Revista + San Andrés #13

JUSTICIA#

2 UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS I 2015

+ SAN ANDRÉS Publicación de la Universidad de San Andrés

Dirección editorial: Oficina de ComunicaciónGabriel TuñezFlorencia RamogninoPablo LoschiCarla NudelFrancisco Sojo

Fotografías de las entrevistas: M.A.F.I.A (Movimiento Argentino de Fotógrafxs Independientes Autoconvocadxs)

Las opiniones vertidas en esta revista son de exclusiva responsabilidad de sus emisores y no representan necesariamente la opinión de la Universidad de San Andrés. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de la presente publicación, por cualquier medio, sin la expresa autorización de sus propietarios.

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M.A.ƒ.I.A. tiene una visión de la fotografía como un hacer conjunto de sus

integrantes. En el año y medio de existencia que tenemos como grupo

de trabajo hemos desarrollado, a partir de la firma colectiva y el trabajo

colaborativo, un dispositivo que nos permite concebir la labor fotográfica

como un espacio de exploración artística que busca interpelar al

espectador al involucrarlo con lo retratado desde una doble perspectiva:

informativa y estética. De esta manera apuntamos a deconstruir la noción

de LA GENTE. Creemos que es importante relevar los hechos desde sus

protagonistas, las personas.

En tiempos de la sobreinformación, M.A.ƒ.I.A. pretende aportar

elementos que puedan poner en discusión tanto a los medios masivos de

comunicación que aportan una mirada preconcebida y repetitiva de los

hechos noticiosos, como a los consumidores acríticos de información que

legitiman esas estructuras mediáticas.

Producto directo de lo que se conoce como web 2.0, M.A.ƒ.I.A. tiene una

identidad en constante mutación y experimentación. Desde la colaboración

con diferentes colectivos y movimientos sociales a los trabajos de

seguimiento de diversos artistas o festividades, M.A.ƒ.I.A. pretende llevar

a la vida analógica los contactos digitales y a la vidriera digital la vida

cotidiana de sus retratados.

Las entrevistas publicadas en este número fueron realizadas en el Parque

de la Memoria de Buenos Aires – Monumento a las Víctimas del Terrorismo

de Estado, en la confitería “Petit Colón”, en la librería “Clásica y Moderna” y

en el “Bar de Cao”, todos en la ciudad de Buenos Aires.

Diciembre 2015

Año 7 I Número 1

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06 "ALGUNOS EMPECINADOS DECíAMOS:'UN DíA ESTO VA A IR A LA JUSTICIA'"Ricardo Gil Lavedra / Graciela Fernández Meijide

18 ES IMPRESCINDIBLE ELABORAR EL PASADOCarlos Peña

21 LA JUSTICIA TRANSICIONALy LA JUSTICIA TRANSFORMATIVASam Ferguson

22 LOS JUECES COMO CUSTODIOSDE LA COMPETENCIA DEMOCRáTICALucas S. Grosman

24 ¿QUé TIPO DE JUECES NECESITA LACORTE SUPREMA? A PROPóSITO DE LAS NUEVAS POSTULACIONES y FUTURAS VACANTESSebastián Elías

26 LA hORA DE LA CORTEPatricio Nazareno

30 LO QUE QUEDA DE LOS JUICIOSLuis Alberto Romero

34 "FALTAN GRANDES ACUERDOS SOBREQUé QUEREMOS DE LA JUSTICIA y CóMODEBE FUNCIONAR"Marcelo Leiras / Marcelo Alegre / álvaro herreroPaula Litvachky / Gustavo Mauriño

47 LA TRANSPARENCIA y PUBLICIDADDE LA GESTIóN DE LA JUSTICIAMaría Bourdin

48 LA IMPERIOSA NECESIDAD DE MODERNIzAR EL PODER JUDICIALDiego Pando

50 DRONES y PRIVACIDAD:LA CAPTURA DE DATOS PERSONALESJuan Cruz González Allonca

Contenido#JUSTICIA

52 AMéRICA LATINA FRENTEAL CRIMEN ORGANIzADOEdgardo Buscaglia

55 "ES MUy DIFíCIL COMPARAR LASALUD DE UNA SOCIEDAD EN MEDIODE UNA ENFERMEDAD SEVERA"Walter Sosa Escudero / Mariana heredia / Roxana Maurizio

66 UN NOBEL PARA ILUMINAR EL DEBATEChristian A. Ruzzier

68 REFLExIONES SOBRE LA RESOLUCIóN ALTERNATIVA DE CONFLICTOSCarlos Ansaldo

70 DEREChOS SOCIALES, DEREChOA LA EDUCACIóN y POLíTICAS PúBLICASMaría Mercedes Di Virgilio

72 LA JUDICIALIzACIóN AMBIENTALCOMO UN SISTEMA DE ALARMASDaniel Ryan

74 "EL ARTE PUEDE SER UNAREPARACIóN hISTóRICA PERO NOALCANzA PARA hACER JUSTICIA"María Lía Munilla Lacasa / José Luis GalimidiJosé Emilio Burucúa

84 DONDE hAy POCA JUSTICIAES UN PELIGRO TENER RAzóNNicolás José Isola

85 MISChA COTLAR: LA éTICA EN UN MATEMáTICO QUE NUNCA TRAICIONó SUS IDEALESVerónica Dimant

87 DE El matadEro A El agua ElEctrizadaPablo Ansolabehere

89 LA JUSTICIA, LA MORAL y LA MATERNIDAD SUBROGADARocío Carbajal


“Reconstrucción del retrato de Pablo Míguez” es obra de la artista Claudia Fontes e integra el espacio escultórico del Parque de la Memoria, situado a orillas del río de la Plata. La artista buscó con su trabajo homenajear a Pablo Míguez, uno de los aproximadamente 500 niños secuestrados junto a sus padres durante la dictadura militar.

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"Algunos empecinados decíamos: 'Un día esto va a ir a la Justicia'"Treinta años pasaron desde que un tribunal constituido por jueces civiles resolvió condenar a los jefes militares de la última dictadura que gobernó el país entre 1976 y 1983. Apenas habían pasado 731 días del regreso de la democracia. Las pruebas que sostuvieron la acusación fueron aportadas, en su gran mayoría, por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), que recogió miles de testimonios de víctimas y familiares de la represión. Ricardo Gil Lavedra fue uno de los seis magistrados que estuvieron a cargo del proceso. Graciela Fernández Meijide recopiló la información clave para el fallo. Ambos, reunidos en el Parque de la Memoria, desandaron los pasos dados como protagonistas de uno de los hechos históricos de la Argentina y pieza fundamental para el derecho internacional.

El 9 de diciembre de 1985, luego de 90 audiencias concretadas en 17 semanas, el juez León Carlos Arslanian leyó el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. La sentencia confirmó la implementación de un plan sis-temático represivo ejercido por la dictadura militar entre 1976 y 1983. Así lo habían relatado más de 800 testigos, muchos de ellos víctimas de secuestros y torturas en centros clandestinos de detención. Los argumentos de la defensa giraron en torno a la noción de una guerra. A partir de 709 casos, los seis jueces del tribunal condenaron a Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera (reclusión perpetua); Roberto Viola (17 años de cárcel); Armando Lambruschini (ocho años); y Orlando Agosti (cuatro años y seis meses). Fueron absueltos Omar Graffigna, Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo.

Alejandra Gallo: ¿Cómo se recolectó la información que resultó clave para encarar el proceso que terminaría con el Juicio a las Juntas?

Graciela Fernández Meijide: Los que primero lo hicieron fueron los organismos defensores de los derechos humanos, sobre todo en los que tenían una característica institucional. Para mí había dos tipos de organismos: aquellos que tenían alguna vinculación con partidos políticos, como la Liga por los Derechos del hombre, relacionado con el Partido Comunista y que defendía a presos políticos; u otros como el Movimiento Ecuménico por los Dere-chos humanos (MEDh) o la Asamblea Permanente por los Dere-chos humanos (APDh), que fueron creados entre 1975 y 1976

como respuesta a la acción de la Triple A y para reclamarle al gobierno de María Estela Martínez de Perón que pusiera en caja a la acción parapolicial. En aquellos organismos que tenían una minina estructura fue donde más fácil resultó asentar la informa-ción. Madres de Plaza de Mayo se conformó después y no había alguien que guardara la documentación, y lo mismo pasó con Abuelas y después con Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, que fue el único que en su nombre recono-ció la causa por las cuales eran víctimas. Eso se fue incorporando muy lentamente. Cuando llegué a la ADPh, en abril del '77, hacia unos meses que había desaparecido mi hijo Pablo. Fui hasta allí para llevar mi testimonio y el pedido de hábeas Corpus que ha-

"Ninguno de los juicios que se están llevando a cabo ahora se podrían hacer legalmente si no se hubiera incluido en la sentencia definitiva del Juicio a las Juntas el punto que refiere que todos los delitos atroces y aberrantes tienen que seguir siendo juzgados". Graciela Fernández Meijide.

30 AñOS DEL JUICIO A LAS JUNTAS


bía presentado para sumar a un recurso administrativo que sería llevado a la Corte Suprema. ya había varios cientos de desapare-cidos; era el momento más álgido de desapariciones en el país. yo no dejaba de ir a las rondas de los jueves de las Madres, pero por mi temperamento y forma de trabajo sentí que tenía cosas para hacer en la APDh. Al principio sólo recibía los testimonios de los familiares. ¿Qué hacíamos con esos datos? Archivábamos todo en unas tarjetas grandes de papel, que eran como nuestras com-putadoras, en las que poníamos el nombre de los desaparecidos y con distintos colores marcábamos el sexo, la profesión, la edad, etc. Después guardábamos cada tarjeta en cajones. Pero todo lo que hacíamos era intuitivo; no había un experto en museos o en archivos. Lo hacíamos según las necesidades que veíamos.

Alejandra Gallo: ¿Eran conscientes de que esa documentación era muy valiosa?

Graciela Fernández Meijide: éramos conscientes, sí, pero había distintas tensiones. A los organismos de Derechos humanos más testimoniales no les importaba mucho esos datos porque no veían una posible utilización en la Justicia. Es verdad que na-die en ese momento imaginaba siquiera que eso podía ir a parar a la Justicia. Sin embargo, había algunos empecinados que de-cíamos "un día esto va a ir a la Justicia". Llegamos a recolectar 5.000 testimonios y, de hecho, cuando vino al país la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDh) en el 79 presen-tó un informe que era casi una copia del que Emilio Mignone, Augusto Comte, Noemí Fiorito de Labruna y yo le habíamos enviado tiempo antes. éramos muy exigentes con que cada caso tuviera una denuncia previa, porque temíamos caer en la trampa de que nos dieran nombres falsos, que los publicáramos

y dijeran que era un invento. Todo ese trabajo pasó a la Comi-sión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), donde se multiplicó.

Ricardo Gil Lavedra: Generalmente cuando uno mira al pasado tiende a pensar que todo el mecanismo de represión ilegal era público, pero eso no es así. Una de las características centrales que tuvo el plan criminal es que era clandestino. Los familiares y víctimas recurrían al aparato formal de denuncia y rebotaban. Presentaban un hábeas Corpus, que es una acción tendiente a obtener el paradero de una persona privada de la libertad, y vol-vía rechazado. La persona no estaba, no estaba, no estaba. Era un procedimiento siniestro. En consecuencia la recopilación de la información y la sistematicidad que se le dio fue muy importante para la labor ulterior de la CONADEP, que comienza a trabajar cuando el primer gobierno democrático después de la dictadura encara la búsqueda de la verdad. Que Graciela haya estado en la APDh armando esos ficheros permitió que luego replicara ese trabajo en la CONADEP, que elaboró un informe en un lapso bre-ve: fueron nueve meses.

Graciela Fernández Meijide: Como un embarazo.

Ricardo Gil Lavedra: Nueve meses en los que se gestó el "Nun-ca Más". Además de la información recogida, el informe de la CONADEP tuvo otro acierto extraordinario: la ubicación de los testimonios y su agrupamiento alrededor de los Centros Clan-destinos de Detención (CCD), que fueron un elemento unificador importantísimo. El plan criminal fue organizado dividiendo al país por zonas, áreas y sub-áreas. Los CCD tenían una localiza-ción geográfica que le daba pertenencia a una determinada arma

Ricardo Gil Lavedra Abogado.

Se graduó en 1972 como abogado por la Universidad de Buenos Aires.

Tras ocupar varios cargos judiciales, entre 1984 y 1987 integró la Cámara

Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital

Federal. En esa condición participó del Juicio a las Juntas militares.

Entre 1988 y 1989, por decisión del entonces presidente Raúl Alfonsín,

fue secretario del Interior de la Nación. En 1999 asumió al frente del

Ministerio de Justicia y Derechos humanos de la Nación. Entre 2001

y 2003 se desempeñó como juez ad-hoc de la Corte Interamericana

de Derechos humanos (CIDh). En 2009 fue electo diputado nacional;

culminó su mandato legislativo cuatro años después.

Graciela Fernández MeijideEx Diputada y Ex Senadora.

Trabajaba como profesora de francés cuando, en 1977, su hijo Pablo, de 17

años, fue secuestrado, asesinado y desaparecido por la última dictadura

militar. A partir de ese hecho comenzó, como parte de la búsqueda de su

hijo, a colaborar en la Asamblea Permanente por los Derechos humanos

(APDh). Integró la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas

(CONADEP) y estuvo a cargo de la Secretaría de Recepción de Denuncias.

Fue diputada y senadora nacional entre 1993 y 1999, ministra de Acción

Social de la Nación entre 1999 y 2001.

#JUSTICIA 9

militar y estructura logística. Por lo cual uno podía, por medio de estos CCD, no solamente saber quiénes habían estado detenidos allí sino también reconstruir la eventual cadena de mandos. Eso fue un argumento central. El Juicio a las Juntas, por su parte, fue absolutamente inédito porque no tuvo ningún precedente nacio-nal e internacional. Seis años antes España también se había en-frentado a una transición democrática después de una dictadura terrible y una trágica guerra civil, y recurrió a la receta conven-cional de esos tiempos, que era la que se podía hacer: el olvido y edificar para adelante. Cuando uno recupera una democracia la primera tarea a cumplir es que siga, con lo cual cómo arreglar las cuentas del pasado es una cuestión muy compleja y en la cual la Argentina fue la primera que dijo "no se puede barrer la tierra de-bajo de la alfombra". Abrió una etapa de justicia para los máximos responsables de la dictadura porque entendió que no podía juz-gar a todos. y en el caso del Juicio a las Juntas había que probar que se habían dado las órdenes para establecer un plan criminal y había que hacerlo con hechos concretos. Si bien no aparecieron órdenes escritas que dijeran "hay que secuestrar, hay que matar", se llegaron a probar los delitos de manera indirecta. Pero, insisto, uno necesitaba hechos individuales y concretos. había que im-

Alejandra Gallo Profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la

Universidad de San Andrés.

Es Licenciada en Comunicación por la Universidad de Buenos Aires y

Magíster en Periodismo por San Andrés. Es periodista y editora en el

diario Clarín, columnista en el diario El Cronista y co-conductora del

programa "Lo que queda del día", que se emite por Radio Mitre.

"Es probable que el tiempo haya sido un factor clave para la realización del Juicio. Si no se hacía muy rápidamente, quizá no se hubiera concretado. Al punto tal que las demoras que hubo en el año 86 en las cámaras federales después el Juicio a las Juntas precipitó la reacción militar. Creo que si el Juicio demoraba un poco más no hubiera podido hacerse" Ricardo Gil Lavedra.

putarles la desaparición de Diego, de Pedro, de Juana, y probarla. había que probar que esa desaparición, esa tortura y esa muerte se dieron en el contexto de un plan criminal. En este aspecto, tan-to para las órdenes como para los hechos individuales, el informe de la CONADEP fue importantísimo porque le dio a la fiscalía la información a nivel nacional de 700 casos individuales represen-tativos de lo que había ocurrido en el período de dictadura. Por eso, cuando uno lee la sentencia tiene las órdenes, el plan crimi-nal y 700 mini sentencias. A cada uno de los comandantes se le dijo: "Usted es responsable de la muerte de Mengano".

Graciela Fernández Meijide: Ricardo dice que los CCD eran como el punto de atracción y, justamente, nosotros le llamába-mos "el imán"; nos permitía llegar a las denuncias de los sobre-vivientes, que hablaban de trasladados y muertos pero también de los responsables de cada lugar. Lo hacían, inclusive, con apo-dos: "El Laucha", "El Turco", "Colores". Nosotros completábamos esa información con los nombres propios de esos responsables de superficie. Después de la Guerra de Malvinas, cuando el país se preparaba para la salida democrática, muchas personas que habían estado secuestradas y que nunca habían hecho la de-nuncia se nos aparecieron sorpresivamente. A los que estaban en Europa los conocíamos porque ya habían hecho las denun-cias, pero no sabíamos nada de los que se habían quedado en la Argentina y quizá habían estado una hora secuestrados. Esa es la prueba de la cual hablaba Ricardo y gracias a la cual se pudo romper la perversidad de la clandestinidad. Se pudo afirmar que Fulano vio a Mengano y zutano detenidos y después encontró sus zapatos en el montón de ropa que se dejaba a un costado cuando eran "trasladados".

Ricardo Gil Lavedra: Era un rompecabezas siniestro.

Graciela Fernández Meijide: Muy siniestro. Nosotros construi-mos al revés: ellos destruían y nosotros reconstruíamos. Cuando nos llegó tanta información tuvimos que cambiar la estructura de declaración; les pedimos que trajeran fotos y radiografías, por ejemplo. En ese momento comenzó a trabajar el Equipo Argenti-no de Antropología Forense, con Clayde Snow a la cabeza. Una vez que teníamos varios testigos de la ex ESMA, por ejemplo, llamábamos a un arquitecto para que trazara los planos de lugar que describían. A partir de ahí les preguntábamos si se animaban a venir con nosotros a una recorrida por el sitio de detención. La mayoría decía que sí, por lo tanto íbamos con el arquitecto, po-níamos los planos y era tal cual lo que habían descripto. Quizá la


ubicación de una puerta había cambiado, el hueco del ascensor estaba tapado, pero era tal cual lo habían dicho. A eso le llamába-mos "verdad declarada, verdad comprobada". Los sobrevivientes se ponían muy eufóricos: "¡Viste, era como te decía! Si rasco esta pintura están mis iniciales". Eso demostraba que habían estado allí y les daba la posibilidad creíble de que hubieran visto a los que decían que estaban desaparecidos. Con el tiempo, y a partir de lo declarado, armamos en la CONADEP lo que se llamaron "equipos de calle", personas que recorrían los sitios en donde se había rea-lizado el operativo de secuestro, buscábamos posibles testigos y completar los testimonios de las víctimas. Pero fue un trabajo de investigación hecho desde la ignorancia.

Ricardo Gil Lavedra: Nosotros también teníamos en la Cámara un equipo de investigadores que nos permitía cruzar información para reconstruir lo ocurrido en los CCD por períodos y por vícti-mas. Eran detalles que te permitían rearmar el tablero.

Alejandra Gallo: Ustedes cuentan cosas en las que había que poner el cuerpo y vivir una situación tremenda. Por ejemplo, en-frentarse a los genocidas. ¿Se podía elegir? ¿había opción?

Graciela Fernández Meijide: Muchas personas no se involucra-ron. hubo padres que se desvincularon, se asustaron y pidieron preservar a las familias. Para muchos, quizá, fue más impresio-nante que para mí, que venía como curada de espanto, digamos. yo tengo varios recuerdos fuertes, pero uno que me produjo satisfacción, más allá de la sentencia en el Juicio, fue cuando el secretario de la Cámara entraba al recinto antes de los jueces y decía: "Señores, de pie". y todos los militares, que habían sido dueños de la vida, los honores y los bienes, tenían que levantarse ante un civil y los jueces de la democracia. Fue una forma de em-pezar a recuperar la plenitud de la ciudadanía. Con el voto ya me había pasado algo similar, porque recuerdo que lloré cuando vo-tamos en el 83. había sido despojada de mi ciudadanía cuando el aparato represivo me decía que Pablo no estaba en ningún lado. "No está acá. ¿No se habrá escapado con alguna niña?", me dijo un capitán que se llamaba Fernández y tenía una pistola arriba del escritorio. yo me levanté para pegarle un cachetazo pero me con-tuve a tiempo, aunque tampoco me hubiera dado un tiro porque habría sido demasiado alevoso. Perdí mi condición de ciudadana, como mi hijo la había perdido antes. Creo que eso se recuperó rápidamente después de juicio. Es que todo fue muy rápido.

Ricardo Gil Lavedra: El juicio demoró 14 meses: desde octubre de 1984, cuando la Cámara le sacó el expediente al Consejo Su-premo de las Fuerzas Armadas, hasta diciembre de 1985. Los militares habían recurrido a la Corte Suprema diciendo que se había violado la garantía del juez natural. Nosotros concedimos ese recurso y mientras estaba pendiente de resolución nos de-dicamos a ver cómo organizábamos el proceso. En diciembre de 1984 la Corte confirmó la actuación de la Cámara diciendo que no habíamos violado esa garantía, así que el juicio lo organiza-mos entre enero y febrero del 85. Todo era una cosa ciclópea, porque hasta ese momento el Consejo Supremo había llevado la

causa para cualquier lado y era un desbarajuste de papeles, de expedientes conexos. Más allá de la organización, creo que fue un acierto de la organización habernos inclinado por el principio acusatorio, que pedirle a la fiscalía que acusara y que los jueces se situaran un paso atrás. Alfonsín había decidido que se debía juzgar a todos con las garantías del juicio sumario, lo cual era imposible. El juicio sumario en tiempos de guerra tiene relación inmediata con lo que pasa en el frente de batalla; son plazos de horas. Pero en nuestro caso era inaplicable. Lo que, sin embar-

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"El Juicio a las Juntas no tuvo ningún precedente nacional e internacional. Seis años antes España también se había enfrentado a una transición democrática después de una dictadura terrible y una trágica guerra civil, y recurrió a la receta convencional: el olvido y edificar para adelante". Ricardo Gil Lavedra.


go, rescatamos de esas reglas procesales fue recrear el sistema de audiencias en el cual había un fiscal, un defensor, se fijaba la prueba y salía la sentencia. Sobre la base de ese esquema reali-zamos el juicio. Las reglas procesales eran las constitucionales: garantía del debido proceso y la defensa en juicio. En consecuen-cia, flexibilizamos y tomamos esos procedimientos de Código de Justicia Militar para mejorar la defensa. En lugar de horas, dimos días. Así llegamos a la primera audiencia, que se realizó el 22 de abril de 1985, a suerte y verdad: el fiscal, con sus testigos; la de-fensa, con los suyos; que fuera vista por todo el mundo; y que se ventilara públicamente. Fueron plazos muy breves y exiguos. y con respecto a cómo fue enfrentarse con los genocidas, en líneas generales tuvieron una actitud sumisa y respetuosa para con el

tribunal. Aunque hubo excepciones como la de Emilio Massera, que tuvo una actitud muy desafiante cuando le tocó hablar. Se mandó un parlamento político y dijo de todo en todo amenazan-te. Fuera de los nueve ex comandantes, no pasaron por el juicio muchos otros represores. En primer lugar porque el juicio no era contra ellos y también por las dificultades que había para lo-grar su citación. Era muy difícil citar a un militar a un juicio. Por supuesto que citamos a algunos, pero había que hacer casi una cuestión de Estado. Tal era el resquemor.

Graciela Fernández Meijide: De hecho cuando la Cámara Fede-ral de Córdoba citó a Ernesto Barreiro en 1987 se organizó el al-zamiento "carapintada" de Aldo Rico en Semana Santa y que trajo como consecuencia la Ley de Obediencia Debida.

Ricardo Gil Lavedra: Es difícil hacer análisis contra-fácticos, pero es probable que el tiempo haya sido un factor clave para la rea-lización del juicio. Si no se hacía muy rápidamente, quizá no se hubiera concretado. Al punto tal que las demoras que hubo en el año 86 en las cámaras federales después el Juicio a las Juntas precipitó la reacción militar. Alfonsín sufrió en su gobierno tres alzamientos de ese tipo. Creo que si el Juicio demoraba un poco más no hubiera podido hacerse.

Graciela Fernández Meijide: Después de la derrota en Malvinas quedó claro que los militares se retiraban, y allí la sociedad em-pezó a entender el tema de los derechos humanos. Se pregun-tó: "Si estos fueron capaces de perder en las islas, seguro que fueron capaces de hacer todo lo que los organismos de derecho humanos dicen que hicieron". La acción de todas las organiza-ciones sincronizada para que no hubiera diferencias, aunque las había, se hizo con buen criterio y puso en la agenda política

"Yo tengo varios recuerdos fuertes más allá de la sentencia en el Juicio. Fue cuando el secretario de la Cámara entraba al recinto antes de los jueces y decía: “Señores, de pie”. Y todos los militares, que habían sido dueños de la vida, los honores y los bienes, tenían que levantarse ante un civil y los jueces de la democracia. Fue una forma de empezar a recuperar la plenitud de la ciudadanía". Graciela Fernández Meijide.

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los derechos humanos como no ocurrió en otro país. y eso se trasladó luego a la política. Los dos candidatos presidenciales con posibilidades de ganar las elecciones de 1983 también to-maron el tema, aunque con posturas diferentes. El justicialismo, que llevaba a ítalo Luder como candidato, tenía sobre sí la carta de que la peor tragedia del país se desató a partir del enfren-tamiento entre la derecha y la izquierda peronista después de la llegada de Juan Domingo Perón. Además, Luder había dicho que la autoamnistía sancionada por los militares era legal y no se podía revertir.

Ricardo Gil Lavedra: Luder vio la salida convencional que había dado Adolfo Suárez pocos años antes en España.

Graciela Fernández Meijide: hay que tomar en cuenta que pocas personas, entre ellas Alfonsín y los suyos, creían que el PJ podía perder las elecciones. Al punto tal que nosotros, como organis-mos de derechos humanos, pedíamos que por lo menos se logra-ra una condena moral y política para los militares, no judicial. No pensábamos que fuera a darse algo así. Algunos tozudamente creíamos que se podía y por eso votamos por Alfonsín. A lo mejor otros también lo hicieron pero no podían llegar a creer que podía ser posible. Cuando ganó Alfonsín se abrió la posibilidad, pero esa decisión fue de la sociedad. Se terminó con el hábito de con-siderar que los militares eran los padres de la patria y que tenían derecho a intervenir cada vez que la policía no podía arreglarse entre los políticos. y, además, la sociedad pudo condenarlos por sus crímenes. No había pasado nunca. Se llegó a un punto de har-tazgo y de inflexión en la sociedad. Por eso hoy, con más o menos calidad, mantenemos la democracia.

Ricardo Gil Lavedra: Aquello tuvo un carácter fundacional.

Alejandra Gallo: ¿Qué legado dejó el Juicio a las Juntas desde el punto de vista jurídico?

Ricardo Gil Lavedra: Muchas de las cuestiones que el Juicio trató luego pasaron al Derecho Internacional. El juicio inau-guró la Justicia Transnacional, que era desconocida hasta ese momento. Todos los estudios sobre la Justicia retroactiva, la Justicia de la transición, eran ignoradas hasta el Juicio. Fíjense el estado embrionario que tenía el Derecho Internacional de los Derechos humanos que en el informe de 1986 la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDh) dijo que cada so-ciedad podía tomar el camino que creyera conveniente frente a la posibilidad de que los estados aplicaran amnistías por casos de violaciones a los Derechos humanos, pero lo único que exi-gió fue que se tratara de una determinación aprobada por los parlamentos. Esa misma CIDh, seis años después, establece la contrariedad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y dice que es un deber investigar y establecer el derecho a la verdad. Todo eso arrancó con el Juicio.

Graciela Fernández Meijide: Ninguno de los juicios que se están llevando a cabo ahora se podía hacer legalmente si no se hubiera incluido en la sentencia definitiva del Juicio a las Juntas el punto que refiere que todos los delitos atroces y aberrantes tienen que seguir siendo juzgados.

Ricardo Gil Lavedra: El gobierno alfonsinista pretendió seguir juzgando a los represores, pero también se hicieron gestiones políticas para que la sentencia a los ex comandantes dijera "hasta acá llegamos", porque el malestar militar era incontenible.

Graciela Fernández Meijide: Además, porque todos estos de-litos eran de origen político. No estábamos ante un asesino


serial, sino que había habido una lucha política que tuvo una resolución política.

Ricardo Gil Lavedra: Lo que marcó la sentencia, aunque luego no siguió ese camino, es que debían buscarse las responsabilidades hacia los mandos inferiores.

Graciela Fernández Meijide: y gracias a eso, y a la anulación de las leyes de Obediencia Debida, Punto Final y los indultos dicta-dos por Carlos Menem, se pueden seguir los juicios ahora.

Alejandra Gallo: Estamos hablando de la reivindicación de la democracia, de las instituciones y de los Derechos humanos. Al mismo tiempo se cuestiona si un sector de la sociedad política o un gobierno debe apropiarse del tema de Derechos humanos y también se escucha que hay personas que dicen: "Cortémosla con esta discusión. hasta acá llegó todo. Miremos al futuro y de-jemos de mirar al pasado".

Graciela Fernández Meijide: El tema de los Derechos huma-nos, previo a la salida de la dictadura, no le importaba a nadie; no existía para la derecha ni para la izquierda. Para los que eran revolucionarios no existía el concepto de democracia y para los de derecha era un asunto que no habían tenido en cuenta. Fue un concepto novedoso que se quedó muy clavado en los dere-chos fundamentales. Pero cuesta mucho comprender hoy que a esos derechos se incorporan los otros, los derechos sociales y económicos, los de las personas diferentes y los que van a ve-nir. Mirá lo que le ocurre en Brasil a la presidenta Dilma Rous-seff: en los últimos años se incorporaron 50 millones de habi-tantes a la clase media y empezaron a tener demandas. Cuando obtenés derecho, querés más. En cuanto a la apropiación del tema de los Derechos humanos, creo que eso lo permitió la brutal crisis de 2001. Si no hubiera existido, el kirchnerismo no se podía haber apropiado del tema. Todos estaban dispuestos a apoyar este enfoque porque era un tema caro para quienes forman opinión, que en la Argentina es la clase media progre-

sista. Fueron muy hábiles para apropiarse de esos símbolos y muy corruptos para corromper. Vos me dirás que para corrom-per hacen falta dos puntas. Sí, no le veo muchas vueltas. y con respecto a los juicios, en lugar de seguir con la metodología de un juicio grande, que abarcara todo lo ocurrido en un CCD, em-pezaron caso por caso. Con lo cual hay personas que llegan a tener 360 años de condena. A esto se suma que ninguno apor-tó novedades porque se auto-incriminan. Por eso creo que hay que encontrar una forma superadora de negociar. Decirles a los represores: "Usted va a ser sometido a un proceso, pero si entrega información que pueda ser fehaciente y comprobada tendrá una rebaja en la condena".

Ricardo Gil Lavedra: El tema de los Derechos humanos es de todos los argentinos y puede encontrarse una continuidad his-tórica entre todos los gobiernos democráticos. Creo, sin embar-go, que hubo una sobre-explotación y una utilización política del tema, abierta y ostensible. Inclusive cierta corrupción con los organismos que les ha hecho muy mal. Está bien tratar de cerrar con verdad y justicia todo ese periodo. A la vez tengo cierta vi-sión crítica acerca de que es inadmisible que haya pasado una década y no hayan podido terminarse los juicios. Se ha creado una suerte de burocracia. hay un aparato estatal gigantesco de la prosecución de estos juicios y, sinceramente, ha habido mu-chos desvíos, abusos y excesos que la Justicia está para corregir. Los juicios tienen que terminar lo más rápido posible. ¿Acaso no existe el derecho a saber qué pasó con cada uno de los nombres que están en los muros de este lugar? Para eso tenemos una deu-da muy grande en materia de verdad.

Graciela Fernández Meijide: No creo que las verdades se conoz-can al detalle. Es cierto que todo el mundo tiene derecho a la ver-dad y nadie es propietario de ella, así sea un grupo que en algún momento hizo un gran trabajo al respecto.

Alejandra Gallo: ¿Ustedes ven posible que esto se logre?

Graciela Fernández Meijide: Si fue posible tener justicia después de la dictadura, todo es posible. I

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Ricardo Gil Lavedra

Recordar todos estos actos fundacionales de la demo-cracia tiene que ver, además, con destacar el reestable-cimiento del Estado de Derecho, de la sumisión de los gobernantes a la ley, de la promoción de los derechos fundamentales. En ese campo es enorme lo que resta. Una deuda que tenemos pendiente tiene que ver con la corrupción estatal. En ese punto no estamos materiali-zando el principio de igualdad ante la ley si el que es poderoso escapa a las generales de la ley que abarca al resto de la sociedad.

En Primera Persona

Cuando llegué, aunque puntual, Graciela Fernández Meijide ya estaba en plena acción: sentada frente a una computadora respondía precisiones sobre cada foto de desaparecidos (y sus hijos aún no encontrados en mu-chos casos) que le mostraban en el Museo de la Memo-ria. Ella y Ricardo Gil Lavedra se miran con complicidad brillosa en sus ojos durante la extensa entrevista, como sólo pueden hacerlo aquellos que, como ellos, pelearon por la verdad y la historia digna de la Argentina que no debe ser manipulada. Durante la charla, ambos emocio-nan. A pesar de tanto tiempo, ellos también lo hacen. Cuando nos vamos, Fernández Meijide recordó lo que le dijo otra Madre, Nora Cortiñas, la primera vez que pisó ese césped: "Todo muy lindo pero yo quiero a mi Gusta-vo". Vuelve a emocionar y duele el alma.

Graciela Fernández Meijide

Muchas veces los integrantes de equipo que trabajaba junto a los fiscales Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo, que eran chicos muy jóvenes, todos menores de 30 años, nos llamaban cada tanto porque necesitaban otro testigo o una ayuda de nuestra parte. Un día me llamó Moreno Ocampo no recuerdo para qué. Cortamos el teléfono y al rato una secretaria me dice que escuche: nos pasaban la grabación de todo lo que había hablado con Luis hacía minutos. Ya estábamos en plena demo-cracia y todavía continuaba el espionaje. Las estructuras estaban intactas y en marcha.


Los efectos del Juicio a las Juntas a 30 años de su sentencia, la prosecución y alcances jurídicos de los actuales procesos a los acusados de delitos de lesa humanidad y la búsqueda de verdad y justicia que procuran estas instancias fueron algunos de los temas que analizaron nueve juristas, intelectuales y políticos nacionales e internacionales durante una charla organizada en agosto pasado por el Departamento de Derecho de la Univer-sidad.

La charla fue titulada "Derechos humanos y castigo: las discu-siones pendientes" y participaron de ella Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales (Chile) y columnista dominical del diario El Mercurio; Luis Alberto Romero, historiador y miembro

de San Andrés; Graciela Fernández Meijide, ex integrante de la Comisión Nacional por Desaparición de Personas (CONADEP); Marcelo Alegre, docente e investigador de la Facultad de De-recho de la Universidad de Buenos Aires; Emilio Cárdenas, ex embajador argentino ante la Organización de Naciones Unidas (ONU); Sam Ferguson, ex miembro del Centro Schell para los Derechos humanos Internacionales de la Facultad de Derecho de yale, Estados Unidos; Martín Sabelli, ex Defensor Público Federal en San Francisco, Estados Unidos; Verónica Blanco, in-tegrante del Ministerio Público de la Defensa; y Robert Barros, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universi-dad. El encuentro estuvo coordinado por los profesores Lucas Grosman y Sebastián Elías.


Derechos humanos y castigo: las discusiones pendientes

#JUSTICIA 17

Hubo demasiado dolor, demasiada atrocidad, demasiada humillación porque en los centros de cautiverio ya no caben pretextos, ya no hay guerra que valga, ya han quedado atrás los combates reales o supuestos: ésta es la retaguardia del llamado Proceso de Reorganización Nacional, pero también su sucia y vergonzosa trastienda. (*)


Es imprescindible elaborar el pasadoDesde el punto de vista político debemos decidir si acaso el castigo a las violaciones a los derechos humanos es un imperativo categórico que las sociedades democráticas deben llevar adelante a ultranza, con desprecio de las consecuencias o si, en cambio, es un principio hipotético consistente en perseguir el castigo pero atendiendo a las consecuencias que puedan surgir.

A fin de analizar con espíritu crítico el problema que suscita el castigo de los crímenes cometidos en dictadura podría resultar útil hacer una distinción entre dos tipos de problemas: los que voy a denominar, con alguna ligereza, como normativos, que plantean castigar en democracia a las violaciones a los derechos humanos; y los teóricos descriptivos, que se vinculan con la cues-tión de la reconciliación.

¿Qué problemas de índole normativo y práctico plantea el cas-tigo en democracia a las violaciones a los derechos humanos? Si uno atiende a la experiencia chilena, pero lo mismo podría decir-se de la argentina, hay tres cuestiones que obligan, para decirlo gruesamente y con ánimo de polemizar, a relativizar el caso de los crímenes en democracia. En primer lugar, desde el punto de vista político deberíamos decidir si acaso el castigo a las violacio-nes a los derechos humanos es un imperativo categórico de las sociedades democráticas, es decir un mandato que deben llevar adelante a ultranza con desprecio de las consecuencias o si, en cambio, se trata de un principio nada más hipotético consisten-te en perseguir el castigo pero atendiendo cuidadosamente a las consecuencias que de ello podrían surgir.

¿Debemos castigar los crímenes así se hunda el cielo, cómo decían los clásicos, o hasta cierto punto y balanceando las consecuencias? Me parece que ésta es una cuestión de índole política que está en el subsuelo del problema y que no suele reconocerse, aunque es imprescindible que lo hagamos. En el caso de Chile quien resumió perfectamente este problema fue Patricio Aylwin, el primer presidente democrático que hubo luego de la larga dictadura militar. Aylwin dijo que haría justicia respecto de las violaciones a los derechos humanos "en la me-dida de lo posible". Esa frase suele ser citada con cierto desdén, como si al decirla Aylwin hubiera derogado importantes princi-pios morales y tratado con desprecio el valor de los derechos humanos. Pero si uno se detiene y mira con cuidado la frase no puede estar en desacuerdo: no tiene ningún sentido político hacer justicia al precio que se hunda el cielo. Parece evidente que la estabilidad de la democracia es un valor también moral

que cualquier político responsable tiene que tener en cuenta, y eso fue lo que ocurrió por lo menos en la primera parte del gobierno de la transición en Chile. Este es, en consecuencia, el primer problema que debemos considerar: si el castigo de los crímenes es un imperativo categórico o meramente hipotético, y si quienes persiguen esos crímenes tienen que estar animados por una ética de la convicción o de las consecuencias.

La segunda es una cuestión más bien moral que alude a aquellos amplios sectores de la población que, sin ser instigadores, partí-cipes y autores intelectuales, fueron el apoyo mudo e ideológico de quienes cometieron las violaciones a los derechos humanos. Sebastián Piñera, un mandatario de derecha, lo dijo magnífica-mente con motivo de los 40 años del golpe militar en Chile y cuando en el Palacio de la Moneda estaban sentados en primera fila, justamente, los líderes de la derecha que habían apoyado a Augusto Pinochet. En ese ámbito habló de cómplices pasivos del régimen.

El español Javier Cercas escribió un espléndido libro que se llama "El impostor" acerca de la historia de Enric Marco, un falsario e embustero que se hizo pasar hasta hace pocos años por víctima del nazismo y la dictadura franquista cuando, en realidad, había sido un colaborador de ambas. Marco llegó a ser el dirigente máximo de las víctimas tanto del nazismo como del franquis-mo en España. Pues bien, cuando se descubrió el embuste fue prácticamente crucificado. y Cercas, sin embargo, insinúa en esa novela la pregunta fundamental: ¿acaso la mayoría de los

Por Carlos Peña

"La racionalidad nos obliga a acercarnos con mayores matices a la cuestión que nos provoca un horror moral".


#JUSTICIA 19

españoles que hoy día hablan de derechos humanos y defienden la democracia no enmudeció durante los crímenes de Franco? ¿Acaso no todos se comportaron como Marco? Esta cuestión de la complicidad pasiva me parece que es un asunto decisivo y que solemos olvidar. Nos arriesgamos, entonces, al fenómeno que el psicoanálisis podría definir como una suerte de desplazamiento por proximidad, en el cual sancionando a un grupo de personas, cuyo castigo no tengo dudas de que es merecido desde el punto de vista jurídico, parecemos estar lavando las culpas de los crí-menes de todos.

La tercera cuestión, siempre en términos normativos, es la con-tradicción en la que la dogmática jurídica incurre, como si el valor de la justicia en democracia fuera la prosecución de la justicia material a toda costa, olvidando que en democracia la justicia es un valor procedimental que tiene que ver con las formas y no con el resultado de la cuestión. Me parece que en esta materia la dogmática jurídica parece de nuevo incurrir en este vicio de la ética de la convicción abandonando el valor procedimental que tiene la justicia en democracia. Estos son los problemas de índole normativa que me parece vamos tener en cuenta y que, de alguna manera relativizan, el fervor moral con que algunas veces nos acercamos al tema de los crímenes o las violaciones de los derechos humanos cometidos en dictadura. No digo que no de-ban sancionarse sino que la racionalidad nos obliga a acercarnos con mayores matices a la cuestión que, prima facie, nos provoca un horror moral.

En cuanto a la cuestión de la reconciliación, si uno revisa la li-teratura moderna, desde Georg hegel en adelante, hay dos maneras de mirar el pasado. Una es la de hegel, justamente, que en la "Introducción a la historia de la filosofía" tiene un párrafo que siempre me ha sorprendido por lo increíblemente contemporáneo: "Cuando miro el pasado sólo veo ruinas, un inmenso altar donde se ha sacrificado continuamente la dicha y la virtud de los individuos. y frente a este panorama desola-dor -dice hegel- no puedo sino formular la pregunta: con qué fin toleramos que cometimos estos inmensos sacrificios". Lo que está preguntando hegel es por el sentido del sacrificio, que es una pregunta bíblica pero al mismo tiempo moderna. y hegel responde con la famosa "Astucia de la razón". Dios, en opinión de hegel, escribe con letras torcidas y lo que justifica los sacri-ficios es el futuro que se acerca. Un horizonte escatológico en virtud del cual toleramos los sacrificios pasados y presentes. Esta es la respuesta moderna al sacrificio, la que compartieron desde luego la izquierda en los 60 y los 70 pero también las dic-taduras modernizadoras de derecha. El lema del costo social del desarrollo ha sido algo permanente en la historia latinoameri-cana, que ha ido una historia hegeliana sin saberlo. Un tipo de cultura pública que justifica las atrocidades, los crímenes y los sufrimientos echando mano a este horizonte escatológico que se acerca. ha sido así en América latina tanto en las ideologías políticas de inspiración cristiana, en las marxistas y en las de de-recha. Sólo que el horizonte escatológico es el que cambia: en algún caso fue la sociedad sin clases, en otro acabar con la vio-

lencia estructural, en otro la utopía del mercado perfecto. Pero América latina ha vivido traficando altares frente a los cuales ningún sacrificio vale la pena y cualquier cosa parece poco. Esa ha sido una manera de encarar el pasado. La otra es la que expli-ca Walter Benjamin en "Tesis sobre la filosofía de la historia". En la séptima tesis Benjamin tiene un pasaje donde cita el "Angelus novus", de Paul Klee. Esa pintura que refleja a un ángel con el rostro espantado que está siendo empujado por el viento pero mira un conjunto de ruinas situadas frente a él. Benjamin exa-mina el cuadro y dice que ese ángel es el de la historia que está siendo empujado por el progreso, que lo aleja de sus muertos hipnotizado hacia el futuro. y agrega: "Si nos dejamos conven-cer por el viento del progreso, por la tempestad del progreso, nuestros muertos nunca dormirán tranquilos". No vale la pena

ocultarlo. Buena parte de las víctimas en América latina, y es comprensible, por supuesto, pero no nos ahorra el juicio racio-nal luego de la comprensión, están como el "Angelus novus" de Klee: hipnotizados por el dolor, mirando hacia el pasado y vien-do el viento del progreso como una traición. Eso me parece que hace tan difícil la reconciliación desde el punto de vista de la cultura pública, vacilando entre dos extremos: aquel de la de-recha chilena, que piensa que ese fue el costo inevitable de la rápida modernización del país, y los que creen que el progreso puede curar esa herida y viven hipnotizados por el dolor. Este es el drama del continente: una visión fáustica de la modernidad rápida que parte de América latina experimentó (Brasil, Chile y Argentina, en parte) o una visión benjaminiana dolorosa del progreso como traición.

En medio de este problema estamos. y la pregunta que los inte-lectuales de América latina debieran hacerse, y es el tipo de pre-guntas que las universidades tienen que plantearse, es si acaso hay otra manera de mirar el pasado o debemos seguir oscilando entre una visión fáustica del progreso o la esclavitud del dolor. Es imprescindible que en América latina seamos capaces de ela-borar el pasado. Sigmund Freud, en "Repetición y elaboración", que es un texto de 1914, dice una cosa extraordinaria: el acon-tecimiento más notable de la práctica clínica es la transferencia, y la transferencia es la repetición en acto de lo que el paciente no puede decir en palabras. Es decir, aquello que no puede ser confesado ni puesto en lenguaje es inconscientemente actuado.

"La tarea intelectual que América latina tiene por delante es elaborar el pasado. No sólo debe dolerse frente a los hechos sino desproveerlos del sentimiento destructivo que los acompaña".


Carlos PeñaRector de la Universidad Diego Portales (Chile).

Abogado, con estudios de Sociología y Filosofía, por la Universidad de

Chile. Presidió la Comisión sobre Educación y Formación Ciudadana y

asesoró al Poder Legislativos en reformas a normas como el Código Civil,

Procesal Penal y la Ley de Divorcio.

Esta es la razón de por qué suele decirse que si uno no es capaz de narrar el dolor está condenado a repetirlo. A eso podemos lla-marlo elaboración y esa es la tarea intelectual que América latina tiene por delante; elaborar intelectualmente el pasado, que con-siste no sólo en dolerse frente a él o considerar el precio inevita-ble del progreso sino reconocer los hechos desproveyéndolos del sentimiento destructivo que los acompaña. y esto es una práctica que sólo puede revelarse como en la práctica clínica mediante el lenguaje, los medios de comunicación y las universidades.

Las democracias sanas se demoran, algunas más y otros menos, en lograrlo. Pero lo que muestra la historia contemporánea de Europa, por ejemplo, es que todos los países que no elaboraron el pasado -el caso alemán es el más clásico- siempre lo tuvo latente y hoy día, 40 o 50 años después, tiende a reaparecer nuevamente. Tenemos que ser capaces de hacerlo. Es la tarea intelectual de América latina. El intelectual no es el sacerdote que condena ni el historiador que todo lo comprende: es quien es capaz de elaborar compromisos públicos mediante una re-flexión racional. Este es un tema en torno al cual la región tiene una tarea por delante. I

#JUSTICIA 21

La justicia transicional y la justicia transformativa

Una pregunta que se plantea acerca de los juicios que se llevan a cabo en la actualidad por los delitos de lesa humanidad come-tidos en la última dictadura militar argentina es si esos procesos corresponden a una lógica de la llamada "justicia transicional". Se trata de un planteo lógico porque estos juicios son, justamente, el paradigma de la justicia transicional. Se utiliza un juicio emble-mático para intentar exponer la verdad, establecer una memoria colectiva de lo que pasó y, a través de eso, consolidar la democra-cia y fortalecer sus instituciones.

En los juicios las personas ven en carne propia a los testigos de lo ocurrido. La dictadura militar argentina intentó basarse en el olvido y tapar la verdad de lo que había hecho. El gran drama del Juicio a las Juntas fue, justamente, sacar al aire libre lo que había ocurrido.

En algún sentido los actuales juicios responden a una misma lógi-ca porque quieren quebrar con el pasado. Pensamos a la ley pe-nal como un instrumento de estabilidad y predictibilidad pero, en realidad, la lógica de la justicia transicional cambia el rol de la ley para construir, sobre esa base, una nueva sociedad.

Entonces una manera en la que se pueden ver los juicios actuales es como una continuación del proceso de justicia transicional que

las leyes de Obediencia Debida y Punto Final habían detenido. Sin embargo, no creo que esta lógica de justicia explique todo lo que ocurre en la actualidad ni la complejidad del proceso.

yo llamaría esta instancia "justicia transformativa" porque no veo que el interés principal de los juicios sea la institucionalidad

Por Sam Ferguson

Si vemos estos dos tipos de justicia, la transicional versus la transformativa, necesitamos determinar si los actuales juicios por los crímenes de lesa humanidad mejoran a la Constitución, la institucionalidad y la democracia argentina.

"El gran drama del Juicio a las Juntas fue, justamente, sacar al aire lo que había ocurrido".

Sam Ferguson Abogado.

Integró el Centro Schell para los Derechos humanos Internacionales de

la Facultad de Derecho de yale, Estados Unidos, donde se graduó en 2009.

Fue becario Fulbright y en agosto pasado participó del Seminario Global de

Derecho, en San Andrés; allí expuso su trabajo "Memoria, Verdad y Justicia:

juzgando a la dictadura".

"El interés de los actuales juicios no es el fortalecimiento de la democracia sino cómo contar el pasado".

del país o el fortalecimiento de la democracia, sino que su énfasis está puesto en la memoria y cómo contar el pasado.Es quizás algo parecido a lo que ocurrió en Israel con el juicio a Adolf Eichmann, mediante el cual el primer ministro Ben Gurion quiso mostrar al pueblo israelí los horrores del holocausto y tam-bién la imagen de una nación fuerte.

Si vemos, entonces, estos dos tipos de justicia, la transicional versus la transformativa, necesitamos determinar si los actuales juicios mejoran la Constitución, la institucionalidad y si ayudan a la democracia argentina. I



Los jueces como custodios de la competencia democrática

hay quienes sostienen que resulta antidemocrático que un juez interfiera con la política. Soy de los que creen precisa-mente lo contrario: nuestra democracia requiere que los jue-ces se metan mucho más en política, no para tomar decisiones propias de esa esfera, sino para garantizar que ella funcione de manera competitiva.

Una democracia, en especial si es inmadura como la nuestra, no puede funcionar en piloto automático. En este punto, me per-mitiré trazar un paralelismo con la competencia económica. En todo mercado existe el riesgo de que las empresas con posición monopólica o dominante se valgan de esa posición para excluir a sus rivales actuales o potenciales. Esto restringe la competen-cia y, por ende, perjudica a los consumidores. Para evitarlo, los países desarrollados recurren a las normas de defensa de la com-petencia. La experiencia ha demostrado que estas normas, que prohíben los acuerdos anticompetitivos y los abusos de posición dominante, resultan mucho más efectivas y beneficiosas para los consumidores que la alternativa de la regulación directa por la que apostó nuestro país en los últimos años, con los deslucidos efectos por todos conocidos.

Esta necesidad de preservar la competencia, que parece tan ob-via en el caso del mercado, también resulta imperiosa en el caso de la política. Al igual que los monopolios económicos, quien goza del monopolio de los recursos estatales –el Gobierno– muchas veces sucumbe a la enorme tentación de utilizar esos recursos para obtener ventajas decisivas en la competencia electoral.

Claro está, no todo lo que haga un gobierno para ganar poder resultará criticable desde esta óptica. La clave está en distinguir entre aquellas conductas que acarrean beneficios electorales para el oficialismo de turno porque promueven el interés gene-

ral y aquellas que lo hacen solo porque perjudican a sus oposi-tores. Para seguir con la analogía, una cosa es que una empresa líder robustezca su posición mejorando sus productos, y otra muy distinta es que realice conductas con el exclusivo objeto de castigar a sus rivales. Esto último ocurre, por ejemplo, si esa empresa dominante presiona a los fabricantes de insumos para que no les vendan a otras empresas competidoras, o si incurre en una discriminación de precios para beneficiar a empresas verticalmente integradas con ella aguas abajo. Como se puede apreciar, no hay abuso cuando se desplaza competidores por los méritos del producto que se ofrece, sino cuando artificialmente se crean barreras y obstáculos para la competencia.

Lo mismo se aplica a los gobiernos que, como las empresas monopólicas, en ocasiones realizan conductas cuyo principal propósito y efecto es desalentar a quienes amenazan su posi-ción dominante. Un típico ejemplo de esto es que un gobierno central le gire menos fondos a un gobierno local por ser éste de signo opositor, o que un diario crítico del Gobierno reciba menos publicidad oficial por igual razón. Obviamente, no cabría entender tales conductas como una manera de promover el in-terés general, pues su efecto es precisamente el contrario; se trata, sencillamente, de intentos de disciplinar a los potenciales competidores y silenciar las voces críticas, para así correr con ventaja y perpetuarse en el poder.

En el mismo sentido, una cosa es que el Gobierno se valga de su poderoso aparato de comunicación para difundir información de interés general, como una campaña de vacunación, y otra muy distinta es que lo ponga al servicio de la propaganda par-tidaria, para desnivelar aún más el campo de juego. Esta forma de abuso, cabe señalar, ha alcanzado en nuestro país una dimen-sión escandalosa.

Por Lucas S. Grosman

La democracia argentina requiere que los jueces se inmiscuyan mucho más en política, no para tomar decisiones propias de esa esfera sino para garantizar que funcione de manera competitiva.

"Nuestra democracia requiere que los jueces se metan mucho más en política para garantizar que ella funcione de manera competitiva".

DERECHO

#JUSTICIA 23

Frente a conductas como las descriptas, que son meramente ejemplificativas de un fenómeno más vasto, muchos dirán "y bueno, así es la política". También frente a las conductas econó-micamente abusivas podríamos decir "y bueno, así es el merca-do". Pero no lo hacemos, porque entendemos que el mercado no necesariamente es así; de hecho, los países que realmente valo-ran el mercado no dudan en perseguir las prácticas abusivas y restrictivas de la competencia. Del mismo modo, insistiría en que la política no tiene por qué ser así, y es por ello que, si queremos fortalecer la democracia, si queremos que la política sea compe-titiva y no monopólica, debemos controlar las prácticas abusivas. Es allí donde aparece un desafío enorme para los jueces, pues en buena medida es a ellos a quienes les cabe la tarea de evitar que prácticas como las descriptas prosperen. En este punto, no deberíamos dejar que nos confundan: preservar ciertas reglas de juego en defensa de la competencia política no restringe la demo-cracia; es, precisamente, lo que la hace posible. I

"Preservar ciertas reglas de juego en defensa de la competencia política no restringe la democracia sino que es lo que la hace posible".

Lucas GrosmanProfesor tiempo completo y director del Departamento de

Derecho y de la carrera de Abogacía de la Universidad de

San Andrés. Doctor in the Science of Law (J.S.D.), Yale University.

Es abogado por la Universidad de Buenos Aires (1996), Master of Laws

(LL.M., 2000) y Doctor en Derecho (J.S.D., 2006) por yale University. Fue

tutor in law en yale Law School, Vocal de la Comisión Nacional de Defen-

sa de la Competencia (2001 a 2003) y trabajó como abogado en el estu-

dio Le Pera & Lessa. Sus áreas de investigación son teoría constitucional,

filosofía del derecho y defensa de la competencia. En su tesis doctoral en

yale University analizó la relación entre los derechos sociales y la esca-

sez de recursos.


¿Qué tipo de jueces necesita la Corte Suprema? A propósito de las nuevas postulaciones y futuras vacantes

Al día siguiente del fallecimiento del juez Enrique Santiago Pe-tracchi, ocurrido el 12 de octubre del año pasado, el entonces ministro de justicia Julio Alak eligió homenajearlo destacando, entre otras cualidades, que Petracchi había sido un jurista bri-llante que "siempre interpretó la ley teniendo en cuenta la Cons-titución, la voluntad del legislador y los intereses populares, es-pecialmente los sectores más desprotegidos y vulnerables".

Petracchi fue, sin dudas, un juez destacable, pero las palabras de Alak nos llamaron a reflexionar sobre qué rasgos definen lo que socialmente entendemos como un buen juez de la Corte Supre-ma. Las nominaciones de los jueces Eugenio Sarrabayrouse y Do-mingo Sesín para cubrir, respectivamente, la vacante generada por la ya algo añeja renuncia del juez Eugenio Raúl zaffaroni y la que se generará a partir del 11 de diciembre próximo cuando se efectivice la renuncia del juez Carlos Santiago Fayt, brindan una ocasión para volver a visitar el tema.1

No debe perderse de vista, además, que en poco más de dos años, la jueza highton de Nolasco cumplirá 75 años, lo que abre la po-sibilidad de una nueva vacante en el horizonte cercano.2 La Corte está en un momento definitorio de su identidad reciente. Se abre la oportunidad de corregir algunas cosas y continuar consolidan-do lo bueno hecho hasta aquí, pero con el siempre presente ries-

go de recaer en una dinámica viciosa que, por razones políticas e institucionales complejas, nos acompañó durante buena parte de las últimas siete décadas. Los nombramientos que se produzcan en el ciclo de quien sea elegido presidente darán, sin dudas, una nueva fisonomía a la Corte.

Por José Sebastián Elías

El máximo tribunal del país se beneficiará si quienes tengan el honor y la alta responsabilidad de integrarlo se encuentran más cerca del modelo que nos ofreció Carmen Argibay. En suma, más jueces de derecho y menos pretores de equidad.

"Hay jueces que entienden su rol de manera acotada y que se sienten genuinamente constreñidos por los hechos del caso, la letra de las normas y los precedentes judiciales. Otros, en cambio, conciben su rol dando preeminencia a la realización de soluciones que entienden justas o equitativas, independientemente de su grado ajuste respecto de los textos normativos en juego".

DERECHO

1. No voy a analizar aquí las cuestiones vinculadas a la legitimidad política de que una presidente saliente, en el tramo final de su mandato y con un proceso electoral en curso, decida proponer nuevos ministros de la corte, ni las cuestiones constitucionales y legales vinculadas a la posibilidad de nominar a un candidato cuando una vacante todavía no se ha producido. 2. El art. 99 inc. 4 de la constitución Nacional señala que al cumplir los 75 años los magistrados federales requieren un nuevo acuerdo del Senado para continuar en el cargo. aunque dicha cláusula fue declarada nula -a mi juicio, por buenas razones constitucionales- por la corte Suprema en el conocido caso "Fayt" (Fallos 322:1616) y otros magistrados de distintas instancias (inclusive Petracchi, en la propia corte) se han beneficiado de dicha doctrina, lo cierto es que algunos jueces han decidido voluntariamente respetar ese límite, más allá de la discusión sobre la validez o invalidez de la inclusión de la cláusula en

cuestión en la reforma de 1994. No obstante, existe a la fecha al menos un caso pendiente de decisión ante la corte Suprema donde se discute precisamente ese punto, sin que el alto tribunal se haya pronunciado hasta el momento. Se trata del caso "Schiffrin". El caso debería ser sencillo, si tuviéramos una doctrina del precedente horizontal con algún peso. Bastaría remitir a lo dicho por la misma corte -con otra integración, pero esto debería ser irrelevante- en "Fayt". de hecho, esto hizo precisamente la Procuradora Fiscal laura monti en su correcto dictamen en la causa. No obstante, parece no ser tan sencillo para la corte. El expediente "Schiffrin" está radicado ante el alto tribunal desde el 13 de marzo de 2012 y tiene dictamen de la Procuración general desde el 5 de junio de ese mismo año. desde entonces, ha circulado por las distintas vocalías y se encuentra a despacho en la Secretaría Judicial correspondiente desde el 13 de mayo de 2014.

#JUSTICIA 25

Aunque hay muchas dimensiones relevantes para responder la pregunta que da título a estas breves reflexiones, quiero centrar-me en la relación entre los jueces y las normas escritas cuya inter-pretación y aplicación constituye una parte central de su trabajo. ¿Es un buen juez aquel que interpreta las normas para favorecer ciertos intereses —aunque fueran los de una mayoría del pueblo— o a ciertos sectores sociales? ¿Constituye el juez ideal aquel que, en definitiva, plasma en sus interpretaciones una concepción de la justicia como la que subyace al elogio del ministro Alak?

Cuando la Constitución misma fija una preferencia especial para ciertos grupos —como lo hace respecto de, por ejemplo, niños, mujeres, ancianos y personas con discapacidad (art. 75, inc. 23)—, o sacraliza cierta concepción de justicia, ninguna duda cabe que un buen juez interpretará las leyes a la luz de esa expresa prefe-rencia constitucional. Las dificultades surgen cuando la Consti-tución no impone, de ninguna manera obvia, tal preferencia, que pasará a apoyarse entonces en las convicciones personales del juez. Esto es problemático porque, como resulta evidente, tene-mos discrepancias razonables acerca de lo que es justo.

Es claro que no existe tal cosa como la interpretación aséptica o la aplicación mecánica de las normas y, en este sentido, la conocida fór-mula de Montesquieu según la cual los jueces deben ser simplemen-te "la boca que pronuncia las palabras de la ley" no es más que una forma llamativa de esbozar una teoría cuya aplicación práctica es imposible. Ninguna duda cabe de que los jueces ¬recurren, inevita-blemente, a consideraciones valorativas cuando realizan su trabajo.

Lo que sí existe son mayores o menores grados de sujeción de los jueces a los textos que deben aplicar. hay jueces que entienden su rol de manera relativamente acotada y que se sienten genui-namente constreñidos por los hechos del caso, la letra de las nor-mas y los precedentes judiciales. Otros, en cambio, conciben su rol dando preeminencia a la realización de soluciones que entien-den justas o equitativas, independientemente de su grado ajuste respecto de los textos normativos en juego y las decisiones ante-

riores del mismo Tribunal. Para los primeros preguntas del tipo "¿qué dice la Constitución sobre el punto?" son centrales para re-solver un caso. Para los segundos, en cambio, el foco de atención está centrado en preguntas tales como "¿cuál es la solución justa para este caso?". Con algunas licencias, llamaré a los primeros jueces de derecho y a los segundos pretores de equidad.

Tomando a los cuatro ministros que han dejado en el último tiem-po —o dejarán en breve— su posición en la Corte, podemos ilus-trar esas distintas concepciones sobre el rol judicial con un conti-nuo donde zaffaroni se encuentra en un extremo —el del menor apego a los textos y a los precedentes—y Argibay en el otro, con Petracchi y Fayt ubicados en algún lugar intermedio.3 ¿Necesita-mos más jueces como zaffaroni o más jueces como Argibay?

Dado el hecho del pluralismo razonable en materia de concepciones de justicia y que la mejor manera que hemos encontrado de saldar esas diferencias es el proceso político que genera las normas que la Corte interpreta y aplica, deberíamos valorar especialmente a aquellos jueces que se toman muy en serio el derecho escrito. En especial, a aquellos magistrados que entienden su rol como ceñido fuertemente por textos constitucionales que deben ser interpreta-dos de forma no esotérica, única manera de que los jueces respeten a sus conciudadanos. La Corte Suprema se beneficiará si quienes tengan el honor y la alta responsabilidad de integrarla en lo sucesivo se encuentran más cerca del modelo que nos ofreció Carmen Argi-bay. En suma, más jueces de derecho y menos pretores de equidad.

Es nuestra responsabilidad analizar la idoneidad de los distintos candidatos propuestos, actuales o futuros, también -y especial-mente- desde esta perspectiva. I

José Sebastián ElíasProfesor del Departamento de Derecho

de la Universidad de San Andrés.

Master en Derecho y Doctor of the Juridical Science (J.S.D.), yale

University; y Abogado egresado de la Universidad de Mendoza. Fue

profesor de tiempo completo en la Universidad de Palermo (Buenos Aires),

donde dictó cursos de grado y de la Maestría en Derecho Constitucional

y Derechos humanos, y profesor de tiempo parcial en la Universidad de

Congreso (Mendoza). ha sido profesor invitado en la Especialización en

Derecho Constitucional de la Universidad Católica Argentina (Buenos

Aires) y en la Maestría en Derecho Administrativo Global de la Universidad

Nacional de Río Negro (Viedma). En los años 2009 y 2010 fue profesor

invitado en el Summer Program de la Valparaiso University School of Law.

"La Corte Suprema se beneficiará si quienes tengan el honor y la alta responsabilidad de integrarla en lo sucesivo se encuentran más cerca del modelo que nos ofreció Carmen Argibay. En suma, más jueces de derecho y menos pretores de equidad".

3. Es imposible, en el espacio de una nota como esta, tratar de ubicar, con un mínimo aceptable de precisión, las posiciones relativas de Petracchi y Fayt.


La hora de la Corte

Por Patricio Nazareno

Nada es potencialmente más riesgoso para la independencia del máximo tribunal que determinar quiénes serán sus jueces. No obstante, esta decisión es resorte del gobierno y la oposición, precisamente de quienes nos interesa mantener al juez independiente. Es difícil no ver aquí al lobo a cargo de los corderos.

La Corte Suprema está inmersa en una fase de cambios mayores.

Desde la restauración democrática de 1983 el país logró nor-malizar el ejercicio del poder político, logrando finalmente la estabilidad institucional que le había sido esquiva por décadas. Sin embargo, no puede decirse que la cabeza del poder judicial de la Nación haya tenido exactamente la misma suerte. El pe-ríodo registra claramente la sucesión de tres cortes supremas distintas, gestadas por cada uno de los tres grandes movi-mientos políticos que gobernaron el país en estas décadas de democracia: La Corte de los cinco (1983-1990), nombrada por el alfonsinismo; la Corte de los nueve (1990-2003), rediseñada por el menemismo; y la Corte de los siete (2004-2014), retoca-da por el kirchnerismo. Todas fueron el resultado de reestruc-turaciones drásticas en composición y número, donde siempre se conformó una nueva mayoría íntegramente nombrada por el gobierno de turno.

Desde mediados de 2014, la Corte de los siete —que mantuvo una composición invariable por más tiempo que ninguna otra

en toda la historia— inició un pronunciado proceso de cambios. Los decesos de Carmen Argibay y Enrique Petracchi, y los re-tiros de Eugenio zaffaroni y Carlos Fayt, la dejaron con tres miembros y —por la transición hacia una nueva Corte de cinco jueces— dos vacantes.

El gobierno recién conformado tiene en sus manos la gestación de esta nueva Corte, con la oportunidad de comenzar designan-do nada menos que a un 40% de sus jueces. Esta es una gran res-ponsabilidad, y a la vez una tentación importante.

Que la política tiene vocación expansiva no es novedad: la mueve una pulsión por controlarlo todo, por influir en cada estructura decisional. Cuando se trata del poder judicial, sin embargo, tal voracidad es preocupante, ya que nuestro sistema constitucional depende casi por completo de que la Corte sea independiente de nuestros líderes políticos.

Pero aquí va la paradoja fundamental: Nada es potencialmente más riesgoso para la independencia de la Corte que determinar quiénes serán sus jueces; no obstante ello, estas decisiones son resorte del gobierno y la oposición, precisamente de quienes nos interesa mantener al juez independiente. Es difícil no ver aquí al lobo a cargo de los corderos.

¿Qué impide entonces que puestos tan trascendentes para la vida política de un país sean cubiertos por cuadros políticos del oficialismo de turno camuflados con toga? Bueno, tal vez esto nunca pueda prevenirse del todo, pero los sistemas constitucio-nales como el nuestro establecen dos contrapesos concretos en resguardo de la independencia:

Primero, los jueces permanecen en sus cargos muchos años o hasta de por vida, con lo que es esperable que cada presidente vaya encontrándose con vacantes muy esporádicamente (o qui-zás nunca) y esta circunstancia limite su capacidad de influir en la composición de un tribunal numeroso.

Segundo, lo que está en juego en cada nombramiento de juez para la Corte es tan importante que hace de cada instancia una de alta visibilidad política, y convoca un escrutinio riguroso de parte de la oposición, organizaciones interesadas y la ciudadanía

"El gobierno recién conformado tiene en sus manos la gestación de esta nueva Corte, con la oportunidad de comenzar designando nada menos que a un 40% de sus jueces. Esta es una gran responsabilidad y, a la vez, una tentación importante".

DERECHO

#JUSTICIA 27

en general, quienes podrían obstruir la confirmación de algún candidato inadecuado.

Este es nuestro sistema en los libros. Si usted es sensible a los desencantos, sería conveniente que dejara de leer aquí. Porque a poco que uno repasa la experiencia argentina desde los ini-cios de nuestra modernidad política (digamos, circa 1945), se encuentra con que ninguno de estos dos frenos ha funcionado virtualmente jamás para limitar los apetitos políticos por subor-dinar a la Corte.

I. Cuántos

Por empezar, lejos de contentarse con algún nombramiento es-porádico, prácticamente todos nuestros presidentes decidieron copar la Corte Suprema con nombramientos en bloque; una práctica que —contrario a lo que se piensa— no cesó con la res-tauración democrática. Desde Perón hasta el kirchnerismo, cada partido político o golpe militar que llegó al poder decidió entre sus primerísimas medidas disponer de todas (o al menos el grue-so de) las vocalías del tribunal para nombrar por sí una nueva ma-yoría que pusiese a la cabeza del poder judicial "en sintonía con la nueva época".

Esto ocurrió una cantidad récord de 9 veces en 60 años (!), por obra de virtualmente todos los movimientos políticos que con-trolaron los destinos de los argentinos: Perón (1946-47); la Revolución Libertadora (1955); Frondizi (1958, 1960); la Revo-lución Argentina (1966); Cámpora (1973); el Proceso de Reorga-nización Nacional (1976); Alfonsín (1983); Menem (1990) y Kir-chner (2003-04). Apenas si hay un puñado de excepciones, todas por parte de presidencias interinas o breves, y más por debilidad política que por no haberlo intentado: Guido e Illia, durante los años '60; y De La Rúa y Duhalde, a principios de siglo.

Pero para poder nombrar una cantidad de jueces que alterase la mayoría, cada gobierno debió resolver un escollo previo: cómo purgar la Corte de los jueces en funciones. Por supuesto, esto nunca representó un gran problema para los dictadores emer-gentes de golpes de estado (en 1955, 1966 y 1976), quienes directamente depusieron a los jueces junto con el resto de las autoridades constitucionales. Algo similar ocurrió cuando los go-biernos democráticos de Frondizi, Cámpora y Alfonsín se encon-traron con cortes designadas por gobiernos de facto: como sus jueces habían sido nombrados inconstitucionalmente, pudieron reemplazarlos a piacere (en 1958, 1973 y 1983).

Fuera de estos anacronismos, sin embargo, los gobiernos cons-titucionales ávidos por copar la Corte siempre han tenido que enfrentar una dificultad mayor: la propia Constitución estipula que los jueces (designados en forma) son inamovibles de sus car-gos mientras dure su buena conducta. Esto reduce las opciones tácticas a tres:

1. La menos costosa es presionar a ciertos jueces para que renun-

cien: Severo Caballero renunció en un contexto de alta presión de parte del recién llegado menemismo en 1989; Carlos Fayt lo sintió en carne propia durante 2015. Sin embargo, esto es bas-tante limitado porque solo puede dirigirse en contra de alguno que otro juez aislado y el éxito ha sido bajo.

2. Queda todavía un (único) mecanismo de purga avalado cons-titucionalmente: gatillar juicios políticos en masse para destituir a una mayoría de los jueces, demostrando que hayan incurrido en mal desempeño. Esta fue la estrategia empleada por Perón en 1946 y por Kirchner en 2003 (y por Duhalde, sin éxito). Pero claro, tremendo despliegue tiene altos costos políticos, requiere ciertos tiempos, y sólo funciona contra jueces con legajo manchado.

3. Las limitaciones de estas opciones de purga llevaron a los ajedrecistas gubernamentales a buscar las anheladas vacantes por otro flanco. y la encontraron, por vía oblicua, aumentando el número de jueces del tribunal. Esta jugada fue urdida por dos presidentes: Frondizi en 1960 y Menem treinta años después (Arturo Illia también lo intentó, infructuosamente). Por supues-to que ambos episodios tuvieron sus esquirlas. La ampliación de 1960 fue la gota que rebalsó el vaso para el entonces presidente de la Corte, Alfredo Orgaz, quien renunció inventando un motivo que se haría famoso: cansancio moral. Menem también tuvo que asordinar el portazo de un gran juez, Jorge Bacqué, quien protes-tó porque se estaba buscando 'reducir la autonomía' del tribunal respecto de los poderes políticos.

En términos de número, la administración en funciones en el período 2015-2019 tendrá la posibilidad de nombrar una nueva mayoría sin trabas: además de las dos vacantes ya disponibles (por los retiros de zaffaroni y Fayt), la jueza Elena highton cum-plirá 75 en 2017. Si bien por tal motivo este gobierno parece-ría inscribirse también como parte de la tendencia histórica de excesiva influencia gubernamental en la Corte, el hecho de que para hacerlo, al menos, no deba recurrir a estrategias de purga o ampliación del tribunal es una nota ligeramente esperanzadora.

II. Quiénes

Ahora bien, ni siquiera un nombramiento en bloque garantiza una Corte adicta. Para ello, además, hay que saturarla con jue-ces permeables por el poder. y la realidad es que no siempre lo segundo ha acompañado a lo primero. Por ejemplo, a pesar de tratarse de nombramientos en bloque, las renovaciones motori-zadas por Alfonsín y Kirchner —en épocas refundacionales para el país— pusieron cuidado en construir independencia y calidad, y seleccionaron jueces acordes a ello.

Alfonsín hizo seis nombramientos durante su mandato, e influ-yó en un séptimo que fue realizado a sus instancias (G. Bossert, en 1994). Kirchner nombró en su turno a cuatro jueces supre-mos. Tomados en conjunto, estos once magistrados parecen compartir cierto perfil que pone de relieve un contrapunto interesante con otro conjunto de jueces nombrados en cir-


cunstancias muy diferentes: aquellos elegidos y elevados por el presidente Menem. Alfonsín y Kirchner buscaron acentuar la calidad institucional y la independencia de la Corte, y para ello orientaron su selección hacia candidatos con un perfil bien definido: el de lo que se conoce como un "jurista", esto es, jue-ces o abogados de carreras destacadas que a ello agregaban trayectorias académicas sobresalientes como reputados au-tores y profesores universitarios. Al menos ocho de los once jueces nombrados por Alfonsín y Kirchner responden clara-mente a esta semblanza. Como contraste interesante, solo uno de los nueve jueces supremos elegidos por Menem se ajusta al molde (A. Boggiano). El prototipo de nominación menemista recayó más bien sobre un político, abogado o magistrado sin pergaminos académicos donde el punto central no era lo des-tacado de su carrera sino la fuerte identificación partidaria o personal con la gestión en funciones: un "juez-partidista" con marcada sensibilidad por la agenda presidencial del momento. (Los enjuiciamientos exigidos por Kirchner en contra de esta "triste y célebre mayoría automática" parecieron refrendar el vehemente rechazo de este perfil de 'juez-partidista', luego desterrado por su selección de reemplazos.)

Pero los casos de buena voluntad presidencial no abundan. El sis-tema constitucional lo sabe, y por eso estimula que otros actores (la oposición y la sociedad toda) controlen que los candidatos a juez supremo sean dignos de la función encomendada. Pero no nos engañemos: esto es así desde hace apenas algunos años, gra-cias a la acción conjunta de la reforma constitucional de 1994 —que concedió verdadero peso a la minoría en el Senado— y a las reformas impulsadas por Néstor Kirchner en 2003, que abrieron las puertas del proceso al ciudadano de a pie.

Antes de esto, lo único que gravitó en virtualmente todas las designaciones de la historia fueron los designios del gobierno de turno: la prueba está en que jamás en la historia se rechazó a ningún candidato. El retiro del pliego de Roberto Carlés por Cristina Kirchner hace semanas, luego de los severos cuestio-namientos recibidos por el candidato, acaba de inaugurar esta interesante tendencia.

III. Cómo elegir jueces en democracia

En efecto, desde los inicios de la modernidad política argentina —allá por mediados de los '40— hasta tiempos muy recientes, vir-tualmente en ninguna nominación presidencial para juez supre-mo tuvo verdadero peso la oposición, ni voz la sociedad civil. Es-tas instancias recién comenzaron a suscitar discusiones públicas de alto impacto e influencia sobre su resultado final desde 2003, merced a las referidas reformas.

Este renovado ritual de propuesta y confirmación fue inspirado por la práctica estadounidense, que es tal vez la más pública y contenciosa del mundo para la evaluación y aprobación de jue-ces. Su propósito es sencillo; en resumidas cuentas, se somete a los candidatos a un intenso escrutinio para evaluarlos en cinco

aspectos, las cinco "íes": (i) integridad moral; (ii) idoneidad técni-ca; (iii) independencia; (iv) imparcialidad; e (v) ideología. Es inte-resante revisar la experiencia en aquel país para hacerse una idea de qué es lo que cada uno de los parámetros pretende evaluar.

(i) La integridad moral se explica de suyo: nadie toleraría como juez a alguien de quien se sospeche haya cometido delitos o fal-tas éticas graves, como evadir impuestos. Varias candidaturas estadounidenses naufragaron o se complicaron severamente por problemas de este tipo, como la de un aspirante con antece-dentes de racismo (h. Carswell, en 1970); la de uno asiduo con-sumidor de estupefacientes (D. Ginsburg, en 1987); y la de otro denunciado por acoso sexual (C. Thomas, en 1991).

(ii) La idoneidad técnica es también obvia: la tarea es tan impor-tante que solo se la confiamos a juristas de comprobada capa-cidad. El caso más resonante fue el retiro a regañadientes por George W. Bush de su escandalosa nominación de una abogada mediocre con conocimientos jurídicos escasos que apenas se ha-bía desempeñado como su asistente (h. Miers, en 2005).

(iii) También es central que un juez mantenga una notable inde-pendencia de los poderes políticos (oficialismos y oposiciones), que por razones estructurales tienen intereses en gran cantidad de las disputas que se ventilan ante el máximo tribunal, sean parte o no. A ello hay que agregar que la situación de los jueces

respecto de los líderes políticos es especial porque son éstos quienes han intervenido activamente en su selección y nombra-miento. Por éstos y otros motivos, un ideal como el de indepen-dencia puede resultar difícil de evaluar como parámetro, pero al menos permite descartar casos de flagrancia (como el de los 'jueces partidistas') y abrir a discusión las situaciones más grises. Por ejemplo, un caso claramente fuera de la línea fue la fallida postulación de Lyndon Johnson para que presidiese la corte su abogado y amigo personal (A. Fortas, en 1968).

(iv) A la par de lo anterior, un buen juez también debe poder mantener su imparcialidad respecto de todo individuo, grupo, organización o factor de poder —especialmente los más poten-tes— que pueda ser parte en un caso ante sus estrados, o que sin serlo pueda ejercer presión por algún interés particular o

"Los candidatos son sometidos a un intenso escrutinio para evaluarlos en cinco aspectos, las cinco "íes": integridad moral; idoneidad técnica; independencia; imparcialidad; e ideología".

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Patricio Nazareno Profesor del Departamento de Derecho


Doctorando en Ciencia Jurídica (J.S.D. candidate) – yale Law School,

Magister en Leyes (LL.M.) – yale Law School (2009), Maestrando en

Derecho y Argumentación – Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,

Universidad Nacional de Córdoba (2008), Abogado y Procurador – Facultad

de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba (2006),

y Licenciado en Ciencia Política – Facultad de Ciencia Política y Relaciones

Internacionales, Universidad Católica de Córdoba. (2002).

sectorial. A pesar de que esta variable tiene amplias zonas gri-ses, una candidatura puede verse seriamente perjudicada si el jurista propuesto es percibido como parcial en favor o en contra de un determinado grupo, más allá de toda justificación jurídica posible. Ejemplos de esto en los Estados Unidos fueron los re-chazos de un par de nominaciones al advertirse que se trataba de jueces que habían fallado sistemáticamente en contra de los intereses de los trabajadores (J. Parker, en 1930; C. haynswor-th, en 1969).

(v) Finalmente, una vez que los criterios anteriores se encuen-tran satisfechos, el debate suele centrarse en dilucidar si la ideología del juez propuesto, los valores e ideas políticas sobre el derecho que seguramente encarnará en sus sentencias, nos resultan aceptables o no. Este factor también fue determinante en el colapso de algunas nominaciones norteamericanas, por tratarse de jueces que habían tomado posiciones a favor de la segregación racial (C. haynsworth, en 1969), o contra el avance de los derechos de las mujeres (h. Carswell, en 1970), y princi-palmente el conspicuo caso de un extremista reaccionario (R. Bork, en 1987).

El orden en el que expongo los cinco criterios tiene un sentido. Típicamente, reconocemos estar ante un candidato "natural" a ocupar una vacante en la Corte cuando advertimos rápidamente que el mismo supera con cierta facilidad las objeciones fundadas en los cuatro primeros parámetros. Por ello, la discusión de estas candidaturas suele concentrarse en torno a la dimensión ideoló-gica, notablemente más árida para el debate público. Esto permi-te entender lo que ha ocurrido durante las últimas designaciones en nuestro país. Recordemos por caso las nominaciones de zaffa-roni y Argibay en 2003: juristas de pergaminos destacadísimos, que aun así suscitaron grandes debates debido a que algunas de sus posiciones ideológicas —el "garantismo" penal y el feminismo pro-elección, respectivamente— fueron consideradas inacepta-bles por muchos.

También hubo recientemente casos que ejemplifican el fenó-meno inverso, que se da respecto de candidatos "no-natura-les". Así, en 2012, durante la consideración de Daniel Reposo para Procurador General (puesto equivalente al de juez de la Corte), jamás se llegó a abrir la discusión sobre su perfil ideo-lógico porque la postulación se derrumbó a nivel de los tres primeros criterios (información sospechosamente errónea en su currículum vitae; antecedentes insuficientes; identificación partidaria con el gobierno). Asimismo, los debates suscitados en torno a la reciente postulación de Roberto Carlés para la Corte parecieron mostrar que siempre estuvo lejos de quedar claro que el candidato pudiera superar satisfactoriamente el escrutinio de las primeras cuatro "íes" (por existir dudas sobre su idoneidad técnica y su independencia del gobierno que lo proponía), al punto que el Senado no se distrajo en reeditar la discusión ideológica sobre el "garantismo" que Carlés abierta-mente suscribe.

El peso de la historia y del aprendizaje vertiginoso que provoca-ron las reformas de los últimos años ilumina los riesgos y nos ha-cen saber cuánto está en juego en la reconstrucción de la Corte Suprema que se avecina. La esperanza es que hayamos adquirido la madurez suficiente para movernos hacia un modelo de mayor estabilidad institucional e independencia. I


Lo que queda de los juicios

Con el Juicio a las Juntas de 1985 se concretó lo prometido en la campaña electoral por Raúl Alfonsín: juicio y castigo a los princi-pales responsables del terrorismo clandestino de Estado; afirma-ción de la legitimidad y potencia de la Justicia, piedra angular del estado de derecho; e instrumentación de una solución posible, rápida y definitiva para un conflicto cuya perduración afectaría la construcción de la democracia. La propuesta, resultado de una larga deliberación, consideró tanto a los muertos y sus deudos como a los vivos, que debían seguir adelante.

¿Tuvo éxito? En 2004 el entonces presidente Néstor Kirchner dijo que en 20 años no se había hecho nada en favor de los dere-chos humanos. No fue un exabrupto sino algo que su audiencia quería oír. ¿En qué falló la propuesta de Alfonsín para llegar a semejante final? En buena medida, los principales actores no se comportaron como esperaba, pues tanto en las fuerzas armadas como en las organizaciones de derechos humanos predominaron los más intransigentes.

Los sucesos de Semana Santa de 1987 provocaron, no sin razón, una resignificación de la ley de Obediencia Debida, que en tér-minos estrictos resumía la propuesta original de Alfonsín, y los indultos firmados por el presidente Carlos Menem confirmaron esa interpretación. En el sentido común, el Juicio a las Juntas per-dió significación frente a lo que se consideró una larga claudica-ción del Estado ante a los impunes militares.

En 2000 pregunté a un grupo de docentes y alumnos de un pos-grado qué les parecía más trascendente, si el Juicio a las Juntas o la Obediencia Debida: unánimemente se inclinaron por la segunda.

Por otra parte, este giro derivó de un cambio cultural y político que se desarrolló en los años 90 y maduró con la crisis de 2001. El descrédito de la democracia institucional -cuyas razones ex-ceden a la cuestión del terrorismo de Estado- fue acompañado por la recuperación de los valores del militantismo de los años 70 e, incluso, de sus formas de acción, como lo proclamó hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

Todo el tema de los derechos humanos se separó de la Justicia y el estado de derecho, y fue planteado en términos de militancia y revancha. Con ellos reaparecieron el nacionalismo patológico

y el faccionalismo tradicionales en nuestra cultura política y su-puestamente archivados en 1983. La anulación de la ley de Obediencia Debida en 2003 y la reaper-tura de los juicios a los represores formó parte de esa reconside-ración. Varios de los juzgados y condenados figuraban sin dudas en la lista de "principales responsables" que habrían de ser juzga-dos en 1985 a continuación de las Juntas y que se ampararon en la Obediencia Debida. Su instrumentación reflejó el nuevo espí-ritu de los tiempos, más cerca de la venganza que de la Justicia.

Pocos niegan que el Juicio a las Juntas de 1985 fue intachable en términos jurídicos. Pocos dirían lo mismo de los actuales pro-cesos judiciales. Aquellos se desarrollaron sin público y sin tele-visión; los de hoy son una especie de gran show, abierto y trans-mitido en directo. El ánimo faccioso se advierte en los asistentes, prestos al escrache; sigue en los fiscales ad hoc, reclutados entre los abogados de organizaciones de derechos humanos; y conclu-ye en los jueces, sea por convicción o conveniencia. En muchos fallos se utilizó, a falta de pruebas positivas, el criterio de "par-tícipe necesario" que no podía ignorar lo que ocurría cerca suyo, y que no denunció. Algo así como invertir la carga de la prueba. Este criterio no se aplicó al ex jefe del Ejército, general César Mi-lani, cuyo caso es igual o peor que el de otros jóvenes oficiales de entonces. Por otro lado, se negó a los procesados mayores el de-recho a la prisión domiciliaria con graves perjuicios para su salud.

Es difícil saber cuándo terminarán estos juicios que mantienen abierta la herida. Su contribución a la verdad es mínima, pues los responsables se abroquelaron en el silencio, privando de infor-mación que podría ser vital para los familiares de las víctimas. Su

Por Luis Alberto Romero

Hace 15 años pregunté a un grupo de docentes y alumnos de un posgrado qué les parecía más trascendente, si el Juicio a las Juntas o la Obediencia Debida: unánimemente se inclinaron por la segunda. Pero algo queda de aquellos juicios: su ejemplo. Más allá de las personas, se trata de la justicia.


"Recuperar aquel proyecto del Juicio a las Juntas es una meta ambiciosa pero imprescindible para aspirar a construir una democracia republicana" .

#JUSTICIA 31

Luis Alberto Romero Miembro del Consejo de Administración de FUDESA (Fundación

Universidad de San Andrés). Historiador e investigador principal

del CONICET.

Investigador Principal del CONICET, en el Instituto Ravignani de la Uni-

versidad de Buenos Aires. Enseña en los Posgrados de la Universidad Di

Tella y FLACSO. Se desempeñó como profesor titular de la Universidad de

Buenos Aires y director del Centro de historia Política de la Universidad

Nacional de San Martín (2005-2011). Recibió las becas Guggenheim y

Antorchas, y el Premio Konex de historia.

"Con la ley de Obediencia Debida el Juicio a las Juntas perdió significación frente a una larga claudicación del Estado ante a los militares".

contribución a la Justicia es más escasa todavía: solo convalidan la tradicional idea que sus fallos se subordinan al poder político. En cuanto a la memoria, sirvió para exaltar su dimensión menos adecuada para una democracia institucional. Como en muchos otros terrenos, el Gobierno llevó al Estado a colocarse en las antípodas de lo que fue, o quiso ser, desde 1983. Pero algo queda de aquellos juicios: su ejemplo. Más allá de las personas, se trata de la justicia. Recuperar aquel proyecto es hoy una meta ambiciosa pero imprescindible para quienes aspiran a construir una democracia republicana. I


Lo exhibido en esta parte de la audiencia constituye tan sólo una muestra, por cierto que significativa, pero muestra al fin, de lo que ocurrió en el país durante el período 1976/1982 a una escala infinitamente mayor. Tales hecho, señores jueces, ocurrieron en todo el territorio nacional, de norte a sur, de este a oeste.

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Este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después.


"Faltan grandes acuerdos sobre qué queremos de la Justicia y cómo debe funcionar"El papel del Poder Judicial y su vinculación, en algunos tramos conflictiva, con el poder político; la llamada "democratización" de la Justicia; el rol de la Corte Suprema en la última década y el avance de los procesos que juzgan los crímenes cometidos en la última dictadura fueron algunos de los temas que abordaron los juristas y politólogos Marcelo Alegre (Universidad de Buenos Aires), Paula Litvachky (Centro de Estudios Legales y Sociales), Gustavo Maurino (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), Álvaro Herrero (Laboratorio de Políticas Públicas) y Marcelo Leiras (Universidad de San Andrés).

"Justicia" se pide en movilizaciones callejeras, en la esquina de un barrio, en la puerta de un juzgado, en las redes sociales, en un partido de fútbol, frente al Congreso Nacional o la Casa de Go-bierno. En un bar, ubicado justo frente al edificio de Tribunales, la misma palabra es parte de una conversación.

Marcelo Leiras: Me interesa analizar al Judicial como un poder político y a la llamada "democratización" de la Justicia como una iniciativa del Frente para la Victoria que resultó fallida pero que, de todos modos, es una cuenta pendiente en la Argentina. ¿Con-cuerdan en que la Justicia necesita ser democratizada? ¿Por qué fracasó como iniciativa?

Álvaro Herrero: hay amplios consensos acerca de la necesidad de democratizar la Justicia. Desde hace años hay discusiones

fuertes con respecto a cómo hacer más participativo al Poder Judicial, más transparente, que rinda cuentas a la sociedad y, además, que genere la posibilidad de que todos los sectores puedan acceder al empleo judicial, al que históricamente siem-pre accedieron los mismos que llegaban a ser senadores o di-putados, parte de la elite económica y política. En cuanto a la "democratización" de la Justicia, creo que resultó importante

la aparición de la agrupación "Justicia legítima". hace muchos años, junto a Paula, empezamos a armar una agenda de temas de independencia judicial y nos preguntamos cómo encontrar un grupo de jueces democráticos, progresistas y que den discu-siones desde la estructura judicial. La aparición de "Justicia legí-tima" generó un terremoto. Sin embargo, es bueno pensar si la agrupación evolucionó de la manera esperada, si se convirtió en un espacio que apoya reformas o si su agenda coincidió demasia-do con el gobierno kirchnerista hasta terminar polarizando con los sectores más conservadores.

Marcelo Leiras: Es muy interesante que la aparición de un grupo en un poder del Estado genere un movimiento tan grande. Por-que si bien el pluralismo es aceptable en cualquier otro ámbito, en la Justicia despertó mucho resquemor.

Paula Litvachky: "Justicia legítima" surgió de la necesidad de disputar un espacio en la Asociación de Magistrados. Creo que la experiencia todavía está por construirse, que es muy incipiente para ver qué logró en el Poder Judicial y si se sostiene en el tiem-po. yo plantearía un punto que es una obviedad pero, al mismo tiempo, es importante para no perder de vista: la aparición de ese grupo y la politización es algo que ya existía. Me refiero a los lazos

"Tenemos que reconocer que en estos más de 30 años de democracia el Poder Judicial tuvo muchos déficits, pero también es el Poder Judicial del Juicio a las Juntas". Marcelo Alegre.

JUSTICIA Y POLÍTICA

#JUSTICIA 35


de la política con el sistema de Justicia y la Asociación de Magis-trados. Me parece que a partir de "Justicia legítima" se hizo todo mucho más explícito.

Gustavo Maurino: Tal vez la aparición de "Justicia legítima" sir-vió para realizar una distinción entre el trabajo de la Justicia y la gobernanza de la Justicia. El trabajo de la Justicia siempre tuvo estas mediaciones con el poder político y hubo jueces que traba-jaron con visiones políticas muy diversas. Pero la gobernanza de Poder Judicial, su regulación y posiciones institucionales y públi-cas fue siempre tradicional. y lo que apareció fue un intento de discusión de esa gobernanza que era difícil anticipar que habría de ocurrir. Se alinearon una cantidad de elementos que provoca-ron una eclosión. "Justicia legítima" cumplió la función de lograr conocimiento e identidad, aunque tal vez haya medido mal sus fuerzas. Resta ver si puede mantener la independencia de un mo-vimiento partidario en particular.

Paula Litvachky: "Justicia legítima" puede ser una derivación de aquel movimiento surgido al principio de la transición democráti-ca que pretendió ser, al mismo tiempo, algo similar al movimien-to "Jueces para la democracia" surgido en España después del franquismo. En Argentina estaban Carlos Nino y otros más que peleaban por una reivindicación democrática. Eran pocos pero se sostuvieron como referentes de ese espacio.

Marcelo Leiras: ¿Cuál sería el problema con la gobernanza del Poder Judicial? Visto desde afuera no es evidente esa tensión. Si tenés una Asociación de Magistrados en la que compiten varias listas, donde una gana y la otra, pierde, ¿por qué haría falta trans-formar toda la estructura?

Álvaro Herrero: Por un lado hay una especie de monopolio sin-dical. La ley le asigna a la Asociación de Magistrados derechos y beneficios, entre ellos cómo se eligen los representantes de los

#JUSTICIA 37

jueces para el Consejo de la Magistratura. Entonces surge una discusión porque, como en toda institución, hay nichos de poder y personas que la Asociación controla. En ese sentido es impor-tante que aparezcan grupos que den un debate interno, que no haya una visión única y monopólica de cómo tiene que funcionar

la Justicia. y, justamente, "Justicia legítima" vino a dar una discu-sión filosófica sobre la Justicia y la gobernabilidad, sobre cómo se reparte el poder dentro de la Justicia.

Gustavo Maurino: Un aspecto muy concreto en su impacto se relaciona con la definición de quiénes son los mediadores de la Justicia. En dichos procesos todos tienen que negociar con to-dos, pero a la hora de la negociación con la judicatura los inter-locutores conforman la estructura tradicional. Ahora encontra-mos a un grupo que dice: "Nosotros también queremos nuestra cuota de poder en esta negociación y queremos a esta candidata o a este candidato". hay un polo de poder con potencia para in-tervenir en el nombramiento de jueces y fiscales que antes no estaba y que se reconoce como impulsor legítimo de candidatos. Podría cambiar mucho la composición de todo el Poder Judicial si este grupo tiene su propia cartera de candidatos.

"La aparición de 'Justicia legítima' sirvió para realizar una distinción entre el trabajo y la gobernanza de la Justicia. Se alinearon una cantidad de elementos que provocaron una eclosión". Gustavo Maurino.


Paula Litvachky: Voy a decir algo un poco provocativo: hubo una sensación muy fuerte de que la Asociación de Magistrados se asignaba una representatividad en el Poder Judicial y un posi-cionamiento que la base no consideraba bien. Me parece que, en algún punto, apareció la crítica a una conducción antiperonista porque la Asociación de Magistrados estuvo históricamente vin-culada a otros partidos. Me parece que por abajo hubo una de-manda concreta acerca de por qué la Asociación de Magistrados habla en nombre de muchos que no nos sentimos representados.

Gustavo Maurino: ¿Llegarías a decir que "Justicia legítima" es "Justicia peronista"?

Paula Litvachky: No digo que es peronista, digo que no es an-tiperonista. y creo que hay un componente importante de fun-cionarios judiciales que tuvieron un acercamiento a partir del kirchnerismo, que no se sentían cómodos con otras expresiones del peronismo y con algunos posicionamientos progresistas de centro-izquierda que tampoco tenían referencia en la Asocia-ción de Magistrados. El corte es fundamentalmente ideológico y representa toda una expresión política. Creo que no es puro peronismo, pero hay una desmitificación que parte también del kirchnerismo y es que el peronismo, o cierta expresión del pero-nismo, es un mal en sí mismo.

Álvaro Herrero: Esto de la gobernanza que estamos hablando tie-ne que ver con el poder. Porque al haber roto ese monopolio tam-bién se quiebra la hegemonía que tenía la Asociación de Magistra-dos sobre el Consejo de la Magistratura. El Consejo maneja dos cosas importantísimas: el proceso de designación y remoción de jueces, y también el presupuesto del Poder Judicial. y no es cosa menor que el kirchnerismo, cuando logra armar su propia mayo-ría, lo primero que hace es hablar de la caja y de que "al adminis-trador lo ponemos nosotros". También es justo decir que ante esta hegemonía histórica, y quizá no es políticamente comentarlo, la Corte Suprema tenía un rol muy activo. Esta discusión sindical y filosófica generó un efecto de viento sur: corrió una neblina que había sobre el funcionamiento del Poder Judicial en la práctica. Siempre se dice que la gente no tiene que saber cómo se hacen las salchichas y las leyes. Cómo se designa un juez también es algo bastante opaco. Entonces esas tensiones ponen esta cuestión de relieve. "¿Por qué no querés que designe a un fiscal o un juez de esta forma si ustedes históricamente lo hicieron igual?" Pone en relieve el mapa de actores que exceden incluso el Poder Judicial.

Paula Litvachky: El punto central del debate fue la independen-cia del Poder Judicial. Podemos discutir si fueron correctas las posiciones de cada uno, pero me parece que este tema quedó en el centro de la discusión.

Álvaro Herrero: Podemos, inclusive, discutir si es útil el concepto de la independencia judicial.

Gustavo Maurino: Me gusta entender este fenómeno más como una denuncia de impostura que de discusión filosófica. Algo así como: "Todos compartimos la misma idea de que somos actores políticos, sólo que ustedes nos venían engañando. Blanqueémoslo".

Marcelo Leiras: Desde una mirada de politólogo, tengo la sensa-ción, y por eso encuentro que fue fallido el intento de la reforma del Gobierno, que el problema de la democratización del Poder Judicial es muy parecido a la democratización de muchos ámbi-tos de la vida argentina. Por ejemplo, el sindicalismo. y es un pro-blema que también sufren los poderes políticos, sólo que como están en el diseño constitucional uno lo discute menos. hay un problema de reparto de poder. Casi todas las instituciones tienen un sesgo mayoritario marcado. No hay problema de competencia política, no hay problema de pluralismo: todo el mundo concurre a elecciones, el que gana, gana, y el que pierde, acompaña y a llo-rar a la iglesia. Ese es un problema porque, al sesgo mayoritario de la Asociación de Magistrados, la democratización de la Justi-cia le propone otro sesgo mayoritario que podría resumirse así: "Las elecciones las gano yo". El problema que no se resuelve es cómo repartir el poder del modo tal de que el que gana, gana, y el que pierde, acompaña. De lo contrario, el que gana, gana, y al que pierde le tiramos algo para que participe de la discusión.

Paula Litvachky: Coincido, pero en algún momento tenés que trabajar para la construcción de ese poder específico. "Justicia legítima" perdió las elecciones, entonces no hay un fenómeno mayoritario institucionalizado.

Gustavo Maurino: Pero la aspiración que tenía "Justicia legítima" era ganar todo.

Paula Litvachky: Sí, pero jugaba por afuera de la estructura. En un momento sus integrantes se dieron cuenta de que no podían. y no es que quisieron ganar todo sino tener alguna participación en la discusión. La diferencia acerca de lo que planteó "Justicia legitima" es que prefería construir socialmente, aunque expresa-do así puede ser una exageración. Ganar legitimidad política, que los candidatos se eligieran electoralmente, dar discusiones por afuera del Poder Judicial.

Gustavo Maurino: Creo que lo que decís confirmaría que el di-seño del sistema no le brindó a "Justicia legítima" los incentivos para competir desde dentro, porque las únicas alternativas son ganar todo o quedar en cero. Es muy razonable, entonces, jugar desde fuera y primero construir legitimidad para ganar luego desde dentro.

"Los acuerdos, como fueron llevándose adelante en todos estos años, sostuvieron un status quo muy complicado dentro de la Justicia". Paula Litvachky.

#JUSTICIA 39

Paula Litvachky: ¿Cómo hacés para cambiar la estructura si pen-sás que lo que tenés que hacer es una revolución interna pero, al mismo tiempo, te dan un espacio menor para actuar?

Marcelo Alegre: hubo una tendencia en el gobierno kirchnerista a empezar todo de cero. y en ese contexto observo dos proble-mas: una simplificación de la realidad y una negación de todo lo bueno que hubo en estos años de democracia. La simplificación de la realidad dividió esto en dos campos: uno conservador, aris-tocrático, etc., y otro en el que se alinearon funcionarios que sim-patizan con el kirchnerismo. Aquellos que no están de acuerdo se ven agrupados contra su voluntad con los sectores más retró-grados y conservadores que sabemos que existen en la Justicia.

Pero no es blanco y negro. Tenemos que reconocer que en estos más de 30 años de democracia el Poder Judicial tuvo muchos dé-ficits, pero también es el Poder Judicial del "Juicio a las Juntas"; el de la primera Corte Suprema presidida por Genaro Carrió, que era un filósofo de Derecho y que forzó la posibilidad de la Ley de Divorcio y declaró la inconstitucionalidad de la auto-amnistía de los jefes militares. hay más claroscuros de lo que parece. Por otra parte, es importante tener en cuenta que en estos 30 años de democracia hubo una cuasi-hegemonía de un partido político, el Justicialista, que tuvo mayoría en el Senado desde el primer día del gobierno de Raúl Alfonsín hasta ahora. Entonces es importan-te, cuando se adjudica la responsabilidad por la actual integración del Poder Judicial, que se repartan culpas proporcionalmente al

"El tratamiento del tema de las violaciones a los derechos humanos es ejemplar desde el punto de vista internacional". Marcelo Leiras.


peso político que tiene cada sector. Lo otro que hay que marcar es que esta idea de la "democratización" de la Justicia no surgió como una propuesta discutida en una campaña electoral, sino que fue una derivación de sucesivos traspiés del kirchnerismo en causas judiciales. A partir de que comenzó a perder ciertas causas judiciales apareció este discurso, que es válido, de "democratizar" la Justicia. Ciertamente necesitamos una justicia para la demo-cracia, pero eso no quiere decir que necesitamos someter a la Jus-ticia a los mismos vaivenes de la política partidaria. La alternativa no es la idea de la Justicia como un poder contra-mayoritario. El Poder Judicial no está a favor ni en contra de las mayorías, sino que está para defender a todas y cada una de las personas.

Marcelo Leiras: ¿Cuál sería, entonces, la "democratización" deseable?

Gustavo Maurino: Creo que la "democratización", tal como ha-bías mencionado en el caso de los sindicatos, en algún momento también debería alcanzar al ámbito del Congreso y desmantelar

el desastre que hay ahí. Sus falencias democráticas, en todas las dimensiones en que querramos analizarlo, como la Justicia, los sindicatos o cualquier estructura de poder institucional. La tran-sición hacia instituciones que fortalezcan la democracia y la rea-licen está muy pero muy lejos.

Marcelo Alegre: hay un problema de asimetrías. Si "democratizar" el Poder Judicial significa hacer de él un ámbito abierto a la partici-pación de las mujeres, quién va a estar en contra de eso. Pero hay una asimetría de clases porque, ciertamente, los sectores más em-pobrecidos de la sociedad no llegan ahí. hay mucho que se puede hacer en ese terreno. Creo, por ejemplo, que es muy importante el ingreso por sorteo al Poder Judicial para terminar con la fuente de clientelismo. hay mucho para avanzar, pero tenemos que resistir la idea de que "democratizar" el Poder Judicial es hacer que los jue-ces respondan a la misma dinámica política de los partidos.

Paula Litvachky: Coincido en eso, pero me parece que lo que plan-teabas como ejemplo es muy importante para mostrar algo que

#JUSTICIA 41

también se vio en la discusión actual. Tanto el Juicio a las Juntas como la Corte de Alfonsín fueron iniciativas que vinieron del sis-tema político hacia el Poder Judicial. No se trató de una transfor-mación del propio Poder Judicial. Me parece que ahí hay una clave sobre la propia discusión de la democratización de la Justicia, que es cómo se piensa la transformación, de dónde viene, de qué modo busca legitimidad. La buena experiencia de Alfonsín mostró que el propio poder político, con una agenda específica y el apoyo de alia-dos, pudo conformar el tribunal que juzgó a las Juntas. Fue el propio sistema político el que buscó en el Poder Judicial para armar un tri-bunal legítimo. y cuando pensaron en una nueva Corte, pensaron lo mismo. Me parece que en este período quedó muy instalado que la transformación viene de fuera hacia adentro. Después podemos discutir si tiene que estar o no alineada a la dinámica de los partidos políticos y cómo se evita eso. Pero es inevitable la referencia a la dinámica política de un país. El Poder Judicial es parte de eso.

Álvaro Herrero: Cuando miro la historia de los últimos 30 años percibo que todavía faltan grandes acuerdos sobre qué quere-

mos de la Justicia y cómo debe funcionar. Tuvimos cortes de cinco miembros, después de nueve, de siete, ahora de cuatro y volverá a aumentar el número. Se reformó la Justicia Federal a medias, el Consejo de la Magistratura es como un hijo al que nadie quiere reconocer, fruto del Pacto de Olivos, y entonces lo boicotean y no termina de funcionar. Como comunidad política todavía no nos pusimos de acuerdo en cuál es la estructura que queremos y cómo se resuelven las cuestiones de poder adentro del Poder Judicial.

Marcelo Leiras: Una lectura que podría hacerse es que el kirch-nerismo intervino en un sentido mayoritario porque no consiguió hacer pie en un poder que le resultó adverso, en particular en causas que le fueron sensibles. y otra lectura posible, favorable al kirchnerismo, sería que en realidad el sistema de designación de jueces funcionó como un acuerdo de varios sectores, no sólo del PJ o de algunos sectores del PJ, y de otros de la UCR, y que este especie de entendimiento funcionó como lo hizo en otros ámbitos de política, entre ellos el Pacto de Olivos. Quizás es atri-buible a ese acuerdo buena parte de la estabilidad institucional


de la Argentina y de muchos progresos. y, en un momento, el kir-chnerismo dijo: "Acá también voy a patear el tablero porque no me gusta esto". ¿Esto es verosímil? Es obvio que hay un vínculo entre la política y el Poder Judicial, pero el asunto es cómo uno quisiera administrar ese vínculo.

Gustavo Maurino: Mi percepción es que casi todas las propues-tas de "democratización" de la Justicia fueron lo menos sofistica-das y generadoras de consensos productivos. Fueron poco crea-tivas para referirse al problema que se estaba desmitificando.

Paula Litvachky: Coincido en algunas cosas, pero me parece que tampoco se puede reducir toda la agenda de reformas judiciales a ese paquete de leyes.

Álvaro Herrero: Es cierto que el paquete de leyes no resolvía ninguno de los problemas de falta de democracia en la Justicia. Me parece que las discusiones más grandes tenían que ver con la reforma al Código Procesal Penal pero que se embarró tras la muerte del fiscal Alberto Nisman. Porque hubo una coyuntura que les dio protagonismo a los fiscales que estaban a punto de perder el poder y se montaron en una movida política que les per-mitió decir: "No somos tan malos".

Paula Litvachky: Ahí hay intereses contrapuestos y es difícil con-seguir un acuerdo más instrumental. Me parece que en los mo-mentos en los cuales hay un debate sobre el funcionamiento de la Corte Suprema se necesita un acuerdo político importante para generar una estabilidad sobre un tribunal que durante estos años todos reivindicamos como bueno.

Álvaro Herrero: yo no digo estar de acuerdo sobre para qué está la Justicia, pero sí para definir grandes cuestiones estructura-les. Porque, de lo contrario, estás cambiando el sistema todo el tiempo y se vuelven juegos de muy corto plazo. También hay que desmitificar esta visión que tiene gran parte del Poder Judicial de que la independencia judicial es, por un lado, una actitud de cora-je de los jueces y, por otro lado, una obligación del poder político. Lo que tendemos a llamar independencia judicial aparece cuando el sistema político le da esa posibilidad.

Paula Litvachky: Ese es un problema cuando desde la oposición política, a la hora de dar este debate, se entiende que lo mejor es hacer una alianza táctica con lo peor del Poder Judicial. Eso también obtura todas las discusiones posibles.

Marcelo Alegre: Pero era pedirle mucho a la oposición: que sea

#JUSTICIA 43

sutil en el armado de esas alianzas cuando el kirchnerismo avisó que iba por todo.

Paula Litvachky: Los acuerdos, como fueron llevándose adelante en todos estos años, sostuvieron un status quo muy complicado dentro de la Justicia.

Gustavo Maurino: Eso es lo que caracterizó al gobierno kirchne-rista: que no abrió una negociación al momento de nombrar a los jueces de la Corte.

Paula Litvachky: No es cierto.

Marcelo Leiras: Le ofreció a la oposición candidatos que eran acep-tables. Ricardo Lorenzetti y Elena higton de Nolasco, por ejemplo.

Gustavo Maurino: Pero no tuvo que negociar.

Marcelo Leiras: No tuvo que negociar porque eligió a personas que eran aceptadas.

Gustavo Maurino: Pero hay una gran diferencia entre restringir tus opciones y no negociar, y sólo negociar.

Marcelo Leiras: Pero si te ofrezco a highton es que estoy penan-do en vos como oposición.

Gustavo Maurino: Pero lo que le pide la política es "dame uno a mí".

Paula Litvachky: Prefiero que haya estos acuerdos en los cuales la legitimidad de las personas que designás viene por otro lado.

Gustavo Maurino: Mi punto es que el kirchnerismo nunca nego-ció. Marcelo dice que pensaron en los otros pero…

Álvaro Herrero: yo no creo que pensaran en los otros sino en ellos, porque necesitaban construir legitimidad política. hace falta logra-ra acuerdos porque, de lo contrario, estás en problemas si no tenés horizontes más largos para el funcionamiento del sistema judicial.

Marcelo Alegre: "Democratizar" la Justicia para hacerla funcio-nar en la misma sintonía que una mayoría política no es lo que la Constitución quiere. Esto nos indica que el modelo de Justicia debe ser uno que se rija por nuestro modelo constitucional, que exige independencia judicial entendida de la siguiente manera: que la mayoría quiera una cosa en el Congreso es una razón tal vez necesaria y suficiente para que una ley sea aprobada. Pero como la Justicia lidia con derechos individuales, no es ni siquiera la sombra de un argumento que una determinada interpretación jurídica tenga el apoyo de la mayoría. Creo que por ahí va la idea de independencia del Poder Judicial, que tiene que ver con la idea de control. Los jueces también son control del poder político. Si responden a la misma dinámica, entonces se erosiona esa idea. Por ejemplo, el aumento de números de jueces de la Corte fue una catástrofe. Afectó durante más de una década la calidad institu-cional del país. Por eso no sería bueno instalar de nuevo ese tema.

Marcelo Leiras: Una de las formas en la que se puede entender el Consejo de la Magistratura es como reemplazo o alternativa de las audiencias para la designación de ministros en la Corte. ¿Qué función cumplen hoy las audiencias? Una especia de control ampliado, una expansión de la conversación política en la cual se propone un candidato y en la que se deja participar a otras perso-nas que formulan su opinión junto con los decisores políticos y en público. El Consejo de la Magistratura funcionó muy mal política-

"Cuando miro la historia de los últimos 30 años percibo que todavía faltan grandes acuerdos sobre qué queremos de la Justicia y cómo debe funcionar". Álvaro Herrero.


mente, tuvo un diseño muy raro y es híbrido. Me gusta más como opción un esquema en el cual la discusión se amplía tipo audiencia de la Corte. Es necesario un mecanismo de escrutinio público de los antecedentes de una persona para desempeñar una función.

Álvaro Herrero: En la práctica hay cargos clave en los cuales este tipo de audiencias pueden ayudar. No tengo una propuesta, pero veo un desajuste: un sistema político y un Poder Judicial que se resisten al Consejo de la Magistratura de una manera alevosa. De hecho, en la práctica, la Corte decide sobre cosas que la Consti-tución expresa que no debería decidir.

Paula Litvachky: Que la Corte no haya aceptado al Consejo de la Magistratura implicó que los jueces de Cámara, que son la clave del funcionamiento del sistema, le fueran a pedir cosas para generar poder de resistencia a las reformas. Entre el estamento político y el judicial resistieron los cambios para, por ejemplo, destituir jueces o sancionarlos. El caso más paradigmático es el de los sobornos que se descubrieron a partir de la investigación del homicidio del mili-tante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, cometido el 20 de octu-bre de 2010 por una patota vinculada al gremio Unión Ferroviaria. En las escuchas telefónicas realizadas en la causa surge el pedido de sobornos a los jueces de la Cámara de Casación Federal para favo-recer la situación del ex secretario general de la Unión Ferroviaria, José Pedraza. La causa judicial sufrió innumerables problemas y ex-cusaciones. Nadie quería juzgar a sus superiores. Pero con las escu-chas que había era suficiente para que el Consejo de la Magistratura mirara qué estaba pasando en Casación federal. Esa denuncia que se hizo nunca pasó de una investigación preliminar y nadie la quiso avanzar: ni los consejeros del oficialismo, ni la oposición, los jueces. Álvaro Herrero: Quizá esto sirva para ver cómo se define la agenda judicial. ¿Sin el kirchnerismo hubiéramos tenido los jui-cios de lesa humanidad en la magnitud que los tuvimos y con el

nivel de apoyo del Poder Judicial? ¿Quién puso la agenda? ¿El Po-der Judicial o el poder político? Me parece que hay un tema inte-resante que va evolucionando. En esta última década los juicios por las violaciones a los derechos humanos en la última dictadura fueron importantísimos. El kirchnerismo hizo mucho y el Poder Judicial, también.

Gustavo Maurino: Ese es un gran ejemplo para ver qué carac-teriza la agenda de los juicios y lo hace un hecho para sentirnos orgullosos. El hecho de que haya un consenso transpartidario es un gran elemento. Que se haya construido como se constru-yó toda una iniciativa de legitimación pública con los juicios y la CONADEP a tal punto que el indulto no haya triunfado. Ahí hay un punto de éxito para reproducir institucionalmente.

Paula Litvachky: hay un gran desafío que es enfrentar la resis-tencia de juzgar la responsabilidad civil en la dictadura.

Marcelo Alegre: Una dificultad en este punto es que no haya ha-bido una honesta autocrítica de la política respecto de su rol en la violencia de los 70. Los partidos políticos no dieron ese paso de reconocer su responsabilidad en la colaboración con la dictadura militar, entonces eso le quita autoridad moral para repartir cul-pas en otros sectores. Creo que es un proceso importante para entender y clarificar las responsabilidades -incluso penal- de los sectores civiles.

Marcelo Leiras: ¿Cuán al margen de la ley creen que está el país? Tiendo a ser optimista e ingenuo, pero tengo la sensación de que la legalidad organiza la vida en común bastante más que lo que se sostiene habitualmente, apoyado en la imagen de que Argentina es un país ilegal.

Marcelo Alegre Doctor en Ciencias Jurídicas por New York University

y Abogado por la Universidad de Buenos Aires.

Fue profesor invitado en las universidades Pompeu Fabra (Barcelona),

Puerto Rico y de Chile, entre otras; consultor de la UNESCO en el

Proyecto Anti-Pobreza. Pobreza y Derechos humanos y trabajó junto

a Carlos Santiago Nino en su cátedra de Filosofía del Derecho en la

UBA. Integra junto a otros investigadores el centro de estudios sobre

democracia y constitucionalismo "Igualitaria".

Marcelo Leiras Director del Departamento de Ciencias Sociales


Ph.D. en Ciencia Política por University of Notre Dame (2006). Dirige

la Maestría en Administración y Políticas Públicas de San Andrés. Es

Investigador Adjunto del CONICET, Licenciado en Sociología por la

Universidad de Buenos Aires y se desempeñó como investigador post-

doctoral en el Programa sobre Democracia de la yale University.

#JUSTICIA 45

Marcelo Alegre: Creo que estamos de acuerdo en que hay co-rrupción en todos los niveles y que es todavía de una naturaleza inaceptable. Creo que cuando Nino hablaba de un país al margen de la ley se refería a eso. El argumento de que algo es ilegal en algunos países pone fin a una discusión acá siempre genera un elemento más de análisis.

Marcelo Leiras: Es ilegal pero "lo charlamos", digamos.

Marcelo Alegre: Claro, entonces todo eso genera cierta des-orientación y falta de claridad. han pasado varios meses y toda-vía no sabemos cómo murió Nisman, por ejemplo.

Marcelo Leiras: Eso es cierto, pero quiero defender mi argumen-to optimista. Creo que el tratamiento del tema de las violaciones a los derechos humanos es ejemplar desde el punto de vista in-ternacional. Ilustra una cosa interesante de lo que estamos discu-tiendo. En ese caso muy claramente la interpretación de la ley y la reconstrucción de la legalidad no empieza en el Poder Judicial, y me animaría que tampoco en el poder político. Efectivamente el impulso de Alfonsín a esta causa fue muy significativo. Descubrió la forma de leer la Constitución para que fuera un argumento de campaña como no había escuchado nunca. Sigue siendo novedo-sa y refrescante en la política argentina. y eso fue tejiendo una interpretación de qué implica cumplir la ley, qué es tener una obli-gación, qué es un derecho y cómo protegerlo. Que después fue armando lo que hizo posible el tratamiento de las violaciones a los derechos humanos, por ejemplo. Por eso creo que, compartiendo el diagnóstico que hizo Marcelo, efectivamente los problemas de corrupción son grandes pero la trama de la legalidad en la Argen-tina es un poco más fuerte de cómo se dice habitualmente.

Marcelo Alegre: Pero quién estaba en la cabeza de los poderes

no es un dato menor. No es lo mismo la Corte de Genaro Carrió que la de Julio Nazareno. No es lo mismo la presidencia de Alfon-sín que la de Menem.

Marcelo Leiras: Pero hoy es Lorenzetti.

Marcelo Alegre: Por supuesto, y es un salto de calidad en compa-ración con las cortes de Menem. No creo que haya una sola cura para los problemas de corrupción y anomia, pero algo que ayuda es tener gente íntegra en la cabeza de los poderes. I

Gustavo Maurino Candidato a Master de la Universidad de Palermo.

Especialista en Derecho de Daños por la Universidad de Belgrano (UB)

y Abogado por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Co-fundó

e integra el Consejo Asesor de la Asociación Civil por la Igualdad y la

Justicia (ACIJ), una organización dedicada a la defensa de los derechos

de los grupos más desfavorecidos de la sociedad y el fortalecimiento de

la democracia en Argentina.

álvaro herrero Ph.D. en Ciencia Política por University of Oxford.

Master en Estudios Latinoamericanos por Georgetown University

(1999) y Abogado por la Universidad Nacional de La Plata. Fue Director

Ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), consultor del

Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Preside

desde 2014 el Laboratorio de Políticas Públicas.

Paula Litvachky Abogada especializada en temas de Justicia Penal

y Derechos Humanos.

Actualmente cursa el Doctorado en Derechos humanos de la Universidad

de Lanús (UNLA). Dirige el área de Justicia y Seguridad del Centro

de Estudios Legales y Sociales (CELS), desde donde coordina diversas

investigaciones y líneas de acción sobre Derechos humanos, Justicia y

Política Criminal. Trabajó en la Fiscalía de Política Criminal y Derechos

humanos de la Procuración General de la Nación y fue docente en las

Facultades de Derecho de las universidades de Buenos Aires y de Palermo.


A partir de este juicio y esta condena, el pueblo argentino recuperará su autoestima, su fe en los valores sobre la base de los cuales se constituyó la Nación y su imagen internacional severamente dañada por los crímenes de la represión ilegal. También este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las Fuerzas Armadas de la Nación.

#JUSTICIA 47

La transparencia y publicidadde la gestión de la Justicia

Desde hace casi una década la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) desarrolla un proceso de apertura informativa que modificó la forma en que las juezas y los jueces se comunican con la sociedad. Se trata de un cambio de paradigma en la manera de difundir las decisiones del Poder Judicial basado en la trans-parencia, el acceso a la información, la apertura informativa y la rendición de cuentas permanente.

La cara visible de este proceso comunicacional es el Centro de Información Judicial (CIJ), la agencia de noticias del Poder Judi-cial que pusimos en marcha en 2008 y que está dedicada a cubrir íntegramente online la actividad de los tribunales locales.

Dos años antes, en la Primera Conferencia Nacional de Jueces que se realizó en Santa Fe, juezas y jueces de todo el país advir-tieron que había llegado el momento de generar cambios de fon-do en el vínculo con la sociedad. había pasado lo peor de la crisis de 2001 pero no sus consecuencias; cientos de miles de causas por el "corralito" financiero se acumulaban en los despachos y hasta en los pasillos de los tribunales. Así comenzaba a gestarse un nuevo sistema de comunicación judicial. había que abrir las puertas de la Justicia a la sociedad y explicar las decisiones que tomaba de una manera clara y sencilla.

La ejecución de los cambios estuvo a cargo de la Corte Suprema. El proyecto maduró en 2008, cuando pusimos online el CIJ, un portal de noticias que difunde los fallos judiciales y la actividad del Poder Judicial con un lenguaje claro y sencillo.

En 2013 la Corte estableció que las cámaras federales o naciona-les, así como los tribunales orales, sin excepción, debían publicar exclusivamente a través del CIJ todas las sentencias, acordadas y resoluciones administrativas que suscribiesen. En aquella opor-tunidad la Corte sostuvo que "la transparencia y publicidad de la gestión de gobierno son pilares fundamentales de una sociedad democrática", y reconoció que el fundamento central del acceso a la información en poder del Estado "consiste en el derecho que tiene toda persona a conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan".

Actualmente el CIJ pone a disposición de la comunidad, de mane-

ra libre y gratuita, una base online de sentencias judiciales que se suben en la web minutos después de ser firmadas por los jueces. A mediados de mayo de 2015 la base cuenta con 407.557 resolu-ciones. Además, tiene una fuerte presencia en las redes sociales y un perfil multimedia enfocado en las transmisiones en vivo por Internet de los juicios orales, las audiencias públicas y los actos institucionales.

La información no puede ser considerada como propia del que gobierna, la posee o la genera, sino que debe ser pública y acce-sible para todos. Los jueces ya no trabajan de espaldas a la socie-dad ni hablan solo mediante sus sentencias.

El poder del CIJ es el de la palabra y de las imágenes, de la difu-sión de ideas que enriquecen el diálogo y el debate, que son pila-res de la democracia. I

Por María Bourdin

La información no puede ser considerada como propia del que gobierna, la posee o la genera, sino que debe ser pública y accesible para todos. Los jueces ya no trabajan de espaldas a la sociedad ni hablan solo mediante sus sentencias.

María BourdinDirectora de Comunicación Pública de la Corte Suprema y del

Centro de Información Judicial (CIJ) – Es Magister en Periodismo

por la Universidad de San Andrés.

"Había que salir a la calle para explicar las decisiones que tomaba el Poder Judicial de una manera clara y sencilla".

COMUNICACIÓN


La abrumadora predominancia de lo escrito, el papeleo vicio-so, la proliferación de instancias, la jerga elitista, las notifica-ciones y sentencias difíciles de comprender aun para personas con buena formación intelectual que no sean abogados, una estructura de almacenamiento de documentos físicos poco confiable en términos de seguridad y la falta de transparencia y de apertura a la sociedad, entre otras cuestiones, justifican ampliamente poner en un lugar prioritario de la agenda públi-ca a la modernización del ecosistema judicial.

En este contexto, las tecnologías de información (TI) consti-tuyen herramientas clave para mejorar la eficiencia y la efi-cacia de la actuación del Poder Judicial. No pretendo caer en los cantos de sirena de las TI, los cuales, a partir del enorme potencial de cambio que significa la utilización de estas herra-mientas, le asignan a lo tecnológico, ya sea por conveniencia o por error, una función casi mágica que solucionaría todos los problemas de gestión. Pero sí es importante reconocer que el ecosistema judicial no escapa a la tendencia general marcada por las profundas transformaciones que produce y puede pro-ducir la utilización intensiva de TI para que las organizaciones fortalezcan sus capacidades de gestión.

En la última década la gran mayoría de los éxitos de transfor-mación que experimentaron las instituciones públicas en la Argentina y a nivel internacional se logró a partir de la utili-zación intensiva de las TI, en la medida que son poderosas he-rramientas que permiten simplificar trámites, reducir costos y tiempos de espera, fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas e incentivar la participación ciudadana.

Ahora bien, la utilización de TI en las instituciones públicas es un fenómeno que trasciende ampliamente lo tecnológico. Existe una ineludible dimensión político-institucional que es necesario considerar en la medida en que el uso intensivo de TI conlleva modificar estructuras jerárquicas, replantear flujos de trabajo, rediseñar procesos, reasignar recursos humanos y transferir partidas presupuestarias, entre otras cuestiones. Es decir, utilizar TI implica en última instancia alterar el equili-brio de poder existente en las instituciones públicas. El valor de estas herramientas es innegable pero no se puede "hacer de cuenta" que los conflictos no existen, porque son constitu-

tivos de los intentos de transformación de la gestión pública.

En este sentido, el Poder Judicial tiene un largo camino por recorrer en dos dimensiones complementarias. Una, la gene-ración de condiciones para el desarrollo de la TI (infraestruc-tura, firma digital, identificación, autenticación, seguridad, estándares abiertos, protección de datos personales, capaci-tación del personal, multicanalidad, entre otras). La segunda dimensión se construye a partir de (y en paralelo con) la ante-rior, y consiste en crear y fortalecer servicios a nivel institu-cional (digitalización de datos, simplificación de trámites y de procesos administrativos, compras públicas electrónicas, pro-moción del acceso a la información pública, apertura de datos para permitir su reutilización, intercambio de información con otros ámbitos para facilitar el ejercicio de derechos). Es tan importante avanzar en estas dos dimensiones como también hacerlo desde una mirada que aporte a la consistencia y cohe-rencia sistémica.

Avanzar en estas dos dimensiones implica abordar múltiples desafíos. El peor riesgo consiste en considerar al uso intensi-vo de TI para modernizar el Poder Judicial como un proceso unidireccional que puede seguirse de manera irrestricta y sin considerar los condicionantes político-institucionales. Cons-truir un liderazgo estratégico del más alto nivel, neutralizar las resistencias al cambio, evitar la proliferación de normas y procedimientos, repensar el valor agregado de cada trámite, orientarse hacia las necesidades de los ciudadanos, gestio-nar la inherente tensión entre el dinamismo tecnológico y los plazos para las compras y adquisiciones, desarrollar una bu-rocracia de profesionales informáticos capacitados y bien re-

"Es importante reconocer que el ecosistema judicial no escapa a la tendencia marcada por las transformaciones que produce la utilización de la tecnología de la información".

La imperiosa necesidad de modernizar el Poder JudicialLas tecnologías de información constituyen herramientas clave para mejorar la eficiencia y la eficacia de la actuación de la Justicia.

Por Diego Pando

TECNOLOGÍA

#JUSTICIA 49

munerados, entre otras cuestiones, constituyen desafíos que aparecen en el horizonte.

Muchos de estos desafíos se potencian, se retroalimentan, se superponen unos a otros y terminan configurando un esce-nario complejo para la imperiosa necesidad de modernizar el Poder Judicial. y, desde ya, son desafíos que no están dados de una vez y para siempre.

El reconocimiento de estos desafíos inherentes a toda ini-ciativa de impacto basada en el uso intensivo de TI ilustra la complejidad político-institucional del fenómeno en cuestión, al mismo tiempo que sirve para llamar la atención de los ries-gos asociados a promover esfuerzos guiados pura y exclusiva-mente por la apelación a la buena voluntad de los actores del ecosistema judicial. I

"Las tecnologías de información constituyen herramientas clave para mejorar la eficiencia y la eficacia de la actuación del Poder Judicial".

Diego Pando Profesor de la Escuela de Administración y Negocios


Politólogo, Máster en Administración y Políticas Públicas por la

Universidad de San Andrés y Doctor en Ciencia Política y de la

Administración por la Universidad Complutense de Madrid (España).

Dirige el Programa de Gobierno Electrónico de San Andrés, publicó tres

libros, diversos capítulos y varios artículos en revistas especializadas en

Argentina, México, Venezuela, España y Francia. Se desempeñó como

consultor en organismos internacionales (BID, UNESCO, CAF, entre otros)

en cuestiones relacionadas a la utilización de tecnologías de información y

comunicación para fortalecer capacidades de gestión pública.


Drones y privacidad: la captura de datos personales

El uso de drones ha crecido de manera exponencial. A diario se conocen nuevas finalidades para las que pueden ser utilizados a la vez que el número de ventas de estos dispositivos aumentó notablemente.

Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de drones? En-tendemos por drone todo vehículo aéreo no tripulado, ya sea pi-lotado a distancia o plenamente autónomo o una combinación de ambas. Estos dispositivos pueden estar equipados con cámaras, micrófonos, GPS, o cualquier otro tipo de sensor que recolecte datos personales. Dos de las características principales que defi-nen a los drones son la posibilidad de ser indetectables junto con la capacidad de llegar a donde el ojo humano no llega. A esto se le suma el hecho de que pueden recolectar gran variedad de datos, de acuerdo con los sensores o cámaras con los que cuenten. De esta manera, generan un potencial riesgo a la privacidad de ter-ceros y una responsabilidad para el titular o usuario del drone. Son estas características las que dieron origen a la sanción de la Disposición 20/2015 de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (PDP).

Resulta importante recordar que la ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326) tiene como objetivo la protección de los datos personales con independencia de cuál sea el medio técnico

utilizado para su recolección y posterior almacenamiento (banco de datos, buscador en Internet, etc.) a fin de permitir al titular del dato el ejercicio de sus derechos humanos y garantizar la legiti-midad de dicho tratamiento, en una solución de equilibrio para los derechos constitucionales en juego.

En cuanto al concepto de dato personal aplicado a la imagen, cabe señalar que la Ley 25.326 define al dato personal como informa-

ción de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables. En este concepto se incluye a la imagen personal. Un video en el que se registren tomas de per-sonas en formato digital admite su tratamiento en forma organiza-da mediante programas adecuados, por lo que cabe ser conside-rado como una base de datos y, así, alcanzada por la norma citada.

Por consiguiente, y ante el riesgo que implica para las personas la recolección de sus datos personales en forma tan sigilosa e in-detectable, la PDP, órgano de control y aplicación de la Ley N° 25.326, ha dispuesto su reglamentación a fin de establecer un marco de legalidad y certeza para poder proteger la privacidad de los ciudadanos.

La nueva norma (una de las primeras en el mundo) regula la ac-tividad de los drones, disponiendo las condiciones de licitud que debe reunir la recolección de datos personales a través de aque-llos, efectuando, asimismo, recomendaciones relativas a la priva-cidad para su uso.

En primer término, cabe señalar que la disposición alcanza "aquellas actividades de recolección de datos personales que contengan material fotográfico, fílmico, sonoro o de cualquier otra naturaleza, en formato digital, realizadas mediante VANT

(Vehículos Aéreos No Tripulados) o drones, para su almacena-miento en dispositivos o cualquier otro tratamiento posterior, en los términos de la Ley Nº 25.326"1.

La recolección de datos personales a través de VANT deberá contar con el consentimiento previo del titular del dato, en con-cordancia con lo dispuesto por el artículo 5º de la Ley Nº 25.326.

Por Juan Cruz González Allonca

La magnitud del impacto dependerá, en gran medida, de la finalidad para la que se utilice, el contexto y la ubicación de su uso, así como también del tipo de tecnología montada.

TECNOLOGÍA

"Los drones pueden recolectar gran variedad de datos, de acuerdo con los sensores o cámaras con los que cuenten. De esta manera, generan un potencial riesgo a la privacidad de terceros y una responsabilidad para su titular o usuario".

1. disposición dNPdP N° 20, del 20 de mayo de 2015 (B.o. 27/05/2015).

#JUSTICIA 51

Sin embargo, en la medida que los medios tecnológicos utilizados para la recolección no impliquen una intromisión desproporcio-nada en la privacidad del titular del dato, no se requerirá su con-sentimiento. Esto aplica en varios casos, por ejemplo, la existen-cia de un interés general, situaciones de emergencia o siniestros, y eventos privados en los que los usos y costumbres hacen inne-cesario el recaudo, como podría ser un casamiento.

Otra iniciativa novedosa incorporada por la PDP en la disposi-ción citada es el requisito de un manual de tratamiento de datos para todo responsable de banco de datos que recolecte informa-ción a través de un VANT o drone.

En el manual se ha de incorporar, al menos, información relativa a la finalidad de la recolección, referencia de los lugares, fechas y horarios en los que se prevé que operarán los drones, el plazo de conservación de los datos y, en su caso, las tecnologías a utilizar para la disociación de los datos, indicando si es reversible o no y los mecanismos técnicos de seguridad y confidencialidad previs-tos, entre otros.

Asimismo, la disposición resalta las condiciones de licitud del tra-tamiento de datos de mayor trascendencia para la actividad de recolección a través de VANT: a) Los medios técnicos de recolección han de ser proporcionados,

pertinentes y no excesivos respecto de la finalidad prevista, previendo no afectar la intimidad del titular del dato;

b) Aplicar las medidas técnicas de seguridad establecidas por la PDP;c) Deber de confidencialidad de quienes accedan a la información

con motivo del tratamiento previsto; d) Medidas para el cumplimiento de los derechos del titular del dato; e) Deber de inscripción del responsable en el Registro Nacional

de Bases de Datos, en cuya oportunidad deberá denunciar las finalidades y capacidades técnicas de los dispositivos de reco-lección de datos, adjuntando copia del manual de tratamiento de datos personales.

Finalmente, se regulan dos casos de excepción, en consonancia con excepciones previstas por la Ley 25.326. El primero, en caso de que la recolección de información a realizar por los VANT sea para una finalidad científica o actividades análogas (estudios cien-tíficos, cartográficos, recursos naturales, medio ambiente, etc.), que no tengan por objeto la recolección de datos personales, sino que esta no pueda evitarse por razones técnicas. Aquí se deberá aplicar sobre dichos datos personales, en el más breve lapso que las reglas del arte lo admitan, una técnica de disociación definitiva (por ejemplo, difuminación de la imagen), de modo que no permita identificar a persona alguna mediante su tratamiento.

El segundo, en caso de utilización de los drones para fines exclusi-vamente recreativos, que recolecten datos personales de terce-ros en forma eventual, es decir, sin la finalidad de capturarlos. En

este caso no se aplicarán las obligaciones dispuestas en el texto de la disposición, sino que se deberá cumplir con una serie de re-comendaciones.

Entre las recomendaciones de privacidad se resaltan: a) El uso recreativo de drones deberá hacerse de forma prudencial, evi-tando la observación, entrometimiento o molestia en la vida y actividades de terceros; b) No podrá considerarse uso recreativo si se utiliza el drone con la finalidad expresa de recolectar datos personales de terceros; c) El operador del drone deberá tomar los recaudos necesarios para evitar la recolección de informa-ción personal y, en caso de haberlo hecho, deberá proceder a su eliminación. Las personas mantienen el derecho a la privacidad y a su imagen aun en espacios públicos; d) El operador de drones deberá extremar las precauciones para no recolectar, bajo nin-guna circunstancia, datos íntimos o de carácter sensible, como ser aquellos que puedan revelar origen racial, étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual.

Es importante enfatizar que los drones podrían agregar una di-mensión adicional a las preocupaciones sobre la privacidad de los ciudadanos, en virtud de su movilidad y persistencia, y del amplio rango dentro del cual pueden recopilar información personal, a través de las diversas tecnologías que puedan tener abordo.

En efecto, la magnitud del impacto sobre la privacidad depende-rá, en gran medida, como dijimos, de la finalidad para la que se utilice, el contexto y la ubicación de su uso, así como también del tipo de tecnología montada en los drones.

Así, esta nueva norma responde a las necesidades, no solo de las personas que quieren proteger su privacidad, sino también de las que participan de la creciente actividad económica relacionada con los drones, quienes precisan contar con un marco normativo que dé mayor previsibilidad a sus inversiones. I

"La creciente actividad económica relacionada con los drones precisa contar con un marco normativo que dé mayor previsibilidad a sus inversiones".

Juan Cruz González AlloncaDirector Nacional de Protección de Datos Personales (Ministerio de

Justicia y Derechos Humanos). Magíster en Ingeniería de Sistemas

de Información –tesis en curso (Universidad Tecnológica Nacional) y

Abogado (Universidad de Buenos Aires).2. Por el contrario, para el caso de las cámaras de videovigilancia, donde resulta más sencilla su identificación, la PdP publicó la disposición dNPdP N° 10/2015 que regula su uso, obligando, entre otras cosas, a exhibir un cartel que indique su presencia.


Todos los países del planeta, aun los más ricos y con institucio-nes efectivas, poseen una delincuencia organizada y "fallas" de Estado en sus territorios. La cooperación internacional para el desmantelamiento de estas empresas criminales requiere de una coordinación y armonización de políticas sociales, fiscales y lega-les que hoy son inexistentes en temas tan diversos como armas, drogas, migración, finanzas y medio ambiente. Esta situación de descoordinación internacional de políticas públicas sólo subsidia la expansión de empresas criminales transnacionales.

Más allá de las definiciones académicas y técnico-jurídicas, una empresa criminal transnacional es un grupo organizado de personas físicas y morales que gestiona y realiza transacciones internacionales de bienes y servicios ilegales (por ejemplo, pro-ductos de piratería y dinero falsificado), o legales (personas, automóviles, cigarrillos o joyas) a través de medios ilícitos. Las estructuras organizacionales de estas empresas poseen siem-pre una primera dimensión superior de "directorios ejecutivos", conformados normalmente por políticos y empresarios legal-mente constituidos en varios países a través de registros de la propiedad mercantil. La segunda dimensión, en tanto, está com-puesta por grupos armados internacionales dedicados a brindar protección a las estructuras económicas de la empresa criminal y a gestionar sus transacciones. Cada grupo delictivo tiene una tercera dimensión de franquicias económicas, presentes en va-rias jurisdicciones geográficas, que se abocan operativamente a implementar transacciones de bienes y servicios diversos (con-trabando de mercancías, piratería, emigrantes, armas, drogas, etc.) y a pagar cuotas a los directorios de las empresas criminales.

A través del análisis de expedientes judiciales realizados desde 1993 en 109 países de áfrica, Asia, Europa, Medio Oriente y Lati-noamérica, mis equipos de trabajo determinaron que las empre-sas criminales transnacionales operan mundialmente en el inter-cambio "frecuente" de 23 tipos de bienes y servicios; más de 300 clases de drogas ilícitas, por ejemplo, representan solo un tipo de los delitos organizados tipificados con mayor frecuencia.

En esta lista se incluyen crímenes muy variados como la trata de personas, tráfico de migrantes, venta de órganos, contrabando

de armas, delitos cibernéticos, piratería, extorsiones, secuestros y narcotráfico.

En el caso de empresas criminales latinoamericanas, la diversi-dad de delitos económicos organizados suma 22 cometidos en un total de 58 países, siendo el tráfico de material radioactivo la única excepción. Esta enorme pluralidad de mercados criminales demanda que cada grupo transnacional de mayor envergadura (como la organización mexicana Sinaloa y sus afiliados colombia-nos, la Cosa Nostra siciliana, la yakuza japonesa, la Triad china, el MKM o Rehman Dekai paquistaní o la organización rusa Vory v zakone) opere en su conjunto en todos los países del orbe. De acuerdo a reportes de actividades sospechosas emitidos por unidades de inteligencia desde 1998 hasta la actualidad, esta ex-pansión internacional ocurre con el fin de obtener insumos, entre ellos la captación de seres humanos para traficar desde los países más pobres. Luego, el objetivo es establecer infraestructuras de producción y de distribución en países con mayor capacidad eco-nómica y, finalmente, vender el producto o servicio e integrar sus capitales de origen ilícito en los 20 países más ricos del planeta. América del Norte y Europa Occidental concentran el 68% del lavado de dinero mundial.

La coordinación internacional entre Estados y organizaciones para contener este flagelo transnacional deja mucho que desear. Con raras excepciones, las sociedades civiles se encuentran ato-

"El objetivo de las organizaciones del crimen trasnacional es establecer infraestructuras de producción y de distribución en países con mayor capacidad económica. Por ejemplo, América del Norte y Europa Occidental concentran el 68% del lavado de dinero mundial".

América latina frenteal crimen organizado Para que una transición hacia democracias funcionales con controles sociales, y no sólo electorales, se traduzca en estables estados de derecho, los actores políticos (senadores, diputados, gobernadores y hasta presidentes) deben contemplar que pagarán un alto costo si no instituyen regulaciones a los propios delitos patrimoniales y electorales que los benefician.

Por Edgardo Buscaglia

SEGURIDAD

#JUSTICIA 53

mizadas y no cooperan en red. Por otro lado, los Estados normal-mente se limitan a reaccionar y coordinar en forma parcial sus actividades operativas a nivel regional con la única intención de reprimir a un pequeño rango de tipos de delitos, mayormente li-gado al tráfico drogas ilícitas, lo que genera como resultado un "boomerang" o paradoja de mayor corrupción y violencia. En los últimos diez años esta paradoja de la represión azotó a la mayor parte de los países latinoamericanos.

Toda élite político-empresarial de países en transición rara vez está dispuesta a someterse a los más mínimos controles judicia-les y patrimoniales. Sostengo desde hace años que para que una transición hacia democracias funcionales con controles sociales, y no solo electorales, se traduzca en estables estados de dere-cho, los actores políticos (senadores, diputados, gobernadores y hasta presidentes) deben contemplar que pagarán un alto costo si no instituyen regulaciones a los propios delitos patrimoniales y electorales que los benefician.

Similares o peores condiciones de inseguridad que las que vive hoy Latinoamérica se dieron en otros países tan diversos como Italia e Indonesia, donde finalmente sus élites político-empresa-riales sintieron en carne propia que el vacío de reglas de Estado, que les había permitido acumular riquezas incalculables a través de comportamientos delictivos, podría causarles un efecto boo-merang de violencia y descontrol que se devoraría a sus propias vidas y a sus capitales políticos y económicos ilegalmente acumu-lados. Es así, como por ejemplo en Italia durante los 90 del siglo pasado, que las élites político-empresariales instituyeron contro-les democráticamente acordados cuando no tienen otra salida y lo hacen bajo inmensa presión de la sociedad civil en las calles.

Estos vacíos presentes de capacidades institucionales se pueden convertir en la gran oportunidad para la región de abordar pro-gramas de cooperación internacional mucho más progresistas y menos sesgados por una torpe política "antidrogas". Por ejemplo, avanzando mucho más allá del cumplimiento con la Convención ONU contra la delincuencia organizada, la Unión Europea adop-tó desde 1995 políticas de seguridad que abarcan medidas diri-gidas al más frecuente ejercicio de 58 derechos políticos, civiles, sociales, económicos y culturales para prevenir la delincuencia organizada en áreas sociales de alto riesgo donde existe pobre-

za. Estos programas redujeron las tasas de infracciones juveniles, delitos organizados y de reincidencia criminal a niveles de entre 55% a 70% por debajo de los observados en Estados Unidos. En este contexto, el modelo de seguridad estadounidense continúa fallando mientras que el de la Unión Europea produce mejores resultados de seguridad humana.

Lamentablemente los indicadores usados en nuestra región para evaluar el éxito o fracaso en controlar a grupos criminales sólo se focalizan en determinar si aumentan o disminuyen los homicidios dolosos ligados a drogas y algunos pocos delitos organizados que afectan a las élites, como los secuestros y las extorsiones. Estas cifras de crímenes pueden descender, pero eso no significa que las empresas delictivas sean más débiles. El único indicador de resultados que realmente debería contar a la hora de demostrar que se controla a los grupos criminales transnacionales es la re-ducción consistente y sistemática en las frecuencias de todos y cada uno de los 22 tipos de delitos económicos organizados an-tes mencionados. La experiencia internacional nos indica que los países que contienen a grupos criminales requieren, a través de la reducción de estos delitos, la necesidad de desarrollar simultá-neamente políticas públicas que mejoren los controles judiciales sobre estos delitos organizados y la corrupción política al más alto nivel. Al adoptar una política de seguridad humana integral, y no sólo sesgada hacia el combate contra las drogas, los países latinoamericanos podrán focalizarse en armonizar sus medidas judiciales, económicas, sociales y regulatorias, incluyendo la re-gulación migratoria, de consumo y producción de drogas ilícitas. La decisión de implementar estas políticas de desarrollo global le permitirán a la región, recién entonces, tomar un rumbo de coo-peración y de desarrollo humano realmente sostenido. I

"La coordinación internacional entre Estados y organizaciones para contener este flagelo delictivo deja mucho que desear. Con raras excepciones, las sociedades civiles se encuentran atomizadas y no cooperan en red".

Edgardo BuscagliaProfesor Visitante del Departamento de Derecho (2013-2014).

Preside el Instituto de Acción Ciudadana (México) y dirige el

International Law and Economic Development Center,

Columbia University.


Los argentinos hemos tratado de obtener la paz fundándola en el olvido, y fracasamos: ya hemos hablado de pasadas y frustradas amnistías. Hemos tratado de buscar la paz por la vía de la violencia y el exterminio del adversario, y fracasamos: me remito al período que acabamos de describir.

#JUSTICIA 55

"Es muy difícil comparar la salud de una sociedad en medio de una enfermedad severa"

Entre libros de haruki Murakami, James Joyce, Clarise Lispec-tor, John le Carré, François Truffaut y J.D.Salinger, tres cientistas sociales conversan acerca cuáles son de los principales aspectos económicos e institucionales dejados por la administración de Cristina Fernández de Kirchner al próximo presidente como base y herencia para el crecimiento del país.

Mariana Heredia: Podemos empezar cuestionando las dos esca-las que suelen predominar en este tipo de análisis: una nacional y otra temporal. La escala nacional es problemática en la Argen-tina, porque es un país federal con muchas desigualdades. y en la escala temporal, cuando se consideran los ciclos electorales, se atribuye una plasticidad a la estructura social que no tiene. hay decisiones que se tomaron en estos años cuyos resultados se van a ver en 20 años y hay consecuencias que se viven hoy que tienen que ver con decisiones que se tomaron hace 20 años. El riesgo de adoptar el ciclo electoral como el único criterio para medir el efecto de una política social es que a veces supone que los gobier-nos de un día para el otro pueden, por ejemplo, cambiar la calidad educativa. Sin duda que pueden dar pasos significativos en este sentido, pero se trata de resultados deseables que requieren va-rias décadas de perseverancia y continuidad.

Walter Sosa Escudero: hay un problema de identificación que, lamentablemente, empeora lo que dice Mariana: a veces, so-bre todo en un país como la Argentina, es muy difícil identificar cuánto de la performance social y económica tiene que ver con decisiones de política coyuntural y con eventos agregados a nivel mundial. De hecho, una característica que tuvo el comienzo del gobierno de Néstor Kirchner, al igual que el inicio del de Carlos Menem, es que hubo algo macro que cambió. Cuando a Domingo

Cavallo le peguntaban en 1994 cuál era la política social de la con-vertibilidad, decía: “yo saqué el impuesto más regresivo que hay: la inflación”. y cuando le preguntaban a Kirchner cuál era la políti-ca social, te decía que estaba aumentando la tasa de crecimiento del país. Es lo que decía John Kennedy acerca de la marea que se lleva todos los botes para arriba. Lamentablemente ese argumen-to también funciona al revés. No es que en la inflación y en la crisis estás destruyendo la política social, porque es muy difícil medir la acción de las políticas en términos unificados.

Roxana Maurizio: La mayoría identifica en 2003 el inicio de un período de crecimiento que terminó con la crisis de principios de siglo. Pero si miramos la tasa del Producto Bruto Interno (PBI) vemos que esa tendencia comienza a mediados de 2002, casi un año antes. A partir de ahí empezamos con un nuevo ciclo ma-croeconómico que dura hasta 2007. No porque no tuvieras des-equilibrios antes, sino porque empiezan a aparecer de manera

La necesidad de pensar los derechos de una población, el acceso de sus integrantes a los servicios básicos, la educación y la salud, a conocer la veracidad de las estadísticas del Estado, a contar con las herramientas necesarias para vivir mejor. Walter Sosa Escudero, director de la Licenciatura en Economía de San Andrés, Mariana Heredia y Roxana Maurizio, investigadoras de las universidades nacionales de San Martín y General Sarmiento, respectivamente, analizaron las políticas sociales por venir, los desafíos que encarará el nuevo gobierno y cómo saldar las deudas de los últimos años.

"El 2015 fue un año de una gran oportunidad perdida ante un fin de ciclo. Tanto desde la oposición comodel oficialismo se perdió la posibilidadde hacer un balance y plantear los grandes lineamientos del país".Mariana Heredia.

EDUCACIÓN


#JUSTICIA 57

más obvia. Así como uno hace una política y los resultados no los tenés de inmediato, los desequilibrios tampoco se visualizan rá-pidamente sino que tardan un tiempo.

Walter Sosa Escudero: Con una visión cuantitativa de las cosas, si vos ponés como ancla el período 2001-2002 se hace muy difícil medir los problemas sociales. Es muy difícil comparar la salud de una sociedad en medio de una enfermedad muy severa. Siempre que hay una crisis muy grave, tanto en la hiperinflación del ’89 como en 2001, la tasa de pobreza se dispara fuerte. Si bien estoy convencido de que aumentó la cantidad de pobres, creo que no

fue tanto; lo que hubo es un problema de medición. La línea de pobreza se desplaza bruscamente pero los movimientos sociales son lentos.

Roxana Maurizio: Es interesante comparar lo que ocurrió con la hiperinflación de 1989-1990, donde hubo un salto grande de la cifra de pobreza. Sin embargo, si uno mide cuánto tardaste para que la tasa se fuera revirtiendo, fue mucho más lento el movi-miento en 2003 que a principios de los 90. había una situación previa mucho peor.

Mariana Heredia: hay que ver dónde se fija el punto de compa-ración. Porque es muy distinto si lo tomas en 1994 o en 2001. La evaluación de los 90 como década macroeconómica y sus efectos sociales no es necesariamente la misma en un caso o en el otro. La primera mitad de la década fue relativamente positiva, las conse-cuencias negativas se empezaron a observar con claridad en la segunda mitad.

Walter Sosa Escudero: Lo que revela esto es que el análisis más interesante surge entre períodos distintos. Cuando vos compa-ras contra 2001 estás utilizando un termómetro que difícilmente funcione si hay una enfermedad muy grave. Pero, por otro lado, es lo que dice Roxana: tenés en la década del 90 un fenómeno muy contundente como el desempleo, que pasó de un índice bajo a uno muy alto.

Mariana Heredia: y sin ningún tipo de red. Con un Estado que tra-taba de mantener las cuentas públicas controladas, no se instru-mentó ninguna malla de contención para ese porcentaje masivo de desempleados, algo que sí ocurriría a partir de 2002. A la hora de evaluar lo ocurrido desde entonces, en términos globales, so-bre todos los sectores de la sociedad, es posible considerar si se

agudizó o se atenuó la desigualdad. Más allá de ciertas controver-sias, hay cierto consenso de que hasta 2007 se atenuó. Si uno mira a los sectores populares, hubo avances en materia de empleo, de políticas de contención, de expansión de derechos. Si, en cambio, uno observa a la parte más alta de la pirámide social, el contraste con la década anterior es menos marcado.

Roxana Maurizio: Para que los de arriba de la pirámide sientan algún cambio necesitás políticas muy específicas. Lo otro es un poco inercia. Después de una crisis vos tenés un régimen macro diferente que te permite la posibilidad de crecer fuertemente

y, con eso, motivar una elasticidad del empleo productivo muy alta que mejoró la situación de los abajo o la clase media, depen-de cuál sea la estructura productiva. De 2003 en adelante esta estructura te permitió tener una demanda más heterogénea de fuerza de trabajo y de calificaciones que también golpeó abajo.

Walter Sosa Escudero: Es un gran desafío para la política por venir desconfiar en que las soluciones a los problemas sociales pueden estar en lo cíclico de la economía. La tasa de desempleo, por ejemplo, no aumenta mágicamente de 5 a 23 por ciento; es una barbaridad. Ni tampoco es cierto que la inflación pasa de nada a lo que está ahora en forma tan mágica. Los mecanismos de compensación social parecen funcionar de la mano de los ciclos económicos y nadie se “queja”. Ni a Kirchner ni al primer Menem le hicieron reclamos sociales muy fuertes porque los ciclos de la economía, de alguna manera, manejaban la política. El reclamo apareció cuando la tasa de desempleo se fue por arriba de 20 por ciento y la inflación crecía. Digámoslo en otros términos analógi-cos: vos te preocupás por el techo roto cuando llueve o va a llover pero, en general, como en el corto plazo no llueve, lo dejás roto. Te das cuenta de que la política social no anda cuando, justamen-te, querés que funcione.

Mariana Heredia: Una cuestión que hermana a las dos décadas pasadas es cuán sustentable fueron las conquistas que se obtu-vieron en cada caso: la estabilidad en los 90; la reactivación del empleo y la redistribución del bienestar en los 2000.

Roxana Maurizio: En la década de 2000 surgen dos subperíodos muy claros. Uno, de 2003 a 2007, y otro desde ahí hasta ahora. Si uno mira todos los indicadores de mercado del trabajo la evolución positiva que tuvimos en el primer sub-período representó una re-ducción de la desigualdad, el desempleo y la informalidad. Se nota

"Es un gran desafío para la política por venir desconfiar en que las soluciones a los problemas sociales pueden estar en lo cíclico de la economía. La tasa de desempleo, por ejemplo, no aumenta mágicamente de 5 a 23 por ciento". Walter Sosa Escudero.


clarísimo que la tasa de empleo se encuentra en el orden del 42 o 43 por ciento de 2007 en adelante. ¿Cuál es el desafío para el futuro? Un poco ya llegamos a ese futuro. En los últimos años no tuvimos mediciones de pobreza ni de inflación, pero más o menos podemos decir que rondamos el 20 por ciento de pobreza y 30 por ciento de inflación. Va a costar bastante bajar la pobreza. En los 90 viviste la etapa del desempleo y ahora la de la inflación. Creo que finalmente una cosa te lleva a la otra, porque no es cierto que es desempleo o inflación: tenés inflación y una tasa de empleo que está parada desde 2007. Con una suerte enorme la Argentina tuvo una reducción del desempleo no sólo porque hasta 2007 generó un volumen importante de empleo, sino porque la tasa de la actividad económica se mantuvo constante en contra de todos los pronósti-cos. La población económicamente activa no creció en los volúme-nes que uno hubiera esperado. Toda la generación de puestos de trabajo chupó gente del desempleo. Ese panorama no parece muy plausible que siga en el futuro. De hecho, por el estancamiento de la tasa de empleo, la desocupación aumenta y es probable que en

un contexto de crisis más profunda la población económicamente activa empiece a reaccionar. En los 90 decías que la desigualdad y el desempleo eran el costo a pagar por la modernización de la eco-nomía de los 80. Ahora, quieras o no, tenemos un poco lo mismo. Cuando el kirchnerismo salía a preguntarnos si queríamos enfriar la economía para bajar la inflación, se nos decía: “Banquemos un poco de inflación porque con eso generamos actividad económica”. Una cosa es tener 7 u 8 por ciento de inflación y otra alrededor del 30. Tarde o temprano eso socava la posibilidad de seguir creciendo sostenidamente desde el mercado de trabajo, que fue el gran pilar para las mejoras en la economía. Si bien no hubo una política social claramente por definición, el 80 por ciento de los ingresos corres-pondió a la generación del mercado de trabajo. Lo que no te da el mercado de trabajo no te lo dan las política laborales ni las sociales. Es un dato concreto de la Argentina.

Mariana Heredia: Muchas veces se insiste con que hay que reactivar la inversión porque eso supondría una reactivación

#JUSTICIA 59

del mercado de trabajo. Mi diagnóstico es un poco más con-servador: la historia ha demostrado que aunque la inversión se reactive, esto no necesariamente redunda, en lo inmediato, en mayores y mejores puestos de trabajo. De hecho, puede ocurrir todo lo contrario. La inversión puede destinarse a tecnología que permita ahorrar la contratación de mano de obra.

Roxana Maurizio: Lo que se plantea desde el lado de la inversión es que lo que hiciste fue acelerar la demanda. Lo que necesitás ahora es apuntalar la oferta para que seguir creciendo en forma sostenida y con menores niveles de inflación. En un extremo te-

nés inflación porque hay un exceso de demanda y en un contexto en el cual la población no quiere la moneda nacional. Ese es otro punto: si yo emito dinero y la gente lo recibe, no me genera in-flación, pero sí cuando la gente no quiere tener ese dinero y va rápidamente a comprar dólares. Estás en un desequilibrio macro que no sólo lo refleja la inflación sino que, como consecuencia, tenés un grado de monetización que se reduce en el tiempo. La contracara es que la población demanda dólares o bienes. La inversión lo que hace es apuntarla del lado de la oferta y decir: “Ok, nosotros también empezamos a crecer desde el lado de la oferta más sostenida para ir achicando la brecha entre oferta y

“Reconstruir el INDEC será una tarea muy complicada porque, entre otras cosas, hay que darle credibilidad”. Roxana Maurizio.


demanda”. En la medida que eso te puede reducir la inflación te genera, además, menos demanda sobre bienes durables. Mucha de esa demanda podría reducirse si no fuera que la gente nece-sita tener un recurso de valor. Es un círculo vicioso del que hay salir para ingresar en un círculo relativamente virtuoso. En ese contexto es que se supone que vas a generar empleo. Se supone pero no es una condición suficiente ni necesaria. No lo tenían en 2003 porque había una capacidad ociosa enorme, sobre todo de la industria. Ese comportamiento tan elástico explica cuán rápido se pudo crecer en muchos sectores. Fue “la etapa fácil” de aumento de producción: la industria empezó a crecer inme-diatamente después de la evaluación y el sector agropecuario estaba preparado. Las empresas que quedaron de los 90 esta-ban más que preparadas, sobre todo con un colchón que les daba protección. Todo eso fue desapareciendo poco a poco. Si mirás cuán elástico es el comportamiento de la demanda de empleo, esa elasticidad vino cayendo naturalmente porque era altísima al comienzo del período.

Mariana Heredia: Es importante decir eso. No se puede crecer al 9 por ciento indefinidamente. En gran medida el crecimiento fulgurante de los primeros años del kirchnerismo fue un rebote de la grave crisis precedente.

Roxana Maurizio: Lo que pasa es que al principio era casi un re-quisito porque necesitabas salir de una crisis profunda. Entonces era complicado pensar en qué políticas implementar para soste-ner un esquema en el largo plazo y cuáles otras en lo inmediato. Venías de una crisis social, económica y política muy profunda. Lo complicado en este país es cómo vas cambiando el rumbo de las políticas aun cuando pensás que están funcionando en el corto,

mirando el mediano y el largo plazo. Es lo mismo que le pasaba a la convertibilidad en el 95. Sobrevivió al Efecto Tequila pero cla-ramente los indicadores de desempleo marcaban otra cosa.

Walter Sosa Escudero: Se percibían como un problema finan-ciero. Pero ese es un punto recurrente que también tiene una contracara: la percepción del malestar. Cuando la economía crece nadie tiene dudas de ciertas cosas, pero cuando las cosas empiezan a estar mal hay una discusión sobre si las políticas es-tán funcionando y una especie de meta-discusión sobre cómo hacemos para hablar de eso. En algún momento, en 2007, habrá sido una discusión interesante si la tasa de inflación se iba para arriba o para abajo, y no había mucho desacuerdo en que estaba subiendo. Ahora, en algún momento entre 2007 y 2009 empieza una discusión fuerte sobre si la inflación sigue subiendo o no, y no es una discusión interesante. Es como que te pongas a discutir si el termómetro funciona cuando un chico tiene fiebre. La ausencia de política y la limitación para poder medir el efecto de las políti-cas tiene un costo adicional que es la tensión sobre la percepción de si lo que estamos haciendo está bien o no. No se entienden las causas de las cosas. Eso explica el argumento “si querés menos in-flación, olvidate de la década ganada”. Como si una cosa ocurriese a costo de la otra.

Mariana Heredia: Otra de las cuestiones pendientes, y que da cuenta de los límites de la intervención de estos años, es la calidad de los servicios públicos. Si bien podemos asociar a la desigualdad con la evolución del mercado y los ingresos, hay otra parte de la desigualdad que está vinculada con el acceso a salud, educación y seguridad de calidad. hoy, muchas de estas necesidades las re-suelve el mercado y eso le pone mucha presión a los ingresos de

Roxana Maurizio Licenciada en Economía (1995) y Magíster en Política Económica

(1997) por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad

de Buenos Aires (UBA), y Doctora en Economía por la Universidad

Nacional de La Plata (2008).

Investigadora-docente Asociada Regular de la Universidad Nacional de

General Sarmiento (UNGS) y Miembro de la Carrera de Investigador

Científico del CONICET. Categoría Adjunta. Entre sus publicaciones

más recientes se encuentra “Inestabilidad en el mercado de trabajo. Un

análisis dinámico para Argentina”, Editorial de la Universidad de La Plata;

y “Trabajadores Independientes, Mercado Laboral e Informalidad en

Argentina”, OIT, Buenos Aires.

Mariana herediaLicenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires

(1997) Diplôme d’Études Approfondies en Sociologie (DEA).

École des Hautes Études en Sciences Sociales de París (2000-

2001) y Doctora en Sociología. École des Hautes Études en

Sciences Sociales de París.

También es Investigadora asistente del CONICET con sede Instituto de

Altos Estudios Sociales (IDAES-UNSAM), donde se desempeña como

profesora adjunta concursada de la materia “Estructura y Desigualdad

Social” en la Licenciatura en Sociología. En 2015 publicó el libro “Cuando

los economistas alcanzaron el poder (o cómo se gestó la confianza en los

expertos), Siglo Veintiuno Argentina.

#JUSTICIA 61

las familias. haber focalizado la cuestión social sólo en los secto-res con necesidades más extremas y urgentes a veces nos lleva a perder de vista que la mercantilización de muchos bienes y servi-cios pone en situaciones delicadas a familias que están en el me-dio o para arriba de la pirámide social. Estas familias adquirieron una serie de responsabilidades sobre sus ingresos (la cuota del colegio de los chicos, el alquiler de la vivienda, la prepaga, etc.) y estas presiones expresan las grandes políticas pendientes de es-tos años. De hecho, aun cuando los gobiernos kirchneristas desti-naron más recursos a estos servicios que los anteriores, la calidad de la provisión no necesariamente mejoró. Se invirtió más dinero en educación y salud, no hay dudas, pero eso no se expresó en una mayor calidad de esos servicios. Por eso muchas familias siguen estando muy privatizadas, aun al costo de un esfuerzo tremendo.

Walter Sosa Escudero: Nosotros, por el hecho de vivir en el lar-go plazo de la Argentina, tenemos una visión muy monetaria de

cómo funciona el universo. Muchas discusiones sociales son en-tre derechos y precios. La década del 60 tuvo un problema con eso: si vamos a seguir mirando la plata que tiene la gente en rela-ción a lo que puede comprar posiblemente haya una parte de la política que nos estamos perdiendo. La macana de esas lecturas es que la cosa no puede empeorar. yo pongo una cloaca y a me-nos que la rompan siempre voy a estar mejor. La vuelta a la visión monetaria del mundo hizo que fuese un poco más fácil traquear los precios, los ingresos y también la cuestión social. Pero llega un momento en donde ciertas mejoras sociales no se ven si te que-dás sólo mirando ingresos y precios. Posiblemente una contraca-ra o un desafío de estos episodios de crisis de los últimos 20 años es tener visiones más finas de qué significa estar bien o estar mal en términos de educación, de redes de salud, de servicios finan-cieros para la clase media y los pobres. Esas cosas no sé si se ven.

Mariana Heredia: Se ven de una manera más cualitativa. Por-que del mismo modo que se retrocedió en la medición de cier-tas variables como la inflación no se avanzó en la producción de datos más finos para poder captar cosas vinculadas al mercado de trabajo, la salud pública, la educación. En este sentido, ciertos cambios demográficos complejizaron nuestra comprensión del bienestar. hoy se presentan dificultades en las familias de padres separados, en las cuales para el cónyuge que no vive con sus hijos resulta complejo sostener dos casas. Las estadísticas enfrentan allí nuevos desafíos: no captan bien a las familias ensambladas ni la distribución de ingresos dentro del núcleo familiar. Creo que necesitamos estos indicadores más específicos para conocer me-jor la calidad de vida de las familias.

Walter Sosa Escudero: De lo contrario se termina escondiendo el problema debajo de la alfombra. Si vos te fijas en los indicado-res duros de la tasa de pobreza, de desigualdad y desempleo al año 2009 habíamos vuelto al ‘92. Por supuesto que en muchas dimensiones no es así porque los pobres tienen una entidad. In-clusive, la performance de algunos mejoró. Entonces lo más fácil de decir es que la cuestión social es cíclica. Me parece que eso es mirar el terreno equivocado. Cuando vos te ponés a observar la estructura del mercado laboral, productiva y de servicios es ab-solutamente distinta. Para mejor o para peor es sofisticada.

Mariana Heredia: En realidad hay contrapuntos. Aumentó mu-cho la matrícula de inscripción en las escuelas en parte gracias a la Asignación Universal por hijo (AUh), a la distribución de los establecimientos y también a cierta inercia que lleva a que los chicos permanezcan más en el sistema educativo. Pero también

Walter Sosa Escudero Profesor del Departamento de Economía y Director de la

Licenciatura en Economía de la Universidad de San Andrés.

Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA),

completó estudios de posgrado en el Instituto Di Tella y es Ph.D. in

Economics, University of Illinois (1998). Se especializa en econometría

teórica y aplicada al análisis de datos sociales. Sus trabajos de

investigación se encuentran en diversas publicaciones nacionales e

internacionales. Se desempeñó como consultor en temas econométricos

para varios organismos internacionales e instituciones públicas y

privadas. Recientemente fue promovido a la clase Investigador Principal

de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico del CONICET.

Es autor, entre otros, de los libros "La Distribución del Ingreso en la

Argentina: Perspectivas y efectos sobre el bienestar" (2001), “Pobreza

y Desigualdad en América Latina. Conceptos y herramientas Analíticas”

(2013, con Leonardo Gasparini y Martin Cicowiez); “¿Qué es (y qué no es)

la estadística?, (2014, Colección Ciencia Que Ladra, Editorial Siglo xxI); y

“El Lado Oscuro de la Econometría (2015).

“Un desafío es tener visiones más finas de qué significa estar bien o mal en términos de educación, de salud, de servicios financieros para la clase media y los pobres. Esas cosas no sé si se ven”. Walter Sosa Escudero.


hay que decir que disminuyó la calidad educativa, entonces la evaluación que se haga tiene que tener estos matices y esas ex-plicaciones que remiten a temporalidades cortas y largas, a cau-sas políticas, económicas, culturales.

+ San Andrés: ¿Observan en la dirigencia política, del partido que sea, que reconozcan esta situación?

Walter Sosa Escudero: Francamente creo que no. Suponete que comprás la idea de que todo ciclo, como dicen los físicos, es ar-mónico. Entonces el ciclo político coincide con el ciclo económi-co, porque lo causa o porque es consecuencia. Pero en definitiva tiende a suceder, como ocurrió en las últimas dos décadas, que el comienzo de tu ciclo positivo en las políticas sociales coincide con el ciclo positivo de la gestión política. Entonces vos no tenés incentivos a darte cuenta. No es que decís “ahora que no llue-ve arreglo el techo”, sino que ahora que no llueve arreglo otra cosa. Entonces en el período en el cual deberías haber armado políticas sociales activas, indicadores finos y un gran monitoreo estás resolviendo, en cambio, otro problema distinto que es eco-nómico y también es político. Lamentablemente cuando el ciclo económico tienda a ir hacia un valle, el ciclo político también.

Entonces perdiste otra vez los incentivos por una razón contra-ria. Decís: “Ahora yo necesito tener algo de poder, qué me hablás de cambiar”. Sobre todo cuando los ciclos son tan marcados. hay una parte de la política que es completamente acíclica, o sea una política de largo plazo que tenga que ver más con las circunstan-cias del corto plazo y no del ciclo. Un seguro de desempleo es na-turalmente anticíclico, pero si circunstancialmente una persona queda desempleada hay que “operar”.

Mariana Heredia: yo diría que cuando uno evalúa la década en términos macroeconómicos, es evidente que el gobierno intentó controlar las principales variables. Pero en términos más desa-gregados, cuando uno mira las políticas sociales en materia de educación y salud es claro que, por la descentralización de los servicios en las provincias, las diferencias siguieron siendo muy marcadas. hay provincias ricas y bien equipadas en términos técnicos que realmente muestran una gran calidad de los servi-cios públicos, y otras que son un desastre. También hay un desa-fío de empalmar niveles de gobierno para garantizar a los distin-tos ciudadanos del país umbrales mínimos de servicios. Además de que cuenten con una moneda más fuerte, un mercado de trabajo más dinámico, etc. es necesario también que puedan ac-

#JUSTICIA 63

ceder a servicios públicos de una calidad relativamente similar y con costos semejantes.

Roxana Maurizio: hay dos puntos que son preocupantes. Uno es la calidad institucional, en general. En ese punto hubo un retroce-so enorme y la prueba más evidente y cotidiana es el INDEC. Sin embargo, uno también lo ve en el Estado. y pensando un poco en el futuro, no estoy tan segura de que sea una preocupación para el nuevo gobernante ni que los incentivos estén puestos de una manera que sea una necesidad que esa calidad institucional se vuelva a reconstruir, teniendo en cuenta que no venimos de una calidad institucional muy mala. Sobre esa base, insisto, creo que hubo un retroceso enorme. Me preocupa que la debacle institu-cional se termine naturalizando quizá porque no es un reclamo muy obvio de la sociedad.

Walter Sosa Escudero: Es que la performance de la sociedad em-pieza a ser cíclica cuando no debería ser así.

Roxana Maurizio: Eso se hizo más evidente en el último tiempo y es un dato que se puede agregar a la situación de por sí compli-cada del país.

Mariana Heredia: Tengo una mirada un poco más matizada sobre en cuánto se avanzó o retrocedió en materia de calidad institu-cional. Me parece que depende de qué ministerio o área de polí-tica se mire. Si uno atiende al Ministerio de Trabajo, por ejemplo, se generó allí un marco para la discusión de los salarios que per-mitió la realización exitosa de las paritarias. Esto permitió que, en la mayoría de los casos, los salarios acompañaran a la inflación, aunque se observe un retroceso en los últimos años. También hubo avances en el registro de los trabajadores. En materia esta-dística, se produjeron muchos datos que si bien no compensan de ninguna manera la intervención del INDEC, constituyen avances y sirven para iluminar algunos matices.

Walter Sosa Escudero: No nos olvidemos que el INDEC que to-dos defendimos en la década del 90 era un foco de crítica dura.

Roxana Maurizio: Pero había reglas más o menos conocidas o, al menos, sobre las cuales uno podía hacer críticas. hoy en día no sa-bés qué podés criticar. Reconstruir el INDEC será una tarea muy complicada porque, entre otras cosas, hay que darle credibilidad.

Walter Sosa Escudero: Tengo una mirada más optimista con res-pecto a eso. Vimos muchas instituciones sobre las que dijimos “esto no se levanta más”. Lo hicimos con la moneda, por ejemplo. En 1989 te preguntaban quién iba a querer un peso emitido por un banco argentino y, sin embargo, se logró. y otro ejemplo es la estructura del servicio bancario. En 2001 la gente decía “yo no pongo un peso más en el banco” y resulta que uno de los sectores más pujantes es el bancario.

Roxana Maurizio: Si vos necesitabas reconstruir la moneda y las otras cuestiones que mencionabas había una demanda social por que se reconstruyera. No sé si a la sociedad lo cree tan necesario.

Walter Sosa Escudero: yo confío en que la naturaleza cíclica va a sacar al problema de la inflación del medio con consecuencias peores o mejores. La parte pesimista de mi diagnóstico es que tenemos una situación institucional relativamente estable pero que se volvió cíclica para bien o para mal. Cuando tenés una tor-menta necesitas un piloto de tormenta, la macana es cuando des-pués lo dejas que aterrice.

“Las instituciones, por definición, no pueden ser cíclicas. Son reglas de juego básicas de la sociedad frente a un horizonte inamovible. Si se te vuelven endógenas significa que la situación es muy complicada y que la agenda cambia todo el tiempo”. Roxana Maurizio.


Mariana Heredia: Argentina tiene una gran capacidad de recupe-ración, pero después no puede sostener las conquistas que alcanza.

Walter Sosa Escudero: Le contagiamos a las instituciones mucho del ciclo de las cuestiones económicas y sociales.

Roxana Maurizio: Pero eso es un dato nuevo. El INDEC no se mo-dificó cuando había 20 por ciento de desempleo en los 90.

Mariana Heredia: Es cierto, pero la maraña institucional entre distintos modelos de gobierno viene casi desde la dictadura. Uno de los elementos que hacen a la degradación de la calidad institu-cional tiene una historia larga, atravesó diferentes etapas y tiene a los niveles subnacionales como principales responsables.

Roxana Maurizio: yo soy pesimista porque noto que cada vez se van pasando más ciertos límites. En los 90 también había mucho en discusión sobre la forma en que se medían las estadísticas, pero la tasa de desempleo no se modificó y era transparente. Uno sabía que de esa manera se medía y podías comparar la situación de un año a otro. Eso cambió y es un paso que no se había dado.

Walter Sosa Escudero: El costo de la ciclicidad de las institucio-nes es que el que se termina jorobando, el que no tiene como protegerse.

Mariana Heredia: y que no se recupera en un ciclo porque cada vez se arrancó desde más abajo. hay personas que hoy tienen tres generaciones de desempleados en la familia o con una rela-ción intermitente con el mercado del trabajo.

Walter Sosa Escudero: Una persona que tuvo 28 años en 2002 es una persona a la que le cayó una bomba atómica con respecto a su capital humano.

Mariana Heredia: Lo que demuestra esta última década es que es muy difícil reconstruir lo que se perdió, con lo cual el nuevo gobierno deberá tener una intervención muy cautelosa sin caer de nuevo en dicotomías como las que conocimos: para resolver el problema de la inflación no debería ser admisible generar de nuevo desempleo de masa, o para solucionar el problema de las cuentas públicas, no correspondería degradar una vez más el sa-lario de los trabajadores estatales. y si se emprenden esos cami-nos, están claras las consecuencias.

Walter Sosa Escudero: Son discusiones fascinantes y muy im-portantes que después desaparecen. y son discusiones inde-pendientes de si uno está de acuerdo o no con las leyes. Son dis-cusiones profundas y nosotros las resolvemos como país como si no lo fuesen.

Roxana Maurizio: Son como parches, pero después cuando ves cómo te queda ese sistema de parches es bastante alejado del ideal que uno quisiera. Aun con los mismos elementos, arma-dos de otra manera y con una cuota de institucionalidad, pro-bablemente tendrían otros resultados. En ese sentido hay un potencial que no se ha aprovechado de lo que ya se ha hecho. Probablemente se pueda sacar mucho más jugo que el que se sacó hasta ahora.

Walter Sosa Escudero: Uno de los desafíos institucionales es preservar el conocimiento específico y eso, cuando tenés una ins-titucionalidad floja, tiende a desaparecer y hay que reconstruirlo.

Mariana Heredia: El 2015 fue un año de una gran oportunidad perdida. Ganase quien ganase, estábamos ante un final de ciclo. Tanto desde la oposición como del oficialismo se perdió la posi-bilidad de hacer un balance y plantear los grandes desafíos y los posibles lineamientos de las políticas a seguir. hay algunos pro-blemas que estuvieron más o menos consensuados (el dólar, la inseguridad, los fondos buitre), no quedaron tan claras las alter-nativas en términos sociales, a qué costo serían enfrentados los problemas y con qué beneficios.

Walter Sosa Escudero: Fijate cómo empezamos el siglo, donde frente a la hecatombe de las instituciones las únicas institucio-nes legales eran las sociales. Muchas personas pensaban en 2002 que lo que venía era la autogestión, los movimientos autoconvo-cados, las redes sociales, etc. y no ha pasado nada de eso. Vol-vimos a la estructura clásica de hacer las cosas. El piquete y la manifestación no dejaron de ser herramientas, pero no fueron un partido político ni mucho menos. Aprendimos que a la larga la vieja mía política sigue funcionando y existiendo. Tenemos una oportunidad histórica. Terminamos un ciclo y no de manera ca-tastrófica. No se trata de desarmar una bomba sino de trabajar sobre una base.

Mariana Heredia: y de pensar más en corregir que en refundar. I

“Haber focalizado la cuestión social sólo en los sectores con necesidades más extremas y urgentes a veces nos lleva a perder de vista que la mercantilización de muchos bienes pone en situaciones extremas a familias que están en el medio o para arriba de la pirámide social". Mariana Heredia.

#JUSTICIA 65


El 10 de diciembre de 2015 será una fecha importante para Jean Tirole, economista francés de la Escuela de Economía de Toulouse (sí, donde nació Carlos Gardel): ese día se cumplirá un año de la ceremonia en la que recibió el Premio Nobel de Economía por su análisis del poder de mercado y la regulación. Ese mismo 10 de diciembre también será una fecha importante para los argentinos, pues alumbrará un nuevo gobierno cons-titucional.

Todo parece indicar que comenzará con un clima político y económico particularmente desafiante: atraso cambiario, cri-sis energética, alta inflación y recesión. En este contexto se torna cada vez más crucial el rol de los economistas aportando análisis bien fundamentados a los que tendrán que tomar deci-siones. Como bien expresó el propio Tirole en su discurso de aceptación del Premio Nobel, la responsabilidad social del eco-nomista consiste en desarrollar un análisis riguroso del funcio-namiento de los mercados, que tenga en cuenta las particulari-dades de cada industria y lo que los reguladores saben o dejan de saber, y participar en los debates de política económica.

Los últimos años no han sido particularmente prolíficos en ninguna de estas dos dimensiones y la Argentina parece haber perdido la gimnasia del debate público de ideas. Pero con un nuevo gobierno renace la esperanza: los debates que hemos postergado por demasiado tiempo deberán volver a estar so-bre la mesa, entre ellos cómo lidiar desde la política pública con empresas con poder de mercado para mayor beneficio de los consumidores.

Tanto la regulación como la defensa de la competencia son instrumentos de política pública que tienen por objetivo que el resultado del funcionamiento de los mercados se asemeje al que surgiría de un proceso competitivo, donde las empresas ganan lo mínimo necesario para que estén dispuestas a ofre-cer el bien o servicio en vez de hacer otra cosa, y donde toda ganancia de eficiencia termina eventualmente beneficiando a los consumidores. En el caso de la regulación se persigue el ob-jetivo estableciendo en forma explícita algunas variables como precios o beneficios, adoptando esquemas de incentivos apro-piados y promoviendo la competencia donde sea posible; en el caso de la defensa de la competencia, evitando que los agentes económicos abusen de posiciones de dominio en los mercados o se comporten de manera colusiva, o impidiendo fusiones de empresas que faciliten tales conductas.

Luego de años en los que en estos campos se ha privilegiado marcadamente la discrecionalidad por encima de las reglas llegará el tiempo de volver a plantear reglas para el desenvol-vimiento de las empresas en estos mercados. ¿Qué políticas deberían usar las autoridades para el mayor beneficio de los consumidores y de la sociedad en general? Revisar la larga lista de contribuciones de Tirole al análisis del poder de mercado y la regulación podría iluminar el debate que nos debemos.

Por ejemplo, en un contexto en el cual las empresas saben más que los reguladores (sobre la tecnología con la que cuentan, so-bre la demanda que enfrentan, sobre sus esfuerzos por reducir costos y aumentar la demanda, sobre las condiciones de acceso que dan a sus rivales, etc.), un primer principio básico a extraer

del trabajo de Tirole sería: reduzca la desventaja informativa con mejor recolección de datos, comparación con otras empre-sas y licitaciones competitivas. Otro: no todas las empresas son iguales; ofrezca un menú de opciones. y hay más: regule el nivel de precios; no se meta con la estructura de precios relativos a menos que esté muy seguro de que hay un problema.

Leer el muy influyente libro que Tirole escribió en 1993 con Jean-Jacques Laffont (quien seguramente hubiera comparti-do el premio Nobel si no hubiera fallecido antes), A Theory of Incentives in Procurement and Regulation, es un buen punto de partida para enriquecer este debate en particular. Pero no nos detengamos tras los primeros capítulos, los que contie-nen el análisis más normativo (cómo las cosas deberían ser): si algo hemos aprendido de las experiencias de los años '90 y de la "década ganada" es que así como hay fallas de mercado

"Si algo aprendimos de las experiencias de los años '90 y de la "década ganada" es que así como hay fallas de mercado que justifican la regulación, también existen del lado del gobierno en la implementación de las políticas sectoriales".

Un Nobel para iluminar el debateSe torna cada vez más crucial el rol de los economistas aportando análisis bien fundamentados a los que tendrán que tomar decisiones.

Por Christian A. Ruzzier

POLÍTICAS PÚBLICAS

#JUSTICIA 67

que justifican la regulación, también existen fallas de gobierno en la implementación de las políticas sectoriales (sea porque el gobierno no debería haber intervenido en primera instancia; sea porque podría haber escogido medios más eficientes para alcanzar iguales fines).

La regulación no se da en el vacío sino en un marco político-institucional particular, por lo que el análisis positivo (cómo las cosas son) también es importante. Afortunadamente, el libro trata estos temas, así que sigamos leyendo. Parafraseando al poeta alemán Bertolt Brecht, no puedo prometer sabiduría in-finita, pero sí límites al error infinito. I

Christian A. Ruzzier Profesor del Departamento de Economía de la Universidad

de San Andrés.

Ph.D., en Economía (Mención de honor) por Université Toulouse 1,

Sciences Sociales, France, 2008 y M.A., Mathematical Economics and

Econometrics por la misma Universidad. También es M.A., en Economía

por la Universidad Torcuato Di Tella y Licenciado en Economía por la

Universidad de Buenos Aires.

"Los debates que hemos postergado por demasiado tiempo deberán volver a estar sobre la mesa, entre ellos cómo lidiar desde la política pública con empresas con poder de mercado para mayor beneficio de los consumidores".


La resolución alternativa de los conflictos es una disciplina de vieja data en la Argentina y prevista en la legislación nacional. Es una herramienta creada para encontrar, en forma breve y econó-mica, soluciones antes de arribar a la instancia de un juicio. En el caso de hallar un acuerdo debe ser cumplido por las partes. Des-de su creación este mecanismo conciliador buscó generar diver-sas vías que aporten una mayor participación de las partes y, a la vez, lograr la satisfacción de los actores involucrados.

Son varios los sistemas contemplados, algunos tan antiguos que son previos a las legislaciones y que aun en el presente se siguen teniendo cada día más adeptos.

Como primera aproximación hablaremos de la mediación, la con-ciliación y el arbitraje, todos ellos con plena inclusión por el Dere-cho Positivo Argentino. De ellos el más antiguo es el arbitraje, al que simplemente podemos definir como el método rápido y efec-tivo. En la antigüedad, en todas las costas del Mediterráneo los conflictos comerciales y derivados de la navegación (retraso en la entrega de la carga o pérdida) se resolvían por arbitraje por cuan-to se privilegiaba la rapidez en el comercio y el mantenimiento de la buena relación.

Esta institución floreció desde la época de los fenicios y se acep-tó en todos los puertos a pesar de la diversidad de idiomas y de monedas.

Todas las disciplinas que integran la Resolución Alternativa de Conflictos tienen un tronco común y derivan como distintas ra-mas de un árbol frondoso. El vínculo común entre todas ellas es

la negociación, una disciplina por medio de la cual las partes se encuentran y, a través de una comunicación efectiva, sigan los pasos para lograr una resolución del tema que deje satisfecha a las partes y sostenga la relación a futuro entre ellas.

Es un proceso basado en la comunicación pero no exclusivamen-te en ella, sino en una serie de pasos en los que se deben respetar todos los elementos que integran el marco de referencia de esa negociación. Son muchísimas las variantes, tanto en el orden na-cional como internacional, privado como público. El ser humano vive negociando: con sus afectos, su grupo familiar y amigos, en el desarrollo de su tarea, en su vida. hasta Maquia-velo habló de un "estado de conflicto permanente" en el que la paz es el bien buscado y ansiado por todos. Sin embargo, incluso en los momentos de paz, le enseña al Príncipe que debe preparar-se para cuando haya un conflicto.

Las distintas civilizaciones encararon el conflicto como un pro-blema a enfrentar o, en el caso de los orientales, como una opor-tunidad de cambio. El estudio de este concepto de oportunidad ha enriquecido muchísimo las teorías de resolución de conflictos por una vía alternativa, porque los árbitros, mediadores o conci-liadores van adquiriendo en el tiempo una expertise invalorable.

Argentina, por ejemplo, ha estado envuelta en una negociación con los "fondos buitres" sobre la que se ha escrito muchísimo y a veces distorsionado. Aunque se haya olvidado, es una nego-

ciación política, uno de los campos más difíciles para la aplica-ción de cualquier teoría de Resolución Alternativa de Conflicto. En ese contexto, quienes estuvieron al frente de la discusión de-

Reflexiones sobre la resolución alternativa de conflictosLa violencia se ha enseñoreado en nuestras sociedades y se la ve en todo tipo de relaciones. La aplicación de de métodos de conciliación evita que la sociedad se mantenga en conflicto y se cree una conciencia en la convivencia pacífica.

Por Carlos Ansaldo

"Las civilizaciones encararon el conflicto como un problema a enfrentar o, en el caso de los orientales, como una oportunidad de cambio".

NEGOCIOS

#JUSTICIA 69

jaron pasar todos los plazos para su solución, que quedó en ma-nos de emisarios con una expertise desconocida. Frente a una sentencia como la que pesa en el caso de Argentina versus los "fondos buitres" la escalada se volvió infinita sin que se llegara a un acuerdo cumplible. En un escenario como éste, el tiempo es un recurso estratégico: no hay peor cosa que negociar contra el reloj.

Como institución base, la negociación ha sido estudiada y sis-tematizada por escuelas europeas, principalmente italianas y españolas. En Norteamérica, por distintas universidades, en-tre ellas la Escuela de harvard. En Latinoamérica, sin embargo, es curioso es que la aplicación de todas las teorías antedichas generaron características diferentes en los negociadores: no es lo mismo negociar en Brasil, Chile o la Argentina. A su vez es muy diferente negociar en la ciudad de Buenos Aires que en otro distrito, por cuanto las pautas socio-culturales influyen y deben ser tenidas en cuenta por las partes que van a resolver un conflicto determinado. Cada negociador debe llevar en "su mochila" esa información.

y si hablamos del mediador, su rol es escuchar y guiar a las par-tes hasta llevarlas a buen puerto. Como tercero, no impone so-luciones ni puede hacerlo. Tampoco debe obligar a una solución determinada.

El árbitro, en cambio, tiene que poseer un gran conocimiento técnico sobre el tema que tendrá que resolver a través de un proceso rápido de apreciación de las pruebas que aportarán cada una de las partes. A su vez, los actores involucrados sus-criben un compromiso porque el que se obligaban a aceptar el laudo y cumplirlo. En ambos casos – en mediación y arbitraje– lo que se privilegia es la rapidez y economía en la resolución del tema conflictual.

En la Argentina existen Tribunales Arbitrales de temas es-pecíficos, tales como Carne, Granos y Valores, entre otros. También rigen convenios internacionales por los cuales el país acepta la jurisdicción en arbitraje por asuntos de comercio in-ternacional, transporte, mercaderías, derechos intelectuales e incluso relaciones internacionales (cuestiones de límites entre naciones). Cuando las disputas entre dos países no pueden ser resueltas diplomáticamente el arbitraje probó ser una eficien-te herramienta alternativa en la conducción de las relaciones internacionales, porque la interconexión (política, legal y eco-nómica) apela a formas más efectivas y flexibles para logar una resolución en paz.

Este método de manejo internacional del arbitraje en materia de comercio, más que el juicio o la litigación en tribunales locales, ha sido el preferido en la resolución de los temas de transporte marítimo y aeronáutico durante los últimos 50 años.

Son innumerables, por ejemplo, las agencias especializadas en el ámbito de las Naciones Unidas que ofrecen una instancia de con-sulta a las partes interesadas. Allí pueden especificar los detalles de su arbitraje a través de distintas cláusulas consensuadas. La equidad es el manto que contiene, expresamente o implícita-mente, el desarrollo de todo el procedimiento. Existen tribunales famosos y pioneros como la Corte Internacional de Comercio, la Corte Internacional de La haya, la de Londres, de Beijing, de Ginebra y de Kyoto, entre otras muchas.

En todo el mundo se estudia la Resolución Alternativa de Conflic-tos de manera profunda y sistematizada, por cuanto se intenta llevar la idea de la paz de manera permanente en las relaciones de todo tipo, ya sea personales, sociales, comerciales y/o interna-cionales. Se trata de alejar a la conflictividad en la resolución de los temas. La violencia se ha enseñoreado en nuestras sociedades y se la ve en las relaciones de todo tipo. Mediante la aplicación de cualquiera de estos métodos se evita que la sociedad se manten-ga dentro los conflictos particulares que la afectan y se va crean-do una conciencia en la convivencia pacífica. I

"El ser humano vive negociando: con sus afectos, su grupo familiar y amigos, en el desarrollo de su tarea, en su vida".

Carlos Ansaldo Profesor Especialista, Centro de Educación Empresaria


Abogado y graduado de posgrados en Negociación, Mediación y Arbitraje.

Tiene un doctarado en Relaciones Internacionales y una amplia práctica

profesional como uno de los árbitros del Colegio Público de Abogados de

la Capital Federal.


En la Argentina se ha extendido enormemente el reconoci-miento de derechos en distintos ámbitos de nuestra vida so-cial. La diversidad sexual, la identidad de género, la educación sexual integral, el aborto no punible, el matrimonio igualitario, la Asignación Universal por hijo (AUh), la despenalización del consumo de drogas, el derecho a una vivienda adecuada, entre otras, son muestras de los logros alcanzados en tal sentido. Sin embargo, este reconocimiento no tuvo todavía un correlato evidente en materia de políticas públicas, donde queda todavía un largo trecho por recorrer en pos de garantizar efectivamen-te este reconocimiento.

La Declaración Universal de Derechos humanos (1948) cons-tituye un punto de inflexión en materia de distinguir los llama-dos derechos sociales, económicos y culturales.1 En un contexto de redefinición de políticas económicas y sociales, los estados de bienestar impulsaron procesos de desmercantilización que debilitaban el nexo monetario en el que se apoyaba el acceso a determinados bienes y servicios, garantizándolos independien-

temente de la participación de los agentes en el mercado de tra-bajo (Esping Andersen, 2000).2 De este modo, abrieron la puerta a los derechos a la salud, educación, alimentación, a condiciones dignas de trabajo, etc. A fines de la década del 60, el andamiaje

normativo que impulsó la extensión y el reconocimiento de los nuevos derechos se fortaleció con la Convención Americana de Derechos humanos (Pacto San José de Costa Rica, en 1969) y con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966). Ambos instrumentos marcaron la paulatina incorporación de los derechos sociales, económicos y culturales en los marcos jurídicos de los países latinoamericanos. Un cuarto de siglo después, con la reforma de la Constitución Nacional rea-lizada en 1994, la Argentina le otorgó el rango constitucional a ambos tratados, asumiéndolos como normas propias del sistema jurídico nacional.

La diferencia más importante entre este grupo de nuevos dere-chos y los ya consagrados es "la obligación estatal en la provi-sión de bienes y servicios sin los cuales el derecho se transfor-ma en una declaración de principios" (Arcidiácono y Gamallo, 2011:5). La vigencia de estos derechos se atribuye a las perso-nas, en tanto miembros de la sociedad, y exige del Estado accio-nes para garantizarlos. Es decir, reconocen al ciudadano como quien ejerce el derecho y al Estado como quien está obligado y tiene la responsabilidad de garantizarlos. En este nuevo en-cuadre jurídico el Estado adquiere nuevos deberes, funciones y obligaciones para con la sociedad y los ciudadanos, en tanto reconocen sus derechos, pueden exigir su cumplimiento (her-mida, Rossaro y Salvia, 2014).

Esta perspectiva recupera a la educación como derecho humano, haciendo referencia a la enseñanza primaria obligatoria y asequi-ble gratuitamente; enseñanza secundaria y superior accesible y progresivamente gratuita para todos; fomento de la educación fundamental para aquellos que no hayan finalizado la educación primaria; implantación de un sistema de becas; libertad de elec-ción entre establecimientos educativos; etc. En el caso argentino, si bien los artículos 14 y 14 bis de la Constitución reconocían su existencia, el derecho a la educación se amplió sustantivamente

Derechos sociales, derecho a la educación y políticas públicasA pesar de los compromisos asumidos por el Estado, el derecho a la educación se ve muchas veces vulnerado. Numerosas causas ingresan a la Justicia, la mayoría de ellas iniciadas contra los gobiernos provinciales.

Por María Mercedes Di Virgilio

EDUCACIÓN

"A pesar de los compromisos asumidos por el Estado argentino, el derecho a la educación se ve muchas veces vulnerado".

1. los derechos sociales se definen como "el derecho general de cada ciudadano a participar en los beneficios de la vida asociada, el cual se refleja en derechos específicos a determinadas prestaciones, directas o indirectas, de parte de los poderes públicos [...] es el conjunto de normas a través de las cuales el Estado lleva a la práctica su función equilibradora y moderadora de las disparidades sociales" (mazziotti 1964:804). 2. de este modo, la desmercantilización puede entenderse "como el conjunto de restricciones económicas, políticas y culturales (incluidas las de carácter ético) que limitan la entrada de bienes en la esfera mercantil, o intervenciones que extraen relaciones sociales de la misma" (Esping andersen, 1998:143).

#JUSTICIA 71

con la reforma de 1994 al adquirir los tratados internacionales estatus constitucional. Estos lineamientos se plasmaron en la Ley de Educación Nacional Nº 26.206/06, que plantea la obligación del Estado a garantizar el ejercicio del derecho constitucional de aprender. De hecho, postula que "la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado" (Artículo 2º). Asimismo, sostiene que "el Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/

as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias" (Artículo 4 º).

Sin embargo, a pesar de los compromisos asumidos por el Estado argentino, el derecho a la educación se ve muchas veces vulnera-do. Numerosas causas ingresan a la Justicia reclamando por su violación; la mayoría de éstas son iniciadas contra los Ejecutivos provinciales por el incumplimiento de sus obligaciones en mate-ria educativa (Barudi, 2011). En este marco, nuevas demandas por la educación encuentran eco en las estructuras judiciales e instituyen nuevas gramáticas de reconocimiento y definición de la demanda social. La judicialización expresa, de este modo, la lu-cha por el reconocimiento de derechos en tanto involucra a acto-res estatales, ciudadanos de a pie y organizaciones sociales que reclaman su cumplimiento y lo ejercen.

Sin embargo, ni la presencia de los derechos en la arena pública ni el activismo judicial garantizan su reconocimiento efectivo. ¿Cuáles son los cortocircuitos que estas iniciativas encuentran en su derrotero? Por un lado, las iniciativas públicas que me-dian en pos de dar respuesta a las acciones de judicialización son claramente reactivas (cf. Pautassi, 2014). Es decir, son re-acciones que se originan en respuesta a disposiciones del Poder Judicial. Por el otro, dichas iniciativas carecen de integralidad y encuentran sus límites en las pobres sinergias que existen en-tre las iniciativas que emanan desde los diferentes poderes y organismos del Estado. Cómo ampliar estas sinergias y lograr la convergencia de propósitos, contenidos e impactos parece ser el desafío para lograr el efectivo reconocimiento y ejercicio de los derechos. I

María Mercedes Di Virgilio Profesora invitada de la Escuela de Educación


Licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires (1992),

Master en Investigación en Ciencias Sociales. Facultad de Ciencias

Sociales (2000) y Doctora en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias

Sociales (2007), ambos por la UBA. Es Especialista en Organizaciones sin

Fines de Lucro y Estudios de la Sociedad Civil (1998) por la Universidad de

San Andrés y la Universidad Torcuato Di Tella.

"La judicialización expresa la lucha por los derechos cuando involucra a actores estatales, ciudadanos de a pie y organizaciones sociales".


En las últimas dos décadas la Argentina experimentó una crecien-te judicialización de la política ambiental, y por judicialización en-tendemos al mayor involucramiento y relevancia que adquieren los tribunales en la formulación, implementación y revisión de la política pública. Este fenómeno también ocurrió en otras áreas temáticas, pero en materia ambiental el proceso de judicializa-ción fue particularmente fuerte. Buena parte de los principales temas de la agenda ambiental argentina pasaron o pasan por la Justicia. El caso Riachuelo posiblemente sea el más reconocido

por el público en general, pero también otros temas claves de la política ambiental argentina, como la protección de los glaciares, de los bosques nativos, la problemática de la CEAMSE, el uso de agroquímicos, etc.; transitaron por los estrados de los tribunales.

El fenómeno de la judicialización genera una serie de preguntas interesantes. Una de ellas es por qué se judicializa una política pública, en este caso la ambiental. Mi interés no es abordar esta cuestión desde lo jurídico sino desde lo político. En este sentido, la respuesta convencional a esta pregunta fue que los "perdedo-res" (o probables perdedores) del proceso de negociación de una política son los que recurren a los tribunales porque no pueden alcanzar sus objetivos en los poderes ejecutivos o legislativos.

Esta explicación encuadra bien con la noción del Poder Judicial como un poder básicamente contramayoritario. Los actores so-ciales/políticos minoritarios plantean sus temas en la Justicia porque no pueden avanzar sus agendas en las esferas políticas, donde priman los intereses de las mayorías políticas. Desde esta

perspectiva, entonces, la judicialización de la problemática am-biental en la Argentina se debería a que los actores que promue-ven la protección ambiental no logran alcanzar sus objetivos en los ámbitos de decisión política del Estado: el Poder Legislativo y el Ejecutivo.

Esta explicación, sin embargo, no refleja enteramente lo que su-cede en la Argentina con el litigio ambiental. Cuando se analizan los casos ambientales que llegan efectivamente a las cortes en nuestro país, nos encontramos con que la mayoría de ellos trata sobre la falta de implementación o de cumplimiento de leyes o regulaciones ambientales ya existentes. O sea, actores sociales judicializan sus demandan ambientales para que organismos del Estado lleven adelante acciones tendientes a cumplir medidas ya aprobadas a nivel legislativo y/o del poder ejecutivo. En este con-texto, la judicialización funciona como una suerte de sistema de alarmas, que pone de relieve los déficits de implementación de las políticas ambientales.

En conclusión, más que desplazar a los órganos políticos como actores centrales de la negociación y formulación de la política ambiental, la judicialización en Argentina cumplió fundamental-mente el rol –clave- de poner en evidencia la incapacidad o la fal-ta de voluntad política de la elite gobernante de turno en cumplir con objetivos y compromisos de protección ambiental ya asumi-dos desde el Estado. I

La judicialización ambientalcomo un sistema de alarmas La judicialización de la problemática ambiental en la Argentina se debe a que los actores que promueven la protección de los recursos naturales no logran alcanzar sus objetivos en los ámbitos de decisión política del Estado.

Por Daniel Ryan

"La mayoría de los casos ambientales que llegan a la Justicia tratan sobre la falta de implementación o de cumplimiento de leyes ya existentes".

MEDIO AMBIENTE

Daniel Ryan Director del Área de Investigación de Fundación Ambiente

y Recursos Naturales (FARN).

Abogado por la Universidad Nacional de Córdoba y egresado del programa

de Especialización en Dirección de Organizaciones Sin Fines de Lucro de

la Universidad de San Andrés. Es PhD. en Ciencia Política de University

of Texas at Austin (Estados Unidos). Actualmente es coordinador del

Centro Regional sobre Cambio Climático y Toma de Decisiones (UNESCO-

Avina), profesor de Política Comparada sobre Temas Ambientales en

la Universidad de Palermo, FLACSO Argentina y profesor invitado en

FLACSO Quito.

#JUSTICIA 73

A partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido sino en la memoria; no en la violencia sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad: quizá sea la última.


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"El arte puede ser una reparación histórica pero no alcanza para hacer justicia"Los profesores del Departamento de Humanidades María Lía Munilla Lacasa y José Luis Galimidi dialogaron con José Emilio Burucúa, historiador del Arte y coautor del libro "¿Cómo pasaron estas cosas: la representación de masacres y genocidios?", un trabajo que analiza desde la obra de Giorgio Vasari, hace más de cinco siglos, al "Siluetazo" para simbolizar la ausencia de los desaparecidos en la Argentina.

La investigación le llevó más de una década. Cuando puso el pun-to final José Emilio Burucúa comprobó, acaso, que lo invadía un sentimiento de incertidumbre y recordó la frase que pronuncia el personaje de horacio en el V Acto de "hamlet", la obra de William Shakespeare: "Dejadme decir al mundo, aún ignorante, cómo su-cedieron estas cosas".

+ San Andrés: ¿De qué modo surgió la idea de encarar este trabajo?

José Emilio Burucúa: El interés por encarar la investigación del libro que escribimos con Nicolás Kwiatkowski, y que nos llevó a cada uno diez años, lo disparó un artículo que publicó Eduardo Grüner, convertido luego en un capítulo de su libro "El sitio de la mirada". A partir de ahí nos pareció que era necesario encarar una suerte de clasificación de las formas de representar esos traumas históricos que son las masacres. Queríamos encontrar la especificidad de cada fenómeno. Eso nos sirvió para darnos cuenta de que todos los problemas de nuestra generación se sintetizaban en esa imposibilidad de llegar a los límites de la representación, un problema con el que ya se habían enfrenta-do los antiguos historiadores y artistas: explicar las masacres y matanzas de gran cantidad de seres humanos inermes, que no podían defenderse ni remotamente infligir algún daño a quie-nes los atacaban. Lo antiguos lo dijeron en varias formas atri-buyendo, por ejemplo, el desencadenamiento de la masacre a la posesión de algún dios airado que enloquecía tanto a los per-petradores, para empezar a matar, como a las víctimas, para de-jarse matar. Otra forma fue cambiar completamente el régimen del discurso entre lo que estaba alrededor, como una especie de causa lejana del hecho y el suceso en sí, que se ubicaba de inme-diato más allá de lo que podemos llamar la cadena de causas y efectos. Como si el tejido histórico, aun el más habitado por la violencia, se hubiese quebrado. Ahí fue cuando uní mi proyecto al de Nicolás, que estaba estudiando el tema de las guerras de

religión y los enfrentamientos de ese tipo en Irlanda durante el Siglo xVII, y empezamos a precisar un poco mejor la forma de representación. Creemos haber encontrado por lo menos tres fórmulas con una gran vigencia y peso específico en la histo-ria de Occidente que se usaron de manera bastante corriente hasta comienzos del Siglo xx. Una forma es la de la cacería, que trata de asimilar la matanza de seres humanos a la de animales. La cacería a gran escala que se hacía en el mundo antiguo com-parando a los perpetradores con los cazadores y a las víctimas con los animales, tanto en lo artístico como en lo literario. La primera vez que aparece explícitamente la fórmula en la litera-tura es en un texto del Siglo I sobre las guerras civiles en Roma escrito por un griego: Appianus.

José Luis Galimidi: ¿También se representan en algunas masa-cres bíblicas?

José Emilio Burucúa: Dejamos de lado las masacres bíblicas porque son el resultado de un castigo, por llamarle de alguna manera, merecido. Cuando las tribus de Israel ocupan el suelo de la Tierra Prometida perpetran una serie de masacres que no son sólo admitidas sino ensalzadas. Nosotros preferimos partir del momento en el cual la masacre es vista como un hecho oprobioso y escandaloso.

José Luis Galimidi: Es la representación de un trauma moral y po-lítico, como si el acto de representar fuese una especie de cargo al perpetrador.

José Emilio Burucúa: Lo interesante es que en Grecia se va a dar el caso de que alguien del bando de los perpetradores relate es-candalizado lo que su propio pueblo hizo; hasta ese punto llega el rechazo a lo acontecido. La Biblia no es así, entonces por eso lo dejamos de lado. El caso bíblico forma parte de una constelación anterior que no se plantea la posibilidad de deslegitimar este tipo

ARTE


de sucesos, sino que en algunos casos considera que es un deber del monarca cometerlos, como si formara parte de su protocolo de soberano. Tenía el poder de masacrar como una forma de ren-dir tributo a la divinidad que imponía a los enemigos.

José Luis Galimidi: Pensaba, por ejemplo, que el crucificado en el frente de la iglesia es una representación de nuestro propio cri-men. Es una representación auto-inculpatoria.

José Emilio Burucúa: Claro, desde ya es así.

José Luis Galimidi: y también pensaba en el paralelo que se puede hacer entre la Décima Plaga, que es la muerte de los pri-mogénitos por parte de los egipcios, y la Matanza de los San-tos Inocentes, con la que comienza el Evangelio. La primera es considerada el castigo merecido, mientras que la segunda es un horror repudiable.

José Emilio Burucúa: La matanza de los primogénitos se asocia paradójicamente con la Cena Pascual, cuando se conmemora la

salida de los hebreos del sitio de Egipto después de que haber ocurrido esa matanza. En el caso del cristianismo, transforma automáticamente a las víctimas en los primeros mártires. Es bas-tante contradictorio porque son niños inocentes e inconscientes; no podían tomar ninguna decisión pero, a pesar de ello, con su muerte, dieron testimonio y entonces son testigos y mártires. Una vez instalado el cristianismo, el prototipo de la masacre es la de los Santos Inocentes. Entonces la forma de la cacería queda totalmente eclipsada. La de la Masacre de los Santos Inocentes es la segunda fórmula de representación que analizamos. Es una matanza estatal. Appiano, que fue un historiador romano de ori-gen griego, presentó la masacre ordenada por el Estado como el caso arquetípico de un proceso que a sabiendas comienza por afuera de la ley y después no se puede parar su ilegalidad y ho-rror. El caso de la Masacre de los Santos Inocentes es lo que va a prevalecer en el Siglo xIV. Por ejemplo, para dar cuenta de las matanzas que producen los turcos en el sur de Italia se va a echar mano a ese ejemplo. Con las guerras de religión se produce un gran punto de inflexión, porque reaparece una fórmula que se pone en circulación a partir del libro de Apiano. hay un artista francés, Antoine Caron, que realiza toda una serie de pinturas de las Matanzas del Segundo Triunvirato, y de cuya obra también va a surgir la representación, en 1573, de los protestantes víctimas de la Matanza de San Bartolomé. Se calca la escenografía y la ges-tualidad de aquellos cuadros de Caron que estaban referidos a los hechos del Segundo Triunvirato.

José Luis Galimidi: Si la representación tiene la fórmula de la de-nuncia, ¿esto implica la reivindicación de la causa del masacrado? ¿El artista suele ser el representante de los masacrados?

José Luis GalimidiProfesor adjunto a cargo de las materias de Filosofía, Historia del

pensamiento político Moderno y Fundamentos del Estado de la

Universidad de San Andrés.

Licenciado y Doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires

(UBA), Miembro del Centro de Investigaciones Filosóficas y del Comité

Editorial de Deus Mortalis, Cuaderno de Filosofía Política.

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José Emilio Burucúa: No siempre es así. A partir de un determi-nado momento lo es, pero mientras se arma o se construye la fór-mula no necesariamente. Entonces la tercera formula que apa-recerá también asociada a las guerras de religión es la infernal; la idea de representar los hechos como una escena del infierno.

María Lía Munilla Lacasa: ¿Cuándo se impone esta fórmula?

José Emilio Burucúa: En el siglo xVII. La fórmula infernal tiene, sin embargo, un gran inconveniente y es que la víctima se supo-ne que es culpable, porque nadie está en el infierno sometido a los suplicios y demonios sin haber cometido una gravísima falta. hay que independizar la idea de un lugar de terribles tormentos y padecimientos con la del castigo. El primero que lo hizo fue el padre Bartolomé de las Casas. En la "Brevísima relación de la destrucción de las Indias", publicada en 1551, dice que los espa-ñoles desencadenaron una vida infernal para sus habitantes sin que hubieran cometido falta ni pecado. Ahí aplica a las masacres americanas esta idea de un infierno inmerecido, lo que lo hace más escandaloso. Esa fórmula que Las Casas utiliza se va a con-vertir en el gran tópico y en metáfora con las ilustraciones de los grabadores para el texto lacasiano a fines del siglo xVI. Las esce-nas de matanzas de indígenas derivan de las escenas del infierno, claramente. En el plano de la pintura quienes por primera vez usan la fórmula infernal son los perpetradores para representar la Masacre de San Bartolomé. Giorgio Vasari, por ejemplo, pinta tras un encargo del Papa la sala Regia, en el Vaticano, y figura el castigo divino que hubo detrás de la Masacre de San Bartolomé. La representa como una escena infernal en la cual los perpetra-dores son las huestes de San Miguel contra los demonios, que son los protestantes, a quienes pinta con los dedos afilados, como

una especie de garra. La idea es representar la Masacre de San Bartolomé como una lucha legítima en la han sido asesinados los demonios del mundo, los protestantes.

José Luis Galimidi: Se me ocurren tres escenarios con el mismo formato. Uno, la representación de la masacre como un encar-go por parte de alguien identificado con la víctima. El segundo, a cargo de un observador neutral que en una posición de juez juzga negativamente al perpetrador. y en el tercer caso, alguien que se siente representado por el perpetrador.

José Emilio Burucúa: Ese es el último caso que mencioné. Los que hacen ese infierno son, en vida, los propios demonios.

José Luis Galimidi: ¿Una cuarta representación podría ser el auto-encargo? ¿Es decir, un arrepentido?

María Lía Munilla LacasaProfesora del Departamento de Humanidades de la Universidad

de San Andrés.

Licenciada en historia del Arte por la Universidad de Buenos Aires y

Doctora en historia por la Universidad Torcuato Di Tella. Realizó estudios

doctorales en la Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos.

Entre el 2001 y 2005 fue Directora del área de Educación y Acción

Cultural de MALBA (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires)

y tuvo a su cargo la coordinación de todos los programas educativos para

la comunidad y la apoyatura pedagógica y cultural de las exhibiciones. Es

miembro del Centro Argentino de Investigadores de Arte (CAIA).


José Emilio Burucúa: hay mucho de esta característica en el Siglo xx.

María Lía Munilla Lacasa: ¿Cómo se trasladan estas fórmulas al siglo pasado?

José Emilio Burucúa: Se usan las tres. La infernal es la que pri-mero se utiliza, pero también la de la cacería es desplegada por los perpetradores y las víctimas. Un caso es el del genocidio de los herero, en áfrica Subsahariana, cometido por los alemanes en 1904 y donde prácticamente exterminaron al pueblo here-ro. En los documentos los militares alemanes escriben que a los líderes de los que llaman los perpetradores hay que perse-guirlos, y cuando logran atraparlos les cortan las cabezas y las mandan al Museo de historia Nacional de Berlín. Estamos ha-blando de 1904. Ahí aparece la fórmula de la cacería. En el caso de los nazis también se va a usar esta forma de representación aunque extendida: no se trata de eliminar animales sino alima-ñas, que son como animales inferiores. No las cazan, sino que las exterminan con gas. Llegan a representar a los judíos como si fueran bacilos que contagian. No sé si se acuerden de una publicidad de la dictadura argentina, que era el dibujo animado de una vaca que está comiendo en el campo y de golpe, con una voz en off, aparecen "ellos", representados por unos bichos que la atacan hasta transformarla en un esqueleto viviente. Des-pués llega la intervención militar y terminan con esas alimañas. El dictador Jorge Videla no hacía otra cosa más que hablar sis-temáticamente del virus de la subversión. En ese caso se repro-duce una metáfora de la cacería llevada a un plano bacterioló-gico. Ni hablar de la fórmula infernal, que era la más usada. Los sobrevivientes de un genocidio suelen decir que se sintieron "en el infierno". Es obvio que la enormidad de lo acontecido, la forma sistemática y de larga duración, planificada capa sobre capa, que asumen los genocidios hace que no pueda pensarse en una caza. La experiencia argentina, en tanto, da dimensión a una cuarta forma de representación, que es la silueta. ya había aparecido años atrás y sirve de inspiración a los artistas que prepararon el "siluetazo". Ellos mismos declaran haberse inspi-rado en un afiche realizado por un artista polaco, Jerzy Spasky, que representó por esa vía a centenares de personas que mo-rían día a día en Auschwitz. hay otro polaco, Josef Szajna, que va a usar la silueta como representación en una instalación que le encargaron en el Museo de Buchenwald. Es una gran silueta muchas veces vacía, otras rellenada por cientos de fotos de víc-timas. Uno pierde la idea de quién es cada cual, hasta terminar viendo esa instalación como una especie de nebulosa enmarca-da por una gran silueta. Otro caso es el de Alfredo Jaar con su "Geometría de la Conciencia" en el Museo de la Memoria, de Santiago de Chile. Ese monumento magnífico que realiza en el subsuelo, un panel inmenso, todo cubierto por siluetas que no son negras sino que están iluminadas. Algunas tienen espejos, de manera que el que pasa por adelante ve que adquiere las características de algo vivo. hay un juego entre el muerto y el sobreviviente.

María Lía Munilla Lacasa: En el Parque de la Memoria o Monu-mento a las Victimas del Terrorismo de Estado hay una escultura de Boby Aizenberg, compuesta por tres silueta: un niño, un hom-bre y una mujer embarazada. Siluetas de gran tamaño.

José Emilio Burucúa: El cine también utiliza la sombra, que es la forma de la silueta. Por ejemplo, la película "Garage Olimpo" ter-mina con la escena en que van a tirar a una prisionera desde un avión al mar, entonces el sol ilumina el interior de la nave y solo se ve su sombra.

María Lía Munilla Lacasa: Oscar Muñoz también hace una de-nuncia desde la fotografía. Crea perfiles que se desvanecen cuan-do el agua se va. ¿Responde a la misma forma de representación de la silueta?

José Emilio Burucúa: Está emparentada en una categoría que englobaría a la sombra, a la silueta, al fantasma, a la imagen que se hace presente un instante y se desvanece.

+ San Andrés: ¿Recorrió el espacio de la memoria que funciona en la ex ESMA? ¿Qué características observa y de qué modo se representa lo ocurrido en ese lugar?

José Emilio Burucúa: Creo que el mayor impacto lo genera el vacío, que paradójicamente está lleno de sentido. Pero no hay un relato canónico oficial, algo que sí hay en el Museo de la Me-moria de Chile. Siento que falta eso aunque sea para criticarlo. El espacio quedó confiado en partes a organizaciones defenso-ras de los Derechos humanos, que está muy bien que existan porque hicieron una obra social y política fundamental, pero no me parece que sean las encargadas de armar un relato histórico (NdE: Esta entrevista se realizó un mes antes de que la presi-denta, Cristina Fernández de Kirchner, inaugurara el actual Museo de la ESMA). El Parque de la Memoria de la Ciudad está bien, pero no hay un guión. Es una serie de monumentos que re-presentan diferentes momentos y que buscan aclarar lo sucedi-do. No hay un guión, a menos que se tome como tal los nombres inscriptos en ese muro que termina en el Río de la Plata. Podría funcionar como una crónica porque los nombres están dispues-tos en orden por fecha.

María Lía Munilla Lacasa: Los nombres de los desaparecidos es-tán en bajo relieve, como si fuera una huella o una silueta. Quizás el nombre de la persona sea un relato en sí mismo.

José Emiilio Burucúa: Pero eso no basta. Tenemos la obligación de contar la historia.

José Luis Galimidi: Cuando se representa la masacre en cualquie-ra de las tres o cuatro fórmulas que estamos mencionando, ¿te animarías a leer una especie de pretensión por parte del agente representador de haber abarcado el fenómeno con su compleji-dad o a veces el representador está expresando su incapacidad por comprender, su angustia?

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José Emilio Burucúa: Es más el segundo caso. 'Digo las cosas hasta donde puedo decirlas, no hay una pretensión de compren-sión completa'. Sabemos que es imposible hasta en los fenóme-nos más sencillos. Creo que nadie, ni los historiadores que se ocuparon de la Shoá, pretendieron nunca dar un análisis com-pleto. Creo que es constante la referencia de estos historiado-res a su incapacidad a acceder a ciertos estratos de lo ocurrido. Después está el peligro tremendo de que usando las fórmulas

que son por definición generalizadoras no estemos cayendo en la trampa de los perpetradores, porque ellos produjeron gene-ralizaciones para definir el blanco. Son fórmulas que dan cuenta del trauma y del fenómeno colectivo, pero tenemos que pres-tarle mucha atención a la dimensión de lo individual por medio de la biografía, la documentación fotográfica, los objetos de una familia, etc.

José Luis Galimidi: Se corre el peligro de que Ana Frank termine siendo una marca registrada.

José Emilio Burucúa: La figura de esa niña es simbólica. Está muy bien, pero no es solo ella sino miles y miles y miles. Ese es otro trabajo que hay que hacer: el de dar cuenta de esas pequeñas historias, porque en lo micro también se vislumbra lo macro. En el Monumento a la Memoria de los Judíos Exter-minados por el Nazismo en Europa, que construyeron los ale-manes en Berlín, no hay identificaciones de las víctimas sino

José Emilio Burucúa Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires.

Director del Instituto de Teoría e historia de las Artes "Julio Payró".

Creador de la Maestría en Arte Argentino y Latinoamericano del

Instituto de Altos Estudios Sociales (IDAES) y director de proyectos

de Investigación del Instituto de Investigaciones sobre el Patrimonio

Cultural (IIPC).

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que están representadas por bloques, más altos o más bajos, más gruesos o más estrechos, más rectos o inclinados. Eso no te permite hacer ninguna concatenación con las historias, pero en el subsuelo del Museo aparece la escala individual. Se despliegan las historias de 16 familias a las cuales uno puede seguirles el paso de lo que les ocurrió desde la llegada de los nazis al poder. Están sus documentos, sus fotos, el itinerario que realizaron, en algunos casos sus voces grabadas, alguna película familiar… Son 16 familias de toda Europa, pero el Mu-seo tiene información de miles de familias, con lo cual podría cambiar esas historias.

María Lía Munilla Lacasa: Es la dimensión numérica de la univer-salidad. No importa cuántos, si 16, 3 ó 24 porque allí puede verse el mundo.

José Emilio Burucúa: Uno puede consultar esos archivos o bus-carlos en una pantalla. En muchos casos te conectas con el archi-

vo del Museo de yad Vashem, en Israel. Uno puede reconstruir las vidas de los familiares, de los amigos. Lo que permite recons-truir la dimensión de lo genérico.

María Lía Munilla Lacasa: ¿De qué manera aplicas estas fórmu-las en el arte argentino después del Juicio a las Juntas? ¿Dónde encontrás alguna referencia? ¿En qué artista? ¿Puede ser Juan Carlos Distéfano?

José Emilio Burucúa: Distefano es un representante de lo social anterior a la dictadura. Sus dos grandes obras, "El interrogatorio" y "El mudo", son íconos de lo que podíamos llamar el terror de Estado aunque anteriores al '76. él me dijo que el motivo de sus obras es lo que pasaba con las torturas entre el '66 y el '73. Apa-recen como francamente premonitorias. "El mudo" es una obra maestra del siglo xx.

María Lía Munilla Lacasa: "El mudo" representa la figura de un


hombre al que lo han sometido a la tortura del "submarino" y en-tonces intenta sacar la cabeza. Tiene las manos atadas atrás, pero como excavadas en la espalda.

José Emilio Burucúa: Su cara es más interrogativa que de des-esperación. '¿Qué me está ocurriendo? No hay razón para se-mejante padecimiento'. Por eso este tipo de episodios quiebran las redes de causa y efecto. Remo Bianchedi también podría

acercarse a esta fórmula en su producción de los 90. Norberto Gómez mediante sus parrillas, que intentan una representa-ción de carácter infernal. También Alberto heredia. Son con-comitantes pero no representan un arte posterior al Juicio a las Juntas. Las fotos de Gustavo Germano, que reproduce foto-grafías de familias en donde falta el integrante que fue secues-trado y desaparecido. Toma las imágenes, años después, en el mismo lugar pero deja el lugar vacío del ausente. Es el vacío, no

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es la silueta. Pero es la huella que te la da solamente la prime-ra imagen. La cuestión de la justicia es un tema que nosotros no nos hemos plantado, porque es lo que viene después de la representación. Pensamos que el trabajo que hicimos tiene una utilidad: esgrimimos argumentos, fórmulas prácticas que andan alrededor del infierno, de la cacería, el martirio y ahora las siluetas.

José Luis Galimidi: ¿El impulso humano de la representación de la masacre es una búsqueda de reparación o de denuncia? José Emilio Bucurúa: Es una reparación histórica, pero no sé si con eso alcanza para hacer justicia. Reparar en tanto que proyec-tás sentido. Es lo único que podemos hacer frente a semejantes actos. Podemos tejer una red lo más densa posible y cercana al hecho del horror. Pero hay un abismo, un hueco insalvable sobre el cual los historiadores no podemos decir nada más. I


Los argentinos tendemos a tener una actitud ambigua frente a la justicia. La deseamos en los otros, la evadimos en nosotros. Esto genera no pocas confusiones y malos entendidos en nuestra vida cotidiana y forja una dinámica que se lee de arriba hacia abajo. Nuestros gobernantes suelen mostrarnos que las reglas no están para ser cumplidas por ellos. Sí por los otros.

En la justicia yace una idea de lo propio y también de la alteridad. Quien demanda justicia sabe que no está solo: la pide a alguien. En la base de la justicia radica una tensión del nosotros común —del demos que compartimos— que precisa de herramientas que ordenen a que ese bien común no se deteriore. La justicia con-lleva una mirada sobre los otros que tienen intereses y formas, deseos y búsquedas que no son iguales a las que cada uno de no-sotros proclama o anhela.

La justicia es un proceso, no es un datum, ni una mera informa-ción. No es algo que "existe", es una búsqueda —complejísima por cierto— por dar a cada uno lo que necesario: que no es necesaria-mente dar a cada uno lo mismo.

Cada individuo tiene ideas muy diversas de lo que es una injusti-cia. No todo el mundo considera que es injusto que una persona viva en una casilla de madera o que un niño de 7 años muera por sobredosis de paco. De modo que la justicia no está fuera de discusión: es la discusión. En efecto, gran parte de nuestras disputas políticas están dadas por negociaciones y discusiones para establecer aquello que es justo. En esos límites, se nos jue-ga la vida.

Estas discusiones en países como la Argentina se tensan por los avances que existen por ordenar y sesgar los actos del Poder Ju-dicial encargado de tramitar esa justicia. Este Poder es —léase, "debería ser"— independiente. En los últimos años hemos visto la intervención por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo que intentaban contener el comportamiento de ese tercer poder, so-bre todo en el fuero federal pero también en la Corte Suprema. La muerte del fiscal Nisman y luego los embates a Carlos Fayt, juez de la Corte, han mostrado esta intencionalidad de intervenir y moderar el lenguaje de la justicia.

Estos embates son una referencia para la ciudadanía que obser-va los intentos por influir, primero, y torcer el rumbo, después. El mensaje es claro y nada sutil: la justicia no debe investigar al po-der. Debe mantenerse al margen de su mirada, aún cuando haya datos más que elocuentes que indican que ese poder ha tramita-do actos de corrupción con ganancias inexplicables. Este mensaje excede el ámbito de las palabras y se traslada a otros espacios. El "vamos por todo" es una amenaza terminante en un sistema de-mocrático. Es simple la ecuación: si algunos van por todo, a otros les quedará la nada.

Esto es grave. Por un lado, porque erosiona nuestra posibilidad de acceder a la verdad en cuestiones que están vinculadas con los asuntos públicos. Por otro, porque esa justicia no es ciega: negocia y se deja influir de muy diversos modos. La corrupción de ciertos jueces, además de una falta de ética profesional, es un enorme daño a la esperanza social por justicia. Esto genera el descrédito de las instituciones y permite una lectura pesi-mista del ciudadano medio que no tiene acceso a esas seccio-nes del Estado.

Así, para muchos argentinos la justicia (la injusta, esa que hace zafar a los malandras) es un bien de lujo. Allí es donde poder, di-nero y justicia se prostituyen y se abrazan dejando a millones de personas huérfanas, a la intemperie del "sálvese quien pueda".

En la Argentina parece ser verdad aquella expresión de Fran-cisco de Quevedo: "Donde hay poca justicia es un peligro tener razón". I

Donde hay poca justiciaes un peligro tener razónCada individuo tiene ideas muy diversas de lo que es una injusticia. No todos consideran que es injusto que una persona viva en una casilla de madera o que un niño muera por el paco. De modo que la justicia no está fuera de discusión: es la discusión.

Por Nicolás José Isola

REFLExIONES

Nicolás José Isola Profesor y Licenciado en Filosofía, Especialista y Magister

en Educación por la Universidad de San Andrés y Doctor

en Ciencias Sociales.

Fue consultor en el IIPE-UNESCO y ganó numerosas becas. Escribe

habitualmente columnas en los diarios La Nación, El País de España y Folha

de São Paulo.

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"La ética se basa en que la existencia de uno y alguien diferente es una ilusión. Hay una sola vida. Todo lo que uno hace para otro lo está haciendo para sí mismo". mischa cotlar, Ética y ciencia, universidad central de Venezuela, 19/1/2004.

Mischa Cotlar fue la persona más coherente con sus principios que conocí. Este matemático autodidacta y de mente brillante se destacaba por su extrema humildad y por la profunda sensibili-dad que demostraba hacia el prójimo.

Cotlar nació en 1912 y vivió hasta los 16 años en Ucrania, su país natal, en el seno de una familia judía. Asistió un solo año a la escuela primaria, pero adquirió su formación básica de la impor-tante biblioteca de su padre, que lo incentivó por el amor que le transmitió hacia la música y la matemática. En 1928, emigró con su familia a Uruguay ("mi padre tuvo la intuición de que algo iba a pasar" con el ascenso político de Adolf hitler, contó en una entre-

vista con Adrián Paenza). En Montevideo, debido a la complicada situación económica familiar, trabajó como pianista en bares noc-turnos situados en la zona del puerto. Su padre, que era un hábil ajedrecista -aunque trabajaba vendiendo diarios en una esquina- ganó un torneo organizado por la Sociedad Uruguaya de Ajedrez. Así fue como conoció al matemático, y también ajedrecista ama-teur, Rafael Laguardia, a quien le presentó a su hijo. Laguardia, impactado por los resultados que había logrado Mischa en el área

de Teoría de Números, lo invitó a participar de su seminario de estudio y, tiempo después, le ofreció el dictado de un curso de esa temática en la Facultad de Ingeniería, pese a que Cotlar no tenía título universitario (tampoco secundario y primario).

Mischa se mudó a Buenos Aires en 1935 tras los pasos del céle-bre matemático español Julio Rey Pastor. Ahí conoció a una es-tudiante rusa, yanny Frenkel, con la que se casó en 1938 y que fue su compañera inseparable desde entonces. ya dedicado al Análisis Armónico y el Análisis Funcional, comenzó a publicar sus resultados e instalarse como un referente en la comunidad mate-mática argentina. Sin embargo, la falta de un título le impedía la obtención de cargos académicos.

En 1950, viajó a Estados Unidos luego de recibir una beca Gu-ggenheim que le gestionaron prestigiosos académicos. Allí fue admitido como alumno doctoral en la Universidad de Chicago. Tres años después, y con casi 30 artículos publicados, obtuvo a los 40 años su primer diploma: Ph. D. in Mathematics. De regreso al país fue profesor en la Universidad de Cuyo y años después se incorporó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) durante la co-nocida "época de oro" de la institución. Allí permaneció hasta que en 1966, tras "La Noche de los Bastones Largos", renunció y tuvo que emigrar. Luego de desempeñarse en numerosas universida-des de distintos países, a partir de 1974 se estableció en la Uni-versidad Central de Venezuela, donde desarrolló una importante tarea en la formación de investigadores científicos. Sin embargo, periódicamente, y siempre que las condiciones políticas fueran propicias, regresaba a la Argentina porque consideraba al país como su hogar. "Toda la gente que encontré en el país me trataba de ayudar", destacaba. Sus últimos años los pasó en Buenos Aires, donde murió el 16 de enero de 2007.

En su carrera se transformó en un activo promotor de la respon-sabilidad social de los científicos. En 1961, fue uno de los funda-dores de la Sociedad Argentina por la Responsabilidad Social de la Ciencia. Durante el Congreso Internacional de Matemática de Estocolmo, en 1962, leyó una carta enviada por Bertrand Russell

Mischa Cotlar: La ética en un matemático que nunca traicionó sus idealesEntendía que la ética y la ciencia tenían el mismo objetivo con aplicaciones a campos diferentes. Veía al otro como parte de uno mismo. Si bien respetaba la diversidad, se oponía fuertemente a la acumulación desmedida y a la violencia en cualquiera de sus formas.

Por Verónica Dimant

CIENCIAS

"Era vegetariano, incapaz de pisar una hormiga y donaba parte de su sueldo para becar estudiantes. Para él todos merecían aprender y eran capaces de hacerlo".


en la que instaba a los matemáticos a no cooperar con la indus-tria bélica. Fue uno de los editores de Columna 10, una revista dedicada al análisis del impacto de la ciencia y la tecnología en la política internacional. En 1988, Mischa participó en la redacción del Juramento de Buenos Aires, un compromiso ético para el uso de la ciencia en favor de la paz y al que adhieren la mayoría de los egresados de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA) cuando juran al graduarse. En sus últimos años de vida se abocó al Proyecto para la Preservación de la Unidad Ciencia-ética, que depende de la Universidad de Córdoba.

Sus trascendentes investigaciones matemáticas le valieron im-portantes reconocimientos: Premio de la Academia de Ciencias de España (1950), Premio Waissman (Conicet, 1964), Premio Na-cional de Ciencias de Venezuela (1984), Miembro de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Argentina (1987), Doctorado honoris Causa (UBA, 2001), Premio Domingo Faustino Sarmiento del Senado de la Nación Argentina (2006), Premio Konex (2013 – post mortem).

La justicia, como principio moral que establece igualdad de opor-tunidades, derechos y obligaciones, guiaba no sólo su prédica ha-bitual sino también su accionar cotidiano. Era vegetariano, inca-paz de pisar una hormiga, donaba parte de su sueldo para becar estudiantes. También era humanista y pacifista.

Para él todos merecían aprender y eran capaces de hacerlo. Como docente, se entregaba con paciencia y dedicación; real-mente disfrutaba transmitiendo su "amor por la matemática". Po-día tomarse el colectivo 37 a Ciudad Universitaria exclusivamen-te para, con 83 años, responder las consultas de un estudiante y terminar agradeciéndole tan efusivamente como si el consultan-te hubiera sido él.

Su pensamiento se basaba en la doctrina Pitagórico-Platónica, que propone que la abstracción de la Matemática es la manifes-tación de la Unidad de todos los campos del universo. Entendía que la ética y la ciencia tenían el mismo objetivo con aplicaciones a campos diferentes. Veía al otro como parte de uno mismo. Si bien respetaba la diversidad, se oponía fuertemente a la acumu-lación desmedida y a la violencia en cualquiera de sus formas. "Si uno necesita lujos y placeres excesivos es porque su interior está vacío aún". No es sólo una de las frases que incluyó en el discurso que pronunció al recibir el Premio Sarmiento en el Senado: vivía con esa premisa.

Esa idea de la Unidad también aparecía en sus clases y en la for-

ma de abordar y aportar a la ciencia. Según palabras del célebre matemático Alberto Calderón, "el trabajo de Cotlar tiene carac-terísticas singulares. Una es su penetración, que hace aflorar las profundas raíces y motivaciones de teoremas y teorías. La otra es la visión, que descubre vínculos y relaciones insospechadas entre temas aparentemente desconectados".

Su hablar pausado, atento y paciente, su eterna sonrisa y la ca-lidez de su mirada no disminuían en nada la firmeza de sus con-vicciones. Mischa Cotlar, el incansable militante de la ética en la ciencia, nos dejó un inestimable legado tanto científico como humano.

"Se supone que el científico ama su ciencia, si no, no puede salir nada bueno. Y si la ama tiene que entender que la alianza con inte-reses militares destruye la esencia de la ciencia, a la vez que pone en peligro la vida del planeta". mischa cotlar, Página 12, 25/9/2005. I

"Cotlar participó en la redacción del 'Juramento de Buenos Aires', un compromiso ético para el uso de la ciencia en favor de la paz".

Verónica DimantProfesora Asociada del Departamento de Matemática y Ciencias


Licenciada y Doctora en Ciencias Matemáticas por la Universidad de

Buenos Aires (1991 y 1996, respectivamente). Entre 1987 a 1994 se

desempeñó como docente en la misma casa de estudios y en 1994 se

incorporó a San Andrés. Su campo específico de investigación, dentro del

área de Análisis Funcional, es el estudio de las funciones multilineales,

los polinomios, los productos tensoriales y las funciones holomorfas

en Espacios de Banach. También es Investigadora Independiente del

CONICET.

#JUSTICIA 87

El primer cuento de la literatura argentina es una historia sobre la violencia política y la justicia. Se titula "El matadero" y se supo-ne que su autor, Esteban Echeverría, lo escribió hacia 1840, año en el que emprendió el camino del exilio definitivo desde su Bue-nos Aires natal hacia Montevideo, donde murió en 1851. Digo "se supone" porque Echeverría nunca publicó en vida "El matadero". Recién en 1870 su amigo Juan M. Gutiérrez decidió exhumar la obra de entre los papeles y darlo a conocer. Lo que sí se sabe es que, a medida que fue pasando el tiempo desde su primera pu-blicación, "El matadero" se convirtió, tal vez a pesar suyo, en lo mejor que escribió Echeverría.

La acción del cuento transcurre en Buenos Aires hacia 1839. La ciudad –y el resto de la república- está dominada políticamente por la figura de Juan Manuel de Rosas. Luego de una presenta-ción "a vuelo de pájaro", el narrador traslada la acción al "mata-dero del alto". Su propósito es demostrar que, bajo el poder de Rosas, Buenos Aires y la Argentina se habían transformado en un gran matadero. En este caso, la víctima de los esbirros de Rosas –los carniceros-gauchos del matadero- es un "joven" a quienes los matarifes identifican como "unitario" por ciertos detalles inequí-vocos: la barba en "U", la ropa que vestía, la silla inglesa en la que monta el caballo y, además, la falta de divisas a favor del régimen. La diferencia social expresada por cierta moda implica automá-ticamente una identificación política (ser un "cajetilla" equivale aquí a ser un "unitario"), lo cual lo criminaliza y convierte en vícti-ma del accionar punitivo de los carniceros.

Siempre se señaló, con razón, que "El matadero" es el relato de un suplicio. Sin embargo, también hay que decir que ese supli-cio es parte de un proceso judicial. En el cuento Rosas nunca es mencionado por su nombre sino por el título con que el que más se lo conoce: el "Restaurador" (por aquello del "Restaurador de las leyes").

Cuando el "joven" acusado de "unitario", que cabalgaba distraído por las inmediaciones del matadero, es atrapado por los matari-fes parece que va a ser degollado. Sin embargo, alguien intervie-ne para aplazar esa sentencia e iniciar, en su lugar, un juicio. Se trata –como no podía ser de otro modo- de un juez, el "juez del matadero", el representante del "Restaurador de las leyes", y, por lo tanto, quien por delegación detenta su poder en esa república en miniatura que es el matadero.

Del espacio abierto, en la playa del matadero, se pasa por orden

del juez al ámbito cerrado de una casilla, donde se monta la esce-na judicial con una mesa, un escribiente, un público, un jurado, un juez y, por supuesto, un acusado. Ese es el momento central de la historia: el momento en que se muestra cómo administra justicia el Estado argentino dominado por el "Restaurador".

En este punto Echeverría se vale de la parodia porque todo es, en definitiva, una cuestión de formas. En apariencia se respeta el debido proceso, pero ya desde el acto mismo de la acusación, y pasando por todos los ingredientes grotescos visibles en la esce-na del juicio, se muestra que la justicia rosista no es más que una burda parodia de una justicia seria y responsable; una deforma-ción tan monstruosa como el sistema político que Rosas instauró. El edificio donde se emplaza el tribunal es la miserable casilla de un matadero. Los acusadores son los carniceros del lugar, quie-nes al mismo tiempo ofician de jurado, y el juez, que ya decidió de antemano la culpabilidad, actúa como un fiscal, aunque a la vez que interroga con dureza al acusado va estableciendo instancia punitivas que terminarán empujándolo a la muerte.

Este cruce entre literatura y política, a través de un relato cen-trado en la justicia y su funcionamiento, es una marca de origen en la cultura argentina que va a reaparecer en otros momentos de nuestra historia, sobre todo en aquellos en los cuales la vio-

lencia estatal ocupa el centro de la escena. Es el caso de la última dictadura militar y el largo y complejo proceso judicial motivado por sus crímenes, que se abrió con la llegada de la democracia, a fines de 1983, y que aún continúa. La literatura no fue ajena a este fenómeno, como lo ejemplifica El agua electrizada, novela policial del escritor argentino C. E. Feiling, publicada en 1992, y cuya trama gira alrededor de un par de crímenes perpetrados en democracia pero que remiten al aparato represivo de la dictadu-

De El matadero a El agua electrizadaEl cruce entre literatura y política, a través de un relato centrado en la justicia y su funcionamiento, es una marca de origen en la cultura argentina que aparece cuando la violencia estatal ocupa el centro de la escena.

Por Pablo Ansolabehere

CIENCIAS

"La novela El agua electrizada, de C. E. Feiling, plantea entre otras cosas la imposibilidad de pensar en un futuro social basado en la impunidad".


ra. Es por eso que, entre todas las citas librescas que abundan en la novela, la más extensa proviene del Nunca Más, nombre con que se conoció al informe elaborado por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP) luego de un año de trabajo desde que fuera creada por decreto del presidente Ricar-do Alfonsín a los pocos días de iniciado su mandato. Nunca Más se publicó por primera vez a fines de 1984 y desde entonces se constituyó –más allá de diversas controversias- en el texto em-blemático sobre el aberrante sistema del terror de la dictadura de comandada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y compañía.

Su uso destacado en la novela de Feiling deriva de la tensa re-lación entre Estado y Justicia en la Argentina post-dictatorial. La acción transcurre entre el 31 de julio y el 3 de noviembre de 1989, es decir en el período en que el presidente Carlos Menen sanciona la primera tanda de indultos, que completará el año si-guiente, y que alcanzó, entre otros, a todos los jefes militares pro-cesados que no habían sido beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, sancionadas durante el gobierno de Alfonsín. Es decir, en un momento de consagración casi definitiva de la impunidad ante los crímenes cometidos por la última dicta-dura militar.

El agua electrizada, entre otras cosas, plantea la imposibilidad de construir una sociedad democrática si no se establece verdadera justicia sobre esos crímenes aberrantes; la imposibilidad de pen-sar en un futuro social basado en la impunidad. De hecho, en la novela el principal responsable del homicidio no resuelto de dos mujeres –crimen perpetrado, insisto, en democracia- es uno de los beneficiados por la consagración estatal de esa impunidad y, junto con él, todo un sistema que, subterráneamente, sigue en pie. De ahí la importancia de la extensa cita del Nunca Más, don-de el protagonista encuentra la clave de uno de los crímenes que está investigando.

También Feiling, al citar el Nunca Más en su novela, introduce leves cambios con respecto al original (en los nombres de los pro-tagonistas y otros varios detalles), pero a pesar de eso la fideli-dad al estilo y la clase de atrocidades que allí se narran es, podría afirmarse, estricta. Por eso los crímenes pasados (los cometidos en el marco del terror de la dictadura y cuyas principales vícti-mas fueron mujeres y niños) explican los crímenes del presente:

crímenes adentro de una ficción, pero que justamente por la pre-sencia del Nunca más cobran un inquietante aspecto de verdad.

Conviene marcar una diferencia entre la obra de Feiling y El matadero. En El agua electrizada no hay puesta en escena de un juicio porque la ley impide su existencia. Es esa ausencia de todo proceso judicial la que pone en primer plano la impunidad vigente y donde reside la crítica política de esta novela. y es esa ausencia, además, lo que motiva la forma particular de "justicia poética" con que se cierra la historia, cuando la ficción se atreve – a través del personaje de un poeta- a establecer, aunque más no sea de un modo limitado e imperfecto, un poco de castigo a los culpables. I

Pablo Ansolabehere Profesor de Cátedra del Departamento de Humanidades


Licenciado en Letras y Doctor en Letras por la Universidad de Buenos

Aires. Se desempeña como docente de Literatura Argentina en la misma

Universidad y es profesor invitado de Literatura hispanoamericana

en University of Georgia (EE.UU.). Fue docente invitado en Wesleyan

University (EE.UU.). Como investigador se especializa en estudios sobre

literatura argentina, tema sobre el que publicó numerosos trabajos en libros

y revistas nacionales e internacionales.

"Los crímenes pasados explican los crímenes del presente: crímenes que en una ficción cobran un inquietante aspecto de verdad".

#JUSTICIA 89

Si buscamos el significado de "justicia" nos encontramos con la siguiente definición: "Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le co-rresponde". Lo que, paso seguido, me lleva a reflexionar sobre la moralidad y, más profundo, al tinte objetivo de la moral. ¿Quién dice que algo está bien o mal, o que sea moral o inmoral? En otras palabras, la moralidad conduce a la verdad y esta última asigna lo que "corresponde". Parece un juego de palabras pero invito a trasladarlo esto a una práctica no regulada como es la maternidad subrogada.

La moralidad abarca la posibilidad de contratar el vientre de una mujer que gestará, dará a luz, renunciará a sus derechos como ma-dre y entregará al recién nacido. Pero ante esta situación vale decir que la moralidad es una costumbre inserta en la sociedad por la cual se considera (juzga) bien o mal cierta acción, conducta o acto. y, en el mismo orden de ideas, ser madre no solo lo determina el canal de parto (como lo plantea nuestro actual Código Civil en su artículo 242), sino que es una relación que se construye y desarro-lla; es cuidar y dar amor. ¿O acaso no existen madres biológicas que abandonan a sus hijos o madres no biológicas que adoptan a un hijo que no nació de sus entrañas? Por lo cual, deberíamos ir más

allá de lo que Dalmasio Vélez Sarsfield quiso plantear en la ley y movernos en otra dirección. El anteproyecto de reforma del Códi-go Civil argentino que le fue presentado a fines de 2011 a la pre-sidenta, Cristina Fernández de Kirchner, reconocía la "maternidad por subrogación" de manera altruista. Sin embargo, la normativa, tras su paso por el Congreso, no incluyó esta condición.

La maternidad por sustitución en la Argentina no se encuentra prohibida ni permitida, pero se realiza. Las personas que sienten la necesidad de recurrir a dicha técnica y poseen los recursos, viajan al exterior en busca de respuestas y alternativas. En cam-bio, quienes no pueden afrontar la práctica por motivos econó-micos y/o la realizan en el país, lo hacen sin certeza de que se le reconozca la filiación y a la sombra de la legalidad. Es decir, de manera clandestina, desprotegidos legalmente.

La moralidad es la esencia del ordenamiento civil por lo cual los actos jurídicos que llevan a cabo las personas necesitan de un vector moral que los conduzca a buen puerto. Pero no podemos como sociedad quedar estancos en una moralidad permanente, desaprovechando oportunidades que gracias a la ciencia pode-mos utilizar en la actualidad. Lo que deberíamos preguntarnos es, finalmente, quién establece que prestar un vientre a cambio de remuneración sea inmoral y quién dice que prestarlo con fines altruistas sea un acto solidario y no vaya en contra de las buenas costumbres.

Entonces, ¿corresponde no regular dicha práctica porque en el inconsciente colectivo es sinónimo de inmoralidad? I

La Justicia, la moral y la maternidad subrogadaLa moralidad es la esencia del ordenamiento civil por lo cual los actos jurídicos que llevan a cabo las personas necesitan de un vector que los conduzca a buen puerto. Sin embargo, debemos preguntarnos quién establece, por ejemplo, que prestar un vientre a cambio de remuneración es inmoral y quién dice que prestarlo con fines altruistas es un acto solidario.

Por Rocío Carbajal

SOCIEDAD

"La maternidad por sustitución en la Argentina no se encuentra prohibida ni permitida, pero se realiza".

Rocío Carbajal Abogada por la Universidad de San Andrés.

Fue acreedora del primer premio del Concurso de Tesis sobre América

Latina de la Universidad de San Andrés 2014 por su trabajo "Análisis de

la Maternidad Subrogada en Argentina. Una mirada extensiva a países de

América Latina". Su mentora fue Gloria Orrego hoyos.


Que ese ineludible acto de justicia sirva también para condenar el uso de la violencia como instrumento político, venga ella de donde viniere, para desterrar la idea de que existen muertes buenas y muertes malas, según sea bueno y malo el que las causa o el que las sufre.

#JUSTICIA 91

Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: "Nunca más".

(*) Entre el 11 y el 18 de septiembre de 1985 los fiscales Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo

pronunciaron su alegato en el Juicio a las Juntas, del que reproducimos algunos de sus tramos.


Agradecemos y reconocemos a las empresas donantes del Fondo de Becas de grado y de los Programas Abanderados Argentinos y Juan Bautista Alberdi:

#JUSTICIA 93

Agradecemos también a todas las personas que a través de su donación contribuyen significativamente a generar oportunidades.


UNIVERSIDAD DE SAN ANDRéS

MISIóN

La Universidad de San Andrés es una comunidad académica empeñada en la búsqueda de la verdad y en contribuir al progreso de la Argentina y al bienestar de sus habitantes.

Adhiere a los valores sociales y morales legados por sus fundadores y se empeña en transmitir conocimiento establecido, crear nuevo conocimiento, promover la educación en general y fortalecer las instituciones.

Tiene como objetivo poner la educación que brinda a disposición de personas con aptitudes intelectuales, vocación de servicio y dedicación al estudio, más allá de sus recursos económicos.

VALORES SOCIALES y MORALES DE LA INSTITUCIóN

Los valores de los fundadores de la Escuela Escocesa San Andrés, establecida en 1838, y de la Universidad San Andrés, fundada en 1988, se sustentan en las Sagradas Escrituras y su herencia presbiteriana.

En ese marco, la Universidad de San Andrés promueve el debate orientado a la libre y honesta búsqueda de la verdad, en el ámbito diverso y plural que la caracteriza. Aspira a que sus integrantes asuman un liderazgo al servicio de la comunidad y del país, que se caractericen por tener una mente abierta e inquisidora, que sean solidarios con todos los miembros de la sociedad y que exhiban integridad moral, espíritu conciliatorio y respeto por la diversidad.

#JUSTICIA 95

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Revista + San Andrés #13

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