Retrospectiva de la sociedad civil organizada en Chile: 25 ...accionag.cl/wp-content/uploads/2018/12/Retrospectiva-de-la-sociedad-civil-organziada...25 años de Acción 5 Capítulo

Retrospectiva de la sociedad civil organizada en Chile:

25 años de ACCIÓN

Retrospectiva de la sociedad civil organizada en Chile: 25 años de ACCIÓNM. Margarita Fernández

Presidenta de ACCIÓNVerónica Matus

Secretario EjecutivoMiguel Santibáñez I.

Edición Libio Pérez Z.

Diseño Elena Bravo

Diciembre 2018

ISBN: 978-956-8735-06-7

Este estudio se ha realizado en el marco del proyecto “Asocia2030” 2017-2018, implementado por la Asociación Chilena de ONG – ACCIÓN y financiado por la Unión Europea.

Esta publicación tiene licencia Creative Commons (CC). Queda permitido divulgar, reproducir y difundir sus contenidos citando las fuentes. Este material no puede ser usado para fines comerciales.

Este documento se ha realizado con el apoyo financiero de la Unión Europea. El contenido de este trabajo es responsabilidad de su autora y no representa necesariamente a la Asociación Chilena de ONG ACCIÓN, ni en modo alguno debe considerarse que refleja la posición de la Unión Europea.

Retrospectiva de la Sociedad Civil Organizada4 5

Agradecimientos

Presentación

Prólogo

Introducción ACCIÓN desde un horizonte de 25 años de existencia

Capítulo I Sociedad civil organizada: Algo de su historia y presencia en Chile Elementos de historia de la sociedad civil en Chile Las distintas corrientes de la sociedad civil organizadaLas Organizaciones No Gubernamentales

Capítulo II La emergencia de las ONG bajo condiciones de excepción La oleada de expansión de las ONG Factores que contribuyen a la creación de las ONG La identidad bajo la dictadura Los roles del periodo

Índ

ice

9

11

13

1818

26

2834

36

44

4447 4951

26

44

25 años de Acción 5

Capítulo III El cierre de la dictadura y la proyección de las ONG en democracia El plebiscito y su proyección Las redes de ONG post plebiscito: 1988-1990 El Taller de Cooperación al Desarrollo La Coordinación Nacional No GubernamentalLas redes temáticas

Capítulo IV La transición no pactada de las Organizaciones de la Sociedad Civil Transición y sociedad civil Incidencia y desencuentros: ONG y políticas públicas ACCIÓN: Debates y propuestas de la década El estatuto jurídico de las ONG Un sistema nacional de cooperación y de fortalecimiento de la sociedad civil Actores claves: la Cooperación Internacional y la AGCI El reconocimiento formal de la participación en políticas públicasConclusiones de la década

Capítulo V ¿El retorno de la ciudadanía? Segundo Congreso: El debate de ACCIÓN al comenzar la década Repensando la identidad Los vínculos con otros actores de la Sociedad Civil Las dinámicas y cambios en la sociedad El Consejo Ciudadano y las políticas de fortalecimiento de la Sociedad Civil El quehacer que dibuja el Congreso Seguimiento de la política de participación y fortalecimiento de la Sociedad Civil

56

5759 626870

73

7579

9498100

103

108

111

114116

119 124125127

131132

56

73

114

Retrospectiva de la Sociedad Civil Organizada6

El Tercer Congreso de ACCIÓN El Código de Ética para las ONG de ACCIÓN Las adaptaciones de las ONG ACCIÓN y la emergencia de los espacios internacionales Balance de la década Capítulo VI Un cambio de ciclo: Repercusiones en la agenda (2010-2018) La sociedad civil organizada en el periodo La Agenda de ACCIÓN ACCIÓN y su rol sociopolítico ACCIÓN y su vínculo con la sociedad civil global. El Cuarto Congreso de ACCIÓNEl Consejo de Participación Ciudadana y las propuestas de las OSCAgenda 2030: Capacidades y seguimiento desde la sociedad civil

Capítulo VII

Balance y proyecciones

Capítulo VII

Reflexiones finales

Bibliografía

138140147154

158

162

164169 179182185186

189

192

199

162

192

199

203


Agradecimientos

Un reconocimiento a la valiosa colaboración de quienes han sido parte fundamental de esta historia, dispusieron de su tiempo para participar de las entrevistas en profundidad y con sus aportes han hecho posible la construcción de este texto: Álvaro Ramis, Gonzalo Delamaza, Ana María Medioli, Ana María de La Jara, Verónica Matus, Martín Pascual, Javier Salinas, Juan Aldana, Raúl González, Miguel Santibáñez y Francis Valverde. Gracias también a Magaly Ahumada por sus valiosos comentarios y a Paula Jara por su colaboración en rastrear los documentos.

La finalidad de construir una retrospectiva es hacer un alto en el camino para repasar los hechos, las decisiones y las acciones de agentes que se involucraron en un quehacer sociopolítico bajo un determinado contexto. Implica revisitar aquello que fue significativo para una diversidad de personas que vivieron una experiencia a lo largo de una historia, poniendo en juego sus visiones, convicciones, utopías y esperanzas, y poder relacionar aquello con el presente, sus desafíos y los cambios a los que sus continuadores se enfrentan.

Hacerlo conlleva numerosos riesgos. Tanto de omisión de procesos y sucesos que pueden tener relevancia para quienes


participaron en ellos, como de una interpretación que no se ajuste a la óptica o al sentido otorgado en el momento a las acciones o reflexiones hechas. Un riesgo que solo puede ser aminorado atendiendo a la fidelidad de los documentos y a la voz de quienes protagonizaron dichos procesos. Sin embargo, ningún documento es tan fiel a la historia. Más aún cuando una reflexión o una propuesta, se expresa, a veces, de modo fragmentado en distintas páginas de diversos documentos, condicionados por la prisa de los acontecimientos y la urgencia de responder a una determinada situación o coyuntura. Sobre todo cuando se trata de personas y de organizaciones que han buscado incidir en el acontecer social y político desde un quehacer cotidiano.

También se corre el riesgo de reinterpretar u omitir aspectos relevantes cuando, los actores, a pesar de compartir aspectos claves de una visión, una perspectiva, una idea de sociedad o una utopía que direcciona su quehacer y que otorga una cierta identidad común, se despliegan, sin embargo, en una diversidad de prácticas y multiplicidad de acciones caracterizadas por la autonomía, haciendo elecciones propias y asumiendo las consecuencias de los actos. O cuando se trata de actores que han vivido momentos de tensión, de crisis y de re-construcción bajo escenarios diversos, favorables y amenazantes, en los cuales a veces, la rapidez de los sucesos demanda respuestas que surgen de una reflexión personal o compartida, pero ella va muy por delante del necesario pero difícil esfuerzo de sistematización. O también porque la memoria es frágil, e ir haciendo preciso el proceso de su recuperación toma un tiempo que no siempre es el disponible. Por todos esos riesgos que pueden afectar la elaboración de este documento, de antemano pido disculpas.

- Margarita Fernández


Presentación

Este texto es una retrospectiva de la sociedad civil necesaria para Organizaciones No Gubernamentales comprometidas con la democracia, los derechos humanos y el desarrollo. En tiempos adversos, marcados por escasos recursos para la defensa de intereses públicos, el fortalecimiento de la asociatividad y la participación. La continuidad de ACCIÓN radica en la porfía, convicción y creatividad de los equipos que conforman las ONG. Las razones son variadas: las políticas nacionales y de los organismos multilaterales, la clasificación de Chile como país de renta media-alta y la accesión a la OCDE, con las implicancias que eso ha significado en materia de acceso a la cooperación internacional, entre otros desafíos de la era de la globalización neoliberal. Pese a ello, una voluntad de existir, ha permitido mantener a ACCIÓN en conexión con actores y movimientos sociales, desarrollar nuevas prácticas en los territorios y generar conocimientos desde el trabajo cotidiano de las organizaciones. Además ha permitido visibilizar y hacer propia la acción contra la violencia, discriminación, desigualdad, el abuso de poder, la impunidad y hacer frente a los conflictos ambientales en las llamadas “zonas de sacrificio”, así como denunciar la vulneración sistemática de derechos humanos de jóvenes, niños, mujeres, diversidad sexual, trabajadores, pueblos originarios, adultos mayores, inmigrantes, de todos los actores en singular y en colectivo.

La historia se inscribe en la larga transición chilena a la democracia, que ha marcado el presente de cada una de las organizaciones que conforman esta asociación gremial. Una transición inacabada, plena de ambigüedades y vacíos que se plasman en una institucionalidad que no reconoce el


rol democratizador de las ONG y las ha dotado de un marco legal insuficiente.

En los 90 las ONG esperaban más de lo que la recién recuperada democracia podía ofrecer. Fue una decepción aceptar que las prácticas de transformación, los horizontes de justicia y solidaridad social, no tuviesen reconocimiento ni del Estado, ni de los partidos políticos. Gobiernos de continuidad en lo económico, profundizan el ajuste estructural. Mercado, privatización, competencia. Individualismo y la consiguiente fragmentación social. Pero no quedaba otra que sobrevivir. Han existido múltiples y diversas estrategias para ello: más cerca omás lejos del Estado, con mayores o menores recursos, más o menos legitimidad según la cercanía con las políticas gubernamentales y/o diversos grados de autonomía. La supervivencia obliga a un presente permanente.

Asociarse desde, para y en la acción en tiempos neoliberales no ha sido fácil. Las diferencias entre ONG, exigían lidiar con las propias diferencias y quizás ello no se terminó de resolver. Los sentidos compartidos que llevaron a crear ACCIÓN quedaron enredados en el tiempo, entre discursos y prácticas. Desearía que esta retrospectiva de ACCIÓN contribuyera a recuperar la riqueza de la pluralidad, el sentido crítico y la voluntad política de transformación y justicia que han caracterizado el trabajo desplegado por las ONG. La asociación se construye cada día y es preciso renovar sentidos, confianzas y horizontes entre todos nosotros. Recuperar la historia en plural, en colectivo y renovar la capacidad crítica. La acción por la justicia social, la solidaridad, la convivencia democrática, desde, en y con la sociedad civil. Y por sobre todo hacerlo en libertad y autonomía, hoy más que nunca en los tiempos del mercado.

Verónica MatusPresidenta de ACCIÓN


Revisitando la historia de las ONG en Chile

Parece provocador impulsar con esta publicación que ahora presentamos, el necesario desafío de analizar la historia de las instituciones ciudadanas que trabajan con un enfoque de derechos, de defensa de bienes comunes y de bienes públicos. Se trata de instituciones que escasamente existían en el Chile de antes de los años 70, y que fueron creadas como Organizaciones No Gubernamentales (ONG) bajo la emergencia que exigía hacer frente a la dictadura de Pinochet, en la defensa de los derechos humanos más básicos, y en un contexto de restricciones y de represión extrema.

En ese período, las ONG estaban articuladas fuertemente con la cooperación internacional, con el movimiento por la recuperación de la democracia, con el movimiento social territorial, y con variadas agendas principalmente populares. Ese tipo de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) tal como lo conocimos en los años 80, ya no existe. Sin embargo, es un campo que persistirá como un sector que ha evolucionado.

A pesar de la tremenda movilización popular que precedió la democratización política de 1989, en Chile se impuso, a partir de 1990, una perspectiva de transición “pactada” limitada a una alianza exclusiva entre las Fuerzas Armadas, las élites


económicas y las élites políticas pro-democráticas. Un conjunto de actores sociales, medios de comunicación, movimientos sociales, pasaron a ser prescindibles.

En ese cuadro, este tipo de instituciones ciudadanas se extinguió debido a factores tales como la acción deliberada de esta nueva democracia, que miraba con desconfianza a los actores que pudiesen eventualmente poner en riesgo la frágil estabilidad post dictadura, o por el abandono de la cooperacióninternacional, ya que, con la llegada de la democracia, las agencias de cooperación internacional consideraron que su propia misión había sido cumplida.

En términos políticos, es necesario aclarar que la disputa por el tipo de transición democrática no se trató simplemente de una disputa entre dos polos homogéneos: quienes querían una salida pactada por un lado, o quienes querían una salida de democracia más avanzada vía derrocamiento por el otro, comoposteriormente se ha querido caricaturizar. Las ONG de los años 80, heraldos de prácticas sociales, agendas progresistas, propuestas alternativas y nuevas formas de hacer política que pretendían incidir en el nuevo ciclo político que se instalaba, fueron portadoras derrotadas de una tercera vía.

Sin embargo, la impronta neoliberal, que ha identificado hasta ahora la post-dictadura chilena, es una marca estructural que expone la fractura de nuestro modelo de desarrollo y sus políticas públicas, con una visión subsidiaria del Estado y sus instituciones, y que ha delineado patrones de consumo, estilos de vida y marcado también al territorio. Todo esto, con impactos negativos, principalmente, sobre el campo de los derechos ciudadanos a través de la reducción del espacio cívico de la ciudadanía, limitada a ser mera comparsa en la participación y el protagonismo social. Por lo tanto, en 25 años de historia de aquello que sobrevivió y que se aglutinó en la Asociación


Chilena de Organizaciones No Gubernamentales (ACCIÓN), podemos decir que estas organizaciones debieron navegar el agitado mar del neoliberalismo.

El fin del período de esta institucionalidad social, si bien provocó que la gran mayoría de estas ONG desaparecieran, no significó el fin del campo social y político de las ONG. Es por ello que, por un lado, no podemos sino reconocer la audacia y atrevimiento de quienes decidieron continuar. Lo que sobrevivió fue un ethos, un espíritu, una historia, una idea, un esbozo de proyecto, prácticas y memoria. Si bien estos actores fueron conminados al olvido y la invisibilidad, reducidos a la indiferencia y a la insignificancia, una parte de esta historia sobrevivió en esa institucionalidad social debilitada (que este texto comienza a recuperar).

Los principales dilemas sobre la identidad, llegaron en los años 90 al momento de preguntarse acerca de su sobrevivencia en este contexto, debiendo experimentar múltiples estrategias para subsistir (resistencias, adaptaciones, sobrevivencia, incluso muchas optaron por adaptarse completamente a este nuevo contexto). Paralelamente, se vivieron cambios sustantivos en la coyuntura nacional. Ya entrados los años 2000, las ONG y la categoría sociedad civil, deviene un campo de disputa político, al cual concurren otros actores sociales. Si en los años 80 las ONG monopolizaban el campo social, en los últimos 20 años esta esfera lo comienza a ocupar una diversidad de otros sectores que pugnan por ese espacio. Por de pronto, los que estaban más ligados a la filantropía, la caridad católica, las fundaciones empresariales que actúan endiversos ámbitos, ya no exclusivamente en paliar los efectos negativos de sus inversiones.

Paradójicamente, este mismo escenario amenazante da nuevo vigor a la necesidad de disponer de iniciativas


ciudadanas institucionalizadas, que retomen las banderas de las organizaciones con enfoque en los derechos humanos, la defensa de bienes colectivos y bienes públicos. Por ello, la propia visión neoliberal y conservadora, otorga espacio y sentido a una nueva ola de instituciones ciudadanas para un nuevo período. Por lo mismo, que el campo de las ONG se enriqueció con los nuevos conflictos provocados ahora, no por la dictadura, sino por los efectos negativos del propio neoliberalismo chileno, adornado de conservadurismo religioso.

En este nuevo contexto, surgen amplios espacios de lucha ligados a los temas ambientales y los efectos del extractivismo, por la defensa del derecho al agua, de cuencas, ríos, lagos, borde costero, especies amenazadas y bosque nativo. La lucha de las comunidades locales, y en particular la visibilidad de lospueblos originarios, como el pueblo mapuche y su lucha ancestral. Lo mismo ocurre, en el campo del mundo de la población LGTBI, la defensa de derechos, que incluye la tolerancia, el reconocimiento jurídico de las parejas homosexuales -y ahora el matrimonio igualitario-, la adopción homoparental y la lucha contra el sida. La lucha por la pensiones, siendo el movimiento por pensiones justas el impulsor de una de la más importantes movilizaciones en Chile. También, por la educación, la salud en su amplio espectro, por la vivienda digna, la movilidad urbana, los espacios públicos, la defensa patrimonial. La lucha de las mujeres contra el acoso sexual, el acoso callejero, el abuso de poder, la desigualdad de trato en materias salariales, en participación en puestos directivos de empresas, organizaciones o sectores de actividad antes vedados para las mujeres, en representación política o por los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas.Los derechos digitales, la libertad de acceso, la protección de los datos, la transparencia y lucha contra la corrupción.


Otros temas han permanecido pendientes desde la época de la dictadura: las violaciones de los derechos humanos y las secuelas que de todo tipo que ha dejado, en al menos tres generaciones de chilenos, la desigualdad y las consecuencias sociales y económicas que el sistema neoliberal ha provocado. También tenemos el tema de la fiscalidad, la justicia fiscal, los impuestos regresivos, donde el principal e indesmentible indicador es el que la principal área de recaudación del Estado de Chile es el IVA.

En cada uno de esas luchas surgen líderes, movimientos, organizaciones, y también nuevas ONG o se reactivan ONG históricas. Además debemos reconocer que en muchas de estas luchas encontramos a integrantes de ACCIÓN, colocando su aporte de acompañamiento en luchas como la del pueblo mapuche, la batalla de la zona de sacrificio Puchuncaví-Quintero, la lucha del movimiento feminista universitario, porpensiones justas y contra las AFP, en el marco de los derechos de niños y niñas, de los adultos mayores, por los derechos de las personas trans, entre otros tantos frentes.

No ha sido en vano entonces, la persistencia de celadores de esta experiencia que hoy, bajo otras formas y de manera pertinaz, comienzan a dotarse de un sentido histórico. Debemos entonces creer que, a pesar de sus múltiples tareas pendientes en el campo de la lucha por un financiamiento basal, por reconocimiento político y jurídico, así como los desafíos futuros de sostenibilidad o el reconocimiento de las insuficiencias y carencias, existe una tarea cumplida. Se trata de la consolidación de un campo político como son las ONG que defienden derechos humanos, bienes comunes y públicos, un actor que llegó para quedarse en el paisaje democrático chileno.

Miguel Santibañez IbarraSecretaria Ejecutivo


Introducción

La profundización de la democracia sigue siendo una tarea pendiente en Chile, en América Latina y otros países. En sociedades que han experimentado sustantivos cambios económicos, sociales y culturales, la pregunta acerca de cómo se podrá avanzar para constituir sociedades más democráticas, inclusivas, transparentes, igualitarias y sustentables requiere de un nuevo ciclo deliberativo fundacional entre fuerzas políticas y diversos actores sociopolíticos progresistas, así como de una nueva y sostenida oleada de participación e involucramiento de la ciudadanía que aspira a mejores sociedades que aquellas que se reafirman hoy.

Una mayoría de chilenos, desde diversas arenas y formas de expresión, ha bregado por cambios en ámbitos relevantes del modelo de desarrollo y del diseño político e institucional. Hacerse cargo implica atender a los acelerados cambios económicos, políticos, sociales, culturales, territoriales y tecnológicos a los que hoy asistimos y proyectar hacia dónde y cómo podría transitar el desarrollo del país. Pero también es necesario revisitar nuestra historia reciente, identificar los temas, problemáticas y actores que han propuesto

ACCIÓN desde un horizonte de 25 años de existencia


lineamientos que han contado hasta hoy con escasos márgenes de apertura política e institucional. Uno de ellos, es abrirse a revisitar las agendas que desde el campo de la ciudadanía y las instituciones de la sociedad civil, han buscado contribuir al fortalecimiento de la democracia y a la reformulación de nuevas bases de cohesión social.

Esas arenas están pobladas de propuestas de cambios: transformaciones en las políticas sociales que implican más Estado y menos mercado o nuevas relaciones regulatorias entre ambos (sistema previsional, derechos de la infancia, universalidad y gratuidad en la educación superior, acceso a la salud, ambientes limpios y libres de contaminación, entre otros); modificaciones en las políticas de inclusión social, de la diversidad, en el ejercicio democrático, la participación en la toma de decisiones, o en la relación entre la política y la sociedad, en medidas para una mayor transparencia y freno a la corrupción, así como en las reglas constitucionales para consagrar derechos, entre otros aspectos.

Este texto busca contribuir en esa dirección, desde la re-constitución de la historia de un actor específico. Se trata de relevar y difundir los procesos, debates y propuestas formuladas por ACCIÓN, plataforma sociopolítica que representa a los Organismos No Gubernamentales de Chile. Esta asociación ha planteado a lo largo de 25 años de existencia numerosas propuestas orientadas por las nociones de derechos humanos, económicos, sociales y culturales, por la profundización de la democracia y el cuidado y desarrollo de los bienes comunes, incluyendo en ello las buenas instituciones, la transparencia, comunidades sanas y cohesionadas, el desarrollo y el cuidado de los recursos naturales y de nuestra infraestructura social. Nociones que se han ido acuñando en el marco de los diversos procesos por los cuales la sociedad atraviesa y que es constitutivo


de una experiencia y el desarrollo de los organismos no gubernamentales que data de la década de los 80.

Un aspecto central de su demanda y propuesta sociopolítica ha sido la insistencia en un aspecto de gran dificultad para la restringida democracia chilena: el reconocimiento, valoración y facilitación del despliegue de la iniciativa de la sociedad civil organizada y su participación propositiva e incidente en el desarrollo de los asuntos públicos. En ese campo, ACCIÓN ha buscado no sólo proponer diversas alternativas para el país, sino también recabar experiencias y compartir las dificultades y progresos de Chile con la de otros países del continente, mediante la participación en las redes de diversas plataformas de ONG de América Latina y Europa.

Han transcurrido casi 40 años desde que las condiciones de contexto situaron a este tipo de organismos en un sustantivo -aunque poco difundido- rol de contribución a políticas sociales, de reorganización del tejido social, de proponer alternativas de desarrollo para diversos sectores y en la reconstrucción de la democracia. Desde la vuelta de la democracia, junto a su acción concreta, las ONG han debido reformular su quehacer en torno a complejos desafíos de sostenibilidad, atravesando por diversas crisis desde que la cooperación internacional -que fuera la base de su financiamiento- retiró su apoyo.

El rol de ACCIÓN, la visibilidad de su agenda propositiva y su incidencia no ha sido fácil, dada la serie de dilemas abordados en un contexto relativamente resistente y de oportunidades limitadas para este tipo de instituciones y de políticas carentes, discontinuas e insuficientes de fortalecimiento y participación de la sociedad civil en la profundización de la democracia chilena. No se logró en este período un adecuado, justo y transparente sistema de fortalecimiento de la sociedad civil con base en el financiamiento público nacional. Más bien se ha lidiado para


este objetivo, con un régimen de democracia que no diseñó un espacio de desarrollo a lo público-no estatal y que valoró -y sigue valorando principalmente- el mercado y la competencia como ejes del desarrollo, incluso para la acción social.

Hoy interesa en este documento recapitular estos procesos, recabar los aportes y debates realizados entre estos actores y el mundo social y político a lo largo de los 25 años de ACCIÓN, y ponerlos al servicio del nuevo dialogo que las fuerzas sociales y políticas progresistas requieren construir.

La historia de ACCIÓN se recupera desde la revisión del material documental acumulado por esta organización a lo largo de su historia, y desde la voz de algunos de sus protagonistas claves, sus dirigentes desde 1990 en adelante. A través de doce entrevistas en profundidad se ha buscado rescatar y activar la memoria, para volver a los ejes de la reflexión y los procesos vividos en cada etapa y contexto de este período. Se utiliza para ello, nociones del enfoque histórico-social (Giddens A., 1989; Dumoulin J., 1973; Vigotsky L.S., 1925), que enfatiza la relación dialéctica entre el contexto socio-histórico, las condiciones en las que se desenvuelven los actores y su quehacer.

Las ONG y ACCIÓN, como su plataforma gremial, han dado curso en cada etapa vivida y en diversos hitos, a un procesamiento reflexivo de factores de contexto, buscando aprovechar momentos y oportunidades de incidencia que reafirman su vocación de interés en lo público. Han interactuado a lo largo de estos años en complejos y múltiples escenarios, estableciendo propuestas, participando de acuerdos, negociaciones, y gestiones, enfrentando conflictos y poderes en juego. La relación tanto con sus iguales o pares, como con el medio externo, político, social e institucional, ha situado en ese proceso numerosos retos tanto para su incidencia en políticas públicas como para su propia supervivencia, transformación y el reconocimiento de su labor.


Metodológicamente, el documento se estructura en una línea de tiempo que va desde la década de los 80 hasta el periodo actual, en el que se analizan los factores de contexto que circundan, constriñen o potencian la labor de las organizaciones de la sociedad civil, de ACCIÓN, y empujan los ajustes y adaptaciones de las ONG -su base social-, así como sus propuestas, logros y pendientes. Se ha puesto énfasis en los dilemas, nudos críticos, divergencias y dificultades que ha encontrado la sociedad civil organizada para ocupar un espacio reconocido en la sociedad y una incidencia efectiva en su devenir. Se proyectan además escenarios futuros y desafíos necesarios de reflexionar para el desarrollo y actividades de la plataforma.

ACCIÓN hoy es una asociación que reúne a 53 organizaciones de la sociedad civil. Su existencia y su perduración en el tiempo es sin duda un logro. En el contexto de la transición pactada a la democracia y de las políticas que han guiado la relación con las organizaciones y los movimientos sociales, este actor pudo haber desparecido como sucedió con un conjunto relevante de organizaciones sociales e instituciones no gubernamentales que no fueron reconocidas en su identidad ni apoyadas para su desarrollo.

El primer capítulo de este documento -casi a modo introductorio- da cuenta de una noción y de elementos históricos de la sociedad civil en Chile, con la finalidad de situar y describir al actor que nos ocupa. El segundo capítulo, “La emergencia de las ONG bajo condiciones de excepción”, se adentra en las condiciones que dieron origen a las ONG durante la dictadura y los factores que contribuyeron a su expansión en el país en la década de los 80, los que luego cobrarán -paradojalmente por su debilitamiento y/o ausencia- una relevancia mayor en el devenir de este tipo de organismos y en sus propuestas y debates.


El tercer capítulo, “De cara a la transición: 1988-1990”, se centra en el rol que este tipo de actores jugaron, junto a una sociedad ampliamente movilizada, en el proceso de recuperación de la democracia en la última fase de la dictadura, y en las expectativas de proyección que este proceso abrió a estas instituciones. Sus redes y conocimiento acumulado fueron puestos al servicio de la construcción del proyecto democrático, así como su capacidad de conexión entre los actores políticos y la base social, lo que resultó muchas veces clave para los futuros equipos de gobierno. Sin embargo, ya entonces, se auguran y expresan tensiones, conflictos y condiciones más adversas para este tipo de organismos, dada la diferenciación entre agentes de las ONG que responden a una identidad como organismos de la sociedad civil que proyectan su rol como un nuevo actor en democracia y aquella que se define más claramente desde lo político-partidario, que considera a estos organismos y sus roles como transitorios y de cara a la recuperación del Estado, comienzan a dar por cerrada su necesidad. Ello implicará, en un contexto de apoyo internacional más difícil, disputar los recursos de la cooperación internacional para nuevos fines sin crear nuevos sistemas que sustenten ese quehacer.

El cuarto capítulo, “De la sobrevivencia a la transformación. Una transición no pactada: 1990-2000”, sitúa a las ONG en la primera década de los gobiernos democráticos, definida como un período de transición pactada a la democracia. Es el periodo en que se formaliza la creación de ACCIÓN. Las fuerzas políticas y gubernamentales cierran los espacios de participación política de la sociedad civil construidos en la fase previa. Las propias organizaciones sociales se disponen a no alterar el curso de la transición. Se socava la cooperación internacional y con ello las bases de la expansión y la sostenibilidad de las ONG, sin lograr acuerdos para un sistema de cooperación nacional para el fortalecimiento de la sociedad


civil. Ello implica una dura lucha por la sobrevivencia y con ello se registran numerosas adaptaciones institucionales y de roles en las instituciones. Diversas ONG cierran sus puertas. Bajo la administración del presidente Patricio Aylwin inicialmente (1990-1994) y de Eduardo Frei (1994-2000), surgen diversos debates y propuestas que buscan garantizar la continuidad de este tipo de organismos en la escena nacional y las condiciones que se requieren para ello.

El quinto capítulo, “¿El retorno de la ciudadanía?”, atiende a la dinámica que permite a ACCIÓN salir de la crisis de sobrevivencia que había subsumido a las ONG al finalizar la década previa. Emergen un conjunto de nuevas iniciativas para redefinir y potenciar los procesos de ciudadanía y participación, y se reactivan los debates y propuestas de políticas que este actor formula hacia los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet -más permeables a la participación y a la inclusión social- entre los años 2000 y 2010. También este capítulo describe los principales procesos y las estrategias desarrolladas para proyectar su presencia en el marco de la activación que experimenta la sociedad civil organizada. Además los ajustes, readecuaciones y caminos que ACCIÓN experimenta para atender a la sostenibilidad de sus roles en la sociedad.

En el capítulo sexto, “Una readecuación de la agenda”, se aborda el periodo desde el 2010 a la fecha, en que se pone de relieve el nuevo ciclo político al que ingresa Chile luego de 20 años de recuperación de la democracia. El periodo se caracteriza, tanto por la reactivación de nuevos movimientos que generan procesos articulatorios y demandan reformas sociales en clave de igualdad (educación y los sistemas previsionales), como por el descrédito y desapego de la política como medio de transformación en la mayoría de la población y también por el cuestionamiento a la corrupción y la falta de transparencia en la toma de decisiones en las instituciones de


la democracia. Es un tiempo de pérdidas sustantivas de ONG de larga data, aunque también de emergencia de nuevos actores de este tipo, aunque de muy distinta naturaleza y capacidad de incidencia.

En ese marco, cuando se materializa la alternancia en el poder político y la conducción del Estado, ACCIÓN modifica -sobre todo en el primer gobierno de Sebastián Piñera (2010-2014), y también bajo el segundo gobierno de Bachelet (2014-2018)- el eje de su quehacer, desde un ámbito más propositivo de políticas públicas hacia los espacios gubernamentales, hacia el diálogo con la sociedad civil y la internacionalización de sus roles.

Al final y a modo de conclusiones, en el marco de una sociedad que tiende a incrementar y diversificar los actores sociales y políticos, a la par que se intensifica la fragmentación social y se deteriora la vida en democracia, se recaban las principales propuestas y reflexiones sobre las proyecciones de la asociación. La sistematización de este proceso constituye una recapitulación necesaria, tanto para la historia de ACCIÓN, como para proyectar sus desafíos futuros y contribuir a la construcción de una agenda social y política que reponga el fortalecimiento de la democracia como una de sus banderas.


Capítulo

Sociedad civil organizada: Algo de su historia y presencia en Chile

El aporte y fortaleza de la sociedad civil organizada para aumentar la calidad de la democracia no es una discusión nueva, viene de larga data. Blanco (2005:8) destaca que ya desde Aristóteles se definía a la sociedad civil como agrupaciones de ciudadanos libres e iguales a partir de las cuales se participaba políticamente. Hegel (1988), la concibe como esferas asociativas separadas del Estado, que incluyen tanto las asociaciones económicas como las sociales. Tocqueville (2000) destacará la dimensión de asociatividad y su función en el mantenimiento de la democracia; y Gramsci (1972) establecerá un modelo que separa las esferas de la sociedad civil del Estado y del mercado, donde la sociedad civil sería el ámbito de discusión y de generación de consensos políticos en la sociedad.

Más allá de los debates teóricos, históricos o sociológicos, la fortaleza asociativa de carácter positivo en una sociedad

1


puede ser asimilada a la noción de “civilidad” (Jocelyn-Holt, 2002:43). Esto es, al estadio en el que los vínculos asociativos entre miembros de una sociedad juegan roles que potencian las relaciones civilizatorias. Más aun, la fortaleza de espacios asociativos para deliberar sobre los asuntos públicos es clave para una democracia de calidad (Cunill, 1995).

La sociedad civil refiere al espacio asociativo no estatal. Como esferas no controladas por el Estado, éstas permitirían potenciar la transparencia de los asuntos comunes, establecer procesos de información y control sobre las decisiones públicas, expresar los conflictos sociales y políticos, identificar y colaborar en resolver demandas que el Estado no acoge, innovar en las respuestas sociopolíticas, y/o llegar a ser un contrapoder organizado frente a las instituciones que detentan el poder (Op.cit; 2002).

Ello depende de su naturaleza. Estas pueden tender a ser organizaciones autónomas, de carácter autogestionario o reivindicativo, establecer ciertos ámbitos de control o regulación de la acción del Estado sobre la sociedad y/o generar representación para el diálogo con el mismo (Cohen y Arato, 2002).

Numerosas esferas civiles con poder pueden encontrarse en sociedades donde la libertad asociativa, reglas y recursos facilitan la configuración y desarrollo de estos espacios de autonomía e iniciativa sociopolítica de la sociedad, constituyendo un valor para la vida democrática. Chile cuenta con una trayectoria relativamente débil de organizaciones de esta naturaleza, aunque las existentes han tenido grandes fortalezas en distintos períodos (Delamaza, 2005).


Elementos de historia de la sociedad civil en Chile

Las organizaciones de la sociedad civil chilena pueden tipificarse según sus vinculaciones de clase, la orientación de su quehacer y el tipo de relación que construyen con el Estado. Su presencia se puede rastrear desde la época de la Colonia, en la que los Cabildos, como expresiones participativas tanto de mercaderes como de clases altas, influyeron en la construcción del Estado, ejerciendo soberanía local e impregnándolo de su carácter oligárquico predominante (Salazar y Pinto, 1999).

A mitad del siglo XIX surgen asociaciones civiles de nuevo tipo a lo largo de todo Chile. En ese periodo, el Estado, en incipiente formación, carece de respuestas a las problemáticas sociales existentes, empeñado como está en los conflictos de constitución de la Nación.

Entre ellas, en 1840, nacen las Mutuales y las Sociedades de Socorros Mutuos que prestan servicios de protección a agrupaciones de trabajadores de diferentes oficios ante enfermedades, accidentes o muerte, para lo cual reúnen recursos a través de cotizaciones directas de sus miembros. Se vincularon desde sus inicios a distintas formas de organización política del movimiento popular chileno, desde la Sociedad de la Igualdad hasta los primeros partidos políticos obreros de tendencia anarquista y autonomista. A su alero florecieron las tertulias y las orquestas filarmónicas, instancias que fueron parte de la vida cultural y la educación autogestionada por los trabajadores y trabajadoras organizados. A partir de la década de 1910 estas organizaciones comienzan a experimentar diferencias con los sindicatos y los partidos políticos de orientación socialista, liberales y demócratas, que en el marco el debate por la “Cuestión social”, comienzan a demandar a empleadores y al Estado la protección social para los trabajadores y la población (Biblioteca Nacional, Memorias)1.

1 www.bnc.cl/memorias consultado el 18 de octubre de 2018


Efectivamente, desde fines de 1800 y a comienzos del siglo XX, junto a las primeras explotaciones mineras, surgirán las organizaciones obreras con una visión de emancipación y de autonomía social. Particularmente en el norte de Chile se crearán las mancomunales y las cooperativas de resistencia. Las mancomunales alcanzaron a ser 31 en el país y sus objetivos, autonomistas y de ayuda mutua, se orientaron a mejorar material e intelectualmente la vida obrera, preocupándose de la recreación y la formación -a través de pequeñas bibliotecas-, de la previsión, la vivienda y el ahorro de sus afiliados. Luego comenzarán a surgir los sindicatos que reivindicaban la regulación de las condiciones laborales y la protección social desde el Estado. Luego los sindicatos se vincularán a las primeras expresiones de partidos populares, como el Partido Obrero Socialista (1912)2 que se transformará en el Partido Comunista, en 1922. Este tipo de actividad se fortalecerá en la segunda década del siglo XX, en el contexto de un Estado que, a pesar de sus crisis políticas, ya está en proceso de consolidación. Junto a ello y a la intervención mayor del Estado tenderán a desaparecer o a debilitarse las organizaciones autonomistas y autogestionarias promocionadas por las corrientes anarco-socialistas de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

A comienzos del siglo XX, surgen también otros actores y organizaciones de la sociedad civil. Entre ellas, las asociaciones de sectores medios ligadas a la salud, a la educación, al empleo, (profesores y otros espacios de asociatividad laboral) y de prestación de servicios. También en la segunda década del XX -asociada a la segunda oleada feminista internacional- emergen los movimientos que agruparon transversalmente a las mujeres por el derecho al sufragio universal. Sus organizaciones se expandieron mediante conferencias, charlas, periódicos y comités provinciales en Valparaíso, Santiago, Concepción, Copiapó y Antofagasta. Entre ellas, el Consejo Nacional de Mujeres, el Partido Cívico Femenino, el Partido Demócrata Femenino,

2 Organizado por Luis Emilio Recabarren.


Periódicos (“Alborada” y “El Despertar de la Mujer Obrera”), Federación Unión Obrera Femenina, Asociación de Mujeres Universitarias, siendo el más relevante el Movimiento de Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile, MEMCH. En el año 1929, obtuvieron el derecho a voto municipal, y en 1949 el sufragio femenino. (Hähnel y Pawlak; 2011).

En el periodo reseñado, las clases altas también conformaron una serie de organismos de la sociedad civil que canalizan en parte su visión y vida social y política. En efecto, por un lado, desde los tiempos de la Colonia estos sectores, unidos a la labor de la Iglesia Católica, comienzan a expresarse a través de asociaciones de beneficencia dirigidas hacia los más desfavorecidos, creando orfanatos y hospitales, entre otras acciones. Por otro, ya en el siglo XIX, los sectores empresariales comienzan a unificarse, creando sociedades con una alta vocación de incidencia en la política y en la construcción del Estado. Estas, “ligadas a la derecha y con una perspectiva tradicional y conservadora de oposición a las reformas estatales, se fortalecen a lo largo del tiempo permaneciendo hasta hoy con una fuerte capacidad de incidencia” (Delamaza, 2005:36)3.

Ya hacia delante, las Leyes Sociales del año 1924 y el reconocimiento de derechos sociales en la Constitución de 1925 inaugurarán el Estado de Compromiso o de Bienestar, que incorporará un paulatino quehacer social y modificará las relaciones sociopolíticas. Este proceso se consolidó con la conformación del Frente Popular (1936-1941)4 y la llegada de Pedro Aguirre Cerda al gobierno (1938-1941), sostenido por la alianza de los partidos de izquierda y la integración de los referentes más importantes del movimiento obrero y estudiantil organizado,

3 Delamaza, 2005: Sociedad Nacional de Agricultura, fundada en 1858; Cámara de Comercio, 1858; Sociedad de Fomento Fabril, 1883; Sociedad Nacional de Minería, 1883. 4 La alianza incorporaba al Partido Comunista, al Partido Socialista (1933), el Partido Radical, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, el movimiento mapuche organizado en el Frente Único Araucano, los sindicatos agrupados en la Central de los Trabajadores de Chile, además de variadas expresiones culturales y artísticas (www.bcn.cl/memorias).


que lo legitimaron política y socialmente. En dicho proceso, el Estado incrementó su labor de protección social y provisión de bienes y servicios básicos, reconocidos como derechos de la población. Además, bajo este gobierno comenzó la industrialización del país, con la creación de la Corporación de Fomento (CORFO) en 1939. Con el proceso de industrialización, el sindicalismo se fortalecerá sistemáticamente hasta 1973. A pesar de las fragmentaciones derivadas de la disputa y conflictos entre los partidos políticos de izquierda y la Iglesia Católica por su control ideológico (Delamaza, 2010), predominará una tendencia a la unificación, que dará origen en 1957 a la Central Única de Trabajadores, CUT. Esta, a través de un proyecto político-reivindicativo, pugnará por integrar al mundo obrero y al sindicalismo a los beneficios sociales e impulsar un proyecto de desarrollo y de transformación de la sociedad. El avance de la sociedad en ese periodo será fruto de la intensa relación entre estos movimientos sociales, el Estado y los partidos políticos, en la que se expresarán diversos conflictos, negociaciones y acuerdos que van configurando la principal matriz de relaciones sociopolíticas en el país entre 1940 y 1973 (Garretón, 1997).

A la centralidad de la dinámica asociada al trabajo y al sindicalismo se sumarán nuevos procesos organizativos de la sociedad civil en los años 60. Por un lado, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva se dará curso a la emergente demanda de reforma agraria y a la sindicalización y desarrollo del cooperativismo campesino5. También, a las dinámicas de pobladores por mejorar sus barrios, que redundará luego, durante la política de promoción popular, en las Juntas de Vecinos y Centros de Madres, la organización de padres y apoderados, centros juveniles, culturales y clubes deportivos. La política buscaba integrar a las poblaciones a procesos de apoyo y capacitación, pero también su atomización (Garretón, op.cit). Estas tendencias organizativas dejan de

5 Ley de Reforma Agraria N°16.640 y la Ley N°16.625


ser autónomas, y pasan a ser impulsadas y promovidas esencialmente por el Estado a través de la oferta de beneficios específicos.

Al margen de esa política, otras dinámicas de características más autónomas y conflictivas irrumpirán en diversos momentos con otros actores organizados: el movimiento estudiantil, gremios como los profesores, el mundo indígena y los pobladores más pobres y marginados -expresión del movimiento migratorio del campo a la ciudad- que conformarán en torno a las ciudades un extenso cordón de miseria. Estos, mediante acciones directas como la ocupación de terrenos luchan particularmente por el acceso a la vivienda. Muchas de estas asociaciones o sus representaciones desplegarán numerosas movilizaciones reivindicativas por salarios y derechos sociales. El desarrollo y fortaleza de estas organizaciones, estará también sujeta a tendencias fragmentarias asociadas a las visiones políticas e ideológicas que con ellos se entroncan y buscan controlarlos, y a los procesos represivos y de control que establece el Estado en momentos de crisis (Delamaza,2005).

Un periodo excepcional, de expansión de las organizaciones sociales y de su proyección política, fue el periodo de Salvador Allende (1970-1973). El programa de reformas sociales, generó una extensa dinámica organizativa, cooperativa, reivindicativa y de lucha política a favor y en contra de las reformas de la que participaron todos los sectores sociales. Se expresaron en esta etapa incipientes organizaciones sociopolíticas de base territorial que incorporaron a campesinos, pobladores, obreros, estudiantes e indígenas, conformando Comandos Comunales, Cordones Industriales y movimientos de nuevo cuño, que se orientaron germinalmente hacia la lucha por el poder y el control de la propiedad de empresas y la tierra. Estos procesos se despliegan en estrecha relación con las diferentes fuerzas políticas que actúan en el marco de la disputa de clase por los procesos de transformación de la sociedad.

En ese marco, con una crítica situación económica y una creciente polarización de la sociedad, las clases altas, el empresariado, los


militares y las fuerzas políticas de la derecha, apoyados por el gobierno de Estados Unidos (Verdugo, 2003) -que no toleraría una nueva Cuba legitimada democráticamente-, se fragua el golpe militar que derrocó a Allende, e impuso una dictadura cívico militar (1973). Las Fuerzas Armadas ocuparon el territorio y tomaron el control del país a través de una fuerte y sistemática represión.

La dictadura, que se impuso durante 17 años, modificó profundamente el diseño económico, social y político. Se impuso un radical modelo neoliberal que redujo y privatizó las funciones el Estado y cambió la estructura económica productiva, priorizando la exportación de productos primarios con ventajas comparativas a nivel internacional y la importación de bienes de consumos con bajos aranceles, liquidando drásticamente el proceso de industrialización y la estructura productiva nacional. El perfil organizativo de la sociedad cambió también drásticamente. Además, se proscribió, debilitó y atomizó las organizaciones de trabajadores, al sindicalismo y a las organizaciones políticas, sociales y gremiales. En el periodo dictatorial, principalmente en la década de los 80, surgieron y se hicieron visibles nuevos actores de tendencias más autónomas, que mostraron una relativa capacidad de incidencia en diversos momentos. Particularmente el movimiento estudiantil y otros actores sociales previamente subsumidos, como el movimiento de mujeres, el movimiento indigenista, los ambientalistas, los actores locales y del territorio, el movimiento por la no discriminación sexual, entre otros.

La represión a los partidos políticos de sello democrático y a la intelectualidad académica, dio paso a la creación de nuevas instituciones de la sociedad civil, las ONG, que expresaron diferencias de propósitos y enfoques del quehacer respecto de las corrientes de Instituciones sin fines de lucro que venían, desde muy temprano en la sociedad, realizando diversas contribuciones en el área social.


Las distintas corrientes de la sociedad civil organizada

Las instituciones de la sociedad civil se estructuran, en general, bajo la figura jurídica de corporaciones o fundaciones. En Chile se han definido como instituciones de interés público, por su naturaleza sin fines de lucro, su rol de apoyo a comunidades o personas concretas y vulnerables distintas a los que componen la organización, su interés en el diseño de políticas y su vocación de incidencia en temáticas culturales o relacionadas con el desarrollo (Gruninger, 2003).

Sus recursos pueden provenir de aportes estatales, de donaciones deagencias de cooperación internacional, y también de aportes de personas o del empresariado, ya sea a través de proyectos o transferencias o traspasos vía convenios. Estos pueden asegurar o no una estructura organizativa relativamente estable, dependiendo de la estabilidad de sus fuentes de financiamiento. Sus equipos de trabajo, que pueden combinar personal profesional, técnicos remunerados y voluntariado, se darán en una relación que depende también de la estabilidad y magnitud del financiamiento al que acceden (op.cit).

Sus coberturas pueden ser consideradas como relativamente pequeñas y acotadas, sobre todo si se las compara con las que ofrece el Estado a través de su red de instituciones públicas, pero ello facilita uno de sus roles claves en la sociedad: la experimentación de soluciones ad-hocráticas o de innovación social, ya sea a problemas sociales específicos o en áreas del desarrollo (Fernández et all, 2015). En una sociedad proclive a facilitar el rol de la sociedad civil en la experimentación de políticas públicas, particularmente en torno a nuevos y o complejos problemas societales, es posible observar alianzas activas entre las instituciones de la sociedad civil -a veces pequeñas y emergentes- y el Estado, para buscar respuestas nuevas y pertinentes que luego pueden escalar como soluciones más generales. Diversas sociedades potencian este quehacer, entre ellas las europeas.


Entre la diversidad de instituciones de la sociedad civil se pueden reconocer al menos dos vertientes gruesas que se han diferenciado por sus misiones y propósitos, definidas generalmente por las visiones éticas, ideológicas, políticas y/o religiosas de sus directorios respecto de la acción social, y que han sido parte de innumerables debates, particularmente desde la década de los 60. Se distinguen, por un lado, aquellas organizaciones de naturaleza solidaria y filantrópica que se sustentan en las ideas de la cooperación y el aporte benéfico-asistencial para diversas necesidades de los más pobres, sostenida históricamente por las clases altas y sectores hegemónicos de la Iglesia Católica.

Por otro, están aquellas instituciones reconocidas como Organismos No Gubernamentales (ONG), creadas por sectores profesionales que se inscriben en las corrientes de defensa y promoción de los derechos humanos, en el fortalecimiento de la democracia, la sociedad civil, su participación en los asuntos públicos y la defensa de los bienes comunes.

A lo largo de nuestra historia, estas opciones gruesas para enfocar la acción social emergerán una y otra vez, con mayor o menor fuerza, dependiendo de la hegemonía social y política de sus fundadores y sus alianzas, de la mayor o menor disponibilidad de recursos para una u otra corriente y/o de la permeabilidad del Estado para apoyar el despliegue de unas u otras. Es lo que se puede observar a lo largo de este texto, que mira retrospectivamente los factores que influyen en el desarrollo de ACCIÓN, principal plataforma de las ONG en Chile. Ahora, un estudio reciente (PUC, 2016) señala que existirían alrededor de 230.000 organizaciones de la sociedad civil que se conforman como fundaciones, corporaciones, organizaciones locales; juntas de vecinos, clubes deportivos, entre otras. Estas, -que son de creación relativamente reciente (desde la década del 2000)-, están aún poco caracterizadas como para determinar el tipo de corriente al que prioritariamente pertenecen. El estudio señala, sin embargo, que son organizaciones sin fines de lucro,se identifican con la acción social, anclan parte de su quehacer en la solidaridad y la cooperación social y en las que se participa en general en forma voluntaria. Todas enfrentan problemas similares de formación, financiamiento, dispersión, duplicación y discontinuidad de la participación.


Además todas, según el estudio, tienden a reconocerse como parte de la sociedad civil organizada y, en general, tienen una mayor autonomía de las fuerzas políticas que antaño, a la par que responden a una dinámica de acción más fragmentaria y cíclica.

Las organizaciones solidarias de tipo asistencial

Las instituciones de este tipo surgen a fines del siglo XIX, ligadas a la caridad impulsada por la Iglesia Católica y con recursos proporcionados por las clases altas. Ejemplo de ellas son los capítulos nacionales de organizaciones internacionales como la Asociación de Guías y Scouts (fundada en 1911), la Cruz Roja Internacional (nacida en 1903), el Ejército de Salvación (1909), y los Clubes de Leones y Rotarios. Estas ejercitarán variadas actividades de intervención social y educativa con una gran influencia ideológica y cultural en el trabajo social a lo largo del siglo XX (Cancino y Vergara 1996; Delamaza, 2009:23), expresada incluso en la formación de profesionales como las de Asistente Social. Históricamente son muy estables. Las de carácter internacional, siguen participando de la Asociación de ONG (ASONG), que surgió en la década de los 80 y que asociaba a un gran número de instituciones de caridad, participando de actividades conjuntas con las corrientes de ONG. Hoy reúne a alrededor de 20 instituciones de carácter internacional con fines de filantropía y apoyo humanitario, entre ellas la Cruz Roja Internacional, la Asociación de Scout, el Ejército de Salvación, y la fundación Kolping, entre otras6.

Las ideas fundamentales detrás de las diferentes misiones y visiones de estas organizaciones, se condensan en la noción de que superar la pobreza o mitigar sus consecuencias, requiere fundamentalmente de una acción solidaria de la sociedad, sobre todo y esencialmente desde aquellos que tienen más hacia los más desfavorecidos7. Hacerse cargo y ejercitar ese valor contribuiría a estabilizar la sociedad, a promover la paz social,

6 www.asongchile.cl consultado el 20 de octubre de 2018


además de legitimar el orden social y el modelo de desarrollo capitalista funcional a su naturaleza. A lo largo de la historia, esta corriente ha sido influyente en Chile, particularmente en la forma de concebir la acción y el diseño de variadas políticas sociales hacia los más pobres, y ha contado con una mayor y más estable disponibilidad de recursos tanto estatales como empresariales para sus actividades y desarrollo. En la última década, particularmente, este tipo de instituciones se ha diversificado y aumentado en número y en presencia pública.

Otras corrientes de este grupo, no católicas, como los masones y los inmigrantes extranjeros de raíz protestante, ponen el acento en la filantropía y fraternidad humana, dando origen a una gama diferente de instituciones de la sociedad civil como, por ejemplo, el Cuerpo de Bomberos (1851).

A lo largo del siglo XX, sus fuentes de financiamiento pasaron del apoyo voluntario de las clases altas y la Iglesia Católica, a aportes internacionales, la venta de servicios y el apoyo a través de sistemas de financiamiento público nacional definidos por ley, que han buscado contar con grados de complementariedad con el sector público, ya sea para ampliar coberturas o poner en práctica nuevas iniciativas de políticas (Delamaza, 2009:69 En efecto, algunas instituciones acceden al sistema de transferencias permanentes a través de la Ley de la Polla Chilena de Beneficencia8, otras han sido incorporadas en las políticas de subvenciones mediante convenios creadas durante la dictadura9 (1973-1990), y más actualmente a recursos que define la Ley de Donaciones con fines sociales (Ley 20.565/2012)10.

7 El año 2007, nace la Comunidad de Organizaciones Solidarias, uno de los espacios representativos de esta corriente.8 La Ley Nº5.433 del 6 de julio de 1934 que estableció la Polla Chilena de Beneficencia y sus sucesivas modificaciones define a once instituciones como beneficiarias de aportes fiscales.


Esta última favorece con beneficios tributarios la donación de contribuyentes de primera categoría a organizaciones privadas de interés público. Los donatarios acceden a una rebaja de impuestos que corresponde al 50 por ciento de los fondos donados y a la posibilidad de rebajar como gasto el 50 por ciento restante si se cumplen algunos requisitos11.

En este caso, la política está orientada a incentivar la actividad solidaria y filantrópica del sector empresarial. Utilizando esta ley, diversas sociedades empresariales han creado fundaciones que administran y financian proyectos económicos, sociales o culturales y deportivos de otras instituciones, comunidades, pequeñas ONG y de voluntariado social, haciendo uso de temáticas de interés y criterios propios para localizar su cooperación. Este sistema opera en dos modalidades: los fondos de asignación directa de los donantes empresariales -que ha conducido a incrementar las fundaciones creadas y sostenidas por las propias

9 Referido a los convenios de tercerización del Estado. Techo para Chile es una de las instituciones que ha recibido la mayor cantidad de recursos10 Ley 20.565 del 8 de febrero de 2012, simplifica procedimientos de la Ley 19.885 (2003) reglamentada mediante el Decreto 18 de marzo de 2014 y la resolución exenta 049 del 2015 en el MDS. Extiende beneficios a otros fines sociales públicos, regula el Banco de Proyectos del Ministerio de Desarrollo Social, facilitando la donación directa. 11 Estos fondos tienen bajas regulaciones. Una de ellas es que las organizaciones receptoras de recursos estén inscritas en el Catastro de Organizaciones Donatarias del Ministerio de Desarrollo Social y sometan el proyecto que postula a una evaluación sobre el interés público del mismo, en el sistema que administra esa institución, además, que estas demuestren al finalizar sus proyectos el cumplimiento de las tareas o las obras para las cuales se les ha donado. Otra regulación importante es que el 25% de los fondos sobre donaciones de más de 1000 Unidades Tributarias alimenten el Fondo Mixto, el cual es construido también con aportes del Estado y administrado por el MINDES. Esta parte puede ser redistribuida con criterios públicos y asignados por un Consejo a instituciones que postulen a los fondos a través de un concurso. Este aspecto genera mayor igualdad en las oportunidades a instituciones que por razones valóricas, culturales, políticas u otras, podrían no acceder a este tipo de fondos bajo el sistema de donación directa. El Fondo mixto realizó tres concursos públicos desde el MINDES entre el 2009 y el 2012 y luego, por falta de recursos, su actividad se suspendió durante tres años bajo el gobierno de Piñera, reeditándose el 2015.


empresas- o el Fondo Mixto administrado por el Ministerio de Desarrollo Social. Ambos corresponden en rigor a fondos públicos, pues la ley permite el descuento de impuestos en contrapartida de las donaciones hechas por empresas o personas. Pero los de asignación directa empresarial operan con mínimas regulaciones y amplias libertades de elección en la asignación de los recursos, mientras el Estado juega un papel básico en la cualificación de los proyectos como objetos de donación y mínimo en la redistribución de los fondos. Ello facilita la selección directa de los proyectos por los donantes, con el riesgo de un fuerte sesgo político y/o cultural en su asignación.

Desde el punto de vista de su representatividad actual, parte de estas instituciones han generado plataformas asociativas que operan con un modelo mixto de gestión profesional y de acción voluntaria, apoyadas por directorios con componentes mayoritariamente empresariales. La coordinadora que aglutina mayoritariamente a este tipo de instituciones es la Comunidad de Organizaciones Solidarias (COS), que comienza operar desde el 2007.

Existe también la Red de Voluntarios de Chile, como espacio que apunta a complementar el trabajo de las instituciones solidarias. La red es una articulación que congrega a instituciones de la sociedad civil que incorporan de manera parcial o total, programas de voluntariado permanente. Su objetivo es promover la acción del voluntariado, formar y capacitarlos. La Red fue creada en 2002 a partir de una iniciativa estatal de fomento del voluntariado por parte de la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno durante la administración del presidente Lagos, (2000-2006). Durante la misma administración este apoyo decayó.


Las Organizaciones No Gubernamentales

La otra vertiente, que se reconoce como ONG, tiende a inscribir sus misiones y servicios en torno a problemáticas del desarrollo, la promoción de la autonomía social, el reconocimiento de derechos sociales y la defensa de los bienes comunes. Su quehacer radica tanto en la prestación de servicios como en la incidencia política, en promover capacidades, constituir sujetos de cambio, participar de transformaciones societales, ya sean sociales, políticas, económicas, ambientales o culturales, influyendo en políticas públicas en forma directa o desde las organizaciones de las comunidades afectadas.

En este sentido, tienen una raigambre en la noción, no en el quehacer, que sustentaban las Sociedades de Igualdad y Trabajo, las que si bien prestaban servicios sociales a sus miembros, tenían una clara vocación de incidencia política, social y cultural en la transformación de la sociedad y en el fortalecimiento organizativo del mundo del trabajo.

Precisamente por sus roles y visiones transformadoras de la realidad social a lo largo de la historia, su existencia y fortaleza ha dependido más de la voluntad social y política de gobiernos o autoridades de turno, así como de los diferentes contextos sociopolíticos por los que ha atravesado el país, los cuales han influido en su desarrollo y sostenibilidad.

La versión más reciente de este tipo de instituciones se rastrea desde la década de los 50 y especialmente en los 60, apoyando el programa de Revolución en Libertad, la Reforma Agraria y la promoción social bajo Frei Montalva (1964-1970) y la Iglesia Católica cercana o afín a la Democracia Cristiana. Algunas de ellas fueron el Instituto de Educación Rural (IER, 1954) y el Instituto de Promoción Agraria (INPROA, 1963) (Delamaza, 2008, 2010). Se estructuraron como corporaciones articuladas al Estado, lo que les permite mayor flexibilidad y autonomía para abordar dilemas político-sociales del desarrollo y de las reformas en curso. Disponían de fuentes de financiamiento estatales estables, tenían cobertura nacional y mantenían relaciones fluidas con los


organismos públicos y los estamentos políticos conductores del Estado (Delamaza, 2008:70; Grunninnger, 2003:19).

También se observa desde esa época la emergencia de los centros depensamiento político de la promoción social, como el Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Educación (CIDE, 1964), el Instituto Latinoamericano de Doctrina Económica y Social (ILADES), el Centro Belarmino ligado a la Compañía de Jesús. Estas son instituciones de la Iglesia Católica que contaban con una significativa presencia, un alto grado de consolidación institucional y vínculos fuertes con la educación superior (Delamaza, 2008:67). Asimismo, se destaca la primera institución medioambiental de Chile, CODEFF, fundada en el año 1968, bajo el impulso de profesionales e investigadores de universidades preocupados por la conservación de la naturaleza y las problemáticas medioambientales.

Durante 1970-1973, bajo el gobierno de Salvador Allende, y en el marco de la efervescencia social que tensionó al país entre las dinámicas de reforma y contrarreforma, las instituciones de este tipo -impulsadas desde el Ejecutivo- se involucraron mayoritariamente en los procesos de reforma social, ya sea desde el mundo rural o urbano, y jugaron papeles sustantivos en las políticas de alfabetización, educación popular, capacitación y cultura, para lo cual contaron con recursos estatales. Es difícil, sin embargo, reconstruir las fuentes documentales que sistematicen específicamente el número, actividades y las condiciones de su desarrollo en ese periodo.

Este tipo de instituciones reaparecen durante la dictadura, aunque con mayor grado de autonomía del Estado y del gobierno. En ese período, este tipo de espacios albergaron a la oposición, orientándose a apoyar a sectores populares excluidos y a construir visiones alternativas de los cambios en curso. Sus fuentes de financiamiento pasan a ser las agencias de cooperación internacional o gobiernos extranjeros. En ese periodo surgen cerca de 400 instituciones no gubernamentales, que desarrollan relevantes roles en la sociedad como se observará en el


capítulo siguiente. Este sector busca proyectarse en la sociedad, pero luego de recuperada la democracia, proceso en el que jugó variados roles, enfrenta una compleja crisis de sostenibilidad. De eso tratan los dos capítulos siguientes.

A modo de corolario hay que señalar que la sociedad civil a lo largo de nuestra historia, ha pasado por diversos periodos en los que ha constituido también distintas formas de organizaciones. Las más estables provienen de las clases altas, con sus representaciones del mundo empresarial y de la agricultura, las instituciones de beneficencia social y sus medios de comunicación. Estas han tenido una gran influencia política, económica e ideológica en el quehacer social y en la cultura. Para las organizaciones de las clases bajas y medias ha habido periodos de mayor estabilidad, reacomodos, reorganización y rupturas, asociadas siempre a las aperturas o cierres de espacios públicos y al rol del Estado.

En efecto, desde una visión más general, diversos historiadores y analistas (Jocelyn-Holt, 2001; Salazar, 2009; Delamaza 2005, 2010) tienden a coincidir en que en el país, la autonomía de la sociedad civil -sobre todo las organización de los sectores medios y populares ha sido relativamente débil en nuestra configuración social, particularmente en el siglo XX. El Estado y los partidos políticos han jugado roles sustantivos en la expansión, estancamiento o debilitamiento de las organizaciones e instituciones de la sociedad civil y sus dinámicas, la que dependió muchas veces de los grados de reconocimiento, interlocución, apoyo, promoción o represión de sus expresiones. Al parecer, solo el periodo del Estado oligárquico y el dictatorial constituyen excepciones a esa situación, ya que la baja sociedad civil se apoyó centralmente en la dinámica social contestataria y/o en la cooperación internacional. Esta misma situación afectará la proyección de las ONG que se constituyeron en la década de los 80.

Delamaza (op.cit) también sostiene que, sin embargo, esa relativa debilidad ha sido contrarrestada por la capacidad de incidencia de diversos grupos en los asuntos públicos y de Estado en etapas concretas. Es el caso de los movimientos sindicales, de mujeres, indígenas, de la


diversidad sexual, ambientalistas, estudiantiles y de ONG, que han sido -en diferentes momentos- relativamente fuertes levantando propuestas y debates nacionales que han logrado modificar y ampliar las agendas de las fuerzas políticas gubernamentales.


Capítulo

La emergencia de las ONG bajo condiciones de excepción

En este acápite se da cuenta de la inédita oleada de expansión de los Organismos No Gubernamentales, que se produjo al finalizar la década de los 70, momento en que Chile está bajo un régimen de excepción y gobernado por la dictadura cívico militar. Se exponen los factores que determinaron dicha oleada, las tendencias identitarias que se arraigan en el sector y los roles que jugaron en ese periodo.

La oleada de expansión de las ONG

Desde fines de los 70, cuando Chile está plenamente sumido bajo la dictadura cívico militar se produce una oleada de expansión de los Organismos No Gubernamentales, que se expresa con fuerza hasta mitad de los 80 y luego tiende a decaer. Ello responde mayoritariamente, a la iniciativa de cuadros profesionales y técnicos desplazados del Estado,

2


del mundo académico, del trabajo y del quehacer político y social, los que dan origen a una variada gama de instituciones de la sociedad civil, contando con el respaldo inicial de la Iglesia Católica.

Ya a fines de 1973 y comienzos del año siguiente, en el contexto de la epresión masiva que significó la ocupación militar del país, por acuerdos de diversas iglesias había surgido el Comité Pro-Paz para la defensa de la vida y los derechos humanos de los perseguidos, presos políticos y familiares de detenidos y desaparecidos. Luego de su disolución en 1975, por presiones de la dictadura, la Iglesia Católica creó la Vicaría de la Solidaridad, entidad que continúa y amplía la labor desarrollada por el Comité Pro-Paz en la fase previa. Esta comienza a recibir numerosos recursos de variadas agencias de cooperación internacional para desplegar su labor.

En rigor, la Vicaría de Solidaridad no se configura como una ONG, pero en varios planos opera como tal, desarrollando además de su labor jurídica de defensa de las personas detenidas, diversos programas de atención a la emergencia social que incluyen a familiares de detenidos, comunidades de pobladores, campesinos, bases sindicales y jóvenes. Para ello opera con personal profesional, tanto a nivel central como instalando equipos en las estructuras zonales de funcionamiento de las diócesis, las Vicarías Zonales. Su actividad recoge la experiencia previa del cristianismo progresista y el rol y enfoque que la institución había asumido bajo la administración del presidente Frei Montalva, durante el impulso a la promoción popular.

La Iglesia Católica, sin embargo, pone también límites a la expansión de sus programas y actividades. La disponibilidad de recursos abre un espacio para que sus conductores impulsen o avalen la creación de otras instituciones que rebasan los límites de su acción. Por ejemplo, se define inicialmente en 1975, la creación de la Academia de Humanismo Cristiano, impulsada por el cardenal Raúl Silva Henríquez, con la finalidad de reunir a un grupo de intelectuales que contribuyeran a analizar la realidad política, social, económica y cultural de Chile. Desde


esta entidad surge la revista Análisis, primero con circulación restringida y luego, a inicios de los 80, a venta pública en quioscos. La Academia funciona como tal hasta 1988, cuando con el respaldo de otros centros de estudio y extensión creados bajo el alero de la iglesia, se transforma en una universidad.

Spoerer (citado en Grunninger, 2003) identifica cuatro etapas, o cuatro tipos de este proceso de creación de ONG después del golpe de Estado de 1973:

• En un primer momento, inmediatamente después del golpe, surgen las ONG que trabajaban en contra de las violaciones de los derechos humanos.

• Luego las ONG que contribuyen a atenuar la difícil situación socioeconómica y que apoyan las estrategias de sobrevivencia o atención a la emergencia social en las poblaciones populares. Ello lo desarrollan al inicio las Vicarías de la Solidaridad más exclusivamente.

• A partir de 1977 se crean los centros académicos privados cuando el régimen es capaz de permitir espacios no oficiales para el trabajo intelectual

• Las ONG de promoción surgen a partir de 1980, cuando la disponibilidad de recursos, una mayor apertura del régimen y la propia dinámica organizativa popular permite desarrollar nuevas organizaciones, especialmente las económicas de sectores populares, con objetivos que exceden lo asistencial.

El curso de esta dinámica muestra, hacia fines de la década de los 80, una gran cantidad de ONG: “Según Spoerer, ya en 1985 existían en Chile cerca de 475 ONG; FLACSO señala que en 1986 existían unas 251 ONG y Loveman (1994) menciona la existencia de unas 700 organizaciones dependientes de financiamiento externo hacia 1990, de las cuales unas 300 a 400 podían ser definidas como ONG y las otras eran instituciones de carácter más tradicional” (Gruninger, 2003:57).


Factores que contribuyen a la creación de las ONG

Las ONG no son organizaciones nuevas en Chile, como quedó consignado en el primer capítulo. Pero en el período entre 1975 y 1985, al menos trestipos de factores influyen en la expansión de nuevos organismos no gubernamentales: las políticas económicas de la dictadura y sus consecuencias sociales; las propias dinámicas que viven los sectores sociales más pobres y afectados por las transformaciones económicas y sociales en curso y la expansión y crecimiento de la oferta de cooperación internacional hacia Chile.

En cuanto a las políticas, se ha señalado numerosas veces que la dictadura chilena fue pionera en la implantación de un modelo neoliberal de desarrollo, que modificó la estructura económica, social y política del país. Estas transformaciones fueron impulsadas desde la agenda de organismos internacionales a fines de los 70, para atender a la crisis fiscal de los “estados de compromiso” en América Latina.

En lo económico, como se ha señalado anteriormente, se modificó la estructura productiva, cerrando la fase sustitutiva de importaciones desarrollada desde los años 40, para dar curso a un modelo neo-exportador de materias primas e importador de bienes de consumo, lo que liquidó el creciente proceso de industrialización del país y las bases sociales de obreros fabriles.

En materia social, junto a la reducción de las funciones regulatorias del Estado y la privatización de importantes funciones sociales, se modificó el enfoque universalista en política social utilizado en los años previos, particularmente en las áreas de salud, educación, vivienda y previsión social para establecer un enfoque subsidiario y de sesgo compensatorio, focalizado exclusivamente en los más pobres (Boenninger, 2007; CEPAL; 1996, 1997a y b; Franco et al, 1998).

Las consecuencias fueron un alza de la tasa de desempleo, la caída de los salarios e incremento de la pobreza en ingreso y la exclusión, por un


lado. Por otro, la segmentación de la población y los servicios dejó en manos del mercado la satisfacción de las necesidades de seguridad y protección para un gran contingente de la población calificada como no pobre, “bajo el supuesto de una mayor eficiencia, calidad y libertad de elección individual” (Hardy, 1997:88), mientras que los extremadamente pobres, cualificados con sistemas e indicadores creados para tales fines12, podían recibir subsidios estatales a través de las municipalidades. Los cambios sumieron a poco más del 38 por ciento de la población en una situación de pobreza (Larrañaga et al, 2014)

Estos cambios provocaron reacciones de la sociedad civil. De una parte, las violaciones de los derechos humanos incentivaron a los familiares de detenidos y personas desparecidas a estructurar -al amparo de la Iglesia- organizaciones de denuncia y defensa de la vida. Por otra, la situación de emergencia social, desde 1975 sacó a las familias de las casas para la construcción de estrategias colectivas de sobrevivencia. En ese contexto y de cara a un Estado en pleno proceso de repliegue, emergió la iniciativa de la Iglesia Católica y de la sociedad civil para constituir una diversidad de Organismos No Gubernamentales que encontraron una ventana de oportunidad para su acción y desarrollo en la disponibilidad de los recursos de cooperación y en las condiciones del país. Junto a ello, proliferaron diversos agentes que fueron progresivamente creando institucionalidad para apoyar a los diversos conglomerados sociales en proceso de reorganización defensiva.

Todas estas expresiones encontraron sostén en el concierto internacional. De una parte, el régimen económico de la dictadura encontró soporte de cooperación en diversos gobiernos y organismos económicos internacionales y multilaterales, que pilotearon la

12 En ese período se creó la Ficha CAS, para la caracterización de la pobreza, excluyendo de ella el criterio de pobreza de ingresos, y basándola esencialmente en la materialidad de las viviendas, lo que excluía a una gran proporción de población con necesidades de asistencia social.


implantación -en el marco del control y el terror de la población- del innovador modelo chileno y buscaron mitigar las consecuencias sociales más drásticas del cambio. Por otra, el amplio repudio internacional que despertó el derrocamiento de Allende, el terrorismo de Estado y la pobreza provocaron una gran solidaridad con el pueblo chileno. Ambas dinámicas confluyeron en una creciente cooperación internacional de carácter bilateral, multilateral y no-gubernamental, la que en parte se derivó a espacios alternativos de la sociedad civil13, tanto por razones político-económicas, como humanitarias, sociales y políticas14 (Ábalos y Egaña, 1989; Gruninger, 2003: 18).

Así, inicialmente, la expansión de las ONG fue posible por el aumento del flujo de cooperación internacional, la iniciativa de la sociedad civil orientada a mitigar las aristas más duras del modelo de desarrollo, atender a la sistemática violación de los derechos humanos, recomponer el tejido social y en oposición al ejercicio de un poder sin limitaciones por parte del régimen dictatorial (Ferrer et al, 2005:14).

La identidad bajo la dictadura

La identidad de las ONG se va configurando anclada al contexto dictatorial y a los efectos del neoliberalismo y de las violaciones de los derechos humanos observados en la población. En esa etapa, a pesar de la diversidad y las diferencias en la radicalidad de visiones o pensamientos, en general estas instituciones se reconocen como portadoras de una

13 Ello se refiere a la cooperación Multilateral: programas especiales de UNICEF, Banco Mundial, BID; Bilateral que se canaliza desde diversos gobiernos de países donantes (Italia, Suiza, Francia y cooperación a través de Organismos No Gubernamentales de países como Alemania EZE, Inglaterra OXFAM, EEUU, IAF; NOVIB de Holanda, SOS FAIM de Bélgica, entre otras múltiples agencias. 14 Señalan que el 12 por ciento de la ayuda total de los países de la OCDE, que en 1986 alcanzaba a US$37.000 millones, se canalizaba a través de las ONG.


propuesta alternativa o distinta de desarrollo; como opositoras al régimen dictatorial, y contribuyentes a una cultura -entendida como estructuras de significación socialmente establecidas- que va a contracorriente, promoviendo la solidaridad social, la cooperación, la organización y la autonomía para enfrentar los problemas sociales, así como la justicia, la democracia, la libertad y los derechos humanos. Son expresiones de una contracultura en relación a la predominancia de lo existente en ese periodo

En este sentido, tanto en sus visiones, misiones y prácticas subyace una noción ideológica que cuestiona la subordinación, promueve la construcción de sujetos de cambio y pugna por transformaciones en la sociedad, como diseños alternativos en diversas escalas y ámbitos para un mejor vivir colectivo. Sus métodos de intervención también seplasman como parte de esas visiones ideológicas. Por lo mismo, sus métodos de trabajo son relativamente cercanos: horizontalidad, autonomía, autoaprendizaje significativo, desarrollo de capacidades propias y la ética de la solidaridad son parte de sus componentes.

Algunos autores, como Ábalos (s/f), sostienen que “lo alternativo, en su versión negativa, progresivamente deriva hacia lo antigubernamental o antimercado, lo que limita y estrecha la visión y se puede constituir en una amenaza para la propia ONG en otro contexto” (citado en Grunninger, 2003:97). Sin embargo, ello no se verifica con posterioridad, como se observará en los capítulos siguientes y, más bien, se extrema en ese caso el planteamiento. Las ONG más bien resultarán contestatarias a un modelo de desarrollo y, según Grunninger (2003:183), “compartirán valores, visiones, modelos de interpretación, significados y símbolos distintos a aquellos pertenecientes al modelo dominante en la sociedad”. Tendrán, desde allí, una mirada crítica sobre el conjunto de decisiones políticas que afianzan el modelo neoliberal sin contar con contrapesos que hagan a las sociedades más igualitarias, democráticas y justas.


Los roles del periodo

En cuanto a sus roles, buscaron en esa etapa atender a diversas problemáticas sociales que afectaban a los sectores populares, así como a dimensiones políticas, de formación e investigación académica alternativa a las voces oficiales. Sus roles se orientaron y justificaron en la defensa de los derechos humanos, la contribución a la superación de la pobreza y el mejoramiento de las condiciones de vida de diferentes segmentos sociales, También constituyeron un aporte en el análisis de las condiciones sociales, laborales y económicas del país y de las comunidades o sectores sociales excluidos.

Además contribuyeron a la organización y constitución de sujetos reflexivos y capaces de incorporarse a la lucha por la democratización del país (EE5), recuperando tejido social, tanto de base como de redes temáticas y sociales. Un campo de especial importancia fue el rol jugado en la expresión de nuevos movimientos sociales que representan intereses y sensibilidades que habían desaparecido de la historia del país (mujeres y pueblos originarios, por ejemplo), o no habían existido en la historia previa (movimiento ambiental, cultural y de diversidad sexual, por ejemplo).

En ese periodo es posible identificar, al menos, tres tipos de roles que las ONG jugaron de manera diferenciada durante la dictadura, que se proyectaron durante la década de los 90 y el 2000 en la sociedad y que aún subsisten:

• Defensa de los derechos Humanos. Expresión del movimiento ecuménico progresista de diferentes vertientes y en especial de la Iglesia Católica, el que inicialmente, junto a diversos profesionales del área del Derecho, configuran las instituciones de defensa de los derechos humanos casi inmediatamente después del golpe militar de 1973. Darán origen al Comité Pro-Paz (1974), luego a la Vicaría de la Solidaridad (1975); a la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, FASIC


(1975); Fundación para la Protección de la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia, PIDEE (1979); Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, CODEPU (1980); y el Instituto Latinoamericano de Salud Mental, ILAS (1988), entre otras. Este tipo de instituciones jugaron y han jugado un rol fundamental en la defensa de la vida, de los derechos humanos básicos, en atender a la emergencia y al daño social de familias afectadas por la represión, niños y niñas, y en la defensa de aquellos actores que resistieron a la dictadura. A su alero se configuraron variadas organizaciones de defensa de la vida y los derechos humanos para denunciar los atropellos, exigir el cumplimiento de tratados internacionales y atender a las necesidades de miles de presos políticos y víctimas de la represión. Entre ellas, los familiares de detenidos desaparecidos y de diversos centros de detención (cárceles en diversas regiones del país, Penitenciaria, centros de tortura y detención clandestinos y abiertos, campos de concentración, etc.). Sus roles y quehacer se proyecta hasta hoy en la sociedad, en la búsqueda de recuperar la memoria y obtener verdad y justicia para los crímenes del terrorismo de Estado.

• Dinámicas de Desarrollo Social-Popular. Aquí destacan dos tipos de procesos y de instituciones no gubernamentales. Por un lado, aquellas que se orientan a la emergencia social y al apoyo a la sobrevivencia desde el enfoque de la promoción social en el mundo poblacional. Esta actividad surge a partir de 1975, cuando la Iglesia Católica apoya las estrategias de sobrevivencia de los sectores populares afectados por hambre y desocupación. La situación da origen a diversas acciones de solidaridad y reciprocidad social para atender al acceso a alimentos básicos. Surgen variadas expresiones, entre ellas los comedores y jardines infantiles, más tarde las ollas comunes, Comprando Juntos, Huertos Populares, Grupos de Salud que buscan proporcionar alimentación y servicios, particularmente a la infancia, o acceder a formas de abaratamiento de costos de productos básicos. Son estrategias que se desplegarán durante todo el periodo dictatorial y se prolongarán, buscando


espacios de reconversión de las acciones, hasta los años 1993-94, cuando, en el marco de un sostenido crecimiento económico y de condiciones de empleo, sumado al retiro de la cooperación internacional, decaen abiertamente hasta desparecer como prácticas sociales. Un conjunto de instituciones no gubernamentales acompañarán estos procesos de diversas formas, hasta su cierre15. También surgen en ese periodo las bolsas de trabajo, iniciativas de trabajo por cuenta propia o la creación de microempresas que pasan a ser apoyadas por numerosas instituciones no gubernamentales orientadas hacia temas económicos, involucrando desde el crédito, el soporte técnico, la tecnología, comercialización de productos y la capacitación de sus integrantes16. Estas iniciativas económicas populares, al revés de las dinámicas anteriores, formarán luego parte central de la estructura productiva y del empleo en Chile y de políticas de intervención del Estado en el fomento a la pequeña producción. Por otra parte, en el campo laboral formal, otras instituciones se dedican al estudio y la prestación de servicios de capacitación y soporte a sindicatos, que desde 1974 comienzan su proceso de reorganización. En este mismo ámbito, desde comienzo de los 80, se amplía la gama de instituciones y respuestas que atenderán a necesidades diversas del mundo campesino, rural, de comunidades indígenas, de mujeres, jóvenes, en el área de la cultura y medioambiente, así como a nuevas temáticas vinculadas al desarrollo: desarrollo local, vivienda, salud, educación popular,

15 Vicaría de la Solidaridad y Vicarías Zonales, Compartiendo la mesa, Programa de Economía del Trabajo, área de economía Popular; Programa de Acción Social, PAS; CEPAC; Tekhne; Fundación Missio; SEPADE, entre otras.16 Cooperativa Liberación, Vicarías zonales, Programa de Economía del Trabajo, PET; Fundación Solidaridad, Fundación Sol, Tekhne; SODEM; SEPADE, Canelo de Nos, entre muchas otras.


entre otros. Numerosas instituciones no gubernamentales actúan favoreciendo la rearticulación y expresión de diversas organizaciones sociales y movimientos de viejo y nuevo cuño, a la par que contribuyen a la recuperación de la democracia17.

• Centros Académico-políticos. A partir de 1977, los canales de cooperación apoyan también a diversas corrientes y sensibilidades políticas. Se crean diversos centros que aglutinarán más centralmente a profesionales con trayectoria gubernamental, política y/ o académica, que han sido expulsados del Estado o de las universidades, los cuales se concentran en la investigación y formación, a la vez que con mayor o menor intensidad, a la recomposición de diferentes partidos y corrientes de oposición a la dictadura. Desde fines de los 80, y particularmente a comienzos de los 90, muchos de sus cuadros profesionales irán a fortalecer las instituciones públicas o se quedarán como centros de pensamiento asociados a partidos y coaliciones políticas. Una parte de estos centros contaron con posterioridad -al término de la dictadura- con financiamiento público y de cooperación internacional configurando en Chile la presencia de los think-tank, proveyendo estudios, reflexión, orientaciones y cuadros políticos al Estado y a los partidos (Delamaza, 2010)18.

17 CIREN; CREA; TER; Instituto de Desarrollo Andino, GIA. GEA, DAM, CEM; La Morada, CEMURI; Instituto Indígena, FUNDAR, ECO, SUR; CPU; CENECA; SERPAJ; SEPADE; Taller Norte, entre muchas otras.18 Se identifican alrededor de 83 centros que tienen componentes de investigación en ciencias sociales, Entre ellos y de forma no exhaustiva se pueden mencionar: Instituto para el Nuevo Chile, Instituto de la Mujer; La Morada; CEP; CES; CESEP; CEVAL; CEANIM; Centro de Investigación y Asesoría Sindical; FLACSO; Instituto Latinoamericano de Ciencias Sociales; Grupo de estudios Agro-regionales; Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación; Centro de Estudios Socioeconómicos, CESOC; CETAL; AHC; SUR; Puelche; ECO; IMPROA; IMPRODE; ILADES; PET; PIIE; CISME; CODEFF, entre varios otros


Todos los tipos de ONG se activaron ampliamente a fines de los 80 tras el propósito de influir en los lineamientos que configuraban las nuevas políticas sociales y el proceso de democratización del país. Se conformaron variadas redes temáticas que interaccionaron con líderes y agentes de la alianza de la Concertación de Partidos por la Democracia que se proyecta hacia el poder después del plebiscito de 1988 y el triunfo del No; y de las elecciones presidenciales de 1989.

Desde el campo político, los líderes del futuro gobierno, incluidos los que se desempeñaban en ONG, analizaron la experiencia acumulada por éstas instituciones, extrayendo aprendizajes para la política social de la primera administración civil post dictatorial. Igualmente buscaron cómo resolver el nudo crítico del financiamiento de las nuevas políticas sociales, generando alianzas con la cooperación internacional y apostando a capturar sus recursos, dando por cerrado el rol supletorio del Estado que las ONG habían jugado.

Las ONG tenderán a agruparse y debatir su situación como colectivo, generando diversos encuentros nacionales que darán origen, en 1991, a la Coordinadora Nacional de ONG y en 1993 a su Asociación Gremial, ACCIÓN. Aunque no de manera homogénea y con diferencias de tamaño y especificidad de sus roles, las ONG chilenas se proyectaron articuladamente desde ese periodo como nuevos actores en la vida nacional, configurando una cierta identidad a partir de su historia, experiencias y actividades.


Capítulo

El cierre de la dictadura y la proyección de las ONG en democracia

El capítulo aborda el rol de las ONG en el periodo que transcurre entre 1988 y 1990, cuando, con el triunfo del No en el plebiscito de 1988, se abre paso a la elección presidencial para terminar con la dictadura. Las fuerzas concertacionistas, artífices de la estrategia electoral, desmovilizan al activo social opositor a Pinochet y proyectan una transición a la democracia, férreamente controlada desde arriba, restrictiva y negociada con los poderes fácticos. Es un periodo de tensiones -por lo que se va definiendo- para el mundo social, político y no gubernamental. En ese periodo, las ONG juegan un papel relevante en la elaboración de antecedentes y propuestas de políticas públicas hacia los futuros gobernantes. Después de los roles desempeñados en la emergencia social, confían en su proyección como nuevos actores del desarrollo y ponen a disposición sus saberes. En esta etapa, sin embargo, toman una conciencia relativa sobre lo que

3


está en juego respecto de su futuro y de la necesidad de fortalecer su organización colectiva y su autonomía.

El plebiscito y su proyección

Desde 1983, en Chile se concertó una amplia movilización social y política de una mayoritaria población opositora al régimen dictatorial. La visibilidad de este movimiento se observó en las protestas populares de carácter nacional. Estas, convocadas cíclicamente cada mes por la Confederación Nacional de Sindicatos del Cobre, evidenciaron una masiva y radical oposición que contribuyó a generar conciencia para la democratización del país. A su alero se abrieron y diversificaron nuevos espacios de la sociedad civil, tanto en el área de la prensa y las comunicaciones19, como de la cultura, los gremios profesionales (como de profesores y la salud, entre otros, que se reactivaron), sindicatos de base, las antiguas federaciones y la refundación de la CUT; organizaciones estudiantiles como la FECH, FEUC, los estudiantes secundarios. Además de Mujeres por la Vida, que articula a varias organizaciones y a ONG, coordinadoras poblacionales regionales y locales, de jóvenes del mundo indígena, entre otros. Ello había generado las bases para la recomposición de las mermadas fuerzas políticas, tanto de centro como de la izquierda y de diferentes conglomerados sociopolíticos20 que disputaron las estrategias y el carácter del término de la dictadura, entre la negociación, el desmoronamiento o su derrocamiento por la fuerza.

19 Emergieron periódicos como El Fortín Mapocho (1984) Teleanálisis y Diario La Época (1987), que se sumaron a los surgidos a mitad de la década del 70, como las revistas APSI, Análisis, Hoy y Cauce y radios como Cooperativa. En el periodo de las protestas populares enfrentaron diversos problemas legales y de censura oficial.20 Entre las fuerzas de oposición surgieron en ese periodo la Alianza Democrática (1983), el Movimiento Democrático Popular (1983), la Asamblea de la Civilidad (1986), la Concertación de Partidos por la Democracia (1987), entre otras.


Un hito importante fue la Asamblea de la Civilidad, que funcionó entre 1985 y 1986, como un espacio que articuló a los gremios profesionales con el acuerdo de la Confederación de trabajadores del Cobre, cuyo objetivo era aglutinar a diversas representaciones del mundo social y político y levantar una alternativa programática para el país. El debate sobre la propuesta denominada “Demanda para Chile”, la situación contingente, el debate por las opciones y estrategias para la recuperación de la democracia, tensionó internamente a esta alianza, fracturándola y cerrando este espacio de acción unitaria en 1987 (Mazano, 2014).

Luego del hallazgo de armas internadas por Carrizal Bajo, el atentado contra Pinochet en 1986 y la ulterior represión desatada, las fuerzas sociales y políticas que adherían a la centroizquierda, confluirán en una estrategia negociada y en el camino institucional para salir de la dictadura, creando formalmente en 1988 la Concertación de Partidos por la Democracia (CPD). Se viabiliza entonces la estrategia de participación electoral en el plebiscito de 1988, contemplado en la ilegítima Constitución aprobada en 1980 bajo condiciones de coerción (Otano, 1995). Y con ello, una estrategia de transición pactada hacia lademocracia. Una gran movilización social y política se despliega desde diversos sectores de la sociedad para la campaña del No y para evitar un fraude electoral, estableciendo con el soporte de diversas ONG, las bases y recursos para generar un control alternativo y de escrutinio de las votaciones organizadas por la dictadura.

La continuidad del régimen militar (opción Si en el plebiscito) y la opción No, que obligaría a elecciones un año más tarde, se zanjó en 1988, con el triunfo mayoritario de la opción opositora21. Esa misma noche del 5 de octubre de 1988 se consagró el tránsito hacia una democracia tutelada y restringida que cerró las puertas a la participación de la gente y sus

21 Este, contemplado en la Constitución aprobada en 1980, bajo condiciones de excepción, posibilitaba definir la continuidad del régimen militar o el desarrollo de elecciones en el país en 1990.


organizaciones. Ello fue simbólicamente representado con el cierre al día siguiente de las casas y sedes por el No, “capilarizadas a lo largo de todo el país” (Otano Op.cit: 69).

Previo al escenario electoral, mayoritariamente las ONG organizan, movilizan y motivan a la base social para su participación activa en el plebiscito, fortaleciendo los procesos organizativos de segundo nivel, a través del impulso a coordinaciones y encuentros de diversa naturaleza, locales, regionales y nacionales. Ejemplo de ello fueron las coordinaciones de Juntas Vecinales, de Ollas Comunes, Comprando Juntos, Grupos de Salud, Mujeres, Asociaciones Locales de Microempresarios, Coordinadoras Comunales poblacionales, etc. Con ello se contribuyó a levantar sus demandas y propuestas en el marco del proceso de democratización del país. Las propias ONG levantaron a su vez, sus propios procesos de coordinación.

Las redes de ONG post plebiscito: 1988-1990 Entre 1988 y 1990, con posterioridad al triunfo del No, se activaron y visibilizaron diferentes alianzas y redes de ONG, con miras a incidir enel diseño de las políticas públicas de la coalición concertacionista, que asumiría el gobierno en marzo de 1990. A pesar de que no existió un debate a fondo entre sus miembros sobre las opciones de futuro del mundo no gubernamental, los diversos análisis de la época permiten configurar al menos tres visiones en juego, que se fueron saldando por la dinámica de los hechos y del poder.

Una parte importante de las ONG veía su continuidad en la futura democracia, aportando a las políticas públicas y a los dilemas del desarrollo mediante procesos de investigación-acción financiados con recursos públicos y de cooperación internacional, constituyéndose como un actor relativamente autónomo en pro del desarrollo, sin fines de lucro y en colaboración con los desafíos prioritarios gubernamentales de superar


la pobreza. Ello en la línea de fortalecer un espacio público-no estatal para el quehacer social y político de la sociedad civil (Rabonikof,1997).

Otro sector concebía el futuro rol formando parte de un tercer sector o un sector de economía social en la sociedad democrática (Klener, 1988; Cancino y Saldívar, 1988; Lladser, 1988). Ello corresponde a la idea de conformar un sector de servicios colaborativo con el quehacer público, combinando en su seno múltiples recursos, desde las donaciones filantrópicas, subvenciones del Estado e ingresos mercantiles, hasta el trabajo voluntario o remunerado. Esto era posible en el marco de la tercerización de funciones del Estado y de la necesidad de recuperar desde los servicios el aporte a la democratización, a los derechos, a una mayor igualdad y al acceso a servicios de calidad, particularmente, de las poblaciones vulnerables.

Por otra parte, sobre todo en aquellas instituciones y personeros más vinculados a la dimensión política-partidaria, veían su experiencia en ONG como una situación transitoria. Estas instituciones habían representado un espacio de acción sociopolítica ocupado ante la exclusión propiciada por la dictadura. Al conseguir la democracia se recuperaba el espacio estatal y/o académico y las instituciones de la democracia, vistos como medio de desarrollo profesional y del quehacer social y político, pero también como el medio por excelencia, ordenador pero excluyente, para las decisiones sobre la acción social y el curso del desarrollo en el país.

Esta distinción respecto de las proyecciones del sector, que fueron explicitadas pero no debatidas colectivamente, tendrá importantes repercusiones posteriores para las proyecciones de las ONG en la vida nacional. En general, asociado a estas diferentes visiones, tres dinámicas de relevancia de las ONG pueden ser identificadas:

• En primer lugar, se observó, desde una dinámica más política, a diversos profesionales de ONG que impulsaron una decidida colaboración con la Concertación de Partidos por la Democracia, tomando como objetivo de su quehacer, la caracterización del


mundo social, de las ONG, sus recursos, fuentes de financiamiento y demandas. Su finalidad fue proyectar la acción social del gobierno hacia los distintos sectores sociales. Una de sus expresiones significativas, más allá de otras presentes, será el Taller de Cooperación al Desarrollo, que se estructura en 1985 y permanece hasta 1991.

• Por otro lado, diversos actores de redes y articulaciones de ONG, buscaron proyectar en el futuro escenario a estos organismos salvaguardando su autonomía y su rol de soporte a la organización y al empoderamiento de los actores sociales. Consideraron para ello indispensable representar su voz y sus intereses, buscando colectivamente un espacio y condiciones para potenciar su rol en democracia. En paralelo, obtener respaldos para negociar con la cooperación internacional -que ya comenzaba lentamente su retiro de Chile- para proyectar su acción. Esta dinámica comienza a desplegarse en 1989 a través de tres encuentros nacionales, pero se expresará más formalmente en la constitución de la Coordinadora Nacional de ONG (1991) que luego se transformará en la Asociación Gremial, ACCIÓN (1993).

• Una tercera dinámica la configuraron diversas redes de ONG articuladas por tema, tipo de destinatario o fuentes de financiamiento relevantes para su actividad. Las redes temáticas buscaron visibilizar su acción e influir con su experiencia -a modo de una transferencia tecnológica- en las políticas públicas que se implantarían a futuro. Este rol lo jugaran con intensidad hasta más o menos 1993. A su vez, buscaban generar condiciones para participar e insertarse en los financiamientos que surgirían después de 1990. Otras redes fueron convocadas por las propias agencias de cooperación para dialogar sobre el futuro y el difícil escenario de la cooperación internacional una vez recuperada la democracia, así como sobre


las transformaciones que deberían enfrentar las ONG. Según nuestros entrevistados, nada de esto fue muy explícito y tampoco se establecieron agendas de trabajo para tales fines.

Una síntesis de las principales propuestas de estos tres ámbitos de acción permite dar cuenta de las visiones que están sobre la mesa a fines de los 80 sobre el rol y perspectivas de las ONG, las que serán relevantes para los procesos desarrollados en la década de los 90 y que darán curso en esa década a una intensa lucha por la sobrevivencia de este tipo de organismos.

El Taller de Cooperación al Desarrollo

Especialmente relevante fue el Taller de Cooperación al Desarrollo, en el que -entre 1985 y 1991- participaron diversos directivos y profesionales de un conjunto de instituciones y coordinaciones de ONG cercanos o participantes de las fuerzas políticas de la Concertación. En este espacio, sobre todo en 1988, se dialogó sobre los probables escenarios que dominarían el país, se identificó el quehacer de las ONG en diferentes áreas y temas, sus fuentes de financiamiento, así como la situación de sus destinatarios y propuestas programáticas para el quehacer social futuro. Además, post plebiscito y ya de cara a las elecciones presidenciales y a un probable triunfo de la Concertación, el grupo lideró el diálogo con diferentes agencias de cooperación internacional para identificar sus perspectivas y nudos críticos y proyectar su rol en democracia. Estas gestiones y diálogos sirvieron de base para la creación -en 1991 de la Agencia Gubernamental de Cooperación Internacional (AGCI), que fue propuesta como resultado de este ejercicio.

En el taller se dibujaron los desafíos que iban a enfrentar estas instituciones. En la visión de sus integrantes, el valor del rol de las ONG y sus aportes a las comunidades más pobres durante la década de los 80 aparece como indiscutible. Sin embargo, junto a ello se explicitan


el conjunto de desafíos que las instituciones requieren definir de cara a la democratización del país. Entre ellos los siguientes aspectos parecen claves por la tensión que introducirán en el quehacer de las instituciones (Egaña, et al, 1989: 543-553):

• La necesidad de salir de la situación de exclusión y posición antigubernamental en la que se ubicaron bajo la dictadura, para definir nuevas formas de relación con el Estado, la colaboración con el gobierno y el sector público, lo cual implicaría -en el marco de la tercerización de funciones- replantear sus roles, aumentar coberturas y explorar alianzas inter ONG para asumir esos nuevos desafíos.

• Desarrollar nuevas y más amplias relaciones con actores que comenzarían a realizar labores similares a las del sector no gubernamental, como los municipios, los sectores y servicios estatales, y otros actores privados y académicos que contarían con financiamiento público y con los cuales la competencia implicaría escenarios conflictivos para las ONG.

• Buscar estrategias para acceder a nuevas formas de financiamiento pues no se contaría con el mismo acceso a recursos de cooperación internacional. Ello podría ser a través de la participación en programas con el Estado o mediante el cobro de servicios.

• Redefinir el tipo de servicios que se prestará a las comunidades con las cuales trabajan, pues estas tenderán a una mayor autonomía y establecerán nuevas relaciones con el Estado o con las municipalidades, lo cual situará a las ONG como uno más de los posibles interlocutores del mundo social.

• Por último, se señala que las ONG requieren asumir estos desafíos mejorando sus procesos de gestión interna, tecnificando sus roles, incorporando la evaluación de su quehacer de manera recurrente, la transparencia de su gestión y avanzar en la necesidad de un marco jurídico que regule más nítidamente sus acciones.


Un segundo aspecto debatido en el taller refiere a la visión y propuestas sobre la cooperación internacional al desarrollo. Los miembros del taller dialogaron ampliamente con diversas agencias de cooperación para tratar de construir escenarios futuros y afianzar las posibilidades del nuevo gobierno de atraer recursos de cooperación para su futura labor. Respecto de ello, surgieron los siguientes aspectos clave:

• La proyección del quehacer de las ONG en democracia no podrá ser garantizada por la vía del flujo de la cooperación internacional. En ello influyen diversos factores. Primero, la necesidad de atraer los recursos hacia el gobierno vía donaciones o créditos, particularmente la cooperación multilateral y gubernamental.

• Luego se visualiza que importantes agencias de cooperación no gubernamental, definirán el retiro de Chile argumentando que el país deja de ser prioritario y objeto de la cooperación. Ello porque ingresará a un nuevo momento político y social, y su economía lo sitúa en el grupo de países de ingreso medio en América Latina. El Estado debe hacerse cargo del alivio a la pobreza.

• En el contexto internacional, particularmente en los países europeos, claves en el apoyo en cooperación internacional, los recursos están afectados por los recortes sociales y los ajustes de sus economías. Además, se proyecta una reorientación de la cooperación hacia los países de África y de Europa del Este, que viven severas crisis económicas y sociales. Por lo tanto, un conjunto de agencias sostendrán un tránsito breve hasta la creación de nuevos programas públicos y con esa finalidad podrían reorientar fondos hacia el Estado. Ello afectará a diversas ONG y el rol de la Iglesia Católica (Egaña, et al, op.cit).

• Otras agencias, que tenían entre sus objetivos centrales fortalecer a la sociedad civil y apoyar en esa tarea a las ONG, brindarán a éstas más oportunidades para experimentar nuevos caminos de sostenibilidad, pero también durante un breve


tiempo, pues Chile será pronto, por su crecimiento económico, calificado como un país no sujeto de donaciones de la cooperación internacional, al menos con la masividad alcanzada en la década de los 80.

Un tercer aspecto debatido en este espacio estuvo referido al rol que podían cumplir las ONG en el escenario futuro y las condiciones que requerían:

• En un escenario de democratización, se contará con un Estado y un gobierno constreñidos por los amarres institucionales que ha dejado la dictadura y se necesitarán recursos para implementar nuevas políticas sociales públicas que requieren de mayor amplitud y coberturas nacionales.

• Para eso es necesario atraer recursos de cooperación internacional hacia el campo gubernamental, principalmente recuperar la cooperación bilateral y multilateral y también de Organismos No Gubernamentales, que existía antes de la dictadura. Se proyecta para ello la creación de la Agencia de Cooperación Internacional (AGCI), lo que se materializará en 1991. Así se abrirá una disputa con las ONG, pues hasta entonces este tipo de instituciones habían sido una vía importante de canalización de ese tipo de recursos.

• Atrayendo la cooperación hacia el Estado, el rol de las ONG se concibe como de colaboración en la ejecución de las políticas públicas a través de los sistemas o fondos que cree y diseñe el Estado.

• Sus recursos, el capital de conocimiento y las articulaciones sociales de las que estas instituciones disponen -a las cuales el Estado debe llegar en forma directa- son considerados complementarios a la acción del Estado en la lucha contra la pobreza, particularmente durante la primera fase de gobierno. En este sentido su acción favorecerá la instalación del gobierno


democrático y de su quehacer en el campo social. Se asigna con ello un rol subordinado a las ONG en las políticas públicas y sujeto más bien a decisiones gubernamentales.

Un cuarto aspecto en discusión se centró en el tipo de relación que las ONG podrían establecer con el futuro gobierno democrático, en el contexto de la transición pactada y el control de las fuerzas sociales y de sus demandas que se buscaba establecer:

• En el contexto de una transición pactada a la democracia -que buscará estabilizar la situación mediante la negociación con poderes fácticos- lo que implica desmovilizar a la población y restringir la participación, es necesario, al igual como lo fue con todas las fuerzas políticas y sociales, dejar un escaso margen a la autonomía.

• Si bien el papel de alivio a la pobreza que cumplen las ONG es relativamente funcional a los objetivos concertacionistas -y también al sistema neoliberal- no tienen la misma funcionalidad sus orientaciones, enfoques y propósitos que buscan transformar las condiciones sociales y políticas que la originan y fortalecer sujetos activos y participativos en la lucha por mejorar sus condiciones de vida. En efecto, por abajo, desde los espacios locales y territorios, una multiplicidad de pequeñas pero vivas experiencias disputan bases culturales al neoliberalismo y muestran caminos distintos de construcción social, demostrando una relativa capacidad de organización y movilización que no será bien valorada en el gobierno democrático Ese rol no es bien mirado en el conjunto del espectro político concertacionista, particularmente en el contexto de las restricciones democráticas a las que será sometida la sociedad para su estabilización. Ello pondrá a las ONG, particularmente, a las instituciones que no son controladas por la alianza concertacionista, como representativas de potenciales riesgos.


• Además, se va instalando una visión -que no será fuertemente contrarrestada, pues no se hará tan explícita en ese momento, sino más tarde- relacionada con la no distinción conceptual y política respecto de lo que son las ONG. No se las distingue entre las asociaciones de privados que defienden intereses particulares -como las sociedades anónimas utilizadas por las empresas- y las asociaciones de interés público, más representativas de las ONG. La discusión de este aspecto se iniciará recién en la agenda de las ONG en el primer trienio del gobierno democrático y cruzará toda la década de los 90 y 2000, pero no se lograrán algunas regulaciones -aún deficitarias- basadas en esta distinción sino hasta después del 2000.

En el marco de este conjunto de factores, la proyección de las ONG, tal y como éstas han sido concebidas se volverá crítica en democracia. De no existir un soporte y respaldo definido desde el Estado, ya sea para su financiamiento o su tratamiento como socios del desarrollo, su existencia y actividades no estarían garantizadas. Aún menos si la legitimidad de su rol no es respaldada, ya sea desde la alianza que asumirá el poder, desde sus destinatarios o socios de base, o desde la propia cooperación internacional. Ello no será así, pues ninguno de estas tres condiciones de proyección se cumplirá de modo efectivo.

En 1990, junto con asumir Patricio Aylwin, desde la alianza concertacionista bajo el diseño del Taller de Cooperación al Desarrollo, se da de cierto modo por cerrada la etapa de canalización de la ayuda de la cooperación internacional para la acción social al mundo no gubernamental. El planteamiento central es que el Estado -que ha aprendido de la cooperación y de las ONG- se hará cargo de los asuntos sociales hacia delante. Se cierra en ese momento el acuerdo estatal con la cooperación internacional para la creación de la AGCI y, con ello, comienza el trasvasije de recursos al Estado. Uno de los entrevistados lo explica de esta forma:


EE2: “Ellos organizaron un gran encuentro al momento de asumir Aylwin, en una casa de ejercicios de Arrayan, que se entendió como “Chile le agradece a la cooperación internacional el apoyo que le brindó durante el periodo, y ahora se abre una nueva etapa” (…) Y ese fue también el acta del lanzamiento de la AGCI, no formalmente, pero era como decir ́ bueno, este gobierno se hace cargo de los problemas que se han venido planteando y va a desarrollar una política de cooperación porque hemos aprendido de la cooperación´”.

(…) Entonces lo que pasa es que el sujeto pasa a ser el gobierno y no las ONG, pero formalmente era como una especie de transferencia tecnológica: (…) nosotros hemos acumulado todo este aprendizaje (…) y se lo entregamos a la nueva política pública para que se haga cargo de ella, y tiene un instrumento y ese instrumento es la AGCI para canalizar recursos. Yo creo que la movida fue súper inteligente, porque si no hubiera quedado en puras declaraciones y ministros que van y sacan fotos, cancilleres y qué se yo, pero se transformó eso en plata para el FOSIS, para el SERNAM; en plata para la Ley Indígena, o sea recursos no solo platas, todo lo que implica este tipo de (…) etcétera. ¿Por qué? Porque el gobierno partía con las manos amarradas, no tenía con qué”.

La Coordinación Nacional No Gubernamental

En paralelo a este proceso, la mayoría de las ONG que se perciben relativamente autónomas de las decisiones políticas de partidos y coaliciones partidarias se activan para debatir la inserción en las nuevas políticas sociales, sus intereses gremiales, la continuidad del trabajo y las condiciones jurídicas, políticas y de financiamiento. Se promueven para ello los encuentros nacionales.


Desde 1989, se realizan tres encuentros en Punta de Tralca, organizados, primero por las ONG ligadas a la plataforma de la Cooperación Belga22, y luego por diversas redes, a los que concurren cientos de delegados de todo el país. En estos espacios comienza el debate sobre la necesidad de colaborar y sostener una interlocución activa con el futuro gobierno y las condiciones que supone. Además de abordar el futuro de la cooperación internacional y la continuidad de las ONG en el inminente escenario democrático (Santibañez, 2016). Pero también se apunta a la necesidad de reafirmar la autonomía política de las instituciones, a la idea de fortalecer alianzas con las organizaciones sociales y continuar siendo un soporte para su proyección y participación en el proceso de democratización.

Sin embargo, es claro que hay tres factores de los cuales quizás los miembros de las ONG no habían tomado una plena conciencia. Estos eran, en primer lugar, las definiciones que iban tomando las agencias donantes sobre el retiro de la cooperación internacional de Chile o su derivación al Estado. Ello situaba a las ONG en un estadio de enorme fragilidad por su alta dependencia de recursos que no controlaban. En segundo lugar, había una conciencia relativamente emergente sobre la necesidad de contar con mayores “espaldas” para abrir el juego de negociar con el futuro gobierno las condiciones de su participación en la gestión, sobre todo desde una posición de mayor poder y articulación gremial, que no se verificó sino hasta mucho más tarde. Por último, se veía como necesaria una alianza más fuerte con las agencias de cooperación para acordar términos del retiro o apoyos para la negociación con el gobierno futuro, aspecto que no se logró. En efecto, uno de los entrevistados dice:

22 OCAC, PAS, TRAFKIN


EE2: “Por más que haya acuerdos sobre temas sustantivos, hay uno que tiene el poder de decidir sobre el recurso y otro que no. Entonces una de las cosas que ocurrieron para mí, no me acuerdo exactamente en qué momento, pero rápidamente me fui dando cuenta porque no conocía tanto la cooperación tampoco, es que no bastaba que nosotros nos pusiéramos, sino que necesitábamos que la cooperación se asociara, para poder negociar así como queríamos negociar con el gobierno”.

Las redes temáticas

Uno de los procesos más dinámicos del periodo desde la base de las ONG es sin duda la articulación de diversas redes, ya sea en función de destinatarios, temáticas que abordan o geográficas. Estas se activaron esencialmente para conversar y elaborar propuestas de políticas al futuro gobierno, fortalecer a sus contrapartes sociales, abrir espacios de interlocución con algunos profesionales reconocidos de la Concertación y debatir sus aprendizajes.

Algunas de estas redes pueden mostrar relevantes logros y permanencia en el tiempo, mientras otras no logran perseverar. Especialmente consolidadas fueron el Taller de Desarrollo Local (1987), que dialogaba sobre los procesos de desarrollo en los espacios locales; el Foro del Mundo Indígena (1988), que eleva diversas propuestas al futuro gobierno; el Acuerdo de Colina, que aportaba a la estructuración gremial de las ONG; Mujeres por la Vida, que agrupa a diversas plataformas y organizaciones de mujeres de alto protagonismo en 1988 y que junto a las ONG que trabajan con mujeres, logran poner en la agenda programática de la Concertación la igualdad de género y el


desarrollo de la mujer23; la Red de Consumo (1989), que atiende a la sobrevivencia poblacional; la Red Nacional de Acción Ecológica, Renace, (1988); la Red de Instituciones de Fomento a la Microempresa, (1989); y la Red de ONG Rurales, (1989). Otras iniciativas se suman después de los 90, como el Foro Chile (1991); y el Foro Abierto de Derechos Sexuales y Reproductivos (1991), entre otras.

En tanto, entre otras iniciativas se extienden las coordinaciones de ONG de regiones (Arica y Parinacota, Concepción, Temuco, Valparaíso) de naturaleza más política y que buscan organizar la representación de este nuevo actor y generar propuestas para las nuevas condiciones que se abrirán en el país. En general, tienden a ser lideradas por ONG de mayor tamaño y peso específico que pueden destinar recursos a su convocatoria y mantenimiento o que cuentan para ello con proyectos financiados por la cooperación internacional.

Las redes participaron de la construcción de propuestas a la Concertación o del análisis de la situación de los movimientos de pobladores, mujeres, indígenas, sindicalismo, con miras a la incidencia en las futuras políticas públicas y en la participación. Sus aportes van sistematizándose y contribuyendo a lineamientos programáticos. Se dispone de una escasa sistematización sobre este proceso de incidencia de las ONG y de las propuestas formuladas. Pero se configuran diagnósticos, líneas base, caracterización de la situación de sus destinatarios, de las necesidades más sentidas y lineamientos de políticas. Dada la competitividad por proyectos que siempre existió en las instituciones, a pesar de sus relaciones fraternales, buscan también construir lazos de confianza y conversar sobre estrategias más amplias de sostenibilidad futura, tanto de la actividad propia como la de las organizaciones con las que trabajan. Es un tiempo, sin embargo, relativamente breve para que dichos propósitos se materialicen,

23 Centro de Estudios de la Mujer; Casa de la Mujer La Morada; Centro de Servicios y Promoción de la Mujer, Domos; Centro de Estudios y Atención al Niño y la Mujer (CEANIM); Instituto de la Mujer; Red de Información de los Derecho de la Mujer; FORMA.


24 Ligadas a las agencias NOVIB, Kommunity, EZE; Cooperación Belga, entre otras.

pues se verán pronto confrontadas a procesos de competencia más dura por la sobrevivencia.

Las plataformas de ONG ligadas a ciertas agencias de cooperación es otra de las dinámicas que se estructuran en la época24. Sin embargo, serán pocas las agencias que decidirán sostener la acción de las ONG una vez llegada la democracia. En la mayoría de estas plataformas las agencias organizarán un retiro progresivo del financiamiento, aunque estarán presentes durante toda la década de los 90 y algunas hasta comienzos del 2000. Algunas pocas lo harán con posterioridad o decidirán permanecer en Chile.

Todo este trabajo y las fortalezas demostradas en esta etapa serán puesta a prueba durante la etapa siguiente, particularmente durante los 90, en escenarios que resultaron difíciles de prever, como se aborda en el siguiente capítulo.

El trabajo de las ONG, así como del conjunto de los movimientos y organizaciones construidas en la fase previa, se enfrentará a condiciones más adversas, poniendo en cuestión su identidad, continuidad y roles en la sociedad. Su proyección en democracia tal y como se conciben, será difícil de materializar, pues los diversos factores influirán en sentido contrario. La continuidad efectivamente quedara sujeta a otras voluntades políticas, tanto de agencias y de gobiernos internacionales, de los cuales estas también dependen. Se pondrá en evidencia la enorme fragilidad de este nuevo actor, dada su alta dependencia de sistemas de financiamiento y decisiones políticas sobre las que no tienen ningún control. Será otra transición, una que no fue pactada, negociada o acordada, sino impuesta tras las sucesivas concesiones ante los poderes de facto.


Capítulo

4

La transición no pactada de las Organizaciones de la Sociedad Civil

La década de los 90 se caracteriza por una transición que desmoviliza profundamente a la sociedad. En una etapa clave, en la que se necesitaba acumular fuerza y pensar en el diseño de reformas para profundizar la democracia y definir el tipo de sociedad a reconstruir, dicha desmovilización tendrá consecuencias estratégicas para la mantención del modelo de gobernabilidad restringida que se aplica en la transición, la reafirmación y expansión del modelo neoliberal de desarrollo que marcará el futuro del país y las características de la sociedad, así como las herencias económicas e institucionales de la dictadura cívico militar.

EE5: “Este periodo constituye sin duda también una transición, la otra transición (…) Se ve como una transición yo diría entre organismos que han emergido, han nacido, se han desarrollado, con un sentido de cumplir un rol específico


histórico en una situación muy especial de Chile, en que se mezcla la represión y la exclusión política, con condiciones socioeconómicas deterioradas (…) con eso que parecía más bien provisorio (…) y una subjetividad que transita hacia la idea de un tipo de organización que debería ser parte de la sociedad también normalizada (…) a las cuales se imaginaba con más democracia, más fortalecida en su sociedad civil (…) y éstos organismos iban a ser un tipo de organismos muy co-ayudante de eso (…) y en la década del 90 lo que emerge(…) es el peligro de desaparecer o el peligro de desnaturalizarse. Y ahí se toma conciencia”.

En este acápite se caracteriza la “otra transición”, la que afectó a diversos movimientos y organizaciones sociales que venían de la etapa previa y, en particular a las ONG, en el contexto de las definiciones de las esferas gubernamentales y de la cooperación internacional. Se destacan tres tipos de procesos. Uno, es el de la participación de las ONG, su incidencia y desencuentros en el diseño de nueva institucionalidad social y de políticas públicas de innovación, ámbito en el que jugaron roles activos y fundamentales que no fueron formalmente reconocidos.

El otro se relaciona con la crisis de sostenibilidad que afecta a las instituciones, tanto por el retiro de la cooperación internacional como por las dificultades que enfrentaron con la política y los instrumentos en los que se tradujo el rol de socios estratégicos, pero subordinados, que definió el Estado para su relación con el mundo no gubernamental; la crisis de sobrevivencia y las transformaciones y adaptaciones en su identidad y roles que decantó en la nueva situación.

El tercer proceso refiere a la creación de ACCIÓN, como espacio de representación gremial de las ONG en 1993, los debates que se desplegaron en la década y las propuestas que formularon a diferentes espacios gubernamentales para contener la crisis de las instituciones no gubernamentales, pero sobre todo en el marco de la demanda


de establecer una política que fortaleciera la presencia y el rol de la sociedad civil en el desarrollo de la sociedad.

Transición y sociedad civil

La transición chilena a la democracia fue diseñada como un proceso prolongado y zigzagueante. Controlada por estrictas reglas del juego para garantizar su moderación, la no ruptura y eludir los conflictos de fondo, asegurando un reencuentro pacífico, sin miedo, sin odios, sin rencor, sin dolor. “Un riesgoso ejercicio político de cuerda floja” (Otano, 1995: 10) porque Pinochet y sus fuerzas cívico militares -que tuvieron el tiempo suficiente en el periodo post plebiscitario- se encargaron de efectuar los arreglos institucionales que permitieran conservar su poder y limitar la posibilidad de cambios a los pilares fundamentales del modelo impuesto. Más allá de la viabilidad de otra salida, el costo de aceptar el camino que ofrecía la ilegitima Constitución de 1980 implicó, como ha dicho Salazar (1989), que Pinochet cayó, pero “cayó sobre nosotros”.

Las estrictas reglas del juego de una gobernabilidad restringida incluyeron la desmovilización de los actores y el activo social que habían participado de la construcción de la alternativa de democratización, en pro de una sociedad que facilitara la negociación y el pacto con los poderes fácticos, el empresariado y las fuerzas políticas que dieron sustento a la dictadura. Ello, en una etapa clave que requería abrir espacios para repensar la sociedad y en las potenciales reformas que permitieran redefinir la sociedad a construir.

En la primera fase (1990-1994), el diseño de gobernabilidad restringida buscaba garantizar la estabilidad y contrarrestar el frágil equilibro en que estaba la naciente democracia. En la segunda (1994-2000), la mantención del diseño implicó que al menos un aspecto de la transición se cerró: la elección por fortalecer el modelo económico neoliberal y establecer alianzas a fondo con el empresariado como actor protagónico


del desarrollo. Fue quedando pendiente, sometida a cambios cada vez más graduales, el remozo de las estructuras político-institucionales para la gobernabilidad.

Salvo excepciones, el conjunto de la sociedad afectada por el trauma social que había generado el régimen de terrorismo de Estado y la situación de pobreza vivenciada bajo la dictadura, respaldó el camino definido. La izquierda en el gobierno, renovada como se definía, se subordinó también a esa lógica, tratando de alejar del imaginario político y social, un rol que fuera asociado a una reedición de la polarización y de la crisis ocurrida durante el gobierno de Allende. Se estructuró así una transición “para la gente pero sin la gente” (Otano, 1995:66) desactivando los movimientos sociales, no sólo los articulados para disputar la opción No -que ya habían sido desactivados luego del triunfo en el plebiscito- sino todo aquello que pudiera alterar el curso de las negociaciones, pugnar por mayores reivindicaciones y/o buscar la profundización de la democracia.

Se remodelaron, sin embargo, aspectos del proyecto neoliberal para reducir las aristas más duras (Delamaza (2005), cuya mantención habrían sido inaceptables para la población, introduciendo la estrategia de “Crecimiento con equidad” (Boenninger, 2007). Ello incluyó la creación y el reordenamiento de políticas e instituciones en el campo social: nuevas agencias, ampliación de los umbrales de focalización y creación de programas compensatorios orientados hacia los más pobres. Se abrieron en este ámbito espacios de participación de expertos y miembros de ONG para recoger propuestas y criterios para el diseño de nuevos programas sociales. Los enfoques, sin embargo, no escaparon a la acción subsidiaria y a la lógica de asignación según demanda -que no reconoce derechos sociales ni universalidad- y tuvieron el efecto de atomizar a las organizaciones e instaurar profusas relaciones de competencia entre ellas, lo que favoreció la gobernabilidad y las restricciones de la democracia.

Como se ha señalado, la mayoría de la población vivía el trauma social ocasionado por la dictadura. Diecisiete años de represión sistemática y


de drásticos cambios socioeconómicos habían impactado en un grave deterioro en sus condiciones de vida y en un incremento de la pobreza25. Conquistada la democracia, la necesidad de estabilidad, de paz y las expectativas abiertas de mejorar su situación de vida, abonaron las decisiones del “parto político sin dolor” (Otano, op.cit:10).

En efecto, las diferentes organizaciones o se sometieron al pacto por la estabilidad en el periodo de los 90 (sindicalismo, estudiantes, gremios) o se desactivaron porque perdieron en este periodo no sólo sus motivaciones centrales (sacar a Pinochet), sino también por la funcionalidad que cumplían las organizaciones para sus asociados, o porque ya no respondían a los intereses de la población y/o no contaban con los mismos recursos de los que dispusieron en la fase previa. Este último fue, por ejemplo, el caso de las organizaciones de sobrevivencia.

A su vez, los resultados en crecimiento económico y empleo para la población, reorientaron las voluntades hacia la inserción individual en las nuevas oportunidades y ganar en autonomía personal para la sobrevida, a la par que concitaron un respaldo amplio que aminoró los cuestionamientos al gobierno desde diferentes sectores sociales. Además, desde las esferas gubernamentales y los partidos oficialistas se promovió un control férreo sobre los líderes políticamente afines, de modo de limitar los atisbos de movilización o demandas sociales. Uno de los entrevistados relata:

EE2: “El sindicalismo logró un espacio a la negociación política, y conquistó modificaciones sustantivas al salario mínimo. Pero sus líderes adoptaron la política de controlar fuertemente la demanda social. Eso funcionó (…) pero a mediados de la década de los 90, el sindicalismo estaba en una situación bien dramática

25 Un 38 por ciento de la población se encontraba en 1990 bajo la línea de pobreza. MIDEPLAN, 1991


desde el punto de vista de su fortaleza como organización. Y tuvo un costo muy grande esa estrategia (…) En el caso del movimiento poblacional claramente se fragmentó porque no había, ya no quedaba comando nacional de pobladores, no quedaba movimiento, no quedaba ninguna cosa, o sea ni coordinadoras zonales ni nada (…) lo más grande eran los movimientos que organizaron las tomas, y una interlocución con el Ministerio de Vivienda que estaba volcado a construir soluciones habitacionales lo más rápido que podía. Y eso satisfizo una cierta demanda (…) Y todos los planteamientos que van más allá de eso no tuvieron mucha viabilidad.

Las ONG buscaron mantener sus vínculos con el mundo social, y varias de ellas reorientaron una parte de sus esfuerzos a colaborar con el proceso de democratización municipal, apostando a procesos de participación. En 1992 se realizan las primeras elecciones municipales y se crean nuevas comunas. Al menos, dos experiencias pueden ser destacadas en Santiago. Por un lado la experiencia de la creación de la Municipalidad de Conchalí, donde la alianza de las organizaciones sociales, de ONG y de partidos concertacionistas potencia un interesante proceso de participación que marcó referencia en la época. Por otra, un miembro de ONG, con militancia partidaria, conquista la alcaldía de El Bosque. Ello motiva a muchas instituciones a poner sus esfuerzos en esa comuna para colaborar en el proceso de democratización del territorio.

Tal como estaba previsto en el ingenieril diseño de la transición, a través de las municipalidades democratizadas se restablecieron los lazos de la administración pública con el mundo social opositor a la dictadura, generándose desde el Estado una oferta de financiamiento directo para pequeñas grupos que levantan iniciativas locales, sin intermediaciones. Las organizaciones de base poblacional comenzaron a competir entre sí por el financiamiento, lo que impactó en su atomización. Junto a ello, el retiro del financiamiento de la cooperación internacional a las ONG y la inserción de éstas en la ejecución de los programas públicos


de innovación, tuvo efectos en un debilitamiento de la fluidez de las alianzas de las ONG con la base social.

Las instituciones, dada su fortaleza organizativa, las redes construidas y su trabajo social previo, fueron uno de los pocos actores que buscaron incidir en diversas agencias y agendas del Estado con la finalidad de permear con sus visiones alternativas y de profundización de la democracia, el diseño de las nuevas políticas públicas y la participación de la sociedad. Se puede efectivamente destacar varios ámbitos en que se alcanzan logros relevantes, tanto por parte de las ONG como de su Coordinación Nacional, sobre todo en la primera fase de la transición a la democracia. Pero también, las limitaciones y los paradigmáticos desencuentros que marcaron esa incidencia y el malestar que la situación conlleva para el mundo no gubernamental hacia el final de la década.

Incidencia y desencuentros: ONG y políticas públicas

Durante 1990-1994, las relaciones ONG-Estado son intensas y con resultados diversos. La Coordinación Nacional, las redes temáticas y diversas ONG en forma individual, se sientan a la mesa junto a otros actores de corte más académico con sensibilidades cercanas o afines a la alianza gubernamental para influenciar definiciones de políticas. Dentro de esta actividad, destacan cuatro campos en los que se materializaron propuestas que venían siendo dialogadas desde la fase previa.

Una de ellas refiere al ámbito de los derechos humanos. La administración de Aylwin (1990-1994) respondió a la demanda de verdad y justicia de las organizaciones de defensa de los derechos humanos estableciendo la Comisión Rettig, que recopiló y sistematizó información sobre los crímenes de la dictadura y propuso una política de reparación social y económica a los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. El mandato de la Comisión Rettig no incluyó, sin embargo, a las víctimas de tortura y prisión política y la búsqueda de


justicia sobre esos casos y sella el proceso con una sombría sentencia “justicia en la medida de lo posible”

Delamaza (2010) destaca otros tres ámbitos en los que se diseñaron nuevas políticas sociales, como un proceso en el que participaron activamente diversas ONG y sus redes temáticas.

Uno, fue el de las políticas innovadoras del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, creado en 1991, bajo el impulso de organismos multilaterales pero que recogerá la experiencia naciente de las ONG latinoamericanas a través de la sistematización de ALOP (ACCIÓN, 1994). Este incorporó programas de subsidio a la demanda, con criterios de complementariedad e incentivo a la acción de la sociedad civil, que se orientaron hacia grupos sociales pobres y vulnerables. Estos programas fueron diseñados como parte del pago a la deuda social que arrastraba Chile (Raczynski , 2000).

Un segundo ámbito fue la internalización en el Estado de la agenda de género que había sido sostenida y negociada por el movimiento de mujeres, diversas ONG especializadas y mujeres líderes que formaban parte del activo político de los partidos de la Concertación en la fase previa. Ello se tradujo en la creación del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), el que dos décadas más tarde se transformaría en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género.

Otro ámbito que destaca, es el que alcanza el movimiento de los pueblos originarios y sus redes no gubernamentales, los que conformaron la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI). Este era también un acuerdo que provenía del Parlamento Mapuche de Nueva Imperial efectuado en 1989. EL CEPI preparó y logró la aprobación de la Ley Indígena (1993) y dio origen a la Comisión Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI (Bengoa, 1999; Aylwin, 2000; Valenzuela, 2003, citado en Delamaza, 2010). También en el periodo se crean otras agencias, como el Instituto Nacional de la Juventud. En este sentido, aunque de un modo poco orgánico, políticas relevantes de la Concertación fueron influenciadas por la sociedad civil organizada y


las ONG. Estas agencias, al menos en los casos de género y etnias, han influido en el progreso posterior de agendas que han sido favorecidas por Convenios Internacionales, los cuales constituyen un soporte, también para las demandas de la sociedad civil.

Otros ejemplos de aportes de las ONG a programas públicos, que luego no lograron continuidad por decisiones de directivos gubernamentales, fueron el Programa de Colaciones a Niños y Ancianos (Fernández et al, 1995)26 ejecutado a través de ollas comunes para atender a personas vulnerables en territorios de pobreza extrema; las empresas de alimentación escolar que impulsaron la reconversión de las mujeres de ollas comunes y que encontró respaldo, en una primera fase, en la dirección de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas; la Feria de la Solidaridad (FESOL) que hizo visible las redes de economía popular y que se realizó hasta 1995 por una red de instituciones no gubernamentales. Destacan también, a pesar de las críticas que asomaron desde el mundo de las ONG, el programa de Vivienda Progresiva, que fue parte del diálogo de las ONG de vivienda con el ministerio del ramo, también están los programas de promoción de la salud con el Ministerio de Salud, y las propuestas y quehacer en las áreas de fomento productivo junto a otros servicios públicos como el Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP).

Como explica José Bengoa:

“No habría sido posible la puesta en marcha de muchos programas sociales del nuevo gobierno democrático en 1990 si no hubiese sido por la presencia, acción y trabajo de las organizaciones no gubernamentales. Muchas veces en estos años (1990-1993), ellas financiaron o co-financiaron programas

26 Financiado por MIDEPLAN y ejecutado entre 1991-93.


del Estado. En buena medida el movimiento no gubernamental anterior sirvió de espacio de experimentación a las políticas sociales del gobierno de la transición a la democracia. El FOSIS se construyó sobre las ideas de programas de proyectos productivos ensayados durante más de una década por numerosas instituciones: el Programa de Economía del Trabajo, la Cooperativa Liberación, el Fondo de Proyectos Productivos del Sur, Trabajo para un Hermano, Promoción para la Pequeña Empresa, el Banco de la Mujer, el Sistema Financiero Campesino y tantos otros que durante más de una década experimentaron pacientemente proyectos de economía popular. En casi todos los nuevos programas sociales existe un componente experimental previo realizado por las ONG. (Bengoa, J. en Cancino y Vergara, 1996:19).

Los fondos de innovación social, con sus aciertos y limitaciones, se expandirán luego en distintos ministerios y servicios y serán a lo largo de la década la forma privilegiada de interacción con la sociedad civil, tanto con las organizaciones sociales como con las instituciones.

Es también un periodo en que diversas ONG -que se van sumando gradualmente a la acción gubernamental (Cancino, B. 1996), actúan con fortalezas en las localidades, conocen la situación de la pobreza y de sectores sociales específicos- pueden debatir con propiedad las políticas públicas, los instrumentos creados y los diseños de los programas innovadores, observando sus efectos en las poblaciones vulnerables. Particularmente durante el primer y segundo año de gobierno opera, desde las ONG involucradas, un real intento -a veces logrado- de transferencia tecnológica a los espacios de gobierno recién conquistados. No hay todavía por parte de los nuevos funcionarios un dominio de la burocracia del Estado y el quehacer social innovador; de algún modo fluye desde los márgenes y apoyado en la relación Estado-ONG. Además, como dice Bengoa:


“Las ONG constituyen al momento de iniciarse sus programas una red desde Arica a Punta Arenas, son poco más de 300 centros equipados, con capacidad profesional y relación directa y cotidiana con la base social. El sistema municipal durante dos años, 1990 y 1991, no estaba aún democratizado. Y por tanto no constituía un buen canal de participación entre los sectores más pobres y discriminados de la población y el nuevo gobierno. Más aún, los municipios habían sido adaptados para un tipo de política social consistente principalmente en subsidio focalizados, por lo que no tenían capacidad profesional para adaptarse rápidamente al régimen de licitaciones y concursos que imponía el nuevo sistema democrático. Las ONG tenían esa experiencia y permitieron que esos programas se iniciaran desde el mismo primer año. Si no hubiese existido ese marco institucional, seguramente la democracia habría sido vista con otros ojos críticos por los sectores populares y pobres del país (Bengoa J., op.cit:20).

Alrededor de este quehacer hubo numerosas tensiones y frustraciones asociadas a diferentes factores. El esfuerzo de incidencia tuvo diversos efectos, tanto positivos como negativos para las comunidades y el gobierno, pero pocos réditos para las ONG, particularmente si se las observa como sector.

Por un lado, hacia el fin del periodo presidencial de Aylwin se evidenció el choque de paradigmas sobre el quehacer social. Más allá de los logros institucionales, en diferentes casos, el contenido de las políticas propuestas terminó siendo inorgánico al diseño de gobernabilidad imperante y a lo que el acuerdo político podía admitir. Por ejemplo, en el caso del mundo indígena las propuestas de ley planteadas por la CEPI y la CONADI, (Comisión Nacional de Desarrollo Indígena) incluyeron el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, la firma del Convenio 169 de la OIT (que no se materializara hasta el 2006, durante el primer periodo de Bachelet) y un proyecto de ley para el


desarrollo de las comunidades indígenas. Estas propuestas no concitaron acuerdo en el Congreso ni en la coalición gobernante.

La CONADI resultó ser la única institución creada en esa época que incorporó de manera formal la participación. Esta configuró un Consejo Directivo compuesto por representantes denominados por el Presidente de la República y por miembros elegidos directamente por las etnias reconocidas por la Ley Indígena. El movimiento indígena continuó a partir de allí fortaleciéndose aunque no exento de altos grados de conflictividad y de presión sobre el Estado chileno para el cumplimiento de los compromisos contraídos, particularmente en el Convenio 169 de la OIT.

Situaciones similares ocurrieron, por ejemplo, en el área de la vivienda y en atención a la pobreza. El programa de vivienda progresiva no contempló un diseño que favoreciera el rol de las comunidades en el diseño de las soluciones habitacionales y de hábitat, ni recursos para el financiamiento de asistencia técnica destinado a la producción social de soluciones habitacionales y, por lo tanto, la participación de las ONG en su ejecución fue muy limitada. En el caso de las organizaciones de sobrevivencia, los programas de asistencia alimentaria desde la comunidad a sectores vulnerables en las poblaciones o su reconversión en empresas de alimentación escolar alcanzaron a ser incipientemente desarrollados hasta 1993, con el apoyo de algunos cuadros directivos. Sin embargo, encontraron una férrea oposición tanto en el Ministerio de Salud como en personal técnico y directivo de la JUNAEB, lo que determinó a poco andar su cierre. No se logró tampoco apoyo para generar sistemas de soporte integrales a la microempresa, entre otros numerosos ejemplos.

También hacia mitad de la década, comienza a observarse desde las ONG los efectos de los programas innovadores en la atomización social, en la ruptura de los lazos de solidaridad y en la competitividad introducida en las comunidades (Fernández, 1999).

Otra área de tensión quedó de relieve entre los numerosos cuadros de las ONG que se fueron a liderar agencias y servicios gubernamentales, y


los que permanecieron en las instituciones. Es un periodo en el que los profesionales de diversas instituciones esperan recurrentemente “ser llamados para ocupar algún cargo en el gobierno o en algún servicio público” (EE2, EE5). Estos ya no volverán, como en otros casos de América Latina que tienen experiencias similares, al campo de la sociedad civil. Y si bien ello podría haber representado para las ONG una oportunidad de diálogo sostenido con el Estado, esto no sucedió; por el contrario -a diferencia de otras experiencias latinoamericanas (México, Brasil o Colombia, por ejemplo, Delamaza, 2010)-, la mayoría de esos cuadros darán por cerrada la historia que les precedió.

Para el movimiento de mujeres y las instituciones de género, por ejemplo, la transferencia de recursos humanos al Estado implicó –prácticamente- el vaciamiento de liderazgo, cuasi la desaparición de las organizaciones de mujeres, y un debilitamiento de las ONG de género que trabajaban con la base social, las que no encontraron soporte en SERNAM para desarrollar su trabajo.

De otra parte, para las ONG ya en 1991 había comenzado el retiro de la cooperación internacional, el que se va profundizando durante la década. Con ello las instituciones comienzan a cambiar su estructura de financiamiento a través de la participación en los fondos públicos y se pone en cuestión su sostenibilidad, ingresando progresivamente a una etapa más dura de lucha por la sobrevivencia que transforma sus organizaciones.

En la segunda fase, bajo el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), la participación de las ONG en diversos espacios gubernamentales verificada en el primer trienio, tiende a decaer. Por un lado, desde las instituciones gubernamentales, salvo excepciones, los espacios de participación se irán cerrando progresivamente. De otro, las propias ONG expresaban un malestar creciente por la ausencia de una política de reconocimiento y fortalecimiento del rol de la sociedad civil y una crítica más abierta, asociada al rol subordinado que se les ha asignado en la ejecución de las políticas públicas y las desventajosas condiciones que tienen los fondos de financiamiento de los programas públicos en los que participan.


En el periodo, sin embargo, aunque no se constituyeron en alternativas para el quehacer sino de algunas ONG, se pusieron en marcha nuevas modalidades de externalización de políticas innovadoras a través de agencias que corregían en parte las rigideces de los diseños institucionales previos y podían crear un vínculo más flexible entre algunas ONG y las esferas gubernamentales: el Consejo para la Superación de la Pobreza y, más tarde, el Fondo de Las Américas, organismo que nace como producto de una iniciativa de reducción de deuda bilateral entre países de América Latina y Estados Unidos, de la cual Chile participa (Delamaza, 2010). Sin embargo, ambas iniciativas generan nuevas frustraciones.

Se trata de la consolidación en democracia de la visión neoliberal de la implementación de las políticas públicas y de una relación disfuncional entre el Estado y las ONG que defendían derechos universales y reclamaban una democracia participativa.

En efecto, a nivel gubernamental se colocó un énfasis en la agenda política de atender a la superación de la pobreza. Se conformó para ello un Consejo Nacional que se replicó en comunas definidas como prioritarias. Es este último aspecto el que abrió inicialmente una nueva expectativa de colaboración de las ONG con el Gobierno, y la posibilidad de participación de comunidades locales en un nuevo ámbito. El Consejo Nacional para la Superación de la Pobreza fue conformado por veinte personas de la sociedad civil designadas por el Presidente de la República para colaborar en la tarea. Los consejeros provenían principalmente del empresariado, organismos de voluntariado, iglesias cristianas, dirigentes de ONG y otros profesionales vinculados a temas sociales. Este Consejo, a pesar de sus diferencias internas, logró emitir un informe llamado “La pobreza: Un desafío de equidad e integración social”, que no fue validado por los organismos de gobierno ni por el empresariado, lo que condujo a su retirada y a su desactivación práctica (Bengoa et al 1999: 106-111)


La iniciativa contó también con un Consejo Interministerial Social (CIS) conformado por la totalidad de los ministerios con incidencia en la temática (no sólo los tradicionalmente considerados como ministerios sociales), fue encabezado por el Presidente y la Secretaría Ejecutiva ejercida por MIDEPLAN. Dentro de este se diseñó un Plan Especial de Comunas Pobres, coordinado por el Ministerio de Planificación.

En ese marco se activaron Consejos Locales de Superación de la Pobreza y se programaron acciones intersectoriales en 91 comunas prioritarias donde la extrema pobreza adquiría mayor relevancia. En esos espacios se construyeron metodologías de diagnóstico participativo y se levantaron demandas comunales integradas (coordinada por las Gobernaciones provinciales). Ambos aspectos fueron un espacio de aporte y una fuente de debate de numerosas ONG y comunidades, que colaboraron con su conocimiento y experiencias desde abajo, en alianza con las instituciones públicas que participaron.

Este programa, fue, sin embargo, un programa de corta duración. La falta de una autoridad social capaz de reorientar la oferta pública hacia los territorios definidos como prioritarios -dado el criterio de concursabilidad y competencia de los proyectos de inversión- y la dificultad de obtener resultados a corto plazo le quitaron a este programa el respaldo político necesario, siendo discontinuado (Bengoa, 1999).

El gobierno priorizó un programa nacional pro-crecimiento y pro-empleo que resultó favorable a la inversión extranjera y al desarrollo del sector financiero y exportador de la gran empresa, crecientemente transnacionalizada (Boeninnger, 2007). Ello tuvo el efecto de situar a la cooperación público-privada como eje central en el desarrollo, relevando fundamentalmente el rol de las empresas en la superación de la pobreza.

El programa del Consejo quedó reducido a acciones de fomento productivo en la pequeña empresa para favorecer el empleo y programas de empleabilidad para mujeres jefas de hogar y jóvenes, instalándose dispositivos para su aplicación en las municipalidades. Además se


priorizó la inversión pública en el mejoramiento de infraestructura en asentamientos urbanos precarios (campamentos a través de Chile Barrio) y a través del programa de Inversión Regional de Asignación Local.

Todo este quehacer articula en mesas técnicas de nivel local los roles del FOSIS, los municipios, las ONG y a población específica (mujeres jefas de hogar, jóvenes, y comunidades en situación de extrema pobreza). Es en este tipo de programas donde diversas ONG concurren para su implementación en los espacios locales en asociación con organizaciones vecinales, microempresarios, trabajadores por cuenta propia y con los diversos dispositivos que los programas de los servicios públicos van instalando en las municipalidades (oficina de fomento productivo, del empleo, de mujeres, de jóvenes, etcétera).

Algunos de los integrantes del Consejo conforman una entidad privada, de carácter no lucrativo: la Fundación para la Superación de la Pobreza. Esta entidad, que surge del fracaso del Consejo, conservó una vinculación privilegiada con el gobierno, manteniendo el presupuesto público. Allí se crearon programas como el Servicio País, que involucró a jóvenes profesionales remunerados en labores de apoyo técnico a municipalidades rurales en territorios pobres.

Aun cuando la propuesta de superación de la pobreza no tuvo como objetivo construir una respuesta para la situación de las ONG, su desenlace frustra nuevamente las posibilidades de numerosas ONG de ser partícipe de un sistema o programa que las articule a un quehacer prioritario del país.

Otra área más claramente centrada en las ONG fue el Fondo de las Américas, que surge en el marco de los acuerdos de EEUU con diversos países de América Latina para la reducción de la deuda bilateral. Fondos de la deuda se destinan a acciones ambientales, creando en Chile una nueva institución corporativa que abre espacio a la participación de las ONG.


El Fondo de las Américas fue una institución con recursos destinados al financiamiento de agendas especializadas en conservación, de biodiversidad, protección y desarrollo social ambientalmente sustentable. Este fue co-administrado por representantes del sector público, la sociedad civil y el gobierno estadounidense. Fue dotado de US$18.7 millones para desarrollar su trabajo durante diez años. Su inversión se centró en la postulación, evaluación, selección, ejecución de proyectos, en el fortalecimiento de las ONG, en las estrategias de colaboración público-privada y en el desarrollo de metodologías innovadoras de enfrentamiento a los problemas ambientales. “A lo largo de ese periodo, el Fondo financió ocho concursos de proyectos (1995-2002), 26 proyectos proactivos y seis programas en diversas áreas a partir de 2000” (Delamaza, 2010:167). Las ONG fueron mayoría en su Consejo de Administración. Este dejó de existir luego de que Chile no renovara el compromiso de su gestión, a pesar de haber tenido un exitoso desempeño.

A diferencia de la Fundación para la Superación de la Pobreza, que implementó proyectos propios con financiamiento público, el Fondo no logró su institucionalización. Delamaza (2010: 168) dice que “el modelo institucional no fue avalado por los responsables políticos y la función de apoyo a las ONG ambientales no fue considerada una prioridad por la administración”.

Hacia fines de la década de los 90, se agregarían servicios especializados en áreas nuevas de intervención pública, como la Comisión Nacional de Medio Ambiente, CONAMA, y el Consejo Nacional para el Control del Consumo de Estupefacientes, CONACE. También se constituyó el Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, dependiente del Ministerio de Economía. Estas nuevas instituciones y sus programas dan lugar a dinámicas de participación no formalizadas, consultivas y de diversidad de actores, con los mismos problemas de institucionalización. Son, sin embargo, este tipo de instituciones de política social las que se vinculan más permanentemente con la organizaciones de la sociedad civil y con las ONG, aunque ocupando el mismo modelo


de relaciones: subsidio a la demanda a través de proyectos de corta duración, asignados competitivamente lo que genera mayor fragmentación y contribuye a bloquear posibilidades de construcción de formas asociativas de mayor agregación.

De este proceso y trabajo se puede dar cuenta de diferentes logros, pero también de diversas frustraciones, particularmente por el desencuentro de paradigmas respecto de la acción social, las condiciones de participación en los programas públicos y los límites impuestos para transformaciones reales en el Estado neoliberal. Además, porque en ese camino, ante la crisis de sostenibilidad que las afectaba, no logró permear a las autoridades para definir una política de fortalecimiento de la sociedad civil organizada ni de sus instituciones.

La crisis de sostenibilidad de las ONG

En el primer trienio de la transición, tal y como analizó el Taller de Cooperación al Desarrollo en 1989, el problema de sostenibilidad de las ONG se hizo evidente. La cooperación internacional a la sociedad civil, sobre todo la europea, comenzó a disminuir globalmente y se reorientó, ya sea hacia regiones de mayor importancia para Europa, o recobró el flujo de gobierno a gobierno. En 1993, un estudio de MIDEPLAN realizado en una muestra de ONG, indicaba que aún persistía su importancia ya que el 60 por ciento del financiamiento del sector provenía de este canal (Jiménez, 1994). Sin embargo, en 1994, se redujo globalmente en toda América Latina, y dentro de este conjunto Chile ya resultaba como no elegible o no prioritario, tanto por su mejor situación económica relativa como por los cambios democráticos a nivel político (Delamaza,2005).

A fines de ese año y comienzos de 1995, un número indeterminado de ONG se encontraba en crisis financiera y/o en proceso de reconversión como ejecutores de los fondos públicos, los cuales no constituían, en ningún sentido, un reemplazo al sistema de financiamiento de la cooperación internacional.


Un aspecto relevante era establecer acuerdos que permitieran modificar las condiciones de participación de las ONG en los fondos que solventaban las políticas sociales de innovación27 (Cancino (1996: 60). Por otra, contribuir a modificar las condiciones de contratación con el Estado, toda vez que existía una creciente relación en este ámbito28 y su impacto tenía variados efectos negativos, desventajosos y poco eficaces al logro de los objetivos sociales e impactaban en la sostenibilidad de las ONG.

En general, los fondos de innovación han financiado proyectos de bajos montos, incluso para las tareas exigidas en contrapartida, son de corto plazo y su concursabilidad implica discontinuidad de las acciones. Además contemplaban escasos márgenes de adaptación de sus pre-diseño a las necesidades de comunidades y territorios específicos. Estas características resultan contrapuestas a la práctica de innovación social de las ONG, que

27 En el texto da cuenta de un aumento progresivo de los fondos transferidos entre los años 1990 y 1993 a las asociaciones de privados para la ejecución de las políticas sociales, entre las cuales se encontraban las ONG. Estas transferencias alcanzaron en 1993 la suma de U$82.000.000 (M$32.881 en pesos de la época). Son fondos que están presentes en todos los ministerios sociales, pero la mayor proporción correspondía al Ministerio del Trabajo (26,9 por ciento), que canalizaba recursos de manera directa a las organizaciones laborales para diversos tipo de actividades, entre ellas la capacitación. El segundo en relevancia eran los fondos del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN, 21,7 por ciento), principalmente para el FOSIS, que los dirigía hacia las ONG y consultoras. El tercer fondo en importancia era el que provenía del Ministerio de Agricultura (22,5 por ciento), que en general se destinaba a una diversidad de organizaciones campesinas, y también a empresas consultoras de asistencia técnica al sector, dentro de las cuales también participaron progresivamente las ONG.28 Al parecer el proceso de inserción en este tipo de recursos se desarrolló más lentamente en la primera fase, y con más celeridad en la medida en que se intensificaba el retiro de la cooperación internacional. El catastro del Ministerio de Planificación, muestra a 101 “organizaciones privadas de asistencia social” registradas para participar en licitaciones de fondos públicos en la Región Metropolitana en 1994. Al año siguiente, (1995) el catastro de ONG de MIDEPLAN constata un aumento a 264 ONG en la Región Metropolitana (Delamaza, 2010: 48).


implementaban programas de mediano plazo apuntando a procesos de transformación de los sujetos, a una mayor efectividad de las acciones y a la vocación de experimentar y mejorar las políticas públicas.

Además, el carácter concursable valorado por su incremento -supuesto29 de la transparencia en la asignación de los recursos del Estado- afecta sensiblemente la continuidad de los equipos de trabajo, precarizando las condiciones laborales en todos los espacios en que se depende de ellos, tanto ONG como municipalidades pobres. Su diseño es creación del Estado neoliberal, bajo la lógica de asignación de recursos según demanda.

Al sumarse a este quehacer, las ONG ven expandirse y contraerse sus equipos de acuerdo al número y montos de los proyectos adjudicados. Los núcleos permanentes de las instituciones se vuelven cada vez más pequeños y menos profesionalizados lo que también va favoreciendo la privatización y afecta la calidad del trabajo del sector.

Además en todos los actores, tanto ONG como destinatarios, estimulan la lógica de la competitividad y la fragmentación social, limitando los arreglos cooperativos y solidarios para ampliar coberturas o alcanzar una mayor efectividad en el trabajo. No existe incentivo a la cooperación. Tanto las ONG entre sí, como las comunidades entre sí, comienzan a competir por acceder a la diversidad de recursos disponibles, fracturando sus propias redes, pero también poniendo en tensión su identidad y sus misiones (Fernández, 1999 op.cit).

Las reglas de transferencia de los recursos de proyectos requerían de ajustes para aminorar los efectos negativos de los mismos. La diversidad de problemáticas asociadas a las reglas, en esa fase de transición, no

29 Supuestamente, pues desde la existencia de Chile Compra, en diversas ocasiones estos son previamente dialogados o pre-acordados con ciertas instituciones prestadoras de servicios y luego subidos a la plataforma por el período mínimo normado (10 días), para evitar la competencia (Fernández, 2010).


fueron sencillas de sortear pues se trataba a las ONG -de algún modo- en forma híbrida, situándolas en condiciones desventajosas en relación a otros prestadores de servicios.

Se las consideraba “socios estratégicos” (Hardy,1997), estatuto que implicaba no sólo no considerar utilidades por los servicios prestados -como ocurre con las consultoras o las empresas que prestan servicios al Estado- sino además no considerar el financiamiento de gastos institucionales o de administración, además de co-financiar actividades, insumos o medios para la realización de los proyectos. Esto, considerado dentro de la evaluación para la adjudicación de los proyectos, se sumaba al requisito de las garantías de fiel cumplimiento de los contratos.

De otra parte se las asimilaba a empresas, pues la adjudicación de los recursos suponía la existencia de capital de trabajo propio para autosustentar las actividades, casi hasta el logro de las metas comprometidas (al comienzo de los 90 no se adelantaba o se adelantaba muy bajos porcentajes de los fondos adjudicados para los proyectos). Ello obligaba al personal, incluso en las ONG más grandes y con más espaldas financieras -dada la crisis de financiamiento de la cooperación internacional- a trabajar prácticamente sin salario hasta recibir los pagos comprometidos por el Estado una vez realizadas las labores. Ello, de partida segmentaba al sector entre los que tenían condiciones y respaldo para sostener el trabajo y sus instituciones, y los que debían cerrar sus puertas pues carecían de posibilidades de acceder y garantizar este medio de financiamiento. La crisis de sostenibilidad impactó en una disminución numérica. Diversos catastros señalan que hacia fines de los 90 existían cerca de 250 ONG en Chile; es decir, prácticamente la mitad de las que existían a fines de los 80. En el proceso se perdieron numerosas iniciativas y programas de desarrollo de alta calidad que no encontraron soporte en los marcos del rígido financiamiento estatal y que vieron cesar la ayuda externa (ACCIÓN, 2000, Grunninger, 2003).

Las que sobrevivieron experimentaron transformaciones importantes, tanto en el tamaño de las instituciones, el ajuste de sus equipos de


trabajo, la pérdida de centralidad de sus misiones institucionales y, en diversos casos, la fragmentación de sus antiguas redes de acción. Muchas de ellas, sin embargo, ampliaron sus vínculos hacia el territorio, servicios públicos, municipalidades y universidades, especializándose en nuevas temáticas y servicios, como infancia, juventud y medioambiente, iniciando nuevos aprendizajes y metodologías. Su participación en políticas públicas se mantuvo, pero adaptada a los instrumentos de financiamiento público. Junto a lo anterior, diversificaron sus nexos con comunidades destinatarias, concentrando esfuerzos en su capacitación y fortalecimiento, aunque en plazos más cortos, con menos profundidad y menos seguimiento.

ACCIÓN: Debates y propuestas de la década

ACCIÓN fue creada formalmente en 1993 con 40 ONG en su inicio, a las que luego se irán sumando diversas instituciones. Desde antes, en 1991, la Coordinadora Nacional de las ONG venía tratando de incidir en las decisiones gubernamentales levantando una serie de propuestas y demandas sobre su propia situación, al tiempo que buscaba fortalecer su situación interna y su representatividad. El momento de su creación formal, que puede situarse como el primer Congreso de ACCIÓN, es también cuando se toma conciencia colectiva sobre la fragilidad de su propia situación y del carácter de la transición. Sus debates incorporan una serie de aspectos. Políticamente atiende al carácter de la transición pactada, la necesidad de conservar la identidad de los Organismos No Gubernamentales, la mantención de su autonomía y de los efectos de la colaboración con el gobierno en esos tres primeros años de transición. También en la necesidad de contar con una política que expresara la formalización de su propia participación y sus aportes a las políticas públicas, así como para fortalecer los roles del mundo social en la profundización de la democracia.

Se debaten así mismo, los efectos del retiro de la cooperación internacional en la sostenibilidad de las instituciones, la participación


en la ejecución de las políticas públicas y las condiciones de financiamiento de los programas del Estado que afectan sus roles y existencia. Además de propuestas que contribuyan a diseñar un sistema de cooperación nacional que redunde en el fortalecimiento de la sociedad civil, en la sostenibilidad de las instituciones y en su formalización jurídica como organizaciones de interés público.

De otra parte, la agenda de ACCIÓN incluye la necesidad de atender a la disminución de su legitimidad en la sociedad, lo cual supone mejorar la visibilidad y difusión de su trabajo y aportes. También queda en evidencia la necesidad de fortalecer y ampliar la articulación del sector, de modo que redunde en una mayor fortaleza de la Asociación Gremial para negociar con el Estado y dar cuenta de la variedad de ámbitos a los cuales debe responder y proponer. Algunos de estos aspectos avanzaron en el primer trienio de la década de los 90, como la situación jurídica de las instituciones. Otros aspectos, como la creación de un sistema de fortalecimiento del rol y los mecanismos de financiamiento de la sociedad civil organizada, hasta hoy están pendientes. Una síntesis de sus principales debates y propuestas en la década de los 90 se expone a continuación.

Posicionamiento sobre la transición

Desde 1995 en delante, las ONG agrupadas en ACCIÓN, expresan un malestar profundo con las decisiones políticas y el rumbo que toma la transición política. Ellas mismas se encuentran ingresando en una crisis de sostenibilidad y en un escenario contradictorio que oscila entre la sobrevivencia de sus organizaciones y las transformaciones que deben enfrentar. El saldo de los cinco años de colaboración con las esferas de gobierno tensiona internamente a ACCIÓN, lo que se refleja en sus espacios de encuentro. Particularmente relevante fue la Asamblea de 1995, en la que se debate una mirada sobre la transición y una estrategia para redefinir el rol de las ONG.


EE2: “Se percibe (…) que no hay ninguna política hacia las ONG. Hay una oficina de enlace que es lo que se crea en MIDEPLAN (…) que no tiene ninguna atribución. Solo recopila información respecto de los proyectos adjudicados a las ONG (…). Creo que es el momento en que se conversa cómo se leyó la transición”.

En la Asamblea de 1995 se toma conciencia de que no sólo no habría soportes para las ONG, sino que tampoco habría modificaciones sustantivas al modelo de desarrollo y, que por el contrario, se afianzará la idea del modelo neoliberal en el que “el empresariado será el único actor clave en la definición de políticas de interés nacional”, (ACCIÓN, 1996). En la síntesis de la Asamblea, se señala que “el Estado está redefiniendo su rol, y abandonando una posición de garante de los marcos de equidad y los derechos de todos”. Y que “la democratización en Chile tiene limitaciones estructurales y políticas para la participación de la sociedad civil”.

Respecto del rol del sector se señala: “Las ONG hemos buscado participar en la definición de políticas, pero nos hemos encontrado con espacios inorgánicos de consulta, en los cuales tampoco se nos reconoce formalmente el rol”. La discusión busca determinar cómo se puede cumplir el “doble rol de un laboratorio en las políticas de cambio y denunciantes en las políticas de continuidad del modelo pinochetista”. Además hacia la necesidad de ganar una “legítima influencia política en las estrategias sociales” que permitan ayudar a que “la transición enfile hacia una sociedad distinta y no a hacer simples correcciones a esta sociedad”. El debate afirma principios como el ”derecho a decidir sobre las políticas que afectan directamente a los sujetos, el desarrollo de la iniciativa y gestión popular, el reconocimiento de los derechos individuales, sociales y culturales de las personas como elementos básicos y motores de un estilo de desarrollo dirigido a combatir la pobreza, la injusticia, la equidad, la falta de participación, y la falta de democracia”, reconociéndose “como parte de un proyecto político alternativo a la dictadura (ACCIÓN, op.cit).


La Asamblea también da cuenta de una postura más pragmática que modera la posición, recordando que “los cambios en la cooperación internacional han llevado a una crisis financiera al sector no gubernamental y provocado un desperfilamiento en las propuestas de trabajo de las ONG, que se ha visto agravado en algunos casos por la pérdida de relación y de trabajo conjunto con el mundo popular”. Además puntualizó la “necesidad de discutir el tema de la autonomía”. Y que es necesario recordar que “no todos tenemos los mismos temas, ni siquiera las mismas visiones sobre los problemas”, pero que “es importante no tener una voz univoca de ACCIÓN, sino dar espacio a la voz pública de los socios”. Estimó necesario, además, tener en consideración que “toda estrategia que busque perfilar el sector requiere considerar en sus contenidos el hecho de que parte importante del financiamiento depende de la relación y la capacidad de entrar en conversaciones con el sector oficial o de gobierno” (Asamblea ACCIÓN, 1995).

En el debate se reafirman algunos principios orientadores que suscriben el conjunto de las instituciones: contribuir a un modelo inclusivo de sociedad, al reconocimiento de derechos, reafirmar la autonomía del sector, su especificidad como organizaciones de servicio público con propuestas alternativas que se inspiran en el compromiso de aportar al cambio social, fortalecer la participación social entendida como expresión de soberanía, y la voluntad y prácticas de articulación con otros actores sociales (ACCIÓN, op.cit).

Se insiste en la necesidad de dar seguimiento a la participación en políticas públicas, tanto desde el nivel macro “para contribuir a generar cambios en los diseños de los programas de gobierno”, como desde el nivel micro, para discutir “los instrumentos concretos en que los programa de este gobierno llegan a las instituciones: las bases técnicas” levantando desde allí posiciones críticas fundamentadas técnica y políticamente (ACCIÓN, op.cit:5).

Se define también la prioridad de recuperar una fuerte presencia de ACCIÓN en el mundo de la sociedad civil, levantando un rol crítico


frente al Estado y a otros sectores vinculados a los poderes económicos, políticos, y otros. Se apunta a poner en el escenario público la trayectoria de ACCIÓN y legitimar la necesidad del cambio social, dando cuenta de un interés y compromiso con el fortalecimiento de la democracia y de la participación social. Ello, a través de variadas acciones y actividades como seminarios, estudios, difusión, publicaciones e intercambios.

Sin embargo, la agenda de ACCIÓN y las demandas que levanta a lo largo de toda la década aparecen relativamente aisladas. Su limitación fundamental radica precisamente en que no puede insertarse en una dinámica social y política más amplia, en la que confluya o se agregue a demandas ciudadanas dada la subordinación y desmovilización predominante.

El estatuto jurídico de las ONG

Otro ámbito de discusión y propuestas que se desarrolla desde 1991, estuvo relacionado a la necesidad de formular un estatuto jurídico que resolviera el carácter de las instituciones. Se trataba de buscar alternativas que permitieran formalizar y reconocer a las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas las ONG, como entes sin fines de lucro y orientadas por el interés público. Este aspecto no se logra establecer jurídicamente, aunque con limitaciones hasta el 2011, cuando se aprueba el proyecto de ley sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, presentado en 2004.

La necesidad de esta revisión se fundamentaba en que las ONG eran clasificadas como asociaciones de privados, sin distinguir -jurídicamente- sus características, actividades y naturaleza que las diferencia de las empresas o consultoras. Ello se afirmaba sobre todo en la preponderancia de la figura jurídica de Sociedades Profesionales de Responsabilidad Limitada, utilizada por la mayoría de las instituciones no gubernamentales durante los años 80. En ese periodo otras alternativas


-como la de corporaciones o fundaciones- resultaban inviables de obtener por la discrecionalidad política y lo engorroso de su trámite y otorgamiento. Cada una de estas instituciones requerían legalmente la aprobación de sus estatutos por la Presidencia de la República, en ese caso, el dictador (ACCIÓN, 1994).

ACCIÓN demanda la necesidad de flexibilizar la norma, proponiendo un estatuto tipo para la figura jurídica de corporación, que fuera pre aprobado por el Ministerio de Justicia y la Presidencia para facilitar el trámite y canalizar con ello el rol de instituciones privadas con fines sociales o de interés público. Este Estatuto fue aprobado por Decreto Supremo N° 292 del Ministerio de Justicia, el 19 de marzo de 1993. En él se establecieron las bases para el funcionamiento de gobiernos corporativos y se definieron los fines que las ONG podían proponerse, entre ellos, “la promoción del desarrollo, especialmente de las personas, familias, grupos y comunidades que viven en condiciones de pobreza y/o marginalidad” (art. 4º, D.S. Nº292, 1993).También en el estatuto tipo se establece que las organizaciones “podrán realizar sus actividades en los siguientes ámbitos de acción: educación, cultura, capacitación, trabajo, salud, vivienda, medioambiente, desarrollo comunitario, microempresa, pequeña producción, consumo popular, derechos humanos, comunidades indígenas y deportivo-recreativas, en lo urbano y rural” (Estatuto Tipo, Art. 4º, op.cit.).

Este marco fue, en general, adoptado por las instituciones, aunque el diseño no se adaptaba del todo al quehacer y a la posibilidad de acceder a diferentes tipos de fondos públicos. Diversas ONG optan por mantener diferentes formas y estructuras jurídicas (ACCIÓN; 1994).

A pesar del logro, este estatuto siguió un patrón de bajas regulaciones para facilitar, en este caso, la asociación de privados con fines sociales. Esto se expresa en que la responsabilidad legal de los asociados respecto del uso de los recursos es prácticamente nula. Es incluso menor a la que se exige a las sociedades de responsabilidad limitada (Chile Transparente, 2006). Ello debilita al sector frente a la sociedad y al Estado, pues no se logra zanjar la naturaleza pública o semipública de


las instituciones o de su actividad, y con ello se limitan las posibilidades de colaboración del Estado en su desarrollo y financiamiento.

Un estudio de Chile Transparente mostró que en 2004 existían 106.000 organizaciones creadas al amparo de esta norma, de naturaleza muy diversa y cuyo financiamiento principalmente provenía de fondos capturados a través de proyectos en concursos públicos. El mismo estudio indicó que las mayores dificultades de transparencia se producían en las instituciones30 creadas después del 2000, por la carencia de marcos y reglas claras de funcionamiento de los gobiernos corporativos y el resguardo de las cartas de ética de las instituciones. Otros países, europeos y americanos, cuentan con reglas más exigentes para este tipo de instituciones y, en contrapartida, sus sistemas de financiamiento a la iniciativa de la sociedad civil es también más amplia y sustentable. Es el caso de Inglaterra, Francia, Alemania, Holanda, España, EEUU, Colombia, Brasil, y otros.

Un sistema nacional de cooperación y de fortalecimiento de la sociedad civil

Desde su creación en 1993, ACCIÓN configura diversas propuestas para el reconocimiento de la labor de las ONG, el fortalecimiento de la sociedad civil y de su participación en los asuntos públicos.

Las aristas fueron múltiples: proponer medidas para el diseño de una política de participación de las ONG en el desarrollo del país en torno a una agenda social priorizada. Un sistema de financiamiento nacional en concordancia con mecanismos y prioridades en la agenda social; flexibilizar algunas normas de las contrataciones con el Estado; un

30 Chile Transparente, 2006.


diálogo con la cooperación internacional, buscando obtener apoyo para un retiro progresivo que facilitara levantar alternativas de sostenibilidad del sector, así como un respaldo para la negociación con el Estado; una flexibilización de la política de AGCI para atraer la cooperación no solo hacia programas del Estado.

Todas estas propuestas confluyen en la noción de un Sistema Nacional de Cooperación, que recogiera la experiencia acumulada y permitiera proyectar los roles de la sociedad civil y las ONG en el desarrollo del país. La propuesta incluye que la AGCI juegue un rol clave en su materialización y conjugue un financiamiento compartido entre el Estado y las Agencias de Cooperación, consensuando un retiro progresivo de esta última hasta generar una base nacional de soporte al sistema. Definir criterios para que éste beneficie a los diferentes organismos de la sociedad civil y, dentro de ellas, a las ONG.

Fondos Nacionales

Una de las propuestas planteaba insertar los diversos fondos nacionales dentro del Sistema de Cooperación Nacional orientada a fortalecer la sociedad civil. Ello suponía hacer una revisión de los fondos disponibles y abrir un debate sobre sus posibilidades de desarrollo. Por ejemplo, considerar la posibilidad de fortalecer, ampliar y extender coberturas de fondos como el de capacitación sindical o el fondo nacional de la infancia para la participación de las ONG.

Se proponía, además, atender a un nudo crítico de la gestión del Estado que afecta no solo a las ONG, sino al conjunto de la actividad pública. Se trataba de avanzar en marcos programáticos para insertar proyectos que tuvieran un horizonte superior a un año, de modo de hacer posible la planificación y cooperación con el Estado y sus principales desafíos. Considerar estas medidas en forma prioritaria en áreas sociales, donde resultaba inviable obtener resultados en el corto plazo, como en


sectores juveniles, mujeres, empleabilidad y fomento productivo, temas que no pueden ser abordados con proyectos de corta duración.

Se planteó que la variedad de estos fondos tuvieran un criterio de complementariedad con la gestión de un sistema de cooperación internacional administrado por la AGCI, de modo de generar bases para la sostenibilidad de los roles de la sociedad civil.

Ya desde la operación concreta de los recursos, se proponía modificar las condiciones de contratación: incrementar los porcentajes de adelanto de recursos, incorporando ítems de financiamiento que no estaban considerados. Hacia 1995, se logró recibir adelantos de al menos un 20 o 30 por ciento de los recursos comprometidos en los proyectos y avances parciales por cuotas, según el avance de los programas.

Se propuso incorporar como ítem en el financiamiento, tanto los costos de formulación y evaluación de los proyectos, como recursos de “overhead” institucional, para contribuir a financiar los gastos administrativos de su implementación. Con ello también se buscaba nivelar las condiciones en que participaban otros sectores, que postulaban a otros concursos del Estado con mayores recursos, como los estudios o capacitación de funcionarios públicos a los que postulaban universidades y consultoras.

ACCIÓN propone, en 1995, este conjunto de medidas de consenso y validadas en el Comité Consultivo ONG-Gobierno, sosteniendo que no pueden sino insertarse en la creación de un sistema de cooperación nacional orientado por una política de reconocimiento y valoración delas ONG y de fortalecimiento del rol de la sociedad civil en las políticas públicas del desarrollo. Más allá de los fondos concursables, se requería pensar en acuerdos de cooperación y complementación de acciones, entre sector público y no gubernamental en áreas concretas y en el marco de definiciones globales de políticas. En este sentido, pensar en temas como la descentralización, el gobierno comunal y el desarrollo local, o en el Plan Nacional de Superación de la Pobreza, por ejemplo (Delamaza, 1994).


En esta misma dirección se proponía la necesidad de estudiar la creación de mecanismos legales de filantropía privada para financiar parte de los proyectos basados en la solidaridad social. Ya se discutía en ese entonces la posibilidad de establecer un sistema de descuentos impositivos a la donación de los empresarios, pero sin conceptualizar un sistema de filantropía. Luego este planteamiento se desecha, por la inviabilidad cultural y la falta de tradición empresarial de filantropía para el desarrollo.

Actores claves: la Cooperación Internacional y la AGCI

Los actores clave para esta solución pasan a ser la cooperación internacional y la AGCI. ACCIÓN trató de generar acuerdos con las agencias de cooperación internacional, para que esta respaldara la negociación con el gobierno y la AGCI, proponiendo una mayor gradualidad del retiro de sus fondos de Chile hasta crear el sistema de cooperación nacional. Se exploraron alternativas similares en otros países, especialmente en EEUU bajo la invitación de la Fundación Interamericana, para fortalecer una propuesta hacia el gobierno, la AGCI y las propias agencias de cooperación. A su vez, la insistencia de ACCIÓN con las agencias tenía el propósito de obtener un respaldo para el conjunto de las ONG.

El hito más relevante fue un encuentro internacional de cooperación en el que participaron diversas agencias31, representantes gubernamentales y no gubernamentales. Se difundió un documento de apoyo y se establecieron comisiones temáticas, entre ellas una que estudiara una propuesta de financiamiento que combinara recursos estatales y de cooperación:

31 Entre ellas la agencia alemana EZE; Christian Aid; NCOS; SOS FAIM; CCFD; OXFAM; IAF; Fundación Ford.


EE2: “Lo organiza ACCIÓN, traen a la cooperación, traen gente del gobierno también a discutir cómo se puede constituir en el fondo un sistema de cooperación con una base nacional. Porque el argumento era bueno, recuperar la democracia por un lado y, por otro lado Chile un país de ingreso medio, todo esto de la cooperación que empezaba la retirada. Y eso era entendible como marco general, pero la idea era que se pudieran desarrollar estrategias concertadas para que eso no se transformara en un debilitamiento”.

Este tipo de debates comprometía a todo el sector, pero la política de las Agencias de Cooperación no favoreció su desarrollo. La preocupación central de la mayoría de las Agencias era acordar con relativa rapidez el retiro del financiamiento con sus propias contrapartes, lo cual además afectaba la articulación gremial. Un entrevistado de ACCIÓN lo dice así:

EE2: “Es decir que si la cooperación no jugaba un papel a favor de nuestra articulación, era muy difícil que eso tuviera una significancia. Y lo que yo creo, mi balance, es que la cooperación tenía los mismos o más problemas que los que teníamos nosotros. Es decir ¿por qué? Porque eran organizaciones que también dependían de sus gobiernos o porque tenían sus intereses propios; entonces privilegiaban tener sus plataformas. O sea, si querían que las ONG se agruparan, pero porque ellos sobre todo estaban preparando estrategias para la retirada, no tanto para que se fortalecieran las contrapartes, que se ayudaran entre ellas, compartieran conocimientos, qué se yo, que hubiera estrategia de sustentabilidad”.

Se trataba también de flexibilizar la política de la AGCI para contribuir desde la cooperación multilateral que esta recibía y asignar recursos para establecer el sistema de cooperación nacional para ONG. En este ámbito, entre 1991 y 1993, ACCIÓN desarrolló varias reuniones con la AGCI en las que propuso que este organismo del Estado colabore en generar un soporte o una plataforma gubernamental y de cooperación


internacional, para crear un fondo de co-inversión social entre el FOSIS y las ONG, similar al desarrollado en México con SEDESOL:

EE2: “Algunas agencias de cooperación como NOVIB de Holanda, hubiesen estado dispuestas a invertir en ello (…) pero eso suponía una voluntad política que acá nunca se desarrolló (…) la postura de AGCI era súper clara: -Nosotros estamos para financiar las actividades del gobierno, esta es la agencia de cooperación gubernamental. La cooperación no gubernamental no puede ser dirigida desde el gobierno porque eso es intervencionismo, eso es manipular las relaciones que hagan las ONG con las contrapartes. Nosotros no las vamos a intermediar ni con las embajadas, ni por la AGCI”.

Sin embargo, el diálogo desarrollado entre 1991 y 1993 logra generar algunos acuerdos con el Consejo Directivo de la AGCI. Las propuestas aprobadas por su Consejo en 1993, fueron las siguientes:

• Plantear posiciones comunes ante la cooperación internacional sobre el papel de las ONG.

• Desarrollar mecanismos de información para ofrecer a las ONG más y mejores oportunidades de acceso a fuentes de financiamiento e instrumentos de cooperación.

• Proveer información periódica sobre cooperación.

• Identificar y ofrecer oportunidades de formación y perfeccionamiento al personal de ONG y dar apoyo técnico a sus organismos de representación del sector.

• Promover la presencia de los representantes en el campo de la cooperación y las relaciones internacionales.

• Fomentar la participación de ONG en programas multilaterales.


Respecto del cumplimiento de estos acuerdos, Delamaza y Cancino (1995) dicen: “Tres meses después se produjo el cambio de gobierno y de los directivos de la AGCI. La nueva dirección, en la cual estaba el anterior encargado de la Oficina de Enlace, no puso en práctica ninguna de estas medidas. Durante 1994 y 1995 no hubo convocatorias para debatir estas orientaciones, establecer acciones conjuntas o entregar información. Incluso la información sobre becas que llegaba con continuidad a ACCIÓN, dejó de recibirse”.

En realidad la AGCI intermedió recursos para ONG, los que fueron crecientes en la época. Uno de ellos fue la “Línea especial Chile” de la Unión Europea, de Canadá y otros países que aportaron durante toda la década de los 90. Las memorias institucionales anuales, indican las cifras canalizadas a este tipo de instituciones y el número de proyectos financiados, sin especificar las instituciones destinatarias y los objetivos de su accionar32.

¿Cuáles fueron entonces los reales argumentos para no participar de un sistema transparente, amplio y con capacidad de concitar soportes internacionales y apoyo gubernamental para fortalecer a los centros de ONG existentes a lo largo del país?, ¿a las instituciones de la sociedad civil para la acción pública social?

Al parecer hubo dos tipos de razones. Una es que estos recursos se orientaron en forma más excluyente hacia determinados proyectos e

32 En 1990, los Fondos de Cooperación Internacional destinados a ONG alcanzaron a U$ 22.834 millones (no hay datos de cuántos proyectos se financiaron ese año) y ascendieron en 1999 a U$ 134.691 millones distribuidos en 252 proyectos, experimentando un incremento de 489 por ciento en el periodo. En general no se mencionan las instituciones beneficiarias ni el tipo de proyectos financiados. Un solo año, en 1991 se menciona a la institución Participa, Corsaps, Fundación La Familia, y en otros algunas corporaciones y asociaciones de pequeños empresarios, como la CONUPIA. Memorias Anuales AGCI. www.agci.cl, consultado el 28 de septiembre de 2018.


iniciativas discrecionalmente definidas, probablemente de naturaleza más política y/o a instituciones parapolíticas o pro-concertacionistas. Un entrevistado dice:

EE2: “Es que pasa otra cosa y que es bien complicada (…) La Unión Europea tenía una cosa que se llamaba el Fondo Chile, o algo por el estilo. Ese Fondo Chile era un fondo de apoyo para organismos no gubernamentales. Pero en realidad es un fondo intermediado políticamente. O sea incluso yo en ese trabajo que hice para la AGCI, trate de conseguir información, pero no había ningún tipo de información, no te la daban. Era una cantidad de no sé cuánto dinero, pero importante, la Línea Chile se llamaba. Pero en el fondo ese era un acuerdo político que se canalizaba a través de la AGCI hacia organismos (…) o intermediado por el gobierno hacia ONG, pero eran ONG muy vinculadas con el (…) o sea estoy pensando centros u organismos parapolíticos, vinculados con lo social también, pero están muchos más vinculados con la política”.

De otra parte, debe haber operado una decisión y una voluntad política -particularmente en el primer trienio de la transición- de no apoyar a un sector que no era políticamente controlado, sobre todo en un contexto en que se buscaba la desmovilización de la sociedad para garantizar estabilidad.

EE2: “Yo creo que de nuevo ahí pesa el periodo, el periodo era formalmente, sí, somos buena onda, somos amigos y todo, pero ni cagando ayudar a organizar a este sector. Porque era visto como un sector potencialmente díscolo. Digamos que la interlocución con el mundo social, la deseada era, yo creo, con el pequeño grupo. Tenemos un programa, tenemos una comunidad interesada, hacemos acuerdos, le transferimos recursos, si una ONG puede entrar, entra, o puede presentar el proyecto. Pero eso es (…) la orientación, toda esa conversación de orientación de


política no era reconocida como una tarea, ni menos fortalecer a un actor que se pretendía autónomo. Ya sea porque a lo mejor se le consideraba muy puntudo, o incluso más allá de eso (…) No era ni reprimir ni nada, pero esa idea de que pudiéramos montar un sistema, ya que este otro se iba a gubernamentalizar, no tuvo eco”.

Por último, en ciertos espacios, centrales y locales, los miembros de ONG fueron vistos como potencial competencia política no articulada con los partidos, por la legitimidad o relación sostenida con la dirigencia social y las organizaciones de base. En las municipalidades -salvo excepciones- particularmente las ONG que realizaban trabajo de base encontraron una acogida menor de la que habían encontrado en el Estado. En muchos casos tuvieron mayor acogida aquellas ONG con un perfil de investigación y académico, que no intervenían directamente en lo local y que podían contribuir al desarrollo de estudios o prestar asistencia técnica en temas específicos, sin transformarse en competencia política local.

El reconocimiento formal de la participación en políticas públicas

Asociada al diseño del sistema se propuso también, a fines de 1993, la creación de un sistema de participación en la formación de políticas públicas: Se planteó establecer un sistema formal de participación -a través de organismos consultivos permanentes- que tuvieran como objetivo el diseño y ajuste de políticas públicas. ACCIÓN señaló que existían diversas instancias en las que las ONG participaban de esa labor, informalmente y con un estatuto no bien definido. Se levanta la demanda de reconocimiento de ese rol, ya sea como asesorías profesionales -las cuales deberían ser valoradas formalmente y por lo tanto, pagadas- o como instancias de participación, lo cual suponía formalizarlas en cuanto a debates y resultados.


Particularmente se propone constituir organismos consultivos permanentes en áreas donde las ONG tenían vinculaciones estables de trabajo o de ejecución de proyectos (FOSIS, INDAP, por ejemplo), junto con permitir y facilitar un dialogo plural, que sumara a otros actores relevantes, como los representantes de los beneficiarios.

Todas las propuestas formuladas requerían de un fortalecimiento de la plataforma y generar nuevas modalidades de articulación de las ONG para tareas que proyectaran su quehacer a la sociedad y contribuyeran a una mayor legitimidad de sus demandas. Un ámbito era posicionar su opinión sobre los temas nacionales y coyunturales, como el proceso de reconversión de las minas de carbón que afectaba a las poblaciones de Coronel, Lota y Curanilahue en la Región del Biobío; la constitución de los Gobiernos Regionales y las temáticas de descentralización; la participación social y los temas de derechos humanos, que constituían aspectos controvertidos en la agenda país. Se trataba tanto de levantar una voz pública, realizar campañas, buscar formas de difundir y visibilizar las acciones y propuestas, junto a contrarrestar la desvalorización del sector por parte del mundo político y de las instituciones públicas, que no se expresaba tan abiertamente, pero estaba presente. Además se buscaba contribuir al reconocimiento del rol de las ONG en la sociedad e intentar alianzas con el mundo social para sumar fuerzas a la demanda de una política de fortalecimiento de la sociedad civil y de la participación.

Los recursos eran escasos y con tendencia a la disminución, por lo tanto la posibilidad de abordar estas tareas pasaba por la necesidad de establecer acuerdos de cooperación interna, unificando mediante comisiones de trabajo los recursos profesionales y monetarios que existían en las distintas ONG para lograr objetivos comunes. Sin embargo, ello no logró materializarse dada la crisis de sostenibilidad que vivían las instituciones. La sobrevivencia de cada institución capturaba casi todas las energías y no se apostaba a una estrategia colectiva de sostenibilidad, sino a una defensa por separado.


En general, las propuestas formuladas por ACCIÓN pueden ser vistas tan solo como la manifestación de un grupo de interés, tratando de sobrevivir a una situación histórica de transformación de la sociedad y de las condiciones coyunturales que le dieron origen (Gonzalez, s/f.) Pero es necesario considerar que en su expresión está presente una visión alternativa de sociedad, que perdió cabida en la misma a partir de la derrota política de un proyecto de transformación que se diluyó, y se recreó a la vez, en la noción de una sociedad civil autónoma, pero que no logró afirmarse y fortalecerse -al menos durante esta etapa- en el desarrollo de la ciudadanía y quedará situada como el rol de actores que -en forma relativamente aislada- reivindicarán en la década de los 90 transformaciones necesarias en la políticas públicas neoliberales y a la falta de densidad de la democracia construida en la transición.

EE5: “Desde la economía política se puede interpretar eso también como un grupo de interés que se constituyó, y que empezó a ver su reproducción como grupo, la expansión de su base material (…) Si uno quisiera podría leerlo así, pero aunque fuese así, si es que en su discurso de protagonismo futuro era simplemente una racionalización de interés de quienes conformaban esas instituciones por tener un espacio en la sociedad, aun así, la ideología que rodeaba eso era la expresión de personas y de gente que en general valoraban altamente las relaciones democráticas, valoraban una sociedad más igualitaria, la participación. Y yo diría valoraban también (…) formas alternativas de hacer las cosas, que se expresan en nuevas formas de hacer salud, la vivienda, y muchas otras”.

Conclusiones de la década

Después de diez años de transición, las instituciones se encontraron en una crisis de identidad y legitimidad, con una falta de visibilidad pública


de su acción y parcialmente marginadas del diálogo con el sector público (Gruninnger, 2003:16; Delamaza, 2010). La agenda de ACCIÓN y la demanda que levantan las ONG a lo largo de toda la década en ese período se aprecia relativamente aislada y concentrada en su propio sector. Su limitación fundamental para producir cambios radica precisamente en que no puede insertarse en una dinámica social y política más amplia, en la que confluya o se agregue a demandas ciudadanas, dada la dinámica de subordinación y desmovilización predominante y los cambios políticos y sociales en curso. Desde sus espacios asociativos insisten en la necesidad de abordar el déficit democrático de la sociedad chilena, el cambio de rumbo de la transición pactada, y en definir una política de fomento y fortalecimiento de la sociedad civil organizada que contribuya a la profundización de la democracia y a la participación ciudadana en los asuntos públicos. Además demandan una serie de medidas concretas en los instrumentos de políticas para una mayor efectividad social y contribuir a la sostenibilidad del sector. La nueva fase a la que ingresarán trae un recambio político y nuevas propuestas, en las que, particularmente, la plataforma asociativa de ACCIÓN y sobre todo sus líderes serán proactivos, aunque sin las expectativas de transformación que se propusieron durante esta década.

Pero encontrarán condiciones más adversas para una relación fructífera con sus contrapartes sociales tradicionales, las comunidades afectadas de pobreza, pues se han ido consolidando tres tendencias importantes: por un lado, el Estado ha venido multiplicando sus fondos de inversión social de carácter subsidiario y situándolos en distintas reparticiones públicas, entre ellas las municipalidades. Estas, sometidas a procesos de reforma, van siendo ampliadas en sus funciones sociales y producto de los procesos de desconcentración, levantando oficinas especializadas para la intervención en diversas áreas y disputando con fuerza la necesidad de administrar los recursos destinados a los programas sociales innovadores en forma directa, sin intermediación de las ONG.


Por otro lado, las organizaciones sociales de base se adaptaron también a la oferta pública existente, creando lazos directos con el Estado y las municipalidades, cuestionando la legitimidad de los Organismos No Gubernamentales para intermediar sus relaciones con este. En paralelo, salvo excepciones, las ONG tienden a ser desplazadas de la interlocución política en materia social.

Además hay cambios en el empleo y en el mercado laboral, lo que influye en menos pobreza, pero hacia una sociedad de mayor individualismo y con mayores expectativas de inserción en el consumo y el crédito. Se constata también una crisis de la participación social y la debilidad de los espacios públicos, particularmente en los territoriales. Subsisten múltiples formas de organización micro local, pero no están vinculadas entre sí y carecen de visión política y poder efectivo para influir en las orientaciones de la gestión municipal. Ocurre también un cambio generacional en los activos participantes y las organizaciones de base comunitaria son más instrumentales y desprovistas de motivaciones mayores que las relacionadas con el mejoramiento de sus barrios y entorno, lo que se consigue a través de una inversión pública en obras de infraestructura y de proyectos de corto plazo, sin continuidad en el tiempo, careciendo de una visión más amplia del espacio local.

En general, visto desde las instituciones no gubernamentales, al finalizar la década hay un desacople del aporte colectivo a las políticas públicas innovadoras, a la creación de nuevas agencias y a la superación de la pobreza que se produjo en el tránsito de la dictadura a la democracia (Grunninger; 2003:18). La fase cierra con un relativo agotamiento de su amplio capital de conocimiento de la sociedad y de la multiplicidad de procesos de experimentación e innovación social que habían realizado en forma previa. Su experiencia y conocimientos han buscado ser transferido tras una década de diálogo e intentos de influir en las decisiones de políticas públicas, así como participar en los diseños de las nuevas instituciones.


La crisis de sostenibilidad llevó a las ONG a una disyuntiva profunda, que difícilmente podía ser resuelta. De una parte, estaba la alternativa de adaptarse a las políticas y fondos diseñados a nivel gubernamental y transformar su quehacer. De otra, mantener su identidad y niveles de autonomía, lo cual tampoco resultaba viable (Ferrer et al, 2005). La adaptación tenía enormes costos y consecuencias pues empujaba profundos ajustes estructurales y en el modo de funcionamiento (salarios como variable de ajuste, reducción de equipos profesionales, discontinuidad de las acciones, alta competencia) y significaba además convertirse en agencias consultoras. Lo segundo carecía de las bases de sustentación para proyectarse en forma autónoma.

Al finalizar esta etapa, ACCIÓN ha formulado también una serie de propuestas a diferentes niveles de gobierno, tanto durante la primera etapa de la transición, como al comenzar la segunda fase con la presidencia de Eduardo Frei. Son propuestas que apuntan a reconocer la existencia de un sector que puede aportar al desarrollo y a relevantes temas de la agenda nacional a partir de acuerdos programáticos y la disponibilidad de financiamiento público concertado con la cooperación internacional. Estas propuestas tienen poca viabilidad, toda vez que corresponden a un sector que releva en primer término su autonomía y cuya visión sobre el desarrollo y la democracia difiere de la que se va afianzando en el gobierno y la Concertación. Ello se constituye en un choque de visiones que carece de posibilidades de dialogar soluciones, aun cuando para ciertos temas los acuerdos puedan ser funcionales a ambas partes.

En ese marco, a la fase siguiente ACCIÓN ingresa buscando el modo de sortear la crisis, afirmar la identidad, profundizar la incidencia, confrontar más fuertemente las definiciones gubernamentales y perfilarse en la sociedad.


Capítulo

5

¿El retorno de la ciudadanía?

Al ingresar a la década del 2000, destaca la capacidad de ACCIÓN de recuperar la iniciativa, al conseguir ampliar su convocatoria al conjunto de instituciones de la sociedad civil para debatir la situación del sector y su papel en la nueva etapa política. El objetivo central de ACCIÓN y de las ONG es reponer un nuevo énfasis en la reconstrucción del espacio público, el reconocimiento de los derechos ciudadanos y fomentar procesos de deliberación participativa sobre los asuntos públicos.

Desde la plataforma gremial se apostará nuevamente por influir en políticas de fortalecimiento de la sociedad civil, lo que dependerá en gran medida de avances políticos o de la posibilidad de construcción de un “Nuevo trato”.

La noción de retorno del ciudadano que da perfil al capítulo, alude a la nueva dinámica de las organizaciones


de la sociedad civil que pugnan por mayor participación y reformas en políticas públicas (Kymlicka, 1996). Y también a los discursos gubernamentales de ofertar un nuevo trato con los ciudadanos en un escenario donde se comienza a hablar más de derechos sociales, de participación y ciudadanía y menos de focalización. Ello se irá profundizando en las dos fases que caracterizan esta década. La primera, con el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) que establece la apertura de un nuevo momento político, que introduce algunas modificaciones a las políticas económicas y sociales, así como a las relaciones con la sociedad civil. La segunda fase es con Michelle Bachelet (2006-2010), que asume la presidencia con la consigna de establecer un “Gobierno ciudadano”, que enfatiza la participación y el reconocimiento de derechos sociales.

Lo novedoso del discurso de Ricardo Lagos -respecto a su antecesor- abre nuevas expectativas en un contingente amplio de profesionales del sector de ONG más afín al ala socialdemócrata o progresista de la Concertación. Este sector se activa durante la campaña para firmar un documento que fue difundido como el “Acuerdo con la sociedad civil”33 en 1999. En éste, el entonces candidato se compromete al abordaje de una política de fortalecimiento de la sociedad civil y de fomento a la participación.

Sin embargo, el contenido de este acuerdo -en general- está lejos de atender a los problemas de fondo que afectan a las instituciones de la sociedad civil, a reconocerle un rol en el desarrollo y aportar a la construcción de sistemas que viabilicen su participación. A pesar de que en la gestión de Lagos se diseñaron nuevos mecanismos de financiamiento provenientes del Estado, y se impulsó la participación ciudadana en la gestión pública, en la política de fortalecimiento de la sociedad civil seguirá, sin embargo, estando pendiente el espacio y el rol de las instituciones de la sociedad civil. Es decir, lejos de la posibilidad de una respuesta a las propuestas de ACCIÓN como las

33 El “Acuerdo con la Sociedad Civil” fue firmado el 30 de agosto de 1999


que se han configurado en países con gobiernos socialdemócratas: el diseño de una política de colaboración de las ONG en los desafíos de la sociedad, con roles que pueden transitar desde la abogacía para hacer avanzar ciertos ámbitos de una determinada agenda sociopolítica surgida desde la sociedad civil, o a pensar en concertar esfuerzos entre el Estado y el sector para “aliviar al Estado en sus funciones de bienestar y servicios sociales”, recogiendo las ventajas de trabajar con este actor, las que indican que en tanto instituciones no lucrativas “se rigen por valores que no se encuentran tan profundamente en otros sectores y que permiten desplegar roles que ni el Estado ni el mercado pueden cumplir: la confianza, la dedicación, la solidaridad, la flexibilidad, la disposición de experiencia especializada y la habilidad para acceder a sectores difíciles de alcanzar” (Grunninger citando a Alan Fowler: 2003:98).

Para las ONG, sin embargo, trabajar desde esta perspectiva y en función de construir un Sistema Nacional de Cooperación como el propuesto en la fase previa, más allá de su viabilidad real, comporta una contradicción que pone en tensión su identidad. No solamente por la dependencia financiera, sino por la naturaleza de la misma: “dependerían del marco de funcionamiento que les provee el Estado, en cuanto a legalidad, libertad de acción y disposición del mismo a colaborar en su desarrollo” (Grunninger, op cit: 92). Es alrededor de este debate que comienza la década de los 2000, inaugurada con el Segundo Congreso de ONG.

Segundo Congreso: El debate de ACCIÓN al comenzar la década

El debate sobre la construcción de un Sistema Nacional de Cooperación se transforma en un argumento central durante el Congreso de ACCIÓN al comenzar la nueva década. En un esfuerzo por recuperar la iniciativa política y desarrollar el II Congreso, la plataforma involucra a un sector más amplio de instituciones de la sociedad civil, apostando a la posibilidad -después de una etapa en que aumentó la fragmentación- de aunar esfuerzos con otras redes, crear confianzas y armonizar


miradas para proyectar un trabajo mancomunado. La finalidad de este espacio se declaró al finalizar el Congreso “como un proceso abierto y permanente”, que contribuyera a poner en el “debate la identidad del sector y el rol que estas instituciones podían cumplir en el fortalecimiento de la sociedad civil y en la profundización de la democracia” en la nueva etapa (ACCIÓN, 2001:6).

La convocatoria incluyó a la Red ASONG, la Red de Desarrollo Solidario (REDESOL), la Red Nacional de Acción Ecológica (RENACE), la Alianza por un Comercio Justo y Responsable (ACJR); la red de la Plataforma NOVIB, y la plataforma Komyuniti-Chile34. En total participaron 167 ONG, con 247 delegados de sus trabajadores de todo el país, así como representantes de la cooperación internacional, ONG y redes extranjeras. Este número de instituciones trasciende con creces las ONG asociadas a ACCIÓN, que entonces alcanzaban a 81. Los encuadres del Congreso están dados por la noción de que la dinámica de la sociedad civil dependerá más bien de sus procesos internos: articulación de actores, fortalecimiento institucional e innovación en los mecanismos de participación y acción ciudadana; pero para ello, no sólo debe reconquistar espacios de diálogo e interlocución con el gobierno, sino debe por sobre todo desarrollarse

34 El II Congreso Nacional de ONG se realizó el 26, 27 y 28 de noviembre del 2000, conformando un Comité de Iniciativa entre ACCIÓN, ASONG (Asociación de Organizaciones No Gubernamentales), que reúne a 35 organizaciones no gubernamentales y grupos que trabajan en la línea humanitaria. REDESOL, compuesta por catorce fundaciones y corporaciones para el desarrollo de una Economía Solidaria; RENACE, que agrupa a 147 organizaciones que trabajan por la protección del medioambiente y la promoción de una sociedad ecológica; ACJR, Red intersectorial de centros académicos, ONG, organizaciones sociales y personas que se articulan en torno a los temas de globalización, tratados de libre comercio e integración con fines de investigación, incidencia, capacitación y comunicaciones; Plataforma NOVIB, plataforma de la agencia de cooperación holandesa que agrupa a 14 ONG que trabajan diverso temas de género, desarrollo local, rural e indígena, medioambiente; economía y trabajo y otros, y Plataforma Komyuniti-Chile, integrada por quince ONG que trabajan con diversos temas de desarrollo a nivel de comunidades rurales y urbanas.


animada por una vocación de autonomía, respeto por la diversidad y priorizando el “empoderamiento” de ciudadanos y ciudadanas.

En el Congreso se abordaron temáticas que arrojaron algunas respuestas y abrieron nuevas reflexiones sobre la crisis de sostenibilidad del sector, la identidad, la relación con el Estado, la fragmentación del sector y los vínculos con las organizaciones sociales. Del mismo modo se debatieron propuestas para el periodo que guiaron el accionar futuro de ACCIÓN. Estas giraron alrededor de la contribución a la democratización, al desarrollo de la ciudadanía, al reconocimiento de la diversidad del sector y la necesidad de reforzar una identidad común, tanto por los fines públicos que les orientan como por los métodos de trabajo que comparten: “Codo a codo y cara cara” con las comunidades destinatarias. Además se enfatizó en la necesidad de desarrollar estrategias que permitieran reforzar el colectivo y el establecimiento de acuerdos básicos, éticos, orgánicos y temáticos en torno a los desafíos futuros.

EE6: “Fue una época bonita, porque (…) queríamos hacer un esfuerzo por incorporar también a la gente que estaba en otro tipo de articulaciones (…) las organizaciones de voluntariado, las organizaciones de la Iglesia y claramente ahí tú notabas que había tensiones. Porque ACCIÓN tiene un discurso político y las otras organizaciones no (…) Pero justamente por eso hicimos mucho esfuerzo para que esto fuera grande y estuviéramos todos y que tuviera por lo menos un denominador común que tenía que ver con el valor que tenía este esfuerzo de la sociedad civil por hacer una sociedad más democrática (…) con más contenido”.


Una parte central del debate incorporó la visión externa sobre el sector. Para ello se invitó a una serie de otros actores35, que contribuyeron -desde diferentes perspectivas históricas, sociopolíticas, culturales, sociales y gremiales- a definir los nudos críticos sobre la identidad y el rol de las ONG en Chile, América Latina y en el escenario global, con la finalidad de identificar las disyuntivas para los anclajes posibles del sector.

Repensando la identidad

Uno de los temas de discusión, tanto en el Congreso como a lo largo de la década, giró alrededor de la identidad en crisis de las ONG. Tema que, dadas las dificultades de sostenibilidad, la insistente búsqueda de mecanismos de financiamiento desde el Estado y el proceso de adaptación a los mismos mediante la ejecución de las políticas públicas, se relacionaba con la pérdida de las misiones y la autonomía del sector.

La noción de sociedad civil organizada -con la que se han identificado las instituciones- se debatió alrededor de sus imbricaciones con diversas dimensiones de la identidad que provocaron la discusión. La complejidad del contexto concreto de las ONG y la diversidad de miradas, condujo el debate sobre tres polos fundamentales, algunos planteados desde dentro del sector, pero otros planteados desde la mirada externa:

a. Se plantea la noción Sociedad Civil-Sociedad Política, el planteamiento central alrededor es que las ONG y su

35 Participan los historiadores, Alfredo Jocelyn Holt, Joaquin Fernandois, Gabriel Salazar; Pedro Guell del PNUD; Chaquib Sufán de la Conupia; Gonzalo Delamaza, de la Fundación para la Superación de la Pobreza; Francisco Becerra de la Unión de Juntas Comunales y Francisca Rodríguez de ANAMURI. Además de André Benoit, de la agencia Broededelik Delen; Lisbeth van del Hoggle de NOVIB; y otros actores internacionales y representantes de redes nacionales.


autodefinición como organizaciones de la sociedad civil está indisolublemente asociada a la constitución de sí misma como sociedad política, expresada finalmente en su capacidad de actuar autónomamente “frente, contra y al margen y en calidad de alternativa al Estado y al gobierno” (Holt en ACCIÓN, 2000:28). Holt sostiene que en Chile “desde hace varias décadas ha dejado de existir la sociedad política, y con ello la sociedad civil”. El Estado habría tenido una capacidad extraordinaria de moldear a la sociedad (…) sin contrapesos, o con la anuencia pasiva o activa de las grandes mayorías”. Por lo tanto, “la sociedad civil, en su rol de “vigilante, crítica y propositiva se ha vuelto insignificante” al igual que el espacio público para su desarrollo”. En este marco, las ONG “pueden estar trabajando y tratando de reconstituirlo, pero no se percibe en las ONG un sujeto histórico en cuanto elemento político constitutivo de una sociedad civil. A lo sumo se percibe una idea vaga, de querer que sea eso, pero no es una realidad constatable” (op.cit: 29).

b. Para otros, sin embargo, al analizar su historia y particularmente su papel bajo la dictadura, la identidad del sector como actores de la sociedad civil se reafirma. Como lo señala Salazar (op, cit:41), “en el periodo de su gestación y bajo la dictadura, no hay duda de que las ONG, a través de sus prácticas (…) contribuyeron de modo prominente a reconstruir los tejidos de la sociedad civil y que junto con una propuesta democratizadora, elaboraron proyectos para un desarrollo diversificado y participativo con las comunidades locales y sectores populares del país. Construyeron así, una muestra de un modo de poder y un modo posible de gobernar. Su dimensión de sociedad política radicaría precisamente en ese quehacer” (op.cit: 44). Pero para el mismo autor, el drama ha sido el que “hayan acumulado la mayor expertise política civil bajo el modelo neoliberal, donde los viejos partidos políticos solo habían logrado sobrevivir”, y que durante lo que él llama “la dudosa danza de la transición” esa expertise “haya sido cooptada


y colocada en los elencos tecnocráticos del flamante Estado neoliberal civil” (op.cit:45). Y que ello haya ocurrido “como paso necesario para ´danzar con el Estado´, o sea en pro de convertirse en agencias del mismo”. “Danzar con el Estado” implicaría en realidad jugar el rol de instalar una concertación orgánica entre la sociedad civil y el Estado, asumiéndose plenamente como intermediarias o subcontratistas de las políticas sociales del Estado neoliberal. Esta opción, que parece ser no realmente una opción, sino un paso semiobligado para subsistir dado el contexto de la cooperación internacional de la cual estas instituciones dependían, habría tenido altos costos, pues “un gran número de instituciones desaparecieron, la mayoría se deterioró, se estratificaron y diferenciaron, de un modo distinto a lo que indica su acta de nacimiento”.

c. Para algunos agentes y líderes de las ONG, relativamente silenciosos respecto de este debate en el Congreso, la definición más cercana a las ONG es la de agentes de la sociedad civil institucionalizada. En esta visión, las ONG, serían “organizaciones privadas, constituidas mayoritariamente por profesionales, sin fines de lucro y con fines públicos, que trabajan con sectores que sufren exclusión social y desigualdad“. Enfatizan además el carácter innovador y comprometido con los excluidos y con la democracia, al señalar que estas fueron “pioneras en identificar y caracterizar nuevas y graves realidades como la violencia intrafamiliar, la depredación del medioambiente, la violación a los derechos de las mujeres y niños, la desintegración social, la exclusión y la precarización del empleo, entre otros. Por otro lado, en la influencia sobre el Estado para incluir nuevas respuestas, que hoy son parte de políticas públicas y de los programas sociales“, (Grunninger, 2003:65). Como tal, la relación con el Estado es clave, y las condiciones en las cuales se vinculan para cumplir con sus propósitos también lo es. Por ello la demanda de construir instrumentos que reconozcan su quehacer y su autonomía es relevante, y se transforma en una demanda estratégica para el


fortalecimiento de la democracia. Definirse desde otras opciones, (Fernandois, 2001:37:) implicaría “poner en mayor riesgo lo acumulado hasta entonces y su continuidad”.

La discusión sobre la identidad retornó, entonces, a la propia noción de ONG, entendidas como organizaciones civiles de profesionales con finalidades públicas, que trabajan por opción con los más pobres y con diversos destinatarios afectados por las externalidades del desarrollo y que construyen visiones ético-políticas sobre la sociedad, sus procesos y necesidades de transformación. Desde ese perfil, bajo diversas condiciones evaluables en cada país y en cada momento, “las ONG podrían legítimamente oponerse al Estado, complementarlo o reformarlo, pero no pueden ignorarlo, ya que alguna forma de poder puede ser negociada por ellas”, (Clark citado en op.cit :45). En el contexto de la época, dada la crisis de sostenibilidad, “la total autonomía de las ONG no sólo resultaría imposible, sino incluso no deseable”, aunque “el quehacer podría estar siendo regulado por poderes cupulares” que reafirman la globalización neoliberal (Salazar, op.cit:48).

En el Congreso, sin embargo, se pone en cuestión el hecho de que al demandar a los gobiernos un determinado estatuto y un financiamiento para las ONG, el sector buscaría situarse como “socios formales del Estado” y ello implicaría asumir sus propias reglas. Se señala, además, que lograr aquello -al menos en Chile- sería muy difícil, ya que el Estado en sus vínculos con las ONG y con el conjunto de la sociedad civil, desde los hechos y desde sus políticas, ha afirmado que esta debe ser “dependiente, fragmentaria, competitiva entre sí, privada, y/o simple ejecutor subcontratista de las políticas sociales que define. Y es claro que el “Estado neoliberal no podrá transformarse en el patrocinador semiburocrático de un sector profesional que fácilmente puede deslizarse hacia posiciones que, o bien recargarían el presupuesto fiscal o bien azuzarían los hasta ahora latentes movimientos sociales del país” (op.cit:51). Otras experiencias latinoamericanas, como la brasileña (Rocanello,


2014) y la europea, han mostrado que es posible el desarrollo de un sector con un sistema de financiamiento nacional, que propende a crear ambientes habilitantes para el desarrollo de la sociedad civil y sus roles, particularmente para favorecer la innovación social y la atención a problemáticas sociales -donde el Estado no da el ancho- dejando un grado de autonomía y reglas claras para la transparencia, la efectividad y la evaluación. El problema del rechazo a su constitución en Chile sería la noción extremadamente restringida de democracia, la centralización de las decisiones, el temor a la falta de control y la disputa que puede significarle a los partidos políticos en el marco de la estrechez de la sociedad chilena.

Las posibilidades de cooperación con el sector público y la sociedad civil no son sólo una aspiración. Existen múltiples experiencias en desarrollo, principalmente -pero no solo- en el nivel local, que muestran perspectivas auspiciosas en esa dirección. Correspondería aprender de las iniciativas exitosas, favorecer el intercambio y el diálogo entre ellas y continuar desarrollando las innovaciones necesarias para replicar o escalar su impacto. Las limitaciones son múltiples, sin duda, entre ellas la carencia de poder económico y de comunicación, más aún en el contexto de relativa marginación desde las cuales las ONG trabajan en esa etapa.

El proceso del Congreso y el debate en las comisiones de trabajo coloca sobre la mesa la necesidad pensar en cómo fortalecer esa construcción, las capacidades propias y rescatar los aprendizajes que provienen, tanto de las dinámicas locales como de los nuevos movimientos sociopolíticos, que surgen desde los territorios, tanto en Chile y Latinoamérica.


Los vínculos con otros actores de la Sociedad Civil

Otra dimensión discutida en el Congreso se relacionó con las vinculaciones de las ONG con el mundo social, sus contrapartes históricas u otros actores de la sociedad civil. Se constata la crisis de legitimidad que sufría el sector, aunque esta no es homogénea ni afecta a todas por igual.

Lo que sí afecta a casi todas, incluso -aunque más levemente- a aquellas que conservaron cooperación internacional y tienen un claro asiento territorial, es la fractura que se expresa particularmente con los sectores más pobres con los cuales construyeron alianzas y procesos de organización relevantes en los años 80. Ello fue empujado por la crisis de sostenibilidad, pero también por las limitaciones para alcanzar un asentamiento sistemático en territorios concretos, la dinámica de las propias organizaciones sociales, su vinculación directa con el Estado y la creciente disputa con las municipalidades, que se muestran reacias a una colaboración y trabajo con el mundo no gubernamental. Uno de los dirigentes de las Uniones de Juntas de Vecinos, dice:

“(…) distintas cosas nos hacen mirarlas con desconfianza, después de los objetivos comunes que tuvimos en la dictadura nos dispersamos y eso operó en nuestra contra, cada cual en su mundo y no le podemos echar toda la culpa al mercado. Muchas de las situaciones que hoy vivimos se deben a que como sociedad civil independientemente de cada uno y de los intereses, no hemos sido capaces de tener alianzas comunes para poder enfrentar y abordar los grandes desafíos (Becerra, F, Acción 2001). Y agrega: “Yo creo que las ONG han contribuido a generar una política de clientelismo político a los gobiernos de turno (…) pero creo que podemos trabajar juntos, lo necesitamos y necesitamos el aporte técnico y el apoyo profesional, pero trabajémoslo de una manera mixta, donde el tema del acompañamiento sea más que eso, donde


compartamos el beneficio y los costos que significa estar juntos y, en ese sentido, yo creo que no hay mayores dramas”.

El debate en el Congreso fue desafiante respecto de cómo fortalecer y retomar los vínculos, dónde apostar y sobre la base de qué políticas. Un norte relativamente común apunta hacia el fortalecimiento de la ciudadanía y de la participación en la definición de los asuntos públicos y en la modelación de los entornos.

Este es un debate que se desarrolla ampliamente en la sociedad latinoamericana en el periodo y que se apoya en la preocupación por la creciente fractura entre el mundo político y social, la falta de profundización de la democracia y la emergente pero creciente corrupción, junto a la elitización de las decisiones en los actores políticos y económicos con poder. De cara a estos objetivos, se promueve en el Congreso un espacio para reflexionar sobre las tendencias recientes de la sociedad36.

Las dinámicas y cambios en la sociedad

Uno de los invitados al Congreso y co-autor del Informe del PNUD del 2000, sostiene que en Chile está variando la forma de asociatividad, “disminuyendo las organizaciones formales y aumentando las informales”. Estas últimas responden a “una dinámica más de aglutinación que de organización, son formas

36 Debate que surge de la presentación de Pedro Guell, sobre elementos claves de los resultados del Informe del PNUD, Más sociedad para Gobernar el Futuro (PNUD, 2000), y del desarrollo de experiencias concretas.


más autoexpresivas, en las que se acorta el lenguaje y los tiempos en que se proyectan”. Además, según el informe, estas tienden a no reconocer interlocutores válidos, ni al Estado o a las grandes organizaciones, y no crean organizaciones de segundo piso. La asociatividad vertical se debilita (PNUD; 2000).

Según Guell (op.cit: 34) ello cuestiona los supuestos de la matriz cultural clásica de los años 70 y 80 de diversos actores, entre los que se encontrarían, a su juicio, los miembros de las ONG. Esta concebía que para generar cambios y modelar a la sociedad, era necesario promover una mayor organización, fortalecer la conciencia sobre la relación entre los procesos estructurales de la sociedad y sus efectos en la vida cotidiana, así como alcanzar una mayor movilización. Sin embargo, Guell afirma (ACCIÓN, 2001) que estas categorías parecen poco útiles para el momento actual y establece tres aspectos necesarios de considerar.

Primero, los cambios en la sociabilidad que apuntan hacia la experimentación de una alta tasa de desconfianza en las relaciones interpersonales. El segundo aspecto es la afirmación de que no se requiere cambiar la estructura de la sociedad para modificar las cosas. Las personas crecientemente creen que hay que cambiar la cultura y, en primer lugar, la cultura propia. Ello genera ambigüedad y hace difícil actuar con éxito usando los modelos, las convocatorias, los discursos tradicionales de las ONG. En este sentido, habría un nicho de identidad para las ONG, configurando un quehacer distinto. Precisamente ello estaría dado por la tarea de lograr que con estas tendencias se avance en más autodeterminación; es decir, hacer viable y posible manejar el entorno para las personas, lo que probablemente requiere de acción colectiva. Para eso habría que “ser creativos para descubrir las potencialidades de este nuevo mundo” y reconstruir vínculos sociales (Acción, 200:86)

En el Congreso se debate si efectivamente lo que se ha estado presenciando es el desmontaje de una sociedad y el montaje de otra, donde el mercado domina en todo. Ello no es una tendencia cultural que


las ONG no habrían procesado, sino sobre todo es un montaje político-cultural que se construye, y por allí ya resulta más dudoso si hay que asumir esas tendencias o contribuir a modificarlas. A su vez, las dinámicas fragmentarias que priman en la relación Estado-comunidades, la acción de los pequeños proyectos, las políticas y una democracia que no genera expectativas de encaminar la vida para lograr progresos y desarrollo, particularmente en los jóvenes, hacen que se reproduzcan y fortalezcan esas tendencias.

El Consejo Ciudadano y las políticas de fortalecimiento de la Sociedad Civil

Uno de los aspectos que marca la agenda de ACCIÓN a comienzos de la década -y que es intensamente abordado en el Congreso- es la posibilidad que abre el presidente Lagos de incorporar en su programa una política de fortalecimiento de la sociedad civil y la participación ciudadana en la gestión pública, para lo que convoca a la formación de un Consejo Ciudadano que funciona durante los primeros tres años de gobierno37.En efecto, esa fue una de las primeras medidas de Lagos al asumir

37 Como telón de fondo está el acuerdo firmado en 1999, por un grupo amplio de profesionales de las ONG con el candidato presidencial Ricardo Lagos, más abierto que Frei al abordaje de la participación social y el apoyo al Tercer Sector. El “Acuerdo por la Participación Ciudadana y el Fortalecimiento de la Sociedad Civil” quedó firmado el 30 de agosto de 1999. En él, el compromiso del candidato fue complementar la gestión política con formas participativas de gestión pública. Lagos, en principio dictará una directiva a ministerios y Servicios Públicos, para incorporar en las metas de gestión l a p a r t i c i p a c i ó n s o c i a l ; d e s t i n a r á r e c u r s o s p ú b l i c o s p a r a e l f o m e n t o d e o r g a n i z a c i o n e s s o c i a l e s ; c r e a r á y fortalecerá los fondos públicos concursable para el tercer sector y la fiscalización de la transparencia en su asignación. Se creará, además, una Autoridad para el seguimiento de los Acuerdos: el Consejo para el Fomento del Tercer Sector. Las organizaciones del tercer sector, participarán en el diseño, evaluación y seguimiento de las metas ministeriales. El Ejecutivo enviara al Congreso un proyecto de Ley del Tercer Sector, que fomente el asociacionismo, considere facilidades en la constitución jurídica, establezca un registro público e incentive las donaciones empresariales. Las ONG se comprometen a trabajar en el desarrollo de la ciudadanía.


la presidencia para establecer las bases de cumplimiento de su compromiso. Participan de este consejo un grupo heterogéneo de 24 personas que se supone interpretan la diversidad, entre las que se encuentran miembros de ONG, organizaciones vecinales, centros e institutos, fundaciones empresariales y diferentes centros políticos. Su misión supone reconocimiento mutuo y establecer lazos de confianza. La instancia además involucra a cinco ministerios: Hacienda, Interior, Secretaría General de Gobierno, Subsecretaría de Desarrollo Regional, (SUBDERE), y el Ministerio de Planificación, hoy de Desarrollo Social. El Consejo propone al presidente Lagos un documento consensuado, que contiene los siguientes aspectos:

• Marco jurídico y normativo: Contiene cuatro áreas de propuestas que analizan la heterogeneidad de los marcos legales, proponen una modificación al Código Civil o una ley marco para fomentar la asociatividad, cambiar las modalidades de otorgamiento de personalidad jurídica y una serie de otras proposiciones para facilitar la participación en las municipalidades y recursos a las organizaciones mediante sistemas de procedimiento y controles.

• Fortalecimiento institucional: con seis áreas de propuestas que incluyen la creación de programas de capacitación, convenios y becas de estudio con universidades; temas vinculados al código de ética y el trabajo con calidad; fomentar el acceso a nuevas tecnologías, mejorar la infraestructura al sector proporcionando condiciones tecnológicas. Además fomentar mecanismos de articulación y de desarrollo del voluntariado.

• Instrumentos de financiamiento: con cinco áreas de propuestas que integraron la generación de recursos y fondos que pudieran garantizar la autonomía, entre ellos el acceso a créditos CORFO y otros fondos para el desarrollo, incentivar al sector privado para participar y aportar desde la filantropía y avanzar hacia un sistema de cooperación nacional, no sólo estatal.


• Cooperación Estado-sociedad civil: con cinco áreas de propuestas que incluyó la elaboración de una agenda de responsabilidad pública, generar pactos territoriales en diferentes regiones y comunas para la acción pública e incorporar la participación y representación de la sociedad civil en foros y en agendas internacionales.

Esta propuesta recogió diversos aspectos que se venían planeando por ACCIÓN desde 1994. El debate en el Congreso deja el desafío de ciudadanizar esta agenda ya que, por una parte, el gobierno si bien proyectó asumir la tarea política de fortalecer la sociedad civil, se expresan diversas limitaciones (Delamaza en ACCIÓN, 2001). Entre ellas, las exclusiones que provoca la creación Consejo, sin criterios claros respecto de los actores que debían sentarse a la mesa. Por otra parte, las propuestas se discuten a puertas cerradas, lo que hace necesario difundirlas y construir alianzas ciudadanas y políticas para disputar sus aspectos claves.

Sin embargo, se expresaron múltiples aprehensiones respecto de la propuesta y su transformación real en agenda política, no sin razones fundadas. Por una aparte, la agenda de participación situó finalmente como eje la participación ciudadana en la gestión pública y en el nivel local o regional, y estableció que “la democracia seguiría operando en torno a la infraestructura urbana o en torno a los problemas locales, a través del micro proyecto, el proyecto transitorio, la micro acción conduciendo a la misma lógica de la fragmentación”, como lo señaló Salazar (op.cit).

Y efectivamente es así, pues superar esa fragmentación supone visiones de más largo plazo, ético-políticas, capaces de situar los proyectos concretos en estrategias acumulativas y más amplias de desarrollo. Y ello sólo se logra ampliando la articulación de actores concernidos, fomentando la gobernanza. Fortalecer la democracia requiere de procesos de concertación en los territorios, desplegar


iniciativas con otros y de políticas de fortalecimiento de la acción social, de mayor envergadura y capacidad de cohesión, que tengan la virtud de ofrecer caminos distintos y contribuyan a una valoración, por resultados, de la acción colectiva.

También se debatió las dificultades que tendría una agenda con tintes corporativos, dados los problemas de legitimidad de las ONG, lo que obligaría a ciudadanizar las propuestas del Consejo. En el Congreso participa una representante del Ministerio Secretaría General de Gobierno38 (SEGEGOB), que da cuenta de las dificultades que enfrentará esta política, pues había numerosas tensiones a nivel gubernamental entre un sector que tiene la intención de ampliar los márgenes de la democracia con una política de fortalecimiento de la sociedad civil, y los detractores, que la pondrán en riesgo, tanto por temores sobre las expectativas que potencialmente podrían abrirse, como por la desvalorización del sector ONG, y la ilegitimidad de generar una política pública que favorezca su desarrollo.

Allí se transparentan las razones de la oposición de un sector del mundo político que considera a las ONG solo como un grupo de interés que ha buscado su propia sobrevida, (como si no fuera legítimo representar intereses y demandar apoyo), una práctica que el gobierno acepta y ejercita ampliamente con los empresarios y otras fuerzas. El cierre de esta legítima posibilidad para el mundo no gubernamental termina siendo un aspecto confuso y errado39. Para Carolina Tohá, representante en el espacio del Congreso del Gobierno, las ONG tienen un valor y un aporte que hacer al país desde una especificidad que otros sectores no pueden realizar: ello se relaciona con su sentido de servicio y participación en objetivos que son públicos en un país que necesita más pluralismo, más libertad de expresión y más descentralización, así como de una sociedad civil fuerte que pueda ser interlocutora para crear nuevas y mejores políticas.

38 Representada por Carolina Tohá.39 Carolina Tohá, ACCIÓN. Congreso Picarquín 2000.


El quehacer que dibuja el Congreso

El Congreso finaliza con numerosas propuestas de las diversas ONG que debaten en comisiones. Entre ellas adquiere centralidad la ampliación del espacio público de deliberación ciudadana como un horizonte clave para su trabajo. Como propósito se reafirma la actualización del compromiso con la vigencia de los derechos humanos y la superación de las principales causas de exclusión, marginación y discriminación. También lo es la necesidad de promover la paz, la tolerancia y una cultura respetuosa, así como la equidad y el fortalecimiento de las organizaciones locales, regionales y nacionales, su autonomía y la solidaridad.

También se enfatiza la necesidad de ampliar las redes y establecer articulaciones regionales y territoriales que sean efectivas para el trabajo y actividades, pues la escala de cada organización es insuficiente para poder catalizar los procesos propuestos y además promover las alianzas con otros actores de la sociedad civil. También queda de relieve la necesidad de mejorar el trabajo y dar seguimiento a las políticas públicas transformadoras, creando comisiones temáticas.

Se refuerza la necesidad de seguir debatiendo sobre los aspectos comunes de la identidad pero también las tensiones que afectan al sector; definir con más claridad el vínculo que se quiere tener con el Estado, lo que implica dar seguimiento al documento del Consejo Ciudadano. Pero también dialogar respecto a qué Estado se quiere construir.

Otro ámbito identificado fue la necesidad de avanzar en transparencia y sancionar prácticas poco éticas. Ello conduce a la idea de establecer en un futuro cercano un Código de Ética para las ONG que contribuyera a la legitimidad del sector y que siente las bases para una acción colectiva a partir de principios globales y éticos compartidos. También supone visibilizar el trabajo y actividades de las ONG, crear un medio de comunicación accesible y fortalecer la imagen de ACCIÓN.


A lo largo de la década, ACCIÓN y las ONG se definen como instituciones interesadas en promover el ejercicio a la ciudadanía plena, el reconocimiento y el respeto irrestricto de los derechos humanos, cívicos, políticos, económicos, sociales y culturales. Sus propuestas buscan contribuir a la construcción de un país democrático y a una sociedad vigorosa, donde la diversidad constituya un valor real, con justicia y sustentabilidad (ACCIÓN, Misión).

En paralelo se proponen continuar fortaleciendo el rol de representación de sus asociados, contribuyendo a incidir en el conjunto de aspectos que apunte a la definición de un sistema nacional que promueva el fortalecimiento de la sociedad civil, defensa de sus asociados y su participación en los asuntos públicos. En este sentido sus roles se desarrollaran en varios planos. Uno será el seguimiento y participación en la política propuesta por el Consejo, buscando incidir en su materialización a través de diversos mecanismos. Recogerán experiencias internacionales jugando roles claves en América Latina y tratarán de influir en la política chilena desde la agenda global. Por otra, acompañaran a sus asociados en los procesos de transformación que experimentan y en sus aportes a nuevas políticas públicas.

Seguimiento de la política de participación y fortalecimiento de la sociedad civil

Este ámbito articula los esfuerzos de ACCIÓN durante toda la década, hasta el año 2010. La política avanzó desde la presidencia con diversas limitaciones que desdibujaron el sentido de la propuesta del Consejo. Se dictó un Instructivo Presidencial de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, se diseñó un Proyecto de Ley de Fortalecimiento de la sociedad civil y la Participación Ciudadana, y se implementó un Proyecto de Cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), sobre fortalecimiento de la sociedad civil y de la participación en el sector público.


Durante ese periodo, los directivos de ACCIÓN participaron de diversas instancias, entre ellas el Consejo Ciudadano y el Consejo del Proyecto de Fortalecimiento de la Sociedad Civil que estructuró la División de Organizaciones Sociales de la SEGEGOB. A su vez impulsaron diversos espacios de debate, seminarios y foros tras la idea de empujar su materialización e incidir en su diseño. El seguimiento que realiza ACCIÓN a estas propuestas a lo largo del período de Lagos va dejando en evidencia que a pesar del avance de contar con instrumentos y recursos previamente inexistentes, las limitaciones de dichos instrumentos serán parecidas a lo que ya se ha conocido anteriormente.

De un lado, el proyecto de ley del gobierno de Lagos, con diversas y numerosas modificaciones, no se materializará hasta el 2011, tras la promulgación de la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. El diseño del Proyecto BID-SEGEGOB40 define el arco de lo posible y sintetiza la agenda gubernamental en un marco de acción más estrecho. Este no ha consultado un proceso de participación y, por lo tanto, sus contenidos no se ajustan a los requerimientos reales de las ONG, ni de las instituciones públicas ni del voluntariado, con los cuales busca fortalecer la participación ciudadana.

Para mayor precisión es posible señalar que algunos componentes del proyecto fueron los estudios que se orientaron hacia cinco sectores públicos. El segundo apuntó a analizar la situación del voluntariado en Chile y a promover acciones de voluntariado social, probablemente bajo la incidencia de las Organizaciones Asistenciales y Solidarias que venían

40 Programa de Fortalecimiento de la Participación Ciudadana y de la Sociedad Civil, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Secretaría General de Gobierno (SEGEGOB). División de Organizaciones Sociales (2002-2005).


trabajando en incrementar sus respuestas a situaciones de emergencia social. Al calor de estas acciones nace la Red de Voluntarios de Chile. El tercer componente estaba destinado a las ONG, pero su eje era promover su modernización o tecnificación.

EE7: “Como presidenta de ACCIÓN me tocó participar del Consejo del Fondo de Fortalecimiento de la Sociedad Civil (…) al final me retiré (…) el gobierno tenía su agenda y era promover el voluntariado (…) el fondo de fortalecimiento llevaba una cantidad de acciones para eso. Nosotros, nuestra postura, era ´aquí hay un montón de posibilidades, pero déjennos desplegar las posibilidades que nosotros creemos con y sin voluntarios´. Pero no, venía ya todo muy enmarcado”.

Por otra parte, el tema de la tecnificación de las ONG se entendía como el incremento de la capacidad para incorporar la planificación, la medición de resultados y los medios de verificación en su trabajo (Morales y Kreekeler, 2012), demanda que proviene del cambio de escenario de la cooperación internacional.

La década de los 80 había sido rica en recursos que necesitaban ser “colocados pues no existían suficientes referentes, ni en el Norte ni en el Sur” (Morales y Kreekeler 2012: 26). Además, la propia época, en un contexto político latinoamericano adverso por dictaduras, guerras civiles y conflictos, constituyó una fase de experimentación en diversos campos y la flexibilidad, sustentada en acuerdos y confianzas personales primaba por sobre otras consideraciones. Con posterioridad, el panorama restrictivo de disponibilidad de recursos, la existencia de gobiernos democráticos capaces de actuar sobre los problemas políticos, sociales y económicos más agudos, la mayor disponibilidad de Organismos No Gubernamentales que buscan el financiamiento de las agencias, hace que la medición de los efectos e impactos de los proyectos se vuelva un punto crucial en la selección de proyectos y en la obtención de los recursos.


Un problema de este proceso, según los autores, (op.cit), es la dificultad y diversidad de enfoques que tienen respecto de las agencias. Su aplicación supone mejorar las capacidades de las contrapartes, porque hay un nudo crítico no resuelto, que es la complejidad y dificultad de medir cambios o impactos en proyectos que en general son de corto plazo, porque ello obliga a las partes a reducir sus aspiraciones y propósitos de trabajo con los actores sociales.

En el proyecto chileno con el BID, ese componente estaba centrado en la transferencia de la metodología del Marco Lógico para la elaboración de los proyectos y en la implementación de sistemas de comunicación, difusión e incorporación de herramientas como páginas web, sin que se atisbase la posibilidad de resolver el acceso a financiamiento o crear un sistema más flexible de acceso a fondos para que éstas definieran su propio quehacer. Ello agudiza las tensiones.

EE6: “Entonces llegó un momento en que no nos entendimos (…) Por ejemplo, estaba la idea de modernizar la ONG. Nosotros decíamos ¿por qué nos tenemos que modernizar? Nosotros no necesitamos eso, lo que necesitamos -y lo hemos demostrado a lo largo de todos estos años de experiencias- son recursos para actuar, no tener más páginas web (…) Y ahí se creó el Fondo de Fortalecimiento de la Sociedad Civil que efectivamente partió muy referido a la legalización, las comunicaciones, etcétera. Había hartas tensiones de ese tipo”.

Además la discusión en ACCIÓN respecto de su operación, indicaba que “se reproduce la competencia de ONG con empresas y consultoras”; hay “desprolijidad en los llamados, no hay rigurosidad, equidad ni transparencia en asignaciones”; las “reglas operativas no son transparentes desde el comienzo”; “está muy lejos de la constitución de una política de fortalecimiento de la sociedad civil” (ACCIÓN, Actas directivas, 2002).


En cuanto al Consejo Ciudadano, más allá de la incertidumbre respecto de su rol, con posterioridad a la entrega de la propuesta a la presidencia, funcionó hasta el 2005. El presidente Lagos, si bien formuló una respuesta contundente a las propuestas, ello no se expresó en la promulgación posterior de la Ley 20.500 que contempló, entre otras medidas, la creación de un registro y un fondo para Organizaciones de Interés Público, un estatuto del trabajo voluntario y un mecanismo para mejorar el involucramiento ciudadano a nivel local. Otra dimensión, que luego se plasmó en la Ley de Transparencia y Probidad Pública, se refería a los derechos de información y reclamo a los prestadores.

La propuesta incluyó un fondo de naturaleza mixta, aportado por el Estado y empresarios contra fondos de tributación, destinado a apoyar a sus organizaciones, su capacidad de asociación y de encuentro, especialmente en torno a la educación democrática de los liderazgos ciudadanos; el desarrollo de infraestructura y acceso a las tecnologías para el funcionamiento de las organizaciones sociales; mecanismos para la renovación del voluntariado y ampliar la participación a iniciativas de personas que no están organizadas. Otro aspecto de la propuesta se relacionó con la necesidad de garantizar la no discriminación y la efectiva interculturalidad en el país. Sin embargo, estas propuestas no prosperaron.

Los diferentes proyectos tuvieron una etapa de discusión hasta el primer semestre de 2006 y, pese a concitar ciertos apoyos en parlamentarios de gobierno y oposición, su tramitación enfrentó diversos conflictos políticos que impidieron su aprobación.

Más Voces para la Democracia (2004), es un estudio realizado por un grupo de ONG orientado a observar el avance del proceso iniciado por Lagos en el Estado, señala que de todas las medidas propuestas, el Instructivo Presidencial fue el que abrió espacios a la participación en las diversas reparticiones públicas. En la mayoría de las instituciones, sin embargo, la participación fue comprendida en un sentido muy restrictivo, y las acciones se orientaron más exclusivamente al diseño y difusión de campañas


y folletos de información y, sobre todo a la instalación de Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS).

En otros casos, los menos, el instructivo constituyó un respaldo para las iniciativas impulsadas por agentes gubernamentales y de servicios públicos, que adherían a procesos de democratización de la sociedad y de la gestión pública, y que venían desde fines de la década de los 90 poniendo en marcha alianzas y dispositivos de diálogo con segmentos de la sociedad civil e incrementando la participación. Otros directivos institucionales encontraron un terreno más fértil para impulsar nuevas experiencias. Ambas dinámicas fueron recogidas en la profusa literatura sobre Innovaciones en Ciudadanía en la Gestión Pública, entre los años 2000 y 201141.

Otras acciones relevantes tuvieron espacio, entre otros factores, a partir de esta política y de la continuidad que le otorgó la administración Bachelet, particularmente en algunos de los ministerios y servicios que generaron institucionalidad interna para la participación, la dotaron de recursos y se propusieron avanzar en procesos de capacitación funcionaria, instructivos, manuales y en el análisis de sus resultados, entre otros recursos. Fue el caso del Ministerio de Obras Públicas, MOP, por ejemplo, para promover participación en las obras de infraestructura.

Los resultados del proceso, magros para el carácter de la propuesta del Consejo, así como la dinámica en la que ingresan los movimientos sociales, las nuevas experiencia ciudadanas en la gestión pública, que ya venían expresándose, tensionan los liderazgos de ACCIÓN y también los debates internos hacia la segunda fase de la década, bajo el gobierno de Bachelet, que proclama en su campaña que llevaría adelante un “Gobierno ciudadano”.

41 Programa Ciudadanía y Gestión Pública. Fundación para la Superación de la Pobreza-Universidad de Chile (2000-2004) y Corporación para la Innovación en Ciudadanía (CIC)-Universidad de Los Lagos (2004-2006). Territorio Chile, 2009-2011. SUBDERE-CIC- EZE.


El Tercer Congreso de ACCIÓN

En el marco de todos estos procesos, se empuja el Tercer Congreso de ACCIÓN, que se desarrolla en 2007 tras el objetivo de volver a fijar las líneas de acción futura, pues hay cambios en el contexto, ya se ha hecho una experiencia de trabajo en torno a los objetivos establecidos en el Segundo Congreso, los resultados no han sido auspiciosos para las ONG y se han abierto nuevas oportunidades a partir de la instalación del gobierno de Bachelet.

El Tercer Congreso busca posicionar a la asociación de cara al inicio del gobierno de Bachelet, momento del auge de la idea del “Gobierno ciudadano”. Ya se observaba una nueva expresión de los movimientos sociales, sobre todo en el movimiento estudiantil de enseñanza media (la Revolución Pingüina) en 2006, el mismo año en que se instalaba el nuevo gobierno.

En el Congreso de ACCIÓN se hace un balance de la historia de las ONG, buscando recapitular las reflexiones y caminos que han hecho. Hay una toma de conciencia de que el sector había constituido un espacio con visión de sociedad, crítica, reflexión y generación de nuevas prácticas, en los 17 años de recuperada la democracia.

Uno de los desafíos era debatir acerca de los aspectos que contribuyeran a fortalecer la identidad del sector. La discusión da origen a la Carta de Principios que rige hasta hoy. Esta Carta releva diversos aspectos fundamentales para el sector, que van desde sus propósitos hasta los principios que rigen los medios a emplear. Las ONG se declaran a favor de alternativas de desarrollo humano que contribuyan a erradicar la pobreza y las desigualdades sociales, así como en la defensa irrestricta de los derechos humanos, el ejercicio pleno y la ampliación de derechos políticos, sociales, económicos, culturales y ambientales de las personas, grupos organizados y pueblos originarios. Se definen como impulsoras de la equidad de género, el respeto y valoración de la diversidad cultural y la interculturalidad.


Establecen también como horizonte de su quehacer el fortalecimiento de la ciudadanía, la profundización de la democracia desde una cultura de paz y del fomento de la solidaridad y la reciprocidad. Se definieron también grupos de trabajo que avanzaron y establecieron acuerdos y orientaciones acerca del trabajo de las ONG en el agro y medioambiente, ciudadanía y promoción de derechos; desarrollo económico y pobreza; desarrollo territorial, mujer y género; infancia y juventud, áreas y temas en los que el sector acumula experiencia, conocimientos, propuestas y cuenta con vínculos a comunidades en diversos territorios y espacios.

El reconocimiento de sus prácticas implica también la discusión y la aceptación de las diversas estrategias de sostenibilidad que han desarrollado las instituciones, que van desde la mantención de la cooperación internacional, los programas con el Estado o el financiamiento de privados. Lo esencial pasa a ser la autonomía para el ejercicio de los principios y de la ética institucional.

En el Congreso además se intercambia diálogos respecto a la diversidad de opiniones y opciones de ACCIÓN en la relación con el Estado y las políticas públicas, las que incluyen desde el discurso crítico a las políticas neoliberales, hasta las propuestas de nuevas políticas o modificaciones de las mismas y el monitoreo y fiscalización a su ejecución. También se reafirma que las ONG agrupadas en ACCIÓN buscan cambiar el modelo de desarrollo neoliberal, pero saben que la práctica y el trabajo cotidiano, sus metodologías y contenidos, inciden en el cambio cultural que se necesita para la incidencia de la sociedad en su transformación.


El Código de Ética para las ONG de ACCIÓN

En el mismo espacio se aprueba el Código de Ética, trabajado por una comisión de ONG durante los meses anteriores al encuentro congresal. Este busca dar respuesta a una demanda interna y a incrementar la legitimidad de las instituciones, mediante una norma que permita la autorregulación del comportamiento. Este adquiere relevancia para todos los actores de la plataforma, toda vez que, por un lado, están reiteradamente apelando a la transparencia en la relación con el Estado y, por otra, son críticos del incremento de la corrupción que afecta sobre todo los intereses y la vida de la población que carece de poder. Diversas instituciones y ACCIÓN buscaron durante la década caminos de incidencia en el fortalecimiento de lo público, entendiendo esta dimensión también como:

EE9 “reglas que influyan en el carácter público y transparente de la información sobre decisiones que afectan a las poblaciones y la creación de mecanismos legales que sancionen la corrupción, con la que las ONG asociadas lidian en diversos territorios”.

El Código da cuenta de la esencia de los objetivos, propósitos y valores expresados en la Carta de Principios. Ello releva la promoción de los derechos civiles, económicos y sociales, la solidaridad, la participación, el respeto y valoración de la diversidad cultural e intercultural, la equidad de género, la transparencia y la igualdad, pues estos contribuyen a construir comunidades cohesionadas. El Código, a su vez, define los aspectos centrales de conducta esperada de las ONG para dar cuenta de estos principios, en la relación con su entorno, en el manejo de su autonomía, la relación con grupos de interés, con las comunidades, con sus trabajadores, con el Estado, con los recursos, y la relación entre pares (ACCIÓN, 2010)42.

42 Código de Conducta Ética y Carta de Principios de ACCIÓN. Consultado en www.accionag.cl el 18 de octubre de 2018. Es importante destacar que ACCIÓN está en un proceso de actualización de este documento que incluye además la presentación anexa del Protocolo Contra la Violencia de Género, el Abuso y Acoso.


Para una de nuestras entrevistadas, la construcción de este instrumento se valora de este modo:

EE8: “Sabemos que nuestra legitimidad se basa fundamentalmente en la calidad de nuestras acciones y en el reconocimiento de las personas con y para las que trabajamos. Por este motivo, nos interesa mantener y acrecentar esta legitimidad, respondiendo a desafíos y preocupaciones emergentes que nos estimulan a profundizar en las responsabilidades inherentes a nuestra misión. Sabemos que para construir un país diferente debemos partir por hacer coherentes nuestras mismas estructuras y modos de vivir y funcionar”.

La sociedad civil de cara al “Gobierno ciudadano”

En el período 2006-2010, con Bachelet en la presidencia -cuya elección había concitado amplio respaldo- se produce una activación creciente de movimientos ciudadanos que buscan incidir en la agenda pública. Cobran relevancia las organizaciones, movimientos y movilizaciones asociados a la no discriminación y a los derechos de la diversidad sexual, a las demandas de tierra y reconocimiento del movimiento indígena, la de los trabajadores subcontratistas y las de territorios en disputa con grandes proyectos de inversión. Irrumpe también el movimiento estudiantil con masivas movilizaciones, introduciendo la demanda por el derecho a una educación pública gratuita y de calidad, lo que modifica la agenda política. Con ello, aparece otro escenario, donde una sociedad civil más empoderada y en la calle, confronta a una clase política que ha limitado la capacidad de escucha.

Se instalan desde el gobierno medios de procesamiento de las demandas a través de instancias de participación de carácter consultivo, como los Consejos de Educación y Educación Superior y de Trabajo y Equidad (Aguilera, 2009) que involucran a expertos, actores diversos vinculados a


la temática, representantes sociales y a algunas ONG (infancia, trabajo y equidad, entre otras)43. También se crea el Consejo de Probidad. Algunos de ellos generaron propuestas que se tradujeron en nuevas políticas públicas. En otros, como en la educación, donde la complejidad de la temática es mayor, el debate y los cambios que logran ser introducidos, como la Ley de Inclusión, no fueron estratégicamente relevantes para las expectativas de los estudiantes, que persistieron en su movimiento por la gratuidad de la educación superior.

En otros casos, el diálogo con autoridades, el lobby parlamentario y lamovilización callejera, impulsada por ONG como el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual, MOVILH Chile, logra hacer avanzar la agenda de derechos, no discriminación y reconocimiento de la diversidad sexual. Este movimiento ciudadano que dispone a la vez una ONG, se integra a ACCIÓN, se alimenta y contribuye desde ahí a elaborar una estrategia sobre el rol de la ONG, la necesidad de una relación funcional y pragmática con el mundo político, supeditándola al objetivo del movimiento y en búsqueda de acuerdos amplios para incidir en la agenda legislativa sobre la diversidad sexual (Ley de No Discriminación, el acuerdo conyugal de bien común, matrimonio igualitario). Y a ello le agrega capacidad creativa para estar en los medios. Con eso pone en discusión el cómo romper la lógica de acción tradicional de las ONG.

Sin embargo, las masivas movilizaciones -particularmente las de estudiantes por reformas a la educación- reactivaron en sectores de la coalición gobernante una actitud no favorable a la sociedad civil y a la participación ciudadana. Ello redundó en la restricción y obstrucción del cronograma de trabajo y en la reformulación del proyecto de ley sobre asociaciones y participación ciudadana que el gobierno

43 Se crean comisiones y consejos que procesan los conflictos, las demandas y levantan propuestas. El de educación fue el más relevante por la amplitud de sus integrantes, alcanzando a 81 consejeros.


proponía en su programa. Lo que queda como saldo es que todas las propuestas relativas a mecanismos de democracia directa incluidas en las primeras versiones del proyecto, fueron excluidas en el proyecto enviado al Congreso (Delamaza, 2010). Entre las pocas medidas que quedan incorporadas está la obligatoriedad de conformar consejos de organizaciones de la sociedad civil, de carácter consultivo y en materias predeterminadas, en las distintas reparticiones públicas, incluyendo ministerios, servicios y municipios. Después, bajo el gobierno de la derecha, los consejos creados en esta fase desaparecerán y la ley no tendrá prácticamente vigencia. Las organizaciones no gubernamentales no se sumarán a esta iniciativa, que resulta ser nuevamente un espacio no vinculante y reducido al límite.

Un análisis de los logros hacia finales del 2009 muestran resultados de incidencia desde la sociedad civil organizada, al menos en tres campos relevantes: el estudiantil, la agenda de la diversidad sexual y el movimiento indígena, que se manifiestan en nuevas políticas y proyectos de ley que permitirán a los movimientos seguir avanzando en sus propuestas.

En materia de participación ciudadana y fortalecimiento de la sociedad civil estos son más débiles. Podría decirse que los diferentes mecanismos e instrumentos de participación se ampliaron a partir de la agenda pro-participación y que ellos tuvieron el mérito de situar un piso mínimo a cumplir por los servicios públicos. Se produce una instalación de los mismos con amplias coberturas, pero la participación que se promueve es en general poco sustantiva y en algunos casos muestra retrocesos. Los mayores logros se observan en la intención de generar una mayor responsabilización de los servicios públicos, que se promueve con las OIRS.

También la agenda de derechos y/o protección social ingresó en una nueva fase de la agenda política a partir del gobierno de Lagos y luego con Bachelet44. Diversos estudios y situaciones de vulneración de derechos de

44 Con las Garantías Explícitas de Salud, que son exigibles bajo Lagos y los derechos de Infancia no exigibles, bajo Bachelet.


salud y la infancia, evidencian con posterioridad, los limitados avances, pero también los grandes vacíos y debilidades para el logro de tal objetivo (Cunill y Fernández, 2011), particularmente en un Estado fragmentado, parcelado y reducido fruto de las reformas neoliberales levemente modificadas. Pero además, esta agenda aparece escindida de la agenda de participación y de fortalecimiento de la ciudadanía activa. La cuestión de los derechos, vista desde el Estado, sus autoridades financieras o los estamentos políticos encargados de la administración y los recursos, es esencialmente jurídica y exclusivamente dependiente del marco de compromisos que el modelo de desarrollo le impone, lo cual la hace dependiente de las opciones políticas predominantes en una determinada coyuntura.

La agenda de derechos comienza a ciudadanizarse a partir del 2000, y las movilizaciones de la comunidad indígena, de la diversidad sexual y los estudiantes logran posicionarla en el espacio público. El déficit de tratamiento de estos dilemas bajo condiciones de igualdad de los actores, parece quedar limitado desde la partida como un asunto público cuando el debate sobre derechos no involucra a las grandes mayorías. De allí la importancia de que los organismos de la sociedad civil, movimientos sociales y ONG asuman esta perspectiva en el desarrollo de sus agendas (Cunill y Fernández, op cit) .

Las nuevas dinámicas del territorio

La emergencia ciudadana -durante la década- coexiste con procesos de innovación social en participación ciudadana a escala local y territorial. En ese espacio, cientos de experiencias de organizaciones sociales, articuladas con actores públicos y diversas ONG, venían desde comienzos de la década actuando por el mejoramiento de su entorno y de los servicios en sus espacios barriales, buscando el reconocimiento de sus derechos. La mayoría de ellas, sin embargo, responden a procesos instrumentales de participación. Otras se despliegan con mayor autonomía, se ejerce ciudadanía, innovando en las relaciones Estado-sociedad civil, actuando desde una perspectiva de democratización y


una lógica de derechos. Estas experiencias encuentran las mismas limitaciones que la sociedad civil para sostenerse en el tiempo y para que las soluciones que proponen a nuevos y viejos problemas sociales puedan escalar en la sociedad (Sur, 2005; Programa Ciudadanía y Gestión Pública, 2000, 2002; 2004, 2006; Delamaza y Fernández, 2006). Se transforman igualmente en acciones periféricas que no logran desplegarse ni influir el núcleo duro del Estado neoliberal y de la democracia restringida.

Desde el territorio también surgen nuevas demandas urbanas, de transporte, patrimonio urbano y cultural, conflictos por el uso del suelo, y otras, que se constituyen en disputas por el derecho a la ciudad que se expresan en segmentos de las grandes urbes o en las de tamaño intermedio. Por otra parte, se agregan los problemas de desarrollo, la desigualdad geográfica, la descentralización y los derechos de los habitantes de territorios respecto de los beneficios de explotación de recursos naturales, y la disputa sobre recursos esenciales para la vida, como el agua, en localidades donde se concentran actividades de grandes empresas productivas y extractivas (Fernández y Salinas, 2012).

Un rasgo distintivo de los movimientos ciudadanos urbanos es la actividad de sectores medios que defienden sus barrios y el hábitat, por lo que se oponen a la explosión de las inversiones inmobiliarias. Dada la movilidad social que ha tenido la sociedad chilena y las mejores condiciones de acceso a la información y a la formación, estos movimientos tienden a ser autónomos y autosuficientes en la cobertura de diversas necesidades: cuentan con competencias técnicas, recursos profesionales, capacidad de recolectar recursos, capacidad de planificación y capacidad propositiva, todos servicios que prestaban tradicionalmente las ONG al mundo social popular. Se configura así, hacia el final de la década, un nuevo tipo de ciudadanía que compromete de forma importante a nuevos sectores sociales provenientes de las clases medias y medias altas, que reponen en la escena pública los problemas de acceso a bienes públicos, como la educación, los temas urbanos, la igualdad y la no discriminación, entre otros.


Este es un elemento central del nuevo ciclo político, porque rompe con el permanente “aislamiento social de los pobres” (Kazmant: 2001:15), repone la solidaridad social en las clases medias y su propio protagonismo para atender a los dilemas que las afecta. Un elemento clave es que estos sectores ocupan, en esta etapa, los espacios públicos -de los que habían desertado por más de una década- para manifestar sus grados de intolerancia hacia su propia situación de sometimiento a un mercado carente de regulaciones o para acceder a servicios que reproducen la desigualdad. Con ello contribuyen a la construcción de nuevos espacios sociales que pueden traducirse en nuevos proyectos políticos.

Esta es una dinámica, empero, que no incorpora o lo hace de forma más débil a los sectores más pobres, urbanos y rurales que no aparecen, salvo excepciones, tan directamente involucrados en ese tipo de procesos, exceptuando quizás a las comunidades indígenas. Las expresiones de protesta o conflicto en estos estamentos tienden a ser más espontáneas que organizadas y en torno a temas muy específicos sobre condiciones de vida cotidiana que les afectan. También de otros grupos, como los pequeños productores agrícolas, cuya activación tiene como foco las políticas del Estado que éstos requieren y necesitan para su desarrollo.

A lo largo de la década, y con más fuerza a partir de la segunda mitad de la misma, la estructuración de los movimientos y el conjunto de condiciones analizadas en forma previa, van empujando a las ONG y a la plataforma gremial ACCIÓN, hacia nuevas adaptaciones estructurales, institucionales, organizativas y a ajustar sus roles y agendas en la sociedad.


Las adaptaciones de las ONG

Durante la década del 2000, diversas ONG establecen alianzas con movimientos sociales, territoriales y con funcionarios de diversas reparticiones públicas, incluyendo ministerios, servicios públicos, municipalidades, escuelas, consultorios, agencias especializadas y otros espacios. En esos escenarios buscaron prestar servicios, permear la gestión pública con concepciones democráticas, colaborar en el desarrollo de la participación y en la inclusividad. Establecieron relaciones de nivel medio que les permitieron involucrarse en consejos, comisiones, mesas de trabajo y otras instancias, formales o informales que se instalaron a partir de la agenda pública de participación. En ellas se aprovecharon tribunas para visibilizar propuestas sobre diversos asuntos (Programa Ciudadanía y Gestión Pública, 2002, 2004 y 2006, op.cit).

En el marco de las alternativas presentes en la sociedad fueron especializándose, diversificando y adaptando sus instituciones, adecuando sus roles a la nueva realidad social, política y de financiamiento. En ese proceso se observan algunas tendencias generales (Fernández, et al 2015) que se pueden mencionar.

Un grupo de instituciones tiende hacia la especialización en la ejecución de políticas sociales públicas. Allí se articulan con nichos de políticas, en particular en las áreas de infancia, protección, inclusividad y atención al riesgo social. También en el ámbito de los adultos mayores y personas que viven en situación de calle o jóvenes que desertan temprano del sistema escolar por distintas razones. Ello las coloca en una cadena de producción de políticas gestionadas por el Ministerio de Desarrollo Social (entonces MIDEPLAN), el Servicio Nacional de Menores, Servicio Nacional del Adulto Mayor, los de prevención del consumo de drogas y estupefacientes, el Ministerio de Educación e instancias de los Gobiernos Regionales.


Con estas instituciones se logran establecer convenios de trabajo con financiamiento vía transferencias, que permiten ampliar los servicios e insertarse en la lógica de la economía social. Esto sin perder sus rasgos esenciales de ONG, la defensa de derechos, su vocación de incidencia administrativa, política y jurídica, y la construcción de servicios de calidad. Partes de estos aprendizajes, en la década siguiente, se transformarán en experiencias piloto o destacadas y contribuyen a formar agentes públicos en las soluciones construidas45.

A mitad de la década, por ejemplo, se constituyen redes especializadas en la agenda de derechos de la infancia, que actúan situando los déficits que dejan los programas existentes y la necesidad de avanzar en garantías, realizando abogacía en diversas instancias, principalmente parlamentarias. Tomar esta opción para las ONG implica reformular áreas de trabajo, disponibilidad de recursos humanos, formalización de procedimientos que permitan la intervención, el seguimiento y la sistematización de resultados. Así como analizar las problemáticas que afectan a los destinatarios y levantar propuestas que viabilicen soluciones. Luego, articularse con otros para incidir en los marcos jurídicos y legales de los programas. Esto implica articular las propuestas al marco de los derechos humanos, la vulneración y la agenda de protección social, nociones que brindan una lectura transformadora sobre las diversas problemáticas que afectan a la sociedad. Este quehacer no descansa en el financiamiento público, sino en una “militancia” voluntaria, al igual que la acción de construir y sostener las redes, las que además deben construir criterios para atender explícitamente los problemas y conflictos que genera la competencia por proyectos, construyendo relaciones de lealtad y solidaridad, pero explicitando los espacios de competencia (Fernández, op.cit.).

45 Es, por ejemplo, el caso de la ONG Vínculos, heredera de Caleta Sur, que desde su programa de apoyo a la deserción escolar juvenil en 2004, logra influir en la creación del programa de inclusión escolar diez años más tarde y ser un referente dentro del Ministerio de Educación para el desarrollo del programa.


Desde la visión de los gestores de este tipo de experiencias se cuestiona la concepción de que los fondos del Estado sean solo considerados como una fuente de financiamiento sin estructurar, a partir de su uso, una política de incidencia basada en los derechos sociales y en la inclusión. (Fernández, 2012). Esto por el doble estándar que conlleva (EE9). Esta relación implica también pasar por conflictos asociados a las demandas jurídicas de vulneración de derechos en que incurre el Estado, lo cual tiene costos pero a la vez genera legitimidad. A su vez, supone la participación activa en las instancias, formales o informales, que se instalen aprovechando las tribunas para situar propuestas y realizar abogacía.

En esta lógica, por ejemplo, opera la Red de Organizaciones de Infancia y juventud (ROIJ), que agrupa alrededor de 45 ONG y ACHNU, que ejecuta políticas de infancia -bajo la forma de contratación con el Estado- pero junto a ello define su agenda desde la noción de los derechos humanos, y buscan incidir en políticas y en el plano legislativo, lo cual implica sistematizar sus conocimientos, propuestas y aportes.

Otro tipo de adaptación es la que constituye a las ONG como infraestructura cívica de movimientos sociales o territoriales. En este caso las ONG se anclan a los procesos que impulsan actores sociales o comunidades territoriales que buscan empujar sus derechos y participar en la definición de los asuntos públicos. Allí prestan servicios que contribuyen a la eficacia de las acciones. En esta tendencia se incluyen instituciones que apoyan al movimiento indígena, ambientalista, estudiantes, las ONG de la diversidad sexual, de defensa del patrimonio urbano, desarrollo de las ciudades y la urbanización, a los cuales responden como estructuras de abogacía, lobby, estudios, canalización de recursos, gestión de redes y capacitación, o a las estrategias que estos definen para la acción social directa. En torno a estas actividades se observan dos procesos que expresan complejidades distintas. Por un lado, la irrupción de nuevas ONG que surgen a partir de los propios movimientos y, por otro, la adaptación de ONG más tradicionales a este nuevo rol. La primera da origen


a instituciones flexibles, que se hacen cargo de contrarrestar el carácter pendular de los movimientos ciudadanos.

Las instituciones, o los “movimientos institucionalizados” en este caso, pasarían a ser la memoria histórica de esos procesos, el espacio donde se acumula el aprendizaje y la referencia para que las personas que los componen puedan ir y volver. Son además conceptualizadas como infraestructura cívica por sus actores, en el sentido de que constituyen el espacio donde se pueden nuclear las personas y donde se acumula el conocimiento adquirido en las diversas experiencias que realizan los conglomerados. Es el espacio, además, que facilita la incidencia del ciudadano sin sacarlo de sus propias dinámicas de trabajo, familia o barrio.

Al igual que el resto de las ONG, estas enfrentan los dilemas de la precariedad laboral. Dada la legitimidad social de los movimientos y por ende de sus instituciones, concitan amplias voluntades de colaboración y de voluntariado que, sin embargo, no pueden gestionar. Respecto de las relaciones con el Estado, en general han abierto canales de interlocución y propuesta a nivel de gobierno, servicios públicos, Congreso Nacional y ministerios. Pero en las instancias gubernamentales no hay institucionalización de espacios públicos que permitan acumular, construir visiones y hacer seguimiento. La relación se traduce, más bien, en el intercambio de ideas, que no se sabe finalmente el destino que tendrán. Con las propuestas legales formuladas sucede algo similar.

El segundo caso, relacionado con procesos de adaptación de ONG más tradicionales hacia alianzas estrechas y prestación de servicios hacia movimientos sociales, el impulso proviene de una racionalidad crítica respecto de la desvinculación de las ONG de los movimientos sociales y ciudadanos. Es el caso de ONG de mujeres o de instituciones locales. Ello se apoya en el quehacer voluntario, en la vocación política y de “militancia en la sociedad civil” y en la temática específica de los integrantes de la institución, asumiendo los conflictos y dilemas que ello representa.


Quedan de relieve algunos aciertos y algunos conflictos respecto de los roles de las ONG. Entre los aciertos, destaca el talento de los equipos para usar las fuentes de financiamiento existentes, atendiendo a los objetivos que los movimientos promueven, pero poniéndolas en función de las acciones que tienen sentido para los actores institucionales y los/as ciudadanos/as. Eso supone actos de inteligencia, perder prejuicios y tomar lo que existe como oportunidades para fortalecer los objetivos propios. También supone romper las relaciones verticales con las organizaciones sociales, valorando su trayectoria y su función política imprescindible para el proceso de democratización. Supone también que estas reconozcan y sientan útiles las experticias de los equipos de trabajo, las conexiones que estos disponen y sus posibilidades de consecución de recursos. La alianza supone también una claridad del quehacer y la capacidad de modular conjuntamente los recursos de manera que todos ellos permitan dar continuidad a las estrategias definidas para finalidades acordadas respecto de la construcción de espacios públicos y fortalecer las organizaciones.

Sobre las relaciones con el Estado, existe una valoración del vínculo en función de la potencial incidencia y de la participación, en cualquiera de sus niveles. Lo que se rechaza directamente es el rol de subordinación en que los gobiernos sitúan a las instituciones de la sociedad civil, la camisa de fuerza que colocan los programas que los ministerios sociales implementan y la resistencia a aceptar propuestas de cambio. La experiencia de ejecución de programas públicos permite asumir que en la práctica social en dichos programas se pueden introducir cambios, pero ello no tiene ningún correlato con la relación en extremo funcional de los que los dirigen desde las instituciones, a quienes no les interesa profundizar en el diálogo o reflexión con las organizaciones con las que trabajan. Esto es considerado incluso como una falta de respeto de las instituciones con las contrapartes.

En perspectiva, la proyección es que sea el fortalecimiento de la actoría social, de la sociedad civil, el que pueda generar un contexto


para madurar un trato distinto con el Estado. Eso solo será posible si efectivamente existe un vínculo con los movimientos y con los actores sociales, porque en la valoración actual, al activo político, lo que le importa son los votos. Por eso las ONG que tienen visiones y proposiciones que mostrar, están volcadas a una relación ineludible con los movimientos sociales, aunque esta sea compleja y difícil.

En cuanto a las adaptaciones institucionales de este grupo, los cambios implican la reducción de los equipos, medidas muy austeras de gastos operacionales, salarios bajo la media cuando hay proyectos, o directamente en combinación con un trabajo voluntario importante, aportando tanto a la cantidad de horas dedicadas como a la calidad de lo que se realiza. Ello se considera una apuesta, una inversión no sólo para sobrevivir, sino para que instituciones pequeñas sean visibles en la escala nacional. Eso significa sostener relaciones estratégicas46 que sean útiles a la apertura de oportunidades, de nuevas alianzas, de producción de conocimiento, y también económicamente. Surge la posibilidad de abrirse a nuevas relaciones y redes a lo largo del país, de ir armando un proyecto más colectivo y de incidencia en el marco de los derechos humanos o de agendas específicas.

Por último, se puede observar otro grupo de ONG que ha conservado cooperación internacional, que le brinda un espacio de autonomía mayor para conservar su carácter de organizaciones profesionales, aun cuando tengan diversos procesos de adaptaciones y ajustes institucionales. A diferencia de las anteriores, estas instituciones buscan específicamente intervenir en diversas problemáticas sociales y temáticas, para crear una relación permanente con las comunidades de territorios definidos como focos de intervención. Esta también es la que permite sostener la misión, las acciones de fortalecimiento de la sociedad civil, de sus estrategias y metodologías innovadoras para

46 En este caso la referencia es a la Fundación AVINA.


constituirse en un interlocutor de la política pública, ya sea en el ámbito local, con los municipios y/o los servicios públicos. Aunque esta constituya una base mínima de soporte, es también la que hace posible que las ONG “mantengan márgenes de libertad para desarrollar un conjunto de roles: incorporar la reflexión, la crítica, innovar y experimentar alternativas de desarrollo y de servicios con comunidades locales, priorizar grupos excluidos de los programas estatales, fomentar el ejercicio de ciudadanía activa en comunidades locales incorporando un enfoque de derechos y reclamar junto con la población, además de situar temáticas en las agendas públicas locales, en ciudades específicas, sobre el movimiento indígena, de mujeres o de otros sectores aportando a su visibilización” (Vigil; 2007:119).

Respecto de todas estas instituciones, sin embargo, el análisis de su quehacer y en el propio debate de ACCIÓN se da cuenta de diversos aspectos críticos que estuvieron poco presentes en la década. Por una parte, estas instituciones requieren profundizar alianzas que ayudarían a orientar el sentido estratégico de su trabajo. Ello, según Vigil (2007), incluía la necesidad de profundizar en los contenidos de lo que se denomina democracia participativa y el desarrollo de la ciudadanía; la función política de los actores sociales, el análisis y la justicia de género; el desarrollo y la justicia ambiental; las disputas en el territorio entre comunidades locales y los megaproyectos extractivos; el enfoque de derechos y protección social, el rol de las ONG como actores con agenda propia y las vinculaciones y alianzas que requieren desarrollar con los nuevos movimientos sociales y su instituciones para amplificar su rol (Vigil, op.cit). Es decir, requieren incrementar de conjunto su rol político.

Esto habría encontrado escollos de tres tipos: en las dificultades de sostenibilidad y recursos que enfrentan estas instituciones; pero sobre todo en la fractura que tienen entre ellas para potenciar estos espacios y los prejuicios y cuestionamientos de legitimidad de todas las propuestas y caminos, así como en la escasa renovación de sus directorios y núcleos directivos.


ACCIÓN y la emergencia de los espacios internacionales

Otro ámbito que influye en las tareas de ACCIÓN es la dimensión internacional de los conflictos que expresa la globalización y el avance del neoliberalismo. Diversos problemas mundiales se ven reflejados en la Agenda Global, de cuya solución depende el bienestar de un número cada vez mayor de personas. Esto coloca una serie de debates internacionales, que venían adquiriendo mayor importancia en las agendas de los Estados. En ese marco, diversos actores han intervenido llevando sus propuestas e intereses específicos al espacio internacional, a través de la participación en conferencias, foros y cumbres mundiales. Toman forma convenios o tratados que afirman o cuestionan una cierta direccionalidad política y social sobre el desarrollo. Ejemplo de esto es la agenda de derechos humanos, la agenda ambiental o la económica, entre otras.

En ese marco, las ONG que tienen importancia en número y quehacer en diferentes países47 buscan también expresar allí sus propuestas y visiones, para alcanzar influencia en la política mundial. La sociedad global demanda también actores alternativos que faciliten recoger las expectativas y percepciones de las sociedades en forma más directa y, por lo tanto, son también conscientes de la necesidad de una sociedad civil robusta.

Las ONG centran sus objetivos en ejercer una mayor influencia política en el avance de los derechos, la profundización de la democracia, una mayor igualdad, justicia y transparencia, a la par que paulatinamente comienzan en esta década a fortalecer sus propias redes e influenciar las decisiones en los espacios globales y regionales que se articulan con mayor dinamismo. Estas sin duda permean y aportan a las visiones de las plataformas locales, tanto respecto de los procesos en curso y de

47 Se señala que alrededor de 500 ONG estarían interviniendo en cerca de 40 países


los desafíos que enfrenta la sociedades contemporáneas en América Latina, como en otros territorios, así como dan pistas sobre los roles a jugar por la sociedad civil organizada (Cáceres, 2014).

La dimensión internacional de ACCIÓN tiene expresión desde los orígenes de las ONG, y trasciende los diversos periodos por los cuales la plataforma y sus socios han transitado en Chile. Miembros de ONG chilenas, tempranamente ya en los 80, habían establecido redes y relaciones con países europeos, y latinoamericanos. De esa época data la existencia de la Asociación Latinoamericana de Promoción del Desarrollo, ALOP; el Consejo de Educación de Adultos en América Latina, (CEAAL), y otras instancias latinoamericanas articuladoras del quehacer y visiones alternativas de sociedad, aún antes de que surgieran las plataformas asociativas de ONG como ACCIÓN, ANONG (Asociación Nacional de ONG) en Uruguay, ABONG, (Asociación Brasilera de ONG); y OH Perú, de las Asociaciones Civiles Peruana, entre otras. Estas relaciones se intensifican desde la década del 2000 favorecidas por el nuevo ciclo político que se desplegó en el continente, pero particularmente en el cono sur, así como en diversos espacios internacionales. En estos espacios se renueva el debate sobre las reformas sociales, la democracia, ciudadanía y la integración para empujar diversas transformaciones en el marco de los desafíos y déficit de las sociedades y los vacíos de la globalización.

Diversas actividades, como foros y seminarios, contaron con la participación de estas redes internacionales desde los años 90. ACCIÓN había participado como contraparte y participante en diversos foros internacionales de la sociedad civil, sobre todo en aquellos que marcaron referencia internacional sobre democracia y desarrollo, como el Foro Social Mundial, el 2001 y los sucesivos, con su consigna “Otro mundo es posible”.

Pero no es hasta mitad de la década del 2000 que esto adquirió una mayor centralidad en el quehacer de la plataforma nacional, cuando la integración a estos espacios redunda en un rol de liderazgo en el plano


internacional, tanto desde la Mesa de Articulación de ONG y Redes de América Latina y el Caribe, como luego en la presidencia de ALOP.

EE8: “Un vínculo importante de ACCIÓN se produce en el 2004, con ocasión de la APEC, con lo que se llama el Foro Social Chile (…) que funciona el 2004, 2005 y 2006, y creo que el 2007 también. Aquí, ACCIÓN va tomando una participación cada vez más importante. Se hace una gran marcha (…) con motivo de esa reunión y la venida de Bush a Santiago, y eso genera una gran movilización. Y salen 60.000 personas aproximadamente a la calle. Yo diría que eso es una de las primeras grandes movilizaciones alternativas, altermundialistas (…) Y eso es el preludio al movimiento de los pingüinos. Y después se hace un Foro Social por la Democracia en la Escuela de Arquitectura de la Chile, y se hace un foro social, el segundo Foro Social Chile y bueno. Entonces eso es (…) Y se vincula con el mundo en el proceso de los foros sociales internacionales”.

Desde el 2005 se inicia también la relación con el espacio iberoamericano de ONG, que incluye a España, Portugal, América Latina y el Caribe, que lidera la plataforma europea de ONG, CONCORD. Desde allí se promueven los encuentros cívicos y los espacios de diálogo con América Latina y el Caribe, y la participación en los encuentros y diálogos de la Unión Europea con CELAC48 (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños).

La agenda nacional de ACCIÓN, sin duda, está ligada a la agenda global y latinoamericana. Los espacios internacionales dotaron a ACCIÓN de experiencias de diplomacias no gubernamental y de prácticas

48 La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) es un mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política. Su membresía incluye a los 33 países de América Latina y el Caribe. Nace en el 2011.


de incidencia global, vinculando a la plataforma a nuevas temáticas de la cooperación internacional. En ese proceso, con apoyo de la plataforma de ONG Francesa y luego de Concorde -la plataforma de ONG Europea- la asociación chilena contribuyó a la construcción de un foro de plataformas de América Latina, la Mesa de Articulación, aglutinando a ONG que no tenían antes expresión asociativa ni voz en el concierto global. Con ello se apoyó su inserción en el debate mundial sobre temáticas ambientales, la eficacia de la ayuda, cooperación internacional, o condiciones del financiamiento de ONG. Ello la vinculó al debate en diversos espacios, como CELAC, UNASUR, MERCOSUR, Unión europea, OCDE o Naciones Unidas.

EE8: “Son espacios que, sin duda, permiten influir en la agenda y al menos preguntar a los gobiernos (…) pues actores de la sociedad civil, por fuera de la institucionalidad nacional construyen demandas o reclamos. Luego, contribuye al desarrollo de ciertos compromisos mínimos que deben ser respetados. Entonces eso es una vía más de incidencia para las ONG de pequeña escala, que no logran respuestas en sus países o alcanzan respuestas insuficientes, ya que tienen una representación más global”.

La asociación chilena sostuvo material y políticamente la Mesa de América Latina hasta encontrar los recursos financieros que permitieran su sustento. El primer proyecto lo obtiene el 2011 desde la CEE. Los países de América Latina enfrentan similares desafíos, ya que todos en esta década enfrentan el retiro de la cooperación internacional. La experiencia chilena es la primera y más radical. Por lo tanto, una dimensión relevante de la agenda latinoamericana es el intercambio de experiencias y aprendizajes sobre las respuestas de los diferentes países y gobiernos, así como los procesos de reconversión y adecuación de las ONG.

Ahora, internamente, para este quehacer se han expresado límites y reticencias en la comprensión de los asociados, pues es un proceso que pareciera no alterar en forma sustantiva el curso de los procesos


internos, ni en recursos, ni en políticas locales más favorables. Ello determina un involucramiento mínimo de los asociados y algunos cuestionamientos. Sin embargo, su desarrollo ha sido relevante:

EE8: “Es muy importante poder legitimar a estos actores en el campo internacional, para poder seguir existiendo. Primero ACCIÓN y después en general las ONG en Chile. Sobre todo cuando parecía un espacio destinado a desaparecer rápidamente. Entonces este campo, esta cierta protección internacional, ha blindado yo creo a algunas instituciones, y ha dado mayor espacio a que existieran posibilidades de incidencia y de trabajo en distintos ámbitos. Pero yo creo que no ha sido fácil, no se entendía esta estrategia como algo necesario inmediatamente (…) aunque se ha ido comprendiendo”

Balance de la década

La década del 2000, pese a la ausencia de respuestas concretas a las demandas específicas de las ONG, implicó un mayor progreso en la agenda social, que repuso la noción de ciudadanía, derechos y protección social en la escena pública. También por la activación de la sociedad civil que empujó algunas reformas sustantivas para favorecer a las mayorías del país, otorgándole un contenido sustantivo a la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.

La agenda levantada en los 90 por ACCIÓN, se jugó en el escenario político en esta década, aunque la iniciativa que desplegaron los líderes que asumieron la gestión gubernamental en el 2000 evidenció con mayor claridad que una noción de democratización más sustantiva, no tendría cabida en la sociedad. En efecto, la construcción de ciudadanía -como categoría política con connotaciones de participación deliberativa en lo público- como lo plantea Cunill en 1997, no formó (y no logró formar) parte de los objetivos de los gobiernos de la Concertación.


La distinción clave entre lo público y lo estatal, que permite el surgimiento de un espacio público no estatal, no solo no se verificó en Chile, sino que resultó ser completamente inorgánica a la noción de democracia que portaron las elites políticas de los gobiernos de la Concertación. Esta no concibe roles para la sociedad civil en lo público, sino solo en la fase de implementación de las políticas públicas “siempre y cuando sean portadoras de alguna ventaja comparativa respecto de otras entidades: mayor eficiencia operativa, disminución de costos, co-financiamiento, etc.” (Delamaza, 2010:106), pues por su naturaleza serían portadoras solo de intereses privados y corporativos o, eventualmente, un riesgo fiscal o político en la sociedad.

A ello se sumó la falta de legitimidad pública y de valoración social y política de las ONG. Según Abogavir (2006:6) habría existido “una evidente descalificación de este tipo de instituciones en el discurso privado de los tomadores de decisiones -tanto del sector público como privado- aludiendo a su escasa representatividad y poder efectivo. Se les ha atribuido tener agendas ocultas, ser de una ideología antisistema, o simplemente estar obsoletas” (Abogavir,op cit). La agenda de ACCIÓN se debatió, desde comienzos de la década, alrededor de la identidad del sector, tensionada por la necesidad de ejercer un rol de incidencia política y el pragmatismo necesario para la sobrevivencia y la sostenibilidad. Los nuevos movimientos sociales y las dinámicas ciudadanas territoriales contribuyeron a reponer a la ciudanía y la participación ciudadana como temas fundamentales de la democratización del país, al igual que la agenda de derechos sociales.

La agenda internacional, de alianzas globales que desarrollo ACCIÓN, construyendo liderazgo en la constitución de una Coordinación Latinoamericana, colocó a las plataformas nacionales latinoamericanas en la escena global y en las redes regionales, para debatir más ampliamente temáticas y medidas que permitieran hacer avanzar la agenda democrática, de sustentabilidad y derechos humanos. Además para debatir la necesidad de contar con ambientes habilitantes para el despliegue de la iniciativa social de la sociedad civil.


Desde la dinámica de base de las ONG, la década abrió oportunidades para participar en diversos nichos, tanto en territorios como en ámbitos de las políticas públicas, donde las ONG, en áreas específicas, se sentaron a la mesa con otros actores. Desde el punto de vista de la transformación de sus roles, quizá sea un aspecto clave. La dinámica social, el proceso de movilidad social y los mayores grados de formación en la sociedad, les demandan relaciones más horizontales y encontrar nuevas utilidades a los conocimientos y experiencia acumulada en otra condición, la de ser “un actor más”. Ello no está exento de conflictos, como hemos observado en las adaptaciones y modelos anteriores.

En cuanto a la relación con el Estado, a pesar de mantener una visión crítica respecto de las formas que adoptó su relación con la sociedad civil, el rol de contratistas asignado a la sociedad civil en las políticas públicas y de las condiciones que fijaron los recursos públicos, las instituciones incursionaron y continuaron participando en diferentes grados de la ejecución de estos fondos. En la década del 2000, muchas aplicaron metodologías innovadoras de trabajo que permitieran a las comunidades obtener un mejor aprovechamiento de los recursos y en el fortalecimiento de las organizaciones y barrios con los cuales se vincularon. Sus aportes sobre estas prácticas, sin embargo, ya no retroalimentan -salvo algunas excepciones-, particularmente donde hay redes de incidencia o un reconocimiento relevante a la trayectoria, las políticas públicas ni redunda en propuestas, en modificaciones o en su creación.

También sus profesionales, en diferentes grados y de acuerdo a los perfiles institucionales, participaron de consultorías a diferentes reparticiones públicas, dependiendo del grado de reconocimiento de sus aportes y de sus vínculos.

La participación en la ejecución de fondos públicos, sin embargo, ha suscitado y sigue generando controversias por las razones ya expuestas reiteradamente. Más allá de eso, las instituciones valoran los vínculos desarrollados con el Estado en diversos niveles. Varias de ellas


también han aprovechado los espacios de interacción, mediadas o no por fondos públicos, para instalar enfoques, visiones, capacidades de análisis y ópticas democráticas en el ejercicio de la función pública al funcionariado de diversas reparticiones del Estado, ya sea de ministerios, servicios públicos, municipalidades, escuelas, consultorios, agencias especializadas y otros espacios.

La década siguiente, sin embargo, traerá nuevos ajustes y situaciones complejas, pues gran parte de estos espacios se cerrarán, sobre todo cuando el primer gobierno de derecha toma la conducción del Estado. Nuevamente, las instituciones se verán confrontadas a redefinir sus roles y su continuidad.


Capítulo

6

Un cambio de ciclo: Repercusiones en la agenda (2010-2018)

A fines del 2010 se inicia un cambio de ciclo político. Este se caracteriza por una insatisfacción de la situación social y política que cuestiona la legitimidad del progresismo y de la democracia, asociada a un declive de la dinámica de crecimiento global, tanto en Chile como en América Latina. Eso se expresa en un severo cuestionamiento a la legitimidad y representatividad de las instituciones democráticas y los actores políticos. Esto puede ser identificado como el fin de ciclo de una excesivamente prolongada transición a la democracia que se configuró finalmente como una democracia restringida y hegemonizada por grandes poderes económicos con regulaciones insuficientes, la irresolución de problemas estructurales e institucionales que ponen freno a la sustentabilidad y al reconocimiento de derechos, a las inequidades y la desigualdad (ACCIÓN, 2016).


Las insuficientes reformas planteadas por quienes gobernaron entre 1990 y el 2010, mediados por los amarres que dejó la dictadura, el propio proceso de renovación de actores sociales durante la década del 2000 y el agotamiento de los mecanismos de procesamiento de los conflictos sociales y políticos, conduce también en este cambio de ciclo a la emergencia de nuevas y diversas fuerzas sociales que cuestionan y ponen en el tapete, a través de movilizaciones callejeras y un fuerte respaldo ciudadano las desigualdades del modelo neoliberal y los pilares que lo sustentan: el mercado de la educación y la salud, el enriquecimiento de consorcios que genera gran concentración de la riqueza nacional y la pobreza, las consecuencias dramáticas del sistema de AFP, entre otros problemas.

Las movilizaciones ciudadanas demandan mejores respuestas públicas y reformas más profundas en clave de igualdad. El movimiento estudiantil, que se despliega el 2011, no sólo da una pauta sobre el quehacer sino que avanza en la década hasta conformar, con parte sus líderes, nuevas expresiones políticas en Chile, el Frente Amplio, que consigue un avance importante en las pasadas elecciones presidenciales y parlamentarias, que renueva liderazgos políticos y podría proyectar un proceso político favorable para las ONG que defienden derechos y bienes comunes y promueven mecanismos de democracia participativa.

Pero también, el cambio de ciclo revela la expresión de un sector importante de la sociedad que ha venido fortaleciendo el individualismo, sus aspiraciones de progreso e inserción en una corriente que pugna por una mejor calidad de vida, pero que confía aún menos en el Estado o en la democracia como medio para el logro de sus objetivos personales, sino principalmente en las fuerzas propias, situadas en un ambiente favorable al desarrollo del empleo y del mercado

Los gobiernos de esta década dan cuenta de algunas de las tendencias fundamentales del escenario político del país. Primero, la entrega de la banda en forma sucesiva en los cuatro últimos períodos presidenciales


entre Bachelet y Piñera, apoyados por coaliciones distintas a las que se expresaron en sus primeras gestiones, expresan los decantamientos y reacomodos para conquistar mayorías descontentas y desafectadas de las expresiones políticas.

Lo segundo, refiere a la pugna social y política que han representado en sus dos períodos y sucesivamente y que constituyen los dilemas claves de la noción de ciudadanía: reformas políticas, económicas, sociales y culturales, que amplíen los márgenes de la ciudadanía, de los derechos y la democracia y el rol del Estado en los procesos de desarrollo que apela a una mayor igualdad y, la contrarreforma que apunta a la reducción del rol del Estado y la consolidación e incremento del rol del mercado en el campo social, apelando al valor de la diferenciación y la mayor libertad individual.

La elección de Piñera a la presidencia (2010-2014) permite el desplazamiento del control gubernamental a una coalición de derecha después de 20 años de gobiernos concertacionistas. La elección del candidato de la derecha se hizo posible tanto por la fractura entre el bloque de la Concertación y las corrientes progresistas, como por el proceso de desafección política creciente del electorado, que manifiesta en forma silenciosa un conjunto y variados elementos de insatisfacción con la sociedad y desacuerdos con las reformas que Bachelet implementó durante su gobierno, particularmente con las impulsadas en educación.

La sociedad civil organizada en el periodo En el periodo, particularmente desde el 2011, estallan numerosas movilizaciones estudiantiles que demandan educación superior gratuita de calidad y el fin al lucro, generando largas tomas de diversos centros universitarios y educativos. No son movilizaciones improvisadas, venían preparándose desde hace años con manifestaciones previas, fortaleciendo sus demandas, liderazgos y posiciones para sostener argumentos


irrefutables acerca de la verdadera expoliación que significa el mercado de la educación universitaria en el país, y el nivel de endeudamiento que los mecanismos crediticios fiscales intermediados por los bancos representan para los estudiantes y sus familias.

A pesar de reponer una y otra vez multitudinarias manifestaciones callejeras, la reforma a la educación superior, centrada en la demanda de los estudiantes de gratuidad y calidad, articulada con el Consejo de Rectores de las Universidades Públicas (órgano asesor en la materia del Ministerio de Educación), no logra avanzar sino hasta el nuevo período de Bachelet. El debate y la negociación política se sitúan en los temas de la universalidad del derecho y la demanda de parte del sector de derecha por incluir a las universidades privadas -que concentran gran cantidad de estudiantes de menores recursos- en las soluciones sobre gratuidad.

La incidencia del movimiento en la agenda política expresa grandes logros pero no consolidados, pues se conquista el derecho de gratuidad, al menos para el 60% de los estudiantes más vulnerables y fondos basales para las universidades, pero estos se definen por glosa presupuestaria anualmente y no por una ley que los garantice.

El proyecto de ley que garantiza la gratuidad y que la extiende a estudiantes de universidades privadas, establece que estas deben constituirse como entidades sin fines de lucro, fue enviado al Congreso en junio de 2018, pero no alcanzó a ser tratado y no tiene aún fecha de discusión. Esta es un área que requiere seguimiento de la sociedad civil.

No son los únicos. También se expresaron diversas movilizaciones y conflictos por el sistema de pensiones diseñado bajo el criterio de capitalización individual sin mecanismos de solidaridad social, a cuyo alero se está reproduciendo la pobreza del adulto mayor y principalmente de las mujeres. La Coordinadora No Más AFP, que moviliza en el periodo a más de un millón de personas que demandan nuevas instituciones, sin fines de lucro, para el control de sus fondos previsionales, logró convocar varias y masivas movilizaciones callejeras en todo el país,


realizar una consulta a la ciudadanía, influir en la agenda política de los partidos de la ex Nueva Mayoría y del Frente Amplio y lograr la discusión, recién iniciada de un proyecto de ley elaborado por el gobierno de Piñera para una reforma previsional. El proyecto, sin embargo, reafirma a las AFP y propone un incremento del aporte de los empleadores y un mejoramiento de las pensiones insignificante y a largo plazo. Su debate reavivará el conflicto en el próximo periodo, sumándose ya a la demanda de la Coordinadora No Más AFP y por condiciones salariales y derechos de los trabajadores, los funcionarios públicos y la CUT.

Otro campo relevante de acción de la sociedad civil fue la movilización por una Asamblea Constituyente como mecanismo para la elaboración de una Nueva Constitución Política. Esta iniciativa generó un movimiento social de articulación de diversos sectores denominada Poder Social Constituyente, compuesta por diversas organizaciones locales y nacionales, colectivos de base, ONG, entre otros, que venían discutiendo y proponiendo la necesidad de una Asamblea Constituyente. Cabe señalar que la agrupación Marca Tu Voto, de destacada participación en campañas comunicacionales y de trabajo político con parlamentarios, se une a dicha plataforma para bregar en forma articulada por la AC.

El rol de ACCIÓN fue el de convocar en forma abierta a la sociedad chilena y a las organizaciones de la sociedad civil con el ánimo de conformar una representación socio-política que aglutinara el relato ciudadano por demandar una Asamblea Constituyente y poner en la agenda nacional la necesidad de cambiar la constitución elaborada en dictadura. Esta iniciativa se funda en el mandato de la Asamblea de socios del año 2013. Es así como ACCIÓN fue parte de la fundación de dicha plataforma, coordinando las acciones que desde allí se desplegaron, puso a disposición sus equipos técnicos y sus dependencias para liderar junto a otras organizaciones la demanda por la AC. La plataforma Poder Social Constituyente tiene el mérito de lograr unificar democráticamente un espacio ciudadano, con integrantes de características muy diversas. Como una estrategia de


visibilidad, creó y puso a disposición un documento denominado “Manifiesto por la AC” al que adhirieron cientos de personalidades, políticos, parlamentarios, líderes de opinión, académicos, entre otros y organizó la primera y única marcha nacional por la Asamblea Constituyente, realizada el 23 de noviembre de 2014 a la cual asistieron cerca de 10.000 personas solo en Santiago.

EE1 “El movimiento por una nueva Constitución significó para nosotros la oportunidad y la obligación de decir ´bueno, qué país nos imaginamos, qué nueva Constitución queremos y cómo encaja ahí este sector, este sector de la sociedad civil”

Otras demandas y movilizaciones surgieron desde los territorios y desde otros ámbitos de la sociedad para establecer nuevos temas en la agenda política. Alcanzaron gran magnitud el levantamiento de Punta arenas por el alza del precio el gas; el conflicto de Aysén por inversiones hidroeléctricas, Punta de Choros por el conflicto ambiental con el proyecto Minero Portuario Dominga; las movilizaciones mapuches; el movimiento por la diversidad sexual para influir y avanzar en la agenda legislativa por el matrimonio y parentalidad homosexual; el aborto en tres causales que logró aprobarse en el Congreso, aunque aún no se resuelve la disputa por la objeción de conciencia entre profesionales individuales o instituciones de salud que se declaran objetoras y que por lo tanto no prestan los servicios a las mujeres. Además, se expresaron en la calle huelgas de trabajadores del sector público y de numerosos sindicatos.

También el último año afloró de manera sorpresiva el movimiento feminista, de base principalmente estudiantil, cuyas demandas y propuestas, si bien son diversas, se centran en el término de las conductas patriarcales tanto en las relaciones personales, en el espacio público, como al interior de las instituciones y centros de estudio, proponiendo establecer reglas, protocolos y marcos legales que sancionen el acoso sexual, la violencia y otras conductas de poder que agreden la autonomía de las mujeres. El movimiento logra sancionar abusos de poder en algunas universidades, así como


establecer mesas de trabajo para el diseño de protocolos y reglas de convivencia. Logra abrir también nuevas preguntas sobre la cultura patriarcal en diferentes espacios de la sociedad, particularmente la idea y propuesta de una educación no sexista.

Estos movimientos, sin embargo, que se expresan en forma cíclica por conflictos y demandas culturales, valóricas, políticas, institucionales o sobre conflictos territoriales, a pesar de incorporar importantes y amplios sectores de la ciudadanía activa y dado origen a nuevas fuerzas políticas, no han conseguido revertir una posición mayoritaria de desafección política e indiferencia de la población, particularmente respecto a la elección de los gobernantes. Ello se tradujo nuevamente en una alta abstención electoral en la última elección presidencial de 2017. Queda en tabla, ver cómo se resuelve el abordaje de la fragmentación de las demandas y la creación de una alternativa progresista para Chile que pueda disputar una transformación a favor de derechos y de profundización de la democracia.

También hay que destacar como un grave problema de la sociedad la ausencia de políticas públicas ante la creciente migración que está fluyendo hacia el país. Chile tiene escasas condiciones y múltiples problemas para su recepción y oportunidades de inserción. Desde el Estado se expresa tanto una política errática como una cultura segregatoria, racista y clasista que demanda la intervención de la sociedad civil organizada para modificar y acoger de un modo humanitario a los inmigrantes, particularmente a los más pobres. La demanda de programas, las alianzas con instituciones de beneficencia, migrantes y servicios públicos para desarrollar competencias, capacidades y oportunidades de inserción, abre también nuevas oportunidades a la actividad de la sociedad civil organizada.


La Agenda de ACCIÓN

El cambio de ciclo también modifica el eje de la agenda de ACCIÓN, que en esta década prioriza la llamada “agenda larga”. Esta se traduce en un conjunto de acciones, campañas articuladas con otros actores de la ciudadanía activa, y con la finalidad de poner en la escena pública, temáticas que contribuyen a influir en la agenda de reformas democratizadoras, así como desde el ámbito internacional. Ello sin perder de vista el seguimiento de las propuestas de fortalecimiento de la sociedad civil, la sostenibilidad y visibilidad del sector que representa. Bajo el gobierno de Piñera, los ejes de la relación con el Estado se trasladan al campo parlamentario, luego bajo Bachelet se vuelve a sumar al Consejo Ciudadano. Los campos que ocuparon sus energías en la década han sido:

Reducción del ambiente habilitante para las OSC

La elección de Piñera en 2010, estrechó notablemente los espacios para la participación de las ONG en la ejecución de políticas públicas, poniendo nuevamente en riesgo la sostenibilidad de las ONG, que vivían un proceso de fragilización desde la década de los 90. La paralización de los fondos públicos y la no adjudicación de proyectos para continuar con sus labores, implicó que muchas de los organismos -se estima que alrededor de quince-, que acumulaban valiosas experiencias, entre 2010 y 2012, tomaran la opción de cerrar sus puerta de modo silencioso, mientras otras ingresaron en un estado de latencia; es decir, conservando sus articulaciones y núcleos fundamentales pero activándose solo cuando hay oportunidades para un quehacer o proyectos adjudicados. Esta dinámica ya venía desde antes, de modo más lento, pero en este periodo se profundiza, toda vez que sus profesionales deciden no ingresar a una reconversión más profunda de su misión, agenda y expertizaje.


Un entrevistado dice:

EE7: “Teníamos un activo de una docena que estaban en todo, y una treintena que ya es casi el 50 por ciento que participaban, que venían, pero no era sencillo porque todas las organizaciones estaban viviendo un periodo complicado, disminución de personal (…) incluso las organizaciones que yo te mencioné, por ejemplo las de infancia que son las que ya son órganos auxiliares del Estado permanentes, tuvieron restricciones tremendas, tuvieron que bajar la cantidad de personal, los recursos, los programas. Entonces yo diría que fue un periodo complejo”.

En la fragilización también influye la fractura de redes, relaciones de confianza y de interlocución, que las ONG pacientemente habían venido construyendo en procesos de larga data con agentes de instituciones públicas, particularmente del Estado central o de servicios públicos, los que habían facilitado, en algunos casos, reiterados procesos de trabajo conjunto, en diagnósticos, formación, intervenciones territoriales o regionales, formando parte de la estructura de oportunidades para la sostenibilidad de las instituciones. Esto afecta a todo tipo de ONG, ya sea por el cierre de las posibilidades de reconocimiento, diálogo y valoración desde las nuevas direcciones de los servicios o porque algunos directivos serán expulsados del Estado, particularmente algunos que venían desarrollando procesos de innovación social con enfoques democráticos (TerritorioChile, 2009, 2011).

El debate interno sobre los procesos de reconversión y sus límites ha sido duro en la plataforma. Hay distintas opciones que han tomado diversas ONG, particularmente las que no conservaron mecanismos de cooperación internacional, que van desde la lógica de prestar servicios al mundo empresarial, unirse a nuevas redes, profundizar la contratación de servicios del Estado, cambiar el foco de su quehacer o ser infraestructura cívica de movimientos sociales, todos aspectos que ameritan un capítulo que rebasa los límites de esta investigación, pero que sin duda cuestiona a la política y los gobiernos, e interroga a los actores concernidos sobre su


incidencia, las alianzas, la eficacia de la red, etc. Pero también interroga sobre la renovación institucional para hacerse cargo de las nuevas dinámicas en la sociedad.

ACCIÓN mantiene hoy 53 ONG socias, lo que no es menor dadas las dificultades que ha encontrado para potenciar su desarrollo e incidir políticamente frente al Estado y de cara a la ciudadanía. Sin embargo, la fragilización de las instituciones socias plantea mayores complejidades en la afiliación a la plataforma y en el quehacer colectivo. Ello genera un escenario más crítico para su incidencia, que no puede dejar de debatirse en el marco de una estrategia de fortalecimiento futuro. Por ejemplo, está pendiente una modificación de sus estatutos que permita el ingreso de redes de la sociedad civil o para redefinir los requisitos para la afiliación en general. Ello requiere ser explorado, pues la plataforma acumula una historia, una práctica y un conocimiento extremadamente valioso para la sociedad chilena.

Articulación de redes para la ejecución de proyectos

El escenario que dejó del terremoto que sufrió Chile en el 2010, facilitó la posibilidad de experimentar un piloto para ejecutar un proyecto desde la plataforma con financiamiento de la CEE. Esta priorizó el financiamiento de plataformas y no de ONG individuales. El proyecto consideraba el seguimiento y monitoreo del proceso de reconstrucción en diversas regiones del país, incorporando temas sociales, ambientales, además de un componente de transparencia en la inversión. Esto permite articular una red de instituciones para su ejecución, experimentando sus implicancias y modos de administración. Se incorporaron diez instituciones asociadas, a las cuales se asignaron recursos. No es el primero que se ejecuta con ese espíritu. En la década de los 2000, se había propuesto algo similar por iniciativa de dos ONG con el proyecto Genera, orientado a crear campañas de activación del poder ciudadano. Lo que aporta esta iniciativa de monitoreo de la reconstrucción en el plano


interno, es un conjunto de aprendizajes acerca de la forma de trabajar consorciadamente, de la cual, sin embargo, no aparecen sistematizadas su lecciones. Y luego no existe una segunda oportunidad de configurarlas, precisamente por la restricción definida por los socios. Estos definen que ACCIÓN como plataforma no puede competir con las instituciones ni asumir roles directos en la conducción de proyectos de intervención que no sean de estricta y amplia incidencia sociopolítica. A lo más, su rol debiera ser el de crear el ambiente para que ONG consorciadas puedan ejecutar y conducir los proyectos en el marco de su figura jurídica. Respecto de ello, es necesario aún normar ese tipo de prácticas, avanzando en reglamentaciones internas. Esta iniciativa, sin embargo, abrió la puerta para nuevas relaciones de cooperación con la CEE, pero en forma asociativa con las plataformas de las otras corrientes de ONG existentes en el país. Un aspecto sin duda a reflexionar. Uno de los entrevistados dice:

EE7: “No era fácil, organizamos muchos encuentros, tratamos de constituir incluso encuentros en regiones, abrirnos a regiones, estábamos muy concentrados en Santiago. Esa es una reflexión importante (…). Las organizaciones de regiones son pequeñas”.

Marcos regulatorios para las organizaciones de la sociedad civil

Una de las cuestiones complejas que introduce el cambio de gobierno para las ONG y la agenda de ACCIÓN, se relaciona con los aspectos que han quedado pendientes en la discusión parlamentaria en la fase previa y con el proceso de incidencia que ha tratado de formular a la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública.

La ley finalmente reconoce el derecho de asociación, norma la generación de un sistema de registro de los diversos tipos de asociaciones y las dota de personalidad jurídica. Establece requisitos para constituirse como organización de interés público y define el


voluntariado social, además de un fondo de fortalecimiento de las organizaciones de interés público, configurado con aportes del Estado, donaciones y cooperación internacional. Establece un Consejo Nacional y Consejos Regionales para la distribución de recursos en forma anual, definiendo su composición, roles y mecanismos de designación. Se contemplan seis representantes de las organizaciones de interés público y cuatro ministerios claves del Estado. La gestión del fondo recae en el Ministerio Secretaría General de Gobierno49. Además regula en número, funciones y roles en la constitución de Consejos de Organizaciones de la Sociedad Civil, con carácter consultivo en las instituciones públicas, ministerios, servicios públicos y municipalidades.

Es una ley que, ya en su contenido, reduce notablemente las propuestas y los tres propósitos centrales planteados para la creación de los Consejos de Fortalecimiento de la Sociedad Civil y la participación ciudadana: el deber del Estado de promover el fortalecimiento de la sociedad civil; fortalecer la democracia acercando a las personas a las decisiones de los órganos de administración del Estado y el involucramiento ciudadano en el desarrollo político, económico, social y cultural, así como de su incidencia en el ciclo de las políticas públicas.

Tanto la aprobación final, como las reglamentaciones y aplicación quedan en manos del nuevo gobierno. Con ello, aunque ya no existían condiciones para influir en su diseño, se cierra la aspiración de que ésta hubiese contemplado nociones y mecanismos más robustos de participación y del Fondo. Además de líneas potenciales de fortalecimiento de la sociedad civil. Pese a que desde ACCIÓN se busca luego participar e impulsar los Consejos de Organizaciones de la Sociedad Civil en algunos ministerios que les convocaron a participar, en realidad no existió interés real de las autoridades de ponerlos en marcha.

49 Decreto Nº1, Ministerio Secretaría General de Gobierno, 14 de enero de 2016.


Luego, desde otros espacios, se ha hecho un seguimiento a la aplicación de la ley en las municipalidades y otras instituciones, constatando la desactivación del periodo, o su uso en exceso instrumentalizado, salvo en lugares donde ésta ha sido impulsada en alianzas con actores de la sociedad civil. Las propuestas de reformas a este instrumento surgieron más tarde, bajo el gobierno de Bachelet, como iniciativa del Consejo Nacional de Participación Ciudadana, creado en su segundo período gubernamental, pero volverá, probablemente a quedar en suspenso bajo la administración de Piñera, reelegido para un segundo periodo en la presidencia (2018-2022).

El debate al interior del directorio de ACCIÓN en el periodo del presidente Piñera, se relacionó con la necesidad de su seguimiento, pensando en proponer nuevas reformas hacia futuro a partir de la visión crítica sobre su operación. ACCIÓN inicia su participación en la Mesa de seguimiento de la Ley 20.500 bajo Bachelet, y también es parte del Consejo de Participación Ciudadana que definió propuestas de reformulación de la ley, apuntando hacia nociones y mecanismos más sustantivos de participación y democracia.

Otro debate importantes fue la no aplicación de dicha ley, tanto durante el período de Piñera como el de Bachelet, pero sobre todo si ello ameritaba un esfuerzo de exigencia de su cumplimiento. Para esta ley no hubo definiciones de metas ministeriales ni incentivos a su aplicación, que se adoptan dentro de la administración para las prioridades gubernamentales acoplándose con la racionalidad instrumental de los funcionarios públicos. Además hay un muy bajo interés de la ciudadanía, sobre todo en el nivel local, por participar de un espacio que se convoca una o dos veces en el año, con nulas atribuciones para la incidencia y, además, en conflicto con los Concejos Municipales, que perciben como competencia política a estas instancias.

Sin embargo, con el resultado de la última elección y el cambio de gobierno, algunas organizaciones de la sociedad civil buscaron reactivar los espacios y constituir los Consejos Consultivos, instrumentalizando


a actores considerados alternativos pero de confianza, tras la finalidad de evitar que se produzca el retroceso de políticas generadas en la administración anterior.

EE9: “¿Qué ocurrió? Que a finales del gobierno de Bachelet, digamos como la última semana de febrero, empezaron a constituir los Consejos de la Sociedad Civil (…) nos empezaron a invitar a las ONG (…) Por ejemplo el de la SUBDERE, el de la Secretaría General de Gobierno, que era como el comité más grueso y ahí yo fui (…) pero era una vergüenza, o sea me están llamando, nos pudieron llamar durante cuatro años y no nos llamaron (…), del Sernam nos invitaron la última semana”.

Mecanismo de financiamiento para las Organizaciones de la Sociedad Civil

El Fondo de Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público (FOIP)50 fue aprobado el 2011 con la Ley 20.500, a pesar de que ya venía funcionando desde el periodo de Lagos. ACCIÓN51 realizó un estudio acerca de su funcionamiento. Su presupuesto pasó de M$ 630 el año 2003 a M$1.334,63 el año 2015, experimentando un crecimiento de poco más de un 100 por ciento. Pero los recursos han fluctuado anualmente, variando negativamente entre 2005 y 2011, año que experimentó una reducción de -8,19 por ciento.

Los montos a los que pueden postular los proyectos están limitados a $10 millones para los de alcance nacional, y $4 millones para los

50 Es un componente de la Ley 20.500, pero funciona desde el año 2003 con el gobierno de Lagos y financiamiento del BID, bajo el nombre de Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público, hasta el año 2011, año de aprobación de la Ley 20.500. 51 El estudio se realiza en el marco del proyecto “Mecanismos Innovadores de Sustentabilidad para garantizar la actoría social de la sociedad civil” (CEE) y luego del proyecto “Bases legislativas para un proyecto de mejoramiento de fondos públicos (Fundación Ford).


de alcance local. No está definido operacionalmente qué implica la noción de interés público y de fortalecimiento de la sociedad civil para los procesos de selección y evaluación de proyectos, ya que el espectro de organizaciones con dicha calificación jurídica es muy amplio. Las iniciativas financiadas no difieren de las de otros fondos sociales, como los que operan en el Ministerio de Desarrollo Social, que son más robustos. Respecto de los beneficiarios de estos recursos, priman los criterios de la División de Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que centra sus objetivos de trabajo en las organizaciones territoriales y funcionales, aun cuando para la postulación de las ONG, sus recursos limitados parecen no resultar atractivos. En 2017, se adjudicaron poco más de 70 proyectos, con montos que fluctúan entre $1.500 y 4.000 millones, de los cuales solo cuatro iniciativas provenían de ONG. En 2018, al cierre del concurso, las postulaciones habían aumentado en un 93 por ciento en el país y en un 225 por ciento en la Región Metropolitana (SEGEGOB, 2018).

Ya en el 2015, con nuevas autoridades en el gobierno de Bachelet, se reponen algunos espacios de diálogo para resituar estos temas en algunas instancias legislativas. Entre ellas, en la Mesa de Participación Ciudadana en el Senado, la Mesa sobre la Ley 20.500 y con autoridades ministeriales relacionadas.

ACCIÓN sugiere, en 2015, una serie de ajustes a los fondos, una política de operacionalización que dé cuenta de los propósitos que el fondo declara, toda vez que uno de los temas que surgen es que “tanto desde la sociedad, como desde las instituciones públicas, particularmente a nivel municipal, la figura jurídica de Organización de Interés Público, está siendo profusamente instrumentalizada, particularmente desde los espacios locales” (EE10). Además, el estudio sobre los fondos públicos formula una serie de propuestas.

El estudio de ACCIÓN señala que, como práctica histórica, existen una serie de transferencias y subvenciones a actores particulares que se han


ejecutado a lo largo de la historia, pero el problema en Chile es la desigual distribución, ya que no se hacen las distinciones entre los tipos de OSC y los criterios y modalidades de operación que imponen. Este aspecto es clave para agendas futuras. Viveros (2015) llama al conflicto el “entorno de fronteras”, donde el Estado ha delegado la ejecución de programas sociales de diversa naturaleza y alcance a las OSC, y existe una demanda de autonomía reclamada por este tipo de actores, lo que hace previsible un malestar y choque de intereses entre ambos.

Para ACCIÓN, las propuestas futuras -y de agenda larga- debieran moverse alrededor de la idea de promover la definición de fondos basales para las ONG, lo que ha denominado “financiamiento para la democracia”, en forma similar al tipo de instrumentos que se dan en América del Norte o en otros espacios internacionales de los cuales se pueden recoger experiencias. El fundamento radica en que el financiamiento no debe reducirse solo al campo de la política partidaria o de campañas electorales. Se requiere concebir que la democracia, en tanto valor para la ciudadanía, implica el financiamiento del conjunto de los actores que la componen y en este panorama se incluye a las Organizaciones de la Sociedad Civil. “El financiamiento a las OSC debe privilegiar el aporte basal a un conjunto de instituciones que contribuye a la provisión de bienes públicos, por sobre el financiamiento de actividades eventuales o proyectos de corta duración, de modo que se asegure su sostenibilidad elemental. Para ello podría estructurarse un modelo de subsidio, acompañado de requisitos de acceso y un sistema eficiente de pago, fiscalización y sanción” (Ramis, A.).52

La discusión a recoger al respecto, es cómo se resuelve la legitimidad y su viabilidad. En Chile, las universidades han planteado los fondos basales, pero bajo un estatuto jurídico propio, como instituciones del Estado y sometidas a sus reglas de control y transparencia. También existen fondos basales en instituciones en las cuales hay interés por el fomento a determinadas acciones, como el caso de PRODEMU o las Orquestas Juveniles, por ejemplo.

52 Ramis, A. “Diagnóstico, mapeo y sistematización de mecanismos públicos de financiamiento hacia las O.S.C. en Chile”. 2015, disponible en www.accionag.cl/recursos.


Para ACCIÓN es posible explorar estos fondos para procesos de innovación social, destinados a instituciones legítimas por su trayectoria y roles, como ocurre en países europeos (Inglaterra, por ejemplo). Ello supone construir “sistemas de apoyo diferenciado, no discrecionales, transparentes, abiertos, dotados de temáticas y lógicas de experimentación e innovación en políticas pública, debería ser posible” (EE1). Para este líder, la legitimidad se construye por la acción y sus vínculos con temas, actores, o sectores afectados o vulnerados en derechos y en territorios concretos.

Otro mecanismo necesario sería la instalación y mejoramiento del diseño de los Fondos Mixtos, que reunifiquen parte de los diversos recursos disponibles, definiéndoles áreas de quehacer y categorías concretas y que estos respondan a diseños híbridos. Eso implicaría diversificar las fuentes de financiamiento, definir el fortalecimiento de las OSC comopolítica explícita, precisar la noción de interés público, regular los incentivos tributarios de manera que estos operen desde una noción democrática y universalista, de redistribución y acceso universal de las OSC, a la par de fortalecer las estructuras y mecanismos institucionales de su administración (Viveros, op.cit). Por el momento, a las propuestas hay que construirles viabilidad desde alianzas políticas y sociales, para que ingresen en la agenda programática de las fuerzas que disputarán las elecciones el 2022. Sobre todo con la actual y creciente expansión de instituciones de la sociedad civil.

Otros entrevistados enfatizan que hoy “sería necesario poner el foco, desde un punto de vista concreto, en retomar desde ya la agenda de reformulación de la Ley 20.500, a partir de las propuestas que generó el Consejo de Participación Ciudadana, instalándola en diversos actores institucionales de la sociedad civil, con la que comparten intereses comunes. Este aspecto debiera ser un elemento de la agenda inmediata de ACCIÓN” EE10.


ACCIÓN y su rol sociopolítico

El 2011 se pone en marcha la campaña “La ciudadanía en Acción”. Esta tiene como trasfondo fortalecer a ACCIÓN como actor político, avanzar en la producción de ideas, construir una base social en articulación con diversos actores e instalar y visibilizar su agenda. El eje de estas actividades fueron la constitución de la Mesa Social, el debate para una nueva democracia y una nueva Constitución.

Desde el 2010, se venían realizando mayores esfuerzos por integrar a ACCIÓN a procesos de articulación de otras organizaciones y movimientos sociales, en principio unidos por nexos partidarios entre ellos y con dirigentes de ACCIÓN, con la finalidad de contar con una voz pública alrededor de diversos temas nacionales y de generar espacios de debate más colectivos sobre algunos temas clave. También ello refleja una estrategia empleada por los líderes sociales, pero que luego deja de tener relevancia en las alianzas del sector con otros actores.

EE7: “ACCIÓN se suma a la Mesa de Apoyo al Movimiento Estudiantil, que reunía a diversas organizaciones. Por lo mismo, allí se diversifica la agenda y pasa a ser una Mesa Social. Esta funcionó todo el periodo de Piñera y luego se debilitó porque, nuevamente, con el cambio de gobierno se abrieron otros espacios de diálogo con instancias de gobierno, (…) empezaron a salir los proyectos, qué se yo (…) pero hicimos una especie de foro social también (…) distintas mesas de trabajo, salieron propuestas de los distintos sectores, el tema laboral, las comunicaciones, la democracia y la participación. Entonces, por decirlo así, fuimos construyendo plataformas. Yo iba como presidente de ACCIÓN. Y después por ejemplo en este foro, los que lideraron la cabeza de algunas mesas fue nuestra gente, las que tenían que ver con territorio, era la gente de SUR y otros más, las comunicaciones era La Morada, la que estaba por el tema de la radio, que estuvieron a la cabeza de ese espacio de discusión. Entonces, yo diría que jugamos un rol importante en tratar de construir también esta idea de plataforma”.


De hecho, en el período 2010-2012 se publican diversas columnas de opinión y se desarrollan varios foros y seminarios sobre la noción de democracia, las limitaciones institucionales de la participación, el valor de los bienes comunes, así como en temáticas específicas sobre trabajo, desarrollo y territorio, actividades que se realizan en conjunto con otros actores, sindicales, estudiantiles y otros, que apoyaron actividades de la plataforma y que a la vez se apoyaron mutuamente. A fines de la década del 2000 había surgido la idea de sumarse a contribuir en la conformación de un bloque de incidencia legislativa por los cambios constitucionales, que en el 2013, se vuelve un asunto central de la plataforma.

El gobierno de Bachelet no zanjó el proceso constitucional comprometido en su campaña presidencial, mucho menos avanzó en identificar el mecanismo a emplear; solo terminó realizando en su último año una consulta ciudadana, a través de la cual se convocó a la ciudadanía a que debatiera sobre el contenido de una nueva Carta Constitucional. Frente a este proceso, ACCIÓN planteó una opinión crítica, advirtiendo que se trataba de un proceso inconducente: “ACCIÓN cree que el gobierno de Chile en general y, el Consejo Ciudadano de Observadores en particular, debieran otorgar mayor claridad, transparencia y certeza a la ciudadanía respecto del llamado a participar del Proceso Constituyente”.53 Junto a lo anterior, ACCIÓN sostiene que la puesta en marcha de dicha consulta denota opacidad respecto del “punto de llegada, ya que no es condición suficiente de transparencia un proceso que desatiende su fase final”. Asimismo, la consulta ciudadana gubernamental, entre otras deficiencias, no integró la temática del mecanismo de cambio constitucional ante lo cual ACCIÓN declaró que “es sumamente importante entablar la discusión respecto de la arquitectura institucional sobre la distribución y organización del poder. En ese sentido, quisiéramos destacar que la omisión de la opinión ciudadana respecto a los mecanismos institucionales de participación ciudadana

53 ACCIÓN: Comentarios a Metodología Participativa para la Consulta Ciudadana sobre Nueva Constitución. (SEGPRES), marzo 2016.


que podrían tener status constitucional, debilita el debate respecto de la organización del poder efectivo”54.

En ese marco político, ACCIÓN implementó el proyecto denominado “Nueva Constitución: la ciudadanía decide”, que permitió el diseño de una metodología propia para la discusión constitucional. El proyecto fue realizado con organizaciones territoriales y comunitarias en las comunas de Cerro Navia, Peñalolén y La Florida. El resultado fue el diseño de una propuesta metodológica que permitió levantar una serie de contenidos constitucionales desde los territorios organizados55.

Pese a muchos esfuerzos, la tarea de desarmar la ilegítima Constitución de Pinochet, cuyas herencias afectan el campo de los derechos humanos y a la esencia de la democracia, queda como una gran tarea pendiente para la sociedad civil organizada y para la ciudadanía en general.

La ocupación en este tema busca poner a disposición de las bases asociadas y de la sociedad civil un estudio comparado acerca del procesamiento de demandas de participación y deliberación en los procesos de cambio constitucional56. Ello, tras el objetivo de reforzar la noción de que “la legitimidad constitucional se incrementa con el aumento del grado de participación de actores amplios, diversos y populares, lo cual a la vez, reduce el predominio de intereses privados en la resolución de la política, produciendo mayor estabilidad, mejor capacidad para resolver conflictos y profundizando la democracia”

54 ídem.55 Para conocer la sistematización de la experiencia ver “Diseño metodológico para debatir Propuestas ciudadanas para una Nueva Constitución: Hacia una democracia participativa”. 10 de julio de 2016. Disponible en http://accionag.cl/wp-content/uploads/2016/06/Libro-final-diseno-Metodologico-para-debatir-propuestas-ciudadanas-para-una-nueva-Constitucion.pdf56 Soto, F. (2016) Mecanismos participativos en procesos de cambio constitucional. perspectiva comparada. En http://www.accionag.cl/recursos


(Soto, 2016). Además de la complejidad y variedad de formas que ello ha tomado en América Latina y de que algunos de los mecanismos utilizados ni siquiera se pueden asociar a procesos participativos57.

EE7: “Si, lo discutimos, y trabajamos esas cuestiones, y las propusimos dentro del movimiento por una nueva Constitución. Y después incluso previo a la asunción de Michelle Bachelet (…) en su campaña se llamó a mesas de trabajo, consulta, y nosotros concurrimos ahí a entregar nuestras propuestas (…) Lo entregamos al equipo que estaba trabajando, (…) al comando de Michelle Bachelet, y particularmente a otros candidatos”.

EE1: “Obviamente levantamos esta idea de que el desarrollo de la sociedad civil debe estar contenido en una Constitución como un estamento de interés general, por tanto se requiere los recursos y apoyos, tal como ocurre en países de la Unión Europea. Pero aparte de eso queremos un sistema democrático y un sistema participativo muy fuerte (…) tiene que estar contemplada la iniciativa popular de la ley, los plebiscitos, (…) un sistema de revocación de cargos, sistema de control y transparencia. Desarrollamos esa idea”.

ACCIÓN y su vínculo con la sociedad civil global

Durante el periodo, la actividad internacional de ACCIÓN se intensifica, al tiempo que repercute en la agenda que despliega en el país. Esto se

57 Estas acciones se apoyan en el proyecto piloto sobre proceso constituyente, financiado por el Centro internacional para leyes sin fines de lucro (ICNL).


ha apoyado en dos aspectos: ACCIÓN asume la Secretaría Técnica de la Mesa de Coordinación Latinoamericana, lo que implica una mayor responsabilidad en el desarrollo de las iniciativas, pero también mayores recursos para el financiamiento de actividades locales. Con la Unión Europea se hace parte del Foro Político para el Desarrollo y del Consejo Chileno para la Cooperación, el Desarrollo y el Diálogo Birregional (Chile-Unión Europea).

También está en el Foro Internacional de Plataformas Nacionales (FORUS), que sigue constituyendo una de las principales alianzas a nivel global. Esta plataforma fue creada oficialmente en 2008, sus miembros provienen de casi 70 países y representa a más de 22.000 ONG de todo el mundo.

Esta plataforma realizó en Chile el Encuentro Mundial de ONG en el marco de su “semana estratégica”, con la colaboración directa de ACCIÓN58. Ello corresponde a un espacio de planificación de su agenda y quehacer hasta el 2022. Su propósito es colocar en la agenda global el debate sobre el desarrollo sostenible, la cooperación internacional, los derechos humanos, el cambio climático, los derechos de las mujeres, migrantes, y pueblos indígenas, entre otros. Para esto promueve las alianzas con diversas coaliciones de ONG a nivel continental y regional, entre ellas la Mesa de Articulación de América Latina y el Caribe, CONCORD de Europa, la Alianza por el Desarrollo de Asia, ADA, REAPAOC y REPONGAC de África, PIANGO del Pacífico Sur y ANND, Red Árabe de ONG para el Desarrollo.

Uno de los asuntos centrales del encuentro se relacionó con el tema de ambientes habilitantes para el desarrollo de la sociedad civil. Para recoger la voz de sus socios y de actores de la sociedad civil, se

58 Evento realizado en CEPAL el 7 de septiembre de 2018. http://accionag.cl/noticia/aprendizajes-y-temas-de-trabajo-a-nivel-internacional-que-instalo-el-encuentro-mundial-de-ong-en-chile/


han desarrollado dos coloquios en el marco del Foro de Diplomacia Ciudadana, que ya acumula cuatro ciclos anuales. Chile dejara este 2018 la presidencia de FORUS, lo que planteará un desafío para seguir participando de manera protagónica en ese tipo de acciones internacionales. Sin embargo, su aprendizaje y la agenda sobre la cual ya existe un dominio sustantivo, permitirá desplegar nuevas iniciativas.

A nivel general, un aspecto imprescindible de discutir es la necesidad de insistir y reponer con fuerza la importancia de los espacios, acuerdos, convenios y mandatos internacionales que se orientan a impulsar el desarrollo sustentable, el reconocimiento de derechos, fomentar la paz y resolver conflictos. Hoy la alianza de la derecha con poderes hegemónicos de la globalización, están poniendo en cuestión este tipo de instrumentos, así como los estudios o el seguimiento de su cumplimiento en los países firmantes, argumentando su desactualización. La sociedad civil organizada en pos de dichos objetivos requiere fortalecer su alianza con la comunidad internacional que promueve este horizonte.

En la región esto se expresa de manera creciente con el deterioro de las alianzas construidas en la década pasada. Quedó en evidencia con el retiro de Colombia de UNASUR y el anuncio de otros países de adoptar decisiones similares, con el pretexto de la falta de democracia y crisis en Venezuela. En general, se ha observado el deterioro y virtual desaparición de MERCOSUR y la pérdida de importancia de las cumbres sociales. Aquello que parecía promisorio para avanzar en la agenda de integración, hoy parece estar en un punto muerto.

EE3: “Vino toda una des-constitución del andamiaje e integración latinoamericana, una des-constitución también o un empantanamiento de la relación con la Unión Europea. La SEGIB (Secretaría General iberoamericana-España) tampoco logró renovar propuestas porque también quedó entrampada en la dinámica española. Yo creo que ha habido


ahí una serie de elementos que hicieron que todo ese proceso de las cumbres en general no avanzara. Y eso refleja en que los procesos de integración latinoamericano se trabaron, y los procesos de relación Latinoamérica con Europa también quedaron congelados”.

El Cuarto Congreso de ACCIÓN

El Cuarto Congreso de Acción que se desarrolla el 2016 (ACCIÓN, 2016a), buscó revalidar y reconstruir una visión actualizada sobre la sociedad, luego de un tránsito de más de dos décadas. Su reflexión se orientó por los desafíos de sociedad y los límites que encuentran una sociedad civil fragmentada y dispersa para la necesaria construcción de un proyecto común que genere cambios progresistas. Los participantes debaten variados temas nacionales que quedaron consignados en una Declaración Pública, que incluye las orientaciones centrales de la plataforma y de sus socios. Esta destaca los siguientes aspectos:

• Su compromiso con la identidad y el quehacer de las OSC latinoamericanas y caribeña, del sur global, que pugnan por fortalecer el multilateralismo, por la participación en la agenda de desarrollo sostenible; la necesidad de promover el fortalecimiento de las ONG y su incidencia en la construcción de un país más justo y democrático que incorpore la participación activa y vinculante de la sociedad civil en los asuntos públicos.

• Una lectura crítica de los instrumentos de participación ciudadana y renueva el compromiso por su modificación, a fin de incorporar diversos mecanismos de democracia directa con carácter vinculante.

• La necesidad de trabajar por la modificación de la Carta Constitucional, pilar fundamental de la regulación de la democracia y del modelo de desarrollo.


• Continuar siendo un actor crítico y propositivo, reafirmando el rol político que ha buscado cumplir desde su fundación.

Un segundo tema giró en torno a la relación de la plataforma con las ONG socias. El diagnóstico de 2015 daba cuenta del funcionamiento discontinuo de los socios y de la percepción de estos acerca de que “la Asociación no estaría atendiendo suficientemente a las inquietudes de los socios”, dada la difícil situación de sostenibilidad e inquietudes y problemáticas particulares (ACCIÓN, 2016a:19). La reflexión da cuenta de la capacidad y madurez construida para procesar los potenciales conflictos que afectan la actividad de la plataforma. En el Congreso se establece un Mandato a la Asociación para establecer espacios motivantes que permitan aunar visiones, establecer nuevas alianzas estratégicas; apoyar el desarrollo de capacidades institucionales y de los socios, así como un conjunto de propuestas de fortalecimiento interno.

El tercer ámbito de debate incluyó los ejes del Plan Estratégico 2016-2020 de la plataforma y sus componentes en el nuevo escenario. Los objetivos estratégicos incluyeron cinco dimensiones de trabajo. La mayor parte de ellos responde a la idea de posicionamiento y visibilización de la plataforma y el fortalecimiento de sus capacidades de gestión técnica y política, tanto de los socios como de ACCIÓN. Ello refleja una necesaria atención sobre la internalización del trabajo y el que ACCIÓN pueda efectivamente difundir para constituirse en un referente más visible que permita a la vez a los socios destacar su actividad propia, ganar en legitimidad y sostenibilidad.

El Consejo de Participación Ciudadana y las propuestas de las OSC

En enero de 2016, se conformó el Consejo Asesor Presidencial de Participación Ciudadana convocado por la presidenta Bachelet, con la finalidad de “conducir un amplio debate nacional sobre la materia


y desarrollar una propuesta de modificaciones a la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, así como elaborar y difundir un informe destinado a promover el derecho a la participación, que incluya buenas prácticas y estándares en materia de participación ciudadana y los cuales serán la base para la elaboración de un Índice de Participación Ciudadana”. (Informe de Participación Ciudadana, 2017)

El Consejo estuvo conformado por 22 personas de reconocida trayectoria en el laberinto de la sociedad civil organizada59. El trabajo realizado se puede sintetizar en la realización de sesiones del trabajo internas, audiencias públicas con representantes de ministerios y servicios públicos, y audiencias ciudadanas a más de 50 organizaciones en Santiago y reuniones regionales con dirigentes sociales.60 Las principales propuestas de dicho Consejo fueron entregadas en enero de 2017 y se pueden sintetizar en lo siguiente:

• Garantía del derecho a la participación en una Nueva Constitución Política del Estado y creación de instituciones de democracia directa.

• Reformas a cuerpos legales, especialmente la Ley 20.500 (también propone modificar la Ley 19.418)

• Medidas inmediatas, que no requerían reformas legales y podían ser adelantadas por el gobierno en los quince meses que le restaban. Entre otras, certificado de donación simple, electrónico y anual (en el caso de las donaciones mensuales), no aplicar el

59 Gonzalo Delamaza E., Carlos Bravo C., Ma. Carolina Carrera F., Pablo Collada Ch., Ezio Costa C., Vasili Deliyanis S., Francisco Estévez V., Marcela Guillibrand D., Beatriz Haide H., Alejandro Jiménez M., Karem Jorquera A., Francisco Letelier T., Hugo Marín R., Verónica Monroy H., Leonardo Moreno N., Enrique Norambuena A., Daniel Oyarzún V., Roberto Peralta M., Alejandro Salinas S., Miriam Talavera I., Francis Valverde M., Rosa Vergara D.60 Se realizaron 18 encuentros de diálogo participativo con más de mil dirigentes sociales de organizaciones territoriales.


cobro de contribuciones a hogares que atienden a personas de alta vulnerabilidad, donaciones en especie (establecer como regla general para todo tipo de bienes corporales e incorporales los criterios sobre el banco de alimentos), entre otras.

El informe elaborado por el Consejo establece una hoja de ruta clara, tanto para la ciudadanía como para las instituciones públicas - si bien el paso de la administración Bachelet a la administración Piñera ha diluido el impulso logrado en 2017 con el lanzamiento del informe. De acuerdo a Delamaza, “para la administración anterior el tema no fue prioridad política y no lo es tampoco del gobierno de Piñera (aunque hay cierto interés de parte de SEGEGOB)” (Delamaza, 2018)61.

Por su lado, la sociedad civil ha seguido el proceso de reflexión y de coordinación sobre esta temática. En este contexto, ACCIÓN ha promovido desde mediados de 2017 - en el marco del proyecto ASOCIA 2030- la creación de una plataforma transversal de sociedad civil (que incluye a muchos de los antiguos miembros del Consejo Nacional para la Participación Ciudadana, pero amplía también a otras organizaciones que no se habían involucrado hasta ahora), para continuar el debate sobre una agenda integral de participación basada en las recomendaciones contenidas en el informe del Consejo, con énfasis en tres ejes: a nivel orgánico, en la reforma de la ley 20.500 (en particular en materia de fortalecimiento de los Consejos de Sociedad Civil) y la creación de una nueva institucionalidad sobre participación (subsecretaría, Instituto Nacional de Participación Ciudadana), y a nivel constitucional en el reconocimiento del derecho a la participación, además del establecimiento de mecanismos de democracia directa. El tercer eje corresponde a la necesaria construcción de capacidades, tanto al interior de la sociedad civil como de la administración pública en materia de participación ciudadana.

61 Talleres Regionales de Socialización, Debate y Retroalimentación de las Propuestas de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, proyecto Asocia2030, 2018.


Agenda 2030: Capacidades y seguimiento desde la sociedad civil

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se define en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, realizada en Nueva York en 2015. Constituye un plan que debiera guiar -durante los próximos quince años- la atención a los problemas globales y que velará por compromisos adoptados por los 193 Estados miembros, incluido Chile. Bachelet firmó el compromiso de hacer avanzar dicho instrumento en el marco nacional.

La Agenda contempla 17 objetivos, y desde el 2015 comienza su proceso de instalación, conocimiento, apropiación y voluntades en las instituciones para el cumplimiento de sus objetivos. Organizaciones de la sociedad civil, con apoyo de la Unión Europea, han generado iniciativas para realizar su seguimiento y contribuir desde la base a la apropiación de los objetivos de la agenda, estableciendo caminos para su aplicación desde los territorios, ámbito no contemplado en el quehacer gubernamental.

Para esto, ACCIÓN diseña e implementa una serie de iniciativas con el objetivo de dar seguimiento e incidir en el proceso de implementación de la Agenda - tanto a nivel nacional como regional y global. A nivel regional, ACCIÓN - a través de su rol de secretaría técnica de la coalición de asociaciones y redes de ONG latinoamericana, la MESA de Articulación- ha desplegado actividades tanto de desarrollo de capacidades y como de incidencia en el marco del proceso regional de implementación de la Agenda. Desde 2017, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL ha impulsado la creación de un espacio inédito en el escenario multilateral latinoamericano, el Foro de los países de ALC sobre Desarrollo Sostenible - dentro del cual ACCIÓN y la MESA de Articulación han buscado incrementar la calidad participativa del proceso de seguimiento y revisión de la Agenda, en coordinación con representantes de diversos sectores de la sociedad civil latinoamericana.


Uno de los principales ejes de trabajo ha consistido en construir colectivamente un mecanismo de participación de sociedad civil que posibilite una participación organizada y efectiva dentro de las actividades del Foro.

Por otro lado, a través de su participación como coordinación regional de la plataforma global Action For Sustainable Development A4SD, ACCIÓN y la Mesa de Articulación han realizado actividades sobre América Latina y la Agenda 2030 en 2017 y 2018 - en el marco del Foro Político de Alto Nivel realizado de la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, además de canalizar apoyo financiero para la organización de consultas nacionales de sociedad civil y la elaboración de informes paralelos en México y Ecuador. Esto representa una continuación del trabajo ya desplegado por ACCIÓN y la MESA de Articulación dentro de la campaña Beyond 2015, que reunió a la sociedad civil global con el objetivo de potenciar la incidencia del sector durante el proceso de negociación de la Agenda 2030.

A nivel nacional, ACCIÓN comenzó a instalar el tema de la nueva agenda global sobre desarrollo sostenible - así como de los procesos de negociación internacional sobre financiamiento para el desarrollo y cambio climático- en 2014, en el marco de la campaña Beyond 2015. Fue dentro de ese contexto que se organizó el ciclo de seminarios del Foro de diplomacia ciudadana - en alianza con la Academia Diplomática Andrés Bello. Se trató de una serie de cuatro seminarios que convocaron a un gran número de organizaciones de la sociedad civil, además de estudiantes, académicos y funcionarios públicos, con el propósito de acercar estos procesos internacionales a la realidad nacional, además de generar un espacio de diálogo entre sociedad civil y Estado en torno al concepto de desarrollo sostenible, cambio climático y financiamiento para el desarrollo.

Asimismo, ACCIÓN implementa un proyecto denominado Asocia2030 (2017-2018), en colaboración con la COS y la Red de Voluntarios. Este proyecto busca dar seguimiento a los siguientes objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030: Erradicar la pobreza en todas sus formas;


lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a mujeres y niñas; reducir la desigualdad en y entre países; lucha contra el cambio climático; promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos, y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles (ACCIÓN, 2015).

Una iniciativa relevante en este marco fue la presentación del “Informe Luz”, elaborado en el marco de dicho proyecto. Este es un informe paralelo al del Estado para dar cuenta del avance desde la perspectiva de la sociedad civil y contar con un diagnóstico que permita el monitoreo del mandato, “que está fuertemente fundamentado en los principios de derechos humanos” (EE8). Este fue presentado en julio del 2017 en un espacio alternativo en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas, y en forma paralela al informe de avance voluntario que presentaba el gobierno.

El informe de la sociedad civil enriquece con indicadores disponibles en el país la medición efectiva de los avances, además de los que el propio informe establece para el seguimiento. Ello toda vez que desde la partida, dado su mejor nivel socioeconómico en América Latina, Chile cumple con los indicadores básicos que son exigidos. Esto también contribuye no solo a la comparación, sino a mirar el avance dentro del propio contexto local.

El proyecto Asocia2030 contempla la implementación del primer Diplomado sobre participación y Desarrollo sostenible “Agenda 2030 en Chile: Desarrollo sostenible y participación ciudadana”, dictado en asociación con la Universidad de Los Lagos a profesionales y técnicos de las diversas organizaciones de las redes que son parte de proyecto, junto a actividades de fortalecimiento institucional. El proyecto busca además, dar seguimiento a las propuestas del Consejo de Participación Ciudadana.


Capítulo

7

Balance y proyecciones

Desde la perspectiva de la sociedad civil y sus agendas, la década deja variados réditos. A pesar del carácter cíclico y a contracorriente de sus expresiones más visibles, diversos movimientos que han pugnado por cambios estructurales, sociales y culturales, cuyas demandas han logrado interpretar a sectores más amplios de la ciudadanía, continuarán emergiendo y movilizándose en el escenario nacional.

Algunas de sus expresiones han dejado lecciones valiosas. El movimiento estudiantil, por ejemplo, en más de una década de construcción y pacientes articulaciones de sus diversas organizaciones, con autonomía respecto de fuerzas políticas, procesamiento de sus intereses, la legitimidad social de sus demandas y de sus propuestas; la movilización callejera y diálogo con el mundo político e institucional, junto con exigencias de participación sustantiva en instancias creadas para tales fines, logró modificar


aspectos centrales de un bastión del neoliberalismo, en particular del mercado como eje fundamental de la educación superior pública, la precarización financiera de sus universidades, la ley de inclusión en la educación básica y media. Además, la vocación de parte de sus líderes de representar nuevas visiones de transformación de la sociedad en los espacios en que se toman las decisiones, se tradujo en la creación de alternativas políticas. Más allá de la necesidad de resolver las limitaciones y de las fragmentaciones que este proceso expresa, el ciclo hecho en poco más de una década -que recoge la experiencia previa y la recrea- es sin duda notable.

No todas las expresiones de la sociedad civil, sin embargo, tienen ese carácter y capacidad de articulación. Sin embargo, la dinámica movilizadora, en torno a los problemas que afectan a grandes contingentes de la ciudadanía, como el sistema de seguridad social, más aún en el marco restrictivo de la reforma recién presentada, tenderá a acrecentarse. Igualmente, en otros ámbitos es probable que los ciudadanos, al menos las organizaciones más activas, tenderán a no aceptar las viejas recetas de reducción de gasto social del Estado, reajustes salariales insuficientes, flexibilización laboral y privatizaciones. La derecha -acostumbrada a imponer estas recetas- no encontrará las mismas condiciones internacionales favorables del ciclo económico que tuvo hasta el 2014, y es posible que en ese marco sus respuestas sean estrechas. También es probable que una política restrictiva en esa dirección encuentre una mayor resistencia y una activación mayor de ciudadanos que se niegan a perder condiciones de vida conquistadas. Una de las tareas que surge asociada a ese proceso se relaciona con la necesidad de construir a estas manifestaciones, legítimos e incidentes espacios de participación. Probablemente inviables de cara a las nociones de ciudadanía que caracterizan a la conducción actual del gobierno -que ya ha señalado que abrirá espacios de consulta sobre la reforma previsional a través de internet-, pero sobre todo hacia su incidencia en los espacios parlamentarios e institucionales para influir en decisiones.


EE5 “Contar con espacios institucionales para que la voz de la ciudadanía, empoderada, organizada, y también fragmentada, se puede expresar individual o colectivamente, en áreas específicas, en el ámbito local aparece como una cuestión fundamental. Sobre todo en una sociedad que tiende a una mayor movilización”

El reposicionamiento de la participación y de la democracia en las decisiones fundamentales de la sociedad, pasa a ser entonces un componente estratégico del quehacer de una entidad de la sociedad civil como ACCIÓN, que cuenta con la legitimidad, el conocimiento y la visión acumulada en 25 años de propuestas a siete gobiernos sucesivos, sobre el fortalecimiento de la sociedad civil y la democratización de la democracia. Ello implica repensar en cómo fomentar, apoyar, educar, contribuir a reformar los marcos existentes sobre participación y desarrollo de la ciudadanía.

Esta perspectiva refuerza la necesidad de insistir y reponer la noción de ambiente habilitante de la sociedad civil y de su participación, acuñada a lo largo de actividad, trabajo y del intercambio desarrollado con instituciones no gubernamentales de otras latitudes. Particularmente para construir una visión de mediano plazo, ampliando sus contenidos y buscando construir posibilidades de avance y materialización.

Las propuestas que surgen alrededor de este tema por parte de los actores claves entrevistados, refieren a la necesidad de fijar nuevas metas políticas desde la Asociación, observando las ventanas de oportunidad que se pueden abrir para su agenda. Sobre todo para una incidencia política futura, en el marco de la construcción de alternativas de gobierno que requieren los sectores progresistas en el mediano plazo.El fortalecimiento de la sociedad civil y el desarrollo de la participación ciudadana, requieren como señalaba Vigil (2007) al finalizar la década de los 2000, por una parte, profundizar alianzas que ayudarían a orientar el sentido estratégico de su quehacer, pero también profundizar en los contenidos de lo que se denomina democracia


participativa, desarrollo de la ciudadanía y ambiente habilitante, lo que contribuiría a incrementar el rol político de la asociación en su conjunto, involucrando las capacidades acumuladas por sus socios.

Una orientación global es recuperar y perfilar la propuesta de Ambiente Habilitante para la participación de la ciudadanía y el fortalecimiento de organizaciones de la sociedad civil. Como señala uno de los entrevistados (EE5), “se requiere para ello sintetizar el conjunto de propuestas hechas por ACCIÓN y otros actores, respecto de las necesarias reformas a la Ley 20.500, recuperando las bases de las propuestas de un Sistema de Cooperación Nacional, esbozada en la década de los 90 por ACCIÓN; el debate sobre la institucionalidad para la participación ciudadana y los mecanismos de financiamiento de la sociedad civil, especialmente direccionada en la implementación de fondos basales para las organizaciones de la sociedad civil”

Instalar la idea de una nueva ley de cooperación internacional, modificando el cuerpo legal que rige a la AGCI, pero ampliando su horizonte, estableciendo un marco regulatorio que contemple la articulación con la sociedad civil, tanto para la cooperación que se recibe en diversos espacios institucionales como para la que genera Chile. Hay ya una elaboración preliminar sobre esto que debería transformarse en una primera piedra para explorar esa ventana, y el momento político puede ser favorable para su diálogo, particularmente con sectores de la actual oposición política y social.

También hoy hay actores no estatales que están generando cooperación internacional, o que están incidiendo en la cooperación internacional. Por lo tanto, explorar en la línea de definir qué es la cooperación, cuáles son las formas de cooperación que Chile va a potenciar y cómo se va a generar un marco más global de financiamiento, permitirá también influir a la sociedad civil en el concierto global.

Existe la necesidad de contar, por otro lado, con una institucionalidad sólida para el fomento de la participación ciudadana, algo así como


un Instituto Nacional de confluencia multiactoral, con capacidad para fomentarla, monitorearla, capacitar y formar a funcionarios, establecer áreas priorizadas, programas pilotos y evaluación de su desarrollo. Además con cierto grado de autonomía para que pueda realmente validar las formas de acción pública, de sociedad civil. Hay experiencias internacionales que permiten idear modelos pertinentes para la realidad chilena. Entre ellas, la de Colombia.

Ello supone asumir que la División de Organizaciones Sociales es una institución insuficiente para canalizar los procesos y demandas. Por lo tanto un ámbito del quehacer apunta hacia la demanda de que el tema de la participación no puede seguir en manos del ministerio encargado de la vocería del gobierno.

Un debate de esta naturaleza podría dar pie a la discusión sobre los Fondos de Fortalecimiento de la sociedad civil y la participación ciudadana, y a tratar de poner en agenda la transparencia, publicidad y redistribución de los recursos que provienen del sistema de donaciones empresariales, los que son de naturaleza pública y donde fluyen sumas considerables, pero que se asignan de manera sesgada y opaca, sin control y con soporte público. Fondos que están concentrados en las manos del mismo actor que los genera, usados a su libre criterio y que han sido entregados -de vuelta- a manos privadas.

Las formas que pueda adoptar el financiamiento a la sociedad civil y a sus iniciativas, pasan entonces también a ser una cuestión clave. Ya existe suficiente experiencia acerca de los fondos concursable y los efectos destructivos en la solidaridad social, la cooperación y la fragmentación en las organizaciones de la sociedad civil, amén de las implicancias en la desprofesionalización y precarización de las instituciones sociales y de las ONG. Por esto es importante en cualquier propuesta explorar y debatir otras alternativas, como los fondos basales, independientemente de los instrumentos que se ocupen.


Ello implica debatir el tema de la legitimidad de las organizaciones para acceder a sistemas de esa naturaleza, revisar el estatus jurídico, las obligaciones y derechos que se contraen y procesos de evaluación externa, que aseguren la calidad de las inversiones sociales públicas. La legitimidad, se supone, podría estar dada por temáticas priorizadas, los vínculos con organizaciones, víctimas o personas afectadas por problemas relevantes para el país y los niveles de transparencia de las ONG para rendir cuentas. Algo de experiencia nacional existe a través de los Convenios de Transferencia que ocupa SENAME, SENAMA y el Ministerio de Educación para los programas de inclusión. La reflexión sobre ello para la ampliación a otros ámbitos, desde el Ministerio de Desarrollo Social u otras instituciones, es un aspecto a repensar. También implica pensar en esquemas de financiamiento diferenciado, según los grados de avance y legitimidad de las acciones sociales para la sociedad, y en apoyos no discrecionales, transparentes, abiertos, para temas socialmente priorizados y que respalden lógicas de experimentación e innovación en políticas públicas.

Otro ámbito consensuado por los actores entrevistados, refiere a la puesta en discusión de la reforma a la Ley 20.500 de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Se trata de una enmienda que ya fue definida como necesaria por el Consejo Ciudadano conformado bajo el gobierno de Bachelet. El balance realizado indica que su formulación final es prácticamente letra muerta, tanto para la ciudadanía como para las instituciones públicas. Entonces, para ACCIÓN puede ser el momento para volver a abrir el debate sobre una segunda ley de participación ciudadana más avanzada, impulsada por una institucionalidad distinta y de nuevas formas.

Una pregunta evidente es cómo se construye una agenda de esa naturaleza. Además de lo que implica respecto de articulación de capacidades institucionales y profesionales dentro del campo de la sociedad civil, tanto internas a ACCIÓN como externas, se requiere pensar la interlocución para construirle viabilidad, social y política. Quizás la


agenda de participación pueda incorporarse transversalmente en diversos actores sociales que día a día levantan agendas sobre diversos temas de relevancia, que no tienen cómo saldarse en forma democrática.

Un elemento fundamental es también tener respaldo político, porque si no lo hay las propuestas, como ha ocurrido hasta ahora, no tendrán viabilidad. ACCIÓN tiene una cierta madurez institucional para construir expectativas fundadas sobre transformaciones sustantivas. No se puede renunciar a generar condiciones para el debate y a difundir en otros actores sociales, el levantamiento de una propuesta de esta naturaleza, con un arco amplio de actores, incluso aquellos diversos y que no son los aliados naturales. Porque el dilema de la incidencia afecta a todos los movimientos y no existen mecanismos de procesamiento de las demandas, más que el lobby parlamentario, hecho con más precariedad por los actores sociales que los grupos de poder.


Capítulo

La retrospectiva que se ha expuesto en este texto ha puesto énfasis en un actor de la sociedad civil, ACCIÓN, como representante de un activo de instituciones de la sociedad civil que ha cumplido 25 años de asociatividad y de acciones a favor de la democratización y de mayor justicia social en Chile.

Ha buscado establecer los acontecimientos y dinámicas de la sociedad que han circundado su quehacer, pero sobre todo, sintetizar la iniciativa desplegada, los dilemas, debates y propuestas que han formulado a siete gobiernos sucesivos y a quienes toman decisiones a nivel parlamentario para atender a una demanda central, compuesta de diversas aristas y expuesta de variadas maneras bajo distintos contextos: fortalecer las organizaciones de la sociedad civil y la participación ciudadana como una estrategia clave para la construcción de una democracia más profunda y una sociedad más justa.

8

Reflexiones finales


Esta demanda central no es una consigna repetitiva de actores nostálgicos, que no han renovado sus visiones en el marco de los cambios societales ocurridos, como podrían señalar sus detractores. Es una demanda que corresponde a una visión crítica de la sociedad construida en 30 años de democracia y de una sociedad que ha avanzado, pero que no logra cohesionarse ni dar respuestas coherentes a viejos y nuevos problemas, que se recrean y se manifiestan de diversas formas, y que sitúan perspectivas aún más difíciles que las vividas en épocas más duras, dado el incremento del control que toman los grandes poderes sobre el destino colectivo, tanto en Chile como a nivel global.

El déficit democrático no sólo se expresa en ello, tampoco porque no haya existido una cierta institucionalidad que de algún modo, muy desigual -si asumimos la corrupción y el financiamiento empresarial a la política y a las campañas de los candidatos- procesa los conflictos económicos y sociales que se expresan en la sociedad. Sino sobre todo porque nuestra sociedad necesita más conflictividad abierta y organizada, más control de los mandantes sobre sus representantes, más autonomía y más participación sustantiva, aun cuando eso conlleve riesgos a la demandada estabilidad. Esto no sólo no ha sido bien visto por los gestores del Estado o por las fuerzas políticas, incluso las progresistas, sino porque sus decisiones han redundado, a lo largo del tiempo, en atomización de las organizaciones y en no dar cabida a las voces disonantes sobre el curso de los acontecimientos.

Efectivamente, tenemos una sociedad que ha avanzado en condiciones de vida de la población, en modernización instrumental y culturalmente. Pero junto a ello tenemos graves problemas que no forman parte del discurso público dominante: la salud pública, las pensiones, las desigualdades en el empleo y los salarios. Una larga agenda de problemas a resolver que requieren la voz y la incidencia de los afectados.

ACCIÓN y las instituciones asociadas, a lo largo de sus 25 años, ha levantado reiteradas propuestas y debates sobre estos aspectos. Sus


propias organizaciones asociadas han sido parte de los afectados por las decisiones políticas de conservar una democracia restringida y con debilitados espacios públicos. Particularmente por su intransable autonomía para observar y actuar en la sociedad desde una perspectiva crítica, como se debatió en los 90 y se ha reiterado a lo largo de estos 25 años. Quizás revisitar esta historia pueda contribuir a algunas reflexiones sobre el carácter de la democracia construida.

Hace 25 años y durante la década de los 90, momento de una gran crisis del activo institucional de la sociedad civil que emergió durante la dictadura, resultaba poco probable pensar en una proyección hasta hoy de lo que estos actores habían venido construyendo. Aun cuando fragilizada en número las instituciones y la plataforma no puede dejar de mencionarse su continuidad, su rol activo en la construcción de múltiples espacios de trabajo con comunidades, trabajadores y otros actores sociales, su quehacer para alcanzar incidencia, la producción de conocimiento que ha puesto a disposición en forma abierta a la sociedad, el debate que aún se produce sobre sus proyecciones, pero sobre todo la visión ético-política, marcada por una identidad y lealtad con la democracia participativa, la justicia social, la inclusión y lucha contra la desigualdad. Indudablemente han sido parte de un capital social que tiende a perderse en los vericuetos del inmediatismo, el consumo y la falta de visión sobre el conjunto de la sociedad.

Su quehacer todavía es necesario, sobre todo para buscar nuevamente una incidencia en los temas que ya se abordaron en las proyecciones, pero también en la tarea de transferir sus saberes a nuevos actores y generaciones. Esa es una tarea pendiente, relacionada con la ausencia de su renovación. Quizás ya no en el quehacer concreto de cada espacio institucional. No sabemos si eso es posible a estas alturas, sino como colectivo, sobre nuevos actores que requieren incorporar sus aprendizajes para su incidencia futura. Quizás ello pueda ser desarrollado como señala, una de sus líderes:


EE8 “Necesitamos situarnos en un trabajo más directo con nuevos actores, apadrinando sus causas, brindando espacios a sus encuentros, formando capacidades, en forma voluntaria, militante”

Respecto de sus propuestas, es difícil contar con soluciones de corto plazo. Mientras, quizás nuevas crisis de sostenibilidad como las vividas al comienzo de la década, se hagan presentes de nuevo. La plataforma debe ser un espacio más activo y abierto para discutir horizontes, para fortalecer el carácter de ACCIÓN y la de sus socios, más abiertos a espacios de colaboración efectiva, a consolidarse como una red que coopera y confía en sus pares, buscando soluciones a diversos problemas en alianza con otros. Se requiere ese horizonte para llevar adelante las tareas propuestas.

Los acontecimientos políticos requieren múltiples modos de confrontarles y diversas estrategias, actores, intervenciones y negociaciones. Pero estructurados alrededor de ciertas utopías basadas en una ética-política por una sociedad mejor, de la cual ACCIÓN y sus socios disponen largamente como se demuestra en este texto. Ello supone sumar y aliarse con muchos otros para avanzar en las agendas y confrontar las tendencias regresivas que parecen dominar la sociedad. Para eso es necesario tener en cuenta los aportes y propuestas que se nos ofrecen, las propias y la de diversos actores a lo largo de sus historias para recrear visiones, en este caso sobre la sociedad civil, la ciudadanía y la participación. Es la invitación que ha formulado este texto.


Bibliografía

ACCIÓN (S/F) Perspectiva de la Cooperación y el Financiamiento de las ONG en Chile. Propuesta de trabajo para la Asamblea Nacional de ACCIÓN. Santiago-Chile.

_______:(1990) Notas sobre trabajo social popular, Organizaciones no Gubernamentales y futuro democrático. Santiago-Chile.

_______:(1992) Las ONG antes de 1992. Santiago-Chile.

_______:(1994) Taller de Cooperación al Desarrollo. Perspectivas de la ONG y Financiamiento en Chile. Santiago-Chile

_______:(1994). Preocupación inmediata de los Organismos No Gubernamentales en su relación con el Estado. Santiago-Chile.

_______:(1994). Desafíos Para Una Nueva Cooperación. Encuentro Internacional. Santiago-Chile.

_______:(1995). Condiciones reales de la sociedad civil en Chile para abordar las tareas del desarrollo social. Santiago-Chile.

________:(1996). Asamblea Nacional. Síntesis del Trabajo de Comisiones, 24 y 25 de marzo. Punta de Tralca. Chile. 1996.

_______:(2001-2002) Libro de actas asamblea de socios. Santiago-Chile.


_______:(2001) Congreso nacional ONGs de Desarrollo. Picarquín, 26, 27 y 28 de noviembre Santiago, Chile

_______:(2006) Estatutos: Asociación Chilena de Organismos No Gubernamentales. Punta de Tralca, 1992. Santiago-Chile

_______:(2006-2018) Libro de actas asamblea de socios. Santiago-Chile.

_______:(2006) Guía para la acción ciudadana. Santiago-Chile.

_______:(2006) Estatutos: Modificación. Santiago-Chile

_______:(2012) Cuenta Pública 2010-2012, La ciudadanía en acción. Santiago-Chile

_______:MESA. (2014) Rol de las ONG en el Actual Panorama Socioeconómico del Conosur. (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) “Acerca del concepto/noción de ONG” Aproximación para la definición del marco conceptual del estudio.

_______:(2015) Peroni A. Robayo C. Diseño de un Sistema Socio-Institucional para la Implementación de la Agenda 2030 en Chile: Objetivos de Desarrollo Sostenible. Santiago-Chile

_______:(2015) Dides C, Nicholls L, Fernández C, Bozo N, Salazar S. Estudio de Casos: Incidencia y Sostenibilidad de las Organizaciones de la Sociedad Civil Chilena 2013-2014 Santiago-Chile.

_______:(2015) Memoria del Directorio de ACCIÓN 2014-2015. Santiago-Chile

_______:(2016) Diseño metodológico para debatir. Propuestas Ciudadanas para una Nueva Constitución. Santiago-Chile.

_______:(2016a) 4° Congreso de ONG. Organizaciones en defensa de derechos y bienes comunes. Santiago-Chile.

_______:(2016b) Memorias del Directorio de Acción 2015-2016. Santiago-Chile.

_______:(2017) Perfil de las Organizaciones Sociales de Acción. Santiago-Chile.


Ábalos, J. A; Egaña, R. (1989) “La Cooperación internacional al desarrollo frente a los cambios en Chile”. En Una Puerta que se Abre, Ed. Taller de Cooperación al Desarrollo, 1989. Págs. 17-50

Abogavir, X (2006) Participación Ciudadana y Organizaciones No Gubernamentales ONGs. En Foco. Expansiva. Santiago, Chile.

Aguilera, (2009). Las Comisiones Asesoras Presidenciales del Gobierno de Michelle Bachelet. Documento de trabajo programa de Gobernabilidad. FLACSO, Santiago-Chile.

ALOP (1999), Segundo Encuentro Regional de Asociaciones Nacionales y Redes de ONG de América latina 18, 19 y 20 de Abril. Cartagena de Indias-Colombia

ALOP. Mesa Unitas (2010) Consultas Nacionales a Organizaciones de la Sociedad Civil América Latina y El Caribe. Síntesis de Conclusiones y Debates. Foro sobre la eficacia del desarrollo de las OSC. México.

Bengoa, J (1996) Introducción. La asociación de los privados. ONG y organismos privados de desarrollo en Chile. En Cancino, B; Vergara, D. La asociación de los privados. ONG y organismos privados de desarrollo. Colección Estudios Sociales. Ediciones Sur. Pag, 6-22

Bengoa, J; Márquez, F; Aravena, S (1999) La desigualdad. Testimonios de la sociedad chilena en la última década del siglo XX. Ediciones Sur, Santiago. Chile

Boeninger, E (2007) Políticas Públicas en Democracia: Institucionalidad y Experiencia Chilena 1990 -2006. Uqbar Editores, Santiago de Chile, Noviembre de 2007.

Cáceres, E (2014) El rol de las ONG en América latina. Los desafíos de un presente cambiante. ACCIÓN, Comunidad Económica Europea, Mesa de Articulación de Plataformas Nacionales y de Redes de América latina y el Caribe . Octubre

Cancino, B; Vergara, D. (1996) La Asociación de los Privados. Organismos privados de desarrollo. Santiago-Chile.

Cancino, B; Saldivar, H.C. (1988) “Juventud y Cooperación”. En Una Puerta que se Abre, Ed. Taller de Cooperación al Desarrollo, 1989. Págs. 490-528


Centro UC Políticas Públicas (2016) Mapa de las Organizaciones de la sociedad civil, 2015. Primer informe de resultados del proyecto Sociedad en ACCIÓN. Enero. PUC. Santiago-Chile

CEPAL (1997a). Las reformas sociales en acción: vivienda. Serie Políticas Sociales N°20. Santiago, Chile, Octubre, pp 57

CEPAL (1997b) Las reformas sociales en acción: educación. Serie Políticas Sociales N°16. Santiago, Chile, febrero pp 52

Chile Transparente (2006) . Gobiernos Corporativos en las Organizaciones Sin Fines de Lucro en Chile: Situación Actual y Perspectivas. Consultado el 20 de agosto de 2018, http://www.chiletransparente.cl/wp-content/files_mf/13529894981347631066OSFLenChileDiagnosticoactual.pdf

Clark, J. (1991). Democratizing Developpment: The rol of voluntary Organizations. Earthscan Publication. London. Pág.75

Cohen, J ; Arato, A, (2002) Sociedad Civil y Teoría Política, título original: Civil Society and Political Theory (1992, MIT Press, Cambridge). Traducción de Roberto Reyes Mazzoni. Editorial Fondo de Cultura Ecónomica, México, D.F.

Coordinadora Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (CON (1991) Informe Final. Encuentro Nacional de Organismos No Gubernamentales, Punta de Tralca, 16 al 19 de Diciembre. Santiago-Chile.

Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil (2017). Informe Final: Estado de la Participación Ciudadana en Chile y Propuestas de Reformas a la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Santiago-Chile.

Cunill, N; Fernández, M. (2011). “Gobernanza sistémica para un enfoque de derechos en salud. Un análisis a partir del caso chileno. Salud colectiva 2011; 7(1):21-33. Enero-Abril. Buenos Aires, Argentina

Cunill, N (1997), “Repensando lo público a través de la sociedad: nuevas formas de gestión pública y representación social, Caracas, CLAD, Editorial Nueva Sociedad.


Delamaza, G; Fernández, M. (2006) “Cuando el Viento sopla desde abajo: innovaciones locales y democratización. En “Nuevos Espacios para la Ciudadanía. Ed. Varas A. Ediciones. Catalonia. Santiago, Chile, noviembre.

_______:(1995), “La rearticulación de las relaciones Estado-sociedad: en búsqueda de nuevos sentidos”, en Revista del CLAD Reforma y Democracia, N° 4, Caracas.

Delamaza, G. (1992). Participación de ONG en Programas con recursos del FOSIS. Santiago- Chile.

_______:(1992). Hacia una Plataforma de las ONG’S Chilenas Para Construir Futuro. Seminario Cocis. Santiago-Chile.

_______:(1993). Organismos no Gubernamentales y Política Social. Santiago-Chile.

_______:(1994). Una vez más los jóvenes. Santiago-Chile.

_______:(1995). Las ONG chilenas y la nueva cooperación. Santiago-Chile.

Delamaza, G; Cancino, B. (1995) Perspectivas de las ONG y Financiamiento en Chile 3.

Delamaza, G (1995). Preocupación inmediata de los organismos no Gubernamentales en su relación con el Estado 2. Publicación Semestral Nº10. Taller de Cooperación al Desarrollo Santiago-Chile

_______:(1996). Mirar hacia Adelante. Santiago, Chile.

_______:(1996). Redes No Gubernamentales en Chile: Una Visión Retrospectiva. Santiago, Chile

_______:(1998) Horizonte Actual de la Ciudadanía en Chile. Presentación Seminario Italia-Chile. El Poder Ciudadano, entre el Estado y el Mercado. Santiago-Chile.

_______:(1998). Pobreza, Sociedad Civil y Desarrollo Democrático: Hacia una agenda social de fin de siglo. Santiago-Chile.


_______:(2005) Tan Lejos tan cerca. Políticas Públicas y Sociedad Civil en Chile. Lom Editores 2005, Santiago de Chile

_______:(2010) Construcción democrática, participación ciudadana y políticas públicas en Chile. Tesis para optar al grado de Doctorado.

Egaña, R; Undurraga, C; Gómez, S. (1989) “Desafíos para las Organizaciones de cooperación Internacional y los ONG Chilenos”. En Una Puerta que se Abre, Ed. Taller de Cooperación al Desarrollo, 1989. Págs. 529-553.FLACSO (1994). Enfoque de la Sociedad Civil sobre Pobreza y Desarrollo Social. Encuentro con Dirigentes Comunales. Santiago-Chile

Fernández, M; Munita, F; Crovetto, C; Medioli, AM (2005). Participación de la comunidad en programas alimentarios. El programa de colaciones a niños y ancianos a través de ollas comunes. PET-PROSAM. Santiago, Chile

Fernández, M (1999). Límites y potencialidades de políticas innovativas en la participación local (La experiencia del IRAL). En revista de Economía y Trabajo en Chile N°9. Programa de Economía del Trabajo. Santiago, Chile. Pp 173-198

Fernández, M (2012) Documento de Discusión. “El Rol de las ONG en los procesos de cambio en la sociedad. 1990-2010”. Sistema facilitación CEP de Chile. Cooperación Evangelischer entwicklungsdienst-eed, Julio. Santiago, Chile

Fernández, M; Salinas J (2012) La defensa de los derechos territoriales en América Latina. RIL Editores. Junio. Santiago, Chile

Fernández, M.(Ed), Delamaza, G; Salinas, J; Dides, C; Nicholls, L; Fernández, C; Bozo, N; Salazar, S. (2015) Sobrevivencia y la Transformación. La acción no gubernamental en Chile. La Paz-Bolivia.

Fernandois, J (2001) Las ONGs entre la política y la sociedad civil. En Congreso Nacional ONGs de Desarrollo. Picarquín, 26, 27 y 28 de noviembre. Acción Pag.31-38

Ferrer, M; Monje, P; Urzúa, R (2005) El rol de las ONGs en la reducción de la pobreza en América Latina. Visiones sobre sus modalidades de trabajo e influencia en la formulación de políticas públicas. Documentos de política N°16. Unesco. Francia


Franco, R.; Morales, J.A.; Marfán, M. (1998) Las reformas Sociales en Acción: la Perspectiva Macro. Serie Políticas Sociales Nº 26, CEPAL Santiago de Chile

Garretón, M A (1997). “Revisando las transiciones democráticas en América Latina”. En: Revista Nueva Sociedad. Nro. 148. Marzo- abril 1997, Págs. 20-29. [en línea] http://goo.gl/cm4SZX.

González, R (s/f) “Relaciones ONGS-Estado en Chile: Aportes para un balance de la década del 90”, Documentos del Trabajo, Santiago de Chile, pág. 176 49

Gramsci, A (1972). Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno. Traducción de José Aricó. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires.

Gruninger, S (2003) Las ONGs durante la Transición Chilena: Un análisis de su respuesta ideológica frente a su incorporación en políticas sociales de índole neoliberal. Revista Mad. No.9. Septiembre 2003. Departamento de Antropología. Universidad de Chile http://rehue.csociales.uchile.cl/publicaciones/mad/09/paper06.pdf

Hardy, C (1997). La reforma social pendiente.Las Ediciones de Chile 21,1997, Santiago de Chile.

Hegel, G. Wilhelm F (1988), Fundamentos de la Filosofía del Derecho o Derecho Natural y Ciencia Política. Traducción de Juan Luis Vermal. Editorial Edhasa, Barcelona

Hähnel S, Pawlak B (2011) Igualdad de derechos entre hombres y mujeres: un largo camino. Helles-koepfchen.

Jocelyn-Holt A (2001) Sociedad civil y organizaciones no gubernamentales en Chile: una historia germinal. En Congreso Nacional ONGs de Desarrollo. Picarquín, 26, 27 y 28 de noviembre. ACCIÓN Pag.17-30

Jimenez, M (1994). La transición a la democracia y las Organizaciones Privadas sin Fines de Lucro. Departamento de ONG, Mideplan. Santiago, Chile.

Kastman, R (2001)Seducidos y abandonados. El aislamiento social de los pobres urbanos. En Revista de la CEPAL 75. Santiago, Chile , Diciembre pp171-189


Kymlicka, N (1996) “El retorno del ciudadano, Cuadernos CLAEH Nº 75, Montevideo. pp. 83

Morales, J ; Krekeler, J (2012) Autocrítica y diálogo. La orientación a efectos en los proyectos de cooepración internacional. ASEDE, Asesores para el desarrollo estratégico. Miserior. Costa Rica. Klener, A. (1988). “El apoyo a proyectos productivos urbanos en Chile”. En Una Puerta que se Abre, Ed. Taller de Cooperación al Desarrollo, 1989. Págs. 271-289.

Lladser, M.T. (1988). “La investigación en ciencias sociales en Chile: su desarrollo en los centros privados. 1973-1988”.

Larrañaga, O; Rodríguez, ME (2014) Desigualdad de Ingresos y pobreza en Chile.1990-2013. Documento de Trabajo. Área de reducción de la pobreza y la desigualdad. PNUD. Diciembre

Loveman, B (1994) “Las ONG Chilenas: su papel en la transición a la democracia. En: Charles,R: Nuevas políticas urbanas Fundación Interamericana, Arlington, Virginia.

Manzano, C (2014) La Asamblea de la Civilidad. La movilización social contra la dictadura en los 80. Pasado y Presente. Londres 38. Espacios de Memoria. Santiago, Chile.

Más Voces (2004) Más voces para la democracia: Los desafíos de la Sociedad Civil. Santiago-Chile.

Otano, R. (1995) Crónicas de la transición. Editorial Planeta.

Programa Ciudadanía y Gestión Local (2000). Los caminos que buscamos. 30 innovaciones en el fortalecimiento del espacio público local. Fundación para la Superación de la pobreza-Instituto de Asuntos Públicos. Universidad de Chile. Santiago.

Programa Ciudadanía y Gestión Pública (2002). Caminos de Innovación en Ciudadanía II. Fundación para la Superación de la pobreza-Instituto de Asuntos Públicos. Universidad de Chile. Santiago.


_______:(2004) Innovación y Ciudadanía en la Gestión local: el rol de los Municipios. Corporación para la Innovación en Ciudadanía-Instituto de Asuntos Públicos. Universidad de Chile. Santiago.

_______:(2006) Ampliando la Ciudadanía. Promoviendo la participación. 30 Innovaciones locales. Corporación para la Innovación en Ciudadanía Universidad de Los Lagos. Santiago. PUC (2016). Las OSC en cifras. Sociedad en Acción. Pontifica Universidad Católica. Santiago, Chile

Rabonikof, N (1997) El espacio público y la democracia. Colección tesis de la democracia. Serie Ensayos N°1. Instituto Federal Electoral, abril, México

Ramis, A (2015) “Diagnóstico, mapeo y sistematización de mecanismos públicos de financiamiento hacia las O.S.C. en Chile.” En Http://www.un.org/spanish/conferences/ffd/index.html

Raczynski, D (2000) “Políticas sociales en los años noventa en Chile. Balance y desafío”, en: Drake, Paul, “El modelo chileno”, LOM, Santiago, pág. 127 Salazar, G; Pinto, J (1999) Historia Contemporánea de Chile, I. Estado, Legitimidad, Ciudadanía Lom Ediciones, Santiago de Chile

Salazar, G (2009) Del poder constituyente de asalariados e intelectuales. Chile Siglo XX y XXI. Lome Ed.

Sur (2005) Santa Ana, donde la ciudad tiene memoria. Aproximación a la actualidad y la historia de un barrio de la ciudad de Talca. Sur ed. Santiago, Chile

Santibáñez, M (2016) ACCIÓN, ¿Qué caminos y qué pensamientos? En Acción : 4ª Congreso de ONG. Organizaciones en defensa de derechos y bienes Comunes. Santiago, Chile, 23 y 24 de junio. Pag 32-38

Soto, F (2016) Mecanismos participativos en procesos de reemplazo constitucional. Perspectiva comparada. The International Center for Not for Profit Law. Otoño. Santiago, Chile


Territorio Chile (2009-2011). Buenas practicas de Desarrollo de los territorios. Subdere, GTZ, Corporación para la Innovación en ciudadanía. Santiago, Chile

Tocqueville, A (2000) La Democracia en América. Traducción de Luís R. Cuéllar. Editorial Fondo de Cultura Económica, México D.F.

Verdugo, P (2003) Allende: como la casa blanca provocó su muerte. 2ª Ed. Catalonia

Vigil, C, J (2007) Evangelischer “ Estudio valoración de los Resultados de la Cooperación del Eentwicklungsdienst-EED en Chile. Santa Fé, Argentina, julio 28.

Viveros, F (2015) Fondos públicos para organizaciones de la sociedad civil. Estudio de legislación chilena y comparada sobre acceso a fondos públicos por parte de las organizaciones de la sociedad civil. ACCIÓN. Santiago.


25 años de ACCIÓN


25 años de ACCIÓN

Retrospectiva de la sociedad civil organizada en Chile: 25 ...accionag.cl/wp-content/uploads/2018/12/Retrospectiva-de-la-sociedad-civil-organziada...25 años de Acción 5 Capítulo

Documents