Venezuela: Democracia y Reforma Política...a «la necesidad de formular un proyecto integrador en los diver-sos aspectos políticos, económicos y sociales que permita crear un futuro

Venezuela: Democracia

y Reforma Política

Centro de Estudios de Integración NacionalCaracas

2018

Juan Garrido Rovira

Juan Garrido Rovira

Venezuela: Democracia

y Reforma Política

Centro de Estudios de Integración Nacional

Caracas2018

Venezuela: Democracia y Reforma Política

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I. Introducción

En el siglo XXI, siguen siendo de palpitante actualidad las palabras de Pablo VI en la Encíclica Populorum Progressio cuando afirmaba:

“Verse libres de la miseria, hallar con más seguridad la propia subsistencia, la salud, una ocupación estable; participar todavía más en las responsabilidades, fuera de toda opresión y al abrigo de situaciones que ofenden su dignidad de hombre; ser más instrui-dos; en una palabra, hacer, conocer, y tener más para ser más: tal es la aspiración de los hombres de hoy, mientras que un gran número de ellos se ven condenados a vivir en condiciones que hacen iluso-rio ese legítimo deseo” 1.

Para hacer realidad, en un país concreto, en este caso Venezuela, el legítimo deseo material y moral de un nivel de vida y de calidad de vida cónsono con la dignidad de una persona humana, estimamos que es necesario interrelacionar la integración nacional, la democracia y el progreso. En cierta forma, éste pretende ser el objeto principal de este escrito. Solo mediante un proceso de integración nacio-nal en el ámbito político-económico-social, asociado a la práctica real y efectiva de la democracia y a una actividad económico-social y cultural abierta al progreso personal y comunitario podremos ver satisfecho el legítimo deseo que se expresa en las palabras de la Encíclica antes citada.

“En la Presentación del documento intitulado «Necesidad de un Proyecto Integrador para Venezuela», publicado, en edición digital, a finales del 2016, por la Universidad Monteávila, se hace referencia a «la necesidad de formular un proyecto integrador en los diver-sos aspectos políticos, económicos y sociales que permita crear un futuro de progreso sostenido, material y moral, para todos los vene-zolanos” 2.

En este sentido, y en forma resumida, puede decirse que entendemos el concepto de proyecto integrador como un conjunto de elementos políticos, económicos y sociales que forman un todo y llevan a determinados resultados positivos y, al mismo tiempo, consideramos que integrar es justamente lo contrario de separar, y que su significado implica construir un proyecto que permita lograr la satisfacción

1 Encíclica Populorum Progressio, Encíclicas de Pablo VI, EBIDESA, Madrid, 1998, p.155.2 ROSS, Maxim, LARES DE MOLINA, Julieta, y GARRIDO Rovira, Juan, Necesidad de un

Proyecto Integrador para Venezuela, Universidad Monteávila, Caracas, 2016, p. 5. Disponible en: http://./www.uma.edu.ve/interna/402/0/obsequio_digital_del_mes

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de las necesidades fundamentales, materiales y morales, de todos los venezolanos. Así, un proyecto integrador es aquel mediante el cual se logran de manera simul-tánea resultados positivos económicos, sociales, institucionales y políticos en una sociedad. En términos generales, tales resultados deberían, al menos, ser:

• En lo económico, un crecimiento sostenido, no inflacionario; un aumento sostenido del PIB per cápita y del empleo productivo, sumados a un proceso distributivo que mejore sustancialmente la justicia y equidad sociales.

• En lo social, un aumento significativo de la solidaridad y la responsabilidad sociales; la reducción sustancial de la desigualdad y de la pobreza, y un grado de movilidad social que permita el desarrollo de un amplio estrato de clase media con nivel y calidad de vida satisfactorios.

• En lo institucional, un sistema legislativo y judicial que garantice y proteja la igualdad y la seguridad jurídica de todos. Un modelo institucional de balance de poderes entre los órdenes ejecutivo, legislativo y judicial y que valorice los poderes regionales y locales por encima del poder central. Un modelo que garantice así la integridad del territorio y la unidad de la República.

• En lo político, un modelo que garantice y soporte la integración política, medida ésta por una participación y representación efectivas de los partidos políticos y de la sociedad civil en los asuntos de interés público, y por la exis-tencia de un acuerdo de convivencia política democrática entre los partidos políticos, teniendo como componente fundamental un poder electoral que garantice plenamente la igualdad de oportunidades en los eventos electorales y un mejoramiento progresivo del desempeño democrático de todos los estra-tos sociales” 3.

Una visión integradora como la antes referida coloca sobre las personas, clases y grupos dirigentes de todo orden una gran responsabilidad de reflexión y acción para lograr una interrelación satisfactoria entre la integración nacional, la demo-cracia y el progreso, lo cual pasa por una reforma política y por una acción sinér-gica de los cambios y correctivos, políticos, económicos y sociales. A estos fines quieren contribuir estas breves reflexiones.

3 Nota Introductoria a la separata del documento Necesidad de un Proyecto Integrador para Venezuela.


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IILa Democracia

A) El Poder

Dentro del lapso de siglos y siglos de evolución demográfica, los seres huma-nos hemos conocido muy diversas formas de organización social desde las menos complejas, como la banda y la tribu, hasta las más complejas y centralizadoras como los regímenes de jefatura y de Estado.

Este último resulta el nivel más complejo de integración política y al cual han ido relativamente llegando prácticamente todos los pueblos de la tierra atravesando al efecto diversos estadios hasta llegar al concepto de Estado-Nación que sirve hoy día de base organizacional político-jurídica a la Organización de las Naciones Unidas.

El poder, vale decir, la capacidad de los individuos y de los grupos sociales para lograr objetivos venciendo resistencias mediante la aplicación de energía4, es una constante en el despliegue secular de la vida humana. De todas las manifestaciones del poder, el así llamado poder político aparece como aquél que se superpone a los demás y que concentra en sí la posibilidad de dirigir la vida social y económica.

Así, desde el punto de vista político, quien detenta el poder puede pretender señalar los derroteros colectivos y fijar las prioridades comunes. De allí que el poder, para ser efectivo, requiera de un dominio y de una jurisdicción que, en todo caso, atendiendo a la dignidad de la persona humana, ha de tener un fundamento racional y moral, y un ejercicio siempre respetuoso de los derechos humanos.

Según las épocas históricas, el poder político amenaza siempre con desviarse de sus fines y no estar sujeto a reglas y a normas. No obstante, la necesidad profunda de la sociedad de tender al cumplimiento de los fines que le son propios –libertad, fraternidad, progreso, justicia, paz– va determinando, a lo largo de la historia, que existan factores condicionantes de la organización y ejercicio del poder. Esos facto-res están vinculados a la ética, individual y social, a los sistemas políticos-jurídicos y a las relaciones sociales y económicas en el marco de la relación que ha de existir entre el Estado y la sociedad. En términos de sistema político, nada mejor que la democracia para controlar y limitar el poder.

4 Cfr. GARCÍA - PELAYO, Manuel, Obras Completas, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, Tomo; BOTHAMLEY, Jennifer, Dictionary of Theories, Gale Research Interna-tional Ltd., U.K, 1993, p. 425.

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B) Noción

La democracia se nos presenta como la máxima participación del pueblo en el poder, según los tiempos y las circunstancias, en el marco del Estado, conceptuali-zado éste según ideas políticas de libertad e igualdad.

“Un Estado democrático es aquél donde el pueblo es la fuente de la que emanan los poderes estatales... o, más concretamente, donde los ciudadanos participan en la toma y control de las decisiones del Estado, sea directamente sea a través de sus representantes” 5.

Así, “La democracia se ha planteado como un mecanismo que confiere legiti-midad a las decisiones políticas cuando se adhieren a principios, reglas y mecanis-mos adecuados de participación, representación y responsabilidad” 6, deliberación y transparencia. Seguramente por ello, Tocqueville afirmaba:

“Concibo una sociedad en la que todos, contemplando la ley como obra suya, la amen y se sometan a ella sin esfuerzo; en la que la auto-ridad del gobierno, sea respetada como necesaria y no como divina; mientras el respeto que se tributa al jefe del Estado no es hijo de la pasión, sino de un sentimiento razonado y tranquilo. Gozando cada uno de sus derechos, y estando seguro de conservarlos, así es como se establece entre todas las clases sociales una viril confianza y un sentimiento de condescendencia recíproca, tan distante del orgullo” 7.

C) ¿La Democracia está en peligro?

“Me temo que tengo que responder que, a largo plazo, sí.La democracia es una gran generosidad, porque para la gestión y la creación de la buena ciudad confía en sus ciudadanos. Pero los estu-dios sobre la opinión pública ponen en evidencia que esos ciuda-danos lo son poco, dado que a menudo carecen de interés, que ni siquiera van a votar, que no están mínimamente informados. Por tanto, decir que la democracia es una gran generosidad subraya que la democracia siempre está en potencialmente en peligro.

5 GARCÍA-PELAYO, Manuel, La Constitución, en Obras Completas, ob. cit. Tomo III, p. 2924.6 HELD, David, Modelos de democracia, Alianza Editorial, S.A, Madrid 2001, pp. 333 y 334.7 TOCQUEVILLE Alexis, La Democracia en América, Fondo de Cultura Económica, 1996, p. 36.


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Sin embargo, tenemos que distinguir entre la máquina y los maqui-nistas. Los maquinistas son ciudadanos, y no son nada del otro mundo. Pero la máquina es buena. Es más, en sí misma, es la mejor máquina que se ha inventado nunca para permitir al hombre ser libre, y no estar sometido a la voluntad arbitraria y tiránica de otros hombres. Construir esta máquina nos ha llevado casi dos mil años. Intentemos no perderla.Yo no creo que la democracia necesite importantes innovaciones estructurales. Lo que me preocupa son los maquinistas. En los años treinta, José Ortega y Gasset escribía La rebelión de las masas, un libro muy inteligente donde se identifica al ciudadano como el hombre-masa. ¿Quién es ese tipo? Es un niño malcriado e ingrato que recibe en herencia unos beneficios que no merece y que, por consiguiente, no aprecia. La cuestión es que el niño mimado es un hombre debilitado, «ablandado». Ortega lo llamaba «invertebrado», sin espina dorsal. Y dado que nos aguardan retos durísimos, ¿será capaz de afrontarlos el niño mimado? Espero que sí. Pero no estoy nada seguro. Nos queda, en cualquier caso, la esperanza de que nuevas generaciones de jóvenes me desmientan. Yo he terminado. Ahora les toca a ustedes. Buena suerte” 8.

D) Democracia de mayoría y Democracia Consensuada Sin perjuicio de los precedentes histórico-políticos de la así llamada democracia

clásica en Grecia y Roma, en el contexto de las respectivas épocas, siguiendo la afir-mación de Held puede decirse que “Hasta principios del siglo XVIII, casi ninguno de los que dejaron amplia constancia de sus pensamientos creyó que la democracia fuera una forma deseable de organizar la vida política” 9.A partir de ese momento las revoluciones americana, francesa e hispánicas afirmarían el gobierno democrá-tico fundamentado en la soberanía popular. En efecto:

“La palara griega demokratia se compone de demos, que quiere decir «pueblo», y de kratos, que quiere decir «poder». Por tanto, traducida al castellano, significa «poder del pueblo». Si es así, las democracias «tienen que ser» lo que dice la palabra: sistemas y regí-

8 SARTORI, Giovanni, La Democracia en Treinta Lecciones, Taurus Ediciones, Madrid 2009, pp. 143 y 144.

9 HELD, David, Modelos de democracia, Alianza Editorial, S.A, Madrid, 2001, p. 52.

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menes políticos donde el pueblo es el que manda: ¿Todo resuelto? No. Ante todo, ¿quién es el pueblo? Y después, ¿cómo se atribuye el poder al pueblo? ¿Cómo hay que hacer?”

“Como puede verse, la complicación no es poca, pero hoy puede simplificarse con dos nociones «operativas» de democracia (en el sentido de que consideran la democracia por su forma de operar). En este contexto encontramos el principio de mayoría absoluta o bien de mayoría relativa. El primero quiere decir: los más tienen todos los derechos, mientras que los menos, la minoría, no tienen ningún derecho. En cambio, el principio de mayoría relativa se concreta así: los más tienen derecho a mandar, pero en el respeto de los derechos de la minoría. Por tanto, desde un punto de vista opera-tivo, el demos es una mayoría, o bien absoluta o bien moderada, y la doctrina es prácticamente unánime al afirmar que la democracia tiene que inspirarse en el principio de mayoría limitada o mode-rada. Si no, vivirá un día y empezará a morir al día siguiente” 10

“En principio, una operatividad bien entendida de la mayoría limitada o moderada sería tal vez suficiente para en cierta forma garantizar el derecho de participación de las minorías. Pero, la complejidad de las operaciones políticas y en cierta forma la nece-sidad de introducir una dimensión ética en la política obliga a plantearse la conveniencia en combinar el así llamado modelo mayoritario de democracia con lo que se ha denominado la demo-cracia consensuada. “Una diferencia estrechamente relacionada es que el modelo mayoritario de democracia es excluyente, compe-titivo y de confrontación, mientras que el modelo consensual se caracteriza por la inclusión, el pacto y el compromiso. Por ello, la democracia consensual podría denominarse también «democracia de negociación» (Kaiser; 1997, 434)” 11.

“La interpretación mayoritaria de la definición básica de democra-cia es la de «gobierno de la mayoría del pueblo», lo que implica que las mayorías deberían gobernar y que las minorías deberían estar

10 SARTORI, Giovanni, ob. cit., pp. 15 y 17.11 LIJPHART, Arend, Modelos de democracia, Ariel Ediciones, Madrid 2012, p.14.


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en la oposición. El modelo consensual de democracia cuestiona este punto de vista. Tal como sir Arthur Lewis (1965, 64,65), Premio Nobel y economista, ha señalado enérgicamente, la ley de la mayoría y el modelo político de gobierno frente a oposición que ésta implica pueden interpretarse como antidemocráticos por tratarse de prin-cipios excluyentes. Lewis establece que el significado primordial de democracia es que «todos los que están afectados por una deci-sión deberían tener la oportunidad de participar en la toma de esa decisión de forma directa o a través de representantes elegidos». Su significado secundario es que prevalezca la voluntad de la mayoría. Si esto significa que los partidos vencedores pueden tomar todas las decisiones gubernamentales y que los perdedores pueden formu-lar críticas pero no gobernar, según Lewis, los dos significados son incompatibles: «Impedir que los grupos perdedores participen en la toma de decisiones es una clara violación del significado primordial de democracia»” 12.

E) El Entorno democrático necesario

Cuando se tienen en cuenta las expresiones de Sartori, anteriormente citadas, sobre los peligros que se ciernen sobre la democracia y la gran verdad que esto encierra sobre su relación directa con la dignidad de la persona humana, es nece-sario afirmar la necesidad de la existencia en cada país de un entorno democrático político, económico y social, cuyos principios fundamentales señalamos a conti-nuación:

1) Derechos HumanosLa evolución de la relación democrática Estado-Sociedad en los siglos XX y XXI

se inspira en la declaración, extensión y defensa de los derechos humanos, basados en la dignidad de la persona humana, con lo cual los regímenes dictatoriales, arbi-trarios o de abuso de poder se ven cada vez más criticados y terminan los gobiernos despóticos como arquetipos de Gobierno. El ejercicio de esos derechos solo es posi-ble en los regímenes democráticos, con lo cual, progresivamente, las democracias se van extendiendo a escala mundial. Para la realización efectiva de los mencio-nados derechos, es preciso un cierto progreso, crecimiento y desarrollo económi-cos para todas las personas con lo cual la eficiencia y eficacia económico-social,

12 LIJPHART, Arend, ob. cit. p. 43,

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pública, privada y mixta, en un marco social de justicia, equidad y solidaridad, se hace cada vez más necesaria.

2) Libertad de expresiónEs absolutamente necesario un énfasis en la libertad de expresión, sin la cual

ningún derecho fundamental puede hacerse efectivo porque es obvio que nadie puede ejercer un derecho si no puede reclamar su ejercicio. Lógicamente, de la libertad de pensamiento y expresión emerge el pluralismo ínsito en la naturaleza humana. Así, la relación democrática Estado- Sociedad solo es posible en libertad y desde la libertad.

3) Sistema electoralUn sistema electoral justo y transparente que permita, a través del voto univer-

sal y directo, la expresión de la voluntad popular, indispensable para imprimir, por así decirlo, a las políticas públicas la direccionalidad que el Pueblo estima conve-niente en un momento dado. Es evidente que en las elecciones libres y competitivas todos los participantes habrán de tener iguales posibilidades legales y en ningún caso un solo grupo político puede reclamar para sí todos los recursos.

4) Partidos políticosUn sistema de partidos políticos que permita y garantice el pluralismo como

expresión de las diversas ideas políticas puesto que un mundo sin ideas políticas es un mundo sin política, lo cual llevaría al estancamiento institucional o, en el peor de los casos, al Estado totalitario.

5) Mayorías y minoríasUna adecuada relación entre la mayoría y las minorías mediante la aplicación

eficaz del principio de mayoría relativa que permita y facilite los acuerdos políticos.

6) Representación y participaciónUn esquema político general que evite el antagonismo entre los partidos y la

sociedad civil y que facilite el surgimiento de nuevos elementos político -institu-cionales de carácter representativo - participativo y participativo-representativo de intereses legítimos y de necesidades sociales y colectivas, lo cual, de acuerdo con las circunstancias concretas de cada país, pueda facilitar el establecimiento de ciertas leyes o la opción de determinadas medidas de gobierno en función de las deman-das legítimas de necesidades.


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7) Justicia independiente del PoderUn Estado de Derecho que garantice no solo la igualdad ante la ley sino la

existencia de un sistema de administración de justicia y de jueces que actúen con probidad, honestidad, competencia profesional y técnica e independencia del poder político. En síntesis, la autonomía de la justicia como árbitro de litigios y no crea-dora de Derecho, lo cual se reserva a la soberanía popular.

8) Separación de poderesUna adecuada separación de poderes en virtud de la cual se garantice la vigen-

cia efectiva de las instituciones democráticas, sea en un sistema parlamentario o presidencialista.

9) Relación electores-elegidosUnas normas claras y precisas para regular la relación electores-elegidos a fin

de que éstos tengan, razonablemente, la obligación legal impretermitible de oír a aquéllos, tanto presencialmente como por vía digital o informática, única forma de garantizar la base del diálogo político en función de las necesidades colectivas.

10) Transparencia y rendición de cuentasLa adopción de medidas legales, administrativas y técnicas para asegurar el

control y la transparencia en la gestión pública, así como la rendición de cuentas al respecto.

11) Prevención y sanción de la corrupciónLa corrupción, sea que se entienda como viciar el juicio de quien tiene que deci-

dir o bajo cualquier otra perspectiva contraria a la ética, debe ser objeto de preven-ción y sanción penal, administrativa y civil.

12) Economía de mercadoLa economía de mercado, con estímulos, incentivos, regulaciones y controles

razonables, debe proporcionar bienes y servicios suficientes en calidad y cantidad (Mediante formas adecuadas de producción, comercialización y consumo) para la satisfacción de las necesidades fundamentales de todas las personas y, en perspec-tiva económico-social, ha de contribuir a la nivelación de las diferencias de propie-dad, educación y poder.

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13) Consensos políticos, económicos y socialesLos acuerdos políticos, económicos y sociales necesarios para lograr: una esta-

bilidad política democrática inmune al totalitarismo; un crecimiento económico sostenible y la nivelación creciente de las diferencias de propiedad, educación y poder. Para ello es necesario establecer una sinergia de lo público y lo privado sobre lo político, lo económico y social en el marco de una democracia consensuada.

IIINecesidad de una reforma política democrática

La proximidad del Bicentenario del discurso de Angostura (1819-2019), consi-derado como uno de los documentos fundamentales de la civilización occidental, constituye una ocasión histórica especial para reflexionar sobre la organización y el ejercicio democráticos del poder político que requiere Venezuela en el siglo XXI para hacer realidad valores ético-políticos fundamentales (Vgr. Independencia, progreso, paz, justicia, equidad) en medio de los grandes retos políticos, económi-cos, sociales y tecnológicos que nos presentan dicho siglo y de los cuales ya alcan-zamos a ver, al menos, la punta del iceberg.

La organización y el ejercicio democráticos del poder político se fundamentan en la soberanía del Pueblo y, sobre este principio, se inscribe el sistema de poder alternativo, sobre la base de la representación y participación popular teniendo como finalidad la consecución de valores político-jurídicos directamente relacio-nados con la autonomía de la comunidad política venezolana y la dignidad de todas y cada una de las personas que integran esa comunidad.

De la organización y ejercicio democráticos del poder político depende la exis-tencia de una vida pública capaz de hacer efectivo el respeto de la dignidad de las personas con todas sus consecuencias en términos de derechos y de deberes y de proyección eficaz en lo económico, social y cultural, individual y comunitario. En este sentido, puede decirse que la vida pública comprende la vida política y, en consecuencia, la vida del Estado, pero no se agota en ella y así se puede tener vida pública sin tener vida política y, de otra parte, si bien todo lo estatal es público no todo lo público es estatal. Ello significa que el Estado no puede pretender tener derecho total y absoluto sobre la persona y sobre los bienes.

La república democrática, antítesis de las monarquías y monocracias, electi-vas o hereditarias, ha significado históricamente la división y separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, conceptual, orgánica y operativamente; la garantía de las libertades públicas; la postulación simultánea de la libertad y la


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igualdad tratando de resolver la tensión entre ambos valores, y el establecimiento de un gobierno limitado, controlado, responsable, popular y alternativo.

En el caso venezolano, la proclamación de la república en 1.811 no ha logrado evitar a lo largo de dos (2) siglos la concentración de poder y en su seno se han establecido regímenes políticos, presidencialistas, centralistas, estatistas y partido-cráticos de diverso cuño.

La república tiene hoy día la responsabilidad histórica de satisfacer las necesi-dades materiales y morales de la población mediante una combinación adecuada del gobierno republicano representativo y del gobierno republicano participativo, mediante mecanismos políticos adecuados.

Ante todo se ha de tener presente, como expresa Berstein, “Que los regímenes políticos no son simples construcciones abstractas surgidas de la fértil mente de los juristas, sino la traducción, en un momento dado de la historia, del equilibrio de fuerzas entre los grupos que forman una sociedad”, y “no significa en modo alguno que el régimen político surja directamente del estado económico y social, como han venido afirmando siempre los marxistas, sino que se establece una situación de estrecha solidaridad entre un conjunto de instituciones, el desarrollo económico de un país, sus estructuras sociales, su cultura política, los valores que profesa la mayor parte de la población, etc., sin que sea realmente posible discernir, entre estos distintos parámetros, la existencia de un factor determinante generador de todos los demás” (Véase Berstein, Serge, Los regímenes políticos del siglo XX, Ariel, Madrid, 2013, p. 7).

En el caso de Venezuela, puede afirmarse que el régimen político - institucio-nal se ha construido sobre cuatro elementos: el centralismo, el presidencialismo, el estatismo y el partidismo que más de una vez ha devenido en partidocracia. Para poder construir un modelo integrador político, económico y social que, mediante el ejercicio de una democracia consensuada, tenga como un objetivo fundamen-tal la nivelación creciente de las diferencias de propiedad, educación y poder, es preciso realizar una reforma del poder político en los aspectos antes mencionados. A continuación, una breve referencia a cada aspecto.

1. La tragedia del centralismo como un desacuerdo histórico

A) El federalismo “local” inicial Para entender el origen histórico-político del federalismo venezolano y de su

actual expresión político-territorial es preciso tener en cuenta que, si bien en la Capitanía General de Venezuela las Provincias eran la base político-territorial de

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la monarquía española, los Partidos Capitulares, vale decir, las porciones de terri-torio dentro de las Provincias donde se asentaban las ciudades y las villas con sus respectivos Ayuntamientos, constituían la verdadera expresión político-territo-rial-gubernativa de la población. Ello explica que, por ejemplo, en el Acta de la Independencia estén presentes, a través de los Diputados de las correspondien-tes ciudades y villas, al menos dieciséis (16) de los actuales Estados. Así, nuestro federalismo inicial es más un federalismo localista de Partidos Capitulares o, si se quiere, de Ayuntamientos que de las Provincias de allí, la Confederación como forma de Estado en 1811. Luego vendrá el Centralismo de la Constitución en 1819 y el Estado Centro-Federal de 1830.

B) La evolución del federalismo Posteriormente, la idea siempre presente del federalismo se relaciona directa-

mente con la extensión del territorio, las características específicas de la población y con un diseño de poder que permita articular los intereses regionales con el inte-rés nacional o federal. Su punto teórico de culminación es la Constitución de 1864 y luego se suceden la Constitución de 1874, los Acuerdos del Congreso de Plenipo-tenciarios de los Estados de la Unión de 1879 y las Constituciones de 1881, 1891 y 1893. En materia jurídica, un cierto federalismo pervivió, por así decirlo, hasta la nacionalización de la justicia en 1945 (artículo 15, ordinal 7º, de la Constitución de ese año).

El federalismo venezolano alcanzó su máxima expresión histórica, desde el punto de vista político-jurídico, en la Constitución de los Estados Unidos de Vene-zuela de 1864, denominación que pervivirá hasta 1953 cuando la Constitución de ese año regresó al nombre de República de Venezuela, reconociendo expresamente el principio federal, ratificado éste en las Constituciones de 1961 y 1999, pero, lamentablemente, ese principio no ha sido llevado a la práctica mediante la institu-cionalización de un proceso de descentralización.

C) Centralismo vs FederalismoPor otra parte, como es sabido, se opera desde fines de siglo XIX y comienzos

del XX un creciente proceso de centralización política y administrativa y así el federalismo “convive” durante el siglo XX con un máximo de presidencialismo y de centralismo. Así, por diversos motivos y finalidades aparecen las constituciones de 1901, 1904, 1909, 1914, 1922, 1925, 1928, 1929, 1931 y 1936. La aparición del petróleo y la consiguiente apropiación de su renta por el Poder Nacional favorecie-ron el centralismo y el estatismo en perjuicio de un desarrollo regional equilibrado.


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Igualmente, para “comprender” la tradicional tendencia centralizadora hay que tener en cuenta, entre otros aspectos, la incapacidad que hemos tenido para convi-vir políticamente (casi doscientos (200) combates y batallas derivados de las “revo-luciones” que tienen lugar entre 1830 y 1921) y la precariedad de la economía hasta la explotación del petróleo.

D) La necesaria superación del Centralismo PolíticoLa superación del centralismo político sigue siendo una asignatura pendiente

en el sentido de que no se puede hoy día pretender un cierto desarrollo sostenible del país sin que éste llegue a la totalidad de la población en términos de ingresos, para lo cual es indispensable fortalecer las estructuras estadales y municipales sin que por ello se comprometa en absoluto la unidad nacional. El tema es obviamente complejo, pero lo que está claro, doscientos (200) años después del Estado Federal de 1811, es que Venezuela no puede lograr equilibrios económicos y sociales ni con un federalismo “puro”, vale decir, inviable, ni tampoco con un centralismo absor-bente que desnaturalice la configuración político-territorial vinculada tanto a las características históricas de cada territorio como a las necesidades socioeconómi-cas de la población. De allí la necesidad de lograr una concordia nacional que tenga como objetivo desarrollar suficiente actividad económica mediante la cual se logre la ocupación y desarrollo de todo el territorio de Venezuela. Para ello, no es nece-sario suprimir las circunscripciones político-territoriales tradicionales (Estados y Municipios) sino aplicar el principio de subsidiariedad en las relaciones del Poder Nacional con el Poder Estadal y el Poder Municipal. Conforme a dicho principio los cometidos públicos no deben ser encomendados a un órgano políticamente superior cuando pueden ser efectivamente cumplidos por un cuerpo político infe-rior. La aplicación de este principio no es, desde luego, sencilla pero en ningún modo es esotérica puesto que cada Estado y cada Municipio conocen sus deseos y potencialidades de crecimiento económico y desarrollo social y, a su vez, el Poder Nacional es precisamente el llamado a apreciar técnicamente donde es indispensa-ble que, por ejemplo, existan las economías de escala en función de un desarrollo nacional armónico y equilibrado.

Para poner fin al centralismo es indispensable liberar las fuerzas productivas en los Estados y Municipios con la lógica coordinación del Poder Nacional pero sin pretender éste hacer de Venezuela un Estado unitario o centralizado. Y ello es nece-sario no tanto por razones históricas del pasado sino del porvenir. Dos ejemplos al respecto: con más de tres mil (3000) kilómetros de costa y grandes áreas marinas y submarinas no puede Venezuela seguir siendo un país de espaldas al mar. Así, en

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un mundo globalizado donde el turismo se convierte en una determinante fuente de ingresos para ciertos países no puede Venezuela seguir ignorando su inmensa potencialidad turística natural y cultural. Pero, las acciones necesarias para, entre otros muchos aspectos, “conquistar” el Mar Caribe, aprovechar las riquezas natu-rales y desarrollar plenamente la riqueza turística nacional no es posible realizarlas sin un esquema de poder que pase por los Estados y los Municipios.

Valgan los ejemplos antes mencionados para reflexionar sobre la absoluta necesidad de superar a mediano plazo el centralismo a la vista de los recursos y potencialidades que existen en todo el territorio nacional. De esta forma, podrá superarse la tragedia del centralismo como un desacuerdo histórico y evitar que éste continúe siendo una fórmula política que en definitiva ha demostrado ser esté-ril para lograr un desarrollo económico y un progreso social que beneficie a todos y, lo que es peor, esterilizante, en lugar de fertilizante, de las iniciativas regionales y locales con las cuales, unidas a las nacionales, podremos exclamar con Andrés Eloy Blanco: ¡Mío es mi suelo, mío es mi mar, porque lo sé guardar!

2. El hiperpresidencialismo

A) Sin el ejercicio de la soberanía popular no hay democracia Estructuralmente, el sistema político venezolano, más allá de los abusos de

poder y de las arbitrariedades ocurridas en diversos momentos históricos, se asienta sobre un hiperpresidencialismo -que “permite” prácticamente plena dele-gación legislativa- y un “parlamentarismo” al cual solo pueden acceder los partidos y grupos políticos, en función de circunscripciones electorales diseñadas para el acceso al poder y no para atender las necesidades socioeconómicas concretas, sin que los elegidos tengan, para con los electores, deberes y obligaciones específicos relacionados con la satisfacción de esas necesidades.

En este sentido, un objetivo fundamental en el plano político debería ser lograr, en el marco de las libertades públicas, una estabilidad política democrática que impida la concentración del poder político mediante un sistema de representa-ción-participativa, a través de los partidos políticos, y de una participación-repre-sentativa a través de las instituciones de participación ciudadana. Para alcanzar este objetivo, se requiere una concordia política a fin de modificar el sistema polí-tico exageradamente presidencialista que se arrastra históricamente.

La democratización, por así decirlo, del presidencialismo podría, al menos, comprender:


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Supresión de la delegación legislativa y participación de la sociedad en el Poder Deliberativo

En la Asamblea Popular de Caracas, celebrada el dos (02) de enero de 1814, con motivo del Gobierno Provisorio de Simón Bolívar, éste expresó: “Ciudadanos: Yo no soy el soberano. Vuestros representantes deben hacer vuestras leyes.” De enton-ces a esta parte han sido, por supuesto, muchas las leyes que se han dictado por los diversos Congresos Constituyentes y Constitucionales en el marco, desde luego, de las vicisitudes histórico-políticas de Venezuela. Pero, en los últimos tres cuartos de siglo (75 años) vale decir, desde 1940 al 2015, se ha producido un fenómeno, que políticamente podemos calificar como muy inconveniente, de leyes emanadas del Poder Ejecutivo Nacional, las cuales han convertido a éste en el gran legislador durante el mencionado período.

Bien es verdad que tal fenómeno de leyes emanadas del Presidente de la Repú-blica ha obedecido a diversas circunstancias de carácter político, económico y social pero, en el fondo, históricamente, han significado una pérdida grave de la capacidad de deliberación política por parte de los grupos sociales y de los parti-dos políticos por cuanto ya se trate de la legislación así llamada de emergencia o de la legislación propiamente delegada (Véase Grau, María Amparo, Separación de Poderes y Leyes Presidenciales de Venezuela, Badell & Grau Editores, Caracas, 2008) la realidad es que dichos grupos y partidos no han participado debida e institucionalmente en la elaboración de esa legislación, con el agravante de que, en nuestro caso, han sido cuantitativamente muchas las leyes delegadas y cualitativa-mente han afectado materias de trascendental importancia política, económica, social y administrativa.

A título meramente ilustrativo, se ha de tener en cuenta que desde 1939 hasta 1961 se dictaron aproximadamente más de cuarenta (40) decretos fundamentados en la restricción de la garantía económica; posteriormente, desde 1961 hasta 1985 se dictaron aproximadamente ciento cuarenta (140) decretos. Bajo la Constitución de 1961 se dictaron siete (7) leyes habilitantes y bajo la Constitución de 1999 se han dictado cinco (5) Leyes Habilitantes y, consecuencialmente, una profusa y amplia legislación delegada que debe ser objeto de reflexión, particularmente en el sentido político de fondo ya que para que un país, como todo social, pueda evolucionar en todos los aspectos es indispensable que la legislación, salvo casos de real emer-gencia histórica, sea dictada por el Poder Legislativo el cual, en definitiva, es un subproducto del Poder Deliberativo que reside en la soberanía popular, y que, en definitiva, es el único que puede producir una verdadera participación del Pueblo

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en el poder. Ciertamente, a nadie se le ocurriría reconocerle soberanía ni al Presi-dente de la República ni a ningún otro funcionario.

Ahora bien, la participación de todos los estratos sociales en la legislación solo es posible combinando las figuras políticas de la representación y de la participación mediante lo que podríamos denominar una representación–participativa y una representación-participativa. En el primer caso, se requiere diseñar mecanismos que conecten los partidos políticos con los electores y las instituciones espontáneas de la sociedad civil, en sus diversas manifestaciones, y ésta tiene que organizarse a sí misma para poder participar activamente en la formulación de las leyes porque, y me permito citar nuevamente a Bolívar, “No es el número de leyes las que hacen el bien, sino el bien que produce la Ley misma”, lo cual solo puede tener lugar si los partidos políticos, las mencionadas instituciones y todos los ciudadanos que quieran ejercer su derecho de participación en la vida pública deliberan, debaten y discuten y, bajo reglas racionales y morales, llegan a los acuerdos necesarios.

B) Supresión de la reelección indefinida de los gobernantes En el discurso de Angostura Simón Bolívar fue meridianamente claro sobre

este tema cuando expresó: “La continuación de la autoridad en un mismo individuo frecuen-temente ha sido el término de los gobiernos democráticos. Las repe-tidas elecciones son esenciales en los sistemas populares, porque nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él se acostumbra a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía. Un justo celo es la garantía de la libertad republicana, y nuestros ciudadanos deben temer con sobrada justicia que el mismo magistrado, que los ha mandado mucho tiempo, los mande perpetuamente”.

Se podrá discutir, sin duda, sobre la duración del mandato de los gobernantes pero es evidente que desde el punto de vista republicano y democrático la reelec-ción indefinida puede ser fácilmente, como expresaba Bolívar origen de la usurpa-ción y de la tiranía.

C) Establecimiento de dos cámaras legislativas La existencia de dos cámaras legislativas resulta altamente conveniente para la

democracia puesto que una puede estar vinculada directamente a la democracia


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representativa o de mayoría relativa y otra podría vincularse tanto a la descentrali-zación como a la participación para así poder practicar la democracia consensuada.

D) Simultaneidad de las elecciones presidenciales y legislativasEn un régimen de presidencialismo moderado, resulta altamente conveniente la

simultaneidad de las elecciones presidenciales y legislativas puesto que la soberanía popular puede juzgar simultáneamente tanto los candidatos a los cargos públicos como los programas políticos de éstos y establecer así el balance político que consi-dere más conveniente para el país.

3. ¿Democracia o gobierno de la mayoría?

Como es sabido, toda democracia implica un gobierno de la mayoría pero no todo gobierno de la mayoría implica necesariamente democracia. En este sentido, es evidente que la democracia tiene que inspirarse en el principio de la mayoría así llamada relativa, limitada o moderada, según el cual lo que más votos sacan tienen derecho a mandar pero respetando a la minoría.

Por otra parte, si un sistema permite, como es nuestro caso, que se pueda elegir el Presidente de la Republica con un porcentaje inferior al cincuenta por ciento el riesgo de conflictividad política aumenta exponencialmente. De allí que sea abso-lutamente indispensable establecer normas relativas, de una parte, a la necesidad de una segunda vuelta presidencial cuando no se obtenga más del cincuenta por ciento de los votos y, de otra parte, mecanismos políticos y jurídicos para que las minorías puedan participar en la direccionalidad de las políticas públicas.

4. Establecer la obligación del Poder Ejecutivo de oír a los ciudadanos y partidos políticos

Desde este punto de vista, un principio básico sería que el Estado pueda “some-terse” a la presión popular para determinar y satisfacer la demanda de necesidades y oportunidades de todos, particularmente de quienes menos tienen en términos de activos y de oportunidades. Para ello, es preciso relacionar sistémicamente los elementos sociales, económicos y políticos mediante, por ejemplo, un rediseño orgánico y funcional del Poder Deliberativo o Legislativo y del Poder Ejecutivo a fin de que la formación de las políticas públicas para la solución efectiva de problemas concretos de satisfacción de necesidades fundamentales a nivel nacional, regional y local sea el resultado, cuando así fuere necesario o conveniente, de compartir el

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Gobierno con la sociedad (personas, comunidades, asociaciones, organizaciones políticas, cuerpos intermedios en general, etc.), mediante relaciones instituciona-les de sinergia (concurso activo, concertado y sujeto a normas y procedimientos), mediando un alto sentido y contenido éticos. Así, podría funcionar política y prác-ticamente una participación–representativa y una representación–participativa de la población.

Por otra parte, el Presidente de la República, a semejanza del régimen parla-mentario y con las lógicas diferencias del caso, debería estar obligado, en términos razonables, a acudir a la Asamblea Nacional no solo para informar sobre aspectos de su gestión sino también para oír opiniones y planteamientos de todos los grupos políticos con representación en dicha Asamblea.

5. La superación del estatismo y del partidismo

Tal superación solo es posible mediante formas, y mecanismos de cooperación entre el Estado y la Sociedad.

A) La cooperación y comunicación entre el Estado y la Sociedad Como expresó Peces-Barba,

“Existen tres modelos posibles de relación entre el Estado y la sociedad civil: la hegemonía del Estado sobre la sociedad civil, la hegemonía de la sociedad civil sobre el Estado, y la cooperación y comunicación entre ambos...” (Peces-Barba, Gregorio, Estado y Sociedad Civil, artículo publicado en el Diario El Nacional, 16 de Septiembre de 2003, Caracas.)

En el primer caso, como ha expresado Ros, “La concepción comunitarista del ser humano, la política definida como dominio del Estado sobre la sociedad civil en nombre de lo universal, la exaltación del Estado como portador de un proyecto colectivo de perfeccionamiento moral y la libertad entendida como realización del ciudadano en tanto que miembro del Estado son, a mi juicio, las bases ético políticas de esta lectura estatista y politicista de la sociedad civil”. (Ros, Juan Manuel, Los dilemas de la demo-cracia liberal, Editorial Crítica, Barcelona, 2011, p. 207.)


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En el segundo caso, según el mismo autor, “La concepción del hombre como un egoísta racional (homo oeco-nomicus), la política como estrategia de designación representa-tiva y limitación del poder estatal, la edificación del mercado como mecanismo armonizador de intereses y la libertad entendida como independencia privada son, a mi juicio, los principales supuestos éticopolíticos de esta concepción liberal de la sociedad civil” (Ros, Juan Manuel, ob, cit. p. 206.)

Como una tercera vía aparece entonces la cooperación y comunicación entre el Estado y la Sociedad para que, más allá de los totalitarismos –nazista, fascista, comunista o de cualquier otra índole– así como de las posiciones extremas de un mercado de irrestricta “libertad”, se puedan encontrar fórmulas de relación entre el Estado y la sociedad que permitan conciliar los intereses políticos generales de los partidos políticos y los intereses de los grupos económicos-financieros con los intereses concretos de los ciudadanos, en términos de satisfacción de las necesida-des fundamentales de todos y no solo de una parte de la población por amplia que sea.

Para satisfacer, real y efectivamente, tales necesidades es preciso, sobre la base de un impulso moral y de la voluntad de convivir, fijar objetivos de cambios y correc-tivos políticos, económicos y sociales en un marco de libertades públicas y estabili-dad democrática, de solidaridad social para nivelar diferencias y desigualdades de propiedad educación y poder y de una economía de mercado que, mediante estí-mulos y regulaciones razonables, pueda lograr un crecimiento económico soste-nido en función del factor social.

B) Una combinación sistémica de la democracia representativa y de la democracia participativa

Para apreciar adecuadamente la idea que se expone a continuación conviene tener presente este pensamiento de Sartori, ya citado:

“¿La democracia está en peligro? Me temo que tengo que responder que, a largo plazo, sí.La democracia es una «gran generosidad», porque para la gestión y la creación de la buena ciudad confía en sus ciudadanos. Pero los estudios sobre la opinión pública ponen en evidencia que esos ciudadanos lo son poco, dado que a menudo carecen de interés, que ni siquiera van a votar, que no están mínimamente informa-dos. Por tanto, decir que la democracia es una gran generosidad

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subraya que la democracia siempre está potencialmente en peli-gro. Sin embargo, tenemos que distinguir entre la máquina y los maquinistas. Los maquinistas son ciudadanos, y no son nada del otro mundo. Pero la máquina es buena. Es más, en sí misma, es la mejor máquina que se ha inventado nunca para permitir al hombre ser libre, y no estar sometido a la voluntad arbitraria y tiránica de otros hombres. Construir esta máquina nos ha llevado casi dos mil años. Intentemos no perderla” 13.

La participación de todos los estratos sociales en la deliberación que conduce a la legislación y en la gestión pública solo es posible combinando las figuras polí-ticas de la representación y de la participación mediante lo que podríamos deno-minar una representación - participativa y una participación-representativa. En el primer caso, se requiere diseñar mecanismos que conecten los partidos políticos con los electores y las instituciones espontáneas de la sociedad civil y, en el segundo caso, la sociedad civil, en sus diversas manifestaciones, tiene que organizarse a sí misma para poder participar activamente en la formulación de las leyes porque, y me permito citar nuevamente a Bolívar, “No es el número de leyes las que hacen el bien, sino el bien que produce la Ley misma”, lo cual solo puede tener lugar sí los partidos políticos, las instituciones espontáneas de la sociedad civil y todos los que quieran ejercer su derecho de participación en la vida pública deliberan, debaten, discuten y, bajo reglas racionales y morales, llegan a los acuerdos legislativos nece-sarios.

Como se ha expresado, la relación entre las personas los grupos sociales, las comunidades y el poder público podría operar a través de dos mecanismos jurí-dico - político: la representación-participativa y la participación - representativa.

C) Redefinir el rol del partido políticoEn el primer caso, es requisito esencial redefinir el rol del partido político en el

sentido de que su actuación, organización y funcionamiento debería estar directa-mente vinculada con las necesidades fundamentales de las comunidades y grupos sociales. Así, su ideario no puede consistir en simples ideas generales a base de retórica para alcanzar el poder sino de propuestas sociales sustanciadas con base en información confiable, teniendo en cuenta que la sociedad de hoy está capaci-tada –en virtud de la revolución de las comunicaciones– para superar la secular asimetría de información que ha existido entre gobernante y gobernados. De allí que los partidos políticos han de estar obligados a presentar alternativas concre-

13 SARTORI, Giovanni, ya citado, pp. 143 y 144.


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tas para la satisfacción de necesidades previamente consensuadas por las diversas comunidades y sobre la base de las legítimas demandas de éstas.

De esta forma, los partidos políticos pueden convertirse en un instrumento directo de las comunidades y sus luchas por alcanzar el poder mediante los meca-nismos electorales que seguirán teniendo, desde luego, el componente político tradicional de competencia y juego con los demás partidos pero tendrán que añadir unos elementos técnicos e institucionales que los obligarán a tratar de presentarse como los más capaces para obtener la representación de los ciudadanos, repre-sentación que ya no debería ser más una representación abstracta etérea y general sino una representación-participativa puesto que el partido mismo que obtenga el número de votos necesarios para obtener uno o más escaños estará obligado a que sus representantes deberán tener una conexión y comunicación constante y perma-nente con los ciudadanos y comunidades que se correspondan con la circunscrip-ción electoral a la cual esté vinculado el elegido.

Desde luego, como en toda institución deberán establecerse las reglamentacio-nes y procedimientos a que haya lugar para precisar los derechos y deberes de los electores y de los elegidos en esa relación jurídica que hemos llamado representa-ción-participativa.

Desde otro punto de vista, deberían establecerse mecanismos jurídicos-ins-titucionales que aseguren la existencia de una participación-representativa, vale decir la presencia en la vida política nacional, estadal y municipal de instituciones y organizaciones de la sociedad civil a los fines de la satisfacción efectiva de las necesidades comunitarias.

En síntesis, para superar el partidismo, muchas veces convertido en partido-cracia, es indispensable hacer operativa la democracia representativa y darle cauce orgánico y funcional a la democracia participativa, todo ello en el marco de un sistema electoral transparente y eficaz que permita, de un lado, la garantía opera-tiva del pluralismo político y, de otro lado, una relación adecuada entre el gobierno de la mayoría y el respeto de la minoría.

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ApéndiceNotas y Gráfico Ilustrativo

1. Cambios y Correctivos

A los fines expresados en este breve ensayo nos permitimos sugerir resumidamente, para su reflexión y análisis, ciertos cambios y correctivos que estimamos altamente convenientes para lograr el progreso y la paz de Venezuela en un marco democrático en el presente siglo XXI.

• De la conflictividad y la exclusión a la concordia y consenso político necesario para el progreso y la paz.

Este objetivo podría lograrse, al menos, mediante:

• La exploración de acuerdos, pactos y convenios políticos, económicos y sociales entre los diversos actores y grupos políticos con las personas y grupos de la sociedad civil y de aquellos y estos entre sí.

• La precisión de los límites de la interpretación en la jurisdicción constitucional para no invadir las competencias naturales de la soberanía popular 14, como, por ejemplo, ha ocurrido en la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, caso en el cual no solo se invade la competencia natural de la soberanía popular sino que no se tiene en cuenta el principio establecido en el Acta de la Independencia sobre la consulta a dicha soberanía.

• Establecimiento de mecanismos formales institucionales permanentes de consulta entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.

• Representación proporcional electoral efectiva para que cada elegido represente jurídica y operativamente a todos los electores del circuito correspondiente a los fines de la atención de las necesidades comunitaria y su conexión con la descentralización y los principios de solidaridad y subsidiariedad.

• Del Hiperpresidencialismo a un Presidencialismo Moderado. La modificación del Presidencialismo podría, al menos, comprender:

• Supresión de la reelección indefinida y eventualmente de la reelección.

• Prohibición de la delegación legislativa.

• Establecer la segunda vuelta en la elección presidencial.

14 Véase GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, La democracia y el lugar de la ley, en Boletín de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas 2002, pp. 61 a 67.


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• Establecer la obligación del Poder Ejecutivo de oír a los partidos políticos y a la sociedad civil.

• Establecer la obligación del Presidente de la Republica de comparecer dos (2) veces al año ante la Asamblea Nacional para oír las opiniones sobre su gestión.

• Establecer dos (2) Cámaras Deliberativas (una legislativa-representativa y otra consulti-va-participativa) para asegurar la participación de la ciudadanía y el ejercicio de la repre-sentación popular.

• Establecer la simultaneidad de las elecciones presidenciales y legislativas.

• Del Centralismo a una Descentralización Definitiva La modificación del Centralismo debería, al menos, comprender:

• Crear un Consejo Nacional de Estados y Municipios para pactar con el Poder Nacional una descentralización definitiva.

• Establecer la transferencia on-line a los Estados y Municipios de los ingresos que le corres-pondan y aumentar éstos a medida que aumenten los ingresos del Fisco Nacional, sin perjuicio de los ingresos derivados de la descentralización.

• Reformar la organización administrativa del territorio nacional para que pueda lograrse un desarrollo armónico, equilibrado e integral de todo el país

• La creación de una o más cámaras, asambleas o congresos institucionales por Estados y Municipios basados en las asociaciones, comunidades y otras organizaciones, nacionales, estadales y municipales de la sociedad civil, así como en las estructuras de los partidos y grupos políticos.

• Del Estatismo Institucional a la Cooperación Público-Privada La modificación del estatismo institucional debería traducirse, al menos, en:

• Titularización de la propiedad en los barrios y en las áreas rurales.

• Privatización de la tierra, en beneficio de la masa campesina, para la producción agrícola.

• Control, transparencia y rendición de cuentas 100% de la gestión pública.

• Crear mecanismos de cooperación público-privada, particularmente para el lanzamiento de las escuelas de emprendedores y empresarios.

• Creación de cuerpos técnicos administrativos apolíticos al servicio de cualquier Gobierno.

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• Facilitar la producción, comercialización y consumo de bienes y servicios fundamentales para todos por parte del sector privado mediante estímulos, incentivos, regulaciones y controles en función del bien común.

• De la Partidocracia a la Representación y Participación Ciudadana La modificación de la partidocracia debería comprender, al menos:

• La redefinición del rol del partido político no solo como una instancia electoral sino también como un elemento de conexión obligatoria con las necesidades de la población.

• Sin perjuicio, obviamente, de los partidos políticos, organizar la sociedad civil para la participación y representación ciudadanas.

• Conexión concreta reglamentaria entre los elegidos a los cuerpos deliberantes y los electo-res, en términos de derechos, obligaciones y deberes concretos de ambos.

• El Estado y la Sociedad deberían “someterse” a la presión popular, mediante el concurso activo y concertado de las instituciones de participación y representación ciudadanas, para determinar, a nivel estatal y social, la demanda legítima de necesidades y oportunidades de todos.

La participación de la sociedad civil debería al menos comprender los siguientes aspectos:

• Opinar formalmente, entre otras materias, sobre la descentralización; la transparencia electoral; el perfil de los cargos públicos; la fijación de metas de producción y empleo, la gestión; de los servicios públicos y el control de la razonabilidad de los impuestos y del gasto público.

• Los partidos políticos –redefinidos en su rol y funciones y acercados también al ciudadano común– conservarían su “monopolio” de representación política en las instancias electi-vas, pero tendrían que oír y dialogar con aquellas instituciones que representen los intere-ses concretos de los ciudadanos

• Del Estatismo a una Economía Moderna de Mercado en Función del Bien Común Para alcanzar este objetivo se requeriría, al menos:

• Economía y finanzas modernas con libertad de mercado en función del bien común. (Justicia, equidad, solidaridad, fraternidad, responsabilidad social, igualdad de acceso, de oportunidades y de puntos de partida) para superar la gravísima crisis económica y lanzar el país hacia un progreso sostenible con estabilidad macroeconómica.


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• Establecer una adecuada relación capital-trabajo (con equidad, solidaridad y responsabili-dad sociales).

• Educación, capacitación y adiestramiento masivos para la producción de bienes y servicios a los fines del consumo nacional y de la exportación.

• Creación de las escuelas de empresarios, privadas, públicas y mixtas.

• Del Dualismo Físico-Espacial a la Integración y Cohesión Sociales Para alcanzar este objetivo se requeriría:

• Capacidad y voluntad de los grupos sociales para realizar los cambios necesarios en la estructura política, social y económica: un pacto societario.

• Proclamación de la cohesión social como prioridad política fundamental del país a fin de superar el dualismo socio-cultural y físico- espacial existentes.

• Creación del entorno y de los espacios urbanos necesarios para suprimir y evitar la margi-nalidad urbana.

• Creación de un organismo de infraestructura para todos los barrios del país, en coordina-ción con los organismos estadales y municipales.

• Establecer organismos “autónomos” de asesoría técnica para el mantenimiento cabal de los servicios públicos de toda índole.

• La elaboración de reglamentos de funcionamiento de las redes de empresarios, trabajado-res, asociaciones y comunidades sobre la base del más amplio pluralismo institucional.

• Confederar voluntariamente las instituciones privadas de promoción, solidaridad y asis-tencia social.

Juan Garrido Rovira

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2. Fundamentos para una integración política - económica - social

Ontología Axiología Institucionalidad

Personas y grupos Ideas y valores Organización y ejercicio del poder

Personas

Sociedad - Comunidad

Valores

Conductas

Voluntad de convivir

en democracia

Impluso moral Voluntad

de compartir

• Progreso y paz• Solidaridad (Ética)• Cooperación Estado - Sociedad• Que la Sociedad tenga un Estado y no

que el Estado tenga una Sociedad• Democracia representativa y partici-

pativa• Sinergia de lo político, lo económico

y lo social. • Estabilidad política democrática.• Crecimiento económico para todos.• Nivelación

de las diferencias de propiedad, educación ypoder.

Poder - Estado

Sistemas

Normas

Estructuras

Organización del poder

para satisfacer necesidades

de todos

Sistemas eficientes y eficaces

Ejercicio democrático

del poder


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Contenido

I. Introducción .................................................................................................................2

II. La Democracia ...........................................................................................................4A) El Poder ...............................................................................................................4B) Noción ..................................................................................................................5C) ¿La Democracia está en peligro?.......................................................................5D) Democracia de mayoría y Democracia Consensuada ...................................6E) El Entorno democrático necesario ...................................................................8

1) Derechos Humanos ........................................................................................82) Libertad de expresión ....................................................................................93) Sistema electoral .............................................................................................94) Partidos políticos ............................................................................................95) Mayorías y minorías ......................................................................................96) Representación y participación ....................................................................97) Justicia independiente del Poder ................................................................ 108) Separación de poderes ................................................................................. 109) Relación electores-elegidos ......................................................................... 1010) Transparencia y rendición de cuentas ..................................................... 1011) Prevención y sanción de la corrupción .................................................... 1012) Economía de mercado ............................................................................... 1013) Consensos políticos, económicos y sociales ........................................... 11

III. Necesidad de una reforma política democrática ................................................. 111. La tragedia del centralismo como un desacuerdo histórico ........................12

A) El federalismo “local” inicial ....................................................................12B) La evolución del federalismo .....................................................................13C) Centralismo vs Federalismo ......................................................................13D) La necesaria superación del Centralismo Político .................................. 14

2. El hiperpresidencialismo .................................................................................. 15A) Sin el ejercicio de la soberanía popular no hay democracia ................. 15B) Supresión de la reelección indefinida de los gobernantes ...................... 17C) Establecimiento de dos cámaras legislativas ........................................... 17D) Simultaneidad de las elecciones presidenciales y legislativas ................ 18

3. ¿Democracia o gobierno de la mayoría? ........................................................ 184. Establecer la obligación del Poder Ejecutivo de oír a los ciudadanos y partidos políticos ............................................................................................ 18

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5. La superación del estatismo y del partidismo .............................................. 19A) La cooperación y comunicación entre el Estado y la Sociedad ............. 19B) Una combinación sistémica de la democracia representativa y de la democracia participativa ................................................................20C) Redefinir el rol del partido político ........................................................... 21

Apéndices1. Cambios y Correctivos ......................................................................................232. Fundamentos para una integración política - económica - social ..............27

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Venezuela: Democracia y Reforma Política...a «la necesidad de formular un proyecto integrador en los diver-sos aspectos políticos, económicos y sociales que permita crear un futuro

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