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Conflicto y solucin poltica Respuestas a una letana:A propsito
del momento actual del proceso de paz Paz, justicia y constituyente
Una justicia ms all del derecho Neoliberalismo rampante
HSBC:Finanzas,lavadodeactivos yevasin fiscal Izquierda en debate La
contienda poltica por la alcalda de Bogot: Un paso adelante y dos
atrs? Nuestra Amrica Bajo el ltigo de la contrarrevolucinMomento
crucial de la revolucin bolivariana Capitalismo en crisis Tras la
victoria electoral de SYRIZA: El fin de la troika y la continuacin
de la poltica de austeridad Editorial La crisis de la justicia: Una
razn ms para la Constituyente
N 51 MARZO / 2015 BOGOT, COLOMBIA ISSN- 2215-8332
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Jairo Estrada lvarez DirectorJess Gualdrn Sandoval Jefe de
redaccin
lvaro Vsquez del Real, Daniel Libreros Caicedo, Csar Giraldo
Giraldo, Frank Molano Camargo, Jorge Gantiva Silva, Mara Teresa
Cifuentes Traslavia, Nelson Fajardo Marulanda, Patricia Ariza,
Ricardo Snchez ngel, Sergio De Zubira Samper, Vctor Manuel Moncayo
Cruz Consejo editorial
Beatriz Stolowicz (Mxico), Julio Gambina (Argentina), Ricardo
Antunes (Brasil), Antonio Elas (Uruguay) Consejo asesor
internacional
Las opiniones emitidas por los autores no comprometen al Consejo
Editorial de la Revista.
Tatianna Castillo Reyes Diseo y diagramacin
Espacio Crtico EdicionesPublicacin auspiciada por Espacio Crtico
Centro de Estudioswww.espaciocritico.com
ISSN-2215-8332N 51, Marzo de 2015. Bogot, Colombia
Todo el contenido de esta publicacin puede
reproducirse libremente, conservando sus crditos.
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Conflicto y solucin poltica
4Respuestas a una letana:A propsito del momento actual del
proceso de pazVctor Manuel Moncayo C.
14 Paz, justicia y constituyenteRicardo Snchez ngel
20 Una justicia ms all del derechoSergio De Zubira Samper
Neoliberalismo rampante
26HSBC:Finanzas,lavadodeactivos yevasin fiscalDaniel Libreros
Caicedo
Izquierda en debate
34La contienda poltica por la alcalda de Bogot: Un paso adelante
y dos atrs?Santos Alonso Beltrn Beltrn
Nuestra Amrica
40
Bajo el ltigo de la contrarrevolucinMomento crucial de la
revolucin bolivarianaJorge Gantiva Silva
Capitalismo en crisis
48
Tras la victoria electoral de SYRIZA: El fin de la troika y la
continuacin de la poltica de austeridadAaron Tauss
Editorial
54La crisis de la justicia: Una razn ms para la
ConstituyenteJairo Estrada lvarez
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Respuestas a una letana: A propsito del momento actual del
proceso de paz
Vctor Manuel Moncayo C.
Profesor emrito Ex Rector de la Universidad Nacional de
Colombia
El proceso de paz se ha visto obligado a repetir o a contestar
una letana: verdad, justicia, reparacin y no repeticin, casi que
con el mismo sentido de las oraciones religiosas de ese carcter.
Pero muy poco se discute sobre la significacin de sus trminos, pues
simplemente se repiten hasta el cansancio como ocurre con las
splicas o invitaciones latinas de la liturgia cristiana. Tratemos
de avanzar en su comprensin desde una perspectiva poltica, para
contribuir a su enten-dimiento, as sea de manera preliminar y
provisional, sobre todo para aportar al necesario debate de nuestra
actual coyuntura.
Cul es la verdad?Empecemos por la verdad que se afirma como
requisito ineludible
de la paz. La verdad reside en una narracin de lo que aconteci?
Es eso satisfactorio? Existen mltiples narraciones. Entre ellas las
de las vctimas, sin duda determinadas por sus circunstancias
particulares, por
Christe, elison. Christe, elison Kyrie, elison. Kyrie,
elison
Christe, udi nos. Christe, udi nos Christe, exudi nos. Christe,
exudi nos
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Conflicto y solucin poltica
sus sentimientos de dolor, por sus posiciones polticas as sean
tcitas, por sus entendimientos inmediatos y espontneos, por las
influencias de los medios de comunicacin y de la opinin comn en
general. Sus testimonios son importantes y pueden aportar a la
verdad, pero no son la verdad, o al menos no pue-den representar la
verdad del conflicto en todas sus dimensiones.
Ser acaso la verdad rendirle culto al empirismo y considerar que
est representada por la identificacin, recoleccin y sistematizacin
de todos los hechos y circunstancias, incluidos los listados de
victimarios y vctimas individuales? Aun cuando se trata de
ele-mentos esenciales, por s mismos no nos dicen en qu ha
consistido y qu es el conflicto. Lo mismo pode-mos decir de las
descripciones de los daos y efectos causados por la violencia del
conflicto. Aportan sin duda a la estadstica del desastre, pero nada
signifi-can en trminos de una explicacin que permita una
aproximacin a la verdad.
Para muchos, para la opinin generalizada y tambin para cierta
opinin calificada, la verdad nos la deben suministrar quienes con
una autoridad relativa, atribuida por el Estado, dictaminen sobre
los sujetos responsables de los mltiples hechos del conflicto. Es
la verdad judicial que se encontrara en las decisiones penales que
contrastan conductas con las tipicidades delictivas, o en las de
otro corte que imponen consecuencias retributivas de orden econmico
o simblico? Es una verdad limitada por la naturaleza de la funcin
jurisdiccional, que no ve ms all de las responsabilidades
individuales?
Ms all de esas alternativas, la verdad es esquiva, es difcil de
obtener. No es slo un ejercicio acad-mico. Es necesariamente un
entendimiento poltico, que siempre ser controversial. Pero, es una
respon-sabilidad de ambas partes en el dilogo llegar a un acuerdo
mnimo sobre cul es la verdad o sobre los
http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/carceles-y-presos-de-colombia/14739475
N 51, Marzo de 2015 Bogot, Colombia Contenido
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elementos principales de esa verdad. Sin ese acuerdo es
imposible avan-zar en soluciones para el fin del conflicto.
Por consiguiente, para las partes es ineludible afrontar un
debate recientemente planteado por la Comisin Histrica del
Conflicto y sus Vctimas: es necesaria una remisin a una causalidad
sistmica, o basta con entender el problema como el encuentro de
actores y procesos deter-minados por mltiples factores?
En otras palabras, partimos de la aceptacin simplista de que
esta es una sociedad como cualquier otra, en la cual se puede
coexistir bajo ciertas reglas de debate y de discusin, pero en la
cual algunos se han salido de esas reglas y por decisin individual
o grupal se han apartado de ellas y han optado por la violencia,
quizs con determinaciones muy personales o por razones altruistas o
sociales?
O, por el contrario, aceptamos que esta no es una sociedad
cual-quiera, sino que tiene un sistema de organizacin social
determinado (capitalismo), que produce unos efectos lesivos sobre
amplios sectores de la sociedad (los explotados, los excluidos, los
subalternos, los domi-nados, etc.)? Como tal, por lo tanto, explica
y justifica la insurgencia, la subversin. En este reconocimiento
puede encontrarse la raz de la verdad del conflicto.
Siendo ello as, la naturaleza especfica de nuestra sociedad con
sus contradicciones y efectos negativos sobre la mayora de la
colectividad, sera la principal victimaria. Los sujetos
(individuales o grupales), aun-que aparezcan desligados de esa
determinacin societaria, son los actores de todos los procesos que
ocurren en esa sociedad incluidos los de
resis-tencia/contrainsurgencia.
Obviamente, a partir de esa determinacin o causalidad
societaria, hay factores intermediarios que pueden apreciarse y
ponderarse de dife-rente forma como explicativos de la verdad, y
sobre ellos tambin puede llegarse a entendimiento compartido.
En sntesis, es absolutamente ineludible partir de un acuerdo
bsico sobre una verdad del conflicto, es decir, de un entendimiento
poltico del conflicto violento, o al menos de algunos de sus
elementos esenciales. Y es responsabilidad de las partes llegar a
un acuerdo de comprensin en esa materia, como fundamento bsico de
las decisiones y soluciones que acuerden.
La sociedad con su naturaleza particular es victimaria, pero en
su interior los procesos y sus actores en segundo grado tienen
responsa-bilidades que, aunque en cierta manera sean subjetivas,
siempre estn encadenas a la determinacin sistmica.
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Conflicto y solucin poltica
http://www.nuestramirada.org/photo/carcel-de-mujeres-6?context=user
N 51, Marzo de 2015 Bogot, Colombia Contenido
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Por qu se alude en la letana a la justicia?Habitualmente cuando
se habla de justicia se hace
referencia a la derivada de la funcin judicial del Es-tado. Es
la justicia impartida por el Estado a travs de mltiples formas, que
pueden ser aquellas normales o las excepcionales que para
situaciones especficas disee el mismo Estado, o l mismo autorice
con cier-tas particularidades, como ocurre cuando se asignan
atribuciones jurisdiccionales o cuasijurisdiccionales a las
llamadas Comisiones de la Verdad.
En tal sentido, si se trata de la justicia as enten-dida,
siempre ser una justicia del Estado y, por lo tanto, si l es parte
esencial de la organizacin sis-tmica de la sociedad, el Estado sera
al tiempo juez y parte. Cualquiera que sea la justicia que se
decida aplicar, va a juzgar al propio sistema del cual forma parte
y nunca podr versar sobre la responsabilidad sistmica, sino sobre
la de los actores, considerados independientemente, en trminos
siempre subjetivos, como es propio de toda victimologa.
Cuando el Estado busca encontrar una justicia especial, como la
que se viene llamando desde hace algn tiempo transicional, se
justifica diciendo que esa alternativa permite sacrificar un cierto
grado de justicia en favor de otro valor que se considera
supe-rior, como sera la paz. Se admite as que la justicia no debe
ser plena, no puede ser completa, que tratndose de las medidas
punitivas debe ser distinta, en otras palabras que se admite
renunciar al poder jurisdic-cional del Estado.
Pero, por qu se procede de esa manera? Por qu se acepta que la
justicia no sea plena, que se adece a ciertas circunstancias
renunciando en todo o parte a lo que representa como poder
soberano? Indudable-mente porque han ocurrido o se presentan cierto
tipo de hechos o de circunstancias de tal significacin, que el
Estado reconoce que exigen una alteracin de la justicia como
dimensin especifica de la organizacin estatal. De alguna manera, el
Estado est aceptan-do una responsabilidad sistmica y por ello
admite
Es absolutamente ineludible partir de un acuerdo bsico sobre una
verdad
del conflicto, es decir, de un entendimiento
poltico del conflicto violento,
o al menos de algunos de sus elementos
esenciales. Y es responsabilidad de
las partes llegar a un acuerdo de comprensin en
esa materia, como fundamento bsico
de las decisiones y soluciones que
acuerden.
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Conflicto y solucin poltica
renunciar total o parcialmente a una de sus misiones bsicas: la
justicia, ntimamente relacionada con el monopolio de la fuerza,
pues no sobra recordar que la vigencia de la ley est siempre
respaldada por la ltima ratio de la violencia legtima por ser
estatal. Es como si el Estado dijera: el sistema del cual formo
parte ha fallado en su funcionamiento por mi propia
responsabilidad, lo cual me obliga a dejar de lado temporalmente
uno de mis rasgos esenciales: la justicia estatal.
Siendo ello as, resulta claro que ese reconocimiento estatal
conduce a que si bien la justicia especial va a funcionar, ya no
ser la misma, pues los procesos y actores que van a ser juzgados no
podrn ser considerados plenamente como subjetivos, pues se acepta
que su tratamiento distinto tiene una explicacin sistmica. Esto es
fundamental en el caso de la in-surgencia, pues si existe ese
reconocimiento sistmico, es ineludible ad-mitir, por consiguiente,
su carcter poltico con todas sus consecuencias, en particular las
que en materia penal se consideran como conexidades; es decir, que
lo dominante es lo poltico de la subversin, que subsume todas las
dems conductas asociadas a ella comunicndoles la misma
naturaleza.
Obviamente, esto plantea serias dificultades a la lgica de
funciona-miento de la dimensin estatal, pues tanto en el orden
jurdico interno como en el internacional (incorporado como parte
del denominado bloque de constitucionalidad) pueden existir
limitaciones para que la justicia especial o transicional pueda
admitir ese reconocimiento y sobre todo sus consecuencias polticas.
Sin embargo, como se trata no de una decisin jurdica sino
precisamente poltica, quienes obran en repre-sentacin del Estado,
segn los condicionantes existentes y las exigencias que a la
justicia imponen otros valores que se quieren alcanzar (como la
paz), tiene que aceptar ese reconocimiento y acudir a frmulas de
inter-pretacin que le sirvan para ese propsito, como, por ejemplo,
las que se ha utilizado por Cortes internacionales (europea e
interamericana), para plantear en esta materia un margen de
apreciacin nacional que justi-fique la admisibilidad de rasgos muy
heterodoxos de justicia. Ese es uno de los retos principales que
debe enfrentar el acuerdo entre partes que actualmente se debate en
La Habana: cmo llegar a un acuerdo poltico sobre la modificacin de
la justicia estatal que recoja la especificidad del conflicto
colombiano, a partir de un reconocimiento no slo recproco sino
mltiple de la responsabilidad sistmica.
Esa definicin no tiene referentes que deban respetarse, como
gene-ralmente se afirma al hablar de estndares internacionales,
pues lo que evidentemente existe son casos precedentes que no
constituyen camisa
N 51, Marzo de 2015 Bogot, Colombia Contenido
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de fuerza para la solucin propia, en el marco de la apreciacin
nacio-nal. La respuesta frente a un caso muy especfico como el
colombiano tiene que ser lo suficientemente novedosa e imaginativa
y, sobre todo, tiene que tener el valor de desprenderse de los
conceptos y frmulas que los discursos jurdicos quieren erigir como
inamovibles. Lo excepcional puede incluso llegar hasta admitir una
forma de justicia no estatal o cuasiestatal, en la medida en que no
nace como ocurre normalmente por decisin de los aparatos
institucionales establecidos, sino en virtud de un acuerdo de
quienes se han reconocido explcitamente como parte principales del
conflicto que ha conducido a plantear una frmula de justicia
diferente.
Ahora bien, tratndose de la justicia, existe otra dimensin
distinta que est ms all de los mecanismos formales de naturaleza
judicial, de la funcin tpica de la organizacin estatal que hasta
aqu se ha consi-derado. Nos referimos a condiciones sociales y
econmicas de justicia como valor superior al cual pretenden llegar
las colectividades humanas. En estos trminos, la misma consideracin
sistmica nos remite a un orden social vigente cargado de relaciones
inequidad, desigualdad e injusticia que todos, de una manera u
otra, reconocen, ms all de las particulares formas de entendimiento
de la realidad nacional y global. Frente a ellas, la frmula que se
repite como letana, tambin podra dar paso a considerar la justicia
con esta otra connotacin y, por lo tan-to, a plantear la superacin
de las condiciones negativas y lesivas del orden social vigente,
como condicin insoslayable de la paz anhelada. Se estara no ya ante
una modalidad judicial de justicia, si la expresin se admite, sino
de encontrar alternativas o soluciones que permitan ir ms all del
orden social vigente, en una transicin hacia otro orden donde
puedan germinar y crecer condiciones para una vida individual y
colectiva digna. No una justicia transicional, sino una transicin
hacia la justicia social.
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Conflicto y solucin poltica
Cmo plantear la reparacin?Otro eslabn de la sucesin de trminos
bajo la cual se aprecian las
circunstancias de un acuerdo poltico es la denominada reparacin,
cuyo alcance tambin es de mltiple significacin.
El sentido ms inmediato de la expresin hace relacin a una
especie de satisfaccin que hay que brindar a las vctimas del
conflicto. En este sentido tiene tambin un componente subjetivo muy
elevado, como el que tambin se encuentra al hablar de la verdad y
la justicia. En pocas palabras, la cuestin se plantea en trminos de
sujetos que han causado determinados efectos lesivos, que deben o
estn obligados a aportar solu-ciones que de alguna manera restauren
a otros sujetos afectados.
La clsica y tradicional reparacin est representada por el valor
representado por la sancin, proveniente de la imposicin de ella por
autoridades que encarnan la justicia estatal. Las vctimas con la
sancin pueden tener una especie de respuesta reparativa, pues el
sujeto respon-sable paga de alguna manera con la restriccin de su
libertad, con el cumplimiento de rdenes de contenido econmico, o
con el simbolismo mismo de la condena, el dao que ha causado. Lo
mismo puede ocurrir cuando el responsable, sin la mediacin de la
justicia, admite participa-cin e igualmente concurre a algn tipo de
restauracin, que tambin puede revestir la naturaleza simblica.
Pero, si una vez ms encadenamos el conflicto a sus races
sistmicas, la reparacin deja de ser individual para erigirse en una
accin colectiva, social. En esta direccin, la responsabilidad
asociada al castigo, a la pena, pasa primero por un reconocimiento
previo sobre la responsabilidad real del conflicto, que est sin
duda asociada al mismo reconocimiento que tiene que hacerse en
materia de verdad. No se trata, sin embargo, de la solucin
simplista de que hay muchos responsables o de que todos son
responsables, de manera tal que la reparacin tenga que ser
compartida por todos los actores. No, la cuestin es ms compleja,
pues remite a una causalidad sistmica, a la explicacin histrica de
un orden social
N 51, Marzo de 2015 Bogot, Colombia Contenido
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vigente, que tiene que ser admitida y reconocida por los actores
de los procesos que ese orden ha desencade-nado. No hay en esta
dimensin lugar a confesiones, arrepentimientos o perdones
individuales, grupales o colectivos, sino al reconocimiento de la
verdad del conflicto con todas sus consecuencias.
En ese escenario, el Estado, en el sentido de una dimensin
esencial del orden social vigente, y no slo como aparatos y
autoridades, no es un actor ms del conflicto, sino parte esencial
del orden vigente que lo explica. Como tal no es, para utilizar
palabras de ciertas frmulas que estn en discusin, un mximo
responsable, sino el supremo responsable. La conse-cuencia es
obvia: si ello es as, tambin tiene la carga principal de la
reparacin, sin que en esta forma se deba pensar en que sea sujeto
de condena o de au-tosancin, sino que su reconocimiento implicar
consecuencias de reparacin a las vctimas tanto en el orden
econmico-social como en el simblico. De alguna manera quienes
representan o actan en nombre del Estado as lo vienen admitiendo.
Sus acciones legislativas o ejecutivas orientadas a aportar
respuestas reparativas (restitucin de tierras, atencin a los
desplazados, subsidios monetarios, programas sociales, etc.) as lo
evidencian. Y lo que es ms significativo, en muchos momentos, como
el actual escenificado en La Habana, se ha reconocido tambin que
hay un conflicto que est ms all de los comportamientos o conductas
individuales, y que hay mltiples actores de procesos derivados del
mismo, a quienes se les acepta como interlocutores sin que importen
las objeciones de criminalidad.
De esta manera, puede empezar a configurarse una nueva categora
para encarar el conflicto: el reco-nocimiento de que no slo se
puede predicar respecto a la verdad o a la necesidad de otra
justicia, sino a la necesaria reparacin. Es un reconocimiento
poltico y no jurdico de la realidad del conflicto asociado al orden
social vigente, que tiene mltiples efectos.
El Estado, en el sentido de una
dimensin esencial del orden social
vigente, y no slo como aparatos y autoridades, no es un actor
ms
del conflicto, sino parte esencial del
orden vigente que lo explica. Como tal
no es, para utilizar palabras de ciertas
frmulas que estn en discusin,
un mximo responsable,
sino el supremo responsable. La consecuencia es obvia: si ello
es
as, tambin tiene la carga principal de la reparacin.
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Conflicto y solucin poltica
En materia de reparacin, por lo tanto, la suprema
responsabilidad es del Estado como dimensin del orden social
vigente. Cuestin muy distinta son otras responsabilidades derivadas
que inclusive podran tener consecuencias de reparacin que podran
individualizarse, tanto en el orden econmico-social como en el de
la realizacin de ciertas conductas o en el de las expresiones
simblicas.
Y, finalmente, la no repeticinY cuando se exclama para concluir
la cadena de expresiones que se re-
quiere un compromiso de no repeticin, a qu se est haciendo
alusin? Qu es lo que se quiere que no se repita?
La respuesta obvia y casi que espontnea es: se quiere que el
conflicto en la modalidad violenta no vuelva a presentarse. Pero,
de all a las condi-ciones de posibilidad hay una enorme distancia.
Podra decirse que basta con que quienes han sido sus actores asuman
un compromiso de com-portamiento en la direccin de no rehacer lo
que se acuerda terminar. Sera una manifestacin conjunta de las
partes, pues si recprocamente se identifican como actores, son
ellas las que deben pactar esa promesa.
Pero, la promesa en principio no vincula sino a las partes
actualmen-te en dilogo y es imposible que se comunique a quienes no
participan. Hay otros actores no presentes y, adems, en el devenir
histrico, nadie puede garantizar que renazcan condiciones que
reactiven el conflicto bajo la modalidad violenta.
Esto fija lmites a la posibilidades de la exigencia. Uno
insoslayable: slo compromete a quienes lleguen a acuerdo sobre
ella. Pero, hay otro ms importante: si el conflicto no es
exclusivamente subjetivo, sino sistmico, son las condiciones del
orden social vigente las que deben variar para que no existan
circunstancias de renacimiento del conflicto armado. Es una
dimensin mayscula que un acuerdo como el que est en ciernes no
puede resolver, pero s contribuir a que existan vas adecua-das para
recorrer ese camino, en medio de la naturaleza particular de la
sociedad en la cual vivimos.
Una vez ms, el papel del Estado es fundamental. Hay otro
recono-cimiento que corresponde a sus voceros, labrando an ms esa
categora de la solucin. La terminacin del conflicto en la forma
armada como se ha expresado, no es el fin del conflicto que supone
el tipo de sociedad vigente, sino el comienzo de un sendero que
contenga elementos positi-vos para su superacin.
N 51, Marzo de 2015 Bogot, Colombia Contenido
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Paz, justicia y Constituyente
Ricardo Snchez ngel Doctor en Historia Decano Facultad de
Ciencias HumanasUniversidad Nacional de Colombia
El momento poltico en Colombia est signado por el avance de los
dilogos en La Habana entre el Gobierno del presidente Juan Manuel
Santos y la insurgencia armada de las FARC.
Hasta el momento, febrero de 2015, el gobierno y las FARC han
logrado acuerdos en varios de los puntos de la agenda: desarrollo
agrario integral, participacin poltica, cultivos ilcitos,
narcotrfico, vctimas, y resta por definirse el de fin del
conflicto, as como el mecanismo de refrendacin de los acuerdos.
Al respecto, se destaca el hecho de que se haya instalado en La
Ha-bana una subcomisin tcnica, con presencia de militares activos,
que tratar los temas de alto al fuego y hostilidades y de dejacin
de armas, asuntos que hacen parte del punto correspondiente al fin
del conflicto. Tambin se instal una subcomisin histrica del
conflicto la cual hizo entrega de los resultados de su investigacin
el pasado 12 de febrero, al igual que una subcomisin de gnero.
A todo ello se suma la reanudacin de los dilogos despus de
reali-zarse la devolucin por parte de las FARC del brigadier
general Rubn Daro Alzate y el cese al fuego, unilateral e
indefinido, decretado por las FARC a finales de diciembre de 2014.
Asimismo, se tiene previsto avan-zar en la discusin de medidas para
reducir las hostilidades, el llamado
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Conflicto y solucin poltica
desescalamiento del conflicto, por la humanizacin de la guerra
con la aplicacin de las normas del dere-cho internacional1.
No obstante, en los puntos acordados se dejaron asuntos
pendientes por cerrar, los cuales se discu-tirn ms adelante en la
mesa, siempre teniendo en cuenta el principio de que nada est
acordado hasta que todo est acordado.
La ConstituyenteLa salida constitucional a lo que se acuerde,
para
que tenga legitimidad, ha sido puesto sobre la mesa por las
FARC, que proponen una Asamblea Nacional Constituyente. Sera esta
institucin la que decida sobre el rumbo, para darle aplicacin a lo
acordado. La respuesta del presidente Juan Manuel Santos fue que se
hara una consulta va referendo. Dos maneras de concebir la salida
institucional, las cuales merecen unas reflexiones que lleven a la
mejor alternativa.
Descartar de entrada la propuesta de la Cons-tituyente como lo
hizo el Gobierno, como si fuese un llamado a la debacle, olvida que
tal propuesta es constitucionalmente legtima, al igual que el
re-ferendo. No obstante, el plebiscito, el referendo y la consulta,
tal como estn diseados, son instituciones de origen bonapartista
que dejan la iniciativa en el presidencialismo y restringen el
escenario de la deli-beracin democrtica, de la accin comunicativa
en la sociedad, acerca de los temas a decidir.
La pieza maestra, no slo de la validacin de los acuerdos sino de
la necesaria Reforma Poltica en Co-lombia, es la lucha por una
Asamblea Nacional Cons-tituyente de claro signo democrtico y
popular, con
1 La instalacin de la Subcomisin Tcnica desat la crtica de la
oposicin de derecha del Uribato. La medida, en cambio, debe ser
vista en forma positiva. Aqu es bueno recordar a Alberto Lleras,
quien en sus Memorias (Bogot: Banco de la Repblica/El Ancora
Editores, 1997) cita al epi-gramista Carrasquilla en la clebre
cuarteta: En Colombia, que es la tierra de las cosas singulares,
dan la paz los mili-tares y los civiles dan la guerra. pp.
40-41.
N 51, Marzo de 2015 Bogot, Colombia Contenido
http://www.frontlinedefenders.org/node/20969
David Ravelo Crespo es economista, defensor de derechos humanos
y miembro fundador de la Corporacin Regional para la Defensa de los
Derechos Humanos (Credhos). Detenido desde 2010.
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plenos poderes para cambiar no slo lo que a temas
constitucionales se refiera, sino tambin leyes con carcter de
aplicacin urgente en materia de reforma agraria y urbana, de
trabajo masivo justo y digno, de organizacin financiera (deuda
externa, banca cen-tral) y de un nuevo orden poltico-regional, una
ley por la Nueva Educacin Pblica y Cultural Edu-cultura, al igual
que definir sobre nuevas materias centrales: paz, poltica exterior,
Fuerzas Armadas La Asamblea Constituyente Popular y Democrtica
viene a ser la forma ms avanzada de la democracia, posible de
adelantarse en las condiciones del pas como poder alternativo para
lograr soluciones ade-cuadas y justas.
La institucin de la Asamblea Constituyente tiene una larga
historia en la democracia de Occidente y en el desarrollo del
constitucionalismo. Las grandes revoluciones, como la francesa y la
de Estados Uni-dos, y entre nosotros la revolucin de independencia,
fundaron, reformaron y expidieron, una y otra vez, enmiendas o
nuevas constituciones2. Fueron sali-das supraconstitucionales o
extra-constitucionales, producto de necesidades urgentes en el
devenir de la Repblica, como concretar acuerdos de paz, por
ejemplo. La valoracin de cada momento constitu-yente hay que
realizarla en su contexto histrico.
Para el caso de la constituyente del ao 1991, lo que se logr fue
desbloquear las salidas extraordina-rias que se hacan necesarias
para el logro de altos in-tereses de la nacin. La Constitucin que
result fue hbrida en materia de poder constituyente. Combin lo
autoritario de arriba hacia abajo, el plebiscito con lo democrtico
y la Asamblea Constituyente3.
2 Para un estudio del poder constituyente en la revolucin
democrtica, vase Negri, A. El poder constituyente. Ensayo sobre las
alternativas de la modernidad. Espaa: Libertarias/Prodhufi.Negri,
1994.
3 He realizado en su oportunidad este escrutinio para el pe-rodo
comprendido entre 1886 y 1991, en Snchez ngel, R. Poltica y
Constitucin. Bogot: Fundacin Universidad Cen-tral, 1998. Cap. El
poder y las constituyentes en la historia
La Constituyente como nuevo poder
transitorio viene a ser este tipo
de herramienta jurdica legtima,
en que el derecho es camino para la paz. Se trata
de un escenario de lucha que ser
decidido por la opinin nacional.
Tal perspectiva no cancela la
autoorganizacin y la movilizacin permanente de los de abajo, de
los trabajadores,
hacia formas decisorias de poder
dual, hacia el Estado Comuna. La ecuacin va a cambiar: no es la
revolucin la que
hace posible la paz, sino que a travs de la paz
se puede avanzar hacia la reforma y la revolucin.
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Conflicto y solucin poltica
No se entiende, que si la Constitucin ha sufrido numerosas
reformas, no se pueda hacer ahora una gran reforma a la misma,
conservando lo esencial en materia de derechos. El Gobierno no
puede oponerse a que la cuestin agraria, la crisis humanitaria, la
soberana frente a las multinacionales, el derecho pleno a la vida,
la democracia poltica y la justicia social se discutan con carcter
decisorio en un escenario de poder distinto al del Congreso, que
representa los intereses de las clases altas, el clientelismo y la
corrupcin, y es un apn-dice del presidencialismo bonapartista.
Los propios resultados de estas elecciones, con cambios
cualitativos o no en la situacin poltica, pueden favorecer a las
FARC, igual puede que no, por lo menos en la apuesta de ser mayora
en la Asamblea. Este es un asunto que no est decidido de antemano.
Adems, el Gobierno podra obtener la mayora.
El argumento de que las fuerzas de la derecha, con el
protagonismo del expresidente lvaro Uribe, podran alzarse con un
triunfo decisivo, es interesante. Ello puede suceder o no, y slo la
democracia debe dar la solucin. Invalidar la conveniencia de una
Asamblea Constituyente porque puedan ganar las FARC o el Centro
Democrtico no es vlido en lo conceptual republicano.
Digamos que las FARC, como fuerza poltica que aspira al
protagonismo y al poder, estn haciendo una apuesta. Aspiracin
legtima que puede resultar al revs, y ese es un clculo que habrn
hecho al presentar su propuesta. Estn confiados en el deshielo de
lo establecido y en la fluidez de las aguas de la democracia.
colombiana 1886-1991. pp. 35-63.
https://www.betazeta.com/tag/protesta/
N 51, Marzo de 2015 Bogot, Colombia Contenido
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Es de prever otro escenario, posible y deseable. El que la
Constituyente sea pluralista, con mayoras y minoras, pero con una
representacin que evite hegemonas y unanimismos. Sera un escenario
de acuerdos sobre los poderes, sobre su reparto, sobre los modelos
econmicos, la soberana y el mundo de los derechos. Expedira una
Constitucin y unas medi-das legtimas. Sera un pacto de paz.
Hay que ir hacia un gobierno de unidad nacio-nal por la paz, lo
cual significa que tiene que ser de amplia coalicin, con ese
programa como ncleo duro, intransigente, sin concesiones para el
logro de ese propsito. Ese gobierno comienza por darle
re-construccin simblica, social y poltica al Estado, y acompaa la
Asamblea Nacional Constituyente, a lo que se suma una comisin de la
verdad. Estaramos en un perodo de transicin4.
El debate que necesita Colombia debe ser en paz, absolutamente
libre, sin cortapisas para nadie, en el que compitan todos los
programas sobre la sociedad. All tendr su oportunidad la
democracia.
La Constituyente como nuevo poder transitorio viene a ser este
tipo de herramienta jurdica legtima, en que el derecho es camino
para la paz. Se trata de un escenario de lucha que ser decidido por
la opi-nin nacional. Tal perspectiva no cancela la autoor-ganizacin
y la movilizacin permanente de los de abajo, de los trabajadores,
hacia formas decisorias de poder dual, hacia el Estado Comuna. La
ecuacin va a cambiar: no es la revolucin la que hace posible la
paz, sino que a travs de la paz se puede avanzar hacia la reforma y
la revolucin.
4 Vase Un gobierno de transicin hacia la paz, entrevista
realizada a Ricardo Snchez ngel por Jess Ortiz Nieves, que se
encuentra compilada en Snchez ngel, R. Crtica y alternativa. Las
izquierdas en Colombia Bogot: Editorial La Rosa Roja, 2001. 2
edicin.
El Gobierno no puede oponerse
a que la cuestin agraria, la crisis humanitaria, la
soberana frente a las multinacionales,
el derecho pleno a la vida, la
democracia poltica y la justicia social
se discutan con carcter decisorio
en un escenario de poder distinto al del Congreso, que
representa los intereses de
las clases altas, el clientelismo y la corrupcin, y es un
apndice del presidencialismo
bonapartista.
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Conflicto y solucin poltica
El valor supremo de la pazEn el debate sobre la aplicacin de la
jus-ticia transicional surgen los desacuerdos entre justicia y paz:
por un lado, los que exigen mayor completa justicia como castigo,
demandando que los delitos de lesa humanidad no queden impunes; y
los que exigen la paz sin condiciones, que ven en la justicia un
obstculo para el logro de la paz. La contradiccin entre paz y
justicia, as planteada, no se resuelve con unos criterios de
equilibrios, de mnimos aproximativos, sino a partir de un nuevo
concepto de pers-pectiva histrica concreta. Por ello digo, que al
argumento de que la paz sin justicia genera impunidad, hay que
sealar que la peor impunidad es continuar la guerra y la violencia
y la peor injusticia es la falta de paz. Se debilita la soberana de
la Consti-tucin, se acorrala el orden republicano y se violan
sistemticamente los derechos humanos.
Con este criterio de realismo histrico y de una tica prctica, se
debe desplazar el anlisis a lo necesario y lo posible. Cru-damente,
las relaciones entre guerra y paz requieren de las evaluaciones
concretas. Es-tablecer las ecuaciones de tica y eficacia en los
resultados, a travs del derecho, fruto de acuerdos nacionales, que
son los que con-cretan la paz. De ninguna manera puede ser
la paz de los vencedores, a la manera de la Pax Americana, pero
disfrazada5.
El murmullo y el rizo de la opinin pblica autnoma y deliberante,
en aldeas, pueblos, calles, cafs, ciudades, universida-des, salas
de redaccin, concilibulos de ju-ristas, mdicos, cientficos,
humanistas, esa que se constituye en un intelectual gene-ral, de
hombres y mujeres, demanda la paz como propsito nacional, al igual
que la co-munidad internacional y poltica. Este es el desafo
sociolgico para unir a la Repblica, a la nacin, dividida
profundamente por los odios, los rencores, la venganza, la ordala
por doquier, que acompaa las injusticias de todo orden. Esta
perspectiva histrica le da ms fuerza a la verdad, propicia la
eficacia de la restauracin, hace efectivos los dere-chos de las
vctimas y permite ticamente el perdn recproco sin olvido.
Los colombianos, y en especial las colombianas, no creen en
propsitos me-diticos manipuladores ni en continuar la guerra con su
tragedia a cuestas. Por ello, demandan, con voz altiva y paso
erguido, que se cancele la confrontacin armada, cese la violencia y
se acuerde la paz.
5 Referentes histricos fundamentales se en-cuentran en Kelsen,
H. La paz por medio del derecho. Madrid: Trotta, 2008. 2 edicin;
Zolo, D. La justicia de los vencedores. De Nuremberg a Bagdad.
Madrid: Trotta, 2007. Ferrajoli, L. Razo-nes jurdicas del
pacifismo. Madrid: Trotta, 2004.
http://www.traspasalosmuros.net/
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Confl
icto
y s
oluc
in
polt
ica
Una justicia ms all del derecho
Sergio De Zubira Samper
Profesor Asociado Departamento de FilosofaUniversidad de los
Andes
La profundizacin de las negociaciones en La Habana y la en-trega
del Informe de la Comisin Histrica del Conflicto y sus Vctimas -
CHCV, han desatado importantes debates conceptuales sobre la idea
de justicia, las responsabilidades en el conflicto armado interno y
los caminos aconsejables para el fin de este conflicto histrico. El
tipo de justicia que exige un profundo proceso de paz y la forma de
enfrentar las responsabilidades se ha convertido en un asunto
ineludible para su adecuada terminacin.
El presente ensayo intenta centrarse en ciertas nociones
filosficas de justicia, partiendo de un conjunto de premisas
tericas que es conve-niente hacer explcitas. Consideramos que una
teora de la justicia tiene mayores potencialidades para la vida
humana y la paz, si toma su punto de partida en la filosofa y no en
el derecho. La primera premisa, siguien-do el camino de pensadores
como Nietzsche y Benjamin, es reiterar que una justicia limitada al
derecho o al orden jurdico existente culmina
Si la justicia llegare a desaparecer,no tendra ms valor la vida
del
hombre sobre la tierra.Inmanuel Kant
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Conflicto y solucin poltica
incrementando el ciclo infinito de la violencia. Por tal motivo,
la historia concreta del derecho ha sido la simplificacin de la
justicia. La segunda sera postular que estas polmicas tienen una
larga trayectoria en el pensamiento filosfico occidental, hasta tal
punto que la reduccin de la justicia a simple obedecer leyes niega
el espritu de la propia filosofa en Occidente. La tercera es
sostener que el sentido autntico del derecho es ponerse al servicio
de la justicia, y no al contrario; una justicia domesticada por el
ordenamiento jurdico es su propia negacin.
Meditaciones filosficasLos nombres con que la antigedad clsica
design
la justicia fueron Themis, Dike y Dikaiosyne. Las dos primeras
son figuras femeninas de la mitologa griega que representan el buen
consejo en las asambleas (Themis) y el orden de la comunidad
poltica (Dike). Dikaiosyne ser el trmino que la define como la
virtud que exigen los nuevos tiempos por su carcter fundamental y
general1. Herclito elabora la primera reflexin filosfica sobre su
significado, al sostener en sus Fragmentos que no conoceramos el
nombre de la justicia si estas cosas, las injusticias, con toda
probabi-lidad no existieran. Es partiendo de la conciencia de las
injusticias que descubrimos la experiencia real de la justicia, y
su realizacin exige la lucha, la dificultad y el conflicto.
En los Dilogos de Platn, especialmente en La Re-pblica, el tema
central es la naturaleza y concrecin sociopoltica de la justicia.
El filsofo toma distancia de definiciones de justicia tales como el
inters del ms fuerte; detentar el poder en inters propio; gobierno
constituido; dar a cada uno lo que le conviene. Esta toma de
distancia de aquellas visiones toscas de justicia solo es posible a
travs de la educa-cin (paideia), porque la construccin de una polys
o sociedad justa est siempre unida a una educacin para
1 Gmez Robledo, Antonio. Meditacin sobre la justicia. Mxi-co: F.
C.E., 1982. pp. 12-17.
http://www.eltiempo.com/multimedia/infogra-fias/carceles-y-presos-de-colombia/14739475
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e injusto, del que no las respeta. Mientras, en el segundo caso,
denominamos justo al que observa la igualdad e injusto al que no la
observa. La justicia que le preocupa ms al filsofo es esta ltima,
porque es la que bus-camos. La mdula de la justicia es la nocin de
igualdad. La primera ya est establecida por las normas jurdicas; la
segunda es la permanente bsqueda del ser humano. Para el
estagirita, el problema central de la justicia particular es ante
todo la consecucin de la igualdad. Pero reconoce que esta nocin de
igualdad es bastante compleja y por ello distingue dos tipos de
justicia particular o de relaciones con la igualdad. La justicia
distributiva que se aplica en la reparticin del honor, de la
riqueza y de otros bienes di-visibles entre los miembros de la
comunidad poltica2, para que a cada uno le toque de todo aquello
una porcin correspondiente a su mrito y dignidad. Esta justicia
distribu-tiva caracteriza las relaciones entre la polys y sus
ciudadanos en asuntos de igualdad, entre el todo (polys) y las
partes (ciudadanos). La justicia conmutativa, reguladora,
correctiva, reparadora, involucra a todas las relaciones
voluntarias e involuntarias entre los miem-
2 Aristteles. tica Nicomaquea. 1130 b 30.
Consideramos que una teora de la justicia tiene mayores
potencialidades para la vida humana y la paz, si toma su punto
de
partida en la filosofa y no en el derecho. No se trata
de una justicia para la transicin, sino una justicia
para la memoria ms all del derecho, que siembre
las semillas de la paz.
la justicia. Con Platn, podemos afirmar que el fin ltimo de la
educacin es formar en justicia y consolidar sociedades justas. La
justicia es aquella virtud social que posibilita a todos los
estamentos o grupos de la polys hacer lo suyo, no por constriccin
exterior sino por la virtud que en cada grupo debe estar
presente.
Aristteles comienza por hacer la distin-cin entre justicia legal
y justicia particu-lar. Lo cual establece tambin una diferencia
entre lo legal y lo igual. Dcese justo, en el primer caso, del que
obedece las leyes,
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Conflicto y solucin poltica
bros de la comunidad poltica, en asuntos de igualdad. Aspira a
tener siempre en cuenta el caso concreto y el individuo concreto;
la relacin entre las partes. Existen tres clases de interacciones
entre los miembros de esa comunidad: acciones infortunadas, errores
de clculo y acciones injustas.
La complejidad de la justicia como igualdad obliga a Aristteles
a formular la necesidad de concurrir en una justicia pol-tica, en
la equidad y la amistad. La justicia poltica no es otra especie de
la justicia, sino la encarnacin de las anteriores. Constitu-ye la
necesidad de que la justicia se realice en la polys, como aquella
comunidad de individuos libres e iguales, cuyo fin es la
au-tosuficiencia colectiva. En una comunidad poltica con estas
caractersticas pueden los seres humanos potenciar de manera
arm-nica todas sus facultades. Aunque lo justo y lo equitativo
pertenecen a la misma red de nociones ticas, para Aristteles
equi-tativo es superior a justo. El sentido de esa superioridad se
deriva de las dificultades que se presentan cuando es necesario
aplicar criterios de justicia en los casos particulares, porque
aparecen circunstancias singulares que nunca hubieran podido ser
anticipadas en el nivel de las normas. En consecuencia,
La primera premisa, siguiendo el camino de pensadores como
Nietzsche y Benjamin, es reiterar que una justicia limitada al
derecho o al orden jurdico existente culmina incrementando el ciclo
infinito de la violencia. Por tal motivo, la historia concreta del
derecho ha sido la simplificacin de la justicia.
en el momento de la aplicacin a casos particulares se muestra
que la equidad es superior al simple sentido de justicia, ya que
puede enmendar la norma, suplir sus naturales deficiencias y
recurrir a principios universales superiores a la norma escrita. Lo
que caracteriza al ser humano equitativo es su capacidad
intelectual de juzgar de acuer-do con principios generales, tambin
en los casos particulares. La equidad participa de ese elemento que
es ajeno al derecho: la indulgencia, que permite corregir en
ciertos
http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/carceles-y-presos-de-colombia/14739475
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Reflexiones contemporneasEn el destacado ensayo de Kant,
Sobre
la Paz Perpetua (1795), las reflexiones sobre la justicia se
ubican en el horizonte de sus complejas relaciones con la tica y la
poltica. Para este inmenso filsofo, la justicia es ob-jetiva,
igualitaria y universal; como tambin la justicia solo ser posible
en un estado de paz universal y perpetua. Es el positivismo jurdico
el que simplifica la justicia moderna a mera aplicacin de normas y
castigo.
El filsofo hispanoparlante Luis Villoro3 postula la existencia
contempornea de dos visiones contrapuestas de justicia. Una es la
perspectiva terica que parte de la idea de un consenso racional
entre sujetos iguales que establecen relaciones entre s, en trminos
que reproducen los rasgos de una democra-cia bien ordenada. A esta
concepcin perte-necen visiones liberales y socialdemcratas, como
las postuladas por Rawls, Habermas, Sen, Nussbaum, etc. Y otra
orientacin te-rica que, en lugar de suponer un consenso racional
para fundar la justicia, parte de su ausencia y, desde la percepcin
de esa injus-ticia real, proyecta lo que podra remediar esa
situacin de injusticia. Se inspiran en Benjamin, Adorno, Derrida,
Lyotard, Fraser, Honneth, Todorov, Mate, etc. Estas dos co-rrientes
abordan la justicia desde perspectivas divergentes: como consenso
racional o como respuesta a la injusticia y las desigualdades. Sus
divergencias se van profundizando al desarrollar sus enfoque
tericos. El primer modelo es, podemos afirmar, la autosuficien-cia
cognitiva de la teora; el segundo modelo es la interpelacin y
escucha de los otros.
3 Villoro, Luis. Los retos de la sociedad por venir. Mxico:
F.C.E., 2007.
La segunda premisa sera postular que estas
polmicas tienen una larga trayectoria en el
pensamiento filosfico occidental, hasta tal
punto que la reduccin de la justicia a simple
obedecer leyes niega el espritu de la propia filosofa en
Occidente.
casos el rigorismo de la norma jurdica. La equidad resulta
siempre mejor que el derecho y constituye la justicia del caso
concreto. No obstante reconociendo su ex-celencia, para Aristteles,
la justicia necesita de la amistad para cumplir su funcin plena de
solidaridad social. Hace falta otra dispo-sicin de nimo que
transforme la igualdad en vibracin ntima a travs de la amistad. Es
una obra del corazn y la amistad, es lo ms necesario en la vida.
Frente a la frialdad del derecho, la justicia evoca polticas de la
amistad para realizarse.
La sabidura filosfica clsica concibe la justicia como virtud,
idea, accin, mxima, valor, pero nunca exclusivamente como de-recho.
La naturaleza de la justicia siempre introduce los asuntos de la
igualdad y las injusticias, que no pueden reducirse nunca a normas
legales. La incondicional rendi-cin al derecho positivo, siempre
culmina en la negacin de la justicia.
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Conflicto y solucin poltica
Para la primera posicin, hay que conocer de antemano la esencia
de la justicia para poder identificar la situacin justa o injusta.
Desde una teora autosuficiente juzgamos el mundo concreto y lo
determinante es el res-peto al procedimiento acordado para llegar
al consenso racional (que sean todos los afec-tados los que
decidan). A nadie se le escapa que esta forma de abordar la
justicia poco o nada tiene que ver con la de los antiguos: en
primer lugar, se pone el acento en la libertad y no en el pan, es
decir, se asocia lo justo a decidir con el mismo grado de libertad
e independencia y no a la reparacin del dao causado; por otro, se
sustituye al otro por el nosotros, es decir, en lugar de relacionar
la justicia con la respuesta a la pregunta de quin ha sufrido
injusticia, colocamos la decisin colectiva como el eje de la
justicia: en vez de la creacin del bien comn, su reparto, es
de-cir, desaparece el concepto de justicia general en provecho de
la justicia distributiva4. Sus defectos principales se notan en el
traslape de la justicia por la libertad, el abandono de la igualdad
material, el excesivo peso del proce-dimentalismo que confunde
sufrimiento con decisin colectiva y la reduccin de la justicia
general slo a justicia distributiva.
Para la segunda mirada, es la experiencia real de la injusticia
la que obliga a construir teoras tentativas de la justicia desde la
injus-ticia. La experiencia de la injusticia no puede perderse
nunca de vista en la elaboracin terica, es decir, lo determinante
es estar siempre abiertos al sufrimiento de otros seres humanos,
porque la justicia es memoria re-dimida de todas las injusticias y
de cada caso de injusticias. La injusticia es primera tanto
4 Mate, Reyes. Tratado de la injusticia. Barcelona: Anthropos,
2011. p. 15.
La tercera premisa es sostener que el sentido autntico del
derecho es ponerse al servicio de la justicia, y no al contrario;
una justicia domesticada por el ordenamiento jurdico es su propia
negacin.
histrica como lgicamente. El sentimiento moral de indignacin y
la capacidad de inter-pelar toda forma de injusticia son
condicio-nes de toda justicia. Podemos denominarla una justicia
como memoria, reparadora, reconstructiva o restauradora. La
experiencia de la injusticia es el lugar filosfico privile-giado
para una posible teora de la justica y la memoria el escenario
determinante de la injusticia. Esta justicia como memoria o
reparadora toma distancia de los defectos de la justicia liberal. A
los intentos de reducir la justicia a la libertad los interpela
exigiendo la reparacin plena del dao; a la igualdad abs-tracta le
opone la igualdad material; al proce-dimentalismo le opone la
ambiciosa mxima moral de que nada se pierda en la memoria de todas
las injusticias (Benjamin); y, a la justicia solamente
distributiva, le recuerda la necesidad de una justicia general como
bien comn. No se trata de una justicia para la transicin, sino una
justicia para la memoria ms all del derecho, que siembre las
semillas de la paz.
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HSBC: Finanzas, lavado de activos y evasin fiscal
Daniel Libreros Caicedo
Profesor del Departamento de DerechoUniversidad Nacional de
Colombia
Los antecedentes histricos del HSBC
Desde su fundacin por parte del comerciante escocs Tho-mas
Sutherland hacia 1865, el banco HSBC, cuyas siglas significan Hong
Kong and Shanghai Banking Corporation, ha estado vinculado con el
lavado de dinero asociado al trfico de drogas. En efec-to, el HSBC
fue fundado despus de que finalizaron las dos guerras del opio
(1839-1842 y 1856-1860) con las que los ingleses, con el apoyo de
Washington y Francia, obligaron a China a aceptar las importaciones
de opio provenientes de la India, que haca parte del imperio
britnico, e impusieron dominio colonial sobre Hong Kong que para la
poca reci-ba el 70% aproximado de su flete martimo en opio.
Un siglo y medio despus, en 2014, el HSBC que actualmente
funciona como un gran grupo financiero transnacional que emplea a
260.000 trabajadores y cuenta con 54 millones de clientes en un
radio de accin que incluye a 75 pases1, preserva la tradicin de
asociarse con el negocio de la droga, lo que ha sido reconocido por
las agencias gubernamentales norteamericanas, entre ellas la OCC -
Office of the Comptroller of the Currency, la cual document que en
aos recientes
1 Datos tomados de su pgina web oficial
en:http://www.hsbc.com/about-hsbc
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Neoliberalismo Rampante
el HSBC haba abierto ventanillas en Mxico para realizar lavado
de activos2.
Ms an: HSBC ha confesado pblicamente sus vnculos con el
narcotrfico. En el propio parlamen-to norteamericano fue registrado
este hecho como antecedente para cuestionar la ausencia de
sanciones gubernamentales por este tipo de prcticas fraudu-lentas.
Efectivamente, hacia mediados del 2013, la senadora del Partido
Demcrata Elizabeth Warren, en debate desarrollado en comisin
parlamentaria, increp a David Cohen, quien oficiaba como vocero del
Ministerio de Finanzas dado su cargo de subse-cretario responsable
de la lucha contra el terrorismo y el espionaje financiero, a
propsito de la ausencia de sanciones para una entidad, diciendo que
En di-ciembre de 2012 ... HSBC confes haber blanqueado 881 millones
de dlares procedentes de los crteles mexicanos y colombianos de la
droga, y el banco ha admitido tambin haber violado las sanciones.
HSBC no lo ha hecho solo una vez, sino de forma reiterada. HSBC ha
pagado una multa pero ningn individuo ha sido expulsado de la
profesin bancaria y no se ha odo hablar de un posible cierre de las
actividades de HSBC en Estados Unidos. Querra que nos res-pondiera
a la siguiente pregunta: Cuantos miles de millones de dlares debe
blanquear un banco antes de que se considere la posibilidad de
cerrarlo?...3. Sin embargo, despus de todas estas denuncias el HSBC
recibi en diciembre pasado una multa de US$1,9 billones, monto que
puede recuperar en tan solo una semana de ganancias operativas. La
impunidad,
2 Matt Taibbi, Gangster Bankers: Too Big to Jail. How HSBC
hooked up with drug traffickers and terrorists. And got away with
it, Revista Rolling Stone (14/02/2013):
http://www.rollingstone.com/politic. Citado por Eric Toussaint en
Los Barones de la banca y la droga, 11 de Febrero del 2015, en
http://cadtm.org/rubrique1
3 Ibd.
http://www.nuestramirada.org/photo/carcel-de-mujeres-6?context=user
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resultado de la capacidad de soborno de los grupos financieros
sobre los gobiernos, es una de las caractersticas de la
globalizacin neoliberal.
La sucursal de HSBC en Suiza: un gran paraso fiscal
La sucursal de HSBC en Ginebra vena ofreciendo a sus clientes el
servicio de esconder capitales en un pas reconocido como paraso
fiscal. En marzo de 2008, Herv Falcia-ni, exfuncionario de esta
sucursal, entreg informacin que recolect confidencialmente durante
los aos 2006 y 2007 que involucraba a 106.000 clientes en 200
pases, quienes administraban en sus cuentas 180,6 millardos de
euros4.
Falciani viaj en primer lugar a Libia al ser requerido por las
autoridades suizas por ha-ber violado el secreto bancario y luego
se instal en Espaa en donde se ha involucrado con Podemos. La
informacin fue recogida, en primer lugar, por funcionarios
gubernamentales y autoridades judiciales de Francia y Alemania. En
el caso de Francia, la entonces Ministra de Defensa, Michle Alliot
Marie, intent eliminar la evidencia dando rdenes al fiscal
4 El cuadro reseado anteriormente fue tomado del peridico Le
Monde del 15 de febrero y muestra por pases el nmero de clientes ms
representativos.
_28 Volver a contenido
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Neoliberalismo Rampante
de Niza, Eric de Montgolfier, para que la retornara a Suiza, y
el fiscal se opuso5. Posteriormente, Falciani entreg los datos
confidenciales al diario francs Le Monde y al Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigacin (ICIJ), los cuales
realizaron una investi-gacin detallada en cada pas, publicitndola a
princi-pios de este ao y confirmando con nombres propios lo que ya
es suficientemente conocido a propsito de lo que representan los
parasos fiscales, espacios des-regulados del capital globalizado,
autorizados por la legislacin financiera, por donde circulan
dineros de las mafias de la droga, de los vendedores de armas, de
los sobornos a polticos y los ingresos no declarados de empresarios
y banqueros transnacionales.
El listado Colombia del HSBC-Suiza La plataforma del periodismo
latinoamericano
Connectas que es parte de ICIJ se asoci con Se-mana, El
Espectador y Noticias Uno para investigar a los 286 clientes
incluidos en la lista Falciani. Las con-clusiones del estudio
fueron publicadas en la prensa escrita el 1 de marzo pasado
mediante una resea ge-neral que deja lagunas informativas. Estas
conclusio-nes reconocen que entre los clientes se encontraron
narcotraficantes, lavadores, pero tambin familias de industriales,
banqueros, amas de casa, profesionales de la salud, estudiantes y
hasta un desempleado6. La resea periodstica cita en primer lugar a
la Cor-poracin Andina de Fomento (CAF), la cual registra el saldo
ms alto: 57 millones de dlares a travs de
5 Le Monde, 11 de enero, Operacin Chocolate. Esta Minis-tra ha
sido un personaje importante de la derecha francesa. En febrero de
2011, cuando oficiaba de Canciller del gobier-no de Sarkosy, debi
renunciar a causa del escndalo que signific haber aceptado unas
vacaciones pagadas por un magnate tunecino asociado al entonces
dictador de Tnez, Zine El Abidine Ben Ali, escndalo que eclips su
carrera poltica.
6 Revista Semana, La Lista HSBC en Colombia, 1 de marzo de
2015.
http://www.nuestramirada.org/photo/carcel-de-mujeres-6?context=user
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siete depsitos a nombre de cuatro ejecutivos residen-tes en
Colombia7, y aade para intentar justificar a esta entidad que
Enrique Garca, su Presidente, ya ha aclarado que como se trata de
dineros para la inversin y de carcter supranacional estn exentos de
impuestos. Como si los recursos de una entidad que financia
proyectos para la Comunidad Andina y que cuenta con instituciones
aprobadas mediante convenios multilaterales puedan ser invertidos
en parasos fiscales que sirven al lavado de activos y al fraude
fiscal, sin ninguna responsabilidad! Luego aaden: Dentro de la
investigacin periodstica se descartaron 103 nombres porque sus
cuentas apare-cen en ceros, entre ellos extraditados, clanes
vincula-dos con el paramilitarismo, empresarios investigados en
Estados Unidos por compra ilegal de dlares y protagonistas del
escndalo burstiles8. El hecho de que las cuentas se encuentren en
ceros en el lapso en que Falciani obtuvo la informacin no significa
que no hayan utilizado los servicios del HSBC-Suiza. Por qu
entonces no divulgan los nombres?
Posteriormente, la informacin periodstica en cuestin gira hacia
personajes involucrados en lavado de dinero que ya haban reconocido
tener cuentas en HSBC. Es el caso de Gustavo Durn Bautista,
nar-cotraficante que fue detenido en el 2007 en Uruguay con 500
kilos de cocana. Adiciona la crnica que uno de sus hombres de
confianza fue detenido en Francia un ao atrs y confes que tena 10
cuentas en el HSBC-Suiza por 3 millones de dlares. Cita a Andrs
Piedrahita, quien estuvo involucrado en el fraude Madoff y que
tambin haba reconocido tener depsitos en HSBC. Igualmente a
Salvador Erieri Gallo, promotor inmobiliario que fue acusado en el
2010 por uno de sus socios de lavado de dinero con el objetivo de
comprar ttulos de PVDSA y vender
7 Ibd., 1 de marzo de 2015.
8 Ibd., 1 de marzo de 2015.
El HSBC, que actualmente
funciona como un gran grupo
financiero transnacional que
emplea a 260.000 trabajadores y cuenta con
54 millones de clientes en un
radio de accin que incluye a 75 pases, preserva
la tradicin de asociarse con el
negocio de la droga, lo que ha sido reconocido por las
agencias
gubernamentales norteamericanas, entre ellas la OCC
- Office of the Comptroller of the
Currency, la cual document que
en aos recientes el HSBC haba
abierto ventanillas en Mxico para realizar lavado
de activos.
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https://roblesmaloof.files.wordpress.com
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dlares en el mercado negro. Para lograr este objetivo movi 20
millones de dlares en el HSBC9.
Llama la atencin que en las conclusiones informativas
presentadas ante la opinin pblica no haya ningn comentario sobre
Salomn Kassin, a pesar de que figura en el listado-Falciani10 y de
que ha estado involucrado en los recientes escndalos financieros de
Inter Bolsa, Easy Fly y la Bolsa Mercantil, en los que aparece
implicado como banquero de inversin. Se trata del mismo personaje
que en 1997, en el peridico El Tiempo fue denunciado por el actual
presidente Santos como res-ponsable de haber utilizado testaferros
para que el fondo de inversin Electric City Fund Inc. adquiriera a
Termocartagena. El mismo que apareci como miembro de la Junta
Directiva de West-Sphere, fondo de inversin estadounidense con
capitales diseminados por toda Amrica Latina, que en el caso de
Colombia utiliz la representacin del Banco del Pacfico, entidad
financiera de ingrata recordacin por sus opera-ciones fraudulentas
en las que los funcionarios cercanos al gobierno de Andrs Pastrana
tuvieron un papel protagnico11.
Incluye la resea periodstica a Frank Giustra, multimillonario de
origen canadiense y accionista de Blues Pacific, Pacific Rubiales y
la ma-derera Prima Gran Colombia Gold. Complementa el acervo
informativo con estos datos: abri una cuenta en HSBC en el 2002 con
una cantidad que super los 10 millones de dlares. Giustra es uno de
los grandes donantes de la fundacin Clinton y segn investig The New
York Ti-mes acompa al expresidente de Estados Unidos a Kazajstn a
comprar una compaa estatal de explotacin de uranio. The Wall Street
Journal tambin denunci que en 2008 Clinton acord con el seor
Giustra un encuentro con el Presidente colombiano lvaro Uribe y que
esta reunin
9 Sobre los grupos empresariales internos el Informe dice: En
total esta investiga-cin identific 31 clanes, de estos 17 grupos
familiares concentran 179 de los 276 millones de dlares asociados a
Colombia. Grupo familiar de los Steuer Gutirrez con empresas de
fachada en Bahamas. Por otra parte los Scarpetta Geneco,
em-presarios del Valle del Cauca, que abrieron siete empresas
diferentes, gran parte domiciliadas en Trtola, la capital de las
Islas Vrgenes britnicas. Siete miembros de las familias fueron
clientes de HSBC Ibd., 1 de marzo de 2015.
10 En la anotacin respectiva de la lista dice: Kassin Tesone
Rafael/Textiles y Pls-ticos Safra muriHermano Salomn. Efectivamente
Rafael Kassin muri hace varios aos.
11 Adems, Por hacer inversiones en Latinoamrica este fondo
reciba dinero del presupuesto de los Estados Unidos a travs de la
agencia pblica OPIC que tiene que ver con la proteccin de
inversiones. Germn Castro Caycedo en el libro Sin Tregua, en el que
describe en detalle los fraudes del Banco del Pacfico apoyado en
los debates parlamentarios de Gustavo Petro.
_32 Volver a contenido
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Neoliberalismo Rampante
permiti que Pacific Rubiales lograra un arreglo con Ecopetrol
para hacerse a un campo petrolero12.
Los colombianos hemos quedado notificados de cmo acta Pacific
Rubiales para obtener concesiones petroleras y del papel de
intermediarios de negocios privados de Bill Clinton y lvaro Uribe.
Pero hemos recibido una notificacin adicional cual es la de que
parte de las ganancias que obtiene Pacific Rubiales destruyendo
territorios en el pas deben estar circu-lando en los depsitos
secretos del HSBC, evadiendo impuestos. Mientras tanto y con la
justificacin de la cada de los precios internacionales de los
hidrocarburos el gobierno de Santos, siguiendo las recomendaciones
de la OCDE, acaba de instalar una comisin tcnica que redactar una
propuesta de reforma tributaria para presentar al Congreso en el
segundo semestre de este ao, comisin que segn las declaraciones de
algunos de sus integrantes terminar por aumentar el IVA. Como si
fuera poco y con el mismo argumento de la reduc-cin de los precios
de los hidrocarburos, el Plan de Desarrollo, elaborado por los
tcnicos gubernamentales y que actualmente se discute en el
Congreso, propone la renegociacin de los contratos petroleros en
favor de las empresas multinacionales, incluyendo rebajas
tribu-tarias. Tienen estas mismas empresas patente de corso para
despedir masivamente a los trabajadores del sector. Desde los
inicios de 2015 se calcula que el nmero de despedidos en la
industria petrolera llega a aproximadamente 20.000
contratistas.
A ello se suma la quiebra de ECOPETROL causada por el fracaso de
la poltica energtica oficial que ha producido el despido de cerca
de 10.000 contratistas. En consecuencia, la huel-ga que ha votado
la USO para los prximos das tiene una gran legitimidad social.
12 Ibdem, 1 de marzo de 2015.
http://www.nuestramirada.org/photo/carcel-de-mujeres-6?context=user
N 51, Marzo de 2015 Bogot, Colombia Contenido
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Izqu
ierd
a en
deb
ate
La contienda poltica por la alcalda de Bogot:Un paso adelante y
dos atrs?
Santos Alonso Beltrn Beltrn
Profesor Universidad Nacional ESAP
La lucha electoral en Colombia ha sido un campo de batalla en el
que se han dado cita los mas disimiles contendores. En al-gunos
momentos de la historia nacional han convergido al ruedo
repre-sentantes de corrientes polticas con posiciones alternativas
enfrentados a los partidos tradicionales que histricamente, y bajo
diversos ropajes, han acaparado la vida poltica nacional. En esta
disputa democrtica, casi ininterrumpida, por el poder en nuestro
pas, han campeado las practicas ms aberradas en materia electoral,
aqu hemos tenido desde el clientelismo poltico tradicional que se
ha enseoreado de la admi-nistracin pblica nacional desde mediados
del siglo XX, la compra de votos en las regiones que aprovecha la
situacin precaria en la que viven grandes sectores de la poblacin
nacional, hasta el clientelismo armado de grupos paramilitares que
han presionado a los electores para elegir a mandatarios locales
que secunden su acciones ilegales de apropiacin de los recursos
pblicos. Por supuesto se presentan otras prcticas co-rruptas: el
nepotismo que ha perpetuado a familias enteras, y por
gene-raciones, en el poder poltico, la participacin abierta de
funcionarios pblicos en ejercicio favoreciendo a partidos y
aspirantes, la financiacin de actores privados a candidatos para
que una vez elegidos favorezcan los intereses de las firmas o
empresas que los patrocinaron. En fin, la de-mocracia colombiana
aunque parece ostentar el ttulo de la ms antigua de Amrica Latina
no es precisamente la ms garantista y transparente, y si bien
comparte sus vicios con la mayora de procesos democrticos
_34 Volver a contenido
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Izquierda en debate
http://en.wikipedia.org/wiki/Cotton_mill
en el mundo, las dimensiones de la corrupcin y los delitos que
se cometen contra las prcticas electorales aqu son de unas
dimensiones que distan mucho de lo acaecido en otros pases del
vecindario.
Por el uso de estas prcticas, la contienda electoral entre
derecha e izquierda poltica en el pas, ha estado artificiosamente
inclinada a favor de la derecha. Los partidos tradicionales y sus
mltiples expresiones regionales, que se presentan como
microempresas electorales, han logrado usar en su provecho esta
ba-tera de acciones ilegales para quedarse con el poder, y no han
escatimado esfuerzo alguno para eliminar la posibilidad de ascenso
de opciones alternativas. El recetario utilizado para este fin por
los partidos tradicionales ha sido variado y ha llegado a usar la
cooptacin poltica, el sealamiento y el acoso me-ditico, pero, an
mas all, han emprendido acciones de violencia sistemtica contra las
expresiones de izquierda, llegando, incluso, a eliminar
colectivida-des polticas completas, asesinar lderes o condenar a la
oposicin armada a importantes sectores de la sociedad nacional,
todo ello sin experimentar el mas mnimo empacho moral. As no es
raro que se tenga la idea de que este pas es mayoritariamente de
dere-cha o por lo menos de centro derecha.
Sin embargo, en los ltimos tiempos la Alcalda Mayor de Bogot ha
estado por tres periodos con-secutivos en manos de partidos de
izquierda. Esta situacin parecera demostrar que en la capital de la
Republica existe una dinmica electoral menos some-tida a la presin
de los vicios y prcticas corruptas que campean en la poltica
regional. Sea esta una ocasin para reflexionar sobre la prxima
contienda electoral en Bogot y sus implicaciones para una Colombia
que se prepara para una sociedad en paz.
Izquierda en Bogot: Cul izquierda?La izquierda poltica en la
capital ha estado en el poder por tres periodos consecutivos. Como
se re-cuerda, inici con la administracin de Luis Eduardo
http://derechodelpueblo.blogspot.com/2013_01_20_archive.html
N 51, Marzo de 2015 Bogot, Colombia Contenido
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Lucho Garzn, continu en la Administracin de Samuel Moreno, que,
luego de la destitucin del al-calde, termina Clara Lpez, y se
extiende hasta ahora con la alcalda de Gustavo Petro.
La primera reflexin que nos debe ocupar en el caso de las ltimas
administraciones de Bogot, es su verdadera extraccin poltica. Las
dos primeras provinieron del PDA, un partido que ha representa-do a
un sector importante de la izquierda nacional y que en la capital
haba mantenido un importante bastin electoral. Sin embargo, no se
debe olvidar ni el destino final de los dos alcaldes ni su
procedencia poltica. En el caso de Moreno Rojas, el destituido
alcalde era miembro de un partido que se supone re-coga las
banderas del movimiento populista de cen-tro derecha que fundara su
abuelo hacia los aos 70 en Colombia, y luego afiliado al PDA en la
dinmica de la confluencia de un frente amplio; su procedencia de
izquierda es ms que dudosa. En relacin a Lu-cho Garzn, es un
antiguo dirigente sindical que se desmarc rpidamente de la lucha
obrera y termin representando a amplios sectores de la izquierda
democrtica que desde el principio desconfiaron de su tendencia a
actuar de manera solitaria y megal-mana; su inicial procedencia
obrera queda rebatida por los coqueteos que desde el principio
realiz con la derecha ms recalcitrante. En cuanto a su destino
final, nada puede ser ms emblemtico para sealar la extraa
trayectoria poltica de estos dos alcaldes del PDA: Moreno Rojas, en
la crcel por corrupcin, y Garzn, en las toldas de la administracin
de derecha del presidente actual. En cuanto a la administracin de
Petro, el mandatario perteneci en algn momen-to al M-19 pero sin
ser parte activa de las estructuras armadas de comandancia o
direccin, y luego, am-nistiado, inici una ascendente carrera
poltica que lo llev, de la mano del PDA, a ocupar en varias
ocasiones un escao en el Congreso de la Repblica. Sin embargo, la
actitud displicente con el partido y las posiciones polticas
abiertamente contrarias a
Estas administracio-nes han entendido el problema de la
pobreza como una situacin estructural
que demanda la intervencin del
Estado distrital par-tiendo de la atencin y solucin de
necesi-dades bsicas insatis-fechas, pero tambin de la
transformacin
estructural de sus condiciones mate-
riales de vida ligadas al bajo desarrollo
institucional y a la baja presencia del Estado en dichas
comunidades.
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Izquierda en debate
los direccionamientos polticos de la colectividad relegaron a
Petro de la accin poltica partidista, por lo que lleg a la Alcalda
avalado por una colectividad poltica conformada por antiguos
sectores del mismo M-19, algunas expresiones de centro derecha y
polticos alternativos independientes de centro; enemistado con la
izquierda histrica del pas y avanzando con una agenda propia ms
cercana al centro, su extraccin de izquierda es tambin un punto
discutible.
Otro factor importante que cuestiona la procedencia de izquierda
de estas administraciones, es el lamentable tinte de corrupcin
admi-nistrativa que ha teido sus logros en materia de poltica
pblica. Sin embargo, la memoria selectiva de la opinin nacional
olvida con facili-dad procesos de corrupcin rampantes ocurridos en
administraciones de antao, como en los casos de Andrs Pastrana y
Juan Martn Caicedo Ferrer, o que los carteles de la contratacin
actuaron no solamente en las ltimas administraciones de la capital
sino que han operado desde muchos antes en todo el pas, y que en la
escala nacional la capacidad de corrupcin de estas mafias ha sido
ostensiblemente ms grande.
En los tres casos es claro que los mandatarios han abandonado
los lineamientos polticos-organizativos que los llevaron al poder.
Tal vez por ello, esa extraccin de izquierda parece verse rebatida.
Sin embargo, aun en su distancia con la oficialidad de izquierda,
sus administraciones han desarrollado procesos importantes de
inclusin social y sus medidas
http://anarkismo.net/attachments/aug2013/huber_ballesteros.jpg
N 51, Marzo de 2015 Bogot, Colombia Contenido
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han cambiado de manera positiva la forma en que la ciudadana
entiende el gobierno de la capital, en la lnea de un nuevo sentido
de lo pblico que rei-vindica la garanta de los derechos de las
poblaciones vulnerables, la eliminacin de la segregacin y la
construccin de un espacio urbano ms amigable con los ciudadanos y
ms sostenible en trminos econ-micos y ambientales. Al final, han
mantenido una posicin que si bien no se puede caracterizar como
perteneciente a la oficialidad de la izquierda nacional, s ha
logrado mantener un cariz alternativo que des-marca a estos
gobiernos de otros orientados por una imagen restrictiva de la vida
ciudadana, imbuidos en la transformacin urbanstica pero sin una
imagen acertada de la situacin de pobreza o exclusin, o simplemente
conectados con las clientelas del orden nacional con el propsito de
favorecer los intereses de castas polticas que han administrado la
ciudad durante dcadas.
Izquierda o derecha: continuidad, replanteamiento o ruptura?
En cada periodo los errores cometidos por cada mandatario han
sido gigantes. Las prcticas corrup-tas, que permean el sistema de
contratacin pblica y que en muchas ocasiones estn tan enquistadas
que ningn mandatario puede garantizar la transparen-cia absoluta en
la asignacin y ejecucin de las obras y presupuestos, han golpeado
la imagen de la izquierda como alternativa poltica en la capital.
El caso de la administracin Moreno Rojas es, como se deca, por
antonomasia, el mejor ejemplo de la corrupcin galopante que carcomi
las bases de la legitimidad de las opciones alternativas de poder
en Bogot. Sin em-bargo deben considerarse dos hechos indiscutibles:
el primero, que la ciudad y las dinmicas de gobierno han tomado
perspectivas diferentes y positivas frente a las anteriores formas
de administrar la capital; y, la segunda, que el electorado
bogotano an sigue
Las tres ltimas administraciones
de Bogot han desarrollado
procesos importantes de inclusin social y sus medidas
han cambiado de manera positiva la forma en que
la ciudadana entiende el
gobierno de la capital, en
la lnea de un nuevo sentido de lo pblico
que reivindica la garanta de
los derechos de las poblaciones vulnerables, la
eliminacin de la segregacin y la construccin de
un espacio urbano ms amigable con
los ciudadanos y ms sostenible
en trminos econmicos y ambientales.
_38 Volver a contenido
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Izquierda en debate
manifestndose a favor de opciones de poder alternativas a las
planteadas por los partidos tradicionales.
En el primer punto, es claro que la ciudad ha tomado rumbos
diferentes y positivos en muchos aspectos. Uno de los ms
importantes tiene que ver con la construccin de acciones de poltica
p-blica orientadas a la desmarginalizacin, la inclusin positiva y
el desarrollo social de importantes sectores de poblacin en esta-do
de vulnerabilidad econmica y social. Estas administraciones han
entendido el problema de la pobreza como una situacin estructural
que demanda la intervencin del Estado distrital partiendo de la
atencin y solucin de necesidades bsicas insatis-fechas, pero tambin
de la transformacin estructural de sus condiciones materiales de
vida ligadas al bajo desarrollo institucional y a la baja presencia
del Estado en dichas comunidades. En materia de seguridad, se ha
transitado de una visin peligrosista y restrictiva a una orientada
a la reduccin de las condiciones sociales que producen las
situaciones de inseguridad y que, a su vez, reproducen la
inclinacin de grupos sociales a delinquir. La seguridad ciudadana
se ve ahora desde una perspectiva ms humana conectada de manera
directa con la auto-rregulacin, la convivencia, la solidaridad y la
corresponsabilidad. Otras acciones y perspectivas podran dar cuenta
del impor-tante giro que la administracin distrital ha venido
desarrollando, pero tal vez estos dos aspectos sean parte de lo ms
representativo de los nuevos y positivos planteamientos en materia
de gobierno de la ciudad que han venido gestndose en los ltimos
tiempos.
El segundo punto es tambin un impor-tante aspecto para entender
la continuidad de la izquierda en Bogot. La dinmica democrtica y
electoral en la capital de la Repblica es muy diferente de los
procesos desarrollados en la Colombia profunda, donde los electores
estn ms sometidos a las presiones de la corrupcin, y donde las
autoridades locales pueden utilizar en su fa-vor los vicios de los
que adolece la democra-cia colombiana. Esta observacin es certera
en Bogot, que aun durante la obnubilacin que sufri el pas ante la
personalidad auto-ritaria en los mandatos de Uribe, mantuvo su
independencia eligiendo mandatarios separados de la tendencia de la
seguridad democrtica y en abierta oposicin a ella. El electorado
capitalino est ms dispuesto a la reflexin crtica y a la valoracin
indepen-diente de las propuestas de los candidatos, adems parece
estar hastiado de la perpe-tuacin de las castas polticas en el pas.
A los bogotanos de a pie, ni el abolengo ni la pertenencia a los
partidos tradicionales les generan ahora mayor respeto; en su lugar
experimentan con opciones diferentes y no-vedosas que por su
extraccin alternativa y de izquierda no han tenido la oportunidad
de administrar la ciudad.
De cualquier manera, las prximas elecciones en Bogot nos pueden
mostrar si tenemos un pas tolerante y abierto a la accin poltica de
tendencias alternativas de izquierda que puedan plantear formas
diferentes de administrar el gobierno, o si por el contrario las
prcticas corruptas y los vicios electorales que iniciaron la
violencia en Colombia se seguirn reproduciendo como una plaga que
se niega a morir.
N 51, Marzo de 2015 Bogot, Colombia Contenido
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Izqu
ierd
a en
deb
ate
Bajo el ltigo de la contrarrevolucinMomento crucial de la
revolucin bolivariana
Jorge Gantiva Silva
Profesor TitularUniversidad del Tolima
La contrarrevolucin en accin
Chvez recordaba la sentencia de Marx segn la cual las verdaderas
revoluciones necesitan del ltigo de la contra-rrevolucin para
avanzar. Como crtico de la fatalidad y la resignacin, el araero
Chvez hablaba de estrategia, estudio, organizacin, mo-vilizacin y
solidaridad para enfrentar los duros embates de la derecha nacional
e internacional. Admiti que las fuerzas del imperio-capital eran
poderosas y la capacidad destructiva del enemigo era enorme. Nun-ca
despreci la accin estratgica de las fuerzas regresivas del
capitalismo que se niegan a desaparecer. Saba que las clases
sociales y los poderes dominantes no desparecen de la historia por
voluntad propia, y como
Y vienen con todo, y nosotros vamos con todo!Todo golpe tendr
siempre su
contragolpe revolucionario!Hugo Chvez
_40 Volver a contenido
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Nuestra Amrica
fieras heridas de muerte lanzan los ataques ms fero-ces,
aferradas al poder, a las riquezas, a los privilegios.
En el lapso de 15 aos la reaccin venezolana e internacional no
ha perdonado a Venezuela tomar un camino rebelde, autnomo y libre
del imperio-capital. Ya desde 2001 los Estado Unidos haban ordenado
derrocar al presidente constitucional Hugo Rafael Chvez Fras, lo
cual se concreta en abril de 2002 cuando un grupo de militares
golpistas apoya-dos por la CIA impuso un gobierno de facto durante
72 horas, violando todos los principios democrticos y
constitucionales. Fallido el golpe tras la moviliza-cin popular,
contino el asedio a travs del paro petrolero (2002) y la guerra
sucia y la violencia. Al mismo tiempo, alent la serie de
provocaciones blicas auspiciadas por el gobierno de Uribe Vlez,
promovi la infiltracin del paramilitarismo, alent la guerra sucia
interna, organiz varios intentos de magnicidio contra el presidente
Chvez, extendi el modelo del golpe suave, vincul al Gobierno y a la
cpula revolucionaria con el negocio del narcotrfi-co, instal una
estrategia de subversin permanen-te contra la institucionalidad
democrtica, tom medidas sancionatorias contra destacados
funcio-narios venezolanos por violaciones a los Derechos Humanos,
desat la guerra econmica global (es-casez, sabotajes,
desabastecimiento, acaparamiento), suscit la violencia mediante
guarimbas, saboteos y homicidios, y recientemente remat con el
putsch terrorista la operacin Jeric, que buscaba ase-sinar al
presidente constitucional, Nicols Maduro, bombardear oficinas del
alto Gobierno, Telesur y destruir importantes objetivos
gubernamentales, mi-litares y econmicos. (Vase los estudios y las
pruebas documentales del gobierno bolivariano, los trabajos de Eva
Golinger, Atilio Born, www.rebelion.org).
El silencio al respecto de Washington, Madrid y Bogot ha sido
elocuente. La felona siempre juega con la mentira y la cobarda.
Ahora los verdugos apa-recen, vctimas inocentes de la ya conocida
cantinela
http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/carceles-y-presos-de-colombia/14739475
N 51, Marzo de 2015 Bogot, Colombia Contenido
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de rgimen dictatorial. Al tiempo que la oposicin golpista
venezolana e internacional recurriendo a la mentira ha salido a
gritar a los cuatro vientos: violacin a los Derechos Humanos! La
derecha no descansa ni un instante para hacer desaparecer la
re-volucin bonita y destruir el liderazgo de Venezuela y la figura
liberadora de Hugo Chvez del espectro internacional y del
imaginario de los pueblos. Vene-zuela no ha tenido respiro ni
descanso para construir su propio proyecto histrico. El golpismo,
el neointer-vencionismo norteamericano, la guerra meditica y la
guerra econmica han sido, entre otras, estrategias del
imperio-capital para liquidar esta experiencia re-volucionaria. El
capital repudia cualquier alternativa emancipadora. Segn los
documentos y las pruebas que present el presidente Maduro fue
evidente que en la planificacin del golpismo contra Venezuela
participaron activamente los Estados Unidos y sus embajadas en
Caracas y Bogot. El gobierno boliva-riano revel las comunicaciones
entre el embajador yanqui en Colombia y Mara Corina Machado, lder
opositora, en la que muestra el importante financia-miento para
romper los anillos de seguridad del presidente Maduro y otros
lderes revolucionarios.
Los Estados Unidos han utilizado muchas formas para subvertir el
orden constitucional en Venezuela. Mediante los institutos de los
partidos demcrata y republicano, la USAID (agencia para el
desarrollo), la NED, el ataque meditico a travs de los
expresi-dentes lvaro Uribe, Sebastin Piera, Andrs Pas-trana y
Felipe Caldern para montar una cortina de humo sobre la violacin de
los Derechos Humanos y la crisis en Venezuela, apan la accin
golpista. Lo propio hacen los legisladores cubano-estadunidenses
Ileana Ross Lehtinen, Mario Daz Balart, Marcos Rubio y Robert
Menndez, todos promotores de la contrarrevolucin en Venezuela y en
Cuba. Con la intencin de crear una situacin de angustia y zozo-bra,
estas campaas mediticas, acciones encubiertas y gestiones
humanitarias, buscan socavar la moral
El imperio no descansar.
Estamos nosotros en el epicentro de un huracn.
La extrema derecha nunca abandonar la
carta del golpismo. Su naturaleza es
el fascismo, el odio cada da ms grande en contra
de nuestro pueblo y sus lderes. El
imperialismo no nos dejar en
paz. La burguesa venezolana,
pitiyanqui, no nos dejar en
paz; as que acostumbrmonos
a vivir en un conflicto
permanente. (Hugo Chvez)
_42 Volver a contenido
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Nuestra Amrica
del Gobierno y la estabilidad institucional, crear la anarqua,
desatar una ola de violencia y generar una suerte de gobierno
fallido que allane el camino para una intervencin directa de los
Estados Unidos.
De la guerra econmica a la guerra mediticaEl eje del
neointervencionismo norteamericano y de la accin golpista se centra
en
la guerra econmica, la guerra meditica y la transicin
democrtica, todo un libreto confeccionado en los focos de la
reaccin internacional, cuyos lderes, Antonio Ledezma, Mara Corina
Machado, Leopoldo Lpez y Hernando Capriles, operan como jefes de
una estrategia destructiva del gobierno constitucional de Nicols
Maduro en asocio con la derecha internacional de Madrid, Washington
y Bogot. Este programa reaccionario se encuentra en su fase de
ejecucin, con altibajos y parcialmente develado por el gobierno
bolivariano. La burguesa y el capital internacional pretenden
recuperar el poder de la renta petrolera, en un escenario de la
cada de los precios del crudo, cuyo socio imperial y sus aliados en
la regin necesitan estas reservas consideradas las ms grandes del
mundo. El mundo est en guerra, por lo menos as lo anuncian los
seores Biden y Kerry; y muy difcilmente se vislumbra un pacto de
paz entre los grandes poderes imperiales. Los nuevos bloques de
poder, la decadencia de los Estados Unidos y la crisis global del
capitalismo hacen prever que el petrleo, principal fuente de energa
fsil, as como el agua, se tornen en el eje central de la disputa
por la hegemona mundial.
Venezuela vive una situacin crtica en virtud de la especulacin y
la inflacin. El r-gimen capitalista no ha sido superado. La
burguesa venezolana e internacional repudia el control de cambio:
necesita el mercado libre, negro, la especulacin, los negocios
ilcitos
http://www.eltiempo.com/multimedia/infografias/carceles-y-presos-de-colombia/14739475
N 51, Marzo de 2015 Bogot, Colombia Contenido
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para retornar a las grandes ganancias. La demanda de dlares a
una tasa preferencial fijada por el Estado venezolano para importar
productos, es una operacin a la que la burguesa recurre para vender
los productos hasta 10 veces por encima de su valor; en su
desesperacin porque la cuota de ganancia es limitada, busca
acaparar e inflar artificialmente los precios, atacando
directamente las necesidades de la poblacin. Tambin recurre al
contrabando con Colombia. Segn clculos de la presidenta del Banco
Central de Venezuela, Edme Betancourt, 20.000 millones de dlares
fueron obtenidos a tasa preferencial en 2012 por empresas de
maletn, cifra que el presidente Maduro estima que ha triplicado su
valor a lo largo de los ltimos aos. Regularmente, estos mismos
dlares tornaron al mercado negro, multiplicando de manera
exponencial las ganancias de una burguesa parasitaria. Las
recientes medidas tomadas por el Gobierno buscan detener la
maniobra de los especuladores para unificar bandas cambiarias a
travs del Sistema Marginal de Divisas (Simadi).
De otro lado, Venezuela pierde cada ao aproximadamente 12.500
millones de dlares por la poltica de subsidio del precio del
petrleo, vendiendo a 0.07 bolvares el litro que a PDVSA le cuesta
producir 2.7 bs. La rabia de la burguesa parasitaria radica en la
poca participacin de la cuota de ganancia. La presin internacional
de las empresas trans-nacionales es muy grande. Entre tanto, el
Estado asume la carga del subsidio y las demandas sociales. El
imperio-capital se ve constreido, y desata el ms feroz ataque
contra la revolucin bolivariana, mediante el acaparamiento, la
escasez y la especulacin. An los medios de pro-duccin no estn manos
de la revolucin. Cmo podr solventarse esta situacin asimtrica?
Hasta ahora ha predominado el asistencialismo y una suerte de
neodesarrollismo. Cmo encarar los desafos de un nuevo modelo
productivo? Puede el extractivismo seguir como fundamento de un
modelo alternativo? Son preguntas que la derecha internacional
asume por el retorno de la va imperial-capitalista. El ao 2014 fue
el espectculo de la manipulacin por parte de las grandes
corporaciones mediticas que va desde el hambre, los saqueos, hasta
la libreta cuba-na, el empobrecimeinto y la desolacin. El punto se
centr en auspiciar el golpe de Estado, desestabilizar el gobierno
del presidente Maduro y desbaratar la integracin
latinoamericana.
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N 51, Marzo de 2015 Bogot, Colombia Contenido