18 533 19 485 951 1996 16 070 18 704 8591966 12 583 17 835 706 1997 23 688 27 030 8761967 14 347 18 305 784 1998 28 171 30 720 9171968 5 245 10 060 521 1999 28 413 28 979 9801969 7 563 16 955 446 2000 28 191 28 889 9761970 7 307 16 370 446 2001 22 267 25 600 8701971 6 405 15 035 426 2002 30 374 27 852 1 0911972 6 202 13 020 476 2003 30 085 28 326 1 0621973 7 130 13 250 538 2004 26 997 27 676 9751974 6 572 12 980 506 2005 32 590 28 632 1 1381975 8 142 13 228 616 2006 30 428 29 950 1 0161976 8 676 15 065 576 2007 31 826 30 382 1 0481977 10 679 19 747 541 2008 29 866 31 164 9581978 10 231 19 439 526 2009 39 397 34 026 1 1581979 9 286 17 231 539 2010 41 079 35 313 1 1631980 13 993 18 634 751 2011 41 180 35 476 1 1611981 10 880 18 384 592 2012 44 212 38 499 1 1481982 14 796 21 652 683 2013 52 127 44 869 1 1621983 6 654 14 363 463 2014 114 726 68 141 1 6841984 11 993 18 349 654 2015 105 665 69 303 1 5251985 5 066 11 860 427 2016 79 269 64 224 1 2341986 7 088 13 524 524 2017 78 657 61 721 1 2741987 7 154 13 112 546 2018 86 011 64 660 1 3301988 13 385 18 475 724 2019 89 414 64 859 1 3791989 13 147 15 241 863 2020 100 120 67 641 1 4801990 3 539 8 155 434

172


CULTIVO DE TRIGO: 1960-2020


Cuadro A15


SUP. COSECHADA (has)


(t)SUP. COSECHADA

(has)RENDIMIENTO

(Kg/ha)

1960 153 470 153 686 999 1991 127 046 102 036 1 2451961 153 595 153 417 1 001 1992 73 061 70 494 1 0361962 152 666 153 800 993 1993 108 126 84 793 1 2751963 155 500 153 100 1 016 1994 127 035 102 280 1 2421964 143 150 149 300 959 1995 125 048 98 907 1 2641965 146 720 153 150 958 1996 146 152 116 930 1 2501966 145 002 156 710 925 1997 123 141 110 961 1 1101967 152 180 159 850 952 1998 146 640 125 893 1 1651968 112 912 136 040 830 1999 169 613 131 720 1 2881969 136 703 146 562 933 2000 187 746 146 714 1 2801970 125 374 136 230 920 2001 181 805 145 736 1 2471971 122 225 138 535 882 2002 186 853 138 868 1 3461972 120 080 134 910 890 2003 190 453 138 219 1 3781973 122 635 136 095 901 2004 170 411 122 841 1 3871974 127 364 137 825 924 2005 178 460 132 779 1 3441975 126 324 133 640 945 2006 191 084 143 030 1 3361976 127 497 133 925 952 2007 181 553 144 524 1 2561977 115 385 115 124 1 002 2008 206 936 149 529 1 3841978 104 401 103 610 1 008 2009 226 265 158 062 1 4311979 102 060 96 229 1 061 2010 219 454 154 285 1 4221980 77 148 82 129 939 2011 214 141 145 485 1 4721981 116 678 114 106 1 023 2012 226 219 151 953 1 4891982 102 711 96 921 1 060 2013 230 111 153 648 1 4981983 83 720 88 368 947 2014 218 903 140 737 1 5551984 87 442 84 892 1 030 2015 214 848 138 357 1 5531985 92 303 81 052 1 139 2016 191 109 127 180 1 5031986 121 143 97 994 1 236 2017 192 097 127 642 1 5051987 130 690 102 435 1 276 2018 195 088 126 638 1 5411988 152 804 115 513 1 323 2019 188 753 120 759 1 5631989 159 305 117 562 1 355 2020 187 843 114 214 1 6451990 99 621 81 578 1 221

173


OFERTA DE TRIGO GRANO: 1960-2020

Nota. SUNAT - SUNADElaboración propia

Cuadro A16


IMPORTACIÓN (t)

OFERTA (t) AÑO PRODUCCIÓN

(t)IMPORTACIÓN

(t)OFERTA

(t)

1960 153 470 349 417 502 887 1991 127 046 563 423 690 4691961 153 595 416 322 569 917 1992 73 061 860 744 933 8051962 152 666 405 037 557 703 1993 108 126 994 645 1 102 7711963 155 500 352 972 508 472 1994 127 035 1 076 626 1 203 6611964 143 150 383 844 526 994 1995 125 048 1 105 389 1 230 4371965 146 720 455 618 602 338 1996 146 152 1 124 654 1 270 8061966 145 002 486 126 631 128 1997 123 141 1 156 227 1 279 3681967 152 180 484 459 636 639 1998 146 640 1 221 429 1 368 0691968 112 912 624 191 737 103 1999 169 613 1 236 630 1 406 2431969 136 703 680 633 817 336 2000 187 746 1 271 774 1 459 5201970 125 374 521 750 647 124 2001 181 805 1 355 555 1 537 3601971 122 225 895 758 1 017 983 2002 186 853 1 299 659 1 486 5121972 120 080 853 300 973 380 2003 190 453 1 297 131 1 487 5841973 122 635 763 400 886 035 2004 170 411 1 386 435 1 556 8461974 127 364 713 342 840 706 2005 178 460 1 463 615 1 642 0741975 126 324 820 267 946 591 2006 191 084 1 472 659 1 663 7431976 127 497 743 735 871 232 2007 181 553 1 530 826 1 712 3791977 115 385 766 800 882 185 2008 206 936 1 492 456 1 699 3921978 104 401 720 416 824 817 2009 226 265 1 512 628 1 738 8931979 102 060 898 665 1 000 725 2010 219 454 1 687 195 1 906 6491980 77 148 823 747 900 895 2011 214 141 1 683 702 1 897 8431981 116 678 941 732 1 058 410 2012 226 219 1 696 622 1 922 8411982 102 711 943 741 1 046 452 2013 230 111 1 805 210 2 035 3211983 83 720 966 987 1 050 707 2014 218 903 1 878 820 2 097 7231984 87 442 963 992 1 051 434 2015 214 848 1 875 639 2 090 4871985 92 303 825 403 917 706 2016 191 109 1 772 489 1 963 5981986 121 143 1 083 344 1 204 487 2017 192 097 2 124 109 2 316 2061987 130 690 982 585 1 113 275 2018 195 088 2 069 037 2 264 1251988 152 804 879 358 1 032 162 2019 188 753 2 011 059 2 199 8121989 159 305 725 970 885 275 2020 187 843 2 271 213 2 459 0561990 99 621 597 851 697 472

174


CULTIVO DE CAFE: 1960-2020


Cuadro A17


SUP. COSECH.

(Has.)


(t)

SUP. COSECH.

(Has.)

RENDIMIENTO(Kg/ha)

1960 32 492 76 387 425 1991 82 635 163 962 5041961 42 643 88 350 483 1992 86 519 164 662 5251962 46 356 95 580 485 1993 85 603 160 876 5321963 48 940 101 430 483 1994 91 340 184 640 4951964 52 740 106 920 493 1995 112 305 186 852 6011965 48 264 92 670 521 1996 122 297 203 485 6011966 52 380 103 953 504 1997 133 296 214 436 6221967 52 753 101 321 521 1998 144 763 221 920 6521968 64 652 115 489 560 1999 167 145 239 101 6991969 68 439 119 019 575 2000 191 652 265 342 7221970 65 386 113 442 576 2001 196 232 274 253 7161971 70 587 123 196 573 2002 212 770 284 115 7491972 70 195 127 722 550 2003 203 147 291 656 6971973 70 396 127 288 553 2004 231 447 295 115 7841974 69 855 126 625 552 2005 188 611 301 533 6261975 65 387 120 622 542 2006 273 179 321 450 8501976 65 445 120 781 542 2007 225 992 324 064 6971977 80 190 134 129 598 2008 273 781 333 391 8211978 88 166 142 214 620 2009 243 479 342 621 7111979 105 478 154 738 682 2010 279 200 349 633 7991980 86 177 152 731 564 2011 331 546 367 098 9031981 79 360 152 877 519 2012 314 470 390 525 8051982 79 422 154 666 514 2013 255 859 399 638 6401983 85 637 158 070 542 2014 222 049 361 672 6141984 83 357 157 939 528 2015 251 938 379 187 6641985 90 736 161 071 563 2016 277 760 383 973 7231986 96 054 163 072 589 2017 337 330 424 130 7951987 98 538 170 491 578 2018 369 622 447 426 8261988 99 414 185 125 537 2019 363 320 441 341 8231989 105 753 190 203 556 2020 371 611 443 161 8391990 81 142 162 661 499

175


EXPORTACIÓN DE CAFE: 1960-2020


1960 26,4 18,5 1991 72,1 104,31961 34,0 22,8 1992 69,1 68,91962 37,4 24,2 1993 46,1 56,31963 40,1 25,6 1994 62,2 186,41964 42,3 37,0 1995 104,7 284,11965 34,6 29,0 1996 100,1 222,81966 35,4 28,5 1997 98,0 396,91967 41,6 29,9 1998 114,4 281,71968 52,4 35,7 1999 144,5 264,91969 42,9 30,1 2000 142,7 223,71970 45,6 45,3 2001 159,7 180,11971 42,3 35,7 2002 167,6 187,91972 53,3 47,7 2003 150,4 181,01973 60,8 66,2 2004 191,1 289,81974 27,0 34,8 2005 142,2 306,11975 42,2 51,9 2006 237,5 513,81976 46,9 110,2 2007 173,8 426,81977 44,5 203,2 2008 224,3 642,91978 53,5 168,2 2009 197,2 582,81979 69,5 244,7 2010 229,4 886,61980 44,2 142,2 2011 293,6 1 580,41981 45,3 105,7 2012 265,3 1 019,11982 43,3 112,9 2013 236,0 691,31983 55,4 114,0 2014 180,9 727,51984 54,7 133,7 2015 174,1 576,61985 59,4 149,0 2016 239,3 756,21986 74,7 274,8 2017 244,5 705,41987 69,9 143,1 2018 251,3 661,71988 49,5 122,9 2019 232,1 634,91989 85,9 154,1 2020 212,6 637,81990 68,5 98,3

AÑO Volumen (Miles de t)


AÑO Volumen (Miles de t)


Cuadro A18

176


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