VIVIENDA Y PLANEACIÓN URBANA - Cámara Mexicana de … VIVIENDA.pdf · o de asbesto, madera o adobe; en techos: lámina metálica o de asbesto, madera, tejamanil o teja. Fuente:

VIVIENDA Y PLANEACIÓN URBANA

AGENDA E INCIDENCIA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN EN MÉXICO

CMIC

CONTENIDO

Problema 54

Consecuencia 55

Obstáculos del sector de Vivienda y Planeación Urbana 58

Obstáculo 1: La planeación y ordenamiento territorial no han sido una prioridad en las últimas administraciones públicas federales 58

Obstáculo 2: Hay municipios que no cuentan con las capacidades técnicas para atender sus obligaciones de ordenamiento territorial y provisión de servicios, y los tiempos reducidos del cabildo municipal no permiten que la ordenación territorial sea una prioridad en las agendas políticas 59

Obstáculo 3: Un porcentaje elevado de vivienda no es propiedad privada de sus habitantes y existen problemas con la escrituración 60

Obstáculo 4: Existen pocas opciones de financiamiento para la población sin seguridad social 62

Objetivos 63

Líneas de Acción 2012 63

1. Elaborar un plan rector de ordenamiento territorial en la Administración Pública Federal que permita a las entidades llevarlos acabo. 63

2. Adecuar el marco jurídico para asegurar que el Gobierno Federal apoye a los municipios en materia de planeación urbana, mediante capacitación, certificación y registro de la propiedad. 66

3. Integrar en una sola entidad financiera a los organismos de financiamiento de vivienda para que pueda atender competitivamente a la población no afiliada de bajos ingresos. 68

Bibliografía 71

De acuerdo con la ONU-Habitat y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDE-SOL, 2011), la expansión territorial de las ciudades se debe a una deficiente regulación de la tierra y a una reducida oferta de suelo formal para los hogares de menor ingreso. El crecimiento desor-denado genera externalidades negati-vas de tipo ambiental, económico y so-cial, ya sea que se trate de la ubicación periférica de asentamientos precarios o de zonas residenciales de hogar de alto ingreso. Este mismo reporte sos-tiene que en los últimos veinte años, las periferias de las ciudades se han vuelto cada vez más heterogéneas y que los asentamientos precarios se ubican en zonas alejadas o de riesgo (SEDESOL, ONU-Hábitat, 2011).

Se calcula que 90 mil hogares al año se establecen en zonas no aptas para la vivienda y donde la introducción de servicios es dos o tres veces más cara. Esto es fundamental al observar datos sobre cobertura de servicios y riesgos de vivienda. Por ejemplo:

• Se calcula que la recolección de los residuos sólidos en Zonas Metropolitanas es de alrededor de 90%, mientras que en las zo-nas rurales es de 72%.

• No obstante que 80% de la población se moviliza diaria-mente en transporte público, durante los últimos diez años el parque automotor creció a una tasa de 9% anual, y 80% de ese crecimiento corresponde a transporte privado que resuelve la movilidad de 20% de la po-blación.

PROBLEMA

La construcción desordenada de vivienda ha impedido el desarrollo sustentable de los asentamientos humanos en el país.

Fuente: ONU-Habitat y SEDESOL (2011) con datos de INEGI, CONAPO, SEDESOL y Sistema Urbano Nacional (SUN) 2010.

Mapa 1: Distribución de asentamientos en México de acuerdo con su concentración poblacional.

54

• Sobre la disponibilidad de agua, se observa que las urbes con mayor concentración de población experi-mentan un estrés hídrico que podría llevar al colapso de los sistemas so-cio-económicos y ambientales.

• Sobre la vulnerabilidad de las ciu-dades, de 1970 a la fecha, la ocu-rrencia de desastres naturales en el país se ha duplicado. Más de 80% de la población vive en zonas que presentan algún tipo de riesgo, ya sea por terremotos, huracanes o inun-daciones.

La Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) iden-tifica que el rápido crecimiento de la po-blación y la búsqueda de tierra más barata para satisfacer demanda de vivienda generó ciudades dormitorio, ocasionando un gasto ineficiente en transporte, un distanciamien-to de los mercados laborales y servicios de educación, salud, cultura y recreación, altos gastos públicos en infraestructura de servi-cios básicos (cuyo alternativa sería rehabili-tación de zonas previamente desarrolladas) y la urbanización de zonas consideradas no aptas para el desarrollo urbano. El Mapa 1 muestra la distribución de asentamientos de acuerdo con su concentración poblacional.

Simbología temáticaRango de población

Megaciudad (1)20 millones o más habitantes

Ciudades intermedias (10)1,000,000 a 5,000,000 habitantes

Ciudades intermedias (21)500,000 a 999,999 habitantes

Ciudades medias (61)100,000 a 99,999 habitantes

Pequeñas ciudades (61)50,000 a 49,999 habitantes

Centros urbanos (248)15,000 a 50,000 habitantes

2 Las viviendas habitadas por dos o más hogares (hacinamiento), los hogares cuya vivienda está construida con materiales en deterioro y las que requieren algún mejoramiento por la calidad de sus materiales en paredes y techos.3 La brecha entre la demanda potencial y la existente, es decir, entre aquella basada en necesidades y la que se refleja por el valor de ventas en el mercado.4 En paredes se considera material de desecho, lámina de cartón, carrizo, bambú, palma, embarro o bajareque. En techos se considera material de desecho, lámina de cartón, palma o paja.5 La calidad de los materiales se refiere a materiales regulares pero que tienen una duración menor a 30 años. En paredes: lámina metálica o de asbesto, madera o adobe; en techos: lámina metálica o de asbesto, madera, tejamanil o teja.

Fuente: Elaboración propia con datos de los organismos.

Tabla 1: Estimación de la demanda por vivienda por tipo de organismo

55

Demanda real de vivienda: Estimar la demanda de vivienda es complejo, y en México se han desarrollado distintas me-todologías para dicho propósito; distintos organismos estiman el déficit de vivienda y rezago habitacional. Como se muestra en la Tabla 1, la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) calcula que las necesidades de vivienda son de 6.1 millones de unidades. Por otro lado, el rezago habitacional am-pliado 1 estimado por SHF, es de poco más de 9 millones. Simultáneamente, el Fondo para la Vivienda del Instituto del Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) considera que tiene un déficit de afiliación de derechohabientes de 1.6 millones de afiliados, mientras que el Instituto del Fondo Nacional para la Vivien-da de los Trabajadores (INFONAVIT) calcula que 3 millones de unidades son requeridas para satisfacer el déficit del sector.

CONSECUENCIA

La falta de ordenamiento territorial ha ocasionando dificultades para la cobertura de la demanda real y atención al rezago de vivienda, desaprovechamiento de vivienda construida, además de bajas capacidades de recaudación por parte de los gobiernos municipales por desconocimiento del valor de la tierra.

Organismo Tipo de demanda Millones Año

CONAVI Necesidades de vivienda 6.1 2008

SHF Rezago ampliado 9 2011

FOVISSSTE Afiliación 1.6 2008

INFONAVIT Unidades requeridas 3 2008

BBVA Research Déficit efectivo nacional 0.1 2008

Considerando rezago de tenencia 0.8 2005

Por parte del sector privado, BBVA estima que el déficit efectivo de vivienda2 es de 120 mil unidades anuales, o bien, conside-rando el rezago en tenencia, hay un rezago de 800 mil unidades.

De las anteriores, la demanda más sig-nificativa es el déficit efectivo de vivienda, pues muestra la diferencia que se observa entre la demanda por vivienda que quisiera adquirir la gente y la vivienda que en reali-dad está comprando.

Hogares en mal estado: La variable con la que se mide la calidad de la vivien-da en México es el rezago habitacional ampliado (RHA), compuesta por:

• Hacinamiento: Viviendas habita-das por dos o más hogares.

• Deterioro: Vivienda cuyas paredes y techos están construidos con ma-teriales en deterioro.3

• Materiales regulares: Viviendas que requieren algún mejoramiento por la calidad de sus materiales en paredes y techos.4

56

La SHF reportó que 8.9 millones de hogares se encontraban en situación de rezago en 2009, lo que equivale a 36.7 millones de personas (CIDOC y SHF, 2010; SEDESOL, ONU-HABITAT, 2011). En la Tabla 2 se muestran los datos desglosados por tipo de rezago. Por su parte, los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2010, arrojan que hay 9 millones de hogares en rezago habitacional ampliado, los cuales re-presentan 31% del total de hogares en México, esto es aproximadamente 2% menos que en 2008 (CIDOC y SHF, 2011).

Vivienda deshabitada o en desuso: Un porcentaje significativo de viviendas ofrecidas se encuentran deshabitadas o en desuso.5 Además de que la venta de estas casas habitación es prioritario para el sector de la construcción, su deshabitación implica costos sociales

Fuente: SHF, 2011.

Fuente: Elaboración propia con datos del documento “Estado Actual de la Vivienda en México 2011”.

Tabla 2. Comparativo de rezago habitacional, millones de hogares.

Mapa 2. Porcentaje de viviendas deshabitadas por entidad federativa.

Actual ONUHacinamiento 0.6 9.4Deterioro 1.1 0.9Rezago básico 1.7 10.3Materiales regulares 7.2 3.5RHA 8.9 13.8

y ambientales altos. Los resultados del Censo General de Población y Vivienda 2010 (CGPV) muestran que, entre vivienda deshabitada y de uso temporal, la propor-ción no ocupada del parque habitacional asciende a 21%. La vivienda deshabitada entre 2005 y 2010 se mantuvo práctica-

mente sin cambio, alrededor de 14% (en números absolutos pasó de 4.3 a 5 millones de viviendas).

Por necesidades laborales y fenómenos de migración interna, la construcción de vivien-das nuevas se centra en localidades con más de 100 mil habitantes. Por el contrario, en las localidades más pequeñas y rurales, las viviendas predominantes son usadas. El in-dicador de vivienda deshabitada presenta una brecha importante entre los sectores urbano y rural. La proporción de vivienda no ocupada en localidades menores a 15 mil habitantes asciende a 20%. Desde una perspectiva regional se encuentra que los estados de Baja California, Chihuahua, Tamaulipas y Zacateas tienen más de 18% de viviendas deshabitadas, localizadas principalmente en la frontera con Estados Unidos. En el Mapa 2 se presenta el por-centaje de viviendas deshabitadas por enti-dad federativa.

5La vivienda deshabitada está totalmente construida y disponible para ser habitada y que al momento del levantamiento censal no tiene residentes habituales, no es de uso temporal y no es utilizada como local con actividad económica. Por otro lado la vivienda de uso temporal está totalmente construida y disponible para ser habitada y que, al momento del levantamiento censal, está destinada para vacacionar, descansar o vivir algunos días, semanas o meses, no tiene residentes habituales ni se ocupa como local con actividad económica.

16.6 a 19.2%

15.2 a 16.4%

13.7 a 15.2%

13%

57

Fuente: SHF, 2011.

Fuente: OECD Revenue Statistics, 1965-2010, (2009).

Gráfica 1: Distribución porcentual de las viviendas según forma de adquisición.

Gráfica 2. Impuestos por nivel de gobierno como porcentaje del Producto Interno Bruto, 2010

Producción Social

La construyóel mismo

33,3% 32,0% 30,1%

4%

La mandóconstruir

La compróhecha

La obtuvo de otra manera

Pruducción Comercial

Producción social: La mayor parte de la población construyó –o mandó construir– su vivienda con ahorros y, muy probablemente de forma paulatina, ya que el acceso a crédito se concentra en la población derechohabiente. A este tipo de adquisición se le llama Producción Social, y la consecuencia es que sólo 30% de las viviendas se compran como productos terminados, como se muestra en la Gráfica 1. Lo que implica es una enorme heterogeneidad en la calidad de la construcción y –por la naturaleza individual que implica la Producción Social– es probable que no hayan sido el resultado de planeación en desarrollo urbano. Lo anterior, sugiere que las consideraciones de integración y sustentabilidad no son características de la mayor parte de la vivienda en el país.

El predial es la principal potestad tributaria de los municipios,6 y en combinación con el cobro por los derechos por suministro de agua, su mayor fuente de ingresos propios. La impor-tancia de la recaudación del impuesto predial en la planeación y el ordenamiento territorial se explica por dos razones: 1) es una fuente de recursos para que el municipio ejerza para beneficio de su población, y 2) la recaudación de impuestos locales supone la actualización constante de información.

Capacidad recaudatoria baja de los municipios: México se encuentra entre los países más centralizados del mundo en térmi-nos recaudatorios, como se muestra en la Gráfica 2.

6A partir de la reforma constitucional del Artículo 115 en 1983. No obstante que la facultad para recaudación del predial es claramente municipal, existe una gran cantidad de leyes secundarias que norman la recolección de este impuesto. Primero, es necesario que los congresos estatales aprueben cambios en la tasa cobrada, programas de actualización de catastro, entre otros. Además, son los responsables de emitir las Leyes de Catastro, los Registros Públicos de la Propiedad y sus reglamentos. Por su parte, existen diferencias en la normatividad que rige este impuesto entre entidades, y no todas cuentas con todas las leyes. 7 Estos impuestos son sobre el incremento del valor de los terrenos. Se registran y actualizan cada vez que se produce una alteración patrimonial de los mismos; es decir, cuando cambia la titularidad a través de una trasmisión (compraventa, cesión, permuta, donación, herencia) o bien, cuando se constituye o transmite un derecho de goce limitativo del dominio sobre el mismo (usufructo, derecho de superficie y otros).

Si no hay información sobre el valor de la tierra, se reducen las probabilidades de im-plementar esquemas como los impuestos a la plusvalía de la tierra.7 Estos impuestos se usan en muchos países y son los mejores in-dicadores del valor de la misma, dotando de certidumbre tanto a los inversionistas como a los municipios.

Una de las deficiencias más serias que supone los problemas de información sobre el valor de la tierra, es la incapa-cidad de los municipios de incrementar sus ingresos locales. En la Gráfica 3 se muestra el reducido porcentaje de in-gresos locales que representa la recau-dación predial.

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0% SUIZA ESTADOS PROMEDIO CANADA ALEMANIA ESPAÑA BÉLGICA AUSTRIA MÉXICO UNIDOS OECD

FEDERALES SEGU SOCIAL ESTATALES LOCAL EXPONENCIAL(LOCAL)

24%

6%7%

17%

8% 8% 8% 8%5%

5%

4%

4% 3% 3% 3% 3% 3%0% 0%

2% 2% 1% 1%

13%

12%

12%

12%14

%

14%

14%

13%

20%

7% 7%

24%

28%

58

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Gráfica 3. Recaudación de predial como porcentaje del total de ingresos tributarios locales, 1995 y 2010

OBSTÁCULO 1: LA PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL NO HAN SIDO UNA PRIORIDAD EN LAS ÚLTIMAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS FEDERALES

La Ley General de Asentamientos Hu-manos establece que las atribuciones en materia de ordenamiento territorial serán ejercidas de manera concurrente por la Federación, las entidades federa-tivas y los municipios, e indica respon-sabilidades para cada nivel de gobierno: le corresponde la Federación, mediante la SEDESOL, proyectar y coordinar la planeación del desarrollo regional con la participación de los gobiernos subna-cionales. A los estados les corresponde legislar en materia de ordenamiento territorial y formular planes de desarrollo urbano. Al municipio le corresponde for-mular y ejecutar planes de centros de

población. Además, el Artículo 115 de la Constitución le da responsabilidades para la prestación de servicios públicos básicos y establece, en la Fracción V, que el municipio es responsable formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal.

Si bien, existe concurrencia entre los tres niveles de gobierno para el ordenamiento territorial, es un hecho que la SEDESOL está facultada para coordinar, mediante el Pro-grama Nacional de Desarrollo Urbano, las acciones de todos los niveles en la mate-ria. No obstante, durante la Administración 2006-2012, no se publicó la actualización

del programa. Sin embargo, en las últimas administraciones la SEDESOL ha relegado su papel de planeador y ha concentrado sus ac-tividades en la distribución de subsidios ha-cia los gobiernos subnacionales. En 2012, se asignó 7% del presupuesto de la SEDESOL a las unidades responsables de planeación urbana y ordenamiento territorial. Como se observa en la Tabla 3, de este 7%, 95% se ejerció mediante subsidios.

OBSTÁCULOS DEL SECTOR DE VIVIENDA Y PLANEACIÓN URBANA

La CMIC identifica los siguientes obstáculos que deben ser superados para alcanzar mejor competitividad del sector:

1. La planeación y ordenamiento territorial no han sido prioridad en las últimas Administraciones Públicas Federales (APF).

2. Hay municipios que no cuentan con las capacidades técnicas para atender sus obligaciones de ordenamiento territorial y provisión de servicios, y los tiempos reducidos del cabildo municipal no permiten que la ordenación territorial sea una prioridad en las agendas políticas.

3. Un porcentaje elevado de vivienda no es propiedad privada de sus habitantes y existen problemas con la escrituración.

4. Existen pocas opciones de financiamiento para la población sin seguridad social.

100%

80%

60%

40%

20%

0% COLOMBIA REPÚBLICA BRASIL COSTA RICA MÉXICO DOMINICANA

95%

79%

49%

73%

47%

64%

15% 21

%

0%

12%

Dependencia Gasto total 2012 Subsidios 2012 Subsidios/gasto total de SEDESOL

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio

Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas

Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo

Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana

Dirección General de Desarrollo Territorial

Unidad de Desarrollo Regional

Total destinado a Planeación y Ordenamiento Territorial

$ 43,679,238

$ 977,007,386

$ 471,923,361

$ 3,263,430,100

$ 74,032,767

$ 13,885,326

$ 4,843,958,178

$ -

$ 911,278,206

$ 439,150,600

$ 3,196,940,020

$ 46,992,000

$ 7,342,231

$ 4,601,703,057

0%

93%

93%

98%

63%

53%

95%

59Fuente: Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Municipal, 2009.

Tabla 3. Gasto en planeación y desarrollo urbano 2012

Gráfica 4. Último grado de estudios de Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos.

OBSTÁCULO 2: HAY MUNICIPIOS QUE NO CUENTAN CON LAS CAPACIDADES TÉCNICAS PARA ATENDER SUS OBLIGACIONES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y PROVISIÓN DE SERVICIOS, Y LOS TIEMPOS RE-DUCIDOS DEL CABILDO MUNICIPAL NO PERMITEN QUE LA ORDENACIÓN TERRITORIAL SEA UNA PRIORIDAD EN LAS AGENDAS POLÍTICAS

La Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Municipal 2009 muestra el panorama de las capacidades técnicas de los servidores públicos municipales. En la Gráfica 4 se observa el último grado de estudios para presidentes municipales, regidores y síndicos. Menos de la mitad de cada uno de los tres grupos tiene una licenciatura.

Lo anterior sugiere que la instancia facultada para diseñar, planear, proyectar, coordinar y articular las políticas de ordenación del te-rritorio es la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, que opera mediante la transferencia de recursos, lo que se traduce en una falta de coordinación adecuada con las entidades federativas. Actualmente, esta Subsecretaría únicamente administra los programas Hábitat y Rescate de Espacios Públicos, que contienen acciones de mejoramiento de infraestructura y recuperación de espacios públicos, pero no representan objetivos de planeación urbana. Por su parte, al analizar las agendas políticas de las últimas administraciones, se encuentra que las acciones enfocadas el sector vivienda se concentran en el estímulo del acceso al financiamiento, y se ha descuidado el ordenamiento territorial.

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

LICE

NCI

ATUR

A

PRIM

ARIA

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REES

COLA

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PON

DIÓ

DOCT

ORA

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PRESIDENTES MUNICIPALES

REGIDORES

SÍNDICOS

OBSTÁCULO 3: UN PORCENTAJE ELEVADO DE VIVIENDA NO ES PROPIEDAD PRIVADA DE SUS HABITANTES Y EXISTEN PROBLEMAS CON LA ESCRITURACIÓN

La evidencia de la debilidad en el orde-namiento territorial se encuentra en la situación del catastro de la tierra. Existe un grave problema con los registros de tenencia y escrituración de la vivienda en México. Esta indefinición jurídica se traduce en: 1) mayores costos para los habitantes de las viviendas, los cuales ven limitado el acceso a los mercados de crédito al no poseer la documentación requerida, 2) consecuencias económi-

Otra encuesta realizada por la SEDESOL, la Encuesta Nacional a Presidentes Mu-nicipales 2004, ofrece más evidencia sobre la conformación de las adminis-traciones municipales. Para el caso de los secretarios de ayuntamiento, un poco menos de la mitad, 47% contaba con es-tudios de licenciatura, 15% de prepara-toria y 15% de primaria. Cifras similares caracterizan a los tesoreros. Además, esta encuesta arrojó que aunado a las caren-cias de formación escolar, los principales funcionarios municipales carecen de ex-periencia: sólo 11% de los presidentes municipales había ocupado algún cargo en ese nivel de gobierno y 61%, antes de tomar el puesto, se ocupaba en el sector

cas sobre el mercado de financiamiento, reduciendo el abanico de acciones para la compra y mejoría de vivienda, 3) permite la especulación de la demanda, manteniendo la brecha entre la demanda potencial de vivienda y la real,8 y 4) muchos recursos que podrían destinarse a la producción comer-cial de vivienda, renta o mejoramiento, se reasignan a la producción social de vivienda, con los problemas detallados anteriormente.

60

privado. Para los secretarios de ayuntamiento, 26% tenía experiencia previa en otro orden de gobierno, 16.7% en la administración pública municipal y 47.2% provenían de la iniciativa privada. Sólo 26.6% de los titula-res de unidades de planeación había traba-jado alguna vez en el gobierno municipal (Merino, 2006).

De la misma manera, los cabildos presentan una restricción temporal en las gestiones administrativas, ya que la duración es de tres años, salvo en contadas excepciones. Esta restricción obliga a los tomadores de decisión en los ayuntamientos a priorizar sus objetivos y, dado que la planeación or-denada del territorio toma tiempo y es poco

visible a la población, ésta y el levantamien-to del catastro no son prioridades de las ad-ministraciones, por no redituar a los políticos en el corto plazo. El diseño ins-titucional y electoral, no genera incentivos para que los políticos diseñen programas de largo plazo, sobre todo por la imposibilidad de reelec-ción.

En conclusión, la mudanza de responsabi-lidades hacia los gobiernos locales, que se llevó a cabo durante los últimos veinte años, no ha sido acompañada de una estrategia que garantice que puedan cumplir profe-sionalmente con esas nuevas obligaciones (Merino, 2006).

8 Este déficit muestra la diferencia que se observa entre la demanda por vivienda que quisiera adquirir la gente y la vivienda que en realidad está comprando. Por su naturaleza, se manifiesta como un aparente exceso de oferta, sin embargo, no es un exceso de oferta, ya que manifiesta la incapacidad del mercado de satisfacer distintos segmentos de la demanda, ya sea por problemas de información o porque la vivienda, a pesar de responder a las necesidades individualizadas, no satisface los requerimientos de integrabilidad de los habitantes.

Si bien este obstáculo es más relevante para el sector informal de vivienda, marca distor-siones en el mercado que afectan a todo el sector, como cambios en el precio y la dificul-tad de calcular valoraciones en la propiedad de la tierra en el mercado formal, el de los in-dustriales de la construcción. Asimismo es un reflejo de la debilidad institucional municipal.

Propiedad: El Sistema Nacional de Vivien-da se encuentra orientado hacia la tenencia propia, casi dos terceras partes del parque residencial se encuentra en esta modalidad. Del resto, 45%, no son dueños del lugar donde vive. Aún cuando existen mecanismos de financiamiento para la compra o mejoría de hogares, no hay mecanismos que permi-tan a los asalariados recurrir al Fondo Nacio-nal de Vivienda para rentar. Esto reduce las opciones de los trabajadores y presenta un área de oportunidad para la industria de la construcción en el sector en su conjunto, y en particular, para las MiPyMes. La Gráfica 5 muestra la composición de la situación de la tenencia de la vivienda para los no propietarios:

Fuente: ENIGH, 2010.

Gráfica 5. Tenencia nacional de vivienda

Es propia

Es rentada

Es prestada

Es propia pero la estan pagando

Está intestada o el litigio

Otra situación

1%

6%

13%

14%65%

2%

61

Escrituración: Según la ENIGH 2010, aproximadamente 15% de las viviendas no tiene escrituras, por lo que enfrenta las restricciones mencionadas anteriormente. Cabe destacar que uno de los principales motivos por el que las casas no estén escrituradas, según la SHF, es el costo de los trámites, que concentran 28.4% de los casos. Sin embargo, resulta más significativo que 28.6% de la población no tenga escrituradas sus viviendas por falta de información y accesibilidad para la gestión de los mismos. En la Gráfica 6 se muestran las razones por las que las viviendas no están escrituradas. En términos económicos, la reducción en los costos de transacción, incrementaría la compra y mejoría de viviendas.

Con relación a otros países, México tiene una tasa de titulación de viviendas relativamente baja. El Gobierno Federal estima que sólo 45% de las viviendas del país están escrituradas a nombre de sus propietarios. La seguridad de tenencia implica todas las formas legales de tenencia, ya sea el arrendamiento, contratos de uso y goce, la propiedad cooperativa (u otras formas colectivas de propiedad), la propie-dad individual y otras formas de posesión reconocidas legalmente. Por ejemplo, Canadá y Estados Unidos tienen una diferencia de más de veinte puntos porcentuales respecto a México, como se muestra en la Gráfica 7.

Gráfica 7. Tasa de titulación de viviendas por país

Fuente: SHF, 2011.

Fuente: SHF, 2011.

Gráfica 6. Razones para no tramitar escrituras

Razones para no tramitar escrituras

100,00%

90,00%

80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

Otros

Toma mucho tiempo

Los costos asociados son altos

Trámites complicados

No saben cómo hacerlo

Es caro, no alcanza

20,70%

9%

13,20%

14,20%

14,40%

28,40%

Fuente: SHF, 2011.

Canadá

Estados Unidos

Perú

Holanda

Francia

Colombia

México

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

68%

67%

66%

59%

57%

50%

45%

62

OBSTÁCULO 4: EXISTEN POCAS OPCIONES DE FINANCIAMIENTO PARA LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL

Dado que la relación de financiamiento se ha centrado en los derechohabientes, la población sin seguridad social -así como muchos jóvenes- se encuentran en una situación desfavorecida. La banca privada ofrece tasas de interés más altas a las que tendrían derecho mediante el INFONAVIT o FOVISSSTE. Mientras no existan condiciones similares, no se po-drá satisfacer la demanda y se amplía la brecha que se genera entre la demanda real por y la demanda potencial de finan-ciamientos para la vivienda.

El financiamiento para los créditos hipo-tecarios se obtiene de cuatro fuentes distintas. La principal fuente se refiere a las aportaciones de trabajadores, recu-peración de créditos o intereses cobrados por el INFONAVIT o el FOVISSSTE (ONA-VIS) con 58%, seguido por recursos de la banca comercial con 20%, las bursa-tilizaciones de diferentes emisores con 17% y, por último, los recursos obtenidos por mecanismos de mircrofinanciamiento denominados Sofoles/Sofomes con 5%.

Además de cumplir con los requisitos para acceder a un crédito hipotecario, los hogares deben tener la capacidad de pago durante el plazo establecido del crédito o la llamada carga de la hipoteca, la cual depende de variables macroeconómicas como la esta-bilidad de la inflación, el ingreso disponible familiar y las tasas de interés. Según estima-ciones de la SHF, los hogares en los primeros tres deciles de ingreso dedican casi 60% de su ingreso familiar al pago hipotecario, los que se ubican entre el cuarto y séptimo decil, alrededor de 25%, y los hogares situados en los últimos tres deciles dedican aproximada-mente 15% (CIDOC y SHF, 2010).

Los requisitos para obtener una hipoteca varían entre los intermediarios financieros, pero en términos generales son los siguien-tes (CIDOC y SHF, 2010):

• Mantener una relación laboral vigente e inscripción a seguridad social (IMSS, ISSSTE, Pemex, entre otros).• Contar por lo menos con un año de an-

tigüedad laboral sin interrupción.• Ingresos familiares superiores a dos

SMMG, es decir, 3 mil 505 pesos men-suales.• Ser mayor de diecisiete años y menor de 50.• Disponer de ahorro en la subcuenta de

vivienda.• Obtener una calificación positiva en

Buró de Crédito.

Se dice que una vivienda es asequible si el cociente precio de la vivienda/ingreso mo-netario anual del hogar es menor o igual al límite de asequibilidad (LA). El LA considera la proporción del ingreso monetario dedi-cado al pago de la hipoteca, el enganche como proporción al precio de la vivienda, la tasa de interés del mercado hipotecario a una fecha determinada y el plazo del crédito

(CIDOC y SHF, 2010):

Como se puede apreciar en la Gráfica 8, existe un segmento significativo de la po-blación que no puede acceder fácilmente a crédito para la vivienda. Resalta que:

• Entre 10% y 20% de la población puede pagar una vivienda, pero al no ser dere-chohabiente, encuentra dificultades de financiamiento que avalen su capacidad de pago. En este sector el tipo de pro-ducción de vivienda es el de adquisición y producción social con y sin asistencia.

• Entre 70% y 80% de los hogares del país tienen dificultad o no pueden ad-quirir una vivienda dentro de la actual oferta de mercado. Sin embargo, los derechohabientes pueden adquirir una vivienda de producción comercial.

• El 50% de la población con ingresos entre 2 y 6.5 veces el salario mínimo general podría comprar una vivienda mínima.

Fuente: CIDOC y SHF, 2011.

Gráfica 8. Tipo de producción de vivienda

No derechohabientes40-50%Producción social con y sin asistencia

No derechohabientes10-20%Adquisición y producción social con y sin asistencia

Derechohabientes30%Adquisición (producción comercial)

Derechohabientes10%Prodcucción social asistida

Sin capacidad de pago70-80%

Capacidad de pago20-30%

OBJETIVOS

Partiendo de los problemas y las consecuencias expuestas, la CMIC se plantea los siguientes objetivos:

OBJETIVO GENERAL

Ordenar el desarrollo urbano de manera sustentable en sus dimensio-nes ambientales, sociales y económi-cas mediante una reforma institucio-nal que coordine los tres niveles de gobierno, las entidades financieras y los organismos de vivienda para reestructurar el modelo de gestión de la producción de vivienda

OBJETIVOS PARTICULARES

Involucramiento del Gobierno Federal

Fortalecer y reorientar el papel del Gobierno Federal en su papel de coordinador y pla-neador de ordenamiento territorial y planea-ción urbana para que los gobiernos subna-cionales puedan tomar mejores decisiones.

Fortalecimiento Municipal

Se busca fortalecer las capacidades finan-cieras y técnicas del gobierno municipal de manera que pueda cumplir con sus facul-tades en materia de planeación urbana y ordenamiento territorial y que pueda atender, en tiempo y forma, la regulación de la oferta de vivienda e infraestructura relacionada con la misma.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Para Lograr los objetivos planteados, la CMIC propone la atención de las siguientes líneas de acción durante 2012:

1. Elaborar un plan rector de ordenamiento territorial en la Administración Pública Federal que permita a las entidades llevarlos acabo.

a. Diseñar, promover y dar seguimiento a criterios para ordenar el crecimiento de los asentamientos humanos.

2. Adecuar el marco jurídico para asegurar que el Gobierno Federal apoye a los municipios en materia de planeación urbana, mediante capacitación, certificación y registro de la propiedad.

3. Integrar en una sola entidad financiera a los organismos de financiamiento de vivienda para que pueda atender competitiva-mente a la población no afiliada de bajos ingresos

1. ELABORAR UN PLAN RECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL QUE PERMITA A LAS ENTIDADES LLEVARLOS ACABO.

La generación de estrategias de planea-ción y ordenamiento territorial requiere la intervención de diversas dependencias, y le corresponde a la SEDESOL asumir el pa-pel rector del ordenamiento territorial de toda la Federación, como una dependencia de registro, monitoreo y apoyo, y no per-manecer únicamente como un aparato de transferencias de subsidios.

La Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio debe contar con mayores recursos presupuestarios y pre-sentar estudios detallados para determinar criterios que, como mínimo, cumplan con la consecución de los siguientes objetivos:

¿Qué debe hacer el gobierno?

63

64

1. El Cuidado y preservación de los recursos y áreas naturales.

2. La conformación de ciudades com-pactas mediante la edificación vertical y la construcción en áreas que cuenten con servicios de agua, electricidad, iluminación y pavi-mentación.

3. Usos de suelo que estimulen la creación de comunidades donde el trabajo, la vivienda y demás servi-cios se encuentren cerca.

4. Reducción del uso de vehículos au-tomotores.

5. Mayor oferta de transporte público eficiente y menos contaminante.

Situación actual

Como se mencionó previamente, los pro-gramas de la SEDESOL se centran en la transferencia de recursos y no en la planeación coordinada del ordenamiento territorial. Es decir, la SEDESOL no cumple con su papel rector del ordenamiento territorial en el país como la marca la normatividad correspondiente.

La respuesta a las ciudades dormitorio del Gobierno Federal fueron los Desarrollos Ur-banos Integrales Sustentables (DUIS), que tienen un alcance limitado: en 2011 hubo cinco DUIS certificados que, en su conjun-to, representaban:

• 254, 500 viviendas aproximadamente.• 1,020,500 personas beneficiadas.• Una superficie de 7.5 mil hectáreas.• Inversión estimada de $54 mmdp (CI-

DOC y SHF, 2011).

Además, los DUIS no son una herramienta de planeación urbana del gobierno y no funcionan como sustituto de esa respon-sabilidad. Los DUIS son un mecanismo para alinear un proyecto de la iniciativa privada a los planes ya existentes.

¿Qué obstáculos resuelve esta propuesta?

Obstáculo

1. La planeación y ordenamiento territorial no ha sido prioridad en las últimas Administraciones Públicas Federales

2. Hay municipios que no cuentan con las capacidades técnicas para atender sus obligaciones de ordenamiento territorial y provisión de servicios, y los tiempos reducidos del cabildo municipal no permiten que la ordenación territorial sea una prioridad en las agendas políticas

3. Una gran parte de la vivienda no es propiedad privada de sus habitantes y, en muchos casos, existen problemas con la escrituración de la vivienda

Vínculo con la Línea de Acción

Con un compromiso por parte del Ejecutivo, se puede revitalizar el papel del Gobierno Federal en la planeación y ordenamiento territorial, y establecer mecanismos y criterios homólogos que permitan sistematizar información a nivel territorial y generar diagnósticos y planes de trabajos adecuados

Una mayor actividad en planeación y apoyo por parte del Gobierno Federal puede permitir que los municipios planeen sin incurrir en costos elevados o curvas de aprendizaje que desincentivan la planeación

Un mayor involucramiento en planeación del Gobierno Federal permitiría llevar registros, impulsar investigaciones y generar diagnósticos que sean útiles a los planeadores regionales

La SEDESOL deberá diseñar, promover y dar seguimiento a estos criterios para ordenar el crecimiento de los asentamientos huma-nos. Los criterios y estudios le permitirán al Gobierno Federal tomar una acción más activa en el ordenamiento territorial. La inte-gración de los criterios permite la creación de ciudades competitivas, aportando al desarrollo social y económico de la región en la que se encuentren. Simultáneamente, los criterios generales, al no contravenir las legislaciones estatales, reducen el costo administrativos y las curvas de aprendizaje en las entidades federativas y municipios. Por tanto, una de las funciones claves de la Administración Pública Federal será plan-tear la ruta crítica para la consolidación y generación de instrumentos jurídicos que permitan una mejor interacción con las en-tidades federativas.

65

Proceso en el Ejecutivo

La planeación y el ordenamiento territorial deben ser un eje rector del Plan Nacional de Desarrollo (PND) por el potencial de desarrollo que genera a partir del orde-namiento territorial. Modelos internacio-nales de desarrollo integrales de vivienda e industria demuestran que a partir de la pla-neación se crean incentivos positivos para el reordenamiento territorial que reubica a la población a partir de la generación de empleos y de la provisión de servicios.

Con base en el Artículo 32 de la LOAPF, le corresponde a la SEDESOL proyectar la dis-tribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población, en coordinación con las dependencias correspon-dientes, así como coordinar las acciones que el Ejecutivo Federal convenga con los Ejecutivos Estatales para la realización de acciones coincidentes en la materia; pro-mover y concertar programas de vivienda y desarrollo urbano, y apoyar su ejecución con la participación de los gobiernos esta-tales y municipales.

Específicamente, la Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo, es quien debe coordinar los esfuerzos de planeación y ordenamiento territorial y condensar las facultades que tienen la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Secretaría de

Proceso en el Legislativo

Sobre los aspectos técnicos de homologación de catastro, tenencia, escrituración, certificación y capacitación requiere una reforma ambiciosa sobre el sistema federal y las relaciones intergubernamentales. Sin embargo, se podría introducir una reforma puntual al Artículo 115 constitucional al estipular criterios mínimos de información que deberá ser generada por los municipios y entregada a los estados, y éstos a la Federación, para la sistematización y homologación de información que permita generar diagnósticos y planes adecuados sobre ordenamiento territorial a nivel federal. Estos criterios deberán ser incluidos en la Ley de Catastro y Propiedad de los estados y municipios, así como a los Registros Públicos de la Propiedad, y su fecha límite podrá ser establecida en un transitorio a la reforma constitucional.

¿Dónde se hace y quién tiene que hacerlo?

la Reforma Agraria (SRA) para simplificar la planeación y conformarse como el úl-timo responsable que instrumente el or-denamiento territorial. La SEGOB tiene la atribución de dictar, promover y coordinar las medidas adecuadas para resolver los problemas demográficos nacionales, la planificación de centros urbanos y la mo-vilización de la población entre distintas re-giones del país (Ley General de Población). Por su parte, la SRA tiene la facultad de crear nuevos centros de población agrícola y dotarlos de tierras y aguas.

Si bien, el Artículo 115 constitucional esta-blece la autonomía de los municipios -por lo que no es viable obligarlos a presentar determinada documentación- el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarro-llo Municipal (INAFED) de SEGOB, tiene la facultad de establecer un sistema de pro-fesionalización y capacitación mediante el cual podría ayudar a los municipios a tener la información relativa a planeación y orde-namiento territorial.

La Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo y directamente la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territo-rio deben proponer las orientaciones gene-rales y estrategias de las políticas de de-sarrollo urbano, de suelo y reservas

territoriales, con la participación que corresponda a las entidades federativas y municipios; deben encontrar los medios para satisfacer las necesidades de suelo para el desarrollo urbano y de vivienda; y de formular, ejecutar, dar seguimiento y evaluar el Programa Nacional de esta ma-teria. De acuerdo con las atribuciones que define el Artículo 27 del Reglamento Inter-no de la SEDESOL, esta Dirección también es responsable de vincularse y asesorar a las entidades federativas y a los gobiernos municipales en el diseño de mecanismos de planeación urbana, así como apoyar en la modernización de los catastros y regis-tros públicos de la propiedad, y en la pla-neación e instrumentación de acciones en materia de suelo y reservas territoriales, in-cluido el diseño de instrumentos para am-pliar la oferta de suelo con vocación para el desarrollo urbano y la vivienda.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) debe reflejar la impor-tancia del ordenamiento territorial incre-mentando el presupuesto a esta dirección y vincularlo directamente a los Programas de Vivienda y Ordenamiento Territorial que se incluyan en el PND.

2. ADECUAR EL MARCO JURÍDICO PARA ASEGURAR QUE EL GOBIERNO FEDERAL APOYE A LOS MUNICIPIOS EN MATERIA DE PLANEACIÓN URBANA, MEDIANTE CAPACITACIÓN, CERTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD.


Permitir que la Federación apoye al municipio en materia de planeación mediante capacitación, certificación y registro de la propiedad. La capacita-ción en materia de ordenamiento terri-torial, escrituración, tenencia, catastro y planeación es facultad de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo, definida en la fracción X del Artículo 27 del Reglamento interno de SEDESOL.

También, es una obligación del municipio llevar el registro catastral. Este es indispensable para la recaudación de ingresos locales que se invierten en los servicios antes mencionados. El Gobierno Federal puede dar apoyo técnico (información, capacitación y asesoría) a los cabildos y entidades federativas para mejorar la planeación y documentación de la situación de la tenencia y escrituración de la vivienda.

Situación actual

El Artículo 115 de la Constitución Políti-ca no establece específicamente las facultades de apoyo que puede prestar la Federación. En el caso de los estados, el segundo párrafo de la fracción III es-tablece que los municipios

Si bien, esta propuesta no implica reasig-nación de facultades, sí requiere que en la Ley se establezca la facultad del Gobierno Federal para capacitar y direccionar a los municipios hacia objetivos definidos en la materia, sin detrimento de sus facultades. Por lo anterior, se debe modificar el marco normativo de manera que se eviten contro-versias constitucionales, y generar norma-tividad secundaria que regule los mecanis-mos de colaboración entre los tres niveles de gobierno.

Previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coor-

dinarse y asociarse para la más eficaz prestación de

los servicios públicos o el mejor ejercicio de las fun-

ciones que les correspondan. En este caso y tratán-

dose de la asociación de municipios de dos o más

Estados, deberán contar con la aprobación de las

legislaturas de los Estados respectivas. Así mismo

cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea

Los municipios no cuentan con los recur-sos, capacidades técnicas y tiempo su-ficiente para llevar a cabo una adecuada planeación urbana. El artículo 115 de la Constitución los faculta para formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano dentro de su ámbito geográfico. Asimismo, los muni-cipios tienen a su cargo la provisión y regu-lación de los siguientes servicios públicos:

necesario, podrán celebrar convenios con el Estado

para que éste, de manera directa o a través del or-

ganismo correspondiente, se haga cargo en forma

temporal de algunos de ellos, o bien se presten o

ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio

municipio.

66

1 Calles, parques y jardines y su equipamiento

2 Seguridad pública

3 Agua potable

4 Drenaje

5 Alcantarillado

6 Tratamiento y disposición de sus aguas

residuales

7 Alumbrado público

8 Manejo de basura

9 Mercados y centrales de abasto

10 Panteones

11 Rastro

12 Transporte público

Dirección de Desarrollo Urbano y Suelo son las que deben presentar los programas de apoyo en materia de ordenamiento territo-rial. Con una definición clara de este apoyo y de la planeación, la CMIC podrá colaborar con la ejecución de tales propósitos.


En el Artículo 10 de la Ley General de Asentamientos Humanos se establece que SEDESOL promoverá la celebración de convenios y acuerdos de coordinación y concertación entre la Federación y las entidades federativas, con la intervención de los municipios respectivos. Para que esto sea posible, es necesario agregar el Artículo 10 BIS para establecer que las autoridades de los tres niveles de gobierno se reunirán de manera periódica para trabajar de manera conjunta en el tema de planeación urbana y ordenamiento territorial, bajo direc-ción de la SEDESOL.


Obstáculo


1. Hay municipios que no cuentan con las capacidades técnicas para atender sus obligaciones de ordenamiento territorial y provisión de servicios, y los tiempos reducidos del cabildo municipal no permiten que la ordenación territorial sea una prioridad en las agendas políticas


Al tomar un papel activo en el ordenamiento territorial, el Gobierno Federal destinará esfuerzos y recursos para programas que coordinen, planeen y mejoren las capacidades de los municipios para este propósito

Se pueden establecer mecanismos de administración del conocimiento en el que la Federación, mediante la sistematización y acceso a información verídica, pueda reconocer y socializar entre todos los municipios errores comunes y estrategias para resolverlos, ahorrando la curva de aprendizaje y replicando casos de éxito. Los municipios pueden, además, solicitar apoyo de manera complementaria


Constitucionalmente está regulada la cola-boración entre los tres órdenes de gobierno en asuntos de planeación y ordenamiento territorial. En legislación secundaría se esta-blecen las atribuciones en los Artículos 7, 8 y 9 de la Ley General de Asentamientos Huma-nos donde se definen las facultades de cada orden de gobierno. Asimismo, establece en el Artículo 10 que la SEDESOL promoverá la celebración de convenios y acuerdos de coor-dinación y concertación entre la Federación y las entidades federativas, con la interven-ción de los municipios. Esta acción se ve re-forzada por el Artículo 44 del Reglamento 67

Agregar el Artículo 10 BIS a la Ley General de Asentamientos Humanos

Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial

Comisión de Desarrollo Metropolitano

Aprobación y dictamen

Propuesta de Reforma

Negociación en Comisiones

Discusión y aprobación en Pleno

Interior de la SEGOB por medio del cual el INAFED puede proponer convenios y acuer-dos con los estados y municipios. Esto per-mitiría la creación de acuerdos para que la Federación apoye al municipio en la pla-neación, especialmente mediante capaci-tación, certificación y registro de propiedad.

El apoyo al municipio no es más que asegu-rar la coordinación de la planeación nacional del desarrollo y el Gobierno Federal es quien debe definir los programas de capacitación, así como las instituciones interlocutoras y aglutinadoras de información. El INIFED y la


3. INTEGRAR EN UNA SOLA ENTIDAD FINANCIERA A LOS ORGANISMOS DE FINANCIAMIENTO DE VIVIENDA PARA QUE PUEDA ATENDER COMPETITIVAMENTE A LA POBLACIÓN NO AFILIADA DE BAJOS INGRESOS


Adicionalmente al problema de planeación, existe una deficiencia en la cobertura ade-cuada de instrumentos financieros y políti-cas públicas ade-cuadas para satisfacer eficazmente las necesidades de vivienda de la población no derechohabiente o no afiliada. Los programas existentes son un paso importante en esta dirección, pero deben consolidarse y cubrir mejor su propósito. Para esto se debe demandar que se evalúen y mejoren los planes de finan-ciamiento existentes, muchos de los cuales atienden a diversos sectores de asalariados (INFONAVIT y FOVISSSTE) y no asalariados (SHF), subsidios a la vivienda (SEDESOL y la Comisión Nacional de Vivienda –CO-NAVI–).

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2010, el número de viviendas se incrementará por un factor de 1.5 entre 2010 y 2040, pasando de 28.6 a 43.2 millones; es decir, 486 mil viviendas al año. Para ello, se requerirán más de 351

mil hectáreas de tierra apta para la construc-ción, de las cuales, los Organismos Estatales de Vivienda (OREVIS) y grandes desarrolla-dores poseen sólo 15% del total de tierra requerido. Asimismo, anualmente se necesitarán cerca de 552 mil créditos para satisfacer la demanda de vivienda generada por el cambio demográfico. El financiamiento requerido para adquisición de vivienda en los próximos 30 años es de 22.3 billones de pesos. Si las tendencias actuales se mantienen, el sector podrá financiar 11.8 millones de viviendas dando como resultado una brecha de 4.8 millones.

Es necesario considerar que los tipos de crédi-tos varían entre zonas rurales y urbanas. En el primer tipo de zona se necesitan, en mayor medida, créditos para autoconstrucción de vivienda pues generalmente estos trabajadores son dueños de terrenos.

Además, generalmente no son asalariados y no tienen seguridad social. Por ello es necesa-rio que se asignen créditos que se adecúen a

la dinámica económica del campo, donde generalmente se obtienen ingresos sólo en ciertas temporadas del año.

Por su parte, los trabajadores de zonas urba-nas requieren créditos para adquirir vivienda. Sin embargo, gran parte de estos trabajadores se encuentran en el sector informal, por lo que es necesario que se otorguen créditos con me-canismos que permitan conocer su capacidad de pago, tales como historiales de cuenta, constancia en el pago de servicios o rentas previas, etc.

Si la reforma de seguridad social universal se lleva a cabo, se pueden integrar todas las instancias en una única que atienda a los tra-bajadores del sector informal. Si no se lleva a cabo, las instancias de financiamiento depen-dientes del Gobierno Federal se pueden inte-grar en una única entidad financiera que tenga el propósito de otrogar créditos competitivos que dependan de la combinación de ahorro, subsidio y crédito.

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NEGOCIACIÓNY APROBACIÓN

Consensuar al interior de SEGOB y

SEDESOL

Consensuar con la SHCP

Impacto presupuestal de los Programas

de Apoyo.

DISCUSIÓN

SEGOB Dirección de Coordinación Operativa de Programas de Apoyo a los Gobiernos Locales

INAFED

SEDESOL

Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo

SEDESOL/INAFED

Propuesta: Programas de apoyo para el

ordenamiento territorial en municipios.


Con el fin de mejorar y preservar las instancias de financiamiento y subsidio existentes, el Gobierno Federal deberá analizar las condiciones para determinar cómo fortalecer o integrar los marcos organizacionales internos de las instituciones crediticias de desarrollo; en específico aquellas que ofrecen mecanismos de crédito o mecanismos de ahorro para la vivienda con el objetivo de atender a toda la población con esquemas similares y accesibles.

• Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS)• Nacional Financiera (NAFINSA)• Banco de Comercio Exterior (BANCOMEXT)• Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (BANJERCITO)• Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI)• Sociedad Hipotecaría Federal (SHF)• Financiera Rural

Situación actual

Las últimas administraciones han visto grandes logros en la provisión de finan-ciamientos para la construcción y mejoría de la vivienda para los asalariados (IN-FONAVIT y FOVISSSTE) y no asalariados (SHF) como se explicó anteriormente. Para reducir la brecha de financiamiento entre estos dos grupos, la SHF considera que la composición del financiamiento deberá cambiar como se muestra en la Gráfica 9. Bajo este esquema, las aportaciones de los trabajadores administradas por las ONAVIS se tendrían que mantener como la principal fuente con 44%, las bursatilizaciones ten-drían que aumentar veinte puntos porcen-tuales, mientras que observaríamos una re-ducción en los recursos bancarios se espera que las Sofoles y Sofomes –que constituyen los financiamientos de mayor morosidad–, representarán 4% (CIDOC y SHF, 2011).


Obstáculo


2. Existen pocas opciones de financiamiento para la población sin seguridad social


Se incrementará el estimulo a la demanda de vivienda para que la gente de diferentes condiciones pueda acceder a una vivienda digna, sin importar si pertenece al sector formal o informal de trabajo.

El Gobierno Federal dará más atención al estudio e innovación de nuevos esquemas de financiamiento que permitan dar entrara a la población más desaventajada.

69

Fuente: Estimaciones de SHF con datos de INEGI; 2011

Gráfica 9: Propuesta de redistribución de fuentes de financiamiento del crédito hipotecario.


70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

58%

44%

20%

Actual

Estimado

15%

5% 4%

16%

36%

ONAVIS Rescursos Recursos Bursatilizaciones bancarios Sofoles

Estas, bajo directrices definidas, deben asegurar esquemas financiaros que mini-micen el riesgo y potencialicen la inver-sión, de manera similar a como sucede con los esquemas implementados por la Sociedad Hipotecaria Federal para atender a población no asalariada.

El Artículo 27, fracción IV del Regla-mento interior de la SEDESOL le otorga la facultad de apoyar a los gobiernos estatales y municipales en la elaboración de planes o programas de desarrollo ur-bano, por lo cual sería importante que impulsara la evaluación y mejoramiento de los planes de financiamiento ya esta-blecidos. De igual manera, es necesaria la retroalimentación de los programas Vivienda Rural y Tu Casa, en los cuales SEDESOL da el dinero y el municipio es el responsable de la ejecución del pro-grama modificando las líneas de acción correspondientes (destinados a apoyar a personas de bajos ingresos). Estos deben plantearse en el marco de la planeación del ordenamiento territorial.


La forma más viable en la que los diputados pueden influir en el financiamiento y subsi-dio de la vivienda es mediante los recursos que se le asignan a las instituciones finan-cieras y programas sociales en el Presupues-to de Egresos de la Federación. La presión debe darse en la Comisión de Presupuesto y cuenta Pública para que los diputados reconozcan y promuevan la importancia de la Banca de Desarrollo en la planeación y en el desarrollo nacional, destinando recursos para fortalecer las instancias de financia-miento y subsidio existentes.

Asimismo, la CONAVI es la instancia federal encargada de promover la expedición de normas oficiales y de coordinar el programa de subsidios a la vivienda Ésta es tu casa.

Este apoya por medio de subsidios la adquisición de lotes con servicios, compras de vivienda, para mejoramiento y auto-producción. Este programa se financia con recursos de los beneficiarios, subsidio del gobierno y crédito hipotecario. Es funda-mental reforzar este programa, sin embargo es indispensable vincularlo con el resto de instituciones que atienden las necesidades de vivienda, de lo contrario se cuenta con esfuerzos desperdigados e inconexos para la atención de los problemas de vivienda del país. En ese sentido, CONAVI es fundamen-tal para preservar los esquemas de subsidios.

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BIBLIOGRAFÍA

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VIVIENDA Y PLANEACIÓN URBANA - Cámara Mexicana de … VIVIENDA.pdf · o de asbesto, madera o adobe; en techos: lámina metálica o de asbesto, madera, tejamanil o teja. Fuente:

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