Fortaleciendo los DDHH en los Llanos orientales de Colombia

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D esde marzo de 2011 se está ejecutando el Programa “Fortaleciendo la Defensa de los Derechos Humanos en los

Llanos Orientales” por parte del Colecti-vo Sociojurídico Orlando Fals Borda, el sindicato agrario FENSUAGRO y con la participación de DH Bajo Ariari como organización de base. Esta propuesta se en-cuentra financiada por la Agència Catala-na de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, a través de nuestros socios de la Associació Catalana per la Pau y la Comissió Catalana d’Ajut al Refugiat y busca dentro de sus objetivos estratégicos contribuir al fortalecimiento de la capacidad de protección y defensa de los Derechos Humanos de las comunida-des campesinas de la región del Ariari-Gua-yabero1 en el suroeste colombiano, a través del fortalecimiento organizativo, de accio-nes jurídicas, de la atención psicosocial y del desarrollo de acciones de visibilización de la situación de vulneración de derechos que viven los pobladores de esta zona del país. En este sentido, el programa presta especial atención a la documentación y ju-dicialización de los casos de desaparición forzada y/o ejecuciones extrajudiciales, en el marco de los cementerios de NN que existen en la región.

Como medida de difusión, en el desarrollo de las acciones previstas dentro del progra-ma se publica periódicamente este Boletín Informativo con el fin de hacer partícipe a las instituciones gubernamentales, así como a la opinión pública en general, de las dificultades, alcances y logros que se van obteniendo en la ejecución del mismo. Además, este documento busca convertirse en instrumento dinámico para compartir la información con otras organizaciones a nivel nacional e internacional, tratando con ello de construir canales de diálogo y la elaboración de propuestas para abordar el complejo tema de la judicialización y medidas de reparación frente a los críme-nes de lesa humanidad en el contexto de la guerra. Por último, las organizaciones par-ticipantes del programa esperamos que este sencillo documento sea de gran utilidad para incentivar el conocimiento e interés sobre la vulneración constante de los De-rechos Humanos que padece la población colombiana. ■1. Específicamente el programa se ejecutará en las zonas rurales de los municipios de Vistahermosa, La Macarena, Puerto Rico, Uribe y Puerto Concordia.

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sNota Editorial

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ZONA ACCIONES

Área consolidada

En transición

Área crítica

Presencia integral y permanencia del Estado

ESTABILIZACIÓN

· Seguridad comunitaria· Subsistencia inmediata· Construcción de confianza

TRANSICIÓN

· Operaciones militares para recuperar la seguredad territorial · Acompañamiento humanitário· Construcción confianza

EMERGENCIA

Área de Influencia PCIM 2009

Fuente: Concepto y Avances del Plan de Consolidación Integral de la Macarena, Min Defensa 2009

La Macarena

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VistaHermosa

San Juande Arama

Uribe

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E l Plan de Consolidación Integral de la Maca-rena -PCIM- es una de las estrategias diseña-das dentro de la Política de Seguridad Demo-crática e implementada por el Gobierno del

presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) con el fin de efectuar la recuperación estratégica de ciertos territorios. Su definición institucional señala que el PCIM es una acción coordinada de seguridad territorial, protección ciudadana, desarrollo económico y social que busca es-tablecer las condiciones de seguridad, imperio de la ley y

provisión de los bienes públicos y servicios sociales, que hagan posible el desarrollo de la región y de sus poblado-res. La ejecución de este plan de consolidación territorial, desarrollado en su esencia como una política contrain-surgente y de construcción de confianza con la población campesina, se ha desarrollado de una forma progresiva, constante y con un territorio claramente identificado como es el área comprendida por los Municipios de Vis-tahermosa, Puerto Rico, La Macarena, San Juan de Ara-ma y Uribe, todos en el Departamento del Meta.

EL PCIM Y SUS CONSECUENCIAS PARA LAS COMUNIDADES CAMPESINAS

El PCIM y sus consecuencias para las comunidades campesinas

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En estos territorios se ha invertido de forma planificada y programada a corte de 2009 la suma de $360.000 millo-nes de pesos, (alrededor de 145 millones de €). Del total de estas inversiones el 74,48% lo ha aportado el Gobierno Nacional con $268.580 millones de pesos, mientras que el Gobierno Departamental y Municipal han contribuido con el 15,38%, equivalente a $55.462 millones de pesos y la cooperación internacional con el 10,13%, correspon-diente a $36.541 millones de pesos, destacándose países como los EEUU y Holanda.

Por otra parte, la inversión en territorios como estos, ol-vidados históricamente por las políticas gubernamentales tanto del nivel local, departamental como nacional, ha permitido que las evaluaciones en un primer momento se presente favorables y permitan mostrar al PCIM como

un programa de vanguardia de la Política de Seguridad Democrática, dado que, por primera vez, el Estado co-lombiano ha hecho presencia con el fin de dar soluciones a las necesidades básicas de la población, campesina prin-cipalmente. Sin embargo, la investigación que hemos venido realizando hasta el momento2 muestra varios ele-mentos críticos frente a la implementación de políticas como ésta que desconoce la diferencia entre la inversión para la seguridad -inversión para la guerra contrainsur-gente- y la inversión social -inversión para el desarrollo y progreso de las comunidades. Uno de los aspectos olvi-dados por parte del Estado colombiano a la hora de pu-blicitar este plan de consolidación territorial han sido sus consecuencias humanitarias representadas en la elevación de los índices de vulneración de derechos, prácticamente, en proporción al nivel de inversión, así:

2. El primer documento publicado donde se condensan las conclusiones que aquí resumimos se titula “Proyecto para la Documentación de Casos Tipo de Desaparición Forzada en la Región Ariari - Guayabero”, Bogotá D.C., 2011. Investigación desarrollada por el COLECTIVO OFB con el apoyo en terreno de DHBAJOARIARI.

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E l 22 de Julio de 2010 en el municipio de La Macarena - Departamento del Meta - se celebró la Audiencia Pública sobre la “Cri-sis Humanitaria en los Llanos Orientales”

convocada oficialmente por la Senadora Gloria Inés Ramírez, apoyada por los congresistas Piedad Córdo-ba Ruíz e Iván Cepeda Castro, así como por diversas organizaciones sindicales, de Derechos Humanos, gre-miales, etc. En la misma participaron delegaciones de diferentes parlamentos y gobiernos como el catalán, el británico, el Parlamento Europeo, entre otros. El ob-jetivo central de este evento, consistió en la denuncia de la crisis humanitaria que viven los pobladores de los Llanos Orientales debido a la aplicación de polí-ticas de lucha contrainsurgente que desprecia de for-ma abierta la distinción entre civiles y combatientes, y que trae como resultado altos índices de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, actos de saqueos y pillaje, violaciones, prohibiciones al libre tránsito y a la movilidad, entre otros tipos de vulnera-ciones de derechos.

Como ejemplo del drama que viven la población campesina de esta zona del país, se hizo la presentación del Cementerio de NN de La Macarena ante la opinión pública y se demos-tró con casos concretos cómo campesinos/as de la región habían sido asesinados presuntamente por miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega del Ejército Nacional, presentados como “guerrilleros dados de baja en combate” y sepultados en el Cementerio Municipal de La Macarena como NN. Dado el nivel de denuncia que alcanzó el evento y el trabajo posterior que se ha venido desarrollado desde el punto de vista jurídico e incidencia política con la Fiscalía General de la Nación, se ha logrado que el Estado colom-biano reconozca la grave situación de los desaparecidos y la existencia de los cementerios de NN en el país, tal como lo registró El Espectador en su debida oportunidad: “Ya son 10.084 los muertos sin identificar, de los que la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía ha obtenido registros que fueron enviados desde alcaldías del país. Y la cifra es considerable en atención a que aún más de la mitad de los 1.103 municipios que tiene Colombia, no han enviado sus reportes sobre los N.N. enterrados en sus cementerios privados y públicos…” 3

La Audiencia Pública de La Macarena y el reconocimiento de los NNPOR EL EQUIPO JURÍDICO, COLECTIVO OFB.

3. Artículo de prensa publicado en el diario El Espectador, titulado “Fiscalía llegó a los 10 mil N.N.”, por Redacción Judicial, en http://www.elespectador.com.co/impreso/temadel-dia/articuloimpreso-233695-fiscalia-llego-los-10-mil-nn

De los anteriores datos se puede evidenciar que el ni-vel de inversión fue coincidentemente proporcional al índice de desplazamiento y de ejecuciones extra-judiciales en los 06 municipios de implementación del PCIM; de forma tal, que en el municipio don-de mayor inversión estatal de recursos se realizó, fue precisamente aquel donde más población campesina fue asesinada y fue desplazada presuntamente por las

Fuerzas Militares colombianas y/o en complicidad con los grupos paramilitares que operan en la región: tal fue el caso del Municipio de Vistahermosa. La re-lación de la inversión estatal frente a los indicadores de vulneración de derechos exhibe elementos ocultos de la Política de Consolidación Territorial y demues-tra lo nefasta que ha sido para las comunidades cam-pesinas. ■

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L a Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO), ha tenido presencia en el departamento del Meta, des-de largo tiempo atrás a través de su organiza-

ción de base del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Meta (Sintragrim). Debido a la situación de violencia, la inmensa mayoría de nuestros afiliados se vieron en la necesidad de salir en situación de desplazamiento, de-clarándose la organización en el exilio interno, por el derecho a resistir en la defensa de su territorio; en tal

circunstancia las comunidades que resisten en la región, continúan con el propósito de organizarse y consoli-dar los procesos. En tal sentido, un amplio conjunto de organizaciones sociales del Oriente colombiano, entre las que estaban Sintragrim, Aspodegua, Atcari, Asodes-ca, Agrogüejar, Agrocafre, Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado - MOVICE (Capitulo Meta), CND (Capitulo Meta) y DH Bajo Ariari, que en su proceso de consolidación ha constituido Comités Regionales de DDHH en el Municipio de Uribe, en San Vicen-

Unidad Agraria de los Llanos OrientalesPOR EL SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, FENSUAGRO.

Frente a los cementerios de los Llanos Orientales, la Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional de Justicia y Paz (UNJYP) reconoce que hasta Mayo de 2011 se han logrado ubicar los restos mortales de 1860 personas no identificadas o NN y de 209 restos mor-tales que han logrado su plena identidad por el proce-dimiento de necrodactília. Igualmente se reconoce que en el Cementerio de Granada existe un “enterramiento colectivo” de 42 cuerpos traídos por el Ejército Na-cional de los Municipios de Puerto Rico y Puerto Lle-

ras para el año de 1999, comprobándose con esto que efectivamente en este cementerio sí existe una “Fosa Común”. En este marco de trabajo de exigibilidad de los derechos de las víctimas y dentro de las labores de judicialización de los casos de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, entre otros crímenes, la UNJYP ha solicitado al Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda su colaboración para la localización de los familiares de las 209 personas identificadas con el fin de lograr la entrega de los restos mortales. ■

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S te del Caguán, en Mesetas y en Mapiripán, convoca-ron al Primer encuentro regional de organizaciones campesinas y desplazados de los departamentos de Vichada, Guaviare y Meta bajo el lema “Por una po-lítica agraria con justicia social” para los días 9 y 10 de abril de 2011. En éste encuentro participaron dele-gados/as de los municipios de Vistahermosa, Puerto Rico, El Castillo, Región del Guayabero, Villavicen-cio, San José del Guaviare, Calamar – Guaviare, Uribe, Restrepo, Puerto Gaitán y Cumaral. Igualmente, asis-tieron invitadas diferentes organizaciones, entre ellas Fensuagro, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), la Central Unitaria de Trabajadores subdirectiva Meta, el sindicato de los trabajadores/as del petroleo Union Sindical Obrera (USO), ANTHOC Villavicencio y la Coordinadora Nacional de Desplazados (CND). El encuentro contó con la presencia del Iván Cepeda Castro, Represen-tante a la Cámara por Bogotá, Hernando Hernández Tapasco, Representante a la cámara por la circuns-cripción indígena y la compañera Gloria Inés Ramí-rez senadora de la Republica de Colombia por el Polo Democrático Alternativo. La doctora Piedad Córdoba que no pudo asistir por inconvenientes de última hora, pero que envió su saludo al evento.

El encuentro contó con una agenda de trabajo en la que se abordaron temas como la Organización y Unidad Popular, Política Agraria y Democrática, Desplazami-ento Forzado, Explotación Minero-Energética e Impac-to Ambiental, Derechos humanos y conflicto social y armado; temas que fueron trabajados en ponencias por diferentes expositores y que luego fueron analizados y discutidos en trabajo de comisiones, los cuales marca-ron los derroteros de las tareas y actividades a seguir de los campesinos/as.

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4. Datos tomados del último informe presentado por la Consultoría para los Derecho Humanos y el Desplazamiento – CODHES, ¿Consolidación de que?, presentado el 15 de febrero de 2010.

En cuanto a la política agraria y democrática, se planteó que era importante recoger los 14 puntos del mandato agrario dentro de los cuales se encuentran el derecho a la vida, plenas libertades democráticas y respeto a los derechos humanos, soberanía y seguridad alimentaria, alternativas a los Tratados de Libre Comercio, derecho a la tierra, reconstrucción de la economía agropecua-ria y agroalimentaria, protección del medio ambien-te, alternativa a los cultivos ilícitos, derechos sociales, económicos y culturales del campesinado, reconocimi-ento político del campesinado, reconocimiento de las mujeres campesinas, indígenas y afro descendientes y sus derechos, derecho a la territorialidad, fin al despla-zamiento forzado, solución política al conflicto social armado y la unidad.

Se analizó que la población desplazada entre 1985 y 2010 ha alcanzado la cifra de 5.195.620 víctimas; que el total de las tierras que las familias desplazadas se vieron obli-gadas a abandonar, vender o entregar a terceros forzosa-mente en el momento del desplazamiento entre los años 80 y julio de 2010, fue de 6.638.195 hectáreas, lo que equivale al 15,4% de la superficie agropecuaria nacional.4

También, que la importancia de la población despla-zada en el universo de víctimas no sólo corresponde a la altas cifras de desplazamiento, sino a otras formas de victimización que estuvieron asociadas a este, como el abuso sexual (afectando dramáticamente a las mujeres),

homicidios, torturas, desapariciones forzadas, recluta-miento forzado, amenazas, entre muchas otras formas de violación de los derechos humanos antes, durante y después del desplazamiento.

El tema de la sobreexplotación minero-energética, fue supremamente importante ya que en el departamento del Meta y en el conjunto de la región suroccidental, cada vez se encuentra más petróleo, que pone en riesgo la producción agropecuaria y el medio ambiente, y que se intensifica cada vez más las violaciones de los de-rechos humanos.

Uno de los temas que más tuvo transcendencia, discu-sión y análisis en el encuentro fue los Derechos Hu-manos y conflicto social y armado, por lo que se con-cluyó que era necesario continuar conjuntamente en la oposición a la política de “Seguridad democrática”, y a su nueva versión llamada “Prosperidad Democrática”. Igualmente, se incentivó a las organizaciones a conti-nuar con la denuncia de la estrategia utilizada en las múltiples violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Militares que se encuentran en la región de los Llanos Orientales. La población campesina con-sideran que la nueva figura que le quiere otorgar el Gobierno Nacional a los paramilitares como bandas criminales – BACRIM–, no es otra cosa que tender un manto de impunidad a los centenares de crímenes en los departamentos del Meta y Guaviare.

Las organizaciones asistentes al evento se comprome-ten a seguir denunciando lo que ocurra en las regiones para que la coordinación regional tenga elementos para las denuncias pertinentes ante las instituciones del Esta-do, con las organizaciones que acompañan el proceso, defensoras de DDHH como jurídicas. Es necesario afi-anzar esos lazos de hermandad para enfrentar la situ-ación que viven las comunidades campesinas tanto del Meta, Guaviare y Vichada.

Por último, para afianzar el trabajo de las organizaciones sociales en una región tan extensa, se crea la Mesa de Uni-dad Cívica, Agraria y Popular del Oriente colombia-no (MUCAPOC), plataforma a la que desde la Mesa de Acompañamiento Permanente al Ariari-Guayabero (MA-PAG) se continuará apoyando y aportando, para exigirle al gobierno que se frenen las violaciones a los derechos hu-manos que se que cometen en estas regiones y el respeto a los defensores y las defensoras de derechos humanos. ■

BOLETÍN CUATRIMESTRAL INFORMATIVO · NÚMEROS 1 Y 2 · OCTUBRE 2011

llanos orientalesfortaleciendo la defensa de los derechos humanos en los

FENSUAGRO es una organización gremial agraria de segundo grado, de carácter sindical clasista y pluralis-ta que agrupa a sindicatos y asociaciones de pequeños agricultores departamentales y organizaciones de cam-pesinos sin tierra, jornaleros y trabajadores de la agroin-dustria. Tiene presencia en 22 departamentos de los 32 departamentos con que cuenta Colombia.

El Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda es una organización no gubernamental formada por profesionales de las áreas del derecho, las ciencias po-líticas, la administración pública y las ciencias huma-nas que trabaja por la defensa, promoción y protec-ción de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas colombianos, en especial de los campesinos, de los trabajadores, así como de las asociaciones sindicales, de los líderes populares de organizaciones sociales y/o barriales.

DH Bajo Ariari es una organización de defensa de los Derechos Humanos que actúa en diferentes municipi-

os de la región del Ariari-Guayabero. Está conformada por varias decenas de Comités veredales y regionales de defensa de los DDHH, que han creado las Juntas de Acción Comunal en estos municipios.

La Associació Catalana per la Pau es una Organiza-ción No Gubernamental para el Desarrollo, laica, de-mocrática, internacionalista, plural y progresista, que pretende contribuir, desde la solidaridad y a través de la cooperación internacional al desarrollo, a la creación de un nuevo modelo de relaciones socioeconómicas a escala global que garantice condiciones de vida dignas para todas las personas.

La Comissió Catalana d’Ajut al Refugiat tiene como objetivo la defensa de los derechos humanos, la defensa del derecho de asilo y los derechos de las personas refu-giadas y asume también la defensa de los derechos de las personas inmigrantes a la vez que trabaja para favorecer los procesos de integración socials de las personas refu-giadas e inmigrantes en Catalunya. ■

Con la colaboración de:

La Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament no se hace responsable de las opiniones emitidas en las publicaciones vinculadas a los proyectos financiados por ella.

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Colombia