Estado de los proyectos relacionados con la implementación ... … · Estado de los proyectos relacionados con la implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto

Estado de los proyectos relacionados con la implementación del Acuerdo final para

la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, en el

Congreso de la República:

La semana del 28 de agosto empezará con ocho proyectos en trámite.

En la semana del 21 al 25 de agosto sólo estaban agendados para debate Reforma Política e Innovación Agropecuaria, el primero avanzó ligeramente y el segundo sigue estancado. Se suman dos nuevos proyectos que recientemente radicó el Gobierno con los cuales busca regular el sistema nacional catastral multipropósito y habilitar la adjudicación o el otorgamiento de uso de baldíos en reservas forestales de la ley 2° de 1959.

Luego de la reunión que sostuvo el Gobierno con voceros de los partidos y coordinadores de ponencia, se preveía un acuerdo para la votación del articulado del proyecto de Reforma Política. Sin embargo, los miembros de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes presentaron 144 proposiciones lo que obligó a discutir y someter a votación artículo por artículo, y alcanzaron a votar tres de los 21 artículos del proyecto de ley.

Una de las reformas que quería introducir el proyecto inicialmente, era que para que tuvieran efecto las decisiones que limitan derechos

políticos a servidores públicos de elección popular tendrían que ser confirmadas por la jurisdicción contenciosa administrativa, con el propósito de cumplir con la Convención Americana de Derechos Humanos que exige que sólo una autoridad judicial pueda limitar el ejercicio de los derechos políticos. El Procurador General de la Nación y el Contralor General de la República fueron enfáticos en conservar sus facultades a pesar de estar en contra de los estándares internacionales de los derechos humanos, el Gobierno Nacional no defendió con fuerza el tema y se concertó que el artículo fuera retirado, tal como ocurrió en la votación de una proposición que proponía su eliminación. . Entre 2009 y 2016, la Procuraduría profirió 7.771 decisiones sancionatorias, dentro de las cuales 3.224 correspondieron a 1.587 alcaldes municipales, 1.111 concejales, 104 gobernadores, 182 personeros y 240 gerentes de diferentes entes, entre otros cargos. (Boletín 1057 PGN ) No se trata

de defender a quienes cometan actos de corrupción, sino de garantizar el derecho a que la limitación de los derechos políticos solo pueda realizarse mediante decisión judicial, y no administrativa. . La discusión del artículo que buscaba habilitar el uso de los medios digitales en la recolección de apoyos para promover los mecanismos de participación ciudadana giró alrededor de su redacción, principalmente en la sujeción de esta herramienta a una reglamentación por ley, que fue proposición del Representante Hernán Penagos, lo que implicará que, de aprobarse la Reforma Política, habría que presentar un proyecto de ley para regular la materia, cuando podría regularse vía decreto o resolución, permitiendo así agilidad y oportunidad. Postergar esta reforma, banaliza la discusión sobre la importancia que tienen los medios digitales para hacer efectiva la participación ciudadana en la promoción de consultas populares, cabildos abiertos y revocatorias de mandato. Los Representantes conocen esta consecuencia y con estas decisiones aprueban una norma que no tendrá mayor fuerza en términos prácticos, pero además impiden que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos a promover mecanismos de participación en condiciones más favorables. Las proposiciones aprobadas para la modificación del artículo 3, reducen las exigencias a los partidos políticos en relación con sus afiliados y el ejercicio de la democracia interna. En conclusión, en las cinco sesiones (de primer debate) que se han realizado en Comisión Primera de la Cámara de Representantes sólo se ha avanzado en tres artículos de los 21 que conforman el proyecto, y con estas modificaciones, en vez de mejorar lo que en realidad están haciendo es atenuando el propósito de generar cambios en la cultura política.

El Gobierno y la Unidad Nacional, principales responsables de la lentitud legislativa. Buena parte de la responsabilidad de lentitud legislativa les atañe al Gobierno Nacional y a los partidos que conforman la Unidad Nacional porque no han hecho el esfuerzo suficiente en concretar acuerdos políticos que saquen adelante una Reforma Política. No se explica que luego de varias reuniones con voceros y ponentes, sé hayan presentado 144 proposiciones para introducir cambios en el proyecto.

Cambio Radical en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes

“le puso el freno de mano a la reforma política”

Los Representantes de Cambio Radical en la Comisión Primera, Carlos Jiménez López

(Cundinamarca), Jorge Rozo Rodríguez (Valle del Cauca) y Rodrigo Lara (Bogotá), además de incurrir

en actos irrespetuosos, suelen intervenir para desviar el debate del asunto principal en discusión,

o para volver a debates que ya se han superado; presentan proposiciones (que retiran, modifican y

vuelven a radicar), y en ocasiones se ausentan durante las sesiones, y al momento de las votaciones

se retiran del recinto.

Representante Lara, ineficiencia deliberada

El comportamiento del Representante Rodrigo

Lara es inaceptable, pues en su calidad de

Presidente de la Cámara, debería garantizar que

el funcionamiento del Congreso sea eficiente.

Dicho comportamiento es lo que ha posibilitado

el trancón legislativo en la Cámara:

1. Boicotea los debates al citar Plenaria al tiempo

que se está discutiendo el proyecto de reforma

política en la Comisión Primera.

2. Llega a las sesiones y se retira en varias ocasiones, al regresar pide la palabra e interviene para

desviar las discusiones, para finalmente retirarse al momento de la votación.

3. Tiene bloqueado el nombramiento del ponente para el Proyecto de Circunscripciones Especiales

de Paz, debido a que no ha dado traslado del proyecto, que reposa en su escritorio, hacia la Comisión

Primera para que se haga la designación.

4. Lo mismo ocurre con el proyecto de ley sobre Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuyo primer

debate debe darse de manera conjunta en las Comisiones Primeras de Senado y Cámara. El Senado

ya asignó la ponencia a Horacio Serpa.

5. La manera como llama al proyecto de reforma política es “monstruo legislativo” lo que es a todas

luces inadecuado e irrespetuoso…

Con esta conducta falta a las obligaciones que como Presidente de la Cámara establece el

reglamento del Congreso de Repartir los proyectos presentados para el estudio legislativo y ordenar

su debido trámite y genera un trancón en la Cámara de Representantes. En el caso del proyecto de

reforma política esta conducta podría generar que para el momento en que comience el debate

electoral, aun no estén fijadas las reglas de juego.

La reiterada ausencia de los Senadores estanca el trámite del Sistema de Innovación

Agropecuaria

Por cuarta vez fracasó el último debate en Plenaria del Senado al proyecto de ley del Sistema de Innovación Agropecuaria, citado para el pasado 22 de agosto y posteriormente para el 23. A este proyecto, que fue presentado el primero de marzo de este año y que fue aprobado en primer debate de comisiones conjuntas y en la Plenaria de la Cámara, no se le ha podido dar trámite por el ausentismo reiterado de los Senadores (cerca de 60 no estaban), al retraso en dar inicio a la sesión

y la imposibilidad de votar los impedimentos debido a que los miembros del Centro Democrático se retiran del recinto y de esa forma no se alcanza el corum. A esto se suma que el Ministro de Agricultura no demuestra suficiente compromiso pues no se presenta en las sesiones; sin embargo, algunos de los asesores del Ministerio con teléfono en mano, llaman a los senadores que no se encuentran para reclamarles por su ausencia.

El Centro Democrático presenta tres proyectos de ley para echarle reversa a varios temas claves de la implementación del Acuerdo Final.

Mientras la Cámara está bloqueada y el

Senado está de vacaciones respecto al

procedimiento legislativo especial, el Centro

Democrático presentó vía ordinaria tres

proyectos de ley que buscan “hacer trizas” el

avance en la implementación del Acuerdo

Final. A dos de estos proyectos ya les radicó

ponencia, aunque todavía no hay fecha para

iniciar su debate.

Uno de ellos busca modificar el Decreto Ley

888 de 2017, con el cual se hicieron cambios en la estructura de la Contraloría y se creó la Unidad

Delegada para el Postconflicto, adscrita al despacho del Contralor, para coordinar y hacer

seguimiento a los recursos públicos destinados para la implementación, de la institucionalidad

encargada de cumplir los compromisos y las políticas diseñadas y desarrolladas por ellas. Con este

proyecto modificatorio, el Centro Democrático busca que la Unidad se reduzca a un grupo funcional,

conformado por antiguos funcionarios de la Contraloría.

El segundo, que no tiene ponencia radicada todavía, está relacionado con la modificación del

Decreto 902 de 2017, con el cual se adoptaron medidas para acceso y formalización de tierras (fondo

de tierras).

El tercer proyecto busca eliminar la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de

las organizaciones sucesoras del paramilitarismo, que se creó al interior de la Fiscalía por el Decreto

Ley 898 de 2017. Argumentan que con la creación de la Unidad se desconocen funciones al ente

investigador, además de su desacuerdo en que el director de dicha Unidad sea nombrado por el

Comité de Escogencia, así como que se pueda emplear en contra de quienes sean críticos del

Acuerdo Final y su implementación.

La pregunta que desde varios sectores surge es ¿Por qué el Centro Democrático no quiere que se

persiga a los sucesores del paramilitarismo? y ¿por qué se oponen con tanto ahínco a que se

prohíba el paramilitarismo en la Constitución?

Congresistas se le adelantan al Gobierno,

presentando proyectos sobre

Participación Ciudadana

Como el Gobierno no ha presentado el

proyecto de ley orgánica para reformar la ley

152 de 1994 (ley orgánica del Plan de

Desarrollo) y adecuarla a las necesidades del

Acuerdo Final, y tampoco ha llevado al

Congreso el proyecto de ley estatutaria de

garantías para la participación de las

organizaciones sociales y la movilización y protesta, algunos Congresistas han radicado proyectos

que regulan estos temas, y que serían radicados por el procedimiento legislativo ordinario. El primer

caso es el de la Representante Angélica Lozano del partido Verde y el segundo, del Senador Roy

Barreras del Partido de la U.

De esta forma se generan fisuras e incluso colisiones porque estos proyectos, aunque tratan temas

que se relacionan con el Acuerdo Final, se tramitarán por vía ordinaria, y no tienen la obligación de

guardar conexidad estricta con el Acuerdo Final, obligación que sí tienen los proyectos que se

tramitan vía “fast track”. Lo que no se explica, es cómo el Gobierno no ha presentado por ejemplo

el proyecto de reforma a la ley 152, cuando se conoce que ya acordó este punto en la CSIVI.

Se presentaron dos nuevos proyectos de ley para avanzar en la Reforma Rural Integral

Recientemente, el Gobierno presentó dos

nuevos proyectos relacionados el punto 1 del

Acuerdo Final. Uno para regular el Sistema

Nacional Catastral Multipropósito, con el que

se quieren realizar cambios estructurales en

aspectos metodológicos, operativos y

financieros que permitan modernizar la

información de estos inventarios de bienes

inmuebles públicos y privados determinados

por su ubicación y localización cartográfica.

El otro, permitiría el otorgamiento de uso de baldíos que se hallan dentro de zonas que por sus

características biofísicas ofrecen condiciones para el desarrollo de actividades agroforestales

compatibles con los objetivos de las reservas forestales.

La preocupación es que si hay lentitud en los otros dos proyectos que se están tramitando

relacionados con el punto 1, Innovación Agropecuaria y Adecuación de Tierras, asalta la duda sobre

qué tanto podrán progresar estas iniciativas en el Congreso.

Estabilidad jurídica del Acuerdo Final y reintegración política de las FARC-EP los temas

de la semana en la Corte Constitucional

El miércoles 23 de agosto, el alto

tribunal realizó una audiencia pública

con el objetivo de reunir elementos

de juicio para decidir la

constitucionalidad del acto legislativo

03 de 2017, que establece las

medidas y condiciones para la

reintegración y participación política

de las FARC-EP. A la audiencia

asistieron representantes del Estado,

congresistas, organizaciones sociales

y ex-constituyentes.

La Registraduría, pese a que apoyó las posturas de defensa de la norma que presentaron el Gobierno

y el Consejo Nacional Electoral, solicitó al primero un reglamento que le permita identificar quiénes

fueron miembros de las FARC y que se establezcan las reglas para tener claridad sobre beneficiarios

de esta normativa.

Por otro lado, esta semana se conoció la ponencia del magistrado Luis Guillermo Guerrero sobre el

Acto Legislativo 2 de 2017 “por medio del cual se adiciona un artículo transitorio a la constitución

con el propósito de dar estabilidad y seguridad jurídica al acuerdo final para la terminación del

conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”. En la ponencia el magistrado propone

declarar inexequibles dos apartes de dicho Acto Legislativo:

"las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo

establecido en el acuerdo final” y "las actuaciones del Estado deben guardar coherencia con lo

acordado, preservando los contenidos y principios del Acuerdo Final". Si la mayoría de la Corte

Constituional aprueba esta ponencia se le quitaría fuerza al Acuerdo Final y los cambios que buscan

estabilizar la paz en el país tendrían más riesgos.