684-06840000102636730087001.docJ. A. 394/2011. 1 PROMS. 26011 Y 26012. En San Andrés Cholula, Puebla, siendo las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL ONCE, estando en audiencia pública, la Juez Segundo de Distrito en el Estado de Puebla, María Esther Rodríguez Juárez, ante la Secretaria Claudia Verónica Valdés Lozoya, que autoriza y da fe, procedió a declarar abierta la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en el juicio de amparo número 394/2011, sin la comparecencia personal de las partes, ni de persona alguna que legalmente las represente. La Secretaria hace constar la comparecencia personal de Sergio Antonio Lira García y Fernando Flores Pérez, en su carácter de autorizados del tercero perjudicado Procurador General de Justicia del Estado de Puebla, quienes se identifican respectivamente con copia certificada de cédula profesional número 871505 expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, y con licencia para conducir número C05416586 expedida por la Secretaría de Transportes y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal, en las que aparecen sendas fotografías cuyos rasgos fisonómicos concuerdan con los de los comparecientes y se agrega copia simple de las mismas para los efectos legales a que haya lugar. La Secretaria da cuenta con dos escritos de FERNANDO FLORES PÉREZ, autorizado en términos amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo, por el tercero perjudicado Procurador General de Justicia del Estado de Puebla, presentados el día de hoy. La Juez acuerda: En términos del escrito de cuenta registrado con el número 26012 acuérdese lo conducente en el período respectivo; por otra parte, en cuanto hace al diverso registrado con el número 26011; en atención a su contenido, como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º., expídasele a su costa copia certificada de las constancias que indica, previa toma de razón de recibo que quede
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PROMS. 26011 Y 26012.
En San Andrés Cholula, Puebla, siendo las DIEZ HORAS
CON CINCUENTA MINUTOS DEL DÍA DIECINUEVE DE
OCTUBRE DE DOS MIL ONCE, estando en audiencia
pública, la Juez Segundo de Distrito en el Estado de Puebla,
María Esther Rodríguez Juárez, ante la Secretaria Claudia
Verónica Valdés Lozoya, que autoriza y da fe, procedió a
declarar abierta la audiencia constitucional señalada para el
día de hoy, en el juicio de amparo número 394/2011, sin la
comparecencia personal de las partes, ni de persona alguna
que legalmente las represente. La Secretaria hace constar
la comparecencia personal de Sergio Antonio Lira García y
Fernando Flores Pérez, en su carácter de autorizados del
tercero perjudicado Procurador General de Justicia del
Estado de Puebla, quienes se identifican respectivamente
con copia certificada de cédula profesional número 871505
expedida por la Dirección General de Profesiones de la
Secretaría de Educación Pública, y con licencia para conducir
número C05416586 expedida por la Secretaría de
Transportes y Vialidad del Gobierno del Distrito Federal, en
las que aparecen sendas fotografías cuyos rasgos
fisonómicos concuerdan con los de los comparecientes y se
agrega copia simple de las mismas para los efectos legales a
que haya lugar. La Secretaria da cuenta con dos escritos de
FERNANDO FLORES PÉREZ, autorizado en términos
amplios del artículo 27 de la Ley de Amparo, por el tercero
perjudicado Procurador General de Justicia del Estado de
Puebla, presentados el día de hoy. La Juez acuerda: En
términos del escrito de cuenta registrado con el número
26012 acuérdese lo conducente en el período respectivo; por
otra parte, en cuanto hace al diverso registrado con el
número 26011; en atención a su contenido, como lo solicita,
con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de
Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de
Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º.,
expídasele a su costa copia certificada de las constancias
que indica, previa toma de razón de recibo que quede
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asentada en autos, teniéndose por autorizadas para recibir
las mismas a las personas que indica para tal efecto. Abierto
el periodo de pruebas la Secretaria da cuenta con las
documentales que la quejosa adjunto a su escrito inicial de
demanda consistentes en copia certificada de instrumento
notarial número veintidós mil cuatrocientos diez, libro
cuatrocientos veintiocho de veintitrés de marzo de dos mil
siete; copia certificada de instrumento notarial número veinte
mil seiscientos veintiocho, volumen seiscientos ocho; copia
certificada de instrumento notarial número seis mil seiscientos
setenta y cuatro, volumen número ochenta y cuatro de siete
de noviembre de dos mil seis, (documentales que la parte
quejosa reproduce en su escrito presentado el siete de abril
de dos mil once) y periódico intolerancia de fecha doce de
marzo de dos mil once; así como la documental que adjuntó a
su escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil once,
consistente en copia certificada de instrumento notarial
número once mil cuatrocientos sesenta y seis, libro
doscientos dieciséis de trece de enero de dos mil cuatro; así
como las ofrecidas en su escrito de siete de abril de dos mil
once, consistentes en la presuncional legal y humana, los
informes justificados rendidos por las autoridades
responsables y los periódicos “Milenio”, “Síntesis” y “La
Jornada de Oriente”, todos de fecha veinticuatro de marzo de
dos mil once; igualmente se da cuenta con la documental el
tercero perjudicado Procurador General de Justicia del
Estado de Puebla, que ofreció en su escrito presentado el
dieciocho de mayo de dos mil once y nueve de junio,
consistente en copia simple y certificada del acuerdo
administrativo de veinticinco de abril de dos mil once, emitido
por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y las
ofrecidas en su escrito de tres de octubre del año en curso,
consistentes en copia certificada de exhorto número
1186/2011, y copia certificada de acuerdo de catorce de
septiembre de dos mil once, dictado en el expediente
********** del índice del Juzgado Segundo de lo Civil de San
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Pedro Cholula, Puebla; asimismo, se da cuenta con las
documentales que las autoridades responsables Secretario
de Seguridad Pública y Juez Segundo de lo Civil de San
Pedro Cholula, Puebla, remitieron en apoyo a su informe
justificado recibidas en la oficialía de partes de este Juzgado
el veintitrés y veintinueve de marzo, cinco y quince de abril
de dos mil once (de los cuales se formo un anexo por
separado). La Juez acuerda: Con fundamento en los
artículos 151, 154 y 155 de la Ley de Amparo, ténganse por
recibidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial
naturaleza las pruebas antes relacionadas, y no existiendo
pruebas pendientes de recibir y desahogar, se da por
concluido el período probatorio. Enseguida se procede a
abrir el periodo de alegatos en el que la Secretaria da
cuenta con los formulados por el tercero perjudicado
Procurador General de Justicia en el Estado de Puebla en
sus escritos registrados con los números 9707 y 24413 de
fechas quince de abril de dos mil once y tres de octubre de
dos mil once, y en su escrito registrado con el número 26012
presentado el día de hoy. La Juez acuerda: Téngase por
formulados los alegatos hechos valer por el tercero
perjudicado, y al no existir más alegatos que recibir se cierra
dicho periodo. Al no existir pedimento del agente del
Ministerio Público de la Federación adscrito, enseguida se
procede a dictar la sentencia respectiva.- DOY FE.
MARÍA ESTHER RODRÍGUEZ JUÁREZ. JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE PUEBLA.
CLAUDIA VERÓNICA VALDÉS LOZOYA. SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL
ESTADO DE PUEBLA.
SERGIO ANTONIO LIRA GARCÍA. AUTORIZADO DEL TERCERO PERJUDICADO PROCURADOR
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
FERNANDO FLORES PÉREZ.
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AUTORIZADO DEL TERCERO PERJUDICADO PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA.
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V I S T O S, para resolver los autos del juicio de
amparo número 394/2011.
R E S U L T A N D O:
PRIMERO.- Por escrito recibido el día catorce de
marzo de dos mil once, en la Oficina de Correspondencia
Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, y
el mismo día ante este Juzgado Segundo de Distrito en el
Estado de Puebla, **********, solicitó el amparo de la Justicia
Federal, en contra de los actos y autoridades que a
continuación se precisan:
AUTORIDADES RESPONSABLES:
1.- Juez Segundo de lo Civil y de lo Familiar del Distrito
Judicial de Cholula, Puebla.
2.- Diligenciario impar adscrito al Juzgado Segundo de
lo Civil y de lo Familiar del Distrito Judicial de Cholula,
Puebla.
3.- Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Puebla.
ACTO RECLAMADO:
“Del Ciudadano Juez Segundo de lo Civil y de lo Familiar del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en su carácter de autoridad responsable ordenadora, se reclaman todos los acuerdos de trámite, diligencias, sentencias interlocutorias y/o definitivas, dictadas dentro del expediente número ********** de los del Juzgado a su cargo, a partir del auto en que se haya radicado el juicio y/o medida y/o diligencia de que se trate, por virtud de la cual se ordenó el aseguramiento y/o desposeimiento y/o recuperación y/o desocupación del bien inmueble identificado como UDU SA-18 con una superficie de ********** M2 (**********), ubicado en Boulevard **********, San Andrés Cholula, Puebla, conocido popularmente como ********** propiedad de mi representada ********** --- Del Ciudadano Diligenciario adscrito a los expedientes impares del Juzgado Segundo de lo Civil y de lo Familiar del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, en carácter de autoridad responsable ejecutora, actuando dentro del
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expediente número ********** de los de dicho Juzgado, se reclaman todos los acuerdos de trámite, diligencias y sentencias interlocutorias y/o definitivas, notificadas y/o practicadas dentro del expediente antes indicado, y en específico la ejecución de la orden de aseguramiento y/o desposeimiento y/o recuperación y/o desocupación del bien inmueble identificado como ********** con una superficie de **********), ubicado en Boulevard **********, Puebla, conocido popularmente como “**********”, propiedad de mi representada “**********. --- De la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por conducto del Secretario de Seguridad Pública, Lic. Ardelio Vargas Fosado, en carácter de autoridad responsable ejecutora, actuando dentro del expediente número ********** de los del Juzgado Segundo de lo Civil y de lo Familiar del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, se reclama la ejecución de la orden de desposeimiento y/o recuperación y/o desocupación del bien inmueble identificado como ********** con una superficie de **********), ubicado en Boulevard ********** **********San Andrés Cholula, Puebla, conocido popularmente como “**********”, propiedad de mi representada “**********.”.
En escrito aclaratorio señaló:
“La falta de emplazamiento a juicio y/o la falta de notificación por virtud de la cual se le haya hecho saber en forma alguna a mi representada la existencia del juicio natural del que emana el acto reclamado, impidiendo ejercitar el derecho de audiencia y defensa, previa y/o posteriormente al aseguramiento y/o desposeimiento y/o recuperación y/o desocupación del inmueble identificado como ********** ubicado en Boulevard ********** Puebla. - - - b).- La orden de desposesión y/o aseguramiento y/o recuperación y/o desocupación del inmueble identificado como ********** ubicado en Boulevard ********** Puebla, misma orden que ha sido dictada por la autoridad responsable ordenadora, dentro del expediente que se identifica con el número ********** de los del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula, empero, sin que previa o posteriormente a la ejecución del acto ahora reclamado, se haya emplazado a juicio a mi poderdante, y/o se la haya notificado la existencia del mismo.”
ACTO RECLAMADO SEÑALADO EN ESCRITO DE
AMPLIACIÓN DE DEMANDA (presentada el quince de
abril de dos mil once):
“La MEDIDA CAUTELAR CONSTITUCIONAL por virtud de la cual se decreta y ordena la inmediata ocupación administrativa del predio identificado como ********** con una superficie de **********), PROPIEDAD PRIVADA de mi representada “**********. --- La AUTORIZACIÓN ESPECIAL SOBRE USO, VIGILANCIA Y APROVECHAMIENTO DE
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BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO, concedida al tercero perjudicado, respecto predio identificado como ********** con una superficie de **********), PROPIEDAD PRIVADA de mi representada “**********.”.
SEGUNDO.- Previo cumplimiento a la prevención
formulada, por auto de diecisiete de marzo de dos mil once,
este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Puebla, a
quien por razón de turno correspondió el conocimiento del
asunto, admitió la demanda de garantías, se registró en el
libro de gobierno que para juicios de amparo se lleva en este
juzgado, se solicitó el informe justificado a las autoridades
responsables; se ordenó el emplazamiento a la parte tercera
perjudicada, se dio la intervención que legalmente le
corresponde a la agente del Ministerio Público de la
Federación adscrito a este Juzgado y se fijó día y hora para
la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo
verificativo conforme al acta que antecede.
C O N S I D E R A N D O:
PRIMERO.- Este Juzgado Segundo de Distrito en el
Estado de Puebla, es legalmente competente para conocer
del presente juicio de garantías, en los términos de los
artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales;
36, 37 y 114 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 54 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo
General número 11/2011, del Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y
límites territoriales de los circuitos en que se divide la
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República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y
especialización por materia de los Tribunales Colegiados y
Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.
SEGUNDO.- En principio, es conveniente hacer la
precisión del acto reclamado, de acuerdo a lo dispuesto por
la fracción I, del artículo 77, de la Ley de Amparo, que
señala:
“Artículo 77.- Las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener:
I. La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados.”
En ese sentido, del estudio íntegro realizado a la
demanda de garantías, escrito aclaratorio y ampliación de
demanda, en relación con las constancias que obran en
autos, se advierte que el disconforme reclama actos
derivados del expediente civil número ********** del índice del
Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cholula,
Puebla, consistentes:
§ La medida cautelar constitucional por virtud de la
cual se decreta y ordena la inmediata ocupación
administrativa del predio identificado como
**********.
§ La autorización especial sobre uso, vigilancia y
aprovechamiento de bienes del dominio público,
concedida al tercero perjudicado, respecto del
predio citado.
§ Falta de emplazamiento a juicio o la falta de
notificación por virtud de la cual se haya hecho
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saber la existencia del juicio natural.
§ La ejecución de la orden de aseguramiento o
desposeimiento o recuperación o desocupación
del bien inmueble descrito.
TERCERO.- El Juez Segundo de lo Civil y Familiar de
Cholula, Puebla, reconoció como ciertos los actos que se le
reclamaron, sin embargo con relación al emplazamiento
manifiesta que no se ha realizado, pues el procedimiento del
cual derivan los actos se encuentra en etapa de conciliación,
por lo tanto se desvirtúa dicha certeza del acto del
emplazamiento y se tiene por negativo.
Asimismo, la existencia de los actos de ejecución y
emplazamiento reclamados al Diligenciario impar adscrito al
Juzgado Segundo de lo Civil y de lo Familiar del Distrito
Judicial de Cholula, Puebla, la primera consistente en la
diligencia mediante la cual se llevó a cabo la ejecución de la
medida cautelar de ocupación administrativa, no quedó
acreditada, toda vez que al rendir su informe justificado dicha
autoridad negó los referidos actos reclamados, sin que la
parte quejosa ofreciera prueba en contrario, que desvirtuara
dicha negativa.
Máxime que de autos se desprende que quien
desahogó la diligencia fue el juez civil responsable
asociado del secretario de acuerdos, tal como se advierte a
foja 131 de autos.
Por su parte el Secretario de Seguridad Pública del
Estado de Puebla, negó los actos que se reclamaron en la
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ampliación de la demanda, sin prueba de la parte quejosa,
que desvirtué dicha negativa.
Por lo anterior, lo procedente es decretar el
sobreseimiento en el juicio, con apoyo en la fracción IV,
del artículo 74 de la Ley de Amparo, respecto del Juez
Segundo de lo Civil y de lo Familiar del Distrito Judicial de
Cholula, Puebla, Diligenciario impar del propio Juzgado y
Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla, en
los términos precisados en los párrafos precedentes,
siendo aplicable al caso la jurisprudencia número 310,
visible a página 209, del Tomo II, del Apéndice al
Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el
rubro:
"INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo”.
CUARTO.- Son ciertos los actos reclamados al Juez
Segundo de lo Civil y Familiar de San Pedro Cholula, Puebla
y Secretario de Seguridad Pública (con excepción del
emplazamiento), pues así lo manifestaron al rendir su informe
justificado, lo que quedó corroborado con las constancias que
en copia certificada remitió el juez responsable, a solicitud
reiterada de este Juzgado de Distrito, al cual se le otorga el
carácter de documento público de conformidad con el artículo
129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de
aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su
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numeral 2º, entendiéndose por éstos, aquellos cuya
formación está encomendada por la ley, dentro de los límites
de su competencia, a un funcionario público revestido de fe
pública, y los expedidos por funcionarios, en el ejercicio de
sus funciones; la calidad de públicos se demuestra por la
existencia regular, sobre los documentos, de los sellos, firmas
u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las
leyes; en esa virtud, al tener el carácter de documentos
públicos se les confiere eficacia demostrativa plena en
atención a lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código
Procesal invocado.
Al respecto cobra aplicación la tesis de jurisprudencia
226, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia
Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación
1917-1995, del tenor literal siguiente:
“DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena.”
QUINTO.- Previamente al estudio de fondo del presente
asunto procede analizar las causas de improcedencia, sea
que las hagan valer las partes, o de oficio, por ser ésta una
cuestión de orden público y de estudio preferente, de
conformidad con lo que establece el último párrafo del
artículo 73, de la Ley de Amparo y la tesis de jurisprudencia
número ochocientos catorce, visible en la página quinientos
cincuenta y tres, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al
Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos
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diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, que al respecto
expone:
"IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia".
El tercero perjudicado señala que el juicio de
amparo es improcedente, en virtud de que los actos
reclamados no tienen una ejecución de imposible reparación.
Refiere que el quejoso no menciona cuál es el acto
dentro de juicio que tenga sobre las personas una imposible
reparación, que los derechos afectados por la responsable
no son derechos sustantivos, por lo que se actualiza el
supuesto previsto en el artículo 73, la fracción XVIII, 114,
fracción IV y 145 de la Ley de Amparo.
Señala que los actos no tienen sobre la esfera
jurídica del quejoso una ejecución que sea de imposible
reparación en la medida que tiene expedito su derecho de
defensa una vez que sea emplazado en el juicio civil número
**********, del índice del que emanan los actos reclamados,
por ello es que no tienen el carácter de definitivos ni
privativos.
Carece de razón, pues en el caso particular la
parte quejosa reclama la media cautelar por medio de la cual
la autoridad responsable decretó la ocupación inmediata del
predio del que el quejoso aduce ser propietario, y que
detentaba en el momento en que se llevó a cabo la diligencia
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en la que el juez civil en cita, entregó la posesión material de
éste al Procurador General de Justicia del Estado.
En este aspecto, es evidente que los actos
reclamados, sí revisten la característica de afectación de
derechos sustantivos; y que éstos derivan de un
procedimiento judicial en el que fueron emitidos, pues
trascienden, a los derechos fundamentales tutelados por las
garantías individuales (entre los que se encuentran la
propiedad, la posesión, la libertad, la vida, la integridad
personal, etcétera), y no tienen solo una consecuencia
procesal; de lo que se concluye, son actos de imposible
reparación de los que se refiere el artículo 114, fracción IV de
la Ley de Amparo.
Entonces, el acto es de imposible reparación
cuando se afecte inmediata y directamente los derechos
fundamentales, que la Constitución General tutela en favor
de los gobernados para que sea susceptible de impugnación
mediante el juicio de amparo indirecto.
Se cita como apoyo la jurisprudencia número IV.3o.
J/9, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto
Circuito, localizable en la página 333, tomo II, octubre de
1995, Novena Época del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son:
“AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA DEL. ACTOS DE NATURALEZA IRREPARABLE. Cuando el juicio de amparo es el único medio para combatir un acto de autoridad, no por ello debe estimarse la procedencia de aquél, porque, en principio, debe atenderse a si los actos de autoridad reclamados son de naturaleza irreparable, esto es, si revisten la característica de que la afectación que
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producen dentro del procedimiento judicial en el que fue emitido trasciende a los derechos fundamentales tutelados por las garantías individuales (entre los que se encuentran la propiedad, la libertad, la vida, la integridad personal, etcétera), y no que solamente tenga una consecuencia simplemente procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 114, fracción IV de la Ley de Amparo. Por lo tanto, no basta que un determinado proveído y la posible violación que con él se cometa en juicio, ya no sea materia de la sentencia que en dicho procedimiento se dicte, sino es necesario además que tal cuestión afecte inmediata y directamente los derechos fundamentales, que la Constitución General tutela en favor de los gobernados para que sea susceptible de impugnación mediante el juicio de amparo indirecto.”
Por otra parte, el tercero perjudicado refiere que el
quejoso no respetó el principio de definitividad, por lo que se
actualiza la causal prevista en la fracción XIII, del artículo 73
de la Ley de Amparo, y el hecho de considerar el quejoso
que se trata de un acto de imposible reparación, esto no lo
exenta para cumplir con el principio citado.
Es infundada dicha causal.
Ello es así, en virtud de que siendo el acto
reclamado una medida cautelar que no prevé la garantía de
audiencia previa de la parte afectada (como en el particular
acontece), hace evidente que quien no ha sido emplazado,
no puede intervenir en el juicio, dado que no resulta ser
formalmente parte; por tanto sí no ha sido llamado a juicio, ni
intervenido en él, es claro que menos puede hacer valer
recurso alguno.
Por otro lado, esgrime el tercero perjudicado que el
presente juicio es improcedente por que el quejoso no es
parte extraña al procedimiento, ya que al ser emplazado
podrá hacer valer los derechos que le correspondan, y al
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efecto señala que es improcedente el juicio en términos de
los artículos 73 fracciones V, XIII y XVIII, 114 fracción IV, y
145 todos de la Ley de Amparo.
Se dice que dicho motivo de improcedencia,
sustentado en que el quejoso no es parte extraña del juicio,
no opera en el caso, pues como él mismo lo reconoce no
consta de autos que a la fecha de la presentación de la
demanda la parte quejosa haya sido emplazada al juicio, por
tanto, siendo que no ha intervenido en el asunto, si resulta
ser extraño, pues incluso se tomó posesión del inmueble que
defiende, sin que se le haya dado audiencia previa en el
asunto.
Finalmente, como cuarta causa de improcedencia
que alega el citado tercero perjudicado, así como también la
cual hace valer el Juez responsable, en el sentido de que
el quejoso carece de interés jurídico, porque no acredita ser
titular del uso, explotación, ni aprovechamiento de bienes de
dominio público del Estado de Puebla, objeto de la medida
cautelar, contrario a lo que señalan la autoridad y el citado
tercero perjudicado, para efectos de instar este juicio de
garantías, el quejoso acreditó su interés jurídico con las
documentales que anexó a su demanda de garantías
consistentes en copias certificadas de los siguientes
documentos:
1.- Instrumento notarial 20,628, volumen 608, de
once de febrero de dos mil cuatro, de la Notaría Pública
número 31 de la ciudad de Puebla, que contiene el:
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a) Acuerdo e instrucciones de segregación de una
fracción del predio y donación a título oneroso a
favor de **********.
b) Segregación de una fracción del predio,
donación a título oneroso y extinción parcial de
fideicomiso.
c) Aceptación por parte del representante legal de
**********, de la donación a título oneroso
realizada a su favor.
d) Modificación al fideicomiso traslativo de dominio
y administración.
2.- Copia certificada del instrumento notarial número
6,674, volumen 84 de siete de noviembre de dos mil seis, de
la Notaría Pública número 55 de la ciudad de Puebla, relativa
al convenio modificatorio al contrato de fideicomiso traslativo
de dominio y de administración; la instrucción al fiduciario
para acudir a la celebración del convenio modificatorio al
contrato de donación a título oneroso a favor de **********; el
convenio modificatorio al contrato de donación a título
oneroso a favor de dicha persona moral, en ejecución del
fideicomiso traslativo de dominio y de administración; y, la
liberación de las cargas por cumplimiento respecto de la
**********.
Documentos de los cuales se desprende la
existencia de un acto traslativo de dominio en favor del
quejoso, con lo cual, para efectos de este juicio de amparo,
acredita el interés jurídico con el que comparece a juicio; lo
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anterior sin prejuzgar, sobre la legalidad o validez del
contenido de dichos actos jurídicos.
Sustentan lo anterior la tesis aislada emitida por la
Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava
Época, Tomo II, primera parte, julio a diciembre de 1988,
página 224, cuyo rubro y texto son:
“INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO QUE LO CONSTITUYE. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados.”.
Así como la jurisprudencia del Primer Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito,
publicada en el Semanario Judicial de la Federación,
Octava Época, Tomo VI, página 856, que a la letra dice:
“INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de
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exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquel a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia.”.
También, es conveniente citar la jurisprudencia del
entonces Segundo Tribunal Colegiado de este Circuito,
que bajo el número 854 se encuentra publicada en la
página 582, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al
Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la
letra dice:
“INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona.”.
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Sin que tenga aplicación la tesis que cita el
tercero perjudicado de rubro: “INTERÉS JURÍDICO EN EL
AMPARO, CARECEN DE, LOS PARTICULARES QUE
DETENTAN BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO DE LA
FEDERACIÓN Y NO TENGAN CONCESIÓN PARA EL
USO, EXPLOTACIÓN O APROVECHAMIENTO DE
DICHOS BIENES.”; pues la tesis en cita se refiere al
supuesto en el que la parte quejosa detenta un bien de
dominio público de la federación y no tenga una concesión,
para el uso, explotación o aprovechamiento, ya que en el
particular el quejoso no se ostenta concesionario del bien
que defiende, sino que comparece a juicio ostentándose
propietario del inmueble objeto de litigio, con motivo de
una escritura de donación onerosa; por tanto, como se
indicó en líneas anteriores (sin prejuzgar sobre la
titularidad o no, del inmueble), tal documento es suficiente
para acreditar el interés jurídico en este juicio de garantías.
En este momento cabe hace paréntesis para
aclarar que no obstante el interés jurídico que tiene el
quejoso para promover el juicio de amparo, el mejor
derecho sobre el predio descrito, será la materia a dilucidar
en el juicio natural.
Ahora bien, por lo que hace a las manifestaciones
hechas por dicha parte tercero perjudicada, en relación con la
falta de legalidad y de audiencia hechas valer por el quejoso,
cabe señalar que las mismas son inatendibles en este
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apartado, porque las mismas serán motivo de análisis al
resolver el fondo del asunto.
En vista al resultado a que se llegó en cuanto al
acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento a
juicio, resulta innecesario pronunciarse en relación a las
demás causales de improcedencia propuestas por las partes,
dado que en nada variaría el sobreseimiento decretado
respecto a éste acto.
Una vez que se han contestado las causas de
improcedencia hechas valer por las partes y no advertir de
oficio alguna otra, se procede al análisis de los conceptos de
violación.
SEXTO.- Para mejor comprensión de este asunto, es
conveniente, antes de dar contestación a los conceptos de
violación, hacer una relación de las constancias conducentes,
derivadas del juicio de amparo en que se actúa, como son:
1. Escrito presentado el catorce de marzo de dos mil
once, en la Oficina de Correspondencia Común a los
Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, que se turnó en
esa misma fecha a este juzgado, mediante el cual **********,
demandó la protección de la Justicia Federal contra los actos
que reclama del Juez Segundo de lo Civil y Familiar de
Cholula, Puebla (ordenadora), Diligenciario Impar de dicho
juzgado y Secretario de Seguridad Pública del Estado
(ejecutoras), que estimó violatorios de los artículos 14 y 16
constitucionales, actos que quedaron precisados en el
resultando primero de esta ejecutoria.
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Describió en dicha demanda, como antecedentes de
los actos reclamados:
Que mediante instrumento notarial 20,628, volumen
608 de once de febrero de 2008 (sic, debe ser 2004), de la
Notaria Pública número 31 de la ciudad de Puebla, adquirió el
inmueble materia de la litis, por una donación a título oneroso
que otorgó el entonces Gobierno del Estado de Puebla,
agregando que una de las cargas que le fueron impuestas,
consistía en instalación y operación de un parque de
diversiones, que llevó el nombre de “Valle Fantástico”.
Instrumento notarial que anexa (foja 55), mismo del que
se desprende entre otros: A) El acuerdo e instrucción de
segregación de una fracción del predio, y donación a título
oneroso de la misma a favor de la parte quejosa, respecto el
fideicomiso constituido por el Gobierno del Estado de Puebla.
B) La segregación de una fracción del predio, donación a
título oneroso y extinción parcial de fideicomiso.
Que debido al cumplimiento por parte del quejoso, de
las cargas impuestas, mediante instrumento notarial 6,664,
de fecha siete de noviembre de dos mil seis, el Gobierno del
Estado, realizó la liberación de las cargas asignadas
impuestas en la donación onerosa quedando perfeccionada
dicha donación, lo que motivó, dice el quejoso, que adquiriera
la propiedad perfecta del inmueble identificado como UDU
SA-18.
Refiere que el viernes once de marzo del año en curso,
aproximadamente a las veinte horas, la diligenciaria
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responsable (sic, fueron el juez y el secretario del Juzgado
Segundo de lo Civil y de lo Familiar de Cholula, Puebla) y
trescientos elementos de Seguridad Pública del Estado,
irrumpieron de manera violenta el inmueble ubicado en
Boulevard **********, de San Andrés Cholula, Puebla,
conocido popularmente como ********** desalojando del lugar
al vigilante que resguardaba el mismo, persona a la que no le
dejaron notificación alguna.
Finaliza sus hechos refiriendo que el sábado doce de
marzo de dos mil once, el Gobierno del Estado, ha iniciado
diversos trabajos de demolición y construcción dentro del
inmueble.
A la demanda de garantías, la peticionaria acompañó
copia certificada de los documentos siguientes:
v Instrumento Notarial número 22,410 que contiene el
Poder General que **********, otorgó a Rodolfo Jesús
Aragón Mijangos.
v Instrumento Notarial número 20,628 de once de febrero
de dos mil cuatro, que contiene:
Ø Acuerdo e instrucciones de segregación de
una fracción del predio y donación a título
oneroso a favor de **********.
Ø Segregación de una fracción del predio,
donación a título oneroso y extinción parcial
de fideicomiso.
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Ø Aceptación por parte del representante legal
de ********** de la donación a título oneroso
realizada a su favor.
Ø Modificación al fideicomiso traslativo de
dominio y administración.
v Instrumento Notarial número 6,674 de siete de
noviembre de dos mil seis relativo al:
Ø Convenio modificatorio al contrato de
fideicomiso traslativo de dominio y de
administración.
Ø Convenio modificatorio al contrato de
donación a título oneroso a favor de
**********, en ejecución del fideicomiso
traslativo de dominio y de administración
Ø Liberación de cargas por cumplimiento
respecto de la UDU SA – 18.
v Periódico Intolerancia de doce de marzo de dos mil
once.
En escrito aclaratorio que es parte integral de la
demanda de garantías, exhibió los siguientes documentos:
v Instrumento Notarial número 11,466 de trece de
enero de dos mil cuatro, que contiene la constitución
de la sociedad mercantil denominada **********.
2. Informes justificados rendidos por el Juez Segundo
de lo Civil y de lo Familiar de Cholula, Puebla, en el que
aduce que son ciertos los actos reclamados (fojas 124 y 326
a 328) al que anexaron diversas constancias deducidas del
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expediente número **********(copias exhibidas a solicitud del
tercero perjudicado), entre las que se encuentran las
actuaciones siguientes:
I.Escrito del Procurador General de Justicia del Estado
de Puebla, en su carácter de representante jurídico
del propio Estado, por medio del cual solicitó, entre
otros, la medida cautelar constitucional de ocupación
administrativa del inmueble que se identifica como
SA-18-fracción y predio SA-18-B, presentado ante la
responsable el ocho de marzo de dos mil once,
según sello de recepción (fojas 1 a 25 del anexo I,
formado con motivo del informe).
II.Auto de nueve de marzo de dos mil once, en el que la
responsable ordenadora:
o Reconoció la personalidad del solicitante de la
medida cautelar;
o Declaró su legal competencia;
o Reconoció el interés jurídico del accionante;
o Decretó la medida cautelar constitucional de
ocupación administrativa de los predios
SA-18-fracción con una superficie de 18.72
hectáreas y SA-18-B con una superficie de
2.47 hectáreas;
o Autorizó el rompimiento de chapas y
cerraduras y cualquier obstáculo que impidiera
el acceso al inmueble;
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o Decretó la medida cautelar constitucional sin
audiencia de la contraparte;
o Ordenó la inscripción de la ocupación en el
Registro Público de la Propiedad y del
Comercio del Distrito Judicial de Puebla; y
o Emitió autorización especial sobre uso,
vigilancia y aprovechamiento de bienes de
dominio público.
La medida cautelar combatida, emitida dentro del
juicio civil de nulidad número **********, se apoyó en las
consideraciones siguientes:
“San Pedro Cholula, Puebla, a nueve de marzo de dos mil once.
Agréguese el escrito de los Ciudadanos Licenciados en Derecho
VICTOR ANTONIO CARRANCÁ BOURGET, Procurador General de
Justicia del Estado de Puebla, en su carácter de representante legal del
Gobierno del Estado de Puebla, del Ciudadano JOSÉ CABALÁN MACARI
ÁLVARO, Secretario de Administración del Estado de Puebla, así como del
Ciudadano ROBERTO JUAN MOYA CLEMENTE, Secretario de Finanzas
del Estado de Puebla, visto su contenido y con fundamento en los artículos
27, fracción VI de la Constitución General de la República, 1, fracción I, 2,
fracción I, 7, 8, 9, 10, 15 de la Ley de Bienes del Estado de Puebla; 2, 13,
939, 951, 1482, 1484, 1923, 1924 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado, en relación con el artículo 2 de la Ley General de Bienes
del Estado; 1, 3, 4, 5, 6, 8, 14 fracciones I y II, 22, 24, 106, 107, 108 179,
194, 195, 202, 203, 216, 217, 218, 220, 523, fracción II y VII, 524, fracción I
y II, 529 y 530 Código de Procedimientos Civiles para el Estado vigente; en
consecuencia se provee:
“PRIMERO.- DE LA COMPETENCIA. Esta autoridad es competente
para conocer del presente juicio conforme a lo dispuesto en los artículos 5
y 7 de la Ley General de Bienes del Estado de Puebla; 39 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado; 106, 107, 108, fracciones III, IV y
VII, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado vigente. Las
acciones deducidas son de ineficacia pero con matices reales y el domicilio
de al menos uno de los demandados está en esta jurisdicción, así como la
ubicación del bien.
“SEGUNDO.- DE LA PERSONALIDAD E INTERÉS JURÍDICO DE
LOS SOLICITANTES. Se reconoce a los promoventes Ciudadano
Licenciados en Derecho VICTOR ANTONIO CARRANCÁ BOURGET,
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Procurador General de Justicia del Estado de Puebla, en su carácter de
representante jurídico del Gobierno del Estado de Puebla, en los términos
señalados en los artículos 98 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla, y 45, fracción XIII de la Ley Orgánica de La
Administración Pública del Estado de Puebla, la personalidad jurídica
necesaria para comparecer, así como del Ciudadano JOSÉ CABALÁN
MACARI ÁLVARO, Secretario de Administración del Estado de Puebla,
personalidad y carácter que acredita con copia certificada del
nombramiento expedido a su favor por el Gobernador Constitucional del
Estado, de igual forma en representación del Gobierno del Estado de
Puebla y ROBERTO JUAN MOYA CLEMENTE Secretario de Finanzas del
Estado de Puebla, personalidad y carácter que acredita con la copia
certificada del nombramiento expedido a su favor por el Ciudadano
Gobernador Constitucional del Estado; y promover la presente acción en
término por lo dispuesto en los artículos 99, fracción II, III, IV, 101,
102,103, 104, 105 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado;
quienes promueven por su representación legal constitucional y en
ejercicio de los derechos de garantes del dominio público que les confiere
el artículo 27, fracción VI de la Constitución General de la República, y de
los artículos 9 y 10 de la Ley de Bienes del Estado de Puebla.
Personalidad que acreditan, el primero de los nombrados mediante la
documental pública consistente en copia certificada del nombramiento
como Procurador General de Justicia del Estado de Puebla, suscrito por el
C. Gobernador Constitucional del Estado de Puebla, a favor del C, Víctor
Carrancá Bourget; en tanto que el segundo de los nombrados mediante
copia certificada del nombramiento expedido a favor del suscrito (sic) por el
Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado, y el tercero de los
nombrados al través (sic) de la copia certificada del nombramiento
expedido por el Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado. Con
estas probanzas, los representantes legales del Gobierno del Estado de
Puebla, acreditan fehacientemente su carácter, en los términos señalados
en los artículos 98 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Puebla, y 45, fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración
Pública del Estado de Puebla, personalidad y representación con que se
ostentan y comparecen en el presente juicio, por lo que se encuentran
legitimados en la causa y en el proceso.
“Asimismo se reconoce el interés jurídico de los accionantes para
solicitar la declaratoria de reconocimiento del carácter de naturaleza de
dominio público, del bien identificado en la demanda, al ser garantes de
ese bien de dominio público por disposición expresa de la Ley de Bienes
del Estado de Puebla.
“SÉPTIMO.- DEL DOMICILIO AD LITEM. Téngase al ocursante
señalando domicilio para recibir notificaciones; se tiene nombrando
representante común de la parte actora al profesionista que señala y a
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quien se le tiene protestando el cargo conferido en virtud de la
manifestación y firma que calzan el escrito de demanda.
“OCTAVO.- DE LA MEDIDA CAUTELAR CONSTITUCIONAL. Con
fundamento en los dispuesto en los artículos 1, fracción I, 2, 5, 7, 8, 9, 10,
47 y 48 fracción III de la Ley General de Bienes del Estado, reglamentaria
de la fracción VI del artículo 27 de la Constitución General de la República,
por ser procedente y como lo solicita el peticionario, de plano y sin mediar
artículo ni demora alguna por tratarse de un bien cuya naturaleza es de
dominio público, SE DECRETA Y ORDENA LA INMEDIATA OCUPACIÓN
DE LOS PREDIOS IDENTIFICADOS COMO SA 18-FRACCIÓN, CON
UNA SUPERFICIE DE 18.72 HECTÁREAS Y SA 18-B, CON UNA
SUPERFICIE DE 2.47 HECTÁRESAS, cuyas medidas y colindancias se
especifican en el dictamen técnico de identidad física y cartográfica,
suscrito por el Director General del Instituto de Catastro del Estado de
Puebla, que está visible como anexo de la demanda sobre la cual se
provee.
“Para los efectos de ley, es pertinente indicar que el peticionario,
expresa como consideraciones para la procedencia de esta medida las
cuales esta autoridad analiza y hace propias para la motivación de ésta,
los siguientes aspectos:
“Mediante acuerdo del C. Gobernador del Estado de Puebla, de
fecha 4 de los corrientes, de conformidad con los artículos 5, 7, 9, fracción
IV, VII y 10 de la Ley General de Bienes del Estado, le fueron giradas
instrucciones al Procurador General de Justicia solicitante de la medida, al
efecto de proceder, entre otros actos con la solicitud, y por los motivos,
fundamentos y causas a que se contrae en el escrito de cuenta.
“En efecto (se reitera, como lo indica el solicitante), la ocupación
administrativa es una medida cautelar constitucional, cuyo propósito
esencial es defender la propiedad del régimen de dominio público del
Estado, salvaguardando el interés público durante la secuela del juicio que,
en el caso del Estado Libre y Soberano de Puebla, está prevista en el
artículo 10 de la Ley General de Bienes del Estado de Puebla, en este
sentido, es ciertamente reglamentaria del artículo 27, fracción VI, segundo
y tercer párrafos de la Constitución Federal.
“La ocupación administrativa está expresamente prevista a favor de
los Estados en la Constitución General y en la legislación especial
aplicable en la especie a la materia (Ley General de Bienes del Estado).
“Las pruebas acompañadas a la solicitud inserta en la demanda son
las siguientes (en lo que interesa):
“Diario Oficial de la Federación de fecha 4 de mayo de 1992, donde
consta el decreto emitido por el Presidente Constitucional de los Estados
Unidos Mexicano, Lic. Carlos Salinas de Gortari, mediante el cual el
Gobierno Federal expropió un predio de 696-95-00.50 hectáreas del ejido
de San Andrés Cholula, Puebla, Municipio de San Andrés Cholula, Puebla;
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copia certificada del convenio de transferencia celebrado por el Gobierno
del Estado de Puebla con el Gobierno Federal el 12 de abril 1994;
certificación de la Registradora Pública de la Propiedad y del Comercio,
donde se hace constar que bajo el número 8629054 de fecha 13 de abril
de 1994, se inscribió el convenio de transferencia de reservas territoriales
celebrado entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Puebla,
bajo la partida 75, a fojas 101 frente y vuelta, libro 10, tomo I, de fecha 13
de abril de 1994; copia certificada por el Registrador Público de la
Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, donde se
hace constar que con fecha 19 de abril de 1994 el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de Puebla, Puebla, registró el convenio de
transferencia bajo la partida 115 a 118, libro 11, tomo IV; dictamen de
fecha 28 de febrero de 2011, suscrito por el Secretario de la Contraloría del
Estado de Puebla, donde dicho funcionario dictamina y hace constar que el
identificado en la demanda es un inmueble propiedad del Estado Libre y
Soberano de Puebla; programa Subregional de Desarrollo Urbano de los
Municipio de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro
Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 09 de agosto
de 1994, y sus modificaciones publicadas en el Periódico Oficial del
Estado el día 19 de diciembre de 1997, 18 de diciembre de 1998, 14 de
junio de 2000, el 10 de enero de 2003, el 13 de septiembre de 2004, en
donde se establece que el uso y destino del inmueble es preservación
ecológica, Parque Metropolitano; Programa Municipal de Desarrollo
Urbano de San Andrés Cholula, Puebla, publicado en el Periódico Oficial
del Estado de fecha 30 de enero de 1996, en donde se establece que el
uso y destino de suelo del inmueble es Preservación Ecológica Parque
Metropolitano, fe de hechos relativa al inmueble cuya ocupación
administrativa se solicita, que acredita que el inmueble está en estado de
abandono y representa riesgo de salubridad y seguridad pública.
“Las referidas probanzas tienen pleno valor probatorio sobre su
contenido, por tratarse de documentos públicos que con ese valor califica
el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles.
“Del cuadro probatorio puede deducirse, prima facie, y sin
prejuzgar sobre el fondo de la controversia:
- Que el bien cuya ocupación se solicita como medida cautelar
constitucional es un bien de dominio púbico;
- Que existen actos de disposición de ese bien, primero en
afectación al patrimonio de un fideicomiso, pese a ser inalienable; y
segundo la enajenación a favor de personas particulares, y con perjuicio
del interés colectivo;
- Que no es la colectividad quien está haciendo uso del
referido bien, pese a que está destinado a la prestación de un servicio
público y que no ha sido desincorporado de este régimen (destino que se
le asignó en los Programas Subregionales de Desarrollo Urbano de los
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Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula, y San Pedro
Cholula, Puebla, según decretos de fechas 10 de agosto de 1994, 19 de
diciembre de 1997, 18 de diciembre de 1993, 14 de junio de 2000, 10 de
enero de 2003 y 13 de septiembre 2004), Preservación Ecológica y
parque Metropolitano;
- Que se surten las clases de necesidades que se ilustran a la
solicitud y que se reseñan en los siguientes pormenores:
• La violación del orden jurídico y patrimonial del Estado de
Puebla, impide que éste preste en el referido inmueble
servicios públicos, en efecto, el bien inmueble cuya
ocupación administrativa se solicita es de dominio público del
Estado de Puebla, y está destinado al uso común y a la
prestación de servicios públicos, sin embargo ésta siendo
objeto de una disposición particular, lo que causa dañosas
consecuencias sociales y urbanas que requieren una
rectificación inmediata y que consisten básicamente en que
la autoridad estatal no ha podido prestar los servicios que le
son propios a dicho inmueble.
• Se compromete la posesión y la propiedad del Estado de
Puebla, sobre el referido inmueble; ya que se están
corriendo dos grandes riesgos: por una parte derivado del
incumplimiento del convenio de transferencia mediante el
cual el Gobierno Federal transmitió la propiedad del
inmueble en cuestión al Estado de Puebla, éste puede
perder la propiedad del inmueble como consecuencia de la
reversión que solicite el Gobierno Federal a virtud del
incumplimiento; así como el riesgo de embargos o
gravámenes de terceros.
• Los riesgos de naturaleza sanitaria y de seguridad
engendradas por el abandono del inmueble que ponen en
peligro a la ciudadanía tal y como se desprende de la fe de
hechos practicada por el Notario Público número Uno de
este Distrito Judicial licenciado ENRIQUE CAMARILLO
DOMINGUEZ, en el testimonio número 22368, de fecha siete
de marzo de dos mil once, además de ser un hecho notorio.
En efecto, algunas instalaciones mobiliarias y temporales
que presenta el inmueble cuya ocupación se solicita se
encuentran en estado de total abandono, lo que significa un
riesgo por derrumbes y desplomes totales o parciales con
peligro para las personas, y una fuente de insalubridad por
oxidación, como se desprende de la fe de hechos ya
referida.
“Este juez del conocimiento, también hace suya la conclusión
sostenida en el escrito de cuenta de que la ocupación administrativa que
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se solicita no generará perjuicio grave a los aparentes propietarios o
detentadores del inmueble, ya que tal como se acredita con el instrumento
notarial que contiene la fe de hechos acompañada al escrito, el referido
inmueble es un terreno baldío y el denominado “Valle Fantástico” está
abandonado y no está en operación, por lo que no puede generar algún
ingreso a sus detentadores.
“En consecuencia, la medida cautelar constitucional se
decreta para el efecto de preservar y conservar los bienes de dominio
público, dada su naturaleza, sin perder de vista que la definitividad de
la medida aquí decretada se subordina a las resultas del juicio, esto
es, hasta que se pronuncie sentencia DEFINITIVA. Dicha ocupación
también debe comprender las instalaciones y otros bienes muebles
localizados en éste.
“NOVENO.- DE LA AUTORIZACIÓN PARA ROMPIMIENTO DE
CHAPAS CERRADURAS Y CUALQUIER OTRO OBSTACULO QUE
IMPIDA EL ACCESO AL INMUEBLE. Con la finalidad de poder ejecutar la
ocupación administrativa aquí ordenada, se autoriza el auxilio de la fuerza
pública, así como el rompimiento de cerraduras y toda tranca o dispositivo
de cierre de puertas y accesos, así como la remoción de todo obstáculo
que exista, en la inteligencia de que el personal de este juzgado deberá
señalar de manera pormenorizada las circunstancias de la diligencia
correspondiente y el levantamiento del inventario de los bienes que se
encuentren dentro del o los inmuebles, de ser esto posible.
“Asimismo, con la finalidad de poder ejecutar la ocupación
administrativa aquí ordenada, con fundamento en lo dispuesto por el
artículo 29 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, se
habilitan días y horas inhábiles para que se lleve a cabo la diligencia.
“DÉCIMO.- DEL DECRETO DE LA MEDIDA CAUTELAR
CONSTITUCIONAL DE OCUPACIÓN SIN AUDIENCIA DE LA
CONTRAPARTE. La medida cautelar constitucional de ocupación que aquí
se decreta en término de los artículos 5, 7, 9, fracción IV, VII y 10 de la Ley
General de Bienes del Estado, y de los diversos 523, fracción VII y 529 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado es para el efecto de
preservar y conservar los bienes de dominio público dada su naturaleza
sin perder de vista que la definitividad de la medida aquí decretada se
subordina a las resultas del juicio, esto es, hasta que se pronuncie
sentencia DEFINITIVA. Además es pertinente indicar que la medida
cautelar constitucional de ocupación, al encontrarse dirigida a garantizar la
existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún
menoscabo, por lo que debe considerarse que la emisión de esta medida
cautelar constitucional de ocupación no constituye un acto privativo, pues
sus efectos provisionales quedan sujetos indefectiblemente a las resultas
del procedimiento jurisdiccional, donde los sujetos que puedan resultar
afectados son “parte” y podrán aportar los medios probatorios que
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consideren convenientes; luego entonces, para la imposición de la medida
cautelar constitucional de ocupación aquí decretada no rige la garantía de
previa audiencia.
“Sobre el particular tiene especial aplicación a lo aquí ordenado la
jurisprudencia del Alto Tribunal de la Nación, que en seguida se transcribe
a la letra:
“MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS
PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA
GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA” (la transcribe).
“UNDÉCIMO.- DE LA INSCRIPCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA
OCUPACIÓN. Una vez ejecutada la ocupación aquí ordenada, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 47 y 48, fracción III de la Ley
de Bienes del Estado, se ordena girar atento oficio al (a) Ciudadano (a)
Registrador (a) Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Judicial
de Puebla, Puebla, para que proceda a hacer la anotación de esta
resolución de ocupación, EN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTIDAS
QUE CORRESPONDAN A ESTE INMUEBLE, que por su constitución
corresponde a la partida 132, libro Uno, tomo 101, modificaciones partida
112, Libro 10, tomo Uno; venta de cuatro fracciones partida 378, libro Uno,
tomo 145, venta de veinticuatro fracciones partida 456, libro Uno, tomo
145, venta partida 488, 489 y 490, libro Uno, tomo 157, otra venta partida
746, libro Uno, tomo 160; venta de cuatro fracciones partida 716, libro Uno,
tomo 176; donación condicional partida 538, Libro Uno, tomo 181;
modificación partida 521, libro Uno, tomo 194; y para el caso, tomando en
consideración que es una resolución cautelar; proceda a la inscripción de
la misma en las partidas que resulten afectadas con motivo de esta
resolución.
“DUODÉCIMO.- DE LA AUTORIZACIÓN ESPECIAL SOBRE
USO, VIGILANCIA Y APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO
PÚBLICO. Se concede de manera enunciativa y no limitativa al
solicitante la autorización para emitir los acuerdos que deban regir el
uso, vigilancia y aprovechamiento de los bienes de dominio público
(PRESERVACIÓN ECOLÓGICA Y PARQUE METROPOLITANO) materia
de la ocupación así como cualquier otra acción ejecutiva tendiente a
ese fin, esto conforme al artículo 9 fracción IV y VII de la Ley de
Bienes del Estado.
CUMPLASE Y EN SU MOMENTO NOTIFIQUESE.” (foja 26 a 37,
del anexo).
SÉPTIMO.- En el caso se procederá al examen
constitucional de los conceptos de violación, sin que sea
necesario transcribirlos, ya que dicha circunstancia no la deja
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en estado de indefensión, dado que no se le priva de la
oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime
pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la
misma.
A esta consideración le es aplicable la jurisprudencia
2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, tomo
XXXI, mayo 2010, materia común, Novena Época,
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y
texto:
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.”
No obstante lo anterior, en atención a la facultad
discrecional del juez para estimar en cada caso la necesidad
de analizar los conceptos de violación, en el caso siendo
innecesario dicha trascripción se procede a sintetizar los
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conceptos de violación vertidos por la parte quejosa (en la
demanda y ampliación de la misma), como sigue:
1). Después de citar, transcribir y analizar los artículos
14 y 16 constitucionales como premisa mayor, señala como
premisa menor que, le causa agravio el hecho de que las
autoridades hayan seguido un juicio o medida que tuvo como
objeto privarla de la posesión del bien inmueble que describió
en la demanda de garantías, sin llamarla a juicio conforme a
derecho, para que estuviera en posibilidad de hacer valer
alegatos, ofrecer pruebas o presentar los recursos que
considerara pertinentes en su defensa.
Que la responsable admitió una demanda y como
consecuencia de ello decretó una medida o diligencia que
tuvo por objeto desposeer, desocupar o lanzarla del bien
inmueble, sin ser llamada en ningún momento, ni darle la
oportunidad constitucional de defenderse.
Señala que no existe o no ha sido notificada con
documento oficial alguno en el que justifique y sancione la
privación de la posesión del inmueble. Que nunca le
notificaron la existencia de la litis seguida en su contra, por lo
que la deja en completo estado de indefensión.
2) Refiere, que no se puede establecer que la autoridad
emisora sea la competente, porque no existe mandamiento
escrito de autoridad. Que se priva de sus derechos y
posesiones sin que se haya seguido un juicio ante tribunales
competentes, en el que se cumplan las formalidades de
procedimiento.
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Dice que al admitir a trámite la medida cautelar
constitucional, se extralimita en el ejercicio de sus funciones
como Juez de Primera Instancia, al pasar por alto lo
dispuesto en los artículos 1 y 523 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, en relación
con el artículo 200, fracción II de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado; de los cuales se desprende que el juez
responsable no se encuentra facultado para dictar dicha
medida por medio de la cual se ordene la inmediata
ocupación administrativa respecto de cualquier inmueble.
Manifiesta que la aplicación de los medios de control
constitucional es una facultad reservada a los miembros del
Poder Judicial Federal, razón por la cual el Juez Segundo de
lo Civil y de lo Familiar del Distrito Judicial de Cholula,
Puebla, se encuentra impedido para aplicar preceptos
constitucionales, por lo que es ilegal que pretenda aplicar una
medida cautelar constitucional.
Cita como apoyo la tesis de jurisprudencia de rubro:
“JUECES DE DISTRITO. EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL
LES CORRESPONDE APLICAR LA LEY DE AMPARO Y NO
LAS LEYES SECUNDARIAS.”.
3) Que no existe mandamiento fundado y motivado. Lo
anterior porque no existe dispositivo legal por virtud del cual
se pueda decretar y ordenar de manera inmediata “una
ocupación administrativa” respecto del bien inmueble
indicado en múltiples ocasiones.
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4) Que se afectaron sus derechos sin que se ajuste a
los procedimientos establecidos en las leyes. Ello atento a
que conforme al artículo 200 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado, los jueces deben ajustar sus
procedimientos y resoluciones a la ley, en el caso debe
ceñirse a lo dispuesto por el Código de Procedimientos
Civiles para el Estado y por tanto emitir sus actos de manera
pronta, completa e imparcial, con apego al código ya citado.
5) Que la autoridad responsable en contravención a los
artículos 14, 16 y 27 de la Constitución Federal, decreta y
ordena de manera inmediata una ocupación administrativa
respecto del predio identificado como UDU SA-18 propiedad
privada de **********, cuando el Código de Procedimientos
Civiles no prevé la existencia de la medida precautoria
constitucional, ni la ocupación administrativa.
Exterioriza que, más grave aún, la responsable funda la
medida en los artículos 1, fracción I, 2, 5, 7, 8, 9, fracción IV y
VII, 10, 47 y 48, fracción III de la Ley General de Bienes del
Estado, supuestamente reglamentaria de la fracción VI del
artículo 27 de la Constitución General de la República,
pasando por alto que la Ley General de Bienes del Estado,
fue creada única y exclusivamente con la finalidad que
existiera una legislación que regulara los bienes propiedad
del Estado ya sean de dominio público o privado. Y después
de transcribir los artículos antes citados refiere que éstos
regulan bienes de dominio público o privado, pero nunca,
respecto de bienes inmuebles propiedad privada.
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Que pretende equiparar el bien inmueble propiedad
privada, con uno de dominio público propiedad del Estado,
por lo que vulnera de manera flagrante las formalidades
esenciales del procedimiento, ya que no existe precepto legal
en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado, ni en
la Ley General de Bienes del Estado de Puebla, que lo
faculte para decretar una media cautelar constitucional para
ocupar administrativamente el predio UDU SA-18, que refiere
es propiedad privada.
Por lo que, dice el quejoso, la autoridad responsable ha
prejuzgado y sentenciado que el bien inmueble es un bien de
dominio público propiedad del Estado.
Manifiesta que la Ley General de Bienes del Estado, no
es reglamentaria del artículo 27, fracción VI de la Constitución
Federal, pues dicha fracción solo regula la figura jurídica de la
expropiación, la cual se encuentra regulada en el Estado en
la Ley de Expropiación para el Estado.
6) Menciona, que con la autorización especial sobre
uso, vigilancia y aprovechamiento de bienes del dominio
público que otorgó la autoridad responsable se extralimita en
sus funciones. Toda vez que concede al tercero perjudicado
de manera enunciativa y no limitativa, la autorización para
emitir acuerdos, así como cualquier otra acción ejecutiva
tendiente a ese fin respecto del inmueble identificado como
UDU SA -18 con una superficie de ********** M2 (**********),
ubicado en Boulevard **********, San Andrés Cholula, Puebla,
conocido popularmente como **********Que lo anterior, vuelve
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a pasar por alto el contenido de los artículos 1 y 523 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado, en relación
con el artículo 200, fracción II de la Ley Orgánica del Poder
Judicial del Estado; pues, insiste, éstos, no facultan al juez
responsable para autorizar el uso, vigilancia y
aprovechamiento de bienes de dominio público, en el que
permitió al tercero perjudicado a emitir acuerdos que rijan el
uso, vigilancia y aprovechamiento de los bienes de dominio
público materia de la ocupación.
Que trata el juez civil responsable de fundar esta
medida en el artículo 9, fracciones IV y VII de la Ley General
de Bienes del Estado, empero estas fracciones solo prevén
actos jurídicos reservados exclusivamente al Ejecutivo del
Estado y no al juez. Por ello, es que la autoridad responsable
ordenadora se excede, pues ni el Código de Procedimientos
Civiles, ni la Ley General de Bienes del Estado, lo facultan
para emitir dicha autorización especial.
OCTAVO.- Ahora bien, una vez que se ha hecho un
resumen de los conceptos de violación contenidos en la
demanda y en la ampliación de la misma se procede a su
análisis.
Los conceptos de violación expresados por el quejoso
identificados del 1) al 5), son infundados.
Por cuestión de técnica jurídica, se inicia con el examen
del concepto de violación marcado en el considerando que
antecede con el número 2), en el que señala: que no se
puede establecer que la autoridad emisora sea la
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competente, porque no existe mandamiento escrito de
autoridad. Que se priva de sus derechos y posesiones sin
que se haya seguido un juicio ante tribunales competentes,
en el que se cumplan las formalidades de procedimiento. Que
al admitir a trámite la medida cautelar constitucional, se
extralimita en el ejercicio de sus funciones como Juez de
Primera Instancia al pasar por alto lo dispuesto en los
artículos 1 y 523 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Puebla, en relación con el artículo 200, fracción II
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; de los
cuales se desprende que el juez responsable no se
encuentra facultado para dictar dicha medida por medio de la
cual se ordene la inmediata ocupación administrativa
respecto de cualquier inmueble.
Lo anterior es infundado.
En primer lugar porque si existe mandamiento por
escrito como se desprende de autos.
Además, para concluir de esta manera es preciso
transcribir el punto “primero” del acuerdo reclamado de nueve
de marzo de dos mil once, que textualmente señala:
“PRIMERO.- DE LA COMPETENCIA. Esta autoridad es competente para conocer del presente juicio conforme a lo dispuesto por los artículos 5 y 7 de la Ley General de Bienes del Estado, 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, 106, 107 108 fracciones III, IV y VII del Código de Procedimientos Civiles para el Estado vigente. Las acciones deducidas son de ineficacia, pero con matices reales y el domicilio de al menos uno de los demandados está en esta jurisdicción, así como la ubicación del bien.” (foja 27 del anexo I, formado con motivo de las constancias que exhibió la autoridad responsable al rendir su informe justificado).
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Los artículos 5 y 7 de la Ley General de Bienes del
Estado, establecen:
“ARTICULO 5.- Los bienes de dominio público del Estado estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción de los poderes locales, en los términos de esta Ley.”
“ARTICULO 7.- Los Tribunales Civiles y Penales del
Estado tendrán competencia exclusiva para conocer de los juicios así como de los procedimientos judiciales no contenidos que se relacionen con bienes del Estado, ya sean de dominio público o de dominio privado del mismo.”
El artículo 39 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del
Estado, dispone:
“ARTÍCULO 39.- Compete a los Juzgados de lo Civil: I.- Conocer en primera instancia de los negocios civiles
y mercantiles que no sean de la competencia de los Jueces de lo Familiar, Municipales de lo Civil o de Paz;
II.- Homologar las resoluciones que dicten los Jueces Municipales y de Paz, en los procedimientos de mediación y conciliación, para efectos de la transacción judicial;
III.- Conocer de las apelaciones interpuestas contra resoluciones de los Jueces Municipales de lo Civil de su jurisdicción;
IV.- Calificar, si media oposición, las inhibiciones por excusa o recusación de sus subalternos o de los Jueces Municipales del mismo Distrito Judicial, excepción hecha de los casos en que actúen éstos en funciones de Jueces de lo Civil con arreglo a esta Ley; y
V.- Conocer de los conflictos de competencia que susciten entre los Jueces Municipales de lo Civil de su Distrito Judicial.”
Los artículos 106, 107 108 fracciones III, IV y VII del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado vigente
contemplan:
“ARTÍCULO 106.- Toda demanda debe proponerse ante Tribunal competente.”
“ARTÍCULO 107.- La competencia se rige por las
disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
Las disposiciones sobre competencias se aplicarán independientemente de la nacionalidad de las partes.”
“ARTÍCULO 108.- Es Tribunal competente: …
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III.- Si no se ha hecho la designación que mencionan las fracciones anteriores, el Tribunal del domicilio del deudor, sea cual fuere la acción que se ejercite;
IV.- Si fueren varios los demandados, domiciliados en lugares diferentes, el domicilio de cualquiera de éstos, a elección del actor;
… VII.- Para conocer de juicios posesorios, de propiedad y
de usucapión, el del lugar donde se encuentre el bien objeto del juicio;
…” De la interpretación armónica de los artículos antes
transcritos se deprende, en lo que interesa, que los bienes de
dominio público del Estado estarán sometidos
exclusivamente a la jurisdicción de los poderes locales, en los
términos de esta Ley; que los Tribunales Civiles y Penales del
Estado tendrán competencia exclusiva para conocer de los
juicios así como de los procedimientos judiciales no
contenidos que se relacionen con bienes del Estado, ya sean
de dominio público o de dominio privado del mismo; y que
toda demanda debe promoverse ante un tribunal competente
conforme lo establezca la ley orgánica aplicable.
Ello aunado a lo establecido en el artículo 10 de la Ley
General de Bienes del Estado de Puebla, que dice que a
juicio del ejecutivo, éste podrá abstenerse de actuar de
conformidad con el artículo 9 del propio ordenamiento y, por
conducto del Ministerio Público someter el asunto al
conocimiento de los tribunales, pudiendo solicitar de
inmediato la ocupación administrativa, que se decretará de
plano (como se hizo).
Lo que en la especie se cumple, pues el juez de
instancia a petición del Ejecutivo del Estado, por conducto del
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Procurador General de Justicia de Puebla, solicitó a los
Tribunales (juez civil de primera instancia) la ocupación
administrativa del bien objeto de litis, como medida cautelar.
De lo anterior, se advierte que el juez responsable, si
contaba con facultades expresas para decretar la medida
cautelar de ocupación administrativa del bien que defiende el
quejoso.
En el caso no debe perderse de vista por una parte, que
el acto reclamado en el juicio de garantías del que deriva el
presente juicio, emana de un procedimiento sustanciado ante
autoridad judicial, no ante autoridad administrativa; medida
cautelar que solicitó para mantener la materia del juicio civil
en él que habrá de resolverse el conflicto suscitado.
Por lo que la competencia se actualiza en favor de la
autoridad responsable ordenadora conforme a la Ley General
de Bienes del Estado, independientemente si se trata de un
bien propiedad privada o un bien de dominio público o
privado, porque respecto a esa situación no se prejuzga,
menos aún se hace pronunciamiento alguno, en virtud de que
a este juzgado, como órgano jurisdiccional constitucional, le
corresponde vigilar y aplicar leyes constitucionales y de
amparo y no así de leyes secundarias o locales.
Por otra parte, el quejoso señala en el mismo concepto
de violación, que la autoridad pretende aplicar una medida
cautelar constitucional, facultad reservada a los miembros del
Poder Judicial Federal, razón por la cual el Juez Segundo de
lo Civil y de lo Familiar del Distrito Judicial de Cholula,
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Puebla, se encuentra impedido para aplicar preceptos
constitucionales, por lo que es ilegal que pretenda aplicar una
medida cautelar constitucional. Cita como apoyo la tesis de
jurisprudencia de rubro: “JUECES DE DISTRITO. EN EL
JUICIO CONSTITUCIONAL LES CORRESPONDE APLICAR
LA LEY DE AMPARO Y NO LAS LEYES SECUNDARIAS.”
Al caso, es conveniente precisar que si bien, en el oficio
petitorio se solicita una media cautelar constitucional y, fue
obsequiada en esos términos, lo cierto es que, con
independencia de que existe un equívoco en el manejo de la
terminología, así como, en la delimitación de las facultades
que la federación concede a las entidades federativas, toda
vez que es de explorado derecho que la propiedad originaria
corresponde única y exclusivamente a la Nación, no así a los
estados y municipios, lo cierto es que es evidente la intención
del solicitante, que se reduce a una medida precautoria,
consistente en la ocupación administrativa, con fundamento
en la Ley General de Bienes del Estado.
Ahora bien, en la caso se recurrió a la potestad judicial,
estatal para solicitar la medida cautelar en favor de la parte
actora, en un procedimiento civil. De ello es que el criterio
jurisprudencial que cita el quejoso no tenga aplicación porque
dicha tesis se refiere a cómo deben actuar los jueces de
distrito y no se refiere a jueces de instancia.
Ahora bien, en el concepto de violación identificado con
el número 3) de esta resolución, el quejoso señala que no
existe mandamiento fundado y motivado. Lo anterior porque
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no existe dispositivo legal por virtud del cual se pueda
decretar y ordenar de manera inmediata “una ocupación
administrativa” respecto del bien inmueble indicado en
múltiples ocasiones.
De la misma manera deviene infundada la alegación
anterior, por lo siguiente.
El artículo 16 constitucional, párrafo primero, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
establece:
“Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su
persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente,
que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
En efecto, la garantía de legalidad implícita en el
párrafo transcrito condiciona todo acto de autoridad, a que
deba reunir entre otros requisitos los de fundamentación y
motivación, esto es, que justifican la validez jurídica del acto
de molestia que se provoca en la persona, familia, domicilio,
papeles o posesiones del gobernado, además de que dicho
acto debe ser emitido por autoridad competente; debe
basarse en una disposición normativa general, que prevea la
situación concreta a la cual se dirige el acto de autoridad, es
decir, que exista una ley que lo autorice.
Para una mejor ilustración, se cita la jurisprudencia
número 139/2005, sustentada por la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página
162 del Tomo XXII, del Semanario Judicial de la Federación y
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su Gaceta, correspondiente a diciembre de dos mil cinco, que
dice:
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÌCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÒN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respecto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del articulo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hechos considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente
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