Informe de medio término. Proyecto UBACYT “Pedagogía, política y acción colectiva. La dimensión político pedagógica de los movimientos populares urbanos en el AMBA. Estudio comparativo de experiencias de matriz político ideológica autonomista y nacional popular”. Daniela Paola Bruno, Christian Dodaro, Santiago Fernández Galeano, Constanza Lupi, Verónica Mistrorigo, María Mercedes Palumbo, Florencia Petrillo y Graciela Quinterno. Versión Noviembre 2016 1 Pedagogía, política y acción colectiva. El caso de la Confederación de Trabajadorxs de la Economía Popular (CTEP) Informe de medio término del Proyecto UBACYT “Pedagogía, política y acción colectiva. La dimensión político pedagógica de los movimientos populares urbanos en el AMBA. Estudio comparativo de experiencias de matriz político ideológica autonomista y nacional popular”. Noviembre 2016 Dra. Daniela Paola Bruno y Mg. María Mercedes Palumbo (Editoras) Autores/as: Dra. Daniela Paola Bruno, Dr. Christian Dodaro, Santiago Fernández Galeano, Lic. Constanza Lupi, Lic. Verónica Mistrorigo, Dra. María Mercedes Palumbo, Lic. Florencia Petrillo y Graciela Quinterno.
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Versión Noviembre 2016 Pedagogía, política y acción colectiva. · 2016. 11. 16. · Versión Noviembre 2016 1 Pedagogía, política y acción colectiva. El caso de la Confederación
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Informe de medio término. Proyecto UBACYT “Pedagogía, política y acción colectiva. La dimensión político
pedagógica de los movimientos populares urbanos en el AMBA. Estudio comparativo de experiencias de matriz
político ideológica autonomista y nacional popular”. Daniela Paola Bruno, Christian Dodaro, Santiago Fernández
Galeano, Constanza Lupi, Verónica Mistrorigo, María Mercedes Palumbo, Florencia Petrillo y Graciela Quinterno.
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1
Pedagogía, política y acción
colectiva. El caso de la Confederación de
Trabajadorxs de la Economía Popular
(CTEP)
Informe de medio término del Proyecto UBACYT
“Pedagogía, política y acción colectiva. La dimensión
político pedagógica de los movimientos populares
urbanos en el AMBA. Estudio comparativo de
experiencias de matriz político ideológica autonomista y
nacional popular”.
Noviembre 2016
Dra. Daniela Paola Bruno y Mg. María Mercedes Palumbo (Editoras)
Autores/as: Dra. Daniela Paola Bruno, Dr. Christian Dodaro, Santiago
María Mercedes Palumbo, Lic. Florencia Petrillo y Graciela Quinterno.
Informe de medio término. Proyecto UBACYT “Pedagogía, política y acción colectiva. La dimensión político
pedagógica de los movimientos populares urbanos en el AMBA. Estudio comparativo de experiencias de matriz
político ideológica autonomista y nacional popular”. Daniela Paola Bruno, Christian Dodaro, Santiago Fernández
Galeano, Constanza Lupi, Verónica Mistrorigo, María Mercedes Palumbo, Florencia Petrillo y Graciela Quinterno.
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Introducción
Esta publicación presenta los resultados preliminares de la investigación en curso
“Pedagogía, política y acción colectiva. La dimensión político pedagógica de los
movimientos populares urbanos en el AMBA. Estudio comparativo de experiencias de
matriz político ideológica autonomista y nacional popular”1 que se propuso como
continuidad del proyecto “Movimientos populares urbanos y acción cultural. Estudio
comparativo de las experiencias en el AMBA”2
En la investigación desarrollada entre 2012-2015 nos propusimos analizar los procesos
de construcción social de sentidos que legitimaban e incitaban a la acción colectiva en
movimientos populares urbanos de diferente matriz político ideológica con inscripción
territorial en el AMBA, entendiendo que el estudio de esos “procesos enmarcadores”
(Snow, 1986) podía aportar a la inteligibilidad de las complejas y dinámicas
reconfiguraciones político-ideológicas de la acción colectiva durante el kirchnerismo.
En el vasto y diverso campo de los movimientos sociales3 que emergieron en nuestro
país en las dos últimas décadas, nos interesamos particularmente por el análisis de
1 Proyecto UBACYT 20020130200171BA de la Programación Científica 2014-2017 en la Categoría
Grupos en Formación. 2 Proyecto UBACYT 20020110200094 BA de la Programación Científica 2012- 2015 en la Categoría
Grupos en Formación. 3 Partimos de la noción de movimiento social de Gohn quien los define como “acciones sociopolíticas
construidas por actores sociales colectivos pertenecientes a diferentes clases y camadas sociales,
articuladas en ciertos escenarios de coyuntura socioeconómica y política de un país, creando un campo
político de fuerza social en la sociedad civil. Las acciones se estructuran a partir de repertorios creados
sobre temas y problemas en conflictos, litigios y disputas experimentados por el grupo de la sociedad. Las
acciones desarrollan un proceso social y político cultural que crea una identidad colectiva para el
movimiento, a partir de intereses en común. Esta identidad se amalgama por la fuerza del principio de
solidaridad y se construye a partir de la base de referencia de los valores culturales y políticos compartidos por el grupo, en espacios colectivos no institucionalizados. Los movimientos generan una
serie de innovaciones en la esfera pública (estatal y no estatal) y privada, participan directa o
indirectamente de la lucha política de un país y contribuyen al desarrollo y la transformación de la
sociedad civil y política. Estas contribuciones son las observadas cuando se realizan análisis de periodos
de madia o larga duración histórica, en los cuales se observan los ciclos de protesta delineados. Por lo
tanto, los movimientos participan del cambio histórico social de un país y el carácter de las
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algunos movimientos populares urbanos que reconocían su génesis en movimientos de
trabajadorxs desocupadxs con fuerte arraigo territorial en la Ciudad de Buenos Aires y
el conurbano bonaerense. Desde nuestra perspectiva estas eran expresiones
organizativas diversas que las clases subalternas habían ido construyendo en sus
confrontaciones durante la fase capitalista neoliberal, en las que se constataba una
desestructuración de la clase obrera y sus organizaciones históricas, configurando un
sujeto popular que ya no era estrictamente el obrero industrial sino otro diverso y plural
que expresaba y articulaba múltiples relaciones de explotación y opresión capitalistas.
La investigación propuso un análisis inscripto en la tradición de los estudios
constructivistas de los movimientos sociales, preocupados por los procesos colectivos
de interpretación, atribución y construcción social del sentido, asumiendo la existencia
de una relación dinámica entre estos procesos, las oportunidades políticas y la dinámica
organizacional de los movimientos sociales; y una necesaria complementariedad entre la
teoría de los movimientos sociales y la teoría de clases para su estudio. A la vez, la
investigación abrevó en la tradición gramsciana y freiriana, los aportes del marxismo
cultural y las pedagogías críticas.
Uno de los objetivos específicos de la investigación consistió en el análisis de los
espacios de formación política de la militancia que, con distintos grados de
formalización pedagógica, registrábamos en movimientos populares urbanos de
diferente matriz político ideológica4. Atendiendo sistemáticamente al modo en que las
modalidades organizativas y los contextos políticos-institucionales influyeron en las
transformaciones generadas podrá ser tanto progresista como conservador o reaccionario, en función de
las fuerzas sociopolíticas a las que esté articulado en sus densas redes, y de los proyectos políticos que construya con sus acciones. Ellos tienen como base de apoyo entidades y organizaciones de la sociedad
civil y política, con agendas de actuación construidas alrededor de las demandas socioeconómicas o
político-culturales que rodean las problemáticas conflictivas de la sociedad en la que actúan” (Gohn,
2006:pp.). 4 Cuando hablamos de matrices político ideológicas lo hacemos en los términos planteados por Maristella
Svampa (2010:8 y ss.) quien las define como aquellas “líneas directrices que organizan el modo de
pensar la política y el poder, así como la concepción del cambio social”. Si bien cada matriz político-
ideológica posee una configuración determinada “los diferentes contextos nacionales así como las
tensiones internas las van dotando, para cada caso, de un dinamismo y una historicidad particular”. Por
supuesto, las matrices político-ideológicas no se encuentran en estado puro, pues las diferentes dinámicas
políticas han dado paso a diversos entrecruzamientos y conjunciones (entre indianismo y marxismo, entre
indianismo y matriz nacional-popular, entre indianismo y narrativa autonómica, entre marxismo y autonomismo, por dar algunos ejemplos), como también a un proceso de conflicto y colisión, que puede
llevar a acentuar las diferencias en términos de concepciones, modos de pensar y hacer la política.
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experiencias de estos movimientos, la investigación se propuso analizar los discursos en
torno a la formación, puntualizando en los objetivos de la formación; sus
temas/contenidos; la metodología de trabajo y los dispositivos utilizados; el tipo y perfil
del destinatarix; la presencia de una perspectiva latinoamericana y la intencionalidad
política de la formación; para finalmente intentar comprender cómo allí se expresaba - y
desde allí también se contribuía a - la reconfiguración político ideológica e identitaria
de estos movimientos.
Particularmente nos interesó el estudio de la formación política en movimientos
populares de matriz autonomista y matriz nacional popular. La elección de las
experiencias de matriz autonomista se fundamentó en la concepción de estas como
ensayos instituyentes de la política y de participación política popular no integrada al
Estado en un contexto de recomposición de la legitimidad gubernamental y de la
dinámica corporativa en torno a los procesos de movilización social y organización
política (las gestiones kirchneristas) y, al mismo tiempo, de crisis del autonomismo.
Para la elección de las experiencias de formación en organizaciones de matriz nacional-
popular optamos por aquellas que, no obstante su pública adhesión y activa
participación en la gestión de las políticas sociales del kirchnerismo, pugnaban por una
mayor participación política popular integrada al Estado y cuestionaban algunas de
decisiones de gobierno, particularmente las de rumbo económico.
Decidimos circunscribir nuestro análisis a tres experiencias: el Frente Popular Darío
Santillán (FPDS); el Movimiento Popular La Dignidad (MPLD) y el Movimiento Evita
(ME). El propósito de la comparación entre las propuestas de formación no fue realizar
un inventario de similitudes o divergencias entre casos sino ganar en la comprensión de
los casos singulares. En este sentido, el análisis de caso y el análisis comparativo
funcionaron como búsquedas complementarias que se reforzaron entre sí en tanto los
propios vínculos generales sirvieron para definir las aristas singulares de cada proceso
específico. Los resultados del análisis comparativo fueron publicados en la publicación
digital titulada XX disponible en XX.
La estrategia para producir la base empírica combinó: el análisis de documentos-
fundamentalmente textos de apoyo a la formación (cartillas, manuales y cuadernos) pero
también planificaciones, memorias y relatorías de talleres así como documentos internos
del área responsable de la formación -, entrevistas individuales y grupales a lxs
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responsables del diseño de la formación para abordar la construcción intersubjetiva de
las expectativas, creencias, valores y categorizaciones en torno a la formación política.
La investigación que iniciamos a mediados de 2014 “Pedagogía, política y acción
colectiva. La dimensión político pedagógica de los movimientos populares urbanos en
el AMBA. Estudio comparativo de experiencias de matriz político ideológica
autonomista y nacional popular” continúa y profundiza el primer acercamiento del
equipo de investigación a las experiencias de formación en el contexto del proyecto
anterior. El objetivo de la investigación en curso es comparar y problematizar los
esfuerzos formativos de movimientos populares urbanos de diferente matriz político
ideológica con inscripción territorial en el AMBA para dar cuenta de sus modos
diferenciados de forjar sentidos compartidos que legitimen e inciten a la acción
colectiva. Son hipótesis de esta investigación:
En la última década la acción de los movimientos populares urbanos se ha
caracterizado por la creciente demanda de políticas sociales, el trabajo territorial
y una prolífica producción simbólica que se ha expresado, en parte, en el diseño
de estrategias de producción/reproducción cultural en orden a forjar formas
compartidas de considerar al mundo y a sí mismos, que legitimen y muevan a la
acción colectiva (procesos enmarcadores)
En estos procesos pueden reconocerse apuestas simbólicas diferenciadas según
objetivos educativos/formativos; de construcción de la identidad colectiva del
movimiento; de control simbólico del espacio/territorio en el que se inscriben; y
de incidencia en la institucionalidad política y la opinión pública. Estas
dimensiones de la acción cultural se apoyan en modalidades discursivas a veces
en tensión.
La dimensión político pedagógica de estos movimientos – específicamente las
propuestas de formación política – varían según la matriz político-ideológica del
movimiento popular en cuestión. No obstante, es posible reconocer en las
propuestas la presencia de saberes y perspectivas que recuperan una matriz
relacional de lo local nacional y lo regional latinoamericano, asociada con la
inquietud por la construcción de un proyecto emancipador en América Latina
donde los movimientos sociales constituyen dispositivos de proposición
pedagógica y política.
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Dado que en el último tramo de la anterior investigación se había avanzado en el
análisis comparativo de los casos, se decidió en este segundo proyecto avanzar con el
análisis particular de la Confederación de Trabajadorxs de la Economía Popular
(CTEP), una organización sindical multitendencia en la que habían convergido el FPDS,
el MPLD, el ME y otras organizaciones del campo popular que veníamos estudiando, y
en la que habíamos constatado procesos de formación política sistemáticos y sostenidos
en el tiempo como resultado de espacios de deliberación y planificación conjunta de las
organizaciones antedichas.
Esta decisión implicó dejar de lado la comparación entre las organizaciones para
dedicarnos al estudio del proceso de convergencia, convivencia y negociación (y/o
disputa) que supuso y supone la creación y consolidación de esta organización de cuño
reciente y carácter reivindicativo, para posteriormente proceder sí a la comparación
entre la propuesta formativa de la CTEP y la de las organizaciones que decidieron su
creación.
El contenido de esta publicación se organiza de la siguiente manera:
En el Capítulo 1 titulado La formación como proceso enmarcador. Formación política y
movimiento Daniela Bruno y Verónica Mistrorigo fundamentan la relevancia del estudio
de la formación política como “proceso enmarcador” que mediatiza la relación del
movimiento social y su contexto encuadrando la acción colectiva, y aclaran algunas
decisiones de estrategia metodológica de la investigación, particularmente en lo que
refiere al análisis discursivo, y específicamente sobre el discurso político y pedagógico.
En el Capítulo 2 titulado Apuntes sobre la Confederación de Trabajadorxs de la
Economía Popular y su proyecto político, económico y social en el marco de la
economía popular social y solidaria, Ramiro Coelho presenta un itinerario histórico y
teórico general de la Economía Popular Social y Solidaria (EP/ESS) como fenómeno
social, económico y político en la Argentina y en América Latina, y en tanto contexto
de surgimiento de la Confederación de Trabajadorxs de la Economía Popular (CTEP).
Coelho recorre los diferentes modelos de políticas socioeconómicas que se desarrollaron
durante el largo período neoliberal, las posteriores políticas redistributivas del gobierno
kirchnerista y sus influencias en el nacimiento y consolidación de “nuevas” formas de
organización socioeconómica, política y sindical. Finalmente analiza los desarrollos
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teóricos del campo de la EP/ESS de manera comparada con las formas de organización
socioeconómica y sindical, y en ese marco la agenda reivindicativa de la CTEP como
organización de segundo grado.
En el Capítulo 3 titulado Los y las trabajadorxs/as de la economía popular en la CTEP
Daniela Bruno caracteriza el contexto de surgimiento de los movimientos de
trabajadorxs desocupadxs, los modos de vinculación de estas organizaciones y
movimientos con el Estado Argentino – en particular durante las gestiones kirchneristas
– y describe brevemente los antecedentes, el escenario y las razones que llevaron a
algunas organizaciones y movimientos populares a la creación de la CTEP,
organización objeto de nuestra indagación.
En el Capítulo 4 titulado La Secretaría de Formación de la CTEP: génesis, objetivos y
parámetros de eficacia María Mercedes Palumbo caracteriza la Secretaria de Formación
de la CTEP, la Escuela Nacional de Organización Comunitaria y Economía Popular
(ENOCEP) y la Diplomatura Universitaria de Organización Comunitaria y Economía
Popular, poniendo especial atención a los acuerdos políticos que encuadran sus
lineamientos, los objetivos de la formación desde la perspectiva de las organizaciones
que integran la CTEP y participan de la Secretaria, y los diferentes modos de valorar la
eficacia política de la formación.
En el Capítulo 5 titulado Un abordaje de los cuadernillos de formación de la ENOCEP-
CTEP desde la perspectiva del análisis y la construcción de mensajes educativos
Constanza Lupi y Verónica Mistrorigo analizan los materiales de formación de la CTEP
escritos por Emilio Pérsico y Juan Grabois, editados por la misma CTEP en el año 2014,
recursos utilizados en el marco de las distintas cohortes de la ENOCEP (descripta
anteriormente y principal línea formativa de la CTEP en términos de sistematicidad y
continuidad en el tiempo).
En el Capítulo 6 titulado Un análisis de la CTEP desde el discurso de la formación de
la ENOCEP Christian Dodaro, Santiago Fernández Galeano, Florencia Petrillo y
Graciela Quinterno, estudian el discurso de la formación de la CTEP a partir del análisis
de los cuadernillos presentados en el apartado anterior. Puntualmente, se detienen en
tres aspectos: a) el diagnóstico de situación que justifica la acción colectiva de la CTEP;
b) las bases ideológicas, principios y reivindicaciones de la CTEP; y, c) la conformación
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de una comunidad de referencia nucleada en un nosotros que expresa un sujeto político
particular y a la vez actores antagonistas.
En el Capítulo 7 titulado Política y religión en el discurso de la CTEP Daniela Bruno
analiza las huellas del discurso religioso en el discurso institucional y de formación de
la organización sindical y caracteriza el vínculo entre la agrupación Misioneros de
Francisco y la CTEP.
La publicación concluye con un capítulo de autoría colectiva (Capítulo 8), en el que
problematizamos los acuerdos y las divergencias (y/o tensiones) más relevantes que
reconocemos en y a propósito de la formación dentro de la CTEP basándonos, por un
lado, en las entrevistas con los referentes de las organizaciones que integran el espacio
y, por otro lado, en el análisis de los cuadernillos de la ENOCEP. Es importante tomar
en cuenta que se trata de reflexiones preliminares, precarias y provisorias.
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Capítulo 1
La formación como proceso enmarcador. Formación política y
movimiento
Por Daniela Bruno y Verónica Mistrorigo
Si bien es cierto que lxs militantes del campo popular se forman en la compleja
experiencia histórica de integrar organizaciones y movimientos, la creación de espacios
– momentos de formación ha sido un aspecto fundamental para la reproducción cultural
de muchos movimientos populares urbanos y rurales.
Este interés en la formación política de la militancia ha fundamentado en algunas
organizaciones y movimientos del campo popular una enfática y permanente acción
pedagógica que ha ido decantando en formas organizativas, dispositivos y textos con
fines pedagógicos donde deliberadamente se significa la práctica cotidiana, y en los que
se expresa de manera explícita y privilegiada la intencionalidad de construcción de
subjetividades del movimiento popular, por lo general, más allá de los horizontes de la
conciencia meramente reivindicativa.
Esa intencionalidad pedagógica, explícita y deliberada, formula un diagnóstico de
situación, prescribe una ética militante, prioriza el desarrollo de ciertas capacidades y
valores, jerarquiza ciertas voces y saberes como legítimas fuentes de conocimiento, y
ofrece unos marcos referenciales para la acción política que, si bien no alcanzan para
explicar los fundamentos efectivos de la acción colectiva, sí pueden ayudarnos a
entender cuáles son, al menos desde la perspectiva de dirigentes, referentes o
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“compañeros/as con responsabilidades”, las cualidades y los saberes militantes que se
consideran necesarios para la transformación social en cada coyuntura histórica definida
(Bruno; 2015).
Si se analizan en perspectiva histórica los documentos de trabajo, las cartillas
elaboradas por las áreas de formación de diferentes movimientos populares y los relatos
de las entrevistas de sus protagonistas es posible advertir cómo el discurso pedagógico –
en tanto mecanismo de selección de contenidos, y legitimación y jerarquización de
voces y saberes – opera siempre sobre la base de diagnósticos de situación, y a partir de
una definición de objetivos, destinarios y contenidos de la formación variables en el
tiempo.
Este dinamismo sólo puede ser comprendido situando esa producción en las particulares
circunstancias históricas y oportunidades políticas que la condicionan, habilitando u
obturando “posibilidades estratégicas de intervención discursiva” “en un campo social
pragmáticamente regulado” (Pérez, 2004: 176).
En esta investigación nos propusimos entender esta producción discursiva como un
“proceso enmarcador” (Snow, 1986) que mediatiza la relación del movimiento social y
su contexto encuadrando la acción colectiva. La teoría de los procesos enmarcadores
retoma los aportes del interaccionismo simbólico (Blumer, 1969; Goffman, 1974) y se
interesa por los significados compartidos, las estructuras simbólicas y los esquemas
cognitivos que organizan la percepción y la dirección de la acción colectiva. David
Snow (1986) acuñó, o más precisamente, modificó y aplicó el concepto de “frame”
(marco) de Goffman para referirse a “los esfuerzos estratégicos conscientes realizados
por grupos de personas en orden a forjar formas compartidas de considerar el mundo y a
sí mismas que legitimen y muevan a la acción colectiva (Snow citado en McAdam,
McCarthy y Zald, 1999: 27)
Es decir, un proceso enmarcador es un esfuerzo estratégico en orden a forjar esquemas
referenciales de acción compartidos, que legitimen y muevan a la acción colectiva. Es a
partir de estos marcos de interpretación como el movimiento logra en definitiva
“reconocer” las oportunidades políticas, apropiarse de los repertorios de confrontación
del campo popular disponibles, y re-significar la historia y la memoria de la acción
colectiva.
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No obstante, esto no implica una idea utilitarista de la construcción simbólica de dicha
producción discursiva como estrategia deliberada en un contexto de oportunidades
políticas determinado. La construcción identitaria es sumamente compleja, implica
disputas y negociaciones internas - y con antagonistas y otras fracciones sociales del
sistema político - en un proceso que es precario, contradictorio y modificable, que no
puede ser explicado exclusivamente como resultado del cálculo situacional y la
adaptación pragmática a las cambiantes coyunturas del ambiente político. Hay en estos
encuadres efectivas apuestas a redefiniciones en el universo simbólico y normativo de la
acción colectiva popular. En definitiva, rasgos de culturas políticas dominantes,
emergentes, residuales que emergen en el discurso de la formación.
Cuando en esta investigación referimos al análisis del discurso éste no fue entendido
como “análisis de contenido” de las representaciones conscientes y explícitas que los
actores sociales tienen de sus propios comportamientos o de los comportamientos de los
demás. Al menos desde la perspectiva socio semiótica, una formación discursiva no es
nunca autónoma, y no es posible analizarla sino es a partir del supuesto de su
sobredeterminación por las condiciones sociales de su producción, integradas por otros
discursos como por el funcionamiento de las estructuras institucionales, políticas y
económicas. Justamente la caracterización de esas condiciones como “condiciones de
producción de sentido” es lo que habilita la comprensión del orden simbólico como
matriz fundamental del comportamiento social, y de las estructuraciones de lo
imaginario como red compleja de representaciones engendradas en el seno mismo de las
prácticas sociales” (Verón y Sigal, 1987: 16). Esto es lo que explica el hecho que
asignemos una importancia central a la reconstrucción de esas cambiantes condiciones
sin las que se torna imposible comprender cabalmente cualquier discurso.
Así, las cartillas, los textos de apoyo a la formación, las planificaciones, las memorias y
relatorías de los talleres, las entrevistas a los implicados, en fin, todo ese conjunto
textual, no es un reflejo superestructural de lo que los sujetos hacen, ni algo que
“traduce” una disputa en otro plano, sino aquello por lo que, y a través de lo que se
lucha.
El uso de la noción de “discurso” en tanto “realidad material donde tiene lugar la lucha
ideológica” (Pérez, 2004: 174 en referencia a la obra de Bajtin, 1985; Voloshinov, 1992;
Foucault, 1987, 1996 y Verón, 1987) implicó por lo tanto, en lo metodológico, el uso no
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dogmático de algunas técnicas semióticas que nos ayudaron a comprender el modo en
que las prácticas discursivas contribuían a la formación y reproducción de ciertas
estructuras o bien manifestaban formas y estrategias de resistencia y transformación.
Nuestra tarea consistió en la descripción y evaluación de la red de relaciones materiales
y simbólicas que resultaban de la relación entre las huellas de los textos y las
condiciones interacciónales y sociales de su producción – su gramática de producción o
su dimensión ideológica en la jerga de Verón, o su inserción en un dispositivo en la de
Foucault. Siempre bajo el supuesto de que la relación entre las huellas y las condiciones
interaccionales y sociales de producción, no es de determinación causal sino de
coherencia pragmática.
Ahora bien, como el núcleo pragmático de la discursividad lo constituye el enunciado,
pero su conformación se da ineludiblemente en forma genérica, la descripción de un
enunciado solo es posible a partir del género o los géneros discursivos5 que lo regulan.
Por ello, las nociones de discurso político y pedagógico e instruccional fueron
particularmente útiles para el análisis.
Ya que sus condiciones de producción lo obligan a incorporar el conflicto como su
componente enunciativo primordial, el rasgo distintivo del discurso político es su
carácter “polémico” (Pérez, 2004: 174).
Fue Eliseo Verón (1987) quien avanzó en la caracterización más acabada del discurso
político en función de dos dimensiones: enunciativa y modal. Todo enunciado – la
unidad analítica socio semiótica del discurso – establece una relación con el/la
destinatarix – a la que metodológicamente se alude como dimensión enunciativa – así
como una perspectiva del / de la enunciador/a respecto del contexto de producción y del
contenido de su enunciado – la dimensión modal. Verón resumió la enunciación política
como caracterizada por apoyarse a la vez en tres tipos de destinatarixs: el pro destinarix,
cuya relación con el enunciador/a se funda en una supuesta pertenencia a un mismo
colectivo de identificación, el contradestinatarix o en este caso adversarix políticx
5 Entendiendo a estos en su doble función social: como instancias modelizadoras y a la vez instrumentos
de interacción social.
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construido, y el para destinatarix al que la misma enunciación coloca en una situación
de suspensión de creencia.
Según Verón el discurso político se define por cuatro posibles tipos de modelizaciones:
la descriptiva, donde el sujeto del enunciado aparece en situación de comprobación o
balance de situación, legitimando su acción por competencia cognitiva; la prescriptiva,
por cuyo intermedio el yo del enunciado formula un deber ser imperativo y universal
legitimándose por una competencia axiológica; la didáctica, donde aparece
estableciendo principios y verdades de carácter general que combinan una competencia
cognitiva con otra verbal; y finalmente la modelización programática que le permite al
enunciador/a expresar un anuncio del orden del poder – saber – hacer, que se legitima
por su valor actualizante o incluso realizante. La combinación específica y particular de
estas modelizaciones es lo que Greimas denominó el contrato de veridicción (Greimas,
1973 citado por Pérez, 2004).
Existen ciertos tipos de discursos, los llamados regulativos, cuya tarea específica es la
de producir un orden o constituir una conciencia específica. El discurso pedagógico es
uno de ellos y puede ser definido como un dispositivo de regulación de la producción,
distribución, reproducción, interrelación y cambio, de lo que cuenta como textos
pedagógicos legítimos. En este sentido, el discurso pedagógico no sería un repertorio de
contenidos, sino una gramática de producción de nuevos textos. Este tipo de discurso
debe producir un principio selectivo por el cual ciertos discursos se seleccionan para ser
pedagogizados y otros son seleccionados para regular esa pedagogización. En palabras
más sencillas, este discurso se funda en un criterio de selección del qué y también del
cómo. La operación por la cual ciertos discursos provenientes de diferentes contextos
llegan a ser desubicados o reubicados en el espacio pedagógico es lo que Bernstein
definió como re - contextualización (1977, 1981). Como la regla fundamental de la
gramática del discurso pedagógico es la re contextualización del tiempo, el espacio y el
discurso, el análisis de estas operaciones puede ser una herramienta muy fructífera para
analizar las operaciones de legitimación de ciertos saberes en detrimento de otros.
En nuestra tarea analítica también fue útil la noción de discurso instruccional o
procedural (Silvestri, 1995) como variante específica del discurso pedagógico para el
abordaje de ciertas orientaciones específicas sobre acciones mentales o prácticas, o
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pedagógica de los movimientos populares urbanos en el AMBA. Estudio comparativo de experiencias de matriz
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sobre ciertos métodos de trabajo, por lo general, secuenciales que aparecen en el
discurso de la formación.
Entonces, recapitulando, nuestro análisis a partir del uso libre – no dogmático - de estas
herramientas socio-semióticas, quiso dar cuenta, por un lado, de las construcciones
enunciativas, modales y argumentativas en el discurso de la formación, y a la
legitimación de voces y saberes en los movimientos.
De manera complementaria y para el abordaje de los espacios de formación como
espacios de construcción de saber o conocimiento, surge la pregunta acerca de su
definición. En esa línea, partimos de pensar a la formación como un ámbito de
construcción de conocimiento socio histórico, entendiendo por tal la promoción de
relaciones de conocimiento, es decir:
“la “capacidad de una persona de colocarse en su mundo, colocarse no es
explicarlo sino interpretarlo y reconocerlo. No se trata de manejar códigos o
poseer mayor cantidad de información, sino colocarse frente al mundo
entendido como el conjunto de relaciones frente a las cosas y a las personas”
(Zemelman: 1998, p.XX).
Esta postura epistémica entiende al conocimiento y a su construcción como un producto
de la realidad socio histórica a partir de la cual “el sentido de construir conocimiento,
además de la elaboración de conceptos, supone el rescate del sujeto que los construye”
(Zemelman: 2011, p. 11), puesto que para Zemelman la experiencia histórica se puede
transformar en pensamiento y el pensamiento no es solo un acto cognitivo sino
fundamentalmente un acto de resistencia cultural:
“Es necesario entender la historia como un proceso en que se forma
autoconciencia individual, la cual es parte de un contexto histórico-cultural de
manera que tenga lugar la apropiación de la historia como experiencia
conformadora de la subjetividad personal” (Zemelman: 2011, p. 13)
Desde el comienzo de los cuadernillos, en su presentación, se deja entrever la
intención/objetivo de los procesos de "trabajo, organización y lucha" de la CTEP, que
incluyen entre sus ámbitos la formación de lxs compañerxs:
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“En este proceso de trabajo, organización y lucha, si Dios quiere, iremos
sembrando en la conciencia, el corazón y la experiencia de todos nosotros la
semilla del hombre nuevo, de un nuevo paradigma social para enfrentar al
“dios dinero”, superar el capitalismo y construir una sociedad de hermanos,
libres e iguales”. (Cuadernillo 1, p. 4. El resaltado es nuestro)
En este sentido, podemos pensar junto con Zemelman que: "discutir los problemas de la
educación desde una perspectiva epistemológica implica plantearse la relación de
conocimiento con la realidad en que se ha forjado y de la cual pretende dar cuenta"
(2001, p. 71), ubicarnos en la relación entre esos contenidos y la realidad, ya que "en
esa posibilidad consiste el proceso de ampliación de conciencia".
Bajo este marco podemos delinear al saber o conocimiento legítimo como aquel capaz
de legitimar la realidad como anclaje para pensar el mundo con otros; pensar y actuar
alternativas, potenciar al sujeto entendiendo por esto darle las herramientas, crear las
condiciones para que reconozca sus circunstancias pero ya no como límites de su
accionar sino actuando posibilidades; romper con la mirada hegemónica que intenta
imponer "que la comprensión de lo que sucede (...) sea vivido como el único modo
posible de comprensión y acción del y en el mundo" (Quintar, 2006, p. 31)
En este sentido, entendemos que la búsqueda de la formación de la CTEP tiene entre sus
objetivos principales, justamente el reconocimiento o autopercepción de los
trabajadorxs de la economía popular como tales, y en este sentido, el proceso de
transformar sus experiencias en conciencia y acción (colectiva) es clave en ese proceso.
En consecuencia, transformar los espacios de formación en un primer paso para la
organización y la lucha.
Un aporte complementario lo encontramos en la propuesta de la pedagoga argentina
Estela Quintar (2004), quien sostiene que el conocimiento es una producción simbólica
de sentidos y significados, y está compuesto por dos aspectos: conciencia y relación. La
conciencia implica dar cuenta y darse cuenta, es decir, es acción y por eso el
conocimiento así entendido se transforma en un arma de lucha, es conocimiento
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histórico, que refiere a “sujetos concretos haciendo realidad”; y relación en tanto
articulación de tiempo-espacio en el presente, como espacio de lo posible en términos
de proyecto y de producción en la construcción social del mundo. Ambas dimensiones
se apartan de la lógica explicativa del mundo posicionándose en una lógica
interpretativa, lo que habilita procesos de pensamiento complejos y críticos, paso
indispensable para la acción transformadora.
Por último, y con respecto a los modos concretos de organización del análisis de los
mencionados cuadernillos, adaptamos, muy libremente, la propuesta de ejes para el
análisis y la construcción de mensajes educativos de Gabriel Kaplún (2004): el eje
conceptual, pedagógico y comunicacional.
El primer eje (conceptual) refiere a los contenidos, su selección y organización
fundamentada en un diagnóstico de situación. Corresponde por lo tanto a este eje el
análisis de las decisiones relativas a la selección de fuentes y conceptos, la
jerarquización conceptual, la interrelación y la red conceptual lógica.
El segundo eje implica un análisis de los objetivos pedagógicos – explícitos o no – y la
caracterización de los destinatarios de la formación – incluyendo los supuestos en torno
a sus “ideas constructoras”, es decir, “aquellas sobre las cuales, con las cuales y
frecuentemente contra las cuales se intenta construir una nueva percepción, una nueva
conceptualización, o una habilidad a partir del material”, entre otros recursos didácticos.
También corresponde a este eje el análisis de la modalidad de trabajo propuesta, las
estrategias y tácticas didácticas.
Por último, el eje comunicacional refiere a las figuras retóricas o poéticas, y en general
a los modos concretos de relacionamiento con los destinatarios que propone el material,
cómo son interpelados, cómo son recuperados el universo vocabular, los consumos
culturales y los contextos de los destinatarios.
Referencias bibliográficas
BAJTIN, M. (1985). Estética de la creación verbal. México: Siglo Veintiuno.
BERNSTEIN, B. (1981). “Codes, Modalities and the Process of Cultural Reproduction:
A Model”. Anglo American Studies, 1.
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BERNSTEIN, B. y DÍAZ, M. (1984). “Towards a Theory of Pedagogic Discourse”.
Core, 8 (3). Traducción con permiso de los autores por Carlos Ossa. Disponible en
7 Los principios de “redistribución, reciprocidad e intercambio” han sido acuñados por el antropólogo
Karl Polanyi al desarrollar el concepto de “economía sustantiva”. Según el autor, “toda sociedad
desarrolla actividades económicas recurrentes e institucionalizadas (Polanyi, 2008, pp. 53-78). Es un
proceso de interacción de los hombres entre sí y con la naturaleza, cuyo resultado es la provisión continua
de medios materiales que permitan la satisfacción de las necesidades” (Polanyi, 2012). Este proceso es
visualizado por Polanyi como organizado y estabilizado en cada sociedad mediante la combinación
variable de un conjunto de principios o modelos discernibles de institucionalización, que pautan las
conductas con contenido económico de personas y grupos, integrándolas como parte de la trama de
relaciones constitutivas de esa sociedad. En la sociedades originarias no capitalista estudiadas por el autor, estos principio funcionan como mecanismos de integración social y cultural, y como formas de
regulación de la acumulación en pocas manos.
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El cambio estructural del capitalismo global, provocado por las economías altamente
industrializadas de los llamados “países centrales” (básicamente Estados Unidos y
Europa Occidental) a mediados de los 70, generó en la Argentina entre 1976 y 2001 un
cambio radical en la estructura social de su economía y sociedad y, por consiguiente, en
el movimiento obrero organizado.
Hacia principios de la década del setenta las empresas capitalistas de estos países
comenzaron a experimentar una baja en sus tasas de ganancia causada por: el
agotamiento de los recursos tecnológicos, una “alta carga impositiva sobre las
empresas” destinada a sostener el llamado “estado de bienestar” y los “altos costos
laborales” generados por las políticas de pleno empleo (Coelho et al, 2014: 7). La
solución a este “problema” fue la utilización de las nuevas tecnologías digitales y la
robótica para aumentar la capacidad productiva con menor uso de mano de obra, el
fomento de la libre circulación de divisas a través de redes electrónicas sin usar un
billete o valor equivalente y el aumento del consumo a partir de la diversificación de la
producción y la demanda (menos gente trabajando por un salario y más gente
consumiendo). El resultado de este proceso a nivel global ha sido el aumento
exponencial del capital volcado la especulación financiera, la disminución de la
demanda de empleo, el aumento de la cantidad de pobres sin trabajo asalariado y la
consolidación de una “oligarquía mundial” constituida por el uno por ciento de la
población que detenta el setenta por ciento de la riqueza global (CTEP, 2014: 6).
En el período citado, las políticas socio económicas del Estado Argentino tuvieron
variantes durante cada gobierno8. Sin embargo es posible encontrar algunos
denominadores comunes que las caracterizan como parte de un período de hegemonía
neoliberal. La destrucción de la industria nacional, el fomento del endeudamiento
externo y el otorgamiento al Estado de un rol de promotor de la apertura económica son
los ejes comunes que facilitaron, y facilitan hoy nuevamente, un importante aumento del
poder del capital financiero globalizado, en detrimento de los sectores del trabajo.
8 Este período abarca la Dictadura Cívico Militar de 1976 el gobierno de Raúl Alfonsín de 1983, los dos
períodos presidenciales de Carlos Saúl Menem y el trunco mandato de Fernando De La Rúa. Cada uno tuvo políticas económicas claramente diferenciables, sin embargo es posible encontrar continuidades que
seguidamente mencionamos en el texto.
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Sin embargo, los efectos macroeconómicos durante este período, que podríamos
denominar como “largo”, fueron impactando en el sector del trabajo y sus formas de
organización social y sindical de diferente manera durante cada gobierno. En primer
lugar podríamos señalar a la dictadura cívico militar y la posterior transición
democrática como de cambio de un modelo capitalista urbano fuertemente vinculado la
actividad industrial, hacia el de un capitalismo financiero cada vez más localizado, en el
que los conglomerados urbanos comienzan a cambiar su configuración socioeconómica
(Castells, 1973: 2004). Esto se expresa en un cambio marcado por la caída de los
puestos de trabajo vinculados a la industria, un aumento de la ocupación en el sector de
servicios y en el trabajo por cuenta propia. A partir de ese momento comienza el
paulatino crecimiento del fenómeno que Juan Carlos Portantiero (1999) llamó
“exclusión social” y Robert Castel (1996) caracterizó cómo zonas de baja cohesión
social. Estos fenómenos pueden vincularse con el surgimiento de un variado colectivo
de trabajadorxs que no acceden al trabajo asalariado y a los derechos que conlleva, y
que ofrece servicios eventuales, trabaja en relación de dependencia sin estar registrado,
desarrolla emprendimientos familiares en áreas sub urbanas o rurales, vende objetos en
la vía pública, etc. Este heterogéneo colectivo de trabajadorxs va haciéndose más visible
a lo largo de los años.
Durante los dos mandatos presidenciales de Carlos Saúl Menem, y el corto y conflictivo
período de Fernando De La Rúa, el Estado cambia radicalmente su estructura y rol, y
abandona su función central en la organización de la economía en favor de la
desregulación económica, la flexibilización de las relaciones de trabajo, la privatización
de rubros estratégicos como la provisión de energía y la mercantilización del acceso a la
salud, la educación y la previsión social. El impacto de estas políticas genera una crisis
social sin precedentes y un profundo proceso de desafiliación y fragmentación de los
trabajadorxs, con la consecuente crisis de sus formas de organización y representación.
La gran masa de trabajadorxs antes asalariados pierde paulatinamente, a lo largo de este
período largo, no solo ingresos monetarios, sino también derechos sociales adquiridos a
través del trabajo registrado (seguridad social y jubilación) y las políticas públicas
(salud, ecuación estatal, transporte público y servicios de energía accesibles) que se
constituían como un “salario indirecto” que garantizaba la reproducción ampliada de sus
condiciones de vida (Coraggio, 2008: 2013).
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Hacia comienzos del siglo XXI la Argentina contaba con un nivel de desocupación del
veinticinco por ciento, índices de pobreza que superaban el cincuenta por ciento y un
porcentaje de trabajadorxs no registrados y cuentapropistas que superaba el cuarenta por
ciento de la población económicamente activa.
Emergencia de las organizaciones de la economía popular, social y solidaria
(EP/ESS) en tanto actores económicos y políticos.
La crisis del trabajo asalariado y el aumento exponencial de la pobreza marcan un punto
de inflexión en las formas organizativas de lxs trabajadorxs. Dentro del amplio
repertorio de acciones colectivas desarrolladas por los movimientos de desocupados
durante ese período, la creación de trabajo como estrategia para garantizar la
reproducción de las condiciones de existencia de los individuos y los colectivos sociales
organizados, tal vez haya sido una de las más novedosas. Ante la crisis del trabajo
asalariado como integrador de la sociedad y el debilitamiento de las estructuras
sindicales como herramientas de representación de los intereses de lxs trabajadorxs, este
sector debió resolver su supervivencia creando nuevas formas de practicarlo y
organizarse en torno a él.Los comedores populares, los movimientos de desocupados,
los movimientos de empresas recuperadas, las asambleas barriales, los movimientos de
lucha por la tierra, la vivienda y el hábitat nacen bajo un denominador común: dar
respuesta a las necesidades sociales a través del trabajo productivo y reproductivo9
organizado de manera autogestiva y generando nuevos mecanismos de lucha social.
Fenómeno social, político y económico que, según Héctor Palomino (2004) es resultado
de los esfuerzos de reconstrucción de lazos sociales a través de nuevas formas de
organización colectiva.
El cambio de signo político del gobierno nacional a partir del año 2003 marca el inicio
de un nuevo modelo de políticas socioeconómicas, orientadas a la redistribución de la
renta agroindustrial, y hacia políticas sociales y de fomento de la actividad productiva a
través de la sustitución de importaciones. El nuevo escenario económico internacional
de altos precios de los commodities, favoreció un rápido crecimiento económico a
9 Citar una explicación de autor respecto de la diferencia entre trabajo productivo y reproductivo.
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través del uso de la renta agro industrial como motor de recuperación de las capacidades
productivas, ociosas durante el largo periodo neoliberal (Schorr et al, 2015).
Durante los tres períodos de gobierno kirchnerista, el PBI argentino logró crecer a un
promedio del seis por ciento anual, generando cerca de seis millones de puestos de
trabajo, reduciendo la desocupación a menos del seis por ciento y generando de manera
sostenida un aumento del salario promedio.
Sin embargo, a pesar del crecimiento sostenido durante más de diez años y de las
políticas socioeconómicas redistributivas, un tercio de la población económicamente
activa se mantuvo en el sector de trabajadorxs no registradxs, sin poder gozar
plenamente de sus derechos económicos y laborales.
Las políticas de impulso a la industria y el trabajo registrado, parecen haber alcanzado
ciertos límites a la hora de generar trabajo asalariado. Las políticas sociales de
otorgamiento de subsidio directo, como la asignación universal por hijo y las de
promoción de lo que el gobierno llamó economía social (ES)10 fueron las alternativas
que éste encontró para restituir parte de los derechos vulnerados de ese sector. Las
formas de vinculación de estxs trabajadorxs con las políticas públicas a través la
promoción del trabajo asociativo, el microcrédito, el uso de marcas colectivas, el acceso
al monotributo social y las cooperativas del Plan Nacional Argentina Trabaja fueron
políticas orientadas a “incluir” como sujetos de derecho al núcleo duro de trabajadorxs
de la EP que, hacia el final de su mandato, alcanzaba cerca del treinta y cinco por ciento
de la población económicamente activa. Este dato resulta central a la hora de analizar la
conformación de la CTEP y el papel que juega en el capitalismo actual la EP.
El largo recorrido político transitado por este colectivo, los niveles de organización que
han alcanzado, al llegar a formar una organización sindical de segundo grado, la
persistencia en el tiempo de la existencia de trabajadorxs no integrados al sistema
10 El apelativo economía social (ES) utilizado por el gobierno kirchnerista toma como referencia
conceptualizaciones elaboradas por Alejandro Rofman y José Luis Coraggio que desarrollaremos
teóricamente en el siguiente apartado. Lo cierto es que esta denominación funcionó como paraguas para
una serie de programas elaborados por el Ministerio de Desarrollo Social centrados en la promoción del
trabajo autogestivo y familiar tales como: el monotributo social, la Ley Nacional de Microcrédito, La ley
de Marca Colectiva y el Programa de Ingreso Social por Trabajo (PRIST) Argentina Trabaja. Lo relevante de estas políticas sociales es el cambio de orientación de políticas sociales de corte asistencial y
focalizado, hacia otras centradas en la promoción del trabajo.
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salarial y la existencia de políticas públicas orientadas específicamente este sector
ponen en cuestión la caracterización de excluidos planteada por Portantiero y de bajo
nivel de cohesión social señalado por Castel. María Claudia Cabrera y Marcela Vío
(2014) elaboran un extenso estudio sobre las condiciones de vida de sectores populares
en siete barrios de diversos municipios del Conurbano, enfocando su análisis en sus
formas de acceso al trabajo y sus estrategias de reproducción social. En este estudio
encuentran una compleja “trama” en las que se entrelazan relaciones de solidaridad y
reciprocidad, formas de trabajo mercantil y estrategias particulares de vinculación con la
políticas públicas que señalan una “modalidad que establece una diferencia con otros
grupos de sectores populares” que se consolida como una “matriz de estrategias que
orienta la reproducción social de los hogares” (Cabrera y Vio, 2014: 28).
De esta manera, ya entrado el siglo XXI y bajo un nuevo escenario de restricción
económica externa y nuevo avance de los sectores económicos concentrados vinculados
a las políticas socioeconómicas neoliberales, las formas de organización social nacidas
en torno al trabajo familiar, asociativo y/o autogestionado que conforman el
heterogéneo colectivo de la EP continúan interpelando al Estado en la implementación
de políticas públicas y al sector del capital, al asumir por cuenta propia la producción de
bienes y servicios y la elaboración de estrategias de reproducción social.
La EP para la CTEP.
Si tomamos como punto de partida los contenidos de los materiales de capacitación de
la CTEP, la EP resulta ser el sector subalterno de la sociedad en el actual capitalismo
global, al cual el capital ya no le extrae plusvalía, ni llega siquiera a garantizarle las
condiciones mínimas de existencia. Funciona como una especie de “capitalismo
residual” en el que la lógica individualista y mercantil convive con otras “formas
cooperativas de trabajo impulsadas por los movimientos sociales”, cuyo denominador
común es que “los medios de producción están en manos de los sectores populares”
(Grabois y Pérsico, 2014: 23). La CTEP se propone como una herramienta de lucha
gremial y política que, a través de la unidad de lxs trabajadorxs, consolida una
“economía popular comunitaria” que fomente unidades productivas comunitarias que
“permitan un futuro sin explotados, ni explotadores, de solidaridad y fraternidad”
(Grabois y Pérsico 3, 2014: 40), las cuales deben basarse en la propiedad colectiva, la
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solidaridad, la distribución igualitaria del ingreso, la organización democrática del
trabajo y de la conducción de la unidad productiva, precios sociales y uso colectivo de
la tecnología. El Estado es considerado como “punto de equilibro entre el poder popular
y los grupos económicos” y, asimismo como campo de disputa política. En este sentido
lo que aparece como central es la necesidad de que la EP acceda a los mismos derechos
que los trabajadorxs asalariados a través de paritarias (sociales) y “Salario Universal
basado en el trabajo” que garanticen el mejoramiento de sus condiciones de existencia.
Las miradas académicas de la EP y la Economía Social y Solidaria (ESS).
Los inicios de la economía social moderna.
Cómo hemos señalado en la introducción la EP/ESS tiene antiguos antecedentes en
Asia, África y América Latina de organización asociativa y comunitaria. Es durante el
siglo XIX, en la Europa de la revolución industrial, que nace la economía social
moderna (ES) bajo la influencia de diversas corrientes de pensamiento político y
cultural11 . De estas experiencias nacen las formas de organización mutual y cooperativa
que hoy conocemos, que se han consolidado en el Siglo XXI en el marco de la Alianza
Cooperativa Internacional (ACI) que nuclea a setecientos cincuenta millones de
trabajadorxs (Defourny, 2013: 165).
Hoy en América Latina, y en Argentina en particular, este sector ha alcanzado un gran
crecimiento con el desarrollo de cooperativas de servicios, cooperativas de trabajo y
banca cooperativa, y renovación con el surgimiento de la empresas recuperadas (Fajn,
2013). De estas formas de organización socioeconómica nacen los principios básicos del
cooperativismo de solidaridad, autoayuda, prioridad del trabajo sobre el capital,
propiedad colectiva de los beneficios acumulados que se reafirman en el contexto actual
de la EP/ESS (Vuotto, 2013: 112).
11 Jacques Defourny (2013) explica cómo durante la primera mitad del Silgo XIX en Europa Occidental
se desarrollaron diversas iniciativas de tipo cooperativo y mutualista inspiradas en una pluralidad corrientes de pensamiento político y económico como el socialismo asociacionista, la social democracia,
el social cristianismo y algunos sectores liberales.
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La EP como forma de trabajo productivo y reproductivo
José Luis Coraggio es quien más ha reflexionado sobre el fenómeno de la EP dentro del
campo académico latinoamericano. De acuerdo a este autor, la EP desarrolla sus
actividades con el fin de satisfacer necesidades de manera mediata o inmediata, por
cuenta propia o en relación de dependencia, bajo relaciones mercantiles o no, dentro de
la economía realmente existente. Se regula a través de “reglas, valores y conocimientos
que orientan las actividades de los correspondientes agrupamientos, redes y relaciones
de cooperación, concurrencia o regulación internas o externas, que instituyen a través de
la organización formal o de la repetición, los grupos domésticos que dependen para su
reproducción de la realización ininterrumpida de su “fondo de trabajo”12 (Coraggio,
2007: 173). Reconoce al igual que la CTEP a la unidad doméstica (UD) como la forma
de organización microeconómica de la EP, a la que se define como grupo de individuos
vinculados de manera sostenida por lazos, solidariamente responsables de la obtención y
distribución de las condiciones materiales necesarias para la reproducción inmediata de
todos sus miembros, ya sea basado en relaciones familiares o de co- residencia. “La
realización del fondo de trabajo puede adoptar formas mercantiles como trabajo
asalariado vendido de manera informal a empresas capitalistas, al Estado u otras UD;
trabajo reproductivo en la producción de bienes para el autoconsumo de la UD y trabajo
de producción solidaria para el consumo de la comunidad (cuidado de niños para la
comunidad, formación, capacitación, etc.)” (Coraggio, 2007: 173). Según el autor, la
lógica de realización del fondo de trabajo, inclusive en sus formas mercantiles, no puede
ser interpretada desde la perspectiva de la empresa capitalista. Los móviles de la UD no
12 Dicho fondo de trabajo no es otra cosa que la suma de las actividades productivas realizan dentro de la UD (fabricación de objetos, contratación por prestación de servicios diversos, venta de productos, etc.)y
reproductivas (trabajos domésticos como cuidados de integrantes de la familia, acceso a la recreación,
limpieza, compras de alimentos, etc.). El trabajo reproductivo adquiere particular relevancia en la
EP/ESS, debido a que se constituye, por lo general, en la estrategia de trabajo asociativo de la familia y/o
la comunidad que garantiza el acceso a bienes públicos como la salud, el cuidado de los niños y niñas, la
educación y la capacitación de manera des mercantilizada, generando, de esta manera, un mayor
rendimiento del trabajo productivo. Las guarderías comunitarias, los comedores populares, los roperos
comunitarios y demás formas de organización colectiva de trabajo reproductivo se constituyen, según
Coraggio, en “extensiones” de la EP/ESS, que garantizan la reproducción de las condiciones de existencia
de este sector. Las políticas sociales aplicadas durante los tres períodos presidenciales kirchneristas como
la Asignación Universal por Hijo, el Plan Nacer, Plan Nacional Ingreso Social con Trabajo, Argentina
Trabaja han sido algunas de las políticas públicas que de manera articulada, favorecieron mejor condiciones reproductivas para la EP/ESS y que, según Cabrera y Vio ha constituido una nueva trama
social de este sector de la economía que reconfigura su relación con la economía del Estado.
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apuntan exclusivamente a la obtención de ganancias. Existen otros factores que median
las relaciones mercantiles y no mercantiles dentro de la UD y con el exterior, tales como
las relaciones domésticas, las relaciones con otros actores sociales vinculados a la
comunidad de pertenencia, que se encuentran mediadas por pautas morales de
comportamiento histórica y culturalmente determinadas, que desbordan la lógica
mercantil e introducen la dimensión solidaria de dichas relaciones.
Esta visión compleja y hasta contradictoria de la EP, coincide con la caracterización de
la CTEP al entenderla como un campo de disputa en el que formas más solidarias,
democráticas y des mercantilizadas de trabajo conviven con otras más mercantilizadas y
de subordinación a la lógica de capital. Sin embargo, a diferencia de la CTEP, Coraggio
entiende que estas lógicas y tensiones en torno al trabajo productivo y reproductivo,
abarcan no solo a los trabajadorxs no registradxs, sino al conjunto de los trabajadorxs,
quienes, asalariadxs o no, reproducen hacia el interior de sus UD la misma lógica que
los diferencian de la lógica de la empresa privada: la búsqueda de la “reproducción
ampliada de la vida” de sus integrantes (Coraggio, 2007, 2008), en contraposición con
la lógica de reproducción ampliada del capital como fin último y único. Por tales
motivos, según Coraggio, la EP está constituida por un colectivo más amplio de
trabajadorxs que incluye tanto a los asalariadxs como a los no asalariadxs.
La ESS. Puntos de contacto y divergencias con la EP.
Jaques Defourny definió de manera resumida a la ES como “las actividades económicas
de una sociedad de personas que buscan la democracia económica asociada a la utilidad
social”. Estos principios básicos del cooperativismo , posteriormente, se ampliaron al
agregar el concepto de solidaridad y la hibridación de recursos mercantiles, no
mercantiles y no monetarios como parte de las formas asociativas que se generan en
diferentes grupos y comunidades por fuera de la lógica mercantil, que involucra a un sin
número de actividades como el mejoramiento comunitario de barrios populares,
agricultura sustentable, la gestión ambiental de residuos, etc. (Defourny, 2013: 167) que
han dado a luz a una nueva generación de la economía social o Economía Solidaria
(EcoSol) que da cuenta de una gran diversidad de formas de organización social e
institucional tales como las cooperativas de trabajo y comercialización, redes de
emprendimientos, encadenamientos productivos, mercados del productor al consumidor,
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pedagógica de los movimientos populares urbanos en el AMBA. Estudio comparativo de experiencias de matriz
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Galeano, Constanza Lupi, Verónica Mistrorigo, María Mercedes Palumbo, Florencia Petrillo y Graciela Quinterno.
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bancos populares, grupos de finanzas solidarias, etc. En coincidencia con Defourny Jean
Luis Laville y Luiz Ignacio Gaiger (2013) profundizan dicha caracterización
incorporando a las prácticas de la EcoSol actividades vinculadas al trabajo reproductivo
asociadas tradicionalmente a actividades propias de llamado Tercer Sector (Defourny,
2013: 168) como los comedores comunitarios, las guarderías comunitarias y diversas
formas de organización social destinadas a proveer bienes públicos de manera des
mercantilizada, incorporando a la reciprocidad. Paul Singer (2000), por su parte,
enfatiza el carácter no capitalista de la EcoSol, al señalar como aspecto central a la
posesión de los medios de producción en manos de trabajadorxs, excluidos del trabajo
asalariado.
Además de los aportes teóricos centrados en lo productivo y reproductivo, en el campo
de la EcoSol, se han desarrollado investigaciones sobre los procesos de subjetividad
producidos en torno a la actividad laboral autogestiva (Veríssimo Veronese, 2007) y, en
relación a dicho proceso, a la producción de saberes en el trabajo asociado como parte
de un proceso educativo vinculado a la “apropiación de los instrumentos teórico
metodológicos que permiten comprender los sentidos del trabajo y seguir con la
construcción de una nueva cultura del trabajo” (Bueno Fisher y Tiriba, 2013).
La EcoSol problematiza varios elementos centrales de la perspectiva de la EP
desarrollada por la CTEP en sus cuadernos de formación. En primer lugar coincide en la
valoración de los medios de producción en manos de lxs trabajadorxs. El hecho de
poseer los medios de producción resulta un factor central a la hora de analizar una
unidad productiva popular. Asimismo, la problematización en torno a los sentidos
subjetivos y a los procesos educativos producidos en torno al trabajo productivo y
reproductivo autogestivo o asociativo, resultan relevantes para la CTEP a los fines de
construir una “economía popular comunitaria”, basada en la propiedad colectiva, la
solidaridad, la distribución igualitaria del ingreso, la organización democrática del
trabajo, la conducción democrática de la unidad productiva y el uso colectivo de la
tecnología, como superadoras de las practicas económicas mercantilizadas que
conviven en la EP.
Informe de medio término. Proyecto UBACYT “Pedagogía, política y acción colectiva. La dimensión político
pedagógica de los movimientos populares urbanos en el AMBA. Estudio comparativo de experiencias de matriz
político ideológica autonomista y nacional popular”. Daniela Paola Bruno, Christian Dodaro, Santiago Fernández
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De la EP a la Economía del Trabajo (ET).
La búsqueda de formas económicas no mercantiles, organizadas de manera
autoconsciente y asociativa, constituye el cambio cualitativo que, según José Luis
Coraggio distingue a la EP de la ES. Un componente estratégico de dicho cambio radica
en las capacidades desarrolladas para la construcción de vínculos solidarios con otros
actores que garanticen, como aliados, su sostenibilidad en el marco de lo que sería
posible definir como una disputa de sentidos entre racionalidad reproductiva y
racionalidad empresarial. Desde la perspectiva de este autor las diversas redes sociales
construidas entre las diversas formas de trabajo asociativo y autogestivo y con el Estado
permiten la sostenibilidad socioeconómica del sector debido a que se constituyen como
espacios multiactorales y multinstitucionales (Coraggio, 2008: 3), ya que: construyen y
recrean relaciones con el sistema de la economía pública (estatal) a través del acceso a
los sistemas de salud, educación, servicios de cuidado de la primera infancia, etc.;
establecen vínculos con otras formas de organización social a través de acciones de
cooperación y solidaridad; establecen relaciones de cooperación con la economía
popular a través del intercambio de productos y servicios, disminuyendo la relación de
subordinación a la economía del capital.
El cambio emancipatorio de este sector, para este autor, está dado en la consolidación de
una economía social (ES) como un subsistema de la economía realmente existente que
lleve a una economía centrada en el trabajo (ET) que logre una alianza con la economía
pública (del Estado) y permita limitar al capital en su lógica, garantizado la
“reproducción ampliada y transgeneracional de la vida de todos y todo” (Coraggio,
2013: 135).
La cuestión asociativa hacia el interior de la EP como sistema y con la economía del
Estado, resultan elementos estratégicos considerados por la CTEP en su agenda política
y reivindicativa. La consolidación de una economía popular comunitaria no alcanza
viabilidad si no es en articulación con políticas públicas que redistribuyan ingresos y
prestaciones sociales de manera directa hacia lxs trabajadorxs de la EP (salario
universal) y al fomento y subsidio de su actividad productiva.
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La EP/ESS como crítica y alternativa a la racionalidad empresarial.
Encontrando puntos comunes.
Dentro del campo de las perspectivas teóricas latinoamericanas de la ESS, existe un
consenso respecto de la necesidad de aplicar racionalidades diferentes a la de la empresa
mercantil, para garantizar la sustentabilidad y sostenibilidad del sistema. El acuerdo
parte en una crítica estructural a la economía del capital y los criterios de eficiencia que
aplica, sustentada en el principio de acción racional medios-fines heredera de la
filosofía weberiana. Tal crítica a la racionalidad de la empresa privada es uno de los
puntos nodales para entender tanto a la ESS como a la EP, como colectivos
socioeconómicos y políticos.
Según Franz Hinkelammert y Henry Mora Jiménez la acción racional medio-fin
contiene un “núcleo irracional” que es necesario trascender a través de una racionalidad
“más integral de respeto al circuito natural de la vida humana”. La búsqueda del
beneficio individual entendido como beneficio económico de carácter “hedonista” pone
en peligro la propia vida humana, ya que incompatible con la reproducción de toda la
sociedad y la naturaleza. Por tales motivos es necesaria otra racionalidad reproductiva
subordinada al “metabolismo socio natural” (Hinkelammert y Mora, 2005).
Dicha racionalidad requiere para ser viable de límites a la propiedad privada, al uso de
la tierra como mercancía y a la supremacía el valor de cambio por sobre el valor de uso.
Tal crítica es abordada por diferentes autores en el señalamiento de los siguientes
rasgos: dar prevalencia al valor de cambio por sobre el valor de uso (Duchrow y
Hinkelammert, 2007: 345), priorizar la rentabilidad por sobre los beneficios sociales y
los efectos ambientales, computando al trabajo como costo de producción y
transfiriendo el costo de la depredación del ambiente al exterior (externalidades)
(Gaiger, 2007: 214), reducir la sostenibilidad de los emprendimientos económicos a una
relación de cooperación/competencia entre productores y entre productores y
consumidores, mediada solo por el mercado y expresada en una cuenta de ingresos y
egresos monetarios (Coraggio, 2008: 1). Dichas limitaciones se articulan con la postura
de la CTEP en torno a la propiedad de la tierra.
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Consideraciones provisorias.
Considerando este mapa general del campo académico respecto de la EP/ESS, la
concepción económica y política de la CTEP respecto de la EP guarda coincidencias
centrales respecto de una mirada estructural del capitalismo actual y sobre la
emergencia de un nuevo sujeto político trabajador que ha ido construyendo nuevas
lógicas de organización social y económica. Al analizar estas nuevas lógicas conviene
prestar especial atención en el salto cualitativo dado por la CTEP al constituir una
organización de segundo grado de carácter gremial que construye desde su estructura,
no solo una agenda reivindicativa, sino recursos orientados a garantizar la producción
autogestiva y comunitaria de bienes y servicios y la reproducción social desde una
lógica solidaria, construyendo una agenda política que contempla al sistema económico
de manera integral. La creación de una obra social (Mutual Senderos) y el programa de
capacitación son recursos que apuntan a garantizar dicha reproducción social, elementos
esenciales para garantizar condiciones de sostenibilidad socioeconómicas del sector.
Pero requiere necesariamente de la lucha por la obtención de subsidios directos a lxs
trabajadorxs que restituyan sus derechos como trabajadorxs y no como meros
beneficiarios de políticas sociales compensatorias.
Bibliografía:
Barrios Alejandro, Coelho Ramiro, Femia Gastón, Salzman Marina, “Comunicación y
Economía Social y Solidaria”, Curso Anual de Comunicación Popular UBA; 2014.
Basualdo Eduardo, “Sistema Político y Modelo de Acumulación en la Argentina”,
FLACSO, UNQUI, 2002.
Cabrera Claudia, Vío Marcela (compiladoras), “La Trama Social de la Economía
Polanyi, Karl. “La gran transformación. Los orígenes políticos y económicos de nuestro
tiempo” (LGT, 1944). México, Fondo de Cultura Económica. ______. “La economía
como proceso instituido”, 2003, en: POLANYI, K. Textos escogidos. Buenos Aires,
UNGS/Clacso, 2012.
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POLANYI, K. et al. “ Essais de Karl Polanyi” (EKP). Seuil, 2008.
Portantiero, Juan Carlos, “Conferencia Magistral, Estado, Sociedad y en el contexto de
la transición democrática”, 1999.
Schorr Martín, et all. “Restricción Externa”,Buenos aires, 2015.
Singer Paul, “Economía Solidaria: Un modo de Producción y Distribución”, 2000.
Tiriba, “Pedagogías de la producción asociada ¿hacia dónde camina la economía
popular?”, en Coraggio José Luis, “Economía social desde la periferia. Contribuciones
latinoamericanas”, Buenos Aires, UNGS-ALTAMIRA, 2007.
Veríssimo Veronese, Marília, “Economía Solidaria y Subjetividad” UNGS, Altamira,
2007.
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Capítulo 3
Lxs trabajadorxs de la economía popular en la CTEP.
Por Daniela Bruno
En este apartado vamos a caracterizar el contexto de surgimiento del denominado
movimiento de trabajadorxs desocupadxs, los modos de vinculación de estas
organizaciones y movimientos con el Estado Argentino – en particular durante las
gestiones kirchneristas – y describiremos brevemente los antecedentes y el escenario, y
las razones que llevaron a algunas organizaciones y movimientos populares a la
creación de la CTEP, organización objeto de nuestra indagación.
Las organizaciones de trabajadorxs desocupados y la constitución del Movimiento
Piquetero.
El golpe de estado de 1976 sentó las bases para un cambio en la distribución del poder
social en la Argentina: exterminó y disciplinó a los vastos sectores sociales movilizados
y a la vez puso en marcha un programa de restructuración económica y social que
tendría profundas repercusiones en la estructura social y productiva del país. De ahí en
más los sectores populares y parte de la clase media se fragmentaron y perdieron poder,
mientras que aumentaba la concentración política y económica en las elites del poder
internacionalizado (Bruno, 2016).
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El impacto social de estas transformaciones sería visible recién con la llegada de la
democracia, a partir de mediados de los años ochenta y durante los años noventa,
cuando las redes de supervivencia del empobrecido mundo popular se las tuvieron que
ver con las reformas estructurales implementadas durante las gestiones presidenciales de
Carlos Menem en el tránsito a la globalización neoliberal.
En ese contexto y con la “adaptación pragmática” de los grandes sindicatos de la CGT,
se fue configurando un nuevo tejido social caracterizado por la expansión de
organizaciones populares con una acentuada matriz territorial, y la consolidación de
formas de acción colectiva no convencionales e independientes del mundo sindical. Así,
las fronteras y los clivajes establecidos en las clases populares estallaron y se
multiplicaron, y las organizaciones populares se fragmentaron, segregaron y
territorializaron (Bruno, 2016).
En ese escenario, a mediados de los años noventa, las que comenzaron siendo
manifestaciones de protesta espaciadas, localizadas y muchas veces espontáneas, por
parte de trabajadorxs del sector público y desocupados contra la injusticia de la
restructuración neoliberal, se convirtieron a fines de esa década en una nueva forma de
protesta y movilización. Los desocupados adquirieron una visibilidad como no la habían
tenido antes y dieron lugar a un abanico de nuevas organizaciones que, en poco tiempo,
conformaron el heterogéneo universo de las organizaciones de trabajadorxs
desocupados, también conocidas como organizaciones piqueteras.
A pesar de la indiscutible heterogeneidad de las comisiones barriales que, sin vínculos
entre sí, se habían ido desarrollando en el conurbano bonaerense con el objetivo de
agrupar a lxs trabajadorxs desocupados, los repertorios de acción comunes – la
asamblea y el piquete fundamentalmente – junto con la rápida respuesta estatal – los
planes sociales – fueron los factores que más favorecieron la constitución en la escena
política nacional de un “movimiento piquetero” a inicios de este siglo.
Los “piqueteros” surgieron en un contexto de empobrecimiento, vulnerabilidad y
exclusión social generados por la implementación de una serie de reformas orientadas a
la eliminación del déficit fiscal, la desregulación de los mercados y la privatización de
las empresas públicas durante el menemismo. Entre las transformaciones más
significativas que introduce el neoliberalismo con Carlos Menem (1989-1999) – y cuyo
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ciclo se había iniciado a mediados de los años setenta en el contexto de la última
dictadura cívico militar – podemos mencionar: a) la formación de un nuevo modelo des
industrializador basado en la valorización financiera; b) la restructuración del Estado
que modificó su forma de intervención a partir de la reducción del gasto público, la
descentralización administrativa, la privatización de las empresas públicas y la
supresión de la intervención sobre aspectos centrales de la economía; c) la
desestructuración del mercado de trabajo, lo que incrementó la desocupación, la
inestabilidad laboral, la precariedad y la vulnerabilidad, d) el debilitamiento del poder
sindical que dejó de ser el principal aliado del estado a partir de la reconfiguración de
las alianzas políticas del tradicional partido justicialista, viéndose deteriorado su papel
de agente de socialización política de los sectores populares, situación que repercutió no
sólo en las condiciones materiales de los trabajadorxs sino además debilitó las formas
tradicionales de la acción colectiva; y e) la persistente crisis de representación de los
partidos políticos (Fornillo, García y Vázquez, 2008: 366).
Estas reformas estructurales van a generar un “inédito proceso de descolectivización”
(Svampa y Pereyra, 2003: 14) seguido de un desacople entre beligerancia social y
sistema político que descorporatizó la protesta social.
El surgimiento del denominado “movimiento piquetero” no reenvía a un único proceso
sino a la convergencia de bases y trayectorias sociales heterogéneas, y debe ser
comprendido estableciendo su doble filiación: la de los piquetes y puebladas de las
provincias argentinas en la segunda mitad de los años noventa, y la de los
asentamientos, marchas y ollas populares iniciados en los años ochenta en la Provincia
de Buenos Aires. Este doble origen es lo que explica su riqueza y a la vez “anticipa algo
de su fragmentación inevitable” (Svampa y Pereyra, 2003).
El primero de estos afluentes reenvía a los estallidos sociales protagonizados por lxs
asalariadxs del sector público nacional y provincial que junto con comerciantes,
pequeños empresarios, sindicatos y políticos locales encabezaron auténticas puebladas y
desarrollaron un nuevo tipo de petición a las autoridades públicas: creación y reposición
de puestos de trabajo, ayuda alimentaria y críticas al ajuste de las administraciones
provinciales. La primera ola de piquetes y puebladas en las provincias argentinas la
encontramos entre 1996 y 1997 y tiene la importancia histórica de la presentación
pública de la cuestión piquetera, dando lugar a múltiples y masivos procesos de
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identificación a escala nacional. Entre estos años el corte de ruta se instala como
formato de protesta legítimo y eficaz recurso para reafirmar identidades, confrontar con
el Estado, abrir negociaciones, dirimir espacios o alineamientos políticos, u obtener
recursos para la organización popular en el territorio.
A diferencia de las movilizaciones que se producen en aquellas localidades afectadas
por el proceso de privatización de las empresas del Estado y la descentralización
administrativa, las experiencias de las organizaciones de desocupados en Buenos Aires,
Rosario y Mar del Plata, están ligadas al proceso desindustrializador que deterioró las
condiciones de vida de las clases populares y medias bajas desde mediados de los años
setenta, y se inscriben en un modelo de acción territorial ligado a la lucha por la
propiedad de la tierra y la organización de la subsistencia, cuyos orígenes datan de
mediados de los años 80. Lxs desocupadxs del oeste y el sur bonaerense que hasta
mediados de los noventa se habían recluido y organizado en los barrios en su faz más
reivindicativa, a mediados de los noventa empiezan a cobrar notoriedad con sus
marchas, sus ollas populares y luego, sus cortes de ruta bajo el influjo de los piquetes y
puebladas en las provincias argentinas. Algunas de estas organizaciones de trabajadorxs
desocupadxs del Gran Buenos Aires tendrán, quince años después, una participación
decisiva en la creación de la CTEP, como comentaremos más adelante.
Pero volviendo a la constitución del movimiento piquetero nacional, coincidimos con
Svampa y Pereyra (2003), Maneiro (2012) y Freytes Frey y Cross (2005) en que fueron
los repertorios de acción comunes – en particular la asamblea como modalidad decisoria
y la adopción del corte de ruta como metodología generalizada de lucha – junto con la
rápida institucionalización de una respuesta por parte del Estado – los planes sociales y
particularmente el Plan Jefas y Jefes de Hogar – los factores que más favorecieron la
constitución en la escena política nacional de un movimiento piquetero13.
13 El decreto 565/02 reglamentó el Programa de Jefes de Hogar, también conocido como Derecho
Familiar de Inclusión Social: Plan Jefes y Jefas Desocupados para ser aplicado hasta el 31 de diciembre
de ese año (2002) en todo el territorio nacional y en el marco de la declarada emergencia sanitaria,
alimentaria, y ocupacional. Este Programa vino a reemplazar a los Planes Trabajar. El Decreto 39/03 prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2003 la emergencia ocupacional y fundamentó la extensión de la
vigencia del Programa Jefes y Jefas hasta ese momento. El beneficio consistía en una ayuda económica
no remunerativa (de 150 pesos argentinos) a cambio de una serie de contraprestaciones que debían
realizar los beneficiarios. En abril de 2003 según datos oficiales del Consejo nacional de Administración
Ejecución y Control el número de beneficiarios ascendía a 1.987.875 personas (Pautassi, Rossi, y
Campos; 2003). De acuerdo a Freytes Frey y Cross (2009) la extensión de las políticas sociales en estos
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Las políticas sociales desplegadas por el Estado nacional ofrecieron recursos inmediatos
para responder a las necesidades más urgentes de lxs desocupadxs y a la vez tuvieron un
potencial movilizador que permitió a las organizaciones posicionarse en el escenario
político. En efecto, si el objetivo de conseguir “planes sociales” funcionó inicialmente
como incentivo para la participación en la lucha social de muchos desocupadxs, su
obtención reforzó a las organizaciones, en la medida en que la incorporación
permanente de nuevos miembros les permitió asumir nuevas tareas, extenderse a otros
barrios – o incluso a otras regiones –, tejer nuevas articulaciones, todo lo cual implicó
un aumento de su capacidad para legitimarse frente a lxs vecinxs, a los miembros de la
organización y al propio Estado. A su vez, para lxs desocupadxs, su involucramiento en
las actividades comunitarias de los movimientos contribuyó a gestar sentimientos de
pertenencia y nuevas vinculaciones. La participación en asambleas e instancias de
formación política, por otra parte, les ayudó a resignificar su propia situación, al
otorgarle una perspectiva social e histórica, y a afirmar su capacidad de resistir y
transformar la realidad que padecían. Todo lo anterior contribuyó a aumentar la
capacidad de movilización y, por lo tanto, de presión política para conseguir nuevos
planes (Freytes Frey y Cross, 2005)
Este “círculo virtuoso” o proceso de “retroalimentación” alcanzó su mayor expresión
con la implementación, en 2002, del programa antes mencionado “Jefes y Jefas de
Hogar Desocupados”.
Las divergencias entre las organizaciones piqueteras en materia de estrategia política
y/o concepciones ideológicas justificaron alineamientos políticos que fueron
años no se limitó al aumento de beneficiarios de los “planes sociales”, sino que también se reforzaron los programas de distribución (o producción) de alimentos y otros artículos de primera necesidad, como el
Fondo Participativo de Inversión Social (FOPAR,), PROHUERTA y el Programa de Emergencia
Alimentaria (PEA). Para la gestión de estos programas se impulsó la creación de consejos consultivos
locales de políticas sociales, conformados por líderes políticos/as, religiosos/as, territoriales y
representantes del MDS y de los municipios. Estos consejos buscaban desplazar a los/as líderes
territoriales de la gestión de los recursos, a quienes se pretendía reducir al rol de “intermediarios/as” entre
“beneficiarios/as” y “estado” según se señalaba en los spots publicitarios de la época (Cross, 2008). No
obstante, los movimientos piqueteros y sus líderes no sólo no fueron desplazados/as del centro de la
escena política sino que el período 2002-2003 es considerado en la literatura como el momento de mayor
expansión, multiplicación y/o consolidación del movimiento piquetero. Los movimientos “piqueteros”
llegaron a controlar un 8% de tales planes. El porcentaje restante estaba bajo el control de los municipios.
El manejo de estos planes significó un aumento considerable en los recursos disponibles para las actividades en los barrios y la organización política, dando lugar, durante el gobierno de Duhalde, a un
mayor desarrollo de las organizaciones existentes y a la aparición de otras nuevas.
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cristalizándose con mayor claridad hacia 2000 y 2001. Si bien no existen tipos puros ni
taxonomías únicas a partir de las cuales se puedan distinguir los agrupamientos,
acordamos con Svampa y Pereyra (2003) en que los clivajes políticos que recorrían el
arco piquetero de aquel entonces permitían establecer dos alineamientos principales:
una línea política más “institucionalizada” reunida en torno a las corrientes y centrales
sindicales no oficialistas, donde se ubicaban la FTV y la CCC; y un segundo
alineamiento agrupado en torno a partidos políticos y grupos autónomos de izquierda.
El vínculo entre Movimientos Populares y Estado a propósito del trabajo.
Podría decirse que la lógica de vinculación que se establece entre los movimientos
populares y el Estado hasta la llegada del kirchnerismo estuvo signada por una dinámica
de movilización y negociación centrada en la ocupación de espacios públicos por los
movimientos populares mediante diversas formas de protesta – como “piquetes”,
“marchas”, “tomas”, “ollas populares” – en las cuales la demanda aglutinante fue la del
derecho al “trabajo digno y genuino”. Frente a esta demanda la respuesta del Estado
Nacional fue, en lo fundamental, la creación de programas de transferencia directa de
ingresos, que implicaron contraprestaciones obligatorias de los beneficiarios
(Gusmerotti, 2010 y 2013 a y b). En este contexto, “el trabajo” paulatinamente se tornó
un espacio de articulación de prácticas y relaciones políticas alrededor del cual
comienzan a ser reconocidas las organizaciones y movimientos populares, como
interlocutorxs y administradorxs legítimos de los recursos públicos obtenidos en la
movilización y negociación con funcionarixs gubernamentales (Gusmerotti, 2010 y
2013 a y b).
Con la asunción de Néstor Kirchner como Presidente de la Nación (en el año 2003) se
verifica un cambio sustantivo en la lógica de vinculación entre los movimientos
populares y el Estado. Generalizando podría decirse que, con matices y particularidades,
se produce la paulatina integración de las organizaciones piqueteras de las corrientes
afines a la tradición nacional-popular a la estructura estatal, y la oposición y
movilización de las vertientes ligadas a la izquierda partidaria e “independiente”.
Durante la gestión de Néstor Kirchner se recortó y dirigió discrecionalmente la entrega
de recursos que luego del 2001 había crecido considerablemente, se buscó el
fortalecimiento y la integración de buena parte de las organizaciones piqueteras de
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matriz nacional-popular y se cuestionó la represión abierta como respuesta a la
movilización social agudizada tras la masacre del Puente Pueyrredón14.
En esa coyuntura diversos movimientos populares definen durante el año 2004 su
alianza política con el “kirchnerismo”15. Las primeras manifestaciones de este
posicionamiento político, se expresan en la incorporación de algunos de sus dirigentes
como funcionarios de ámbitos institucionales existentes o bien participando de la
gestión de espacios creados “ad-hoc” dentro del Estado. Paulatinamente estos
movimientos desarrollan una dinámica electoral y se integraron a espacios
parlamentarios y políticos, en el marco de la llamada “transversalidad” lo que va
configurando una dinámica de movilización caracterizada por acciones colectivas en
las que se pretende expresar una adhesión al proyecto político “kirchnerista” y a
determinadas iniciativas y políticas estatales. (Gusmerotti, 2010 y 2013). Sobre este
aspecto volveremos más adelante para referirnos específicamente al Movimiento Evita,
uno de los precursores y fundadores de la CTEP.
A partir de la gestión presidencial de Néstor Kirchner se adoptan una serie de políticas
económicas que permitieron incrementar la capacidad de ingresos necesaria para
absorber la producción nacional y que generaron un mejoramiento de los índices de
ocupación en un contexto de crecimiento económico sostenido16.
Consecuentemente, la dinámica de la conflictividad popular se trasladó
significativamente a las organizaciones sindicales (Antón, 2010), con un ciclo de
protestas “ofensivas” vinculadas a la negociación salarial y las condiciones de trabajo,
que desplaza a los movimientos de desocupados como uno de los ejes de la
movilización social (Etchemendy y Ollier, 2008; y Palomino, 2010).
14 La masacre de Puente Pueyrredón…..explicar.
15 El 15 de diciembre de 2004 Miguel Bonasso (PRD)-Luis D´Elia (FTV)-Eduardo Luis Duhalde
(Memoria y Mov.) -Jorge Cevallos ( Barrios de Pie)-Edgardo Depetri (Frente Transversal) -Francisco
Marcelo Yaquet ( Movimiento 26 de Julio) todos ellos constituidos en el Frente Patria para Todos
escriben diez puntos para la unidad de las fuerzas populares y manifiestan su apoyo a Néstor Kirchner
http://argentina.indymedia.org/news/2004/12/246285.php 16 Nos referimos al establecimiento de un tipo de cambio competitivo que permitió reactivar y fortalecer
el mercado interno y generar y fortalecer el empleo local, la recuperación de los espacios de negociación salarial a través de la firma anual de convenios colectivos de trabajo, la movilidad del salario mínimo
vital y móvil, y la movilidad jubilatoria, entre otras.
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Capítulo 8
Acuerdos y tensiones en la CTEP. Reflexiones preliminares.
Mejor que decir es hacer. Mejor que prometer es cumplir
Juan Domingo Perón
Tensión entre lo reivindicativo y lo político
Relevando los cuadernillos de formación de la Confederación de Trabajadorxs de la
Economía Popular (CTEP) podemos observar que se establece de manera enfática y
deliberada una división entre el eje reivindicativo y el eje político.
“La lucha popular tiene tres dimensiones: la ideológica, la política y la reivindicativa. Sin
embargo, desde la CTEP nos concentramos en la tercera dimensión de la lucha popular: la
reivindicativa.
La lucha reivindicativa consiste en conquistar mejoras en el ingreso económico, en las
condiciones de vida de los compañeros de los distintos sectores del Pueblo.” Pág. 140.
Cuadernillo 4.
“La organización sindical y la organización económica popular son para todos los trabajadorxs,
con independencia de nuestras ideas políticas.” Pág. 69 cuadernillo 2
Entendiendo que lo político es una dimensión que atraviesa la vida social -por ende es
constitutivo de las relaciones en comunidad- y también es entre otras cosas la
acumulación de la correlación de fuerzas construidas hacia un dispositivo determinado;
es necesario aclarar que tomaremos la división anteriormente expuesta, como la
separación entre lo reivindicativo y lo político partidario. Creemos que a eso se refieren
los protagonistas cuando trazan esa diferenciación, colocando a lo político es un lugar
negativo.
“Esta unidad entre lo social y lo político tiene aspectos positivos y negativos.” Pág. 90.
Cuadernillo 2
Informe de medio término. Proyecto UBACYT “Pedagogía, política y acción colectiva. La dimensión político
pedagógica de los movimientos populares urbanos en el AMBA. Estudio comparativo de experiencias de matriz
político ideológica autonomista y nacional popular”. Daniela Paola Bruno, Christian Dodaro, Santiago Fernández
Galeano, Constanza Lupi, Verónica Mistrorigo, María Mercedes Palumbo, Florencia Petrillo y Graciela Quinterno.
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Esta unidad total entre lo político y lo social, por su parte, tiene el defecto que a veces es falsa,
las ideas de los dirigentes se ponen por encima de la realidad, las necesidades y la cultura de
los sectores populares y hasta a veces se los utiliza como ‘decorado’ de las ideas de los
militantes o peor aún, como ‘trampolín’ para la política.” Pág. 91. Cuadernillo 2
Para la organización lo reivindicativo contiene las demandas comunes que son
constitutivas del qué hacer de los trabajadorxs de la economía popular. Podríamos
afirmar que es la agenda de temáticas/problemáticas que construyen (todo aspecto de lo
social es un constructo) y que por ende genera mecanismos de identificación y, al
mismo tiempo, procesos organizativos. Esa organización se da con el objetivo explícito
de conquistar los derechos que le son negados a esta población, a raíz de la
caracterización de la etapa del capitalismo y su expresión en la Argentina que ya se
enunció anteriormente en este trabajo.
Dos posibles formas de explicar la separación taxativa entre lo reivindicativo y lo
político y la valoración positiva del primer término sobre el segundo son:
- Lo reivindicativo está por encima de las tensiones partidarias y es un eje
aglutinador capaz de trascender los alineamientos coyunturales de las
estructuras.
- Lo reivindicativo los pone dentro de una corriente histórica del movimiento
obrero organizado.
Una que sepamos todos (y todas)
De las entrevistas con los referentes y en el material analizado se desprende una idea-
fuerza que atraviesa los discursos y fundamenta la práctica: concentrarse en el eje
reivindicativo es la garantía para que espacios tan diversos puedan llevar adelante la
unidad de acción.
La unidad de acción requiere siempre unidad de concepción. Por ende, la premisa de
que “lo que nos junta es lo reivindicativo” y otras similares, es una de las ideas centrales
que abonaron para que la CTEP haya funcionado desde su fundación hasta la actualidad.
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pedagógica de los movimientos populares urbanos en el AMBA. Estudio comparativo de experiencias de matriz
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Galeano, Constanza Lupi, Verónica Mistrorigo, María Mercedes Palumbo, Florencia Petrillo y Graciela Quinterno.
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Cita de la entrevista a Rafael donde plantea que para evitar tensiones internas se dio
libertad de acción con respecto al proceso electoral. Dani, no encontré el desgravado.
Como ya se explicó anteriormente la CTEP está conformada por diferentes grupos que a
su vez tienen distintas perspectivas ideológicas entre las que se encuentran los
paradigmas nacional/popular, de la izquierda nacional e izquierda popular.
Estas diferentes miradas generan tensión, y esas tensiones/contradicciones son
superadas a través de anteponer el eje reivindicativo por encima de los
posicionamientos, políticos siempre, que cada actor realiza.
Como en toda organización marco, no todos los grupos que la forman tienen el mismo
peso a la hora de decidir las políticas y/o desarrollar la estrategia. Dentro de la CTEP
existen organizaciones que por su volumen cuantitativo (cantidad de integrantes), su
capacidad financiera (aportan más económicamente al desarrollo de la organización) y
sus relaciones políticas con otras organizaciones y con el Estado en diferentes niveles,
son hegemónicas. Esta correlación de fuerzas interna se cristaliza entre otras formas en
quiénes armaron los materiales de formación: Por el Movimiento de Trabajadorxs
Excluidos (MTE)27 Juan Grabois y por el Movimiento Evita Emilio Persico.
Un hito fundamental para pensar la unidad de acción y la supremacía de lo
reivindicativo por sobre lo político, es la elección presidencial del 2015 en la Argentina.
Entendemos que la campaña primero, las elecciones propiamente (PASO, primera
vuelta y ballotaje) luego y las formas de resistencia al regreso del neoliberalismo
después; marcaron puntos de inflexión sobre la militancia en su conjunto y sobre esta
organización en particular. Las distintas organizaciones que conforman la CTEP, y
sobre todo las hegemónicas, estuvieron apostando a espacios políticos partidarios
diferentes. Ni el MTE, ni la FACyR se expresó por una candidatura, pero sí lo hicieron
con fuerza los integrantes de Patria Grande llevando a una referente cartonera como
candidata en la Ciudad. Por el otro lado el Movimiento Evita, fue uno de los pilares de
la candidatura de Daniel Scioli en el Frente para la Victoria.
27 El Movimiento de Trabajadorxs Excluidos (MTE) es la organización más grande de cartoneros en la
Ciudad de Buenos Aires y quién colaboró en organizar cooperativas a nivel nacional, creando la
Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores. Tiene un grupo de dirigentes que provienen de lo social, pero sus militantes medios que son fundamentales para el funcionamiento de la organización son
orgánicos a Patria Grande.
Informe de medio término. Proyecto UBACYT “Pedagogía, política y acción colectiva. La dimensión político
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Que la CTEP haya sobrevivido a esta dramática coyuntura puede ser traducido en la
concreción del viejo dicho “se hace lo que se dice” y haber “cuidado la herramienta”
viene aparejado de un crecimiento y mayor reconocimiento en esta nueva etapa del país.
Parte de la historia
La apuesta explícita a lo reivindicativo, antagonizando con lo político, se explica a
través de ponerse en directa asociación con una de las corrientes del movimiento obrero
organizado. Esta vinculación entre la larga tradición del sector hegemónico del
movimiento obrero desde mediados del siglo XX a la actualidad y la forma de construir
de la CTEP, se expresa entre otras cosas por la adopción del modelo sindical de
sindicato por rama de esta última. Todos los trabajadorxs y las trabajadoras excluidos/as
en un mismo dispositivo.
“Nosotros creemos que mientras más centrales hay, peor estamos los trabajadorxs. Mientras
más sindicatos en una misma actividad, peor estamos los trabajadorxs, porque competimos
entre nosotros mientras los de arriba se ríen a carcajadas.” Pág. 75 cuadernillo 2
Pero también la CTEP se hace eco de esa corriente del sindicalismo cuando
explícitamente se quiere vincular sólo con la Confederación General del Trabajo (CGT)
y ningunea a ambas Centrales de Trabajadorxs de la Argentina (CTA).
“Tenemos que buscar permanentemente el diálogo con el movimiento obrero organizado e
intentar que nos permitan afiliarnos a las Centrales Sindicales, en el caso argentino la más
representativa es la CGT.” Pág 118. Cuadernillo 3.
No sólo refuerza la idea de un solo sindicato por actividad, sino que aún a sabiendas que
es casi imposible su ingreso a la Confederación General del Trabajo, plantea una sola
Central Obrera.
Es una contradicción por parte de la CTEP plantear que se interpela al modelo sindical
pretendidamente por fuera de las tensiones políticas partidarias. La historia reciente (de
la década del ’40 al presente) del movimiento obrero organizado argentino muestra que
en casi todo ese periodo, los vaivenes y dinámica de ese sector estuvieron vinculados a
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la alineación con ciertos movimientos y/o partidos políticos -centralmente el
movimiento nacional peronista y el partido peronista (luego devenido en Partido
Justicialista)- y el acompañamiento ó disputa con quienes detentaran la conducción del
poder ejecutivo en cada etapa histórica.
Interrogantes que nos quedan ó los disparadores del futuro
Si bien la CTEP se presenta como una Confederación, no es acaso su accionar algo
similar a un sindicato de los trabajadorxs y las trabajadoras de la economía popular?
Para ser una confederación, ¿no debería estar integrada por federaciones o asociaciones
sindicales por rama?
¿No es un oxímoron plantear la unidad del movimiento obrero en el momento en que se
funda una tercera Confederación?
Al momento de su nacimiento y primeros años la CTEP se plantea una estrategia de
acercamiento a la CGT para desarrollar su ingreso. ¿Hoy se quiere construir como par
de la CGT y por encima de las CTAs?
Modelo sindical en disputa: Los trabajadorxs y las trabajadoras como actores políticos
a) Las concepciones en torno a lo político y lo reivindicativo
(Párrafo Documento de Mercedes para debatir) En esta dirección, se puede
sostener que el Movimiento Evita y el MTE realizan una apuesta más reivindicativa en
torno a la CTEP, sea porque conciben a esta organización como parte de un frente de
masas que posee su correlato político expresado y consumado en un partido político o
porque privilegian el plano reivindicativo al político según el caso. Del otro lado, Los
Pibes y el MPLD plantean la necesidad de construcción de poder (popular) desde los
propios espacios reivindicativos conllevando una cierta indiferenciación entre lo
político y lo reivindicativo en términos topológicos y cronológicos. Una lectura posible
de esta diferencia se debe a los diferencias en las matrices político-ideológicas inscripta
en la génesis de los distintos movimientos, siendo relacionable el postulado de la
imposibilidad de escindir lo político y lo reivindicativo más cercano a la matriz
autonomista que a la nacional-popular. ¿Es el tema de las matrices? ¿Es el contexto de
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surgimiento (en la coyuntura del 2001 o en la “normalidad” política) lo que influye en
estas concepciones
b) Me pregunto si no deberíamos incorporar aquí el debate en torno al Estado y a
la autonomía y la heteronomia estatal que aparece más claramente en las entrevistas y
no en los cuadernillos. Daniela.
c) Unidad sindical. Creo que este es otro tema que podría ser conflictivo hacia el
interior de la CTEP. No se si todos las organaciones que integran la CTEP tienen la
misma perspectiva respecto de un escenario de union sindical con CGT /CTA. Daniela.