PRIMER EJERCICIO 1999 CUERPO AYUDANTES1.- El nombramiento de
Defensor del Pueblo se realizar mediante el sistema siguiente:
a- La propuesta de candidato se realizar por la Comisin mixta de
las Cmaras encargada de las relaciones con el Defensor del Pueblo.
Posteriormente su designacin necesita una votacin favorable de tres
quintos de los miembros de cada Cmara en sesiones plenarias. En
caso negativo, sucesivas propuestas necesitarn tres quintos de
votos favorables del Congreso y mayora absoluta del Senado. b- La
propuesta de candidato se realiza por la Comisin del Congreso de
los Diputados encargada de las relaciones con el Defensor del
Pueblo. Posteriormente, para su designacin, necesita votacin
favorable de tres quintos de los miembros de la Cmara. En caso
negativo, sucesivas propuestas necesitarn mayora absoluta de los
miembros de la Cmara. c- La propuesta de candidato se hace, en
reunin conjunta, por las comisiones de las Cmaras encargadas de las
relaciones con el Defensor del Pueblo. Posteriormente, para su
desiganacin, necesita una votacin favorable de los dos tercios de
los miembros de cada Cmara en sesin plenaria. En caso negativo,
sucesivas propuestas necesitarn tres quintos de votos favorables
del Congreso de los Diputados y dos tercios del Senado. d- La
propuesta de candidato se hace, en reunin de la Comisin Mixta de
las Cmaras encargada de las relaciones con el Defensor del Pueblo.
Posteriormente, para su designacin, necesita una votacin favorable
de la mayora absoluta de los miembros de cada Cmara en sesin
plenaria. En caso negativo, se tendr que proceder, tras el
transcurso de dos meses, a volver a repetir dicho sistema de
eleccin.
2.- Uno de los principios rectores del Poder Judicial es la
independencia; dicho principio se logra por la conjuncin de
diversos elementos, que son:
a- Autogobierno, legalidad y responsabilidad. b- Inamovilidad,
legalidad y responsabilidad. c- Inamovilidad, incompatibilidades y
prohibiciones, autogobierno y legalidad. d- Inamovilidad,
responsabilidad, incompatibilidades y prohibiciones y
legalidad.
3.- El Fiscal General del Estado ser nombrado por:
a- El Rey, a propuesta del Congreso de los Diputados, por mayora
de dos tercios de sus miembros. b- El Rey, a propuesta del Ministro
de Justicia, con refrendo del Presidente del Gobierno. c- El Rey, a
propuesta del presidente del Gobierno, odo el Consejo General del
Poder Judicial. d- El Rey, a propuesta del Gobierno, odo el Consejo
General del Poder Judicial.
4.- Segn el artculo 12.1 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo de
Contratos de las Administraciones Pblicas, los ministros y los
Secretarios de Estado son los rganos de contratacin de la
Administracin General del Estado y estn facultados para celebrar en
su nombre los contratos, en el mbito de su competencia. Este mismo
artculo en su punto 2 determina que: "No obstante, el rgano de
contratacin necesitar la autorizacin del Consejo de Ministros, en
los siguientes supuestos":
a- Cuando el precio sea igual o superior a 1.000.000.000 pesetas
y en los contratos de contratacin anticipada y plurianual, al
comprometer crditos de aos futuros. b- Cuando el ministro o
secretario de Estado as lo determinen en razn del objeto del
contrato y de su cuanta. c- Cuando el contrato afecte a varios
Ministerios, siendo por ello competencia del Consejo de Ministros.
d- Cuando el presupuesto sea igual o superior a 2.000.000.000
pesetas. O en los contratos de carcter plurianual, cuando se
modifiquen los porcentajes o el nmero de anualidades legalmente
previsto a los que se refiere el artculo 61 de la Ley General
Presupuestaria.
5.- De acuerdo con artculo 53.3 de la C.E., los principios
rectores de la poltica social y econmica recogidos en sus artculos
39 a 52 del Captulo Tercero del Ttulo I, podrn ser objeto de
proteccin ante la jurisdiccin ordinaria:
a- Mediante un procedimiento basado en los principios de
preferencia y sumariedad. b- Mediante el recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional. c- De acuerdo con lo que dispongan las
Leyes que los desarrollen. d- Mediante el recurso de
inconstitucionalidad a aquellas leyes que los desarrollen.
6.- Dentro de su mbito de competencias, el Defensor del Pueblo
puede recibir quejas sobre la Administracin de Justicia. Cuando
reciba stas, el procedimiento que debe de seguir dicha institucin
ser:
a- Deber dirigirlas al Ministerio de Justicia para que se inicie
un expediente para la investigacin de la realidad y adopte las
medidas oportunas con arreglo a la Ley, o bien se d traslado al
Ministerio Fiscal, segn el tipo de reclamacin de que se trate. Todo
ello sin perjuicio de la referencia que en su informe general a las
Cortes Generales pueda hacer al tema. b- Deber dirigirlas al
Ministerio Fiscal para que ste investigue su realidad y adopte las
medidas oportunas con arreglo a la Ley, o bien d traslado de las
mismas al Consejo General del Poder Judicial, segn el tipo de
reclamacin de que se trate; todo ello sin perjuicio de la
referencia que en su informe general a las Cortes Generales pueda
hacer al tema. c- Deber dirigirlas al Consejo General del Poder
Judicial, para que ste a travs del Ministerio Fiscal investigue su
realidad y adopte las medidas oportunas con arreglo a la Ley, o
bien d traslado de las mismas a la Polica Judicial, segn el tipo de
reclamacin de que se trate, todo ello sin perjuicio de la
referencia que en su informe general a las Cortes Generales pueda
hacer al tema. d- Todas ellas son falsas, ya que no se pueden
formular quejas sobre la Administracin de Justicia al Defensor del
Pueblo directamente, sino a travs de la Comisin mixta
Congreso-Senado de relaciones con el Defensor del Pueblo.
7.- Se incorporarn al Libro de Quejas y Sugerencias en el que
los ciudadanos formularn sus quejas o sugerencias por escrito:
a- Unicamente aquellas reclamaciones que se ajusten a impreso
normalizado. b- Unicamente las presentadas personalmente en las
Oficinas y Registros a que se refiere el artculo 38.4 de la Ley
30/92 de 26 de noviembre. c- Las cursadas sin sujecin a impreso
alguno y presentadas en las oficinas y registros a que se refiere
el artculo 38.4 de la Ley 30/92, y las remitidas personalmente o
por correo siempre que no se presenten de forma annima. d- Las
cursadas sin sujecin a impreso alguno y presentadas en las oficinas
y registros a que se refiere el artculo 38.4 de la Ley 30/92, y las
remitidas personalmente o por correo, aunque se presente de forma
annima.
8.- De acuerdo con la LOFAGE, los directores insulares dependen
jerrquicamente de:
a- El ministro de Administraciones Pblicas, ejerciendo las
competencias, en su mbito territorial, atribuidas a los
Subdelegados del Gobierno en las provincias. b- El delegado del
Gobierno de cada comunidad autnoma, ejerciendo las competencias
atribuidas a stos en su territorio. c- El Delegado del Gobierno en
la comunidad autnoma o del Subdelegado del Gobierno en la
provincia, cuando este cargo exista, y ejercen, en su mbito
territorial, las competencias atribuidas por esta Ley a los
Subdelegados del Gobierno en las provincias. d- No dependen
jerrquicamente ms que del Consejo de Ministros que los designa para
el cargo, manteniendo sus relaciones a travs del Ministerio para
las Administraciones Pblicas. Ejercen sus funciones, segn la
presente ley, dentro del mbito territorial que les corresponde.
9.- La Comisin Europea es el rgano de representacin del inters
comunitario y para cumplir tal fin tiene asignadas una serie de
competencias segn el TCE, que son:
a- De control, normativas, de gestin, de negociacin, de
discrecionalidad, de cooperacin leal con las autoridades de los
Estados Miembros. b- Normativas, de decisin, de recomendacin y
asesoramiento, de derechos de defensa, de motivacin y de
negociacin. c- De control, normativas, de decisin, de recomendacin
y asesoramiento de gestin, de negociacin, de autoorganizacin, y
todas las dems que el Consejo le atribuya para la ejecucin de las
normas por l establecidas. d- De control, normativas, de gestin, de
negociacin, de recomendacin y asesoramiento, de cooperacin leal con
las autoridades de los Estados miembros, de discrecionalidad y
todas las dems que el Consejo le atribuya para la ejecucin de las
normas por l establecidas.
10.- La Constitucin Espaola de 1978 determina en su artculo 152,
que el presidente de una comunidad autnoma ser elegido por la
Asamblea, de entre sus miembros. Necesita ser nombrado por el
Rey?
a- S, pues as lo determina el propio artculo 152. b- No, porque
al ser elegido por la Asamblea no necesita dicho nombramiento, al
ser una Administracin autonmica. c- No, ya que tiene que ser
nombrado por el Presidente del Gobierno espaol. d- Todas las
alternativas son falsas, ya que el presidente de la comunidad
autnoma lo nombra el Consejo de Gobierno de la comunidad entres sus
miembros.
11.- La denominada cuestin prejudicial es:
a- Un mecanismo judicial con que cuenta el TJ para valorar una
demanda realizada sobre una cuestin concreta. b- Un instrumento de
colaboracin entre los rganos jurisdiccionales nacionales y el TJ
para garantizar la aplicacin e interpretacin uniforme del derecho
comunitario en todos los Estados miembros. c- Un instrumento de
colaboracin entre el TJ y el Consejo para asegurarse que las normas
comunitarias se ajustan a los Tratados constitutivos, a fin de
garantizar su aplicacin en todos los Estados miembros. d- En el
mbito europeo del TJ no se da la cuestin prejudicial, sino el
denominado recurso de anulacin que tiene por objeto controlar la
legalidad de los actos emanados de las instituciones
comunitarias.
12.- Dentro de la denominada ordenacin del territorio, un
aspecto fundamental es la proteccin del medio ambiente y calidad de
vida. En el artculo 45 de la Constitucin Espaola de 1978 se
contiene dicha materia, determinndose en su punto 2 que "los
poderes pblicos velarn por la utilizacin racional de todos los
recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de
vida y defender y restaurar el medio ambiente...". De acuerdo con
los artculos 148.1.9 y 149.1.23 la distribucin competencial en
materia de medio ambiente corresponde al Estado en exclusiva la
legislacin bsica sobre proteccin del medio ambiente y a las
comunidades autnomas la gestin en materia de proteccin del medio
ambiente. Tras el ingreso de Espaa en 1986 en la hoy Unin Europea,
ha sufrido alguna influencia nuestro ordenamiento jurdico por la
recepcin del denominado acervo comunitario sobre dicha materia?
a- S, pero slo lo referente a la ordenacin urbanstica del
Territorio. b- No, porque la legislacin espaola, tanto la estatal
como la autnomica, todava no se ha adaptado a ninguna directiva
comunitaria. c- S, dictndose legislacin, tanto estatal como
autonmica, de adaptacin o como consecuencia de directivas de la
Comunidad Europea. d- No tiene competencia la Unin Europea sobre
medio ambiente sino slo sobre ordenacin urbanstica del Territorio y
sobre recursos naturales, por lo que el medio ambiente es materia
exclusiva del Estado y de las comunidades autnomas.
13.- Dentro de la organizacin territorial del Estado del Ttulo
VIII de la Constitucin Espaola de 1978, conforme con la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, podemos decir que la
Constitucin, en la distribucin del poder:
a- Prefigura una distribucin horizontal del poder pblico entre
entidades del mismo nivel que son, fundamentalmente, el Estado,
titular de la soberana y las comunidades autnomas, caracterizadas
por su autonoma poltica. b- Prefigura una distribucin vertical del
poder pblico entre entidades de distinto nivel que son,
fundamentalmente, el Estado, titular de la soberana, las
comunidades autnomas, caracterizadas por su autonoma poltica, y las
provincias y municipios, dotadas de autonoma administrativa de
distinto mbito. c- Prefigura una distribucin vertical del poder
pblico entre entidades de distinto nivel, como son el Estado, y las
comunidades autnomas y provincias y municipios, caracterizadas
todas ellas por su autonoma poltica. d- Supone una relacin con
respecto al poder pblico de igualdad entre el Estado, las
comunidades autnomas, las provincias y el municipio, ya que en
todas ellas se residencia la soberana.
14.- De conformidad con la Constitucin de 1978, el Consejo de
Gobierno de una comunidad autnoma ejerce:
a- Funciones judiciales y ejecutivas junto con el Presidente de
la comunidad. b- Funciones ejecutivas y legislativas. c- Funciones
ejecutivas y administrativas. d- Funciones legislativas.
15.- El Reglamento Penitenciario de 1996 (R.D. 190/96 de 9 de
febrero) se refiere a las funciones asignadas a los funcionarios en
cada uno de los puestos de trabajo en los centros penitenciarios
en:
a- El Ttulo X. b- La Disposicin adicional primera. c- La
Disposicin adicional tercera. d- La Disposicin adicional
quinta.
16.- La Constitucin Espaola de 1978 en su artculo 152 establece,
con respecto al mbito judicial, la existencia de un Tribunal
Superior de Justicia que, sin perjuicio de la jurisdiccin que
corresponde al Tribunal Supremo, culminar la organizacin judicial
en el mbito territorial de la Comunidad Autnoma. Ahora bien, la
relacin de dicho tribunal con la Comunidad Autnoma ser:
a- Una relacin orgnica, ya que el Tribunal Superior es la
instancia judicial superior dentro de dicha Comunidad. b- Una
relacin orgnica, ya que a los miembros del Tribunal Superior de
Justicia de cada Comunidad Autnoma los nombran la Asamblea
legislativa de la Comunidad. c- Una relacin territorial que deriva
del lugar de su sede, dependiendo en cuanto rgano jurisdiccional
del Poder Judicial, nico existente en el Estado. d- No se produce
ninguna relacin entre dicho Tribunal Superior de Justicia y la
Comunidad Autnoma, puesto que depende del Poder Judicial nico
existente en el Estado.
17.- La competencia del reconocimiento del grado personal
respecto de los funcionarios destinados en los Servicios Perifricos
de Instituciones Penitenciarias corresponde al:
a- Director General de II.PP. b- Director General de II.PP., por
delegacin del Subsecretario de Interior. c- Subdirector General de
Personal de II.PP., por delegacin del Subsecretario del Interior.
d- Subdirector General de Personal de II.PP., por delegacin del
Director general de II.PP.
18.- Visitar durante el servicio los locales del Establecimiento
para cerciorarse de su estado de conservacin, orden, limpieza y
seguridad, es una funcin que corresponde al:
a- Subdirector de Seguridad. b- Administrador. c- Jefe de
Servicios. d- Mdico.
19.- En la situacin de expectativa de destino, un funcionario
tiene derecho a:
a- Percibir las retribuciones bsicas del grupo en el que est
incluido su Cuerpo, el complemento de destino correspondiente a su
grado personal y el 50% del complemento especfico del puesto que
estuviera desempeando antes de pasar a dicha situacin. b- Percibir
durante tres meses el 100% de las retribuciones bsicas, el
complemento de destino de su grado personal, y las 2/3 partes del
complemento especfico del puesto que desempeaba. c- Percibir
durante 3 meses, el 100% de las retribuciones del puesto que
desempeaba. d- Percibir las retribuciones bsicas y el complemento
especfico del puesto que desempeaba.
20.- La suspensin del contrato de trabajo supone:
a- Ruptura de la relacin contraactual. b- Exoneracin de la
prestacin del servicio aunque se siguen percibiendo las
retribuciones correspondientes al salario base. c- Exoneracin de la
prestacin del servicio y de la remuneracin que se percibe. d- La
extincin del contrato.
21.- A los funcionarios cesados en puestos de libre designacin y
a los removidos de los obtenidos por concurso:
a- Se les atribuir el desempeo provisional de un puesto de
trabajo. b- Se les atribuir un puesto en comisin de servicios. c-
Quedarn en expectativa de destino. d- Se les realizar una atribucin
temporal de funciones.
22.- La memoria principal de un ordenador (RAM):
a- Suele tener un soporte de tipo magntico o, recientemente,
ptico. b- Es de slo lectura. c- Conserva la informacin aunque se
apague el ordenador. d- Permite tanto la lectura como la escritura
y es de direccionamiento aleatorio.
23.- La sancin de suspensin de funciones por falta muy grave
tendr una duracin de:
a- Mnimo de 3 meses y mximo de 2 aos. b- Mnimo de 3 aos y mximo
de 6 aos. c- Mnimo de 3 meses y mximo de 6 aos. d- Mximo de 6
aos.
24.- Si un procedimiento disciplinario se inici como
consecuencia de una denuncia:
a- El procedimiento nunca puede iniciarse como consecuencia de
una denuncia. b- La resolucin del procedimiento no puede ser
notificada al firmante de la denuncia. c- La resolucin del
prodedimiento deber ser comunicada al firmante de la denuncia. d-
La resolucin del procedimiento deber comunicarse al Director de la
Unidad Administrativa.
25.- Qu actuaciones voluntarias quedan incluidas en el mbito de
la Ley 6/1996, reguladora del voluntariado social?
a- Las actuaciones voluntarias espordicas. b- Las prestadas al
margen de organizaciones pblicas y privadas sin nimo de lucro. c-
Las ejecutadas por razones familiares de amistad o buena vecindad.
d- Ninguna de las anteriores.
26.- La excedencia voluntaria incentivada tendr, de conformidad
con el R.D. 365/95 de 10 de marzo, una duracin de:
a- De cinco aos e impedir desempear puestos de trabajo en el
sector pblico. b- De cinco aos y el funcionario podr desarrollar
cualquier actividad laboral en el sector pblico. c- De quince aos y
podr desempear cualquier actividad laboral. d- No existe en la
legislacin actual la situacin de excedencia voluntaria
incentivada.
27.- Seale en cul de las siguientes situaciones el funcionario
pblico no se encuentra en situacin de servicios especiales:
a- Cuando adquiera la condicin de funcionario al servicio de
organizaciones internacionales. b- Cuando acceda a la condicin de
miembro de las Asambleas Legislativas de las CC.AA. y se perciban
retribuciones peridicas por su desempeo. c- Cuando desempee cargos
electivos no retribuidos en las Corporaciones Locales. d- Cuando
sean elegidos miembros del Parlamento Europeo.
28.- Los funcionarios en prcticas que no superen el curso
selectivo, perdern el derecho a su nombramiento como funcionarios
de carrera:
a- Mediante resolucin motivada de la autoridad que haya
efectuado la convocatoria a propuesta del rgano responsable de la
evaluacin del curso selectivo. b- Mediante resolucin motivada de la
Subdireccin General de Personal de la Unidad Administrativa a la
que corresponda. c- Mediante resolucin motivada de la autoridad
convocante con indicacin expresa de los recursos que caben contra
la misma. d- Mediante resolucin de la autoridad competente y a
propuesta del tribunal seleccionador.
29.- Por el tipo de declaracin que contienen las actas de las
sesiones celebradas por un tribunal calificador de pruebas
selectivas para acceder a uno de los cuerpos de la Administracin
Penitenciaria, stas constituyen un documento administrativo:
a- De decisin. b- De transmisin. c- De constancia. d- De
juicio.
30.- Cuando decimos que, adems de prestar servicio a los
archivos de oficina, su misin es el estudio y valoracin de las
series documentales, nos estamos refiriendo al:
a- Archivo de Gestin. b- Archivo Permanente c- Archivo
Intermedio. d- Archivo Central.
31.- La coordinacin territorial de la informacin administrativa
para asegurar la conexin funcional permanente de las distintas
unidades de informacin administrativa territoriales entre s y con
el propio Centro de Informacin Administrativa corresponde a:
a- Los delegados del Gobierno en las Comunidades Autnomas. b-
Los representantes de la informacin administrativa de las
Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autnomas. c- El Centro
de Informacin Administrativa del Ministerio para las
Administraciones Pblicas. d- El Centro de Informacin Administrativa
de la Presidencia del Gobierno.
32.- Conforme con el artculo 98.1 CE, el Gobierno es:
a- Un rgano constitucional inmediato, colegiado y complejo. b-
Un rgano constitucional unipersonal. c- Un rgano constitucional
inmediato cuya actuacin se basa en la supremaca de su Presidente.
d- Un rgano constitucional mediato y colegiado.
33.- Si de las quejas presentadas por el ciudadano se dedujesen
indicios de anormal funcionamiento de los servicios de las unidades
administrativas, quin iniciar o solicitar, las actuaciones
pertinentes por los procedimientos que en cada caso
corresponda?
a- La Comisin Interministerial de Informacin Administrativa. b-
El subdirector General que tenga atribuida la competencia sobre la
informacin Administrativa. c- El secretario General Tcnico del
Ministerio afectado, que tenga atribuida la competencia. d- La
Inspeccin General de Servicios Departamental o Sectorial cuya
inspeccin le est encomendada.
34.- Cul de los siguientes contratos laborales no est bonificado
en sus cuotas por la Seguridad Social?
a- En prcticas. b- Temporal para trabajadores minusvlidos. c-
Indefinido de fomento de empleo. d- A tiempo parcial
indefinido.
35.- La convalidacin es el acto administrativo por el que se
subsanan los defectos de un acto anterior anulable, pero sus
efectos se producen desde:
a- La fecha en que se dict el acto anulable. b- La fecha en que
se dicta el acto administrativo de convalidacin, salvo lo dispuesto
en casos de retroactividad de los actos administrativos. c- La
fecha en que el rgano administrativo inici el expediente de
convalidacin, salvo lo dispuesto en casos de retroactividad de los
actos administrativos. d- Los actos anulables no pueden ser objeto
de convalidacin, solo aquellos actos viciados que contengan los
elementos constitutivos de otros.
36.- De conformidad con la normativa vigente, el complemento de
productividad podr asignarse, en su caso:
a- Slo a los funcionarios de carrera en funcin de las
circunstancias objetivas relacionadas directamente con el desempeo
del puesto de trabajo. b- Unicamente a los funcionarios de carrera,
a los funcionarios interinos y al personal eventual regulado en el
artculo 20.2 de la Ley 30/1984 de 2 de agosto, cuando desempeen un
puesto anlogo al de los funcionarios de carrera, salvo cuando dicho
complemento est vinculado a la condicin de funcionario de carrera.
c- El complemento de productividad slo se puede dar cuando va unido
a gratificaciones extraordinarias para todo tipo de personal al
servicio de la Administracin General del Estado, incluido en la ley
30/1984 de 2 de agosto. d- A los funcionarios de carrera, a los
funcionarios interinos y al personal eventual, as como funcionarios
en prcticas cuando las mismas se realicen desempeando un puesto de
trabajo, siempre que est autorizada su aplicacin a los funcionarios
de carrera que desempeen anlogos puestos de trabajo, salvo que
dicho complemento est vinculado a la condicin de funcionario de
carrera.
37.- Cuando en un expediente se adquieren compromisos de gastos
futuros:
a- Deben de reflejarse exclusivamente en la memoria de la
contabilidad econmico-patrimonial de la entidad contable. b- No
tienen ninguna consecuencia jurdica ni contable, ya que el
Prespuesto y por lo tanto el crdito solo tiene una vigencia anual.
c- Deben ser objeto de adecuada e independiente contabilizacin,
mediante la expedicin de documentos A y D de ejercicios posteriores
por la parte que debe ser aplicada en dichos ejercicios. O bien en
un documento AD en caso de acumulacin de actos. d- Deben de
contabilizarse dentro de las cuentas de la contabilidad econmico-
patrimonial del Plan General de contabilidad pblica como
"Administracin Pblica deudora por obligaciones reconocidas".
38.- La Ley 13/1995 de 18 de mayo de Contratos de las
Administraciones Pblicas (LCAP) ha regulado con carcter novedoso
los denominados contratos mixtos en el artculo 6 atendindose para
su calificacin y aplicacin de las normas que lo regula a:
a- Lo que las partes que van a realizar el contrato libremente
determinen, conforme con el artculo 4 de la LCAP. b- Al carcter de
la prestacin que tenga ms importancia desde el aspecto subjetivo de
la Administracin Pblica, que siempre defiende los intereses
generales, de acuerdo con el artculo 106 de la Constitucin Espaola
de 1978. c- Al carcter de la prestacin que tenga ms importancia
desde el punto de vista econmico. d- En todo caso se aplicarn las
normas del contrato de obras al ser el ms completo que regula la
Ley de Contratos de las Administraciones Pblicas.
39.- Conforme con el artculo 28 de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de organizacin y funcionamiento de la Administracin General
del Estado, para el mejor cumplimiento de la funcin directiva y
coordinadora, prevista en el artculo 23, se crea:
a- En cada una de las comunidades autnomas una Comisin
Territorial, presidida por un representante del Ministerio para las
AA.PP., e integrada por los Subdelegados del Gobierno. En las Islas
Baleares y Canarias se integrarn, adems, los Directores Insulares.
b- En cada una de las comunidades autnomas una Subcomisin integrada
por los Subdelegados y los Directores Insulares que asesorarn al
Delegado del Gobierno de cada comunidad autnoma. c- En cada una de
las comunidades autnomas una Comisin Territorial, presidida por el
Delegado del Gobierno en la comunidad autnoma, integrada por los
titulares de los rganos y servicios que el Delegado del Gobierno en
la correspondiente comunidad autnoma considere oportuno. d- En cada
una de las comunidades autnomas pluriprovinciales una Comisin
Territorial, presidida por el Delegado del Gobierno en la comunidad
autnoma e integrada por los Subdelegados del Gobierno en las
provincias comprendidas en el territorio de sta; en las de las
islas Baleares y Canarias se integrarn, adems, los Directores
Insulares.
40.- En el aspecto de la ejecucin del contrato de obras, uno de
los aspectos ms importantes para el contratista es el relativo a
las certificaciones de obra y abonos a buena cuenta, regulado en el
artculo 145 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo, de Contratos de las
Administraciones Pblicas; dichas certificaciones sern expedidas
mensualmente por la Administracin y comprendern la obra ejecutada
durante dicho periodo de tiempo, salvo prevencin en contrato en el
pliego de clusulas administrativas particulares. En todo caso
dichas certificaciones:
a- Tienen el carcter de documento aprobatorio de la obra
ejecutada durante ese mes por el contratista. b- No suponen, en
forma alguna, aprobacin y recepcin de las obras que comprenden. c-
No supone aprobacin de la obra ejecutada, pero s recepcin de la
misma. d- Suponen, en todo caso, aprobacin y recepcin de las obras
que comprenden.
41.- Conforme con el artculo 74.4 del Texto Refundido de la Ley
General Presupuestaria aprobado por Real Decreto Legislativo
1091/1988, de 23 de septiembre, los rganos de los departamentos
ministeriales y sus organismos autnomos competentes para la
suscripcin de convenios de colaboracin o contratos-programa con
otras Administraciones Pblicas o con Entidades pblicas o privadas
necesitarn autorizacin del Consejo de Ministros cuando:
a- El gasto que de ellos se derive sea superior a 2.000 millones
de pesetas. b- El gasto que de ellos se derive sea superior a 2.000
millones y vaya a extenderse su ejecucin a ms de cuatro ejercicios
presupuestarios. c- El gasto que de ellos se derive tenga que ser
financiado con crditos correspondientes a varios Departamentos
ministeriales. d- El gasto que de ellos se derive sea de cuanta
indeterminada o haya de extenderse a ejercicios posteriores.
42.- Un empresario ingresa las cuotas de la Seguridad Social
correspondientes al mes de mayo el da 26 de julio. Tendr que pagar
recargo de mora?
a- No, ya que lo hace dentro de plazo. b- No, porque, aunque ha
ingresado las cuotas fuera de plazo, no se establece en este caso
ningn recargo. c- S, aunque tan solo del 5%. d- S, deber pagar un
recargo de mora del 20%.
43.- Dentro de la clasificacin de actos administrativos tenemos
las denominadas resoluciones. Estas son:
a- Los actos que deciden el procedimiento, aquellos que
constituyen la manifestacin final de la accin administrativa. Actos
administrativos que resuelven una instancia, cualquiera que sea el
sentido de la resolucin. b- Son simple presupuesto de la decisin en
que se concreta la funcin administrativa. Constituyen una garanta
de acierto de la decisin final. c- Son los actos que se limitan a
procurar la ejecucin de otro acto. Suponen por ello la realizacin
de operaciones materiales. d- Son actos administrativos que se
encaminan a la instruccin del procedimiento.
44.- Un empresario despide a un trabajador. Est obligado a darle
de baja en la Seguridad Social? En su caso, en qu plazo?.
a- No, deber ser el propio trabajador el que se d de baja. b- S,
en un plazo de 6 das desde el despido. c- S, al da siguiente desde
el despido. d- S, en un plazo de 10 das desde el despido.
45.- La Ley 36/1998 de 10 de noviembre modific el apartado 3 del
artculo 14 de la Ley de Enjuciamiento Criminal para atribuir a los
Juzgados Penales o Centrales de lo Penal el conocimiento y fallo de
las causas por delitos a los que la ley seala penas privativas de
libertad:
a- No superiores a tres aos. b- No superiores a cinco aos. c-
Superiores a cinco aos d- De hasta nueve aos.
46.- En la tramitacin de un asunto por parte de un rgano de la
Administracin General del Estado, se notifica a los interesados que
el plazo para alegar lo que les interese se contar por das
naturales. Es vlida dicha forma de cmputo?
a- No, porque segn la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/99 de 13 de enero, los plazos por das se
computarn por das hbiles siempre, excluyndose del cmputo los
domingos y los declarados festivos. b- No, porque los plazos
siempre se cuentan de fecha a fecha, excluyndose los domingos y los
declarados festivos. c- No, porque el plazo debe fijarse por meses,
empezndose a contar a partir del da siguiente a aquel en que tenga
lugar la notificacin o publicacin. d- S, siempre que dicha
circunstancia se haga constar en las correspondientes
notificaciones.
47.- En el despacho de expedientes de un rgano administrativo de
la Administracin General del Estado hay que:
a- Guardar un riguroso orden de incoacin, segn el registro de
entrada, cualquiera que sea la clase de asunto de que se trate. b-
Llevar un registro adecuado para no perder y tener constancia de
todos los asuntos que han tenido entrada. c- Guardar un riguroso
orden de incoacin en asuntos que hayan tenido entrada, salvo que
por el titular de la unidad administrativa se d orden en contrario.
d- Guardar un riguroso orden de incoacin en asuntos de homgenea
naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se
d orden motivada en contrario, de la que quede constancia.
48.- En la Ley de Rgimen Jurdico y Procedimiento Administrativo
Comn de las Administraciones Pblicas, en su Ttulo Preliminar se
introducen dos principios de actuacin de las Administraciones
Pblicas derivados de la segurida jurdica, estos son:
a- El principio de no abuso del derecho y el principio de buena
fe. b- E principio de buena fe y el principio de la confianza
legtima de los ciudadanos en que la actuacin de las
Administraciones Pblicas no puede ser alterada arbitrariamente. c-
El principio de no arbitrariedad y el principio de la confianza
legtiima de los ciudadanos en que la actuacin de las
Administraciones Pblicas tienen que someterse a la legalidad
vigente. d- No se recoge ningn principio en el Ttulo Preliminar de
la Ley, siendo todas falsas.
49.- La prohibicin de condenar a una persona por la comisin de
una accin u omisin anloga a otra tipificada en el Cdigo Penal,
deriva de la vigencia de nuestro Derecho del principio de:
a- Culpabilidad. b- Proporcionalidad c- Subsidiariedad d-
Legalidad.
50.- La adecuacin del hecho cometido a la descripcin que de ese
hecho se hace en la ley penal, constituye un elemento esencial del
concepto de delito que conocemos como:
a- Tipicidad. b- Culpabilidad. c- Juridicidad. d- Penalidad.
51.- Entre los tipos de delito a que se refiere el artculo 23.4
de la Ley Orgnica del Poder Judicial, en el que se reconoce el
principio de justicia universal, figuran expresamente:
a- Los de receptacin y otras conductas afines. b- Los relativos
a la manipulacin gentica. c- Los relativos al control de cambios.
d- Los relativos a la prostitucin y los de corrupcin de menores e
incapaces.
52.- En materia de extradicin el principio de especialidad
supone:
a- Que se concesin debe realizarse de acuerdo con lo previsto en
los Tratados y la ley. b- Que el extraditado solo puede ser juzgado
por los hechos que motivaron la demanda de extradicin. c- Que no se
conceder si el hecho que la motiva no es constitutivo de delito en
Espaa. d- Que no se conceder si la persona deber ser juzgada por un
tribunal de excepcin.
53.- Al disponer el Cdigo Penal en su artculo 2 que "los hechos
cometidos bajo la vigencia de una ley temporal sern juzgados
conforme a ella", establece una excepcin al principio de:
a- Retroactividad de la ley ms favorable. b- Personalidad de las
penas. c- Legalidad de los delitos. d- Territorialidad de las
leyes.
54.- Dentro de los principios generales de respeto al principio
de legalidad, el Ttulo V del Captulo I de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4/1999 de 13 de enero, artculo
52.2 determina que:
a- Las resoluciones administrativas de carcter particular podrn
vulnerar lo establecido en una disposicin de carcter general,
aunque aqullas tengan igual o inferior rango a stas. b- Las
resoluciones administrativas de carcter general no podrn vulnerar
lo establecido en una disposicin de carcter particular, aunque
aqullas tengan igual o superior rango de stas. c- Las resoluciones
administrativas de carcter particular no podrn vulnerar lo
establecido en una disposicin de carcter general, aunque aqullas
tengan igual o superior rango a stas. d- No pueden dictarse
resoluciones administrativas de carcter particular, sino solo de
carcter general.
55.- El que, con nimo de lucro, obligare a otro, con violencia o
intimidacin a realizar u omitir un acto o negocio jurdico en
perjuicio de su patrimonio o de una tercera ser castigado:
a- Como reo del delito de usurpacin con la pena de seis a
dieciocho meses. b- Como reo del delito de extorsin con la pena de
prisin de uno a cinco aos. c- Como reo del delito de estafa con la
pena de prisin de seis meses a cuatro aos. d- Como reo del delito
de insolvencia punible con la pena de multa de doce a veinticuatro
meses.
56.- La omisin del deber de impedir determinados delitos se
considera en nuestro Derecho:
a- Delito de omisin propia. b- Delito de resultado. c- Delito de
comisin por omisin. d- Conducta atpica.
57.- Para que el delito de intrusismo previsto en el artculo 403
del Cdigo Penal la pena a imponer sea de prisin se requiere:
a- Atribuirse pblicamente, calidad profesional amparada por
ttulo oficial de capacitacin y habilitacin. b- Unicamente no estar
en posesin de ttulo oficial. c- Las penas del artculo citado son
exclusivamente pecuniarias. d- En el citado artculo todas las penas
previstas son de prisin.
58.- Quien en legtima defensa mata a otro, quedar exento de
responsabilidad criminal por estar ausente en el supuesto uno de
los elementos esenciales al concepto de delito de homicidio.
a- La tipicidad. b- La culpabilidad. c- La accin. d- La
antijuridicidad.
59.- El juez o magistrado que por imprudencia grave o ignorancia
inexcusable dictara sentencia manifiestamente injusta incurrir en
la pena de:
a- Inhabilitacin especial por tiempo de dos a seis aos. b-
Inhabilitacin absoluta por tiempo de 10 a 20 aos. c- No tiene pena
porque su ignorancia lo "excusa". d- No es un delito de
prevaricacin, sino uno de realizacin arbitraria del propio de
derecho.
60.- En el tipo de asesinato resultan coincidir en la misma
persona los conceptos doctrinales de:
a- Sujeto pasivo y objeto material. b- Sujeto pasivo y objeto
jurdico. c- Sujeto pasivo y perjudicado. d- Objetos material y
jurdico.
61.- Aquellos tipos de delito en que se exigen determinadas
cualidades para ser sujeto activo del mismo, se denominan:
a- Permanentes. b- Especiales. c- De peligro. d-
Plurisubjetivos.
62.- La prescripcin de los delitos y de las penas se considera
en el Derecho Penal como:
a- Causa de justificacin. b- Causa de inculpabilidad. c- Excusa
absolutoria. d- Causa de extincin de la responsabilidad
criminal.
63.- Resulta ajeno al concepto de tentativa punible, contenido
en el artculo 16.1 del Cdigo Penal:
a- El inicio de la ejecucin del delito directamente por hechos
exteriores. b- El dolo de realizar el tipo delictivo. c- El
desistimiento voluntario. d- La prctica de todos o parte de los
actos que objetivamente deberan producir el resultado.
64.- El concierto de dos o ms personas para la ejecucin de un
delito que resuelven ejecutar, constituye, conforme a lo dispuesto
en el artculo 17.1 del Cdigo Penal:
a- Complicidad. b- Coautora. c- Conspiracin. d- Provocacin.
65.- Conforme a lo previsto en el artculo 50 del Cdigo Penal,
relativo a la pena de multa, el importe de las cuotas diarias se
fijar en la sentencia, teniendo en cuenta exclusivamente:
a- El grado de ejecucin del delito. b- La participacin que el
sujeto hubiere tenido en la comisin del mismo. c- Las
circunstancias agravantes y atenuantes que concurrieren. d- La
situacin econmica del reo.
66.- Segn el artculo 22.8 del Cdigo Penal, hay reincidencia
cuando, al delinquir el culpable:
a- Haya sido ejecutoriamente condenado por otro delito
comprendido en el mismo captulo de este Cdigo. b- Haya sido
condenado ejecutoriamente por un delito de los comprendidos en el
mismo ttulo del Cdigo, por otro al que la ley seale igual o mayor
pena, o por dos o ms a los que aquellas seale pena menor. c- Haya
sido condenado por tres o ms delitos de los comprendidos en el
mismo captulo, siempre que los mismos hubieran sido cometidos en un
plazo no superior a cinco aos. d- Haya sido condenado
ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo ttulo de este
Cdigo, siempre que sea de la misma naturaleza.
67.- La responsabilidad personal subsidiaria por impago de
multa, constituye en el Cdigo Penal vigente:
a- Una medida de seguridad. b- Una consecuencia accesoria. c-
Una pena privativa de libertad. d- Una pena privativa de
derechos.
68.- Para el caso de que quien sufri prisin preventiva por la
presunta comisin de un delito, resultase condenado a pena no
privativa de libertad, el artculo 59 del Cdigo Penal establece que
el Juez o tribunal:
a- Suspender la ejecucin de la pena con ciertas condiciones. b-
Ordenar que se tenga por ejecutada la pena impuesta en aquella
parte que estime compensada. c- Sustituir la pena impuesta por la
de multa. d- Ordenar que la prisin preventiva sufrida por el sujeto
se abone en el cumplimiento correspondiente a otra causa.
69.- Conforme a lo previsto en el Cdigo Penal, ser condicin para
que la pena de arresto de fin de semana pueda sustituirse por la de
trabajo en beneficio de la comunidad:
a- Que la pena de arresto se impusiese por la comisin de una
falta. b- Que el penado no fuese reo habitual. c- Que el nmero de
arrestos impuestos sea superior a doce. d- Que el reo diese su
conformidad a la sustitucin.
70.- Conforme a lo establecido en el artculo 33 del Cdigo Penal,
es pena grave cualquiera que sea su duracin:
a- La multa proporcional. b- La inhabilitacin absoluta. c- La
suspensin de empleo o cargo pblico. d- La inhabilitacin
especial.
71.- En el Cdigo Penal vigente es siempre pena sustitutiva de
otra:
a- La inhabilitacin especial para empleo o cargo pblico. b- La
multa. c- El arresto de fin de semana. d- El trabajo en beneficio
de la comunidad.
72.- El artculo 53.3 del Cdigo Penal excluyendo la imposicin de
la responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa a:
a- Los delincuentes primarios. b- Los condenados por delitos
menos graves. c- Los condenados a una pena de prisin superior a
cuatro aos. d- Los delincuentes no habituales.
73.- Los tipos de homicidio y asesinato, pese a tener
caractersticas comunes, presenta la siguiente diferencia:
a- El bien jurdico que en cada uno se protege es distinto. b- Es
diferente el objeto material en cada caso. c- Son distintos los
problemas que en el mbito de la relacin causal plantea cada uno. d-
Solamente en el primero se prev la forma de comisin imprudente.
74.- En el Cdigo Penal vigente no se prev la punicin de
conspiracin, proposicin y provocacin en relacin con uno de los
siguientes delitos:
a- Estafa. b- Homicidio. c- Extorsin. d- Amenazas.
75.- A tenor de lo dispuesto en el prrafo 1 del artculo 80 del
Cdigo Penal, la posibilidad de que los jueces o tribunales
suspendan la ejecucin de la pena aparece vinculada fundamentalmente
a una nocin referida al penado:
a- Su peligrosidad criminal. b- La edad que tuviera. c- Que no
se trate de un reincidente. d- Que el delito cometido no sea
grave.
76.- La Ley Orgnica 11/1999 de 30 de abril de modificacin del
Ttulo VIII del Cdigo Penal, ha vuelto a introducir en el mismo el
delito de:
a- Abandono de menores. b- Utilizacin de menores para la prctica
de la mendicidad. c- Corrupcin de menores. d- Lesiones al feto.
77.- Segn lo previsto en el artculo 404 del C.P. a la autoridad
o funcionario pblico que, a sabiendas de su injusticia, dictar una
resolucin arbitraria en un asunto administrativo, se le castigar
con la pena de:
a- Inhabilitacin absoluta de 8 a 12 aos. b- Multa de 3 a 12
meses. c- Suspensin de empleo o cargo pblico por un tiempo de 6
meses a 2 aos. d- Inhabilitacin especial para empleo o cargo pblico
por un tiempo de 7 a 10 aos.
78.- Solo en uno de los delitos que a continuacin se mencionan
es posible la participacin con posterioridad a la consumacin del
mismo:
a- Calumnia. b- Detencin ilegal. c- Lesiones d- Apropiacin
indebida.
79.- A tenor de lo dispuesto en el artculo 143 del C.P. resulta
impune la conducta de quien:
a- Induce a otro al suicidio. b- Coopera al suicidio de otro con
actos necesarios. c- Propone a otro inducir al suicidio a un
tercero. d- Coopera en el suicidio de otro con actos
ejecutivos.
80.- La imputacin de un delito hecha con conocimiento de su
falsedad constituye, segn lo previsto en el Cdigo Penal, un delito
de:
a- Injuria. b- Calumnia. c- Acusacin y denuncia falsas. d-
Realizacin arbitraria del propio derecho.
81.- En el mbito de las lesiones, el comportamiento del
lesionado, en las condiciones previstas en el artculo 155.1, del
Cdigo Penal:
a- Carece de relevancia jurdico penal. b- Exime de
responsabilidad criminal. c- Atena la responsabilidad criminal. d-
Opera como excusa absolutoria.
82.- El delito de uso de rigor innecesario por parte de los
funcionarios penitenciarios sobre los reclusos, contenido en el
artculo 533 del Cdigo Penal, se halla sistemticamente ubicado en el
Ttulo del mismo que lleva como rbrica:
a- De las lesiones. b- De las torturas y otros delitos contra la
integridad moral. c- Delitos contra la libertad. d- Delitos contra
la Constitucin.
83.- Contra el auto denegatorio de la solicitud de Habeas
Corpus, dictado por el rgano jurisdiccional competente:
a- Cabe interponer recurso de reforma. b- No cabe recurso
alguno. c- Cabe interponer recurso de apelacin. d- Cabe interponer
recurso de splica.
84.- Un supuesto en que el legislador penal espaol equipara en
orden a la pena, tentativa y consumacin, es el relativo al delito
de:
a- Cohecho. b- Asesinato. c- Receptacin. d- Falsedad
documental.
85.- El recurso a travs del cual se pretende la anulacin de una
sentencia por violacin en la misma o a lo largo del proceso, de
normas materiales o procesales, se denomina:
a- De revisin. b- De reforma. c- De casacin. d- De anulacin.
86.- La fase instructora recibe en el proceso penal ordinario la
denominacin de:
a- Sumario. b- Diligencias Previas. c- De ejecucin. d-
Declarativa.
87.- El procedimiento establecido para el enjuiciamiento de
delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a
nueve daos, se denomina:
a- Procedimiento abreviado. b- Menor cuanta. c- Sumario
ordinario. d- De cognicin.
88.- Supuesto que en un delito de robo con intimidacin, el autor
directo del mismo sufra de algn trastorno que merme su
imputabilidad, ello afectara a la responsabilidad de:
a- Quien le indujo a ejecutar el delito. b- Aquel que acto como
cooperador necesario en dicha ejecucin. c- Todos los participantes
en la ejecucin del robo. d- El autor directo, exclusivamente.
89.- De acuerdo con lo previsto en el artculo 504 prrafo 5 de la
Ley de Enjuciamiento Criminal, condenado el inculpado y recurrida
la sentencia condenatoria, la prisin provisional podra
prolongarse:
a- Un ao a contar desde la fecha de interposicin del recurso. b-
El tiempo que el Juez o Tribunal estime proporcionado a la entidad
de la condena impuesta. c- Hasta el lmite de la mitad de la pena
impuesta. d- Dos aos a contar desde la fecha de la sentencia
condenatoria.
90.- Cuando con posterioridad a la sentencia firme, sobrevenga
el conocimiento de nuevos hechos o de nuevos elementos de prueba,
de tal naturaleza que evidencien la inocencia del condenado, habr
lugar a la interposicin del recurso de:
a- Amparo. b- Casacin. c- Anulacin. d- Revisin.
91.- La posible suspensin de cualquier pena impuesta, sin
sujecin a requisito alguno, en el caso de que el penado est
aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables
(artculo 80.4 del Cdigo Penal), tiene como nico lmite:
a- Que el penado no sea reo habitual. b- Que no se rea
reincidente. c- Que no se trate de penados a penas privativas de
derechos. d- Que en el momento de la comisin del delito no tuviera
ya otra pena suspendida por el mismo motivo.
92.- Seale cul de los siguientes aspectos del actual Reglamento
Penitenciario tiene un carcter novedoso respecto al Reglamento de
1981.
a- Desaparicin de las faltas y correciones que venan reguladas
en el Reglamento de 1981. b- Desaparicin de la redencin de penas
por el trabajo, que vena regulado en el artculo 201 del Reglamento
Penitenciario de 1981. c- Desaparicin de servicios, unidades y
puestos de trabajo regulados en el Reglamento Penitenciario de
1981. d- Desaparicin de la edad de escolarizacin obligatoria como
lmite mximo para que los nios pueden estar con sus madres en un
centro penitenciario (artculo 27 del R.P. de 1981)
93.- El control de la ejecucin de las medidas de seguridad
corresponde, segn lo dispuesto en el artculo 97 del Cdigo
Penal:
a- A la Direccin General de Instituciones Penitenciarias. b- A
los Servicios Sociales del Centro Penitenciario del que dependa el
sujeto. c- Al juez o Tribunal previa propuesta del Juez de
Vigilancia. d- Al juez de Vigilancia.
94.- Ante los casos en que, despus de pronunciada sentencia
firme, se aprecie en el penado una situacin duradera de trastorno
mental grave que le impida conocer el sentido de la pena, el Cdigo
Penal vigente:
a- No contiene previsin alguna. b- Dispone que la Direccin
General de Instituciones Penitenciarias ordenar el traslado del
penado a un establecimiento o Unidad Psiquitrica Penitenciaria. c-
Prev la suspensin de la ejecucin de la pena privativa de libertad
por el Juez o Tribunal sentenciador, garantizando la asistencia
mdica que el penado precise. d- Prev la sustitucin de la pena
privativa de libertad por otra de distinta naturaleza.
95.- Conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, la
reeducacin y reinsercin social del penado:
a- Constituye un derecho fundamental de la persona. b- Es el
fundamento nico de la pena privativa de libertad. c- Es un mandato
al legislador para orientar la poltica penal y penitenciaria. d- Es
el fundamento nico de las penas privativas de libertad y medidas de
seguridad.
96.- Cul de los siguientes no se encuentra recogido en el
artculo 4 de la Ley Orgnica General Penitenciaria como deber de los
internos?
a- Permanecer en el establecimiento a disposicin de la autoridad
que hubiese decretado su internamiento o para cumplir las condenas
que se le impongan. b- Participar en las actividades formativas,
educativas y laborales definidas en funcin de sus carencias para la
preparacin de la vida en libertad. c- Observar una conducta
correcta con sus compaeros de internamiento. d- Acatar las normas
de rgimen interior, reguladoras de la vida del establecimiento.
97.- Si un interno solicita a su costa servicios mdicos privados
ajenos a Instituciones Penitenciarias:
a- La solicitud ser aprobada por el Consejo de Direccin. b- La
solicitud ser aprobada por el Juez de Vigilancia Penitenciaria. c-
La solicitud ser aprobada por el Centro Directivo. d- La solicitud
ser aprobada por el Subdirector mdico.
98.- El rgimen de visitas de los internos ingresados en un
hospital extrapenitenciario, se rige por:
a- Las normas de funcionamiento del Centro Hospitalario,
debiendo realizarse en las condiciones y con las medidas de
seguridad que establezcan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
encargadas de su custodia. b- Las normas de funcionamiento del
Centro Hospitalario, debiendo realizarse en las condiciones y con
las medidas de seguridad que establezca el centro penitenciario. c-
Las normas de funcionamiento del centro penitenciario, que
mantienen su vigencia cuando el interno se encuentra ingresado en
un hospital extrapenitenciario. d- No tiene derecho a ser visitado,
ya que solo puede recibir visitas en la enfermera del centro
penitenciario.
99.- La intervencin mdico-sanitaria podr realizarse sin el
consentimiento del interno:
a- Nunca podr realizarse sin el consentimiento del interno. b-
Slo podr realizarse dando cuenta de las actuaciones al Centro
Directivo. c- Slo podr realizarse cuando exista un peligro
inminente para la vida del interno. d- Slo podr realizarse cuando
exista peligro inminente para la vida del interno y/o terceras
personas.
100.- Seale cul de las siguientes competencias, no atribuye la
legislacin penitenciaria actual al Juez de Vigilancia
Penitenciaria.
a- Resolver sobre el beneficio penitenciario de adelantamiento
de libertad condicional. b- Resolver sobre el beneficio
penitenciario de indulto particular. c- Resolver por va recurso las
reclamaciones que formulen los internos sobre sanciones
disciplinarias. d- Resolver los recursos referentes a clasificacin
inicial y a progresiones y regresiones de grado.
101.- El rgano competente para conocer de un recurso de apelacin
contra una resolucin del Juez de Vigilancia en materia de ejecucin
de penas es, segn el artculo 82 de la Ley Orgnica del Poder
Judicial:
a- El tribunal sentenciador. b- La Audiencia Provincial. c- El
Juzgado de Vigilancia. d- El Tribunal Superior de Justicia.
102.- El recurso de queja contra las resoluciones del Juez de
Vigilancia se puede interponer:
a- Contra las resoluciones en que se deniegue la admisin de un
recurso de apelacin. b- Contra todas las resoluciones del Juez de
Vigilancia. c- Contra todas las resoluciones del Juez de Vigilancia
en materia disciplinaria d- Contra todos los autos del Juez de
Vigilancia.
103.- Seale cul de las siguientes funciones no corresponde a la
Junta de Tratamiento:
a- Establecer los programas de tratamiento o los modelos
individualizados de ejecucin penitenciaria para cada interno del
Centro. b- Supervisar la ejecucin de las actividades programadas
por el Equipo Tcnico. c- Designar los internos que hayan de
desempear las prestaciones personales en servicios auxiliares
comunes del Centro. d- Atender las peticiones y quejas que formulen
los internos respecto a su clasificacin, tratamiento, o programa de
intervencin.
104.- Seale cul de la siguientes no es funcin del Director de un
Centro Penitenciario, segn el Reglamento Penitenciario:
a- Supervisar e impulsar la actividad general del Centro
Penitenciario. b- Representar al Centro Penitenciario, en sus
relaciones con autoridades, centros y entidades. c- Autorizar, en
forma reglamentaria, las comunicaciones, visitas, salidas al
exterior y conducciones de los internos. d- Asumir la representacin
del Organismo Autnomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.
105.- Cul de los siguientes libros o ficheros no se lleva en la
Oficina de Rgimen ?
a- El libro de ingresos y filiaciones. b- Los libros de registro
de comunicaciones orales. c- El fichero general y los parciales de
la poblacin interna. d- Las agendas para anotacin de fechas y
licenciamientos definitivos.
106.- En el expediente personal del interno la anotacin de
"recepcin de testimonio de sentencia y testimonio de liquidacin de
condena" se realiza en:
a- Indice de vicisitudes preventivas. b- Indice de vicisitudes
penales. c- Indice de vicisitudes penitenciarias. d- Hoja de
filiacin.
107.- Seale cul de los siguientes documentos no forma parte del
expediente-propuesta de libertad condicional.
a- Informe del Tribunal Sentenciador sobre la oportunidad de su
concesin. b- Certificacin acreditativa de los beneficios
penitenciarios y de la clasificacin en tercer grado. c-
Manifestacin del interesado sobre el trabajo o medio de vida de que
dispondr al salir en libertad. d- Testimonio de sentencia o
sentencias recadas y de la correspondiente liquidacin de
condena.
108.- En relacin al expediente personal del interno, seale cul
de las siguientes afirmaciones no es correcta:
a- A cada interno se le abrir un expediente personal, relativo a
su situacin procesal y penitenciaria del que tendr derecho a ser
informado. b- El expediente personal del interno contiene la
portada con los datos de identificacin y filiacin, las hojas de
vicisitudes y los documentos que habrn de ser unidos. c- Cada
ingreso en un centro de un interno implica la apertura de un nuevo
expediente personal. d- Con los datos obrantes en los expedientes
se extraer la informacin necesaria para los registros del Centro
Directivo.
109.- Segn el Reglamento Penitenciario, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado que realizan el servicio de vigilancia
exterior en un centro penitenciario, recibirn instrucciones, en
materia de seguridad de propio establecimiento, de:
a- Sus mandos naturales. b- El director del Centro
Penitenciario. c- El subdelegado de Gobierno. d- El Subdirector de
Seguridad.
110.- A tenor del artculo 71 del R.P. las medidas de seguridad
se regirn por los principios de:
a- Necesidad y proporcionalidad. b- Proporcionalidad y
convivencia. c- Vigencia y necesidad. d- Proteccin y salvaguardia
de la integridad fsica de los funcionarios.
111.- Los internos clasificados en segundo grado de tratamiento
que ofrezcan baja peligrosidad social y no existan riesgos de
quebrantamiento de condena, podrn asistir regularmente a una
Institucin exterior para la realizacin de programas concretos,
siempre que la duracin de las salidas no sea superior a:
a- 7 horas. b- 8 horas. c- 5 horas. d- 4 horas.
112.- Las normass de organizacin y funcionamiento de los
establecimientos de rgimen abierto sern aprobadas por el Centro
Directivo, y elaboradas por:
a- El Consejo de Direccin. b- El Director del Establecimiento.
c- El Equipo Tcnico. d- La Junta de Tratamiento.
113.- Con carcter general el rgimen de los detenidos y presos
ser el previsto en:
a- El captulo IV del Ttulo III. b- El captulo I del Ttulo II. c-
El captulo II del Ttulo III. d- El captulo II del Ttulo II.
114.- Los internos clasificados en primer grado o con aplicacin
del artculo 10 de la LOGP y con la asignacin de la modalidad de
vida prevista en el artculo 91.3 del R.P., tienen derecho a salir
al patio por un tiempo mnimo de:
a- 3 horas. b- 4 horas. c- 2 horas. d- 6 horas.
115.- La permanencia de los detenidos y presos en el rgimen
cerrado ser:
a- Por el tiempo necesario. b- De tres meses como mnimo. c- De
seis meses como mximo. d- El que acuerde el Consejo de
Direccin.
116.- Un interno preventivo que acaba de cumplir los veinte aos,
puede ser destinado a un departamento de adultos preventivos:
a- En ningn caso, salvo que razones de tratamiento as lo
aconsejen. b- Previa autorizacin preceptiva del Juez de Vigilancia
Penitenciaria. c- Previa autorizacin del Juzgado del que dependa.
d- Previa autorizacin de la Junta de Tratamiento.
117.- Los internos con dependencia de sustancias psicoactivas
tendrn derecho a participar en programas de tratamiento y
deshabituacin, excepto:
a- Los clasificados en primer grado. b- Los sancionados por
faltas muy graves o graves. c- No existe excepcin alguna. d- Los
condenados a penas inferiores a un ao
118.- Las actividades de carcter educativo formativo,
sociocultural y deportivo, sern determinadas por:
a- El Consejo de Direccin. b- La Junta de Tratamiento, previo
informe del Equipo Tcnico. c- La Unidad Docente. d- El Subdirector
de Tratamiento.
119.- La aplicacin de los medios coercitivos tendr una duracin
mxima de:
a- 24 horas. b- 72 horas. c- El tiempo que haya ordenado el
Director. d- El tiempo estrictamente necesario.
120.- El Centro Directivo podr conceder traslado a un interno,
por motivos educativos, previo informe de:
a- La Junta de Tratamiento. b- El Director. c- El maestro. d- El
Director de la Unidad Docente.
121.- Seale el o los factores que no se encuentren recogidos
expresamente en el artculo 102.5 del Reglamento Penitenciario como
criterios para la clasificacin en primer grado de un penado:
a- Participar en evasin o intentos de evasin. b- Participacin
activa en amenazas o coacciones. c- Comisin de actos que atenten
contra la propiedad, cometidos en modos o formas especialmente
violentos. d- La naturaleza de los delitos cometidos a lo largo de
su historial delictivo, que denote una personalidad agresiva,
violenta y antisocial.
122.- Es preceptivo notificar al Ministerio Fiscal una resolucin
de:
a- Clasificacin adoptada en base al artculo 104.4 del
Reglamento. b- La Junta de Tratamiento de aplicacin del artculo 10
de la LOGP. c- Regresin a primer grado. d- Mantenimiento en primer
grado.
123.- Respecto a las denominadas salidas programadas:
a- Se adoptarn en cada caso las medidas de seguridad
correspondientes. b- La participacin en ellas de internos en
segundo grado se comunicar preceptivamente al Juez de Vigilancia,
una vez aprobadas por el Centro Directivo. c- La participacin en
ellas precisa el disfrute previo de permisos de salida. d- Su
duracin en ningn caso ser superior a dos das.
124.- Las salidas programadas sern:
a- Aprobadas por la Junta de Tratamiento y autorizadas por el
Juez de Vigilancia en el caso de internos de tercer grado si su
duracin sobrepasa los dos das. b- Propuestas por la Junta de
Tratamiento y aprobadas por el Centro Directivo. c- Autorizadas por
el Juez de Vigilancia en todo caso. d- Aprobadas por la Junta de
Tratamiento y autorizadas por el Centro Directivo.
125.- En relacin con las actividades deportivas en los centros
penitenciarios:
a- El aprovechamiento en la participacin en ellas se estimular
mediante los beneficios penitenciarios. b- Se determinarn por el
Centro Directivo. c- Se determinarn por la Junta de Tratamiento. d-
Estn vedadas para los internos clasificados en primer grado.
126.- Los cursos que deban realizar los internos tendrn carcter
obligatorio:
a- Cuando se trate de jvenes menores de 21 aos. b- Cuando se
trate de jvenes menores de 18 aos. c- En el caso de internos
extranjeros con dificultades para entender el idioma castellano o
la lengua cooficial de la comunidad autnoma donde radique el centro
penitenciario. d- Slo cuando los internos carezcan de los
conocimientos propios de la formacin de las enseanzas bsicas.
127.- Podr acordar retirar la autorizacin para que un interno
disponga de ordenador personal:
a- La Junta de Tratamiento. b- El Consejo de Direccin. c- La
Comisin Disciplinaria. d- La Junta Econmico Administrativa.
128.- La resolucin de prohibir, por razones de tratamiento, a un
interno clasificado en primer grado la tenencia de un libro con
depsito legal:
a- Corresponde al Consejo de Direccin. b- Exige autorizacin del
Juez de Vigilancia. c- Ser motivada. d- Slo est prevista para los
sometidos al rgimen de departamento especial previsto en el artculo
91.3 del Reglamento.
129.- Quedarn exceptuados de la obligacin de trabajar, sin
prejuicio de poder disfrutar, en su caso, de los beneficios
penitenciarios:
a- Los internos clasificados en tercer grado. b- Los mayores de
sesenta aos de edad. c- Las mujeres embarazadas, con motivo del
parto durante veinte semanas, si ste es mltiple. d- Los perceptores
de prestaciones por jubilacin.
130.- Los reclusos trabajadores, atendiendo a su nivel de
conocimientos, capacidad laboral y funciones desempeadas, sern
clasificados en las siguientes categoras:
a- Encargados, oficiales y ayudantes. b- Encargados, oficiales y
auxiliares. c- Operario base y operario superior. d- Encargados,
oficiales, ayudantes y aprendices.
131.- En la relacin laboral especial penitenciaria, el mutuo
acuerdo de las partes:
a- Puede ser causa tanto de suspensin como de extincin de la
relacin laboral. b- Slo puede ser causa de suspensin de la relacin
laboral. c- Slo puede ser causa de extincin de la relacin laboral.
d- Es irrelevante a efectos tanto de la suspensin como de la
extincin de la relacin laboral.
132.- Si un interno en tercer grado comete delito durante el
disfrute de un permiso:
a- Quedar sin efecto el permiso concedido. b- Se le regresar
provisionalmente a primer grado. c- No podr disfrutar de nuevos
permisos en el plazo de dos aos. d- No podr disfrutar de nuevos
permisos en el plazo de tres aos.
133.- Para el lmite mximo de 36 das de permiso para un interno
clasificado en segundo grado se computarn:
a- Las salidas programadas de duracin superior a dos das que
pueda autorizar el Juez de Vigilancia. b- Los permisos
extraordinarios de hasta siete das que pueda autorizar el Juez de
Vigilancia. c- Los permisos ordinarios de hasta dos das autorizados
por el Centro Directivo. d- Los permisos ordinarios de hasta siete
das autorizados por el Centro Directivo.
134.- Los permisos extraordinarios son autorizados por:
a- El Juez de Vigilancia en el caso de internos clasificados en
primer grado. b- El Juez de Vigilancia si se realizan con custodia
policial. c- El Centro Directivo siempre que su duracin no sea
superior a dos das. d- La Junta de Tratamiento en supuestos de
urgencia inaplazable, siempre que el interno no se encuentre
clasificado en primer grado.
135.- El director del establecimiento formular al tribunal
sentenciador propuesta de libertad definitiva respecto al da en que
el penadod deje previsiblemente extinguida su condena:
a- Con una antelacin mnima de tres meses y la reiterar un mes
antes de la fecha propuesta. b- Con una antelacin mnima de un mes y
la reiterar quince das antes de la fecha propuesta. c- Con una
antelacin mnima de dos meses y la reiterar un mes antes de la fecha
propuesta. d- Con una antelacin mnima de dos meses y la reiterar
quince das antes de la fecha propuesta.
136.- Cuando antes de iniciarse el disfrute de un permiso
extraordinario concedido a un interno clasificado en tercer grado,
se produzcan hechos que modifiquen las circunstancias que
determinaron su concesin:
a- El director podr suspender provisionalmente el permiso,
ponindolo en conocimiento del Juez de Vigilancia. b- La Junta de
Tratamiento podr suspender el permiso, en sesin extraordinaria,
ponindolo en conocimiento del Juez de Vigilancia. c- Se disfrutar
el permiso, sin perjuicio de ponerlo inmediatamente en conocimiento
del Centro Directivo. d- Se podr suspender de forma motivada y con
carcter provisional el permiso, ponindolo en conocimiento del
Centro Directivo.
137.- Si un penado clasificado en tercer grado que ya tiene
elevado el expediente de libertad condicional comete dos faltas muy
graves:
a- Se propondr su regresin a segundo grado. b- Se acordar su
regresin provisional a segundo grado. c- Se dar cuenta inmediata al
Juez de Vigilancia. d- Ninguna de las anteriores actuaciones es
reglamentariamente correcta.
138.- Los servicios auxiliares realizados por los internos en el
economato de un centro penitenciario tendrn la naturaleza de
"relacin laboral especial" cuando el economato sea gestionado
por:
a- La propia Administracin penitenciaria. b- El Organismo
Autnomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias, mediante la
frmula de taller productivo. c- Una empresa externa adjudicataria.
d- Es independiente de quien lo gestione, la relacin laboral
especial se da siempre que un interno realice una actividad laboral
en un centro penitenciario.
139.- Hasta el cumplimiento total de la condena o, en su caso,
hasta la revocacin de la libertad condicional, el liberado
condicional permanecer adscrito:
a- A los servicios centrales de asistencia social penitenciaria.
b- Al centro penitenciario en el que efectu su ltimo ingreso. c- Al
centro penitenciario ms prximo al domicilio en que vaya a residir.
d- Al centro penitenciario desde el que fue liberado.
140.- En el caso de revocacin de la libertad condicional a un
interno por incumplimiento de las reglas de conducta impuestas, al
ingresar en el establecimiento:
a- Permanecer en rgimen abierto, al ser el grado inferior al de
libertad condicional en la sistemtica legal. b- Permanecer
provisionalmente en rgimen abierto si la presentacin fue de forma
voluntaria. c- Permanecer en rgimen abierto siempre que la
revocacin lo haya sido sin prdida del tiempo pasado en libertad
condicional. d- Permanecer provisionalmente en rgimen
ordinario.
141.- Quin actuar como secretario de la Junta
Econmico-Administrativa?
a- El administrador. b- Un funcionario del establecimiento
designado por el Administrador. c- Un funcionario del
establecimiento designado por el Director. d- El miembro ms joven
de la propia Junta Econmico-Administrativa.
142.- Cuando el economato de un centro penitenciario es
gestionado por el Organismo Autnomo de Trabajo y Prestaciones
Penitenciarias, mediante la frmula de taller productivo, los
beneficios generados corresponden:
a- A la Direccin General de Instituciones Penitenciarias. b- Al
Organismo Autnomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias. c-
Deben ser ingresados en el Tesoro Pblico, existiendo la posibilidad
de revetirle a la Institucin Penitenciaria. d- Sern distribuidos en
gratificaciones a los internos y en mejoras del centro
penitenciario.
143.- Si nos dicen que el disco duro de nuestro ordenador tiene
4 Gigabytes, podremos almacenar en l:
a- Algo ms de 4.000.000.000 bytes u octetos. b- Exactamente
4.000.000 de bits. c- Exactamente 4.000.000.000.000 bits. d-
Aproximadamente 4.000.000.000 bits.
144.- Conforme a qu norma y en qu fecha se aprueban las Reglas
Penitenciarias Europeas:
a- Segn Recomendacin (87) 3 del Comit de Ministros del Consejo
de Europa, de 12 de febrero de 1987. b- Segn Resolucin (73) del
Comit de Ministros del Consejo de Europa, de 12 de febrero de 1987.
c- Segn Recomendacin (78) 4 del Comit de Ministros del Consejo de
Europa, de 23 de noviembre de 1978. d- a, b y c son falsas.
145.- A tenor de lo dispuesto en el artculo 25.2 de la
Constitucin espaola, los lmites de los derechos fundamentales de
los internos condenados a prisin son:
a- El fallo condenatorio, la analoga y las normas de rgimen
interior. b- El sentido de la pena, la costumbre y la ley
penitenciaria. c- El contenido del fallo condenatorio, el sentido
de la pena y la ley penitenciaria. d- La Ley general Penitenciaria
y las normas de rgimen interior.
146.- Conforme al artculo 3.2 del Cdigo Penal son fuentes del
Derecho Penitenciario.
a- La ley. b- La ley y los principios generales del derecho. c-
La ley, la costumbre y la analoga. d- La ley, la costumbre y los
principios generales del derecho.
147.- Segn el artculo 59 de la Ley Orgnica General
Penitenciaria, el tratamiento penitenciario consiste en el conjunto
de actividades directamente dirigidas a la consecucin de la
reeducacin y reinsercin social de:
a- Los penados. b- De los internos clasificados en segundo grado
y tercer grado. c- De los detenidos y presos. d- Detenidos, presos
y penados.
148.- En todo lo relativo a la asistencia religiosa de los
internos se estar a lo establecido en:
a- Los acuerdos firmados por la Administracin Penitenciaria con
las diferentes confesiones religiosas. b- Los acuerdos firmados por
el Estado espaol con las diferentes confesiones religiosas. c- Los
tratados entre el Estado Espaol y la Santa Sede. d- Los acuerdos
firmados entre la Administracin Penitenciaria y las Dicesis de las
comunidades autnomas.
149.- Los datos de carcter personal, excepto los relativos a
opiniones polticas, a convicciones religiosas o filosficas, al
origen racial y tnico, a la salud o la vida sexual, contenidos en
los ficheros informticos penitenciarios, podrn ser objeto de
transferencia internacional en los supuestos de:
a- Datos de carcter penal y penitenciario, y de acuerdo con lo
establecido en los tratados o convenios internacionales. b- Que lo
contemplen los tratados o convenios internacionales, siendo preciso
en todo caso el consentimiento del interno o su representante. c-
Prestacin de auxilio judicial internacional, de acuerdo con lo
establecido en los tratados o convenios en los que Espaa sea parte.
d- Prestacin de auxilio judicial internacional de acuerdo con lo
establecido en los tratados o convenios internacionales.