Políticas públicas e iniciativa privada en la responsabilidad social ...

La Responsabilidad Social Empresa-rial (RSE) representa el desafío deorganizar las relaciones económico-

sociales y medioambientales en un contextoglobalizado, yendo más allá de lo social paraconvertirse en sostenible. Si bien la RSErepresenta una opción altamente positiva,han de superarse las convergencias de facha-da, los meros ejercicios retóricos. Si atende-mos a las conclusiones del Foro Europeo Mul-tistakeholder, la RSE corre el riesgo de ser«capturada» por los intereses empresariales,modulando una política de RSE a la medidade sus necesidades estratégicas y de susinquietudes a corto plazo. «Existe el peligrode que la RSE se convierta en una auténticaburbuja especulativa, en una especulaciónteórica, ideológica, y no hace falta decirlo,publicitaria»1.

Un ambiente propicio para la RSE ha deser la suma del conjunto de motivaciones, ins-trumentos y capacidades humanas e institu-cionales en la que tienen y deben tener cabidatanto actores públicos como privados, tenien-do en cuenta tanto los estándares y prácticasinternacionales como las prioridades y parti-cularidades nacionales y locales.

El presente trabajo pretende ofrecer unareflexión sobre las razones que fundamentanla necesidad de intervención legal para laintegración de la responsabilidad social enlas empresas y las políticas públicas, y losprincipales problemas que afectan al diseñode políticas públicas de RSE, esbozando unmarco para la valoración del actual estatusde las prácticas de responsabilidad socialempresarial a nivel nacional.

1. FUNDAMENTOS ECONÓMICOSY SOCIALES DE LA RSE

Cuando se aborda el margen de actuaciónde las políticas públicas en materia de RSE,resulta insoslayable traer a colación, aunque

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* Doctor en Derecho - Instituto Complutense deEstudios Internacionales. Universidad Complutense deMadrid.

1 LOZANO, J.M., et al., « Los gobiernos y la responsa-bilidad social de las empresas. Políticas públicas más alláde la regulación y la voluntariedad», 2005.

Políticas públicas e iniciativaprivada en la responsabilidadsocial empresarial

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sólo sea en el marco exclusivamente teórico,el debate sobre su voluntariedad frente a laintervención pública.

Muchas veces de forma interesada, se hatratado de identificar la obligatoriedad conregulación y con la iniciativa pública, a favorde unas iniciativas privadas que renunciabana un acercamiento riguroso a la RSE. «La pre-gunta pertinente no se refiere a la regulaciónde la RSE, sino a la política que deben adop-tar los gobiernos en relación con la RSE.Debemos preguntarnos qué política públicanecesitamos para desarrollar la RSE; sólo eneste contexto tiene sentido la pregunta sobrela regulación, que no deja de ser más que uninstrumento, entre otros, de esa política»2.

Hasta ahora, la mayoría de las definicio-nes de un comportamiento empresarialsocialmente responsable hacen referencia alcarácter voluntario de su asunción por laempresa. La Comisión Europea se ha posicio-nado definitivamente a favor de este acerca-miento cuando afirma que la responsabilidadsocial de la empresa implica la integraciónvoluntaria de las preocupaciones sociales ymedioambientales en sus operaciones comer-ciales y sus relaciones con sus interlocuto-res3. En todo caso, los promotores empresa-riales de la RSE han defendido la voluntarie-dad de su implantación como una �si no laprincipal� ventaja de su desarrollo, justifi-cando así su misma existencia.

Para los partidarios de la autorregulación,la intervención pública se considera contra-producente desde el momento en que se correel riesgo de que las empresas no asumancomo propios los valores que la filosofía de laresponsabilidad social corporativa trata depromover. Según Ecodes4, la principal nove-

dad aportada por este enfoque radica en quelas demandas sociales de nuevas prácticasempresariales no son intermediadas a travésdel Estado; en buena parte de los casos searticulan a través de los mercados de produc-to (consumo responsable) o de capitales(inversión socialmente responsable �ISR�).Se invoca la necesidad de la «convicciónRSC»5 como garantía de su legitimidad y deminimización de su impacto en el negocio.

Es cierto que no se puede reivindicar elpapel totalizador de la regulación comogarante de los derechos humanos, sociales omedioambientales en un mundo no sólo cadavez más globalizado sino cada vez política-mente más descentralizado. En este sentido,habrá que reconocer y apoyar iniciativas pro-venientes de los actores sociales como accio-nes cooperativas que asumen la realidad deque los seres humanos pertenecen a una com-pleja red de estructuras sociales cuya concu-rrencia aumenta la potencialidad y la publici-dad de las acciones de protección de los dere-chos de los distintos grupos de interés. Sinembargo, polarizar el debate sobre la RSE eniniciativa pública versus compromisos volun-tarios, lejos de resultar simplista puede serde utilidad para asociar la RSE a las múlti-ples dimensiones y niveles en los que opera6.

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2 LOZANO, op. cit. p. 24.3 Comisión Europea, «Libro Verde: Fomentar un

marco europeo para la RSE», COM (2001) 366 final, de25 de julio de 2001.

4 Fundación Ecología y Desarrollo, Informe anual,2004.

5 GOYDER, M., «Redefiniendo la RSC», citado en elinforme 2004 Fundación Ecología y Desarrollo sobrepolíticas públicas.

6 «Much of the problem lies within our assumptionabout what business is for. If it is to serve society�s needsrather than dictated them, then we might be far lessdefensive of maintaining the status quo. How rational isit for business to fight regulation by voluntarily develo-ping their own codes and standards, spending inordina-te amounts of time trying to define what stakeholderswant, producing glossy reports and so on, while at thesame time using their public affairs groups to defend anythreat of intervention by regulators? Would it not be wis-er to support the idea of regulation that would enablebusiness to understand what society�s expectations areand plan accordingly? In Africa, Unilever has been dis-tributing condoms through its distribution sources, as animmediate strategy to combat Aids. But there is a trou-bling, if not irrational dilemma when business assumes

En efecto, de la definición tradicional de laRSE asociada a la filantropía, se ha pasado aun comportamiento empresarial socialmenteresponsable que considera distintas dimen-siones: así desde los contenidos, la RSE signi-fica atender a la observancia de los derechoshumanos, laborales, medioambientales. Des-de el punto de vista del proceso de su implan-tación, la estrategia corporativa, la transpa-rencia, la rendición de cuentas, el ciclo de pro-ducto o cadenas de valor, o la que emana delos compromisos comerciales internacionales.

Sin embargo, el verdadero trasfondo de laRSE se halla en un problema de legitimidad.El debate sobre la intervención pública frentea la iniciativa privada se corresponde con unestadio incipiente de la protección de los dere-chos de los stakeholders y dejará de tener ver-daderamente significado cuando la calidad dela RSE o su éxito dependa exclusivamente dela relación que mantienen con sus respectivosgrupos de interés7. Es decir, cuando se pase,en palabras de Mark Goyder, del «cumpli-miento RSC» a la «convicción RSC». Hastaentonces, no es lo mismo el debe que el ser,las desideratas que los hechos, el alegato quela certeza social: la convicción RSE depen-derá, en definitiva, de la capacidad de laempresa de interiorizarla en su estrategiaempresarial y del establecimiento de unarelación recíproca entre la creación de valorpara la propia empresa y la sociedad.

Esta concepción de la RSE como un proble-ma de legitimidad tiene dos vertientes: unaideológica, enraizada en el socialismo huma-nista y democrático, y otra económica.

No hay que olvidar que la RSE surge en uncontexto de creciente atención y demandapúblicas respecto a los impactos negativos dela actividad empresarial. En los años 80 seasistió a una creciente conciencia públicasobre el papel de los negocios en la sociedadtras desastres medioambientales y socialescomo los de Bhopal, Chernobyl y Exxon Val-dez. Junto a ello, a principios de los años 90,el Informe Brundtland (1987) y la Cumbre deRio (1992)8 inspiraron un concepto de desa-rrollo más allá del crecimiento económico y dela continua generación de riqueza definidaexclusivamente en términos financieros paraabarcar conceptos de equidad intra e interge-neracional y de calidad de vida. Se hablaba dedesarrollo sostenible como el desarrollo quesatisfacía las necesidades del presente sincomprometer las capacidades de las futurasgeneraciones para satisfacer las suyas.

En este contexto, desde un punto de vistaideológico, se puede decir que la RSE es unamanifestación, una variante del tema de la«función social de la propiedad». Es decir, quela propiedad, privada y pública, tienen quetener una legitimidad de origen y una legiti-midad de ejercicio que se justifica por su fun-ción social. La RSE no sería más que la formaconcreta en que se ejerce esta «función social»,en el caso de la propiedad de una empresa, omejor, de la titularidad de una sociedad quedetenta la propiedad de una empresa. Por esoalgunos hablan de Responsabilidad SocialEmpresarial frente a Corporativa, que pres-cinde del concepto de «sociedad» para ir, másclara y directamente, al núcleo de la actividadeconómica, a partir de la cual se ejerce la fun-ción social de la propiedad9.

Desde una perspectiva económica, la RSEva a suponer un nuevo modelo de gestión de

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the responsibility for public health away from govern-ments. Would it not be more rational for Unilever to finda way to work with public authorities to enable them todo the job, rather than confusing the space betweenpublic and private agendas?» Doane, D., «Beyond Cor-porate Social Responsibility: minnows, mammoths andmarkets», Futures, 37, (2005), 215-229.

7 Fundación Ecología y Desarrollo, Informe Anual,2004.

8 WARHURST, A. «Future roles of business in society:the expanding boundaries of corporate responsiblityand a compelling case for partnership», Futures, 37(2005), 151-168.

9 ALONSO SOTO, F., «Estrategia europea de la respon-sabilidad social de las empresas», REPER, 2005.

las externalidades de la acción empresarialen lo económico, social y medioambiental.

Según la microeconomía y las finanzasneoclásicas, en mercados competitivos, coninformación perfecta y ausencia de externali-dades, el beneficio social se logra cuandotodas las empresas consiguen maximizar suvalor en el mercado. En el primer teorema dela economía del bienestar de Pareto, la ópti-ma asignación de recursos y por ende, la efi-ciencia económica y social, se consigue sólocuando todos los agentes económicos maximi-zan su función de utilidad y alcanzan un pun-to en el que ninguno de ellos puede mejorar sino es a costa de que otro empeore.

Según esto, la eficiencia social sólo puedealcanzarse sobre la base de criterios de racio-nalidad económica, adoptando las decisionesen el ámbito económico sin tener en cuenta elimpacto que puedan ejercer las actividadesempresariales sobre el medioambiente y lasociedad. De ahí que adoptar voluntariamen-te criterios sociales o medioambientales adi-cionales a los mínimos legales, llevaría a unaasignación ineficiente de los recursos y a unadisminución del bienestar social.

Sin embargo, la lógica que subyace en estatesis de racionalidad económica, sitúa, comoeje de la actividad económica, comportamien-tos individualistas de los agentes económicos(sin tener en cuenta al consumidor como tal)excluyendo la posibilidad de comportamien-tos cooperativos en estrategias a largo plazo yde que las prácticas de RSE pueden ser útilespara reducir los fallos de mercado derivadosde las asimetrías de información y las exter-nalidades negativas. Además, esta visiónimplica la renuncia a la constitución de acti-vos intangibles como la reputación o la marcaque son valorados por el consumidor.

Cuando las empresas asumen el coste deincorporar alguno de los criterios de RSE, enrealidad están internalizando los efectos delas externalidades negativas generadas porsus actividades que repercuten sobre los gru-

pos de interés. Cuando en «El problema delcoste social» Coase criticó a Pigou por unavisión demasiado estrecha de las externalida-des, Coase argumentaba que la tradiciónpigoviana rechazaba completamente lasdimensiones recíprocas del problema de lasexternalidades. Coase afirmaba que el pro-blema no era ya el de perjudicar al otro, sinouna situación con incompatible distribuciónde los recursos, vista desde una perspectivasocial.

La RSE, entendida como gestión de lasexternalidades, ha de tener presente en todomomento estas relaciones recíprocas, que hande entenderse como la identificación de losgrupos de interés por una parte, y los incenti-vos e instrumentos de gestión10, de otra. Sinestas correlaciones, la RSE estará abocada alfracaso. Así por ejemplo, los incentivos han deentenderse no sólo para los empresarios, sinotambién para todos los que se relacionan conla compañía: para el cliente, atendiendo a sudemanda ofreciendo precios competitivos ybienes y servicios de calidad; para los provee-dores, pagando precios justos por sus produc-tos o servicios y sin abusar del poder de mer-cado, y para los empleados, preservando ycreando empleo, pagando salarios justos ydando formación, estabilidad y motivación.

2. LA RSE COMO PROCESODEMOCRÁTICO

La RSE, como gestión de las externalida-des, lleva a considerar que el diseño de un sis-tema sostenible de RSE debe tener en cuentadistintos aspectos que irían desde los pura-mente democráticos, como la identificaciónde los stakeholders y sus necesidades, hastaotras cuestiones más técnicas como el procesode implantación de la estrategia de RSE en laempresa o la minimización del impacto delciclo de vida del producto o servicio.

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10 Donde, como veremos, se encontrará la regula-ción.

Desde este punto de vista, hay que teneren cuenta que una concepción unilateral(empresarial) de la RSE choca con la parado-ja de que en la raíz misma de la necesidad dela RSE, se haya el déficit democrático del pro-ceso de globalización y de la propia estructu-ra del mercado.

Como se establece en la Declaración deGranada sobre la globalización, «el nuevo sis-tema de relaciones económicas, sociales y cul-turales demanda un orden internacional fre-cuentemente por poderes de escasa o nulalegitimidad democrática. Hasta ahora lospoderes de los Estados nacionales, al menoslos Estados desarrollados, habían logradociertos niveles de justicia social. El desborda-miento de las fronteras nacionales y la exis-tencia de problemas humanos graves que yano pueden encontrar solución en el marcoestatal exigen una gobernanza y unos pode-res más efectivos y, sobre todo, más legítimos.La globalización es un fenómeno nuevo queha colocado otra vez a la sociedad internacio-nal en una especie de estado de naturalezaque necesita ser sometido a regulación. Elparadigma de la democracia estatal se hahecho insuficiente pese a que los Estadossiguen siendo protagonistas del orden inter-nacional y pueden todavía actuar eficazmen-te para frenar esos efectos perversos del nue-vo sistema de relaciones económicas, políti-cas, sociales y culturales que se hacen reali-dad más allá de las fronteras estatales. Laspautas de derecho y justicia que son invoca-das en las relaciones internacionales aumen-tan cada día su complejidad y diversidad,pero no aciertan a incrementar su fuerza. Losorganismos internacionales que las animanson incapaces de imponerlas, y sus discursosson cada vez más meras exhortaciones mien-tras la realidad de los intercambios interna-cionales tiende a hacerse imprevisible y anó-mica y crecen en ella la injusticia y la desi-gualdad».

Pero es que además, la existencia de dese-quilibrios estructurales en los mercadosentre el consumidor final y el productor o

empresario, reclama la intervención de lospoderes públicos.

Si tenemos en cuenta la función económicadel consumidor y su posición estructural en elsistema de mercado de la competencia, la pro-tección del consumidor sería objeto de la divi-sión económica del trabajo. El mercado seconcebiría como un proceso de circulación yde intercambio de las mercancías organiza-das, donde el consumo constituye el últimoeslabón en un sistema de producción y circu-lación basado en la división del trabajo, esdecir, la utilización de las mercancías nocomo valores de cambio sino como valores deuso o consumo.

Según esto, y en relación con la posiciónque ocupan las empresas, el consumidor seencontraría en una posición de subordinaciónestructural en el mercado, ya que, en contra-posición a los operadores del mismo, los valo-res de uso son adquiridos por el consumidorpara no volver a ser usados como valores decambio, y por tanto, éste como simple adqui-rente de tales valores, no está en situación depoder ejercer poder de mercado alguno o,como mínimo, de poder organizar un «contra-poder» que actúe de forma más o menos dura-dera en el mismo11.

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11 Se apuntan diversas razones para ello: una podríaser la estructura atomizada del consumo en el procesode circulación. Otra razón estribaría en la relativamentepuntual cobertura o satisfacción de las necesidades queafectan al individuo consumidor. Una tercera podríaencontrarse en la imposibilidad de organizar de formaduradera los intereses de los consumidores, contraria-mente a lo que sucede con los intereses empresariales,de organización relativamente fácil.

Desde una perspectiva de RSE, Forética en su informe«Responsabilidad Social de las Empresas, 2004» abordael problema de la información asimétrica entre consumi-dor y empresa. Mientras que las empresas tienen unagran cantidad de medios para obtener información útil ala hora de analizar sus respectivos mercados (tamaño,tendencias de consumo, herramientas de segmentaciónde clientes, etc), los consumidores por su parte, carecende medios, herramientas y en general, capacidad paraevaluar o comparar las políticas y conductas de lasempresas de las que son clientes. Además, la informa-

La constatación de esta evidencia es la quedio lugar al nacimiento del Derecho de pro-tección del consumidor y nos será de utilidadpara abordar más adelante la cuestión delpoder del consumidor en sus decisiones decompra de productos y servicios éticos.

Esta misma confrontación existente en elmercado entre las esferas individual y colecti-va la encontramos en la propia tradición de laprotección jurisdiccional de los derechoshumanos. El modelo liberal de sociedad demercado establecía una clara distinción entrelas esferas públicas y privadas12, déficit quetodavía hoy no se ha corregido. Y en este con-texto de «doble barrera» (desequilibrio delmercado y jurisdiccional) para el acceso de losparticulares a un ejercicio pleno de sus dere-chos en la esfera internacional, es donde hayque encuadrar las actuales iniciativas volun-tarias de RSE.

Junto a la necesidad de situar al individuo�entendido en el sentido amplio de stakehol-ders� como pleno actor en el mercado y en elámbito jurisdiccional, la reconsideración delas fronteras entre las esferas públicas y pri-vadas y por tanto, de la necesidad de supera-ción de una perspectiva unilateral de la éticaempresarial, surge además precisamente delauge de otros actores no gubernamentales,sobre todo, las empresas multinacionales,como nuevos centros de influencia13.

Según esto, «el concepto de empresa soste-nible �¿o creación de valor sostenible?� serefiere esencialmente a la evidencia de que alargo plazo los resultados empresarialesmejoran si se mantienen relaciones no opor-tunistas con los diferentes grupos de interésque concurren en la actividad empresarial:empleados, clientes, proveedores y comuni-dades sociales en donde opera»14. De ahí que,el enfoque integral de la RSE debe atribuirtanta importancia a los principios y objetivosen sí mismos como a los procesos que condu-cen a la obtención de estos objetivos, dondesin duda la fuente más importante de valoragregado la constituyen por un lado, la crea-ción de una verdadera ciudadanía responsa-ble, y por otra, la rendición de cuentas de losresponsables de políticas y de otros actorescuyas acciones tienen impacto en los derechosde las personas.

3. DIMENSIONES DE LA RSE

En definitiva, estas consideraciones obli-gan a plantear diversos planos en la respon-

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supranational dimension has created new institutionalcentres of power which allow MNEs, among others, tobypass the state machinery and to exercise directinfluence of these institutions which, in turn, directlyexercise power over the individual. Thus bodies such asthe EU or the WTO are perceived as being involved in adirect relationship with transnational capital, without aclear system of democratic accountability being in placeto represent other, equally valid, interests. These chan-ges, in turn, create the perception of MNEs as entitiescapable of exerting power over public policy and indivi-duals without being held accountable. This coincideswith the fear that such powerful entities may disregardhuman rights and, thereby, violate human dignity. Itfollows that MNEs must be subjected to human rightsresponsibilities, notwithstanding their status as creaturesof private law, because human dignity must be protectedin every circumstance.» Muchlinski, P., «Human rightsand multinationals: is there a problem?», InternationalAffairs, 77, 1 (2001) pp. 31-48.

14 LAFUENTE, A, «La crisis de la creación de valor», p. 8,en Responsabilidad Social Corporativa. Recopilación deartículos 2001-2004, Fundación Ecología y Desarrollo.

ción, aunque cada vez de más fácil acceso, es de difícilinterpretación. En ocasiones, se precisa de cierta cualifi-cación técnica para poder diferenciar la calidad en la ges-tión de las empresas a base de criterios de RSE. (p. 30).

12 CHINKIN, Ch., «The dualism between public andprivate spheres of activity has been identified as a keyfeature of classical, Western liberal thought», EJIL, 1999,vol. 10, nº 2, pp. 387-395.

13 En una dimensión de Derechos Humanos,Andrew Clapham identifica tres tendencias que han for-zado a esta reconsideración. «The first of these is theemergence of fragmented centres of power �includingMNEs- which extend the individual�s perception of aut-horithy- repression and alienation beyond the apparatusof the state. Second, the definition of the private spherehas undergone a transformation, due to the emergenceof inter alia the kinds of identity politics �.Third, the

sabilidad social empresarial. En primerlugar, una dimensión externa e interna,ambas con una interacción mutua en eldiseño de políticas de RSE.

1. Desde un punto de vista externo, eldebate sobre la RSE ha de inscribirse en elanálisis de los vínculos entre desarrollo,comercio y competencia. Las implicaciones dela RSE desde el punto de vista del desarrolloson relevantes y estriban en el hecho de quecomo han apuntado diversos autores (Simms,Doane, Ward) los intereses corporativos y lasprácticas empresariales son los que controlanla agenda de la responsabilidad social corpo-rativa.

«The dominant CSR agenda largelyreflects the concerns of stakeholders based inhigh-income countries. It has not yet beenfully connected to the range of «indigenous»CSR agendas around the world. Yet volun-tary approaches to setting CSR standards arenow transferring the dominant agenda tobusinesses in low� and middle-income coun-tries through supply-chain relations andother kinds of private business interactions.This in turn is prompting concerns to addressthe impacts of action by businesses to reflectthe demands of the new «fourth party» inter-ests� those of consumers, workers, and citi-zens in developed countries»15.

Desde este punto de vista, habrá que estarmuy atento al impacto de los acuerdos delibre comercio que incorporan el concepto deRSE como un marco en la forma de hacernegocios y en las buenas prácticas de lasempresas que se beneficien de este tipo deacuerdos. En el Acuerdo de Libre Comercioentre Estados Unidos y Chile, firmado el 6 dejunio de 2003, por primera vez se incluye unacláusula sobre RSE en el capítulo ambiental(art. 19.10), que aunque no tiene un carácterobligatorio en cuanto no obliga a las partes alcumplimiento de estándares, sí marca un

precedente al tipo de comportamiento que sebusca en los negocios entre empresas deambos países.

Del mismo modo, un nuevo acuerdoEEUU-Vietnam en materia de textiles, sus-crito el 25 de abril de 2005, incorpora unaobligación para las autoridades vietnamitasde promover la implementación de códigosRSE a cambio de acceso al mercado nortea-mericano. Con arreglo a las condiciones delacuerdo, los ministros de trabajo de los dospaíses convinieron en «reunirse para revisarlos avances obtenidos en la consecución delobjetivo de mejorar las condiciones de trabajoen el sector textil en Vietnam». Este pactodifiere de un acuerdo similar con Camboya,en el que se vincula el incremento de las cuo-tas de exportación de textil a las mejoras delos derechos de los trabajadores.

Estas cláusulas, �independientemente dela formalidad que adopten (esquemas de cer-tificación, etiquetas ecológicas, códigosvoluntarios o guías para aplicación en dis-tintos sectores)� si bien pueden elevar recí-procamente los estándares de responsabili-dad social, pueden provocar impactos nega-tivos para los negocios en los países en desa-rrollo, en la medida en que tienen el poten-cial de imponer nuevos costes a los empresa-rios que estén peor capacitados para respon-der16. Además, el impacto del acceso a losmercados por los instrumentos privados deRSE no puede controlarse a través de losmecanismos establecidos de la OMC, queestán previstos para iniciativas guberna-mentales17.

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15 MUCHLINSKI, op.cit. p. 34.

16 Del mismo modo, estas preocupaciones de acce-so al mercado pueden integrarse en la cadena de valorcomo exigencias de entrada al mercado por parte de loscompetidores, ya a través de mecanismos de inversióndirecta, exigencias de cadena de suministro, o decomercialización.

17 WARD, H, Public sector roles in strengthening cor-porate social responsibility: taking stock, World Bank,January 2004, p. 36.

Por otro lado, la necesidad de incorporarpolíticas de competencia y comercialessocialmente responsables se enfrenta a losrequerimientos de un sistema global cadavez más integrado, a la creciente compleji-dad de las agendas comerciales, la heteroge-neidad de los sistemas de competencia exis-tentes, y la necesidad de un marco institu-cional que apuntale instrumentos y recursospara políticas de competencia más solida-rias.

La acción empresarial en la sociedad y enlos mercados globales exige alcanzar altosniveles de competitividad, que dentro de unmarco de desarrollo sostenible vaya acom-pañada de una mayor solidaridad y visión éti-ca que permita atender temas emergentescon alto impacto social tales como la protec-ción del medio ambiente, las nuevas tecno-logías de la información, la innovación ytransferencia tecnológica y los derechos depropiedad intelectual, etc.

2. Este aspecto nos llevaría a la considera-ción de la RSE en la cadena de valor de lasempresas y a la consideración de la RSE enun ámbito interno.

Así, desde un punto de vista intraempre-sarial, hay varios planos en los que se aplicala responsabilidad. En primer lugar, la acciónempresarial socialmente responsable implicaconjugar altos niveles de competitividad conel respeto a los derechos humanos, laboralesy ambientales.

Esta es quizás la dimensión más desarro-llada de la RSE debido a la temprana defini-ción de estándares internacionalmente acep-tados, como los estándares de la OIT y laDeclaración Universal de Derechos Humanosde Naciones Unidas.

Por su parte, el tema ambiental es un com-ponente intrínseco de la RSE. La administra-ción del impacto ambiental directo de lasempresas se ha enfocado, tradicionalmente, ala administración del uso de los recursos

naturales, el control de la contaminación, lagestión de los residuos y el ciclo de vida de losproductos. Actualmente se busca que lasempresas vayan más allá de la mera admi-nistración de sus impactos ambientales � yque reconozcan cómo dichos impactos incidenen los problemas ambientales y sociales delentorno�.

Todos estos valores y principios no sólohan de ir referidos a los accionistas, ejecuti-vos y trabajadores de la empresa, sino tam-bién a aquellos grupos de la sociedad conalgún vínculo con dicha empresa (stakehol-ders).

Junto a los anteriores, el tema de la gober-nabilidad corporativa ha adquirido particu-lar relevancia a raíz de los escándalos finan-cieros de Enron y WorldCom o de Gescarteraen España, que han reforzado la preocupa-ción pública por el creciente poder de lasempresas. La gobernabilidad corporativa serefiere al sistema de reglas y prácticas quedirigen y controlan las empresas. La estruc-tura de gobernabilidad define la distribuciónde derechos y responsabilidades entre losdiferentes actores relacionados con lasempresas �junta directiva, accionistas, admi-nistradores, y otros interesados� así como lasreglas y procedimientos para tomar decisio-nes. Los sistemas de gobernabilidad permi-ten la transparencia, la justicia y la rendiciónde cuentas o accountability del conjunto deactividades de la empresa, como un requisitopara la integridad y la credibilidad de losmercados.

Otra dimensión tiene relación con el ciclodel producto (o cadenas de valor). La RSEmotiva a las empresas a descubrir de quémanera sus negocios generan efectos sobretodo el ciclo de producto o cadena de valor,desde el proveedor de materias primas hastael consumidor final. Ello significa tener quediseñar sistemas de monitoreo del cumpli-miento de estándares (ambientales y socia-les) por parte de los proveedores.

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Este tema ha sido especialmente crítico enel sector textil y particularmente en casoscomo los de Edén, Nike, y Levi�s. Así porejemplo, tras recibir duras críticas por elempleo de maquiladoras en Asia, Nike esta-bleció una división interna para verificar elcumplimiento de estándares laborales acep-tables en toda su cadena de producción, con-tratando a una firma independiente paraverificar el cumplimiento de sus estándaresen materia de RSE.

En otro orden de cosas, el de la transpa-rencia y rendición de cuentas, la RSE insta alas compañías a asegurarse de que todos losniveles de la jerarquía de las empresas �des-de los empleados hasta la junta directiva�adopten los valores y principios establecidosy se responsabilicen de su cumplimiento. Larendición de cuentas consiste no sólo en lossistemas a través de los cuales se gobierna laempresa, sino en arbitrar mecanismos deseguimiento y control de los objetivos enmateria de RSE.

Por último y como elementos instrumenta-les a los anteriores se incluirían:

� las capacidades humanas e institucio-nes para implementar una política deRSE en un contexto geográfico o secto-rial particular.

� el establecimiento de las motivacionesefectivas de la RSE, que constituye unpilar en la construcción de un medio-ambiente óptimo para toda práctica denegocio responsable. Los acercamien-tos a la RSE por parte de las empresaspueden entenderse en gran parte comouna respuesta a las acciones internas yexternas que genera la práctica empre-sarial de la RSE. Estas acciones inclu-yen la consecución de nuevas oportuni-dades de negocio a través de la innova-ción social y medioambiental, la ges-tión del riesgo de la reputación, lascampañas de presión de las ONG o lossindicatos, la exposición a los medios

de comunicación de las prácticas deempresas individuales o de determina-dos sectores, la regulación y la litiga-ción18.

� los instrumentos de implementación dela RSE, que incluyen la legislación yregulación, etiquetas y certificados,códigos de conducta, partenariadosentre diferentes actores, directrices yguías, sistemas de gestión, y premios.

� una última dimensión de la RSE iríaasociada a la eficacia de la asunción dela RSE por las empresas, lo que llevaríaaparejada la necesidad de instrumentosde medición.

En definitiva, teniendo en cuenta todasestas perspectivas, como diría Halina Ward,el contenido propio de la RSE sería la gestiónde los costes y beneficios de la actividadempresarial frente a los stakeholders inter-nos y externos, desde los trabajadores, accio-nistas, e inversores hasta los clientes, prove-edores, sociedad civil, y grupos de la comuni-dad. «Setting the boundaries for how thosecosts and benefits are managed is partly aquestion of business policy and strategy andpartly a question of public governance»19.

4. LA INTERVENCIÓN PÚBLICACOMO MARCO PARA LAS POLÍTICASDE RSE

Partiendo de estas premisas, la interven-ción de los poderes públicos encuentra surazón de ser en distintos argumentos:

1) En primer lugar, por la propia lógica detoda evolución normativa, la intervenciónpública en materia de responsabilidad socialcorporativa serviría para suplir las carenciasdel capitalismo liberal. Un precedente quenos ayuda a explicar esta dinámica lo encon-

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18 WARD, H., op. cit. p. 6.19 WARD, H., op. cit. p.1.

tramos en la expansión horizontal de la nor-mativa comunitaria.

Así, el objetivo inmediato del originalTratado de Roma era estimular la integra-ción económica entre los Estados miembros:la creación de un «mercado común» en el quebienes, personas, servicios y capitales pudie-ran moverse libremente entre los Estadosmiembros; y de un marco donde las empre-sas pudieran operar en iguales condicionesde competencia. En este esquema, los acto-res sociales eran vistos como los últimosaunque indirectos beneficiarios de los logroseconómicos de la Comunidad: un mercadolibre y el aumento de la competencia estimu-laba la prosperidad, que a su vez daba lugara un aumento de los estándares de los pro-ductos y servicios ofrecidos al público, de lossalarios pagados a los trabajadores, etc.«But such blind faith in the philanthropicbenefits of the liberal capitalist model soonpassed as the Community looked beyond thenarrow objective of securing market integra-tion to embrace new policy competences infields such as environmental protection,consumer rights, social policy, educationand vocational training, culture and publichealth» 20.

Pero por otra parte, el modelo comunitariorepresenta también un buen ejemplo de queuna armonización mínima de estándaresconstituye un instrumento legislativo deempleo ineludible para evitar fricciones en elámbito internacional entre distintos cuerposnormativos, voluntarios o no. La armoniza-ción mímima constituye la expresión legalque permite amortiguar las tensiones funda-mentales en la evolución política y económicade la globalización.

En la Comunidad Europea, la armoniza-ción mínima constituyó un estándar de cali-dad de las directivas en asuntos como la pro-

tección medioambiental, de los consumidoresy los trabajadores desde comienzos de losaños 70, antes incluso de su institucionaliza-ción en el Tratado por el Acta Única Europeay el Tratado de la Unión.

2) Conforme a lo apuntado anteriormen-te, uno de los retos más grandes en la agendade la RSE hace referencia a la necesidad delocalizar la responsabilidad social corporati-va de manera que esté arraigada en las preo-cupaciones de desarrollo local, tanto a escalanacional como en las cadenas de suministrointernacionales.

De un lado, prevalecen los acercamientostop-down en la implementación de códigos deconducta �p.ej. en los que los compradoresexigen cambios en las prácticas de gestión desus proveedores�, sin referencia a los princi-pios de partenariado que han de guiar lasprácticas RSE.

Por otra parte, la práctica está demostran-do que la efectividad de las herramientas deRSE existentes �tales como códigos de con-ducta, etiquetas, o esquemas de certifica-ción� puede mejorarse solamente con la ayu-da y el compromiso directo de las agencias delsector público en los países en desarrollo21.Son necesarias estrategias bottom-up para laconstrucción de capacidades y para el refor-zamiento de las iniciativas públicas.

En definitiva, la necesidad de construir unpartenariado entre las políticas públicas deRSE y las circunstancias locales de sectoresparticulares, así como en la participación delos distintos stakeholders, no puede abordar-se de forma efectiva sin el compromiso de losorganismos públicos, mejor posicionadospara canalizar el potencial de la alineación delas prácticas domésticas de RSE con los obje-tivos de política pública.

3) Para muchos empresarios, la conver-gencia o armonización de códigos de conducta

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20 DOUGAN, M., « Minimum Harmonization and theinternal market», CMLR, 37: 853-885, 2000, p. 857. 21 WARD, H., op. cit.

es la respuesta más apropiada a las ineficien-cias económicas generadas por los esfuerzospor cumplir con las exigencias de responsabi-lidad social. De este modo, la armonización delos códigos de conducta constituiría un armapreventiva frente a posibles comportamien-tos de free-riders puesto que el mercado nosiempre recompensa equitativamente a lasmejores prácticas de RSE.

Sin embargo, las prácticas voluntarias deRSE de las empresas privadas no son y nopueden ser un sustituto efectivo para el buengobierno corporativo. Deborah Doane22

recuerda que cuando en 1987 el InformeBrundtland sobre Medioambiente y Desarro-llo, se acuñó el término «desarrollo sosteni-ble», se pusieron demasiadas esperanzas enla iniciativa empresarial, que acabó captu-rando este término para justificar a favor deldesarrollo prácticas medioambientales bas-tante dudosas. Hoy el movimiento a favor dela RSE corre el riesgo de ver repetidos losmismos errores que la Comisión Brundtland.«Our short-term memory is fading fast, as werefuse to acknowledge the caveat to such astatement: that business can do well and dogood�up to a point. Business in the end,must be profitable and the aims of social andenviornmental objectives do not always coin-cide with the hard-nosed business realities ofthe competitive marketplace».

En este sentido, son cada vez más numero-sos los autores que cuestionan (Zadek, Knox& Maklan, Doane) algunas aseveracionesasociadas a las prácticas empresariales enmateria de responsabilidad social pero quesegún ellos, no dejan de ser meras anécdotassin verificación empírica alguna.

«Companies are happy to advocate thesemyths, as they offer no threat to the statusquo. Governments, too, are content to accept

the arguments, as confidence to regulate ismired with accusations of «red tape» andlimiting competitiveness. Yet by looking atthe arguments more closely, one finds somecompelling evidence to prove «market failu-re» and thus the demand for an entirely diffe-rent approach to looking at where we go fromhere».

Veamos algunos de estos «mitos»23:

a) Los informes voluntarios mejoran elcumplimiento de la RSE.

A pesar de la importancia que se le atribu-ye a la publicación de informes voluntariossobre las prácticas de RSE, Knox y Maklanseñalan que a finales de 2002, menos de untercio de las empresas del FTSE350 publica-ban estos informes; a mediados de 2003, apesar de que este número aumentó, la calidadde los informes era bastante deficiente, y nohacían mención a las principales cuestionesde sostenibilidad24.

Por otra parte, a pesar del esfuerzo por lacomprensión de las prácticas de riesgo, sub-siste todavía una importante brecha entre laconcepción del riesgo para las empresas ypara la sociedad. Así se cita el caso de Unile-ver, una de las compañías reputadas comolíderes en RSE: «Consumer goods companyUnilever has been awarded the Association ofCertified Accountants award for their envi-ronmental report, yet Unilever failed to dis-close a significant accident in India regardingmercury poisoning that took place duringthat same reporting year. The information onthis incident has been readily available onthe internet amongst various environmentalgroups, yet the issue posed no credible finan-cial risk to Unilever».

HELENA ANCOS FRANCO


22 DOANE, D., «Beyond Corporate social responsibi-lity: minnows, mammoths and markets», Futures, 37(2005), 215-229.

23 Según terminología de DOANE.24 KNOX, S., MAKLAN, S., «Corporate Social Responsi-

bility: Moving beyond investment towards measuringoutcomes», European Management Journal, vol. 22, Nº5, pp. 508-516, 2004.

En el mismo sentido se manifiestaba unestudio realizado por Sustainability, dondese criticaba que a pesar de que el número deempresas que realizaban reportes socialesestaba en aumento, la calidad de sus infor-mes de RSE apenas había mejorado en cincoaños25. En este mismo estudio, Simon Zadekde AccountAbility, informaba que estosinformes sociales no tenían un impacto sig-nificativo en la toma de decisiones empresa-riales.

En el caso de España, la FundaciónEmpresa y Sociedad ha señalado que lasestrategias de comunicación de las empresasespañolas en materia de RSC en muchoscasos persiguen objetivos cosméticos: en estosinformes se difunden exclusivamente buenasprácticas y se ocultan aspectos que no se ajus-tan a los estándares de RSC e incluso, enalgunos casos, se presentan datos que esimposible verificar o que entran en contradic-ción con la realidad26.

Con matices más positivos, el Observato-rio de Responsabilidad Social Corporativaaprecia en su estudio «La ResponsabilidadSocial Corporativa en las memorias anualesde las empresas del IBEX 35» una evoluciónfavorable para las empresas españolas si setiene en cuenta que las compañías analizadashan implantado sus sistemas de gestión yactuaciones en RSE hace menos de tres años.No obstante, se afirma que «la documenta-ción analizada suele ofrecer únicamente unenfoque positivo de las actuaciones de laorganización informante, centrándose enmostrar los logros alcanzados en el ámbito dela RSC y los impactos más favorables asocia-dos a su actividad. Esto impide una correcta y

efectiva comunicación a los stakeholders deldesempeño real de la compañía»27.

La credibilidad de las memorias de RSCdependerá no sólo de la verificación de lainformación presentada por un auditor inde-pendiente �porcentaje que en nuestro país sereducía a un 22% según la FES- sino de la ela-boración de criterios homogéneos y normasestándar para la elaboración de dichasmemorias.

b) Los códigos voluntarios y los sistemasde gestión cambian el comportamiento corpo-rativo.

La RSE está plagada de cientos de códigosde conducta, pero los códigos voluntarios nogarantizan por sí mismos cambios de desa-rrollo. Un estudio de la Universidad de Sus-sex ha mostrado que las empresas con un sis-tema de gestión medioambiental no mejoransus prácticas medioambientales respecto aaquellas que no lo tienen28. En algunos casos,se ha visto que los códigos han llevado inclu-so a un empeoramiento de la situación paraaquellos que supuestamente tienen que bene-ficiarse de ella29.

Muchas de las razones para no cumplir uncódigo se encuentran en las presiones de com-petitividad dadas por los mercados. En luga-res como Sri Lanka, el conflicto entre elimpacto social y los negocios se pone cada vezmás de manifiesto. Muchos minoristas que seproveen de Sri Lanka tienen códigos de con-ducta que cubren estándares laborales, desalud y seguridad. Sin embargo, los fabrican-tes de ropa de Sri Lanka presionan al gobier-no para que aumente las horas legales de tra-

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25 ELKINGTON, J., Launch of AA1000 Conference,2003. www.accountability.org.uk.

26 Fundacion Empresa y Sociedad, La responsabili-dad social corporativa y la acción social en la Memoria2003 de las grandes empresas españolas, 2004.

27 Observatorio de Responsabilidad Social Corpora-tiva, La responsabilidad social Corporativa en las memo-rias anuales de las empresas del IBEX 35, abril 2005.

28 BERKHOUT F., HERTIN, J., «Towards EnvironmentalPerfomance Management», Sicence and TechnologyPolicy Research, University of Sussex, 2001.

29 JENKINS, R., «Corporate codes of conduct: self-regulation in a global economy», en Voluntary Approa-ches to Corporate Responsibility, a Resource Guide; Uni-ted Nations Non-Governmental Liaison Service, Gene-va, 2002.

bajo frente a la creciente competencia de losfabricantes chinos que han abierto sus mer-cados, lo que podría comprometer la salud yla seguridad laboral, superando por tanto,cualquier intento de mejora derivado de loscódigos de conducta en RSE.

Por otra parte, uno de los principales pro-blemas de los códigos de conducta es la faltade mecanismos efectivos de cumplimiento.Las Directrices de la OCDE sobre empresasmultinacionales, suscritas por todos los paí-ses de la OCDE y uno de los principales códi-gos globales, prevé Puntos Nacionales deContacto, pero no van más allá. La efectivi-dad de los códigos voluntarios recae exclusi-vamente en las empresas que devienen almismo tiempo jueces y parte. La autorregula-ción por la industria, como han demostradolos recientes escándalos de Enron o World-com, resulta poco fiable.

Además de las tensiones propias de laregulación internacional, hay que añadir otrotipo de limitaciones. Si bien es cierto que unconjunto consensuado de convenios de la OITha tenido impacto en la convergencia de lasdisposiciones laborales en los códigos de con-ducta en la industria textil, de calzado depor-tivo y manufacturas, la extensión en la queestas exigencias han sido incorporadas a loscódigos de conducta tiende a reflejar cuestio-nes específicas de RSE y presiones dentro desectores individuales. En el sector del turis-mo, por ejemplo, hay pocos estándares labo-rales específicos o derechos humanos, pero seabordan en más detalle temas de salud yseguridad. En los sectores del gas y petróleo,la mayoría de las empresas no tiene princi-pios articulados sobre trabajo forzado, infan-til o libertad de asociación y negociacióncolectiva30.

Hay que reconocer no obstante, la utilidadde los códigos de conducta en ámbitos como lalucha contra el trabajo infantil, donde los con-

venios internacionales no han sido ratifica-dos y las prácticas de las empresas multina-cionales deviene crítica. En su trabajo «Theeffectiveness of Self-regulation: CorporateCodes of Conduct and Child Labour» Kolk yVan Tulder, estudiaron seis compañías texti-les europeas y estadounidenses con alto por-centaje de trabajo infantil (Gap, LeviStrauss, Nike, C&A, Hennes & Mauritz,WE). En los países de producción, junto a losdiferentes acercamientos gubernamentales,la prohibición del trabajo infantil se complicapor la difícil implementación de los estánda-res internacionales. La mayoría del trabajoinfantil tiene lugar en el sector informal, quenormalmente no está cubierto por la legisla-ción nacional; la mayoría de los niños trabajaen la agricultura, servicios y manufacturasde pequeña escala. Mientras la atención secentra en el trabajo infantil en industrias deexportación, éstas emplean solamente a unpequeño porcentaje, probablemente menosdel 5%, de la fuerza de trabajo infantil. Estoseñala los límites de la intervención guberna-mental y de las sanciones internacionales, almismo tiempo que subraya el papel que lasempresas multinacionales pueden potencial-mente jugar, directamente en sus propiasoperaciones en los países en desarrollo, y másindirectamente por las actividades que exter-nalizan a los proveedores locales. Aquí loscódigos de conducta se convierten en impor-tantes instrumentos de mejora de las condi-ciones de trabajo31.

c) El consumidor ético promoverá lasprácticas de RSE.

Hablábamos al principio de las diferenciasestructurales del mercado, donde el consumi-dor ostenta una posición de desequilibriofrente al productor de bienes o servicios. Puesbien, en este contexto, confiar en la capacidad

HELENA ANCOS FRANCO


30 WARD, H., op. cit. p. 13.

31 KOLK, ANS, VAN TULDER, ROB, «The effectiveness ofSelf-regulation: Corporate Codes of Conduct and ChildLabour», European Management Journal, vol. 20, nº 3,pp. 260-271, 2002.

o actitud del consumidor para coadyuvar enel tránsito hacia una economía socialmenteresponsable resulta demasiado optimista. Lacorrespondencia entre actitud y comporta-miento carece de soporte empírico y no estádebidamente documentada.

Son numerosos los trabajos que han eva-luado la disponibilidad de los consumidoresal consumo de productos éticos32. La mayoríamuestra que los consumidores se preocupanpor la gestión ética de los negocios, pero ofre-cen en cambio datos que dan margen para ladiscusión.

Por una parte, algunas encuestas mues-tran que pocos consumidores sitúan a la éticaen la cumbre de su lista de decisiones de com-pra. En un estudio de MORI sólo cerca del 5%de los consumidores son activos compradoresde productos éticos33; en una encuesta delInstitute of Grocery Distributors se afirmaque el 70% de los compradores de alimentosbasan sus decisiones de compra en el precio oen el sabor pero no en la ética. Y para el grue-so de nuestras decisiones de compra �desdelos muebles, a las bicicletas o los juguetes�,no siempre hay una elección ética evidente34.

En nuestro país, un reciente estudio reali-zado por Fernández y Merino35 muestra la

existencia de demanda socialmente respon-sable así como cierta disponibilidad a pagarpor productos éticos, a partir de las valoracio-nes obtenidas en un trabajo de campo basadoen cuatro grupos focales y entrevistas a 54individuos.

Las preferencias de los consumidoresestán en proceso de cambio ya que ahora tam-bién se incluyen en su función de utilidadatributos sociales relacionados con las políti-cas de la empresa que compiten con los atri-butos meramente físicos o funcionales delproducto. No obstante, parece que todavíaexiste poca información cuantitativa sobrecómo y cuánto valoran los consumidores lasactuaciones socialmente responsables de lasempresas; es decir, hasta qué punto conocen yvaloran dichas actuaciones y si estarían dis-puestos a pagar una prima por un productoético. Los estudios que se han realizado hastael momento muestran un elevado grado dedesconocimiento del término RSE que con-trasta con una percepción social positiva delas actuaciones socialmente responsables delas empresas y con una disponibilidad a sus-tituir aquellos productos sin atributos socia-les por otros, funcionalmente idénticos, peroéticamente mejores.

Así, ante la pregunta de qué opinión lesmerecen las actuaciones socialmente respon-sables de las empresas, un 83% de la muestracontesta que su percepción es positiva mien-tras que el resto las valora negativamente yopina que únicamente constituyen una estra-tegia de marketing. Aunque un 93% piensaque la RSC es una estrategia de marketing, lamayoría considera que puede contribuir amejorar el bienestar de la sociedad.

Cuando se les pregunta por su disponibili-dad a pagar, un 89% del total sustituiría unproducto ético por otro con las mismas carac-terísiticas físicas, siempre y cuando el preciofuera el mismo. Si, por el contrario, el preciodel producto ético fuera superior, un 65%aceptaría pagar una prima adicional.

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32 BECKER-OLSEN, K., CUDMORE, B.A., HILL, R.P., «Theimpact of perceived corporate social responsibility onconsumer behaviour», Journal of Business Research,(2005); CARTER, C., «Ethical issues in international buyer-supplier relationships: a dyadic examination», Journal ofOperations Management, 18 (2000), 191-208; KLEIN, J.,DAWAR, N., «Corporate social responsibility and consu-mers� attributions and bran evaluations in a product-harm crisis», International Journal of Research in Marke-ting, 21 (2004), 203-217.

33 MORI, The Public�s views of Corporate Responsibi-lity, 2003.

34 Institute of Grocery Distributors, Ethical Consu-merism, 2005.

35 FERNÁNDEZ KRANZ, D., MERINO CASTELLO, A., ¿Existedisponibilidad a pagar por responsabilidad social corpo-rativa? Percepción de los consumidores, Universia Busi-ness Review, Tercer trimestre, 2005.

De los que estarían dispuestos a pagar, un11% únicamente pagaría una prima adicionalequivalente al 15% del precio del producto;un 78% pagaría una prima cercana al 5% delprecio del producto y el resto pagaría una pri-ma superior al 10%. Estos valores sugierenuna elevada disponibilidad a pagar por RSC yse asemejan a los resultados obtenidos en losdos estudios previos sobre el mercado español(así, los estudios de CECU, 2004 y FundaciónForética, 2004).

Sin embargo, estos autores constatan quedesde el punto de vista técnico la elección dela metodología de preferencias debe evitarpreguntar directamente a los consumidoressobre su disponibilidad a pagar ya que tien-den a sobrevalorar las estimaciones, frente aaquellas encuestas en las que los consumido-res se enfrentan a decisiones reales de com-pra (Auger, Devinney, y Louviere, 2004) yabogan por una metodología más sofisticadaque obligue a los encuestrados a realizar untrade off realista entre productos éticos y noéticos. Esto permitirá estimar, de forma fia-ble y rigurosa, la disponibilidad a pagar de losconsumidores por las distintas conductas quedefinen la RSE36.

d) La inversión proporciona los mayoresincentivos a las prácticas de RSE.

La inversión socialmente responsable�ISR� se ha convertido en el paradigma delos elementos de escrutinio de la RSE, en la

medida en que se reconoce que los mercadosfinancieros recompensan las prácticas social-mente responsables.

Sin embargo, Zadek reconoce que sólo el4% del total de los fondos disponibles en losmercados de inversión están regidos por prin-cipios de responsabilidad social, por lo que suinfluencia en las prácticas de negocios estodavía reducida mientras que la mayoría delas empresas que no son socialmente respon-sables todavía tienen acceso a la financia-ción37.

Para los analistas, la ISR está todavía regi-da por las mismas normas del mercado quecualesquiera otros. Por otra parte, no hay queolvidar que, por ejemplo, muchas de lasempresas que aparecen en el DJSI, como laindustria farmacéutica, continúan jugando unpapel defensivo en la concesión del acceso ade-cuado a las medicinas para el SIDA en África.

En nuestro país, el trabajo de Economistassin Fronteras «Fondos de inversión éticos:Realidad o ficción» ha puesto de manifiestoalgunas de las debilidades de la inversiónsocialmente responsable: falta de transpa-rencia en los criterios establecidos por el fon-do, y en los procedimientos seguidos a la horade aplicarlos; falta de homogeneidad en lasconsideraciones sobre ética, ecología y res-ponsabilidad social; la definición de los crite-rios para calificar un fondo como ético nocobra total entidad a la hora del análisis delos valores sino que existe una excesiva liber-tad para interpretarlos; falta de verdaderaconcienciación social de las sociedades gesto-res y entidades comercializadoras; desconoci-miento por parte del propio sector financieroy del público en general; y fuertes carencias yrigor en los procesos de investigación ética.

e) Los estándares contables priman losresultados financieros sobre los sociales omedioambientales.

HELENA ANCOS FRANCO


36 «Con esta información en la mano, podemos res-ponder, de forma cuantitativa y fidedigna, a una bateríade preguntas así como desarrollar un índice basado en ladisponibilidad a pagar por las actuaciones socialmenteresponsables de las empresas: ¿cómo valoran los consu-midores los atributos relacionados con la RSC? ¿cuántoestán dispuestos a pagar por un atributo socialmente res-ponsables?, ¿cuánto están dispuestos a pagar más porunas actuaciones socialmente responsables que porotras?, ¿valoran más las actuaciones socialmente respon-sables en algún sector específico?, ¿modifica el preciodel producto la disponibilidad a pagar por atributossocialmente responsables?», Fernández y Merino, op.cit.

37 AccountAbility, Accountability Primer: SociallyResponsible investment, 2002.

Desde un punto de vista funcional la ges-tión socialmente responsable consiste enaplicar métodos económicos para tratar losaspectos medioambientales y sociales,integrándolos en el proceso de gestión de todaempresa. Sin embargo, el marco financierointernacional no es apropiado para la gestióndel balance entre el crecimiento económico ylas necesidades sociales y medioambientales.

Por una parte, la universalización de losestándares de contabilidad es perjudicialpara los países en desarrollo. Saravanamut-hu ha estudiado las dimensiones sociales yeconómicas de los estándares internacionalesde contabilidad; cita así el trabajo de Rah-man38, para quien los estándares financierosde Naciones Unidas, en su Código de conduc-ta para las empresas multinacionales, vienenimpuestos para adecuarse a las necesidadesde los que controlaban los fondos de inversiónglobales, mientras que los países en desarro-llo apenas pudieron exigir cambios en las exi-gencias de transparencia y de información.

Según este autor, los estándares interna-cionales dominantes se basan en las prácticasde información británicas y americanas queresultan poco idóneas para contextos con unnivel de desarrollo inferior. A este respectohay que tener en cuenta que son necesariasmodificaciones locales para adaptar la ratioeconómica de los estándares internacionales ytener en cuenta las tensiones involucradas enel proceso de legitimación de la aplicabilidaduniversal de los estándares de contabilidad39.

Por otro lado, cita un estudio de Larson, de1993, en 35 países africanos, que mostró quelas tasas de crecimiento económico eranestadísticamente mayor en países que adop-

taron o modificaron los estándares de la Inter-national Accounting Standards Committee,frente a aquellos que no lo hicieron, o que losadoptaron sin modificación alguna. Las modi-ficaciones en estos países africanos eran nece-sarias para incorporar las variaciones deriva-das de las circunstancias culturales, sociales,políticas, económicas y medioambientaleslocales. O en otro contexto como China, dondelos criterios anglosajones de maximización delbeneficio resultan poco acordes con el controlpresupuestario sobre los recursos estatales delas empresas públicas.

Desde otro punto de vista, la contabilidadfinanciera recoge parte de los impactos inter-nos de los valores económicos sociales ymedioambientales, pero no está diseñadapara captar todas las consecuencias de lasacciones económicas de las empresas. GómezSala enumera para ello varias alternativas:

1. Modificar el sistema de informaciónfinanciera a fin de reconocer explícitamentela contribución del capital social y medioam-biental a la generación de valor, desagregan-do la cuenta de pérdidas y ganancias. Paraello se identificarían primero los grupos deinteresados y las áreas afectadas por las acti-vidades de la empresa, para extraer despuésde la cuenta de pérdidas y ganancias la infor-mación sobre los mismos relacionada con lastres dimensiones de la RSE.

Algunos ejemplos de esta metodologíaincluirían la Triple Cuenta de Resultados(Triple Botton Line), el modelo SAM (Sustai-nability Assessment Model), el estado devalor añadido sugerido por la Global Repor-ting Initiative (GRI, 2002) o el SIGMA Pro-ject, propuesto por el Forum for the Future.

2. La segunda alternativa consistiría enregistrar las implicaciones financieras de lasexternalidades y no únicamente de los ingresosy gastos asociados a las transacciones económi-cas. De esta forma se puede realizar una dis-tinción entre los ingresos y gastos internos porun lado, y los externos que afectan a otros gru-pos de interesados en la triple vertiente de la

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38 RAHMAN, S., «International accounting regulationby the United Nations: a power perspective», Acc andAccountability Journal, 1998, 11 (5).

39 SARAVANAMUTHU, K., «What is measured counts:harmonized corporate reporting and sustainable econo-mic development», Critical perspectives on Accounting,15 (2004), 295-302.

RSC, por otro, registrando también como acti-vos y pasivos en el balance los recursos econó-micos, sociales y medioambientales de los quedispone la empresa en un momento dado40.

3. Finalmente, cuando no sea posible asig-nar valores monetarios a las externalidadesmedioambientales y sociales, el sistema deinformación financiera se puede completarmediante un conjunto de indicadores extrafi-nancieros que permitan medir y evaluar laefectividad de las actividades sociales ymedioambientales: estándares de etiquetadoy publicidad, seguridad e higiene, políticas degénero, cumplimiento de estándares éticos porproveedores, emisiones contaminantes, etc.

Organismos públicos y privados han desa-rrollado sistemas de reporting extrafinancie-ros con vocación de armonización, como elGlobal Reporting Initiative (GRI), la Account-Ability 1000 (AA 1000S), y otros sistemaspropuestos por el New Economics Founda-tion, World Business Council for SustainableDevelopment, Council on Economic Priorities,o los establecidos por las sociedad de inver-sión y de rating socialmente responsable(KLD, Innovest, Ethibel, BITC, etc.).

4.1. Formalización de políticaspúblicas

Una teoría de la RSE superadora de todasestas deficiencias ha de ir más allá de conce-

bir la RSE como una realidad atinente sólo alas empresas como directas implicadas en laconcurrencia del partenariado con la socie-dad civil, sino como un nuevo modelo de orga-nización social que implique nuevos ejessobre los que reorientar las relaciones socia-les, económicas y medioambientales de laempresa en la sociedad globalizada. Comodice Lozano «el desarrollo de la RSE no sepuede plantear seriamente si no se vincula auna visión de empresa y a una visión de país»,esto es, la RSE como voluntad de compaginarcompetitividad, crecimiento económico, sos-tenibilidad y cohesión social.

Según esto, las políticas de implementaciónde la RSE han de responder a la cuestión ¿pue-de promoverse el crecimiento sostenible almismo tiempo que se promueve la competitivi-dad? ¿ puede lograrse el crecimiento económicosin sacrificar los objetivos de cohesión social?

Lejos de esperar soluciones unívocas,habrá que atender a una contextualizacióndel diseño de la RSE en cada ámbito geográfi-co particular. Así Lozano cita el trabajo deHabisch y otros (2005), Corporate Social Res-ponsibility Across Europe, que presenta unainvestigación colectiva sobre la RSE en vein-titrés países europeos miembros de la UE oen proceso de incorporación. Esta visión deconjunto pone de manifiesto cómo la RSEestá arraigada a los marcos nacionales euro-peos y aparece modulada por las diferentestradiciones sociales y culturales. Desde estepunto de vista, la planificación de la estrate-gia de la RSE no ha de responder a solucionesmecánicas sino a opciones políticas con volun-tad de organizar nuevas relaciones económi-co-sociales.

Llegados a este punto, para el desarrollode la RSE, se hace necesario un marco sis-temático que sirva para asociar la inversiónen políticas socialmente responsables a losresultados sociales y empresariales.

La elección de un instrumento de diagnós-tico y medición para políticas de RSE depen-

HELENA ANCOS FRANCO


40 Así, la primera tarea consistiría en identificar losimpactos concretos producidos por las actividades de laempresa (ej. teniendo en cuenta el ciclo de vida del pro-ducto, informando de todas las actividades relacionadascon los grupos de interesados). Después se debe realizaruna valoración monetaria de los impactos externos de laempresa. Por ejemplo, en la dimensión medioambientalun método de valoración ampliamente aceptado estábasado en la estimación de los costes que se podríanhaber evitado para prevenir o evitar el efecto colateralconsiderado. En la dimensión social la valoración esmucho más compleja: además de los costes de evitar oprevenir, se podría añadir la valoración de las compen-saciones a las partes afectadas por los impactos de lasactividades de la empresa. (GÓMEZ SALA).

El reto será conseguir un balance apropia-do entre los papeles de los diferentes actoresy explorar la mejor manera de combinarlospara maximizar la contribución de las empre-sas al desarrollo sostenible. En algunas áre-as, el sector público tiene competencias exclu-sivas desde el momento en que es el único quepuede establecer los marcos regulatorios y de

política globales en los que operan las empre-sas, y es el único dotado de legitimidad yautoridad para diseñar las tendencias globa-les que favorezcan la contribución de cadauno de los actores a la RSE. (Ward, 2004).

de en gran medida de la definición de las fron-teras de la RSE. Como ha apuntado Doane, lapregunta no es ¿cómo puede la empresa mini-mizar sus impactos negativos en la sociedad yel medio ambiente?, lo que abocaría a unacercamiento basado en la gestión del riesgo,y en la defensa de prácticas voluntarias, sinoque tendríamos que ampliar los límites de lacuestión a ¿qué instituciones, organismos oacciones se necesitan para lograr una socie-dad sostenible?. Éste sería precisamente elprincipal déficit de un acercamiento estricta-mente voluntario.

Si se observan las prácticas internacionalesen la materia, el papel de las Administracio-nes públicas puede ir desde la regulación has-ta el establecimiento de incentivos a la respon-sabilidad social corporativa en los mercadosfinancieros y de producto, políticas fiscales, elimpulso de instituciones o foros permanentes;la convocatoria de cursos, conferencias... etc.

El estudio de Ward41, establece cuatrograndes categorías para los papeles del sectorpúblico en materia de RSE: obligatorio (man-dating), facilitador (facilitating), asociativo(partnering) y promotor (endorsing).

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41 WARD, H., op. cit. p. 35.

PAPELES DEL SECTOR PÚBLICO EN RSE

Fuente: Ward (2004).

HELENA ANCOS FRANCO


TEMAS E INSTRUMENTOS APLICADOS POR LOS GOBIERNOS EUROPEOSEN EL ÁMBITO DE LA RSE

Temas

� Política empresarial� Política medioambiental y estrategias nacionales de desarrollo sostenible (planificación sostenible)� Política de protección a los consumidores� Política comercial� Políticas de formación y educación continua de los trabajadores� Política de cooperación internacional� Política social y cohesión/exclusión social� Política de empleo, prácticas y derechos laborales, vida laboral y vida familiar� Diálogo social, mercado laborar inclusivo, inserción sociolaboral y paro� Cláusulas sociales� Renovación de zonas social y económicamente desfavorecidas� Economía social, emprendedores y pequeñas organizaciones·� Inversión y consumo socialmente responsable, comercio justo� Casos empresariales de buenas prácticas en RSE� Acción e implicación empresarial en la comunidad (inversión, partenariado)� Pymes y responsabilidad social� Acción social de la empresa� Acción internacional de la empresa: deslocalización (derechos humanos, corrupción, etc.)� Reconversión de la empresa� Derechos humanos� Contratación pública� Responsabilidad social de la Administración pública

Instrumentos

� Desarrollar un marco legislativo favorable (ISR, fondos de pensiones, etiqueta social, etc.)� Desarrollar un marco fiscal favorable e instrumentos de financiación para empresas� Desarrollar medidas de transparencia (etiquetas e índices sociales) y reporting (memorias de soste-

nibilidad)� Desarrollar medidas y herramientas de gestión para incentivar la acción de las empresas (premios)� Aplicar la legislación de la UE sobre RSE y sostenibilidad� Aplicar y promover los instrumentos y acuerdos internacionales de RSE (OCDE, OIT, Pacto Mun-

dial)� Participar en cumbres internacionales sobre RSE y en las conferencias europeas sobre RSE� Promover la transparencia y las buenas prácticas� Promover, crear y supervisar mecanismos de evaluación y accountability� Promover mecanismos de verificación y certificación� Dar apoyo económico y participar en iniciativas de partenariado público-privado-sociedad civil� Generar mecanismos de crédito e inversión de las empresas en la comunidad o ventajas fiscales para

empresas socialmente responsables� Desarrollar campañas públicas para promover la RSE� Crear o facilitar la creación y financiación de organizaciones independientes y redes empresariales� Crear departamentos o cargos públicos responsables de la RSE y programas interministeriales� Crear foros multistakeholder� Favorecer el desarrollo del mercado y las competitividad sostenible� Liderazgo por ejemplo (políticas internas RSE)

Fuente: Albareda e Ysa, ESADE.

A partir de aquí es necesario un instru-mento de diagnóstico para la RSE, cuyo obje-tivo sea establecer un marco con el que lasautoridades públicas puedan guiarse en laidentificación de las opciones que mejor aco-metan sus estrategias de RSE.

«A diagnostic tool needs to support smartthinking about public sector roles to strengt-hen CSR, achieve alignment between publicand private goals to the greatest extent possi-ble, capitalize on core competencies, and takefull account of the risks and unintended con-sequences of CSR practices. For example,new labor standards can sometimes prohibitpoor families from earning an income; higherenvironmental quality standards for sup-pliers may act as a barrier to market entry forlocal firms; and requirements for communityinvestment and greater transparency canreduce profit margins and disincentivizeinvestors (Warner 2003). The balance is bet-ween accessibility, practicality, and relevan-ce, recognising that different appraisal toolsmay appeal to different users, depending inpart on their disciplinary backgrounds andon resourcing considerations»42.

A este respecto, el Banco Mundial43 ha ela-borado una herramienta bastante precisa. Eldiagnóstico asignará papeles distintos al sec-tor público según el contexto. En países don-de el desenvolvimiento de los mercados se ali-nee espontáneamente con los objetivos públi-cos, los organismos públicos pueden optar poradoptar una política de laissez-faire, apoyarlas iniciativas privadas o facilitar la emer-gencia de los acercamientos voluntarios másacordes con los objetivos gubernamentales.Por el contrario, cuando los mercados no seanreceptivos a la señal de los consumidores oactores privados serán necesarias políticas

más intervencionistas, por ejemplo, a travésdel establecimiento de incentivos legales ofiscales o de la facilitación del diálogo con losstakeholders.

5. LA EFICACIA DE LA INICIATIVAPRIVADA

Concebida la intervención pública como unmarco de mínimos, una vez establecidas laspolíticas específicas que se pueden desarro-llar en cada área, es necesario establecer losprocedimientos adecuados y escoger indica-dores para medir los logros en esas áreasespecíficas. Y este análisis se concretará anivel empresarial y por sectores, establecien-do una distinción entre empresas multinacio-nales y pymes.

Precisamente uno de los principales pro-blemas al que se enfrentan las empresas alincorporar políticas de RSE a su estrategia escómo medirlas y monitorearlas adecuada-mente. Los indicadores se relacionan conaspectos puntuales del concepto de RSE: elcumplimiento de la ley, el adecuado compor-tamiento ambiental, la entrega de informa-ción financiera fidedigna, la informaciónveraz para los consumidores respecto a lagestión y calidad de los procesos y productos,el respeto a los derechos humanos y las condi-ciones laborales de los trabajadores, etc. En elcuadro siguiente se muestran algunos de losprincipales indicadores propuestos en distin-tas iniciativas internacionales que permitemedir de manera sistemática los avances oretrocesos de las políticas de responsabilidadsocial de la empresa.

Sin embargo, hay que tener en cuenta queel establecimiento de indicadores que midanel comportamiento social de una empresa noresulta fácil. Al comienzo de estas páginasaludíamos a algunos de los falsos mitos queacechaban a las políticas de RSE: muchos sebasan en el empleo de indicadores que pres-tan demasiada atención a lo económico, fren-te a otros tipos de aspectos como los sociales o

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42 WARD, H., op. cit., 2004.43 WARNER, M., «Draft Diagnostic and Appraisal tool

to Strengthen public sector roles in corporate social res-ponsibility», Version 1.2, Overseas Development Insti-tute.

El Fondo Monetario Internacional en sudocumento «Possible role of the MultilateralInvestment Fund in the area of CorporateSocial Responsiblity (CSR)» establece dosgrandes grupos de motivaciones: internas yexternas.

Las motivaciones internas para que lasempresas se comprometan en actividades deRSE están representadas por los beneficiosde eficiencia (efficiency gains) que se asociangeneralmente a la productividad:

� reducción de los costes operativos através de actividades de ecoeficiencia(reducción de residuos e ineficiencias, ymejora de la productividad);

� reducción de los costes operativos através de recursos humanos y gestiónorganizativa de salud y seguridad, espe-cialmente en industrias intensivas entrabajo. Determinados beneficiosempresariales derivan de la mejora delas condiciones del lugar de trabajocomo el aumento de la capacidad paraatraer y retener a los empleados, meno-res costes en contratación de personal yformación, menos absentismo y riesgo

de pleitos laborales, menos pérdidasoperativas y costes legales por daños eincumplimiento de las normas de segu-ridad, y aumento de la productividad através de la satisfacción de los emplea-dos y la motivación;

� aumento de la calidad del producto oservicio y control de la gestión del ries-go. Los esfuerzos por mejorar las condi-ciones de trabajo, mejores prácticas degobernabilidad, reducción del impactomedioambiental, y mayor involucraciónde los empleados en la toma de decisio-nes lleva a menudo a oportunidadespara identificar y mitigar los potencia-les riesgos operativos así como a lamejora de la calidad de los productos yprocesos operativos.

Por su parte, los incentivos externos de laRSE son también aspectos cruciales a consi-derar en el proceso de toma de decisionesempresariales en iniciativas de RSE. Estosincentivos externos vienen representadospor: el acceso a los mercados, el acceso al capi-tal, el marco regulatorio y la presión de losstakeholders.

medioambientales, más intangibles y dífici-les de medir; otros atañen a fundamentosestrictamente democráticos, como las caren-cias de legitimidad de unos stakeholders fren-te a otros. Pues bien, la superación de estascarencias, pasa por una mejora técnica de lacuantificación del impacto de la RSE.

Un primer paso para ello, que puederesultar obvio pero que ha sido indebida-mente postergado, es que la percepción de laverdadera dimensión del impacto de las acti-vidades de las empresas pasa por un análisisde las motivaciones o principales motores dela RSE.

HELENA ANCOS FRANCO


FASES PARA UNA GESTIÓN EFECTIVA DE LA RSE. MEDICIÓN DE IMPACTO.

1. Establecimiento de un marco claro de políticas públicas en materia de RSE (diagnóstico)

EMPRESA:

2. Identificación de motivaciones de la RSE 3. Identificación de grupos de interés4. Diseño de indicadores específicos para ligar la inversión en RSE a los resultados empresariales y

sociales5. Evaluación e identificación de coherencias/incoherencias entre políticas de RSE y su implementa-

ción

a) Acceso a los mercados. Como hemosseñalado antes, las estrategias de RSE pue-den constituir una oportunidad o un condicio-nante para que las empresas exportadorasparticipen en el comercio internacional. Lastendencias globales hacia la integración delos mercados y los acuerdos de libre comercioapoyan la ratio de iniciativas a favor de laRSE. Estas iniciativas pueden potencialmen-te ayudar a las empresas a obtener la «licen-cia para operar» conforme a las altas exigen-cias de los mercados en el mundo desarrolla-do, colocando a las empresas domésticas en laregión en una posición competititiva a nivelinternacional.

Nuevamente, el análisis de las políticas deRSE aparece ligado a cuestiones de políticanacional y políticas comerciales. Con la com-pleta eliminación de las cuotas de importa-ción sobre textiles y ropa desde enero de2005, los productores mundiales tendrán quebuscar nuevas estrategias competitivas fren-te a la competencia del sector textil chino,miembro de pleno derecho de la OMC,¿podría el sector público dar una respuesta através de la RSE?

Por otra parte, las prácticas de RSE estáncomenzando a ser iniciativas empresarialesestratégicas para las pequeñas y medianasempresas domésticas que comercian con lasempresas multinacionales, cada vez más res-ponsables de las prácticas empresariales quetienen lugar en sus cadenas de suministro.

b) Acceso al capital. La ISR puede y debeconvertirse en un instrumento que mejore elacceso al capital de las empresas con buenasprácticas. Por ejemplo, el Reino Unido realizóuna enmienda en 1995 a la Pensions Act queexige que los fondos de pensiones muestren sitienen en cuenta criterios éticos, sociales ymedioambientales, regulación que ha promo-vido positivamente los fondos de pensiones eneste país.

c) Marco regulatorio. Las estrategias decumplimiento de estándares mínimos de RSE

benefician a las empresas evitando los ries-gos de sanciones por incumplimiento y redu-ciendo las potenciales pérdidas financierasasociadas a daños en su reputación corporati-va.

Esta tendencia resultará no sólo en nor-mas más estrictas sino también en iniciativasbasadas en el mercado (impuestos por conta-minación, licencias medioambientales, oincentivos en compras públicas, etc.). En estecontexto, las empresas que estén involucra-das en actividades de RSE tienden a mejorarsu capacidad para anticipar y ajustar losmodelos de negocios a los posibles cambios enlos marcos regulatorios, beneficiándose deuna mejor capacidad para competir en elmercado.

d) Finalmente, a medida que se generali-cen las prácticas responsables en las empre-sas, y su conocimiento por los grupos deinterés, aumentará la presión de los stakehol-ders: la sociedad civil (medios, ONG, acadé-micos, y asociaciones laborales y de consumi-dores), inversores responsables, gobiernos (através de la regulación, impuestos y multas),organizaciones internacionales (normascomerciales, códigos de conducta, ayuda con-dicionada), grandes empresas (cadena desuministro), y mercados financieros.

Concretando un poco más, habría que foca-lizar este análisis por grupos de interés.Murray y Vogel44 proponen un sistema devaloración del impacto de la RSE que utili-zando un acercamiento basado en el mercado,se dirige a los grupos de stakeholders rele-vantes, y los programas sociales de la empre-sa.

Su modelo, aunque orientado a la empre-sa, es perfectamente trasladable al ámbito de

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44 MURRAY, K. VOGEL, Ch., «Using a Hierarchy-of-Effects Approach to Gauge the Effectiveness of Corpora-te Social Responsibility to Generate Goodwill Towardthe Firm: Financial versus Nonfinancial Impacts», Journalof Business Research, 38, 141-159 (1997).

la Administración, y se basa en el estableci-miento de una jerarquía de efectos.

En primer lugar, se trataría de identificarlos grupos relevantes de stakeholders. Si setiene en cuenta la interacción entre los dis-tintos elementos concéntricos que constitu-yen el medio de la empresa �competitivo,político, regulatorio, sociocultural�, seobtendrá un cuadro de los distintos stakehol-ders que intervienen de forma individual,colectiva, formal o informal y que puedenafectan las prácticas empresariales.

En este sentido, mientras que el contextoexterno de la empresa es en cierto sentidofijo, la identificación de los grupos de interésrequiere un cuidadoso conocimiento delmedio cultural y social de la empresa, y unbuen conocimiento del papel estratégico y laimportancia relativa de los distintos grupostanto internos como externos a la empresa.La identificación de diversos grupos deinterés con distintas expectativas sociales,hace que un acercamiento genérico o univer-sal no resulte particularmente efectivo ni efi-ciente en el diseño de programas de RSE.Además, tal orientación es poco probable queotorgue una ventaja estratégica a la empresa.

Desde este punto de vista resulta evidenteque el interés estratégico de la empresaestará mejor atendido cuanto más segmentossocietarios se identifiquen de manera que seatiendan cuantas más interacciones posibles.El propósito del análisis de los grupos deinterés es doble: por una parte, identificar lasnecesidades y expectativas sociales no identi-ficadas y cubrir las oportunidades y amena-zas que existen en un determinado mediosocial de la empresa y que pueden beneficiaro perjudicar a la empresa.

Y en segundo lugar, hay que centrarse enla evaluación de los programas socialesimplementados por la empresa. Esta valora-ción se revelará crítica para el futuro diseño ydesarrollo de nuevas estrategias sociales.

En definitiva, los autores basan su métodoen tres cuestiones clave:

1. Las medidas de los efectos a corto plazoy largo plazo, no financieras e individualesdel impacto de la RSE, ¿ son observables ysusceptibles de verificación empírica?

2. La información sobre los programas deRSE, ¿tienen un efecto positivo mensurableen las actitudes de los stakeholders y en susintenciones de comportamiento hacia laempresa?

Como ya hemos comentado, la difusión delas prácticas de RSE puede justificarse entérminos económicos en la medida que contri-buyen a corregir ciertos fallos de mercado.Los problemas generados por las asimetríasde información y las externalidades negati-vas, �cuando son percibidos y valorados porlos grupos de interés� incrementan los costesde oportunidad de realizar ciertas activida-des económicas45. El problema fundamentalaquí sería la dificultad de medir cuantitativa-mente los aspectos de RSE y expresarlos entérminos monetarios.

3. ¿Tienen los programas de RSE un efec-to diferenciado en los distintos tipos de stake-holders?

Esta perspectiva de análisis ofrece dosventajas. Por un lado, permite ahondar en lasrepercusiones sociales de los programas yestrategias de RSE y vendrá a reforzar a lar-go plazo la influencia �financiera o no� de losstakeholders en las políticas de RSE, supe-rando por tanto una de las principales debili-dades de las actuales políticas de RSE46. Y

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45 El gasto en RSE deberá coincidir con el sobrepre-cio que los clientes estén dispuestos a pagar por disfrutarlos bienes y servicios producidos bajo criterios social-mente responsables. La eficiencia se conseguiría cuandolos costes marginales de producción (o internos) más loscostes marginales de las prácticas de RSE (o externos)coincidan con el precio de los bienes y servicios. (Nieto).

46 Para estos autores, una perspectiva de mercadoofrece dos beneficios. En primer lugar, maximiza la

por otro, permite abrir vías de medición debienes no cuantificables en términos finan-cieros. Así por ejemplo, este proceso permi-tirá evidenciar el proceso lógico de la evolu-ción de las actitudes de los stakeholders desdeel desconocimiento de los programas socialesde la empresa hasta el conocimiento o actitu-des más activas como por ejemplo el consumoético o el boicot.

5. CONSIDERACIONES FINALES

El impulso decidido por los gobiernos en eldiseño de políticas eficaces de RSE pasa porel convencimiento de su potencial como unapoderosa palanca de cambio social.

El criterio de voluntariedad dominantepara la definición de políticas de RSE, nolimita la capacidad de los gobiernos paraaprobar medidas regulatorias sobre determi-nados aspectos en relaciones laborales, socia-les o medioambientales, si éstas son conside-radas necesarias, o son resultado del diálogoentre las distintas partes, empresas, trabaja-dores y organizaciones sociales.

En este contexto, abogar únicamente porla voluntariedad es sinónimo de progresolento. Es preciso una política que defina unaestrategia y una estructura administrativade impulso, fomento y contenidos mínimos dela RSE que no asuma a pie juntillas el marcoestablecido desde la Comisión Europea y loscódigos internacionales, con todas sus caren-cias. La evolución, desde la reticencia a laresponsabilidad social a la fase de convic-ción, pasa no por su imposición sino por laconfianza en los beneficios que la RSE com-

porta. Y ello, desde la crítica de muchos delos postulados de la RSE que comienzan aconvertirse en dogmas. Para ello resulta cru-cial un refinamiento en el cálculo de los bene-ficios de la RSE como un activo intangiblepara la empresa y como instrumento de polí-tica social y medioambiental para los Esta-dos.

Esta perspectiva se refrendó en la Confe-rencia de Venecia de 2003 del Consejo de laUE, bajo el título «Papel de las políticas depromoción de la RSE». En las conclusionesrelativas a las políticas públicas se declaróque la RSE es una oportunidad para el mode-lo social europeo y para los modelos socialesnacionales reconociendo que cada país tienefórmulas diferentes y especialidades distin-tas que inciden en distintos temas de la RSE(trabajo, política social, medio ambiente, for-mación...).

Por otra parte, aunque la Unión Europeaha sancionado en diversos documentos elplanteamiento voluntario de la RSE, en laComunicación de 2002 «Una contribuciónempresarial al desarrollo sostenible», laComisión proponía centrar su estrategia envarios puntos: dar a conocer mejor la RSE yfacilitar el intercambio de experiencias y bue-nas prácticas; promover la convergencia y latransparencia de las prácticas y los instru-mentos de RSE; creación de un Foro Multila-teral Europeo sobre RSE y la integración dela RSE en todas las políticas de la UE. Estaúltima era, sin duda, la propuesta más ambi-ciosa: el reconocimiento del «mainstreamingRSE» que implicaría convertir a la RSE en lapiedra de ángulo no sólo de la política socialsino de todas las políticas comunitarias: jun-to al mainstreaming de empleo (art. 127.2 delTratado), el de género (art. 3.2), medioambiente (Cumbre de Gotemburgo) así comolos de juventud, discapacidad, política exte-rior, protección de los consumidores, contra-tacion pública, etc.47.

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oportunidad de intercambios positivos entre la empresay su medio ambiente sociopolítico. En consecuencia,cuando se emplea una orientación basada en el merca-do, los gestores pueden emplear un marco técnico queles ayude en sus decisiones corporativas y en el desplie-gue de recursos organizativos: técnicas de investigciónde mercados, análisis costes-beneficios y acercamientosde gestión de productos. 47 ALONSO, F., op. cit.

Se constata además que las autoridadespúblicas, a todos los niveles, tienen un papelde fomento y promoción de la RSE, en el ejer-cicio de sus responsabilidades y que la UEpuede ofrecer el valor añadido de un marcoeuropeo para el intercambio de experienciasy prácticas; la aproximación de conceptos; lacreación de indicadores y una metodologíapara la evaluación de acciones.

Por otra parte, los modelos de RSE queaparecen en las guías, recomendaciones,directrices o convenios internacionales estándiseñados fundamentalmente para su imple-mentación por las grandes empresas. Estasdisponen de más medios, tienen mayor visibi-lidad, están más presionadas y poseen unacultura de empresa internacional. Por ejem-plo, en Europa y España, el 80 y el 90% de lasempresas respectivamente, son pymes quecarecen de los medios y recursos necesariospara implantar en su estrategia empresarialuna política de RSE; razón por la cual hayque diseñar estrategias enfocadas específica-mente a estas empresas.

En este contexto comunitario no hay quedesdeñar el papel de los Estados miembros.Ante una Europa a 25 Estados miembros, o a30 no va a ser fácil continuar armonizandolegislaciones nacionales por vía de la Directi-va, como ha sido tradicional hasta el presen-te, aunque los textos se aprueben pormayoría y no por unanimidad48. Tampoco hayque olvidar el necesario procedimiento decodecisión, con el «macro» Parlamento Euro-peo, después de la ampliación49.

De ahí que, para avanzar en la armoniza-ción y progreso social, una alternativa a laRSE como planteamiento voluntario de lasempresas, y a un «marco europeo» que trata-ra de fijar unas reglas mínimas (directrices,objetivos comunes�) para la armonización ocoordinación de sistemas mediante la aplica-ción del «método abierto de coordinación»como método comunitario, la constituyan losparlamentos nacionales.

Hasta ahora las políticas públicas promo-toras de la RSE más exitosas internacional-mente han tenido escaso reflejo en España50.Son varias las razones que están detrás delescaso desarrollo de esta cultura empresarialen nuestro país. Por una parte, porque eltema es todavía poco conocido: la pobre tradi-ción de movimientos sociales y del asociacio-nismo en nuestro país, la trayectoria de con-frontación entre los agentes sociales así comola desconfianza que genera el abuso propa-gandístico por parte de muchas empresas quese autotitulan «empresa responsable».

No obstante, nos encontramos ante unmomento esperanzador en la RSE. El 10 demayo de 2002, el grupo parlamentario socia-lista presentó una proposición de ley RSC,que sería rechazada por el Parlamento51. Pos-

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48 ALONSO, F., op. cit.49 Frente al método normativo clásico (Reglamentos,

Directivas, Decisiones), ha surgido un método «no nor-mativo», el «método abierto de coordinación», cuyo ori-gen está en el Tratado de Ámsterdam, que, en su artícu-lo 128, establece la «estrategia europea del empleo» yque fue definido, elevado a categoría y extendido a otrasáreas por la Cumbre de Lisboa de 2000. La aplicacióndel método abierto de coordinación se perfila como ins-trumento clave para la definición de una estrategia euro-pea de RSE.

50 Fundación Ecología y Desarrollo, Informe anual2004, p. 56.

51 Proposición de ley sobre responsabilidad socialde las empresas (Proposición de ley 122/000210,BOCG, núm. 235-1, 10 de mayo de 2002, VII legislatu-ra). Del mismo modo, el 14 de febrero de 2002, el PSOEpresentó una proposición de ley relativa a la modifica-ción de la Ley 8/97 de Regulación de los Planes y Fondosde Pensiones, para la introducción de criterios éticos,sociales y ecológicos y el impulso de la RSE, proposiciónque también sería rechazada por el Parlamento.

También cabría destacar la moción presentada por elGrupo Parlamentario de Convergencia i Unió y aproba-da con modificaciones el 12 de febrero de 2003. Estamoción instaba al gobierno a tomar las medidas necesa-rias para que las instituciones de inversión colectiva y losplanes y fondos de pensiones, tuvieran la obligación deinformar acerca de la utilización de criterios éticos o deresponsabilidad social y medioambiental en la selecciónde sus inversiones.

teriormente, el grupo parlamentario popularinstó al gobierno para que, en el seno delMinisterio de Trabajo y Asuntos Sociales, secreara una comisión técnica de expertos conla finalidad de elaborar un informe sobre laresponsabilidad social de la empresa, quepermitiera evaluar y garantizar la eficacia yoportunidad de los elementos que la integrany en particular, sobre la conveniencia de ela-borar Códigos de Buena Conducta, posibili-dad de crear un organismo certificador o eva-luador de la calidad social, la implementaciónde una futura etiqueta social, y la realizaciónde auditorías e informes sociales.

Ya en la legislatura socialista, este Foro deExpertos, con un enfoque multistakeholder,integrado por miembros del sector privado,ONG, universidades y otros organismos,tenía el mandato de establecer una serie derecomendaciones sobre políticas públicas deapoyo a la RSE. Fruto de sus cuatro sesionesde trabajo, este Foro ha emitido dos docu-mentos de trabajo: el primero, sirve de marcode referencia para su trabajo futuro, y dondea grandes rasgos, se vienen a ratificar laslíneas directrices del Libro Verde de la RSEde julio de 2001 en lo relativo a su integraciónvoluntaria en la empresa y a las pautas mar-cadas por los referentes de las resoluciones ydocumentos de instituicones internacionalescomo la OCDE, la OIT o el Consejo MundialEmpresarial sobre el Desarrollo Sostenible.En el segundo, ofreciendo un marco estanda-rizado para la presentación de la informaciónsobre RSE por parte de las empresas. Desdela constatación de que el informe de RSE nose ha extendido de manera generalizadaentre las empresas españolas, «se hace nece-sario que desde los poderes públicos se aprue-ben medidas que favorezcan que las empre-sas realicen Informes Anuales de Responsa-bilidad en España». En este sentido, «lospoderes públicos pondrán en marcha unapolítica pública de promoción del Informe deRSE que tengan en consideración los siguien-tes aspectos: apoyo técnico a las empresas;catálogo de herramientas de información;

buenas prácticas de información; perfil deempresas e instituciones incluidas en la polí-tica de promoción; temas e indicadores demedida susceptibles de ser incluídos en elInforme de RSE; verificadores y el rol de sulabor de verificación; publicidad y transpa-rencia del Informe de RSE. Estos aspectospodrían constituir las líneas básicas de estaspolíticas. Además los poderes públicos pre-sentarán la RSE a la PYME como un elemen-to de competitividad.»

Otras iniciativas de corte institucionalson:

� La Mesa de diálogo social: constituídapor Comisiones Obreras, UGT y CEOE,que orientará al gobierno en sus políti-cas de RSE desde el punto de vista desindicatos y empresarios.

� La Subcomisión parlamentaria de RSE,que publicará en breve el futuro LibroBlanco de la Responsabilidad SocialCorporativa, que definirá el papel delGobierno en el desarrollo de la Respon-sabi l idad Social Corporat iva enEspaña.

� La Comisión de expertos creada en elseno de la Comisión Nacional del Mer-cado de Valores (CNMV) que está elabo-rando la actualización de las normas detransparencia y bueno gobierno de lasempresas españolas.

� La Fundación Carolina, que presentó,en febrero de 2006, su plan de actuaciónen materia de RSE encuandrándolo enlos instrumentos de la cooperaciónespañola.

Queda mucho por hacer: desde la delimita-ción de obligaciones para las empresas cotiza-das, más allá de la publicación del informe debuen gobierno corporativo, un marco promo-tor de las inversiones éticas de los fondos depensiones, la institución de organismos certi-ficadores o evaluadores de la calidad social yde etiquetas sociales homologadas, o la incor-

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poración de la RSE como criterio de selecciónde proyectos en la política de cooperación aldesarrollo. Todas estas iniciativas necesitande una planificación, seguimiento y evalua-ción desde las instancias públicas.

En definitiva, el punto de encuentro entrela RSE y el desarrollo sostenible pasa porconcebir la responsabilidad social empresa-rial como un terreno compartido donde la ini-ciativa pública asuma el compromiso de esta-blecer un marco coherente para la actuaciónde los agentes privados y dotar de transver-salidad a unas iniciativas que por su propianaturaleza están llamadas a afectar a múlti-ples interesados.

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HELENA ANCOS FRANCO


RESUMEN La RSE ha de ser la suma del conjunto de motivaciones, instrumentos y capacidades huma-nas e institucionales en la que deben tener cabida tanto actores públicos como privados,teniendo en cuenta tanto los estándares y prácticas internacionales como las prioridades yparticularidades nacionales y locales. Sin embargo, con las actuales iniciativas privadas, laRSE corre el riesgo de ser capturada por los intereses empresariales, modulando una polí-tica de RSE a la medida de sus necesidades estratégicas y de sus inquietudes a corto plazo.Estudios cada vez más numerosos cuestionan la eficacia de la iniciativa privada: la inver-sión socialmente responsable como incentivo de la RSE; unos estándares contables que noreflejan la realidad de los países en desarrollo y que priman sobre los estándares sociales omedioambientales; la credibilidad de las memorias de RSE y su potencial para cambiar elcomportamiento corporativo; los códigos de conducta como elemento cosmético e instru-mento para eludir la acción legislativa, o la verdadera disposición y poder de compra delconsumidor frente a productos éticos.Sobre la base de sus fundamentos económicos y sociales, el presente trabajo pretende ofre-cer una reflexión sobre las razones que fundamentan la necesidad de intervención legalpara la integración de la responsabilidad social en las empresas y las políticas públicas, ylos principales problemas que afectan al diseño de políticas públicas de RSE, esbozado unmarco para la valoración del actual estatus de las prácticas de responsabilidad socialempresarial a nivel nacional.

Políticas públicas e iniciativa privada en la responsabilidad social ...

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