· Se g u n d a Le g i S L at u r a Ordinaria d e 2010 - tO m O ii - Diario de los Debates 1285 14.a d Se S ói n (ve S pertina ) 9-6-2011 - Diario de los Debates 14.ª D SESIÓN

1285Segunda LegiSLatura Ordinaria de 2010 - tOmO ii - Diario de los Debates

14.a d SeSión (veSpertina) 9-6-2011 - Diario de los Debates

14.ª D SESIÓN (Vespertina)

JUEVES 9 DE JUNIO DE 2011

PRESIDENCIA DEL SEÑOR CÉSAR ALEJANDRO ZUMAETA FLORES

Y DE LA SEÑORA ALDA LAZO RÍOS DE HORNUNG

SUMARIOSe pasa lista.— Se reanuda la sesión.— Previa sustentación y debate, se aprueba el Informe Final en mayoría, con las supre-siones de las conclusiones 16 y 24, de la Comisión investigadora sobre los hechos acontecidos en la ciudad de Bagua, aledaños y otros, ocurridos en junio de 2009.— Se levanta la sesión.

1 Por Res. Leg. N.° 23680 (13-10-83), se dispone permanentemente una curul, en el Hemiciclo del Congreso, con el nombre del Diputado Miguel Grau Seminario. La lista de asistencia comenzará con el nombre del Héroe de la Patria, MIGUEL GRAU SEMINARIO, tras cuyo enunciado la Representación Nacional dirá ¡PRESENTE!

—A las 15 horas y 32 minutos, bajo la Presidencia del señor César Zumaeta Flores e integrando la Mesa Directiva la señora Alda Lazo Ríos de Hornung y el señor Eduardo Espinoza Ramos, el Relator pasa lista, a la que contestan los señores Miguel Grau Seminario1, Lazo Ríos de Hornung, Espinoza Ramos, Alcorta Suero, Balta Salazar, Bedoya de Vivanco, Beteta Rubín, Bruce Montes de Oca, Cabanillas Bustamante, Cajahuanca Rosales, Calderón Castro, Carpio Guerrero, Cenzano Sierralta, Cribilleros Shigi-hara, Estrada Choque, Flores Torres, Foinquinos Mera, Fujimori Fujimori, Galarreta Velarde, Giampietri Rojas, Guevara Gómez, Gutiérrez Cueva, Herrera Pumayauli, León Zapata, Lescano Ancieta, Lombardi Elías, Macedo Sánchez, Mekler Neiman, Menchola Vásquez, Moyano Delgado, Negreiros Criado, Núñez Román, Otárola Peña-randa, Pando Córdova, Pastor Valdivieso, Pérez del Solar Cuculiza, Pérez Monteverde, Perry Cruz, Ramos Prudencio, Reátegui Flores, Rebaza Martell, Reggiardo Barreto, Reymundo Mercado, Robles López, Ruiz Delgado, Sánchez Ortiz, San-tos Carpio, Serna Guzmán, Sucari Cari, Sumire

de Conde, Tapia Samaniego, Torres Caro, Uribe Medina, Urtecho Medina, Vargas Fernández, Vásquez Rodríguez, Vega Antonio, Venegas Mello, Vílchez Yucra, Yamashiro Oré y Zeballos Gámez. (Los señores congresistas precitados, además de contestar a la lista, registran su asistencia).

Con licencia oficial, los congresistas Abugattás Majluf, Cánepa La Cotera, Eguren Neuenschwan-der, Fujimori Higuchi y Mallqui Beas.

Con licencia por enfermedad, los congresistas Alegría Pastor, Alva Castro, Gonzales Posada Eyzaguirre, Hildebrandt Pérez Treviño, Mayor-ga Miranda, Valle Riestra González Olaechea y Waisman Rjavinsthi.

Ausentes, los congresistas Aguinaga Recuenco, Acosta Zárate, Belmont Cassinelli, Cabrera Campos, Carrasco Távara, Castro Stagnaro, Chacón De Vettori, Cuculiza Torre, De la Cruz Vásquez, Del Castillo Gálvez, Escalante León, Escudero Casquino, Espinoza Cruz, Falla Lama-drid, Florián Cedrón, Galindo Sandoval, García

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Belaúnde, Guevara Trelles, Huancahuari Páucar, Huerta Díaz, Isla Rojas, León Minaya, León Ro-mero, Luizar Obregón, Luna Gálvez, Maslucán Culqui, Mendoza del Solar, Morales Castillo, Mulder Bedoya, Nájar Kokally, Obregón Peralta, Pari Choquecota, Peláez Bardales, Peralta Cruz, Raffo Arce, Rivas Teixeira, Rodríguez Zavaleta, Saldaña Tovar, Sasieta Morales, Silva Díaz, Sousa Huanambal, Supa Huamán, Urquizo Maggia, Velásquez Quesquén, Vilca Achata, Wilson Ugarte y Zamudio Briceño.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Están presentes en la sesión 61 señores congresistas. El quórum para la presente sesión es de 55.

Con el quórum reglamentario, se reanuda la sesión.

Previa sustentación y debate, se aprueba el Informe Final en mayoría, con las supresiones de las conclusiones 16 y 24, de la Comisión investigadora sobre los hechos acontecidos en la ciudad de Bagua, aledaños

y otros, ocurridos en junio de 2009

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— El primer tema.

El RELATOR da lectura:

Comisión investigadora sobre los hechos acon-tecidos en la ciudad de Bagua, aledaños y otros, determinando responsabilidades a que haya lugar.

Informe final en mayoría suscrito por los con-gresistas Moyano Delgado, Espinoza Ramos y Perry Cruz, presentado y publicado en el Portal del Congreso el 12 de mayo de 2010.

Informe final en minoría suscrito por los con-gresistas Falla Lamadrid y Calderón Castro, presentado y publicado en el Portal del Congreso el 18 de mayo de 2010.

Informe final en minoría suscrito por el congresis-ta Isla Rojas, presentado y publicado en el Portal del Congreso el 18 de mayo de 2010.

Informe final en minoría suscrito por el congre-sista Lombardi Elías, presentado y publicado en el Portal del Congreso el 18 de mayo de 2010.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Se va a iniciar la sustentación del

informe final en mayoría, presentado por la congresista Martha Moyano Delgado y por los congresistas Eduardo Espinoza Ramos y Juan David Perry Cruz, integrantes de la Comisión investigadora sobre los hechos acontecidos en la ciudad de Bagua, aledaños y otros, determinando responsabilidades a que haya lugar.

Si, consultado al Pleno, se rechaza el informe final en mayoría, se debatirán, en el orden de su presentación, los informes finales en minoría, presentados por diversos congresistas.

Tiene la palabra la congresista Martha Moyano para sustentar el informe en mayoría que ha sido distribuido oportunamente a los señores congresistas.

La señora MOYANO DELGADO (GPF).— Gracias, señor Presi-dente.

Después de una larga espera, susten-to el referido informe en el Pleno. No hay un solo informe, sino cuatro

informes: tres en minoría y uno en mayoría. El de mayoría tiene tres firmas. Pocas veces, en la his-toria del debate parlamentario, una sola comisión investigadora ha presentado cuatro informes.

Los sucesos de Bagua fueron muy lamentables. Sea cual sea la decisión que tome hoy el Congreso, es importante que la representación nacional asu-ma una reflexión profunda sobre las necesidades de los pueblos amazónicos y andinos que requieren ser atendidas por el Parlamento Nacional y el Poder Ejecutivo.

En el marco normativo del informe en mayoría se ha considerado la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Convenio 169-OIT, la Declaración de las Na-ciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Constitución Política del Perú, el Reglamento del Congreso, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Código Penal, la Ley Orgá-nica de la Policía Nacional, el Tratado de Libre Comercio, los Decretos Supremos 027-2009-PCM y 035-2009-PCM y las Resoluciones Supremas 159-2009-DE y 159-2009-DE.

De acuerdo con la información oficial de la Policía Nacional, difundida a través de diversos medios de comunicación, existe una investigación en sede policial por los hechos de Bagua y existiría,



incluso, un informe al respecto. Por lo tanto, es competencia de la Comisión valorar ese proceso, su legalidad, su corrección y, eventualmente, las conclusiones del informe aludido para el pronun-ciamiento sobre eventuales responsabilidades administrativas que se hubiesen verificado.

Todo indica que por los mismos hechos existe un proceso penal en marcha, incluso existiría un proceso en la justicia militar policial; si ello así, corresponde a la Comisión llamar la atención sobre una posible vulneración de la prohibición constitucional de persecución sancionadora múltiple, simultánea o sucesiva. De presentarse una situación como esta, serían cuestionados los procesos sancionadores penales o disciplinarios mediante procesos de hábeas corpus, lo cual no resulta deseable. Dejamos constancia de esto para que la representación nacional tome en cuenta lo que estamos presentando hoy como Comisión.

Hay dos razones básicas para incluir el Decreto Supremo 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial: En primer lugar, por la actuación del Presidente del Poder Judicial ante los hechos (su reunión con los líde-res nativos y su visita y reunión con los órganos jurisdiccionales que se encuentran conociendo los hechos). Esto es compatible o no con el principio de independencia de la función jurisdiccional en su concreción al interior del Poder Judicial. En segundo lugar, por la solicitud de información que dirigirá la Presidencia de la Comisión al Poder Judicial sobre los procesos en curso por los hechos de violencia ocurridos en Bagua. Sobre el marco normativo, he acentuado dos hechos concretos en los procesos que están en curso para que la Comisión no cometa exceso alguno cuando este-mos presentando la información.

Cronología sobre los hechos objeto de investi-gación.

El Congreso de la República, por tercera vez, posterga el 4 de junio de 2009 el debate y la deroga-ción del Decreto Legislativo 1090, a pedido, como cuestión previa, del congresista Mulder Bedoya, hasta tener el dictamen de la mesa multisectorial conformada por representantes del Ejecutivo y de la Aidesep (Asociación Interétnica de Desa-rrollo de la Selva Peruana). Dicha moción, que se vota a los pocos minutos de haberse iniciado la sesión con la presencia de 54 congresistas, se aprueba por 31 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones.

El presidente de la Aidesep convoca a una “mo-vilización nacional por la paz y defensa de la

soberanía del país el jueves 11 de junio”, según el informe en minoría de los sucesos de Bagua.

El Comité de Lucha del pueblo Jíbaro, Huam-bisa y Awuajun del distrito de Río Santiago, provincia de Condorcanqui, en el departamento de Amazonas, informa que continuará acatando la medida de protesta apoyando a los pobladores que se encuentran en la Estación de Petróleo 5, en la carretera Fernando Belaúnde Terry, según informe en minoría sobre los sucesos de Bagua.

Hay una reunión en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de la Ministra del Interior, del Ministro de Defensa, del Ministro de Energía y Minas, del Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de otros altos funcionarios de los sectores Defensa e Interior, para evaluar el apoyo de las Fuerzas Armadas en las acciones de desbloqueo de la carretera Fernando Belaúnde Terry (sector “Curva del Diablo”), según infor-mación presentada por la entonces ministra Cabanillas.

Se remite el Informe 03 de 2009, en el cual se da cuenta de la reunión de coordinación en la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, entre las 12 y las 13 horas, con el objetivo de planificar el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional del Perú (PNP) en las operaciones que se deben realizar para el desbloqueo de los kilómetros 200 a 202 de la carretera Fernando Belaúnde Terry. De la reunión se llega a los si-guientes acuerdos:

El Ejército del Perú apoyará con 140 efectivos distribuidos en la Estación 5, Saramiriza; Estación 6, Kusu Grande; y Estación 7, La Morona. La Fuerza Aérea del Perú apoyará con dos aviones Antonov para el traslado de 100 policías desde la base de Santa Lucía, Dirandro-PNP, hasta el Aeropuerto de Shumba-Jaén; apoyo con un Boeing FAP y tres helicópteros para el traslado de efectivos del Ejército. La PNP incrementará con 150 efectivos que serán trasladados en el Antonov hacia el aeropuerto de Shumba-Jaén; asimismo, apoyará con un helicóptero MI-17. El Ministerio de Energía y Minas gestionará la presencia de 10 fiscales en la zona de operaciones (Según informe de Cabanillas, entregado en sesión extraordinaria del 12 de febrero de 2009).

Se remite el Memo Múltiple 49-2009-DIREOP-PNP/EM-OFIPLO al general Uribe Altamirano, en el cual el general Bernabé Garavito Berrocal, Director Ejecutivo Operaciones Policiales, solicita subsanar 9 observaciones en la Orden de Opera-ciones 25-209-IV-DIRTEPOL-T/RPNP-AMAZ-



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DESALOJO CARRETERA FBT 2009, así como considerar, en su planeamiento, 100 efectivos de la Dinandro -Depotad-Santa Lucía y 50 efectivos de la USE VII-DIRTEPOL-Lima. (Versión del general Garavito entregada en la sesión de 23 de febrero de 2009).

Estoy mencionando cómo se han recibido las in-formaciones de las personas citadas, incluso de la entonces ministra Cabanillas y otros ministros de Estado, así como el testimonio de varios testigos de los sucesos ocurridos no solo el 4 y 5 de junio, sino también cuarenta días antes.

Mediante Resoluciones Supremas 192-2009-DE/SG y 193-2009-DE/SG, el Ministerio de Defensa dispone que las Fuerzas Armadas tomen el control interno de las zonas declaradas en emergencia y aprueba las disposiciones para el desenvolvi-miento de las actividades de las poblaciones de Bagua y Utcubamba (Versión de Yehude Simon en la sesión del 15 de diciembre de 2009).

Según el informe de la Defensoría del Pueblo, el 5 de junio de 2009 se produjeron tres graves sucesos de violencia: uno en la Curva del Dia-blo, en el marco de un operativo de desalojo de indígenas y otros manifestantes apostados en la carretera Fernando Belaúnde Terry; un segundo hecho ocurrió en la Estación 6 PetroPerú, en Imaza; y un tercer hecho estuvo constituido por las simultáneas protestas violentas contra las entidades públicas en las localidades de Bagua y Utcubamba (Amazonas) y de Jaén (Cajamarca). El balance de los daños que se produjeron el 5 de junio arroja estas dramáticas cifras:

-Treinta y tres muertos, entre ellos veintitrés policías, cinco indígenas y cinco pobladores de Bagua, que fueron muertos de manera circuns-tanciales.

-Un desaparecido (oficial de la PNP).

-Doscientas personas heridas. De estas, ochenta y dos presentaron lesiones producidas por armas de fuego y, de estas últimas, diecisiete mostraban lesiones ocasionadas por perdigones.

-Cuantiosos daños materiales.

Pasamos ahora a hacer un análisis de la actuación del Poder Ejecutivo y del Congreso de la República con relación a los decretos legislativos y de lo que ocurrió el 5 de junio, para terminar con algunas conclusiones.

Los dolorosos acontecimientos de Bagua genera-ron una ola de comentarios respecto a los decretos

legislativos, su constitucionalidad, el mecanismo de delegación de facultades legislativas, el control parlamentario sobre lo promulgado por el Ejecu-tivo y una serie de temas afines.

En tal sentido, el presente capítulo comprende identificar los problemas en torno a la delegación de facultades otorgada mediante la Ley 29157, identificar los problemas en torno al uso de la dele-gación de facultades por parte del Poder Ejecutivo, hacer una propuesta, que eventualmente se puede transformar en una iniciativa de ley, para mejorar el sistema de delegación de facultades a fin de que la experiencia vivida sea capitalizada.

Durante el debate el 14 de diciembre de 2007, surge la propuesta de conformar una comisión para que ejerza cierto control sobre la facultad que se estaba delegando. En un primer momento, el Gobierno, a través del Presidente del Consejo de Ministros, ofrece la conformación de una Comisión Mixta, compuesta por miembros del Ejecutivo y del Legislativo, para ejercer control concurrente. La propuesta es desestimada porque se consideró que con esa fórmula el Congreso asumía responsabilidades respecto a una facultad que estaba delegando. Finalmente, se llega a un acuerdo político para conformar una Comisión Multipartidaria de control posterior. Dicha Co-misión se conformó y su accionar será analizado en otro momento del presente informe.

Algunas observaciones respecto de la delegación de facultades:

1. Los términos en los que ella fue otorgada son amplísimos y, al parecer, los legisladores eran conscientes de ello, de ahí la insistencia en diseñar algún tipo de control.

2. El artículo 2 de la ley establece los límites de la delegación. En su primera parte se indican taxa-tivamente las materias delegadas. Es importante observar que el Congreso añadió la última materia relativa a la competitividad agropecuaria, pero no objetó ninguna de las solicitadas por el Ejecutivo. En la segunda parte, el mencionado artículo esta-blece un límite adicional al remitir las materias antes detalladas al “marco del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos”. En tal sentido, la norma delegaba facultades pero estableciendo dos límites: las materias y el marco en que esas materias podían ser reguladas. Adicionalmente, se estableció un límite temporal de 180 días para cumplir con el mandato.

3. Desde la perspectiva formal, la delegación de facultades no adolece de defecto alguno. Se argu-



mentó por aquel entonces que no era necesaria, ya que el Congreso estaba dispuesto a sesionar en legislatura extraordinaria y de manera exclu-siva para debatir los proyectos que considerara necesario el Ejecutivo. No obstante lo anterior, el acuerdo político mayoritario fue optar por la delegación señalándose, entre otros argumentos, que el tiempo apremiaba y se trataba de legisla-ción especializada.

Hubo problemas en torno al uso de la delegación. A lo largo de ciento ochenta días, en una de las facultades conferidas, el Ejecutivo expidió noventa y nueve decretos legislativos, setenta y seis de ellos fueron dictados en el último mes, especial-mente en las últimas semanas. Del análisis de los decretos se puede observar que mediante ellos se ha procedido a una verdadera reforma del marco regulatorio en diversas actividades económicas, así como de la estructura organizacional del Es-tado, lo que ha supuesto la creación de un nuevo ministerio, la modificación de la organización y funciones de otros, la creación y modificación de competencias de organismos públicos, etcétera.

Se debe observar que, en su parte considerativa, seis decretos legislativos no hacen referencia alguna a las materias incluidas en la delegación de facultades, aunque ellos están referidos al Tratado de Libre Comercio.

Dados los límites del presente informe, ahora nos concentraremos en los decretos legislativos que afectan a los pueblos indígenas. Las materias de algunos proyectos de ley han sido recogidas por varios decretos legislativos.

Por ejemplo, el Decreto Legislativo 1089, pu-blicado el 28 de junio de 2008, es una versión muy similar al Proyecto de Ley 01770-2007 que presentó el Poder Ejecutivo el 21 de octubre de 2007, cuyo objeto era establecer el régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de predios rurales, comunidades cam-pesinas y comunidades nativas. Este proyecto de ley fue decretado a la Comisión de Vivienda y Construcción y a la Comisión Agraria pero no fue aprobado en estas. Simultánea e inmedia-tamente el Ejecutivo da un decreto legislativo. Así como este caso, varios proyectos de ley pre-sentados por el Ejecutivo, y relacionados con las materias en las facultades delegadas, no fueron dictaminados en el Congreso de la República. En algunos casos, el Congreso de la República los remitió al archivo. Por eso, el Ejecutivo tomó la decisión de dictar decretos legislativos de las materias propuestas antes en algunos de esos proyectos de ley.

Pese a que, según la Comisión Multipartidaria presidida por la congresista Lazo, el Ejecutivo no colaboró con la evaluación conjunta con el Congreso de la República de los decretos legisla-tivos, nosotros señalamos que no se podía llegar a afirmar que el incumplimiento del acuerdo político establecido entre el Congreso de la República y el Ejecutivo constituya un vicio de nulidad o anu-labilidad de las normas. Nos encontramos frente a un caso en el que la legalidad de las normas se mantiene intacta, a pesar de algunos defectos que atacan su legitimidad.

No hemos podido determinar aún si la omisión de la inclusión del acuerdo político en el texto de la Ley 29157 se debió a un descuido o a una maniobra política. En todo caso, la negativa del Ejecutivo a cumplir con el acuerdo acarrearía responsabilidad política del Gabinete de aquel entonces.

Aquí, en el Pleno, en la Comisión de Constitu-ción y Reglamento y en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, Ambiente y Ecología se ha tratado muchas veces el derecho a la consulta previa. Es importante señalar que si bien el Convenio 169 es, hasta el momento, el mejor instrumento internacional relativo al derecho de los pobladores indígenas, la consulta constituye la piedra de toque para el ejercicio de esos derechos. En otras palabras, si algún legado debe comprometer nuestra Comisión, este debe ser la materialización del derecho a la consulta, a fin de que se vaya construyendo la cultura de diálogo en la solución de conflictos.

En primer lugar, se impone distinguir la propuesta de la Comisión especial multipartidaria encargada de evaluar y recomendar los lineamientos y las políticas destinadas a brindar solución a la pro-blemática de los pueblos indígenas amazónicos y comunidades campesinas de la sierra (CEM) de las otras propuestas. La CEM pretende introducir en el Reglamento del Congreso un procedimiento que permite incorporar en la labor legislativa la con-sulta previa a los pueblos indígenas prescrita en el Convenio 169. Creo que si nosotros señaláramos en el Reglamento del Congreso que los proyectos de ley pueden ser consultados previamente al amparo del Convenio 169, podríamos evitar una serie de conflictos sociales como los que se han venido suscitando a lo largo de este tiempo.

La actuación del Congreso ha tenido que ver con el debate de los proyectos de ley que se presentaban acá, incluso la actuación del Congreso señalaba la disposición de tomar y firmar acuerdos entre el Presidente del Congreso y los representantes de los indígenas. En este informe, están los acuer-



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dos firmados cuando el entonces Presidente del Congreso solicitaba a los parlamentarios tomar en cuenta estos acuerdos.

Paso a informar al detalle lo que pasó en la Curva del Diablo el 05 de junio de 2009.

A las cinco de la mañana se inicia el desplazamien-to del primer escuadrón al mando del comandante Luis del Carpio Sánchez y el mayor Felipe Bazán Soles con cincuenta y ocho efectivos partiendo de la Base de la DINOES-PNP (División Nacional de Operaciones Especiales), Base Corral Quemado, con dirección a las alturas del cerro colindante al kilómetro 201 de la Curva del Diablo. Los efecti-vos son conducidos en vehículos hasta la garita cercana, desde donde inician el ascenso que les toma aproximadamente cuarenta y cinco minutos. El escuadrón estaba armado con cincuenta y un AKM, cinco escopetas de caza para perdigones y cinco escopetas lanzagás. Adicionalmente conta-ban con casco, chalecos de protección, escudos, varas de goma y cinco mascarillas antigas. (Estos datos están contenidos en el Informe 014-2009 de la DIROES-PNP-DINOES/BCQ del 15 de junio de 2009).

A las cinco horas y treinta minutos, el primer escuadrón toma las alturas del cerro colindante a la Curva del Diablo. Los efectivos descansan y, para esos efectos, se desprenden de parte de sus equipos. Algunos logran comunicarse vía celular con algunos familiares ya que tenían señal. Se observa unos pocos indígenas subiendo al cerro y el comandante ordena a dos efectivos que se proceda a intervenirlos. Los indígenas escapan hacia la pista y luego se observa la explosión de una bengala que era una señal de alerta de los indígenas. (Esta información proviene de los tes-timonios de dos suboficiales de la Policía Nacional del Perú en la sesión del 10 de febrero de 2010).

A las seis horas y diez minutos, los efectivos que habían salido a inspeccionar regresan con la noticia de que una multitud está subiendo. El escuadrón se vuelve a equipar y se repliega ordenadamente; aunque le queda poco espacio para maniobrar por la particularidad geográfica del cerro. Comienzan a caer piedras y otros obje-tos contundentes arrojados por los indígenas. Se ordena formar una fila de contención y se usa gas lacrimógeno para reprimir el ataque, sin embargo la efectividad se ve reducida por el viento de la zona abierta.

Los indígenas enfrentan a la policía con cohetes pirotécnicos y algunas armas de cacería, simul-táneamente incendian el pasto seco creando un

cerco de fuego en torno a los policías reduciendo la visibilidad. La situación de torna crítica y los disparos disuasivos contribuyen a la confusión. Caen los primeros heridos. El mayor Bazán y un grupo se separan del contingente dirigiéndose a la parte más alta del cerro. El resto del escuadrón los pierde la vista.

El dirigente Santiago Manuin Valera se adelanta a la multitud e intenta apaciguar los ánimos y dialogar con los policías, recibiendo un disparo en el estómago. Los intentos por comunicarse con el general Muguruza o alguien de su entorno eran infructuosos. La radio con la que contaba el escuadrón no tenía suficiente cobertura. Aproxi-madamente a las seis y treinta de la mañana, el suboficial Roldán se comunica vía celular con el general Bernabé Garavito, en Lima, solicitando apoyo del grueso del contingente. Mientras tanto el mayor Bazán y sus hombres son desbordados por los indígenas. Los efectivos policiales son des-pojados de su equipo y armamento que, a partir de entonces, es usado en contra de los policías.

El suboficial Johnny Salcedo Meza es impacta-do en el abdomen por un proyectil de arma de fuego y cae herido de muerte. Igualmente, pero en el otro sector del cerro, los suboficiales José García Guzmán y José Antonio Vilela Morales son impactados por armas de fuego disparadas a larga distancia.

El general Muguruza, a las seis horas y treinta minutos, parte de la Base de la DINOES PNP en Corral Quemado con el segundo y tercer escua-drón al mando de los comandantes Fernández Guevara y Chicana Dett, respectivamente. Luego avanzan el cuarto, quinto y sexto escuadrón. Fi-nalmente, parte el helicóptero MI-17 al mando del general Javier Uribe Altamirano, con el objetivo de usar agentes lacrimógenos desde el aire.

A las seis horas y cincuenta minutos, el mayor Bazán y el suboficial Niebles Cahuana son capta-dos por un video en los momentos en los que son bajados por una turba del cerro. Entre las ocho horas y catorce minutos, el suboficial Niebles mue-re como consecuencia de traumatismos cráneo encefálico y toráxico. Su cadáver es hallado junto a la carretera, a las veintiún horas. El paradero del mayor Bazán todavía es un misterio.

A las siete horas y dieciocho minutos, el general Luis Muguruza Delgado llega a la Curva del Dia-blo. Una vez en el lugar, el contingente recibe el ataque de armas de fuego y, como consecuencia de este ataque, cae mortalmente herido el sub-oficial Julio César Valera que formaba parte de



la dotación de tanqueta. Durante casi tres horas se procede a despejar la carretera.

A lo largo del enfrentamiento también hubo cinco muertos con proyectil de arma de fuego entre los indígenas, los que luego serían identificados como Felipe Sabio César, Rommel Tenazoa Sánchez, David Jausito Mashigkash, Genaro Samecash Chamik y Jesús Carlos Timias.

A las diez horas y quince minutos, la Policía toma control de El Reposo, donde los indígenas habían quemado dos vehículos, y luego de retirar los vehículos siniestrados de la carretera se reabre el tránsito. A partir de entonces se producen inci-dentes aislados durante toda la mañana en tanto los indígenas se replegaban hacia Bagua.

Simultáneamente a estos hechos, en las ciudades de Bagua, Utcubamba y Jaén se producen desma-nes con daños a la propiedad pública y privada y con el saldo lamentable de cinco ciudadanos muertos. De acuerdo con la información radial y documentada, estos desmanes no tuvieron como protagonistas a los indígenas sino a los vecinos de esas ciudades; algunos manifestaban apoyo a los indígenas y otros, aprovechando la confusión, perpetraban vandalismo.

Sobre el análisis del operativo de la Curva del Diablo, debo decir que tal como se desprende de la cronología que se señala en este informe, el operativo policial de desalojo del 5 de junio de 2009 fue planificado por los altos mandos policiales. Así consta en el Plan General de Operaciones 08-2009 DIREOP PNP/EM OFIPLO “PARO AMAZÓNICO-2009”, suscrito el 25 de mayo de 2009 por el general Bernabé Garavito, Director de Operaciones Policiales. Este constituye un documento general que, según su propio autor, “contiene lineamientos generales de doctrina de los procedimientos”; es decir, constituye un marco de uso en el diseño de una orden de operaciones elaborada por los oficiales que se encuentran en el terreno.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Congresista Moyano, ¿requiere un tiempo adicional?

La señora MOYANO DELGADO (GPF).— Por supuesto, Presidente.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— ¿Cuánto tiempo necesita?

La señora MOYANO DELGADO (GPF).— Cinco minutos, y termino, Presidente.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Tiene cinco minutos.

La señora MOYANO DELGADO (GPF).— A las quince horas del 31 de mayo de 2009, la ministra del Interior Mercedes Cabanillas Bustamante, en compañía de los ministros de Defensa y de Energía y Minas, participaron en una reunión

en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en la que también estuvieron presentes el general Francisco Contreras; el vicealmirante Jorge de la Puente, Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas; el general José Sánchez Far-fán, Jefe del Estado Mayor de la PNP; el general Bernabé Garavito, Director de Operaciones PNP; el general Francisco Pasco, Director de Inteligen-cia PNP; el coronel Marlon Savitzky, Jefe de la Central de Operaciones Policiales de la DIRGEN y funcionarios de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP). En dicha reunión se trato la delicada situación generada en el Cusco al poner al descubierto la fibra óptica en la válvula KP152 de Kiteni y los problemas con la toma de la vál-vula KP122 en Kepashiato. Luego de estudiar la situación, se acordó que la PNP asuma el control de Kiteni (KP 152 y KP 122) y que el Ejército re-levara a la PNP en la bocatoma de Aramango, la hidroeléctrica El Muyo, el puente Corral Quemado y la Estación 7 El Valor, con un total de ciento un efectivos. Igualmente, se determinó que los efectivos policiales relevados se incorporarán al contingente que llevaría adelante el desalojo de la Curva del Diablo.

Con fecha 3 de junio de 2009, se expiden dos memorandos múltiples, en los cuales se ordena: “Que se realice una apreciación de la situación para proceder a la ejecución del desbloqueo; in-formar permanentemente respecto al avance del planeamiento y operaciones realizadas, para cono-cimiento de este Comando y de la señora Ministra del Interior para la toma de decisiones; ejecutar el Plan de Operaciones 08-2009 DIREOP PNP/EM OFIPLO ‘PARO AMAZÓNICO-2009’; coor-dinar con el general de brigada EP, comandante de la sexta brigada EP de Selva, El Milagro, para que el ejército asuma la seguridad de la Estación 7 El Valor, La central hidroeléctrica El Muyo, la bocatoma de Aramango y el puente Corral Quemado; incrementar en cincuenta efectivos la fuerza que se trasladará en el día a la zona de operaciones”.

A partir de entonces, el general Muguruza asume el comando operativo. Sin embargo, esta situa-ción reviste un aspecto de la mayor importancia.



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Siendo el general Muguruza un oficial de mayor antigüedad que el general Garavito, la conducción y la responsabilidad tenía que ser asumida por el general Muguruza.

El 4 de junio de 2009, a partir del mediodía, se lleva a cabo la segunda reunión en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en la que se evaluó el apoyo de las Fuerzas Armadas a la operación de desalojo de la Curva del Dia-blo. La ministra agregó ante la Comisión que fue informada de la fecha y hora del inicio del operativo por un informe recibido a las veinte horas. Aproximadamente a esa misma hora, veinte horas, se producía en las afueras de la Estación 7, PetroPerú, una entrevista entre el general Uribe y Salomón Awanash, con la pre-sencia del monseñor Santiago María García de la Rasilla, el ingeniero Jaime Vílchez, alcalde de Jaén, y algunos manifestantes. Dicha reunión ilustra la situación que se vivía horas antes del desalojo.

De acuerdo con los testimonios de los participan-tes entrevistados por la Comisión, el dirigente Salomón Awanash se mostraba preocupado por un eminente desalojo y quería conversar con el general Uribe. Estas conversaciones fueron infructuosas. Finalmente, se toma la decisión de ejecutar el desalojo porque no se pudo concretar la conversación entre los dirigentes y la Policía Nacional.

El 5 de junio de 2009, a las seis horas y treinta minutos, después de algunas informaciones pe-riodísticas de supuestos asesinatos de parte de la Policía Nacional contra los indígenas o pobladores que se encontraban en la protesta, los indígenas toman la decisión de ingresar a la Estación 6 y de tomar como rehenes a más de veinte policías. En la Comisión, hemos evaluado la participación de los medios de comunicación nacional y local, en el tratamiento del tema. En la Estación 6, el personal civil y policial se enteró de la operación, vía Radio Programas del Perú. Tal situación fue informada de inmediato al comandante PNP Carlos Montenegro Castillo.

A las siete de la noche, el ingeniero Fernando Urízar, Jefe de la Estación 6, tuvo conocimiento de la operación en la Curva del Diablo, a raíz de la información vía teléfono satelital de sus superiores jerárquicos en PetroPerú. Ante esta situación, solicitó el apoyo militar de inmediato para garantizar la seguridad de la Estación. Al poco tiempo le llamaron y le informaron que 60 efectivos de la Base Mesones Muro estarían sumándose.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Congresista Moyano, tiene tres minutos más para que termine su intervención.

La señora MOYANO DELGADO (GPF).— Señor Presidente: No es una intervención, sino la sustenta-ción de un informe. Hay que tomar en cuenta que hemos tenido listo este informe desde hace mucho tiempo y que recién ayer nos solici-

taron que sustentemos hoy el informe. Además, la Comisión ha emitido cuatro informes. Pido que nos permita terminar la sustentación oral en vista de que no ha habido tiempo para apoyarnos con videos.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Continúe, congresista Moyano.

La señora MOYANO DELGADO (GPF).— Aproximadamente unos mil quinientos nativos empezaron a desplazarse hacia la Estación 6, a las nueve horas y treinta minutos, lugar donde se encontraban los efectivos de la DINOES, zona de vivienda. Se pudo observar a los nativos grabando en video las instalaciones de la vivienda, exigiendo a la vez que los miembros de la DINOES entre-guen sus armas y se rindan. El dirigente Simón Wippio y otros líderes nativos se apersonan a la puerta de la Estación 6, Zona de Vivienda, y piden dialogar con el comandante Carlos Montenegro y con el ingeniero supervisor de la Estación 6, Fernando Urízar.

Los dirigentes nativos comunicaron que la pobla-ción estaba enardecida por la noticia de la radio, que se podía volver incontrolable la situación, por lo que exigían diálogo de inmediato. Se in-formaron ellos, a través de la radio, que habían matado cincuenta, ochenta, cien nativos. Mientras eso ocurría, el ingeniero supervisor Fernando Urízar y el comandante Carlos Montenegro se acercan a la puerta de la Estación 6 e inician el diálogo con los dirigentes nativos. El diálogo se realiza, pero teniendo de por medio una reja que los separaba. En esos momentos, los efectivos de la DINOES, incluido el comandante, no cargaban su armamento habitual.

El ingeniero Urízar y el comandante Montenegro, al dialogar, autorizan el ingreso de tres dirigentes nativos. Sin embargo, por un descuido no ingresan las tres personas, sino centenares de nativos por la puerta principal. A ellos se sumaron de inmediato varios centenares más por los alrededores derrum-bando las rejas laterales y de la parte posterior. En pocos segundos, una masa de setecientos a



ochocientos nativos habían ingresado por la parte frontal, posterior y lateral de la Estación 6, zona de vivienda, rodeando al comandante Montenegro y al ingeniero Urízar. Asimismo, empezaron a rodear el pabellón asignado a la DINOES.

Ante la situación de desborde, el dirigente nativo Simón Wippio pidió orden a la masa nativa y pidió armar un pequeño mitin dentro de la zona. Para esto, ellos se ubicaron en la plataforma del patio invitando a subir al ingeniero y al comandante. En ese momento se aprecia más el descontrol y desborde de la masa nativa. Se observan peleas y disputas verbales entre nativos con caras pin-tadas, y muy agresivos empiezan a discutir con el dirigente Wippio por el liderazgo de la masa. En particular, se destaca un hombre con una piel en la cabeza y la cara pintada que, muy agresivo, empieza a discutir y a empujarse con Wippio. En-tre ambos, finalmente habló Wippio, cediéndole la palabra luego al comandante Montenegro y al ingeniero Urízar, todos con interrupciones y pidiendo la calma sobre lo que acontecía fuera de la Estación 6.

En un momento inesperado, los nativos no identi-ficados empujaron por la espalda al comandante y procedieron a propinarle de inmediato una golpiza y lo desarmaron. Lo mismo empezó a ocurrir con los miembros de la DINOES que se encontraban cerca. A partir de este hecho empezaron a tomar sin mayor resistencia a los miembros de la DI-NOES. Sin embargo, hubo resistencia de parte de un grupo de la DINOES, que estaban ubicados en el pabellón donde dormían, pero estos, al final, se entregaron al poco tiempo por la presión de la masa y porque los amenazaban con ejecutar a sus compañeros si no se entregaban. La toma y la captura de efectivos, que fue casi instantánea y sin resistencia, dura dos y tres minutos.

A pesar de la entrega pacífica de la mayor parte de los miembros de la DINOES y al no tener sus armas en el momento de la toma, muchos fue-ron violentados, heridos y vejados mientras los capturaban y trasladaban a una ubicación fuera de la Estación 6.

A las diez horas y treinta minutos se inicia el tras-lado de 38 prisioneros de la DINOES a un colegio cercano. Los nativos dejan en libertad al personal civil de la Estación 6, entre ellos al brigadier PNP Castañeda y a los ingenieros Urízar y Ubillús. Los nativos tenían un camión listo para trasladar a los efectivos de la DINOES al poblado Yanayacu. Se inicia el traslado de ellos al vehículo. Ante tal situación, interviene el pastor evangelista Wildor Marín, quien pide la palabra por unos minutos a

los líderes nativos. Los nativos le otorgan al pastor un minuto para hablar, quien da un sermón de pa-cificación y de respeto a la vida. El discurso parecía tener éxito, y los nativos bajan del camión a los treinta y ocho efectivos de la DINOES llevándoles nuevamente al colegio. Según el testimonio de los mestizos de Kuzu-Grande, estos afirman que si bien el pastor evangélico influyó para evitar el traslado y la desaparición segura de los efectivos de la DINOES, también sopesó entre los nativos el hecho de tener que trasladar a los treinta y ocho efectivos por la carretera que cruza la Base Mesones rumbo a Yanayacu.

Los nativos trasladaron al comandante Mon-tenegro a la zona de vivienda de la Estación 6, con la finalidad de que lograra comunicarse con sus superiores y solicitar que no sobrevolaran helicópteros en la zona. De hacerlo, amenazaban con hacerles daño a los efectivos capturados de la DINOES. La comunicación no pudo efectuarse porque, con la toma de la Estación 6, zona de vivienda, esta quedó totalmente inutilizada.

La ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, declara en Radio Programas del Perú lo siguiente: “Bueno, todo el país sabe que esto tiene ya más de cuarenta días, y la Policía desde el primer día ha estado siempre con presencia disuasiva y preven-tiva. Hemos desalojado también a los nativos de una serie de estaciones, no solamente del Gas de Camisea, centros de bombeo o de petróleo. Aho-rita mismo se ha resuelto ya la Estación 6, Kusu Grande, que también estaba rodeada, y casi todas las estaciones de PetroPerú estaban rodeadas de nativos en situación beligerante”.

Los nativos toman la Planta Industrial de la Estación 6. Se les aprecia encima de los tanques, perdiéndose en ese momento el control total de la Estación petrolera.

El personal civil de la Estación 6 de PetroPerú se refugia y se encierra en el cuarto de máquinas de la Planta Industrial, Para llegar ahí, recibieron apoyo de algunos nativos awajun.

A partir de esa hora sobrevolaron varios helicópte-ros no identificados por la zona. Este hecho generó caos, anarquía y descontrol en la masa awajun.

El ingeniero Urízar y el médico serumista al atender a los efectivos de la DINOES descubrieron que estaban maltrechos, golpeados y maltratados. Se encontraban descalzos y ciegos. Les habían echado un líquido que no les dejaba ver, se les hinchaban los ojos y se encontraban todos atados de manos.



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El comandante Montenegro pudo decirles al in-geniero Urízar y al médico que se comunicaran con el Ejército para evitar que desciendan los helicópteros, pues los nativos pensaban que se iba a realizar lo mismo de la Curva del Diablo, con lo cual la situación iba a ser peor.

A las quince horas y treinta minutos, los nativos toman el control de la situación y sacan a dieciocho efectivos de la DINOES atados y descalzos del depósito de la Planta Industrial de la Estación 6 con rumbo a la zona de vivienda. Los dieciocho efectivos de la DINOES son sacados por una turba que los conduce a la selva; en adelante solo se escuchan disparos y algunos gritos.

Luego y durante toda la noche, los nativos empezaron a retirarse de Kuzu Grande y de la Estación 6. Esto se explica porque, al enterarse de la matanza, no todos los nativos eran radi-cales, algunos no pensaban igual ni estaban de acuerdo; por eso empiezan a abandonar la zona paulatinamente.

A las dieciséis horas y treinta minutos, a pocos kilómetros de Kuzu Grande, en el caserío La Unión, descendieron varios helicópteros dejando en tierra entre cuarenta y cincuenta efectivos de las Fuerzas Armadas.

Un manifestante indígena llama aproximada-mente a las diecisiete horas y quince minutos, al Rotafono de Radio Programas del Perú, para advertir la posibilidad de ejecución de los efec-tivos de la DINOES tomados de rehenes en la Estación 6.

Una patrulla militar compuesta por varias dece-nas de efectivos llegó a Kuzu Grande y cruza la Estación 6. Los militares no paran y continúan su rumbo a la Base Mesones Muro. La patrulla militar cruza el pueblo y no toma medidas para recuperar la Estación 6 y controlar la zona. A pesar de que la Estación 6 lucía saqueada, aban-donada y sin control policial o civil, la patrulla militar siguió su camino a Mesones Muro.

Una vez que se encontraba despejada la planta de la Estación 6, el pastor Wildor Marín enrumbó al cuarto de máquinas con la finalidad de buscar al personal civil de la Estación 6. Al llegar a la sala de control de máquinas le abrió la puerta el suboficial Castañeda y, por primera vez, tuvo contacto con los ingenieros, vigilantes y personal civil de PetroPerú que se habían refugiado ahí. A ellos les comunicó que podían salir porque ya no habría peligro; sin embargo, no lo hicieron por temor.

Marín y Castañeda salen de la planta industrial de la Estación 6, a las ocho de la noche, rumbo al local donde se reunían los apus, durante los días de paro amazónico. Al llegar encontraron cinco fusiles AKM y algunas escopetas; las re-cogieron y se las entregaron a los efectivos de la DINOES, quienes se encontraban más seguros y estables porque no estaban heridos, los que de inmediato retomaron el control y la seguridad de la Estación 6.

Wildor Marín y el suboficial PNP Castañeda se acercan al depósito de la Planta Industrial de la Estación 6 y encontraron a otros efectivos de las DINOES magullados, heridos y golpeados. Estos efectivos se encontraban en estado de shock, con miedo y solicitando apoyo. En ese sentido, se pidió apoyo a cuatro efectivos más seguros de la DINOES para realizar un reconocimiento de la zona y tomar posesión por seguridad. (Puerta de ingreso, garitas y sala de control).

Wildor Marín va a la Base Mesones Muro para que el comandante militar auxilie al personal que se encontraba herido y aún secuestrado, tome el control del pueblo y arme brigadas para ubicar a los efectivos secuestrados de la DINOES. El co-mandante se compromete a mandar apoyo militar a primera hora del 6 de junio de 2009. Este día se halla un efectivo de la DINOES malherido en la zona de vivienda. El suboficial Antonio Huillca Martínez confirma la muerte de los efectivos de la DINOES y señala la ubicación de los cadáveres. No se sabía nada de los efectivos de la DINOES llevados a la selva hasta que el brigadier Castañe-da y miembros de seguridad de PetroPerú hallan los cuerpos de ocho efectivos de la DINOES en las inmediaciones de la Estación 6.

Se pide una vez más la presencia militar. Esta vez lo solicita el brigadier Castañeda, el pastor Wildor Marín y los efectivos de la DINOES so-brevivientes, quienes van a la Base de Mesones Muro en un automóvil de PetroPerú. Se solicita apoyo militar para recuperar Kuzu Grande. Esta vez el comandante a cargo dispuso el envío de unos 60 efectivos. Durante el transcurso del día son encontrados los heridos y los cadáveres. Aparece el primer helicóptero con 22 refuerzos de la DINOES y se traslada a los heridos.

Todo lo que he narrado ha acontecido más o menos en la Estación 6 y en la Curva del Diablo, por lo que la Comisión concluye como sigue sobre los aspectos generales:

Los hechos acaecidos el 5 de junio de 2009 en la ciudad de Bagua y aledaños pudieron haberse



evitado si el Poder Ejecutivo hubiese tomado las consideraciones del caso, más aún si durante más de 40 días de protesta de las etnias amazónicas no se ha sido obsecuente y no se ha reconocido que se había incumplido con la obligatoriedad de la consulta previa a las comunidades indígenas, exigidas por el Convenio 169 antes de la dación de los decretos legislativos que desencadenaron los hechos mencionados.

Existen responsabilidades políticas y penales que deberían ser asumidas por las autoridades del Estado y por quienes al margen de la ley des-ataron una barbarie sin precedentes que enlutó muchos hogares y que, hasta la fecha, aún no son claramente identificados, para que asuman las responsabilidades penales que la ley prescribe para estos casos.

La cobertura que se dio al paro amazónico tanto de medios televisivos como radiales y escritos permitió descubrir que en la zona de Bagua y alrededores hubo actores externos que azu-zaron el conflicto sin medir las consecuencias, tergiversándose de manera directa los hechos, pudiéndose indicar que hubo inaceptables casos de injerencias, que aún son motivo de investi-gación por parte de las autoridades pertinentes, de las ONG que exacerbaron los ánimos con in-formaciones falsas y exageradas, las que incluso fueron recogidas de manera irresponsable por la propia Defensoría del Pueblo para informar de un número de muertos inexistentes por parte de nativos de la zona.

La participación de las Fuerzas Policiales y de las Fuerzas Armadas, así como los ministerios del Interior y de Defensa en el conflicto de Bagua muestran desaciertos y descoordinaciones en la ejecución de los operativos que no permitieron que se restituya el orden y la seguridad pública, los que tendrán que asumir las responsabilidades políticas u operativas por las líneas de mando o comando responsables de estos lamentables hechos.

El Ejecutivo, si bien había recibido del Legislativo la facultad de legislar mediante la Ley 29157 en temas referidos al TLC, emitió decretos legislati-vos que desnaturalizaban las facultades otorga-das, tanto así es que los decretos referidos a los pueblos indígenas fueron observados y, en otros casos, fueron declarados inconstitucionales, lo cual generó que de manera inmediata los líderes locales, las ONG y elementos radicales asumieran una oposición política e ideológica de confron-tación, que el Estado no supo, en su momento, anular ni imponer el orden y seguridad pública sin

trasgredir el orden constitucional, sino que asu-mió un papel que, lejos de solucionar el conflicto, exacerbó los ánimos y contribuyó a desencadenar los hechos lamentables ocurridos.

Sobre la protesta indígena y la gestión del con-flicto, se concluye:

Los pueblos indígenas iniciaron su protesta como consecuencia de la dación de normas que no le fueron consultadas (derecho a consulta según Convenio 169 de la OIT), razón por la cual bus-caron mecanismos de diálogo por intermedio de sus líderes, no siendo capaz el Estado de asumir su responsabilidad.

En ese contexto, los movimientos locales fueron generando mayores adhesiones, a las cuales se sumaron la mayoría de las comunidades nativas que, en más de un caso, fueron infiltrados por elementos subversivos que generaron respuestas y propuestas que desnaturalizaban las protestas netamente reivindicativas pasando a tomar ac-ciones netamente violentistas que poco o nada tenían que ver con el bienestar y desarrollo de sus comunidades, tanto así es que fácilmente se podían apreciar elementos con pasamontañas o embozados, así como otros con pinturas en el rostro que, a decir de los propios nativos, usaban colores que nada tenían que ver con los colores tradicionalmente usados por los nativos de nues-tra Amazonía.

Sobre el operativo policial, la conclusión con-cluye:

Para la Comisión, existen responsabilidades en los mandos policiales que intervinieron en los opera-tivos, pues tales graves errores conllevaron a un plan mal diseñado, equivocada estrategia y mala ejecución del mismo. Asimismo, es responsabilidad de los mandos policiales no haber previsto la con-secuencia que acarrearía el operativo (en especial en la Curva del Diablo) en la Estación de Bombeo 6. Consideramos que las responsabilidades de los mandos policiales deben ser investigadas por las instancias correspondientes del Ministerio Público y el Poder Judicial en el fuero ordinario. Así que esta Comisión considera que existió responsa-bilidad funcional en el general Luis Muguruza Delgado, en su condición de oficial más antiguo y a cargo del operativo, a lo que deben sumarse las graves deficiencias detalladas en el presente informe.

El cambio de comando efectuado el 3 de junio de 2009, y decidido desde las más altas instancias del Ministerio del Interior, constituyó una medi-



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da desacertada. A partir de entonces, el general Bernabé Garavito, director de operaciones po-liciales (DIREOP), y autor del Plan General de Operaciones, perdió el control del operativo, ya que el general Luis Muguruza es un oficial de mayor antigüedad. Dicha situación determina que el comando operativo encabezado por el general Luis Muguruza reporte directamente al general Sánchez Farfán, director general de la PNP.

El comando policial incumplió su propio plan de operaciones. El número de efectivos con el que se inició no correspondió al que aparecía en la Orden de Operaciones y no se mantuvieron las coberturas correspondientes al retrasarse el arri-bo a la Curva del Diablo. En efecto, de acuerdo con las informaciones que la Comisión recibió y verificó, la llamada primera dimensión de tierra encabezada por el general Luis Muguruza recién llegó a las siete horas y dieciocho minutos, cuando el contingente encargado al mando del Coman-dante Del Carpio ya había sido desbordado por los indígenas. Esa tardanza fue determinante en el fatal resultado del operativo.

La Comisión considera de particular gravedad la escasez e inoperancia en los equipos de comunica-ción con los que contaban las fuerzas policiales. Es inexcusable que no se hayan podido comunicar en-tre sí y que, no obstante esa enorme limitación, y pasando por los altos riesgos que esto implicaba, se haya procedido a iniciar el operativo. La Comisión señala su indignación sobre el uso de celulares personales, como recurso de comunicación en una operación de esta magnitud, para comunicarse con Lima, pero no con su Comando.

La Comisión considera de la mayor importancia señalar que el Comando Policial no evaluó ade-cuadamente las características de la población indígena, la presencia de reservistas y, grave error, la presencia de elementos ajenos a los indígenas que actuaban con pasamontañas y que utilizaron armas de fuego, así como otras armas impropias de los nativos.

La Comisión considera que era previsible el im-pacto del desalojo en el orden público de las aldeas aledañas al desalojo. Por lo tanto, es razonable que se le exija al Comando tomar las previsiones del caso. Sin embargo, las dotaciones policiales de Bagua y Utcubamba eran insuficientes para controlar los desmanes.

El operativo se inició sin asegurarse que los pun-tos críticos estuvieran bajo control. La Estación 6 de PetroPerú en Kuzu Grande corresponde a esta etapa de análisis. La Comisión considera que

este hecho demandaba del Comando un especial cuidado, el que obligaba a no iniciar el operativo hasta que estuviera garantizada de manera plena la seguridad de la Estación 6.

Asimismo, si bien el Ejército asumió la labor de apo-yo desde el mes de mayo de 2009 para las acciones que realizara la PNP en la zona de conflicto, dicho Ejército no puede inhibirse de su responsabilidad de brindar la seguridad en casos de emergencia en la zona del oleoducto nor oriental, de acuerdo con la Directiva 02-COMFA-LO-PA vigente a la fecha. Por lo tanto, debió intervenir inmediatamente sin esperar las consecuencias dadas. En este punto, Presidente, debo mencionar que el entonces Ministro de Defensa, señor Ántero Flores-Aráoz, ha remitido a la Comisión un informe sobre la mencionada Directiva 02, la que fue dada antes de la Constitución de 1979 y de la Constitución de 1993, por lo que él considera que esa directiva no estaba en vigencia en el momento en que, según la Comisión, debería haber intervenido. Quiero dejar constancia de esta información presentada por el señor Ántero Flores-Aráoz. Él considera que no debería ser incluido en este informe porque esa directiva no estaba vigente.

Respecto a las muertes, la Comisión concluye así:

Con relación a lo acontecido en la Curva del Diablo, la Comisión considera que debe hacerse una distinción entre las muertes producto de un enfrentamiento entre indígenas y policías en la cima del cerro aledaño y aquellas que se producen cuando los policías capturados son asesinados o desaparecidos, como el caso del mayor PNP Bazán. Siendo todas las muertes lamentables y condena-bles, estas últimas son, al extremo, graves porque se perpetraron contra personas indefensas.

El escenario de la Estación 6 fue cuidadosamente estudiado por la Comisión, por lo que respecto a la reacción de los indígenas que tomaron el control de la situación, particularmente de sus líderes, consideramos que los responsables penales de los doce crímenes de desarmados e indefensos policías en manos de nativos ahí producidos deben ser individualizados y juzgados con atención al debido proceso. La Comisión considera que estos crímenes no deben quedar impunes, por lo que concluye en solicitar al Ministerio Público y al Poder Judicial que desplieguen sus mayores es-fuerzos para individualizar las responsabilidades penales que correspondan.

La Comisión ha prestado especial atención a las versiones que señalaban la existencia de más



muertos de los que aparecían en los informes oficiales. Sin embargo, las fuentes que sostienen esas versiones no han aportado indicio razo-nable alguno para iniciar una investigación al respecto.

La Comisión hace notar que, de acuerdo con la información recabada, las muertes de policías producidas el 5 de junio, particularmente aquellas que se verificaron en la Estación 6, se encuentran dentro de una larga lista de impunidad por asesi-natos que ha caracterizado a la zona. La Comisión considera que el comportamiento de los operado-res jurisdiccionales, en este caso, en particular, puede representar un punto de quiebre en esta situación de impunidad que es incompatible con el Estado de derecho.

La Comisión considera que la organización indí-gena se deslegitima en la medida que introduce prácticas ilegales en la protesta. La Comisión ha llegado a la convicción de que, a través de un diálogo respetuoso y de buena fe, se pueden alcanzar los acuerdos que permitan dar solución a los conflictos. Consideramos que la violencia nunca puede ni debe constituir una alternativa para hallar soluciones.

Respecto a las responsabilidades políticas, la Comisión concluye:

Respecto a responsabilidad política de los fun-cionarios involucrados directamente en la in-vestigación, la Comisión considera importante señalar que dicha responsabilidad responde a un control que se hace en esta instancia política parlamentaria y que se relaciona con el respeto a la Constitución en el ejercicio de la función pública.

Respecto a la ex Ministra y actual congresista Mercedes Cabanillas Bustamante, la Comisión concluye que tuvo responsabilidad política respecto a los resultados del operativo policial llevado a cabo en la ciudad de Bagua, conforme a lo dispuesto en el párrafo del artículo 128 de la Constitución Política del Perú, en el que se señala que los ministros de Estado son individualmente responsables por sus propios actos.

Respecto al ex Ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, esta Comisión concluye que le alcanza responsabilidad política, conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 128 de la Constitución por no cumplir la Directiva 02-COMFA-LO-PA, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, vigente a la fecha de la adopción de las medidas pertinentes en la Esta-

ción 6 (Directiva para la Seguridad Integral de la Zona de Reserva del Oleoducto Nor-Peruano, del Ramal Norte y de los Sistemas Recolectores Conexos. Referencias: Decreto Ley 22180 y Direc-tiva 02-79-PM/SG-AIM). Al respecto, reitero, el ex ministro Ántero Flores-Aráoz ha alcanzado una objeción, señalando que esa directiva no estaba vigente en el momento de la intervención, por lo que yo solicito, señor Presidente, que, al amparo del debido proceso y del Estado de derecho, se retire esta parte del informe.

Respecto del ex Presidente del Consejo de Minis-tros, Yehude Simon Munaro, y atendiendo a la información recibida y al testimonio brindado a la Comisión, es necesario señalar que si bien el mencionado funcionario no perteneció al Gabinete que dictó los decretos legislativos promulgados en violación al Convenio 169, él, una vez que asume la Presidencia del Consejo de Ministros, persiste en la infracción y, más allá de organizar mesas de diálogo infructuosas, omite su obligación de dar una solución política al problema. Por lo tanto, la Comi-sión considera que el ex Presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon Munaro, es responsable político por mantener la infracción constitucional y por carecer de una actuación política de solución al reclamo de los pueblos indígenas.

Respecto a la ex Ministra de Comercio y Turismo, Mercedes Aráoz, esta Comisión concluye que le alcanza también responsabilidad política, confor-me a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 128 de la Constitución Política del Perú.

Estas son las conclusiones, señor Presidente, del informe y debo señalar que también hay algunas recomendaciones que hace la Comisión.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Tiene la palabra el congresista Humberto Falla Lamadrid para que sustente, en nombre de los autores, el primer informe en minoría.

El señor FALLA LAMADRID (PAP).— Gracias, señor Presi-dente.

Los hechos ocurridos el 5 de junio de 2009 son heridas que ha recibido el organismo social llamado Perú. Sean

los nativos o miembros de la Policía Nacional del Perú, toda la patria quedó herida.

Nuestro informe, que suscribo con el congresista Wilder Calderón, se concentra en identificar las



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causas del conflicto entre el Estado peruano y los pueblos indígenas. Es un hecho incontrovertible determinar las responsabilidades individuales e institucionales que originaron el conflicto el 5 de junio y elaborar las conclusiones y propuestas.

La Constitución Política del Perú señala que corresponde al gabinete ministerial la prestación de servicios y de seguridad. Así reza el artículo 119, cuando señala que la dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros.

También se señala que a la Policía Nacional se le encarga el orden público y el restablecimiento cuando este se perturba. Así lo señala el artículo 166: “La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restable-cer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del pa-trimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras”.

Señor Presidente, nosotros hemos hecho una retrospectiva legal de lo que significó ese evento, sus causas y efectos. El 7 de junio de 1989, se aprueba en Ginebra el Convenio 169. En 1993 el Estado peruano lo suscribe. Ya sabemos bien lo que esto significa: una aquiescencia previa del Estado suscriptor y así lo entendemos. En 1995, se promulga la Ley de inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y en las comunida-des campesinas y nativas: Ley 26505 de julio de 1995. En 1997 se promulga la Ley 26834, Ley de áreas naturales protegidas.

En octubre de 2005, por Ley 28611, se promulga la Ley General del Ambiente. El 19 de marzo de 2007, la Presidencia del Congreso de la República solicita a la Defensoría del Pueblo un informe ex-traordinario respecto de las causas, tendencias y repercusiones de los conflictos medioambientales. Este era el telón de fondo que se dibujaba respecto de lo que iba a suceder posteriormente. El informe defensorial fue muy claro en ese sentido y el 16 de abril de 2007 así se pronuncia.

Señor Presidente, nos reunimos también, toda la Comisión, en honor a la verdad, con los apus. Hemos ido a la zona de Condorcanqui, Santa Ma-ría de Nieva, Jaén, San Ignacio y Bagua. Hemos pernoctado y hemos conversado con los apus. A las comunidades campesinas se les reconoce su autonomía. El artículo 89 de la Constitución así lo indica: “[...] Son autónomas en su organiza-

ción, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras [...]”.

Aquí siempre va a haber una controversia respecto de las tierras comunales. Algunos interpretan elásticamente la norma como si hubiera una extraterritorialidad de las tierras comunales. Sin duda, hay un conflicto entre una norma legal y una norma constitucional. Porque la ley de promoción de inversiones en actividad maderera o forestal le permite literalmente al Estado hacer estas concesiones. Incluso, en estas comunidades encon-tramos que se practica, junto con las comunidades campesinas y nativas, así como con las rondas campesinas, una justicia consuetudinaria.

Después de la relación de hechos expuesta por la congresista Moyano, queremos pasar a señalar nuestras conclusiones y recomendaciones. Pero antes debemos decir que el Perú ha ratificado el Convenio 169 de la OIT y no lo ha denunciado nunca porque resulta obvio que teniendo un régimen legal especial las comunidades nativas, cualquier norma jurídica general que se expida tendría que adecuarse también a ese régimen especial para su aplicación.

Aquí, en el Congreso, también se estableció una mesa de diálogo. Vinieron los presidentes regio-nales de la zona nor oriental y de la selva. El propio Tribunal Constitucional nunca resolvió la acción de inconstitucionalidad presentada por los presidentes regionales; de esta manera se fue agudizando el conflicto.

Nosotros hemos establecido que si bien es cierto hay una responsabilidad política funcional —lo dijo claramente Martha Moyano, y nos adherimos a las conclusiones de ese informe—, no es cierto que la Policía Nacional del Perú haya hecho uso excesivo de la fuerza, ya que su finalidad y proce-dimientos se encuentran enmarcados dentro de los lineamientos y de la normativa internacional sobre prevención del delito y tratamiento de la delincuencia.

Es evidente que la Policía Nacional tenía prece-dentes en los cuales ingresaba inerme a un lugar determinado para develar un conflicto. Así sucedió en el sagrado Bosque de Pómac, donde la Policía Nacional entró sin armas y fue objeto y presa de francotiradores. Ahí murieron dos efectivos de la Policía Nacional. En el caso de Bagua no hubo un uso excesivo de la fuerza como se pretende atribuir en algún informe que después será expuesto.

Debemos decir que la congresista Mercedes Ca-banillas —lo hemos señalado en la conclusión 7.4



de nuestro informe—, en el caso de Bagua, actuó con arreglo a la Constitución y a la Ley Orgánica del Ministerio del Interior.

Cuando se decide el restablecimiento del orden público, lo primero que trabajó fue un decreto de declaratoria de emergencia adoptando las medidas constitucionalmente previstas para restablecer el orden interno y procurar la defensa de los derechos ciudadanos y los servicios indicados por la dimensión de la acción violenta de los mo-vimientos de protesta. Con ello se comprometió la intervención del Ministerio de Defensa; así lo declaró el ministro del sector Defensa.

La ex Ministra del Interior coordinó con su par de Defensa el establecimiento de los mecanismos de trabajo entre el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Comando de la Policía Nacional del Perú para la adopción de medidas que fueran conducentes, necesarias y que asegurasen un resultado eficaz sin costos sociales.

La responsabilidad política por los resultados de la operación policial fue asumida por la ex Ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, y se plasmó en su renuncia. No puede sostenerse que le sobrevenga responsabilidad punible porque la autoridad políti-ca, a nombre del Estado, establece que los órganos operacionales y especializados de la Policía Nacional del Perú planifican y determinan los lineamientos y estrategias, según su doctrina y protocolo, para la ejecución correspondiente, tal y conforme lo han testimoniado los altos mandos policiales.

También se ha dicho en el desarrollo de las sesiones de la Comisión investigadora que la ex Ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mer-cedes Aráoz, habría tenido alguna participación colateral, puesto que ella estuvo promoviendo el Tratado de Libre Comercio con los Estados Uni-dos. Se ha dicho, con error, que en su despacho se maduró el decreto legislativo que implementaba las medidas estandarizando las normas sobre el tema con la legislación del país que también suscribió el convenio. La ex ministra Mercedes Aráoz no hizo los primeros documentos ni el trabajo de carpintería como le llaman en el servicio diplomático. Se hizo en el Ministerio de Agricultura porque la materia tenía que ver con la actividad maderera.

La ex ministra Mercedes Aráoz, en sus declaracio-nes ante esta Comisión y según los documentos que ha aportado ponen en evidencia que la nor-mativa legal cuestionada por los nativos procedían del sector Agricultura, ministerio distinto al que ella dirigía.

Por otro lado, respecto a las supuestas declaracio-nes vertidas por su parte sobre la imposibilidad de modificar dichas normas, nuestra Comisión no ha encontrado evidencias que sustenten dicha afir-mación; al contrario, con sus declaraciones ante esta Comisión, la ex ministra Mercedes Aráoz dejó claramente establecido que realizó una serie de acciones y coordinaciones para procurar la mejora, la modificación y, finalmente, la derogación de la norma cuestionada.

Señor Presidente, como usted recordará, este Congreso dejó en suspenso la referida norma y sin vigor jurídico alguno. No se empleó la expresión derogación. Quizá ese acuerdo motivó interpre-taciones antojadizas que, después, el Congreso supo superar dándole literalmente la expresión derogatoria.

En las declaraciones formuladas a esta Comisión, y con los documentos que nos han proporcionado, no se encuentra responsabilidad punible que no sea la funcional y estrictamente política en los ministros de Estado, incluido el ex presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon Munaro, a quien conozco de cerca. Yehude Simon Munaro, educado en colegios religiosos, tiene convicciones democráticas. Yehude Simon, y disculpe la alusión personal, aunque me ganó la presidencia regional de Lambayeque en 2002 siempre seguimos reco-nociéndonos, desde la juventud, como amigos y como circunstanciales adversarios, nunca como enemigos. Yo no puedo, en este informe, sustentar responsabilidad penal en Yehude Simon que, junto con el gabinete ministerial, pusieron sus cargos a disposición, y el Presidente de la República aceptó las renuncias.

Estos son los términos que contiene nuestro in-forme en minoría. Creo que se deben respetar los artículos 70 y 71 del Reglamento que distingue entre dictámenes e informes. Creo que, respetando el orden, el congresista Güido Lombardi tenía que intervenir primero como presidente de Comisión, luego el congresista Isla, como vicepresidente, y, en tercer lugar, quien habla como secretario. La Mesa ha decidido dar otro orden de intervenciones que respetamos.

Ratifico los términos vertidos en nuestro informe en minoría y nos aunamos a las conclusiones que, por igual, ha sustentado la congresista Martha Moyano Delgado en su informe en mayoría.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Tiene el uso de la palabra el congre-sista Víctor Isla, autor del segundo informe en minoría.



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El señor ISLA ROJAS (GPN).— Gracias, señor Presidente.

Los lamentables sucesos ocurridos en Bagua el 5 de junio de 2009 que enlutaron al país se han debido a la falta de respeto al pueblo

amazónico de parte del gobierno dirigido por el presidente Alan García. Por eso, más allá de la responsabilidad política señalada en los informes precedentes, nosotros consideramos que también existen responsabilidades penales.

Pero antes quiero indicar que estos informes fueron presentados hace más de un año, el 18 de mayo de 2010, y no han sido discutidos en su oportunidad. Recuerden que el Parlamento ha actuado dilatoriamente para no discutir en su momento la derogatoria de algunos decretos legislativos dados por el Ejecutivo —el que legisló más allá de las facultades delegadas— y también ahora el Parlamento —y aquí estamos incluidos todos— no muestra voluntad de que se discutan oportunamente los informes presentados. Asi-mismo, ante los lamentables sucesos de Bagua el Congreso reflexiona y aprueba la Ley de Consulta Previa, la que fue observada lamentablemente por el presidente Alan García; sin embargo, ante la propuesta de insistencia de la Comisión, el Parlamento aún no la pone al voto.

Los antecedentes demuestran hasta la saciedad la falta de voluntad política y la actitud peyorativa del gobierno liderado por el presidente García hacia los pueblos amazónicos. Con esa actitud reafirma sus expresiones despectivas publicadas en el artículo El síndrome del perro del hortelano, en el que refiriéndose a los amazónicos hablaba de ciudadanos de segunda categoría. Por eso, el pueblo amazónico exigió respeto y dignidad. Hoy, una vez más, exigimos acá al presidente García que respete al pueblo amazónico.

No debemos olvidar, entonces, que este informe se presentó oportunamente el 18 de mayo de 2010 y que hoy, faltando poco para que el actual Congreso sea reemplazado por el nuevo Congreso, recién se está tratando en el Pleno.

Vuelvo al asunto principal. ¿Por qué y en quiénes existen responsabilidades penales? Planteamos que el general José Armando Sánchez Farfán, entonces director general de la Policía Nacional; el general Luis Muguruza Delgado, director de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú (DIROES-PNP); el general Javier Uribe Altamirano, entonces jefe de la Cuarta Región de la Policía Nacional, con sede

en Tarapoto; la entonces ministra del Interior y congresista Mercedes Cabanillas Bustamante, y el Presidente de la República Alan García Pérez son autores del delito de homicidio culposo, tipificado en el artículo 111 del Código Penal, en infracción de su deber de garantes.

Respecto de los generales, el proceso penal que se sigue en su contra debe guardar las garantías de todo debido proceso y tramitarse en la vía ordinaria. En cuanto a la ex ministra y congresista de la República Mercedes Cabanillas, debe prepararse una denuncia constitucional por la comisión del mencionado delito. En el caso del Presidente de la República, sirvan los antecedentes para las investigaciones penales que se desarrollen en su oportunidad.

Es importante señalar esto. El Presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, mientras que el Ministro o la Ministra del Interior es el repre-sentante máximo del pliego del Ministerio del Interior. Además, nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son deliberantes y obedecen al poder civil.

Las responsabilidades penales también alcanzan a la entonces ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz Fernández, por el delito contra la fe pública - falsedad genérica, previsto y sancionado por el artículo 438 del Código Penal por haber mentido deliberadamente sobre el efecto real de la delegación de los decretos legislativos cuestionados.

¿Por qué sustentamos esto?

El 3 de junio de 2009 se celebró la última sesión del Consejo de Ministros antes de la ejecución del operativo de Bagua. Sobre ello, hay un informe de la investigación del periodista Ricardo Uceda, en el que ha sostenido lo siguiente: “[...] en el Gabinete, los asuntos de fondo del conflicto no fueron tocados. El tema no estaba en agenda. Según varias versiones, al explicar su preocupa-ción, el presidente García dijo en un momento determinado: Ministra, es necesario actuar”.

Este relato, del periodista Uceda, guarda relación con lo manifestado por la entonces Ministra de la Mujer Carmen Vildoso a la Comisión inves-tigadora el martes 1 de diciembre de 2009. Las palabras de la mencionada ex ministra Carmen Vildoso, que pueden ser verificadas en la gra-bación que obra en la Comisión investigadora, son las siguientes: “[...] así llegamos a la sesión del Consejo de Ministros del día 3 de junio. En esa sesión el Presidente le indica a la Ministra



del Interior que ya era hora de poner orden en Bagua y permitir que el abastecimiento se dé de manera normal, lo cual significaba desalojar a los pobladores que estaban ocupando la Curva del Diablo”. Más adelante, ante la pregunta del congresista Víctor Isla, si el Presidente dio una simple indicación o fue una orden, la ex ministra Carmen Vildoso aclara textualmente: “Era una orden, y la congresista y ministra no hizo mayor comentario. Era una orden”.

Sobre esta base, y reafirmando una vez más que nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacio-nal, al no ser deliberantes, obedecen al poder civil, nosotros precisamos en el informe que es necesario resaltar la jerarquía del Ministerio del Interior sobre la actividad de la Policía Nacional del Perú. Las fuerzas del orden se encuentran subordinadas al poder civil, razón por la cual jamás podría sentarse un estándar según el cual las competencias del Ministro del Interior no alcanzaran para configurar una situación de control sobre la Policía Nacional.

La Constitución Política del Estado señala en su artículo 166 que la Policía Nacional del Perú tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Por otro lado, el artículo 7 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Interior, en su literal f), sostiene que compete al Ministro del Interior dirigir y controlar la acción de la Policía Nacional del Perú.

Finalmente, en cuanto al mandato de las fuer-zas del orden, el artículo 169 de la Constitución establece la prohibición de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de actuar de modo delibe-rante; es decir, siempre subordinados al poder constitucional, por lo que deben sujetarse a las normas del Estado de derecho, lo que significa que los operativos policiales que se realicen al amparo del orden público o la seguridad ciudadana deben cumplir los requisitos de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad.

A la luz de los hechos, queda claro que más allá del deber que la Constitución y las leyes confieren a las autoridades jerárquicamente superiores a los mandos operativos de las fuerzas de orden, el caso particular de la ex ministra Mercedes Cabanillas y del presidente Alan García Pérez revela que ambos no solo estaban al tanto de la situación sino que la decisión sobre la oportuni-dad del operativo provino del Presidente en una sesión del Consejo de Ministros en presencia del gabinete en pleno, conforme lo señala la ex ministra Carmen Vildoso.

La situación de especial tensión en la zona, por otra parte, no era un misterio para el ciudadano de a pie, pues una intensa cobertura de los medios de comunicación con diversas informaciones en distintos sentidos se encargaban de proporcionar la información.

Me pide una interrupción la congresista Caba-nillas.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Para una breve interrupción, puede intervenir la congresista Cabanillas.

La señora CABANILLAS BUSTAMANTE (PAP).— Muy breve, porque la afirmación tan entusiasta del congresista Isla invita realmente a responder un tema concreto. Se argumenta con dichos de tal o cual ex ministra o periodista. Sin embar-

go, no se han revisado las actas del Consejo de Ministros. El acta de la sesión del 3 de junio de 2009 —si gusta el congresista, puedo darle una copia— define en la estación de orden del día lo siguiente, y voy a dar lectura porque es breve:

“Además, señaló el Presidente de la República que existe un evidente desconocimiento en la población de la Amazonía respecto a los alcances del Decreto Legislativo 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Asimismo, manifestó su preocupación con relación al fenómeno del friaje, heladas, que viene aquejando a diversas zonas del sur del país. Demandó a los señores ministros de Estado que adopten urgentes medidas a efecto de implementar rápidos meca-nismos para la atención de la población afectada, dejando constancia de que los gobiernos regionales también tienen responsabilidad de dar solución a dichos problemas. Igualmente, expresó su preocu-pación por los niveles de la ejecución presupuestal que vienen presentando los diversos ministerios así como los gobiernos regionales”, etcétera. Después interviene el Ministro de Economía y Finanzas Luis Carranza.

De modo que son documentos públicos legalizados, más que comentarios que pueden haber sorpren-dido la buena fe del congresista Isla respecto de lo que está diciendo; pero se equivoca él.

Intervendré nuevamente en el momento que usted, señor Presidente, me dé la palabra.

Muy gentil, congresista Isla.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Continúe, congresista Isla, con su sustentación.



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El señor ISLA ROJAS (GPN).— Las veces que sea necesario, y con gusto, daré las interrupciones que permita el Presidente; no tengo inconveniente alguno.

Cabe señalar, como usted bien lo señala, señora congresista, que el texto que ha dado lectura se refiere al acta, no a la transcripción de la reunión del Consejo de Ministros.

Así como el que habla, también los otros miembros de la Comisión investigadora han estado presen-tes cuando la ex ministra Carmen Vildoso, ante una pregunta que le hicimos, hizo referencia a que el Presidente García le dijo a la ex Ministra del Interior que ya era hora de poner orden en Bagua.

Nuestro sustento se basa en los testimonios que ha recibido la Comisión investigadora, no es producto de nuestra imaginación. Digo esto porque nuestro afán —personal, de mi bancada y de mi partido—, y ténganlo muy claro el Perú entero, no tiene una finalidad vengativa sino que se sepa la verdad para reconciliarnos. La primacía de la verdad acarrea responsabilidades, y si hay responsables estos tienen que asumirlas. Ese es nuestro único propósito.

Decíamos que la situación especial de tensión en la zona no era un misterio para nadie. Es más, ustedes recordarán que en el Parlamento dilatábamos el debate dándole nuevas funciones a una Comisión que se reunía en el Ejecutivo cuando los únicos que podíamos derogar esos decretos legislativos éramos nosotros. Recuerdo que el congresista Mulder se amparó en una car-ta para seguir dilatando el debate el 4 de junio de 2009. Si hubiésemos debatido esa fecha, no habría ocurrido lo de Bagua. Lamentablemente los hechos demuestran que la intransigencia del Parlamento —todos tenemos responsabilidades ahí— alentó el descontento. Esto lo sabía todo el mundo.

En ese escenario, nosotros señalamos que las autoridades del Ejecutivo estaban absolutamen-te informadas de la gravedad de los hechos, tal como aparece en algunos de los considerandos del Decreto Supremo 027-2009 de la Presidencia del Consejo de Ministros, que declaró el estado de emergencia y la suspensión de derechos constitu-cionales en diversas zonas de la Amazonía donde se presentaban escenarios de conflicto, cuyo texto decía lo siguiente:

“[...]

Que, en el marco de la denominada ‘Movilización de los Pueblos Amazónicos’, se ha reportado la ocurrencia de hechos vandálicos que afectan las instalaciones de actividades de hidrocarburos consistentes en: obstrucción de vías de acce-so, expulsión de los trabajadores del área de operaciones quienes se encuentran obligados a abandonar las maquinarias asignadas, así como la existencia de grupos de personas no identifica-das que amenazan con ejecutar actos de fuerza que paralicen de manera inmediata las labores de exploración y explotación de hidrocarburos necesarios para asegurar la seguridad energética del país.

[...]”.

Lo tenía claro el Poder Ejecutivo. La redacción del decreto supremo coincide sustancialmente con el permanente discurso de los representantes del Poder Ejecutivo en torno a la importancia suprema de las inversiones privadas por encima de la seguridad personal y del bienestar común al que se deben los gobernantes.

Otro considerando del referido decreto supremo señala también lo siguiente:

“[...]

Que, a causa de dichas acciones —se referían a las acciones de paralización y movilizaciones en la zona de la Amazonía—, habiéndose producido actos contrarios al orden público y a la legalidad vigente, se ha puesto en riesgo las operaciones de producción, transporte y distribución del gas natural que constituyen actividades de necesidad e interés nacional, así como el abastecimiento del gas natural y los hidrocarburos necesarios para poder brindar el servicio público de electricidad y distribución de gas natural [...]”.

¿Qué queremos decir con esto? Que el Presiden-te García y la ex ministra Cabanillas, habiendo recibido esta última, en sesión del Consejo de Ministros, la orden del primero de “actuar” o intervenir en el conflicto, no solo significa que ambos tenían pleno conocimiento de la gravedad de la situación, sino que también tenían plena autoridad para tomar decisiones.

Recordamos mucho, y aquí reafirmo, esto hace más de un año también, que, en su momento, la ex ministra Mercedes Cabanillas ha afirmado no haber tenido injerencia directa en la disposición del operativo que cobró la vida de treinta y tres compatriotas y la desaparición del mayor PNP Bazán.



Las responsabilidades políticas existentes no eximen de un análisis de nuestra conclusión de responsabilidad penal. Señalamos también que existe responsabilidad penal de la ex ministra Mercedes Aráoz. No debemos olvidar que ella mentía permanentemente, y hay que decirlo, porque señalaba que si se cambiaba una coma al texto de los decretos legislativos cuestionados y si estos eran derogados —un diario llega a seña-lar incluso, si mal no recuerdo, que se le había denominado de manera graciosa a esa ministra “no me toque una coma”—, se caía el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, hecho que fue desmentido por el embajador norteamericano y señalado al presidente del Consejo de Ministros Yehude Simon porque fue dicho por él; esto es importante señalarlo, Presidente.

Así como determinamos responsabilidades penales, también señalamos nuestras recomen-daciones.

Nosotros consideramos que el Congreso de la República tiene responsabilidad en el manejo del tema. No debemos olvidar que la Comisión mul-tipartidaria presidida por la congresista Gloria Ramos generó un informe en noviembre de 2008, en el que se señalaba el carácter inconstitucional de diversos decretos legislativos y recomendaba su derogatoria.

El pueblo amazónico, aunque esperó pacien-temente, venía exigiendo que se dé el debate de ese informe. Ante la negativa o dilación irresponsable e inhumana, el pueblo amazónico asumió su protesta. El Parlamento continuó dilatando el tratamiento de ese tema y no se llevó a cabo el debate del mencionado informe. En su oportunidad, en la Comisión Constitución y Reglamento tampoco se llevaban a cabo las sesiones.

Recomendaciones al Congreso de la República:

1. Consideramos de la mayor importancia que se debata y se apruebe en el seno del Congreso los proyectos referidos a la consulta previa que con-sagra el Convenio 169 de la OIT. Esto no quiere decir, como ya se ha señalado, que el Convenio y sus disposiciones no deben ser aplicados ne-cesariamente por el Estado. Hay que entender que esta recomendación puede parecer fuera de contexto. Sin embargo, se debe recordar que este informe ha sido presentado en mayo del año pasado. Luego de esa presentación, se debatió y se aprobó la Ley de la consulta previa, la que fue observada por el Ejecutivo. Si a este Parlamento no le alcanza el tiempo, estoy seguro de que el

próximo Parlamento insistirá para que quede aprobada formalmente esta norma.

2. Señalamos que es absolutamente necesario hacer un seguimiento permanente e impulsar la propuesta nacional de desarrollo amazónico elaborado por la Mesa Cuatro del Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos.

3. Hacer los mayores esfuerzos para concretar una verdadera y profunda reforma policial que persiga una policía democrática, moderna, eficiente cer-cana al ciudadano y libre de las debilidades que se desprenden de este informe.

4. Recomendar que todos los congresistas autori-cen el descuento de un mes de su remuneración como sanción simbólica por la deficiente actuación del Parlamento en su conjunto, con relación a los hechos que ocasionaron los sucesos del 5 de junio de 2009. Dicho fondo deberá destinarse, a través de las autoridades eclesiásticas de la zona, pro-porcionalmente a todos los deudos de las víctimas de dichos sucesos.

5. Debatir la derogatoria de los decretos legis-lativos de agosto de 2007 que criminalizan la protesta social. Nos han querido hacer creer per-manentemente que el pueblo no tiene derecho a protestar. Es importante precisar que el derecho a la protesta es el primer derecho sin el cual no se podrían defender los otros derechos.

6. Recomendamos también tramitar las denuncias constitucionales que se interponen a la par de la presentación de este informe contra la ex Ministra del Interior y actual congresista Mercedes Cabani-llas Bustamante y la ex Ministra Mercedes Aráoz Fernández por infracción constitucional y por el delito contra la vida el cuerpo y la salud, homi-cidio culposo, y por el delito contra la fe pública, falsedad genérica, respectivamente.

7. Tramitar la denuncia constitucional que se interpone contra el ex ministro Yehude Simon Munaro por infracción a la Constitución, así como la denuncia constitucional contra el ex Ministro del Interior Octavio Salazar Miranda por haber omitido la entrega de información a esta Comisión, como lo señala el artículo 79 de la Constitución Política del Perú.

Esto merece un punto aparte. Prometió muchas veces entregarlo, pero jamás entregó el Ministro del Interior al Congreso el informe solicitado por la Comisión investigadora. Fue ninguneado el Congreso.



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Recomendaciones a la Defensoría del Pueblo:

1. Hacer un seguimiento del debate en el Congreso de los proyectos referidos a la consulta previa sobre el Convenio 169 de la OIT. En caso que no se verifi-que una aprobación, se debe interponer una acción de inconstitucionalidad por omisión. Esta recomen-dación parece que estuviera fuera de contexto; sin embargo, se debe recordar que este informe debió haberse debatido en mayo de 2010.

2. Continuar con su tarea de mantener una Unidad de Conflictos activa y certera, debiendo tener estrecha relación con todas las demás instancias de gobierno llamadas a monitorear y resolver conflictos sociales en el sentido de una permanente colaboración.

Recomendación a la organización indígena:

1. Colaborar con el esclarecimiento de los hechos ayudando en ubicar al mayor PNP Felipe Bazán, aún desaparecido. La Comisión hace votos para que termine este doloroso drama humano. Los responsables, si hay delito, deberán ser juzgados respetándose las garantías del debido proceso y de acuerdo con su condición cultural.

Recomendaciones a la Presidencia del Consejo de Ministros:

1. Hacer los mayores esfuerzos para superar las debilidades mostradas por el Indepa y contar con una institucionalidad adecuada y sistemática para atender la diversidad cultural del país.

2. Informar de manera transparente y concreta los roles y tareas de su Unidad de Conflictos Sociales, su metodología y actividades tendientes a evitar los sucesos, como el que nos tocó investigar.

Recomendaciones al Ministerio de Educación:

1. Incorporar en educación escolar un curso de Educación Cívica-Democrática que transmita valores y respeto encarnados en los derechos humanos como mecanismo de fortalecimiento de la institucionalidad.

2. Desarrollar un verdadero programa de edu-cación bilingüe que comience por señalar la necesidad de una mirada pluricultural de recono-cimiento y respeto del “otro”, como alguien con nuestros mismos derechos, tendiendo a un enfo-que intercultural de convivencia armónica. Un rasgo sintomático de su falta de funcionamiento en la actualidad es que el Programa de Forma-ción de Maestros Bilingües de la Amazonia, que

funciona en convenio con el Instituto Pedagógico de Loreto, en la ciudad de Iquitos, no ha tenido ingresante alguno en los últimos tres años.

Recomendación a la sociedad en su conjunto:

1. Tomar conciencia de la deuda que tenemos con los pueblos indígenas debido a la discriminación histórica que los condenó a una situación de des-ventaja en relación con el resto de la población. Señalarlos como ciudadanos de segunda categoría o escribir, para referirse a la Amazonía, sobre El perro del hortelano no ayuda para nada. Nosotros siempre hemos señalado que el problema no es el error, sino persistir en ese error. Es de valientes también reconocer un error y pedir disculpas. El pueblo amazónico exige esas disculpas y que se le pida perdón.

Recomendación a Registro Nacional de Identifi-cación y Estado Civil:

1. Realizar, con urgencia, las medidas necesarias para reducir el vergonzoso porcentaje de indocu-mentados en la Amazonía a los niveles cercanos al promedio nacional.

Recomendaciones al Poder Ejecutivo:

1. La Comisión hace suya la propuesta de la Unesco para establecer una Reserva de Biosfera en la Cordillera del Cóndor, por lo que espera que el Poder Ejecutivo se una a este propósito.

2. Respetar de modo prioritario las instancias democráticas para la aprobación de leyes, evitando aprovechar la delegación de facultades para impo-ner autoritariamente proyectos que se hubiesen rechazado en el Parlamento. No debemos olvidar que muchos de esos decretos legislativos estaban planteados como proyectos de ley, los que habían sido rechazados por el Congreso; pero saltando con garrocha la instancia del debate parlamentario lo dictaron mediante decretos legislativos.

3. Dar muestra de representar a un gobierno democrático, respetuoso de los derechos funda-mentales de las personas. En ese sentido, no des-conocer lo previsto en la Constitución Política del Perú y, en particular, los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado el Perú.

4. Cumplir con los deberes previstos en la Cons-titución respecto a la provisión de servicios esenciales y sobre todo preferir el bien común al beneficio de grupos de poder cuando ambos inte-reses entren en conflicto. Es importante señalar que el Estado no está por encima del ser humano.



Cuando hay un conflicto entre el Estado y el ser humano, que representa una vida, se debe preferir al ser humano.

5. Cambiar su posición en relación con la protesta ciudadana, entendiendo esta como un derecho fundamental de las personas. Asimismo, dejar de satanizar la protesta social de los ciudadanos a través de su penalización o la difusión de la idea de que el disenso perjudica la democracia.

6. Establecer una Comisión de la Verdad, o el nombre que consideren pertinente, que pueda dar cuenta de lo sucedido realmente en el conflicto de Bagua y las zonas aledañas —nosotros recor-damos que se terminó rápidamente de elaborar este informe y no entendemos por qué, después de trece meses, se quiere debatir ahora—, verifi-cando las condiciones en que viven los pobladores amazónicos, su condición de ciudadanía, sus expectativas y amenazas. Todo ello con el fin de elaborar un diagnóstico certero de la situación, hallar la verdad, juzgar con mayor conocimiento a los responsables y, eventualmente, reparar a los deudos de las víctimas.

7. Establecer políticas públicas que tiendan a reparar el olvido en que se ha sumido a toda la Amazonía del país. Esto debe pasar por establecer un diálogo fluido con sus representantes en el que se respete su condición cultural en el marco de un enfoque intercultural.

8. Llevar a cabo un proceso de reparaciones e in-demnizaciones proporcional a todas las víctimas, a los familiares de las víctimas de los sucesos lamentables que enlutaron al país el 5 de junio de 2009 en Bagua.

Para finalizar, debo señalar que en la Comisión investigadora, un dirigente amazónico, cuando se hablaba de la falta de respeto y el porqué exigía respeto y dignidad, hizo las siguientes reflexiones. Lo recuerdo mucho, y debe recordarlas también toda la Comisión. Este representante era de la zona de Amazonas, de Condorcanqui. La mon-taña que tienen ellos allá se llama Kumpanam, si no me equivoco. Él nos preguntó qué pasaría si mañana dicen que en Machu Picchu hay oro o petróleo. ¿Permitiríamos que haya minería a tajo abierto en Machu Picchu? ¿Permitiríamos que se perforen pozos en Machu Picchu? La respuesta inmediata y unánime es negativa. Entonces, el dirigente preguntaba por qué en la montaña Kumpanam —que es tan importante para no-sotros los amazónicos como lo es Machu Picchu para el Cusco— entran sin consultar y sin pedir permiso a nadie.

En resumen, reafirmamos nuestro informe en el que concluimos que, más allá de la responsabilidad política, existe responsabilidad penal; lamentamos la demora del debate de este informe, que es muy importante para la reconciliación del país, y exi-gimos a este Parlamento que se insista en la Ley de consulta previa.

Muy agradecido.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Tiene la palabra el congresista Güido Lombardi, autor del último informe en minoría.

El señor LOMBARDI ELÍAS (UN).— Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias, colegas, por la atención que puedan prestarle a mis palabras.

Trataré de no extenderme tanto como lo han hecho quienes me antecedieron en el uso de la palabra, entre otras cosas, porque ellos han reseñado bien los hechos y se ha dado lectura de conclusiones que compartimos. En realidad, el informe elaborado fue uno solo, del que se extrajeron las partes según la conveniencia o la convicción de quienes lo han suscrito; por lo tanto, hay muchos puntos en común.

Quiero subrayar un punto que ha señalado el congresista Isla: la demora con que se produce este debate. Quizás esta demora nos ha impedido sacar conclusiones y también nos ha impedido aprender. Porque, en el camino, como es eviden-te, ahora me parece más importante insistir o allanarse en el texto de la Ley de consulta previa que debatir sobre hechos que ocurrieron hace dos años y sobre los cuales parecemos haber aprendido bastante poco.

Quisiera comenzar, entonces, recordando que la primera de nuestras recomendaciones era apro-bar la ley de consulta previa. Porque es la falta de consulta previa lo que origina la movilización amazónica no solo en Bagua y en el departamento de Amazonas, sino también en cinco departamen-tos del país.

El Congreso trabajó de manera concienzuda el proyecto de ley del derecho a la consulta previa. La Comisión de Pueblos Andinos, Amazonas y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, presidida por la colega Gloria Ramos, no solo consensuó un dictamen, sino que también incorporó los aportes hechos por la Defensoría del Pueblo y por la Mesa de Diálogo 03. Ese proyecto consensuado, que nosotros considerábamos indispensable, se aprobó



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en este Congreso por amplia mayoría pero fue observado por el Poder Ejecutivo. ¿Y qué decimos nosotros hasta ahora? Bien, gracias.

El propio Poder Ejecutivo, respondiendo a los señalamientos hechos por el Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, dice con relación a la ley de consulta: “El Estado considera que con la aprobación de ese proyecto de ley se abre un nuevo tiempo de encuentro, diálogo y concerta-ción para el desarrollo económico y el progreso social de los pueblos indígenas u originarios del país. Con lo anterior, el Estado destaca que queda demostrada su voluntad política para afianzar compromisos internacionales y la capacidad de diálogo intercultural permanente con los pueblos indígenas, así como la concientización de la nece-sidad de implementar mecanismos relacionados con la consulta”.

Eso no lo dice la oposición, señor Presidente. Lo dice el propio Poder Ejecutivo en una respuesta del 28 de mayo del año pasado, diez días después de que nosotros presentáramos nuestros informes y nuestras conclusiones sobre los sucesos de Ba-gua. Si bien el congresista Washington Zeballos, la congresista Gloria Ramos y yo mismo hemos reclamado que se debata la insistencia o el alla-namiento en la ley de consulta previa, creo que es imperdonable que sobre este tema no hayamos sido capaces de tomar una decisión.

Para despejar las dudas que algunas personas parecen tener sobre las intenciones con que se trabajó en la Comisión investigadora y sobre los objetivos de esta investigación —no me dejarán mentir mis colegas, más allá de las diferencias que hemos tenido—, quiero señalar que se trabajó con seriedad, con ahínco y de manera acelerada porque recibíamos la presión constante del Con-greso de presentar el informe correspondiente; por lo tanto, había que concluir ese famoso in-forme. Uno se imagina que había que concluir el trabajo porque el Congreso consideraba que era urgente debatirlo. Pero no fue así. Presentamos los informes, presionados y contra el tiempo, con más de mil quinientos folios de anexos, el 18 de mayo del año pasado, y hoy, trece meses después, lo estamos discutiendo.

Firmé de manera individual este informe en mi-noría, razón por la cual algunos parecen querer que no exista; es decir, como es un informe de un solo congresista, consideran algunos que no debe ser mostrado ni debe hablarse de él. ¡Horror! Además, se publica en la página web. Es cierto que el informe ha sido tapado por un documento

apócrifo, falso y mentiroso; yo le ruego, señor Presidente, que informe usted al Pleno, en su momento, de la investigación que le solicité que se haga en relación con ese hecho.

Pero las primeras palabras de mi informe dicen lo siguiente:

“El presente informe aspira a ubicar los trágicos acontecimientos de Bagua en el contexto de una interpretación de largo aliento que nos permita alejarnos de la coyuntura y evitar la utilización política de un drama nacional. Su objetivo es contribuir en el diseño de reformas destinadas a garantizar una mayor cohesión de nuestra socie-dad y una mayor eficiencia en el funcionamiento del Estado”.

No se trata aquí de hacer politiquería ni se trata de tener un espíritu de venganza. Se trata de hacer, con nuestro aporte modesto, pequeño, puntual, que el Estado sea mejor y que esté al servicio de los ciudadanos, no para castigarlos. Porque quizás uno de los hechos que más ha influido en mi ánimo es la convicción de que los dirigentes nativos habían decidido retirarse —y eso era de conocimiento generalizado— el 5 de junio de 2009.

Alguien pensó que no era conveniente dejar que los nativos se retiraran sin recibir su escarmiento y, entonces, precipitó un operativo policial, que ya sabemos cómo terminó: con 33 muertos, 24 de los cuales eran policías, y un desaparecido. Es la peor tragedia de la historia de la Policía Nacional. Y se pretende atribuir esa tragedia solamente al instinto criminal y primitivo de quienes llamamos despectivamente “indígenas, nativos o perros del hortelano”. Me parece tan grave, como no haber aprobado o insistido en la Ley de consulta previa, el haber omitido tomar acciones de cualquier tipo en relación con un espíritu de diálogo con los pueblos nativos u originarios.

Cuando en el futuro se hayan olvidado por com-pleto las menudencias de este Congreso y cuando nadie recuerde siquiera sobre qué legislamos, se seguirán recordando esas muertes absolutamente injustificadas. Y a medida que pase el tiempo, nuestros compatriotas, reitero, olvidarán las co-sas que aquí se hicieron; pero no podrán olvidar lo de Bagua.

Me parece importante decir que hay quienes dicen que solo los nativos sentían que los decretos legis-lativos afectaban sus derechos ancestrales sobre la propiedad, sobre la tierra, sobre el territorio y sobre el agua. No eran solo ellos. También las ins-



tituciones internacionales, incluso la Defensora del Pueblo —que no puede ser sospechosa de vin-dicta política— que dijo ante nuestra Comisión: “Por ello debo decir —son palabras textuales de la doctora Beatriz Merino— aquí fuerte y claro que el reclamo indígena se torna una y varias veces en un reclamo no por la integración que los asimile, sino por una inclusión que respete sus diferencias, que los tomen en cuenta, que oigan sus voces, que les confieran un espacio en la toma de decisiones y que les abra oportunidades reales para alcanzar la prosperidad”.

Nosotros no les vamos a señalar el camino de la prosperidad a los pueblos nativos de la Amazonía, señor Presidente. Serán ellos los que tengan que encontrar cómo quieren recorrer ese camino y cómo aceptarán o no la inversión extractiva en sus territorios.

Son sus territorios; son mucho más sus territorios que los nuestros. Los awajun tienen en la zona de Amazonas, Cajamarca y hasta del Alto Piura más de mil años, según estudios arqueológicos recientes. Es una enorme nación que incluye el territorio de dos países: la gran nación jíbara a la cual pertenecen los awajun, los shuar y los wampis es ecuatoriana y también es peruana. Acusarlos, por eso, de falta de patriotismo nos parece una ignorancia supina o una cobardía suprema.

Ofrecí no extenderme, señor Presidente. Pero creo que hoy tenemos la oportunidad de escoger si queremos ser recordados por nuestra indiferencia o, peor aún, por el encubrimiento de la verdad, o si queremos que este Congreso se asocie con una voz limpia y libre al lamento de las víctimas, que no fueron solo los 33 muertos y el desaparecido; hay más de 200 heridos como consecuencia de los hechos producidos en Bagua: 80 de ellos por bala y una docena por perdigones.

¿Qué mecanismos institucionales hicieron posible que esto ocurriera? ¿Qué mecanismos institucio-nales hacen que uno vea con indiferencia lo que ya han señalado algunos de los que me antecedieron en el uso de la palabra: una Policía que no tiene capacidad para comunicarse entre sí en dos colum-nas separadas por cinco kilómetros. La columna que, inopinadamente y a última hora, encabeza el mayor Bazán y que es mandada a la parte alta de la Curva de Diablo no tiene comunicación con la columna del general Muguruza.

El operativo policial se improvisa el 4 de junio de 2009. Más adelante me voy a referir con más detalle a ese operativo, aunque llamarlo “operativo” es un exceso del vocabulario porque

fue una chambonada, cualquier cosa, menos un operativo policial.

El general Muguruza, según todos los testimonios que recogí, el más capaz de nuestros oficiales de fuerzas especiales, es enviado a Bagua el 3 de junio de 2009 con órdenes de iniciar la operación el 4 de junio de 2009. Una vez que llega allí él, se da cuenta de que no puede proceder con tanta precipitación. Hace un sobrevuelo en helicóptero y decide postergar la operación para el 5 de junio de 2009. Pero al darse el encargo al general Mu-guruza, el más capacitado de nuestros oficiales de operaciones especiales, se ha producido un quiebre en la línea de mando. Muguruza es un general más antiguo que el general Garavito, el Jefe Nacional de Operaciones Especiales, con lo cual ya no le reporta al general Garavito; le reporta directamente al comandante general. En esas condiciones, y de esa manera, después de la sesión del Consejo de Ministros del 3 de junio de 2009, a la que se ha referido el congresista Juan Isla, se desarrolla el operativo policial.

Me pregunto cómo puede seguir funcionando hoy una fuerza policial que tiene seis equipos de comunicación distintos. Es porque a alguien le gustó Motorola, o alguien era amigo del distri-buidor de Motorola, y después vino otro y dijo: “no, hay que comprar Nokia”. Hay seis equipos de comunicación que no conversan entre sí, al punto que el suboficial Roldán logra, a través de su celular, comunicarse, a las seis y media de la mañana, desde la parte alta de la Curva del Diablo, con el general Garavito en Lima. Pero el subofi-cial Roldán no puede comunicarse con el general Muguruza. Esa comunicación es crucial.

No vamos a entrar en los detalles de cómo se realizó el operativo; pero Muguruza ni siquiera cumple con el operativo que ha diseñado él. Si hubiera llegado a la Curva del Diablo a las seis y media de la mañana, como estaba previsto, quizá no se hubiera producido el desplazamiento que causa las muertes del mayor Bazán y de su gente, los primeros en caer ese fatídico día.

El análisis de las necropsias de los policías muertos da cuenta de hechos verdaderamente increíbles, porque se trata de tropas de elite, se trata de fuer-zas especiales. Según el protocolo de necropsia, no están adecuadamente nutridos ellos, no porque hayan tenido que cruzar el desierto, sino porque vienen desnutridos desde la escuela. ¿Cómo es posible que sucedan y persistan estas cosas y que la gente pase por ahí con cierta indiferencia diciendo: “Son problemas técnicos, son problemas operativos”?



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¿Qué prejuicios, señor Presidente, colegas, ami-gos, ciudadanos, y qué acumulación de falsas percepciones han nublado la mente de quienes tenían la responsabilidad de tomar decisiones ese día, para desembocar en la sangre, primero, y luego en la negativa tenaz, casi inexplicable, de asumir responsabilidades y proclamar un mea culpa que no permita creer que hemos aprendido las lecciones y que algo así no va a repetirse? No se puede tener, desgraciadamente, esa confianza.

Respecto a que se iban a retirar de la Curva del Diablo, el testimonio tampoco puede ser fácilmente desechado, porque proviene nada menos que del obispo de Jaén, monseñor Santiago García de la Rasilla. Él dice, ante la Comisión, en una larga sesión de carácter reservada, que fue a conversar, acompañado de Salomón Awanash, con el general Uribe, para comunicarle que estaban pensando retirarse, pero que “necesitaban un poquito más de tiempo”. Son palabras textuales del monseñor Obispo García de la Rasilla, vicario apostólico de Jaén. El general Uribe les dijo, entonces, que les proponía que se retiraran de inmediato y dejaran el paso abierto en la carretera por algunas horas, como habían hecho unos días antes, gracias a la iniciativa del general Uribe que, pese a haber logra-do mantener la cosa en calma durante 45 días, es inopinadamente reemplazado el día penúltimo.

Continúa el monseñor García de la Rasilla: “Yo no estaba en esos días —refiriéndose a la prime-ra apertura que se produce de la carretera—, y Salomón Awanash dijo que “en ese momento no podía él tomar la decisión, que tenía que consul-tarlo y que en todo caso el general Uribe tomara la decisión de postergar cualquier operativo”. La respuesta de Uribe fue: “Miren, yo ya no puedo tomar decisiones, yo dependo de las órdenes que me den y, por tanto, no puedo ofrecerles ningún otro plazo”.

Sobre el operativo policial en sí, me gustaría decir algunas palabras, señor Presidente y colegas. Las conclusiones de mi informe son similares a las que se han leído. La primera de ellas es que los suce-sos del 5 de junio de 2009, en Bagua y aledaños, constituyen una trágica demostración de olvido y marginación en la que se ha mantenido a la población amazónica a lo largo de nuestra histo-ria. En ese contexto, y bajo esa premisa, se debe analizar lo sucedido. Hay también conclusiones con relación a la delegación de facultades, cómo estas fueron usadas y también con relación a la protesta indígena y a la gestión del conflicto.

Les consta a algunos miembros de la Comisión que, en mi caso personal, dialogando yo con los

dirigentes indígenas les dije que, mientras no sean capaces de identificar a los responsables de lo ocurrido en la Estación 6, tampoco pretendan encontrar responsabilidades en los funcionarios del Estado. Y ellos respondieron quizás evadien-do la responsabilidad pero con algo que no deja de ser cierto: “ese señalamiento, dijeron, no lo tenemos que hacer nosotros los líderes; lo tiene que hacer la autoridad judicial, la autoridad del Ministerio Público”.

Sobre el operativo, a juicio de quien firma este informe individual, debo decir que los hechos investigados implican una seria responsabilidad de los mandos policiales que intervinieron en ese operativo, no solo por graves errores en el diseño y en la ejecución del operativo sino que también la jerarquía policial es responsable de haber omitido cualquier tipo de reflexión o de consideración respecto de las consecuencias que ese operativo tendría en la Estación 6. Es decir, se toma la decisión de abrir la carretera en la Curva del Diablo sabiendo que a pocos kilómetros, desde hace cuarenta y cinco días, hay un destacamento policial integrado por treinta y ocho hombres que están como rehenes de mil quinientos nativos que rodean la Estación 6. No importa. Lo que importa es abrir la carretera y que se lleven su escarmiento.

La Comisión considera que era previsible que el impacto del desalojo y la aplicación del orden público en las ciudades aledañas generaran una reacción entre los nativos que rodeaban la Esta-ción 6; por lo tanto, es mínimamente razonable exigir que el comando tuviera las previsiones del caso, entre ellas, verificar que estuviera garanti-zada la seguridad de la Estación 6.

No es exacto atribuir esa responsabilidad al Ejérci-to o al Ministro de Defensa, como lo ha reiterado el ex Ministro Ántero Flores Aráoz, en comunicación que ha hecho llegar a usted, señor Presidente, y que ha sido distribuida a los congresistas. Era una responsabilidad de la Policía Nacional tener en consideración lo que iba a suceder ahí, sobre todo teniendo en cuenta que cinco días antes —el 1 de junio— se había producido el relevo del destaca-mento policial, el que estaba al mando el mayor Gómez, me parece, con treinta y seis efectivos. Este destacamento se retira el 1 de junio y es reemplazado por el comandante Montenegro con treinta y siete efectivos. ¿Nadie tuvo la inquietud ni la curiosidad de preguntarle al mayor Gómez cuál era la situación en la Estación 6?

Por otro lado, el cambio del comando operativo —al que ya me he referido—, producido el 3 de



junio de 2009, después del Consejo de Minis-tros, y decidido en las más altas instancias del ministerio del Interior, constituyó sin duda una medida inoportuna y que ocasionó, entre otras consecuencias nefastas, la ruptura en la línea de mando.

El comando policial incumplió su propio plan de operaciones. El número de efectivos con el que se inició el operativo no correspondía al señalado en la orden de operaciones que firma el general Muguruza y, por lo tanto, no se pudieron efectuar las coberturas correspondientes.

Además, de acuerdo con las informaciones que la Comisión recibió y verificó, la llamada “primera dimensión de tierra”, encabezada por el general Luis Muguruza, el más capaz de los oficiales de ope-raciones especiales que posee la Policía Nacional, llegó a la Curva del Diablo a las siete de la mañana con dieciocho minutos, cuando el contingente al mando del comandante Del Carpio ya había sido desbordado en las alturas por los indígenas. Esa tardanza fue determinante en el fatal resultado del operativo, porque su llegada a la Curva del Diablo estaba prevista, según el plan de operaciones, a las seis y media de la mañana.

Finalmente, el operativo policial se inició. Esto les da a ustedes, colegas, una idea de que alguien que tenía prisa quería actuar con rapidez, porque el operativo se inicia a las cinco y media de la mañana del 5 de junio de 2009, sin esperar que llegaran los refuerzos que estaban contemplados en el plan de operaciones. ¿A qué hora llegaron esos refuerzos al aeropuerto de Shumba? A las nueve de la mañana con quince minutos del 5 de junio de 2009, cuando el operativo ya había comenzado y los hechos estaban consumados.

Habría mucho más que decir, señor Presidente y colegas. Pero no se trata solamente —algunos parecen creerlo así, lo lamento— de volver al pasado por el apetito de venganza o por ajuste de cuentas. El veredicto, finalmente, que podamos dar hoy aquí nosotros —lo digo con toda since-ridad— importa poco; el veredicto se dio en las urnas, y ya sabemos el castigo que recibieron quienes lo merecían.

El espectro de los muertos en Bagua va a seguir afectando nuestra visión de muchos otros conflic-tos sociales, mientras no seamos capaces de fijar límites al poder y atribuir responsabilidades claras por más dolorosas que estas puedan resultar para algunos de nuestros colegas. Los miembros de la Comisión investigadora tratamos de hacerlo cada uno con su propia perspectiva, y por eso

me parece que es un insulto a nuestras mejores tradiciones el manejo manipulador que se viene haciendo de los informes. Usted ya sabe a qué me refiero, Presidente, y le reitero mi exigencia de informar los resultados de la investigación que usted ha ordenado hace ya más de un mes, me parece recordar. Por lo menos mi memorando es del 21 de abril de 2011.

No deberíamos dejar, colegas, amigos y ciudada-nos, que los muertos de Bagua entren a nuestra memoria histórica como las víctimas de Putumayo o como las víctimas de Uchuraccay: una tragedia que quedó en el olvido. Tampoco debemos permitir que, una vez más, este Congreso pase a formar parte de las oportunidades perdidas que acentúan la desconfianza que la población tiene en sus representantes y en la clase política.

Dependerá de la decisión que tomemos hoy noso-tros, señor Presidente, aprender de la tragedia de Bagua y que esa tragedia no signifique muertes en vano, sino que sirva para proclamar nuestra capacidad de tolerancia y nuestro rigor para apli-car una justicia que sea igual para todos.

Lo peor que podría suceder es dejarnos llevar por el simplismo de denigrar a nuestros compatriotas de los pueblos originarios para lavar las manos de quienes no quieren dialogar porque no creen que todos los peruanos tengamos los mismos derechos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Concluidas las sustentaciones de los informes, se da inicio al debate sobre la base del informe final en mayoría.

Tiene la palabra la congresista Mercedes Caba-nillas.

La señora CABANILLAS BUSTAMANTE (PAP).— Gracias, Presidente.

Antes del debate, tengo que dar una información frente a dos informes absolutamente sesgados e intere-

sados, que pierden la objetividad, y ojalá no la oportunidad, de ver con mirada trascendente y de futuro las enseñanzas que nos dejan dolorosos acontecimientos, como los de Bagua, a nuestro país, incluso a futuros gobernantes.

Lo de Bagua no es un hecho aislado. Durante el quinquenio anterior y este que termina el Perú



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vivió convulsionado por una serie de conflictos sociales, a tal punto que tenemos ahora en carpeta más de doscientos cincuenta conflictos sociales. Estos no surgieron, obviamente, por generación espontánea. Cuando digo esto, no les quito el sustento ni la razón a las demandas que pudieran tener esos sectores sociales. No descarto el hecho de que las poblaciones sanamente intencionadas que quieren protestar o llevar noblemente sus puntos de vista a instancias que toman decisio-nes son empujadas a veces con fines radicales y fundamentalistas: más prima el cómo hacemos oposición virulenta contra una administración que el cómo buscamos, a través del diálogo, la solución de los problemas fundamentales. Repito, yo no quito validez a las demandas. Lo que trato es de hacer análisis objetivos, no apasionados ni fundamentados en ponerles zancadillas a quienes están en función de gobierno.

Quien les habla no es una persona improvisada profesional ni políticamente. He asumido res-ponsabilidades de gran honor en este mismo Congreso. He sido su Presidenta y he gestionado este Poder del Estado con eficiencia, eficacia y austeridad. Nadie podrá decir de mí que un sol llegó a mi cartera o que distraje recursos com-prometidos de un fin para otro fin. No hice jamás apropiación ilícita ni malversación de fondos. No tengo en mi haber litigios de barrio llevados a una comisaría.

De modo que tengo autoridad profesional, ética y moral para hablarles a cada uno de ustedes, a la razón y al corazón porque, naturalmente, al igual que ustedes, cuando se asume responsabilidades, nos preocupa algo fundamental y trascendente: que cada uno tiene que dejar bien puesto el nom-bre que heredamos. Eso para mí es absolutamente importante y, por eso, me esfuerzo en no ador-narme, en no dramatizar y en no decir algo que pueda ser novelado o que tenga impacto.

La verdad es la verdad, duela a quien le duela, y fui una de las que tuvo mucha expectativa en este informe. Pensé que se iba a informar más allá de lo coyuntural, por dramático que sea, y que se iba a hacer justicia a quienes fueron afec-tados. Pensé que podíamos dar en conjunto otra visión. Porque todas las causales y motivaciones de este tema —sabemos cada uno de nosotros desde nuestras responsabilidades y funciones— pudieron ser prevenidas, alertadas y ser tratadas exitosamente.

Si logramos no modificar sino derogar decretos legislativos y lo hicimos después del peso y el dolor de varias muertes que enlutaron a muchos

hogares, me pregunto por qué no se hizo o analizó antes. Analizar por qué no se hizo antes es tener capacidad de crítica y autocrítica y asumir cada uno su función y responsabilidad en este doloroso episodio.

Yo no voy a permitir que mi figura honesta se use para tapar con mi nombre y con mi imagen a quienes tuvieron y tienen concurrencia de res-ponsabilidad y participación en estos hechos de la sociedad frente a un Estado.

El Estado tiene que ser más flexible no solo para anticiparse sino también para generar canales de participación con la mira a dar solución a proble-mas profundos. No son problemas, como se pre-tende decir, que surgen por un artículo de nuestro Presidente ni porque nuestro Presidente, lo cual es falso, llamó de manera despectiva “ciudadanos de segundo o tercer orden” a los nativos. No. El Presidente de la República, cuando yo fui Ministra de Educación, me encomendó, por ejemplo, res-tablecer la educación bilingüe intercultural, y así lo hice. Hicimos producción de textos escolares, enviamos maestros de las propias comunidades al magisterio local en toda la Amazonía o en gran parte de ella, según nuestra capacidad, y nombramos directores de las UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local). En la localidad de Condorcanqui, un nativo maestro fue director de UGEL y logramos traducir a todas las lenguas nativas no solo la Constitución, sino también los instrumentos de los derechos humanos.

Cuando me tocó estar en el Ministerio del Interior, pudimos aplicar una discriminación positiva para lograr que nativos de la selva central, con deseo de servir a la Policía Nacional del Perú (PNP) y de incorporarse a las escuelas de oficiales y suboficiales, pudieran ingresar. Entonces, los cobijamos con becas integrales en el Centro de Preparación Policial creado durante mi gestión y les aplicamos unas pruebas relativizadas a su condición cultural y a su nivel educativo. Lograron entrar y ya deben estar por egresar. Entonces, sí ha habido una posición de inclusión y de com-promiso intercultural quizás no perfecta, quizás quedaron en el camino mucha cosas, pero estaban sólidamente encaminadas en una visión integral, no discriminatoria de lo que nos corresponde a los ciudadanos en esta Nación peruana que se enriquece con nuestra diferenciación cultural y étnica. Este mosaico de razas que somos es un patrimonio, no es una vergüenza para nosotros; al contrario, sentimos orgullo de eso.

De modo que tampoco se debe monopolizar esa posición, como algunos acostumbran a politizar



y a monopolizar los derechos humanos. Solo ellos son defensores de los derechos humanos, solo ellos son defensores de las causas de las mujeres, solo ellos son defensores de las comunidades y pueblos originarios. Eso no es así. Creo que todos tenemos un poco de contribución en esa óptica de integración, no de discriminación.

Señor Presidente, quiero también dejar cons-tancia de que sí ha habido una persona que permanentemente ha estado atenta al informe sobre Bagua, y muchas veces los asesores de mi bancada y los de otras bancadas me veían en el hemiciclo que portaba todo mi legajo y papeles, porque decía: “Ahora va a tratarse el informe de la Comisión investigadora sobre Bagua”; pero no se trató el informe por diferentes coyunturas que no las voy a analizar ahora. Solo diré hidal-gamente una de ellas.

Yo soy una de las personas que tiene muy pocas faltas de asistencia a las actividades del Congre-so, generalmente estoy presente en las sesiones. Pero sí cuando me accidenté siendo participante del curso de los oficiales de reserva del Ejército Peruano en una ceremonia de demostración de un equipo sofisticado, un misil marca Spike que lamentablemente tuvo un impasse tecnológico, y yo sufrí la fractura del brazo derecho. Aquí tengo cuatro clavos que no los he extraído todavía, no me los han sacado y quizás me tenga que que-dar con ellos. Y tuve que pasar por tratamiento, previa operación y rehabilitación. En alguna oportunidad Lucho Alva me llamó por teléfono y me dijo: “Meche, que tal si vemos el informe de Bagua ahora, cómo estás”; me llamaba en un momento en que yo no podía mover la mano ni coger un papel, un lapicero, tampoco podía tomar mis alimentos por mis propios medios.

Entonces, aquí no ha habido zafada de cuerpo, señor Presidente, y que nadie se haga aquí el dueño, el apóstol, de ver temas que a todos nos compete. Todos hemos tenido interés, y en esta oportunidad he sido yo la que insistentemente ha pedido el uso de la palabra públicamente, mientras que otros tienen más inasistencias que asistencias y quizás tengan más interés en decir: “hicimos algo”, porque legislativamente hicieron poco y hay que justificar su presencia de cinco años en el Congreso.

Yo humildemente digo que también he contri-buido con la reparación, porque creo en la re-paración justa, y el Gobierno ha avanzado en la reparación a los deudos; incluso ya entregó, vía decretos de urgencia, los bonos de las viviendas individualizadas, cada uno por más de 80 mil

soles, creo que es 84 mil y en estos momentos se están finiquitando los trámites porque ya salió el decreto de urgencia.

Y vendrán más hechos de esa naturaleza, porque nada será suficiente para reparar en los familia-res las pérdidas de vida tan valiosas de nuestros hermanos. Yo he estado al pie de esos familiares, permanentemente, y lo seguiré estando, porque creo que más que discurso hay que actuar.

Señor Presidente, solamente falta algún proyecto que obra en nuestra agenda, para dar, con justicia, la declaración de “Héroes del país y por la demo-cracia” a esos dignos policías que —cumpliendo su función de restablecer el orden interno como manda la Constitución, y de manera institucional, organizada la operación policial por su comando como corresponde— estuvieron en esa zona ocupada ilegalmente y en diversos puntos del país, porque más allá de lo legal se llevó a cabo un reclamo que no tenía la necesidad de volver-se violento porque estaba acompañado en gran porcentaje de la razón y de la justicia.

Se tomaron vías, carreteras, puentes, tomas de agua, centros de distribución de energía, el Oleo-ducto Nor Oriental, casi en su integridad amena-zado y rodeado; los ríos de la Amazonía también fueron tomados, impidiendo el tránsito de víveres, de alimentos y de trabajadores; estaba paralizada la economía en determinados lugares de la selva; los alimentos y los medicamentos se encarecían o escaseaban. Por lo tanto, y obviamente, el Estado, administrado por quien fuera su gobernante y equipo de gobierno, tenía que actuar.

El paro es promovido por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), con su presidente, el señor Pizango, quien no ha sido mencionado acá por nadie. Parece que todo suce-dió por generación espontánea. Parece que nadie participó, parece que nadie faltó a la información veraz y parece que nadie tenía la obligación de llevar a las comunidades el avance de lo que se iba logrando con el gobierno central. Parece que no existió un señor Pizango y parece que él no llamó a la insurgencia ni llamó a un siguiente paro estando en la mesa de diálogo. No existió. Las cosas sucedieron por generación espontánea y, por lo tanto, no tuvo ni tiene responsabilidad alguna porque no tuvo autoría. También parti-cipó la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).

Frente a eso, el gobierno emite un decreto supre-mo que se habría debatido, según las informacio-nes, el 6 de mayo de 2009 en sesión de Consejo de



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Ministros. Yo no estuve en esa sesión de Consejo de Ministros, por ejemplo; pero sí lo firmé cuando me lo proporcionaron, porque creo que el Estado tiene que asumir su responsabilidad en estos ca-sos, para garantizar los derechos humanos de los ciudadanos y el acceso a los servicios básicos que no pueden estar interrumpidos más de cincuenta días por personas que al hacer eso cometen delitos y asumen responsabilidades.

Yo podría haber dicho que no firmo, que no asistí a esa reunión y que no conozco el asunto; podría haberme hecho la loca. Pero no, señor. Yo firmé, y lo digo con toda entereza. Así como digo que se equivocan quienes cogen un acta y dicen que su contenido no concuerda con la transcripción y, por eso, se quiere señalar que alguien me llamó la atención a mí en tono altisonante. Nada de eso hubo, en honor a la verdad. Y cuando uno quiere investigar es bueno cotejar las fuentes, no decir simplemente que “salió en tal o cual periódico” o que “un comentarista lo dijo”. Así no se investiga con rigor científico.

Me pide una interrupción el congresista. Con el mayor gusto, la concedo.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Congresista Otárola, para una breve interrupción, puede intervenir.

El señor OTÁROLA PEÑARANDA (GPN).— Gracias, Presidente; gracias, congresista.

Nosotros nos solidarizamos con usted, congresista Cabanillas, por el accidente que tuvo, pero ese hecho

nada tiene que ver con el tema en debate. Por eso le decía que sí nos preocupan los muertos y, por eso, también nos indigna que se siga diciendo que los indígenas sufrían de capitis diminutio, que son gente incapaz azuzada por terceras personas; o, como dijo un congresista indolentemente: “no tienen derecho los indígenas porque no tienen títulos”. Lo que sucede es que los que querían quitarles las propiedades a los indígenas tenían inscritos sus títulos de propiedad en los Registros Públicos, desconociendo el derecho adquirido de esos indígenas a través del tiempo con posesiones de más de 500 o 600 años.

Consiguientemente, decir que los indígenas fue-ron fácilmente azuzados como si no tuvieran crite-rio alguno es seguir tratándolos como retardados o débiles mentales. Ellos defendían y defienden las propiedades que durante más de quinientos años las habían poseído, porque corrían el riesgo

de que sean despojados de sus tierras. Además, no se respetó el derecho a la consulta previa. Por eso, es indignante, con el respeto que se merece la congresista Cabanillas, que siga diciendo que los indígenas fueron azuzados, que son ciudadanos de tercera categoría y que fueron unos títeres manejados por un gran maniquí que los movilizó en toda la selva.

Pido que los respeten a ellos. Lloramos por los héroes policías muertos y también por los nativos. Por la memoria de ellos, pedimos que se respete a los indígenas y que no los vuelvan a tratar como gente azuzada o instigada por politiqueros. Ellos reaccionaron porque defendían lo suyo, su derecho a la propiedad, su derecho a la vida y su derecho a ser tratados como comunidades nativas y con respeto, porque desde la capital siempre fueron mirados con desprecio. A raíz de esos tratos indolentes, se sancionaron a seis congresistas nacionalistas, sanción de la que toda mi bancada parlamentaria se siente orgullosa.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Continúe, congresista Cabanillas, con su intervención.

La señora CABANILLAS BUSTAMANTE (PAP).— Yo no sé si el amigo Otárola tendrá que ir al médico porque no ha escuchado bien o, en todo caso, he hablado muy bajo. Nadie ha dicho que los integrantes de los pueblos originarios son ciuda-

danos de segunda categoría. Ahora se busca que eso que ha dicho el congresista se transmita por la radio, llegue allá y haya una distorsión. Reitero, nadie ha dicho eso. Es más, he dejado constancia de la justicia de sus reclamos y he hecho la distin-ción absoluta. Somos políticos, y no nos podemos adivinar la suerte entre gitanos.

Más que una defensa a los nativos, creo que mi amigo Otárola ha querido hacer una defensa propia, porque él sabe cuánto les tocó participar como movimiento. Sobre ese tema no me voy a referir porque yo no he venido a dejarme provocar en minucias. Por último, cuando he dicho que estaba inhabilitada físicamente, quiero decir que no he asistido a las sesiones porque estaba con licencia por descanso médico. No hay que ser muy inteligente para entender lo que estoy diciendo. Lo he dicho con toda claridad. Dice el congresista Otárola qué tiene que ver mi accidente con el tema. Claro que tiene que ver, porque si estaba con licencia y si se trataba el informe de Bagua, no podría haber intervenido en mi defensa. Yo no sé si ha sido necesario dar una explicación en este



nivel para hacerme entender por un congresista, al que siempre he apreciado por su inteligencia.

Vuelvo al tema principal. El Decreto Supremo 027-2009-PCM de mayo de 2009 declara en estado de emergencia por sesenta días todas las localida-des afectadas con el paro amazónico, “debiéndose adoptar las medidas constitucionalmente previs-tas —dice el decreto supremo— para restablecer el orden interno y procurar la defensa de los derechos ciudadanos y los servicios públicos”.

Ahora bien, yo puedo incluso ir más allá, porque no puedo cubrir la realidad. Yo puedo admitir, como autocrítica estructural y del sistema po-lítico y de gobierno, que hubo ausencia de fun-cionarios no solamente en Bagua, sino también en Tarapoto, Yurimaguas, Ucayali, Madre de Dios, Loreto, parte de la selva del Cusco, donde está la zonal Kiteña y el gas de Camisea que fue tocado en su fibra óptica por los nativos con la amenaza de hacerlo volar. Eso hay que decirlo. Hubo ausencia de funcionarios de todos los ran-gos que debieron cumplir su rol de orientar y de explicar a los señores de las comunidades los alcances de las normas dadas. Es decir, se dejó el terreno vacío a las personas que podrían haber hecho algo positivo; pero, de hecho, estas han hecho lo contrario.

No estoy refiriendo a nadie en particular ni espero que nadie se sienta aludido. Pero no me van a decir que no estuvieron allá miembros del sindicato magisterial, de las rondas campe-sinas, de los frentes patrióticos que vienen con la consigna bastante lejana de cómo organizar políticamente a la sociedad bajo determinados cánones y financiamientos externos —sí, mu-chos frentes patrióticos—, y también llegaron, de un momento a otro, ochocientos licenciados, muy radicalizados ellos, de cierto pensamiento etnocacerista que se apostaron muy cerca, los que fueron un factor determinante, como se ha visto después en testimonios que se han dado ante la Comisión investigadora, para que se frustre cualquier intento de salida armoniosa o de un retiro sensato. No se hizo.

Y aquí se ha dicho que ya se iban los miembros de las comunidades. De todos los testimonios que voy a compartir con ustedes, van a constatar ustedes, colegas, cómo nuestro general Uribe —a quien lo han procesado también, desde mi punto vista, injustamente— hacía el máximo esfuerzo por lograr una distensión. Obviamente pregunto qué podía ofrecer la policía. ¿La policía podía ofrecer derogar los decretos legislativos o el Tratado de Libre Comercio? ¿Los policías tenían

capacidad de negociación? ¿La policía tenía que negociar? ¿O era la autoridad política? Era la autoridad política.

Algo similar se había producido el 2008. Hubo otra toma violenta, y la policía también había concurrido con la mayor buena fe y comprensión del tema. Ayudaron a las autoridades locales para que logren que se resuelva el tema y, así, lograron que se firmara un acta; pero esa acta nunca fue cumplida, según decían dirigentes y miembros de las comunidades, desde agosto de 2008 hasta abril de 2009. Ese hecho radicalizó y enervó más a la población. Así lo dicen los protagonistas de esos hechos.

Vuelvo al tema. ¿Qué se hizo, entonces? Porque la Comisión dice ahora, en un informe —y esto ha sido usado como premisa después en otros in-formes—, que la ministra no hizo nada. Antes me acusaban de haber hecho todo, incluso de haber comandado una operación policial, función que no puede hacer un ministro civil, obviamente, tampoco un ministro militar, porque la PNP es una institución jerarquizada que tiene su director general y su Estado Mayor.

De repente, ahora se dice que no hice nada, que estuve en una abstención absoluta, que me abs-tuve de todo. No, señores. No es así. El Ministerio del Interior, como corresponde, tomó medidas preventivas. Aparte, la dirección general de la PNP, que en ese momento estaba a cargo del general Mauro Remicio Maguiño, envió, de las diferentes Direcciones Territoriales Policiales, destacamentos policiales a los más de doce pun-tos en todo el país, incluyendo Amazonas. Ahí estaban apostados miembros de la Dirección de Operaciones Especiales de la PNP (DIROES-PNP) que, como se ha dicho aquí, es el cuerpo más es-pecializado. Eso es lo que tenemos y heredamos. Antes esa fue también la cantidad de policías que teníamos; policías que con las justas se abastecían, para estar en diferentes puntos del país, incluso en condiciones muy adversas y precarias.

Con Oficios números 185 y 190, de 10 y 13 de mayo de 2009, respectivamente, la entonces Ministra del Interior solicitó al Ministerio de Defensa apoyo de las Fuerzas Armadas para colaborar con la PNP, a fin de garantizar el normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales en varios lugares estratégicos que podrían ser objeto de daño ma-terial. Estos pedidos se formularon en aplicación de la Ley 28222, que prescribe que cuando hay vulneración del orden público, como la toma de bienes donde funcionan instalaciones públicas o privadas de servicios básicos, y si la policía es re-



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basada por manifestaciones enardecidas, entonces se solicita la presencia militar. De modo que es poco trascendente aquella norma o directiva del Ejército, referida por la colega Martha Moyano, porque, además, era de otra época.

La norma que nosotros hemos aplicado con el ex Ministro Ántero Flores-Aráoz —con quien hemos coordinado brazo a brazo y codo a codo— es la Ley 28222. Estas solicitudes dieron origen a dos resoluciones supremas. La primera autoriza la presencia de las Fuerzas Armadas para que puedan apoyar a la PNP en cada uno de esos puntos. ¿Cuáles son los puntos? Echarate, Andoas, Imaza y Bagua (Estación 6 de PetroPerú) en los departamentos de Cusco, Loreto y Amazonas. La segunda resolución de 15 de mayo de 2009 auto-riza el apoyo de las Fuerzas Armadas a la PNP para dar seguridad a los servicios esenciales en los distritos que no estaban en estado de emergencia: Aramango, El Milagro —en El Milagro está la Curva del Diablo—, El Cenepa, Santa María de Nieva, Morales, Saramiriza, Indiana y Atalaya, de los departamentos de Amazonas, San Martín, Loreto y Ucayali, respectivamente. Incluso en los considerandos de ambas resoluciones supremas se dice: “a solicitud de la Ministra del Interior”.

Entonces, no es cierto que la Ministra del Interior no tuvo acciones preventivas ni acciones anticipa-das. Estas acciones son de mayo de 2009. Desde el 15 de mayo ya están siendo autorizadas las Fuerzas Armadas para que, por 30 días, den todo el apoyo a la PNP para todas las operaciones que se van a desarrollar. Hubo previsión. Es falso desconocer esto. El informe presentado ni siquiera menciona las resoluciones, con el afán de crear la falsa pre-misa de que la ministra estaba desconcentrada, de que era incapaz, de que no le interesaba o había abdicado de sus funciones. Ambas resoluciones supremas han sido producto de las funciones de los ministros. Ahí radica la responsabilidad política del Ministro de Defensa, de la Ministra del Interior, del Presidente del Consejo de Ministros, los que estábamos cumpliendo con nuestro mandato cons-titucional. No hacerlo hubiera sido irresponsable; se dejaba constancia de que la medida preventiva no significaba que las Fuerzas Armadas iban a reemplazar a la PNP en las tareas de orden interno sino que iban a apoyar y a cooperar.

También tomamos acciones de coordinación con el propio Comando Conjunto de las Fuerzas Arma-das: dos sesiones de coordinación y de diagnóstico, porque el país estaba convulsionado, para que las Fuerzas Armadas —con la información que tienen— puntualicen bien las zonas vulnerables, de mayor emergencia y más sensibles.

Pero antes compartimos informaciones los tres ministros que fuimos juntos a esas reuniones: el Ministro de Energía y Minas, el Ministro de Defensa y la Ministra del Interior. También es-tuvieron todos los altos mandos de la PNP con su director general y con el jefe de la Dirección de Operaciones Policiales de la Policía Nacional del Perú (DIREOP-PNP) que supervisa, orienta y monitorea todas las operaciones policiales. Esta dirección reporta al Director General. En ambas reuniones participamos en la primera parte y, luego, facilitamos que los mandos policiales y los mandos militares puedan ver el detalle y la coor-dinación de cómo iban a hacer el respaldo.

Por ejemplo, en la primera reunión, se encomen-dó a la PNP resolver el problema en Kiteni, en donde, como dije, una comunidad de Echarate había sitiado prácticamente una instalación del gas de Camisea y amenazaba con volar todo el sistema de distribución del gas al haber logrado tocar la fibra óptica. La PNP sin costo social al-guno logró resolver este problema erradicando a quienes habían tomado este importante centro de producción de energía y no hubo consecuencias lamentables.

El acuerdo fue que el personal policial relevado por efectivos del Ejército de las instalaciones se incorpore a las fuerzas de la PNP para el oportuno desbloqueo de la carretera Fernando Belaúnde Terry. Quince efectivos del Ejército irían a la bocatoma de Aramango; otros quince, a la hidroeléctrica El Muyo; cuarenta, al puente Corral Quemado; y, treinta y un efectivos, a la Estación 7 El Valor. Son efectivos del Ejército del Perú. Todo este listado fue cumplido por nuestro Ejército del Perú.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Congresista Cabanillas, ¿cuántos minutos más necesita?

La señora CABANILLAS BUSTAMANTE (PAP).— Yo acabo de comenzar, señor Presidente. En la sustentación de los dos informes no hubo interrupción alguna. Aho-ra extrañamente se grita. Yo no estoy agraviando a nadie. Estoy

respondiendo las inquietudes de la Comisión investigadora, estas me obligan a dar respues-tas. Le ruego que me deje ejercer el derecho a la legítima defensa.

Tengo que señalar que, a requerimiento del Co-mando Policial, realicé coordinaciones con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas



para replegar las comisarías del Cenepa al cuartel EP Chávez Valdivia; de Santa María de Nieva al cuartel EP Ciro Alegría; de Chiriaco y El Muyo al destacamento de Aramango (sus efectivos y armamentos), en razón de que hubo la intención de atacarlos. Esto se produjo en razón de que días antes los efectivos de la PNP desalojaron sin costo social a quienes habían tomado el puente Corral Quemado. En un Día de la Madre se logró hacer este desalojo. Se tomó ese puente a las siete de la mañana, y a las tres de la tarde, con el apoyo de la PNP de Trujillo, Chiclayo y Jaén, se logró recuperar la vía. Voy a saltearme todo lo que significa la gestión ministerial y los logros fundamentales que desarrollé.

Convengo con los que han dicho que las carencias de la Policía Nacional eran tremendas. En el Consejo de Seguridad Nacional del Sistema de Seguridad y Defensa del país, que preside el Presidente de la República, sustenté el Plan de Modernización de la Policía Nacional 2010-2014, para que se nos otorgue la suma de 582 millones de nuevos soles para reno-var armamento, equipo antimotín, equipo médico, criminalística, equipo de inteligencia, vehículos, telemática, aeronaves, embarcaciones.

Se ha dicho aquí, con justa razón, que la PNP tenía y tiene diferentes redes de comunicación: unas son Nokia, otras son Telefónica y otras qué sé yo; lo cual dificulta realizar una labor adecuada de comunicación, incluso en momentos de opera-ciones especiales de todo tipo.

Por eso, con prevención logramos comprometer al Banco de la Nación para que nos facilite ese dinero, el cual será restituido al Banco de la Nación con los recursos del canon petrolero des-tinados a la PNP en un 25%; el 75% se destina para las Fuerzas Armadas. El mencionado Plan de Modernización ha quedado ahí. Yo salí y no sé si ha comenzado a ejecutarse. Hubiera sido bueno que comience a ejecutarse. Al respecto, notifiqué inmediatamente a la Contraloría General de la República para que se haga control previo y el control concurrente.

Se dice en el informe y en la intervención de uno de los señores congresistas que “el cambio de Comando efectuado el 3 de junio y decidido desde la más altas instancias del Ministerio del Interior constituyó una medida desacertada. A partir de entonces el general Bernabé Garavito, director de la Dirección de Operaciones Policiales y autor del Plan General de Operaciones, perdió el control del operativo, ya que el general Muguruza es un oficial de la mayor antigüedad. Dicha situación determi-na que el Comando Operativo, encabezado por el

general Luis Muguruza, reporte directamente al director general José Sánchez Farfán”.

Esa conclusión tiene una serie de errores, señor Presidente, y la tengo que aclarar. El propio direc-tor general de la PNP Nacional, teniente general José Sánchez Farfán, en su testimonio ante la Comisión investigadora, afirma haber designado al general Muguruza. Dice: “Entonces, cuando se logra la participación de las Fuerzas Armadas, quien habla —el general Sánchez Farfán—, ante una situación prácticamente inminente para hacer el desalojo, designa al general Muguruza para que se haga cargo de las operaciones”. Este es el testimonio que se esconde, y no me explico por qué no se da a conocer; ya tendrán que verse las responsabilidades.

También tenemos el testimonio contundente del general Bernabé Garavito, entonces director de la DIREOP-PNP, sobre la designación del general Muguruza. Dice lo siguiente: “Que, efectivamente, el día miércoles 3 de junio del presente año, entre las 11 y 12 horas del día, fui convocado por el general de policía José Sánchez Farfán, director general, a su despacho, en donde se le indica que se ha tomado la decisión de enviar al general Muguruza a la ciudad de Bagua para que se haga cargo de las operaciones policiales de desalojo de la Curva del Diablo”.

Señor Presidente, ese procedimiento es normal. Es competencia del director general de la PNP nombrar al general responsable de la operación de desalojo. Por eso digo que es insidiosa la frase: “desde las más altas autoridades del Ministerio del Interior”. Además, digo que el general ha dado su testimonio a la Comisión investigadora.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Congresista Cabanillas, continúe su intervención.

La señora CABANILLAS BUSTAMANTE (PAP).— Queda claro y despejado este tema, señor Presidente, porque hay innumerables testimonios al respecto. Incluso el general Garavito Berrocal, jefe de la DIREOP, dice: “Encontrándome yo en una reunión en el despacho del general Sánchez Farfán me indica que había tomado la decisión de enviar al general Muguruza a Bagua, en vista de que era el oficial más idóneo y que su personal y su equipamiento estaban ya establecidos desde hacía mucho tiempo en esa zona”. Así aparece en la página 22 del informe que he distribuido.

Por otro lado, no es cierto que la presencia —yo no debería decirlo, pero he sido informada por



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el comando policial— de un general de mayor antigüedad pueda invalidar, en el comando, la coordinación y la dación de cuenta que le corres-ponde de acuerdo con su función. Al respecto, permítanme mostrar el organigrama de la PNP, para que se vea la ubicación funcional de las direcciones. (Ver cuadro 1)

La DIREOP está en el segundo nivel de mando de la PNP. El primer nivel le corresponde al director general, luego al jefe de la DIREOP. En cambio, el director de la DIROES, órgano de línea y de ejecución, reporta al director de la DIREOP, sea cual sea su grado. Lo que se impone, y es una práctica policial, es el cargo. Si un general es más antiguo que el jefe de la DIREOP, predomina el nivel del cargo, conforme señala el organigrama. Por ejemplo, el general Mauro Medina, de Ins-pectoría General de la PNP, que está en su tercer año de general, investiga al general Uribe, que es de mayor antigüedad. Y el general Muguruza que estaba en el quinto año de antigüedad en el grado está siendo investigado por un miembro de Inspectoría General de la PNP que está en el tercer año de antigüedad. Puedo decir, entonces, que es absolutamente errónea la interpretación que da el informe sobre este punto.

Por lo tanto, no es extraño que un subordinado informe a su director general. Acá a un miembro de la Comisión investigadora le parece extraño que el general Garavito le informe a su director general. Es obvio que así proceda porque se trata de informarle al director general de la PNP.

Por otro lado, el general Muguruza, que dirigió el comando operativo de acción policial en Bagua, señala lo siguiente: “En ningún momento ni cir-cunstancia fui objeto de interferencia, presión o

proposición o sugestión por parte de la entonces Ministra del Interior Mercedes Cabanillas, du-rante el planeamiento, organización, dirección, ejecución y toma de decisión correspondiente al operativo policial para el restablecimiento del orden público y desbloqueo de la carretera Fernando Belaunde Terry, altura del kilómetro 201 al 202, realizado el 5 de junio de 2009, de-jando constancia de que la única comunicación telefónica que sostuve solicitando la autorización correspondiente para la ejecución del mencionado operativo policial la realice directamente con el entonces Director General de la PNP, General de Policía José Armando Sánchez Farfán, el 4 de junio de 2009, aproximadamente entre las 19 horas con 15 minutos y las 19 horas con 40 minutos, quien inmediatamente de solicitado el pedido por la misma vía telefónica autorizó al suscrito la ejecución del operativo”.

Ese testimonio es absolutamente claro y contun-dente, y es bueno decirlo para quienes afirman de todas maneras dos cosas: o que la ministra no hizo nada y, por lo tanto, hubo omisión, o que la ministra se excedió en sus funciones por abuso de autoridad, por negligencia o qué sé yo. Ni una ni otra. Yo siempre estuve cauta, informándome y recomendando que todo se haga de acuerdo con lo que tienen los policías como mandamiento: el Manual del Oficial del Estado Mayor y el Manual de Aplicación de Derechos Humanos en toda operación policial.

Igualmente, se dice también acá que algo raro habría ocurrido cuando se produce el cambio de mando policial. No hay nada raro en esto, porque el general Mauro Remicio, director general de la PNP, tuvo que ser relevado en el cargo. Tenía 62 años de edad y 44 años de servicio. (Ver cuadro 2)

DIRECCIÓN GENERALDIRGEN PNP

DIREOP

EMG

EMP

ASESORÍAJURÍDICA

DIREJDHDIREJADM

DIRECFIN DIRLOG INAEP DIREUD DIRBIE DIRREHUM PENSIONES

DIRTEL DIRINT DIRAVPOL DIRCRI DIRPASEC DIRSAL

HOSP.NAC. INC

HOSP.ABI.

DIRCOTE DIRANDRO DIRSEG DIROES DIRINCRI DIRCOCOR DIRSEPEN DIRPOLFIS DIRPOLCARR IDIRTEPOL

IIDIRTEPOL

IIIDIRTEPOL

IVDIRTEPOL

VDIRTEPOL

VIDIRTEPOL

VIIDIRTEPOL

RPCALLAO

VIIIDIRTEPOL

IXDIRTEPOL

XDIRTEPOL

XIDIRTEPOL

XIIDIRTEPOL

XIIIDIRTEPOL

XIVDIRTEPOL

XVDIRTEPOL

FFPPVRAE

FFPPHUALLAGA

ORGANIGRAMA DE LA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ

Cuadro 1



Mediante el video que se está proyectando, se puede ver el relevo en el cargo de director gene-ral de la PNP del general Mauro Remicio por el general Sánchez Farfán. Este era el segundo en línea de comando con el cargo de Jefe de Estado Mayor de la PNP y, por lo tanto, al general Sán-chez Farfán le correspondía asumir el cargo de director general. Se puede ver ahí también como se produce el relevo del general Mauro Remicio, que tiene el pie enyesado y está en silla de ruedas. El general Remicio fue operado en el Hospital de la PNP después de la segunda quincena de mayo; no podía caminar porque había tenido una fractura o una rotura del tendón, por lo que en el momento del relevo ni siquiera pudo participar de pie en la ceremonia. En resumen. Hubo relevo por dos motivos: tenía el tiempo cumplido de ser-vicios y estaba por mucho tiempo internado y en reposo en el Hospital de la PNP. ¿Cómo se puede ser tan malicioso cuando se informa y se debate sobre este punto? Ahí está enyesado el general Remicio. ¿Cómo se puede decir, entonces, que algo se ha cocinado? Nada de eso. Como lo dijo el general Sánchez Farfán, en la ceremonia del relevo, simplemente por mandato de la ley pasa a asumir el cargo de director general. En este punto, entonces, tampoco hay nada que esconder.

Dice también un informe de la Comisión que ya se había recibido órdenes de Lima para que de todas maneras se ejecute el operativo policial. Al respecto, muestro aquí documentos importantes que contienen el informe que proporcionan a la Ministra del Interior el 15 de junio de 2009 y el oficio correspondiente, así como los que par-ticiparon en el operativo policial del 5 de junio de 2009. Se trata del Oficio 01-2009-DG-PNP-CEOPOL-P1 de fecha 15 de junio y del Informe

014-2009-DIROES-PNP-DINOES/BCQ. Con el informe me dan cuenta, además, de un conjunto de planes generales de operaciones, mencionados también aquí.

El Plan General de Operaciones (PGO) 8 de la DIREOP-Paro Amazónico 2009 lleva como fecha el 25 de mayo de 2009 y tiene como misión, doy lectura: “despejar el bloqueo de la Carretera Fer-nando Belaunde Terry, kilómetros 200 al 202, del sector denominado Curva del Diablo”. Reitero, desde el 25 de mayo había un plan general de operaciones. Luego hay otro plan general de ope-raciones y una orden de operaciones que tienen como misión el despeje de la pista. Por supuesto, el comando policial estaba planeando y actuando, esa era la misión; tenía su objetivo. El qué, el cómo, el cuándo y el dónde son parte de la operación, de la disciplina, del planeamiento. Eso, de acuerdo con la doctrina policial y los protocolos que rigen en el funcionamiento de la PNP, es decidido por el comando de operaciones que está en el lugar de los hechos.

Esos planes son cumplidos por los mandos poli-ciales cuando, por ejemplo, el general Muguruza se comunica con su director general y le dice que ha hecho una apreciación de inteligencia y ha constatado que los puestos neurálgicos están cubiertos por los efectivos militares —recuerden que él está en la zona de Bagua que corresponde a la pista que se va a desalojar—; él ha hecho reco-nocimientos —ha ido por la colina tres veces con comandantes, mayores y suboficiales— e informa a su general de los tres vuelos realizados ese día; él dice que se ha reunido con el contingente o la división de inteligencia y le dice a su general que está en condiciones de participar. Y su general

Cuadro 2

Testimonio del Director General de la PNP, Teniente General PNP (r) SÁNCHEZ FARFÁN, Armando:



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—aquí está el texto— le responde que proceda si confirma lo que está viendo —que está en condi-ciones— y si garantiza realmente la oportunidad y el buen desenvolvimiento de la intervención. Eso le dice su director general. Y obviamente procede el general a participar. Entonces, no se puede decir que ha habido interferencia. Todo está documentado. Incluso hay una orden de operaciones para proceder al desbloqueo en el mismo día, el 3 de junio, fecha del Memo múltiple 712-2009-DGP-PNP/CEOPOL-PJ; sin embargo, los generales encargados y que están en el lugar de los hechos se toman otro día más —no proce-den el 3 de junio—, porque tienen la decisión y la capacidad para decidir la fecha y hora.

Hay otro documento en el que se señala con toda claridad que el general Uribe, segundo general de comando de operaciones, tiene que realizar coordinaciones con el general del Ejército del Cuartel El Milagro, en acatamiento de lo que ha acordado el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para lograr la cobertura de apoyo en todas las estaciones. El general Muguruza asu-me que todas las estaciones están cubiertas. Del lugar de los hechos, la Estación 6 está ubicada a ocho horas de camino por tierra; o sea, a 30 minutos por aire.

Yo no conozco esos lugares ni he estado ahí. Yo he estado a miles de kilómetros; pero entiendo que un ministro tiene que dar la cara y tiene que asumir una posición; yo no me corro. Tampoco dejo que me hagan imputaciones falsas o por motivación política, porque no las estoy motivando ni las estoy desafiando.

La orden de desbloqueo está dada y suscrita por el Director General de la PNP. Y con esto no estoy haciendo sino un reconocimiento, porque esa orden de operaciones se enmarca en el Decreto Supremo 027, que es el marco legal, y en las dos resoluciones supremas que hemos dado como gobierno. De modo que hay absolutamente un engranaje legal hasta llegar al operativo que le corresponde como función policial.

Uno de los testimonios del general Muguruza dice: “El día 4 hice los reconocimientos y en horas de la noche tuve que avanzar cierta distancia hasta encontrar una línea, y poder dar cuenta al señor director, lugar donde le hice conocer la factibilidad por la cantidad de oponentes que teníamos y el número de fuerza que teníamos con nosotros. Es ahí donde él me indica que si yo estaba apreciando la situación como lo informase, que se procediera al desalojo. Inicio así, con esa última orden, y regresé a Corral Quemado e hicimos todos los

pasos previos para poder subir en horas de la mañana”.

Esta declaración deja claramente establecido que se han cumplido los niveles funcionales de decisión en lo que concierne a una operación policial.

Me apena que haya colegas que se retiren del hemiciclo cuando alguien está haciendo uso de la palabra sin que haya atacado a nadie. Yo he escuchado pacientemente tres y hasta cuatro intervenciones. Estoy interviniendo ahora, y esta es una linda oportunidad de conocer los hechos documentados por los propios protagonistas, no de escaparse. Esa es una falta de respeto a la democracia y al Parlamento. No sé qué será del Parlamento en el próximo quinquenio si se repiten estas actitudes de absoluta verticalidad y falta de respeto a nosotros y a otros colegas.

Uno de los testimonios del general Sánchez Far-fán dice: “Ahora, si de repente él hubiera dicho o quizás me hubiera dicho que no se debe realizar el operativo porque no es conveniente, definitiva-mente también la dirección, con total seguridad, hubiera dicho que no se ejecute”. Es decir, no tenían la decisión de decir de todas maneras: ‘sí o sí’. No la podían tener porque la función de la Policía Nacional es disuadir, no es una fuerza de combate ni es una fuerza que va al choque.

Hay abundantes testimonios de los esfuerzos de la Policía Nacional por lograr que las comunidades o los nativos pudieran ceder y levantar la medida de fuerza para llevar su reclamo a la Mesa de Diá-logo que estaba funcionando en la Presidencia del Consejo de Ministros, por mandato de un decreto supremo. De la tercera reunión de diálogo, se le-vantó Pizango —así como se han levantado algunos colegas de esta sala de sesiones— y se fue diciendo que iba a estudiar los decretos legislativos dados por el gobierno. Luego, apareció en Puno, en la Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, en donde participa de una gran movilización y concentración de pueblos originarios. Incluso, ahí, se da lectura a una carta de Evo Morales en la que se invoca a la rebelión, a la revolución, a la insurgencia, a la lucha contra el Tratado de Libre Comercio y contra las inver-siones privadas en los lugares donde ellos dicen que son de estricto patrimonio. Yo no discuto eso, señor Presidente. Lo que yo discuto es que una autoridad extranjera pueda mandar una misiva en un momento inadecuado durante un evento que se estaba desarrollando en el territorio del Perú.

Por otro lado, se ha hablado mucho de la supuesta decisión de los manifestantes de retirarse de la



carretera tomada por ellos. Al respecto, ¿qué dice el testimonio del general Uribe, que ha estado ahí hasta la víspera del 5 de junio, caminando de arriba a abajo, conversando con los apus, voceros, choferes, comerciantes, con mucha gente, incluso con los agitadores de las rondas campesinas. Dice el general Uribe lo siguiente:

“Me voy con dirección a El Reposo para la reunión con Salomón Awanash (4 de junio) y no pude lle-gar; no pude llegar porque había ahí un grupo de ronderos que me apedrearon la camioneta y no pude conversar con ellos. Más o menos, no sé si entre las cuatro y treinta y las cinco de la tarde o de repente antes me llama el Obispo de Jaén y me dice: ‘General, no hemos podido conversar, quisiéramos tener una reunión con usted’, y le dije que sí, pero que ya no podía ir a El Reposo porque yo no había llegado en horas de la tarde y que, inclusive, había rumores muy fuertes de que me querían secuestrar. Entonces, les hago una invitación para hacer una reunión a inicios de la Estación 7, que más o menos será, pues, tres o cuatro minutos de El Reposo, en carro. Me fui al lugar y no llegaron. Los he esperado hasta las seis de la tarde con veinticinco minutos y no llegaron; me regreso a la Estación 7 a arreglar mis cosas porque ya me iba a Corral Quemado. Después de las siete de la noche yo estaba cenando ahí en la Estación El Valor y me comunican que la comisión estaba afuera”. Es decir, hay una de-legación. Él sale a dar encuentro a la delegación. Conversamos ahí —dice— y yo les exhortaba para que desalojen la zona y ellos, definitivamente, en ningún momento cedieron. Continuaba exhortán-dolos, inclusive llegó una comisión enviada por el licenciado Villanueva —de la región Tarapoto— [...] pero ellos (los manifestantes) no accedieron [...], porque dijeron que necesitaban órdenes de Lima”. ¿Dónde estaba el señor Pizango si ellos necesitaban una orden de Lima? Por lo menos para decir que estaba encaminado el estudio de los decretos legislativos y que podrían modificarse o, en su caso, derogarse.

“En ningún momento —dice el general Uribe— ellos accedieron; sin embargo, me he enterado por unas lecturas, y porque también hemos conver-sado en la Comisión del Poder Ejecutivo, que el señor Amín o Amarín, el que viajó con nosotros —mucho tiempo después—, había dicho que ellos me habían informado que se iban a retirar el otro día, a las nueve y diez de la mañana, cosa que es totalmente falsa —dice el general Uribe—; y yo lo desmiento, porque yo nunca he visto al señor Santiago Amín o Amarín; jamás lo he visto yo; él jamás ha conversado conmigo; y el testimonio es que el día que estuvimos en el helicóptero y

que fuimos a Corral Quemado —cuando estaba de presidente del Consejo de Ministros el señor Javier Velásquez— ni el señor Amín me conocía ni yo lo conocía a él”; es decir, ambos no se co-nocían. “Eso sí, digo enfáticamente, incluso me ofrezco incondicionalmente, sin ningún tipo de limitación, si es posible, a que, si hay duda sobre lo que yo estoy diciendo —dice el general Uribe—, me sometan a una prueba de polígrafo, de detector de mentiras o cualquier elemento tecnológico [...] porque solamente estoy diciendo la verdad”.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Continúe, congresista Cabanillas.

La señora CABANILLAS BUSTAMANTE (PAP).— Señor Presi-dente, yo estoy leyendo testimonios, y no puedo tergiversarlos. Si los tergiverso, podría ser denunciada por una querella. Comprenda la con-gresista que interrumpe que no se

pueden modificar los testimonios. Quizás porque hay cosas que no les conviene escuchar, algunos colegas quieren que termine mi intervención.

Continúo. Señala claramente el general Uribe que jamás existió borrador, presentación o insinuación de acta alguna con la comisión para algún pase temporal. Contesta también él, ante una pregunta, aquí, en la Comisión investigadora, que “jamás, jamás, jamás, lo digo categóricamente. Y como le vuelvo a repetir, yo ni siquiera he visto al señor Amín”.

Salteándome algunos testimonios, que puedo brindárselos a la prensa, que es la esfera más democrática para escuchar los diversos puntos de vista, doy lectura al testimonio del señor Awa-nash. Pregunta un congresista en la Comisión investigadora al señor Awanash si logró firmar un documento o un acta. Y el señor Awanash, también vocero, que está tratando de lograr una solución de buenas maneras dice: “Ese documen-to es falso. En ningún momento el 4 de junio se ha firmado un documento [...] porque nunca he visto ese documento; porque nosotros, que hemos estado allá a las siete de la noche coordinando con el general, entonces qué tiempo vamos a tener de trasladarnos a esa misma hora para tener reunión”; se refiere al lugar que está a varios kilómetros de ahí.

Es contundente la respuesta del señor Awanash, respuesta que se ha pretendido ocultar para cubrir con un manto de impunidad a aquellas personas que actuaron contra la vida de varios policías que no estaban en combate. La Policía Nacional



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no dio combate. Hubo asesinos que ultimaron a nuestros policías, y yo los defenderé en todas las instancias, Presidente, porque ellos estaban yendo a cumplir un servicio; estaban en función de servicio, con mandato legal; ellos no son homi-cidas. Los homicidas son los que se escondieron en varias comunidades y son cómplices los que están apañándolos, porque estos saben quiénes son los homicidas. Muchos saben quiénes son, señor Presidente, y se esconden de la justicia. De una cantidad de detenidos, muy pocos son los que están procesados, señor Presidente; ahí se cometió un crimen que nada lo justifica.

Señor Presidente, es importante que se sepa que el señor Awanash tuvo siempre la mejor predisposición de ayudar a que se resuelva esto; pero, fue interferido, como dice él. La gente que estaba en El Reposo dijo que de ninguna mane-ra se iba a retirar, que no le iban a dar el gusto al señor Salomón Awanash de tomar contacto con el general Uribe y que a partir de esa hora quedaba bloqueado el tránsito; es decir, ni apu ni nativo ni dirigente alguno podían transitar ni desde un punto, ni desde otro punto, por lo que él no pudo ir en búsqueda del general Uribe para comunicarle que había ido a El Reposo y que en El Reposo encontró a esos ochocientos licenciados que le dijeron que no hay acuerdo alguno para retirarse.

Esos ochocientos licenciados, que eran agitadores extraños a los apus, gente de las rondas campe-sinas y de los frentes de defensa de los intereses de la población o de determinada región no estaban sintonizando con los apus, en todo caso. Y acusaron al señor Awanash de haber recibido veinte mil nuevos soles el 30 de mayo de 2009, por haber apoyado a la policía en permitir que por tres horas se dé paso a los vehículos que estaban ahí amontonados. Ese era el radicalismo, señor Presidente, que imperaba en la carretera a esas horas: no dejaban que sea armoniosa la solución. Todo lo que estoy señalando está documentado.

Igualmente, señor Presidente, esto se ratifica con la versión del obispo Santiago García de la Rasilla, citado incompletamente. Él señala que, en una víspera, hubo un contacto con el general Uribe, y cuando el buen señor Awanash trataba de lograr un indicio de solución, de repente se aparecen los ronderos y dicen gritando: “no, lo que nosotros queremos es la caída del presidente de la República Alan García”. Con esa actitud y con esos lemas frustraban todo posible diálogo.

Es más, señor Presidente. La “Declaración de Pichanaki” contenía lo siguiente: “Exigir la salida

del presidente Alan García del gobierno peruano por ser socio de las transnacionales [...]. Convocar a la lucha por una nueva Asamblea Constituyente que elabore una nueva Carta Magna de estados plurinacionales [...]. Exigir el retiro inmediato de las transnacionales: Petrolífera-lote 107 en Oxapampa; Pluspetrol-lote 108 en Chanchamayo y Satipo, y Repsol-lote 57 en Río Tambo de la selva central. Rechazar la pretendida construcción de la Central Hidroeléctrica de Paquitzapango en el río Ene, que busca beneficiar el monopolio brasileño”. Hay que tener cuidado con eso ahora.

Y la “Declaración del Paro Amazónico” de 9 de abril de 2009 —el que tiene puntos importantes y que yo creo que son justos aunque no eran expuestos con prioridad ni los reivindicaban— pedía: “Vacancia de la Presidencia de la Repú-blica por incumplimiento de sus compromisos con los pueblos nativos. Nulidad del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Modificar la Constitución”.

Señor Presidente, toda una corriente indepen-dentista era la que se estaba azuzando por parte de los visitantes que habían llegado al Abya Yala de Puno desde Bolivia. Ahí están los discursos, no los puedo repetir: se habla de los estados inde-pendientes y plurinacionales, donde el principio del derecho colectivo prime sobre el derecho individual y, naturalmente, de la convocatoria a la Asamblea Constituyente.

Señor Presidente, son débiles las afirmaciones que tratan de imputarme alguna culpabilidad, más allá de la responsabilidad política, porque solo han logrado, a pie forzado, hacerme denuncias por lo siguiente: se dice que yo he alegado ante la Comisión “un abstencionismo total”, añadiendo que mi participación en el proceso “se limitó a proveer los recursos logísticos”. Señor Presidente, es una afirmación traída de los cabellos. Yo, que he estudiado Administración, en la Esan (Escuela de Administración de Negocios para Graduados), ¿cómo puedo hacer esa afirmación? ¿Yo puedo decir que un ministro es el encargado de proveer, de repente, a una compañía o a un grupo o a un equi-po de intervención? ¿Yo tengo que ir físicamente allá para proveer? No, señor Presidente. La Ley Orgánica de la Policía Nacional y su Reglamento de Organización y Funciones (ROF) dicen que la Dirección Ejecutiva de Administración es el ór-gano encargado de planear y dirigir los recursos logísticos de la Policía Nacional y que la Dirección de Logística es el órgano encargado de la admi-nistración de los recursos logísticos asignados para atender los requerimientos de las diversas unidades de la Policía Nacional del Perú.



Es decir, observo que no hay argumentos para tratar de involucrar a la ex Ministra del Interior en hechos irregulares, lo cual no me parece no-ble. Creo que con grandeza, honor e hidalguía quien habla y varios ministros de Estado hemos asumido nuestra responsabilidad política dejando los cargos por esos hechos luctuosos.

Sigo trabajando con la Policía Nacional en se-guridad ciudadana. Por ejemplo, propuse la ley sobre las juntas vecinales de seguridad ciudada-na que ustedes, señores congresistas, con tanta comprensión apoyaron; la norma fue publicada en El Peruano y ya entró en vigencia.

Pregunto cómo no voy a conocer exactamente qué le corresponde hacer a un ministro de Estado si antes he sido Ministra de Educación. Por eso he tenido mucho cuidado en aplicar la Ley de Orga-nización y Funciones del Ministerio del Interior. Incluso este Congreso, a mi sugerencia, creó generosamente dos viceministerios: el de Gestión Institucional y el de Orden Interno, el que tiene relación con muchos aspectos de la Policía Nacio-nal. Esta es una gran institución —quizás más grande que el Ministerio del Interior—, porque tiene todas sus estructuras administrativas de apoyo, de asesoramiento y de toma de decisión. Además, hay una dirección de operaciones poli-ciales, que es un órgano técnico de planeamiento de las operaciones policiales. También hay un estado mayor. En resumen, todos esos niveles e instancias están en la organización del Ministerio del Interior.

También se ha dicho equivocadamente aquí que hay una subordinación total, como si el ministro fuera un mandón. El ministro no puede salirse del marco que mandan claramente la Constitución y las leyes orgánicas.

Por eso hay directivas. Hay una directiva que marca la cancha entre lo que le corresponde al ministro y lo que le corresponde a la Policía Nacional. En síntesis, son los lineamientos de política: política de presupuesto, por ejemplo; política de desarrollo de la Policía Nacional; política de apoyo a la modernización de la Po-licía Nacional. Todo eso lo cumplí yo, como he informado en el Congreso. Aquí trajimos también muchos proyectos de ley que aprobaron ustedes, señores congresistas, por ejemplo, sobre el ré-gimen disciplinario; terminamos la adquisición de los patrulleros; y el día 5 de junio de 2009, cuando yo estaba entregando los uniformes, adquiridos en gestiones anteriores, por valor de 17 millones de nuevos soles, me entero de lo que estaba sucediendo en Bagua.

De mi parte ni siquiera tenía comunicación telefónica; la tenía limitadamente el jefe de la DIREOP y la tenía también, como corresponde, el director general de la Policía Nacional. Un ministro se alimenta de información a través de ese comando policial. No es que a uno se le ocurra crear información. Unos y otros, entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía no teníamos una información cabal de lo que estaba sucediendo en términos de heridos o de muertes. Algunos señalaban cifras que no eran exactas, y también de eso se burla un segmento del informe emitido. Esa información estaba fuera de nuestro alcance porque la Policía Nacional no tuvo, y seguramente hoy tampoco tiene, un real puesto de comando con comunicación satelital que, en tiempo real, permita que su director general, como lo hace el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Ar-madas, pueda visualizar las diversas regiones y comunicarse con sus directores generales como lo hacen las Fuerzas Armadas con sus comandantes generales.

Señor Presidente, como bien dijo el ministro de Defensa Rafael Rey, en un reportaje, un ministro no está encargado de hacer operaciones policiales o militares. De los deberes o detalles se encargan los órganos cuyos miembros han estudiado, han entrenado y se han capacitado. El ministro, que es una autoridad política, tiene que proveerle el marco legal a la institución policial para que pueda ejercer sus funciones acorde con el mandato de la Constitución y de su ley orgánica.

De no haber cumplido con su obligación la Policía Nacional, se hubiera llevado al caos al país, con excepción de Bagua; estoy hablando de la acción policial en Sicuani, en Puno, en Andahuaylas y en diversos lugares donde la Policía Nacional pudo evitar que haya un desborde de la violencia, lo que hubiera afectado a más personas y, sobre todo, a inocentes.

Agradezco la atención, y estoy aquí para responder cualquier pregunta o para disipar cualquier duda. Le he proporcionado a cada uno de ustedes, señores congresistas, los documentos que sustentan mi intervención. Como verán, no los he leído comple-tamente todos, solo he comentado algunos y creo que hay que respetar los testimonios presentados. Yo no me defiendo. La Policía Nacional del Perú habla por mí. Los testimonios dicen cuál fue mi rol. Ellos pudieron libremente objetarme y criticarme, si hu-biera actuado de otra manera. De ninguna manera lo han hecho, porque todos saben que siempre he actuado y sigo actuando correctamente.

Muchas gracias.



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El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Tiene el uso de la palabra el congre-sista Vargas.

El señor VARGAS FERNÁNDEZ (PAP).— Señor Presidente: Ya no me lamentaré de aquellos que estuvieron en la Sala, incluso sustentaron sus informes, y ahora se han retirado del hemiciclo. Lo han hecho seguramente porque no

tienen argumentos o porque están esperando tener alguna mayoría, trabajada bajo la mesa, en el próximo Parlamento para poder discutir este y otros temas.

Empezaré mi intervención mencionando algunas cosas que considero importantes, sobre todo la relacionada con el artículo sobre el perro del hortelano, que ha sido mencionado aquí y que presumo, por lo que escucho, que muy pocos lo han leído o lo han leído y lo han tergiversado o no lo entienden.

El perro del hortelano, señor Lombardi, no es el nativo; el perro del hortelano es el que tiene taras ideológicas y considera que los nativos son minusválidos, personas que no tienen la califi-cación suficiente para alcanzar su desarrollo y avanzar.

Los seguidores del perro del hortelano impiden la inversión, el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. Además, tienen un doble discurso porque mientras algunos congresistas van a Bagua a incendiar la pradera, a engañar, a mentir y a de-cirles a los nativos que les van a quitar su tierra, otros congresistas, aquí, en el Parlamento, como el señor Abugattás y la señora Marisol Espinoza, firmaban y votaban por la constitucionalidad de esos decretos legislativos, cuando allá estaban pidiendo la derogatoria por su inconstituciona-lidad. Aquí tengo el documento con las firmas de Abugattás y de Marisol Espinoza sosteniendo en ese momento que esos decretos legislativos eran constitucionales; ellos finalmente votaron por la constitucionalidad de esos decretos. Esos son, entonces, los perros del hortelano.

Los perros del hortelano son aquellos que se lle-nan la boca y hablan de la defensa de los bosques y de la comunidad nativa, como el señor Víctor Isla, que desgraciadamente no está presente, se fue... Ah, felizmente está acá, no lo había visto. Decía que en la gestión del señor Víctor Isla, por ejemplo, que presidió la Comisión de Concesio-nes Forestales en el gobierno de Toledo, hoy su aliado, se vendieron los bosques de la Amazonía a

cuatro dólares la hectárea. Al respecto, existe una denuncia en la que se expresa, por ejemplo, que su asesor y abogado, miembro de esa Comisión de Concesiones Forestales obtuvo 150 mil hectáreas de bosque; hoy este señor es un próspero made-rero. Esos son los perros del hortelano que dicen una cosa y hacen otra para impedir el desarrollo y el crecimiento de la Amazonía y de los pueblos del Perú. Por eso hay que hablar con claridad para desenmascararlos y denunciarlos.

Yo tengo, acá, el artículo periodístico sobre el perro del hortelano, y quisiera que algún congresista tenga la intención de leerlos, o debería leerlos para que vea ahí la defensa de las comunidades nativas y de sus tierras. Mientras otros, que decían otra cosa hace unos años, hoy vienen con un discurso totalmente distinto.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Continúe, congresista Vargas.

El señor VARGAS FERNÁNDEZ (PAP).— Debo decir, además, señor Presidente, que aquí se han dicho algunas cosas que no tienen el más mínimo fundamento. Pretenden decirnos que la señora Mercedes Cabanillas es responsable del asesinato de veinticuatro policías; es decir, no son responsables los que asesinaron, no son responsables los que dispararon y dieron muerte, no son responsables los que torturaron, ellos no son responsables. Se dice que la responsable es la señora Cabanillas. ¿Y por qué? Porque tenía el cargo de Ministra del Interior, y se cree que por eso hay responsabilidad constitucional, incluso responsabilidad penal. Se equivocan de cabo a rabo porque no hay tal cosa.

Los argumentos y los artículos de la Constitución que se mencionan aquí no pueden determinar una responsabilidad constitucional de la minis-tra como lo establece la Constitución, porque la función de la Policía Nacional, como bien se ha explicado acá, es hacer el operativo y cumplir; ese es su papel. El ministro, como el Presidente de la República, no va a la batalla para conducirla directamente. Da las políticas generales, las que no pueden generar responsabilidad constitucional ni penal.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Termine su intervención, congresista.

El señor VARGAS FERNÁNDEZ (PAP).— Voy a terminar, señor Presidente.

Los responsables serán juzgados por la historia. Yo debo decir, como amazónico, que estamos can-



sados de la visión patrimonialista con relación a los nativos. Visión que tenían los viejos españoles conquistadores que consideraban a los nativos como seres inferiores y que, por lo tanto, tenían que ser tutelados en todo.

Debe saber el señor Lombardi que en la Ama-zonía hay hambre, miseria y tuberculosis. Para corregir eso es necesario que haya inversión para que se generen puestos de trabajo; es necesario, entonces, cambiar eso; ¿o queremos que siga la desforestación y la destrucción de la Amazonía con la tala ilegal y el narcotráfico?, ¿o se está defendiendo al narcotráfico? Si es así, esto debe ser dicho abiertamente en lugar de venir aquí con historias que no las cree el pueblo.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Tiene el uso de la palabra el congre-sista Vásquez.

Pero antes, congresista Vásquez, ¿puede darle una interrupción al congresista Isla que se la está solicitando?

El señor VÁSQUEZ RODRÍGUEZ (GPN).— Cómo no, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Bien.

Congresista Isla, puede intervenir para una interrupción.

El señor ISLA ROJAS (GPN).— Gracias, Presidente; gracias, con-gresista Vásquez.

Yo creo que algunos nacieron en la Amazonía por accidente porque no tienen la concepción de amazónico

en defensa de la Amazonía, y yo me remito a los hechos. La actitud es lo que manda, y en la práctica las acciones señalan el comportamiento de uno.

Yo no sé si el congresista Vargas leyó bien el ar-tículo El síndrome del perro del hortelano. Pero ahí se señala claramente una actitud insultante al pueblo amazónico, cuando se dice que se ha cometido el error de entregar áreas de terreno a familias pobres que no tienen ni un sol para invertir y que luego el Estado tiene que darles préstamos y asesoría. Lamento que el Presidente de la República haya escrito en ese tono; revíselo, señor Vargas. También se insulta a los pueblos amazónicos cuando el presidente García señala que existen comunidades ociosas porque teniendo

200 mil hectáreas de terreno solo usan 10 mil. Así ha insultado el Presidente García al pueblo amazónico; eso no se puede tapar porque existe. Lamento que un Presidente de la República se haya referido así.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Continúe, congresista Isla Rojas.

El señor ISLA ROJAS (GPN).— Déjeme termi-nar porque es importante señalar los hechos.

Referente a la concesión, yo he pedido que se inves-tigue y quiero que sepan lo que sucedió. Se dieron concesiones a pequeños hombres amazónicos, no a las grandes transnacionales. La mencionada conce-sión lamentablemente fracasó porque el gobierno de Toledo, hay que decirlo, ofreció préstamos a los pequeños hombres que extraían madera. Pero, como no le gustó el resultado, el gobierno de Toledo les negó los préstamos y les mandó obtener présta-mos en una caja municipal como si fueran créditos normales, los que no pudieron ser sostenidos.

Lamento la actitud poco consecuente del congre-sista Vargas con la Amazonía. Todos los amazóni-cos saben cómo se comportó él ante el pedido del pueblo amazónico de derogar aquellos decretos legislativos. Además, los que quieren tratar como subnormales o quieren jalar de las narices a los amazónicos son aquellos que han pensado saltar con garrocha una norma supranacional que tiene carácter mandatorio para el Estado peruano.

—Fuera del micrófono, el congresista Mulder dice que el orador está en una interrupción.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Tiene un minuto para terminar su interrupción, congresista Isla.

El señor ISLA ROJAS (GPN).— Señor Pre-sidente: Yo le pido más tiempo. Nosotros hemos sustentado un informe, y creo que la congresista Cabanillas tenía todo el derecho de hablar, si que-ría, por tres horas; no he renegado por eso. Pero ahora, para poder establecer las cosas, tiene que darnos el tiempo necesario, señor Presidente.

—Fuera del micrófono, el señor Mulder expresa que el señor Isla pida, entonces, la palabra.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Congresista Isla, ¿entonces le doy el uso de la palabra? Si quiere le doy nuevamente el uso de la palabra.



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El señor ISLA ROJAS (GPN).— Yo le pedí el uso de la palabra, y usted me quiso dar una interrupción.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Ah, bueno.

El señor ISLA ROJAS (GPN).— Y haga valer su autoridad, señor Presidente, porque le está corrigiendo el colega del lado izquierdo.

—Risa del señor Presidente.

—Fuera del micrófono, el señor Mulder señala que han pasado cinco años y no aprende el señor Isla: si quiere más tiempo que pida la palabra en lugar de interrumpir.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Entonces, después le vamos a dar el uso de la palabra al congresista Isla.

Congresista Vásquez, continúe con su interven-ción.

¿Le da, usted, una interrupción al congresista Vargas?

El señor VÁSQUEZ RODRÍGUEZ (GPN).— Siempre y cuando no se susciten intemperancias, con todo gusto.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Congresista Vargas, puede interrumpir.

El señor VARGAS FERNÁNDEZ (PAP).— Señor Presidente: Sin intemperancia alguna, voy a intervenir.

Para el congresista Isla, parece que conceder 150 mil hectáreas es una

bicoca, no es nada; y además dice que el presidente de entonces, Toledo, hoy su socio, no cumplió. Con decir eso, él ya solucionó el problema de que su asesor se quedó con 150 mil hectáreas. Señor, no se ha explicado nada sobre eso.

Tengo acá el artículo suscrito por el Presidente de la República y titulado El síndrome del perro del hortelano. Me permito darle lectura. Dice él: “Respetemos los bosques vírgenes y de los nativos, pero comencemos por los 8 millones de hectáreas que han sido convertidos en desiertos y destruidos en los últimos años por la concesión rapiña, la coca y la tala salvaje”. Eso dice el Pre-sidente García.

¿Y qué dice el señor Víctor Isla en la revista Visión Amazónica: “No aceptamos la propuesta de no tocar los bosques; los recursos forestales son renovables y debemos explotarlos. Por eso rechazamos la creación de las Reservas Naciona-les y declaramos la guerra a los ambientalistas; hay que hacer un manejo de los bosques”.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Termine, congresista Vargas.

El señor VARGAS FERNÁNDEZ (PAP).— ¿Quién es el que tiene doble discurso, señor Presidente?, ¿quién es el que miente? El pueblo del Perú sabe. Yo soy un amazónico. Ser amazó-nico no significa que tenga que recibir y repetir la receta que nos dan los supuestos conductores del movimiento nativo.

Yo creo que en la Amazonía deben existir es-cuelas, salud, educación; y, por eso, es necesario decirlo, el actual gobierno ha invertido tres mil millones de nuevos soles solo en Loreto. Toledo, su socio, no ha invertido nuevo sol alguno. Por ejemplo, tenemos que hablar de la carretera Yurimaguas-Tarapoto, de la interconexión eléc-trica, de las miles de obras que se han hecho en energía eléctrica, de las escuelas y de los colegios emblemáticos, todo esto hecho con esos tres mil millones. Nunca hubo antes en la historia del Perú esa inversión allá. Tal vez lo hubo en la época de Castilla en el siglo xix. Eso es hacer un gobierno realmente popular, y el pueblo lo entenderá.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— El congresista Vásquez le da también una interrupción al congresista Isla.

Congresista Isla, puede interrumpir.

El señor ISLA ROJAS (GPN).— Yo lamento las medias verdades que quieren que se conviertan en verdades completas pero son gran-des mentiras.

Primero, él no ha tenido la hidal-guía de dar completa lectura al párrafo que he citado. Ahí se señala todo, y ustedes lo saben. El presidente García lo dijo, y yo lo repito: “Se ha cometido el error de entregar áreas de terrenos a familias pobres que no tienen un sol para in-vertir”, así dice el tercer párrafo, señor Vargas; búsquelo.



Referente a mi asesor, pueden ustedes inves-tigarle. Yo no he hecho negociado alguno. No tengo denuncia alguna, y si usted es parlamen-tario y cree eso, denúncienme, no tengo temor alguno. Abran una investigación para que no se quede solamente en discursos altisonantes. Y, le reitero, tenga la hidalguía de dar completa lectura al texto, o voy a fotocopiarlo para pro-porcionárselo.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Continúe, congresista Isla.

El señor ISLA ROJAS (GPN).— Yo entiendo que con otros asuntos se quiere distraer el tra-tamiento del tema de fondo. El tema principal es la responsabilidad existente por parte de un gobierno terco que actuó miserablemente contra la Amazonía y que enlutó al país con treinta y cuatro muertos y un desaparecido. Por eso, aquí existe responsabilidad penal, y la ley es clarísima.

Las Fuerzas Armadas y Policiales no son deliberan-tes y, por lo tanto, obedecen al poder civil; siendo el Presidente de la República el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y siendo la representante del Ministerio del Interior la ministra o el ministro, evidentemente tienen responsabilidad por homicidio culposo por faltar al deber de cuidado. Quieren distraernos con otros temas para salirse por la tangente. El pueblo no es tonto, ya se dio cuenta. Aquí estamos para debatir incluso con todas las mentiras que nos puedan poner. La verdad, que se impone, se va a tener que saber, y ellos tendrán que asumir sus responsabilidades; porque, para que un

pueblo se reconcilie, es importante que se conozca la verdad a fondo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Congresista Vásquez, continúe con su intervención.

El señor VÁSQUEZ RODRÍGUEZ (GPN).— Presidente: Yo me imagino que los indígenas del Putu-mayo, en siglos pasados, estarían en la misma situación que están ahora los awajun y los wampis, porque en ese tiempo se debatía en el Parla-

mento británico el informe Casement, sobre la esclavitud de miles de indígenas de la Amazonía por una empresa extranjera. Aquí hemos tenido varios Casement que, de acuerdo con sus propias ópticas e investigaciones, nos han traído su visión, sus conclusiones y recomendaciones.

Pero hay el clamor de un pueblo que todavía no es escuchado. Por eso, le pido a usted, señor Presidente, que autorice por cinco minutos la proyección del video de la reunión del pueblo awajun, meses antes de que suceda la tragedia que aún enluta al pueblo peruano.

—Asume la Presidencia la señora Lazo Ríos de Hornung.

La señora PRESIDENTA (Alda Lazo Ríos de Hornung).— Auto-rizada la proyección.

—Se proyecta video.

“Una verdad que no se quiso ver”, reunión del pueblo awajun en marzo

de 2009.

El primer miembro del pueblo awajun que preside la Mesa.— [...] Venimos reivindicando, pidiendo, solicitando al Poder Ejecutivo que directamente venga a dialogar con nosotros, porque vemos que el Estado es el primero que se equivoca sabiendo las leyes de las consultas previas. Pero aun así a nosotros no nos han consultado por ningún momento. Ahora quienes están presentes aquí, el señor gerente subregional, yo creo que él tampoco conoce este tema de fondo, porque no hubo la consulta previa a las comunidades colindantes a la Cordillera del Cóndor.

[...]



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No somos ajenos a la realidad nuestra; es por eso que nosotros queremos que por intermedio de ustedes lleguemos a dialogar con el primer ministro o, por qué no, con el Ministro de Energía y Minas, que con él directamente dialogaríamos y terminaríamos suscribiendo el Acta de Acuerdo entre el Estado y, por qué no, con el pueblo indígena.

[...]

En esta oportunidad tengan la amabilidad de llevar nuestras propuestas, y ustedes canalicen ante el Poder Ejecutivo para llegar a conversar con ellos directamente.

Muchísimas gracias a todos.

Un participante nativo del pueblo awajun del Cenepa.— (Intervención en idioma nativo).

El segundo miembro del pueblo awajun que preside la Mesa.— Dice el señor y ha comentado bastante que él es natural de este río del Cenepa, del pueblo del Cenepa, de esta división territorial del país.

[...]

Nosotros somos los verdaderos defensores territoriales. Nosotros también apoyamos a ellos para defender nuestro territorio. Y seguimos defendiendo nuestro territorio, porque así somos instruidos desde pequeños por nuestros viejos. El awajun nunca puede vivir sin territorio para tener nuestros recursos, para tomar agua limpia, para respirar aire puro, para ver los bosques; de esta manera fuimos educados. (...) Ese mensaje a la república, a nuestro gobierno, al Congreso para que escuche. Acá nosotros vivimos, esta es una zona viva, una frontera viva porque nosotros vivimos acá; acá no es un vacío; un territorio vacío no es; acá vivimos. Nosotros defendemos porque queremos tomar, no tenemos otro recurso para seguir sobreviviendo.

Otro participante nativo del pueblo awajun.— (Intervención en idioma nativo).

(Aplausos de los participantes del pueblo awajun).

El segundo miembro del pueblo awajun que preside la Mesa.— Estamos cansados



de que nos tomen la fotografía; llevan así cuantas veces y no recibimos ni un resultado favorable para nuestras zonas.

Nosotros no buscamos guerra; nosotros buscamos la paz en defensa de nuestro territorio, en defensa de nuestro cerro sagrado Kumpanam, porque este cerro sagrado Kumpanam es el que purifica al aire, que purifica al agua, que defiende al bosque. Por eso es que nosotros tanto defendemos a este cerro, que no sea maltratado, porque si no, quién lo va a purificar, quién lo va a defender. [...] Porque nos malogran nuestro territorio, nosotros siempre vamos a defender. No estamos defendiendo a nuestra mujer, a nuestra señora; nosotros estamos defendiendo nuestro territorio, nuestros recursos naturales de nuestra zona.

Una participante nativa del pueblo awajun.— (Intervención en idioma nativo).

[...]

—Durante la proyección reasume la Presidencia el señor César Zumaeta Flores.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Continúe, congresista Vásquez.

El señor VÁSQUEZ RODRÍGUEZ (GPN).— Muchas gracias, Presidente.

Creo que es fundamental que en este Congreso tengamos también la voz, la presencia, la expresión,

la esperanza, la expectativa de todo este pue-blo awajun. Les hago recordar que tres meses antes del 5 de junio —el video fue grabado el 4 de marzo de 2009— y dos meses antes de que se inicien las movilizaciones, en veinticuatro oportunidades las bancadas parlamentarias y diversos colegas imploraban que sea tratado y resuelto el problema indígena. ¿Hemos apren-dido algo de todo esto?, ¿hemos aprendido algo de esa tragedia nacional?, ¿hemos aprendido a respetar a los pueblos, su cultura, sus intereses y su modo de vida?


El señor VÁSQUEZ RODRÍGUEZ (GPN).— ¿Hemos aprendido, Presidente, a no insultar al pueblo indígena?, ¿acaso no se le insulta al pueblo indígena cuando se pretende decir que fueron manipulados?, ¿con qué clase de políticos estamos aquí, en el Perú?

¿Qué hemos aprendido, y esto va para los que manejan el Estado, cuando nuestra Policía Na-cional es la que paga finalmente los platos rotos por la insensatez, la indolencia y la ineptitud de los otros sectores y por las actitudes provocado-ras, por ejemplo, de la señora Mercedes Aráoz? ¿Hemos aprendido, acaso, que desde Lima no se pueden concesionar los terrenos, minas, aguas, bosques, etcétera, sin consulta previa al pueblo, al municipio y al gobierno regional?


El señor VÁSQUEZ RODRÍGUEZ (GPN).— Termino, Presidente.

No me voy a extender porque el mensaje es claro: las decisiones centralizadas desde Lima, de esta

—Termina la proyección del vídeo.



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república criolla y centralista, incorporan conflictos en los municipios y en los gobiernos regionales, los que se ven atenazados de no saber qué hacer.

Nosotros hemos tenido que ir, por ejemplo, hasta el distrito de Cacatachi (provincia de San Martín) y a la comunidad nativa Alto Shamboyacu (distrito y provincia de Lamas), ambos en la región San Martín, para resolver el problema suscitado con los quechuas y los awajun del Alto Mayo.

¿Hemos aprendido, acaso, que hay que restituir y respetar la categoría de parque nacional en esa Cor-dillera del Cóndor, desde donde viene la voz limpia, lúcida, milenaria de los awajun, lo que hoy constitu-ye un proceso abierto por la comunidad awajun ante el organismo multilateral de las Naciones Unidas? Espero que hayamos comprendido algo.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Tiene un minuto más, congresista Vásquez.

El señor VÁSQUEZ RODRÍGUEZ (GPN).— Para reconciliar tanto al Estado como a los que tenemos cultura occidental con los pueblos originarios tenemos que saber entender que ellos son iguales que nosotros.

Por eso, yo reivindico la labor de la colega Hilaria Supa en la Comisión de Educación, Ciencia, Tec-nología, Cultura, Patrimonio Cultural, Juventud y Deporte, porque por primera vez en 200 años en la república peruana la cultura occidental conversa con la cultura originaria en igualdad de condiciones. Así aprendemos todos, nos reconci-liamos todos y valoramos su enorme sabiduría de hace miles de años. Espero, reitero, que hayamos aprendido algo. Este aprendizaje pasa también por hacer justicia a sus pueblos y también por señalar que las autoridades involucradas asuman su completa responsabilidad.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Congresista Mauricio Mulder, tiene el uso de la palabra.

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— Señor Presidente: Me pide una interrupción el congre-sista Wilder Calderón.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Para una interrupción, puede intervenir el congresista Calderón.

El señor CALDERÓN CASTRO (PAP).— Presidente: El colega Rafael Vásquez ha hablado de aprendizaje. Yo, como miembro de la comisión investigadora, tengo un aprendizaje significativo porque he estado en el lugar de los hechos

y he aprendido a reconocer y a valorar que el pueblo awajun y todas las comunidades nativas son gente de paz que quiere vivir en armonía de acuerdo con sus ritos y tradiciones.

También he aprendido que hay muchos políticos que se manejan por sus causas y buscan pretex-tos. Por eso sería muy bueno, Presidente, que se proyecte el siguiente video para ver qué hacía mi colega Vásquez en esa comunidad, en la que se habla de paz y de armonía, y qué les decía él a las comunidades. Si usted lo cree oportuno y conve-niente, pido que se transmita ese video para la conciencia histórica de hoy y de la posteridad. Es importante, entonces, que el colega Vásquez haya aprendido que no tiene que utilizar la nobleza, la humildad y el pensamiento de paz y armonía del pueblo awajun.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Continúe, congresista Mauricio Mulder.

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— Pre-sidente: Me está solicitando una interrupción el congresista Vásquez.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Congresista Vásquez, puede intervenir para una interrupción.

El señor VÁSQUEZ RODRÍGUEZ (GPN).— Que se proyecte el video. Lamentablemente, hoy por hoy, parece que algunos se resisten a apren-der y a respetar al pueblo indígena. Se resisten a reconocer el aporte que se hace desde todas las fuentes para reconciliar al país. Que se proyecte, Presidente, el video y, a la vez, que se castigue a los responsables políticos de esta villanía que ha sucedido con el pueblo awajun.


El señor MULDER BEDOYA (PAP).— Presi-dente: Me dicen que están listos para la proyección del video. No tengo problema alguno en que se use mi tiempo para realizar esa proyección.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Entonces, que se proyecte el video.



—Se proyecta el video. La señora Cajahuanca Rosales (GPN).— [...] entidad del Ministerio de Vivienda y Construcción para poderle quitar sus tierras, incluso a aquellos campesinos que tienen título de propiedad; es decir, si lo tienen registrado en Registros Públicos. Si un campesino tiene 10 hectáreas y solamente tiene platita para producir tres hectáreas, el Estado mediante esa ley le da la potestad de que le pueda quitar las siete hectáreas porque no tiene plata para producir. ¿Dónde se ha visto eso, hermanos? ¿Vamos a permitir eso?

Los asistentes.— ¡No!

[...]

La señora Cajahuanca Rosales (GPN).— Tenemos el día de hoy la ley de aguas, que también se la voy a dejar ahí para que ustedes la puedan evaluar. Resulta que el día de hoy, no contentos con vender nuestras tierras, nuestros recursos forestales, también quieren privatizar nuestras aguas. Más adelante, para utilizar nuestras aguas, vamos a tener que pagar a una empresa privada.

[...]

Se da la potestad a Cofopri [...]

—Termina la proyección del video.


El señor MULDER BEDOYA (PAP).— Presidente: Yo quiero aquí poner en relieve que todas las cosas que se están diciendo ahora ya se han dicho antes. Hemos tenido un debate muy fuerte, hubo suspensiones, hubo altas dosis de confrontación política,

en su momento, y la verdad es que estamos un poco repitiendo los argumentos que se dieron en su momento; fueron momentos críticos para el Perú.

Comienzo diciendo que ha habido veinticuatro policías muertos, asesinados, muchos de ellos fueron torturados salvajemente; uno de ellos está desaparecido hasta ahora, y su padre sigue buscándolo. Ya no está en las noticias. Hay otro padre que busca a un hijo suyo, perdido en otras circunstancias en el Colca. Y yo no quisiera jamás, como padre, ver que pasen los días, los meses y los años sin encontrar a mi hijo.

Alguien mató a esos policías, alguien los torturó. Algunos creyeron que al hacer ese crimen esta-ban supuestamente matando a un Estado que supuestamente les iba a quitar aguas, les iba a quitar tierras, como demagógicamente se les dijo, engañándoles y mintiéndoles.

Seguimos en un debate en el que buscamos res-ponsabilidades, y he tratado de averiguar quiénes son las personas que están en este momento procesadas por el crimen de esos veinticuatro policías. No hay ninguno. Hay algunos nombres que se han soltado por ahí y que están en el ex-pediente, pero no hay preso alguno; están por ahí dispersos, ocultos.

Ningún fiscal se atreve a abrir proceso y decretar una orden de detención, en Bagua, contra los ase-sinos de los policías. Ningún fiscal se atreve a abrir una investigación para determinar el momento preciso en el que la Policía Nacional busca abrir una carretera y el momento preciso en que fueron disparados con armas de largo alcance desde un



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costado de los matorrales. Hasta ahora no se sabe quiénes son los asesinos de los que murieron en la Curva del Diablo.

Lamentablemente estos discursos llevan a considerar que se hable demagógicamente del pueblo awajun y de su mensaje limpio, como se dice. Perfecto.

Pero esos congresistas que vienen a decir ese tipo de palabras demagógicas y que no son con-gresistas de la zona sino de Lima —aunque sean provincianos, hay que preguntarles por qué no son provincianos y congresistas por su zona en lugar de venir a la capital para ser candidatos por Lima— ni siquiera tienen el arresto, como congresistas, de pedir que se indague quién mató a esos policías.

Entonces, aquí la gran pregunta no está en el tema que ellos quieren plantear en el sentido de que aquí hubiese una suerte de choque histórico o antropológico. No es verdad, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Continúe, congresista Mulder.

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— Aquellos que tomaron la carretera estaban inducidos, y en el video que se acaba de proyectar, a solicitud del congresista Wilder Calderón, se puede ver a los res-ponsables políticos. Estos vienen

aquí, ganan el mismo sueldo que nosotros, tienen la misma prerrogativa que nosotros y dicen que representan a sectores que están desfavorecidos, pero empujan e inducen a estos sectores para que realicen actos de violencia sin que los inductores asuman sus responsabilidades; es decir, esos po-líticos hacen finalmente que ese tipo de personas sean los que paguen las responsabilidades de esos hechos violentos.

¿Quién se va a responsabilizar de los muertos, de los torturados, de los que fueron llevados a una zona perdida de la selva y, sin que se supiera, empezaron a ser asesinados uno a uno, cuyos cadáveres, para escarnio del Perú, están, según los exámenes de la necropsia, con múltiples torturas y asesinatos? Ese es el tema de fondo. Aquí ha habido una inducción y se pretende voltear esto con un lenguaje antropológico, etnográfico, como si se tratara de una represión cultural. Lo que ha habido es una agresión de carácter ideológico y político, creyendo que con eso le hacen daño al supuesto sistema.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Tiene un minuto más, congresista Mulder.

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— Escu-cho al congresista Isla repetir que el gobierno ha tenido la desfachatez de decir que se le ha entregado tierras a los pobres; pero él mismo pasa un video en el que esos ciudadanos pe-ruanos que son pobres reclaman que no tienen medios de vivir; es decir, sobre la base de una visión antropológica, para él y los de su bancada, aquellos peruanos deben seguir siendo pobres, solos en su ambiente y sin inversión alguna. Pregunto si no hay ahí una manipulación ideo-lógica, sobre todo cuando, según las noticias de la prensa, el congresista Isla ha viajado más de diecisiete veces a Venezuela y es uno de los responsables —según se dice acá y no he visto ni he escuchado desmentido alguno— de ser una suerte de enlace entre no sé quien en Venezuela y esos grupos, para financiar con dinero efec-tivo a quienes están promoviendo ese tipo de acciones violentas. La respuesta a esa noticia nunca se ha dado.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Tiene un minuto más, congresista.

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— En-tonces, qué autoridad moral se tiene para venir a hablar aquí de supuestas defensas de los secto-res más desfavorecidos del país cuando se tiene tremendo rabo de paja, cuando se tienen indicios sólidos de cómo aquí ha habido una manipulación de sectores a los que se les ha engañado, a los que se les ha dicho que no van a tener agua, que les quitarán sus tierras con tanques y que les talarán sus árboles.

Lo que ellos quieren es que las cosas vayan mal para aprovecharse de esas cosas. Lo que ellos quieren es que esos sectores sigan siendo pobres para tener campo en el cual puedan cultivar su ideología de confrontación. Lo que ellos quieren es que no haya inversión ni desarrollo ni mejora porque supuestamente la electricidad, el agua, la energía, el petróleo son nocivos; quieren que sigan siendo pobres. Claro, como ellos no sufren esa pobreza, como ellos sí gozan de los sueldos que tenemos nosotros, como ellos sí vienen a Lima, entonces no sienten la pobreza. Ellos quieren, por lo tanto, que esos sectores sigan en la pobreza para seguir siendo carne de cultivo y utilizarlos políticamente.

Aquí nosotros no podemos arrinconarnos en el sentido de suponer que ha habido una agresión



por parte del gobierno. Lo único que hizo el gobierno fue aplicar la ley, y la ley decía que las carreteras son de todos. Si hay terroristas que desde los matorrales mataron a los policías y si hay personas que desde sus medios de comunicación clandestinos incentivaron el crimen, entonces que esos asuman las responsabilidades. Y los que incentivaron a esas personas a cometer esos crímenes, que vengan aquí a asumir también sus responsabilidades en lugar de tratar de endilgar responsabilidades a otros.

Esa es la verdadera realidad, Presidente. Por lo tanto, nosotros no nos dejamos arrinconar. Aquí hay un hecho clave y meridiano: que respondan quiénes son los responsables del crimen de los policías y nosotros entonces podremos saber quiénes tienen la verdadera responsabilidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Congresista Zeballos, tiene el uso de la palabra.

El señor ZEBALLOS GÁMEZ (BPCD).— Me ha pedido una interrupción la congresista Eliza-beth León, Presidente.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Para una interrupción, puede intervenir la congresista Elizabeth León.

La señora LEÓN MINAYA (BPCD).— Muchas gracias, Presiden-te.

Yo creo que una discusión como esta tiene que llevarnos a una reflexión y a una autocrítica como institución.

Aquí hay un tema de fondo: el reclamo sobre una norma que debió dar este Parlamento, que es la Ley del derecho a la consulta previa. Ese tema ha dado origen a esta confrontación con el lamentable saldo que hemos tenido. Estamos terminando nuestra gestión como parlamentarios y, hasta ahora, no se ha podido dar esa ley.

Entonces, no solo miremos a los pueblos o a los otros actores en este problema generalizado; mirémonos también nosotros; mirémonos cómo estamos utilizando las prácticas parlamentarias. ¿No es la consulta previa un tema importante para debatirlo ahora después de haber hecho pasar el tiempo y después de las consecuencias ocurridas hace más de dos años? ¿Esa es la im-portancia que le damos a la Ley del derecho a la consulta previa?

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Congresista, termine su interrupción.

La señora LEÓN MINAYA (BPCD).— ¿Qué hacemos en el Parlamento cuando a partir de las prácticas parlamentarias terminamos hacien-do caer al informe en mayoría de la Comisión investigadora sobre los sucesos en Bagua para convertirlo en un informe en minoría y, al final, tenemos tres o cuatro informes sobre el mismo tema? ¿Cómo es posible que no tengamos la ca-pacidad de juntarnos para emitir un solo informe como institución? Estamos reflejando las fractu-ras que hay en nuestro país, porque ni siquiera aquí hemos tenido la capacidad de consensuar en objetivos generales de país para lograr uno o dos informes. Hoy hemos escuchado cuatro informes sobre un tema muy delicado.

Yo creo que tenemos que hacer estas reflexio-nes si queremos dar realmente la señal de que queremos superar los problemas y las fracturas que hay.

Estoy interviniendo vía una interrupción y no puedo concederle la interrupción, congresista Mulder. En todo caso, el colega Zeballos, siguiente orador, podría otorgársela.

Decía que he querido hacer esta reflexión para, en el debate, encontrar una solución. El Congreso también tiene que revisar sus prácticas parla-mentarias y dar señales de que somos capaces de entendernos entre distintas posiciones.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Gracias, congresista León.

Congresista Washington Zeballos, puede conti-nuar.

El señor ZEBALLOS GÁMEZ (BPCD).— Pre-sidente: Me han pedido tres o cuatro interrupcio-nes adicionales; prefiero intervenir y, al final, dar las interrupciones que permita usted.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Continúe, congresista Zeballos.

El señor ZEBALLOS GÁMEZ (BPCD).— Presidente: Inicio mi intervención dando lectura bre-vemente a los siguientes párrafos que me parecen muy importantes y que forman parte del análisis y conclusiones del Poder Ejecutivo

en el Informe Final de la Comisión Especial para investigar y analizar los sucesos de Bagua:



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“El diagnóstico realizado en el segundo capítulo, sobre la situación territorial, sociodemográfica, económica, cultural y política de la Amazonía, revelan el estado de exclusión y desatención de los distritos donde habitan mayoritariamente las comunidades indígenas”.

“Destacan los niveles de pobreza en que habitan las poblaciones de las comunidades nativas en el conjunto de la Amazonía, particularmente en las provincias de Condorcanqui y Utcubamba, a pesar de la transferencia de recursos públicos [...]”.

Escuchen bien aquellos que hacen referencia al perro del hortelano, y me refiero específicamente al congresista alanista.

“Los frutos del crecimiento económico nacional y los mayores recursos públicos asignados a las zonas desde el Gobierno Nacional, Regional y Local no llegan a las poblaciones de las comuni-dades. Más aún, con la amplia difusión de la gran inversión privada en los rubros de hidrocarburos e hidroenergía en la Amazonía [...] se genera ex-pectativa de mayores ingresos y beneficios [...]; pero en la realidad concreta no se percibe mejora y progreso para los pueblos amazónicos como lo evidencian las cifras”. No quiero continuar, Presidente.

Estos párrafos no pertenecen al informe en minoría del colega Lombardi ni al informe en minoría del colega Isla. Los párrafos que he dado lectura pertenecen al Informe firmado por Pilar Mazzetti Soler, ex Ministra del Interior del actual Gobierno, y por Susana Pinilla Cisneros, asesora presidencial.

Esa es la causa de los sucesos de Bagua. Acá, por gusto, se echan la culpa unos a otros cuando la causa es estructural.

¿Qué se ha hecho después de esto? Creo que es importante no hacer recuentos sino señalar las lecciones aprendidas. Después del baguazo se instalaron varias mesas de diálogo.

La primera Mesa se instaló para investigar la verdad. Hasta ahora, dos años después, seguimos investigando la verdad, y acá, incluso, no nos po-nemos de acuerdo para señalar cuál es la verdad ni para señalar quiénes son los responsables.

La segunda Mesa se instaló para proponer solu-ciones sobre los decretos legislativos cuestionados por los pueblos indígenas. Acá, presionados por el baguazo, derogamos los referidos decretos. Pero, hasta hoy día, no hemos sido capaces de

dictar medidas sustitutorias de esos decretos legislativos derogados, tampoco hemos aprobado la ley forestal. Hay una deuda y un compromiso con la Amazonía.

La tercera Mesa se instaló para definir los me-canismos de consulta para la aplicación de la consulta previa. Pero, hasta hoy en día, a dos años del baguazo, este Congreso no ha sido capaz de tratarlos. Y, seguramente, no aprobará la Ley del derecho a la consulta previa porque jamás han demostrado voluntad política —el Gobierno y la Mesa Directiva del Congreso— de poner en debate este tema, que fue una de las causas del conflicto en Bagua.

La cuarta Mesa se instaló para elaborar una propuesta nacional de desarrollo amazónico. Aquí les muestro la relación de una serie de programas y proyectos que se plantearon para la Amazonía. Pregunto a los que hablan del perro del hortelano qué se ha hecho por aplicar, en la práctica, estos programas y estos proyectos en favor de los pueblos amazónicos. Este es el tema, Presidente, más allá de las defensas que puedan ser justas desde el punto de vista acerca de las responsabilidades.

Acá se ha dicho que los informes son interesados, sesgados y con enorme carga política, etcétera. Me he dado el trabajo de dar lectura a todos los infor-mes. El informe suscrito por Mazzetti y Pinilla y el de minoría de la respectiva Comisión Especial, del Poder Ejecutivo, señalan como responsables a las autoridades a cargo del sector Interior y del sector Defensa. El informe suscrito por Pinilla y Mazzetti señala responsabilidad de las institucio-nes del Estado y de las personas a cargo de ellas, las que finalmente eludieron su responsabilidad para que esta recaiga en sus subalternos.

Cada uno de los informes, que hoy han sido sus-tentados, empezando por el informe firmado por los congresistas Moyano Delgado, Perry Cruz y Espinoza Ramos, señalan como responsables a la titular del Ministerio del Interior, a la titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y al titular del Ministerio de Defensa. El informe de los congresistas Falla Lamadrid y Calderón Castro, de quienes no creemos que hayan tenido alguna intencionalidad política, señala que la responsabilidad política por los resultados de la operación policial fue asumida por la ex Ministra del Interior con su renuncia a esa cartera. Los sendos informes de los congresistas Lombardi e Isla concluyen en el mismo sentido. Qué raro que haya unanimidad en los informes; sin embargo, aquí se quieren eludir responsabilidades.



Me pide una interrupción el congresista Mulder, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Para una interrupción, puede intervenir el congresista Mauricio Mulder.

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— Señor Presidente: Le agradezco a usted y al congresista Washington Zeballos.

En primer lugar, la pobreza en la zona de la selva se ha reducido en

estos últimos cinco años de 53% a 31%; ahí están los indicadores.

En segundo lugar, aquí se habla del perro del hortelano, pero no se entiende nada. Acaban de pasar un video en el que aparecen los dirigentes de las comunidades campesinas y nativas diciendo que están pobres; que sobreviven; es uno de los términos que han utilizado. Si una persona está en pobreza, busca salir de la pobreza. Lo que buscó el gobierno fue que se permitiese un mecanismo de consulta a través de los decretos legislativos para que, con el voto de la mitad más uno de la comunidad, se pudiera hacer inversión en la zona, porque solo la inversión permite salir de la pobreza. Los que tienen el síndrome del perro del hortelano dicen: “Soy pobre, pero que no venga el inversionista”; “no tengo para sobrevivir, pero que nadie venga”.

Ya había un proyecto de consulta en esos decretos legislativos. ¡Qué tanto se rasgan ellos las vestidu-ras con el proyecto de Ley del derecho a la consulta previa, si esos decretos legislativos —que pidieron derogar ellos— permitían la consulta previa! Esos decretos permitían que se reúnan en asambleas las comunidades nativas y que estuvieran en las mismas condiciones que las comunidades campesinas de la costa para que sus acuerdos no tengan que requerir los dos tercios, sino la mitad más uno. Pero se responde: “No, eso no se puede hacer; eso es intervenir; que sigan siendo pobres”. ¡Esa era la diferencia, señor Presidente! ¡Por eso se dice que ellos tienen el síndrome del perro del hortelano: “Soy pobre”, “quiero que me saquen de la pobreza; pero, eso sí, no intervengan; que no venga la inversión, que no saquen el petróleo, que no exploten racionalmente los recursos que tenemos”! Entonces, ¿cómo se sale de la pobreza, si no se explotan los recursos?

Cuando se habla de la consulta previa hay de-magogia, señor Presidente, porque esos decretos legislativos, antes de aprobarse la Ley del derecho

a la Consulta —que todavía está pendiente—, ya estaban estableciendo un mecanismo de consulta. Actualmente, las comunidades nativas tienen un mecanismo de consulta. Lo tienen las comunida-des de la costa y las comunidades de la sierra.

Pero las de la sierra y la selva requieren los dos tercios para lograr acuerdos. ¿Por qué, entonces, las de la costa pueden determinar solo con ma-yoría simple que haya una inversión en su zona? Por ejemplo, ¿por qué la comunidad campesina de Asia, con mayoría simple, puede determinar que haya inversión de viviendas y de inmuebles de lujo en su zona? ¿Y por qué las comunidades nativas de la selva requieren los dos tercios? ¿Por qué cuando va una empresa minera o petrolera a la selva tiene...?

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Tiene un minuto más, congresista Mulder.

El señor MULDER BEDOYA (PAP).— ¿Por ser serrano o por ser de la selva son menos que el costeño?, ¿las comunidades de la costa son más que las de la sierra o de la selva? ¿Por qué las comuni-dades de la sierra y de la selva tienen que requerir mayorías absolutas para lograr acuerdos?

Si estas comunidades consideran que las inver-siones en exploración petrolera, en hidroeléctrica o en gas son nocivas, entonces votarán en contra de ellas, y no habrá manera de que haya inter-vención alguna. Así lo establecían los referidos decretos legislativos. Pero se respondía diciendo: “No, que se deroguen; huelga de hambre; toma-mos el hemiciclo; que no estén”. Pero después se pide la aprobación de la ley de consulta, que es exactamente lo mismo.

La verdad es que aquí ha habido engaño y de-magogia, como la demagogia que hay en Puno. Hay demagogia en Puno cuando los pueblos por muchos años se han manifestado a favor del pro-yecto Lagunillas, la carretera interoceánica y de todo tipo de inversiones en energía eléctrica. Sin embargo, algunos políticos dicen: “Sí, pero que no haya minería” Pregunto, entonces, de dónde obtenemos los recursos. Dicen también: “Que no haya minería pero que me pongan de todas maneras todo lo que se necesita en Puno”, “que si la minería produce, entonces que el canon venga para acá”. Eso es tener el síndrome del perro del hortelano: “Quiero seguir siendo pobre, pero que no venga la inversión”.

Por consiguiente, no se entiende cómo es que puede haber un criterio de carácter lógico en la



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defensa que hacen algunos congresistas cuando, por un lado, dicen que el Estado es responsa-ble y que tiene que intervenir y, por otro lado, cuando el Estado quiere intervenir y promover la inversión, no se le permite hacerlo. Entonces, aquí hay un esclarecimiento sustantivo. Por eso, he reclamado, en mi anterior intervención, que se asuman responsabilidades, porque aquí ha habido personas que indujeron a otras a hacer creer que se les iba quitar sus tierras, que se iban a depredar sus animales y que se iba a expulsar a las personas de sus comunidades, y esas otras personas terminaron asesinando a veinticuatro policías, cuyas responsabilidades hasta ahora no se dilucidan.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Gracias, congresista Mulder.

Continúe con su intervención, congresista Ze-ballos.

El señor ZEBALLOS GÁMEZ (BPCD).— Los compañeros apris-tas creen que ofendiendo a los pueblos indígenas se resuelven los problemas. No es un privilegio que se les dé a las comunidades nativas la ley de consulta previa, sino un

derecho, congresista Mulder, porque los pueblos indígenas y amazónicos han sido históricamente marginados y excluidos. Por lo tanto, tenemos que darles a ellos la igualdad que gozamos tú y yo: ese es el problema con su solución. No debemos considerarlos a ellos como ciudadanos de segunda categoría. Lo único que queremos con la ley de consulta previa es que estén ellos en igualdad de condiciones con nosotros. Esto no lo quieren entender ustedes y, por eso, no ponen en debate la ley de consulta previa. ¿Cuándo la va a poner en debate, Presidente? Dígale nuevamente al Pleno cuándo va a ponerla en debate.

Termino mi intervención contestándoles con las palabras de Susana Pinilla y Pilar Mazzetti en su informe, a quienes ahora parecen desconocer:

“Causas de las movilizaciones amazónicas re-cientes:

[...]

1. Promulgación de parte del Ejecutivo de una serie de decretos legislativos [...]. Muchos de los artículos contenidos en los decretos legislativos cuestionados pueden ser válidos e inclusive ne-cesarios, pero pierden su valor al no contar con la legitimidad de los aludidos.

2. La ausencia de un proceso de diálogo y una adecuada explicación e información a la población indígena sobre el contenido de las normas y sus implicancias en ausencia de un mecanismo y me-todología de consulta de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT y la Convención Internacional de Promoción y Protección de la Diversidad Cultural de la UNESCO.

[...]”.

¿Dónde están los decretos legislativos que contie-nen la consulta previa y los demás mecanismos referidos por el congresista Mulder? No, señor. Ningún decreto legislativo las contenía. Incluso un año después del baguazo, se está diciendo en el mencionado informe que no había consulta ni la hay hasta ahora. Por eso surgen problemas en Puno y, por eso, seguirán apareciendo más conflictos en el país. Mientras no tengamos ese mecanismo de construcción de consensos y de promoción del diálogo para la solución de las demandas sociales, seguiremos lamentando los baguazos y ustedes seguirán contando los más de setenta y cinco muertos que ya tienen en su haber.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Congresista Hilaria Supa, puede intervenir.

La señora SUPA HUAMÁN (GPN).— Presidente: Me está pidiendo una interrupción la con-gresista Alcorta.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Congresista Lourdes Alcorta, tiene una interrupción concedida por la congresista Hilaria Supa.

La señora ALCORTA SUERO (UN).— Gracias, Presidente; gra-cias, congresista Supa.

Yo creo que todos los que estamos acá deberíamos mirarnos en el espejo. Todos. Porque todos noso-

tros hemos sido responsables de la situación de Bagua, nadie se libra, el Congreso tampoco; ni el Ejecutivo ni el Legislativo ni las autoridades ni los ministros ni la sociedad ni los nacionalistas porque ha habido gente que también ha azuzado y porque se ha utilizado a la gente para tener



argumentos y estar en esta situación vergonzosa para todos.

Lo que ha sucedido el 5 de junio de 2009 ha sido una vergüenza nacional. Todos somos inmaduros, estamos rasgándonos las vestiduras y echándonos la culpa. Ha habido treinta y cuatro peruanos muertos por no comunicarnos, por no saber ha-blar, por no haber atendido también esas circuns-tancias. Por eso tenemos baguazos, moqueguazos, islayazos; todo sucede porque somos incapaces de atender una situación de una provincia ¿por qué es lejana? ¿Bagua está lejísima? No, hay que tener un poco de sangre y algo de conciencia.

Nadie es más culpable que el otro. Nadie es menos responsable que el otro. Todos tenemos que sentir la vergüenza de lo que pasó ese lamentable 5 de junio. Hay treinta y cuatro peruanos muertos porque no nos comunicamos por un tema de tierras, de titulación, o porque alguien inventa que se les va a quitar el agua o la tierra o les van a quemar sus árboles, o porque no supimos atenderlos y escucharlos.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Tiene un minuto más, colega Alcorta.

La señora ALCORTA SUERO (UN).— Gra-cias, Presidente.

Creo que cada día nuestro Perú, rojo y blanco, es más violento. Cada día parecemos más enemigos los unos de los otros, y todo esto sucede por falta de comunicación. Hablamos diferentes idiomas; somos un país multicultural; tenemos muchas cosas para sentirnos orgullosos; pero también hay muchas cosas como estas que nos hacen sentir vergüenza. Yo no voy a votar, en esta situación, con cuatro informes y discursos diferentes. Nadie es capaz de reconocer que todos fuimos respon-sables de esta terrible situación que vivió el Perú un 5 de junio.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Continúe, congresista Hilaria Supa.

La señora SUPA HUAMÁN (GPN).— Gracias, Presidente.

La congresista Cajahuanca también me está pidiendo una interrupción.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Para una interrupción, puede intervenir la congresista Cajahuanca.

La señora CAJAHUANCA ROSALES (GPN).— Gracias, Pre-sidente.

Le pido tiempo suficiente para cuan-do me toque participar y aclarar.

No le permito a nadie que venga acá a decir que alguien miente o engaña. Las cosas tienen que estar bien claras. Me parece que algunos congre-sistas no han leído los decretos legislativos y no saben lo que dicen.

Nunca se han ensuciado los zapatos ni han ido a visitar esas zonas alejadas. No saben que no-sotros hemos visitado a los awajun porque estos agarraron a los trabajadores de la minera Dora-to. Pregunto si algún congresista se paró aquí para preguntar qué ha sucedido ahí. Pregunto si ha llamado algún congresista. ¿Esperaba el congresista que le digan que maten a los awajun porque son secuestradores de los trabajadores de la minera Dorato? Ahí empezó el contacto con la comunidad de los awajun y le hemos pedido que no tome acciones fuertes contra los trabajadores de la empresa Dorato.

Le pido a usted, señor Presidente, que me dé el mismo tiempo que se le dio a la señora Cabani-llas. Quiero aclarar las falsedades e hipocresías de ciertos parlamentarios que dicen que acá se engaña.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Tiene un minuto más, congresista Cajahuanca.

La señora CAJAHUANCA ROSALES (GPN).— Algunos parlamentarios, señor Pre-sidente, vienen a decir acá: “hay alguien que los engaña”, “hay alguien que los azuza”, “hay alguien que los induce”. Sin embargo esos polí-ticos tienen tanta experiencia que no han sabido explicar las cosas al pueblo. Hay una cruda reali-dad en el interior del Perú, pero ellos no quieren reconocerla.

Acá no le permito a nadie que venga a decir: “alguien ha mentido”. Acá hay responsables. Sí, todos somos responsables. ¿Por qué? Porque se han sacado leyes que violan los derechos de otros. Es como si aprobáramos nosotros una ley para que alguien vaya a robar a la casa del señor Mulder y luego le dijéramos a él que ha cometido un delito porque defiende su casa cuando el ladrón ingresa a su casa. Eso es lo que se ha hecho en la Amazonía: se ha legalizado algo que rompe el derecho de los demás. ¿Alguien se ha puesto a



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analizar esto? No. Pero alguien sí quiere limpiarse las manos diciendo que ha habido otros que han inducido a los nativos. Si no reconocemos estas cosas, señor Presidente, vamos a seguir viendo una gran cantidad de conflictos sociales, los que se están incrementando. ¿Por qué? ¿Porque alguien los induce? No, señor.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Termine su interrupción, congresista.

La señora CAJAHUANCA ROSALES (GPN).— Acá no estamos en contra de la inversión. Queremos una inversión que dé seguridad al inversionista y al pueblo. No que-remos que se repita lo de Lobitos: cien años explotando y exportando

petróleo, pero la gente no tiene carreteras ni co-legios ni agua en Talara. Entonces, aprendamos de eso.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Congresista Hilaria Supa, inicie su intervención.

La señora SUPA HUAMÁN (GPN).— Urpillay sonqollay, Presidente. Lliu Perú suyuta willarisaq; chaynnan Congreso, noqanchistaqa qhawariwanchis votollapaqmi, pero noqanchis kausayninchistaqa manayá qhawarinkuchu, chaytan

noqanchis cuentata qokuna khunanmanta pacha, toraykuna ñañaykuna... [Muchas gracias, Presidente. Me voy a dirigir a todo el Perú. Así es el Congreso; a nosotros nos tienen en cuenta solo para el voto que tenemos que emitir en las elecciones, pero no les importa cómo vivimos, eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta desde ahora, hermanos y hermanas...].2

Señor Presidente, he escuchado muchos discursos acá y ojalá el pueblo peruano esté escuchando también. Me indigna aquí que los congresistas se maten de risa cuando se ha derramado sangre de inocentes por no entender, por no conversar.

Yo, con los congresistas, he ido a visitar a la comu-nidad nativa del río Corrientes, en el distrito de Trompeteros, provincia de Loreto, para ver cómo estaba ese pueblo. De ahí están sacando nuestro petróleo, y el pueblo está empobrecido. ¿Dónde está el desarrollo en educación y en alimentación en río Corrientes? Al río están yendo todos los desechos del petróleo, y ellos están envenenán-dose en vida. ¿Quién defiende la vida? ¿Han ido

allá los congresistas que se están burlando de la vida del pueblo?

Hemos ido también al pueblo de donde se está sacando el gas de Camisea; hubo muchos reven-tones; ahí se ha contaminado; ¿y el pueblo que existe ahí se ha beneficiado, se ha desarrollado?, ¿han visitado ese pueblo los congresistas que actualmente se burlan y se ríen? Yo sí he visi-tado y he visto cómo está ese pueblo: más pobre de lo que era, más miserable de lo que era, más contaminado de lo que era. ¿Han visitado Cerro de Pasco? ¿Han visto cómo está Cerro de Pasco? Está todo contaminado ese pueblo, sin agua. ¿Y cuántos años se saca la minería? Cuatrocientos años. ¿Y ese pueblo ha desarrollado? Entonces, yo pregunto al pueblo peruano por qué ese pueblo no puede desarrollar, por qué no tiene derecho, por qué nomás los “mistis” tienen buen colegio, buenas universidades particulares.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Continúe, congresista Supa.

La señora SUPA HUAMÁN (GPN).— Por tener los recursos naturales como la minería, como el petróleo, como el gas, como las maderas, ¿por qué no pueden desarrollar nuestros pueblos? Siempre nos han tenido en la ignorancia y no quieren que nos eduquemos; por eso también han esterilizado a nuestras hermanas campesinas que no saben ni leer; por eso prohibieron para que no nazcan niños indios; yo sí he investigado esto también. Son quinientos años que nos están agrediendo. Tomen conciencia de eso y no se burlen de sangres inocentes que defienden la vida. No solamente el pueblo está defendiendo para él, sino para todos porque todos quieren la vida y la paz.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Continúe, congresista Supa.

La señora SUPA HUAMÁN (GPN).— Gracias, Presidente.

¿Están viendo cómo está reaccionando la naturale-za?, ¿se han puesto a analizar eso? Claro, pues. Por-que no conocen. Estos pueblos, a los que les dicen “indios” o “perros del hortelano”, saben la reacción de la naturaleza. Por eso están defendiendo la vida —para el futuro—, el agua, el bosque, la tierra. Se está defendiendo, porque se está contaminando. ¡Que haya inversión; pero que desarrolle ese pueblo, que desarrolle en educación y en alimentación; que no estén migrando a Lima para ser delincuentes o víctimas de la trata de mujeres y niños! ¿Este país ha buscado el desarrollo?

2 Transcripción del quechua y traducción al español: Noemí Vizcardo Rozas.



El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Tiene un minuto más, colega Supa.

La señora SUPA HUAMÁN (GPN).— Muchí-simas gracias, Presidente.

Sin embargo, no han analizado a fondo lo que es el pueblo, no han visto lo que tiene que discutirse en armonía. Cuando hemos llegado nosotros al Congreso, ¿qué cosa nos han dicho? Nos han pro-hibido hablar incluso nuestro idioma. Entonces, señores, aquí hay que hablar asuntos de fondo.

Quiero pedirle, señor Presidente, un minuto más para decirles que cuando se han sacado los decretos legislativos en el 2008, nosotros hemos propuesto derogar, con el Proyecto 3225/2008, los Decretos Legislativos 1090, 1064, 994, 995, 1060, 1064, 1080 y 1081. Y así está propuesto para que se derogue, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Termine, congresista Supa.

La señora SUPA HUAMÁN (GPN).— No es que los congresistas no hemos analizado el peligro que se corría. Sí hemos analizado, Presidente. Por eso hemos propuesto que se derogue y que haya la ley de consulta.

En el 2007, yo he propuesto la ley de consulta. ¿Y por qué no se ha discutido acá, en el Congreso? ¿Quiénes se han opuesto? ¿No ha sido la bancada aprista, no ha sido la bancada fujimorista, no ha sido la bancada de Unidad Nacional? Entonces, pues, analicemos por qué no se discute hasta ahora la ley de consulta. ¿Por qué no se aprueba hasta ahora la ley de consulta que el pueblo está pidiendo a gritos?

Presidente, propongo que se discuta la ley de consulta, aunque sea el siguiente martes para solucionar todos los problemas que hay en el país. Y digo aquí: ¡Más respeto al pueblo que represen-tamos! ¡No soy amazónica, pero siento, como mi sangre, un dolor cuando he visto el hambre que están pasando ahí adentro!

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Tiene un minuto más, congresista Supa.

La señora SUPA HUAMÁN (GPN).— Muchí-simas gracias, Presidente.

¿Acaso ustedes no han ido a la localidad de Canta Gallo, en Loreto? ¿Saben cómo están viviendo los pueblos de Amazonas? ¿No han ido acasito en

Acho? Ahí está, pues, la pobreza que ha migrado hacia Lima. Entonces, empiecen a darse la vuelta por los rincones del país. No solo adentro sino también acá nomás, a un paso. Y sepan también cómo están viviendo los pueblos amazónicos.

Hay que hablar de responsabilidades. El Congreso y el Ejecutivo no han escuchado a este pueblo. Eso es lo que yo puedo decir. Yo, donde sea que esté, voy a gritar esta responsabilidad. No me voy a callar nunca, porque es la responsabilidad del gobierno que representa a esos pueblos, los que también han votado y han elegido. Entonces, ese gobierno debe escuchar, debe consultar, debe sentarse, y el Congreso está para escuchar y para legislar para el pueblo peruano.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Termine, congresista Supa.

La señora SUPA HUAMÁN (GPN).— Muchí-simas gracias.

El Congreso no es solamente para unos cuan-tos. Si hay riqueza en el Perú, todos los pueblos tienen el derecho de tener y de desarrollar con nuestra cultura, con nuestros idiomas; no pue-den prohibirnos; por quinientos años nos han mutilado aquí; pero estamos aquí, a fuerza de lucha, aunque nos sigan discriminando; y vamos a seguir luchando por el derecho fundamental de nuestros pueblos.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Muchas gracias, congresista Hilaria Supa.

Han pedido también el uso de la palabra las con-gresistas Ramos Prudencio y Sumire de Conde, los congresistas Giampietri Rojas, Calderón Cas-tro, Rebaza Martell y la congresista Cajahuanca Rosales.

Tiene la palabra la congresista Cabanillas, para una breve intervención.

La señora CABANILLAS BUSTAMANTE (PAP).— Gracias, señor Presidente.

Creo que el debate tiene que servir para hacer reflexiones serias y mirar hacia adelante. En este esfuerzo

tampoco pueden ser excluyentes quienes tienen un discurso inclusivo para un lado, pero son excluyen-tes políticamente. Porque sobre la consulta previa,



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yo quiero recordar que la Comisión de Constitu-ción, cuando la presidí con la gran colaboración del congresista Reymundo, produjo un dictamen respecto de esa importante iniciativa que había tenido algunas observaciones. También hay otro dictamen de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, que presidió la congresista León Minaya, y otro dictamen de la Comisión especial multipartidaria encargada de estudiar y recomendar la solución a la problemática de los pueblos indígenas, que presidió la congresista Gloria Ramos. Esos docu-mentos están en la agenda y, hasta donde yo sé, el Presidente se ha comprometido a alentar la aprobación del dictamen. De modo que tampoco se trata de hacer un campeonato para saber quién llega primero. El asunto es que se hagan las cosas y que el dramático episodio que vivió el Perú en el 2009 sirva para corregir comportamientos, actitudes.

Con el libro de la Defensora del Pueblo en la mano sobre los conflictos socio-ambientales por actividad extractiva en el país, quiero decir que en el Congreso, en esa época, la defensora, en su presentación ante la Comisión, cita haber recibido mi oficio, en el cual le solicito un informe extraor-dinario, porque ya comenzaban a pronunciarse conflictos sociales con orígenes en la explotación de hidrocarburos, de minería, etcétera, y porque la preocupación era que esa explotación sea ab-solutamente productiva con tecnología moderna no contaminante, preservando el agua, el medio ambiente, etcétera. De modo que todos los que estamos acá, cuando hemos estado en función, hemos tenido la oportunidad de poder preocu-parnos por estos temas.

La verdad obliga a dejar claro algo que es muy importante: la presencia, según el compromiso asumido, del Ejército en la Estación 6, hecho que aquí se mencionó incompletamente.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Congresista, termine su intervención.

La señora CABANILLAS BUSTAMANTE (PAP).— Los efectivos del Ejército llegan, señor Presiden-te, cerca de la una de la tarde a la Estación 6. Habiendo aterrizado el helicóptero con sesenta efectivos del Ejército y habiendo caminado

solamente diez minutos, ellos son rodeados por un grupo de nativos que cuentan con lanzas, hachas y armas contundentes. Los nativos les impiden seguir a los efectivos y los detienen hasta las cuatro de la tarde, con el ofrecimiento de que los

nativos van a ir a consultar a la Estación 6 donde —dicen ellos— había licenciados con armas, lo cual era peligroso para los miembros del Ejército que se acerquen a ese luegar. A las cuatro de la tarde, sin recibir respuesta, los efectivos reinician la caminata y están pasando frente a la Estación 6, sin poder detenerse, alrededor de las cinco o seis de la tarde, cuando estos señores nativos y, además —como bien señalan los informes—, li-cenciados con armas habían sacado a los policías para torturarlos.

De modo que ahí hay responsabilidades pe-nales y aquí debemos verlas para honrar a nuestros institutos armados, especialmente al Ejército que sí pudo cumplir en la medida de lo posible.

Me pide una interrupción el congresista Gutiérrez, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Lo que queremos consultar a la Sala es si continúa o no el debate porque tenemos para largo todavía.

Congresista Gutiérrez, puede interrumpir.

El señor GUTIÉRREZ CUEVA (AN).— Gracias, Presidente. Gra-cias, colega Cabanillas.

Aquí se está hablando mucho de los pueblos amazónicos, pero nos olvida-mos de nuestros hermanos policías,

porque no hablamos de sus realidades ni de cómo ellos salen a poner paz en diferentes lugares del país. En Bagua ellos pernoctaron un día antes de los hechos y muchos de ellos durmieron en piedras o quedaron a pie o estaban caminando por las montañas de esa zona. Tampoco se habla de la planificación de los manifestantes de acorralar a los policías para atacarlos.

Hay muchos responsables. Creo que nosotros debemos ser los primeros en hacer una autocrí-tica porque el Ejecutivo no nos pone una pistola en la cabeza para hacer las cosas. Aquí tengo en mis manos la votación de la cuestión previa de suspender el debate del proyecto de ley por el que se propone derogar el Decreto Legislativo 1090. En ella se indican los nombres de muchos congresistas que estuvieron a favor, incluso el congresista Lombardi votó por la suspensión de ese debate.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Termine, congresista Gutiérrez.



El señor GUTIÉRREZ CUEVA (AN).— Presi-dente: Aquí hay responsables y realmente somos todos nosotros. ¿Por qué no buscamos realmente a los responsables? ¿El Congreso no es el primer poder del Estado para legislar? Y si realmente nosotros hubiéramos derogado todos esos decretos el 4 de junio de 2009, no habríamos tenido el gran problema el 5 de junio. Pero no se hizo. Si no se hizo, ¿hoy queremos buscar responsabilidades en la Ministra del Interior, en el Presidente de la República y en los demás ministros?

En todos los gobiernos, hemos visto manifesta-ciones y ha habido muertes. Yo espero que en el gobierno de Gana Perú no existan muertes en los cinco años siguientes; si no, tendríamos que mandarlo también preso a su presidente.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Congresista Cabanillas, puede con-tinuar.

La señora CABANILLAS BUSTAMANTE (PAP).— Creo que todos tenemos el derecho de pedir interrupciones. Yo he visto que se han dado hasta tres interrupciones a un orador y no ha habido reclamo.

Termino diciendo que el documento oficial fue en-tregado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y obra en los archivos de la Comisión investigadora, tal como obran muchos otros do-cumentos importantes que refieren la verdad de los hechos; pero parece que han sido fondeados. Por eso traigo a colación este documento como muchos otros que, por falta de tiempo, no puedo compartirlos con ustedes. El documento es muy importante dado que está firmado incluso por un alto oficial del Ejército del Perú que forma parte del contingente de la sexta brigada de la selva.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Congresista Gloria Ramos, tiene el uso de la palabra.

La señora RAMOS PRUDENCIO (BPCD).— Presidente: Me parece que no basta reconocer los hechos sino también señalar qué hacemos para superar los problemas estructurales en nuestro país, particularmente la realidad socioeconómica y cultural de nuestros pueblos indígenas.

Lamento mucho que, mientras cada uno trata de defenderse, en ningún momento se estén

analizando las causas reales y profundas de esos problemas. Bagua es un hito en la historia de la exclusión que existe en nuestro país, de la pobreza que existe en nuestro país y, sobre todo, de tener un Estado homogéneo, como si fuera igual todo el país, como si no hubiera distintas culturas. Eso es responsabilidad de todos nosotros.

Un primer responsable es el Congreso —con ma-yoría parlamentaria, no todos los congresistas— porque este le dio facultades al Poder Ejecutivo para legislar.

El Ejecutivo, flexibilizando las normas para la inversión, dio ciento un decretos legislativos en julio de 2007. Cuando se dieron esos decretos ya existían indicios de descontento en los pueblos in-dígenas; estaban preocupados porque esas normas flexibilizaban el otorgamiento en concesiones de territorios y de bosques. No podemos mentir. No podemos tapar el sol con un dedo.

A raíz del primer levantamiento, se derogaron los Decretos Legislativos 1015 y 1073 y se formó una comisión especial multipartidaria. Incluso hubo un compromiso aquí del Congreso cuando la Mesa Directiva estaba presidida por el congresista Velásquez. Ellos levantaron la primera medida porque hubo un compromiso del Congreso para aplicar la consulta previa, libre e informada en el Parlamento.

La Comisión especial multipartidaria encargada de estudiar y recomendar la solución a la proble-mática de los pueblos indígenas, que he presidido, ha trabajado aceleradamente y ha recomendado que se deroguen diez decretos legislativos. Aquella vez solamente se derogaron dos y, con el baguazo se derogaron otros dos. Luego nunca hubo volun-tad para revisar los otros decretos legislativos y lo hemos dejado así, como si nada pasara.

Yo creo que estas situaciones ligadas al gran abandono estructural se han ido agudizando. Pre-sidente, se dice que se ha reducido la pobreza en la Amazonía. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de 1993 al 2008, hay varios pueblos que han desaparecido: Resígaro, Ocaina y Quitambari. Estos pueblos ya desaparecieron, y no hemos hecho nada. También el Instituto Nacional de Estadística nos da cuenta de que ha habido tres mil cuatrocientos muertes y que de esa cantidad no se sabe por qué han muerto 966 personas.

De igual manera todavía existen enfermeda-des prevalentes como vómitos, diarreas, altos indicadores de muerte por neumonía, malaria,



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paludismo, por accidentes, por la mordedura de serpientes, por la picadura de insectos, por pará-sitos, muertes por tuberculosis, fiebre amarilla, parto complicado, sarampión y rabia; y no hemos hecho nada.

La mencionada Comisión especial multipartidaria invitó al jefe del Ceplan para saber qué planes hay para nuestros pueblos indígenas. No existen para ellos plan alguno. Se planifica el país sin considerar la existencia de las más de setenta y seis etnias en nuestro país.

Como comisión especial multipartidaria habíamos entregado, en un primer momento, el informe sobre el análisis de los decretos legislativos; lue-go, remitimos al Pleno del Congreso un segundo informe sobre la consulta previa libre, el que pasó a estudio de la Comisión de Constitución, en donde sigue allí, en la congeladora, porque dijeron que la propuesta era inconstitucional. Después, presentamos un tercer informe el 25 de mayo de 2010 de implementación de políticas públicas para nuestros pueblos indígenas.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Tiene un minuto más, colega Ramos.

La señora RAMOS PRUDENCIO (BPCD).— Se ha hablado aquí de la educación intercultural. Cuando hemos invitado a los especialistas en educación intercultural bilingüe, es-tos dijeron que ellos no tenían nada, que sus oficinas estaban pobres y que

no tenían presupuesto. ¿Y cuál es el resultado por no implementar políticas educativas en educa-ción intercultural? Solo del 2% al 6% desarrollan capacidades lectoras en su lengua originaria en todo el Perú. El 46% de docentes de educación intercultural bilingüe no tienen formación en su especialidad; están completamente abandonados. El 59,5% de los docentes que trabajan en educación intercultural bilingüe no se han capacitado y no hablan el idioma del grupo cultural para el cual están trabajando. Y en los últimos tres años no han ingresado los institutos de educación intercultural bilingüe a las comunidades nativas porque se aplicó en la evaluación la nota mínima de catorce. Tal vez hubo buena voluntad para mejorar la calidad educativa, pero solo eso.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Tiene un minuto más para terminar, congresista Ramos.

La señora RAMOS PRUDENCIO (BPCD).— Señor Presidente: Esas comunidades están ex-

cluidas; sin embargo, a ellas se les aplicó la nota mínima de catorce.

Es decir, no les dan la misma oportunidad a las comunidades en donde solo hay bosques y seres humanos, porque no hay fluido eléctrico, no hay internet; en resumen, ellas no pueden competir en igualdad de condiciones con los jóvenes de la ciudad. Ha habido muchos institutos de ense-ñanza que cerraron sus puertas, por lo que no se han cumplido sus objetivos. Aún existe un 20% de analfabetos en la Amazonía; solo accede a la educación superior el 5%.

Señor Presidente, creo que hay que tomar al toro por las astas. Yo también solicito discutir en la próxima sesión el informe sobre las políticas pú-blicas para los pueblos indígenas elaborado por la referida Comisión especial multipartidaria.

Otro aspecto importante que tenemos que traba-jar, señor Presidente, es la salud intercultural.

Por otro lado, debemos tratar la problemática del territorio y la territorialidad. No hay que cerrar los ojos en este tema.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Termine su intervención, congresista Ramos.

La señora RAMOS PRUDENCIO (BPCD).— Las comunidades nativas tienen una lógica colec-tiva, y hay que trabajar con esa lógica, sobre el bosque, su casa, su cosmovisión, su cultura y su espiritualidad; eso hay que respetarlo. Si hay inver-sión, se les debe consultar previamente a ellos. En esa medida, se van a superar las dificultades.

Por otro lado, en toda América Latina los pueblos indígenas tienen sus representantes en el Par-lamento Nacional: Ecuador, Colombia, Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Venezuela y México, menos en el Perú. En el Perú, existe la opción de participar con la cuota indígena solo para los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Solo tienen la opción de participar como candidatos los amazónicos, no los andinos. Sin embargo, en los andes también hay pueblos originarios. ¿Quién puede negar, por ejemplo, que en Ayacucho están los pocras? ¿Quién puede negar, por ejemplo, que en Huancavelica están los shoqas? Estos también merecen participar y tener su representación política. Pero no ha sido contemplado eso.

Se han presentado diversos proyectos de ley para que los pueblos indígenas tengan su representa-ción política.



El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Congresista, termine su intervención.

La señora RAMOS PRUDENCIO (BPCD).— En todo caso, necesito el compromiso de usted, señor Presidente, de debatir el informe de la Comisión especial multipartidaria encargada de estudiar y recomendar la solución a la problemá-tica de los pueblos indígenas y que se den líneas para implementar la educación intercultural, la salud intercultural, el derecho a la representa-ción política y el derecho a la institucionalidad. Teníamos el Indepa, pero este está refundido en el viceministerio de Cultura; no está trabajando los lineamientos políticos para considerar realmente los derechos reales de los pueblos indígenas.

Creo que hay que atacar los problemas reales de exclusión de estos pueblos, y también hay que respetar sus derechos.

No se trata de entregar en bandeja nuestros re-cursos naturales a cualquier inversionista. Antes tiene que ordenarse el territorio, tiene que haber reglas claras y, fundamentalmente, tienen que aprobarse los mecanismos mínimos como el de-recho a la consulta previa, libre e informada. Con ese mecanismo, el Congreso estará dando alguna respuesta respecto a los derechos que les asiste a nuestros pueblos indígenas; de lo contrario, solo estaremos echando más leña al fuego.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Congresista María Sumire, tiene el uso de la palabra.

Le pide una interrupción el congresista Isaac Serna.

La señora SUMIRE DE CONDE (GPN).— Señor Presidente: Con su venia le doy la interrupción al congresista Serna.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— En la siguiente semana vamos a dis-cutir los proyectos sobre la ley forestal y sobre la consulta previa.

Puede interrumpir, congresista Isaac Serna.

El señor SERNA GUZMÁN (UPP).— Muy agradecido, señor Presidente; gracias, colega Sumire.

Quiero referirme a las expresiones de la congre-sista Gloria Ramos, que dice: “Estamos tocando

los efectos”. No podemos quedarnos con los efectos, señor Presidente. Tenemos que atacar las causas del problema. Una de esas causas es el modelo neoliberal que se ha implantado en nuestro país. El modelo ha debilitado las instituciones del Estado; ha desregulado, y hay la intención de extraer los recursos naturales. Por ejemplo, Presidente, no me parece bien que se concesione o que se den licencias de explotación sin saber la realidad de las comunidades. Ahí, primero, tiene que estar el Estado. El Estado tiene que conocer la realidad de las comunidades porque somos un país pluricultural. Conociendo la realidad, vere-mos cuál va a ser el rol del Estado: o se concesiona a un privado, o el Estado asume la extracción de los recursos.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Tiene un minuto más, colega Serna.

El señor SERNA GUZMÁN (UPP).— Muy agradecido, Presi-dente.

Aquí hay una confusión. Cuando se concesiona un predio a un privado, este cree que ya es propietario del

territorio sin haber conversado con las comunida-des; incluso se da el lujo de colocar en ese terreno la frase “propiedad privada”, a sabiendas de que solo se le está concesionando el subsuelo, no el territorio. Por eso vienen los conflictos.

Lo que tenemos que hacer, aunque la tarea es del próximo gobierno, es minimizar la política neoliberal que ha generado muchos conflictos como el caso de Bagua, y seguirán esos conflic-tos. Eso no le hace bien al país. Otros países están yendo en esa línea. Si no atacamos las causas de los problemas, seguiremos viendo estas matanzas que no nos hacen bien. Qué bien que la colega Gloria Ramos haya tocado estos temas. Hay que atacar las causas, y nuestras comunidades necesitan ser atendidas por un Estado fuerte que se preocupe por esas comu-nidades. Hay algunos que dicen que el Estado es ineficiente.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Concluya, colega Serna.

El señor SERNA GUZMÁN (UPP).— ¿Qué cul-pa tiene el Estado, Presidente, si los funcionarios no van en esa línea sino que están más orientados a los actos de corrupción? En otros países están fortaleciendo sus Estados y están haciendo tareas que los privados no las desarrollan porque estos miran más su rentabilidad a corto plazo. Esta



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reflexión debe servir para hacer las correcciones necesarias.

Muchas gracias, colega Sumire.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Congresista Sumire, continúe con su intervención.

La señora SUMIRE DE CONDE (GPN).— Presidente: Hayk’aq kaman Presidente, noqayku sarunchasqa; qheswakuna, aymarakuna, amazonicokuna; ñishu llakisqan kashiayku chaymanta, ñañanchis toranchis riki; chayraq rimaris

hianhis imaynatan wañuranku chay haqay Bagua llaqtapi, haqay hina yawarta hich’aspa; mana paykunaqa paykunallantachu sino llipin llaqtantinta kay Perú suyutinta munakuspa...[Presidente: Hasta cuándo, Presidente, nosotros vamos a vivir con nuestros derechos pisoteados como quechuas, aymaras, amazónicos; estoy muy conmovida y triste por los sucesos acaecidos; hermanos y hermanas, recién nosotros estamos expresando la forma en que murieron en el pueblo de Bagua, en medio de tanto derramamiento de sangre, pero ellos no solo murieron defendiendo sus derechos sino por cariño a todo Perú...].3

La memoria de nuestros hermanos caídos el 05 de junio de 2009 quedará en la historia y en la conciencia de los responsables del derramamiento de sangre de nuestros hermanos tan solo por haber defendido los recursos naturales que son patrimonio de la Nación.

Es importante decir que nuestros hermanos han estado en las carreteras; entonces, si han estado en las carreteras es porque es la única forma de hacerse escuchar, es la única forma de decir que todavía existimos y que todavía estamos acá. La huelga era la única forma de hacernos escuchar. Si el gobierno y las autoridades son ciegos y sordos, ¿cómo vamos a hacernos escuchar? Por lo menos tomando las carreteras pueden entender y pueden escuchar. Eso es lo que han hecho nuestros her-manos, a los que nunca se les ha visto en nuestro país porque siempre han sido invisibilizados para las autoridades.

Hemos vivido en dos países. Un Perú oficial y otro Perú profundo con sus diferentes formas de trabajo colectivo, con sus diferentes formas de ayni y de minka, con sus diferentes formas de espiritualidad; creo que eso tenemos que reconocerlo.

Acá se ha dicho que somos iguales. No somos iguales. Nuestras comunidades han sido, incluso desde la Conquista, botados a las montañas. ¿Por qué, entonces, las comunidades indígenas están en las alturas, a cuatro o cinco mil metros sobre el nivel del mar? ¿Por qué están botados en el bosque nuestros hermanos de la Amazonía? Si no hubieran estado allá, habrían estado en la costa, en las mejores tierras.

Cuando se han encontrado recursos naturales ahí como el petróleo, el gas y los minerales, los gobiernos comienzan a imponer a las comunida-des. No les reconocen la posesión. Los gobiernos no conversan ni dicen: “si acá hay petróleo, gas o minerales, conversemos; nosotros queremos explotar para el bien de ustedes”. ¿Nunca les han dicho eso a las comunidades?

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Continúe, colega Sumire.

La señora SUMIRE DE CONDE (GPN).— Los anteriores oradores han hablado dos horas; y, no-sotros, solo tres minutos. No es justo, Presidente. Ese es mi reclamo

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Continúe, congresista Sumire.

La señora SUMIRE DE CONDE (GPN).— Presidente: Creo que es importante decir que solo los que somos de ahí sabemos cuántas veces hemos llorado cargando nuestras papas, sabemos que las hemos cultivado con un valor de diez nuevos soles, pero nos quieren pagar solo cuatro o cinco nuevos soles.

¿Acaso el gobierno se ha preocupado y ha dicho: “bueno, acá tienen mercado”? No, señor; no, con-gresistas. Este modelo neoliberal, con su ideología de libre comercio y con su sálvese quien pueda, nos ha aplastado. Por eso existe pobreza en nuestras comunidades; y todavía nos han dicho que somos ociosos, vagos y que nos oponemos al desarrollo. ¿De qué desarrollo estamos hablando? ¿De qué inversión estamos hablando? ¿A quién favorece el desarrollo? A los corruptos y a aquellos que venden y se embolsillan el dinero sin invertir en obras de infraestructura, sin invertir en las comunidades para la producción y para la construcción de un colegio o de una posta médica.

¿Cuándo han dicho que se destinan recursos para la producción en las comunidades campesinas y en las comunidades nativas? Nunca. Pero sí se ponen de acuerdo para saquear las riquezas, y lo

3 Transcripción del quechua y traducción al español: Noemí Vizcardo Rozas.



primero que hacen es repartirse las concesiones diciendo: “en esta parte hay petróleo, acá hay gas o por ese lado hay minerales”. Hablemos ahora de Quillabamba. ¿Qué está pasando ahí? El gas viene de Quillabamba, pero en Quillabamba el gas es más caro. Nuestras comunidades están excluidas. Ellas siguen cocinando con leña. ¿Acaso se les ha dicho: acá está el gas porque está en su territorio y pueden usarlo ustedes para que co-cinen o para que se alumbren? No dicen nada de eso. Entonces, ¿de qué desarrollo se habla?, ¿de qué inversión se habla?, ¿esa inversión es para las comunidades?

Yo creo que acá tenemos que ser conscientes. Los que vivimos ahí y los que conocemos sabemos cuál es el dolor de nuestras hermanas y hermanos; se trabaja a pérdida. ¿Y eso puede ser justo? Estamos comprando de otros sitios arroz y azúcar. ¿De qué desarrollo, entonces, estamos hablando?

Acá creo que hay culpables. Me pregunto quién ordenó el desalojo de la carretera en Bagua, a sa-biendas de que cientos de indígenas pernoctaban en ella desde hace varias semanas y por qué se ordenó el desalojo precisamente al día siguiente de que la mayoría parlamentaria oficialista se había negado a derogar el Decreto Legislativo 1090, cuando los huelguistas estaban indignados. Se ordenó el desalojo ese día como quien dice: “hay que darles duro a los huelguistas”.

¿Quién y a quiénes les dieron la intempestiva orden de desalojar la carretera sin tomar en cuenta las probables víctimas que podía generar el enfrentamiento? Ahora escucho decir que los indígenas estaban con lanzas y que los indígenas estaban con palos; los indígenas para arriba, los indígenas para abajo. Por supuesto, para ustedes todos los indígenas son los culpables. Lamentable-mente tengo que decir que acá los Judas se lavan las manos echando la culpa a los indígenas. Que yo sepa nunca se le ha dicho ni se le ha consultado a ese pueblo si quieren o no quieren que se apruebe tal o cual ley. Es lamentable que solo se venga a decir acá: “¿por qué se oponen a la inversión?”. Pregunto de qué inversión hablan.

En la historia del Perú siempre se ha dicho que los indígenas son ociosos, que los indígenas son terroristas o que los indígenas son ladrones. Esas frases denigrantes han sido introducidas en las cabezas de los indígenas; y después de decir esas frases, el gobierno y los privados se lavan las ma-nos y dicen: “nosotros sí podemos explotar esos recursos”. No es así. Yo les digo a ustedes que mis hermanos indígenas son también ingenieros hidráulicos, son también ingenieros agrónomos,

porque en la práctica ellos han producido grandes obras de ingeniería.

Acá tenemos que decir que falta un modelo eco-nómico y productivo que concuerde con un país pluricultural y multilingüe como el nuestro. No debemos aceptar un modelo copiado de otros sitios, sino crear uno que concuerde con la realidad del Perú. Nuestro Tahuantinsuyo, ahora admirado, nos enseña cuánto han trabajado las comunidades: ahí está Machu Picchu, ahí está Sacsayhuaman. ¿Cuánto de ingresos ha dado y sigue dando ahora el trabajo de nuestra cultura tahuantinsuyana? Nosotros hemos sido una cultura pudiente, aun-que nuestros hermanos no son pudientes. Acá se les niega su identidad y se les dice: “Estos indígenas son el atraso del país”. ¿Qué atraso? Los que están conduciendo el modelo neoliberal son los que nos están atrasando y no nos permi-ten obtener un desarrollo tal como ocurrió en el Tahuantinsuyo.

Acá están las prendas de vestir —muestro las mías— que elaboran mis hermanos, acá están los tejidos que elaboran mis hermanos. Ni siquiera sabemos que nuestros hermanos son artesanos e ingenieros. Creo que no podemos menospreciar ni mucho menos decir que ellos no saben o que se oponen. No se oponen por el gusto de oponerse.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Congresista Sumire, ya ha hablado usted por diez minutos.

Tiene un minuto más para que termine, congre-sista Sumire.

La señora SUMIRE DE CONDE (GPN).— Señor Presidente: También soy congresista y, como ellos, tengo derecho a intervenir.

En la zona de Salcca Pucara, la despensa del sur en agricultura y ganadería, provincia de Canchis, se dijo que hay que hacer la hidroeléctrica. ¿Qué les pasó? Querían enfrentarse a mis hermanos. Si nosotros los congresistas no hubiéramos ido a decirle al Presidente del Consejo de Ministros de entonces, Yehude Simon que no intervengan los policías, habría habido otro baguazo. Hemos ido a decirle que no haya enfrentamientos. Felizmente él comprendió y logramos que haya una conver-sación. ¿Ustedes creen que nuestros hermanos no conversan ni hablan? Jamás se les ha dado la oportunidad de consultarles a ellos.

Los que están presentes acá se ríen. Por supues-to, para ustedes los indígenas no son personas sino personas de tercera categoría. Creo que es



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importantísimo recordarles esto: la papa que co-men en vuestras mesas es el trabajo de nuestros hermanos.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Tiene un minuto más, congresista Sumire, para que termine.

La señora SUMIRE DE CONDE (GPN).— ¿Es justo que, con el caso de Majes-Siguas, se les prive del agua a nuestros hermanos? Creo que a las comunidades amazónicas y andinas siempre se les está privando de todo. Creo que acá se necesita que

se aprueben la ley de consulta previa y la ley de lenguas originarias, ambas son muy importantes. Hemos visto en el video que nuestros hermanos hablan diferentes idiomas, pero acá no se quiere aprobar la ley de las lenguas originarias. Tenemos derecho a expresarnos en nuestra lengua; tenemos derecho a que se nos atienda y a que se promul-guen esas leyes. No podemos permitir que, siendo nosotros un país pluricultural y multilingüe, no tengamos una ley de lenguas originarias y una ley de consulta previa; nosotros, los indígenas, necesitamos que se aprueben esas leyes en este Congreso.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Congresista Rebaza, tiene el uso de la palabra.

El señor REBAZA MARTELL (PAP).— Gracias, señor Presi-dente.

Dos ideas fundamentales: Ojalá se apruebe la ley de consulta previa sobre todos los proyectos de ley, pero

sin derecho al veto; y, ojalá los poderes del Estado den prioridad al desarrollo de las comunidades nativas y campesinas.

Actualmente, de acuerdo con el Código Penal la toma de carreteras con violencia, que atenta con-tra los derechos fundamentales de la libertad de trabajo, de libre tránsito, de la salud de los que se desplazan a las ciudades donde necesitan un trata-miento especializado, constituye delito tipificado como atentado contra los medios de transporte colectivo que se sanciona con pena privativa de libertad de tres a seis años, y también constituye delito de entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos que se sanciona con pena privativa de libertad de seis a ocho años.

El Ministerio Público tiene que actuar cuando hay indicios y mucho más cuando hay un delito que permanece mucho tiempo en el conocimiento de las comunidades.

Me está pidiendo una interrupción el congresista Estrada.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Congresista Estrada, puede intervenir para una interrupción.

El señor ESTRADA CHOQUE (UPP).— Señor Presidente: Estamos debatiendo varias horas el informe de la Comisión investigadora sobre los hechos acontecidos en la ciudad de Bagua.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Siete horas, congresista.

El señor ESTRADA CHOQUE (UPP).— Es un hecho cierto que no solamente nuestros hermanos amazónicos están prácticamente abandonados y marginados, sino también los campesinos del sur oriente del Perú, desde los inicios

de nuestra vida independiente. Poco o nada se ha hecho por ellos. Sin duda que los gobiernos son responsables, y nosotros también lo somos, señor Presidente.

En cuanto al baguazo, hemos escuchado hasta cuatro informes contradictorios. También hemos tenido la oportunidad de escuchar el informe de la señora Cabanillas, entonces Ministra del In-terior. Se dice que el Ministro de Defensa y otros más también serían responsables. Sin embargo, yo puedo manifestar que la clara exposición de la congresista Cabanillas contiene una serie de aspectos positivos que le ha permitido actuar como ministra. De ningún modo ella ha instigado ni ha sido autora de lo que sucedió en Bagua, hecho que lamentamos.

Yo quiero decirles a mis colegas del partido del señor Ollanta que le faltan escasos días para que él asuma la Presidencia de la República y que, por lo tanto, no podemos generar esta guerra aquí entre fuerzas políticas por un caso que incluso se está esclareciendo ante el Poder Judicial.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Termine, congresista Estrada.

El señor ESTRADA CHOQUE (UPP).— Pido a los colegas nacionalistas, a los colegas del partido de gobierno y a nosotros mismos que hagamos un



esfuerzo para que el nuevo gobierno pueda entrar en funciones en un clima de relativa confianza, no después de una guerra que se quiere plantear dentro del Congreso, en donde hay representantes de todas las organizaciones políticas.

Luego de esos cuatro informes emitidos, pregunto por cuál de los informes vamos a votar, qué as-pectos vamos a tener que considerar. Tenemos que ser sinceros para tener la capacidad de determinar dónde hay culpabilidad y dónde no hay culpabilidad.

El Perú entero nos está escuchando y en esas condiciones, como congresistas, tenemos que responder de acuerdo con la realidad y la verdad que aconteció en aquel entonces.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Continúe, doctor Alejandro Rebaza.

El señor REBAZA MARTELL (PAP).— Gra-cias, señor Presidente.

Decía que el Ministerio Público, titular de la acción penal, tenía que actuar. Igualmente, tenía que actuar la Policía Nacional del Perú que, según mandato de la Constitución Política, en su artículo 166, tiene por finalidad garantizar, mantener y restablecer el orden interno.

Por eso, cuando, en un Consejo de Ministros, se expresa que es hora de actuar, sería muy obtuso pensar que es hora de actuar para matar, para herir, para destrozar a la población. Se expresó “es hora de actuar” para que cesen los delitos de acuerdo con un plan operativo que la población, instigada, manipulada, azuzada, no permitió ejecutar.

Surge, entonces, la impunidad para los autores intelectuales o para los instigadores o para los autores materiales de las muertes. Porque está totalmente comprobado que ningún ministro ni el director general de la Policía Nacional ha matado a nadie. En consecuencia, hay que deslindar las responsabilidades administrativa, civil, penal y política. La responsabilidad política ha sido asumida por quienes conducían los destinos de los sectores o de las entidades que tuvieron la obligación de intervenir. En cambio, la respon-sabilidad penal se establece sobre la base de una teoría de las ciencias penales. Está prohibido hacer imputaciones objetivas; es decir, no se puede sancionar solo por los resultados sino que, para sancionar, hay que analizar también si realmente hubo elementos subjetivos como el dolo, que es la intención de matar. ¿La Ministra del Interior

de entonces tuvo la intención de que se mate a alguien?, ¿tuvieron la intención de matar ella o algún otro funcionario del Estado? Es más. ¿El Presidente de la República puede tener dolo? Definitivamente, no. También son importantes para determinar la responsabilidad penal los elementos normativos y las circunstancias en que se dieron los hechos.

Si analizamos la teoría del delito en lo que respecta a los grados de participación y a los grados de au-toría, encontramos que hay autores directos, que son los autores materiales. Pero estos autores se convierten a veces en instrumentos o en elemen-tos manejados; es decir, hay hombres —detrás de los elementos manejados— que son los autores intelectuales: aquellos que pueden tener el plan criminal o el plan de acción con grandes riesgos para la vida y la salud de las personas. Estos son igualmente responsables o más responsables que los autores directos. También existen los instigadores.

Entonces, sobre la base de la teoría del delito tene-mos que determinar quiénes son los responsables penales de la muerte de veinticuatro policías y de diez hermanos nativos. Que se investigue, como se ha pedido acá, que se esclarezca y que se formen las respectivas comisiones de verdad.

Las acusaciones solo se orientan a los funcio-narios públicos que tenían la obligación de actuar para que cesen los delitos y para que se restablezca el orden público. Pero otra vez se vuelve a la impunidad para aquellos autores reales de las muertes y de las lesiones graves. Y después de haber promovido ellos los actos y los hechos peligrosos se pasan a la otra orilla para convertirse en defensores de los derechos humanos.

Sobre estos informes ya emitidos y sustentados tiene que haber un voto consciente y respon-sable, como se ha pedido y se ha reflexionado acá; un voto que busque el entendimiento, la armonía, la conciliación y también la verdad concreta.

Doy una respuesta al señor Güido Lombardi. Es cierto que el principal y el más importante vere-dicto es el de las urnas; pero no olvidemos que muchas veces ese veredicto se equivoca porque no es auténtico ni autónomo; es decir, el veredicto puede estar manipulado y también puede estar amasado por quienes, cuando llegan a la zona de conflicto, asumen la posición más cómoda de ponerse al lado de la violencia y por quienes son adiestrados como dirigentes por capitales y por



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organismos públicos que ya conocemos. A ellos los extraen de su clase social y de su medio cultural para transformarlos en dirigentes artificiales y fabricados.

Nosotros somos respetuosos, y nuestra bancada ha saludado el triunfo del presidente electo Ollan-ta Humala. Pero hacemos votos en el sentido de que el pueblo no se haya equivocado. Ojalá la Presidencia, en la conducción de los destinos del país, en estos cinco años, responda a la confianza depositada en las urnas y a las expectativas de la población y eche abajo, de una vez por todas, los temores, las desconfianzas, las suspicacias que todavía existen en el pueblo peruano.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— El último orador de la noche es el congresista Giampietri. Luego procederemos a votar el informe.

Puede intervenir, congresista Giampietri.

El señor GIAMPIETRI ROJAS (PAP).— Gracias, Presidente.

Trataré de ser breve para que no se vayan antes de que termine mi intervención.

En los cinco años que he participado en este Con-greso he visto varias comisiones investigadoras, y todas ellas adolecen de un grave defecto: falta de rigor científico en las investigaciones. Se dejan datos de lado, se ideologizan los temas y se dejan algunos hechos fuera de lugar, porque no se sigue una metodología. Estos defectos he encontrado en la mayoría de las comisiones investigadoras.

Sobre el informe en debate, no se han tomado en cuenta los antecedentes. ¿Quiénes indujeron para que se realizara lo de Bagua?, ¿quiénes financiaron a la gente que estuvo varios meses dando la vuelta por el área?, ¿quién les dio la logística?, ¿quién les dio el agua?, ¿quién les dio la comida?, ¿quiénes azuzaron a través de las radios?, ¿cuántos congresistas, que estuvieron allí, no fueron a bajar el nivel de las conversa-ciones sino a incendiar más la pradera? Yo creo que estas cosas están faltando en los informes; no se ha hecho un estudio completo.

Por otro lado, en estos cinco últimos años hemos ido rebajándole las funciones y quitándole atribu-ciones a la Policía Nacional de manera tal que sus miembros se sientan actualmente hostigados por

el Poder Judicial porque los enjuician por todo. Al final de todo esto, los autores de los delitos han pasado piola y no les ha pasado nada, mientras que los policías y la ministra son los responsables. Así no es la cosa, señor Presidente. Creo que aquí hay una distorsión de la verdad total y absoluta.

Yo puedo relatar y hago pública esta denuncia: el señor Pizango, uno de los instigadores principales del problema en Bagua ha hecho uso indebido de los dineros donados. Esto no lo digo de memoria: lo puedo comprobar con documentos. A través de la Comisión de Defensa Nacional le hemos pedido a la APCI (Agencia Peruana de Cooperación Inter-nacional) que diga qué sanciones le han puesto a este señor que se ha tirado una enorme cantidad de dinero que debía haber sido utilizada por la gente pobre que él dice que está defendiendo. Se ha robado la plata que le han dado, y a ese señor no le ha pasado nada. Él ha instigado la violencia en Bagua como ha instigado otras violencias y lo va seguir haciendo si el Estado no pone las cartas sobre la mesa. Yo creo que es tarea del próximo gobierno encontrar a estos sinvergüenzas que lucran con la pobreza del pueblo y que se tiran la plata.

De los nueve objetivos que estaban programados con la APCI, dos se han cumplido, dos tienen gra-ves defectos y cinco tienen muy graves defectos. Pizango se ha tirado como cuatro millones de dó–lares. ¿Cómo es posible que esto suceda y nadie le haya hecho nada? Ese dinero teóricamente debió haber sido destinado para los pueblos que él dice defender y no ha sido así.

Yo creo que tenemos que mirar el mundo de otra forma. Ya nosotros salimos del Congreso. De tanto incendiar la pradera, el nuevo gobierno después va a tener que actuar como bombero. Dentro de un mes y medio están ustedes, los nacionalistas, a cargo del gobierno. Vamos a ver qué van a hacer con todas las praderas que han prendido dentro del país. Porque el sistema, que va a seguir así, no obedece lo que quieran ustedes; son ONG (Organismos No Guberna-mentales) de afuera que están armando todos estos despelotes. Creo que nosotros tenemos que poner las cosas en su sitio. Ustedes van a ser los responsables porque nosotros ya salimos. De aquí en adelante los errores van a ser de ustedes, los nacionalistas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Congresista Cajahuanca, tiene la palabra.



Le pido que su intervención sea lo más breve posible porque estamos debatiendo el tema por siete horas; ya son las diez de la noche.

La señora CAJAHUANCA ROSALES (GPN).— Presidente: Me hubiese gustado que haya tenido la misma exigencia con la congresista Cabanillas.

Le voy a decir que en todo el trata-miento de los hechos de Bagua he sido sindicada y mencionada, por lo que se tiene que aclarar; nunca lo pude hacer porque lamentablemente este Congreso no lo permitió. Pero hoy en día —aunque ya nos estamos yendo del Congreso—, mi partici-pación va a ser esencialmente reflexiva.

Cuando yo llegué a este Congreso vine para de-fender los intereses de los electores de mi pueblo. Nunca me voy a olvidar de aquellos agricultores que tuvieron la esperanza de que les pueda defender al elegirme como congresista. Por eso, señor Presidente, desde que llegué al Congreso siempre he estado pendiente de la agenda y de los intereses de mi pueblo, sobre todo cuando se dio el Decreto Legislativo 1015 que reducía el número del quórum requerido para hacer cualquier cosa con el terreno de las comunidades indígenas y campesinas.

Antes con la Ley 26505 se requerían los dos tercios de la comunidad para determinar qué se va a hacer con las tierras de la comunidad campesina. En cambio, el cuestionado Decreto Legislativo 1015 señalaba que se requiere solo el 25% más uno para que la comunidad pueda hacer lo que quiera con sus tierras. Al día siguiente de la publicación del mencionado decreto legislativo presenté una propuesta de derogación de ese decreto. Sin em-bargo, no pude darme el gusto de sustentarla en el Congreso porque, en esa oportunidad —qué tal coincidencia— me sancionaron por un mes; es decir, no pude sustentar ese proyecto de ley que reivindicaba su derecho al pueblo.

Mienten, entonces, algunos congresistas de gran renombre en el Congreso de la República cuando dicen que para la aprobación se requería el 50% más uno. El proyecto de ley decía: “Del quórum correspondiente. El quórum de cien es cincuenta más uno”. Por lo tanto, con la aprobación del 50% de ese quórum se va a determinar lo que quieran con la tierra de las comunidades campesinas. Hemos difundido eso a nivel nacional. Y se ha logrado la aprobación de la derogatoria de ese decreto legislativo por la lucha justa y correcta de las comunidades campesinas en las calles. Que el

Apra recuerde su historia; que no se olvide de los principios primigenios de Víctor Raúl, que están dentro de lo justo y de lo correcto; y el pueblo ha reivindicado el derecho de derogar leyes injustas. Pero el problema no era solamente eso. Hay otros decretos legislativos que se dieron dentro de ese marco y que han hecho que, como dice alguien, se incendie la pradera.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Continúe, congresista.

La señora CAJAHUANCA ROSALES (GPN).— Con esos decretos legislativos han incendiado nuestro país. ¿Quién está dejando los 255 conflictos sociales en el país?, ¿por qué se dan los conflictos?, ¿porque alguien va a azuzar, porque alguien va a hablarles, porque alguien les va a mentir? No, señor Presidente. Los conflictos se dan porque la gente sabe y siente, en carne propia, en sus casas, en sus domicilios, que están sufriendo debido a la aplicación de estos decretos legislativos.

Voy a poner el ejemplo de los wampamis y de los awuajun. Este problema se inicia cuando en el diario La República se informa que la comunidad awajun había secuestrado a los trabajadores de la minera Dorato. En ese momento, me pongo en contacto con el dirigente de esa comunidad campesina, el señor Zebelio Kayap, y muy clara-mente le digo a él que el problema no pasa por secuestrar, tomar o arrinconar a los trabajadores de la minera porque el problema no es causado por los trabajadores; el problema surge porque hay decretos legislativos y proyectos de ley que permiten la contaminación en esos pueblos por la explotación minera; y yo les induzco a los comuneros para que suelten a esos trabajadores de la minera.


La señora CAJAHUANCA ROSALES (GPN).— El tema no pasa, señor Presidente, por el enfrentamiento entre los trabajadores de la empresa minera y los miembros de la comu-nidad campesina, sino que hay leyes dadas por este Congreso que permiten el enfrentamiento porque andan de espaldas a la realidad del pueblo. Por eso, yo les pedía a las comunidades que, por favor, liberen a los trabajadores, para después explicarles esas leyes con el propósito de pedirle a este Congreso que sean derogadas. Eso es lo que hemos hecho. Por eso viajamos durante tres días. No ha sido fácil llegar hasta los wampamis para explicarles los efectos de esas leyes.



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No es que uno no quiera la inversión. El con-gresista Vargas decía: “Lo que pasa es que ellos no quieren la inversión sino la deforestación”. No, señor. Lo que sucede es que en Lima se han acostumbrado a dar las concesiones sin tener en consideración la participación de las comunidades campesinas o nativas. Quien otorga la concesión es un funcionario, en un cuarto cerrado. Lamen-tablemente se dan en concesión plazas de armas, municipios, comunidades campesinas, colegios, escuelas. ¿Y qué dice la ley? Dice que la empresa que recibe la concesión tiene la potestad de entrar y hacer lo que le da la gana. Ese es el meollo del asunto. Acá no hay nadie que ha incitado a las comunidades, acá no hay nadie que les ha dicho que “paren” ni que “se levanten”. Aprendamos eso. Peleándonos hoy unos con otros no vamos a lograr nada. Aprendamos algo de lo que ha sucedido en Bagua. Pero, por lo que he visto y he escuchado acá, no aprendemos.

Acá, en el Congreso, nos queremos echar la cul-pa de lo sucedido, incluso se habla de la Policía Nacional. No, señores. Nuestra Policía Nacional y nuestras Fuerzas Armadas no tienen la culpa. Los únicos culpables son los responsables políticos que han dado la orden; han sido tan cobardes de dar una orden sin poner la cara y el pecho ade-lante. Como siempre, ellos dan la orden y dejan que se enfrente el pueblo contra el pueblo. ¿Qué culpa tiene la Policía Nacional?, ¿qué culpa tienen los awajun que lo único que hacen es defender sus tierras? Alguien dijo que ellos no quieren la inversión. Sí la quieren. Pero veamos cómo han dejado pelado a su cerro sagrado; así lo han dicho el awajun y los dirigentes.

Tal vez a ninguno de ustedes, señores congresis-tas, les interese ese cerro sagrado. Dirán que no les interesa porque para ustedes no es nada. Pero si fuéramos y tumbáramos las casas de ustedes, ahí sí saltarían. Lo mismo le están haciendo ustedes a las comunidades. Eso se tiene que entender, señor Presidente. Entonces, ¿qué estaban haciendo las comunidades? Están defendiendo el derecho de que solo toquen la puerta antes de entrar a su territorio.

¿Qué nos han dicho las comunidades en todos los mensajes? Queremos ser considerados como seres humanos, no como objetos porque no somos animales. El sistema imperante, en la historia del país, ha excluido a las comunidades indígenas. Pero hay avances, como los convenios interna-cionales que señalan que se tiene que escuchar a la comunidad campesina y al indígena. Ellos también tienen derechos, y eso es lo que nosotros queremos defender.

En el mismo sentido, me refiero a nuestras Fuerzas Policiales. ¿Por qué nuestros policías tienen que ser juzgados? Quienes tienen que ser juzgadas son las autoridades políticas. ¿Por qué le dieron de baja a aquel hidalgo comandante o general que estaba a cargo del operativo en Moquegua y que no quiso enfrentarse con la población? (Escuchen también ustedes, congresistas, por favor; aprendan algo de la democracia; cuando alguien de ustedes habló tres horas, nadie dijo nada; hay que aprender).

Reitero la pregunta. ¿Por qué le dan de baja a ese hidalgo comandante? Asimismo, ¿cuál es la polí-tica del Estado? Sacar leyes para criminalizar las protestas, y con esas normas se permite meterles bala a la población. Así no es, señor Presidente. Sobre las cosas se dialoga, se conversa, no se impone a sangre y a fuego. La imposición está dividiendo al pueblo peruano. Y la factura por esos hechos y actitudes se la ha pasado el pueblo peruano al partido más antiguo de nuestro país. Aprendamos. Acá no se trata de decir yo quiero ganar políticamente y, para eso, voy a decirle te-rrorista a la persona que está llevando la voz del pueblo. Ese no es el tema, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Termine, su intervención, congresista.

La señora CAJAHUANCA ROSALES (GPN).— No se trata de acusar de terrorista, violentista, azuzadora a quien trae la voz del pueblo. Acá tenemos que aprender a escuchar. Este Congreso y también las autoridades políticas tienen que asumir su responsabilidad.

Es cierto, como dice el congresista Güido Lom-bardi, que el pueblo ha dado su sanción política a esas autoridades, y nadie se va a salvar. Espero que esta situación sirva de algo a los nacionalistas, apristas, fujimoristas y a los de Unidad Nacional para no continuar en el error. Seguir en el error, señor Presidente, genera que hoy esté Puno candente, no porque alguien que tiene plata esté pagando a la gente para que siga reclamando. ¿Los millonarios que son dueños de las mineras pagan a la gente para que salga a reclamar? La conciencia del pueblo, el deseo de superación, el deseo de salir adelante y de darles otro futuro a nuestros hijos no se compra. Yo creo que en este Congreso se debe hacer justicia y se debe asumir esa responsabilidad. Creo que acá hay una gran responsabilidad de las autoridades políticas de ese momento. No permitamos que se sigan en-frentando el pueblo contra el pueblo.

Gracias.



El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Por alusión, tiene una breve intervención el congresista Güido Lombardi.

El señor LOMBARDI ELÍAS (UN).— Gracias, señor Presiden-te.

Me sorprende la afirmación hecha por mi estimado amigo Alejandro Rebaza respecto de que el pueblo

a veces se equivoca en las urnas. Es posible. Pero, normalmente, ese es el pensamiento de los monárquicos o de quienes promueven el despotismo ilustrado. No hubiera pensado que Alejandro Rebaza engrosara las filas de los dés-potas ilustrados.

Quiero referirme con aprecio y respeto a la in-tervención del congresista Giampietri, que dice que los informes de las comisiones investigadoras adolecen de rigor científico porque no van al fondo de los temas. Al respecto, debo decir que usted no sabe, señor Presidente, con cuánto empeño algunos miembros de la Comisión investigadora buscaron el financiamiento externo de las casas de ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas) y el financiamiento chavista en la movilización de los awajun, y no se encontró ese financiamiento. Si se hubiera encontrado, figuraría en primerísimo lugar en algunos de los informes.


El señor LOMBARDI ELÍAS (UN).— Gracias, Presidente.

Nosotros concluimos que la responsabilidad atri-buida a las casas de ALBA en la organización y radicalización de la protesta indígena, así como la posibilidad de que se estuviera utilizando recursos económicos provenientes del Gobierno de Venezuela, no han podido ser probadas por quienes hicieron tal imputación. Por nuestra parte, no hemos encontrado indicio alguno que avale las hipótesis.

Se ha mencionado también la participación de la iglesia de apoyo a los que estaban protestando en ese momento, tanto en la Curva del Diablo como en la Estación de Bombeo 6. Es cierto, había ese apoyo y el monseñor García de la Rasilla dice que es parte de la tarea evangélica de la iglesia apoyar a quienes están necesitados, y parece razonable así.

En cuanto a la acusación que se ha hecho hoy de manera reiterada a varios congresistas, como

a la congresista Cajahuanca, de participar en la zona del conflicto, considero que es parte del trabajo político que está obligado a hacer todo congresista.

Si uno está en desacuerdo con lo que sostenía la congresista ante los nativos reunidos, entonces po-día haber ido allá y sostener la tesis contraria; en eso consiste la democracia. ¿O pretenden ustedes que la gente se quede sentada en su curul? Por eso concluimos que la presencia de congresistas nacio-nalistas en la zona constituye un legítimo trabajo partidario. A este respecto, llamamos la atención sobre la ausencia de otras fuerzas políticas en cumplimiento de su función de representación. La precariedad de la representación política en esa zona debe llevar a establecer mecanismos que permitan una adecuada participación.

Permítame, señor Presidente, dar lectura a un párrafo que da cuenta de esa ausencia no solo de los congresistas en esas zonas, sino también la ausencia del Estado en su conjunto: “Sin em-bargo, el análisis de los hechos demuestra que los dirigentes de la protesta buscaron siempre un mayor radicalismo. Hay que admitir que a ello contribuyó la ausencia de funcionarios sectoriales del gobierno central y de las regiones en las áreas de Energía y Minas, de Ambiente, de Agricultura, de Comercio Exterior”. Es decir, prácticamente todos los sectores del gobierno son responsables, salvo el Ministerio del Interior. ¿Quién dice esto? Ah, ¡qué casualidad! La entonces Ministra del Interior.

Resulta que quien sea Ministro del Interior no es responsable de todas las acciones que realice la Policía Nacional. Para que se active la responsa-bilidad política y sus consecuencias es necesario que se den algunas premisas: uno, que se encuen-tren comprometidos asuntos o materias de alto contenido político. La propia ministra de entonces da cuenta de que en cinco regiones del país había movilizaciones y que, por lo tanto, se decreta el estado de emergencia en ellas. Dos, que se trate de asuntos o de materias de alcance general o que comprometan la situación o derechos de un amplio sector de la población. Al respecto, hemos escuchado decir acá cómo comprometía a amplios sectores de la población la situación generada desde abril de 2009. Y tres, es necesario que se encuentre amenazada o afectada la vigencia de de-rechos fundamentales. Cuando se da ese conjunto de circunstancias, hay que actuar políticamente, no policialmente. Precisamente la responsabilidad está en no haber actuado políticamente.

Por último, tengo en mis manos una resolución ministerial casi secreta o clandestina. No me



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consta que no esté publicada en el diario El Peruano. Es posible que haya sido publicada en su momento, pero ha desaparecido prácticamente de cualquier registro. Se trata de la Resolución Ministerial 0408-2009 del Ministerio del Interior. ¿Qué contiene esta resolución? Un ascenso por acto de armas para once oficiales que estuvieron presentes en los luctuosos sucesos de Bagua. Cu-riosamente ninguno de estos ascensos comprende a quienes condujeron, según hemos escuchado, de manera perfecta el operativo policial. Se trata solamente de un ascenso a oficiales de menor jerarquía.

Entonces, no puede decirse que ese operativo policial en Bagua fue exitoso y que, por eso, se está premiando con el ascenso a una buena parte de sus participantes, no a quienes lo condujeron. No creo, honestamente, que este debate haya sido tan productivo como pudo serlo. Pero quedará en la conciencia de muchos congresistas la necesidad de comprometerse con una solución más defini-tiva, no simplemente achacar responsabilidades o limpiarse de ellas, según convenga.

Gracias.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Sírvanse registrar su asistencia, señores congresistas, antes de votar.

—Los señores congresistas registran su asistencia mediante el sistema digital para verificar el quórum.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Congresistas Cajahuanca, Lescano y Zeballos, registren su asistencia.

Por siete horas estamos tratando este tema, colegas.

Por un minuto, puede intervenir el congresista Santos.

El señor SANTOS CARPIO (GPN).— Muchas gracias, señor Presidente.

Solo quiero intervenir por un mi-nuto para que quede registrado lo que voy a decir.

Llama la atención que cuando estamos por ter-minar esta legislatura, y habiendo tenido más de dos años, recién le ha dado la regalada gana de poner este informe en la agenda, Presidente. Esto es responsabilidad del partido de gobierno.

También, Presidente, usted es responsable por no poner en agenda los informes de las otras comisiones de investigación, como es el caso de Forsur. ¿Por qué? Porque quiere proteger a sus ministros.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Se va a votar el informe en mayoría, con la supresión de las conclusiones 16 y 24, anunciada por la congresista Martha Moyano Delgado, en nombre de los autores del informe en mayoría.

Están presentes 57 congresistas. El quórum es de 51.

Al voto el mencionado informe con las supresiones anunciadas.

—Los señores congresistas emiten su voto a través del sistema digital.

—Efectuada la votación, se aprueba, por 41 votos a favor, siete en contra y ninguna abstención, el Informe Final en mayoría, con las supresiones de las conclusiones 16 y 24, de la Comisión investigadora sobre los hechos acontecidos en la ciudad de Bagua, aledaños y otros, ocurridos en junio de 2009.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Ha sido aprobado el informe final en mayoría con las mencionadas supresiones.

Se deja constancia del voto a favor de los congre-sistas De la Cruz Vásquez, Chacón De Vettori y Mendoza del Solar; y del voto en contra de los congresistas Huancahuari Páucar, Vásquez Rodríguez, Obregón Peralta, Pari Choquecota, Acosta Zárate, Vilca Achata, Silva Díaz, Isla Rojas, Sumire de Conde, León Minaya, Cabrera Campos, Escalante León, Rivas Teixeira y Supa Huamán, lo que da un total de 44 votos a favor, 21 en contra y ninguna abstención.

—Las conclusiones y recomendaciones del informe en mayoría aprobado son las siguientes:

“V. CONCLUSIONES

ASPECTOS GENERALES

Los hechos acaecidos el 5 de junio del 2009 en 1. la ciudad de Bagua y aledaños pudieron haberse evitado si el Poder Ejecutivo hubiese tomado las consideraciones del caso, es más, si durante más de 40 días de protesta de las etnias amazónicas no



hubiera sido obsecuente y reconocido que había incumplido con la obligatoriedad de consulta previa a las comunidades indígenas, exigidas por el Convenio N° 169 de la OIT, antes de la dación de los decretos legislativos que desencadenaron los hechos en mención.

Existen responsabilidades políticas y penales 2. que deberán ser asumidas por autoridades del Estado y por quienes, al margen de la ley, desata-ron una barbarie sin precedentes que enlutaron muchos hogares y, que hasta la fecha, aún no son claramente identificados para que asuman las responsabilidades y penalidades que la ley prescribe para estos casos.

La cobertura que se dio al paro amazónico, tanto 3. de medios televisivos como radiales y escritos, permi-tió descubrir que en la zona de Bagua y alrededores hubieron actores externos que azuzaron el conflicto sin medir las consecuencias, tergiversándose de manera directa los hechos, pudiéndose indicar que hubo inaceptables casos de ingerencias que aún son motivo de investigación por parte de las autoridades pertinentes, como son las ONGs que exacerbaron los ánimos con informaciones falsas y exageradas, informaciones que incluso fueron recogidas de manera irresponsable por la propia Defensora del Pueblo para informar de un número de muertos inexistente por parte de los nativos de la zona.

La participación de las fuerzas policiales y de 4. las fuerzas armadas, así como de los Ministerios del Interior y de Defensa, en el conflicto de Bagua muestran desaciertos y descoordinaciones en la ejecución de los operativos que no permitieron que se restituyera el orden y la seguridad pú-blica, los mismos que tendrán que asumir las responsabilidades políticas y/o operativas por las líneas de mando y/o comando responsables de estos lamentables hechos.

El Ejecutivo, si bien había recibido del Legis-5. lativo la facultad de legislar mediante la Ley N° 29157 en temas referidos al TLC, emitió decretos legislativos que desnaturalizaban las facultades otorgadas, tan es así que los decretos referidos a los pueblos indígenas fueron observados y, en otros casos, fueron declarados inconstitucionales, lo cual generó que de manera inmediata lideres locales, ONGs y elementos radicales asumieran una oposición política e ideológica confrontacional que el Estado no supo, en su momento, anular ni imponer el orden y seguridad pública sin trasgre-dir el orden constitucional; sino que asumió un papel que lejos de solucionar el conflicto, exacerbó los ánimos y contribuyó a desencadenar los hechos lamentables ocurridos.

SOBRE LA PROTESTA INDÍGENA Y LA I. GESTIÓN DEL CONFLICTO

Los pueblos indígenas iniciaron sus protestas 6. como consecuencia de la dación de normas que no les fueron consultadas (derecho a consulta según Convenio 169 de la OIT), razón por la cual bus-caron mecanismos de diálogo por intermedio de sus líderes, no siendo el Estado capaz de asumir su responsabilidad, dilatándose la solución del conflicto generado.

En ese contexto, los movimientos locales fue-7. ron generando mayores adhesiones, a los cuales se sumaron la mayoría de comunidades nativas que, en más de un caso, fueron infiltrados por elementos subversivos que generaron respuestas y propuestas que desnaturalizaban las protestas netamente reivindicativas, pasando a tomar ac-ciones netamente violentistas, que poco o nada tenían que ver con el bienestar y desarrollo de sus comunidades, tan es así que fácilmente se podían apreciar elementos con pasamontañas o emboza-dos, así como otros con pinturas en el rostro que, a decir de los propios nativos, usaban colores que nada tienen que ver con los tradicionalmente usados por los nativos de nuestra amazonía.

Representantes del Estado, como la Presi-8. dencia del Consejo de Ministros, actuaron con suma lentitud y, organismos como el INDEPA no supieron asumir el rol que les correspondía; mientras que en el Congreso de la República se suscitaban hechos que no ayudaban a encontrar una rápida solución al conflicto. Es necesario in-dicar que la presencia de congresistas en la zona de Bagua, lejos de buscar solucionar el conflicto originado, contribuyó a que no se confundiera aún más a los indígenas y se exacerbara la ya convulsionada zona.

SOBRE EL OPERATIVO POLICIALII.

Para la Comisión, existen responsabilidades en 9. los mandos policiales que intervinieron en los ope-rativos, pues tales graves errores conllevaron un mal diseño, equivocada estrategia y mala ejecución del mismo. Asimismo, es también responsabilidad de los mandos policiales no haber previsto las con-secuencias que acarrearía el operativo (en especial el de la Curva del Diablo) en la estación de bombeo N° 6. Consideramos que la responsabilidad de los mandos policiales, deben ser investigadas por las instancias correspondientes del Ministerio Público y del Poder Judicial en el fuero ordinario. Es así que, esta Comisión considera que existió responsabilidad funcional en el Gral. PNP Luis Muguruza Delgado, en su condición de oficial más



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antiguo y a cargo del operativo, a lo que debe sumarse las graves deficiencias detalladas en el presente informe.

El cambio de comando efectuado el 3 de ju-10. nio, y decidido desde las más altas instancias del Ministerio del Interior, constituyó una medida desacertada. A partir de entonces el General Ber-nabé Garavito, Director de Operaciones Policiales y autor del Plan General de Operaciones, perdió el control del operativo ya que el General Luis Muguruza es un oficial de mayor antigüedad. Dicha situación determina que el comando ope-rativo encabezado por el General Luis Muguruza reporte directamente al General José Sánchez Farfán, Director General de la PNP.

El Comando policial incumplió su propio 11. plan de operaciones. El número de efectivos con el que se inicio no correspondió al que aparecía en la Orden de Operaciones y no se mantuvo las coberturas correspondientes al retrazarse el arribo a la Curva del Diablo. En efecto, de acuerdo a las informaciones que la Comisión re-cibió y verificó, la llamada primera dimensión de tierra encabezada por el General Luis Mugurza recién llegó a las 7:18, cuando el contingente encargado al mando del Comandante del Carpio ya había sido desbordado por los indígenas. Esa tardanza fue determinante en el fatal resultado del operativo.

La Comisión considera de particular grave-12. dad la escasez e inoperancia de los equipos de comunicación con los que contaban las fuerzas policiales. Es inexcusable que no se hayan po-dido comunicar entre sí, y que, no obstante esa enorme limitación y pasando por alto los riesgos que esto implicaba, se haya procedido a iniciar el operativo. La Comisión señala indignación sobre el uso de celulares personales como recurso de comunicación en una operación de esta magnitud y que permitían comunicarse con Lima, pero no con su comando.

La Comisión considera de la mayor impor-13. tancia señalar que el comando policial no evaluó adecuadamente las características de la población indígena, la presencia de reservistas y, grave error, la presencia de elementos ajenos a los indígenas que actuaban con pasamontañas y que utilizaron armas de fuego, así como otras armas impropias de los nativos.

La Comisión considera que era previsible el 14. impacto del desalojo en el orden público de las ciudades aledañas al desalojo. Por lo tanto, es razonable que se le exija al comando tomar las

previsiones del caso. Sin embargo, las dotaciones policiales de Bagua y Utcubamba eran insuficien-tes para controlar los desmanes que se produjeron con un lamentable saldo de muertes y heridos.

El operativo se inició sin asegurarse que los 15. puntos críticos estuvieran bajo control. El caso de la Estación 6 de Petroperú en Kusu Grande corresponde a esta etapa del análisis. La Comisión considera que este hecho demandaba del comando un especial cuidado, el mismo que obligaba a no iniciar el operativo hasta que la seguridad de la Estación 6 estuviera garantizada de manera plena y efectiva.

[16. RETIRADO]

III. RESPECTO A LAS MUERTES

Con relación a lo acontecido en la Curva del 17. Diablo, la Comisión considera que debe hacerse una distinción entre las muertes producto de un enfrentamiento entre indígenas y policías en la cima del cerro aledaño, y aquellas que se producen cuando los policías capturados son asesinados o desaparecidos, como en el caso del mayor Bazán. Siendo todas las muertes lamentables y condena-bles, estas últimas son al extremo graves porque se perpetraron contra personas ya indefensas.

El escenario de la Estación 6 fue cuidadosa-18. mente estudiado por la Comisión por lo que res-pecto a la reacción de los indígenas que tomaron el control de la situación, particularmente de sus líderes, consideramos que los responsables penales de los doce crímenes de desarmados e indefensos policías en manos de nativos allí producidas deben ser individualizados y juzgados con atención al debido proceso. La Comisión considera que estos crímenes no deben quedar impunes por lo que concluye en solicitar que le Ministerio Público y el Poder Judicial deben desplegar sus mayores esfuerzos para individualizar las responsabilida-des penales que correspondan.

La Comisión ha prestado especial atención 19. a las versiones que señalaban la existencia de más muertos de los que aparecían en los in-formes oficiales. Sin embargo, las fuentes que sostienen esas versiones no han aportado indicio razonable alguno para iniciar una investigación al respecto.

La Comisión hace notar que, de acuerdo a 20. la información recabada, las muertes de poli-cías producidas el 5 de junio, particularmente aquellas que se verificaron en la Estación 6, se inscriben dentro de una larga lista de impunidad



por asesinatos que ha caracterizado a la zona. La Comisión considera que el comportamiento de los operadores jurisdiccionales en este caso en particular puede representar un punto de quiebre en esta situación de impunidad que es incompatible con el Estado de Derecho.

La Comisión considera que la organización 21. indígena se deslegitima en la medida que introdu-ce prácticas ilegales en la protesta. La Comisión ha llegado a la convicción que es a través de un diálogo respetuoso y de buena fe que se pueden alcanzar los acuerdos que permitan dar solución a los conflictos sociales. Consideramos que la violencia nunca puede ni debe constituir una alternativa para hallar soluciones.

IV. RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

En lo que se refiere a la responsabilidad 22. política de los funcionarios involucrados directa-mente en la investigación, la Comisión considera importante señalar que dicha responsabilidad responde a un control que se hace en esta ins-tancia política parlamentaria y que se relaciona con el respeto a la Constitución en el ejercicio de la función pública.

Respecto a la ex Ministra y actual congresista 23. Mercedes Cabanillas Bustamante la Comisión concluye que tuvo responsabilidad política respecto a los resultados del operativo policial llevado a cabo en la ciudad de Bagua, conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del art. 128 de la Constitución Política del Perú, conforme al cual los ministros de Estado son individualmente responsables por sus propios actos.

[24. RETIRADO]

Respecto al ex Presidente del Consejo de mi-25. nistros Yehude Simon Munaro, y atendiendo a la información recibida y el testimonio brindado a la Comisión, es necesario señalar que, si bien el mencionado funcionario no perteneció al gabinete que dictó los decretos legislativos que fueron promulgados en violación al Convenio 169 de la OIT; una vez que asume la Presidencia del Con-sejo de ministros persiste en la infracción y, más allá de organizar mesas de diálogo infructuosas, omite su obligación de dar una solución política al problema. Por lo tanto, la Comisión considera que el ex Presidente del Consejo de ministros Yehude Simon Munaro es responsable político por mantener la infracción constitucional y no tener una actuación política que diera solución al reclamo de los pueblos indígenas.

Respecto al ex Ministra de Comercio y Turis-26. mo, Mercedes Araoz, esta comisión concluye que le alcanza responsabilidad política conforme a lo dispuesto en el primer párrafo del Ar. 128 de la Constitución Política del Perú.

VI. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Al Congreso de la RepúblicaI.

La Comisión considera de la mayor importancia que se debata y apruebe en el seno del Congreso los proyectos referidos a la consulta previa que consagra el Convenio 169 de la OIT.

SEGUNDA: a la Defensoría del PuebloII.

Hacer un seguimiento del debate en el Congreso de los proyectos referidos a la consulta previa que consagra el Convenio 169 de la OIT de modo que, en caso que no se verifique una aprobación, se interponga una acción de inconstitucionalidad por omisión.

III. TERCERA: a la organización indígena

Hacer un claro deslinde respecto a los delitos cometi-dos y colaborar con el esclarecimiento de los hechos, ayudando en la ubicación del Mayor Felipe Bazán, todavía desaparecido. La Comisión hace votos para que este doloroso drama humano termine ya.

IV. CUARTA: a la Presidencia del Consejo de Ministros

Hacer los mayores esfuerzos para superar las debilidades mostradas por INDEPA y contar con una institucionalidad adecuada y sistemática para atender la diversidad cultural del país.

V. QUINTA: al Ministerio de Educación

Incorporar en la educación escolar un curso de Educación Cívica-Democrática que transmita los valores y el respecto encarnados en los derechos humanos como mecanismo de fortalecimiento de la institucionalidad.

VI. SEXTA: a la sociedad en su conjunto

Tomar conciencia de la deuda que se tiene hacia los pueblos indígenas debido a la discriminación histórica que los condeno a una situación de des-ventaja en relación al resto de la población.

VII. SÉPTIMA: al Poder Ejecutivo

La comisión hace suya la propuesta de la UNESCO para establecer una Reserva de Biosfera en la



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Cordillera del Cóndor por lo que espera que el Poder Ejecutivo se una en este propósito.

VIII. OCTAVA: a la Representación Nacional

Hacer un seguimiento permanente e impulsar la Propuesta Nacional de Desarrollo Amazónico elaborada por la mesa 4 del Grupo nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos.

IX. NOVENA: al Congreso de la República

Hacer los mayores esfuerzos por concretar una verdadera y profunda reforma policial que per-siga una policía democrática, moderna, eficiente, cercana al ciudadano y libre de las debilidades que de este informe se desprenden.”

“Votación del informe final en mayoría de la comisión investigadora sobre los hechos acontecidos en la ciudad de Bagua,

aledaños y otros

Señores congresistas que votaron a favor: Alva Castro, Balta Salazar, Beteta Rubín, Ca-banillas Bustamante, Calderón Castro, Carpio Guerrero, Carrasco Távara, Cenzano Sierral-ta, Del Castillo Gálvez, Estrada Choque, Falla Lamadrid, Flores Torres, Giampietri Rojas, Gue vara Gómez, Guevara Trelles, Gutiérrez Cue va, Huerta Díaz, Lazo Ríos de Hornung, León Romero, Lescano Ancieta, Macedo Sán-chez, Mulder Bedoya, Negreiros Criado, Núñez Ro mán, Pando Córdova, Pastor Valdivieso, Pérez del Solar Cuculiza, Reátegui Flores, Rebaza Mar-tell, Reggiardo Barreto, Robles López, Sánchez Ortiz, Serna Guzmán, Tapia Samaniego, Vargas Fernández, Vega Antonio, Velásquez Quesquén, Venegas Mello, Vílchez Yucra, Wilson Ugarte y Yamashiro Oré.

Señores congresistas que votaron en contra: Cajahuanca Rosales, Galindo Sandoval, Lombar-di Elías, Luizar Obregón, Reymundo Mercado, Santos Carpio y Uribe Medina.”

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Se va a consultar la dispensa del trámite de aprobación del Acta para tramitar el informe aprobado en la presente sesión.

Los señores congresistas que estén a favor se servirán expresarlo levantando el brazo. Los que estén en contra, de la misma manera. Los que se abstengan, igualmente.

—Efectuada la votación, se acuerda trami-tar el asunto tratado sin esperar la apro-bación del acta.

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Ha sido acordada la dispensa.

“Registro digital de asistencia a la última votación de la sesión vespertina

Presentes: Los congresistas Zumaeta Flores, Lazo Ríos de Hornung, Alva Castro, Balta Salazar, Beteta Rubín, Cabanillas Bustamante, Cajahuanca Rosales, Calderón Castro, Carpio Guerrero, Carras-co Távara, Cenzano Sierralta, Chacón De Vettori, De la Cruz Vásquez, Del Castillo Gálvez, Estrada Choque, Falla Lamadrid, Flores Torres, Florián Cedrón, Fujimori Fujimori, Galindo Sandoval, Giampietri Rojas, Guevara Gómez, Guevara Tre-lles, Gutiérrez Cueva, Huerta Díaz, León Romero, Lescano Ancieta, Lombardi Elías, Luizar Obregón, Luna Gálvez, Macedo Sánchez, Mulder Bedoya, Negreiros Criado, Núñez Román, Pando Córdova, Pastor Valdivieso, Peralta Cruz, Pérez del Solar Cu-culiza, Ramos Prudencio, Reátegui Flores, Rebaza Martell, Reggiardo Barreto, Reymundo Mercado, Robles López, Ruiz Delgado, Sánchez Ortiz, Santos Carpio, Serna Guzmán, Tapia Samaniego, Uribe Medina, Vargas Fernández, Vega Antonio, Velás-quez Quesquén, Venegas Mello, Vílchez Yucra, Wilson Ugarte y Yamashiro Oré.

Con licencia oficial: Los congresistas Abugattás Majluf, Cánepa La Cotera, Cribilleros Shigihara, Eguren Neuenschwander, Escudero Casquino, Fujimori Higuchi y Mallqui Beas.

Con licencia por enfermedad: Los congresistas Alcorta Suero, Alegría Pastor, Foinquinos Mera, Gonzales Posada Eyzaguirre, Hildebrandt Pérez Treviño, Mayorga Miranda, Sasieta Morales, Sucari Cari, Valle Riestra González Olaechea, Waisman Rjavinsthi y Zamudio Briceño.

Ausentes: Los congresistas Aguinaga Recuen-co, Espinoza Ramos, Acosta Zárate, Bedoya de Vivanco, Belmont Cassinelli, Bruce Montes de Oca, Cabrera Campos, Castro Stagnaro, Cuculiza Torre, Escalante León, Espinoza Cruz, Galarreta Velarde, García Belaúnde, Herrera Pumayauli, Huancahuari Páucar, Isla Rojas, León Minaya, León Zapata, Maslucán Culqui, Mekler Neiman, Menchola Vásquez, Mendoza del Solar, Morales Castillo, Moyano Delgado, Nájar Kokally, Obregón Peralta, Otárola Peñaranda, Pari Choquecota, Peláez Bardales, Pérez Monteverde, Perry Cruz, Raffo Arce, Rivas Teixeira, Rodríguez Zavaleta, Saldaña Tovar, Silva Díaz, Sousa Huanambal, Sumire de Conde, Supa Huamán, Torres Caro,



Urquizo Maggia, Urtecho Medina, Vásquez Ro-dríguez, Vilca Achata y Zeballos Gámez.”

El señor PRESIDENTE (César Zumaeta Flores).— Se levanta la presente sesión.

—A las 22 horas y 19 minutos, se levanta la sesión.

Por la redacción: Julio Herrera Vargas



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· Se g u n d a Le g i S L at u r a Ordinaria d e 2010 - tO m O ii - Diario de los Debates 1285 14.a d Se S ói n (ve S pertina ) 9-6-2011 - Diario de los Debates 14.ª D SESIÓN

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