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Las protestas de derechos humanos en la Argentina
de la consolidacin democrtica 1989-1998
SEBASTIN PEREYRA
Universidad de Buenos Aires
(Argentina)
"Prepared for delivery at the 2001 meeting of the Latin American
Studies
Association, Washington DC, September 6-8, 2001."
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Las protestas de derechos humanos en la Argentina de la
consolidacin democrtica 1989-1998
SEBASTIN PEREYRA*
I. Introduccin El estudio de la movilizacin social y poltica ha
adquirido en los ltimos aos una
riqueza y diversidad crecientes. Por tal motivo, si bien este
trabajo presenta los resultados
parciales de un estudio de caso especfico1 ha requerido tambin
presentar algunas de las
discusiones ms importantes que se han sostenido sobre el
tema.
Por razones expositivas este texto se divide en dos partes. En
la primera de ellas se
presentan los debates tericos que desde los aos 60 acompaan el
estudio de los
fenmenos de movilizacin. En trminos generales, ese debate ha
estado signado por la
presencia de dos grandes perspectivas (una centrada en la nocin
de racionalidad y la otra
en la nocin de identidad) que se han ocupado de dar cuenta de la
aparicin de los nuevos
movimientos sociales. Cualquier intento de encarar estudios
especficos supone adentrarse
en las diferencias conceptuales y tericas que las distintas
teoras han propuesto
sucesivamente.
* Lic. en Ciencia Poltica de la Universidad de Buenos Aires.
Becario de formacin de posgrado del CONICET en el Instituto de
Investigaciones Gino Germani, FCS, UBA. E-mail:
[email protected] 1 La investigacin se denomina:
Transformaciones en el movimiento de derechos humanos en Argentina
1989-1998 y est financiada con una beca del Consejo Nacional de
Investigaciones Cientficas y Tcnicas de la Repblica Argentina.
Agradezco especialmente a Federico L. Schuster y a Francisco
Naishtat quienes co-dirigen este trabajo. A su vez, esta indagacin
est inscripta dentro de un proyecto ms ambicioso que pretende
elaborar un mapa de la protesta social en Argentina en la dcada del
90. Para ello se est realizando un relevamiento de protestas en
medios grficos y una serie de entrevistas a actores y militantes de
las protestas en distintos casos seleccionados. Por tal motivo,
agradezco especialmente al equipo de investigadores del Instituto
Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires y al Prof. Federico
L. Schuster quien dirige tambin este esfuerzo colectivo.
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Una de las salidas ms frecuentes ha sido la del eclecticismo
conceptual. Muchos
estudios han tomado los conceptos ms relevantes que ofrecen los
distintos enfoques y los
han llevado al campo. Sin embargo, la posicin que he intentado
sostener en este trabajo y
a ello se debe la dedicacin de un apartado terico especfico- es
que es necesario
contraponer con toda claridad los presupuestos que sostienen
cada una de las teoras como
prerequisito para encarar el anlisis conceptual. Si bien las
teoras brindan herramientas
sumamente interesantes para dar cuenta de aspectos particulares
del fenmeno estudiado,
sus diferencias sobrepasan ese nivel de distincin. Ms bien,
representan formas
alternativas de entender la movilizacin e incluso versiones muy
diferentes sobre la
definicin del fenmeno en cuestin.
Dada la complejidad que presenta ese debate conceptual partimos
de la
consideracin del concepto de protesta social en tanto ste
permite un acceso emprico a la
movilizacin y contribuye a analizar en toda su diversidad el
escenario de fragmentacin
actual; desde all pueden ponderarse las distintas formas en que
se vinculan las protestas
entre s y cules son las dimensiones ms significativas de su
impacto poltico.
En la segunda parte se presentan las caractersticas del caso en
cuestin. Sin
embargo, elaborar un recorte particular sobre las protestas de
derechos humanos en
Argentina en la dcada del 90 ha llevado a revisar, por un lado,
la historia reciente de la
movilizacin en el pas y en Amrica Latina en general y, por otro
lado, ha considerar cul
ha sido el desarrollo de la problematizacin del tema de los
derechos humanos en
Argentina.
El anlisis de las protestas actuales surge, entonces, a partir
del desarrollo del
movimiento de derechos humanos en Argentina, el cual se present
en la escena pblica
durante la ltima dictadura militar. Comprendiendo la forma
histrica de articulacin de las
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protestas de derechos humanos, hemos intentado plantear algunas
zonas para el anlisis de
los distintos procesos de particularizacin de las demandas y de
surgimiento de nuevos
actores y demandas involucrados. De los cuatro ejes de protesta
que presentamos como los
ms significativos, nos hemos concentrado especficamente en dos
de ellos. Por un lado,
una serie de protestas cuyo rasgo central es su carcter
expresivo y que marcan una lnea de
ruptura con los reclamos de las organizaciones histricas de
derechos humanos.
Analizamos all el problema de la memoria y de la condena social
como los trminos
centrales de una disputa simblica por la reconstruccin de una
historia del terrorismo de
Estado. Por otro lado, otro de los fragmentos significativos de
las protestas de derechos
humanos, est representado por aquellas que se han organizado en
torno al cuestionamiento
de la calidad de la consolidada democracia argentina. El tema de
la violencia policial e
institucional ha marcado otro eje comn para una serie de
protestas que impugnan el
accionar de los organismos de seguridad y que reclaman por una
distribucin ms
igualitaria de las garantas civiles mnimas.
En todos los casos, hemos tratado de hacer especial hincapi en
el anlisis de los
vnculos que nuclean a las organizaciones que soportan las
acciones de protesta y tambin
en la manera en que las protestas se articulan con otro tipo de
acciones motorizadas por las
propias organizaciones y con otras redes de protesta.
II. Debates tericos contemporneos en torno al estudio de la
accin colectiva, los
movimientos y las protestas sociales
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A fines de la dcada el '60 comienza a tomar forma la discusin
sobre la
movilizacin social y poltica tal como la conocemos hoy en da.
Esta discusin
contempornea se ha organizado en torno de la nocin de movimiento
social y tiene dos
enfoques bien definidos. El eje central de una de estas
perspectivas est puesto en la nocin
de inters y en reconstruir una teora de la accin (racional) que
contemple la especificidad
de la movilizacin poltica. Sobre la base de las crticas a las
nociones de comportamientos
colectivos y de privacin relativa, que han dominado los trabajos
de la sociologa
norteamericana durante las dcadas del sesenta y setenta, este
enfoque ha intentado
consolidar una teora para explicar los fenmenos de accin
colectiva. Una multiplicidad de
trabajos tericos y empricos definen los lineamientos generales
de la teora de
movilizacin de recursos.2 La diversidad y el eclecticismo de
esta teora son importantes y
esto se debe, en parte, a la gran cantidad de autores y de
anlisis particulares que se han
realizado. Su ncleo mnimo comn se orienta a analizar la
estructura de costos y
beneficios que permiten entender la aparicin de fenmenos de
accin colectiva.
El segundo enfoque se vincula con algunas de las discusiones que
se dieron en la
teora social europea alrededor de los problemas que suscit la
conceptualizacin de los
nuevos movimientos sociales. Tambin este fenmeno particular que
se abri paso en las
democracias occidentales desde fines de la dcada del sesenta
marc los trabajos de la
sociologa norteamericana pero, sin embargo, existi hasta estos
ltimos aos una fuerte
desconexin entre ambas perspectivas. La tradicin europea se
orient fuertemente hacia la
nocin de identidad. La influencia marxista en estas perspectivas
es ms importante y por
ende, el tipo de reflexiones que orientaron los trabajos de
autores como Alain Touraine,
2 Para una caracterizacin general de la teora ver: Craig
Jenkins, J., "La teora de la movilizacin de recursos y el estudio
de los movimientos sociales", en Revista Zona Abierta 69, Madrid,
1994,
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Jrgen Habermas, Clauss Offe o Alberto Melucci, fue el problema
de qu tipo de sujetos
constituan los movimientos y qu sentido tenan sus acciones
polticas. Las luchas de
estudiantes, ecologistas y feministas de la dcada del sesenta
pusieron en cuestin el
privilegio que otorgaba la tradicin marxista a la constitucin de
un sujeto de clase que
encarara una lucha revolucionaria para derrumbar la sociedad
capitalista. A comienzos de
la dcada del '70, la clase obrera en los principales pases
europeos ya se encontraba
relativamente integrada a la vida poltica-institucional de los
estados de bienestar. El
horizonte de la lucha revolucionaria del siglo XIX y los ecos de
la revolucin rusa ya se
encontraban aquietados. Sin embargo, la nueva oleada de
movilizacin de esos aos
produca profundas transformaciones sociales aunque no lograba
cuestionar seriamente la
estabilidad de los regmenes polticos nacionales. Muchos de estos
autores comenzaron a
preguntarse por las transformaciones sociales que podan explicar
algunos de estos cambios
en los sujetos de la movilizacin. De hecho, casi todos ellos han
desarrollado distintas
versiones de las crisis y transformaciones de la vieja sociedad
industrial en sociedades
posindustriales o de capitalismo avanzado.
Las diferencias entre ambas perspectivas han comenzado a
borrarse, en parte porque
en los ltimos veinte aos se han producido una cantidad
importante de estudios empricos
que han permitido acercar posiciones. Pero tambin porque el
conflicto poltico y la
movilizacin se han vuelto fenmenos ms normales -y en alguna
medida ms acotados-
dentro del funcionamiento democrtico.
A diferencia de las dcadas del '30 y del '40, cuando los
fenmenos de movilizacin
de masas amenazaban las democracias liberales, en los 80 y '90
han sido procesos de
intensa movilizacin y protesta los que han producido
transformaciones democratizantes.
pp. 5-49.
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En la actualidad, la movilizacin no parece orientarse a producir
transformaciones a gran
escala, ni siquiera a cuestionar seriamente las formas de
organizacin social y poltica de
los estados nacionales. Sin embargo, la protesta social
constituye un hecho casi cotidiano
en las democracias occidentales. Con distinta intensidad,
referida a problemas o demandas
diversas y con la presencia de actores y formatos mltiples, la
protesta parece mantener su
vigor como forma de accin poltica.
Cmo pueden comprenderse estos episodios de protesta? La nocin de
protesta
social se refiere a los acontecimientos visibles de accin que
suponen la intencionalidad de
un colectivo en el sostenimiento de una demanda basada y
justificada en el reclamo de
derechos. Analticamente, la protesta puede ser analizada desde
un punto de vista interno y
otro externo. Toda protesta surge de la definicin de una
situacin problemtica, es decir, la
percepcin de una injusticia por parte de los sujetos. A su vez,
las protestas especifican, por
un lado, un campo conflictivo (una cierta delimitacin entre el
espacio del nosotros y el
ellos) que asigna un contenido a la gnesis y a los responsables
de la injusticia y por otro,
un campo de resolucin del conflicto que establece la forma tpica
mediante la cual la
injusticia puede ser resuelta (respuestas posibles y
responsables de las acciones
compensadoras). Desde un punto de vista externo, la protesta
requiere un contexto de
oportunidad de la accin, es decir algunos cambios en la
estructura poltica de la sociedad
que habilitan la accin y una enunciacin de la accin que incluye
la identificacin de un
sujeto de accin (un nombre que sostiene la protesta y ciertas
redes organizativas que la
soportan) y un cierto abanico de posibilidades de justificacin
de la accin de protesta (que
incluyen restricciones sobre lo que puede demandarse y sobre cmo
puede demandarse).
La nocin de protesta social se limita, entonces, a partir de su
carcter intencional,
por un lado, y de su visibilidad pblica, por el otro. Las
manifestaciones, las
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concentraciones o reuniones pblicas, las declaraciones pblicas
son ejemplos de tipos de
protesta aprehendidos desde este punto de vista. El concepto de
protesta encuentra su
pertinencia en un marco general histricamente situado.
Efectivamente, es necesario y hasta
deseable pensar que la nocin de protesta social es la mejor
manera de dar cuenta de la
accin colectiva tal cual esta se desarrolla en el contexto de la
dinmica de nuestras
sociedades liberales y democrticas. Es necesario considerar que
su relevancia es prxima
al contexto general que presentan las sociedades de herencia ms
o menos homognea de la
cultura occidental y a la dinmica propia de regmenes democrticos
y de Estado de
derecho.3
Otro de los rasgos generales que deben mencionarse es que las
protestas se muestran
como el sostenimiento de demandas frente al Estado. Este
supuesto puede ser mantenido
como regla general aun cuando se puedan presentar algunas
reservas respecto de las
transformaciones que acarrean la regionalizacin y mundializacin
crecientes. As como la
definicin de protesta incluye la delimitacin de demandas, el
interlocutor caracterstico de
dichas demandas es el Estado.4 La apelacin a cuestiones de
justicia y la referencia
obligada para la intermediacin en controversias de este tipo
hasta el momento siguen
siendo las entidades estatales. Esto no supone que el Estado
efectivamente sea un actor
neutral en la resolucin de conflictos sociales; por el contrario
aparece como la figura
central de una confrontacin. Sin embargo, es cierto y
significativo que no slo el Estado
sino todo el sistema poltico est obligado a una sensibilidad
particular frente a las
3 Se considera sta la pertinencia terica de conceptos como el de
espacio pblico democrtico que constituye un elemento central de
este anlisis- y que pueden ser aceptablemente cuestionados tanto
desde el punto de vista de su pertinencia para el anlisis de
diversos perodos histricos como en el interior de regmenes
autoritarios, totalitarios, etc. 4 En el sentido de organizaciones
o entidades estatales por contraposicin a organizaciones de la
sociedad civil o internacionales.
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alteraciones del orden pblico o los cuestionamientos visibles en
virtud de su vinculacin
con los problemas de legitimidad.5
Los acontecimientos de movilizacin social se vinculan entre s de
manera muy
diversa. De hecho, no puede establecerse un recorte a priori
acerca de estas formas de
vinculacin. Cada protesta puede ser estudiada e individualizada
segn sus caractersticas
particulares de constitucin de un sujeto de protesta, formato,
estructura de oportunidades
polticas, definiciones compartidas y logros estratgicos y
performativos. Sin embargo,
las protestas adquieren su sentido en la medida en que se
encuentran emparentadas con
otras acciones de protesta. Dicha familiaridad es de por s
discontinua, pero permite
comprender, en cada caso, la dimensin de su inscripcin pblica y
de su impacto poltico
en general. As, una protesta reenva en mltiples direcciones
hacia otros acontecimientos
constituyendo redes de protesta. Estas redes son recortes
significativos posibles entre
muchos otros. La identificacin de una red supone un ejercicio
interpretativo que de cuenta
de las continuidades y rupturas que puedan observarse entre
distintos acontecimientos en
sus distintas dimensiones de anlisis.
Las redes de protesta son, entonces, hiptesis plausibles que
pueden construirse
vinculando acontecimientos en virtud de sus parecidos de
familia.6 Dicho vnculo se sita
tanto en una dimensin sincrnica, en la medida en que pueda
detectarse una confluencia
5 Habermas, J., Facticidad y Validez, Trotta, Barcelona, 1997.
Captulo 8. 6 La nocin de parecidos de familia permite una
ejemplificacin del concepto de redes de protesta por analoga a la
forma en que L. Wittgenstein piensa al lenguaje: En vez de indicar
algo que sea comn a todo lo que llamamos lenguaje, digo que no hay
nada en absoluto comn a estos fenmenos -por lo cual empleamos la
misma palabra para todos- sino que estn emparentados entre s de
muchas maneras diferentes. Y a causa de este parentesco, o de estos
parentescos, los llamamos a todos lenguaje. Wittgenstein, L.,
Investigaciones Filosficas, Crtica, Barcelona, 1986, prrafo 65,
pgina 87.
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significativa de acontecimientos, como en una diacrnica en
virtud de la correspondencia
entre distintas protestas situadas en un eje histrico.
Las protestas sociales emergen como un doble proceso complejo de
definicin y
consecuencia del establecimiento de una situacin pblica
problemtica.7 Ese proceso de
emergencia es el resultado de un intento exitoso de arribar a
una definicin de una situacin
de injusticia colectivamente compartida y a su vez del
establecimiento de un campo de
interaccin conflictivo que es el espacio habilitante para dicha
aparicin y que depende del
reconocimiento dentro de una mapa restringido de motivos
apelables de la legitimidad
de la posicin demandante. Dicha emergencia permite comprender
una situacin de
protesta y especialmente pensar las dimensiones de su impacto
poltico.
Generalmente, el impacto de la movilizacin social es analizado
como una funcin
del resultado alcanzado por el colectivo de protesta. Sin
embargo, intentamos sostener aqu
que esa es slo una de las dimensiones significativas del
contenido poltico que tienen las
acciones de protesta. Un punto central aqu resulta de los
perodos de anlisis a considerar.
Segn se analicen distintos perodos histricos y distintas redes
de protesta la evaluacin de
su significacin poltica cambia. Al igual que para la
interpretacin de redes de protesta, no
toda hiptesis de impacto poltico resulta plausible aunque, del
mismo modo, no pueda
sostenerse que existe una interpretacin verdadera o
privilegiada.
Har referencia aqu a algunas dimensiones analticas del impacto
poltico que
conviene tener en cuenta para pensar la movilizacin tal como se
presenta en la actualidad.
Una primera dimensin se relaciona con los resultados
instrumentales de la protesta. En la
medida en que aceptemos que las protestas se vinculan con
determinadas demandas, la
7 Cefa, D., La construction des Problmes Publics. Dfinitions de
situations dans des arnes politiques , Reseaux N 75, Paris,
enero-febrero de 1996.
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satisfaccin o no de esas demandas constituye el objeto central
de esta primera dimensin.
En segundo lugar, dado el vnculo entre protestas y sistema
poltico, las instancias de
resolucin de la protesta pueden incluir transformaciones
poltico-institucionales que
incluyen desde la modificacin de las alianzas polticas, cambios
en la estructura de
gobierno o transformaciones en las formas de gobierno hasta la
implementacin de polticas
pblicas en vinculacin ms o menos directa con el tipo de problema
pblico presentado o
tematizado por la protesta. Por ltimo, puede pensarse una
dimensin significativa del
impacto poltico de las protestas. Esta dimensin de inscripcin
pblica8 puede
comprenderse en funcin de la emergencia de un nosotros, as como
de temas o argumentos
que acompaan el sostenimiento de determinadas demandas.
Asimismo, esta dimensin da
cuenta de la constitucin de una historia pblica de la protesta
en la medida en que
cristalizan repertorios de protesta que definen su significacin
poltica.
El anlisis de repertorios permite vincular, en ltima instancia,
el impacto de las
protestas con las condiciones que habilitan el surgimiento de
nuevas acciones en el
desarrollo de una historia moderna de la movilizacin social como
forma de accin poltica.
III. Movimientos sociales y protestas en Amrica Latina y en
Argentina
En la dcada del 80, algunos autores comenzaron a preguntarse por
las
caractersticas de los movimientos sociales en Amrica Latina. Al
igual que en Europa,
8 Naishtat, F., Accin colectiva y regeneracin democrtica del
espacio pblico, en Quiroga, H., Villavicencio, S. y Vermeren, P.
(comps.), Filosofas de la ciudadana: sujeto poltico y democracia,
Homo Sapiens, Rosario, 1999. Habermas, J.,: Sobre el papel de la
sociedad civil y de
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buena parte de estos interrogantes surgieron a partir de las
dificultades que suscitaba la
caracterizacin de la movilizacin social en trminos estrictamente
de clases. El panorama
latinoamericano mostraba una diversidad importante de formas de
participacin poltica por
va de la movilizacin. "As, los movimientos sociales se ven
nutridos por mltiples
energas que incluyen en su constitucin desde formas orgnicas de
accin social por el
control del sistema poltico y cultural, hasta modos de
transformacin y participacin
cotidiana de autoproduccin societal."9 Histricamente, los
movimientos en Latinoamrica
fueron interpretados como movimientos pre-polticos o
embrionarios a ser encauzados por
un partido-vanguardia revolucionario. El reconocimiento de que
estas manifestaciones
colectivas no podan ser fcilmente encauzadas hacia la revolucin
llev a dos tipos de
replanteamiento: a) quienes denunciaban su carcter reformista o
reaccionario y b) quienes
comenzaron a interesarse por estudiar sus particularidades.
Aqu se plantea la pregunta central: "La pregunta que surge de
inmediato, imposible
de responder a ciencia cierta, es si se trata de una 'nueva
realidad' o si la vida social siempre
fue as, y slo nosotros, ciegos por el peso de los paradigmas
dominantes, no la estbamos
viendo."10 De esta forma comenzaba a orientarse la investigacin
social hacia el sentido de
tales conductas colectivas, intentando indagar en la profundidad
de las situaciones de
accin particulares y rescatando el propio punto de vista de los
actores. Como puede
apreciarse, el clima intelectual de crtica al marxismo y al
funcionalismo como lentes
objetivos para explicar la movilizacin social impregn los
trabajos de investigadores
la opinin pblica poltica, en Facticidad y validez, Madrid,
Trotta, 1998, y Bohman, J., Public Deliberation, Cambridge, MIT
Press, 1996 9 Caldern, F. y Jelin, E., Clases y movimientos
sociales en Amrica Latina: perspectivas y realidades, CEDES, Buenos
Aires, 1987. Pg. 24. 10 Caldern, F. y Jelin, E., op. cit., pg.
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latinoamericanos, guiados, al menos en parte, por los resultados
fructferos que haban
alcanzado los trabajos de Alain Touraine, de Manuel Castells o
de Alberto Melucci.11
Una de las perspectivas ms interesantes es la de F. Caldern y E.
Jelin quienes
intentaron plantear algunos elementos tericos de anlisis de los
movimientos sociales, al
tiempo que ensayaban una recorrida histrica sobre la movilizacin
en la regin.12
Resumiendo bastante el argumento, podramos sostener que estos
autores proponan
ocuparse de cuatro grandes campos analticos para entender los
procesos de movilizacin:
a) estructura participativa; b) temporalidad propia; c) espacio
y d) efectos sociales.
Estos cuatro campos de la dinmica de los movimientos definan el
tipo de
problemas sobre los que tena que centrarse la investigacin
social. Un fuerte interrogante
que orient la indagacin emprica que venan y continuaron
realizando estos autores se
vinculaba por los campos de conflicto que definan los espacios
sociales en que se situaban
los movimientos sociales. De esta forma, los autores haban
definido los principales centros
de atencin que caracterizaban la dcada del 80 en Latinoamrica
desde el punto de vista
del conflicto social. En primer lugar, la clase obrera segua
manteniendo importancia
considerando los conflictos tpicos que arrastraban sociedades de
herencia industrial. La
prctica de la movilizacin obrera era, sin embargo, centralmente
defensiva. "Los efectos
del estancamiento industrial o los procesos de
desindustrializacin parecen condicionar
estos comportamientos y posiblemente, a excepcin relativa de la
CUT brasilera, el
11 Tanto Touraine como Castells dirigieron ellos mismos
investigaciones en Amrica Latina. Melucci aparece ampliamente
citado en muchos de los trabajos a los que hacemos referencia aqu.
Ver: Melucci, A., Linvenzione del presente: Movimenti, identit,
bisogni individuali, Il mulino, Bologna, 1982; Touraine, A.,
Production de la socit, ditions du Seuil, Paris, 1973; Touraine,
A., Mouvements sociaux d'aujourd'hui : acteurs et analystes,
ditions ouvrires, Paris, 1982; Touraine, A., [Le] Retour de
l'acteur: essai de sociologie, Fayard, Paris, 1984; Castells., M.,
Ciudad, democracia y socialismo, siglo XXI, Madrid, 1979.
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movimiento obrero sudamericano pierde aparentemente centralidad
en la poltica y en la
economa latinoamericanas, impugnando ms a los gobiernos y a los
ministerios de trabajo
que al capital, sea ste nacional o internacional; la direccin
industrial de la sociedad no
est en cuestin para los obreros."13 Sin embargo, este proceso se
acompaaba con el
desarrollo de una mayor autonoma y democratizacin interna de las
organizaciones
sindicales. En segundo lugar, existan toda una serie de
conflictos, redes y movilizaciones
cuyo ncleo comn era la pertenencia a un mismo espacio de
desarrollo urbano, y cuyos
conflictos centrales se ubicaban en torno a problemas de calidad
de vida o de consumos
colectivos.14 En tercer lugar, el campo, o el campesinado
mantena una serie de conflictos
centrados en demandas referidas a la tierra, el mercado y la
organizacin campesina, al
tiempo que se detectaban articulaciones muy significativas con
otros tipos de demandas
tnicas y culturales. Hasta aqu los conflictos que ms tradicin
tenan en Amrica Latina
hasta los aos ochenta. Sin embargo, los autores haban encontrado
una cantidad de
demandas y articulaciones identitarias que excedan estos campos
conflictuales. En
principio, las cuestiones de gnero haban dado lugar a una
organizacin progresiva de un
movimiento de mujeres en la regin e incluso categoras sociales
como la juventud tambin
daban lugar, en el contexto de las transiciones a la democracia,
a subculturas urbanas que
presentaban nuevas fuentes de conflicto.
Uno de los casos analizados por Caldern y Jelin, es el
movimiento de derechos
humanos. A partir de un sistema de valores fundamentales basados
en la defensa de la vida,
la verdad y la justicia, distintos actores sociales haban
logrado crear una identidad comn e
12 Caldern, F., La poltica en las calles, CERES, Cochabamba,
1983; Caldern, F. y Jelin, E., op. cit.; Jelin, E. (comp.), Los
nuevos movimientos sociales, 2 volmenes, CEAL, Buenos Aires, 1985.
13 Caldern, F. y Jelin, E., op. cit., pg. 29.
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15
incluso haban logrado articular prcticas de protesta social
siguiendo una lgica defensiva,
al interior de las dictaduras latinoamericanas de los 70. Su
potencialidad resida
simplemente, en su capacidad para desnudar la dominacin a partir
de una tica
fundamentalista. Las distintas organizaciones de derechos
humanos haban logrado sostener
prcticas expresivas, no instrumentales y mantenan distancia
respecto de las prcticas
partidarias para poder seguir generando un amplio consenso. "Los
derechos humanos
surgen junto con una revalorizacin de la democracia como
construccin, no ya como algo
dado y preexistente."15
En ese marco, el objeto de varias investigaciones fue indagar
-en cada contexto
nacional- de qu manera estos nuevos movimientos sociales
constituan una fuente de
respuesta o resistencia a las crisis desatadas en las sociedades
latinoamericanas.16
Especialmente a partir de las distintas transiciones a la
democracia de las cuales muchos
movimientos fueron actores centrales- los autores se preguntaban
por los conflictos que
suscitaba la dinmica de los movimientos en relacin con la
regulacin democrtica. A su
vez, un interrogante comn se refera al potencial de estos
movimientos que representaban
distintas respuestas particularistas a los efectos de una crisis
multidimensional- para
constituirse en actores histricos capaces de confrontar con los
nuevos sistemas de
dominacin.
14 Este fue uno de los temas especficos de los trabajos de
Manuel Castells: Movimientos sociales urbanos, Siglo XXI, Madrid,
1974. 15 Caldern, F. y Jelin, E., op. cit., pg. 32. 16 Un volumen
publicado en 1986 compila los resultados de las distintas
investigaciones sobre los movimientos sociales ms relevantes en 10
pases latinoamericanos. El captulo sobre Argentina
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16
En el caso argentino, el acento estuvo puesto en la importancia
de los movimientos
en tanto nuevas formas de presentacin de identidades, al tiempo
que permitan identificar
las zonas ms significativas de conflicto que ponan en juego el
sistema de relaciones
sociales. En este sentido, los casos analizados17 mostraban la
particularidad de ser formas
de participacin poltica que caan por fuera de los canales
formales e institucionales pero
que adems y fundamentalmente- constituan una alternativa al
modelo clsico de
participacin corporativa. En todos los casos, adems estas nuevas
formas de accin
colectiva haban venido a llenar el silencio que haba impuesto la
dictadura militar y
proponan, entonces, algunos puntos de conflicto susceptibles de
constituir ejes de
transformacin social.18
Los aos siguientes han mostrado que los distintos campos de
conflicto, o las
identidades que mostraban centros de articulacin ms o menos
definidos terminaron por
fragmentarse en una multiplicidad de protestas de distinto
carcter. La nocin de
movimientos sociales result sumamente pertinente para el anlisis
social en la medida en
que la fragmentacin y dispersin de las protestas permitan
rastrear lneas de continuidad
identitaria a lo largo del tiempo. Sin embargo, tambin supuso
dejar de lado algunos
elementos importantes que permiten, sobre todo, recuperar la
problemtica dimensin
presenta los resultados de un trabajo coordinado por E. Jelin en
el CEDES: Caldern, F. y AAVV, Los movimientos sociales ante la
crisis, UNU, Buenos Aires, 1986. 17 El informe presenta los
resultados en los cinco casos analizados; estos fueron: los
derechos humanos (Mara Sondereguer), los actores barriales (Ins
Gonzlez Bombal, Daniel Garca Delgado, Juan Silva y Luis Fara), los
jvenes y el rock nacional (Pablo Vila), las mujeres (Mara del
Carmen Feijoo y Mnica Gogna) y el movimiento sindical (Hctor
Palomino). En el texto se aclaran las limitaciones propias de la
investigacin en el sentido de que slo cubri espacios urbanos y en
especial el mbito de la ciudad de Buenos Aires. Jelin, E., Otros
silencios, otras voces: el tiempo de la democratizacin en la
Argentina, en AAVV, Los movimientos..., op. cit., pp. 17-44. 18
Como se mencion anteriormente, la toma de posicin terica de estas
investigaciones se orient a descartar las formas clsicas de pensar
la movilizacin social y sus potencialidades polticas. De
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poltica de la movilizacin social.19 Es posible, intentar
reconstruir algunos ncleos
comunes de la protesta, en tanto, como se dijo ms arriba, stas
se nutren de repertorios
socialmente disponibles que posibilitan la accin. Sin embargo,
es mucho ms complejo
sostener que las protestas hoy puedan ser agrupadas en torno a
un ncleo central de
conflicto. Incluso las propias categoras que intentaron
caracterizar el surgimiento de
nuevos movimientos sociales resultan insuficientes para
comprender la multiplicacin y
diversificacin de protestas que muestra la actualidad.
Como se mencion anteriormente, uno de los ncleos conflictivos
ms
significativos que caracteriz la movilizacin en Argentina fue el
tema de los derechos
humanos. Sin embargo, resulta hoy sumamente complejo reconstruir
la unidad de las
protestas de derechos humanos. Ms all de algunos elementos
comunes, como un
repertorio de protesta cvica inaugurado por las movilizaciones
de la dcada del 80, las
protestas se han diversificado mostrando una fragmentacin del
sentido del reclamo de
derechos humanos en el pas. La aparicin de nuevos actores,
organizaciones, formatos y
demandas ha acompaado este proceso de particularizacin de las
protestas. Para entender
este proceso resulta necesario realizar un breve por el
desarrollo histrico que ha mostrado
el tema de los derechos humanos en Argentina desde mediados de
la dcada del 70 hasta la
actualidad.
este punto de vista, reclamaban para s una posicin ms
culturalista que aquellos enfoques que conceban el rol poltico de
los movimientos en su disputa con el poder. 19 Para un anlisis ms
detallado de las caractersticas de las protestas en Argentina en la
dcada del 90 ver: Schuster, F. L. y Pereyra, S., La protesta social
en la Argentina democrtica: balance y perspectivas de una forma de
accin poltica, Buenos Aires, 2001 (mimeo), pg. 3. Ver tambin:
-
18
IV. Movilizacin social y derechos humanos en Argentina: del
sentido histrico a las
nuevas formas de la protesta en la actualidad
El problema de los derechos humanos surge como problema pblico
en Argentina a
partir de la cruenta represin desatada durante la ltima
dictadura militar (1976-1983).20
Especialmente, a raz de la multiplicacin de casos de desaparicin
forzada de personas
algunos familiares comenzaron a nuclearse e iniciaron reclamos
por la aparicin de los
detenidos.
El contenido central del reclamo del incipiente movimiento de
derechos humanos en
Argentina se resume en el slogan verdad y justicia. Las
organizaciones que se formaron
en torno al vnculo familiar con las vctimas convirtieron sus
reclamos particulares en una
fuente de veto contra el rgimen militar.21 Las marchas o
declaraciones pblicas, as como
las denuncias de las violaciones a los derechos humanos frente a
organismos nacionales e
internacionales definieron un sentido particular del reclamo de
derechos que se asoci a una
demanda de democratizacin del pas. Los reclamos por una vuelta a
la democracia, por la
reinstauracin de las garantas civiles y el Estado de derecho
suscitaron un inters y un
Schuster, F. L., Social protest in Argentina today: is there
anything new? en Muoz, J. y Riba, J. (eds.), Treball i vida en una
economia global, Ed. Librera Universitaria, Barcelona, 1999. 20 La
mayor parte de las organizaciones de derechos humanos del pas se
conformaron antes de 1976 (la Liga Argentina por los Derechos del
Hombre comenz a funcionar en 1937, el Servicio de Paz y Justicia en
1974, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en 1975 y el
Movimiento Ecumnico por los Derechos Humanos en 1976), sin embargo,
es a partir de la dictadura que se opera una articulacin
significativa particular y un reconocimiento especial del problema
de los derechos humanos en Argentina. Veiga, R., Las organizaciones
de derechos humanos, CEAL, Buenos Aires, 1985. 21 Me refiero
especficamente a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y a
Familiares de desaparecidos y detenidos por razones polticas. Otras
organizaciones como la Asociacin de ex detenidos desaparecidos
surgieron en los primeros aos de la transicin democrtica. Las
primeras acciones parten de las relaciones directas de parentesco,
de personas que averiguan y buscan a sus familiares. Jelin, E.,
Otros silencios, otras voces: el tiempo de la democratizacin en la
Argentina, en AAVV, op. cit., pg. 25.
-
19
consenso cada vez mayores en la poblacin hasta convertirse en
ideales ampliamente
compartidos que finalmente terminaron por minar la legitimidad
del gobierno de facto.22
Una caracterstica central de este origen de la movilizacin de
derechos humanos en
el pas fue su marcada heterogeneidad. Efectivamente, a partir
del ncleo primario de los
familiares directamente afectados por el terrorismo de Estado,
una diversidad de actores y
sectores sociales comenzaron a acompaar un reclamo que se
convirti en smbolo de la
oposicin a la dictadura. La Aparicin con vida [de los
desaparecidos] fue la consigna
aglutinadora durante el perodo de auge del movimiento. Esta
consigna condensa el sentido
de la lucha del movimiento por los derechos humanos, operando
sobre dos dimensiones:
como memoria de la sociedad, construyendo y recuperando su
identidad; como proyecto
hacia el futuro, planteando las alternativas de sociedad
posible23.
Los reclamos de derechos humanos constituyeron centralmente un
modo de protesta
defensiva apoyada en un reclamo tico-humanitario, pero sin
embargo, lograron articular
un proyecto poltico de democratizacin en el pas definiendo en
parte los contenidos
mnimos que guiaran el proceso de transicin a la
democracia.24
22 Hay muchos hechos puntuales que motorizaron este proceso.
Hacia fines de 1982, la derrota en la guerra de Malvinas y el
agravamiento de la crisis econmica ejemplificado por la creciente
movilizacin sindical- son elementos importantes a considerar. Sin
embargo, la democratizacin slo puede comprenderse en virtud de la
creciente aceptacin que los valores democrticos tuvieron en
aquellos aos a raz de la percepcin de su vnculo con el problema
especfico de los derechos humanos. 23 Jelin, E., op. cit., pg. 26.
24 Para un anlisis del surgimiento del movimiento de derechos
humanos en Argentina, ver: Sondereguer, M., Aparicin con vida (El
movimiento de derechos humanos en Argentina), en Jelin, E. (comp.),
Los nuevos movimientos sociales 2, CEAL, Buenos Aires, 1985.
-
20
A partir de la vuelta a la democracia, el problema de los
derechos humanos adquiere
ciertas caractersticas particulares.25 Uno de los rasgos ms
interesantes de este perodo est
marcado por el hecho de que el problema de los derechos humanos,
tal como haba surgido
durante la dictadura, fue sostenido como discurso de campaa del
partido que ganara las
primeras elecciones presidenciales.26 El problema de los
derechos humanos pas de su
lugar originario en el seno de la sociedad civil a ocupar un
lugar central de la poltica del
primer gobierno democrtico. La institucionalizacin del problema
se orient a retomar los
reclamos de justicia como fuente de legitimacin gubernamental
pero adems como fuente
de adhesin al sistema democrtico.
Una serie de leyes y medidas concretas expresan la vigencia de
una poltica de
derechos humanos en el estado argentino.27 Ese conjunto de
polticas marc el pasaje por
as decirlo- del problema de los derechos humanos de la sociedad
civil al estado. El efecto
paradjico de este pasaje se refleja, por un lado, en un
tratamiento efectivo del problema
como acabamos de mencionar, pero, por otro lado, en una
cristalizacin del sentido del
problema de los derechos humanos en torno del castigo judicial a
los responsables de los
crmenes del perodo dictatorial y, en buena medida, a la
consolidacin del sistema
democrtico.
25 Sigo en este punto el anlisis de Mario Pecheny. Ver: Les
droits de lhomme en Argentine: de la justice au pardon. Quelques
notes sur le processus dexclusion des droits de lhomme de lespace
public dans la priode post-dictatoriale, Mmoire du D.E.A.,
Universit Paris III, 1993. (mimeo) 26 La Unin Cvica Radical, cuyo
candidato fue Ral Alfonsn, se impuso en las primeras elecciones
presidenciales de 1983. 27 Pecheny se centra en las siguientes: a)
decreto 157/83 y 158/83 (ordenando el procesamiento de miembros de
la guerrilla de la dcada del 70 y de los miembros de las tres
primeras juntas militares); b) ley 23.040 (derogacin de la ley de
auto-amnista promulgada por la dictadura militar); c) ley 23.049
(reforma del Cdigo de Justicia Militar); d) ley 23.070 (reduccin de
las penas de prisioneros ordinarios en razn de las malas
condiciones de detencin); e) ley 23.077 (agravamiento de las penas
por atentado al orden constitucional y a la vida democrtica); f)
ley 23.097 (agravando las penas contra la tortura); g) creacin de
la CONADEP; h) firma y ratificacin
-
21
No queremos indicar con esto que la discusin sobre el problema
de los derechos
humanos se cerr definitivamente; de hecho, las polticas
especficas fueron objeto de
arduos debates,28 pero s se defini un recorte y una definicin ms
o menos precisos del
vnculo entre derechos humanos y las consecuencias de la
dictadura. La respuesta de
poltica que ensay el primer gobierno democrtico para tratar el
problema de los derechos
humanos se orient centralmente al juzgamiento de los
responsables de la represin. Este
punto reviste particular importancia porque llev el problema de
la justicia como punto
central de la dinmica del rgimen democrtico.
La eficacia en el tratamiento del problema de los derechos
humanos se vincul con
el enjuiciamiento y la condena a los responsables de la
represin, pero adems y
fundamentalmente- con la narracin de una nueva historia del
Proceso de Reorganizacin
Nacional en la cual se descartaba el argumento de la guerra y se
pona de manifiesto la
violacin orgnica y sistemtica de derechos que haba supuesto el
proyecto dictatorial.
Pecheny destaca la importancia que tuvo el informe de la CONADEP
y su amplia
repercusin pblica en este tipo de transformacin cultural.
Este proceso de institucionalizacin efectiva del problema de los
derechos humanos
encontr sus lmites unos aos ms tarde. El progresivo repliegue de
las polticas activas
del gobierno radical en la materia, terminaron por devolver el
problema de la agenda
gubernamental a la agenda pblica. Es preciso reconstruir este
proceso de paulatino
abandono del problema de los derechos humanos para entender cmo
ste se fue
de convenios internacionales sobre derechos humanos como por
ejemplo el Pacto de San Jos de Costa Rica. 28 Un ejemplo de estos
debates es el que se refiere a las competencias de los fueros civil
y militar para enjuiciar a los miembros de las Juntas. Ver: Bruno,
A., Cavarozzi, M. y Palermo, V. (eds.), Los derechos humanos en la
democracia, CEAL, Buenos Aires, 1985.
-
22
diferenciando progresivamente del tema de la consolidacin
democrtica y cmo fue
suplantado por la persistencia y agravamiento de los problemas
econmicos.
En abril de 1986 comienzan, desde el propio Estado, los
cuestionamientos al
procesamiento masivo de los militares involucrados en la
represin. Hacia fines de ese ao
el Congreso sanciona la ley de Punto Final que estableci un
plazo lmite para la apertura
de causas judiciales. Como han sealado varios autores, los meses
posteriores a la sancin
de la ley supusieron un incremento importante de las tensiones
cvico-militares que
finalmente desembocaron en la primera de las crisis o
levantamientos militares29 contra el
rgimen democrtico de transicin.30 Esta serie de alzamientos
militares junto con la
debilidad creciente del gobierno democrtico resolvieron la
disputa a favor de las presiones
militares. Sucesivamente, la ley de Obediencia Debida y los
decretos de indulto clausuraron
el problema de los derechos humanos sobre el trasfondo del
discurso de la pacificacin
que inaugur el nuevo gobierno de Carlos Menem a partir de
1989.
El problema de los derechos humanos se transform progresivamente
en el
problema militar31 y el lugar central que haba ocupado la
condena a los crmenes de la
dictadura como prioridad de gobierno fue dejado de lado por los
problemas de la
continuidad democrtica y por los de la estabilizacin de la
economa. Las protestas de
derechos humanos no cesaron durante el primer gobierno
democrtico y, como se
mencion anteriormente, la demanda de aparicin con vida fue el
ncleo central de los
reclamos que sostenan las distintas organizaciones de derechos
humanos. Pero a partir de
la firma de los indultos, los reclamos comenzaron a
intensificarse y el problema de los
29 Los levantamientos tuvieron lugar en 1987, 1988 y 1990. 30
Acua, C. y Smulovitz, C., Ni olvido ni perdn? Derechos humanos y
tensiones cvico-militares en la transicin argentina, CEDES, Buenos
Aires, 1991. 31 Esta es la hiptesis central del trabajo de Mario
Pecheny.
-
23
derechos humanos volvi a la sociedad civil con una transformacin
progresiva de su
sentido.
Luego de los enfrentamientos que siguieron al ltimo alzamiento
militar en
diciembre de 1990 y fundamentalmente luego de que se extendieran
los indultos a todos los
responsables de los crmenes durante la dictadura, el vnculo
entre continuidad democrtica
y el problema militar dej de ser acuciante. Las protestas de
derechos humanos, an por
aquellos aos motorizadas por las organizaciones histricas
continuaron su reclamo de
juicio y castigo, utilizando ahora la categora de impunidad como
smbolo del problema de
derechos que haba dejado irresuelto el sistema democrtico. Sin
embargo, el sentido de las
protestas de derechos humanos comenz a fragmentarse. Por un
lado, porque algunas de las
viejas organizaciones comenzaron a tratar el problema desde el
punto de vista de una
condena social a los responsables de la represin. Por otro lado,
porque surgieron nuevos
reclamos que comenzaron a pensar el tema de los derechos humanos
en vinculacin con
elementos que definen la calidad de la democracia argentina.
Esta vuelta del problema de derechos humanos al seno de la
sociedad civil,
encuentra una pluralidad o fragmentacin mayor que, a diferencia
de aos anteriores, no
articula demandas o intereses diversos, sino que fundamenta
distintas protestas, marcando y
tematizando problemas comunes como la justicia, la impunidad,
etc. pero cada vez ms
circunscriptos a formulaciones especficas y acotadas.
V. Protestas y derechos humanos en Argentina en la dcada del
90
-
24
La firma de los indultos en 1989 y 1990 produjo una nueva
intensificacin de la
protesta de derechos humanos en Argentina. Sin embargo, luego de
las multitudinarias
movilizaciones de aquellos aos el sentido de los reclamos
vinculados a los derechos
humanos comenz a fragmentarse, lo cual puede entenderse en
relacin con los fenmenos
que clausuraron progresivamente el problema militar y su vnculo
con la continuidad
democrtica como as tambin por una serie de conflictos, de
promesas incumplidas que
comenz a mostrar el funcionamiento institucional de la
democracia argentina.
Existen al menos cuatro reformulaciones importantes del problema
de los derechos
humanos en Argentina en la dcada del 90. En primer lugar, el fin
de las crisis militares y
la confirmacin de los indultos produjo un desplazamiento de los
reclamos de justicia
vinculados a los crmenes de la dictadura hacia la bsqueda de una
condena social y hacia
la profundizacin de una reconstruccin de la memoria colectiva
del significado y las
consecuencias del terrorismo de Estado. Esta labor fue encarada
por las Abuelas de Plaza
de Mayo y tiempo despus tambin por una nueva organizacin
constituida por hijos de
desaparecidos.
En segundo lugar, dentro de las organizaciones histricas de
derechos humanos se
abri una discusin sobre los incumplimientos del sistema
democrtico y, sobre los
elementos que permitan marcar una continuidad entre la lucha que
haban sostenido los
militantes de izquierda en la dcada del setenta y las luchas
actuales contra un modelo
econmico neoliberal que comenzaba a imponerse en la Argentina.
Debemos diferenciar
aqu estos dos elementos; la mayor parte de las organizaciones
(nuevas y viejas) procesaron
este tipo de interrogantes y muchas, incluso, radicalizaron su
posicin respecto de los
partidos polticos y el sistema democrtico. De hecho, parte
importante del intento de
reconstruccin de la memoria estuvo marcado por este tipo de
procesamiento. Sin embargo,
-
25
no todas las organizaciones ni las protestas se orientaron a
sostener demandas especficas ni
reclamos que se vinculan con las reformas econmicas. El caso ms
notorio lo representan
las Madres de Plaza de Mayo, en la lnea encabezadas por Hebe de
Bonafini, quienes
efectivamente comenzaron a sostener una posicin ms dura de
articulacin de las
demandas especficas de derechos humanos con una confrontacin con
los proyectos de
reformas econmicas y especialmente contra los procesos de
achicamiento del Estado y
ajuste del gasto pblico que esas reformas impulsaron.32
Un tercer eje de la protestas de derechos humanos, se centr
sobre un aspecto
particular del funcionamiento democrtico: ya en los aos de la
dictadura, la participacin
de efectivos de las distintas policas provinciales y de la
polica federal en los secuestros,
las torturas y los asesinatos haba sido corroborada. Incluso,
una de las organizaciones de
derechos humanos (el Centro de Estudios Legales y Sociales CELS)
se haba encargado
de interesarse por los problemas relativos al aparato represivo
montado durante los aos de
plomo que an integraba las actividades de las distintas fuerzas
de seguridad. A partir de
los primeros aos de la dcada del 90, este problema se reorient
hacia un cuestionamiento
de las formas de funcionamiento de la institucin policial en
democracia. En el ao 1991,
uno de los casos ms resonantes de gatillo fcil33 dio inicio a
una serie de protesta,
movilizadas especialmente por la Coordinadora contra la Represin
Policial e Institucional
32 El eje de este discurso ya estaba presente en la dcada del
80; se refiere centralmente a la definicin de una ofensiva del
poder econmico en la Argentina que comienza a mediados de la dcada
del 70 y que contina en la actualidad. En esta perspectiva, la
dictadura militar es concebida como instrumento de las clases
dominantes que utilizaron la represin para lograr neutralizar las
respuestas populares que se enfrentaban a las estrategias de
concentracin de la riqueza. 33 La expresin gatillo fcil se refiere
a las situaciones en que las vctimas son muertas a manos de
oficiales de la polica en situaciones en las cuales no hubo
enfrentamiento armado (es decir, en las cuales hubo una presunta
ejecucin) o en las que las vctimas son transentes ocasionales. El
caso al que hacemos referencia es la muerte de Walter Bulacio quien
fue detenido el 19 de abril de 1991 y posteriormente hallado muerto
en una comisara.
-
26
(CORREPI) que intentaban denunciar y presionar a los jueces para
que se lograran
condenas a los policas involucrados.
Por ltimo, existe un cuarto eje de protestas que resulta ms bien
originado en las
protestas de derechos humanos pero que se ha expandido como
repertorio generalizado de
la protesta en Argentina y que se vincula con los reclamos de
justicia y contra la
impunidad. Desde comienzos de la dcada del noventa, los
cuestionamientos al
funcionamiento del poder judicial se fueron incrementando a
medida que se hacan pblicas
y evidentes las injerencias del poder ejecutivo en las
sentencias de los jueces, y
especialmente en la Corte Suprema de Justicia en una multitud de
casos resonantes.34 Estas
protestas presentan la particularidad de organizarse en relacin
con los casos y demandas
particulares35 a la vez que son un buen ejemplo de la forma en
que la protesta actual
produce nuevas organizaciones y redes sociales.
Todos estos ejes de la protesta contempornea marcan la
diversidad de sentidos en
que se orient el reclamo de derechos humanos en la etapa de la
consolidacin democrtica.
En los cuatro encontramos un vnculo sumamente estrecho con los
reclamos caractersticos
de la movilizacin de derechos humanos en la dcada del 80. Los
cuatro tambin,
muestran una atencin creciente por un espectro de problemas
desatendidos por el
funcionamiento de la democracia argentina. Por el momento, nos
concentraremos slo en
34 Ver: "Sigue en baja la confianza de la sociedad en la
Justicia", en diario La Nacin, 17 de noviembre de 1996. El artculo
presenta resultados de distintas encuestas de opinin que muestran
que en 1991 slo el 22% de la poblacin tena una imagen positiva del
Poder Judicial y que en 1996 esa proporcin haba descendido al 13%.
35 En torno a este eje, las protestas ms significativas fueron las
surgidas luego de los atentados a la Embajada de Israel y al
edificio de la AMIA (mutual juda), en cuanto pas un tiempo sin que
se lograran esclarecer los hechos. Tambin hay que mencionar algunos
asesinatos en los cuales se presuma la implicacin o el
encubrimiento por parte del poder poltico como fueron los casos de
Mara Soledad Morales y de Jos Luis Cabezas. En todos ellos, existi
un ncleo comn de reclamo al funcionamiento de la justicia
denunciando la impunidad reinante en el pas.
-
27
dos de los ejes, los cuales marcan resignificaciones del
problema de los derechos humanos
a la vez que resultan tiles para analizar en detalle cmo
tuvieron lugar procesos de
particularizacin de las demandas.
H.I.J.O.S. y la disputa por la memoria
Una de las cuestiones ms interesantes vinculadas a los reclamos
de derechos
humanos en el pas desde la ltima dictadura fue la de la disputa
cultural. La oposicin al
rgimen militar mostr una multitud de expresiones artsticas que
denunciaban la represin
ilegal. El vnculo entre la expresin y la denuncia tiene,
entonces, un fuerte anclaje en los
reclamos histricos de derechos humanos. A partir de la dcada del
90, la protesta se
orient en uno de sus ejes a resaltar este componente fuertemente
expresivo. Ese eje fue
apuntalado por las distintas actividades que intentaban por un
lado, reconstruir la memoria
de los aos de la dictadura y por otro, lograr una condena social
para los genocidas.
Algunas de las organizaciones de derechos humanos retomaron una
lucha cultural frente a
la falta de condena judicial.
Durante los primeros aos de vida democrtica, existi una fuerte
disputa sobre la
caracterizacin del terrorismo de estado. Uno de los puntos ms
intensos estuvo
representado por la discusin de la teora de los dos demonios36
que acompa la
judicializacin de los crmenes. En buena medida, el discurso de
la pacificacin que
36 Segn esta versin de la historia reciente, la democracia poda
consolidarse en virtud de un rechazo de toda forma de violencia
poltica. En este sentido, la represin militar como la actividad de
la guerrilla eran condenables por igual. Una de las
cristalizaciones de este discurso estuvo
-
28
acompa la promulgacin de los indultos se sostena en argumentos
similares. La lucha y
el reclamo de las protestas de derechos humanos se alzaron
contra esa narracin de la
historia. A comienzos de la dcada del 90 se constituy la
organizacin H.I.J.O.S. (Hijos
por la identidad y la justicia, contra el olvido y el silencio)
con el objetivo de no dejar caer
la problematizacin de las violaciones a los derechos humanos
ocurridas durante la
dictadura. Al igual que la mayor parte de las organizaciones
histricas de derechos
humanos, H.I.J.O.S. se organiz alrededor del vnculo primario
familiar- que une a sus
miembros con los desaparecidos.
Esta organizacin desarroll un intenso trabajo de movilizacin
durante la dcada
del 90. La forma ms importante de esa movilizacin est
representada por "el
escrache"37. El escrache surgi como instrumento para la
visibilizacin pblica de los
responsables de la represin. Especialmente de aquellos cuyos
nombres no haban
trascendido durante la poca de los juicios y que continuaban su
vida con normalidad. Ms
all de la condena judicial, la protesta se orient a continuar la
reconstruccin de una
memoria colectiva de la dictadura. A diferencia de las primeras
movilizaciones de derechos
humanos, el reclamo de juicio y castigo, aunque sigue presente,
ya no es central en este tipo
de protestas. Su caracterstica es la de la presentacin de un
argumento, que por supuesto
implica una demanda, pero que es centralmente una presentacin o
una representacin. En
primer lugar, es una demostracin de los lmites que tuvieron los
intentos de saldar la
deliberacin sobre el problema de los derechos humanos en relacin
con la dictadura. En
marcado por la decisin del gobierno radical de iniciar al mismo
tiempo el procesamiento de los militares de las juntas y de algunos
militantes de izquierda que haban sobrevivido a la dictadura. 37
Escrachar es poner en evidencia, revelar en pblico, hacer aparecer
la cara de una persona que pretende pasar desapercibida. Extracto
de un documento de la organizacin publicado en internet:
http://www.hijos.org.ar/espaol/denuncias/escrache.html. Debo sealar
que en algunas entrevistas realizadas a militantes de HIJOS el
escrache no fue considerado como una forma de protesta social.
-
29
segundo lugar, es una apelacin al rechazo pblico pero
fundamentalmente, estas protestas
han representado una toma de la palabra, una resignificacin del
sentido de los reclamos de
derechos humanos que volvi visible una vez ms el problema, lo
cual a su vez permiti
reencauzarlo por nuevas vas.
Habamos dicho ms arriba que las protestas no pueden ser
entendidas como
fenmenos aislados y que siempre tienen por detrs mltiples formas
de articulacin social
y diversos procesos que le dan sustento. En este caso, este eje
de protestas de derechos
humanos estuvo fuertemente vinculado a todo un entramado
organizacional que se orient a
reconstruir las historias particulares de las familias de los
desaparecidos. Tanto H.I.J.O.S.
como las Abuelas de Plaza de Mayo comenzaron una indagacin
sistemtica sobre el
paradero de los hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio y
apropiados ilegalmente. Ms
all de los casos particulares, la reactivacin pblica de este
tema lograda por la intensidad
y repercusin de las protestas permiti que muchos casos
comenzaran a tener un nuevo
tratamiento judicial en el pas. En 1997 se hicieron nuevos
procesos por sustraccin de
menores (delito excluido de los beneficios otorgados por las
leyes de Obediencia Debida y
de Punto Final y por los indultos) a partir de los cuales fueron
detenidos algunos militares.
Asimismo, en 1998 comenzaron una serie de presentaciones
novedosas por parte de
organismos de derechos humanos que se denominaron juicios de la
verdad para que el
Estado Nacional informe sobre el paradero de los detenidos
desaparecidos.
La CORREPI y la represin policial
-
30
Unas lneas ms arriba hacamos mencin a unos de los casos ms
emblemticos de
violencia policial que ha sido un hito fundante de la identidad
de los reclamos que viene
motorizando hace ya varios aos la CORREPI junto con otras
organizaciones de familiares
de vctimas de la violencia policial. En realidad, el primero de
esos casos renombrados
fue la denominada masacre de Ingeniero Budge, en la cual
murieron a manos de la polica
tres jvenes que residan en esa localidad.38 La actividad de la
CORREPI se ha orientado
desde fines de los 80 a: a) patrocinar jurdicamente a las
familias que han sido vctimas del
gatillo fcil; b) a facilitar la organizacin de dichos familiares
y c) a acompaar los casos
judiciales con el recurso de la protesta.
De manera muy sintomtica, esta organizacin se ha preocupado por
sostener - de la
misma forma en que el discurso de los derechos humanos combati
la justificacin militar
de la represin como excesos de la guerra contra el terrorismo-
que la violencia policial no
es un fenmeno aislado sino que constituye una forma de accionar
de la institucin que
favorece una violacin sistemtica de los derechos humanos, es
decir, de las mnimas
garantas cvicas, especialmente en relacin con los estratos ms
bajos de la sociedad.
La Coordinadora no se dedica nicamente a llevar adelante
acciones de protesta.
Como se mencion anteriormente, uno de los objetivos de la
organizacin es dar apoyo
jurdico a las familias que han sido vctimas de casos de
violencia policial. Su trabajo
contribuye, en parte, a nivelar la falta de recursos con los que
cuentan los familiares para
enfrentar las situaciones que supone la confrontacin con la
corporativa institucin policial,
38 8 de mayo de 1987. Un anlisis detallado del caso en cuestin
puede encontrarse en: Jelin, E. y otros, Vida cotidiana y control
institucional en la Argentina de los 90, Nuevo hacer, Buenos Aires,
1996. Captulo V: Control ciudadano del des-control policial. El
captulo presenta los resultados de una investigacin llevada
adelante por Laura Gingold sobre dos casos de violencia policial y
sobre las caractersticas de la conformacin en el ao 1992 de la
Comisin de familiares de vctimas de la violencia institucional
(COFAVI).
-
31
dado que algunos registros muestran que los casos de gatillo
fcil afectan centralmente a
jvenes pertenecientes a familias de bajos ingresos o que viven
en barrios pobres o de
sectores medios 39.
Lo que ha motivado la realizacin de innumerables protestas, que
se han organizado
en torno a los casos y centralmente a partir de la movilizacin
de los vecinos del barrio al
que pertenecan las vctimas, es la falencia que presenta el
recurso judicial ordinario para
esclarecer procesos que suelen venir acompaados de estrategias
de encubrimiento. En
numerosos documentos y publicaciones,40 la organizacin se ha
preocupado por resaltar
esta dimensin activa y militante de los derechos humanos
vinculados a problemas de la
calidad de la democracia argentina en relacin con problemas de
vida cotidiana.
Un punto central que merece ser analizado en este tipo de
protestas es que han
permitido cuestionar las versiones oficiales respecto de los
casos de violencia policial y han
acercado importantes argumentos para discutir globalmente las
caractersticas de la
represin del delito. Los distintos casos de violencia policial
fueron puestos en perspectiva
mostrando que no representan excesos aislados o prcticas
disfuncionales sino que, por el
contrario, representan un subproducto constante del accionar de
las fuerzas de seguridad.41
39 La CORREPI lleva un registro estadstico de los casos de
violencia policial desde 1983 hasta la actualidad en todo el pas.
Este registro documenta hasta el momento unos 800 casos. Un anlisis
de las caractersticas de los afectados por la violencia policial
puede encontrarse en el citado captulo V del libro de Jelin, Vida
cotidiana..., op. cit. Tambin en un estudio del CELS (Centro de
Estudios Legales y Sociales) y del HWRA (Human Rights
Watch/Americas) realizado entre julio de 1995 y abril de 1998. Ver:
CELS y Human Rights Watch, La inseguridad policial: violencia de
las fuerzas de seguridad en Argentina, Eudeba, Buenos Aires, 1998.
40 La CORREPI edita la revista AntiRepresivo al tiempo que publican
informes y documentos electrnicos en una pgina web y a travs de una
lista de distribucin de correo electrnico. 41 El estudio del CELS,
antes citado, muestra en profundidad los elementos centrales que
permiten caracterizar el problema policial. En el informe final se
sostiene que la brutalidad policial es sistemticamente acompaada de
prcticas corporativas y fuertes falencias en los controles internos
y externos de los organismos de seguridad. Ver: CELS y Human Rights
Watch, La inseguridad..., op. cit.
-
32
Desde comienzos de la dcada del 90 el impacto de este tipo de
protestas ha sido
importante si se considera que, en buena medida, las discusiones
sobre las formas de la
represin del delito en Argentina han estado marcadas por la
consideracin de los casos de
gatillo fcil. Han habido desde entonces varios intentos de
reforma y de depuracin42 de
la polica de la Provincia de Buenos Aires, una de las ms
cuestionadas en las protestas
debido a la gran cantidad de casos registrados en ese
distrito.
A partir de febrero de 1996, los cuestionamientos al accionar de
las fuerzas de
seguridad en la Provincia de Buenos Aires se vieron potenciados
debido a una violenta
represin ocurrida en la ciudad de La Plata. Ms all de este hecho
particular, la reiteracin
de casos de gatillo fcil y su tematizacin pblica oblig a
sucesivas respuestas del jefe de
la polica bonaerense (en ese momento el comisario general Pedro
Klodczyk), del secretario
de seguridad de la provincia (Alberto Piotti) e incluso del
Ministro del Interior de la Nacin
(Carlos Corach)43. Finalmente, hacia fines de ese ao y en un
clima de fuertes crticas fue
relevada la plana mayor de la polica, se acept la renuncia del
secretario de seguridad y se
abri un proceso de reestructuracin de la fuerza con el pase a
disponibilidad de 27
comisarios generales y mayores.
La reforma de la polica bonaerense no estuvo slo impulsada por
la consideracin
de los efectos de la violencia policial. De hecho, buena parte
de la reestructuracin
administrativa se orient a volver ms operativa la tarea de
represin del delito. Sin
embargo, la destitucin de la conduccin de la fuerza y algunas
otras medidas especficas,
como la creacin de un tribunal de tica policial, la sancin de
una ley de disponibilidad de
los agentes o los intentos de profesionalizacin, estuvieron
marcadas por la discusin que
42 "Duhalde ya tiene lista la nueva polica, tras cortar varias
cabezas", en diario La Nacin, 15 de septiembre de 1996.
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se dio en torno a la violacin de derechos humanos como un
producto constante del
accionar policial.
Las reformas se ampliaron en el mbito nacional a comienzos de
1997 a raz del
asesinato del reportero grfico Jos Luis Cabezas en
circunstancias en las que se presuma
estaban tambin involucrados policas de la Provincia de Buenos
Aires. As, hacia fines de
1997, y con una marcada intervencin civil, se profundizaron los
procesos de reforma que
venan en curso notndose algunos cambios significativos.44 Ms all
de los resultados
especficos de las reestructuraciones que, como ya dijimos
estuvieron tambin impulsadas
por el problema de la inseguridad, cabe destacar que los
argumentos que circularon en
torno a los proyectos de reforma consideraron el tema particular
de los derechos humanos
en relacin con los medios de represin de los delitos.
La disputa sobre las formas de organizacin de las fuerzas de
seguridad ha estado
marcada desde fines de 1997 por una doble tensin. El eje de
protestas que estamos
analizando se han concentrado centralmente en una disputa
discursiva con algunas
perspectivas que vinculan la creciente debilidad policial con el
aumento del delito y la
inseguridad.
En los ltimos aos, la justificacin de las demandas que sostienen
este tipo de
protestas ha comenzado a integrarse con otras voces que impugnan
los resultados de las
reformas econmicas implementadas en Argentina. En este sentido,
han comenzado a
articularse este tipo de reclamos con aquellos que cuestionan el
modelo econmico y
especialmente con el aumento de la represin violenta que ha
acompaado el aumento
43 Ver: "El uso de las armas ante los delitos", en diario La
Nacin, 8 de mayo de 1996. 44 Se disolvieron las brigadas
especiales, se comenzaron a implementar procesos de
departamentalizacin y se presentaron diversos proyectos de ley que
revisaban sobre todo las formas de reclutamiento y de instruccin de
los agentes. Ver: CELS y HWRA, op. cit.
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creciente de la protesta social en el pas. An as, el trabajo
especfico de la CORREPI y de
las protestas que continan motorizando no ha dejado de sostener
un costado particularista.
De manera sumamente interesante, la organizacin no ha renunciado
a su disputa
especfica, ni a mantener los logros que han alcanzado
participando y apoyando los
reclamos vinculados a los casos especficos.
V. Comentarios finales
Este trabajo ha intentado mostrar cul ha sido el curso de las
protestas de derechos
humanos en Argentina durante la dcada del 90. Para tal fin,
hemos realizado un doble
camino: por un lado, indagamos las formas en que la teora social
contempornea da cuenta
de los fenmenos de movilizacin social y sus transformaciones
actuales; por otro, hemos
tratado de mostrar cules eran las caractersticas de la
movilizacin social en Argentina y
Amrica Latina en la dcada del 80, cul fue el vnculo especfico
que nucle a la
movilizacin con el tema de los derechos humanos y por fin, cmo
se ha desarrollado ese
vnculo en el contexto de la consolidacin democrtica.
El punto central que hemos querido resaltar es precisamente el
del fin de los
planteamiento militares y la sancin de los indultos como aquel
que permite comprender la
progresiva fragmentacin de la protesta de derechos humanos en,
al menos, cuatro ejes que
se han presentado sucesivamente. Esta caracterstica de la
particularizacin pareciera ser un
rasgo comn de las protestas en Argentina durante la dcada del
90. Ello dificulta situar el
recorte especfico de un mbito de la movilizacin vinculada a los
derechos humanos.
Como lo hemos sostenido ms arriba esa identificacin puede ser
pensada siguiendo el
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rastro de los temas o conflictos que marcan confrontaciones
inscriptas pblicamente como
problemas de derechos humanos. En algunos casos, aquellos en que
las mismas
organizaciones o incluso demandas similares muestran una
continuidad con el pasado el
vnculo es ms preciso. En otros, la difusin y la ampliacin de un
repertorio de protesta
puede guiar la indagacin.
Por otro lado, este trabajo discute la politicidad de los
derechos humanos. En este
sentido, quisimos mostrar que su despliegue no supone
centralmente una formalizacin
jurdica, ni una forma de respuesta tica, ni siquiera se agotan
en un programa poltico -
aunque este tipo de elementos no estn desligados de su
operatividad- sino que representan
un ideal que puede sustentar la accin poltica. Los derechos
humanos pueden ser
entendidos como un ideal inalcanzable,45 como una forma de
demanda de ampliacin de
derechos que puede ser modificada y actualizada de manera
indefinida.
A modo de ejemplo: en 1995, la Asamblea Permanente por los
Derechos Humanos
publicaba un informe sobre sus primeros veinte aos de actividad
en la Argentina. En dicho
informe se relatan las circunstancias de creacin de la
APDH-Argentina y los elementos de
discusin de las primeras reuniones. Esos primeros temas de
discusin se vinculaban con
las violaciones a los derechos humanos cometidas por la triple
A, en esos aos, que luego
del golpe militar se agudizaran. De modo interesante, la
evaluacin que sigue del estado y
la vigencia de los derechos humanos en Argentina veinte aos
despus nos presenta una
multitud de temas y problemas cuestionados. El informe se
refiere, por supuesto, a la
cuestin de las libertades pblicas (derechos y garantas
individuales), pero tambin incluye
apartados sobre: la situacin carcelaria, seguridad jurdica y
funcionamiento del poder
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judicial, libertad de prensa y derecho a la informacin y sobre
los derechos econmico
sociales.
Por ltimo, nuestra intencin ha sido tambin mostrar de qu manera
el lenguaje de
los derechos humanos se muestra como un mbito propicio para la
legitimacin de la
protesta, entendida como una forma de accin poltica y como,
adems, ese lenguaje
muestra una permeabilidad creciente para acoger nuevos sujetos,
temas y argumentos a ser
presentados. Ese potencial se vincula con su gnesis histrica, al
menos en el caso
argentino, como articulador de distintas demandas en torno a los
valores democrticos. Ese
sentido originario, si bien subyace en el horizonte de las
protestas se ha transformado
sustancialmente. La calidad de la democracia es ahora
cuestionada a partir del lenguaje de
los derechos humanos que pueden sostener demandas de las ms
variadas. Si, originalmente
este tipo de reclamos se orientaban hacia la defensa de los
derechos civiles y polticos, hoy
en da una progresiva apertura muestra su potencial tambin como
legitimacin de
demandas sociales y econmicas.
45 Para un anlisis detallado ver: Lefort, C., "Droits de l'homme
et politique", en L'invention dmocratique, Fayard, Paris, 1994 y
Lechner, N., "Los derechos humanos como categora poltica",
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