6 de diciembre.docx

Sucedió en Tonacatepeque. PNC y Ejército realizaron operativo conjunto en la zona, pues

recibieron aviso de una reunión de la estructura.

6 de Diciembre de 2015 a la(s) 9:57 / Redacción Multimedia

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Un cabecilla de una pandilla en Tonacatepeque, identificado por el alias "Kevin", murió la noche

de ayer en un presunto enfrentamiento con miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y el

Ejército.

Según las primeras indagaciones policiales, se reportó que algunos pandilleros se encontraban

reunidos en el caserío Los Granados, del cantón El Sauce, en Tonacatepeque, por lo que la

Policía y el Ejército coordinaron esfuerzos para realizar capturas.

Ingresaron por diferentes puntos. Cuando los miembros de la estructura detectaron la

presencia de las autoridades, intentaron huír. Al hacerlo, se encontraron directamente con

algunos soldados.

El pandillero de alias ¨Kevin¨ disparó contra ellos, por lo que estos respondieron con fuego. El

cuerpo del fallecido fue trasladado al kilometro 24 de la carretera Troncal del Norte, en

Guazapa, debido a la peligrosidad del lugar, según las autoridades.

En el mismo municipio de Guazapa, en la tarde de ayer se reportó el asesinato de una persona

que se dedicaba a vender yucas y papas en los buses. El hecho ocurrió en la parada conocida

como La Pasarela, en el final de la tercera avenida sur, del barrio El Calvario, en el kilometro 24

de la Troncal del Norte.

Varios hombres, al parecer miembros de pandillas, lo interceptaron cuando se bajaba del bus.

Trató de huír, pero fue alcanzado por los disparos. Lo habrían asesinado, según las autoridades,

por tener familiares en el sector de una estructura contraria.

Más: http://www.laprensagrafica.com/2015/12/06/fallece-cabecilla-de-pandilla-en-presunto-

enfrentamiento-con-autoridades

Podría inclusive tratarse de la práctica de un eje de las estrategias de seguridad

pública de la administración actual que posibilita enfrentamientos armados contra las

pandillas atacando especialmente a los miembros líderes o más peligrosos de éstas.

Un policía fue lesionado de bala en Ilopango. Al menos 17 homicidios fueron cometidos ayer

hasta el cierre de esta edición.

6 de Diciembre de 2015 a la(s) 6:0 / Jessel Santos/Liliana Fuentes

Un enfrentamiento entre miembros de la Fuerza Armada y pandilleros dejó ayer [sábado] como

resultado la muerte de cuatro miembros de estructuras delincuenciales. El hecho se reportó en

el cantón El Copinol, en Chinameca, San Miguel (Jessel Santos/Liliana Fuentes).

De acuerdo con la versión oficial de la Fuerza Armada, habían recibido denuncias sobre un

punto de asalto en el que participaban los pandilleros, por lo que llegaron a la zona para

verificar y se produjo el enfrentamiento cerca de las 9 de la mañana.

Los pandilleros fallecidos fueron identificados como Fredy López, de 21 años; Edwin de Jesús

Villalobos Coreas y Marvin Coreas, ambos de 17 años; y José Ángel Coreas, de 19 años. Estos

tres últimos eran familiares entre sí.

Tras la inspección de la escena, la PNC encontró una escopeta hechiza y un arma de fuego.

Además, aseguraron que otros pandilleros escaparon. 

Homicidio de catedrático UCA

Ayer por la tarde, colegas del catedrático José Manuel González, de la carrera de

Comunicaciones de la UCA, informaron del homicidio del profesional. Lo encontraron fallecido

en Chalchuapa con un impacto de bala en su cuerpo, dijeron. Las autoridades de la policía

aseguraron desconocer el hecho.

Mientras tanto, Óscar M., cabo destacado en la División de Investigaciones de la Policía del

departamento de San Vicente, fue lesionado de bala tras repeler un robo en un bus de la ruta

29-C, en el kilómetro 7 de la Autopista Este-Oeste (Carretera de Oro).

La PNC informó que el agente había salido de una agencia bancaria y se dirigía hacia su casa

cuando tres hombres se subieron como pasajeros y luego se levantaron a robar a los usuarios.

El policía se defendió del robo y disparó contra los delincuentes, quienes también le dispararon.

Se montó un operativo y se capturó a dos menores de edad y al conductor del microbús, quien

trasladó a los pandilleros.

La fiscalía informó que al menos 17 homicidios se cometieron ayer en el país, entre ellos un

doble homicidio en Santa Ana.

Fuente: http://www.laprensagrafica.com/2015/12/06/naj0612matan-a-cuatro

El ataque ocurrió al interior de un microbús de la ruta 145 a la altura de Radio Vea.

6 de Diciembre de 2015 a la(s) 9:30 / Redacción Multimedia/ Francisco Alemán

Archivado en El Salvador militar san martín violencia

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Un militar identificado como Jesús Eduardo Moisés Vaquero, de 20 años, murió ayer tras ser

lesionado al interior de un microbús de la ruta 145.

El hecho ocurrió a la altura de Radio Vea, en San Martín, a las 4:45 de la tarde de ayer.Tras el

ataque, fue trasladado por una ambulancia de FOSALUD al hospital San Bartolo, en Ilopango,

pero falleció por la gravedad de las heridas. No se han reportado capturas referidas a este

hecho. Las autoridades no dieron más información.

Fuente: http://www.laprensagrafica.com/2015/12/06/asesinan-a-militar-en-san-martin

El fiscal general Luis Martínez, cuya reelección se discute en la Asamblea Legislativa

este jueves 3 de diciembre de 2015, hizo cambios en el equipo de acusadores que tenía

asignados los casos contra el Cártel de Texis, y ordenó a sus subalternos que desistieran de

pedir a un juez documentos en los que el Ministerio de Hacienda establecía indicios sobre la

participación de José Adán Salazar Umaña, Wilfredo Guerra Umaña, Juan Umaña Samayoa

(alcalde de Metapán) y de las empresas Hotesa S.A. de C.V. y Gumarsal S.A. de C.V. en delitos

de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

El Ministerio de Hacienda de El Salvador ya había llegado a la conclusión de que los tres

empresarios y los dos consorcios ligados al Cártel de Texis, un grupo criminal de

narcotraficantes afincado en el noroccidente del país, había cometido al menos dos delitos entre

2010 y 2011: enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos.

La Unidad de Investigación Penal Tributaria de la Dirección General de Impuestos Internos de

Hacienda determinó que esos contribuyentes habían “falseado registros contables, inventado

operaciones y… establecieron incremento patrimonial no justificado en cuentas bancarias que

llevaban y que no habían declarado”, confirma uno de los investigadores gubernamentales que

llevó el caso y un abogado que conoce la acusación inicial contra Salazar Umaña y los supuestos

miembros de Texis. Una tercera fuente, del Ministerio de Hacienda, confirmó los hallazgos.

En concreto, las pruebas de esos delitos están en documentación que constan en dos

fiscalizaciones financieras y contables que Hacienda realizó a Hotesa y Gumarsal entre 2010 y

2011. De acuerdo a un resumen de esos informes, de los que Factum tiene copia, “existen

suficientes elementos probatorios que justificaban en su momento la apertura de una

investigación, por la inconsistencia de las operaciones y por la falta de sentido o razón

económica aparente…”

Hacienda realizó las fiscalizaciones como parte de un proceso por evasión fiscal abierto contra

Salazar Umaña, Guerra Umaña, Juan Umaña Samayoa y las dos empresas en el juzgado noveno

de paz de San Salvador. Con esos indicios, como ya reportó esta Revista, la Unidad de

Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República abrió el expediente con

referencia 22-UIF-2014.

En julio de 2014, la Unidad Especializada de Crimen Organizado secuestró toda la contabilidad

formal de las tres personas naturales y las dos jurídicas implicadas. Los fiscales también

iniciaron gestiones ante la Superintendencia del Sistema Financiero, la División de Extinción de

Dominio y Delitos Financieros de la PNC, Migración y la Dirección General de Aduanas para

que asignaran peritos que ayudaran a los fiscales a establecer, en sede judicial, “la tipología de

lavado utilizada por los investigados para legitimar capitales de origen desconocido que se les

había identificado”. Fuentes de las tres instituciones mencionadas confirmaron la petición de

los fiscales.

Lo que tocaba, según investigadores que participaron en el caso por evasión y en las pesquisas

iniciales por lavado, era hacer un seguimiento exhaustivo de los dineros y bienes de los

investigados “acudiendo a fuentes públicas y privadas de registros, de propiedades raíz, de

sociedades, vehículos, tributaria, instituciones financieras, corredoras de bolsa…”

Pero Hacienda no es la Fiscalía General, encargada por Constitución de perseguir el

delito y meter presos a los delincuentes. Y, en este caso, Hacienda hizo su trabajo para

probar que José Adán Salazar Umaña sí ha lavado dinero y se ha enriquecido

cometiendo ilegalidades; la Fiscalía de Luis Martínez, sin embargo, actúo como

defensora de “Chepe Diablo”, como se conoce al empresario: lo protegió, y para

hacerlo pidió a sus fiscales que suspendieran una diligencia judicial en la que todas

las pruebas encontradas por Hacienda serían anexadas al proceso (Héctor Silva

Ávalos).

El Cártel de Texis es uno de los dos grupos criminales de El Salvador que trafican droga, lavan

dinero y reciben protección política de operadores importantes, según ha establecido la

Organización de Naciones Unidas, a través de su Oficina contra las Drogas y el Crimen.

Investigaciones periodísticas han determinado que José Adán Salazar Umaña, de

alias Chepe Diablo, y Juan Umaña Samayoa, el alcalde de Metapán, son los líderes

de la organización. A Chepe Diablo la administración del presidente estadounidense

Barack Obama lo designó como capo internacional del tráfico de drogas.

En una palabra: la Fiscalía dirigida por Luis Martínez obró para que la justicia

salvadoreña no pudiera acusar de lavado de dinero al único hombre al que la Casa

Blanca ha designado capo internacional del narcotráfico en El Salvador (Héctor Silva

Ávalos).

La orden de no seguir

Entre abril y mayo de 2015, la UIF solicitó al Juzgado Segundo de Paz de San

Salvador que realizara un “acto de prueba con control judicial”, una auditoría

forense o pericia financiera contable, es decir, un acto jurídico por medio del cual

los fiscales agregarían formalmente los hallazgos hechos por Hacienda en el caso

de evasión tributaria al caso por lavado de dinero.

Los fiscales ya habían solicitado al Juzgado Octavo de Paz que secuestrara toda

la información contable y financiera de los supuestos miembros del Cártel de

Texis que en ese momento tenía el Noveno de Paz, donde se había llevado el

proceso por evasión tributaria. En ese proceso por evasión, los imputados

reconocieron el delito y pagaron multas de hasta un millón al fisco, con lo cual la

acusación terminaba y toda la documentación contable y pericial anexada debía

ser devuelta.

Para evitar quedarse sin la prueba definitoria de lavado que ya había recogido

Hacienda, los fiscales pidieron el nuevo secuestro. Todo parecía listo para que la

justicia salvadoreña iniciara el primer gran caso de lavado contra el designado

capo internacional del narco.

“Estábamos listos, habíamos estudiado y definido bien toda la prueba y sabíamos

cómo probar el lavado”, dijo a Factum uno de los peritos, empleado del

Ejecutivo, que habían sido llamados a declarar y quien aceptó hablar sin

identificarse para no poner en riesgo otras investigaciones.

Todo parecía listo. Pero no. Llegó entonces la orden de arriba.

Dos de los investigadores gubernamentales que participaron en el caso de lavado

de dinero confirmaron que en julio pasado el jefe de la UIF, el fiscal Tovías

Menjívar, dio la orden interna de cancelar la pericia financiera contable. El

argumento: que en el edificio de tribunales de San Salvador no había suficiente

“espacio físico” para realizar la diligencia. (En otros casos grandes, según

confirmo Factum en los tribunales capitalinos, pericias como esta se han

realizado en alguna de las salas de audiencia del centro judicial; así ha ocurrido

en casos como Cel-Enel, OBC o contra Los Perrones).

Para el 24 de agosto de 2015, ya Tovías Menjívar había firmado un memo

interno ordenando el cierre del caso por lavado de dinero. Finalmente fue la

licenciada Alessia Esteffi Herrera Menjívar la asignada por el fiscal general

Martínez para pedir al tribunal el archivo definitivo del caso; ya antes de hacerlo,

la fiscal había pedido al Juzgado Octavo de lo Penal que devolviera al Cártel de

Texis todos los documentos secuestrados. En una palabra, la fiscal auxiliar

designada por el fiscal general pidió al juez que devolviera a los imputados las

pruebas que, según el Ministerio de Hacienda, los implican en delitos de lavado

de dinero y enriquecimiento ilícito.

La abogada Bertha Deleón, querellante particular en el caso por corrupción

contra el expresidente Francisco Flores, ha acusado al fiscal general

Martínez de hacer algo similar en ese proceso: ocultar, secuestrar, acallar en

sede judicial pruebas con potencial de incriminar a los imputados (Héctor

Silva Ávalos).

De José Adán Salazar Umaña la Oficina de Bienes Extranjeros del Departamento

del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, en inglés) dice que es un jefe del

narcotráfico en la región. OFAC llegó a esa conclusión tras revisar, entre muchas

otras cosas, documentos similares a los que revisaron los fiscales salvadoreños:

registros contables, auditorías, movimientos financieros, relaciones comerciales.

De Chepe Diablo un agente federal estadounidense destacado en El Salvador dijo

que “hay mucho dinero que no puede justificar”, lo mismo que establecieron los

investigadores de Hacienda en su informe.

Recién llegado al puesto, cuando aún contaba con el apoyo de la Embajada de

Estados Unidos en San Salvador, Luis Martínez dijo, en público y en privado,

que haría de la persecución penal contra Texis una de sus prioridades.

Para agosto de 2015, sin embargo, el funcionario se contentaba con el proceso

por evasión de impuestos, y descartaba, según dijo a un periodista de La Prensa

Gráfica, seguir la investigación por lavado. En aquella conversación, Martínez

dio a entender que no había pruebas contra los miembros de Texis. Eso, sin

embargo, es mentira: Hacienda tenía indicios y pruebas que los fiscales

estuvieron a punto de presentar en sede judicial en un caso por lavado de dinero,

pero la Fiscalía, de la cual él era el jefe, impidió que eso ocurriera.

Luis Martínez dijo entonces a La Prensa Gráfica: “…Aquí no hay que prestarle

oídos a la gente que se dedica a calumniar, difamar… Si tienen pruebas, que las

traigan o que se eviten de andar haciendo esos comentarios…”

Peritos de Hacienda en informes realizados a propósito del proceso de evasión

fiscal sostuvieron: “existen suficientes elementos probatorios que justificaban en

su momento la apertura de una investigación, por la inconsistencia de las

operaciones y por la falta de sentido o razón económica aparente…”.  Y: “(Los

contribuyentes –Adán Salazar et. al.– han) falseado registros contables, inventado

operaciones y… establecieron incremento patrimonial no justificado en cuentas

bancarias que llevaban y que no habían declarado”.

Factum intentó conocer la versión oficial de la Fiscalía, pero al cierre de esta nota no había

habido respuesta.

Este 3 de diciembre termina el periodo constitucional de Luis Martínez al frente de la

Fiscalía General de la República. Los partidos FMLN y GANA, según declaraciones de

varios de sus diputados, lo consideran una excelente opción para seguir al frente de la

Fiscalía; ARENA está dividida al respecto.

Fuente: http://revistafactum.com/la-fiscalia-martinez-libro-culpa-chepe-diablo/

Dos buenas noticias

Editorial UCA

04/12/2015

El jueves 3 de diciembre fue un día importante para el país. El juez Miguel Ángel

García, titular del Juzgado Séptimo de Instrucción, hizo pública su resolución

sobre el caso del expresidente Francisco Flores. Y ese mismo día venció el

período de Luis Martínez como Fiscal General, por lo que la Asamblea

Legislativa debía reelegirlo o nombrar a su sustituto. Con respecto a ambos

hechos, la sociedad estaba expectante y el mundo político, divido. Por más que

aún no se pueda prever el desenlace de ambos acontecimientos, constituyen una

buena noticia para la democracia y para la institucionalidad. Francisco Flores fue

enviado a juicio. El juez confirmó la legitimidad de los querellantes particulares

y decretó detención provisional. El exmandatario tendrá que esperar el proceso

en las bartolinas de la PNC. El titular del juzgado estimó que habían suficientes

indicios para que el caso pasara a la siguiente fase (el juicio) por cuatro delitos:

peculado, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y desobediencia a

particulares.

La resolución de García fue un balde de agua fría para la defensa y los

apologetas políticos de Flores. Una derrota legal que también alcanza a la

Fiscalía, que compartió más posiciones con los abogados del expresidente

que con los querellantes particulares, aliados teóricos suyos en la defensa de

la sociedad y del Estado (Editorial UCA). La Fiscalía se negó a incluir en las

acusaciones el delito de lavado de dinero y solicitó, junto al equipo defensor,

excluir del proceso a la querella particular. Haciendo honor a la verdad, la

actuación del juez sorprendió a propio y extraños, pues lo que se vaticinaba, por

la casi total inoperancia de la justicia en el país, era que el expresidente sería

liberado.

Pero si nos atenemos a los hechos, el resultado de la audiencia preliminar fue el

que se debía esperar. Era casi imposible defender a Francisco Flores después de

su pública confesión en la Asamblea Legislativa, aunque algunos lo intentaron.

Los medios de comunicación de la derecha relativizaron el proceso y cedieron

sus espacios para la defensa de lo indefendible; los dirigentes, miembros y

aliados de Arena opinaron como si el partido no fuera parte de los ilícitos; y la

Fiscalía actuó de manera bochornosa y sesgada. Es decir, lo normal. Por ello, la

resolución del juez García da esperanza de que en El Salvador es posible avanzar

en la aplicación de justicia.

Por otra parte, es buena noticia que, vencido el plazo que da la Constitución, Luis

Martínez no haya sido reelegido como Fiscal General de la República. Diversos

sectores sociales han expresado razones de peso para oponerse a su reelección;

una de las principales es que se haya empleado a fondo para garantizar la

impunidad de quienes lo llevaron al cargo. El papel jugado por la Fiscalía en el

caso de Flores es solo uno de los ejemplos de ello. Pero hay más. La polémica

más reciente tiene que ver con el dinero que se encontró en unos barriles en

2010; 14.5 millones de dólares del narcotráfico que en teoría fue a parar a la

Fiscalía para fortalecer la investigación del delito. La negativa a revelar el uso

que se le ha dado a ese dinero ha sido adversada por el Instituto de Acceso a la

Información Pública, que consideró, en una resolución del 26 de noviembre, que

esa información no es reservada, por lo que la Fiscalía debe decir en qué lo

utilizó.

En realidad, en las actuaciones y actitudes de Luis Martínez se encuentran

sobradas razones para exigir su relevo. No hay que hacer mucho esfuerzo para

argumentar su falta de idoneidad. Incluso algunos sectores al interior de Arena se

han expresado públicamente en contra de la reelección de Martínez. Sin embargo,

la cúpula partidaria del FMLN valora como positiva su gestión y ha dejado

entrever su disposición a reelegirlo, contrariando no solo la ética y la decencia,

sino el sentir de parte importante de su base social. En esto, los dirigentes del

partido de izquierda navegan en solitario. Son ellos parte de la minoría que no

entiende que elegir un Fiscal competente y honesto es esencial para el buen

funcionamiento de una institución clave en el país.

En definitiva, los hechos del 3 de diciembre son positivos, pero constituyen solo

un avance provisional. En el juicio contra el expresidente debe hacerse presente

una Fiscalía deliberante, profesional y sin compromisos con sectores de poder.

Una Fiscalía que tenga como prioridad la defensa del pueblo salvadoreño y que

ponga todo su empeño en lograr la condena de quienes lo dañan. Ciertamente, la

resolución de Miguel Ángel García y la no reelección de Luis Martínez son

victorias, pero parciales. La democracia y la institucionalidad se fortalecen poco

a poco. Ya se verá si es posible agrietar el muro de la impunidad. Un primer paso

será, sin duda, la elección de un Fiscal interesado en aprovechar la oportunidad

que ha abierto el juez García.

Fuente: http://www.uca.edu.sv/noticias/editorial-3970

Por Susi Galdamez el 3 diciembre, 2015

Diciembre, sorpréndeme

Diciembre es un mes lleno de un espíritu diferente. Muchos esperan este mes

para compartir en familia o amigos. Incluso llenan las redes sociales con

publicaciones como “Diciembre sorpréndeme o bienvenido Diciembre”.

Y vaya que este mes me sorprendí cuando tuve que recargar mi celular y

la sorpresa fue que tenía que cancelar $0.10 centavos más de la cantidad que

legalmente debía pagar. El vendedor me dijo:

“Es por el nuevo impuesto señorita”.

Pero, ¿en qué consiste este nuevo “impuesto” a la telefonía? Pues se trata de una

contribución especial que sirve para financiar los planes de seguridad del

Gobierno, decisión que fue aprobada por la Asamblea Legislativa. Este impuesto

corresponde a un 5% del consumo en servicios de telefonía, internet y televisión

por cable, además del valor de los aparatos de telefonía fija, móvil y accesorios.

A partir de esto, la Defensoría del Consumidor publicó un comunicado donde

establece que el cobro mayor de la cantidad de saldo estipulado es ilegal y, si esto

ocurre, se debe denunciar.

“La Defensoría del Consumidor y la Defensoría del Contribuyente del Ministerio

de Hacienda están atendiendo las denuncias de la población sobre cobros

adicionales al 5% de la contribución especial. Las recargas de saldo para

teléfonos prepago no deben pagar ni un centavo más, pues la contribución ya está

incluida”.

– Comunicado de prensa 01/12/15.

Pero entonces, ¿porqué los vendedores cobran más? Y es que muchos

manifiestan que ellos solo siguen órdenes de las compañías telefónicas. Es por

eso que la Defensoría del Consumidor no solo debería investigar a los

vendedores, que (al parecer) solo reciben una orden y, según ellos, si no

aumentan el costo de las recargas, no generan un ingreso económico. Si fuera así,

eso es algo muy entendible, pero no se puede negar que también afecta a la

economía de los demás.

Sin lugar a dudas, uno de los problemas a los que el país más debe tener atención

es la seguridad, sin embargo nadie debe lucrarse del pueblo, ya que al final

(como en todo impuesto) es el más afectado. Con esta nueva contribución

estaremos diez años afectados, ya que la contribución especial tendrá ese tiempo

de duración.

Y de esta manera empezamos el último mes del año, con una enorme sorpresa del

5% más a los gastos de telefonía por parte del gobierno.

Diciembre, ¡ya me sorprendiste!

Fuente: http://revistafactum.com/diciembre-sorprendeme/

Atinado hubiera sido la invitación pública, desde el espacio socio-mediático de Galdámez, de dirigir el

repudio colectivo para que las compañías telefónicas no efectúen una práctica antiética.

La Tregua redefinió el mapa de asesinatos de El Salvador

Roberto Valencia

Publicado el 9 de marzo de 2015 | Comentarios (0)

Las cifras de homicidios vienen en lento aumento desde mediados de 2013 y ya

han alcanzado niveles similares a los de 2011. La Tregua está muerta y Salvador

Sánchez Cerén anunció el pasado enero que no continuará el diálogo con las

pandillas que inició Mauricio Funes. Pero un análisis pormenorizado de cifras y

mapas depara conclusiones sorprendentes: el proceso parece haber sentado bien a

amplias zonas de El Salvador.

Poco antes de cumplir tres años, la Tregua murió. El presidente Salvador Sánchez

Cerén firmó su acta de defunción el pasado 5 de enero. “No podemos volver al

esquema de entendernos y de negociar con las pandillas porque eso está al

margen de la ley”, dijo tras una reunión con jefes policiales. Con esa frase no

solo reconocía que el gobierno de Mauricio Funes, del que Sánchez Cerén era

vicepresidente, dialogó desde inicios de 2012 con la Mara Salvatrucha (MS-13) y

el Barrio 18. También resolvía por fin, al menos oficialmente, la prolongada duda

de si la nueva administración, que tomó posesión en junio de 2014, seguiría con

ese esfuerzo.

La Tregua te cambió las entrañas, El Salvador

Y si el nacimiento de la Tregua redujo radicalmente los homicidios, tras su

muerte El Salvador volvió a promediar –en las primeras semanas de enero de

2015– 14 asesinatos diarios, una cifra idéntica a la que el país arrojaba antes del 9

de marzo de 2012. Las maras siguen siendo un fenómeno criminal capaz de

lograr que los homicidios suban o se desplomen en un chasquido, como se

comprobó una vez más, temporalmente, después de que el 17 de enero de 2015

dieran orden de reducir las muertes . Las pandillas eran poderosas en 2012. Lo

siguen siendo hoy.

Pero aunque los promedios antes y después de la Tregua son similares, si se

escarba un poco entre los números se infiere que los salvadoreños no están

muriendo en los mismos lugares. La Tregua cambió el mapa negro del país:

zonas que antes eran ultraviolentas ahora no lo son tanto, y zonas que eran

calmas hoy son hervideros.

La Tregua fue un pacto a tres bandas suscrito entre la Mara Salvatrucha, el Barrio

18 y el gobierno de presidente Mauricio Funes, al que con el tiempo se agregaron

otros actores: la Organización de Estados Americanos, la pandilla La Mirada

Locos, la Iglesia católica, la pandilla Mao-Mao, Interpeace... El proceso, que

parecía abrir una nueva etapa en las políticas de seguridad de El Salvador y en su

historia de violencia, comenzó a debilitarse después de que Funes restructuró su

gabinete de seguridad en junio de 2013, y permaneció en coma profundo durante

todo el año siguiente.

Y si las palabras de Sánchez Cerén simbolizaron el acta de defunción, el proceso

recibió sepultura con el regreso al Centro Penal de Seguridad Zacatecoluca de los

principales ‘palabreros’ de las pandillas . Si el actual gobierno o cualquiera

futuro pretenden dialogar con las maras tendrán que construir un nuevo proceso

sobre la tumba del anterior. Y lo harán sobre un mapa de violencia diferente al de

inicios de 2012.

En cuanto a asesinatos, 2014 resultó muy parecido a 2011, con promedios de 11

y 12 homicidios diarios respectivamente. Sobre esta base, y conscientes de que

los asesinatos son tan solo uno entre el abanico de delitos que se cometen, la Sala

Negra comparó ambos años, municipio por municipio, para tratar de establecer

en qué zonas la violencia se desbordó, y qué otras se calmaron durante la Tregua.

Dicho con otras palabras, para presentar a qué partes del país la Tregua le sentó

bien, y a qué otras, mal.

Los datos son los facilitados por la Policía Nacional Civil (PNC) y, para calcular

la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, se recurrió a la más reciente

actualización de lasestimaciones de población de la Digestyc (Dirección General

de Estadística y Censos), fechada en septiembre de 2014. Sobre estas cifras se

han delimitado las microrregiones en las que más aumentaron los asesinatos entre

2011 y 2014, antes y después de la Tregua, que no tienen por qué coincidir al

milímetro con las más violentas, porque para ordenarlas una variable importante

fue la situación en la que esas zonas se encontraban hace tres años. Es decir, el

mapa refleja en azul y rojo en qué lugares la tasa de homicidios se alteró más,

para bien o para mal.

Tres ideas destacan en un primer nivel de lectura: una, que el área metropolitana

de San Salvador dejó de ser la zona más problemática en cuanto a asesinatos;

dos, que la incidencia de los homicidios es notablemente inferior en los

municipios cercanos a las líneas fronterarizas; y tres, que la franja central del país

(Cuscatlán, La Paz, Cabañas y Usulután) ha pasado a ser indiscutiblemente la

más violenta de El Salvador.

Estas son las conclusiones de la primera lectura, pero, como reza el dicho, la

esencia está en los detalles.

Comarcas a las que la Tregua les sentó mal

Hay zonas de El Salvador en las que los asesinatos se dispararon más del 200 %

entre 2011 y 2014. El ránking de las comarcas (comarca: división de territorio

que comprende varias poblaciones, según el diccionario de la Real Academia

Española, y nombre que se usará en este artículo para denominar a los municipios

unidos por tener un comportamiento similar) más problemáticas lo encabeza un

conjunto de pueblos situados sobre el límite entre los departamentos de Usulután

y San Miguel, con Santiago de María, Jucuapa, Chinameca, Santa Elena y

Concepción Batres como estandartes. Por todo son 14 municipios que acogen a

más de 190,000 salvadoreños, y en los que los asesinatos se incrementaron de 59

a 194.

Otras “zonas rojas” que se crearon en los 34 meses que duró la Tregua son la

ribera oriental del lago de Suchitlán, tanto los municipios chalatecos como los de

Cuscatlán; los pueblos y cantones sobre la carretera al puerto de La Libertad

(Zaragoza, San José Villanueva, Huizúcar...); la zona en la que confluyen los

departamentos de San Salvador, La Libertad y Chatelanango (El Paisnal, San

Pablo Tacachico, Tejutla...); el eje Izalco-Nahuizalco, con Caluco y San Julián

como escuderos; y los municipios ubicados en la bahía de Jiquilisco.

Una mención más minuciosa merecen otras dos zonas, por su mayor peso

poblacional. La primera es el área en torno a Cojutepeque-El Carmen-Santa Cruz

Michapa-Monte San Juan-San Pedro Perulapán, con ramales de violencia

desmedida que llegan al poniente hasta San Martín, al oriente hasta Ilobasco, y al

sur hasta los pequeños municipios de la zona norte del departamento de La Paz.

Es una populosa comarca –más de 350,000 habitantes en 16 municipios– en la

que los salvadoreños asesinados en un año pasaron, antes y después de la Tregua,

de 177 a 446. La tasa actual es de 127 homicidios por cada 100,000 habitantes,

casi el doble que la de Honduras.

La otra zona sorprendente es Zacatecoluca y alrededores, con los Nonualcos

(Santiago y San Juan), San Rafael Obrajuelo y Tecoluca, este último del

departamento de San Vicente. Es una comarca de 170,000 habitantes en la que

los homicidios brincaron de 110 a 210. La Sala Negra publicó en noviembre una

crónica titulada ‘La rebelión por la que sangra Zacatecoluca’, que aborda el

porqué de la explosión de violencia.

Por último, la Tregua también le sentó mal a San Salvador y Mejicanos. Las alzas

no son tan contundentes como en las comarcas referidas, pero significativas

porque escapan a la tendencia dominante en el área metropolitana de la capital,

donde la cifra de homicidios bajó entre 2011 y 2014.

Comarcas a las que la Tregua les sentó bien

Por la hostilidad generalizada que hay en la sociedad hacia la Tregua como

proceso, quizá resulte más sorprendente el hallazgo de que hay amplias comarcas

del territorio nacional en las que durante 2014 las cifras de asesinatos se

mantuvieron similares a las de 2012 y 2013, cuando todo el país tuvo un abrupto

descenso como consecuencia directa de la Tregua.

Casi todas son zonas en las que, a escala local, con participación de alcaldías,

oenegés e iglesias, la Tregua se interpretó como una oportunidad, y se aprovechó

esa coyuntura para implementar planes de inserción que las cifras parecen indicar

que han tenido algún nivel de efectividad.

El sorprendente primer lugar entre los ‘beneficiarios’ de la Tregua es para el área

metropolitana de Sonsonate, incluida la ciudad de Acajutla. Son cinco municipios

que engloban a más de 200,000 salvadoreños, en los que se pasó de 285

asesinatos en 2011 a 70 en 2014, un insólito descenso del 75 %, de 142 a 37

homicidios por cada 100,000 habitantes. Un caso digno de estudio más

pormenorizado, pero todo indica que algo se hizo bien durante la Tregua; no

cuesta relacionarlo con las inversiones y las dinámicas que el Programa de

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) puso en marcha en los años previos.

El caso específico de Acajutla fue abordado también por la Sala Negra, donde el

pasado diciembre se publicó otra extensa crónica, titulada ‘El supuesto milagro

de Acajutla’.

Otros lugares que sorprenden positivamente por su relativa calma en 2014 son la

cabecera departamental de San Vicente; la zona central del departamento de La

Libertad, con San Juan Opico y Ciudad Arce como principales responsables del

descenso en los asesinatos; los municipios cercanos a la frontera de El Amatillo,

con Santa Rosa de Lima como epicentro; el tándem Santa Tecla-Antiguo

Cuscatlán, que con 16 homicidios por cada 100,000 habitantes presenta ya cifras

más propias de Costa Rica que de El Salvador; y el sector de Panchimalco-

Olocuilta-San Juan Talpa-Puerto de La Libertad.

Por su peso poblacional y su simbolismo, merece destacarse que también se

cayeron a menos de la mitad los homicidios en las dos principales ciudades del

interior: San Miguel y Santa Ana. Esta última extendió su aura de relativa calma

a municipios aledaños como Texistepeque, Nueva Concepción y San Sebastián

Salitrillo.

Por último, la Tregua parece haber sentado bien al área metropolitana de San

Salvador, con las excepciones ya señaladas de San Salvador y Mejicanos. Los

asesinatos bajaron de 174 a 138 en Soyapango; de 81 a 45 en Tonacatepeque, que

incluye al Distrito Italia y varias etapas de la residencial Altavista; de 104 a 84 en

Ciudad Delgado; de 50 a 27 en San Marcos; de 45 a 10 en Ayutuxtepeque; de 65

a 37 en Cuscatancingo... generosos descensos en el número de salvadoreños

asesinados.

Siempre dentro del área metropolitana está Ilopango. Su alcalde, Salvador

Ruano, fue cuestionado con dureza desde los sectores anti-Tregua por apostar al

diálogo con los pandilleros y apoyarles con proyectos productivos de inserción,

pero las cifras lo respaldan. Tomó las riendas de un municipio en el que rara vez

se bajaba de los 100 asesinatos anuales, y durante tres años consecutivos el

número se ha estabilizado en torno a 50, con una tasa en 2014 de 39 homicidios

por cada 100,000 habitantes, muy por debajo del promedio nacional.

¿Y los Municipios Santuario?

A mediados de 2012, los asesinatos en El Salvador se habían estabilizado en

torno a cinco diarios, algo desconocido desde los Acuerdos de Paz. En ese

contexto, los mediadores Raúl Mijango y monseñor Fabio Colindres concibieron

–con la venia presidencial– la segunda fase de lo que sus promotores comenzaron

a llamar ya proceso de pacificación: la piedra angular era la creación de “zonas

especiales de paz”, que en principio fueron bautizadas como Municipios

Santuario.

En un comunicado hecho público el 22 de noviembre, firmado por los dos

mediadores, se recogía un decálogo de condiciones para que una ciudad pudiera

considerarse Municipio Santuario. Sobresalían la no agresión entre pandillas, el

compromiso de parte de los pandilleros de erradicar poco a poco todo tipo de

delitos, el compromiso policial de evitar redadas nocturnas indiscriminadas y de

no perseguir al pandillero por su condición, y el involucramiento de las alcaldías

y otros actores locales para generar opciones de empleo para la inserción social.

La iniciativa fue recibida con hostilidad de parte de los opositores a la Tregua,

incluidos los principales medios de comunicación, al punto de tener que sustituir

el nombre ‘Municipios santuario’ por la campaña visceral que se montó en

contra: se optó por ‘Municipios libres de violencia’.

En enero de 2013 se presentaron los primeros cuatro: Ilopango, Quezaltepeque,

Sonsonate y Santa Tecla. Con el paso de las semanas la cifra subió a 11: Apopa,

San Vicente, La Libertad, Zacatecoluca, Ciudad Delgado, Nueva Concepción y

Puerto El Triunfo. Cinco eran gobernados por el FMLN; cinco por Arena, y uno

por Cambio Democrático.

En todos ellos hubo actos públicos en los que los pandilleros se comprometieron

a reducir la violencia. Después llegó el terremoto en el gabinete de seguridad de

junio de 2013, y el tema de los Municipios libres de violencia prácticamente

desapareció de la agenda mediática, aunque los mediadores siguieron

trabajándolo con el apoyo financiero de la cooperación internacional.

¿Qué comportamiento tuvieron los homicidios con los Municipios libres de

violencia? De los 11, tan solo en Puerto El Triunfo y en Zacatecoluca hubo más

en 2014 que en 2011. “En Zacate se dispararon por la ruptura interna de los

Revolucionarios y por los grupos policiales de exterminio”, trata de justificar

Mijango.

En Quezaltepeque y Apopa los asesinatos disminuyeron, pero la reducción fue

modesta. Estos dos municipios, sin embargo, si bien se sumaron a la iniciativa,

sus alcaldes no dieron seguimiento a los compromisos adquiridos, y en la

práctica se desvincularon.

En las otras siete ciudades es como si en lugar de haber pasado tres años,

hubieran pasado tres décadas. En la cabecera departamental de Sonsonate se bajó

de 126 asesinatos en 2011 a 33 en 2014; en Santa Tecla, de 53 a 21; en San

Vicente, de 64 a 20; en Nueva Concepción, de 27 a 12; en Ciudad Delgado, de

104 a 84; en La Libertad, conocido como el puerto de La Libertad, de 54 a 11; y

en Ilopango, como ya se señaló, de 117 a 50. En estos municipios pareciera que

la Tregua se mantuvo vigorosa también en 2014, ya que escaparon al alza

generalizada registrada en El Salvador.

¿Qué ocurrió en las elecciones municipales del 1º de marzo con esos alcaldes que

se atrevieron a apostar por el diálogo? En los acalorados debates en redes sociales

mayoritariamente se denigra todo lo relacionado con la Tregua. Según una

encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA) hecha pública en diciembre,

ocho de cada diez salvadoreños están en contra de que se dialogue con las

pandillas con el objetivo de reducir la violencia. La cita electoral se presentaba

pues como un buen termómetro para medir si los vecinos de los ‘Municipios

libres de violencia’ –aquellos ciudadanos que más de cerca conviven con las

consecuencias del fenómeno de las maras y mejor pueden valorar si ha habido

mejoras o no–, respaldaban a los ediles que apostaron al diálogo directo con los

pandilleros para resolver los problemas de violencia y de convivencia social.

Pues bien, si se excluyen a Apopa y Quezaltepeque porque se apartaron del

proceso apenas inició, y a Santa Tecla porque el edil que impulsó la iniciativa no

aspiraba a la reelección, hay tres alcaldes reprobados por sus vecinos: los de

Puerto El Triunfo, La Libertad y Nueva Concepción. Pero en cinco ciudades

(Ilopango, Sonsonate, Ciudad Delgado, Zacatecoluca y San Vicente), los

ciudadanos refrendaron en su cargo a los funcionarios que impulsaron procesos

de pacificación sin excluir a los pandilleros.

Fuente: http://www.salanegra.elfaro.net/es/201503/cronicas/16490/La-Tregua-

redefini%C3%B3-el-mapa-de-asesinatos-de-El-Salvador.htm