ZONA FRANCA DEFINICIÓN Es un área geográfica delimitada dentro del territorio nacional, en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios o actividades comerciales, bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. OBJETIVOS DEL NUEVO RÉGIMEN DE ZONAS FRANCAS Promover la competitividad del empresario en un mercado global. Promover la creación de empleo y la captación de nuevas inversiones. Promover la competitividad en las regiones donde se establezcan. Desarrollar procesos industriales altamente productivos y competitivos. Promover la generación de economías de escala. Simplificar los procedimientos del comercio de bienes y servicios. UBICACIÓN DELA ZONA FRANCA EN URABA La Zona Franca de Urabá, está ubicada en el municipio de Apartadó, República de Colombia, a 340 kilómetros de distancia de Medellín y 739 de Bogotá, por carretera, siendo el trayecto más corto para llegar al atlántico desde el centro y el interior del país. La región de Urabá hace parte del Darién Colombiano, comparte frontera con la República de Panamá, y está cerca de la Zona Libre de Colón. El Golfo de Urabá es el puerto natural de la región sobre el Atlántico; con una profundidad promedio de 20,00 mt, el calado en el canal de acceso es operativo para cualquier tipo de buque empleado para el tráfico de mercancías actualmente.
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ZONA FRANCA
DEFINICIÓN
Es un área geográfica delimitada dentro del territorio nacional, en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios o actividades comerciales, bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior.
OBJETIVOS DEL NUEVO RÉGIMEN DE ZONAS FRANCAS
Promover la competitividad del empresario en un mercado global. Promover la creación de empleo y la captación de nuevas inversiones. Promover la competitividad en las regiones donde se establezcan. Desarrollar procesos industriales altamente productivos y competitivos. Promover la generación de economías de escala. Simplificar los procedimientos del comercio de bienes y servicios.
UBICACIÓN DELA ZONA FRANCA EN URABA
La Zona Franca de Urabá, está ubicada en el municipio de Apartadó, República de Colombia, a 340 kilómetros de distancia de Medellín y 739 de Bogotá, por carretera, siendo el trayecto más corto para llegar al atlántico desde el centro y el interior del país.
La región de Urabá hace parte del Darién Colombiano, comparte frontera con la República de Panamá, y está cerca de la Zona Libre de Colón.
El Golfo de Urabá es el puerto natural de la región sobre el Atlántico; con una profundidad promedio de 20,00 mt, el calado en el canal de acceso es operativo para cualquier tipo de buque empleado para el tráfico de mercancías actualmente.
Los barcos accionan en una bahía protegida de vientos y mareas durante todo el año, lo que facilita las operaciones de cargue y descargue de los buques por ambos lados, sin interrupciones, durante las 24 horas del día.
Urabá es el epicentro del desarrollo económico, social y exportador de una región con inmensas potencialidades y una estratégica posición geográfica.
LA EMPRESA
La Zona Franca de Urabá es una sociedad privada creada por un representativo grupo agroindustrial y exportador que lleva más de treinta años operando en la región de Urabá, con una amplia experiencia y conocimiento en materia de comercio exterior y aduanas.
Cuenta con la capacidad operativa y financiera para ejercer sus funciones como lo señala el concepto técnico, económico, financiero y de mercado emitido por la subdirección de comercio exterior.
Entre los objetivos de la Zona Franca de Urabá están:
Promover un nuevo polo de desarrollo. Desarrollar el comercio exterior en todas sus formas. Diversificar la oferta exportadora de la región. Ofrecer nuevas oportunidades de negocios. Generar empleo. Impulsar procesos industriales altamente productivos. Hacer de la competitividad un reto permanente. Buscar economías de escala. Servir de enlace entre los diferentes agentes del mercado.
USUARIO OPERADOR
La Zona Franca de Urabá fue aprobada por la DIAN bajo resolución No. 05423 de 20 de junio de 2008 y, a su vez, fue autorizada como Usuario Operador. Como tal, le han sigo delegadas las siguientes funciones:
Dirigir, Administrar, Supervisar, Promocionar y desarrollar la zona franca. Calificar usuarios industriales y comerciales. Manejar las operaciones de ingreso y egreso de bienes desde y hacia la Zona
Franca. Realizar el control de todo lo que entra y sale de la Zona Franca y expedir los
certificados de integración. La Zona Franca de Urabá cuenta con el apoyo y acompañamiento de la Zona
Franca de Rionegro (Promotora Nacional de Zonas Francas), quien tiene 15 años de experiencia en el manejo y operación de éstas.
BENEFICIOS DEL REGIMEN FRANCO
BENEFICIOS TRIBUTARIOS
Tarifa única de impuesto a la renta del 15%. Las ventas de bienes, insumos y materia prima desde el territorio nacional a Zona
Franca, son exentas de IVA, con derecho a devolución de impuestos.
Los beneficios del Estatuto Tributario aplican igualmente a los usuarios calificados en una zona franca, como por ejemplo:
Los dividendos pagados a los socios son exentos de impuesto a la renta. Exención del Impuesto de Remesa sobre giros al exterior, por cualquier concepto
(Ley 1004 de 2005). Deducción del 40% por inversión en activos fijos reales productivos.
Posibilidad de suscribir contratos de Estabilidad Jurídica para que las empresas conserven la calidad de usuario de la Zona Franca en el largo plazo.
BENEFICIOS ADUANEROS
Extraterritorialidad aduanera. No pago de IVA ni tributos aduaneros para todo tipo de bienes del exterior, que
ingresen y permanezcan en la Zona Franca. Almacenamiento indefinido de mercancías. Nacionalización parcial de mercancías. Ingreso al territorio nacional con pago de aranceles e IVA sobre el componente
extranjero.
BENEFICIOS TRIBUTARIOS LOCALES
Exoneración, hasta por 10 años, del pago de Impuesto de Industria y Comercio y tarifa preferencial en el Impuesto Predial en el municipio de Apartadó, sede de la Zona Franca (Acuerdo 15 de 2007).
ACUERDO MUNICIPAL 15 DEL 2007
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
Municipio de Apartadó
CONCEJO
ACUERDO No.015
“POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL ACUERDO DE ESTIMULOS TRIBUTARIOS PARA DESARROLLO ECONOMICO Y LA GENERACION DE EMPLEO A LAS EMPRESAS NUEVAS
EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ”
EL CONCEJO MUNICIPAL DE APARTADÓ, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los numerales 2° y 4° del Artículo 313 de la Constitución Nacional, el Artículo 38 de la Ley 14 de 1983, el Artículo 32 de la Ley 136 de 1994,
ACUERDA
ARTÍCULO 1º DEFINICIÓN EMPRESA: para efectos del presente Acuerdo se entiende por Empresa toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica en actividades Industriales y de Servicios.
ARTÍCULO 2° DEFINICIÓN DE NUEVAS EMPRESAS: Para efectos del presente Acuerdo, se entiende por Nueva Empresa la que se instale por primera vez en el Municipio de Apartadó. Se EXCLUYEN de este beneficio las empresas que hayan sido producto o consecuencia de la Liquidación, transformación, fusión, escisión o división de las ya existentes, o aquellas que simplemente cambien su nombre comercial o razón social, venta de los derechos sociales cualquier otra transacción u operación que conlleve a simular la creación de nuevas empresas o empleos, de sociedades preexistentes o de creación de sociedades o empresas unipersonales qué se dediquen a la explotación de establecimientos preexistentes.
PARÁGRAFO: Se incluye en la presente definición de nuevas empresas a las agencias, filiales sucursales de empresas con domicilio en cualquier ciudad del país que se instalen en el Municipio.
ARTÍCULO 3º EXENCIÓN DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO Y TRATAMIENTO ESPECIAL EN IMPUESTO PREDIAL A NUEVAS EMPRESAS Exonerar del Pago del 100% del impuesto de industria y comercio, su complementario de avisos y tableros y se concede un tarifa preferencial entre el 1/1000 y el 4/1000 en el impuesto predial unificado a las personas naturales y jurídicas que decidan emprender proyectos empresariales con sede en la jurisdicción del Municipio de Apartadó, con sujeción a las condiciones estipuladas en el presente Acuerdo.
PARAGRAFO 1. Las tarifas preferenciales al impuesto predial unificado señaladas en este Acuerdo, no incluyen beneficios de la sobretasa ambiental, bomberil y cualquier otro que constituya recursos de terceros.
ARTICULO 4º CLASES DE BENEFICIOS: La exoneración y tarifa preferencial de que trata el artículo anterior será hasta por el término de diez (10) años, a partir de la expedición del acto administrativo que otorgue los beneficios a las personas naturales o jurídicas que cumplan las condiciones, de acuerdo a los siguientes parámetros:
a. Por un lapso de tres (3) años, a las empresas que vinculen de forma permanente y directa entre diez (10) y quince (15) trabajadores con residencia permanente en Apartadó, se les aplicará la tarifa del 4/1000 en el impuesto predial.
b. Por un lapso de cinco (5) años, a las empresas que vinculen de forma permanente y directa entre dieciséis (16) y treinta (30) trabajadores con residencia permanente en Apartadó, se les aplicará la tarifa del 3/1000 en el impuesto predial.
c. Por un lapso de ocho (8) años, a las empresas que vinculen de forma permanente y directa entre treinta y uno (31) y cincuenta (50) trabajadores con residencia permanente en Apartadó, se les aplicará la tarifa del 2/1000 en el impuesto predial.
d. Por un lapso de diez (10) años, a las empresas que vinculen de forma permanente y directa más de cincuenta (50) trabajadores con residencia permanente en Apartadó, se les aplicará la tarifa del 1/1000 en el impuesto predial.
PARÁGRAFO 1: Si el contribuyente acreedor de la exención varía las condiciones que dieron origen a la misma, se procederá a la revocación mediante resolución motivada expedida por el Alcalde Municipal.
ARTÍCULO 5° PROCEDENCIA DE LA EXONERACIÓN Y TRATAMIENTO ESPECIAL. Para que proceda la exención y el tratamiento especial considerado en los Artículos previstos en el presente acuerdo, se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1. Enviar petición escrita al Alcalde Municipal en cualquier tiempo, en el cual se manifiesta que el Contribuyente tiene la intención de establecerse o se ha establecido en el Municipio de Apartadó, señalando la identificación de la persona natural o jurídica, la actividad económica, el lugar de ubicación de las instalaciones en el Municipio de Apartadó y la sede principal de sus negocios (si está registrado u opera en otra jurisdicción), los predios que son objeto del tratamiento especial.
2. Cumplimiento de las normas en materia ambiental.3. Estar inscrito en la Cámara de Comercio de ó en el cual deberá aparecer como
actividad principal alguna de las actividades descritas en el artículo 6º. Del presente Acuerdo.
4. Encontrarse a paz y salvo con el Municipio de Apartadó en lo relacionado con el pago de licencias, impuestos, tasas, contribuciones y cualquier aspecto fiscal o tributario. Acreditar a través de una caja de compensación familiar que el 80% como mínimo de sus trabajadores permanentes tienen como residencia el Municipio de Apartadó
5. Para la tarifa preferencial del impuesto predial unificado, entiéndase que las personas naturales y jurídicas deben ser propietarios del predio donde vaya a funcionar la empresa.
6. PARAGRAFO: El incumplimiento de por lo menos una de las obligaciones establecidas en el presente acuerdo, serán motivo de cancelación del beneficio de la exoneración en forma inmediata.
ARTICULO 6°OTORGAMIENTO DE LA EXONERACIÓN. Los contribuyentes que gocen de la exención del presente Acuerdo deberán demostrar por escrito dentro de los tres (3) primeros meses de cada vigencia fiscal ante la Secretaría de Hacienda Municipal, las condiciones que dieron origen a la exención están vigentes. Mediante Acto Administrativo el Alcalde Municipal determinará si es procedente o no el beneficio, previa verificación de las condiciones señaladas en este Acuerdo por parte de la Secretaría de Hacienda, en un término no mayor a treinta (30) días hábiles. Contra el Acto que niegue la exención procederán los recursos de vía gubernativa en los términos y condiciones señalados en el Código Contencioso Administrativo.
PARÁGRAFO TRÁNSITORIO. Para las empresas que se hayan constituido legalmente durante el año 2007, tendrán derecho a los beneficios del presente Acuerdo, siempre y cuando cumplan con los requisitos del mismo y deberán elevar solicitud dentro de los treinta (30) días siguientes a la entrada en vigencia del presente Acuerdo.
ARTÍCULO 7° VIGILANCIA Y CONTROL. Para la vigilancia y control de lo establecido en este acuerdo y demás disposiciones concordantes, la Secretaría de Hacienda Municipal, deberá realizar visitas especiales a las empresas exoneradas para verificar el cumplimiento a lo dispuesto en el presente acuerdo.
ARTICULO 8° ACTIVIDADES EXENTAS Y DE TRATAMIENTO ESPECIAL. La exención y el tratamiento especial de que trata el presente Acuerdo cobijarán a los sectores industriales y de servicio de interés estratégico para la región y en particular del Municipio de Apartadó que se determinan adelante:
a. Servicios de: portuarios y actividades conexas, Hoteles de más de tres estrellas, complejos turísticos de más de 10 hs, Call center, Industrialización de actividades agrícolas y pecuarias.
b. Comercializadoras internacionales.c. Ensambladoras.d. Fabricación de: manufactureras, alimentos, bebidas, textiles, prendas de vestir,
curtidos y preparación de cueros, calzado, papel, cartón, sustancias y productos químicos, caucho, plástico, productos en metal y no metal, maquinaria, equipos.
PARAGRAFO: Para efectos del presente acuerdo se entiende por actividades industriales las dedicadas a la extracción, fabricación, confección, preparación,
transformación, reparación, manufacturas y ensamblaje de cualquier clase de materiales o bienes.
ARTÍCULO 9° DECLARACIÓN PRIVADA. La exención contemplada en el presente Acuerdo no exonera al contribuyente de la responsabilidad de presentar la declaración privada en los formularios establecidos para tal efecto.
ARTICULO 10º El Presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.
Dado en las sesiones ordinarias del mes de agosto de 2007.
HECTOR RANGEL PALACIOS R. MARIELLY MOLINA PUERTA
Presidente Secretaria General
SE HACE CONSTAR
Que el presente Acuerdo fue discutido y aprobado en dos debates, realizados en dos días diferentes.
Apartadó, 05 de septiembre de 2007
MARIELLY MOLINA PUERTA
Secretaria General
VENTAJAS COMPETITIVAS Y LOCALIZACION
Ubicación Geográfica
1. La Zona Franca de Urabá, en Colombia, ofrece fácil acceso a los mercados externos del Pacífico y el Caribe, Centroamérica, EE.UU. y la Unión Europea.
2. Está situada en el municipio de Apartadó, epicentro del desarrollo económico, social y exportador de Urabá.
3. Puerta de entrada a Suramérica y al Mercado Andino, con 115 millones de consumidores.
4. Urabá es el puerto de destino sobre el Atlántico más cercano a Bogotá, Cali, Medellín, el centro y el sur-occidente colombiano.
5. El ahorro en distancia representa una economía que oscila entre 300 y 500 km.6. Urabá es considerada “la mejor esquina de América”, por su estratégica y
privilegiada posición geopolítica.7. Es terminal terrestre, aérea, marítima y fluvial.
Ubicación Regional
Distancia a Puertos del Caribe
Eje del Comercio Global
La vecindad al Canal de Panamá y a la Zona Libre de Colón, convierte la Zona Franca de Urabá en una plataforma de negocios complementarios.
Urabá ofrece beneficios logísticos y estratégicos sin igual a las empresas nacionales y extranjeras que se instalen en su territorio.
Está en el nudo de los megaproyectos del Plan Puebla - Panamá, con el Canal del Atrato - Truandó, la Integración de la Infraestructura Regional de Sur América (IIRSA) y el Puente Terrestre Interoceánico, o canal seco, que unirá el Atlántico con el Pacífico a través de una carretera, un ferrocarril y un poliducto.
Sistema Vial para la Competividad
La vía Urabá-Medellín-Bogotá ha sido definida por el Gobierno Nacional como la “Ruta para la Competitividad del País”. Los trabajos de la doble calzada Urabá - Medellín están próximos a iniciarse y los de Medellín - Bogotá están en trámite.
La Troncal del Caribe, que une a Urabá con la costa Atlántica y Venezuela, está en ejecución. Los trabajos de rectificación y pavimentación del tramo que faltaba entre Turbo y Arboletes, avanzan satisfactoriamente.
En la vía Panamericana, muy pronto se iniciará la construcción de los 50 km faltantes hasta la frontera con Panamá, como parte de los objetivos del Plan Puebla-Panamá. Este país se verá comprometido a ejecutar los 50 km restantes en su territorio.
Sistema Aéreo
El aeropuerto los Cedros de Urabá fue entregado en concesión a la firma Colombo-China Airplan, que ya definió las inversiones para ampliar la pista, modernizar la terminal de pasajeros y de carga.
La pista, de 2.200 m de largo, es la segunda en Antioquia después del José María Córdova y mueve 11.000 pasajeros al mes. Se está habilitando para que pueda operar vuelos internacionales.
Seguridad y Servicios
1. La seguridad democrática funciona bien. La fuerza pública y las guarniciones militares garantizan total seguridad en el área.
2. Las Empresas Públicas de Medellín (EPM) suministran los servicios públicos de energía y acueducto. Para las telecomunicaciones existen varios proveedores.
3. El sector financiero tiene una importante presencia en la zona.
4. Con el más alto crecimiento demográfico del país, se cuenta con mano de obra suficiente y capacitada, con una cultura exportadora de cinco décadas.
5. La Universidad de Antioquia y trece Instituciones de Educación Superior tienen sede en Apartadó.
6. Se cuenta con asistencia médica y servicios hospitalarios de la mejor calidad y cobertura.
Objetivos Empresariales
La Federación Nacional de Cafeteros exportará parte de su café por Urabá al obtener menores costos en el transporte terrestre.
La brasilera Vale Do Rio Doce, rey del hierro en el mundo y el segundo minero del planeta, y la americana Alcoa, buscan instalar sus plantas en Urabá y construir un nuevo puerto; sus inversiones sobrepasan los US 3.000 millones.
La Hidroeléctrica Pescadero-Ituango, en la ruta a Urabá, es un megaproyecto con una potencia de 2.400 MW que entrará en ejecución en el corto plazo.
Objetivos Empresariales
a. La Federación Nacional de Cafeteros exportará parte de su café por Urabá al obtener menores costos en el transporte terrestre.
b. La brasilera Vale Do Rio Doce, rey del hierro en el mundo y el segundo minero del planeta, y la americana Alcoa, buscan instalar sus plantas en Urabá y construir un nuevo puerto; sus inversiones sobrepasan los US 3.000 millones.
c. La Hidroeléctrica Pescadero-Ituango, en la ruta a Urabá, es un megaproyecto con una potencia de 2.400 MW que entrará en ejecución en el corto plazo.
Infraestructura de Servicios
Vías
Vías pavimentadas de 10 m de ancho. Andenes de 2.50 m a cada lado. Vías internas con radios de giro adecuados para tractocamiones. Patio de recepción e inspección de mercancías para tractocamiones. Accesos separados para vehículos de carga pesada, livianos, motos y
peatones. Vías diseñadas con altas especificaciones para el tráfico pesado.
Redes de Servicios
Acueducto de agua potable. Redes independientes de aguas lluvias y aguas residuales. Planta de tratamiento de aguas residuales. Manejo interno de residuos sólidos. Subestación eléctrica. Redes eléctricas internas a 44kv y a 13.2kv, con conexión frente a cada
lote. Comunicaciones: Posibilidad de banda ancha, transmisión de voz, datos y
video.
Seguridad
Circuito cerrado de TV para vigilancia y control. Cerramiento perimetral. Portería y control de acceso y salida. Sistema integral de seguridad 24 horas al día.
Otras Facilidades
Báscula para control de mercancías. Montacargas. Oficinas de la DIAN. Restaurante y Cafetería. Parqueaderos para visitantes. Oficinas internas y externas para venta y arriendo. Amplias zonas verdes con árboles nativos.
Tipo de usuarios en la zona franca
Definicioin de usuarios
Un usuario es quien usa ordinariamente algo. El término, hace mención a la persona que utiliza algún tipo de objeto o que es destinataria de un servicio, ya sea privado o público.
Usuario Operador
Es la persona jurídica autorizada para dirigir, administrar, supervisar, promocionar y desarrollar una o varias Zonas Francas, así como para calificar a usuarios.
Usuario Industrial de Servicios
Es la persona jurídica autorizada para desarrollar exclusivamente, en una o varias Zonas Francas, entre otras, las siguientes actividades:
Logística: transporte, manipulación, distribución, empaque, reempaque, envase, etiquetado o clasificación.
Telecomunicaciones. Investigación científica y tecnológica. Asistencia médica, odontológica y en general de salud. Turismo. Reparación, limpieza o pruebas de calidad de bienes. Soporte técnico, mantenimiento y reparación de equipos, naves, aeronaves o
maquinaria. Auditoría, administración, corretaje, consultoría o similares.
Usuario Industrial de Bienes
Es la persona jurídica instalada exclusivamente en una o varias Zonas Francas, autorizada para producir, transformar o ensamblar bienes mediante el procesamiento de materias primas o de productos semielaborados.
Usuario Comercial
Es la persona jurídica autorizada para desarrollar actividades de mercadeo, comercialización, almacenamiento o conservación de bienes, en una o varias Zonas Francas.
Cartilla de calificación
La Cartilla de Calificación de Usuarios hace referencia a los documentos y formatos que debe anexar y llenar el potencial usuario que quiera instalarse en la Zona Franca de Urabá. Cualquier inquietud o información adicional favor comunicarse con nosotros.
Normatividad vigente
LEY No. 1004
Del 30 de diciembre de 2005
“Por la cual se modifican un régimen especial para estimular la Inversión y se dictan otras disposiciones” El Congreso de la República de Colombia
Decreta:
CAPITULO L
ZONA FRANCA
Artículo 1: La Zona Franca es el área geográfica delimitada dentro del territorio nacional, en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de servicios, o actividades comerciales, bajo una normatividad especial en materia tributaria, aduanera y de comercio exterior. Las mercancías ingresadas en estas zonas se consideran fuera del territorio aduanero nacional para efectos de los impuestos a las importaciones y a las exportaciones.
Artículo 2: La Zona Franca tiene como finalidad:
1. Ser instrumento para la creación de empleo y para la captación de nuevas inversiones de capital.
2. Ser un polo de desarrollo que promueva la competitividad en las regiones donde se establezca.
3. Desarrollar procesos industriales altamente productivos y competitivos, bajo los conceptos de seguridad, transparencia, tecnología, producción limpia, y buenas prácticas empresariales.
4. Promover la generación de economías de escala.
5. Simplificar los procedimientos del comercio de bienes y servicios, para facilitar
Su venta.
Artículo 3: Son usuarios de Zona Franca, los Usuarios Operadores, los
Usuarios Industriales de Bienes, los Usuarios Industriales de Servicios y los
Usuarios Comerciales.
El Usuario Operador es la persona jurídica autorizada para dirigir, administrar,
Supervisar, promocionar y desarrollar una o varias Zona Francas, así como para
calificar a sus usuarios.
El Usuario Industrial de Bienes es la persona jurídica instalada exclusivamente
en una o varias zonas francas, autorizada para producir, transformar o ensamblar bienes mediante el procesamiento de materias primas o de productos
semielaborados.
El Usuario Industrial de Servicios es la persona jurídica autorizada para
desarrollar, exclusivamente, en una o varias Zonas Francas, entre otras, las
2. Telecomunicaciones, sistemas de tecnología de la información para captura,
procesamiento, almacenamiento y transmisión de datos, y organización, gestión u
operación de bases de datos.
3. Investigación científica y tecnológica.
4. Asistencia médica, odontológica y en general de salud.
5. Turismo.
6. Reparación, limpieza o pruebas de calidad de bienes.
7. Soporte técnico, mantenimiento y reparación de equipos, naves, aeronaves o
maquinaria;
8. Auditoría, administración, corretaje, consultoría o similares.
Artículo 393-21. Usuario comercial. Es la persona jurídica autorizada para desarrollar
actividades de mercadeo, comercialización, almacenamiento o conservación de bienes,
en una o varias Zonas Francas.
Los usuarios comerciales no podrán ocupar, en conjunto, un área superior al
veinticinco por ciento (25%) del área total de la respectiva Zona Franca.
Artículo 393-22. exclusividad. Las personas jurídicas que soliciten la calificación
como usuario industrial de bienes y usuario industrial de servicios, deberán estar
instaladas exclusivamente en las áreas declaradas como Zona Franca y podrán
ostentar simultáneamente las dos calidades.
El servicio ofrecido por el Usuario Industrial de servicios deberá ser prestado dentro
del área declarada como Zona Franca.
La persona jurídica que solicite la calificación como usuario comercial no podrá
ostentar simultáneamente otra calificación pero el desarrollo de su objeto social no está
circunscrito al área declarada como Zona Franca.
Artículo 393-23. Calificación de usuarios de Zona Franca Permanente. La calidad de
usuario industrial de bienes, de usuario industrial de servicios o de usuario comercial se
adquiere con la calificación expedida por el usuario operador ratificada por concepto
que con posterioridad a la calificación profiera la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, quien deberá verificar que el usuario no tenga deudas exigibles con la
entidad, salvo aquellas sobre las cuales exista acuerdo de pago vigente y, que ni el
representante legal ni sus socios han sido sancionados con cancelación por violación a
las normas aduaneras o por violación a las normas tributarias.
Para los efectos anteriores, el usuario operador deberá enviar a la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales, copia del acto de calificación dentro de los dos (2)
días hábiles siguientes a su expedición.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dentro de un término de diez (10)
días hábiles, contados a partir de la fecha del recibo del acto de calificación a que se
refiere el inciso anterior, deberá emitir concepto favorable si el usuario cumple con los
requisitos establecidos en este artículo.
A partir de la expedición del concepto favorable por parte de la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales adquiere firmeza el acto de calificación expedido por
el usuario operador.
Artículo 393-24. Requisitos generales de la solicitud de calificación como usuario
industrial de bienes, usuario industrial de servicios y usuario comercial. Las personas 10
jurídicas que pretendan ser calificadas como usuarios industriales de bienes y usuarios
industriales de servicios o usuarios comerciales de Zona Franca deben presentar
solicitud escrita de calificación ante el usuario operador, acompañada de la siguiente
información:
1. Razón y objeto social, domicilio, número de Registro Unico Tributario,
representante legal y suplentes, miembros de la Junta Directiva y socios con excepción
de los socios y accionistas de las sociedades anónimas o en comandita por acciones.
2. Descripción del proyecto a desarrollar.
3. Estudio de factibilidad financiera y económica del proyecto, que demuestre su
solidez y capacidad para desarrollar las actividades señaladas en su objeto social.
4. Composición o probable composición del capital vinculado al proyecto, con
indicación de su origen nacional o extranjero.
5. Cuando sea del caso, concepto favorable de la entidad competente sobre el
impacto ambiental del proyecto, de acuerdo con las normas ambientales vigentes.
6. Cuando se pretenda prestar servicios turísticos, concepto previo del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo.
7. Cuando se pretenda prestar servicios de salud, concepto previo del Ministerio de la
Protección Social.
8. Las demás autorizaciones, calidades y acreditaciones necesarias para el
desarrollo de la actividad exigidos por la autoridad competente que regule, controle o
vigile la actividad correspondiente según sea el caso, así como las acreditaciones
especiales que requieran dichas entidades a efectos de otorgar su visto bueno para
desarrollarse como usuario industrial o comercial de Zona Franca.
9. Comprometerse a obtener certificación en cuanto a procedimientos, servicios,
infraestructura, tecnología y demás elementos inherentes al desarrollo de su actividad,
expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o un tercero autorizado
por esta dentro de los dos (2) años siguientes a su calificación como usuario industrial o
comercial de Zona Franca;
10. Manifestación escrita y bajo la gravedad de juramento, del representante legal de
la persona jurídica solicitante en la que indique que ni él ni sus socios han sido
condenados por delitos no culposos durante los cinco (5) años anteriores a la solicitud
de calificación. Este requisito no se exigirá para los accionistas, cuando la persona
jurídica se encuentre constituida como una sociedad anónima.
Parágrafo. En desarrollo de su objeto, el usuario operador podrá exigir información
adicional relacionada con el cumplimiento de los requisitos para la calificación de
usuarios en la Zona Franca.
Artículo 393-25. Calificación de usuarios. El usuario operador evaluará la solicitud y
emitirá la calificación que deberá contener como mínimo, lo siguiente:
1. Identificación del solicitante.
2. La clase de usuario.
3. Indicación del término en que mantendrá la calidad de usuario, el que no podrá
exceder al autorizado para la Zona Franca.
4. Indicación y delimitación del área a ocupar.
5. La actividad o actividades a desarrollar de conformidad con el objeto social del tipo
de usuario para el cual solicitó la calificación.
6. Indicación de los derechos y obligaciones derivados de su calidad de usuario, así
como de las sanciones de que puede ser objeto, por el incumplimiento de las mismas.
Artículo 393-26. Requisitos especiales para solicitar y conservar la calificación como
usuarios industriales de bienes y usuarios industriales de servicios de las personas
jurídicas que se trasladen a Zona Franca Permanente. Tratándose de personas 11
jurídicas que pretendan relocalizarse en Zona Franca Permanente en calidad de usuario
industrial de bienes deberá adicionalmente:
1. Acreditar que relocaliza toda la actividad económica de la empresa a Zona Franca
y que su patrimonio líquido supera los sesenta mil salarios mínimos legales mensuales
vigentes, (60.000 smmlv), presentando para el efecto, certificado de revisor fiscal en el
que consten tales circunstancias.
2. Invertir dentro de los tres (3) años siguientes a su calificación como usuario
industrial de bienes, un valor equivalente al ciento por ciento (100%) del patrimonio
líquido declarado en el año fiscal previo a la autorización.
Tratándose de personas jurídicas que pretendan relocalizarse en la Zona Franca en
calidad de usuario industrial de servicios deberá acreditarse, además de lo previsto en
el numeral 1 del presente artículo, que se compromete a incrementar dentro del año
siguiente a la autorización, la planta de personal, tanto en cantidad como en valor de la
nómina de salarios y demás prestaciones laborales, en un porcentaje superior al ciento
por ciento (100%) del promedio de los empleos y emolumentos correspondientes al año
inmediatamente anterior a la fecha de la calificación. Para el efecto deberá anexar
certificado de revisor fiscal en el que consten los promedios exigidos.
Artículo 393-27. Causales de pérdida de la calificación. El usuario operador deberá
declarar la pérdida de la calificación del usuario industrial de bienes, usuario industrial
de servicios o usuario comercial, por cualquiera de las siguientes causales:
a) La imposición de sanciones por faltas gravísimas que por aplicación de la
gradualidad prevista en el artículo 481 del presente decreto den lugar a la imposición de
la sanción de cancelación por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales. En tales eventos se entenderá cancelado el concepto favorable emitido por
la entidad sobre la calificación emitida por el usuario operador;
b) La obtención de la calificación utilizando medios irregulares;
c) La no obtención de la certificación de que trata el literal r) del artículo 409-1 del
presente decreto dentro del plazo máximo otorgado para obtenerla;
d) La pérdida de las correspondientes autorizaciones, calidades y acreditaciones
necesarias para el desa rrollo de la actividad exigidos por la autoridad competente que
regule, controle o vigile la actividad correspondiente según sea el caso, así como las
acreditaciones especiales que requieran dichas entidades a efectos de otorgar su visto
bueno para desarrollarse como usuario industrial de bienes y/o servicios o comercial de
Zona Franca. La autoridad competente informará a la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales sobre las decisiones adoptadas en este sentido a efectos de dar
aplicación a lo previsto en la presente disposición;
e) La terminación de la concesión por cualquier circunstancia, de los terrenos dados
bajo esta modalidad de contrato;
f) El incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 393-26 por parte de
las personas jurídicas que se trasladen a Zona Franca Permanente.
Parágrafo. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la pérdida de la calificación, el
usuario industrial de bienes y/o servicios o comercial se encontrará obligado a importar
los bienes de los cuales es titular, o a enviarlos al exterior, o a efectuar su venta o
entrega a cualquier título a otro usuario, conforme con lo previsto en el artículo 409-2
del presente decreto.
La pérdida de la calificación inhabilita a la persona jurídica y a sus socios, para
obtener otra calificación en cualquier Zona Franca y por cualquier calidad de usuario,
por el término de cinco (5) años, contados a partir de la declaratoria que efectúe el
usuario operador.
SECCION V
Otras Disposiciones
Artículo 393-28. Instalación de instituciones financieras. Las Instituciones Financieras
vigiladas por la Superintendencia Financiera, con excepción de los Almacenes 12
Generales de Depósito, podrán vincularse a las Zonas Francas como sucursal o
agencia de una Institución Financiera sin régimen de Zona Franca.
Artículo 393-29. Régimen crediticio. Los usuarios establecidos en las Zonas Francas,
podrán tener acceso a los créditos en Instituciones Financieras del país, en igual forma
que las empresas establecidas en el resto del territorio nacional.
Artículo 393-30. Registro de bienes dados en garantía. Corresponderá al usuario
operador de la Zona Franca llevar un registro interno actualizado de los bienes dados
en garantía a terceros por parte de los usuarios.
Las Instituciones Financieras que realicen préstamos a los usuarios, garantizados
con bienes que se encuentren dentro de la Zona Franca, deberán comunicar por escrito
al usuario operador el otorgamiento del crédito para su correspondiente registro.
Los bienes en garantía sólo podrán ser retirados definitivamente de la Zona Franca
mediante autorización previa de la Institución Financiera que otorgó el crédito.
Artículo 393.31. Restricciones en las ventas al detal. Dentro del área correspondiente
a las Zonas Francas no se permitirá realizar operaciones de venta o distribución de
mercancías al detal, salvo que se trate de restaurantes, cafeterías y en general de
establecimientos destinados a las personas que trabajen dentro de la jurisdicción de la
respectiva zona, todos los cuales requerirán autorización previa del usuario operador
para su establecimiento.
Parágrafo. En las Zonas Francas dedicadas exclusivamente a servicios turísticos se
permitirá la prestación de servicios de alojamiento, de agencias de viajes, restaurantes,
organizaciones de congresos, servicios de transporte, actividades deportivas, artísticas,
culturales y recreacionales por parte de los usuarios industriales de servicios y usuarios
comerciales y la venta de mercancías al por menor a través de los almacenes
autorizados a los usuarios comerciales por el usuario operador. Estos almacenes y las
mercancías que allí se expendan, se someterán para todos los efectos a la legislación
vigente en el resto del Territorio Aduanero Nacional.
A las Zonas Francas dedicadas exclusivamente a la prestación de servicios turísticos
se podrán introducir, por parte de los usuarios industriales de servicios, sin el pago de
tributos aduaneros, los vehículos de la partida 87.02 del Arancel de Aduanas para el
transporte de diez personas o más, incluido el conductor. Estos vehículos sólo podrán
transitar en la Zona Franca y entre esta y el puerto o aeropuerto o el Terminal de
transporte, con el objeto de transportar los turistas destinados a la Zona Franca.
Artículo 393-32. Residencias particulares. En la Zona Franca, no se podrán
establecer residencias particulares.
Artículo 393-33. Régimen jurídico. En lo no dispuesto de manera especial en este
decreto, en la Zona Franca se aplicará el mismo régimen existente en el resto del
territorio nacional.
SECCION VI
Régimen de comercio exterior
PARTE I
OPERACIONES DESDE EL RESTO DEL MUNDO CON DESTINO
A ZONAS FRANCAS PERMANENTES
Artículo 394. Requisitos para la introducción de bienes procedentes de otros países.
La introducción a Zona Franca Permanente, de bienes procedentes de otros países por
parte de los usuarios no se considerará una importación, y sólo requerirá que los bienes
aparezcan en el documento de transporte consignados a un usuario de la zona, o que el
documento de transporte se endose a favor de uno de ellos.
Parágrafo. Estos bienes deberán ser entregados por el transportador al usuario
operador de la respectiva Zona Franca en sus instalaciones, dentro de los plazos
establecidos y para los efectos previstos en los artículos 113 y 114 de este decreto. La
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales determinará las condiciones y requisitos 13
para la autorización de tránsito o de traslado de las mercancías, según el caso, con
sujeción a lo establecido en el artículo 113 del presente decreto.
En todo caso, la autoridad aduanera de la jurisdicción correspondiente al lugar de
arribo, siempre deberá informar al respectivo usuario operador sobre las mercancías
cuyo traslado o tránsito haya sido autorizado a la Zona Franca.
PARTE II
OPERACIONES DE ZONAS FRANCAS PERMANENTES
CON DESTINO AL RESTO DEL MUNDO
Artículo 395. Definición de exportación de bienes. Se considera exportación, para
efectos de la s normas de origen, de los convenios internacionales, del crédito para
exportar y para la exención contenida en el Estatuto Tributario en los artículos 479 y
481 literal a), la venta y salida a mercados externos de los bienes producidos,
transformados, elaborados o almacenados, por los usuarios industriales y comerciales,
de acuerdo con los términos y condiciones establecidos en el presente decreto.
Este procedimiento sólo requiere la autorización del usuario operador, quien deberá
incorporar la información correspondiente en el sistema informático aduanero.
Estas operaciones no requieren del diligenciamiento de la solicitud de autorización de
embarque ni de declaración de exportación.
En todo caso se requiere el diligenciamiento del formulario del usuario operador, en
donde conste la salida de los bienes a mercados externos, conforme lo establezca la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
PARTE III
OPERACIONES DESDE EL RESTO DEL TERRITORIO ADUANERO NACIONAL CON
DESTINO A ZONAS FRANCAS PERMANENTES
Artículo 396. Exportación definitiva. Se considera exportación definitiva, para efecto
de los beneficios previstos en el Estatuto Tributario, la introducción a Zona Franca
Permanente desde el Territorio Aduanero Nacional, de materias primas, partes,
insumos y bienes terminados nacionales o en libre disposición, necesarios para el
normal desarrollo de su objeto social a favor del usuario operador o Industrial de Bienes
y de Servicios, siempre y cuando dicha mercancía sea efectivamente recibida por ellos.
Las exportaciones temporales que se realicen desde el resto del Territorio Aduanero
Nacional a Zona Franca, con el objeto de someter el bien a un proceso de
perfeccionamiento por un usuario, no tendrán derecho a los beneficios previstos para
las exportaciones definitivas.
La introducción en el mismo estado a una Zona Franca Permanente de mercancías
de origen extranjero que se encontraban en libre disposición en el país, no se considera
exportación.
Tampoco se considera exportación el envío de bienes nacionales o en libre
disposición a Zona Franca desde el resto del territorio nacional a favor de un usuario
comercial.
Artículo 397. Regímenes suspensivos. Los bienes de capital sometidos a la
modalidad de importación temporal de corto o largo plazo para reexportación en el
mismo estado, y los bienes sometidos a importación temporal en desarrollo de Sistemas
Especiales de Importación-Exportación, Depósitos de Transformación y Ensamble y
Depósitos de Procesamiento Industrial, podrán finalizar su régimen con la reexportación
a una Zona Franca Permanente, a nombre de un usuario industrial o comercial.
Artículo 398. Introducción de alimentos y otros. No constituye exportación, la
introducción a Zona Franca, proveniente del resto del Territorio Aduanero Nacional de
materiales de construcción, combustibles, alimentos, bebidas y elementos de aseo,
para su consumo o utilización dentro de la zona, necesarios para el normal desarrollo
de las actividades de los usuarios y que no constituyan parte de su objeto social.
PARTE IV 14
OPERACIONES DE ZONAS FRANCAS PERMANENTES
CON DESTINO AL RESTO DEL TERRITORIO ADUANERO NACIONAL
Artículo 399. Régimen de importación. La introducción al resto del Territorio
Aduanero Nacional de bienes procedentes de la Zona Franca será considerada una
importación y se someterá a las normas y requisitos exigidos a las importaciones de
acuerdo con lo previsto en este decreto.
Parágrafo. Los productos fabricados en la Zona Franca que tengan Registro Sanitario
expedido por el INVIMA se exceptúan de visto bueno para su ingreso al resto del
Territorio Aduanero Nacional.
Artículo 400. Liquidación de tributos aduaneros. Cuando se importen al resto del
Territorio Aduanero Nacional mercancías fabricadas, producidas, reparadas,
reacondicionadas o reconstruidas en Zona Franca, los derechos de aduana se
liquidarán y pagarán sobre el valor en aduana de las mercancías importadas, en el
estado que presenten al momento de la valoración, deduciendo del mismo el valor
agregado nacional y/o el valor de los bienes nacionalizados que se les haya
incorporado en la Zona Franca. El gravamen arancelario aplicable corresponde a la
subpartida del producto final.
Las mercancías de origen extranjero almacenadas en Zona Franca serán valoradas
considerando el estado que presenten al momento de la valoración. El gravamen
arancelario aplicable corresponde al de la subpartida de la mercancía que se está
importando.
El valor en aduana de las mercancías importadas se determinará de conformidad con
las reglas establecidas en el Acuerdo sobre Valoración de la OMC y normas
reglamentarias.
Cuando en la producción, elaboración o transformación, reparación, r
eacondicionamiento o reconstrucción del bien final se hubieren incorporado materias
primas o insumos que se encuentren incluidos en el Sistema Andino de Franjas de
Precios, deberá liquidarse el gravamen arancelario correspondiente a las subpartidas
arancelarias de las materias primas o insumos extranjeros que participen en su
fabricación.
Parágrafo. El impuesto sobre las ventas se liquidará, en ambos casos, en la forma
prevista en el artículo 459 del Estatuto Tributado.
Artículo 401. Certificado de integración. Para los efectos previstos en el artículo
anterior, el usuario operador expedirá el certificado de integración de las materias
primas e insumos nacionales y extranjeros utilizados en el respectivo proceso. Dicho
certificado constituirá documento soporte de la Declaración de Importación.
Artículo 402. Agregado nacional. Para efectos de lo establecido en el artículo 400 de
este Decreto, se considerarán nacionales las materias primas, insumos y bienes
intermedios, provenientes de terceros países, desgravados en desarrollo de acuerdos
de libre comercio celebrados por Colombia, cuando dichos productos cumplan con los
requisitos de origen exigidos.
Igualmente, se considera como valor agregado nacional, la mano de obra, los costos
y gastos nacionales en que se incurra para la producción del bien, el beneficio y las
materias primas e insumos nacionales y extranjeros que se encuentren en libre
disposición en el resto del Territorio Aduanero Nacional, que se introduzcan temporal o
definitivamente para ser sometidos a un proceso de perfeccionamiento en la Zona
Franca.
Artículo 403. Salida de bienes hacia Zonas Francas Transitorias. La salida de bienes
de una Zona Franca Permanente con destino a una Zona Franca Transitoria, con fines
de exhibición, requerirá la autorización del usuario operador y de la Administración de
Aduanas de la jurisdicción de la Zona Franca Permanente de que se trate.
Dichos bienes deberán regresar a la Zona Franca Permanente una vez finalizado el
evento y en todo caso dentro de los términos establecidos en el artículo 410-5 del
presente Decreto. Para los efectos previstos en ese artículo, el usuario industrial o 15
Comercial de la Zona Franca deberá presentar, a través del sistema informático
aduanero, una Declaración de Tránsito Aduanero, cuando la Zona Franca Transitoria se
encuentre en una jurisdicción aduanera diferente a la de la Zona Franca Permanente.
Cuando se trate de un traslado de mercancías que no implique cambio de
jurisdicción, el usuario operador expedirá una planilla de envío en el Sistema
Informático Aduanero.
Artículo 404. Mercancías en grave estado de deterioro, descomposición, daño total o
demérito absoluto. Sin perjuicio de la responsabilidad contractual del usuario operador
con los depositarios de las mercancías que se hubieren introducido en la Zona Franca,
aquellas que por un hecho ocurrido durante su permanencia en la respectiva zona,
presenten grave estado de deterioro, descomposición, daño total o demérito absoluto,
podrán ser destruidas en presencia de la autoridad aduanera y bajo la responsabilidad
del usuario operador.
De esta diligencia el usuario operador elaborará el acta correspondiente que
suscribirán los participantes en la diligencia.
Artículo 405. Residuos y desperdicios. El usuario operador, bajo su responsabilidad,
podrá autorizar la salida definitiva al resto del Territorio Aduanero Nacional de los
residuos y desperdicios sin valor comercial, que resulten de los procesos productivos
realizados por los Usuarios Industriales de Bienes, o de la prestación del servicio de los
usuarios industriales de servicios, o la destrucción de los mismos en los términos
previstos en el artículo anterior.
Si los residuos y desperdicios tienen valor com ercial, en concepto del usuario
industrial, se someterán al trámite de importación ordinaria que establece el presente
decreto.
Para la liquidación de los Tributos Aduaneros se procederá conforme a las normas
de valoración vigentes.
Artículo 406. Procesamiento parcial fuera de Zona Franca. El usuario operador podrá
autorizar la salida temporal de la Zona Franca Permanente, con destino al resto del
Territorio Aduanero Nacional, de materias primas, insumos y bienes intermedios, para
realizar parte del proceso industrial en el resto del Territorio Aduanero Nacional.
Parágrafo. El usuario operador establecerá el término durante el cual estas
mercancías podrán permanecer por fuera de la Zona Franca, que no podrá exceder de
seis (6) meses e informará a la autoridad aduanera de la jurisdicción de la Zona Franca
sobre dichas autorizaciones en el momento en que se produzca. Previa justificación
debidamente aceptada por el usuario operador, este plazo se podrá prorrogar hasta por
tres (3) meses.
Artículo 407. Reparación, revisión o mantenimiento de bienes de capital, partes o sus
repuestos fuera de Zona Franca. El usuario operador podrá autorizar la salida temporal
de bienes de capital, partes o sus repuestos de la Zona Franca Permanente, con
destino al resto del Territorio Aduanero Nacional, para su reparación, revisión o
mantenimiento.
El término de permanencia de los bienes fuera de la Zona Franca será hasta de tres
(3) meses y podrá ser prorrogado por una sola vez y por término igual, sólo en causas
claramente justificadas. El usuario operador informará a la autoridad aduanera de la
jurisdicción de la Zona Franca sobre dichas autorizaciones en el momento en que estas
se produzcan.
La sustracción de estos bienes del control aduanero generará las sanciones a que
haya lugar previstas en el presente decreto.
Artículo 407-1. Elementos perecederos, fungibles y consumibles dentro de la Zona
Franca. El usuario operador podrá autorizar a los usuarios industriales de bienes o
usuarios industriales de servicios, los descargues correspondientes de sus inventarios
de las mercancías perecederas, fungibles y aquellas cuyo consumo sea implícito en el
proceso de producción o en la prestación del servicio dentro de la Zona Franca. 16
PARTE V
OPERACIONES ENTRE USUARIOS DE ZONAS FRANCAS
PERMANENTES
Artículo 408. Compraventa de bienes, arrendamiento de maquinaria y equipo. Los
usuarios industriales de bienes, usuarios industriales de servicios y los usuarios
comerciales podrán celebrar entre sí contratos de arrendamiento de maquinaria y
equipo o de compraventa de bienes. Igualmente, podrán contratar con otro usuario la
producción, transformación o ensamble de dichos bienes.
Estas operaciones sólo requerirán el diligenciamiento de los formularios establecidos
para tal fin y la autorización previa del usuario operador.
Cuando estas operaciones impliquen el traslado de bienes de una Zona Franca
Permanente a otra que se encuentre en una jurisdicción aduanera diferente, el usuario
industrial o Comercial deberá presentar una Declaración de Tránsito Aduanero. Cuando
el traslado de mercancías no implique cambio de jurisdicción aduanera, el usuario
operador elaborará en el sistema informático aduanero una planilla de envío.
PARTE VI
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS USUARIOS
DE LAS ZONAS FRANCAS PERMANENTES
Artículo 409. Obligaciones de los usuarios operadores de las Zonas Francas
Permanentes. Son obligaciones de los usuarios operadores de las Zonas Francas
Permanentes, las siguientes:
a) Autorizar el ingreso a la Zona Franca de mercancías consignadas o endosadas en
el documento de transporte a un usuario de dicha zona;
b) Autorizar el ingreso a los recintos de la Zona Franca, desde el resto del Territorio
Aduanero Nacional, de mercancías en libre disposición, o con disposición restringida,
de conformidad con lo establecido en las normas aduaneras;
c) Autorizar la salida de mercancías de la Zona Franca hacia el resto del Territorio
Aduanero Nacional, con el cumplimiento de los requisitos y formalidades establecidos
por las normas aduaneras;
d) Autorizar la salida de mercancías con destino al exterior con el cumplimiento de
los requisitos y formalidades establecidos por las normas aduaneras;
e) Reportar a la autoridad aduanera la información relacionada con la rece pción de
las mercancías entregadas por el transportador;
f) Elaborar, informar y remitir a la autoridad aduanera el acta de inconsistencias
encontradas entre los datos consignados en la planilla de envío y la mercancía recibida,
o adulteraciones en dicho documento, o sobre el mal estado o roturas detectados en los
empaques, embalajes y precintos aduaneros o cuando la entrega se produzca fuera de
los términos previstos en el artículo 113 del presente decreto;
g) Facilitar las labores de control que determine la autoridad aduanera;
h) Llevar los registros de la entrada y salida de mercancías de la Zona Franca
conforme a los requerimientos y condiciones señaladas por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales;
i) Expedir el Certificado de Integración de las materias primas e insumos nacionales y
extranjeros utilizados en la elaboración y transformación de mercancías en la Zona
Franca, de conformidad con lo previsto en el artículo 401 de este decreto;
j) Contar con los equipos de seguridad, de cómputo y de comunicaciones que la
autoridad aduanera establezca, para efectos de su conexión al sistema informático
aduanero;
k) Informar por escrito a la autoridad aduanera, a más tardar dentro de los tres (3)
días siguientes a la ocurrencia del hecho o de su detección, sobre el hurto, pérdida o
sustracción de las mercancías sujetas a control aduanero de los recintos de la Zona
Franca; 17
l) Disponer de las áreas necesarias para realizar la inspección física de las
mercancías y demás actuaciones aduaneras;
m) Supervisar el cumplimiento del régimen de la Zona Franca;
n) Autorizar y llevar el control de las operaciones de ingreso y salida de mercancías e
inventarios de bienes de los usuarios, para lo cual el operador deberá establecer un
sistema informático de control de inventarios y efectuar inspecciones físicas a dichos
inventarios y revisiones a los procesos productivos de los mismos, cuando lo considere
conveniente, o cuando lo solicite la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales;
o) Contratar una auditoría externa en los términos del artículo 393-17;
p) Declarar la pérdida de la calificación de los Usuarios Industriales de Bienes,
Industriales de Servicios o Comerciales en los eventos previstos en el artículo 393-27
del presente decreto.
Artículo 409.1 Obligaciones de los usuarios industriales de bienes, industriales de
servicios y comerciales de Zonas Francas. Los usuarios industriales de bienes, usuarios
industriales de servicios y usuarios comerciales, tienen las siguientes obligaciones:
a) Permitir las labores de control de inventarios que determine el usuario operador y
la autoridad aduanera, facilitando y prestando los medios para esta función;
b) Llevar los registros de la entrada y salida de bienes conforme a las condiciones
establecidas por el usuario operador y cumpliendo los requisitos que establece el
presente decreto y las normas que lo modifiquen, adicionen o reglamenten;
c) Observar las medidas que la autoridad aduanera señale para asegurar el
cumplimiento de las disposiciones aduaneras;
d) Obtener la autorización del usuario operador para la realización de cualquier
operación que lo requiera;
e) Estar al día en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas frente al usuario
operador y cumplir con las normas internas de convivencia;
f) Permitir el ingreso a sus instalaciones de los bienes que les hayan sido
consignados o endosados en el documento de transporte y los adquiridos en desarrollo
de las operaciones permitidas entre los usuarios, previa autorización del usuario
operador;
g) Permitir la salida de sus instalaciones hacia cualquier destino, solamente de
mercancías en relación con las cuales se hayan cumplido los requisitos y formalidades
establecidos por las normas aduaneras;
h) Informar por escrito al usuario operador, a más tardar al día siguiente, la
ocurrencia del hecho o de su detección, sobre el hurto, pérdida o sustracción de bienes
de sus instalaciones;
i) Disponer de las áreas necesarias para la inspección física de mercancías y demás
actuaciones aduaneras, así como el establecimiento de un adecuado sistema de control
de sus operaciones;
j) Desarrollar únicamente las operaciones para las cuales fue calificado;
k) Suministrar la información necesaria y en debida forma para la expedición por
parte del usuario operador, del certificado de integración de las materias primas e
insumos nacionales y extranjeros utilizados en la elaboración y transformación de las
mercancías en la Zona Franca;
l) Utilizar las áreas declaradas para el fin autorizado en la calificación;
m) Contar con los equipos de seguridad, de cómputo y de comunicaciones que la
autoridad aduanera establezca, para efectos de su conexión al Sistema Informático
Aduanero;
n) Informar previamente al usuario operador el ingreso de las mercancías de que
trata el artículo 392-3 del presente decreto.
o) Custodiar las mercancías almacenadas o introducidas a sus recintos; 18
p) Responder por el pago de los tributos aduaneros y las sanciones a que haya lugar
por las mercancías que hayan salido de la respectiva zona sin el cumplimiento de los
requisitos aduaneros correspondientes;
q) Importar los bienes de los cuales es titular, o enviarlos al exterior, o efectuar su
venta o traslado a otro usuario dentro de los tres (3) meses siguientes a la pérdida de la
calificación;
r) Obtener la calificación como empresa certificada en cuanto a procedimientos,
servicios, infraestructura, tecnología y demás elementos inherentes al desarrollo de su
actividad dentro de los dos (2) años siguientes a su calificación como Usuario Industrial
o Comercial de Zona Franca.
Artículo 409-2. Abandono. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la pérdida de la
calificación de un usuario industrial de bienes, industrial de servicios o comercial de una
Zona Franca, o de la cancelación de la autorización de un usuario operador, quien
tenga derecho sobre los bienes introducidos a la Zona Franca deberá definir la situación
jurídica de estos mediante su importación, envío al exterior, o su venta o traslado a otro
usuario. Si al vencimiento de este término no se define por parte del usuario la situación
jurídica de los bienes, se producirá su abandono legal. El interesado podrá rescatar la
mercancía en los términos y bajo las condiciones previstas en el parágrafo del artículo
115 del presente decreto.
Artículo 409-3. Responsabilidad por pérdida o retiro de bienes en Zonas Francas. El
usuario operador de la Zona Franca responderá ante la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales por los tributos aduaneros y las sanciones a que haya lugar
respecto de los bienes que sean sustraídos de sus recintos o perdidos en estos, salvo
que en la actuación administrativa correspondiente demuestre que la causa de la
pérdida o retiro le es imputable exclusivamente al Usuario Industrial de Bienes o
Usuario Industrial de Servicios o al Usuario Comercial, según sea el caso.
Cuando el usuario operador invoque en la respuesta al Requerimiento Especial
Aduanero la circunstancia prevista en el inciso anterior, la autoridad competente
proferirá el Requerimiento Especial Aduanero contra el presunto infractor, y la actuación
administrativa adelantada en contra del usuario operador se interrumpirá desde la
notificación de dicho acto hasta el vencimiento del término para d ar respuesta al
mismo. Vencido este término, se acumularán los expedientes y los términos de la etapa
probatoria y de las demás etapas serán los previstos en los artículos 510 y siguientes
del presente decreto.
Artículo 410. Facultades. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en
ejercicio de las funciones que le asigna la ley en materia de control y fiscalización, es la
entidad competente para vigilar y controlar el régimen aduanero, tributario y cambiario
de los usuarios industriales de bienes y/o de servicios o usuarios comerciales instalados
en las Zonas Francas Permanentes. Esta facultad se ejerce sin perjuicio de las
funciones y obligaciones que le corresponde cumplir al usuario operador.
Parágrafo 1°. La Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de la
jurisdicción de la Zona Franca asignará los funcionarios necesarios para realizar las
labores de su competencia. Los funcionarios se instalarán dentro de la Zona Franca en
las oficinas que para el efecto deberá destinar el usuario operador.
Parágrafo 2°. La Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de la
jurisdicción de la Zona Franca revisará, cuando lo considere conveniente, la información
del sistema de control de inventarios del usuario operador. Así mismo, podrá efectuar
inspecciones físicas a las mercancías que se encuentren en las instalaciones de los
usuarios.
CAPITULO II
Zonas Francas Transitorias
SECCION I
Disposiciones Generales 19
Artículo 410.1. Declaratoria. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá
declarar de manera temporal como Zonas Francas Transitorias los lugares donde se
celebren ferias, exposiciones, congresos y seminarios de carácter internacional, que
revistan importancia para la economía y el comercio internacional del país.
Artículo 410-2. Solicitud. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales declarará,
mediante resolución, como Zonas Francas Transitorias, los lugares de que trata el
artículo anterior, previa solicitud del interesado, con el cumplimiento de los requisitos
previstos en este decreto.
Artículo 410-3. Area. El área que se solicite declarar como Zona Franca Transitoria
deberá estar rodeada de cercas, murallas, vallas o canales, de manera que la entrada o
salida de personas, vehículos y mercancías deba realizarse necesariamente por las
puertas destinadas para el efecto.
SECCION II
Trámite de Aprobación
Artículo 410-4. Requisitos. Para obtener la declaratoria de una Zona Franca
Transitoria, el representante legal del ente administrador del lugar deberá presentar
solicitud escrita ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por lo menos
cuatro (4) meses antes de la fecha de iniciación del evento, acompañada de la siguiente
información:
1. Prueba de la existencia y representación legal de la entidad administradora del
área para la cual se solicita la autorización y permiso de funcionamiento expedido por la
autoridad competente.
2. Linderos y delimitación precisa del área respectiva.
3. Indicación del evento que se realizará en los recintos de la Zona Franca
Transitoria, con una breve explicación de su importancia para la economía y el comercio
internacional del país.
4. Tipos de mercancías que ingresarán a la Zona Franca Transitoria.
5. Duración del evento y período para el cual se solicita la autorización.
Artículo 410-5. Procedimiento. Estudiada la solicitud, la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, dentro de los quince (15) días siguientes al recibo de la solicitud,
emitirá la resolución declarando el área como Zona Franca Transitoria y autorizando su
funcionamiento o negando tal tratamiento.
La resolución que declara el área como Zona Franca Transitoria, deberá contener por
lo menos la siguiente información:
1. Delimitación del área que se declara como Zona Franca Transitoria.
2. Designación del usuario administrador del área.
3. Período que comprende la declaratoria como Zona Franca Transitoria. Dicho
período incluirá la duración del evento, un período previo hasta de tres (3) meses y uno
posterior hasta de seis (6) meses, prorrogable este último por una sola vez y hasta por
el mismo término.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales remitirá copia de la resolución que
declara el área como Zona Franca Transitoria y autoriza su funcionamiento, al Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo.
SECCION III
Usuarios
Artículo 410-6. Clases de usuarios. En las Zonas Francas Transitorias existirán dos
clases de usuarios: Usuario Administrador y Usuario Expositor.
Artículo 410-7. Usuario Administrador. El usuario administrador es la entidad
administradora del área para la cual se solicita la declaración de Zona Franca
Transitoria. El Usuario Administrador deberá estar constituido como persona jurídica, 20
con capacidad legal para organizar eventos de carácter internacional, así como para
desarrollar actividades de promoción, dirección y administración del área.
Artículo 410-8. Funciones del usuario administrador. El usuario administrador
ejercerá las siguientes funciones:
1 Promover y dirigir los eventos internacionales para cuya realización se solicite la
declaración de la Zona Franca Transitoria.
2. Administrar el área en donde se celebren los eventos y para la cual se solicite la
declaración de Zona Franca Transitoria.
3. Desarrollar la infraestructura requerida por la Zona Franca Transitoria.
4. Autorizar el ingreso de los Usuarios Expositores y celebrar con ellos los contratos
a que haya lugar.
5. Autorizar el ingreso y salida de mercancías de la Zona Franca Transitoria.
6. Velar por el cumplimiento de las normas y reglamentos relacionados con el
funcionamiento de la Zona Franca Transitoria, especialmente en lo relacionado con la
importación de mercancías al territorio nacional.
7. Las demás relacionadas con el desarrollo de las actividades del área autorizada
como Zona Franca Transitoria.
Artículo 410-9. Responsabilidad. El Usuario Administrador responderá ante la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por los Tributos Aduaneros y las
sanciones a que haya lugar, por los elementos perdidos o retirados de la Zona Franca
Transitoria sin el lleno de los requisitos previstos en las normas aduaneras.
Artículo 410-10. Usuario expositor. El usuario expositor es la persona que, con
ocasión de la celebración de un evento de carácter internacional, adquiere, mediante
vínculo contractual con el Usuario Administrador, la calidad de expositor.
Para la realización de sus actividades, el usuario expositor deberá suscribir con el
usuario administrador un contrato en el cual se determinen los términos y condiciones
de su relación.
SECCION IV
Operaciones de ingreso y salida de mercancías de Zonas Francas Transitorias
Artículo 410-11. Almacenamiento. En la Zona Franca Transitoria se podrán
almacenar, durante el término autorizado por la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales y en los lugares destinados para el efecto, bienes nacionales, extranjeros
bajo control de la Autoridad Aduanera o de libre disposición.
Artículo 410-12. Alcance del Régimen aduanero. Los bienes destinados a la
exhibición en un evento, procedentes de otros países o de otras Zonas Francas, que se
introduzcan por parte de los usuarios expositores a la Zona Franca Transitoria, se
considerarán fuera del Territorio Aduanero Nacional para efectos de los Tributos
Aduaneros. El ingreso de estos bienes a la Zona Franca Transitoria, sólo requerirá
autorización del usuario administrador y deberán tener relación direc ta con el evento
para el cual se autorice su ingreso.
Parágrafo. Para la introducción a una Zona Franca Transitoria de bienes procedentes
de otros países, se requerirá, además del cumplimiento de los requisitos establecidos
en el presente Decreto y demás normas que lo reglamenten, modifiquen, adicionen o
deroguen, que dichos bienes estén destinados en el documento de transporte a la Zona
Franca Transitoria o que dicho documento venga consignado o endosado al usuario
administrador o a un Usuario Expositor de dicha zona, según corresponda.
Para la introducción de bienes procedentes de otras Zonas Francas Permanentes o
Transitorias, se requerirá autorización de salida otorgada por el usuario operador o el
usuario administrador, según el caso.
Artículo 410-13. Bienes que se pueden introducir. Además de los bienes destinados a
la exhibición en el evento, los usuarios expositores podrán introducir a la Zona Franca 21
Transitoria las siguientes mercancías de origen extranjero, para el uso, consumo o
distribución gratuita dentro de la zona:
1. Muestras sin valor comercial.
2. Impresos, catálogos y demás material publicitario.
3. Materiales destinados a la decoración, mantenimiento y dotación de los
pabellones.
4. Artículos destinados exclusivamente a fines experimentales de demostración
dentro d el recinto, que serán destruidos o consumidos al efectuar dicha demostración.
5. Alimentos y bebidas.
Parágrafo. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá, mediante
resolución, determinar el valor y la cantidad de los artículos que sean introducidos bajo
las condiciones previstas en este artículo.
Artículo 410-14. Introducción de bienes en libre disposición. La introducción a Zona
Franca Transitoria de bienes nacionales o que se encuentran en libre disposición en el
resto del territorio nacional, no constituye exportación y sólo requerirá la autorización del
usuario administrador.
Artículo 410-15. Abandono legal. Los bienes de que trata el artículo 410-13 del
presente Decreto deberán ser embarcados al exterior, a otra Zona Franca, o importados
al resto del Territorio Aduanero Nacional, dentro de los plazos de que trata el numeral 3
del artículo 410-5 del presente decreto.
Vencido este término sin que se hubiere embarcado la mercancía a mercados
externos, a otra Zona Franca u obtenido el levante de la declaración de importación al
resto del Territorio Aduanero Nacional, operará el abandono legal. El interesado podrá
rescatar la mercancía de conformidad con lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 231
del presente decreto, dentro del mes siguiente a la fecha en que se produzca el
abandono.
En ningún caso los bienes introducidos a una Zona Franca Transitoria podrán ser
trasladados al resto del Territorio Aduanero Nacional sin el cumplimiento previo de las
formalidades aduaneras.
El tratamiento previsto en este artículo se aplicará igualmente a los bienes señalados
en el artículo 410-13 de este decreto, solamente en los casos en que no hayan sido
consumidos, distribuidos o utilizados durante el evento.
Parágrafo. La salida a mercados externos o a otra Zona Franca de estos bienes
requerirá la autorización del usuario administrador y de la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales.
Artículo 410-16. Importación ordinaria. La importación de bienes procedentes de
Zona Franca Transitoria con destino al resto del territorio nacional, se someterá a los
requisitos exigidos por la normatividad aduanera para este régimen.
Artículo 410-17. Destrucción o pérdida. Las mercancías extranjeras que a la
terminación del evento se encuentren en estado de destrucción o pérdida total por
fuerza mayor o caso fortuito ocurrido durante su permanencia en las instalaciones de la
zona y que carezcan de valor comercial, no quedarán sujetas al pago de Tributos
Aduaneros.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, por solicitud del usuario
administrador, elaborará un acta en la que conste tal situación y se consigne además,
entre otra información, la cantidad y la subpartida arancelaria de las mercancías
destruidas o perdidas.
Los residuos que tengan valor comercial a criterio del usuario expositor deberán
someterse al tratamiento previsto en el artículo 410-15 del presente decreto. Su
introducción al resto del Territorio Aduanero Nacional se regirá por las disposiciones de
la legislación aduanera relativas al régimen de importación.
SECCION V 22
Otras Disposiciones
Artículo 410-18. Tránsito aduanero. Las operaciones aduaneras de ingreso y salida
de mercancías de las Zonas Francas Transitorias, así como las condiciones y requisitos
para el traslado de los bienes de que tratan los artículos 410-13 y 410-14 de este
decreto a una Zona Franca Transitoria ubicada en la jurisdicción de arribo del medio de
transporte y la autorización del Régimen de Tránsito Aduanero cuando la Zona Franca
Transitoria se encuentre en una jurisdicción aduanera diferente a la de arribo del medio
de transporte, se regirán por las disposiciones consagradas en el presente decreto”.
Artículo 2°. Modifícase el artículo 66 del Decreto 2685 de 1999, el cual quedará así:
“Artículo 66. Abastecimiento de mercancías provenientes de Zonas Francas. Los
depósitos francos y los depósitos de provisiones de a bordo para consumo y para llevar
podrán abastecerse de mercancías provenientes de las Zonas Francas Permanentes,
previa autorización del usuario operador y de la autoridad aduanera de la jurisdicción de
la Zona Franca”.
Artículo 3°. Modifícase el Capítulo IV del Título XV del Decreto 2685 de 1999, el cual
quedará así:
“CAPITULO IV
Infracciones aduaneras de los usuarios de las Zonas Fra ncas Permanentes
y Transitorias
Artículo 488. Infracciones aduaneras de los Usuarios Operadores de las Zonas
Francas y sanciones aplicables. Constituyen infracciones aduaneras en que pueden
incurrir los usuarios operadores de las Zonas Francas y las sanciones asociadas con su
comisión, las siguientes:
1. Gravísimas:
1.1. Obtener por medios irregulares su autorización como usuario operador de la
Zona Franca. La sanción será de cancelación de su autorización.
1.2. Cambiar o sustraer mercancías que se encuentren en sus instalaciones.
1.3. Permitir la salida de mercancías hacia el resto del Territorio Aduanero Nacional
sin el cumplimiento de los requisitos y formalidades establecidos por las normas
aduaneras.
1.4. Realizar las actividades de Zona Franca sin haber obtenido aprobación de la
garantía por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
1.5. No declarar la pérdida de la calificación de los usuarios industriales de bienes,
industriales de servicios y usuarios comerciales cuando se susciten las causales
previstas en el artículo 393-27.
1.6. No contratar la auditoría externa en los términos establecidos en el artículo 393-
17 del presente decreto.
La sanción aplicable será de multa equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
2. Graves:
2.1. Permitir el ingreso de mercancías de procedencia extranjera a los recintos de las
Zonas Francas Permanentes cuyo documento de transporte no esté consignado o
endosado a un usuario industrial de bienes o de servicios o usuario comercial.
2.2. Permitir el ingreso de mercancías en libre disposición o con disposición
restringida, a los recintos de la Zona Franca sin el cumplimiento de los requisitos
previstos en las normas aduaneras.
2.3. Permitir la salida de mercancías al exterior sin el cumplimiento de los requisitos y
formalidades establecidos por las normas aduaneras.
2.4. No informar a la autoridad aduanera las inconsistencias encontradas entre los
datos consignados en la planilla de envío y la mercancía recibida, o adulteraciones en
dicho documento, o sobre el mal estado, o roturas detectados en los empaques, 23
embalajes y precintos aduaneros o cuando la entrega se produzca fuera de los términos
previstos en el artículo 113 del presente decreto.
2.5. No reportar a la autoridad aduanera la información relacionada con la recepción
de las mercancías entregadas por el transportador.
2.6. No expedir o expedir con inexactitudes, errores u omisiones el certificado de
integración de las materias primas e insumos nacionales y extranjeros utilizados en la
elaboración y transformación de mercancías en la Zona Franca, cuando dichos errores,
inexactitudes u omisiones impliquen una menor base gravable para efectos de la
liquidación de los tributos aduaneros a que se refiere el artículo 400 del presente
decreto.
2.7. Incurrir en error o inexactitud en la información entregada a la autoridad
aduanera, cuando dichos errores o inexactitudes se refieren al peso, tratándose de
mercancía a granel y cantidad de las mercancías.
2.8. No llevar los registros de la entrada y salida de mercancías de la Zona Franca
conforme a los requerimientos y condiciones señalados por la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales.
2.9. No informar por escrito a la autoridad aduanera, a más tardar dentro de los tres
(3) días siguientes a la ocurrencia del hecho o de su detección, sobre el hurto, pérdida o
sustracción de las mercancías sujetas a control aduanero de los recintos de la Zona
Franca.
2.10. Destruir mercancías sin contar con la presencia de la autoridad aduanera.
La sanción aplicable será de multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales
mensuales vigentes por cada infracción.
Para la falta prevista en el numeral 2.9., se aplicará la sanción prevista en el artículo
503 del presente decreto cuando con ocasión de la sustracción de la mercancía no sea
susceptible de ser aprehendida.
3. Leves:
3.1. No disponer de las áreas necesarias para realizar la inspección física de las
mercancías y demás actuaciones aduaneras.
3.2. Impedir u obstaculizar la práctica de las diligencias ordenadas por la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales.
3.3. No contar con los equipos de seguridad, de cómputo y de comunicaciones que la
autoridad aduanera establezca, para efectos de su conexión al sistema informático
aduanero.
La sanción aplicable será de multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales
mensuales vigentes por cada infracción.
Artículo 489. Infracciones aduaneras de los usuarios industriales de bienes,
industriales de servicios y usuarios comerciales de las Zonas Francas Permanentes y
sanciones aplicables. Constituyen infracciones aduaneras en que pueden incurrir los
usuarios industriales y los usuarios comerciales de las Zonas Francas Permanentes,
según corresponda, y las sanciones asociadas a su comisión, las siguientes:
1. Gravísimas
1. 1. No declarar en importación ordinaria los residuos y desperdicios con valor
comercial. 1.2. Cambiar o sustraer mercancías que se encuentren en sus instalaciones.
1.3. Permitir la salida de sus instalaciones de mercancías sin cumplir los requisitos y
formalidades establecidas por las normas aduaneras.
1.4. Actuar sin obtener la autorización del usuario operador para la realización de
cualquier operación que lo requiera.
La sanción aplicable será multa equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos
legales mensuales vigentes.
2. Graves: 24
2.1. Desarrollar operaciones diferentes a aquellas para las que fue calificado.
2.2. Permitir el ingreso a sus instalaciones de los bienes que no les hayan sido
consignados o endosados en el documento de transporte.
2.3. Suministrar la información con inexactitudes, errores u omisiones para expedir el
certificado de integración de las materias primas e insumos nacionales y extranjeros
utilizados en la elaboración y transformación de mercancías en la Zona Franca, cuando
dichos errores, inexactitudes u omisiones impliquen una menor base gravable para
efectos de la liquidación de los tributos aduaneros a que se refiere el artículo 400 del
presente decreto.
2.4. No reingresar los bienes cuya salida fue autorizada de Zona Franca para efectos
de procesamiento parcial o reparación, revisión o mantenimiento de bienes de capital,
de sus partes o repuestos.
La sanción aplicable será de multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales
mensuales vigentes por cada infracción.
2.5. No informar por escrito al usuario operador, a más tardar al día siguiente, la
ocurrencia del hecho o de su detección, sobre el hurto, pérdida o sustracción de bienes
de sus instalaciones. Para las faltas previstas en los numerales 2.4 y 2.5, se aplicará la
sanción prevista en el artículo 503 del presente decreto cuando con ocasión de la
comisión de la infracción no sea susceptible de ser aprehendida la mercancía.
3. Leves:
3.1. No disponer de las áreas necesarias para realizar la inspección física de las
mercancías y demás actuaciones aduaneras.
3.2. No facilitar las labores de control de inventarios que determine la autoridad
aduanera.
3.3. Impedir u obstaculizar la práctica de las diligencias ordenadas por la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales.
3.4. No contar con los equipos de seguridad, de cómputo y de comunicaciones que la
autoridad aduanera establezca, para efectos de su conexión al Sistema Informático
Aduanero.
3.5. No informar al Usuario Operador de manera previa, el ingreso de los bienes de
que trata el artículo 392-3 del presente decreto.
La sanción aplicable será de multa equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales
mensuales vigentes por cada infracción.
Artículo 489-1. Infracciones aduaneras de los usuarios administradores y de los
usuarios expositores de las Zonas Francas Transitorias. Constituyen infracciones
aduaneras en que pueden incurrir los usuarios administradores y Expositores de Zonas
Francas Transitorias en cuanto se aplique a sus respectivas obligaciones y las
sanciones asociadas a su comisión, las siguientes:
1. Gravísimas:
1.1. Permitir la salida de mercancías de las instalaciones de la Zona Franca
Transitoria sin cumplir con los requisitos establecidos por las normas aduaneras para
estos efectos.
Para las infracciones previst as en el presente numeral, se impondrá sanción de
multa equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2. Graves:
2.1. Permitir el ingreso a las instalaciones de la Zona Franca Transitoria, de
mercancías cuyo documento de transporte no esté consignado o endosado a un usuario
expositor.
Para la infracción contemplada en el presente numeral, se impondrá sanción de
multa equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
3. Leves: 25
3.1. Impedir u obstaculizar la práctica de las diligencias ordenadas por la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Para la infracción prevista en el presente numeral, se impondrá sanción de multa
equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
Disposiciones transitorias
Artículo 4°. Homologación de requisitos de usuarios. Las Zonas Francas Industriales
de Bienes y de Servicios, así como las Zonas Francas Turísticas y Tecnológicas
declaradas con anterioridad a la vigencia del presente decreto, se entenderán
declaradas como Zonas Francas Permanentes hasta el término concedido en la
resolución de declaratoria otorgada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Los usuarios operadores que con anterioridad a la vigencia de este decreto hubieren
obtenido permiso o autorización para operar otorgado por parte del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo o por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, se entenderán reconocidos hasta el término concedido en la respectiva
resolución.
Parágrafo transitorio. Dentro del año siguiente a la fecha en que entre a regir el
presente decreto, los usuarios industriales de bienes, de servicios y los usuarios
comerciales que hayan obtenido calificación como tales por parte del usuario operador,
con posterioridad a la vigencia de la Ley 1004 de 2005, deberán homologar ante la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales el cumplimiento de los requisitos
establecidos en el presente decreto.
Artículo 5°. Prórroga de contratos de arrendamiento. La prórroga del contrato de
arrendamiento de terrenos de la Nación declarados como Zona Franca, suscrito entre el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la persona jurídica autorizada como
usuario operador con anterioridad a la vigencia del presente decreto, se condicionará a
la autorización del arrendatario como usuario operador de la Zona Franca Permanente
por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Para el efecto, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales verificará que el
arrendatario cumpla con los requisitos previstos en el presente decreto previa remisión
de la documentación por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Artículo 6°. Reemplazo del arrendatario. La aceptación de una oferta y la suscripción
de un nuevo contrato de arrendamiento de terrenos de la Nación declarados como Zona
Franca por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se condicionarán a la
autorización del oferente como usuario operador de la Zona Franca por parte de la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Para el efecto, el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo deberá exigir en los términos de referencia o en los
pliegos de condiciones el cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente decreto
para obtener la autorización como usuario operador, así como los exigidos para obtener
los beneficios tributarios que concede la Ley y, previa suscripción del contrato, deberá
remitir, a la dependencia competente de la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, la documentación pertinente para que determine la procedencia de la
autorización.
Artículo 7°. Garantías. Dentro del término de un mes (1) contado a partir de la
entrada en vigencia de este decreto, los usuarios operadores de las Zonas Francas
declaradas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo deberán modificar la
póliza de cumplimiento, estableciendo, como beneficiario de la misma, a la NaciónUnidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y, como
objeto, precisar que con esta se garantiza el pago de los tributos aduaneros y de las
sanciones a que haya lugar por el incumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades consagradas en el Decreto 2685 de 1999 y demás normas que lo
modifiquen o adicionen.
Tratándose de las garantías otorgadas por usuarios operadores que ostenten la
calidad de arrendatarios de los terrenos de la Nación declarados como Zonas Francas
deberán ser modificadas por dichos usuarios, adicionando como beneficiario a la 26
Nación - Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
a efectos de respaldar el cumplimiento de las obligaciones del régimen de Zonas
Francas y por lo tanto se adicionará el objeto de la garantía conforme lo dispone el
inciso anterior.
Las sanciones y los riesgos garantizados con cargo a las pólizas aprobadas por el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con anterioridad a la entrada en vigencia
del presente decreto para las Zonas Francas, podrán ser ejecutados por la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacionales.
Para el caso de las garantías otorgadas por usuarios operadores que ostenten la
calidad de arrendatarios de los terrenos de la Nación declarados como Zonas Francas,
cuando el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo determine un incumplimiento al
contrato de arrendamiento, se lo informará a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales para que le suministre la información necesaria sobre la garantía a efectos
de hacer efectivo su cumplimiento por parte de dicho Ministerio.
En todo caso, las garantías de que trata esta disposición serán custodiadas y
conservadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Artículo 8°. Zonas Francas Transitorias. Las solicitudes de declaratoria de Zona
Franca Transitoria, referidas a eventos que se pretendan realizar con anterioridad al
quince (15) de abril de realización del evento.
Para estos casos, la resolución que declare el área como Zona Franca Transitoria,
especificará el período de declaratoria el cual incluirá la duración del evento, un período
previo de quince (15) días y uno posterior hasta de seis (6) meses, prorrogable este
último por una sola vez y hasta por el mismo término.
Los bienes de que trata el artículo 410-13 y los señalados en el artículo 410-14 que
no hayan sido consumidos, distribuidos o utilizados durante el evento, deberán dar
cumplimiento a los presupuestos establecidos en el artículo 410-15 de este decreto.
Artículo 9°. Rescate de mercancías abandonadas. Las mercancías que, a la fecha de
entrada en vigencia del presente decreto, no se les hubiere definido su situación jurídica
por parte de las personas jurídicas que ya no se encuentren en Zona Franca en calidad
de usuarios, sometiéndolas a un régimen de comercio exterior o de abandono
voluntario, podrán ser rescatadas en el término de un (1) mes como único plazo
contado a partir de la vigencia del presente decreto, cancelando además de los tributos
aduaneros, el quince por ciento (15%) del valor en aduana de la mercancía por
concepto de rescate. Vencido este término sin que se hubiere presentado la declaración
de legalización, las mercancías pasarán a ser de propiedad de la Nación, sin que se
requiera ningún acto administrativo que así lo declare.
Artículo 10. Vigencia. El presente decreto rige desde la fecha de su publicación y
deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 12 de febrero de 2007.
ÁLVARO URIBE VÉLEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Alberto Carrasquilla Barrera.
El Ministro de Comercio, Industria y Turismo,
Luis Guillermo Plata Páez.
ESTATUTO ADUANERO
TITULO XI
ZONAS DE REGIMEN ADUANERO ESPECIAL
DE LA REGION DE URABA Y DE TUMACO Y GUAPI
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 430. Zonas de Régimen Aduanero Especial.
Las Zonas de Régimen Aduanero Especial que se desarrollan en el presente Título, estarán conformadas por los siguientes municipios: Arboletes, San Pedro de Urabá, Necoclí, San Juan de Urabá, Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Acandí y Unguía en la región de Urabá de los Departamentos de Antioquia y Chocó, y los municipios de Tumaco en el Departamento de Nariño y de Guapí en el Departamento del Cauca.
En consecuencia, los beneficios aquí consagrados se aplicarán exclusivamente a las mercancías que se importen a las mencionadas Zonas, donde se establecerán los controles necesarios para su entrada y salida, en los sitios que a continuación se señalan:
Región de Urabá:
· Vía marítima: Turbo.
· Vía terrestre: Arboletes, Mutatá y San Pedro de Urabá.
· Vía aérea: Aeropuerto de Apartadó, Turbo y Mutatá.
Departamento de Nariño
· Vía marítima: Puerto de Tumaco
· Vía terrestre: Tumaco
· Vía aérea: Aeropuerto de Tumaco
Departamento del Cauca
· Vía marítima: Puerto de Guapí
· Vía terrestre: Guapí
· Vía aérea: Aeropuerto de Guapí
Artículo 431. Mercancías que se pueden importar a las Zonas de Régimen Aduanero Especial.
Al amparo del Régimen Aduanero Especial se podrá importar a las mencionadas Zonas toda clase de mercancías, excepto armas, publicaciones que atenten contra la moral y las buenas costumbres, productos precursores en la elaboración de narcóticos, estupefacientes o drogas no autorizadas por el Ministerio de Salud y mercancías cuya importación se encuentre prohibida por el artículo 81 de la Constitución Política o por convenios internacionales a los que haya adherido o adhiera Colombia.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá limitar la aplicación del presente Título a la importación de determinados bienes a las Zonas de Régimen Aduanero Especial.
Artículo 432. Mercancías que no se pueden importar.
Bajo el régimen aduanero especial consagrado en este Título, no se podrán importar vehículos, electrodomésticos, licores ni cigarrillos.
Artículo 433. Importaciones de maquinarias y equipos.
Las importaciones para uso exclusivo en las Zonas, de materiales, maquinarias, equipos y sus partes, destinados a la construcción de obras públicas de infraestructura, obras para el desarrollo económico y social y para la prestación de servicios públicos, gozarán de franquicia de tributos aduaneros, previo concepto favorable del Corpes Regional o de la entidad que haga sus veces, sobre los programas y proyectos que se desarrollen en dichas áreas y su conformidad con los planes de desarrollo regional y local debidamente aprobados.
Artículo 434. Disposiciones que rigen la importación de mercancías a las Zonas de Régimen Aduanero Especial.
Las importaciones que se realicen a las Zonas de Régimen Aduanero Especial de que trata el presente Título, solo pagarán el impuesto sobre las ventas sobre el valor en aduana de las mercancías, con la presentación y aceptación de una Declaración de Importación Simplificada, bajo la modalidad de franquicia, dentro de los dos (2) meses siguientes a la llegada de las mercancías al país, en el formato que para el efecto prescriba la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Las mercancías así importadas quedarán en restringida disposición.
No se requerirá de registro o licencia de importación, ni de ningún otro visado, autorización o certificación.
El procedimiento de recepción del medio de transporte y registro de los documentos de viaje, se sujetará a lo dispuesto en los artículos 90º y siguientes del presente Decreto.
Parágrafo. Lo dispuesto en este Capítulo se aplicará sin perjuicio de las importaciones de mercancías que se acojan al régimen ordinario que les confiere la libre disposición.
Artículo 435. Documentos soporte de la Declaración de Importación Simplificada bajo la modalidad de franquicia.
Para efectos aduaneros, el declarante está obligado a obtener antes de la presentación y aceptación de la Declaración y a conservar por un período mínimo de cinco (5) años contados a partir de la presentación y aceptación, el original de los siguientes documentos que deberán poner a disposición de la autoridad aduanera, cuando ésta así lo requiera:
a) Factura comercial, cuando hubiere lugar a ella;
b) Documento de transporte;
c) Lista de empaque, cuando hubiere lugar a ella;
d) Mandato, cuando no exista endoso aduanero y la Declaración de Importación se presente a través de una Sociedad de Intermediación Aduanera o apoderado y,
e) Declaración Andina del Valor y los documentos soporte cuando a ello hubiere lugar.
Parágrafo 1. La Declaración de Importación Simplificada, bajo la modalidad de franquicia, deberá presentarse de conformidad con los artículos 10º y 11º del presente Decreto.
Parágrafo 2. En el original de cada uno de los documentos soporte que deben conservarse de conformidad con el presente artículo, el declarante deberá consignar el número y fecha de la Declaración de Importación Simplificada a la cual corresponden.
Artículo 436. Consumo dentro de la Zonas.
Para que las mercancías introducidas a las Zonas de Régimen Aduanero Especial gocen de los beneficios previstos en el presente Título, deberán destinarse al consumo o utilización dentro de las Zonas. Se entenderá que las mercancías importadas al amparo del Régimen Aduanero Especial, se consumen cuando se utilizan dentro de las Zonas, o cuando son vendidas para el consumo interno a los domiciliados en dichos municipios, o a los turistas o viajeros. También se considerarán como ventas para consumo interno, los retiros para el consumo propio del importador.
Parágrafo. Las ventas que se realicen dentro de las Zonas están gravadas con el impuesto a las ventas de conformidad con el Estatuto Tributario.
CAPITULO II
INTRODUCCION DE MERCANCIAS
AL RESTO DEL TERRITORIO ADUANERO NACIONAL
Artículo 437. Introducción de mercancías.
Las mercancías importadas a las Zonas de Régimen Aduanero Especial en desarrollo de lo dispuesto en el presente Título, podrán ser introducidas al resto del territorio aduanero nacional bajo la modalidad de viajeros o presentando una modificación de la Declaración de Importación Simplificada, bajo la modalidad de franquicia, presentada en el momento de la importación según el artículo 434º de este Decreto.
La modificación de la Declaración de Importación Simplificada se presentará a través del sistema informático aduanero, ante la Administración de Aduanas competente, según reglamentación que para el efecto expida la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la cual se sujetará a lo dispuesto en los artículos 10º y 11º del presente Decreto.
Artículo 438. Liquidación y pago de tributos aduaneros.
Las personas domiciliadas en el resto del territorio aduanero nacional, podrán adquirir mercancías en las Zonas de Régimen Aduanero Especial, las cuales podrán ingresar como carga al resto del territorio aduanero nacional, con el pago de los derechos de aduana y mediante la presentación de la modificación de la Declaración de Importación Simplificada, bajo la modalidad de franquicia, a través de una Sociedad de Intermediación Aduanera, salvo los casos de actuación directa expresamente señalados en el artículo 11º del presente Decreto.
La modificación de la Declaración deberá presentarse, previamente al envío de la mercancía al resto del territorio aduanero nacional, a través del sistema informático aduanero, ante la Administración de Aduanas competente, cancelando los derechos de aduana correspondientes en cualquier entidad bancaria ubicada en la jurisdicción de la respectiva Zona de Régimen Aduanero Especial. La entidad bancaria deberá estar autorizada para recaudar por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Artículo 439. Documentos soporte de la modificación de la Declaración de Importación Simplificada bajo la modalidad de franquicia.
Para efectos aduaneros, el declarante está obligado a obtener antes de la presentación y aceptación de la modificación de la Declaración de Importación Simplificada, bajo la modalidad de franquicia y a conservar por un período mínimo de cinco (5) años contados a partir de la fecha de presentación y aceptación de la Declaración, el original de los siguientes documentos que deberá poner a disposición de la autoridad aduanera, cuando ésta así lo requiera:
a) Registro o licencia de importación que ampare la mercancía, cuando a ello hubiere lugar;
b) Factura comercial, cuando hubiere lugar a ella;
c) Certificado de sanidad y aquellos otros documentos exigidos por normas especiales y,
d) Mandato, cuando no exista endoso aduanero y la modificación de la Declaración de Importación con franquicia se presente a través de una Sociedad de Intermediación Aduanera o apoderado.
Parágrafo 1. En el original de cada uno de los documentos soporte que deben conservarse de conformidad con el presente artículo, el declarante deberá consignar el número y fecha de la modificación de la Declaración de Importación con franquicia a la cual corresponden.
Parágrafo 2. Para aquellas mercancías sobre las cuales la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales haya fijado listas de precios, no se admitirá la declaración de precios inferiores a los allí establecidos.
Artículo 440. Viajeros.
Los viajeros procedentes de las Zonas de Régimen Aduanero Especial tendrán derecho personal e intransferible a introducir al resto del territorio aduanero nacional, como equipaje acompañado, únicamente con el pago del impuesto sobre las ventas, artículos nuevos para su uso personal o doméstico hasta por un valor total equivalente a dos mil quinientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$2.500). Los menores de edad tendrán derecho al cincuenta por ciento (50) del cupo mencionado.
Dentro de este cupo, el viajero no podrá traer en cada viaje más de dos (2) electrodomésticos de la misma clase, ni más de seis (6) artículos de la misma clase diferentes de electrodomésticos.
Estas mercancías deberán ser destinadas al uso personal del viajero y por lo tanto, no podrán ser comercializadas.
Así mismo, los viajeros con destino al exterior podrán llevar mercancías hasta por un valor de cinco mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$5.000) al año pagando el impuesto a las ventas que se cause dentro de las Zonas, conforme a las normas del Estatuto Tributario.
CAPITULO III
DISPOSICIONES DE CONTROL
Artículo 441. Ingreso de mercancías a las Zonas de Régimen Aduanero Especial.
El ingreso de mercancías desde el resto del territorio aduanero nacional a las Zonas de Régimen Aduanero Especial no constituye exportación y el control aduanero se realizará cuando se exporten o a su reingreso al resto del país.
Artículo 442. Facultades de fiscalización y control.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dispondrá los mecanismos y lugares de control en las Zonas de Régimen Aduanero Especial.
Igualmente, realizará los programas de fiscalización que permitan verificar el cumplimiento de las obligaciones contempladas en el presente Título, especialmente que las mercancías que van a ser introducidas al resto del territorio aduanero nacional vayan acompañadas de la Declaración de Viajeros o de la modificación de la Declaración de Importación Simplificada, bajo la modalidad de franquicia, con los documentos soporte respectivos.
Artículo 443. Obligaciones de los comerciantes.
Los comerciantes domiciliados en las Zonas de Régimen Aduanero Especial, deberán inscribirse ante la Administración de Aduanas correspondiente, expedir las facturas correspondientes, con el lleno de los requisitos señalados en el artículo 617 del Estatuto Tributario, liquidar y recaudar el impuesto a las ventas que se cause en las enajenaciones dentro de las Zonas, efectuar la consignación de las sumas recaudadas de acuerdo con lo previsto en el Estatuto Tributario y llevar un libro diario de registro de ingresos y salidas en el que se deben anotar las operaciones de importación, compras y ventas, el cual sustituye para todos los efectos aduaneros la contabilidad de los comerciantes, cuyo atraso por más de quince (15) días dará lugar a la imposición de la sanción por irregularidad en la contabilidad consagrada en el artículo 655 del Estatuto Tributario.
Para efectos aduaneros, los comerciantes también estarán obligados a conservar por un término de cinco (5) años, copias de las facturas expedidas y de los documentos que soporten la modificación de la Declaración de Importación con
franquicia, con el fin de colocarlos a disposición de la autoridad aduanera cuando ésta lo requiera.
El puerto de la zona Urabá
Conectividad y competitividad. Esas son las principales necesidades del departamento de Antioquia en las que hacen énfasis los dirigentes de la región, en foros regionales sobre el Plan Nacional de Desarrollo (PND), realizados en la Plaza Mayor.
En la que ponen sobre la mesa diversos temas y proyectos, la discusión se centra en el proyecto Autopistas de la Montaña como eje de la infraestructura necesaria para impulsar el desarrollo económico del departamento.
La inquietud surge porque, a pesar de que el proyecto es un compromiso de las administraciones anteriores, "se necesitan aclarar los recursos y que aparezca con nombre propio el billón de pesos para Autopistas de la Montaña en el Plan de Desarrollo", como lo señala Planeación Departamental.
La financiación se haría de la siguiente manera: un billón de pesos provenientes del Gobierno Nacional, 600 mil millones de pesos del Departamento de Antioquia, 400 mil millones de pesos del Municipio de Medellín y el monto restante lo generarían los peajes cobrados en las diferentes vías.
"Este es el gran proyecto de la competitividad de la región. Por eso, es necesario hacer ese esfuerzo. En cuanto a los recursos restantes es importante que la inversión del Gobierno Nacional sea incluida en el Plan Nacional de Desarrollo, expresamente lo que se refiere a la doble calzada a Urabá y la doble calzada a Caucasia.
El puerto de Urabá
Finalmente, el proyecto del puerto de Urabá beneficiarán los intereses del departamento y del país.
"Si va a hacer una doble calzada hasta Urabá, pues es lógico hacer un puerto que entre a facilitar las exportaciones e importaciones de Colombia".
En este sentido, el presidente del Comité Intergremial de Antioquia, junto con un sistema férreo, la iniciativa de definir los 'cielos abiertos' para el aeropuerto José María Córdova y la identificación de la agricultura como jaloneador del desarrollo de la región, entre otros temas.
t. l. c. (Tratado de Libre Comercio)
Resumen
Con ocasión de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos se ha hablado de las consecuencias negativas que éste puede tener para la seguridad del país en caso de que debilite la economía rural. Aunque la relación entre un detrimento en las condiciones económicas del campo y un deterioro en la seguridad es fácil de establecer, no resulta tan sencillo encontrar una relación entre el desarrollo del agro y un mejoramiento de la seguridad. Este artículo plantea que un TLC que traiga desarrollo económico al campo podría mejorar las condiciones de seguridad de Colombia, pero que también podría tener la consecuencia inesperada de fomentar la inseguridad al proveer fuentes de recursos a grupos ilegales. Para lograr que el desarrollo económico del campo repercuta positivamente en el tema de seguridad, la autora plantea que éste debe estar complementado con un desarrollo de las instituciones, privadas y públicas, y las adecuadas garantías de orden público por parte del Estado
Palabras Clave
Seguridad, desarrollo rural, orden público, instituciones, Tratado de Libre Comercio.
Los mecanismos de integración traen implicaciones importantes no sólo en el campo socioeconómico, sino también en las esferas políticas. En la actualidad, los debates principales que se han presentado acerca de un acuerdo de libre comercio entre Colombia y los Estados Unidos han girado alrededor de los efectos en ciertos sectores industriales como las exportaciones, el empleo y el crecimiento de la economía. Sin embargo, resulta evidente que el acuerdo afectará otras dimensiones de la vida política nacional, ya sea directa o indirectamente. Una de éstas será, sin duda, el conflicto interno.
Este artículo pretende ofrecer una primera aproximación sobre las posibles repercusiones que tendría, para el escenario de seguridad en el país, un Tratado de Libre Comercio (TLC) con EEUU. Para tal propósito, se examinan los vínculos existentes entre el estado de desarrollo del campo y el conflicto armado, a fin de entender las consecuencias que tendría, en algunas regiones estratégicas, un acuerdo que afectará negativamente al sector agrícola. En este sentido, el documento sostiene que aún en el caso de que las negociaciones concluyeran en ganancias para la economía rural, ello no necesariamente se traduciría en un mejoramiento automático de la situación del conflicto: Si el fortalecimiento del sector agrícola actúa como un escudo contra la violencia y la inseguridad o, por el contrario, se convierte en nuevas oportunidades para ser explotadas por los grupos armados, ello depende de la calidad de las instituciones y del grado de orden público. De este modo, será la interacción entre estos tres componentes (instituciones, economía, orden público), dentro de un modelo de seguridad integral, lo que pueda permitir determinar el nivel de beneficio subyacente al fortalecimiento del sector agrícola.
El campo y el conflicto armado
Para Colombia, el tema agrícola está entre los más sensibles en las negociaciones con EEUU. No solamente porque 42 gremios agropecuarios en el país se han convertido en un grupo de presión importante, sino también porque el destino socioeconómico del campo colombiano está estrechamente atado al rumbo del conflicto interno.
En principio, el conflicto interno tiene sus raíces en el campo. La guerrilla nació de asociaciones de autodefensa campesinas interesadas en los derechos de la tierra, en la colonización autónoma y en la libertad de sus actividades agrícolas. Adicionalmente, la expansión del conflicto, en sus primeras dos décadas, se concentró en zonas marginales y poco desarrolladas del país. Estas zonas incluían los límites del Meta con el Caquetá, el norte de Arauca, el norte del Valle del Cauca y el Urabá antioqueño (Echandía 1999). Si bien las condiciones de pobreza, desigualdad y el subdesarrollo en el campo no fueron causas directas del conflicto, es claro que éstas nutrieron sus dinámicas al trabajar en conjunto con otros factores. No solamente la ubicación estratégica de estas zonas o la escasa presencia del Estado en ellas, contribuyó a la presencia y expansión de los grupos guerrilleros, sino que también colaboró en este penoso proceso, la extrema marginalidad de sus poblaciones, la cual fue un factor importante en la construcción de la base social de los grupos armados revolucionarios en su momento.
El crecimiento de la presencia de la guerrilla en nuevas regiones del país durante los años 80 resultó necesariamente en importantes luchas territoriales entre los grupos de izquierda y los intereses agrícolas. Estos choques se exacerbaron con la llegada de cultivadores de coca, quienes a su vez se convirtieron en terratenientes dueños de milicias privadas abocadas a la protección de sus actividades ilícitas. Para finales de los años 80, estos grupos de auto-defensa adoptaron políticas cada vez más ofensivas contra la guerrilla o cualquier simpatizante de la izquierda que pudiera amenazar su dominio territorial.
La transformación que se dio en el conflicto armado en la década de los 90, período durante el cual tanto las FARC como los paramilitares se expandieron en tamaño, capacidad militar y presencia territorial, también está estrechamente vinculado con las transformaciones sucedidas en el campo colombiano. De esta suerte, el ingrediente crítico en la expansión e intensificación del conflicto fue la explosión de la producción doméstica de coca y la progresiva injerencia de los grupos armados en sus diferentes etapas de procesamiento y comercialización. Con sólo el 14% del mercado global de hoja de coca en 1991, Colombia se volvió, para el 2004, responsable de un 80% de la producción mundial de cocaína con poco más de 100,000 hectáreas de cultivos según cifras del 2002 (UNODC 2004:
Las causas de este formidable aumento en la producción de coca son múltiples. Favoreció este fenómeno, sin duda, la exitosa erradicación de cultivos de coca en Perú y Bolivia, la estrategia adoptada por los nuevos baby carteles de traer la producción de cocaína al país y el rol de los grupos armados en el negocio de las drogas. Pero asimismo influyó en este hecho la contracción de la economía rural después de la apertura de la economía nacional a comienzos de los años 90.
Si bien es claro que las zonas donde se realizaron los aumentos más importantes en los cultivos eran regiones remotas y recién colonizadas en el norte y el sur del país, la coca también echó raíces, literalmente, en regiones tales como el Eje Cafetero y el departamento de Nariño, donde la economía campesina sufrió reveses graves en la década de los 90. En estos casos, los grupos armados y las dinámicas del conflicto no tardaron mucho en llegar tras los cultivos ilícitos.
Hoy en día, a pesar de las aspiraciones de las FARC y un incremento en sus acciones urbanas, el epicentro del conflicto armado colombiano sigue estando en el campo en donde reside el 27% de la población y se genera, además, el 23% del empleo nacional (Ministerio de Agricultura 2004: 31). Dado que varios de los productos agrícolas que están siendo negociados se encuentran en zonas con altos índices de violencia e inseguridad, el interés en cómo el TLC puede afectar la economía rural es prioritario.
"Una agricultura débil equivale a un terrorismo fuerte", Álvaro Uribe
La posición de Presidente Uribe que vincula un sector agrícola débil con los problemas de inseguridad que azotan al país no es controvertida. Después de todo, hay una plétora de evidencia que apoya la correlación entre una economía rural endeble y los cultivos ilícitos, el narcotráfico, la violencia y el conflicto armado. Al respecto, no se discute que la pérdida de aproximadamente un millón de hectáreas de cultivos agrícolas después de la apertura, en los años 90, engendró la inestabilidad social en ciertas regiones del campo, donde se registraron aumentos en la pobreza, el desempleo y las migraciones.
Los anteriores factores contribuyeron directamente a la configuración de dos factores que explican la expansión del conflicto armado. En primer lugar, los cultivos ilícitos aumentaron de 45,000 hectáreas en 1994 a 163,000 en el 2000 (UNODC 2004: 7); en segundo lugar, los grupos armados crecieron drásticamente: las fuerzas de las FARC crecieron de 9 mil a 17 mil hombres durante la década anterior al 2004 mientras los paramilitares crecieron más de 6 veces en el mismo periodo (Sánchez et al. 2003; El tiempo.com 2004; Semana 2005b). La convergencia entre estos dos cambios resultó en una de las épocas más violentas e inestables en la historia del conflicto colombiano.
Con este precedente, la situación socioeconómica actual del campo no es alentadora. El 83% de la población campesina hoy vive bajo la línea de pobreza y el 40% vive en la pobreza extrema (Ministerio de agricultura 2004). Sólo el 30% de la población infantil en el campo tiene acceso a la educación en comparación con el 65% en las ciudades (Ministerio de Educación 2001). De este modo, no es sorprendente que la población campesina mire a los cultivos ilícitos como una alternativa real. Tampoco es difícil entender por qué el discurso de las FARC sobre la desigualdad y la pobreza apela tanto a las pobres condiciones que todavía están presentes en el campo de donde proviene el 90% de los reclutados de los grupos armados.
Así, desde un primer nivel, el análisis del presidente Uribe es acertado: Si las negociaciones del TLC afectan negativamente al sector agrícola y a la economía rural del país, es razonable esperar un empeoramiento de las condiciones económicas que a la vez se convierta en un combustible para la ilegalidad y la inseguridad.
Actualmente muchos de los productos agrícolas sensibles en las negociaciones se encuentran en zonas de conflicto en donde hay cultivos de coca y/o actores armados.
El azúcar (ver cuadro No 1) representa 4.3% del valor del sector agrícola, pero aporta el 20% de las exportaciones agrícolas colombianas. Con 180 mil empleos directos o indirectos, la industria del azúcar genera casi el 4% del empleo agrícola
en el país. La caña de azúcar se encuentra principalmente en la cuenca del río Cauca, en los departamentos del Cauca y Valle. Hay aproximadamente 28 mil productores de arroz en Colombia (ver cuadro No 2), ubicados principalmente en Tolima, Huila, Meta y Norte de Santander. Este producto aporta el 10% del valor total del sector agrícola. El algodón todavía provee empleo directo a alrededor de 20 mil individuos, principalmente en los departamentos de Tolima, Valle y Córdoba. Otro producto sensible en las negociaciones es el maíz (ver cuadro No 3) que pese a que representa sólo el 6% del empleo agrícola, tiene una gran importancia debido a su presencia, ya sea en pequeñas cantidades, por, virtual-mente, todo el territorio nacional.
Plantear restricciones comerciales contra estos productos, limitando su acceso a mercados exteriores o eliminando las protecciones domesticas que disfrutan, tendría seguramente un impacto negativo, especialmente en áreas donde no se ofrecen alternativas laborales. Aunque los efectos no son ni inmediatos ni garantizados, entre las consecuencias posibles más graves se incluyen la ruina económica para familias campesinas, el abandono de sus tierras, la migración y la siembra de cultivos más rentables, es decir, hoja de coca y/o amapola. De manera análoga a las dinámicas que se dieron en la década de los 90, la contracción de la economía rural muy probablemente llevaría al agravamiento de la inseguridad en el campo.
Parece entonces, que no existe mucho desacuerdo sobre los efectos del empeoramiento del sector agrícola para la seguridad del país; no obstante no es tan obvio que un acuerdo comercial con EEUU que fortaleciera la economía rural, pudiera tener necesariamente el efecto opuesto. Es decir, una robusta economía rural no redundará automáticamente en una mejora del conflicto armado o de las condiciones de seguridad del país.
Al respecto, debe observarse que tanto el crecimiento de las FARC como el de los paramilitares se deben no sólo a su participación en una economía ilegal basada en la coca, sino también a su capacidad de aprovecharse de la economía legal. Los actores armados y los cultivos ilícitos no migran únicamente a zonas económicamente deprimidas; una parte importante de la expansión de los grupos ilícitos ha sido hacia los centros agrícolas, cafeteros, ganaderos, mineros y petroleros. Por paradójico que parezca, una economía rural y un sector agrícola prósperos ofrecen nuevas posibilidades de financiación para los grupos al margen de la ley a través de prácticas tales como el robo, la extorsión y el secuestro (Rangel 2000). En el Valle del Cauca, por ejemplo, la actividad agroindustrial que Se desprende del cultivo de caña de azúcar ha sido un espacio propicio para los grupos armados y la extorsión. Hoy, el 38% de los ingresos de las FARC proviene de robo de ganado, el doble de lo que le representa el negocio de la droga
(Semana 2005a). Y mientras la tasa de secuestro se ha reducido, los casos de extorsión por las FARC han aumentado de nuevo – casi la mitad de los cuales tienen lugar en zonas rurales. En adición a su comportamiento parasitario sobre actividades lícitas, los actores ilegales también han entrado directamente en la economía legal a través de inversiones en tierras y comercio.
Entonces, aunque el Presidente Uribe tenga la razón al decir que un TLC que perjudique la economía rural colombiana seguramente empeoraría la seguridad, también es cierto que un acuerdo comercial que contribuya a mejorar la economía rural puede tener la consecuencia, no esperada, de generar una mayor inseguridad y actuar como un imán que atrae grupos ilegales.
El tipo de seguridad: economía, instituciones y orden público
Un TLC que estimule las exportaciones agrícolas, mantenga la protección para los cultivos sensibles y dé ingresos no sustituibles para una parte de la población rural, fortalecería el desarrollo del campo y sería bueno para el país. Sin embargo, por sí solo no garantiza el mejoramiento de la seguridad. Si el fortalecimiento del sector agrícola actúa como un escudo contra la violencia y la inseguridad, o, por el contrario, brinda nuevas oportunidades para ser explotadas por los grupos armados, depende de dos componentes adicionales que son centrales para un modelo integral de seguridad. Tanto el contexto institucional como del orden público determinarán, en gran medida, cómo las potenciales ganancias económicas del TLC repercutirán en el tema de seguridad. Sin las instituciones adecuadas ni unas condiciones mínimas de orden público, el crecimiento económico no solamente no mejorará la seguridad, sino que, por el contrario, puede convertirse en un factor que la agrave.
Con base en los parámetros más amplios en definiciones de seguridad que se han desarrollado en el periodo del pos guerra fría (Matthew 1989; Buzan 1991; Buzan, Waever y de Wilde 1998), una perspectiva integral de la seguridad debe incorporar tres componentes: el desarrollo económico, las instituciones y el orden público. Una seguridad comprehensiva y duradera depende de cada uno de estos aspectos y sería equivocado reducirla a uno solo. La provisión por parte del Estado de protección física a los ciudadanos, a su infraestructura, a sus instituciones y a su territorio, así como las instituciones públicas y privadas que establecen el contexto normativo y legal para las actividades estatales y de la sociedad, y también, la satisfacción de las necesidades humanas básicas, sumados a los recursos e incentivos suficientes para estimular la economía, forman una matriz sistémica de seguridad. Tomados conjuntamente, constituyen las tres patas de lo que se pueden pensar como un trípode de seguridad (Mason 2003). La estabilidad de tal arquitectura de seguridad requiere simetría,
articulación y una distribución equitativa entre sus bases de apoyo. La estructura depende de la interdependencia mutua entre las tres partes: la seguridad basada principalmente en una u otra dimensión, o que omite cualquiera de ellas, es necesariamente inestable, parcial y transitoria.
Partiendo de la premisa de que un TLC que favorezca el sector agrícola de Colombia fortalecería la economía rural en varias regiones del país, tanto las instituciones como el orden público mediarán en sus efectos reales. Las instituciones tienen un impacto determinante en cómo se desarrolla la actividad económica en el campo, y en el efecto que las ganancias potenciales tendrían en el nivel local. Por un lado, las instituciones estatales establecen el marco legal dentro del cual se administra el orden público, se medían las disputas sociedades, se protegen los derechos humanos y civiles, y se cumplen las prácticas democráticas.
Pero la debilidad del Estado y la fragilidad de sus instituciones no solamente conducen a la extralegalidad y a las rupturas violentas en la sociedad, sino también tienden a frustrar el desarrollo socioeconómico. Tanto el crecimiento económico sostenido como la maximización de las oportunidades productivas brindadas a la sociedad en general dependen del tipo y fortaleza de las instituciones estatales y de las relaciones entre el estado y el sector privado (Evans 1995, 1997; Rodrik 1991). El Estado ofrece un marco legal para los contratos, las transacciones y los derechos de propiedad, contribuyendo así a la predecibilidad, la confianza y la transparencia, que son los fundamentos para los negocios y la inversión. Si bien la reducción de los costos y la incertidumbre crean un ambiente propicio para las actividades del sector privado, de nuevo, son las instituciones las que ayudan a lograr un efecto multiplicador del desempeño económico. Un aparato estatal fuerte es necesario no solamente para reducir la corrupción y el clientelismo burocrático, sino también para incidir en el comportamiento del sector empresarial de tal forma que las actividades en las que éste busca beneficiarse maximicen los beneficios y la productividad de la sociedad. El desarrollo sostenible y la transformación económica del campo dependen de la implementación de estructuras estatales, las organizaciones empresariales y las relaciones entre las dos, en la medida en que son capaces de promover el bien colectivo y de incorporar a la ciudadanía en actividades productivas dentro de la economía legal.
El orden público es otro factor crítico para entender los efectos de una economía rural mejorada en el tema de la seguridad del campo colombiano. Dada la situación interna que vive Colombia, la seguridad es típicamente reducida al orden
público. Sin embargo, en el modelo comprehensivo que utilizo, éste es sólo un aspecto de un cuadro de seguridad más amplio y sistémico. La seguridad pública se define como el uso del poder coercitivo legítimo para proveer protección al mismo Estado y a la sociedad civil de la violencia, o la amenaza de la violencia, que es significante, organizado, y deliberado (Morgan 1997). La seguridad como orden público pone el énfasis en la prevención de los niveles de violencia que resultan en la muerte o la privación de la libertad, las violaciones de los derechos humanos, el desplazamiento forzado, la destrucción de la propiedad y la infraestructura, la inestabilidad institucional, y la erosión de la autoridad estatal sobre el territorio nacional (Mason 2003).
Sin importar cuán robusta sea la industria agrícola, y sin importar cuánto empleo ésta genera para una región, una presencia policial débil y una capacidad estatal pobre de proveer protección llevan a condiciones que anulan los beneficios económicos. Si bien el campo requiere un sector agrícola dinámico, también se requiere de la protección para los negocios, la tierra y la propiedad privada, la infraestructura, y el transporte y las carreteras. En su ausencia, se crea un vacío que fácilmente se llena por los grupos al margen de la ley. La criminalidad y violencia se disparan en la medida en que los grupos ilegales se aprovechan de la economía legal, montan actividades ilícitas, e imponen sistemas privados o extralegales de enriquecimiento y resolución de conflictos que terminan reemplazando la normatividad del estado de derecho.
La seguridad sostenible no se logra solamente con el orden público, un estado fuerte, o una economía robusta. Ésta depende de las interacciones y sinergias entre sus tres componentes: el orden público, que provee protección para los ciudadanos y el sector privado, y desalienta el crimen y la ilegalidad; las instituciones fuertes que fomentan los negocios y la economía garantizan el imperio de la ley y establecen la provisión legal del orden público y la justicia; y el desarrollo socioeconómico que logra que los beneficios de una economía próspera sean óptimos para la sociedad. Una seguridad duradera depende entonces, de cada uno de estos elementos los cuales interactúan entre sí y se nutren mutuamente. Para ilustrar las complejas dinámicas entre estos tres componentes del trípode de seguridad, y en particular la forma cómo las instituciones y el orden público actúan para mediar los efectos de la actividad económica se presenta, a continuación, un breve estudio de caso sobre el Eje Cafetero.
El eje cafetero
Históricamente el viejo caldas fue una de las regiones más estables del país con un alto nivel de cohesión social, una población relativamente próspera y
productiva, con poca violencia y sin la interferencia del conflicto armado. Su economía robusta se basaba en la producción y exportación de café. A mediados del siglo XX, el café representaba el 80% de las exportaciones colombianas y en los noventas se mantenía en el 17%, a pesar de la diversificación del sector externo y la producción de hidrocarburos (Federación Nacional de Cafeteros 2002). Antes de la crisis del precio del café, las actividades cafeteras proveían un ambiente de seguridad laboral para los habitantes de la zona. A diferencia de otras regiones dedicadas a la agricultura, la distribución de la tierra en los departamentos productores de café era una de las menos concentradas en el país (García 2003: 3). Una disminución importante de la concentración de la tierra comenzando en los años 70 (Guhl 2004), aumentó el número de propietarios y, por ende, mejoraron los beneficios distributivos del sector agrícola.
La Federación Nacional de Cafeteros (Fedecafé), con un importante apoyo y participación del gobierno nacional y regional, y dentro del marco institucional de la Organización Internacional del Café (OIC), era la institución que regulaba la organización, producción y comercialización del café en Colombia. La asistencia directa que la Federación ofrecía a los más de 300,000 cafeteros a quienes agremia incluía el apoyo tecnológico y capacitación, la venta o préstamo de maquinaria y herramientas, y apoyo a la investigación. Por otro lado, entre las funciones de comercialización del gremio se encontraban el control de producción y de precios, la promoción de las exportaciones y el fomento de consumo en el exterior. La organización también se establecía como actor clave en cuánto al desarrollo regional (Thorp and Durand 1997; Nasi y Rettberg 2005): era prestadora de servicios básicos en la zona cafetera y de intermediación con el Estado, gracias al cabildeo para lograr que las políticas macroeconómicas del Estado beneficiaran al sector cafetero, organizaba y administraba obras públicas, ejecutaba programas de desarrollo, construía infraestructura en la zona con recursos propios o estatales y, finalmente, organizaba fundaciones para proveer servicios sociales a los caficultores (Federación Nacional de Cafeteros 2005)
Adicionalmente, el eje cafetero fue una de las regiones más seguras en Colombia. Todas las cifras de violencia que se utilizan para medir inseguridad indican que durante el periodo del auge de la industria cafetera, la zona disfrutaba altos niveles de tranquilidad. Los municipios con una presencia de actores armados, encuentros armados, ataques por parte de grupos ilegales, casos de homicidio, casos de secuestro y hectáreas de cultivos de coca estaban entre los más bajos en el país. Además, y a pesar de tener pocos problemas de orden público, la presencia de la policía nacional en los departamentos que producían café estaba ligeramente por encima del promedio nacional (Llorente 1999: 472)
Sin embargo, este panorama cambió dramáticamente en los años 90 tras la liberación de los precios internacionales del café que se dio con la terminación del AIC en 1989 (Nasi y Rettberg 2005). Esto, junto con la llegada de nuevos países productores, resultó en el desplome de los precios del café. El ajuste económico para la zona cafetera fue calamitoso. Para el año 2000, el área cultivada en café era 150.000 hectáreas menos de lo que había sido en 1980 (Guhl 2004), el café pasó de representar un 17% del PIB agropecuario en los 70's a tan sólo un 8% en 1997 y casi 17% de la población en los departamentos productores se encontraron desempleados a finales de los 90 según la Encuesta Nacional de Hogares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Como proceso paralelo, la Federación no pudo hacerle frente a la crisis internacional y se volvió ineficaz en mantener precios estables para el caficultor y, al mismo tiempo se redujo su capacidad de prestar las demás funciones (Nasi y Rettberg 2005). El déficit de la organización y la inercia institucional se combinaron para afectar su capacidad institucional de proteger los intereses de los cafeteros, de manejar el cambio en el mercado global del café y de realizar la planeación estratégica para sacar la industria cafetera de la crisis.
La presencia policial, anteriormente adecuada para una región estable, se volvió ineficiente frente al deterioro en el tejido social tradicional, al creciente malestar y el aumento de la violencia. En muy poco tiempo la guerrilla y los paramilitares se expandieron en el eje cafetero (Vicepresidencia 2003: 147). En 1995, el 53% de los municipios de la zona tenían presencia de grupos guerrilleros, mientras que diez años antes sólo el 2% la tenía. Los ataques de la guerrilla a municipios también se incrementaron exponencialmente. Mientras que en 1990 se presentó un solo ataque, en el año 2000 la cifra alcanzó los 62, siendo Risaralda el departamento más afectado, pero dándose un aumento muy importante en Quindío y Caldas también. (Vicepresidencia 2003: 161). Los encuentros armados en la zona también se dispararon, pasando de 1 en 1990 a 31 en 2000. De la misma forma, los secuestros en la zona cafetera se triplicaron durante la década de los 90 (Vicepresidencia 2003: 151). Finalmente, los cultivos de coca empezaron a aparecer camuflados dentro de cultivos de café, equiparándose al 10% del área cultivada de café (Nasi y Rettberg 2005). Esto ha traído consigo la llegada de narcotraficantes y la inseguridad asociada con su presencia en la zona.
Tanto la estabilidad tradicional como el dramático deterioro en el panorama de seguridad en el eje cafetero son atribuidos comúnmente a su entorno económico. Yo planteo que éste es, sin duda, un aspecto importante pero que no da cuenta de toda la historia. El papel jugado por Fedecafé fue primordial: Pese a haber logrado
un gran desarrollo económico del sector cafetero y habiendo ayudado a convertir las ganancias cafeteras en el motor del desarrollo regional, su incapacidad institucional de adaptarse a las nuevas condiciones globales contribuyó a convertir una situación difícil en una crisis de grandes proporciones. De la misma forma, el relativo aislamiento del eje cafetero de las dinámicas del conflicto interno y la ausencia de los grupos armados contribuyeron a la seguridad general de la zona. La policía pudo manejar lo que eran niveles normales de criminalidad y delincuencia hasta que los grupos ilegales empezaron a inundar la región, aprovechándose de las condiciones en deterioro en el tema de orden público, de la crisis socioeconómica para expandir sus actividades ilegales y de las nuevas oportunidades de beneficiarse de la economía legal.
Conclusión
Es obvio que cualquier mecanismo de integración que favoreciera el sector agrícola colombiano, que estimulara la producción y las exportaciones, sería positivo para el país. Si el TLC lo logra sería un paso importante en el desarrollo de una economía campesina legal, capaz de generar inversión, de modernizar la producción y de ofrecer empleo. Pero sería un error creer que un TLC con beneficios para el sector agrario sería suficiente para la recuperación de la seguridad en el campo colombiano. Para que cualquier ganancia económica contribuya a la transformación de las condiciones internas en el país, las regiones colombianas también necesitan la presencia del Estado, instituciones fuertes, alianzas eficaces entre el Estado y el sector privado, el fortalecimiento continuo de la policía nacional y del ejército, y su presencia en todo el territorio nacional.
Tanto los Estados Unidos como el gobierno colombiano deben reconocer que ni una estrategia exclusivamente militar, ni los beneficios potenciales del TLC, lograrán sostener la seguridad en el campo. Sólo a través de la integración entre el crecimiento económico, el fortalecimiento institucional, y el orden público, Colombia será capaz de avanzar y lograr una salida efectiva y estable de su crisis de seguridad.