1 PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA ÉTICA DEL ABOGADO: ESTUDIO JURIDICO PROYECTIVO EN LOS MUNICIPIOS DE CALI, BUGA Y PALMIRA DURANTE LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI LEIDY ESTEFANIA RENDÓN OROZCO MARIA CAMILA TABARES GUZMÁN Director: Mg. Samuel Estrella. UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA SECCIONAL CALI FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS PROGRAMA DE DERECHO SANTIAGO DE CALI 2012
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PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA ÉTICA DEL ABOGADO: ESTUDIO
JURIDICO PROYECTIVO EN LOS MUNICIPIOS DE CALI, BUGA Y
PALMIRA DURANTE LA PRIMERA DÉCADA DEL SIGLO XXI
LEIDY ESTEFANIA RENDÓN OROZCO
MARIA CAMILA TABARES GUZMÁN
Director:
Mg. Samuel Estrella.
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA SECCIONAL CALI
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
PROGRAMA DE DERECHO
SANTIAGO DE CALI
2012
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TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN.
METODOLOGIA.
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.
1. IMPORTANCIA DE LA ETICA PROFESIONAL DEL ABOGADO
2. REFLEXIONES GENERALES: PRINCIPIOS DE LA ETICA
PROFESIONAL DEL ABOGADO EN COLOMBIA.
2.1. Estado actual de la ética profesional del abogado en Colombia.
Leyes que la regulan.
2.2. Organismos que velan por su cumplimiento y control.
3. ETICA PORFESIONAL, LA REFORMA A LA JUSTICIA Y EL
COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS.
4. PERCEPCIÓN CIUDADANA EN EL VALLE DEL CAUCA SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE LA ETICA PROFESIONAL DEL ABOGADO EN
ESTE DEPARTAMENTO.
4.1. Conocimiento de la ética de la profesión.
4.2. Estudio estadístico del cumplimiento en el Valle del Cauca de la
ética profesional del abogado.
4.2.1. Faltas cometidas contra la ética profesional según el género.
4.3. Estado de la enseñanza de la ética profesional del abogado en
algunas facultades de derecho del Valle del Cauca.
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4.4. Los estudiantes de derecho y la formación integral de su
profesión.
5. ESTADISTICAS DE LA IMAGEN SOCIAL DE LA ETICA DE LOS
PROFESIONALES DEL DERECHO EN EL VALLE DEL CAUCA:
DATOS OBTENIDOS EN CALI, BUGA Y PALMIRA.
5.1. Percepción del ciudadano común.
5.1.1. Imagen social del abogado explicada desde un enfoque
psicológico.
6. CONCLUSIONES.
7. INDICE DE GRAFICOS
8. BIBILIOGRAFIA.
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INTRODUCCIÓN
Sin duda, la abogacía es una profesión indispensable para la sociedad, ya
que los abogados además de ser gestores en la superación de conflictos,
son quienes más contribuyen con sus conocimientos al ordenamiento de la
sociedad. Sin embargo para cumplir íntegramente con los objetivos que
conlleva esta misión, es menester llevar con sigo el aspecto ético mediante
la práctica de valores dentro de los cuales se destaca el valor de la justicia,
considerado como el fin esencial del Derecho.
Lo anterior exige, que un abogado sea una persona íntegra, honesta y justa,
actuando siempre bajo los principios y valores de la ética y el cumplimiento
de la ley, para generar confianza no sólo a sus clientes, sino también a los
demás colegas y a la sociedad.
La imagen de un abogado por tanto, no se elabora de la nada, ésta surge de
los hechos, las conductas y actuaciones que ellos mismos toman en las
diferentes circunstancias que se le presentan en el desarrollo de su
profesión, pues está en él, actuar buscando un fin social o por el contrario
actuar bajo una posición individualista que sólo busca la satisfacción de sus
necesidades, el cumplimiento de sus intereses y la estabilidad personal, es
por esto, que para evitar dicha situación, el legislador codificó algunas
conductas con su respectiva sanción, para ayudar a conservar el decoro de
la profesión y que ésta cumpla verdaderamente su misión social.
Es así, como a partir de 1991 nace en Colombia, cumpliendo el mandato de
la actual Constitución, la sala disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, como un organismo autónomo, imparcial e independiente de alto
rango, con funciones de naturaleza jurisdiccional, encargada de vigilar las
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actuaciones de quienes administran justicia en nuestro país, y de los
abogados. Sin embargo a pesar de que existe ésta institución, en Colombia,
nos hemos acostumbrado a una cierta sensación de desconfianza respecto
a los abogados y jueces.
Es innegable reconocer la importancia del profesional del derecho, sin
embargo nos enfrentamos hoy, a una sociedad que está inconforme con el
actuar mismo de los abogados. Situación que lleva a cuestionarse, sobre la
percepción real que poseen los ciudadanos en general sobre los abogados,
es decir, sobre la imagen que tienen ante la sociedad de hoy los
profesionales del derecho. Por esto, el objetivo general de esta investigación
fue precisar cuál es la percepción real que tiene la sociedad vallecaucana
sobre los profesionales del Derecho, a partir del estudio de la ética
profesional de los abogados en éste departamento. A partir de la siguiente
formulación del problema: ¿Cuál es la percepción que tiene la sociedad
vallecaucana sobre la ética profesional de los abogados de esta región en el
ejercicio del Derecho, durante la primera década del siglo XXI?
Una investigación como la que a continuación se presenta, es del todo
congruente con la enseñanza integral de cualquier abogado, ya que se le ha
encomendado desde siempre, cumplir con el ideal de ayuda y defensa de la
sociedad en aras de la convivencia pacífica, sin embargo es esa misma
sociedad la que rechaza y repudia la labor de los abogados, circunstancia
que indudablemente llama la atención, pues no es coherente con dicho
ideal, que los receptores de la ayuda y usuarios de los servicios
profesionales de los abogados, sientan y expresen desconfianza sobre
quienes están a llamados a cumplir tan alta misión social, lo que también
llevó a cuestionarnos, acerca de cuál es la percepción real que tiene la
sociedad de los municipios de Cali, Buga y Palmira, sobre los profesionales
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del Derecho de su región, a partir del estudio de la ética profesional de los
abogados.
Por todo esto nació y se desarrolló esta investigación, como producto de una
preocupación; pero también de un deber mismo como futuras profesionales
de la abogacía, con el propósito de establecer la percepción social sobre la
ética profesional del abogado, a partir de los municipios de Cali, Buga y
Palmira, para indagar la forma en que en estas sociedades son vistos los
abogados en su ética profesional, relacionando en este análisis, las leyes
que regulan la ética profesional del abogado y el factor educativo teniendo
como referente la educación en ética profesional que se imparte en algunas
facultades de derecho de la ciudad de Cali y Palmira.
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METODOLOGÍA
El enfoque teórico de ésta investigación se hizo desde la sociología jurídica,
toda vez que la percepción que se tiene de la profesión del Derecho, dentro
de la sociedad, repercute de forma directa en la eficacia que el Derecho
tenga dentro de ésta, y la forma en que pueda llegar a ser implementado
para lograr el desarrollo y la solución de problemas de esa misma sociedad.
Además de esto, fue para esta investigación importante, la obtención de
datos a partir de entrevistas y encuestas que se hicieron a diferentes actores
sociales, como lo fueron las facultades de Derecho de las Universidades de
los municipios de Cali y Palmira en el Valle del Cauca, y por otro lado los
estudiantes de derecho, la sociedad civil en general y los mismos abogados
de Cali, Buga y Palmira, lo que permitió tanto cualitativa como
cuantitativamente establecer la verdadera percepción que tiene la sociedad,
en nuestro caso, la vallecaucana, de los profesionales del derecho en su
región, para determinar, en últimas, la existencia o no del problema.
El desarrollo de la investigación, se hizo a partir de un TIPO DE
INVESTIGACIÓN APLICADA, ya que estuvo orientada a evaluar una serie de
datos, producto de las vivencias y en especial, de las percepciones sociales,
sobre la profesión del Derecho, de esta manera, los datos nos permitieron
construir el concepto que se tiene de esta profesión por parte de la sociedad
vallecaucana. Además de esto, consideramos el tipo de investigación
aplicada, ya que en nuestra investigación se relaciona el derecho con otras
áreas del conocimiento, en nuestro caso con fenómenos sociales, lo que se
traduce, en una investigación socio jurídica. De igual forma se utilizó el tipo
de estudio JURIDICO- PROYECTIVO, lo que, a partir del estudio de los
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datos obtenidos y de su análisis, permitió proyectar un estudio y unas
reflexiones sobre este delicado tema hacia el futuro.
Con el análisis de los datos obtenidos en ésta investigación, se buscó la
interpretación en últimas del derecho. Así, aun cuando en principio se pudo
pensar en el METODO HERMENEUTICO, como procedimiento de
investigación elegido, se debió también incluir la interpretación realizada a
partir del análisis de datos, que desde casos particulares, de integrantes de
la sociedad, nos permitió el entendimiento de una realidad general, teniendo
así, al METODO INDUCTIVO, pues lo que se pretendía era, llegar a una
generalidad de forma progresiva y partiendo de casos singulares. De esta
manera relacionamos al método hermenéutico y al método inductivo como
procedimientos de nuestra investigación.
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1. IMPORTANCIA DE LA ETICA PROFESIONAL DEL ABOGADO
El concepto de ética es tan amplio, que exige remitirse a cada una de las
culturas existentes, para indagar acerca de lo que cada una de ellas
consideran o no correcto. El diccionario de la lengua española, la describe
como, la parte de la filosofía que estudia la moral y las obligaciones del
hombre. 1
Etimológicamente la palabra ética proviene del griego êthos y significaba,
primitivamente, estancia, lugar donde se habita. Posteriormente, Aristóteles
afinó este sentido y, a partir de él, significó manera de ser, carácter. Así, la
ética era como una especie de segunda casa o naturaleza; una segunda
naturaleza adquirida, no heredada como lo es la naturaleza biológica. De
esta concepción se desprende que una persona puede moldear, forjar o
construir su modo d‟ser o êthos. (VALLMAJÓ, L. 1996)
Por su parte la ética profesional es una disciplina que está incluida en la ética
aplicada, pero que hace referencia a una parte especifica de la realidad
humana. Ésta, pretende regular las actividades que se realizan en el marco
de una profesión y se diferencia de la ética general, en que es coactiva, ya
que impone sanciones legales o normativas que están incluidas en los
códigos deontológicos que regulan una actividad profesional.2
1 Real Academia Española. 2012. Diccionario de la Lengua Española. 25 de Enero de 2012, desde http://buscon.rae.es/draeI/SrvltGUIBusUsual?LEMA=%C3%A9tica 2 Definición.D.2011. Definición de ética profesional. 23 de Noviembre de 2011, desde
http://definicion.de/etica-profesional/
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Nos ocupa en este trabajo, específicamente la profesión del Derecho, por
esto, es necesario detenerse en la ética profesional de los abogados en
relación con el surgimiento y practica de la profesión en algunos contextos
históricos
La función abogadil es más vieja que la profesión de abogado. No existía
entre los hebreos, pero había defensores caritativos que asumían, sin ningún
interés económico, la defensa de quienes no podían ejercerla por sí mismos.
En Caldea, Babilonia, Persia y Egipto, los sabios hablaban ante el pueblo
congregado patrocinando sus causas. (MADRID, E. 2001)
En Grecia, la acusación y defensa ante el Areópago y demás tribunales
estaba confiada por las partes a oradores y amigos, de cuya elocuencia
esperaban hallar una garantía para su causa. Esta práctica fue
desarrollándose en Atenas hasta que Solón la reglamentó, dando a la
abogacía el carácter de función pública y revistiéndola de prestigio religioso.
En esta época Pericles fue el primer abogado profesional de Grecia y
Demóstenes y Esquines oradores, que a la vez eran logógrafos, es decir,
conocedores del derecho que redactaban defensas para que fuesen
pronunciadas por sus clientes.
La misma justicia era para el ciudadano una función que estaba antes que la
de su propia defensa. El debía cumplir todas las obligaciones que le eran
inherentes, y en primer término la defensa ciudadana. Los jueces instruían el
proceso, tomaban juramento y concedían la palabra sucesivamente, al
demandante y al demandado. Las partes debían interrogarse e interrogar a
los testigos. Solamente intervenía un representante de la parte cuando ésta
era incapaz (mujer, menor, esclavo liberado o meteco, representados por su
tutor legal, su dueño o su patrón respectivamente). Los acusados y litigantes
en general, tenían su defensor natural en el amigo, pero éste debía tener
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aptitudes para la defensa, y esas aptitudes eran, más que el conocimiento
del derecho, la fuerza persuasiva de su elocuencia.
La actividad profesional del orador aumentó mucho cuando la vida pública
se contagió de una desconfianza general, y cuando el arma empleada por los
partidos y por los particulares contra sus adversarios consistía en acusar
(mediante la acción pública de ilegitimidad), por sustracción fraudulenta de
fondos. En estos procesos se multiplicaban las formas de astucia y de mala
fe por falsear la verdad y engañar a los jueces.
La vida y el honor del magistrado y del hombre público estaban expuestos a
sinsabores y riesgos de injurias, calumnias y acusaciones. Los demagogos y
sycobantes (especie de denunciantes genéricos que incurrían con frecuencia
en lo que hoy se conoce como chantaje) eran productos típicos de esa
mentalidad popular griega y que afectaban en cierta forma la democracia de
aquel pueblo superior. (MADRID, E. 2001)
En cuanto a la abogacía en Roma, se encuentra el origen de la
denominación abogados en la voz latina advocantus, sinónimo de llamado,
aplicada a aquellas personas a quienes se apelaba, por ser versadas en
leyes, para que asistiesen a los negocios que se sustanciaban ante el pretor
en representación del solicitante. El antecedente más remoto aún en la
función misma del defensor, está en la monarquía romana, en la obligación
que recaía sobre los patroni de defensa de sus clientes ante los tribunales,
conjuntamente con el deber de asistencia y socorro. Como la clientela se fue
acrecentando y haciéndose más complejos los negocios jurídicos, fue
menester que surgiera una clase profesional, la de los abogados, como
asesores o colaboradores de los patronos, primero, para más tarde
independizarse como defensores jurídicos durante la República. Así y
gradualmente, va completándose la reglamentación del ejercicio profesional
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hasta recibir los abogados en el bajo imperio, una organización a modo de
milicia o colegio, que el emperador Justino I decoró con el honorífico
denominativo, que hoy se conserva, de Orden de Abogados. (MADRID, E.
2011)
Es así como en el mundo entero, la abogacía tiene ciertas implicaciones
porque a través del ejercicio de la profesión se pueden afectar los derechos
de las personas. El abogado es un sujeto que interviene activamente casi
desde el nacimiento de las personas, y lo sigue haciendo en la medida que el
individuo se desarrolla en la sociedad. (CORAL, F. 2006)
Para evitar afectar tales derechos y cumplir correctamente con la misión que
implica la profesión, es necesario que la conducta de los profesionales del
Derecho estén en armonía con lo que dispone la ley, y aquellas contrarias a
la misma estén positivizadas como se ha venido haciendo, en un código que
sancione las faltas disciplinarias cuando en ellas algún abogado haya
incurrido.
De este modo la ética profesional que está ligada al agente del Derecho y la
cual guía su conducta para un mejor proceder, se encuentra relacionada con
el deber ser contenido en la deontología, que desde su origen etimológico
expresa el deber (deon, deber en griego), lo que debe ser hecho. En pocas
palabras, la deontología es “aquella parte de la filosofía que trata del origen,
la naturaleza y el fin del deber, en contraposición a la ontología, que trata de
naturaleza, el origen y el fin del ser”
Por ello, los códigos deontológicos reglamentan de manera estricta los
deberes de los miembros de una misma profesión. En el caso concreto del
ejercicio de la abogacía, existe por parte de los Colegios Profesionales de
abogados, reglamentación acerca del proceder correcto de estos
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profesionales, donde se requiere su estricto cumplimiento de lo preceptuado,
de lo contrario, podría generar responsabilidad disciplinaria, civil y, en
algunos casos, penal.
La deontología profesional entonces, es el conjunto de las reglas y principios
que rigen determinadas conductas del profesional (v. gr.; abogado, médico,
ingeniero, etc.) de carácter no técnico, ejercidas o vinculadas, de cualquier
manera, al ejercicio de la profesión y a la pertenencia al grupo profesional.
La deontología profesional tiene un objetivo muy concreto y limitado, dirigido
a establecer unas normas y pautas de conducta exigibles a los profesionales
con la finalidad de garantizar una actuación honesta a todos los que ejercen
la profesión. (TORRES, F. 2000) “la deontología en la medida que establece
unas normas y códigos de actuación se sitúa más cerca del derecho que de
la filosofía o, como opinan otros autores, entre el derecho y la moral pues
prevé tanto consecuencias de carácter sancionador como la especificación
de principios morales de carácter general”.
Sin embargo, después de haber conceptuado sobre la ética y la deontología
separadamente, es cierto que entre ambas se encuentra una estrecha
relación, donde se propone que, “la ética profesional es esa ética aplicada,
no normativa y no exigible, que propone motivaciones en la actuación
profesional, que se basa en la conciencia individual y que busca el bien de
los individuos en el trabajo. La ética es, por lo tanto, el horizonte, la
configuradora del sentido y la motivación de la deontología”. (TORRES, F.
2000)
Esta relación resulta sumamente estrecha, donde la deontología cuenta
como punto de referencia y motivo de regulación, con la ética profesional. La
primera no subsiste sin la segunda y, de igual modo, la segunda no cuenta
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con sentido práctico de regulación y cumplimiento obligatorio, sin identificarse
con un cuerpo normativo deontológico.
En este sentido, se dice que la deontología es la ética aplicada al campo
profesional, la que se concreta en normas y códigos de conducta exigibles a
los profesionales. Esta normativa es aprobada por el colectivo de los
profesionales, donde se enumeran una serie de deberes y obligaciones
mínimos para todos ellos, regulando consecuencias de carácter
sancionador. (CHINCHILLA, C. 2006)
Normativa que en este caso particular es aprobada por los profesionales del
Derecho, donde esta materia cobra relevancia debido a que se trata de una
multiplicidad de deberes como son aquellos que tienen consigo mismo, con
la sociedad, con la profesión, con los clientes, con los colegas, con los jueces
y con la entidad gremial (SAGASTEGUI, M. 2009), atendiendo además a
unos principios deontológicos que rigen la profesión como son la justicia, la
independencia profesional, la libertad profesional, la ciencia y conciencia y la
probidad profesional.
Por consiguiente, la importancia de la ética para quienes abogan por los
demás en el mundo jurídico, es algo urgente e imprescindible. Es cierto que
el Derecho no lo es todo, pero si la práctica de lo jurídico siempre estuviera
impregnada de valores éticos, se daría un paso decisivo hacia un mundo
más humano y justo. La deontología, por lo demás, es más necesaria en
aquellas profesiones que como la jurídica ha caído en gran desprestigio.
(PEREZ, V. 2010)
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2. REFLEXIONES GENERALES: PRINCIPIOS DE LA ETICA
PROFESIONAL DEL ABOGADO EN COLOMBIA.
2.1. Estado actual de la ética profesional en Colombia, leyes que la
regulan.
Las faltas disciplinarias o tipos disciplinarios, surgen de la potestad
sancionadora del Estado, en la modalidad de disciplinaria, cuando estás se
han cometido en el ejercicio de la profesión, donde el Doctor Fernando Coral
Villota, ha establecido que no solo se entiende por ejercicio profesional la
actuación procesal, sino también la realización de actividades jurídicas
extraprocesales, que requieran conocimientos jurídicos, verbigracia: el cobro
de deudas de manera extraprocesal, el trabajo relacionado con la
elaboración de minutas o contratos donde son necesarios conocimientos
jurídicos, el desempeño de cargos públicos o privados que exijan título
profesional de abogado, los cargos públicos tienen como presupuesto
determinados requisitos como ser abogado y, los cargos en el sector privado,
que de su actividad se deduzca que se requieren conocimientos jurídicos.
Se entiende igualmente como ejercicio profesional del abogado, el
relacionado con el litigio, esto es, cuando a través del mandato se atienden
negocios o procesos ante Entidades Públicas o privadas, porque no
solamente el litigio se da ante los estrados judiciales o la Rama Judicial del
Poder Público, sino también cuando se representa a un tercero ante la
administración pública, o entes privados.
En general, quien con poder actúa ante una entidad del Estado y defiende los
intereses de un cliente, está ejerciendo la profesión de abogado.
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Igualmente como se mencionó en la JORNADA DE REFLEXION “JUSTICIA
Y CIUDADANOS”3 realizada por el conferencista Fernando Coral Villota
Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, el Derecho Disciplinario, en Colombia opera tanto para servidores
públicos como para abogados. Según la Jurisprudencia de la Corte
Constitucional, es un derecho punitivo que sigue las reglas del derecho
penal, tal y como lo refiere la Sentencia C- 692 de 2008 con magistrado
ponente Manuel José Cepeda Espinosa. Con todo, originalmente no lo era
así, pues en el inicio fue un Derecho administrativo, es decir, el superior tenía
la facultad más o menos objetiva para sancionar a sus subalternos y, por
ende, el sistema podía caer en la arbitrariedad, en tanto no se consideraban
los motivos que rodearon la conducta.
Posteriormente comienzan a considerarse restricciones de ese sistema,
aunque siguió prevaleciendo un criterio objetivo. En torno al tema, surgieron
inquietudes acerca de si las conductas podrían justificarse, entonces, se
avanzó de la tipicidad a la antijuridicidad, precisamente, al pensar si la falta
podría ser justificada o no. Así las cosas el tema transitó del Derecho
Administrativo al Punitivo.
También en la evolución del derecho disciplinario se incorporaron los
conceptos del conocimiento y de la intención de producir el resultado. Se
introdujo entonces, el tema de la culpabilidad, de donde surgió el dolo y la
culpa. Vale aclarar que, por regla general, en el caso de las faltas
disciplinarias, estas son de mera conducta y no de resultado.
3 Jornada de Reflexión “Justicia y Ciudadanos”. Realizada el 26 de Agosto del 2006 en la Secretaria
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C por el Magistrado de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria
del Consejo Superior de la Judicatura. Doctor: Fernando Coral Villota.
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La evolución del derecho disciplinario ha implicado la aplicación de reglas del
Derecho Penal y hoy, se insiste, ya no se considera parte del Derecho
Administrativo sino del derecho punitivo, lo cual ha sido una postura
constante y pacífica en la jurisprudencia constitucional.
En este tenor, en cuanto a las conductas de los abogados, la Corte
Constitucional ha venido restringiendo los comportamientos sancionables, de
tal forma que éstos estén circunscritos al ejercicio de la profesión. (CORAL,
F. 2006)
Ahora bien, además de restringir esos comportamientos, el legislador creó
una serie de normas y códigos dentro de los cuales se codificaban los tipos
de faltas y su respectiva sanción, para aquellos profesionales del Derecho
que incurrieran en ellas, tal y como es el caso del Decreto 196 de 1971 Por
el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía, que regulaba todo el
control ético y disciplinario del abogado, el cual conservaba además, temas
puramente éticos, es decir de comportamiento, y aspectos disciplinarios de
carácter punitivo. En éste además se estableció que el Derecho, tiene como
función social la de colaborar con las autoridades en la conservación y
perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la realización de una recta
y cumplida administración de justicia. Además este señala, que la principal
misión del abogado es defender en justicia los derechos de la sociedad y de
los particulares. Y, asesorar, patrocinar y asistir a las personas en la
ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones jurídicas.
Su origen entonces, se debió al hecho de que en Colombia había que crear
unas normas que cuidaran las diferentes formas en que se ejerce el Derecho
en nuestro territorio nacional, sea para cuidar a los ciudadanos de los
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abogados o para salvaguardar a los abogados de la sociedad.4 Sin embargo,
este Estatuto no resultó acorde a la actual problemática social, ya que
resultaba insuficiente para regular las actuaciones de los profesionales del
Derecho, que en ocasiones se apartan de sus postulados, por lo que a
iniciativa del Consejo Superior de la Judicatura, el Congreso expidió la ley
1123 de 2007, (HERNANDEZ, M. 2009) el Código Disciplinario del Abogado
(CDA), para que todos los colombianos en general pudieran demandar en
contra de quien se deposita toda la confianza y así contrarrestar los delitos
que cometen los que salvaguardan nuestros derechos. Esta ley estipula
entonces los deberes que debe cumplir cualquier abogado en este país como
lo son: observar la Constitución Política y la ley, defender y promocionar los
Derechos Humanos, entendidos como la unidad integral de derechos civiles y
políticos, económicos, sociales y culturales y de derechos colectivos,
conforme a las normas constitucionales y a los tratados internacionales
ratificados por Colombia, conocer, promover y respetar las normas
consagradas en este código, actualizar los conocimientos inherentes al
ejercicio de la profesión. Conservar y defender la dignidad y el decoro de la
profesión. Colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realización de la
justicia y los fines del Estado. Observar y exigir mesura, seriedad,
ponderación y respeto en sus relaciones con los servidores públicos,
colaboradores y auxiliares de la justicia, la contraparte, abogados y demás
personas que intervengan en los asuntos de su profesión. Obrar con lealtad y
honradez en sus relaciones profesionales. En desarrollo de este deber, entre
otros aspectos, el abogado deberá fijar sus honorarios con criterio equitativo,
4 Corporación Universitaria Americana. 2010. Estatuto de la Abogacía en Colombia. 19 de Octubre de
2011, desde https://sites.google.com/site/estudiantescua/--estatuto-de-la-abogacia-en-colombia-
estatuto-de-la-abogaciia-en-colombia
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justificado y proporcional frente al servicio prestado o de acuerdo a las
normas que se dicten para el efecto, y suscribirá recibos cada vez que
perciba dineros, cualquiera sea su concepto, prevenir litigios innecesarios,
inocuos o fraudulentos y facilitar los mecanismos de solución alternativa de
conflictos, entre otros5. Así mismo esta Ley, estipula las faltas disciplinarias
en las que incurre un abogado, clasificándolas, en faltas contra la dignidad
de la profesión, contra la lealtad con el cliente, contra el decoro profesional,
faltas contra la honradez de la profesión, contra la lealtad y la honradez con
los colegas, y contra la diligencia profesional. Que en últimas son los
parámetros que nos permitirán analizar si la percepción es directa o
inversamente proporcional al cumplimiento de la ética profesional de los
abogados en el Valle del Cauca. Es éste marco normativo, él que al ser
aplicado por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cali, arroja como
resultado los datos de la siguiente gráfica:
5 Ley 1123 de 2007 Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado. Libro segundo. Parte
especial. Título I. Deberes e Incompatibilidades del abogado. Capítulo I. Deberes. Artículo 28. Deberes
profesionales del abogado. Numerales 1 al 21.
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GRÁFICO Nº 1: MARCO NORMATIVO UTILIZADO PARA DELIMITAR LAS
FALTAS Y LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS DE LOS ABOGADOS EN
LOS MUNICIPIOS DE CALI, BUGA Y PALMIRA.
90,70%
8,60%
0,70%
MARCO NORMATIVO UTILIZADO PARA LA DELIMITACIÓN DE FALTAS
Y SANCIONES DISCIPLINARIAS
DECRETO 196 DE 1971
LEY 1123 DE 2007
DECRETO 2591 DE 1991
Fuente: Sala Disciplinaria. Consejo Seccional de la Judicatura de Cali.
Dicho Código Disciplinario tuvo su origen en el Consejo Superior de la
Judicatura, tendiente a actualizar las normas que regulan el ejercicio de la
profesión de Abogado, para clarificar los procedimientos de la investigación y
sanción de las faltas disciplinarias, además de la actualización de los
comportamientos irregulares, que el Estatuto del Abogado (Decreto 196 de
1971) no contenía. La propuesta tuvo respaldo por parte de los congresistas,
tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Representantes.
El proyecto de ley No. 91 de 2005 por medio del cual se promovió la
expedición del Código disciplinario del abogado en Colombia estuvo
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motivado en lo siguiente como consta en el Acta de Comisión 19 del 18 de
Octubre de 2005 del Senado de la República, Comisión Primera del Senado:
Actualización de las normas sustanciales, mayor cobertura para los
abogados. Mejorar los procedimientos, buscando agilidad para el trámite de
los procesos, implementando la oralidad. Así mismo por el cúmulo de
procesos que se tramitan en contra de abogados, que en muchos casos
resultaba difícil la calificación de la conducta, por cuanto que su adecuación
típica no era posible, ya que las normas del decreto 196 de 1971 en el ámbito
sustancial resultaban obsoletas, así como mejorar los procedimientos al
incorporar el trámite verbal, como se hizo en el sistema penal tradicional.
Su filosofía se centra consecuentemente en que corresponde a un Código
Disciplinario, no a un Código de Ética, contempla las faltas, sanciones,
procedimientos, mientras que el Estatuto es mucho más amplio.
Fundamentalmente se presenta en tres aspectos: una parte general, en la
que aparecen principios del Derecho Penal traídos al disciplinario; en la
segunda se incorporan las faltas; y en la tercera el procedimiento. Se retomó
la experiencia de la ley 228 de 1995 (Por la cual se determina el régimen
aplicable a las contravenciones especiales y se dictan otras disposiciones),
para implementar el sistema oral; además se incluye como sanción la multa,
por cuanto que en muchas oportunidades con la actuación del abogado, se
afecta el patrimonio del cliente o usuario del servicio de la justicia.
(HERNANDEZ, M. 2009)
Así, a las faltas disciplinarias en particular reguladas por el Código
Disciplinario del Abogado de 2007, se les aplica las normas y principalística
constitucionales, que orientan y dan contenido a los principios previstos en
las normas penales, civiles y administrativas sustantivas y procesales, que a
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su vez no son otra cosa que los que retoma del único tronco común
normativo que existe en nuestro país: La Constitución.
Pero, ni el Estatuto ni la Ley que comprende el Código Disciplinario actual de
los abogados en Colombia, son los únicos ejemplos de la importancia de la
ética profesional de los abogados, ya que al respecto se han expresado
varios autores, como es el caso del doctor Oscar Humberto Gómez, quien en
uno de sus escritos titulado “Justicia colombiana” una mirada a la crisis de la
operación judicial del país, nos propone la creación de un Tribunal Nacional
de Ética para los abogados y el cliente, en sus palabras:
Este tribunal podría estar integrado por pares nuestros, por juristas
también independientes que, dada su vasta experiencia en el ejercicio
de la abogacía, conozcan y entiendan la problemática del abogado, su
lucha diaria, las adversidades en las que ejerce su profesión, el estrés
en el que vive día tras día, la inconcebible lentitud con la que avanzan
los procesos, la desgastadora labor de controlar día tras día, semana
tras semana, mes tras mes, año tras año, durante la bicoca de diez,
dieciseises o veinte años las notificaciones de la rama judicial para
evitar que, digamos, catorce años después de venirlo haciendo sin
pausa se le pase por alto la de un día cualquiera y debido a ello pierda
el pleito (pero no solamente lo pierda, sino que, además, se le venga
encima el poder castigador del Consejo Superior de la Judicatura y lo
aplaste con una sanción disciplinaria por "falta a la ética profesional"
debida a su "falta de diligencia profesional"; la forma como afectan su
imagen ante la gente fenómenos que no está en sus posibilidades
remediar, pero de los cuales sus clientes prácticamente lo culpan,
como la congestión judicial, los errores judiciales, las arbitrariedades
judiciales; la manera como clientes inescrupulosos le timan sus
23
honorarios, la permanente amenaza de que cualquier día amanezca
con el poder revocado y deba iniciar el humillante peregrinaje en
busca de que le paguen los honorarios que se ganó en largos años de
trabajo, la descortesía que debe soportar en las oficinas públicas, los
riesgos personales que rodean su ejercicio profesional, la
desprotección de que es víctima en la vejez o en la invalidez etcétera.”
La intención de Gómez, apunta entonces a que exista dicho tribunal para
esta profesión, tal como lo tienen otras profesiones como la medicina, pues
según él, los abogados no son servidores del Estado y, por ende, no
deberían estar sometidos a tribunales disciplinarios estatales, diferente de lo
que si debe pasar con los Jueces y Magistrados. Además de esto, este autor
sostiene que este tribunal de ética profesional, debe estar integrado por
pares abogados, por juristas –también independientes- que, dada su vasta
experiencia en el ejercicio de la abogacía, conozcan y entiendan la
problemática del abogado. La propuesta de Oscar Humberto Gómez, apunta
a desvirtuar la responsabilidad de los abogados en el desconocimiento de la
ética de su profesión y pretende imputarle al mismo Estado el hecho de que
los abogados cometan faltas pues según este, no es garantista sino
intransigente en el momento de sancionarlo.
Independientemente de que sea la idea de este abogado, o la existencia de
los códigos deontológicos, la propuesta más viable para garantizar el
correcto ejercicio de esta profesión, la ética profesional debe ser un elemento
inseparable del actuar de cualquier profesional en Derecho de este país,
pues tal y como se expresó anteriormente, es a través de dicho poder
sancionatorio que se puede garantizar además del correcto cumplimiento de
la función principal de los abogados, que éstos, como la misma sociedad se
encuentren protegidos, de cualquier incorrecto proceder.
24
2.2. Organismos que velan por el cumplimiento y control de la ética
profesional de los abogados en Colombia.
El doctor MARTIN AGUDELO MARTINEZ en su libro Humanismo Jurídico,
concluye : …“desde un fundamento humanista, es posible recobrar el
desprestigio del Derecho, perdido por unas creaciones de derecho positivo
que no se han generado de “cara” al hombre, ya que solo un Derecho
proyectado por la justicia, es el que permitiría superar la imagen negativa que
ha imperado en la comunidad, pese a que sus miembros tengan que invocar
permanentemente la ley cuando consideran que se ha vulnerado o lesionado
un derecho particular dada la prohibición expresa de la autodefensa”...
(AGUDELO, M. 2001) Pero entonces, quién es el responsable de determinar
el enfoque en que se mira al Derecho o de la manera en que se proyecta
esta profesión.
Uno de los presupuestos esenciales de todo Estado, y en especial del Estado
Social de Derecho, es el de contar con una debida administración de justicia,
la cual requiere de un mayor dinamismo judicial; por esto, la justicia ha
pasado de ser un servicio público más, a convertirse en una verdadera
función pública a cargo del Estado como responsable de hacer realidad los
propósitos que inspiran la constitución en materia de justicia, asegurando su
pronta y cumplida administración a todos los asociados,(Corte Constitucional,
sentencia de Febrero 5 de 1196) tal y como lo hace el Consejo Superior de la
Judicatura (C.S.J).”
En la historia constitucional y administrativa de Colombia se registran muy
escasos intentos para establecer instrumentos adecuados de gobierno y
administración de la rama judicial. El primer antecedente del C.S.J. se
25
encuentra en 1970, pues, se expide el primer estatuto de carrera que nunca
tuvo aplicación y se crea el consejo superior de la administración de justicia,
bajo la dirección del ministerio del ramo; posteriormente, mediante el Acto
Legislativo No. 1 de 1979, se intentó la creación del C.S.J. con las funciones
de administrar la carrera judicial y ejercer la potestad disciplinaria, en una
reforma constitucional que, a la postre, fue declarada inconstitucional por la
Corte Suprema de Justicia. Sólo en 1987, mediante el Decreto 52, se pone
en funcionamiento la carrera judicial, pero mantuvo su manejo bajo la
dirección del gobierno.
Ese viejo Consejo Superior de la Administración de Justicia, integrado por
miembros de la judicatura, entró en funcionamiento con el apoyo de la
Dirección Nacional de Carrera Judicial, que enriqueció sus funciones hasta
adquirir, en desarrollo de la Ley 38 de 1989, su consolidación mediante la
atribución de ejecutar el presupuesto del funcionamiento de la rama, excepto
en cuanto a los recursos de inversión que continuó en cabeza del Ministerio
de Justicia, a través del Fondo Rotatorio.
En el Capítulo 7 del título III de la Constitución Política de 1991, fue creado el
Consejo Superior de la Judicatura para reforzar y completar la Rama
Jurisdiccional del Poder Público, con atribuciones más amplias que las
contenidas en el Acto Legislativo No. 1 de 1979 y con el único fin de
generar Suficiente autonomía e independencia para dicha Rama. (MEDINA Y
OTROS. 1999)
En todo caso, la Constitución declara que la administración de justicia es una
función pública de rango constitucional y que sus decisiones son
independientes, y le da al C.S.J. el mismo nivel orgánico que tienen las altas
cortes como la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Corte
26
Constitucional; pero lo dota de funciones, atribuciones, facultades y
competencias especiales descritas directamente por la Constitución.
Orgánicamente el C.S.J. está dividida en dos salas, diversas en su origen y
funciones, así la jurisdiccional disciplinaria, es la que se ocupa de la
investigación de la conducta de los funcionarios judiciales y de los abogados
y de dirimir los conflictos de competencia, y la administrativa, con origen en la
misma judicatura, encargada de atender las necesidades organizativas y de
gestión de la rama judicial, liberando a los jueces de esta carga que los
distraía de su función propia de impartir justicia y superando el esquema de
tutela y administración del gobierno.
La Sala Administrativa está integrada por seis magistrados elegidos para
períodos de ocho años, uno por la Corte Constitucional, dos por la Corte
Suprema de Justicia y tres por el Consejo de Estado; la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria, la conforman siete magistrados, elegidos también para un
período de ocho años, pero por el Congreso Nacional, es decir, la Cámara y
el Senado en sesión plenaria, de ternas enviadas por el gobierno.
En el ámbito regional, en las cabeceras de distrito, existen consejos
seccionales de la judicatura que conservan la misma estructura del Consejo
Superior, es decir, se encuentran divididos en dos salas: la administrativa y la
jurisdiccional disciplinaria. Los cargos de magistrado de estos consejos son
de carrera y a ellos se accede en propiedad, por concurso público de méritos.
En esta investigación es importante, hacer énfasis en la Sala Jurisdiccional
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que fue instituida por la
Constitución con el fin de garantizar la existencia al interior de la propia rama
judicial de un organismo autónomo, imparcial e independiente de alto rango
con funciones de naturaleza jurisdiccional, que tuviera a su cargo la tarea de
27
administrar justicia en materia disciplinaria respecto de los funcionarios
judiciales y por fuera de la rama, en relación con los abogados.
Igualmente, se encarga al nuevo organismo de dirimir conflictos de
competencia que se planteen entre las distintas jurisdicciones.
La Constitución de 1991 creó esta jurisdicción, cuya cabeza es la Sala
Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al mismo nivel jerárquico
de las demás ordinaria, constitucional y contencioso administrativa; sus
decisiones en materia disciplinaria son verdaderas sentencias, no sujetas a
posterior estudio y pronunciamiento de otra jurisdicción, salvo que se accione
en tutela por haber incurrido en una vía de hecho.
Mediante el ejercicio de la función jurisdiccional disciplinaria se resuelven los
procesos que por infracción a sus regímenes disciplinarios se adelanten
contra los funcionarios de la Rama Judicial, con la excepción de aquellos que
gozan de fuero constitucional, los abogados en el ejercicio de su profesión y
las personas que ejerzan función jurisdiccional de manera transitoria u
ocasional. Ello, sin perjuicio de la atribución que el artículo 277 numeral 6 de
la C.P. le confiere al Procurador General de la Nación.
Hacen parte de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura las dependencias de Secretaría Judicial,
Relatoría y Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales
de la Judicatura, tal y como se observa en el siguiente organigrama:
28
CUADRO Nº 1. ORGANIGRAMA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA.
Fuente: Organigrama de la Rama Judicial, disponible en:
http://www.ramajudicial.gov.co/csj/csj.jsp?cargaHome=3&id_categoria=212&i
d_subcategoria=522
A su vez, esta Institución cuenta con unos Consejos Seccionales de la
Judicatura, siendo el más relevante para esta investigación, la Sala
Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle
del Cauca, ubicado en uno de los 2 distritos judiciales del Departamento, en
el Palacio Nacional de la ciudad de Cali, el cual tiene funciones como 1.
Conocer en primera instancia de los disciplinarios contra los jueces y los
abogados por faltas cometidas en el territorio de su jurisdicción, 2. Dirimir los
29
conflictos de competencia que dentro de su jurisdicción se susciten entre
jueces o fiscales e inspectores de policía, 3 Resolver los impedimentos y
recusaciones que se presenten con ocasión de las actuaciones de los
magistrados del consejo seccional, 4. Conocer de la solicitud de
rehabilitación de los abogados, todas ellas señaladas de manera general en
la Ley 270 de 1996 Articulo 114. 6
En el Valle del Cauca, es la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la
Judicatura, compuesta por tres Magistrados, el órgano competente de
sancionar a los abogados que habiéndose comprobado, hayan infringido los
deberes éticos de su profesión.
Estos eran a partir de 1971 y hasta el 2007, conservar la dignidad y el decoro
de la profesión; colaborar lealmente en la recta y cumplida administración de
justicia; observar y exigir la mesura, la seriedad y el respeto debidos en sus
relaciones con los funcionarios, con los colaboradores y auxiliares de la
justicia, con la contraparte y sus abogados y con las demás personas que
intervengan en los asuntos de su profesión; obrar con absoluta lealtad y
honradez en sus relaciones con los clientes; guardar el secreto profesional;
atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, y proceder
lealmente con sus colegas.
En la información obtenida se encontró que de hecho en el 2010 existen
procesos por faltas disciplinarias que terminaron en sanciones, que
habiendo empezado antes del 2007 a ser investigados, fueron juzgados bajo
la normatividad del Decreto 196 de 1971. Esto es en cuanto a las faltas,
deberes y sanciones similar a la actual Ley 1123 de 2007, pues de hecho los
6 Rama Judicial. 2012. Información General. 30 de Julio de 2011, desde http://www.ramajudicial.gov.co/csj/csj.jsp?cargaHome=3&id_categoria=212&id_subcategoria=385
30
postulados son los mismos, sin embargo tiene cambios procedimentales,
como el hecho de que este contemplaba un escrito mientras la Ley
implementó el sistema oral en el proceso que es además dirigido por alguno
de los magistrados de la sala, que son tres, por el contrario, con el Decreto
196 el encargado de llevar el proceso era un sustanciador, que no era mas
que un funcionario de la misma sala, con ni siquiera calidad de Juez. De la
misma manera existen faltas que con frecuencia son cometidas por los
abogados, según el ordenamiento por el cual han sido juzgados, así, en el
Decreto 196 de 1971 las faltas más frecuentes fueron, la injustificada demora
en la iniciación de las gestiones que le han sido encomendadas, o deje de
hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional
(artículo 55 numeral 1), abandono del asunto que se le ha encargado a un
abogado sin justa causa (articulo 55 numeral 2); y asesorar, patrocinar o
representar simultánea o sucesivamente a quienes tengan intereses
contrapuestos, sin perjuicio de que pueda realizar con el consentimiento de
todos , gestiones que redunden en provecho común ( articulo 53 numeral 4).
Por su parte de la Ley 1123 de 2007, desde su vigencia, ha permitido
detectar que las faltas más frecuentes entre los abogados son: no entregar a
quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o
documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la
comunicación de este recibo. Y demorar la iniciación de las gestiones
encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la
actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas. Según información
reportada por la sala disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura.
Esto, es un claro avance para el Ordenamiento Jurídico ya que la celeridad
que permite el cambio de la escritura a la oralidad, al igual que en otras áreas
del derecho ha hecho posible que de un total de 42 abogados sancionados
en el 2000, al 2010 sean 89 los sancionados.
31
Como ya se explicó previamente, es solo a partir del año 2008 cuando
existen sanciones impuestas teniendo como marco de referencia el actual
Código Disciplinario del Abogado. La siguiente gráfica muestra la relación de
normas utilizadas para la delimitación de faltas y sanciones disciplinarias
desde el año 2000 hasta el año 2010.
GRAFICA Nº 2: CANTIDAD DE ABOGADOS SANCIONADOS ENTRE LOS
AÑOS 2000 A 2010 EN EL VALLE DEL CAUCA.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
AÑO 2000
AÑO 2001
AÑO 2002
AÑO 2003
AÑO 2004
AÑO 2005
AÑO 2006
AÑO 2007
AÑO 2008
AÑO 2009
AÑO 2010
Cantidad de abogados sancionados por año en el Valle del Cauca (2000-2010)
No. Sanciones
Fuente: Sala disciplinaria. Consejo Seccional de la Judicatura de Cali.
La gráfica es clara en demostrar que la entrada en vigencia del actual
Código Disciplinario del Abogado en Colombia, trajo como consecuencia el
aumento del número de profesionales del derecho sancionados, ya que
teniendo como base que esta Ley data del 2007, es en el 2009 cuando
después de la investigación realizada en el 2008, crecen considerablemente
32
los fallos disciplinarios, como resultado de una evidente celeridad lograda
con el actual código.
A pesar de lo anterior, es baja la presencia de casos de abogados
sancionados disciplinariamente en el Valle del Cauca, comparándolos con los
abogados que fueron sancionados a nivel nacional por éstas mismas faltas.
Ésta situación se presenta estadísticamente en los siguientes gráficos:
GRAFICO Nº 3: COMPARACIÓN DEL NUMERO DE ABOGADOS
INCRITOS EN COLOMBIA, CON EL NUMERO DE ABOGADOS
SANCIONADOS EN EL VALLE DEL CAUCA DURANTE LOS PRIMEROS
DIEZ AÑOS DEL SIGLO XXI
FUENTE: registro nacional de abogados. Consejo Superior de la Judicatura
La gráfica anterior representa la proporción entre el total de abogados que
existen inscritos en el país. En realidad son 214.372 los abogados en
33
Colombia, pero 11. 089 no se encuentran vigentes, por tanto la gráfica
compara los abogados inscritos en el territorio nacional que son 203.283, en
relación a los que han sido sancionados en el mismo periodo entre los años
2000 a 2010 cuya cifra es de 7.735, es decir, el 3.8% de los abogados que
existen en Colombia.
De otro lado está la comparación entre los abogados que han sido
sancionados a nivel nacional durante los años 2000 a 2010 que son 7.735, y
el total de abogados sancionados en el Valle del Cauca, en el mismo espacio
de tiempo que son 578, es decir, que del total de abogados sancionados en
el país en la primera década del siglo XXI, tan solo el 7.5% son abogados de
éste departamento. Tal como lo representa la siguiente grafica:
34
GRAFICO Nº 4: COMPARATIVO DE ABOGADOS SANCIONADOS EN
COLOMBIA EN RELACIÓN A LOS ABOGADOS SANCIONADOS EN EL
VALLE DEL CAUCA ENTRE LOS AÑOS 2000 A 2010.
ABOGADOS EN COLOMBIA VS ABOGADOS EN EL VALLE DEL CAUCA
SANCIONADOS DISCIPLINARIAMENTE (2000-2010)
En Colombia
En el Valle del Cauca
7,5%
Fuente: Registro Nacional de Abogados. Consejo Superior de la Judicatura.
Sala disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cali.
35
GRAFICA Nº 5: FALTAS MAS FRECUENTES AL DECRETO 196 DE 1971
EN EL VALLE DEL CAUCA.
0
5
10
15
20
25
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Art 55 # 1
Art 55 # 2
Art. 54 # 3
Faltas más frecuentes al Decreto 196 de 1971
Fuente: sala disciplinaria. Consejo Seccional de la Judicatura de Cali.
Tal y como se mencionaron anteriormente, las faltas que son frecuentes a la
Ley 1123 de 2007 y al Decreto 196 de 1971, con relación al objeto de ésta
investigación permiten determinar el distanciamiento entre las percepciones
sociales y la realidad por la que son investigados y sancionados los
36
abogados en el Valle del Cauca, la demora injustificada de la iniciación de los
procesos, es una cuestión que dista mucho de la corrupción y la
deshonestidad con las que son relacionados los abogados de la región por la
sociedad vallecaucana.
Hasta el año 2007 rigió en Colombia el Decreto 196 de 1971 y por ende su
articulado fue tenido en cuenta para determinar las faltas y sanciones a las
que se hacían acreedores los abogados que no cumplían con sus deberes
disciplinarios en el ejercicio de su profesión. En la investigación se pudo
constatar cómo las faltas más comunes a este decreto por las que
efectivamente se sancionaron abogados en el Valle del Cauca, mientras éste
estuvo vigente fueron: la injustificada demora en la iniciación o prosecución
de las gestiones que le han sido encomendadas o deje de hacer
oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional (articulo
55#1), el descuido o abandono del asunto que se le haya encargado sin justa
causa (articulo 55# 2) y el retener dineros, bienes o documentos
suministrados para las gestiones o los recibidos de otras personas por
cuenta del cliente, o demorarle injustificadamente la comunicación de este
recibo (articulo 54# 3), tal como lo representa la gráfica anterior.
37
GRAFICA Nº 6: FALTAS MAS FRECUENTES A LEY 1123 DE 2007 EN EL
VALLE DEL CAUCA.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Año 2008 Año 2009 Año 2010
Art 35 # 4
Art 37 # 1
Faltas más frecuentes a la ley 1123 de 2007
Fuente: Sala Disciplinaria. Consejo Seccional de la Judicatura de Cali.
La ley 1123 de 2007 comprende las sanciones de censura, multa,
suspensión o exclusión del ejercicio de la profesión para quienes sean
culpables de faltas disciplinarias contempladas en el código. Esta Ley eliminó
otras sanciones que si estaban contempladas en el Decreto 196 de 1971,
pues no menciona la rehabilitación como sanción.
Así las cosas, en la información recaudada, en el Consejo Seccional de la
Judicatura, se pudieron constatar las sanciones mas frecuentes, entre los
abogados que fueron sancionados. El siguiente gráfico permite visualizar
dicha frecuencia.
38
GRÁFICO Nº 7: SANCIONES IMPUESTAS A LOS ABOGADOS POR
FALTAS DISCIPLINARIAS.
49,50%
46,40%
1,40%
2,08%
0,50%
0,70%
SANCIONES IMPUESTAS
SUSPENSIÓN
CENSURA
EXCLUSIÓN
MULTA
AMONESTACIÓN
REHABILITACIÓN
Fuente: Sala Disciplinaria. Consejo Seccional de la Judicatura de Cali.
De la información recopilada en el Consejo Seccional de la Judicatura de
Cali, fue importante resaltar en ésta investigación las sanciones en las que
puede incurrir el abogado cuando no cumple con sus deberes profesionales,
teniendo que tan solo el 1.4% de los sancionados fueron condenados a la
exclusión, esto es a la pérdida de su tarjeta profesional, y que la condena
más frecuente es la suspensión de la misma por un determinado periodo de
tiempo. Ahora bien, lo que llama mucho la atención es el hecho de que una
de las sanciones más impuestas, es la censura, que consiste en en la
reprobación pública que se hace al infractor por la falta cometida, y que tiene
mucha coherencia con la función social y con la misma percepción social que
es la principal contendora de la buena imagen de los abogados. Así
entonces, en una sociedad que no aprueba el ejercicio profesional de los
abogados, la censura puede ser más significativa, que una multa o hasta la
39
misma exclusión, ya que a pesar de reprochar su comportamiento, la
sociedad, admite, tal y como se confirma en la encuestas realizadas en ésta
investigación, la necesaria existencia de los abogados.
GRAFICA Nº 8: SANCIONES DISCIPLINARIAS POR AÑO EN EL VALLE
DEL CAUCA (2000-2010)
0
10
20
30
40
50
60
70
Año 2000
Año 2001
Año 2002
Año 2003
Año 2004
Año 2005
Año 2006
Año 2007
Año 2008
Año 2009
Año 2010
Suspensión
Censura
Multa
Exclusión
Amonestación
Rehabilitación
Sanciones por faltas disciplinarias en el
Valle del Cauca (2000-
Fuente: sala disciplinaria. Consejo Seccional de la Judicatura de Cali.
Es importante también resaltar que en la actualidad el Gobierno Nacional ha
planteado diversas propuestas para garantizar al país y a los ciudadanos
mayor eficacia y eficiencia en la administración de justicia, pues desde hace
varios años atrás, se ha hecho evidente que la justicia en Colombia requiere
de una trasformación profunda y generalizada, debido a que como lo
sostiene el Doctor Jaime Alberto Arrubla Paucar, presidente de la Corte
40
Suprema de Justicia, ha llegado el momento de que el problema de la justicia
deje de ser contemplado parcialmente como si todo se redujera a un tema
de congestión judicial, o de impunidad, por relevantes que sean estos temas,
para contemplar otros de acentuada significación que deben tenerse en
cuenta en el planteamiento de las soluciones.
Es así, como una de las propuestas de la reforma ha sido el hecho de
suprimir el Consejo Superior de la Judicatura, pues se ha considerado que el
mismo ya no está cumpliendo a cabalidad con la misión para la cual fue
creado, así también lo ha expresado el Doctor Juan Carlos Esguerra,
Ministro de Justicia, al considerar que en materia disciplinaria, los resultados
no pueden ser más pobres. Además, ha habido una mala influencia de la
mala política, que ha terminado afectando al propio Consejo, por la forma
como se eligen sus integrantes.
Si se aceptara entonces esta propuesta, la pregunta que surgiría sería ¿A
quién se le asignarán las funciones que le corresponde adelantar al Consejo
Superior de la Judicatura en materia disciplinaria?, la respuesta a este
interrogante lo ha dado la misma reforma, al establecer que las funciones en
materia disciplinaria serian asumidas por el Colegio Nacional de Abogados,
que, para tales efectos, será creado mediante ley posterior. Así se le da una
verdadera entidad de colegiatura al manejo profesional de la actividad de los
abogados, para que ellos mismos cumplan las funciones disciplinarias.
Al respecto de lo anterior, varias han sido las posturas de diferentes
representantes de las altas cortes de nuestro país, donde encontramos en
primer lugar, la del Doctor William Namen Vargas, Magistrado de la Sala de
Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, quien considera que la
supresión del Consejo, sería un retroceso indiscutible. Debería mantenerse
con algunas reformas como por ejemplo, que la Sala Disciplinaria, esté
41
conformada por siete Magistrados, designados por las restantes Cortes de
listas remitidas por las facultades de Derecho de las universidades, previo
proceso de convocatoria abierta pública, control ciudadano y con función
estrictamente disciplinaria.
Las universidades pueden y deben contribuir en el control de sus egresados,
formar profesionales éticos y competentes, buenos ciudadanos; la
colegiatura obligatoria es excelente para otros asuntos; la función
disciplinaria debe conservarla el Estado y no es prudente volver al antiguo
sistema disciplinario del juez superior. La experiencia de entonces es
elocuente a propósito. 7
En segundo lugar, está la postura asumida por el Doctor Jaime Arrubla
Paucar, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y quien considera que la
“Disciplina de los profesionales del Derecho debe estar en cabeza de
Colegios de abogados” y por eso propone la colegiatura obligatoria para el
ejercicio profesional. Aunque pueda pensarse que al ser los abogados los
propios jueces disciplinarios se prestaría a encubrimientos o relajamientos
de las conductas de los profesionales que ejercen el Derecho, desde el
momento en que sean los mismos abogados los que asuman el
conocimiento de los procesos disciplinarios, las conductas de los
profesionales del Derecho se ajustarán, con más rigor a los cánones éticos y
de corrección, pues han de saber que sus pares profesionales son las
personas que vigilarán su comportamiento y los que han de velar
directamente por el prestigio de la abogacía.
7 Ámbito Jurídico. 2012. Eliminar el Consejo Superior de la Judicatura es un sentimiento generalizado.
24 de Agosto de 2011, Desde, http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-110824-
04_(juan_carlos_esguerra_eliminar_el_consejo_superior_de_la_judicatura_es_un_sentimie) / noti-
110824-
4_(juan_carlos_esguerra_eliminar_el_consejo_superior_de_la_judicatura_es_un_sentimie).asp
42
Por último es preciso hacer referencia a la postura del Doctor Francisco
Escobar Henríquez, Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, quien
considera que sin entrar en detalles, que por sí solos demostrarían
palmariamente su inconveniencia, el simple esbozo de la propuesta la hace
aparecer vana y perjudicial, pues fuera de que a corto, mediano o largo
plazo, no iría a solucionar ningún problema concreto de la justicia, implicaría
una especie de salto al vacío, un borrón y cuenta nueva con consecuencias
impredecibles, salvo en lo evidentemente desfavorable de esa hipotética
nueva situación. Supondría también un desperdicio de experiencias, un
retorno a estadios superados, aparte de la infinidad de problemas prácticos
que traería. 8
La opción de prescindir del Consejo Superior de la Judicatura como producto
de una reforma constitucional implica obligatoriamente una cesión de
competencias y funciones que no pueden quedar libradas al azar, y por el
contrario, debe ser un tema específico que debe ser regulado por el
ordenamiento jurídico nacional.
Al respeto se debe señalar que estamos de acuerdo con la postura del
doctor Jaime Arrubla Paucar, ya que han sido suficientes los escándalos
nacionales en los que se ha visto involucrado el Consejo Superior de la
8 Consejo Superior de la Judicatura. (2012, Septiembre). Revista Judicial. Extraído el 18
de Marzo de 2012 desde
http://www.ramajudicial.gov.co/csj/downloads/UserFiles/File/ALTAS%20CORTES/CONSEJO%20SUPE
RIOR/CENDOJ/Revistas/REVISTA%20JUDICIAL%2016.pdf
43
Judicatura por su mal manejo administrativo, financiero y judicial9, razones
de peso para suponer la necesidad de suprimir la existencia de esta entidad,
sin que esta eliminación suponga la consecuente desaparición de sus
funciones y competencias. Por eso y tomando de base el tema de esta
investigación, resulta pertinente que tales funciones y competencias sean
divididas y trasladadas a diferentes entidades, donde su función
administrativa sea descentralizada en los tribunales judiciales del país, y su
función disciplinaria asignada a un Colegio nacional de abogados. Lo cual
permitiría impulsar la creación de un tribunal autónomo que no representará
al Estado, sino a la misma profesión del derecho, independientemente de
que los abogados tengan o no un vínculo estatal. Además de esto, dicho
Colegio, tendría entre sus funciones la de juzgar a los abogados desde la
experiencia que se desprende del desarrollo de la profesión. Para el
cumplimiento de esta función este Colegio deberá contar en su estructura
con el Tribunal de ética del abogado, quien estaría conformado a su vez por
profesionales del derecho de gran prestigio a nivel nacional de una lista de
abogados propuesta por el mismo Colegio pero puesta a disposición de
todas las diferentes facultades de derecho y de todos los abogados del país,
permitiendo una participación conjunta entre la corporación y todos los
profesionales del derecho del país que en últimas posibilita su debida
representación.
9 *Corte Constitucional. 2012. Oficina de Comunicaciones, Boletín de noticias 7 de Febrero de 2012.
“Llaman a versión libre a magistrados del Consejo Superior de la Judicatura por escándalo del carrusel
de pensiones”, desde www.corteconstitucional.gov.co
*Periódico el Espectador. 2012. “El poder del Consejo Superior de la Judicatura”. 2 de Mayo de 2012.
Desde www.elespectador.com
*Revista Semana. 2012. “El Consejo Superior de la Judicatura se niega a morir”. 23 de Mayo de 2012.
Desde www.semana.com
44
Finalmente se debe señalar que resulta alentador que se piense con fuerza
en la actualidad sobre la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura,
ya que no es de buen recibo que sea esta corporación, la encargada de velar
por el correcto ejercicio del derecho, y al mismo tiempo esté implicada en
asuntos donde se ponga en entredicho su debido proceder.
45
3. ETICA PROFESIONAL, LA REFORMA A LA JUSTICIA Y EL
COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS.
El tema de la ética profesional del abogado no ha sido un tema olvidado en
el panorama nacional. En su momento fue puesto a consideración del
Congreso por iniciativa del Consejo Superior de la Judicatura, para la
expedición de la Ley que es hoy el Código Disciplinario del Abogado en
Colombia, y actualmente es el Congreso quien estudia la conveniencia o no
de la continuidad de esta institución, el Consejo Superior de la Judicatura,
como vigilante de la conducta ética de los abogados, bajo el esquema
planteado en la actual reforma a la justicia, que entre sus apartes incluye la
posibilidad de crear el Colegio Nacional de abogados, entidad que asumiría
el rol disciplinario del Consejo Superior de la Judicatura, y que por tanto es
de necesaria importancia referir en esta investigación, toda vez que la
aparición de este colegio permite una nueva forma de velar por el correcto
proceder disciplinario en las actuaciones de los abogados, lo que en últimas
se traduce en la búsqueda constante, en este caso estatal, de lograr que los
profesionales del Derecho cumplan íntegramente con su función social.
Las colegiaturas de abogados serían entonces, instituciones en donde
deberán estar inscritos los profesionales del derecho que se desempeñen
como litigantes, que actúen en nombre y representación de personas como
requisito indispensable para sus actuaciones ante las autoridades judiciales,
civiles o entidades públicas, y que serán autorizadas, controladas y vigiladas
por el Consejo Superior de la Judicatura. Lo anterior, se encuentra plasmado
46
en la gaceta del Congreso numero 436, proyecto de ley 13 de 2010 del
Senado10
Los principales motivos de esté proyecto de Ley fueron:
Con el reconocimiento y autorización de funcionamiento de estos
colegios o asociaciones de abogados, se contribuye para que exista
un verdadero control para el ejercicio del litigio ya que por intermedio
de estos colegios se le facilitará la labor al Consejo Superior de la
Judicatura que podrá llevar una real y verdadera estadística de
cuántos abogados titulados se dedican en forma exclusiva al ejercicio
del litigio, lo mismo que podrá identificar fácilmente cuáles son las
tarjetas profesionales que se deben dar de baja por muerte del
litigante y que hasta la presente le ha sido imposible determinar;
además, que se estaría previniendo el riesgo de que se utilicen
tarjetas profesionales falsas, o evitar que actúen los abogados
sancionados disciplinariamente.
Según la exposición de motivos, lo más importante de este proyecto
es que se está contribuyendo con el principio de solidaridad, para
que los profesionales se asocien o agremien y así rescatar la
dignidad y respeto en el ejercicio de la profesión, logrando que
tengan como mínimo el derecho a la seguridad social integral que
ordena la ley y que a través de estas organizaciones se establezcan
programas de capacitación y profesionalización basados en la
10 Congreso de la República. 2012. Proyecto de ley 13 de 2010. 20 de Julio de 2010, desde,
http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gaceta.mostrar_texto?p_tipo=05&p_numero=13&p
_consec=26143
47
experiencia práctica y retroalimentación de la información, lo que
contribuirá, a presentar propuestas que mejoran el servicio público
de la judicatura.
Finalmente y refiriéndose al tema que nos compete en ésta
investigación, el proyecto de ley 13 de 2010 tiene como punto
importante la exigencia de establecer dentro de los estatutos de cada
una de estas organizaciones un alto Tribunal de Ética, integrado por
tres (3) de sus afiliados con experiencia superior a 10 años de
ejercicio profesional, quienes serán elegidos en forma independiente
de los órganos de dirección por la mayoría de los afiliados, el cual
tendrá como función resolver los conflictos internos de convivencia,
de violación a los propios estatutos y los conflictos que se presenten
con integrantes de otras organizaciones similares, dejándosele la
potestad al Consejo Superior de la Judicatura para que si lo
considera necesario solicite a dicho Tribunal concepto o información
sobre la formulación de queja por violación al régimen disciplinario y
así facilitar su tarea para que con fundamento en la repuesta se
determine si se dicta o no auto de trámite de apertura de proceso
disciplinario conforme a la ley.
Es indiscutible entonces, que la creación de estos organismos contribuye
con la cuestionada función del Consejo Superior de la Judicatura. Sumado
a esto, varias voces se unen para apoyar esta creación, como por ejemplo
la del presidente de la Corte Suprema de Justicia Jaime Alberto Arrubla
Paucar quien señala que la “Disciplina de los profesionales del Derecho
debe estar en cabeza de Colegios de abogados” razón por la cual
propone como obligatoria la colegiatura para el ejercicio profesional. Aunque
pueda pensarse que al ser los abogados los propios jueces disciplinarios se
48
prestaría a encubrimientos o relajamientos de las conductas de los
profesionales que ejercen el Derecho, por el contrario sería esa misma
circunstancia la que permitiría que siendo los mismos abogados los que
asuman el conocimiento de los procesos disciplinarios, las conductas de los
profesionales del Derecho se ajustarán, con más rigor a los cánones éticos y
de corrección, pues han de saber que sus pares profesionales son las
personas que vigilarán su comportamiento y los que han de velar
directamente por el prestigio de la abogacía.
Igualmente, la corporación Colegio nacional de abogados en su página de
internet abogadoslitigantes.org señala basándose en los conceptos de las
asociaciones internacionales de abogados, como la Asociación Internacional
de Abogados (International Bar Association, „IBA‟ por su nombre en inglés)
que es la organización líder a nivel mundial de los profesionales del derecho,
colegios/asociaciones de abogados y sociedades de abogados. Esta, es una
organización independiente no política y sin ánimo de lucro, y sus
integrantes están divididos en 30.000 personas naturales y 195 colegios y
sociedades de abogados de todas partes del mundo. Además es importante
mencionar que la IBA a través de su trabajo en diferentes países del mundo
se ha posicionado como una organización de alta importancia proveyendo
asistencia en materias legales a la comunidad global. Señala que: “las reglas
internacionales con respecto al rol de los abogados estipulan que la disciplina
está relacionada con códigos profesionales de conducta y ética y las
alegaciones que estos hayan violado deben ser resueltas con justicia y
expeditamente. La asociación de abogados tiene un interés crucial relativo al
49
mantenimiento de los estándares profesionales y consecuentemente debe
tener un rol principal en los temas disciplinarios”.11
Con lo anterior, se demuestra como el tema de la ética y sobre todo el del
control disciplinario de los profesionales del Derecho, goza de principal
interés por parte de las autoridades del país ya que tanto el Congreso como
miembros de las altas Cortes, incluso el mismo gabinete presidencial al
proponer la reforma a la justicia, establecen la necesidad de crear las
colegiaturas de abogados que reconocen como uno de sus fines principales
la observancia de la adecuada conducta de los profesionales del derecho,
propendiendo en últimas al resurgimiento de una nueva percepción social de
los abogados en Colombia.
11 Abogado litigante. 2012. La Colegiatura de abogado. 2011, desde,
http://www.abogadolitigante.org/index.php?option=com_content&view =article&id=38:la-
colegiatura-de-abogado&catid=14:opinion&Itemid=24
50
4. PERCEPCIÓN CIUDADANA EN EL VALLE DEL CAUCA SOBRE
EL CUMPLIMIENTO DE LA ETICA PROFESIONAL DEL ABOGADO
EN ESTE DEPARTAMENTO.
4.1. Conocimiento de la ética de la profesión de abogado.
Si bien es cierto el objetivo principal de esta investigación es precisar cuál es
la percepción real que tiene la sociedad vallecaucana sobre los profesionales
del Derecho, a partir del análisis de la ética profesional de los abogados en
este departamento, implícito con ello está el hecho de entrever los motivos
que fundamentan dicha percepción, esto es encontrar las causas de tal
percepción negativa. De ahí, que puedan surgir una variedad de hipótesis,
entre las cuales están creer que la sociedad vallecaucana desaprueba a los
profesionales del derecho de su región por las repetidas faltas que estos han
cometido a su ética profesional, que según el informe de abogados
sancionados presentado por la sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo
Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, para el periodo comprendido
entre el año 2000 y el 2010 fue de un total de 578 abogados sancionados , o
estimar, que la sociedad vallecaucana tiene una equivocada percepción
acerca del deber ser de los abogados de su región debido al
desconocimiento que tienen de la ética de esta profesión, o suponer que
posiblemente, los profesionales del derecho del Valle del Cauca conocen
pero no aplican en su ejercicio profesional la ética que deben seguir para el
correcto ejercicio de su función, lo que genera una mala práctica de la misma
y por ende una negativa percepción por parte de la sociedad vallecaucana.
51
Lo anterior, se fundamenta principalmente en nuestra propia experiencia
como estudiantes de derecho, de un total de 75 materias de nuestro pensum
académico, tan solo una fue dedicada a la ética en su sentido más general, lo
que inmediatamente nos llevó a pensar que nuestra situación no debía ser la
única, y que sería importante y de gran ayuda para esta investigación,
cuestionar directamente a los abogados y a quienes se están preparando
para serlo, sobre el tema de la formación ética en las facultades de derecho
de la universidades de las ciudades de Palmira, y Cali, recordando que en
Buga no existen dichas facultades.
Así las cosas, de la encuesta realizada a estudiantes de las diferentes
facultades de derecho y a los abogados de los Municipios de Cali, Palmira y
Buga sobre la percepción que tienen acerca de la ética profesional y su
importancia en el desarrollo de sus carreras y profesión, se obtuvo la
siguiente información: de 100 personas encuestadas en universidades como
la Santiago de Cali, la Pontificia Bolivariana, la Libre, la Icesi, y la San
Buenaventura, el 100% afirma conocer que es la ética profesional, así como
la mayoría de los encuestados en un 98% aduce que éste elemento es un
factor importante para el desarrollo de la profesión, sin embargo, vale decir
que el 33% de la población encuestada no recibió en el desarrollo de su
carrera la cátedra sobre ética profesional, a pesar de esto, tal como ocurrió
con los resultados obtenidos en la encuesta realizada a las personas que no
tenían conocimiento en el área del derecho, los abogados y estudiantes de
esta profesión tienen claro en un 98%, las faltas en las que pueden incurrir
en el ejercicio de la misma, entre las cuales señalaron como las más
comunes: la deslealtad con los clientes y los colegas, el soborno, la falta de
honestidad, el incumplimiento de los compromisos, y el aceptar representar a
una parte en un litigio de una especialidad que no conocen, entre otros.
52
Igualmente se pudo constatar que para el 98% de los encuestados, es
importante que esta materia sea incluida en el pensum de las facultades de
Derecho, pero lo que más llama la atención fue que el 39% de los
encuestados consideró que un abogado si podía desprenderse de su ética en
el desarrollo de la profesión, esto porque principalmente consideran que
dicho desprendimiento se genera por el interés del abogado de obtener un
lucro económico producto del avocamiento de determinado negocio jurídico,
siendo entonces, para los encuestados, los intereses económicos más
importantes que los deberes morales para los que ejercen esta profesión.
Para finalizar, esta es la percepción que consideran 37 abogados y 63
estudiantes de derecho que tiene la sociedad frente a su profesión,
porcentajes que fueron considerados, después de calcular el tamaño de la
muestra de base, la cual tiene en cuenta principalmente, la prevalencia
estimada de la variable (que en este caso fue de la percepción del abogado
en los municipios de Cali, Buga y Palmira), el nivel deseado de fiabilidad (que
para el caso concreto es del 95%) y el margen de error aceptable (en este
caso del 5%). De esta manera resulta una muestra de 123 UPMs (unidades
primarias de muestreo).12 Igualmente debe señalarse que se utilizó un
muestreo aleatorio simple, que es el recomendado para este tipo de
investigaciones sociales, ya que le da la oportunidad a cada uno de los
miembros de la población de ser elegidos y tomados como muestra.
Específicamente la encuesta que se aplicó a profesionales y estudiantes de
Derecho, se basó en que quienes fueran encuestados tuvieran
conocimientos jurídicos, independientemente de si eran o no profesionales
en la materia, por tal motivo, en el resultado final se tiene la respuesta de 37
12
Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura (IFAD). 2012. Cálculo del tamaño de la
muestra. Recuperado de http://www.ifad.org
53
abogados y 63 estudiantes de derecho, teniendo en cuenta que la muestra
fue aleatoria. Por último, en las encuestas que se realizaron, no se indagó
sobre el origen de los encuestados, solo se tuvo en cuenta que se
encontraran en las ciudades donde se aplicaron las mismas, es decir, en
Cali, Buga y Palmira.
GRAFICA Nº 9: PERCEPCIÓN QUE TIENE LA SOCIEDAD DEL VALLE DEL
CAUCA (MUNICIPIOS DE CALI, BUGA Y PALMIRA) FRENTE A LA
PROFESIÓN DE ABOGADO.
2%
28%
57%
13%
¿Cómo cree que es la percepción que tiene la
sociedad frente a la profesión de abogado?
EXCELENTE
BUENA
REGULAR
MALA
Fuente: creación de la presente monografía de grado.
La gráfica muestra que la percepción de los ciudadanos es regular, esto es,
negativa en más de la mitad de los encuestados, lo que sumado al trece por
ciento de quienes respondieron que es mala, suma un 70% de percepción no
favorable para los abogados en su práctica profesional, y tan solo un 30 por
54
ciento resultado de la suma del 28% de la percepción buena, y el
preocupante 2% relativo a las personas que consideran que es excelente la
percepción que tienen de los abogados. Lo que deja un panorama muy
delicado sobre el nombre de los profesionales del derecho en el Valle.
GRAFICA Nº 10: CONOCIMIENTO DE LA ETICA PROFESIONAL.
98%
2%
¿Sabe usted que es la ética profesional?
SI
NO
Fuente: Creación de la presente monografía de grado.
Desde otra perspectiva es vista la ética según las personas que conocen la
carrera del derecho, ya que en principio por lo menos a la pregunta de si
conocen qué es la ética profesional, quienes cuentan con conocimientos
jurídicos, responden por fortuna que sí, en un 98%, mientras que el 2%
restante dice no conocer el término. Situación que aunque muy baja en
relación a quienes si tienen conocimiento de ella, deja el interrogante de la
manera en que ese 2% de los encuestados ejercen o ejercerán su profesión.
55
GRAFICA Nº 11: ENSEÑANZA DE LA ETICA PROFESIONAL DEL
ABOGADO.
33%66%
En el desarrollo de su carrera ¿recibió usted la cátedra sobre
ética profesional?
SI
NO
Fuente: creación de la presente monografía de grado.
En la gráfica explicada anteriormente se mostró como el 98% de las
personas que cuentan con conocimientos jurídicos conocen que es la ética
profesional del abogado. La presente gráfica nos muestra como a pesar de
que más de la mitad de los encuestados responde que no ha recibido la
cátedra de ésta materia en su universidad, esto es, un 66%, por la gráfica
anterior sabemos que por lo menos si la conocen. El 33% de los encuestados
restantes si la recibieron, que sigue siendo una porcentaje muy distante del
100% que debería ser el ideal.
56
GRAFICA Nº 12: CONOCIMIENTO DE LAS FALTAS ETICAS EN LAS QUE
PUEDE INCURRIR UN ABOGADO.
98%
2%
¿Conoce usted cuáles son algunas de las faltas éticas en las que puede incurrir un abogado?
SI
NO
Fuente: creación de la presente monografía de grado.
Según datos recogidos en la encuesta, el 98% de las personas que conocen
del Derecho saben cuáles son las faltas en las que pueden incurrir en el
ejercicio de ésta profesión. Sin embargo estas respuestas fueron
confrontadas con las respuestas a otra pregunta abierta que era parte de la
misma encuesta en la que se interrogó acerca de cuáles exactamente
conocían. Pregunta en la que se recolectaron respuestas muy generales y
abstractas diferentes a las que contemplaba en su momento el decreto 196
de 1971 y hoy el Código Disciplinario del Abogado Ley 1123 de 2007, como
por ejemplo la deslealtad con el cliente o la corrupción, entre otras.
57
GRAFICA Nº 13: IMPORTANCIA DE LA MATERIA DE ETICA
PROFESIONAL EN EL PENSUM ACADEMICO DE LAS UNIVERSIDADES.
98%
2%
¿Cree usted que es importante que esta materia sea incluida en el pensum de las facultades de
Derecho?
SI
NO
Fuente: creación de la presente monografía de grado.
Los profesionales del derecho y quienes se preparan para el ejercicio de
ésta profesión son en 98% conscientes de la importancia que tiene la
inclusión de la materia de ética profesional del derecho como guía de su
proceder en las actuaciones que desempeñe en su ejercicio profesional.
Lamentablemente no para todas las personas es evidente esta importancia y
por eso un 2% de los encuestados, no encuentran que sea necesario
realizar dicha inclusión.
58
GRAFICA Nº14: LA ETICA EN LA PROFESIÓN DEL ABOGADO.
39%61%
¿Considera usted que un abogado puede desprenderse de su ética en el desarrollo de
su profesión?
SI
NO
Fuente: creación de la ética en el desarrollo de su profesión.
Finalmente los abogados y quienes se preparan para serlo, consideran en un
39% que se pueden desprender de su ética en el ejercicio de su profesión.
Lo que genera opiniones divididas acerca de su deber disciplinario y lo que
estarían dispuestos a hacer en ese ejercicio. Tan sólo un 61% de los
encuestados consideran que no. Lo preocupante es reflexionar cómo, si el
98% de los que conocen del derecho, dicen que saben que es la ética
profesional, el 39% de los mismos aduce que pueden separarse de ella
cuando desempeñan su labor.
Aun así, los resultados de esta encuesta deja varios interrogantes como:
¿Quiénes aducen conocer del derecho, conocen también el componente
ético que debe guiar todo el comportamiento profesional del abogado?, ¿Es
suficiente la enseñanza y formación ética que los estudiantes reciben durante
los estudios de la carrera de Derecho? ¿Es esa misma enseñanza, en la
59
estructura del plan de estudios la que genera el desconocimiento en ésta
materia?, toda vez, que pareciera que quienes han sido educados en el área
del Derecho conocen que existen unas faltas en las que pueden incurrir,
hablando directamente de faltas éticas en el ejercicio de su profesión, a
pesar de que en realidad no logran demostrarlo, ninguna de las encuestas
refiere la existencia de una ley, ni decreto en donde se estipulen dichas
faltas, ni mucho menos que las faltas sean precisamente disciplinarias; las
respuestas de los encuestados fueron repetitivas y de contenido abstracto,
ya que ningún tipo de falta fue descrita de la manera en que se describe en el
código disciplinario. Algo que llama mucho la atención, es la respuesta casi
sistemática a la que llegan cuando se les cuestiona sobre si conocen las
faltas a la ética profesional, logra desvanecerse al constatar que de 100
respuestas en las que pudieran haber sido cualquiera de las 46 faltas
disciplinarias de que habla la Ley 1123 de 2007 contestadas, los
encuestados tan solo recordaron seis de forma repetitiva. Lo que pareciera
entendible al recordar el 33% que no recibieron dicha cátedra de ética
profesional, pero no justificable al recordar la función social y el compromiso
personal que asume cualquier abogado.
Entonces tales resultados llevan a inferir que los profesionales del derecho
en el departamento del Valle del Cauca, cuentan con pocas posibilidades
para acceder al conocimiento de la ética profesional a lo largo de su
enseñanza como abogados. Este conocimiento pareciera que se ha dejado a
la libre disposición de cada profesional del derecho de adquirirlo, lo que
conlleva a una noción difusa de esta materia y específicamente de las faltas
precisas en las que pueden incurrir en el ejercicio de su profesión. A pesar
de esto, en su gran mayoría los abogados reconocen la importancia de la
enseñanza de la ética profesional, pero sigue siendo preocupante que casi
60
sean la mitad de los encuestados quienes consideran que se pueden separar
de su ética en el ejercicio de su profesión.
El desconocimiento entonces de las faltas y de las sanciones que trae el
Código Disciplinario repercute en que quienes estudian y tienen conocimiento
del Derecho consideren que se pueden separar de la ética profesional
cuando están actuando como abogados, ya que de ninguna manera quien
conozca de las faltas y especialmente de unas sanciones puede insistir en
ser acreedor de ellas.
Hablar de la ética profesional del abogado con los directores de programa de
las facultades de Derecho de los municipios de Cali y Palmira, permitió en
esta investigación la recopilación de ideas con relación a la poca enseñanza
y además escasa concientización del Código Disciplinario del Abogado en los
estudiantes de derecho, una de estas fue que mas allá de la cátedra de ética
profesional del abogado que debe ser impartida obligatoriamente según
directrices del ministerio de educación en las facultades de derecho de todo
el país, es que los estudiantes tengan la posibilidad de llevar a través de los
consultorios jurídicos la representación en casos donde sus futuros colegas
están siendo investigados por faltar a su ética profesional, lo que permitiría
un acercamiento mas real con la situación y en últimas la ejemplificación de
las consecuencias que conlleva un incorrecto proceder, desde la época en
que se está formado al abogado en su vida profesional. La idea fue aportada
por la doctora Diana Catherine Cuervo Segura, directora del programa de
Derecho de la Universidad San Buenaventura seccional Cali.
61
4.2. Estudio estadístico del cumplimiento de la ética profesional del
abogado en el Valle del Cauca.
Uno de los objetivos que se plantearon al inicio de esta investigación, fue
analizar las estadísticas del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del
Cauca sobre la cantidad y naturaleza de los procesos disciplinarios que se
han adelantado en los últimos diez años sobre faltas a la ética profesional y
de violaciones al código del régimen disciplinario del abogado en el
departamento. Fue en la recopilación de estos datos donde se pudieron
constatar diferentes situaciones como por ejemplo la cantidad de abogados
sancionados en el Valle del Cauca, el motivo por el que fueron sancionados,
y la naturaleza de la sanción que les fueron impuestas. Otra de estas
situaciones, fue la proporcionalidad de sanciones por faltas disciplinarias
según el género de los abogados.
Igualmente con estadísticas aportadas desde el departamento de Registro
Nacional de abogados del Consejo Superior de la Judicatura con sede en
Bogotá,13 se pudieron constatar otras situaciones relacionadas con el Valle
del Cauca. Una de ellas es que del total de abogados inscritos en Colombia
tan sólo el 0.3% corresponde al número de abogados sancionados en el
Valle del Cauca en la primera década del siglo XXI. Realidad que permite
entrever una situación fáctica muy distante a la imagen pública con la que
cuentan los abogados en el departamento. Finalmente se pudo establecer
desde estas mismas estadísticas que de la totalidad de abogados que del
año 2000 al 2010 fueron sancionados, tan solo el 3.8% pertenecen al
departamento del Valle del Cauca, lo que demuestra un bajo porcentaje de
13
Información obtenida de Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura el 11
de Abril de 2012.
62
infracción en el departamento comparado con la situación del país, al no
llegar siquiera a la décima parte del porcentaje de abogados sancionados en
Colombia, en ese periodo de tiempo y por ende permite determinar, un alto
grado de cumplimiento en este departamento de la ética profesional del
abogado.
4.2.1. Faltas cometidas contra la ética profesional del abogado según el
género.
De un total de 578 sancionados en el Valle del Cauca en la primera década
del Siglo XXI tan solo el 27.7 % son mujeres, esto es 160 de los
sancionados, mientras que los 418 restantes son hombres. Dato importante
toda vez que en el ejercicio logrado por las encuestas realizadas a las
personas del común, misma que en capítulos siguientes, será analizada, se
puede corroborar como en el momento de conceptuar sobre la profesión del
Derecho, se hace de forma generalizada, sin tener en cuenta ninguna
variable adicional, como por ejemplo este dato aquí encontrado, que es de
gran valor, al denotar que aún cuando son de los dos sexos los infractores de
los deberes disciplinarios, es mas concurrente la infracción proveniente de
hombres que de mujeres. La siguiente gráfica permite la comparación entre
hombres y mujeres sancionados desde el año 2000 hasta el año 2010.
63
GRÁFICO Nº 15: ABOGADOS SANCIONADOS POR FALTAS
DISCIPLINARIAS SEGÚN EL GÉNERO.
72,30%
27,70%
SEXO DE LOS SANCIONADOS
HOMBRE
MUJER
Fuente: Sala Disciplinaria. Consejo Seccional de la Judicatura de Cali.
4.3. Estado de la enseñanza de la ética profesional del abogado en
algunas facultades de derecho del Valle del Cauca.
Se ha explicado la ética profesional del abogado de forma general, centrada
en Colombia, y más específicamente en el Valle del Cauca, y de la relación
que hay entre esta, la sociedad, el abogado y el futuro profesional del
Derecho. Sin embargo falta un actor de gran importancia en toda esta
investigación, el mismo que les da vida a todos y cada uno de los
profesionales de derecho que ejercen en nuestro país, y al que directamente
se le ha encomendado la misión de formarlos de la manera que corresponde.
Este no es un solo actor, son varios, pues corresponde a todas las facultades
64
de derecho de nuestro país, específicamente para nuestra investigación las
del Valle del Cauca.
En este orden de ideas, era importante escuchar a las mismas facultades de
derecho que existen en los tres municipios vallecaucanos investigados. Vale
la pena, anotar, que en los municipios de Cali y Palmira específicamente,
dado que en Buga no existe facultad de derecho. Se entrevistó a dos de los
directores de programa de las facultades de derecho, quienes al ser
cuestionados sobre el lugar que tenía la ética profesional del abogado en sus
respectivos planes de estudio, respondieron:
En la facultad de Derecho de la Pontificia universidad Bolivariana,
seccional Palmira, la enseñanza de la ética profesional hace parte de
una complejidad de tres ciclos en los cuales se imparten
conocimientos de humanismo, cultura, valores, ética general y ética
profesional, sin embargo, la materia que nos ocupa que es la ética
profesional, de los tres ciclos anteriores es la única que no es
obligatorio cursar y que se ofrece como una optativa que pueden
elegir los estudiantes en su noveno semestre, junto a otras optativas
de derecho público y privado. Sostiene el director académico de esta
facultad de Derecho, que el espacio que se le da a la materia de
ética profesional en el pensum académico, es suficiente, ya que
además la universidad al ser dirigida por una comunidad religiosa,
cuenta con enseñanza impartida por sacerdotes, y un rector que, es
elegido por el Papa, lo que hace a su enseñanza una enseñanza
integral.14
14
Universidad Pontificia Bolivariana. 2012. Programa Académico. 11 de Diciembre de 2011, desde,
http.//www.upb.edu.co
65
Igualmente, se tomó el concepto del doctor, William Lema coordinador
académico de la facultad de Derecho de la Universidad Santiago de
Cali, quien explicó como en esta universidad al igual que en la
anterior, la materia de ética profesional se elige como una electiva;
pero ya no en noveno sino en segundo semestre, junto a otra materia
llamada medios de comunicación. Para él, la manera en que se
enseña esta materia y el espacio que se le da dentro del pensum
académico no es suficiente, en sus palabras, la ética profesional no se
debe dar como electiva, ni mucho menos enseñarla en un solo
semestre, por el contrario debería analizarse durante toda la carrera el
Estatuto de ética del abogado, aun cuando esta universidad
profundiza esta materia, en otra llamada gobierno y pensamiento
latinoamericano, electiva de noveno semestre.15
Es importante señalar que en la Universidad de San Buenaventura
seccional Cali, existe la materia de ética de manera general, según el
plan de estudios del año 2008 – II, como materia obligatoria en
decimo semestre. Hablando con su directora de programa, la doctora
Diana Katherine Cuervo, de la ética profesional del abogado
bonaventuriano, ella especifica que la inclusión de esta asignatura en
el pensum académico, es una exigencia del Ministerio de educación
en materia de formación de abogados, además la ética hace parte del
componente institucional en donde la formación humanística es el
componente central por ser además una universidad católica. Por este
motivo, la materia no la dictan necesariamente abogados, sino
personas con formación en ciencias sociales. Por último debe
15
Universidad Santiago de Cali. 2012. Plan de Estudios Programa de Derecho. 11 de Diciembre de
2011, desde, http.//www.usc.edu.co
66
mencionarse que el motivo por el cual se imparte la materia en decimo
semestre es tener en cuenta la madurez profesional del estudiante
pensando que ese es el mejor momento para tener una reflexión ética
porque es ahí donde hay mayor capacidad de argumentación y
percepción.
Lo anterior es un reflejo de cómo hoy, tanto en el Valle del Cauca como
seguramente en toda Colombia, a diferencia de lo que ocurría en el pasado,
no son pocos, sino muchos los abogados que se profesionalizan por un
cumulo de lecciones que finalizan con una merecida graduación; lecciones
en las que muy pocas veces es recordada, como se pudo apreciar, la ética
profesional, olvidando que es seguramente la lección más importante, para
ese abogado que emitirá un sinfín de conceptos y tendrá otras tantas
intervenciones dentro de un proceso en el que se tomará una decisión. Lo
que por tanto crea a un profesional técnico; pero no íntegramente educado,
conocedor exegético de la norma y de su aplicación metódica, que omite el
componente ético como precedente de cualquiera de sus actuaciones, pues
como bien se ha encontrado existe poca ilustración respecto de la materia.
A partir de esta situación entonces, es que parece lógico que los abogados
sean generadores de sentimientos encontrados por parte de quienes
visualizan su profesión, ya que precisamente esa variedad de saberes, con
los que nos graduamos hoy permiten que la gran mayoría de decisiones
estén direccionadas por nuestro saber profesional, pero escasas veces por el
deber profesional. Lo que reitera la reflexión del Doctor Martin Agudelo
Martínez, pues el Derecho de hoy, es un Derecho que poco a poco va
perdiendo su humanidad. (AGUDELO, M. 2001)
67
4.4. Los estudiantes de derecho y la formación integral de su
profesión.
Tal como ocurre cuando las personas comúnmente señalan que los niños
son el futuro de la sociedad, en Derecho podríamos decir que somos los
estudiantes los responsables de desvirtuar el desprestigio de nuestra
profesión, idea para la que algunos autores se han permitido señalar
determinas conjeturas acerca de lo que puede ocurrir cuando se evidencia
una mala práctica de esta profesión y el deber ser de la misma. Al respecto
señala el doctor ELIAS DIAZ, en su libro sociedad entre el Derecho y la
justicia: “la norma justa o el juez recto e incorruptible que se enfrenta con la
Ley en la mano al poderoso que pretenda la injusticia y arbitrariedad es, así,
un modelo no solo ideal sino también real, que legitima al Derecho, frente al
anti modelo también real, de la ley tramposa y opresora, aplicada por
picapleitos sin escrúpulos y jueces venales que desprestigian y, sin duda,
contribuyen a deslegitimar el Derecho… Ese prestigio o desprestigio del
derecho implica legitimación o deslegitimación del mismo; es decir, adhesión
y aceptación, o por contrario, negación y rechazo. Depende una u otra actitud
de cómo sea visto el Derecho, justo o injusto”. (DIAZ, 1982, CITADO EN:
AGUDELO, M. 2001)
De esta manera, tal como refiere el autor Elías Díaz, puede pensarse que es
cada profesional del derecho quien directamente está encargado de
legitimar o no al Derecho. Sin embargo, al respecto deben hacerse varias
anotaciones, como por ejemplo el hecho de que hoy el estudiante de
Derecho está siendo educado de forma promiscua para que se desenvuelva
en cualquier especialidad del derecho, ya sea civil, familia, comercial, laboral,
68
penal, entre otras; y para que seguramente en un futuro y luego de graduarse
se decida por una de tantas y se profesionalice en determinada especialidad.
Los programas académicos de las facultades de Derecho en el Valle del
Cauca refieren un gran número de materias, las cuales servirán para cumplir
el objetivo que anteriormente mencionamos.
En consecuencia, el estudiante es educado de forma que pueda enfrentar
los diferentes conflictos de la vida real, y llegar a verdaderas soluciones. A
pesar de esto, como ya se mencionó, se encuentra esta materia como una
optativa que se puede cursar al haber sido elegida entre otras materias de
contenido netamente jurídico, excepto los casos de la Universidad Pontificia
Javeriana de Cali, y la Universidad de San Buenaventura seccional Cali, en
donde esta materia es obligatoria dentro del plan de estudios y además es
reforzada por contenidos de ética general. Porcentaje que no es alentador
dentro de un panorama de ocho universidades que prestan el servicio de
educación en derecho, situación que abre una brecha importante, entre lo
que es el deber ser del abogado y la formación en valores y principios
morales inculcados desde el hogar, tal como lo sugieren las personas del
común que no han sido educados en la profesión del derecho.
Esto porque las universidades no han apreciado la importancia de dictar una
cátedra como lo es, la ética profesional, y entonces, ¿a qué se refieren las
universidades con la formación integral de sus estudiantes?
La Universidad de San Buenaventura, seccional Cali, plantea como
principios y propósitos de formación de sus estudiantes de derecho, lo
siguiente: formar personas con altos valores éticos y morales, sensibles, con
capacidad de raciocinio, de comprensión, de análisis y de síntesis, con
interés investigativo y disposición a la innovación y al cambio. Se trata de
69
formar profesionales que aporten al desarrollo de la ciudad, la región y el
país con propuestas de emprendimiento desde lo jurídico y desde el año
2007, se enfatiza en la facultad de Derecho y ciencias políticas, en la
enseñanza de una ética profesional del abogado, basada en el estudio del
decreto 196 de 1971 y en la Ley 1123 de 2007, en concordancia con los
principios franciscanos.
La Universidad de San Buenaventura, además ha determinado como uno de
sus objetivos específicos, la potenciación del auto-aprendizaje, la capacidad
de desarrollo continuo, el desarrollo de competencias profesionales y
actitudes personales que le permitan desempeñarse en un medio cambiante,
mismo que logra, gracias a la educación que imparte a sus estudiantes en el
último semestre de su carrera, mediante la cátedra de ética y la posibilidad
de optar por la materia de ética dictada desde una perspectiva humanista y
con enfoque franciscano, además de esto dentro de ésta Universidad existe
un Comité de ética para la investigación que fue creado por Resolución de
Rectoría No. A871 del 17 de Noviembre del año 2010 para que actúe como
una instancia de asesoría, evaluación y debate en torno a los problemas
éticos que surgen alrededor de las actividades de investigación que adelante
la Universidad. El Comité está adscrito a la Vicerrectoría Académica, es
coordinado por el Centro Interdisciplinario de Estudios Humanísticos (CIDEH)
y trabaja en diálogo, e independientemente del Consejo de Investigaciones
de la Universidad. Además de esto tiene como funciones salvaguardar la
dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica y moral de quienes
participen en investigación o sean depositarios de los resultados de la
misma. Funciones que se desarrollan en tres momentos: antes de iniciar la
investigación, durante el desarrollo de la investigación y una vez concluida la
investigación. Finalmente, este comité promueve en la comunidad
70
universitaria la formación en ética de la investigación para la formulación,
evaluación, seguimiento, y cierre de los proyectos de investigación.
La dificultad de hoy, en las facultades de Derecho, de nuestro departamento,
es el hecho de pretender que sus estudiantes conozcan de todas las
especialidades, en un tiempo corto, que solo les permite saber cada vez más
de menos cosas. El estudiante entonces se acerca a la comprensión de la
técnica misma del Derecho, esto es, comprende cuales son los
procedimientos y datos básicos de cada materia, porque es precisamente lo
que se le enseña. La cuestión entonces radica en lo que no se le enseña.
Momento en el cual cobra sentido la inclusión de una materia como la ética
profesional, en palabras de los doctores Pedro Sagastegui y Martin
Sagastegui Bardales, profesores ambos de la facultad de Derecho de la
Universidad de San Martin de Porres de Perú: el abogado debe ser
entrenado no solo para saber hacer sino también para saber pensar, no
basta la práctica, con el riesgo de caer en un negativo pragmatismo. Es
necesario que, a través de planteamientos teóricos, y de un permanente
dialogue entre discentes y docentes, el futuro abogado, afine su capacidad
reflexiva. Es decir, se le debe capacitar a saber pensar para poder hacer.
(SAGASTEGUI, M. 2009)
De esta manera el abogado educado sabiendo que es lo que debe y no debe
hacer, comprenderán fácilmente, a través de conocimientos básicos del
Derecho como debe actuar en el momento de encontrarse ante un caso
desconocido.
Lo anterior no significa que en la Universidad, gracias al aprendizaje de la
ética profesional se suplan inmediatamente vacíos generados desde el hogar
y que seguramente debieron ser llenados en la educación básica, de los que
van a ser abogados. Pero si, que se puede forjar a través de la enseñanza de
71
la ética profesional, la reflexión constante de lo que debe ser un abogado. La
manera, no necesariamente es la apertura de una materia rígida en la que
se enseñe la ética como una más de las teorías que debe dominar un futuro
abogado. En cambio si, recomendamos que sea un componente infaltable en
todas las clases de Derecho, impartida de manera práctica en todos y cada
uno de los discursos y ejemplos de los docentes. Por ende, la Ley que
establece el código disciplinario del abogado, no puede tratarse como una ley
más, su comprensión debe ser tan precisa como los conocimientos básicos
en materia civil, comercial o laboral de un abogado. En palabras de los
doctores Pedro y Martin Sagastegui, es un importante deber de las
facultades de Derecho y de los colegios de abogados, preocuparse
seriamente y con sentido de responsabilidad de recordarle a los que ejercen
o han de ejercer la abogacía cuales son sus deberes. No es posible que en
ninguna de tales instancias se deje de impartir instrucción deontológica. No
hacerlo es contribuir a la degradación del menester profesional del abogado,
al deterioro social de su imagen a la pérdida de la fe en la justicia.
(Sagastegui, M. 2009.)
72
5. ESTADISTICAS DE LA IMAGEN SOCIAL DE LA ETICA DE LOS
PROFESIONALES DEL DERECHO EN EL VALLE DEL CAUCA:
DATOS OBTENIDOS EN CALI, BUGA Y PALMIRA.
5.1. Percepción del ciudadano común:
Si bien, fue el Valle del Cauca nuestro territorio escogido como muestra para
realizar esta investigación, se aclara que no es solo en este, sino en todos
los lugares en donde existen abogados, a los que de una u otra forma se les
ha señalado de violar la ética profesional, dando como resultado una mala
fama que pareciera que es generalizada, razón por la cual lo que se debe
indagar es ¿cuál es la percepción real que tienen las personas en el Valle del
Cauca sobre los profesionales del derecho, en cuanto a su ética?
Con el fin de responder a éste interrogante se realizó una encuesta que
permitiera analizar la manera en que se percibe al abogado en tres de las
ciudades más grandes del Valle del Cauca, 100 personas en Cali, Buga y
Palmira, 40, 20 y 20 personas respectivamente con edades que oscilan
entre 17 y 65 años, fueron encuestadas sobre la percepción que tenían del
abogado de su región a partir de su ética profesional, siendo estos los
resultados.
73
GRAFICA Nº 16: CALIFICACIÓN QUE OTORGAN LOS CIUDADANOS A LA
FORMA EN QUE SE EJERCE LA PROFESIÓN DEL DERECHO.
8%
23%
41%
23%
5%
Si le pidieran que calificará la profesión del derecho, conforme a la manera en que es ejercida en el Valle
del Cauca, ¿cómo la calificaría?
EXCELENTE
BUENA
ACEPTABLE
REGULAR
MALA
Fuente: creación de la presente monografía de grado.
El 83% de los encuestados aducen conocer la profesión mientras que los 17
% restantes dicen no conocerla. Aun así el 41% de ellos se atreve a calificar
el ejercicio del derecho en el Valle del Cauca, como aceptable, y tan solo el
8% como excelente, lo que significa, que la sociedad en general tiene un
grado de conocimiento deficiente de la carrera del derecho, aun cuando su
percepción refleja un ejercicio regular de la profesión, y que en la materia de
la ética profesional tampoco nos permite relacionar la percepción con la
realidad, pues tal como se anotó anteriormente, el cumplimiento de la ética
profesional del abogado en el Valle del Cauca es muy alto, y la sociedad que
desconoce los datos sobre la ética de la totalidad de abogados vallunos en
esta materia, lo califica como aceptable.
74
GRAFICA Nº17: CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN DEL ABOGADO.
22%78%
¿Cree que los abogados en el Valle del Cauca, ejercen su profesión
buscando siempre el orden social y la justicia?
SI
NO
Fuente: creación de la presente monografía de grado.
Además para un 78% de los encuestados, es extraño pensar en que en el
ejercicio de esta profesión, quienes la ejercen en su región busquen el orden
social y la justicia. Situación que es producto del mismo desconocimiento de
la profesión, ya que estas dos, mas allá de ser ideales personales de los
abogados, son funciones adjuntas al ejercicio de su profesión, y su
desconocimiento implica la incursión en faltas disciplinarias, de diferentes
tipos. El orden social y la justicia son valores que desarrolla la misma Ley
disciplinaria, a través de faltas y sanciones para quienes se alejen de estas,
teniendo entonces que los abogados en el Valle del Cauca, han cumplido
con su ética profesional no puede ser cierto tampoco como lo establecen las
75
respuestas de los encuestados, que no se busque en el ejercicio de la
profesional del derecho, el orden social y la justicia.
GRAFICA Nº 18: EFECTOS DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DEL
DERECHO.
82%
18%
¿En algún momento ha sentido que los abogados perjudican a la sociedad?
SI
NO
Fuente: creación de la presente monografía de grado.
En la encuesta existieron igualmente preguntas que permitieron recoger las
voces de los ciudadanos del común en diferentes municipios del Valle del
Cauca, sobre la opinión que tienen de la ética profesional del abogado de su
región en el ejercicio del Derecho. Una de ellas era preguntarles a las
personas en estos municipios, sobre si en algún momento habían sentido
que los abogados perjudicaban a la sociedad, a lo que el 82% de los
encuestados también consideran que los abogados perjudican a la sociedad,
y el 7% de estos considera que además no son necesarios estos
profesionales en la misma. A partir de estas respuestas además se pudo
76
constatar nuestra hipótesis inicial que era que efectivamente la sociedad
vallecaucana desaprobaba a los profesionales del derecho de su región, pero
no exactamente por las repetidas faltas que estos han cometido a su ética
profesional, precisamente por la situación que en estadísticas anteriores se
han podido constatar.
GRAFICA Nº 19: EL COMPONENTE ETICO EN LA ACTUACIÓN
PROFESIONAL DEL ABOGADO.
87%
13%
¿Considera usted que el elemento ético es un componente inseparable
de la actuación profesional de un abogado?
SI
NO
Fuente: creación de la presente monografía de grado.
El 87% de los encuestados responden que el elemento ético es un
componente inseparable de la actuación de un abogado, un 13% consideran
lo contrario. Al mismo tiempo fue posible determinar que para el 64% de la
población encuestada, no es ético que un abogado defienda a una persona
sabiendo que es responsable de los delitos que se le acusan.
77
Porcentaje que implica para los encuestados la confusión entre defensa y
absolución que son términos diferentes, ya que el derecho a la defensa no
supone pedir la absolución del acusado, tal y como lo ha considerado la
Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 16 de Octubre de 2003, en
donde señala que: “Quien tiene a su cargo una defensa penal, si lo hace con
responsabilidad, no está obligado a solicitar siempre y en todos los casos,
contra la evidencia de las pruebas, la absolución de su pupilo.” 16
Igualmente, estos resultados permiten establecer como a pesar del
desconocimiento real de las prácticas éticas de la profesión del derecho de la
sociedad vallecaucana, estos no desconocen que los abogados en el
ejercicio de su profesión no pueden separarse de su ética, que dado el
desconocimiento que tiene de la materia, puede referirse como una ética más
cercana a la moral, y que por esa misma situación, es decir, por el ya
mencionado desconocimiento, es que más de la mitad de la población
encuestada considera que un abogado no puede defender a un culpable.
Resultado que además se entrelaza con otro anterior, pensando en que no
puede cumplir un abogado con el orden social y la justicia un abogado que
no defiende a una persona en estas condiciones, pero que contrariamente
las personas consideran que si se lograría, toda vez que de seguir
cumpliendo el abogado con su deber legal, la sociedad seguirá erradamente
pensando que es por eso que no contribuye al orden social y a la justicia.
16 Sentencia del 16 de Octubre de 2003, Radicado No.19.743. Corte Suprema de Justicia. M.P: Álvaro
Orlando Pérez Pinzón.
78
GRAFICA Nº 20: CALIFICACIÓN CIUDADANA SOBRE EDUCACIÓN ETICA
DE LOS ABOGADOS.
4%
23%
41%
23%
7%
Calificación de la percepción que exista sobre la educación en ética
profesional de los abogados.
1
2
3
4
5
Fuente: creación de la presente monografía de grado.
La manera en que califica la sociedad a la educación de los abogados, en su
ética profesional, se hizo mediante la valoración de 5 para quienes
responden que efectivamente son educados en ética profesional, y de 1, para
quienes consideran que los abogados no están formados en ética
profesional, encontrando un alto índice de personas que consideran que son
correctamente educados y que la negativa percepción proviene del fuero
interno de cada individuo como ser humano independientemente de su
profesión. Así: de 100 encuestadas, siete respondieron que la calificarían de
excelente, 23 como buena, 41 como aceptable, 23 como regular, y finalmente
4 como mala.
79
También en esta encuesta fue posible determinar las faltas más comunes en
las que incurren los abogados según la percepción de las personas
encuestadas, y de las cuales se extraen las siguientes ideas: Falta de
información, defender cuestiones aun cuando vayan en contra de sus
ideales y su propia ética, no aconsejar en debida forma a sus clientes, la
corrupción, soborno, deslealtad con los compañeros, faltas contra la
administración pública, mentira, defender sus propios intereses, ocultar
información, ganar más dinero, falsedad, manipulación de la ley, cambiar
dinero por beneficios, desigualdad, no aplicar las leyes a la realidad, fraude,
sensibilidad humana, desconocimiento de la ley y falta de seriedad, entre
otras tantas percepciones que por su subjetividad no es posible
cuantificarlas, pero si establecer como patrón predominante el hecho de
relacionar con la indebida práctica del derecho, la deshonestidad y la
corrupción.
Finalmente los ciudadanos dejaron en la encuesta sus recomendaciones
para que los abogados de hoy puedan ejercer, de la manera en que más
convenga a la sociedad, señalando que los abogados no vean todo como
negocio, que defiendan a la persona que en realidad no es culpable, no al
que por necesidad tienen que defender, implementar más ayudas a la
sociedad, utilizar más la ética profesional, que sean honestos, que cuando se
les asigne un caso que saben que no es correcto, lo dejen, que lo primero
sea la sociedad y el bien común, que velen por los intereses del cliente, que
tengan en cuenta que la humanidad está por encima de los beneficios
económicos, que se sientan como si fuesen el doliente de la situación, que
trabajen por la justicia, la equidad y aportar a una mejor sociedad, que dejen
la avaricia a un lado, que atiendan a la crianza familiar y a los valores de la
casa, que tengan claro que por encima de todo el ejercicio de la profesión
deberá estar al servicio de los hombres y mujeres de nuestra sociedad,
80
independientemente de que puedan pagar o no por el servicio, se les
asesore con las mismas calidades conforme a la ley y sobre todo a lo justo.
Regirse por las normas y leyes siempre. Aplicar la objetividad y ejercer su
profesión con la verdad, entre otras.
De las respuestas dadas por los ciudadanos del común se pueden constatar
dos situaciones importantes, la primera, que existe una abstención respeto
de la profesión del derecho, que no permite ver ni siquiera la importancia que
tienen los abogados en la sociedad, abstención que comienza desde el
mismo desconocimiento que se tiene de la carrera, y que posibilita ideas
incorrectas y carentes de verdad con relación a lo que se supone es la buena
práctica de profesión. La segunda es que, los ciudadanos del común
rechazan las ideas de justicia y debido proceso al confundirlas con las
connotaciones de lo que es bueno y lo que es malo, hablando desde un
enfoque moral, lo que en ningún momento es posible pues los primeros son
principios aplicables a cualquier tipo de comportamiento independientemente
de las circunstancias o razones por la que haya actuado una persona que
está siendo defendida o los derechos que se estén reclamando en cualquier
proceso.
Además de estas dos situaciones importantes, también pudimos constatar
que para la mayoría de los ciudadanos, el supuesto incorrecto proceder de
los abogados está muy ligado a beneficios económicos adicionales a los que
debidamente podría ganarse un abogado en su labor. Existe por tanto una
idea generalizada de que los abogados ganan más de lo que deberían
ganarse por el ejercicio de su profesión y que dicho beneficio es buscado por
medios diferentes a los legítimos. Igualmente la mala práctica del derecho es
relacionada por los ciudadanos del común con delitos de los que pudiera ser
acusado cualquier ciudadano indiferentemente de su profesión, por ejemplo
el hurto, y con agresiones dirigidas sobre todo a sus clientes, es decir, a la
81
misma ciudadanía por acciones como no defender a una persona sin esperar
ese beneficio económico del que se hablaba anteriormente.
Por tanto podemos evidenciar por parte de la sociedad representada por los
ciudadanos que no tienen conocimiento en el área del derecho, que no es
que realmente desconozcan la importancia de éste, sino por el contrario, que
esperan acceder a los servicios de los abogados en diferentes condiciones
de las que están siendo atendidos, es decir, fundamentar la práctica del
derecho mas allá de la justicia en los preceptos de la moral.
5.1.1. La imagen social del abogado explicada desde un enfoque
psicológico:
El desarrollo de ésta investigación, permitió entrever tácitamente además de
la percepción social del abogado en el Valle del Cauca, algunas de las
causas que generan dicha percepción, entre esas, está la formación
profesional de los abogados, el mismo sistema en el que opera la
administración de justicia, el desconocimiento jurídico de la sociedad en
general, y otro que llama mucho la atención que es el comportamiento mismo
del ser humano, que es de alguna manera predecible en ciertas condiciones
y que es explicable dentro de la psicología como teoría de las masas.
Entender este fenómeno le permite a ésta investigación la posibilidad de
entrelazar la rama jurídica con el componente sociológico para finalmente
conectar al derecho con la humanidad, que según muchos ha perdido.
Además de esto, sirve para explicar que la percepción que en muchas
ocasiones tienen las personas, carecen de fundamento factico, esto es que
realmente hayan tenido una negativa experiencia con un abogado infractor
82
de las normas disciplinarias, por el contrario depende de una predisposición
del pensamiento según las condiciones en que se encuentra.
La psicología, ha estudiado como una de las características de los seres
humanos cuando se reúnen y piensan en colectivo es el hecho de su
exageración y la espontaneidad en sus sentimientos. (LE BON, G. 2004)
Gustave Le Bon profesional en esta materia sostiene:
“Tanto si los sentimientos exhibidos por una masa son buenos o
malos, en todos los casos presentan el doble carácter de ser muy
simples y muy exagerados. En este aspecto, como en tantos otros, un
individuo en una masa se parece a los seres primitivos. Incapaz de
distinciones sutiles, percibe las cosas como un todo y se vuelve ciego
ante las gradaciones intermedias. La exageración de los sentimientos
de una masa aumenta por el hecho de que cualquier sensación, una
vez exhibida, se comunica muy rápidamente por un proceso de
sugestión y contagio, aumentando considerablemente su fuerza por la
evidente aprobación de la cual es objeto.”
Pareciera desfasado el hecho de mencionar la teoría anterior, conocida como
teoría de las masas. Sin embargo esta cobra sentido cuando intentamos
comprender el por qué de una sociedad en la que ha sido tan abiertamente
descalificado el profesional del derecho. A pesar de que no desconocemos
los errores de muchos de nuestros colegas, hay situaciones que llaman
bastante la atención, y que a base de ejemplo es importante referirlas con el
ánimo de explicar, que las percepciones sociales en varias ocasiones no
tienen una base sólida, y sin embargo así siguen generándose.
83
Para muchas de las personas que fueron encuestadas y que desconocen el
derecho de forma profesional, consideran que hay comportamientos
profesionales inapropiados, tildados de corruptos, como el hecho de que un
abogado defienda a una persona que ha sido declarado como culpable por
alguna conducta punible. El abogado, a diferencia de lo que considera el
común de la sociedad, esto es la “masa”, tiene el deber y no la opción de
defender a aquella persona, ya que no hacerlo implicaría desconocer un
mandamiento superior de la Constitución política de nuestro país, que indica
que toda persona es inocente, hasta que no se demuestre lo contrario, lo
cual está íntimamente ligado al derecho a la defensa de cualquier persona. 17
El ejemplo permite reflexionar sobre lo que señala la Psicología y
cuestionarnos ya no como abogados sino como personas del común sobre la
manera en que estamos direccionando nuestras percepciones, ya que de la
misma forma en que es errada una percepción como la anterior, lo puede ser
el hecho de que conceptuemos sobre una profesión y no sobre unos
profesionales determinados con generalidades subjetivas.
17 Constitución Política de Colombia. Art. 29.
84
6. CONCLUSIONES
La ética profesional en Colombia en relación con los abogados está
claramente tipificada. El abogado a partir de 1971 gracias al Decreto 196
conoce su función social, la cual consiste en colaborar con las autoridades en
la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la
realización de una recta y cumplida administración de justicia. Fue a través
de este mismo decreto cuando se delimitaron para los profesionales del
derecho sus deberes, las consecuentes faltas en las que podía incurrir
cuando no cumpliera con estos y finalmente las sanciones a las que se
hacen acreedores. En la actualidad estos deberes, faltas y sanciones se han
codificado en una Ley que se ha titulado como Código disciplinario del
abogado. En el mismo, se establece que es el Consejo Superior de la
Judicatura y sus respectivos Consejos Seccionales quienes a través de sus
salas disciplinarias, deben encargarse de la investigación y posterior sanción
de los abogados que infrinjan los deberes propios de su profesión. Y que
desde su expedición ha logrado aportar a la celeridad en los procesos que se
adelantan para sancionar a los abogados que infrinjan sus deberes
profesionales por lo menos en el Valle del Cauca, según los datos del
Consejo Seccional de la Judicatura en su Sala Disciplinaria.
El cumplimiento de los deberes que les exige la ley a los abogados, permite
que estos puedan asumir comportamientos éticos o no, que a su vez son
observados y calificados por diferentes sectores de la población, como lo son
las personas que no poseen amplios conocimientos jurídicos, esto es,
personas del común, así como estudiantes y profesionales del derecho y
finalmente instituciones encargadas de la enseñanza de esta profesión.
85
Esta investigación permitió determinar la situación de la ética de los
abogados específicamente en el departamento del Valle del Cauca, durante
los últimos diez años, a partir de un estudio en tres de sus principales
municipios, como lo son Cali, Buga y Palmira; y que conjuntamente involucra
a los actores anteriormente identificados.
De esta manera se pudieron constatar las siguientes situaciones:
En Colombia nace el Consejo Superior de la Judicatura con la actual
Constitución política, con el fin de garantizar el autogobierno de la rama
judicial del poder público y mejorar el funcionamiento y la organización del
aparato estatal de la Justicia en Colombia. A su vez esta institución se ha
descentralizado en el ámbito regional en Consejos seccionales. Tanto en el
Consejo Superior como en los Consejos seccionales, existen dos salas por
medio de las cuales estos cumplen con sus funciones. Una que es la sala
administrativa y otra la sala disciplinaria, siendo la segunda de interés para
esta investigación. Pues es a través de la Sala Jurisdiccional disciplinaria que
se resuelven los procesos que por infracción a sus regímenes disciplinarios
se adelanten contra los funcionarios de la Rama Judicial, con la excepción de
aquellos que gozan de fuero constitucional, los abogados en el ejercicio de
su profesión y las personas que ejerzan función jurisdiccional de manera
transitoria u ocasional. Además de esto, las decisiones que se toman en
materia disciplinaria son verdaderas sentencias, no sujetas a posterior
estudio y pronunciamiento de otra jurisdicción, salvo que se accione en tutela
por haber incurrido en una vía de hecho.
La sala jurisdiccional del Consejo Seccional de Cali, ha sancionado el 7.5%
del total de sanciones impuestas por faltas disciplinarias de los abogados
entre el año 2000 y el 2010, lo que confronta el 70% de percepción
desfavorable que tiene la ciudadanía vallecaucana del ejercicio de los
86
profesionales del derecho de su región, tal como lo representa el siguiente
cuadro:
CUADRO Nº 2: PERCEPCIÓN SOCIAL DEL EJERCICIO DE LA ABOGACIA
EN EL VALLE DEL CAUCA EN COMPARACIÓN CON LA REALIDAD DEL
EJERCICIO DEL DERECHO EN EL DEPARTAMENTO Y EN COLOMBIA
DURANTE LA PRIMERA DECADA DEL SIGLO XXI.
PERCEPCIÓN SOCIAL
DEL EJERCICIO DE LA
ABOGACIA EN EL
VALLE DEL CAUCA:
CALI, PALMIRA Y
BUGA
NÚMERO DE
ABOGADOS
SANCIONADOS EN EL
EJERCICIO DE LA
PROFESIÓN EN EL
VALLE DEL CAUCA
(primera década del siglo
XXI)
NÚMERO DE
ABOGADOS
SANCIONADOS EN
EL EJERCICIO DE
LA PROFESIÓN EN
COLOMBIA
(primera década del
siglo XXI)
Se desaprueba el
ejercicio ético de la
profesión de los
abogados en el Valle del
Cauca en un 70%.
578 abogados fueron
sancionados en el Valle
del Cauca (únicamente el
3.8% de los sancionados
en Colombia)
El 1.4% de los
sancionados en el
departamento fueron
excluidos definitivamente
del ejercicio de la profesión
del derecho
7735 abogados
fueron sancionados
en Colombia (7.5%
de los abogados
inscritos en
Colombia,
(7735 abogados de
un total de 203.283)
Fuente: Registro Nacional de abogados, Consejo Superior de la Judicatura.
Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura de Cali.
Al día de hoy son 203.283 los abogados que se encuentran inscritos en el
Consejo Superior de la Judicatura, de la misma manera, de información
87
aportada por la esta institución son 7.735 los abogados que en toda
Colombia han sido sancionados desde el año 2000 hasta el año 2010, de ese
número de abogados, son 578 los que han sido sancionados en el Valle del
Cauca, es decir, que tan sólo el 7.5% de la población sancionada son
abogados pertenecientes a éste departamento. Y tan solo el 1.4% de esos
abogados sancionados en el departamento fueron definitivamente excluidos
de la profesión del derecho, significando esto que han perdido su tarjeta
profesional.
Además de esto se debe señalar que la situación que se mencionó
anteriormente permitió igualmente demostrar que la percepción social que
tienen los ciudadanos vallecaucanos de los profesionales del derecho,
carece de fundamento, por lo menos, desde el punto de vista disciplinario,
ya que conforme a los datos oficiales tanto del Consejo Superior de la
Judicatura como del Consejo Seccional de la Judicatura de Cali, no
corresponde el 70% de desaprobación de la ciudadanía del ejercicio del
derecho en el Valle del Cauca, al 7.5% de abogados sancionados
efectivamente comparados con los sancionados a nivel nacional. La cifra,
puede considerarse incluso mínima en relación con las sanciones existentes
en todo el país.
Al respecto se debe señalar que hoy en Colombia se atraviesa por una
compleja discusión sobre la eliminación o continuidad de este alto Tribunal,
debido a que esta entidad se ha visto involucrada en varios escándalos en la
actualidad, como un supuesto carrusel de pensiones. Debido a esto y a la
posible desnaturalización del fin con el que fue creado este Consejo en la
Constitución Política de Colombia, hoy se habla de la posibilidad de
establecer como obligatoria la creación e institucionalización de las
colegiaturas de abogados quienes asumirían la función disciplinaria del
88
Consejo Superior de la Judicatura. Posibilidad que para nosotras no es
coherente pues debe ser una entidad de alto rango nacional la que se
encargue de estas investigaciones y sanciones, que no necesariamente debe
ser estatal por razones que posteriormente pasaremos a explicar. Ahora
bien, no se desconoce el incuestionable aporte que brindaría la existencia de
colegiaturas de abogados a dicha entidad nacional que asuma la función
disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en el evento que prospere
su eliminación, pero también debemos señalar que nos acogemos a la
propuesta plasmada en el proyecto de reforma a la justica de crear un gran
Colegio Nacional de abogados, que haga las veces de tribunal de ética del
derecho.
Además se puede concluir que no son los deberes, ni las faltas, ni mucho
menos las sanciones disciplinarias, materia importante de enseñanza para
las universidades y facultades de derecho del Valle del Cauca, ya que en
éstas, aun cuando se imparten suficientes conocimientos teóricos acerca de
procedimientos comprendidos en el ordenamiento jurídico, como el penal,
civil, laboral o comercial, no se les explica ni se les insiste a los futuros
abogados, cuales son los deberes que asume al escoger y específicamente
ejercer su profesión, debiendo ser de primera necesidad el que éstos
apliquen su ética en el habitual desempeño de su profesión a pesar de un
mandamiento del ministerio de educación a nivel nacional. Aun así, fue
posible recopilar algunas propuestas, como la oportunidad de que los
estudiantes representaran a sus futuros colegas en procesos por faltas a la
ética profesional del abogado a través de los consultorios jurídicos. Situación
que aunque importante desafortunadamente no cuenta con el aval legal
respectivo, precisamente fue una propuesta lograda en la Universidad de
San Buenaventura, Seccional Cali, institución donde también desde hace
cuatro años, se insiste con la cátedra obligatoria de la ética profesional del
89
derecho, para los estudiantes de esta carrera haciendo énfasis en la ley 1123
de 2007 y el decreto 196 de 1971 que la reglamentan.
En la mayoría de los programas académicos actuales de las facultades de
Derecho vallecaucanas, específicamente en las de los municipios de Cali y
Palmira, la cátedra de ética profesional de los abogados, no es una materia
obligatoria, pues es ofrecida como una electiva que puede ser cursada por
un estudiante, al éste elegirla entre otras materias concernientes a las
especialidades básicas de la abogacía, excepto en las Universidades,
Javeriana y San Buenaventura seccional Cali, existiendo en esta última
Universidad, la obligatoriedad de cursarla y la posibilidad de ampliar el
conocimiento de esta materia, matriculando como electiva no profesional,
sino humanística a cargo de un centro interdisciplinario de estudios
humanísticos (CIDEH), dada la naturaleza franciscana de esta institución una
asignatura llamada ética, que brinda conocimientos de la ética general donde
se tratan temas como el origen de la ética, las virtudes, la deontología, el
kantianismo, el hedonismo, los valores y la responsabilidad social. Por lo
regular se brinda a estudiantes de cuarto semestre de cualquiera de los
programas de pregrado que ofrece esta universidad con el objetivo de
inculcar la ética, como apoyo para la formación humanística que se acoge a
la formación franciscana que se imparte en la universidad. Existiendo
además una particularidad, la cual es la existencia de un Comité de Ética de
la Investigación.
Lo anterior evidencia que aun cuando la ética para la mayoría de los
abogados, futuros profesionales del derecho y personas del común, es un
elemento inseparable de la práctica de cualquier profesión, pareciera que en
la mayoría de los casos para quienes están encargados de impartir los
conocimientos en Derecho dicha importancia no es tan evidente, como para
90
necesariamente convertir esta asignatura de ética profesional en obligatoria
a pesar de la exigencia del Ministerio de educación de hacer dicha inclusión.
Mucho se ha dicho siempre sobre los profesionales del derecho, ya que a
pesar de su necesidad e importancia se tiende a rechazar su ejercicio,
debido a la mala práctica que algunos de los abogados, en ocasiones han
demostrado. Hablar de las implicaciones sociales que tienen estos errores es
de gran valor, ya que desconocerlo sería no hacerle frente a una realidad
ineludible. Esta situación se refleja en otras circunstancias como en el hecho
de que tanto los abogados como las personas del común, no tienen
conocimiento de cuáles son las faltas en las que pueden incurrir los
profesionales del derecho. Así mismo, estas últimas tampoco conocen de la
existencia del Código disciplinario de los abogados. Tal desconocimiento
igualmente se manifiesta en el hecho de que para quienes no son abogados,
es incorrecto por ejemplo algunas prácticas, normales y necesarias en esta
profesión, como lo es el cumplimiento incondicional de nuestra Constitución
Política. Al entender estas, que defender a una persona culpable de alguna
conducta delictiva es una actuación inapropiada de los abogados cuando en
realidad es todo lo contrario, al ser el derecho a la defensa y el debido
proceso, derechos fundamentales no solo de los inocentes sino también de
quienes eventualmente no lo son.
Por todo esto, es que los abogados, por lo menos en el Valle del Cauca, no
gozan de una buena reputación, ya que además de ser desconocidas las
faltas a las que pueden incurrir de hecho los mismos abogados, no es
tampoco conocido por las personas del común cuáles son sus deberes, estas
últimas entonces han basado esta percepción en dicho desconocimiento,
creando una negativa imagen generalizada de quienes ejercen esta profesión
y una expectativa falsa de un abogado que busca la justicia basándose en la
91
moral. La sociedad conformada por quienes no conocen del Derecho, han
idealizado a un abogado que además de tener suficientes conocimientos
jurídicos lo aplique de la manera en que esa sociedad ha entendido lo que es
bueno, más allá de lo que es justo. Es por ese motivo que se pudo constatar
como la sociedad en general, tiene un grado de conocimiento deficiente del
derecho y una percepción aceptable del ejercicio del mismo. Lo que,
teniendo en cuenta el tema de la ética profesional no permite hacer una
relación cierta entre percepción social y realidad pues por las estadísticas
aportadas en ésta investigación, a pesar de que el cumplimiento de la ética
profesional del abogado en el Valle del Cauca es muy alto, la sociedad que
desconoce de la materia lo sigue calificando de forma regular.
De la misma manera fue claro como la sociedad también desconoce los fines
mismos de la abogacía, desconociendo que el orden social y la justicia son
valores inseparables del actuar de los abogados, y al mismo tiempo fuente
de desarrollo de la ley que contiene el Código Disciplinario. Ya que si los
abogados en el Valle del Cauca, han cumplido con su ética profesional no
puede ser cierto como lo arrojaron las encuestas, que no se busque en el
ejercicio de la profesional del derecho, el orden social y la justicia. El hecho
de que no se admita que los abogados cumplen con su función social,
principalmente en la preservación de la justicia y del orden social, repercutió
en que esa misma sociedad considerará que los abogados la perjudicaban.
Esto en últimas posibilitó la negación de la hipótesis inicial ya que las
personas en general consideran que los abogados son sancionados por
ganarse beneficios económicos adicionales a los que debidamente podría
ganarse en el ejercicio de su labor, por deshonestidad o corrupción cuando
las sanciones son en su mayoría impuestas según datos del Consejo
Seccional de Cali, por faltas procedimentales como la demora en los
procesos, y sumado a eso son los abogados sancionados en el Valle del
92
Cauca de los primeros diez años del siglo XXI, tan solo el 0.3% de la
totalidad de los abogados inscritos en Colombia.
Además de esto, las personas tienen una negativa percepción que carece de
verdad desde otros puntos de vista, diferentes a los que fueron propuestos
en la hipótesis que se tenía al inicio de ésta investigación, ya que no fue
tampoco consecuente, la reprobación de la ciudadanía en relación a la
realidad del comportamiento de los abogados en el departamento del Valle
del Cauca.
Esta situación que se presentó a lo largo de esta investigación, también nos
ha permitido constatar un fenómeno presente en las sociedades conocido
como “teoría de las masas”, que se caracteriza por la sugestión y
exageración de las personas cuando expresan algún sentimiento acerca de
algo, el mismo que se acrecienta dado la aprobación inmediata de la cual es
objeto. De esta manera las generalidades nunca son correctas, ya que
presentan el doble sentido de ser además de simples, exageradas, y
entonces se pueden presentar casos como el hecho de que en el Valle del
Cauca no sean en el mismo porcentaje infractores del código disciplinario
hombres y mujeres, pero que aun así, se les perciba como abogados y por
tanto la negativa percepción generalizada no tenga en cuenta dicha
distinción.
Pero, ni la falta de enseñanza de la ética profesional, ni su inexistencia como
cátedra en las facultades de derecho del Valle del Cauca, son las únicas
causas de la negativa percepción con la que cuenta esta profesión en el
departamento. A esto se suma el desconocimiento de la sociedad en general
de la tipicidad de las faltas y su respectiva sanción, la variable explicada en la
teoría o psicología de las masas, y el mismo hecho de hacer generalidades
que no denotan en ningún caso la realidad.
93
Esto en cuanto a la percepción que tiene la sociedad vallecaucana de la
profesión del Derecho, por otro lado están las propuestas que se han dado
sobre el tema, y dos de ellas han sido adoptadas al finalizar esta
investigación. A través de la cual hemos podido encontrar otros enfoques y
posibilidades de autores a los que también les pareció de gran importancia el
tema de la ética profesional específicamente hablando del Derecho, como lo
es la idea del doctor Oscar Humberto Gómez, autor que realiza la propuesta
de la creación de un Tribunal nacional de ética del abogado y del cliente, tal
como existe para otras profesiones como es el caso de la medicina, y que
posibilitaría dos situaciones trascendentales para el derecho, la primera que
es permitir que los abogados no sigan estando sometidos a tribunales
disciplinarios estatales ya que no todos tienen la calidad de servidores
públicos como si es el caso de magistrados y jueces, y la segunda, que al
estar integrado este tribunal por abogados de amplia experiencia en el
ejercicio de la profesión, se facilite la comprensión, dado que estos ya han
conocido la lucha diaria a la que se enfrenta cualquier abogado y por ende el
juzgamiento evite sanciones inapropiadas. La segunda propuesta es la
creación del Colegio Nacional de abogados en Colombia, dada la realidad
actual que atraviesa nuestro país y que afecta lo consignado en esta
investigación. En ese punto consideramos que se debe optar por entrelazar
las dos proposiciones en una que se complemente de forma ideal la cual
consiste en un Colegio Nacional de abogados que cuente entre sus
funciones con la de ejercer como Tribunal nacional de ética del abogado.
Estando entonces todos, sujetos a la posterior decisión de nuestro congreso
nacional de convertir en Ley el proyecto de Ley 13 de 2010, que cree la
necesidad de inscripción de los abogados en colegiaturas que hará más
peso y control en cuanto a esta profesión, al no poder ejercerse de una
manera tan individual e independiente, siendo mucho más vigiladas las
conductas profesionales de quienes ejercen como abogados apuntando al
94
perfeccionamiento del servicio profesional y el mejoramiento de la percepción
social que de estos se tiene.
95
INDICE DE GRAFICOS
GRÁFICO Nº 1: MARCO NORMATIVO UTILIZADO PARA DELIMITAR LAS
FALTAS Y LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS DE LOS ABOGADOS EN
LOS MUNICIPIOS DE CALI BUGA Y
PALMIRA…...………………………………………………………………………20
GRAFICA Nº 2: CANTIDAD DE ABOGADOS SANCIONADOS ENTRE LOS
AÑOS 2000 A 2010 EN EL VALLE DEL CAUCA……………………………..31
GRAFICO Nº 3: COMPARACIÓN DEL NUMERO DE ABOGADOS
INCRITOS EN COLOMBIA, CON EL NUMERO DE ABOGADOS
SANCIONADOS EN EL VALLE DEL CAUCA DURANTE LOS PRIMEROS
DIEZ AÑOS DEL SIGLO XXI ……………………………………………….…...32
GRAFICO Nº 4: COMPARATIVO DE ABOGADOS SANCIONADOS EN
COLOMBIA EN RELACIÓN A LOS ABOGADOS SANCIONADOS EN EL
VALLE DEL CAUCA ENTRE LOS AÑOS 2000 A 2010……………………....34
GRAFICA Nº 5: FALTAS MAS FRECUENTES AL DECRETO 196 DE 1971
EN EL VALLE DEL CAUCA.……………………………………………………..35
GRAFICA Nº 6: FALTAS MAS FRECUENTES A LEY 1123 DE 2007 EN EL
VALLE DEL CAUCA………………………………………………………………37
GRÁFICO Nº 7: SANCIONES IMPUESTAS A LOS ABOGADOS POR
FALTAS DISCIPLINARIAS……………………………………………………….38
GRAFICA Nº 8: SANCIONES DISCIPLINARIAS POR AÑO EN EL VALLE
DEL CAUCA (2000-2010)………………………………………………………..39
96
GRAFICA Nº 9: PERCEPCIÓN QUE TIENE LA SOCIEDAD DEL VALLE
DEL CAUCA (MUNICIPIOS DE CALI, BUGA Y PALMIRA) FRENTE A LA
PROFESIÓN DE ABOGADO…………………………………………………….53
GRAFICA Nº 10: CONOCIMIENTO DE LA ETICA PROFESIONAL………..54
GRAFICA Nº 11: ENSEÑANZA DE LA ETICA PROFESIONAL DEL
ABOGADO………………………………………………………………………....55
GRAFICA Nº 12: CONOCIMIENTO DE LAS FALTAS ETICAS EN LAS QUE
PUEDE INCURRIR UN ABOGADO……………………………………………56
GRAFICA Nº 13: IMPORTANCIA DE LA MATERIA DE ETICA
PROFESIONAL EN EL PENSUM ACADEMICO DE LAS
UNIVERSIDADES………………………………………………………….…….57
GRAFICA Nº14: LA ETICA EN LA PROFESIÓN DEL ABOGADO………..58
GRÁFICO Nº 15: ABOGADOS SANCIONADOS POR FALTAS
DISCIPLINARIAS SEGÚN EL GÉNERO………………………………………63
GRAFICA Nº 16: CALIFICACIÓN QUE OTORGAN LOS CIUDADANOS A LA
FORMA EN QUE SE EJERCE LA PROFESIÓN DEL DERECHO…………73
GRAFICA Nº17: CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN DEL ABOGADO……74
GRAFICA Nº 18: EFECTOS DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DEL
DERECHO……………………………………………………………...................75
GRAFICA Nº 19: EL COMPONENTE ETICO EN LA ACTUACIÓN
PROFESIONAL DEL ABOGADO……………………………………………….76
GRAFICA Nº 20: CALIFICACIÓN CIUDADANA SOBRE EDUCACIÓN ETICA
DE LOS ABOGADOS…………………………………………………………….78
97
CUADRO Nº 1: ORGANIGRAMA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA……………………………………………………………………...28
CUADRO Nº 2: PERCEPCIÓN SOCIAL DEL EJERCICIO DE LA ABOGACIA
EN EL VALLE DEL CAUCA EN COMPARACIÓN CON LA REALIDAD DEL
EJERCICIO DEL DERECHO EN EL DEPARTAMENTO Y EN COLOMBIA
DURANTE LA PRIMERA DECADA DEL SIGLO XXI…………………………86
98
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