Monografia deuda externa

Monografia

• Tema: Deuda Externa.

• Profesora: Alicia Barba.

• Alumna: Binetti Florencia.

Introducción

Durante la dictadura militar, mediante una fraudulenta fuga de las divisas que

ingresaron al país como préstamos, con el supuesto objeto de constituir

reservas en el Banco Central. La fuga de capitales se efectuó entre 1980 y

1983, mediante una quiebra masiva de bancos y financieras, y mediante un

mecanismo denominado "seguro de cambio", que garantizaba el precio futuro

de las divisas, pese la enorme inflación existente.

Durante los 90 la convertibilidad garantizó a los especuladores un dólar barato

y se facilitó el endeudamiento externo y la fuga de divisas. Así es como se

originó la Deuda Externa Argentina y en este trabajo se mostrará tanto de su

pasado como su presente.

Reseña Histórica

Crisis de 1873

En 1867 el Banco de la Provincia de Buenos Aires creó la Oficina de Cambios

a través de la cual la Argentina ingresó en el régimen de convertibilidad de la

moneda (que se estableció a razón de 25 pesos papel por 1 de oro). Hasta

1873 esta Oficina incrementó exitosamente sus reservas de oro, debido al

fuerte ingreso de metálico provocado por la afluencia de capital externo

proveniente de empréstitos contratados por el gobierno nacional y algunos

provinciales en el mercado de Londres. Esta acumulación de metálico hizo a su

vez posible una enorme expansión del crédito bancario (reforzada en 1872 con

la creación de los bancos Nacional e Hipotecario), lo cual impulsó la ya de por

sí importante actividad comercial, como consecuencia de la guerra con el

Paraguay.

Este febril ingreso de capitales externos junto a un acelerado incremento de la

actividad comercial, repercutió en otras esferas de la actividad económica,

como por ejemplo en el enorme aumento tanto del gasto público como de las

importaciones y en la aparición de una especulación en tierras cuyo precio

subía al compás del incremento del intercambio comercial. La incidencia de las

importaciones se reflejó en una balanza comercial deficitaria, pues si bien las

exportaciones crecieron no lo hicieron al mismo ritmo que las importaciones.

No obstante, mientras la Argentina recibiese capitales del exterior, esta

situación deficitaria no se reflejaría en la balanza de pagos. El problema del

desequilibrio comercial se tornó visible cuando cesó el ingreso de capitales, en

parte por efecto de la depresión europea de 1873 que cortó los flujos de

inversión. A partir de ese momento, la situación deficitaria de la balanza

comercial y de la de pagos provocó una sensible disminución de la existencia

de metálico. El problema no pudo ser solucionado con un incremento de las

exportaciones, por lo que el gobierno del recién asumido Presidente Nicolás

Avellaneda debió recurrir a una política claramente deflacionista, suspendiendo

la contratación de nuevos empréstitos en el exterior, decretando la inconversión

de los billetes del banco de la Provincia y del Nacional, e incluso disminuyendo

sueldos de empleados y reduciendo personal administrativo. La retracción del

crédito bancario durante 1875 y 1876 golpeó duramente la producción rural.

Esta serie de medidas, más la ley de Aduanas de 1876, influyeron en el rápido

descenso de las importaciones. Si bien las exportaciones mantuvieron su nivel

anterior, la caída de las importaciones, particularmente brusca en los años

1875 y 1876, provocó una inversión en la tendencia predominante de la

balanza comercial, que pasó de ser deficitaria a ser superavitaria.

El presidente Avellaneda en su mensaje de apertura al Congreso en 1875

describía la situación económica del país en los siguientes términos:

"Grandes cantidades de dinero afluyeron en los últimos años a la plaza de

Buenos Aires teniendo principalmente su origen en los empréstitos que la

Nación y esta provincia contrajeron en Londres. De ahí, su acumulación en los

bancos, el bajo interés y las facilidades tan seductoras como desconocidas del

crédito. El país no estaba en actitud de aplicar de improviso tan considerables

capitales al trabajo reproductivo y sobrevinieron las especulaciones sobre

terrenos estériles, que acrecentaban artificialmente su precio de una

transacción a la otra, los gastos excesivos y la acumulación de las mercaderías

importadas, exagerada aún más por la competencia que se desarrolla en estos

casos. Con la hora inevitable de los reembolsos, ha sobrevenido la crisis, que

principia ya a encontrar su principal remedio en la disminución de los gastos

privados y públicos."

Para fines de la década de 1870, la crisis económica ya había sido superada,

permitiendo el inicio de un nuevo periodo de prosperidad y expansión

económica que se inició en 1880, ya con el Presidente Julio A. Roca, a cargo

del Poder Ejecutivo Nacional.

Crisis de 1890

Durante la década de 1880 se produjo un marcado crecimiento de las

inversiones extranjeras, estimuladas tanto por la confianza de los inversores en

la economía argentina como por la propia política del gobierno para atraerlos.

A partir de 1886, durante el gobierno de Miguel Juárez Celman, se produce una

verdadera fiebre inversora británica, sobre todo en ferrocarriles. Se otorgan

concesiones a casi todos los trazados propuestos, sin reparar en sus

verdaderas posibilidades productivas. Esta fiebre ferroviaria, a su vez, empujó

a un aumento del valor de las tierras atravesadas por las redes. Esta modalidad

de inversión, que se prestó a numerosas maniobras especulativas, terminaría

desembocando en lo que se denominó la crisis de 1890.

Puede decirse que dicha crisis se originó por una actitud de excesiva confianza

de los inversores extranjeros en las posibilidades de la economía argentina que

los llevó a prestar rápidamente dinero al gobierno y a los particulares. Sin

embargo, pronto se evidenció un desfase temporal con respecto al incremento

productivo de esas inversiones. Muchos proyectos necesitarían décadas para

poder madurar lo suficiente como para saldar la deuda contraída.

A esta fiebre especuladora se sumó además la incompetencia, malversación y

especulación de las autoridades y agentes económicos argentinos, que se

deslumbraron frente a una situación sumamente favorable en el mercado de

capitales.

Si bien a nivel local se culpa de Juárez Celman por la crisis, ésta también tuvo

a un actor principal externo, la casa Baring Brothers, que imprudentemente

intentó monopolizar las concesiones en la Argentina y lanzó proyectos de

inversión demasiado rápido, sin asegurar sus inversiones de capital,

sobrexcediendo ampliamente su capacidad de negocio.

El crecimiento de la deuda, tanto pública como privada, se tradujo en una

excesiva expansión monetaria que llevó a una fuerte depreciación del papel

moneda, amenazando la rentabilidad de los inversores, y por lo tanto

paralizando la entrada de nuevos capitales. Los inversores británicos,

perturbados por los informes provenientes de Buenos Aires respecto de los

abusos financieros, se mostraron cada vez más prudentes hacia los proyectos

argentinos y dirigieron su atención hacia otros mercados.

Así fue que a principios de 1889 comenzaron a manifestarse síntomas de la

falta de solvencia del gobierno argentino para pagar la deuda contraída con los

bancos europeos. Las perspectivas de una cosecha pobre preocuparon a los

especuladores de la Bolsa y el precio del oro comenzó a subir. En febrero el

gobierno intentó infructuosamente prohibir la venta de oro en la Bolsa y, en

septiembre, los inversores ya habían perdido su confianza en el gobierno

argentino. La catástrofe no ocurrió inmediatamente gracias a la intermediación

de Baring Brothers entre los inversores individuales y las autoridades

argentinas. Los banqueros europeos propusieron al gobierno de Juárez

Celman un remedio que no favorecía al gobierno: consolidación de la deuda,

suspensión de nuevos empréstitos durante diez años, suspensión de la emisión

de papel moneda y una drástica reducción del gasto público. El gobierno de

Juárez Celman no podía aceptar la propuesta, ya que ésta política de

austeridad hubiera destrozado su apoyo político.

Al compás de la crisis económica creció el descontento popular, animado por la

fuerza de oposición al gobierno de Juárez Celman, la Unión Cívica. El 12 de

abril de 1890 renunció el gabinete, y el 16 Juárez Celman nombró uno nuevo,

en el cual se incorporaron dos hombres de la Unión Cívica en áreas

claves: José E. Uriburu en Hacienda y Roque Sáenz Peña en Relaciones

Exteriores. El nuevo ministro de Hacienda intentó una fórmula de conciliación

que contentase a los banqueros europeos sin herir los intereses rurales y los

de los "nuevos ricos" que respaldaban a Juárez Celman. Uriburu adoptó

algunas medidas de austeridad económica, como el aumento del 15% en los

impuestos aduaneros, además de la exigencia de recaudar el 50% de los

impuestos en oro.

Las medidas de austeridad económica y orientación deflacionaria puestas en

marcha por Uriburu fueron rechazadas por el círculo de "amigos" de Juárez

Celman, principales beneficiarios de la política inflacionaria anterior. Juárez

Celman, obligado a optar entre el ministro y sus propios sostenedores, retiró su

respaldo a Uriburu, quien debió renunciar. Como consecuencia, en un solo día

el oro subió de 118 a 165. Con el alejamiento de Uriburu se reanudó la política

inflacionaria y se repudiaron las deudas, cerrándose así la negociación con los

bancos europeos.

Finalmente, el gobierno de Juárez Celman cayó tras la Revolución del

Parque del 26 de julio de 1890. Su sucesor, el entonces Vicepresidente Carlos

Pellegrini, reabrió la negociación con los bancos europeos para solucionar la

crisis. El primer triunfo de Pellegrini fue el arreglo entre el emisario

argentino, Victorino de la Plaza, y el presidente de la Comisión Internacional de

Banqueros, lord Rothschild, en marzo de 1891.

Resuelto a sanear la economía argentina, el sucesor de Juárez Celman dirigió

su artillería contra los Bancos Nacionales Garantidos, responsables de la

inflación por haber prestado dinero sin respaldo. Se adoptaron también

importantes medidas, como la liquidación del Banco Nacional, el despido de

1500 empleados de correos, la reducción a la mitad del presupuesto del

Ministerio de Relaciones Exteriores, la cancelación de ventas fraudulentas de

tierras y de una serie de ferrocarriles garantidos y la reducción de costosas

obras públicas.

Los problemas financieros externos fueron resueltos con el empréstito

Rothschild, pero no sucedió lo mismo con los problemas internos. El gobierno

de Pellegrini debió imponer nuevos impuestos para hacer frente a las

obligaciones externas contraídas por gobiernos provinciales y municipalidades

en los años de la administración de Juárez Celman, pero como los nuevos

recursos -el pago del 50% de los derechos de Aduana en oro, el retorno de los

gravámenes a las exportaciones suprimidos en 1887 y el establecimiento de un

impuesto a los depósitos bancarios-, no rindieron los frutos esperados, el

gobierno se vio obligado a recurrir a la emisión monetaria. Esta no afectó tanto

a los sectores exportadores, cuyos ingresos fueron en oro y no en papel.

Tampoco a los industriales, para quienes la misma crisis y emisión monetaria

fueron una especie de malla protectora contra la competencia extranjera. Los

sectores que más sufrieron los efectos de la crisis fueron el propio Gobierno,

cuyos problemas financieros lo colocaron en una incómoda situación, y el

sector urbano no exportador (comerciantes, importadores, trabajadores y

aquellos que especulaban con tierras y valores mobiliarios).

La guerra, la deuda y el movimiento nacional

Se ha convertido en una enseñanza de la historia que los países coloniales y

semicoloniales pueden aprovechar los grandes conflictos bélicos inter

imperialistas para desarrollar sus fuerzas productivas, sanear sus finanzas e

incluso dar paso a movimientos nacionales y populares capaces de desalojar

del poder a las oligarquías vinculadas al poder externo. Aquello que había

sucedido en 1810.cuando Francia inundó España con sus ejércitos-se repite en

1916 con la Primera Guerra Mundial. El Imperio Inglés reconvierte su economía

privilegiando la fabricación de armamentos, por lo cual reduce sus ventas de

manufacturas a la Argentina, lo que produce en nuestro país un creciente

desarrollo de la industria nacional.

Al mismo tiempo, la balanza comercial resulta tan fuertemente positiva que

absorbe los egresos de la balanza de pagos y deja un importante remanente en

divisas. Entonces, debilitados los lazos con el imperialismo inglés, el gobierno

de Irigoyen reduce la deuda externa por un importe aproximado de 20 millones

de libras, por lo que frente a los gobiernos conservadores, el radicalismo

yrigoyenista se caracteriza por una importante disminución del endeudamiento.

En cambio, su nacionalismo tiene límites agraristas, por lo cual no protege a la

industria a concluir la guerra, hecho que provoca su declinación hacia 1921.

Asimismo, esas limitaciones del movimiento policlasista derivan en la

presidencia de Marcelo T. de Alvear, durante la cual el endeudamiento externo

vuelve a crecer, especialmente basado en empréstitos provenientes de

los Estados Unidos. Al finalizar el período alvearista, la deuda externa puede

estimarse que supera en algo los 140 millones de libras esterlinas. En cambio,

durante el segundo gobierno de Irigoyen (1928-1930), el monto vuelve a bajar.

Durante el gobierno de José Félix Uriburu, la deuda crece a razón de nuevos

empréstitos yanquis, como crece también a principios de la presidencia de

Agustín P. Justo con el empréstito vinculado al convenio Roca-Runciman, pero

hacia fines del período justicialista se rescatan títulos, en general

correspondientes a préstamos provenientes de Estados Unidos, de la época de

Alvear y de Uriburu.

Estas repatriaciones se detienen bajo la presidencia de Roberto Ortiz, pero

vuelven a producirse cuando Ramón Castillo lo releva en el poder. Así, el golpe

del 4 de junio de 1943 encuentra a la Argentina con una deuda externa cercana

a los 80 millones de libras esterlinas que, dada la declinación del imperialismo

inglés, resulta más correcto expresar en dólares: alrededor de 325 millones de

dólares.

La segunda Guerra y el segundo movimiento nacional

La crisis económica mundial iniciada en 1929 ha operado en la Argentina

favoreciendo, a partir de 1935- un proceso de desarrollo de la industria

nacional, cuya producción va sustituyendo gran parte de los productos

importados.

La obtención de fuertes superávits en la balanza comercial, que han permitido

reducir la deuda externa en los últimos años de la década del 30, se ha

acentuado con el estallido de la guerra, de manera que, entre 1944 y 1945, al

tiempo que no se toman nuevos préstamos, se repartían títulos por 50 millones

de dólares que, sumados a las amortizaciones del período, permite reducir la

deuda a 264 millones de dólares.

Perón triunfa en las elecciones presidenciales del 24 de febrero de 1946.

Puesto en marcha un proyecto de liberación nacional que recupera para la

Argentina los principales resortes de su economía que estaban en manos del

capital extranjero (Banco Central, nacionalización de depósitos

bancarios, comercio exterior, servicios públicos, puertos, etc.) e impulsado el

crecimiento industrial, con fuerte ampliación del mercado interno y notable

avance de las conquistas sociales de los trabajadores, también se producen

importantes cambios respecto de la deuda externa. Entre 1946 y 1948 se

rescata el total de títulos, lo cual permite al gobierno afirmar que se ha logrado

la independencia económica ya que, por primera vez en muchos años,

"tenemos deuda externa cero".

La discriminación que sufre la Argentina en la participación de venta de carnes

y cereales dentro del Plan Marshal, dos sequías que provocan una fuerte baja

de las exportaciones y la inconvertibilidad de la libra, decidida unilateralmente

por Gran Bretaña, impiden el pago de deudas en Estados Unidos por 125

millones de dólares, que son refinanciados por la misión Cereijo, a través de

un crédito del Eximbank. Esta deuda se halla reducida al producirse el golpe de

septiembre de 1955 que derroca a Perón, por lo cual a esa fecha existía una

deuda de 57 millones de dólares.

Sin embargo, esto obedece a que al producirse el golpe militar la Argentina

tenía deudas por alrededor de 650 a 700 millones de dólares que iban

compensando con nuevas operaciones de exportación; pero en 1956 el

gobierno Aramburu dio por caídos esos convenios de deuda flotante

convirtiendo el saldo en deuda financiera exigible.

Perón y la deuda externa

Para un gobierno de rasgos nacionalistas y populares como el que Juan D.

Perón inaugura en 1946, la recuperación de la deuda externa argentina

representa una singular y simbólica demostración de poder e independencia en

la toma de decisiones. Este logro serviría para dar consistencia a su discurso,

constituyéndose en un acontecimiento de alta significación doctrinaria para los

sectores populares.

El tema acompaña cada alocución presidencial desde 1946 y es uno de los

puntos centrales del "Acta de Independencia Económica" consagrada en

Tucumán el 9 de julio de 1947. El rescate total de la deuda externa argentina

se logra en 1952. El Estado peronista destaca entonces que el país deudor

de m$n 12.500 millones se convertía en acreedor por más de m$n 5.000

millones.

El período 1947-51 indica una tendencia a la baja en las tasas de interés en

consonancia con la estabilidad económica, y una marcada disminución de la

deuda externa que se salda completamente en 1952, con el pago de m$n

12.649.471 perteneciente a las 2 últimas cuotas semestrales del empréstito

argentino-británico contenido en el Convenio Roca Runciman (1933). Se gesta

entonces una situación inédita en la historia argentina desde el préstamo

Baring Brothers de 1824.

La gran existencia de divisas en el país al finalizar la Segunda Guerra

Mundial en 1945 y el supéravit de la balanza comercial entre 1946-48 se

aplican a la repatriación de la deuda externa. Así mismo la deuda interna

disminuirá un 17.8% entre los años 1945-1952.

En 1949, con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el

crecimiento cada vez más acelerado del mercado interno nacional, aparece el

efecto inflacionario, que había sido casi inexistente durante la primera mitad del

siglo XX.

En este contexto, el gobierno peronista ensaya un tibio acercamiento con

Estados Unidos, a través del Eximbank, que en 1950 acuerda con la Argentina

un préstamo por 125 millones de dólares destinados a saldar las deudas con

los comerciantes norteamericanos. La ley de inversiones extranjeras de 1953

como los acuerdos firmados con la California Standard Oil dan cuenta de un

viraje del gobierno argentino con respecto a la utilidad de los capitales

internacionales.

Argentina y el Club de Paris

Tras el derrocamiento de Perón en 1955, el nuevo gobierno dirigido por el

General Pedro Eugenio Aramburu, intenta reactivar el flujo de comercio, para lo

cual adquiere un nuevo préstamo externo destinado a financiar importaciones

desde Europa. Así se contrata con varios bancos europeos un crédito de 700

millones de dólares, que se suponía podría ser amortizado en el transcurso de

un año.

Pronto resultó evidente que era imposible para el gobierno cancelar en un

plazo tan corto el préstamo. Ante esa situación, el ministro de Finanzas francés

invitó a los 11 países acreedores de la Argentina a reunirse en París para

analizar la refinanciación de la deuda externa. Dicha reunión se realizó entre el

14 y el 16 de mayo de 1956.

De esta reunión surgió lo que sería conocido como el Club de París, un foro

informal de acreedores oficiales y países deudores. Su función primordial sería

la de coordinar formas de pago y renegociación de deudas externas de los

países e instituciones de préstamo. Desde su creación en 1956, hasta 2009, el

Club de París efectuó 408 acuerdos con 86 países deudores.

Argentina y el FMI

La idea de crear un Fondo Monetario Internacional (FMI) fue planteada el 22 de

julio de 1944 durante la convención en Bretton Woods (Estados Unidos), poco

antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial. La creación de este

organismo recién se produce en 1945, con el objetivo primordial de

promocionar políticas cambiarias sostenibles a nivel internacional, facilitar el

comercio entre los países y reducir la pobreza a nivel mundial.

La Argentina recién se incorpora al FMI y al Banco Mundial en 1956, tras la

llamada "Revolución Libertadora". En 1958 se convoca a elecciones que son

ganadas por el radical intransigente, Arturo Frondizi, con el fuerte apoyo del

peronismo. Según el diagnóstico presidencial, la condición económica era

dramática, siendo el principal problema el exceso de gastos sobre la

producción nacional, lo que había conducido tanto a déficits comerciales como

a un bajo nivel de inversión. Así, mientras que a fines de la Segunda Guerra

Mundial, las reservas de oro y divisas acumuladas en el Banco Central

superaban en 1.300 millones de dólares a la deuda externa, a fines de abril de

1958 era la deuda externa la que superaba en 1.100 millones de dólares a las

reservas de oro y divisas.

Al poco tiempo de asumir, Frondizi pide al Fondo que envíe una misión para

elaborar un diagnóstico de la situación económica y preparar, junto a

funcionarios argentinos, un programa de emergencia que el FMI contribuiría a

financiar. Esta labor conjunta fue tan difícil como implementar las medidas de

apertura económica en materia petrolera y de inversiones extranjeras, ya que

cualquier programa ortodoxo de reordenamiento económico acarrearía un

elevado costo político y social. En el partido, dentro del gobierno y en la opinión

pública, había resistencia a aplicar medidas que se contrapusieran a los ideales

"desarrollistas" y a las promesas de la campaña electoral. Ciertas medidas

inesperadas, como el lanzamiento de "La Batalla del Petróleo", habían

desatado una airada protesta obrera y social en la cual se entrelazaban

cuestionamientos ideológicos y de procedimiento que debilitaban la posición

del gobierno frente a los inversores y las Fuerzas Armadas.

Dos misiones del FMI estuvieron en la Argentina en agosto y noviembre de

1958. Entre medio, el país debió acelerar la resolución de los litigios que tenía

pendientes con las empresas extranjeras de electricidad que venían de la

época peronista. Las primeras evaluaciones del Fondo sobre la situación

económica y las perspectivas de que el país aplicara un genuino programa de

estabilización fueron muy pesimistas debido a dos razones: por un lado, el

gobierno de Frondizi era políticamente débil y su Partido (la UCRI) era

ideológicamente opuesto a adoptar las decisiones que el Fondo consideraba

necesarias para la estabilización económica. Por otra parte, para los

observadores del FMI, en la sociedad argentina no había un consenso

favorable a las profundas reformas que debían realizarse tanto en materia de

ajuste del gasto como de apertura económica. Aún así, a mediados de

diciembre los lineamientos del plan y la habitual "Carta de Intención" solicitando

oficialmente ayuda al FMI, ya estaban listos.

Para acceder a la asistencia solicitada, la Argentina debió modificar su política

económica y obtener la convertibilidad a dólares de sus saldos comerciales

favorables con los países acreedores europeos nucleados en el "Club de

París".

A mediados de diciembre, una misión enviada para explicar a los acreedores

europeos el inminente plan de estabilización y su incidencia sobre las

relaciones económico-financieras de la Argentina con Europa Occidental

obtuvo la conformidad de un cónclave extraordinario de representantes del

"Club de París" para que la convertibilidad de los saldos comerciales ya

mencionados se aplicara a remesas destinadas a pagos comerciales y de la

deuda en el área del dólar. También se logró que los europeos siguieran dando

al país el mismo tratamiento cambiario que hasta entonces. Para ello, esta

misión reafirmó la intención argentina de seguir cumpliendo con los pagos de

su deuda externa en los mismos términos que se habían pactado en 1957 y

asegurando que el nuevo régimen cambiario y comercial argentino (adoptado a

instancias del FMI y del gobierno de Estados Unidos) no discriminaría a los

países europeos.

Con este acuerdo y tras la aprobación del programa económico por parte del

FMI, los organismos financieros internacionales, un consorcio de bancos

privados norteamericanos y el gobierno de Estados Unidos otorgaron ayuda

por 329 millones de dólares para apuntalar el "Plan de Estabilización

Económica" con el cual se inició una nueva etapa en la política económica del

gobierno de Frondizi. Dicho crédito permitió la unificación y liberalización total

del mercado cambiario argentino, cuya demanda venía siendo reprimida ante la

falta de divisas.

El nuevo programa económico comprometía al gobierno argentino a sanear la

economía nacional y a sentar las bases de su genuino desarrollo mediante

severas e inéditas medidas en materia cambiaria, arancelaria, comercial,

tributaria, de déficit fiscal y de financiamiento del gasto público. En líneas

generales, todas ellas tendían a restaurar una economía de mercado en un

país

donde ya se había afianzado una fuerte tradición de intervención estatal en la

economía, que se remontaba a los años ´30.

Las turbulencias macroeconómicas fueron cediendo paulatinamente, así, el

dólar, que había tenido un pico de casi 100 pesos moneda nacional en mayo

de 1959, retrocedió hasta 83 en agosto. Para evitar una mayor apreciación de

la divisa, el Banco Central estableció una paridad fija en ese nuevo nivel. La

inflación también descendió al compás del tipo de cambio.

La entrada de capitales extranjeros, tanto en la forma de inversión directa como

de préstamos públicos y privados, permitió alejar por un tiempo el fantasma de

una crisis de balanza de pagos. La economía de mercado, propugnada por el

entonces Ministro de Economía Álvaro Alsogaray, se basaba en la aplicación

rigurosa de los mecanismos de mercado como principio ordenador de la

sociedad libre. El Estado sólo debía asegurar la competencia, resolver los

casos críticos, y compensar determinados objetivos sociales. Alsogaray insistió

en la necesidad de llevar el proceso de liberación hasta las últimas

consecuencias, para preservar la estabilidad y restaurar la capacidad

productiva de la economía.

Sin embargo, la conflictividad social se volvió insostenible desatándose

numerosas y prolongadas huelgas organizadas por los sindicatos obreros. En

este contexto Alsogaray debió renunciar en 1961 y Frondizi decidió patear el

tablero anunciando el levantamiento de la "ilegalización" que regía sobre el

Partido Peronista desde 1955. Así, en las elecciones de 1962 el peronismo

ganó la gobernación de diez de las catorce provincias, incluida Buenos Aires.

Los militares le exigieron al Presidente la anulación de las elecciones, aunque

el Golpe militar ya era inevitable. Finalmente el 29 de marzo de 1962 Frondizi

fue detenido por miembros de las Fuerzas Armadas y recluído de su mando.

Ese mismo año, diversos vencimientos de deuda y una fuga de capitales

ocasionaron una reducción de las reservas que tuvo un importante impacto

sobre el crédito del país. Para paliar la situación, el gobierno tuvo que recurrir a

un préstamo del Banco Central excediendo el límite convenido con el FMI para

poder financiar sus gastos corrientes. Por esto, el Fondo declaró a la Argentina

en violación de los acuerdos firmados.

El siguiente grafico indica la deuda del Estado Nacional Argentino en moneda

nacional y en moneda extranjera, de 1994 a 2004.

En el período militar entre Juan Carlos Onganía y Alejandro Agustín

Lanusse (1966-1972) la deuda externa argentina se incrementó desde los

3.276 millones de dólares a 4.800 millones, un 46%. Entre los gobiernos de

Héctor José Cámpora, Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de

Perón (1973-1976) la deuda ascendió de 4.870 millones de dólares a 7.800

millones, un 62%, dando el equivalente de 320 dólares de deuda por cada

argentino (per capita).

Durante la última dictadura militar, autodenominada Proceso de

Reorganización Nacional (1976-1983) la deuda trepó hasta los 45.000 millones

de dólares, un 364%, con lo cual se pasó a tener una deuda per capita de

1.500 dólares. Los años ´70 (sobre todo la segunda mitad de la década) se

caracterizaron por sus elevados índices de liquidez y sus bajas tasas de interés

para préstamos internacionales, lo que propició la llegada de importantes

corrientes de capitales a toda América Latina.

A partir de 1976, la nueva dirección económica del país se caracteriza por

reducir los niveles de proteccionismo industrial, mientras que, de manera

paralela, se encara un proceso de apertura para la llegada de los capitales

extranjeros. Entre estas medidas se destacan dos en particular: una de ellas

fue la "reforma financiera", concretada en 1977, que liberalizó la actividad del

sector bancario. La otra medida trascendente fue "la tablita", un instrumento

donde se fijaba la variación de la pauta cambiaria, es decir, cuál sería la

relación entre el peso y el dólar para cada día en los siguientes ocho meses.

En síntesis el Gobierno ofrecía una información anticipada que permitiría saber,

en ese lapso, cual sería el porcentaje de devaluación de la moneda Argentina.

Se suponía que con esta medida se eliminaba el "factor psicológico" que

durante años había provocado un aumento constante en los precios, sin

embargo, la inflación aumentó mucho más que la devaluación programada, de

modo que el peso se mantuvo sobrevaluado hasta el final de la década.

Este cóctel de medidas permitió el surgimiento de la popularmente conocida

"bicicleta financiera", que consistía esencialmente, en aprovechar el diferencial

que existía entre las tasas de interés locales e internacionales, factor generado

por el retraso de la paridad cambiaria. De este modo, el negocio se basaba en

solicitar créditos al exterior, cambiar las divisas ingresadas al tipo de cambio

vigente (sobrevaluado), colocar ese dinero en el mercado financiero local

(plazos fijos a altas tasas de interés) y finalmente recorvertir esos pesos

nuevamente en divisas, lo cual arrojaba cuantiosas ganancias. A diferencia de

otros países de la región, que destinaron parte del endeudamiento externo a

profundizar sus procesos de industrialización, en la Argentina el crédito

internacional se utilizó principalmente con fines especulativos.

Para 1980 el fracaso de la política económica de Martínez de Hoz ya era

evidente, a lo cual se sumó un alza en las tasas de interés internacionales. La

crisis bancaria estalló en el mes de marzo cuando el Gobierno decidió cerrar el

Banco de Intercambio Regional, que por aquel entonces era el mayor de los

bancos privados locales. A los pocos días, se dispuso el cierre de otros

grandes bancos y la política de liquidación continuó durante todo el año. Esto

provocó un pánico generalizado entre los inversores, que se tradujo en un retiro

de depósitos bancarios y en una demanda especulativa de divisas. En 1981

finalmente la moneda tuvo que ser devaluada en forma significativa, lo que

ponía al borde de la quiebra a los grupos económicos locales y a las empresas

trasnacionales que estaban fuertemente endeudadas en dólares.

Ante esta situación, el entonces Presidente del Banco Central, Domingo

Cavallo, resolvió la implementación de un seguro de cambio para permitir a los

deudores privados locales el repago de sus deudas con el exterior. Si bien

dicho seguro incluía una tasa de interés, la realidad fue que la inflación y las

posteriores devaluaciones terminaron licuando esas deudas, lo que en los

hechos, se traducía en una estatización de la deuda externa privada.

Este hecho le sumó al Estado compromisos por más de 5.000 millones de

dólares. Algunas de las empresas beneficiadas fueron -en orden empezando

por la que adicionó más deudas-: Celulosa, COGASCO, Autopistas

Urbanas, Pérez Companc, Acindar, Banco de Italia y Alpargatas entre otras.

Durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-1989) se llegó a los 58.700

millones de dólares, subiendo un 44%. En la década del gobierno de Carlos

Saúl Menem (1989-1999) se elevó un 123%, con 146.219 millones de dólares.

Y en el período de breve mandato de Fernando de la Rúa (1999-2001) llegó a

unos 147.667 millones de dólares, subiendo un 9%.[13]

En lo que va desde la caída de de la Rúa hasta el 2012, la deuda bajó a

141.803 millones de dólares.[15]

El menemismo en el poder

Carlos Menem asume al gobierno el 8 de julio de 1989. La política

económica del período menemista resguarda y profundiza "el modelo"

implantado por la dictadura "procesista".

La hiperinflación desencadenada en 1989 es controlada a partir de 1991 a

través de una política económica de astringencia monetaria y altos intereses,

basada en la convertibilidad que fija la equivalencia un peso = un dólar. El

primer efecto de las medidas adoptadas (al lograr una estabilidad que garantiza

el crédito) produce cierta reactivación. Pero ésta es temporaria y cuando ese

efecto se agota, a mediados de la década, la recesión se instala "para

quedarse". En primer término, el menemismo se preocupa por resguardar los

intereses de los acreedores externos a través del Plan Brady, concertado en

1992. por éste se canjean los viejos bonos de deuda en poder de los bancos

extranjeros por nuevos bonos Brady, con buena cotización por las nuevas

garantías, que pasan a manos de tenedores particulares, con lo cual los

bancos se liberan del peligro que quiebra ante una cesación de pagos.

Asimismo, al producirse esta reconversión se debilita la posibilidad de aplicar la

política de distinguir deuda legítima y deuda ilegítima. El Brady permite,

además, cobrar los intereses atrasados desde marzo de 1988.

Estas ventajas de los acreedores externos se presentan como pequeñas

concesiones de la Argentina ante la bondadosa quita ofrecida por los

acreedores que al principio se evaluaba sobre el total de la deuda y que

finalmente se aplicó sobre un pequeño porcentaje.

Poco después se asiste al otorgamiento de nuevos beneficios al sector

financiero a través de la "capitalización de deuda externa". Ésta viene a

complementar la vieja aspiración reaccionaria de privatizar las empresas

públicas.

La "capitalización" permite comprar activos entregando títulos de baja

cotización a los cuales el Estado argentino les reconoce su valor nominal

entero con presencia de su valor real.

De este modo, los títulos de la deuda externa constituyen una de

las armas más poderosas para la destrucción de una franja importantísima de

la economía nacional, desde la telefonía y los transportes hasta las acerías,

desde la distribución de energías hasta puertos, bancos y rutas. Se trata, en

general, de empresas con mercados cautivos, muchas de ellas superavitarias,

que se entregan con valuaciones muy inferiores a su valor patrimonial real, con

previa alza de tarifas y ajustes posteriores por inflación de Estados Unidos,

exenciones impositivas, pasivos a cargo del Estado, etc..

A su vez, los altos interese internos deterioran toda posibilidad productiva,

mientras la importación crece, no sólo por la amplia apertura económica sino

porque el peso sobrevaluado la abarata. De ahí el déficit comercial que

comienza a carcomer al sistema, aún más notable en los valores de la balanza

de pagos. Este modelo sólo funciona con endeudamiento externo, señalan sin

vacilación los economistas del campo antiimperialista. Los datos de crecimiento

de la deuda externa, en el período menemista en dólares, son los siguientes:

1992 59.123

1993 67.803

1994 74.632

1995 87.091

1996 97.105

1997 101.100

1998 104.000

1999 121.877

El endeudamiento se ha publicado, no obstante que la privatización de

empresas, a través de la "capitalización de la deuda", logró repatriar una

importante cantidad de títulos. Esto ratifica lo afirmado en el sentido de que

este "modelo" funciona sólo con fuerte endeudamiento externo.

Como consecuencia, los intereses de la deuda se incrementan, provocando, a

su vez, nuevo endeudamiento: pasan de 2.129 millones de dólares en 1989 a

8.200 en 1999.

Asimismo, crece nuevamente la deuda externa privada: de 70 millones de

dólares en 1990 a 10.566 millones en 1996, y nuevamente se escuchan voces

en el sentido de que el Estado se ocupe, como veinte años, de crear

mecanismos para aliviar a estos empresarios endeudados, es decir, una nueva

"estatización de la deuda privada".

El total de la deuda, cuando el nuevo presidente electo, Fernando De la Rúa,

asume el cargo sucediendo a Menem, alcanza los siguientes valores:

• Deuda del Estado nacional: 121.877.000.000 de dólares.

• Deuda de provincias y municipios: aproximadamente 20.000.000.000 de

dólares.

• Deuda externa privada: aproximadamente entre 40.000.000.000 y

45.000.000.000 de dólares.

Cancelación de la deuda durante el período comprendido

entre los gobiernos peronistas

Una de las medidas más importantes del primer gobierno de Perón fue la

cancelación casi total de la deuda externa, hecho histórico que permitió que el

país y, particularmente, el Estado pudiera invertir las divisas que antes se

drenaban a los centros imperialistas en el proceso de acumulación interna. Si

bien es cierto que los servicios de la deuda habían disminuido a fines de la

década del 30 a menos del 20% de las exportaciones, todavía quedaba un

remanente de empréstitos anteriores que, con un acertado criterio nacional,

Perón decidió cancelar.

Para adoptar esta medida, cuya importancia no ha sido debidamente apreciada

por quienes anteponen ideología a análisis científico de la realidad, la Argentina

contaba en 1946 con una reserva cercana a los 2000 millones de dólares.

Pero en vez de invertir el saldo que quedaba, luego de pagar la deuda externa,

el gobierno peronista utilizó 1500 millones de dólares para comprar los

ferrocarriles que los ingleses querían vender desde mediados de la década de

1930. El presidente Justo había ya hecho la primera adquisición, manifestando

en 1938 que eso formaba parte de una "nueva orientación

en materia ferroviaria, cual es la adquisición paulatina por el Estado de las

empresas particulares que explotan hoy el servicio ferroviario".

Después de esta operación y del pago de la indemnización por la

nacionalización de la Unión Telefónica y empresas eléctricas, al Estado sólo le

quedaron unos 370 millones de dólares. Y todavía le faltaba cancelar una

deuda de 125 millones de dólares a los Estados Unidos, para lo cual fue

necesario contratar en 1949 un "empréstito por la misma suma, destinado 108

millones a lo que debíamos y el resto a la compra de locomotoras y quipos para

el servicio telefónico".

Para obtener este préstamo Perón dio garantías a los Estados Unidos en orden

autorizar la transferencia de la cede de la empresa Swift a el país, con todas

sus ganancias, y la promesa de un arreglo "decoroso" con la American and

Foereign Power (ANSEC), que exigía 60 millones de dólares de indemnización

por haber sido nacionalizada. La misión Cereijo fue la encargada de concretar

estas promesas. En compensación el Eximbank otorgó un préstamo de 60

millones de dólares a Sumisa para que pueda poner en marcha la planta de

San Nicolás.

En definitiva, el banco de Exportación e Importación concedió el crédito de 125

millones de dólares en consideración a que "el gobierno Argentino -comentaba

"La Prensa"- aceptó realizar los mayores esfuerzos financieros para liquidar los

saldos pendientes adeudados a las compañías norteamericanas por utilidades,

regalías y deudas". Si no se hubiera pagado esto, "no hubieran podido comprar

más mercaderías".

En síntesis, el peronismo logró sanear en gran medida la deuda durante

primeros años de posguerra, pero volvió a endeudarse, aunque

moderadamente, en las postrimerías de su gestión. Un informe elaborado por

el Banco Central en 1970 entregó un balance de la deuda externa entre 1939 y

1969, en el que señalaba que en estos 30 años la Argentina obtuvo 170

créditos oficiales externos, la mayoría de ellos –160- a partir de 1955. Entre

1939 y 1955 no hubo casi endeudamiento, ya que los cinco créditos de 1939 a

1946 no alcanzaron a 90 millones; y los de 1946 a 1955 apenas bordearon los

200 millones de dólares. El servicio de la deuda externa en 1949 sólo significó

un desembolso de 9 millones de dólares, cifra que subió a 17 millones en 1955

y a 44 millones en 1957.

Estabil ización económica

El Ministro Domingo Cavallo fue el responsable del Plan de Convertibilidad por

el que se rigió la economía argentina durante casi toda la década del ´90.

En 1989 se desató la hiperinflación. Desde comienzos del siglo XX hasta el

final de la Segunda Guerra Mundial, la Argentina había logrado mantener una

economía estable, tanto en aumento de precios como en el tipo de cambio. A

partir de 1945 y hasta 1971 la tasa de inflación promedió el 25% anual, con un

pico menor de 3,8% en 1954, durante el peronismo, y uno mayor, excepcional,

del 113% en 1959, durante el gobierno de Frondizi. Sin embargo, a partir de

1971 y hasta 1973 la inflación se acelera, pasando al 60% anual. Para los años

´70 el país contaba con pleno empleo y con la distribución de la riqueza más

equitativa de toda la región, sin embargo, la elevada inflación afectaba

fuertemente la competitividad de la economía, que era cada vez más

desorganizada e improductiva.

Durante 1989 el gasto público representó el 35,6% del PBI y el déficit fiscal

ascendió al 7,6% del PBI. De diciembre a diciembre la inflación alcanzó el

3.079%.

Para lograr la estabilidad el gobierno menemista llevó adelante, desde 1990, un

replanteo integral de la organización económica. Ella incluyó la apertura

generalizada al comercio exterior y al movimiento de capitales, la desregulación

económica y la privatización de empresas públicas, la reducción del aparato

burocrático del Estado, la reorganización del sistema tributario y la creación de

un nuevo régimen monetario. Sin embargó la inflación alcanzó el 2.314% en

1990.

El gasto público bajó de 35,6% del PBI en 1989 a 29,8% en 1990, para

continuar reduciéndose en forma gradual hasta el 27% del PBI en 1995. El

déficit fiscal también bajó del 7,6% del PBI en 1989 al 2,3% en 1990, y desde

1991 hasta 1995 se mantuvo cercano al 0%.

Los precios de los bienes y servicios comenzaron a determinarse libremente en

mercados abiertos y competitivos, y a partir de abril de 1991 los argentinos

pudieron elegir libremente la moneda para sus transacciones comerciales y

financieras, contando entre las alternativas, con el peso convertible. Este último

fue creado a partir de la transformación del Banco Central en una virtual Caja

de Conversión con la obligación de respaldar a cada peso en circulación con un

monto equivalente de oro o divisas, de manera de poder canjear en cualquier

momento cada peso por un dólar estadounidense.

El proceso de desinflación fue continuo y sostenido, pasando de 2.314% en

1990 a 84% en 1991, 17,5% en 1992, 7,4% en 1993, 3,9% en 1994, 1,6% en

1995 y 0% en 1996. A su vez, el nuevo sistema monetario dio lugar a un fuerte

aumento de las reservas externas que respaldaron los pasivos monetarios del

Banco Central. Las reservas pasaron de 3.808 millones de dólares a fines de

1989 a 17.930 millones a fines de 1994. Entre 1991 y 1994 el producto bruto

interno creció al 7,7% anual.

Sin embargo, pese al fuerte aumento del PBI, el nivel de empleo había crecido

relativamente poco. Según los funcionarios del Gobierno, esto se debía a una

recuperación significativa de la productividad media del trabajo, ya que hasta la

década del ´80 existían numerosos empleos de baja productividad o llanamente

improductivos que se habían creado artificialmente durante el período del

Estado de Bienestar. Las modificaciones estructurales de comienzos de los ´90

habían permitido un rápido crecimiento de la economía, aunque éste no era

suficiente como para ocupar plenamente a toda la fuerza laboral. Por eso, la

tasa de desocupación aumentó a partir de 1992, para alcanzar el pico de

18,4% de la población activa desocupada, en mayo de 1995. Aunque se

esperaba que en el mediano y largo plazo, el aumento del ahorro interno,

reflejado en un fuerte crecimiento de los depósitos bancarios, así como en la

acumulación de aportes a los fondos de pensiones, se transformara en oferta

de crédito hipotecario para viviendas, a tasas moderadas de interés, que por

décadas habían sido inexistentes en Argentina, lo cual permitiría impulsar al

sector de la construcción, lo que podría dar lugar a un fuerte aumento del

empleo.

Con respecto a la deuda pública, la profunda recesión que atravesó el país

durante los años ´80 prácticamente inhibió cualquier posibilidad de hacer frente

a los pagos. Así fue que en 1988 se resolvió suspender todo tipo de reintegro,

lo que provocó que se acumularan atrasos por unos 6.000 millones de dólares.

En abril de 1990 se restablecieron los pagos de la deuda, aunque de manera

parcial, a razón de 40 millones de dólares mensuales, cifra que se incrementó

levemente a partir de 1991. Cuando Domingo Cavallo asumió como ministro de

Economía en enero de ese año, la deuda era ya de 61.400 millones de dólares.

El restablecimiento pleno de los pagos se concretó recién en 1993, tras la

puesta en marcha del ya mencionado Plan Brady, como solución definitiva al

problema de la deuda.

Sin embargo, al 31 de diciembre de 1995 la deuda del Estado nacional era de

87.091 millones y para cuando Domingo Cavallo fue reemplazado por Roque

Fernández, en julio de 1996, la misma ya se había elevado a 90.471,80

millones.

Ni los 23.948 millones de dólares (11.440,8 millones en efectivo y 12.507,8

millones en rescate de títulos públicos) recaudados por el Gobierno durante

aquellos años a través de las privatizaciones habían logrado revertir el

crecimiento de la deuda.

En 1996 se realizó un estudio especial para desentrañar que era lo que había

ocurrido con la deuda pública durante el período 1989-1995. Dicho trabajo fue

realizado por la consultora M&S y dirigido por Carlos Melconián y Rodolfo

Santángelo. Allí se determinó que el incremento contable de la deuda ocurrido

entre aquellos años, no era tal y ésto se debía a diversos factores. Por un lado,

se explica que el registro contable de poco más de U$S 60.000 millones de

deuda pública a fines de 1989 era ficticio, ya que al sumar todas deudas no

registradas que el Estado había tenido que reconocer a jubilados, agentes

públicos, contratistas, proveedores, etc se arribaba a un monto real de deuda

de U$S 96.472 millones en 1989. Según dicho estudio, entre 1989 y 1995 hubo

una caída de U$S 3.765 millones, considerando que para el estudio la deuda

real de 1995 era de U$S 92.707 millones. El trabajo también aclaraba que, si

se tomaba en cuenta la propia depreciación que sufría el dólar (o sea su poder

de compra equivalente), la deuda de U$S 96.472 millones de 1989, equivaldría

a U$S 104.461 millones de dólares de 1995, es decir, que la rebaja del

endeudamiento real del país habría sido de U$S 11.754 millones.

Endeudamiento forzado de las empresas públicas

Esto es tan así que por ejemplo, la principal empresa pública argentina, la

petrolera YPF (Yacimiento Petrolíferos Fiscales), fue forzada a endeudarse en

el exterior aunque disponía de recursos suficientes para sostener su propio

desarrollo. En el momento del golpe militar del 24 de marzo de 1976, la deuda

externa de YPF se elevaba a 372 millones de dólares. Siete años mas tarde, al

terminar la dictadura, esta deuda se elevaba a 6.000 millones de dólares. Su

deuda se multiplicó por 16 en siete años.

Casi ningún monto de esa deuda en divisas extranjeras fue a parar a la caja de

la empresa; quedaron en manos de la dictadura. Bajo la dictadura, la

productividad del trabajador de YPF aumentó un 80%. El personal se redujo de

47.000 a 34.000 trabajadores.

La dictadura, para aumentar las entradas a su caja, bajó a la mitad el

dinero por comisiones que iba a YPF por la venta de combustibles. Es más,

YPF fue obligada a refinar el petróleo que extraía, en las multinacionales

privadas Shell y Esso, aunque podía, dada su buena situación financiera al

comienzo de la dictadura, dotarse de una capacidad de refinación acorde a sus

necesidades (complementando la de sus refinerías de: La Plata, Luján de Cuyo

y Plaza Huincul).

En junio de 1982, todo el activo de la sociedad estaba prendado por las

deudas.

Argentina: La negociación de la deuda externa

Al día de hoy no está definido el resultado final del largo y desgastante proceso

de negociación por la deuda externa con los acreedores privados, llevado

adelante por el gobierno argentino, porque aunque la oferta a los bonistas ya

fue presentada, ésta contiene diversos elementos que pueden significar

cambios en los números al término de los plazos estipulados.

Sin embargo hay importantes aspectos que se fueron desarrollando en el curso

de este año y medio de forcejeos, que pueden y deben ser valorados, y

permiten acercar, por lo menos, un balance parcial.

El discurso asumido por las administraciones -ya fueran militares o civiles- que

nos gobernaron en las últimas tres décadas, invariablemente reafirmó antes

que nada que el país debía honrar la deuda contraída. Este gobierno desde

que asumió instaló otro discurso: no vamos a pagar la deuda con el hambre del

pueblo.

Este planteo fue, y es, repetido por todos los funcionarios nacionales desde el

presidente para abajo, en todos los escenarios nacionales e internacionales en

los que se debate sobre la deuda Argentina. La consecuencia es que el planteo

actual respecto a la reestructuración en curso, es que primero deben estar

garantizados los recursos para sostener el desarrollo económico del país, y en

función de esto podemos decidir que es lo que se puede pagar.

Esto implica un cambio cualitativo en la lógica con la que se aborda la política

económica:se piensa que no se van a producir inversiones a través nuevo

endeudamiento externo -como afirma el discurso neoliberal- sino que la

posibilidad de acceder a un ciclo de inversiones está ligada a que el país

garantice un proceso de crecimiento sustentable en el tiempo.

La defensa del actual ciclo de crecimiento económico se convirtió entonces en

el elemento central que guía las propuestas de los negociadores argentinos. Y

desde la perspectiva del capital financiero, representada descarnadamente por

el FMI, el objetivo es exactamente opuesto: recortar todo lo posible la magnitud

del excedente que quede en el país, y sobre todo, la porción de éste que

permanezca en manos del estado argentino.

De ahí que en la discusión con el FMI no están sólo presentes las cuotas y los

plazos de la propia deuda, sino otros aspectos esenciales de la política

económica: las tarifas de servicios que están en manos de las empresas

transnacionales, una reestructuración del sistema financiero que liquide la

porción que sigue manejando el estado a través de la banca pública, la reforma

del sistema impositivo para hacerlo más regresivo aún, la instrumentación de

una nueva ley -que podría incluir hasta una reforma constitucional- que ahogue

las autonomías provinciales en las decisiones del gasto, a lo que hay que

agregar la participación directa del Fondo en el debate sobre la magnitud de la

oferta a los bonistas.

Todas estas exigencias fueron rechazadas por el gobierno, y motivaron la

suspensión transitoria del acuerdo con el FMI, lo cual permitió sacar del medio

esos temas por varios meses, dándole continuidad al dinamismo del mercado

interno. Este sigue siendo la base del crecimiento actual, y su sustentabilidad

es la condición indispensable que permitirá aprovechar la favorable perspectiva

del sector externo, en la perspectiva de impulsar un desarrollo nacional capaz

de iniciar la desconexión de la lógica neoliberal que predomina en el escenario

internacional.

La suspensión del acuerdo con el FMI, el crecimiento económico en tiempo de

cesación de pagos, la concreción final de una quita cercana al 70%, son

elementos de un enorme valor en un escenario internacional

con dominio excluyente de las políticas fondo monetaristas, difíciles de desafiar

por parte de los países dependientes, sin pagar enormes costos de

desestabilización económica y política.

Reestructuración de la deuda

El 3 de enero de 2006, la Argentina dejó de tener deudas con el Fondo

Monetario Internacional (FMI) concretando un pago anticipado de 9.530

millones de dólares, un pasivo contraído entre enero y septiembre de 2001, con

vencimientos programados hasta el 2009.] Las reservas del BCRA se

recuperaron en nueve meses y finalizaron ese año con un aumento de 4.000

millones de dólares con respecto al nivel que había antes de la cancelación del

pago. Es decir, de u$s 28.078 millones las reservas del Banco Central

descendieron a u$s 18.580 millones y finalizaron el año con u$32.037 millones.

El 31 de enero de 2007 los gobiernos de Argentina y España firmaron un

acuerdo de reestructuración de la deuda, asociada al préstamo que España

realizó en marzo de 2001, durante la XVI Cumbre Iberoamericana. La deuda

ascendía a 982,5 millones de dólares y serían pagados en un plazo de 6 años y

una tasa LIBOR de + 140 puntos básicos.

Después del traumático año 2002, todos los índices eran favorables al

Gobierno: estabilidad cambiaria ($3 a U$S 1), crecimiento continuo en las

reservas internacionales, baja en los indicadores de desempleo y pobreza, etc.

Sin embargo, la expansión económica y el aumento paulatino de los salarios

comenzó a reflejarse en un aumento del índice inflacionario. Tras el descalabro

económico del 2002 y gracias a una política de subsidios a los servicios

públicos, este indicador había logrado mantenerse planchado durante casi toda

la gestión de Néstor Kirchner. Sin embargo, para el año 2006 comenzó a

hacerse evidente que la inflación se estaba convirtiendo en un problema. Ante

esta situación, se produjo un cruce entre el Gobierno y el Instituto Nacional de

Estadística y Censos (INDEC). Según el Poder Ejecutivo existían

irregularidades dentro del organismo, mientras que los funcionarios del INDEC

acusaban al Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, de querer

interferir en los datos y de querer conocer la lista de los comercios que eran

consultados para elaborar el Índice de Precios al Consumidor (IPC), protegidos

por secreto estadístico. En el año 2007 el Poder Ejecutivo decretó la

intervención del INDEC el IPC difundido por las encuestadoras privadas mostró

diferencias con respecto a lo estimado por el organismo.

A principios de agosto de 2007 la República Bolivariana de Venezuela, compró

4.572 millones de dólares en bonos argentinos a una tasa del 10.6% de los

cuales se había desprendido de la mitad para la fecha. El movimiento se realizó

en justificación de la creación de una planta regasificadora, que permitiría el

envío de gas licuado desde Venezuela. Finalmente, la operación se concretó

por 400 millones de dólares.

En septiembre de 2008 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció la

decisión de cancelar la deuda de 6.706 millones de dólares que mantenía el

país con el Club de París. Sin embargo esta medida no llegó a implementarse

porque coincidió con la crisis financiera de los Estados Unidos.[91] En el mismo

mes, en un encuentro en Nueva York con el Council of Foreign Relations,

Cristina Fernández anunció que en conjunto con tres bancos se estudiaba la

posibilidad de resolver la deuda con los acreedores que no habían ingresado

en el canje de 2005.

El 3 de agosto de 2009 el gobierno pagó el Boden 2012 por 2.251 millones de

dólares y se comprometió a trabajar en la normalización del Instituto Nacional

de Estadística y Censos (INDEC), en la deuda en default y emitir un bono con

un plazo de diez años para eludir los embargos contra el país, también como

medida para frenar la fuga de capitales. El entonces ministro de

economía, Amado Boudou expresó "Con nuevas medidas que se irán tomando

en los próximos meses, la Argentina estaría en condiciones de volver a los

mercados internacionales de crédito hacia fin de año".

En octubre de 2009, el ministro Amado Boudou, anunció la reapertura del canje

de 20.000 millones de dólares de deuda para los holdouts, que son aquellos

que no aceptaron la propuesta de reestructuración en 2005.

¿ Cuál es el monto actual de la deuda externa argentina?

Asciende a más de 150 MIL MILLONES DE DÓLARES, que equivalen a

que cada niño argentino que nace debe 5.400 dólares, que cada argentino

debería pagar 28 dólares mensuales durante toda la vida solo por los intereses,

que cada familia tipo argentina debe 22.000 dólares. Equivale también a un año

de toda la producción y el trabajo de todos los argentinos y a ocho años de

todas las exportaciones argentinas.

Es necesario observar que todo el proceso de endeudamiento no es algo que

comenzara solamente hace veinticinco años, sino que por el contrario arranca

desde los albores de nuestra vida independiente, habiéndose convertido en un

fenómeno verdaderamente estructural, debiendo exceptuar muy contados

períodos en los que no tuvimos que afrontar los planteos extorsivos de los

acreedores externos.

Bibliografia

Esta información ha sido extraida de las siguientes paginas y enciclopedias:

www.Wikipedia.org

www.indec.gov.ar

www.taringa.net

Enciclopedia de la economía Argentina