Panorama Socialutpcolombia.org/Revistas/Panorama Social 49-1.pdf · · 2017-07-10Acuerdo salarial con el gobierno Acuerdo salarial con el gobierno ... En la Procuraduría General

Panorama SocialPanorama SocialAño 8 | edición 48 | mayo-junio 2017 | UTRADEC–CGT–ISSN 2248-5767

Pensionados reclamanal gobierno

Pag. 27

Pensionados reclamanal gobierno

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Acuerdo salarial con el gobiernoAcuerdo salarial con el gobierno

106 Conferencia de la OITPag. 18

106 Conferencia de la OITPag. 18

¿Qué va a ser denosotros cuandoseamos ‘mayores’?Pag. 28

¿Qué va a ser denosotros cuandoseamos ‘mayores’?Pag. 28

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Contenido

Panorama Social | 3

año 8 | edición 49mayo-junio 2017

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Panorama Social

Utradec en acción 6

Especial 18

Opinión 30Panorama 27

Nacional 13

De su interés 25

Editorial EditorialPS

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Reflexiones sobre la 106 Conferencia de la OIT

Percy Oyola PalomáPresidente de Utradec

No es gratuito el hecho de que Colombia sea el país que más quejas tiene ante la OIT y que esto incomode al sector empresarial como al gobierno y

que cada año en la conferencia y antes de esta, se agite el ambiente laboral con la inclusión o no de Colombia en la lista de países, que en la Comisión de Normas deban responder por su violación a convenios de la OIT. Estamos de acuerdo con Alberto Echavarría: deberíamos resolver estos asuntos directamente en el país, para no saturar los órganos de control de la OIT. No obstante, lograr esto depende de varios factores: 1. Desde las aulas de la academia, donde se forman los nuevos gerentes o directores empresariales y desde los gremios se debería “cambiar el chip antisindical” por la aceptación y respeto a la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga y que todos en este sentido actuemos de buena fe. 2. El Ministerio del Trabajo, sus órganos de inspección, vigilancia y control deben ser más eficaces y

cumplir cabalmente sus labores, pues según la OCDE, en su estudio sobre mercados laborales y políticas sociales: Colombia 2016, “parecen necesarias mejoras adicionales del Sistema de Inspección del Trabajo. En este contexto, se recomienda incrementar aún más el número de inspectores del trabajo, hasta alcanzar los estándares internacionales y garantizar suficientes recursos para la adecuada ejecución de sus tareas”. Proponiendo a renglón seguido “acortar considerablemente el proceso de recaudo de multas y las empresas cuyas multas hayan prescrito deben ser visitadas y multadas de nuevo, según proceda”. 3. En la Procuraduría General de la Nación, su delegada para el Trabajo Decente debería ser fortalecida y más incisiva; ir más allá de la mediación, vigilando y sancionando a quienes deben impartir justicia laboral y cumplen labores de policía administrativa laboral, cuando son negligentes o incumplen sus deberes. 4. A pesar de estar levemente penalizada la persecución sindical, entre otras conductas antisindicales, la Fiscalía General de la Nación deja mucho que desear en sus ejecutorias en esta materia y por ello compartimos

Agenda

la recomendación de la OCDE de que “el gobierno debería establecer un marco de cooperación entre el Ministerio del Trabajo y la Fiscalía General de la Nación, para mejorar la judicialización de los casos laborales, conforme al Código Penal”. 5. Los escenarios de diálogo social, la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales y las departamentales, entre otros apéndices de esta, reclaman no solo hacer honor a su nombre de ser permantente, sino de una agenda pensada entre otras cosas en los temas estructurales que deberían evitar no solo las quejas ante la OIT, sino reducir la conflictividad y aclimatar la paz laboral. Pero lo más importante es devolverle la confianza al país en estas instancias y la mejor manera de hacerlo es propiciando acuerdos y honrarlos, camino largo pero necesario. 6. Lo propio y en la misma dirección exige la instancia del CETCOIT, pues no pocos empleadores luego de suscribir acuerdos allí, se burlan e incumplen•

Recomendado• Para leer: El derecho humano a la paz de Ricardo Barona Betancourt. (Grupo Editorial Ibañez, 2017) CONTENIDO: Capítulo I: Marco conceptual del derecho humano a la paz; Capítulo II: Protección internacional del derecho humano a la paz; Capítulo III: Protección nacional de derecho humano a la paz; Capítulo IV: Acuerdos de paz en Colombia.

julio

12 al 15: Reunión Comité Ejecutivo de CGT, en Bogotá.

Utradec en acción Utradec en acciónPS


ENCUENTROS Y ACUERDOS Visita a Embajada de Colombia, en Suiza La participación de Utradec y la CGT en la 106 Conferencia de la OIT, permitió el encuentro con la embajadora y el presidente de la Comisión Nacional del Servicio Civil•

Acuerdo laboral en Bogotá Logrado el acuerdo laboral en la Mesa Sindical Distrital con las organizaciones sindicales de empleados públicos•

Acuerdo en Cartagena Luego de más de cuatro meses de negociaciones, el Distrito de Cartagena y los 21 sindicatos establecidos llegaron a un acuerdo que permite una mejora salarial a los empleados de planta y entes descentralizados. El acuerdo se logró en una reunión que sostuvo el alcalde Manolo Duque con los representantes de los sindicatos, y en la que se fijó un aumento en la tabla salarial para 2017 de 10,5%, y de 11% para 2018•

Acuerdo en Cancillería Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT firmó el acta de acuerdos en el Sindicato de Empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores (SEMREX)•

Reunión ISP y Ministerio del Trabajo Contó con la participación de Rosa Pavanelli, secretaria general de la ISP, Griselda Restrepo, nueva ministra de trabajo y los miembros de la dirección nacional de la ISP•



Junta Nacional de Sintrambiente La Junta Directiva nacional del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional Ambiental (SINTRAMBIENTE), se reunió en la sede de la CGT en Bogotá los días 8, 9 y 10 de mayo de 2017, donde se hizo rotación y ajustes de los miembros de la Junta Directiva que quedó conformada así: Presidente: Wilmen Vásquez Vicepresidente: Francisco Correa Secretario: Raúl Mezquida Tesorera: Sandra Ceballos Fiscal: Alfredo Chávez Suplente 1: Wilson Cortés Suplente 2: José Gómez Suplente 3: Silvana Daza Suplente 4: Libardo Pizo Suplente 5: Óscar Sánchez De igual manera, se trataron temas relacionados con el apoyo para la capacitación de los afiliados al sindicato, para participar en el concurso que adelanta la Comisión Nacional del Servicio Cicil (CNSC) ante las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR); apoyo de Sintrambiente nacional a procesos judiciales y de capacitación en las nuevas subdirectivas. Así mismo, se recibieron las visitas de Oliverio Castillo, fiscal de la Asociación de Servidores Públicos de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (ASERCAR), con el fin de tratar temas relacionados con la reforma de las CAR y también la de Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT y Percy Oyola, presidente de Utradec, quienes brindaron todo su apoyo a Sintrambiente, informaron sobre temas de índole nacional y motivaron a continuar la lucha sindical•

Por: Raúl Mezquida

Sintrayopal, en pie de lucha El Comité Ejecutivo Nacional de Utradec acompañó esta acción de protesta y todas las que sean necesarias para exigir a la administración municipal de Yopal, tras el regreso de John Jairo Torres (John Calzones), respetar y cumplir los acuerdos convencionales vigentes. Rechazamos todas las muestras de dilación, incumplimiento y burla a las que han sido víctivas los compañeros de la organización, lo que los condujo a realizar un mitin el 12 de mayo de 2017 en los Talleres de Obras Públicas. Continúa la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores y el pueblo.

1. Porque sin maquinaria y equipos se dejan de atender importantes necesidades de las comunidades de Yopal y se pierde el objeto social del servicio público, a favor de intereses particulares, propios de un modelo neoloberal privatizador 2. El respeto de la Convención Colectiva de Trabajo y las leyes laborales, en cuanto a dotaciones. 3. Por el incumplimiento del artículo 26 sobre ascensos, según lo acordado en actas y resoluciones. 4. Por cumplimiento del artículo 56 sobre veedurías, ya que en repetidas ocasiones hemos manifestado a la administración municipal la falta de mantenimiento preventivo y correctivo de la maquinaria, así como la mala planificación de contratar personal que no es indispensable para ejercer actividades, cuando el banco de maquinaria se encuentra paralizada en un 85%, lo que podría ser considerado como detrimento patrimonial. A nuestras organizaciones afiliadas en Yopal los invitamos a hacer presencia militante y solidaria•

Negociación en Duitama

Tal y como está previsto en el Decreto 160 de 2014, las dos organizaciones sindicales que agrupan el mayor número de afiliados presentaron el pasado 28 de febrero los pliegos de peticiones a la administración municipal y los entes descentralizados, encontrando una respuesta positiva de Alfonso Silva, alcalde de Duitama. Se dieron largas discusiones basadas en la revisión de los acuerdos pasados, los cuales quedaron en buenas intenciones pero con poca efectividad. Como notas para destacar, tenemos las siguientes: -Incremento salarial del 9% retroactivo a partir del primero de enero, lo cual beneficia a 360 servidores públicos pertenecientes al sector central, Fondo de Vivienda, Instituto de Recreación y Deporte, Instituto de Cultura, Concejo Municipal, Personería Municipal y el personal Administrativo de los Colegios. -Aporte de la Administración para la celebración del Día del Trabajo y del Servidor Público, así como para actividades de bienestar. -Auxilios: Para compra de gafas; fúnebre en caso de muerte del trabajador y para educación formal (superior). Se busca profesionalizar a los servidores. -Se dejará un número de soluciones de vivienda en cada uno de los proyectos para que en forma prioritaria los servidores puedan acceder a la oferta que el Fondo de Vivienda ofrece. -Capacitación para todos los servidores sindicalizados sobre negociación colectiva. -Se concertará con las organizaciones la reforma al Manual de Funciones y Requisitos. -Prioridad para que los encargos sean otorgados a los servidores en carrera administrativa. -Se permitirá que los sindicatos participen y opinen sobre la conformación del presupuesto para 2018 con lo cual se garantizarán mejores posibilidades en la próxima negociación.



Hay avances en este proceso y aunque muchos de los ítems negociados están contemplados en la ley, estos se dejan de lado y se convierten en ‘letra muerta’ por lo que llevándolas a negociación colectiva se hace más fácil su cumplimiento. Las negociaciones deben tener un contenido político donde reinen las buenas relaciones con el Ejecutivo. La participación en los procesos electorales son -sin lugar a dudas-, una oportunidad para tener aliados estratégicos con los cuales contar de cara a la negociación colectiva. Otro aspecto muy importante es “conocer la administración desde adentro”, manejar los presupuestos y las normas que regulan todos los temas para estar en una mesa de manera informada. Se avanza en la búsqueda de la dignificación del trabajo y en el reconocimiento a la labor que a diario realizamos los servidores públicos quienes hacemos posible que las políticas públicas sean efectivas• Paro en el Ministerio del Trabajo duró 42 días No es un chiste. Los empleados de ese ministerio solicitaban al gobierno una nivelación salarial. Finalmente llegaron a un acuerdo en el que se comprometieron a reponer los 42 días y el gobierno a presentar un proyecto de ley para superar los topes establecidos por la ley 617 de 2000, que permita la movilidad de un grado salarial adicional, para todos y cada uno de los empleados, que sería pagado al final de 2017. Según los manifestantes, esta cartera era la que tenía los sueldos más injustos de todos los ministerios y por esa razón, pedían que fueran nivelados• Juegos distritales en Bogotá Nicolás Bolaños de la CGT con un “¡Viva Bogotá!” invitó a los Servidores Públicos a seguir participando de los Juegos Distritales, que cada año cobran mayor entusiasmo entre los servidores públicos de la captal de la República• L

as calles se llenaron nuevamente de trabajadores, niños, jóvenes, pensionados. Todos en pie de lucha, con las suficientes ganas y entusiasmo para seguir conquistando espacios. Entre los desfiles de trabajadores, las muestras musicales, los bailes, las arengas, sobresalió la gran participación de la naciente Alternativa Democrática Sindical de las Américas (ADS). Nace la esperanza y renace la alegría de los trabajadores ante esta nueva alternativa, conformada por importantes centrales de todo el continente, desde México, hasta Chile, pasando por Centroamérica, el Caribe, la región andina y el Cono Sur. Dos

valientes apóstoles de la legitimidad y la honestidad se comprometieron con la construcción de un camino nuevo para la clase trabajadora del hemisferio. Ahora ya suman 27 importantes centrales y representan a más de 20 millones de trabajadores. “Nos vemos avocados a una posible reforma pensional que afecta la dignidad del trabajador colombiano. Adicionalmente, el impacto que tuvo la reforma tributaria, donde de manera desconsiderada mengua cada vez la calidad de vida de los trabajadores. Por eso hoy, más que nunca, la necesidad de que los trabajadores seamos conscientes de la actual coyuntura, para reivindicar nuestros derechos que hoy por hoy se nos están quitando lamentablemente por la corrupción que polula en este país”, señaló Néstor Bojacá, presidente de Sintraimprenal. Entre los miles de trabajadores de las diferentes centrales, se destacó la gran participación de los diferentes sindicatos y organizaciones sociales afiliados a la Confederación General del Trabajo (CGT) quienes siempre, de manera multitudinaria y militante marcha en cada Primero de mayo, llenando las calles y la Plaza de Bolívar con sus alegres delegaciones. Y finalmente, a la Plaza de Bolívar fueron llegando los trabajadores y el acto central correspondió al saludo de los dirigentes de las centrales CTC, CUT, CDP y CGT. “Creemos y lo hemos manifestado en cada uno de los foros en los que hemos tenido oportunidad de participar que la lucha de los pensionados es precisamente pensar en el futuro de los actuales trabajadores. La lucha que llevamos los pensionados por evitar que nos acaben con las garantías sociales, es precisamente pensar en las futuras generaciones, para que ustedes puedan llegar también a obtener esta garantía social”, manifestó Jhon Jairo Díaz, presidente de Anpiss.

Primero de mayo de 2017

Nacional

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Utradec en acciónPS

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PERCY OYOLA: “FUE UNA DE LAS MEJORES MOVILIZACIONES DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

El presidente de la Unión Nacional de Trabajadores del Estado y los Servicios Públicos de Colombia (UTRADEC), organización miembro de CLATE, hizo un balance de la “gran toma de Bogotá”, que el 16 de mayo movilizó a más de 200 mil maestros y trabajadores estatales en la capital colombiana, y más de 600 mil personas en todo el territorio nacional. Los trabajadores del magisterio y del sector público de Colombia protagonizaron una contundente jornada de paro y movilización en Bogotá y en las principales ciudades del país. Docentes, trabajadores judiciales, penitenciarios, entre otros gremios estatales, salieron a las calles para exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados con el gobierno, así como la negociación de sus pliegos de peticiones. “Lo que estamos exigiendo es una reactivación inmediata de la Comisión de Negociación del Pliego Unificado, presentado por el conjunto de los trabajadores estatales y también que se cumplan los acuerdos suscritos anteriormente”, señaló Percy Oyola Palomá, presidente de Utradec. “El gobierno también le ha incumplido al magisterio colombiano, por lo cual ellos también fueron a paro”, agregó. En particular, el dirigente destacó la situación de los trabajadores del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) de Colombia, representados por la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), En ese sentido, el dirigente advirtió que la precarización laboral es un problema que afecta al conjunto de la administración pública. “Hoy en día la tercerización y la existencia de plantas paralelas exige la formalización del empleo y exige necesariamente la ampliación de las plantas por empleos formales”, afirmó. “Este es un tema que depende fundamentalmente de la política fiscal del gobierno, del ministerio de Hacienda, porque en casi todos los países de América Latina el ministro de Economía manda más que el propio presidente de la República”, expresó. Percy Oyola señaló, además, que “estando en el mes de mayo, aún no se ha producido el aumento salarial de 2017, que debería ser el resultado de la negociación. Es por ello que hay mucha inconformidad, teniendo en cuenta que el gobierno impulsó una reforma tributaria que ha venido impactando en el salario del conjunto de la población colombiana”. “Estamos en estado de alerta amarilla y expectantes para ver si el gobierno, después de esta gran movilización y expresión de inconformidad del conjunto de trabajadores estatales y el magisterio, establece la mesa de negociación y nos convoca a continuar el diálogo”, manifestó.

Por: Prensa CLATE

“La clase trabajadora en todo el mundo nos movilizamos buscando hacer un homenaje a los mártires de Chicago. Movilización que se desarrolla en medio de grandes dificultades, como por ejemplo lo que ocurre con los compañeros de Sintrauniobras, a quienes les quieren negar el derecho al trabajo. Movilización en la búsqueda que se haga justicia con la guardia penitenciaria. Movilización que condena públicamente la política económica y laboral del presidente Santos, quien internacionalmente se presenta como un hombre que está dispuesto a resolver los problemas de este país por el tema de la paz, pero que internamente todos los días desarrolla toda clase de políticas en contra de la clase trabajadora y en contra del pueblo colombiano. Por ello, al presentar este saludo, como Confederación General del Trabajo, la CGT igualmente presentamos el saludo en nombre de Alternativa Democrática Sindical de las Américas (ADS), un grupo de 27 confederaciones. Dimos el paso para crear una organización en función de los intereses de la clase trabajadora de los pueblos de las américas y el mundo. Para la CGT es suficientemente claro que la agenda es amplia y estamos de cara a la negociación de un Pliego Nacional de las federaciones estatales y de las centrales obreras. Si miramos el campo político la situación no puede ser peor: lo único claro que tenemos está en esta plaza y en todas las plazas de Colombia. Mucha gente está de puente. Los revolucionarios estamos en esta plaza. Los que queremos el cambio y los que queremos un nuevo país. Compañeras y compañeros mantengámonos en pie de lucha. ¡Viva el Comando Nacional Unitario! ¡Viva ADS! ¡Viva la unidad de la clase trabajadora colombiana!”, dijo Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT. Cada Primero de mayo es muestra clara de cómo los trabajadores unidos somos una voz importante. Nuestras voces no se apagarán. Se harán más fuertes. Le invitamos a ver el video de la jornada: https://youtu.be/iUVKnfX6rlc•

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Un día antes de la “gran toma de Bogotá”, las organizaciones del sector público se reunieron con la nueva ministra del Trabajo, Griselda Restrepo, el secretario de la presidencia Alfonso Prada, y el consejero presidencial, José Noel Ríos. “Consideramos que hay un proceso de fortalecimiento de la movilización y la lucha del conjunto de los trabajadores estatales. Eso nos lleva a convocar otra movilización y paro estatal para el 23 de mayo”, anunció el dirigente. 23 de mayo: segunda ‘toma de Bogotá’ El motivo de las marchas radica en que la centrales obreras exigen al gobierno nacional atención al Pliego Unificado de Peticiones, presentado por el Comando Nacional Unitario y la coordinación de organizaciones sociales al presidente Santos, desde marzo de 2016. Con una multitudinaria participación de los trabajadores estatales y de los docentes, la segunda toma de Bogotá también se llevó a cabo como apoyo a los paros cívicos de Buenaventura, Chocó y otros sectores sociales. En el resto del país también se registraron movilizaciones. En Barranquilla, más de 20.000 educadores del departamento del Atlántico participaron el 23 de mayo en la llamada ‘Toma de Barranquilla’. Durante la movilización, padres de familia y estudiantes acompañaron al magisterio. En Medellín, maestros, guardias del INPEC y empleados públicos en general marcharon mientras que los sindicatos de la DIAN, de Notariado y Registro y los servidores judiciales realizaron plantones. En Bucaramanga, la protesta generó un caos vehicular de más de cuatro horas que infartó la movilidad en la ciudad bonita. La gran toma del magisterio santandereano dejó sin clase a 350.000 estudiantes, terminó con un plantón frente a la gobernación y la alcaldía. Solidaridad de la Rama Judicial Los funcionarios de la Rama Judicial se sumaron al paro nacional anunciado por las centrales obreras del país. El pliego de condiciones presentado por los sindicatos de la justicia reclama una solución al incremento salarial para el año 2017, la ampliación de la planta de personal y la modernización de los centros de servicios. El pasado 17 de mayo, los funcionarios de la Rama Judicial también tuvieron una jornada de paro para reclamar por la reactivación de la mesa estatal para concertar el aumento salarial para este año. Todas las organizaciones sindicales de la Rama Judicial, en una declaración conjunta, expresaron su rechazó a la política económica y laboral del gobierno y denunciaron “la manifiesta negligencia de la administración nacional, el Consejo Superior y la Fiscalía para solucionar los problemas estructurales que requiere la administración de justicia”. Dentro del pliego unificado de peticiones se exige: un presupuesto adecuado y suficiente; Carrera judicial con garantías; Nivelación salarial en los términos de la Ley 4 de 1992; Sistema de calificación de servicios; Manual de funciones; Ampliación de la planta personal e insumos necesarios en los despachos. Así las cosas, solicitaron al gobierno que reactive de inmediato la mesa estatal en la cual se inició la concertación del aumento salarial de este año. Respeto a garantía del permiso sindical En una circular conjunta, el Ministerio del Trabajo y el Departamento Administrativo de la Función Pública, enviada el 25 de mayo de 2017, se hizo un llamado a las entidades y autoridades públicas “para que garanticen

los derechos al fuero y al permiso sindical de los representantes de las organizaciones sindicales, con el fin de facilitar su presencia y participación en las mesas de concertación durante el término de la negociación”. En el documento también se menciona que “Desde 2013, el gobierno ha sido un firme defensor de la negociación colectiva como mecanismo para concertar las condiciones laborales de los empleados públicos”. Reunión en FECODE del Comando Nacional Unitario

Percy Oyola intervino en representación de Utradec-CGT. Reclamo a Santos En 2014, los trabajadores respaldaron la reelección de Juan Manuel Santos, en parte por sus promesas de campaña, pero sobre todo por los acuerdos políticos. Sin embargo, el presidente no ha cumplido•

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VICTORIOSA LUCHA DEL PLAN REGLAMENTO CONCLUYE EN ACUERDO

Fue lanzado y convocado para todos los trabajadores el 28 de febrero de 2017 en Cartagena, paralelo a la celebración de los 50 años de la CLATE. Julio Roberto Gómez, presidente del comité ejecutivo de la CGT, Percy Oyola Palomá, presidente de Utradec y Horacio Bustamante, presidente nacional de la UTP hicieron un llamado en video a todos los trabajadores del sistema penitenciario para sumarse a la operación reglamento que adelantó el sindicato, que busca, entre otras cosas, llamar la atención del gobierno nacional por el abandono el Estado con las cárceles de Colombia y su incumplimiento de los acuerdos firmados en enero de 2015. Para esto, la UTP trazó una estrategia mediática, jurídica y política que explicamos a continuación: Medios de comunicación Juegan un papel preponderante en la vida nacional y por ello, la UTP dio vía libre a los presidentes seccionales para que local y regionalmente visibilizaran la crisis del sector, entregando videos, fotos e imágenes que mostraran la realidad, contrario a la política institucional que es ocultar. También se delegó en el vicepresidente nacional Cristian López y en Oscar Robayo la facultad de constamente publicitar las acciones del Plan Reglamento. Se logró dar una amplia y extensa difusión de la problemática carcelaria casi en todo el país, a través de canales locales, prensa escrita, radio local, noticieros nacionales e internacionales de radio y televisión que mostraron la situación carcelaria en Colombia. Se publicaron más de 100 notas periodísticas. Se realizaron comunicados en varios idiomas con el fin de buscar apoyo internacional. Además de los divulgados por la CGT y Utradec, en solidaridad con la jornada de protesta, rechazando la criminalización y judicialización de directivos de la UTP. Logramos visibilizar la crisis en las estaciones de policía y las URI en todo el país, los medios nacionales dieron amplia cobertura del hacinamiento en estos sitios. Esta estrategia tenía como fin poner en el contexto nacional la problemática de las cárceles de Colombia. Estrategia jurídica Optamos por un Paro Jurídico para que a través de acciones judiciales o administrativas las autoridades pusieran limite o establecieran ciclo decreciente en cada una de las sedes; también acciones populares. La UTP obtuvo un gran número de tutelas a favor que cerraban centros carcelarios, igualmente varios fallos que establecían límites para el ingreso de detenidos. En otros casos, ciclo decreciente consistente en que el número de ingreso se supedita al número de internos que salen en libertad.

Entes de Control: Se buscó acompañamiento de los organismos de control; se ofició a la Defensoría Pública, Procuraduría General de la Nación, Personerías Municipales y Fiscalía General de la Nación. Se tuvo reunión de alto nivel con el procurador general de la nación y con el director de política criminal de la defensoría pública quienes establecieron estrategias para superar la crisis carcelaria. La defensa jurídica de la UTP consistió en dejar los recursos presupuestales suficientes para defender disciplinaria y penalmente a los líderes de UTP que se vieran inmersos en cualquiera de estos procesos. La UTP contestó más de 25 acciones de tutela interpuestas por los entes de control y por personas naturales; también apoyó a varios dirigentes que han sido llamados por la Fiscalía General de la Nación. Mauricio Ríos lideró el equipo jurídico y hubo una constante retroalimentación de la estrategia jurídica. Estrategia política La CGT y Utradec llevaron el conflicto hasta la mesa de negociación nacional del sector público. En este espacio, el gobierno dio cuenta del conflicto laboral del INPEC. La UTP participó en tres debates de control político al INPEC donde intervinieron miembros de la Junta Directiva Nacional. Se hizo lobby con varios dirigentes políticos del orden naciona. Los líderes locales asistieron a las asambleas y concejos municipales para generar debates de control político de las cárceles de su región. Hubo reuniones con el director general del INPEC donde se solicitaron garantías para el ejercicio sindical, también con el Ministro de Justicia buscando salidas al conflicto. Hubo querellas ante el CETCOIT y el Ministerio del Trabajo por la situación del conflicto laboral del INPEC, como también debido a las violaciones a la libertad sindical y el incumplimiento del gobierno nacional. La CGT interpuso queja a la OIT por el incumplimiento de los acuerdos laborales celebrados en la organización sindical UTP y el gobierno nacional, así como por violación a la libertad sindical. Se celebraron reuniones con delegados de la OIT, como Valerie Hanson para ubicar la protesta en el ámbito internacional. El cumplimiento del acuerdo laboral en esencia es el mejoramiento de las condiciones carcelarias en el orden nacional, estableciendo políticas claras en esta materia. La reacción gubernamental no dio espera, se plantean leyes de rebajas de penas, detenciones intramurales con certificación de cupo y se fortalece la vigilancia electrónica. Finalmente, el gobierno aceptó incluir una excepción a la ley 617 de 2000 que prohíbe que las ampliaciones de planta puedan crecer más que la inflación, la misma que se dará solo para el Ministerio del Trabajo, la DIAN y el INPEC. Hubo participación en todas las marchas y mitines, convocadas en desarrollo de la negociación estatal. En conmemoración del Día Internacional del Trabajo se realizaron asambleas informativas en las cárceles de Colombia y en la sede central del INPEC donde se restringió el ingreso de trabajadores. El gobierno nacional decidió en el consejo de ministros celebrado el martes 20 de junio, dar fin al conflicto laboral con la UTP, y dio órdenes específicas de acordar varios puntos con el sindicato mayoritario del INPEC. Se destaca la ampliación de planta del INPEC en 2800 empleos nuevos, $70 mil millones de pesos para la planta a tope y el desarrollo en mesa técnica de varios puntos importantes para los trabajadores, entre ellos el desarrollo del punto de unificación de pensión•

Por: Horacio Bustamante - Presidente Nacional de la UTP

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106 Conferencia de la OIT

La Conferencia Internacional del Trabajo reunió a más de 5 mil delegados de gobiernos, trabajadores y empleadores de los 187 Estados miembros de la OIT. En el acto inaugural, el Director General de la OIT, Guy Ryder, presentó su informe anual, titulado Trabajo y cambio climático: La iniciativa verde. También intervino, como invitado de honor, el presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez. Tras una votación, se eligió como presidente de esta Conferencia a Luis Carles, ministro panameño de Trabajo y Desarrollo Laboral, quien lideró debates sobre temas como migración laboral en América Latina y el Caribe, erradicación de la violencia en el trabajo, justicia social, entre otros. El 16 de junio de 2017 finalizó la 106 Conferencia Internacional del Trabajo, en la que estuvo presente una amplia delegación de la Confederación General del Trabajo (CGT) así como de Alternativa Democrática Sindical, organización sindical de las Américas. En el seno de esta Conferencia en la cual participaron delegados tripartitos de cada uno de los países que integra la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se adoptó una nueva norma internacional del trabajo, dicha norma tiene el carácter de recomendación y tiene el propósito de adoptar una serie de lineamientos encaminados a hacer tránsito de una situación de crisis a una de paz, lo anterior dentro del marco del trabajo decente como herramienta para el logro de una paz estable y duradera. La adopción se tomó con 378 votos a favor, 5 en contra y 8 abstenciones, gracias al compromiso de los actores del tripartismo en Colombia con la paz. Cada uno de sus delegados votó a favor de dicha recomendación. También se eligieron los miembros del Consejo de Administración de la OIT, para el periodo del 2017–2020, donde habrá representación de Colombia. La Comisión de Aplicación de Normas analizó la situación de violaciones reiteradas a los Convenios de la OIT en Ecuador, El Salvador, Guatemala, Paraguay y Venezuela.

La Comisión sobre Migración Laboral, tuvo un debate enriquecido sobre la migración regular e irregular, así como un análisis de contexto a nivel mundial sobre este tema, lo anterior con el propósito de facilitar una contribución eficaz por parte de la OIT para abordar los retos de la migración laboral. La Comisión para los principios y derechos fundamentales en el trabajo, tuvo como propósito hacer un seguimiento a la Declaración de 1998 y 2008, adecuadas al contexto actual de los Estados miembros de la OIT, donde se analizó la economía informal, rural, las cadenas mundiales de suministro, formas atípicas de empleo y las situaciones de fragilidad y conflicto. El 15 de junio se presentó el informe Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Tendencias del Empleo Femenino 2017, allí Guy Ryder, Director General del OIT, expresó que continúa un desfase de las expectativas de las mujeres y la realidad del mercado laboral, enfatizando que casi 100 años después de fundada la OIT aún queda mucho por hacer en materia de equidad laboral. Discurso de Julio Roberto Gómez Compartimos las palabras del presidente de la CGT en Ginebra (Suiza): “La CGT de Colombia, así como el conjunto de confederaciones que integramos el Comando Nacional Unitario, hemos tomado atenta nota sobre el contenido de la memoria del director general de la OIT, particularmente en sus preocupaciones sobre el déficit de trabajo decente, el cambio climático y las iniciativas verdes. En este contexto, la CGT de Colombia comparte con ustedes los problemas que más nos impactan en torno al alto grado de conflictividad en que nos desenvolvemos en el país, habida cuenta de la gravedad de la situación para los trabajadores de la educación, organizados en FECODE; los constantes abusos contra los trabajadores de la Guardia Penitenciaria, organizados en la UTP y otros sindicatos; las preocupaciones que tenemos frente a un proceso de ‘chatarrización’ de nuestra principal refinería petrolera en Colombia, con graves consecuencias sociales y laborales para los trabajadores petroleros, así como para la población; la apropiación para su destrucción de Saludcoop, una de las entidades más importantes del sector salud en el país, con más de 40.000 trabajadores y una población de más de 7 millones de usuarios y trabajadoras del sector público en quienes en un número superior a 1’200.000 reclaman al gobierno por el incumplimiento de los compromisos sobre trabajo decente y carrera administrativa, así como trabajar contra la tercerización laboral en las entidades del Estado, para garantizar mejores condiciones de vida y de trabajo para los servidores públicos. Debemos manifestar señoras y señores delegados que nuestro país transita por un camino muy importante para la construcción de la Paz y el gobierno sabe perfectamente cuál ha sido el papel

Por: Prensa CLATE y Prensa CGT

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desempeñado por el movimiento sindical para el logro de los objetivos. Sin embargo, las políticas oficiales del gobierno no han sido consecuentes para con la clase trabajadora y las aspiraciones del pueblo colombiano. De ahí la importancia que el discurso se una a la práctica para evitar nuevas frustraciones para nuestra población. No es fácil para nuestra organización manifestar nuevamente que Colombia continúa siendo un país en donde el ejercicio de la libertad sindical y la negociación colectiva está cada vez más limitado debido a fenómenos de violencia antisindical, así como los impactos de la tercerización laboral, los contratos basura, la informalización de la economía y los ataques constantes para impedir el desarrollo del sindicalismo. En este sentido, consideramos desafortunadas las declaraciones públicas de Juan Manuel Santos, al manifestar que Colombia no estuvo en la lista de países llamados a declarar en la Comisión de Aplicación de Normas debido al cumplimiento total con sus obligaciones laborales, cuando en la práctica, no haber estado en la lista obedece a otras cuestiones de carácter técnico. Para la clase trabajadora resulta sorprendente un doble discurso del gobierno hacia la comunidad internacional, pues mientras da cuenta de los avances sociales en Colombia en el desarrollo del proceso de paz, de otro lado encontramos un país sumido en la inconformidad, los conflictos sociales y laborales debido a la ausencia del Estado en muchas regiones, así como la falta de atención a los requerimientos de los trabajadores, del movimiento campesino y los pueblos indígenas, así como la ausencia de políticas para garantizar la equidad de género, eliminar el trabajo infantil y otras falencias propias de la injusticia. Desafortunadamente nos encontramos con una realidad absurda que consiste en que el gobierno firma toda clase de acuerdos, pero sin el debido cumplimiento tal como ha ocurrido con los camioneros, Dignidad Agropecuaria, pensionados, taxistas, pueblos indígenas y campesinos, entre otros. En honor a la verdad, debemos tener en cuenta que un estado de violencia tiene sus raíces en los abusos del poder y la práctica de políticas excluyentes para con la mayoría de una población. Por lo tanto, si bien compartimos la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, así como los diálogos de paz que se han iniciado con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), tengamos en cuenta que esto también puede convertirse en un salto al vacío si no se adoptan las medidas pertinentes para eliminar las brechas crecientes entre pobreza y riqueza, que son el principal argumento de quienes pretenden por la vía armada solucionar las desigualdades sociales. No podemos dejar de mencionar desde esta tribuna la objeción del gobierno de Santos a dos actos legislativos que reconocieron los derechos de las madres comunitarias para acceder al pago del salario mínimo así como también a garantizar un mejor nivel de ingresos para más de 2 millones de pensionados. Es importante que la comunidad internacional tenga presente que a este gobierno hay que hacerle un Paro Nacional para que firme, y luego hay que hacerle cinco para que cumpla. Finalmente quiero presentar un saludo muy especial para la nueva organización sindical internacional de reciente fundación, me refiero a la Alternativa Democrática Sindical de las Américas (ADS)”. Reuniones de ADS 1. Guy Ryder recibió a delegación de organizaciones afiliadas a ADS.

2. World Organization of Workers (WOW) y ADS. Participación de CLATE El presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales, Julio Fuentes, participó por tercera vez consecutiva de la reunión del órgano supremo de decisiones de la OIT. Este año, la Conferencia tuvo una Comisión especial que abordó el tema de la migración laboral. Distintos representantes de las organizaciones miembro de la CLATE estuvieron en Ginebra, Suiza, y participaron de la 106 Conferencia Internacional del Trabajo (OIT), que se desarrolló del 5 al 16 de junio de 2017, bajo el lema “Construir un futuro con trabajo decente”. Además de Fuentes, integraron la delegación de CLATE los siguientes miembros de la Confederación: Eduardo Estévez, consejero y miembro del Consejo Político Consultivo; Matías Cremonte, asesor jurídico; Sergio Arnoud, Eduardo de Souza Maia y Flavio Bastos Berneira Junior (CSPB-Brasil), Silvana Suero (CONATE-República Dominicana); Angela Rifo (ANEF-Chile); Delci Sosa (FENATRASAL-República Dominicana); Elizabeth Osorio, Jairo Areiza, Luis Trujillo, Horacio Bustamante, Aura Pulido (UTRADEC-Colombia).

También asistieron Percy Oyola, vicepresidente 3º de CLATE y presidente de UTRADEC, Wilson Álvarez, secretario de Estudios, Estadística e Investigación Alterna de CLATE y secretario general de FETMyP (Ecuador), Roland Ignacio, secretario subregional de CLATE para el Caribe y dirigente de ABVO (Curazao) y Luis Alpírez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala. El presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales, Julio Fuentes, en su discurso criticó las políticas de ajuste en la región, los retrocesos en materia de derechos laborales consagrados en la OIT, los ataques a la libertad sindical (donde mencionó los casos de las detenciones de Milagro Sala y los dirigentes de ATE Río Negro) y que la migración sea respetada como un derecho humano, entre otros temas. El párrafo dedicado al avasallamiento de derechos en Brasil y la legitimidad de su gobierno generó que la delegación

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gubernamental pidiera réplica, que le fue otorgada. La delegación de la CLATE respondió a la réplica parándose y dando la espalda al orador del gobierno brasileño. Luego del discurso, la CLATE se reunió con el Subdirector de Políticas Sectoriales, Akira Isawa y el responsable del Sector Servicios Públicos, Carlos Carrión Crespo.

Lo invitamos a ver discurso completo de Julio Fuentes: https://youtu.be/UzxJskIYcXU Protesta contra el gobierno brasileño La delegación de la Confederación de Servidores Públicos de Brasil (CSPB), junto a otras organizaciones y centrales brasileñas, realizaron un acto conjunto en Ginebra, en rechazo a las reformas impulsadas por el gobierno de Michel Temer. Además, en el ámbito de la conferencia, los sindicatos denunciaron al Estado brasileño por violar derechos laborales consagrados en los Convenios de la OIT. Este año, Brasil fue incluido en la “lista larga” de 40 casos pendientes de análisis por violaciones al Convenio 98 de la OIT. Sin embargo, el caso brasileño no fue incluido en la llamada “lista corta” de los 24 casos a ser analizados en la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT en esta Conferencia. Sergio Arnoud, director de Relaciones Internacionales de la CSPB y secretario general adjunto de CLATE, manifestó en su editorial titulada “OIT en transición”, su preocupación por la reciente aprobación de enmiendas a algunos Convenios de la OIT. El dirigente advirtió que la OIT, fundada sobre los pilares del tripartismo, está viviendo un “momento delicado”, debido “al aumento de las presiones de los empleadores y gobiernos en el sentido de reducir el diálogo social y eliminar los derechos de los trabajadores, limitando el poder de fiscalización de los sindicatos. La paz mundial necesita a la OIT como instrumento regulador de las relaciones en el trabajo y de diálogo social”, concluyó el dirigente de la CSPB. Directora de Normas de la OIT recibió a la CLATE Corinne Vargha junto a Horacio Guido, director de Control de Aplicación de Normas, recibieron a una delegación de la CLATE encabezada por su presidente, Julio Fuentes, además de Percy Oyola Palomá, Wilson Álvarez Bedon, Eduardo Estevez y Matías Cremonte. Durante el encuentro, la funcionaria fue informada sobre los principales lineamientos de

acción y debate de la Confederación resueltos en el Congreso Cincuentenario. “Fue muy importante este encuentro porque pudimos dejar expresada nuestra preocupación ante las máximas autoridades de la OIT. Muchos compañeros trabajadores del Estado en nuestro continente tienen dificultades o son perseguidos porque no se cumplen los

convenios internacionales de este organismo. Y aunque no es impedimento para la lucha, necesitamos de todas las herramientas para defender nuestro derecho a organizarnos y participar en las negociaciones colectivas”, indicó Fuentes. Cabe recordar que Corinne Vargha es la titular de un área estratégica dentro de la OIT. Las normas internacionales del trabajo están respaldadas por un sistema de control único y ayuda a garantizar que los países apliquen los convenios que ratifican. “La OIT examina regularmente la aplicación de las normas en los Estados Miembros y señala áreas en las que se podría mejorar su aplicación. Si existe algún problema en la implementación de las normas, la OIT presta colaboración a los países a través del diálogo social y la asistencia técnica”, informa el organismo. El caso Ecuador Como en los albores del siglo pasado cuando más de mil obreros fueron masacrados por la fuerza pública por reclamar sus derechos, los trabajadores de Ecuador viven hoy una difícil situación debido a las graves violaciones al derecho de asociación y negociación, la inaceptable intervención del Estado en la autonomía sindical, el aumento del número de trabajadores para crear un sindicato y otra serie de medidas encaminadas a debilitar a las organizaciones sindicales entre otras irregularidades. La crítica situación fue denunciada en Ginebra por Julio Roberto Gómez, presidente de Alternativa Democrática Sindical de las Américas y el Caribe y representante de los trabajadores, quien denunció la actitud recurrente del pasado gobierno de imponer legislaciones, con la anuencia de la Asamblea Legislativa y la Corte Constitucional, que restringen, limitan y hasta eliminan derechos, libertades y la autonomía sindical de los trabajadores ecuatorianos. No menos grave es la situación que se presenta en el sector público de Ecuador, en donde para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del Estado, el sector laboral está representado por una sola organización, en clara violación de la libertad sindical, irregularidad que se extiende a todos los estamentos públicos. Gómez Esguerra, pidió a la OIT el envío de una misión tripartita de alto nivel a Ecuador para buscar la solución a la problemática laboral en ese país conjuntamente con el nuevo gobierno. Sobre este tema, también durante la reunión de la Comisión de Normas de la OIT, el representante del gremio que nuclea a los trabajadores estatales y municipales del Ecuador, Wilson Álvarez Bedón, brindó al conjunto de la plenaria un detallado informe sobre lo que sucede actualmente en su país acerca de la Libertad Sindical y la negociación colectiva de los trabajadores estatales. “Agradecemos la presentación realizada por la ISP, el apoyo de la CLATE y de las centrales CSA y CSI, porque hemos tenido la oportunidad de poner nuevamente en el banquillo de los acusados al gobierno ecuatoriano”, expresó Álvarez Bedón. “Volvimos a pedir que el Gobierno cumpla con los acuerdos firmados, en particular el Convenio 87 y el Convenio 98 de la OIT. Porque eso no se cumple y en Ecuador es muy difícil organizarnos. En el sector público no existe la Contratación Colectiva y eso lo han hecho por decreto. Sólo tienen acceso a este derecho los trabajadores del sector privado”, recordó el titular de la FeTMyP y concluyó: “Queremos que esta conferencia sepa que el gobierno ahora ha convocado al diálogo y nosotros vamos a participar, porque es una oportunidad de avanzar en un proceso de escuchar nuestras propuestas. Mientras sea en beneficio de los trabajadores y el pueblo de mi país nosotros vamos a aceptar ese diálogo con las autoridades”.

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NUEVO ACUERDO CON EL GOBIERNO NACIONAL

Luego de realizar cuatro paros nacionales y un paro de 36 días de Fecode, las centrales sindicales y federaciones del sector público de Colombia llegaron a un acuerdo de aumento salarial con el gobierno el 7 de junio. El incremento beneficiará a cerca de 1’200.000 de empleados. Tras una negociación que se extendió por más de 20 horas, las centrales obreras y el Ministerio de Trabajo de Colombia acordaron un aumento salarial de 6,75% para el sector

estatal, que será retroactivo desde el primero de enero de 2017. El acuerdo establece, además, que el aumento salarial en 2018 será equivalente al crecimiento porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) total en 2017, más un punto porcentual, y regirá a partir del primero de enero de ese año. Sin embargo, si el crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB) para 2017 excede 2,4%, el aumento para el año 2018 corresponderá al índice de inflación más 1,2 puntos. El acuerdo lleva la firma de la Ministra del Trabajo de Colombia, Griselda Restrepo, de la Directora de la Función Pública, Liliana Caballero Durán y del viceministro Técnico de Hacienda, Andrés Escobar. Entre los representantes de las organizaciones sindicales que firmaron el documento está Humberto Correa Gómez, vicepresidente da la Unión Nacional de Trabajadores del Estado y los Servicios Públicos de Colombia (UTRADEC-CGT), organización que integra la CLATE. La mesa de negociación se extendió por dos días más para discutir otros puntos del pliego de peticiones del sector público, como las garantías sindicales, la ampliación de plantas, tercerización laboral, entre otros. Los trabajadores advirtieron que, de no resolverse estos temas, se mantendrán movilizados.

Más encuentros El 9 de junio, la delegación de CLATE fue recibida por la directora de ACTRAV-OIT, María Elena André, acompañada de la Directora Adjunta Anna Biondi e Hilda Sánchez, la responsable de Relaciones con los Trabajadores de las Américas. También se hicieron contacto con distintas organizaciones sindicales internacionales participantes de la Conferencia. Entre ellos el Secretario General de la Confederación Sindical de las Américas (CSA) Víctor Baez y Rafael Freire, Secretario Adjunto.

Hubo una reunión con la secretaria general de la Internacional de Servidores Públicos (ISP), Rosa Pavanelli con quien se sostuvo un diálogo acerca de la situación de los trabajadores del sector público y las diferentes acciones que vienen desarrollando ambas instituciones sobre el impacto negativo que tienen para la región los Tratados de Libre Comercio, tanto el TISA (Tratado Internacional de Comercio de Servicios) y el TPP (Tratado Transpacífico). Otro de los temas de la agenda fue los avances y retrocesos en la aplicación de los convenios OIT, vinculados a la negociación colectiva y libertad sindical para los trabajadores del sector público. El caso de Guatemala fue tratado por la Plenaria de la Organización Internacional del Trabajo. El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTS), Luis Alpirez, explicó la situación actual de los estatales en ese país. Además, se realizó un encuentro con Alette Van Leur, directora de Políticas Sectoriales de la OIT. Así finalizó este importante espacio, donde a pesar de los grandes desafíos que enfrentamos con los gobiernos y empleadores, se ven algunas luces de esperanza para el movimiento de trabajadores•

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PENSIONADOS RECLAMAN CUMPLIMIENTO DEL GOBIERNO

Luego de varios años de lucha y contactos en el Congreso de la República con el directo apoyo de la CGT, en cabeza de su presidente Julio Roberto Gómez, la CDP y ANPISS con sus organizaciones filiales pudimos avanzar notoriamente en este proceso. El pasado 20 de junio de 2017, conocimos el informe de conciliación al proyecto de ley número 170 de 2016 (Senado) y 062 de 2015 (Cámara de Representantes), acumulado con el 008 de 2015 también de la Cámara, por el cual “se modifica la cotización mensual al

régimen contributivo de salud de los pensionados”. En consideración a la designación efectuada por las presidencias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 161 de la Constitución Política y 186 de la Ley 5ª de 1992, los senadores y representantes a la Cámara, miembros de la Comisión Accidental de Conciliación, sometieron a consideración de las plenarias en el Congreso, para continuar su trámite correspondiente, el texto conciliado del proyecto de ley que da cuenta, que el descuento del aporte será para todos los pensionados. El proyecto de ley pasará a sanción presidencial, por lo que esperamos que la decisión del gobierno sea ayudar a los pensionados de Colombia, porque desde el Legislativo se le cumplió a este sector tan importante para el país. El presidente Juan Manuel Santos se comprometió ante los pensionados y ante el país en los medios de comunicación. No sería justo que su firma y voz plasmadas en el acuerdo del 30 de diciembre de 2013, no tengan validez como máxima autoridad del Estado, de acuerdo al artículo 115 de la Constitución nacional. En consecuencia a la aplicación del principio de igualdad, y cuando el gobierno clama constantemente en el empeño por “reducir la desigualdad y contribuir a la equidad”, dicho proyecto de ley debe ser sancionado por el primer mandatario, como protección del Estado en la búsqueda de una economía próspera para todas las personas y sobre todo para quienes no tienen acceso a los elementos configurativos de un mínimo vital. En campaña, Santos y Vargas Lleras en mayo de 2014 se refirieron a que: “No hay derecho a que los trabajadores cotizan el 4% para la salud y los jubilados el 12%, por eso vamos a unificar el régimen para que los pensionados coticen en igualdad de condiciones a cómo lo hacen los trabajadores”. En la intervención de Santos ante los pensionados en junio de 2014 dijo: “Yo me comprometí y sé que un anhelo de todos los pensionados es que se reduzca la contribución a la salud. Hay un proyecto de ley en el Congreso de la República, y yo lo apoyaré. Eso en plata blanca quiere decir que se aumente el ingreso, porque se reduce la contribución. Ustedes han sido las víctimas de un sistema lleno de dificultades, de obstáculos, de burocracias, e inclusive de corrupción”. Confiamos en la palabra del presidente Juan Manuel Santos con los pensionados y jubilados de Colombia, en aras de la justicia social y el cumplimiento de los derechos fundamentales de la igualdad y la favorabilidad considerados en nuestra Constitución Política•

Por: John Jairo Díaz - Presidente de la CPD y ANPISS

Paro de maestros: demostración de solidaridad de la clase trabajadora El Paro indefinido de maestros que tuvo una duración de 36 días y que concluyó el 17 de junio, fue una clara demostración para el gobierno nacional de que la clase trabajadora colombiana se mantiene unida y solidaria para defender sus derechos en todos los sectores. Las masivas manifestaciones pacíficas realizadas en las distintas capitales colombianas y ciudades intermedias; las concentraciones llevadas a cabo en la Plaza de Bolívar en Bogotá con la participación de maestros, trabajadores estatales y del sector privado con el apoyo de FECODE, las centrales y federaciones obreras, organizaciones sociales y políticas fueron una clara demostración de la unidad en el sector de los trabajadores colombianos para exigir sus derechos. La CGT rechazó la agresión del ESMAD contra los maestros y maestras que se movilizaron y señaló como responsables al presidente Santos y a Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá. “Denunciaremos ante organismos internacionales la violación a la libertad de expresión y movilización social. Reconocemos y respaldamos en absoluto las justas luchas del magisterio y trabajadores estatales” señaló la confederación en un comunicado de prensa.

Propuesta de salario mínimo por sectores de la OCDE es un retroceso Percy Oyola, vicepresidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT), rechazó la propuesta de la OCDE para Colombia de determinar el salario mínimo por sectores: “Esto constituiría un retroceso, en los años 50, 60 y tal vez hasta la década de los 70 teníamos salarios diferenciales en Colombia. Había salarios para el sector rural, para el sector campesino, en el sector industrial y otros”. Ante este planteamiento, señaló que el salario determinado en la actualidad para los trabajadores no es suficiente: “Hoy tenemos un salario mínimo que ni siquiera corresponde al espíritu de las Constitución. Cuando hablamos de que el salario sea vital, todos sabemos que el salario que requieren los colombianos para poder subsistir no es el que está contenido en lo aprobado” dijo. El dirigente sindical reiteró “sería un retroceso definitivamente, los trabajadores colombianos no podríamos aceptar volver a tener un salario mínimo diferencial•

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CAMPAÑA A FAVOR DEL DERECHO A LA PREVISIÓN SOCIAL

Con representantes sindicales de siete países de región, la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE) realizó el 27 de junio en Buenos Aires (Argentina) el lanzamiento de una campaña continental en defensa del derecho a la previsión social. La jornada consistió en un seminario internacional sobre “Diagnóstico y Propuestas sobre los sistemas previsionales en América Latina y el Caribe”, con especialistas de Brasil, México, Chile, Perú, El Salvador, Uruguay y Argentina. Y la presentación del Convenio y Programa de Becas de Investigación entre el Consejo

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y la CLATE, llamado “Desigualdad, exclusión y crisis de sustentabilidad en los sistemas previsionales”. El presidente de la CLATE, Julio Fuentes, realizó la apertura de la jornada y la presentación de los ejes y acciones principales de la campaña que fue aprobada por el Congreso Cincuentenario de la confederación realizado en Colombia en febrero de 2017. También se presentó un resumen de las campañas continentales 2015 y 2016. El primero de los paneles del seminario internacional “Diagnóstico y Propuestas sobre los Sistemas Previsionales en América Latina y el Caribe” estuvo integrado por Hugo Godoy (ATE Argentina); Mario Montes (AGEPYM de El Salvador); Marco Antonio Carbajal Monroy (SUTEYM México); Martín Pereyra (COFE Uruguay); Horacio González (Asesor ATE y CTA-A); Carlos Insunza (ANEF Chile). El segundo de los paneles contó con las exposiciones de Leonardo Fabre (APOPS Argentina); Sergio Arnoud (CSPB Brasil); Carolina Espinoza (Movimiento “No más AFP” Chile); Carlos Alva Jara (CITE Perú); Gerardo Fiore (Unión Ferroviaria Uruguay) y Hugo Blasco (FJA Argentina). Una vez terminado el seminario, se realizó una marcha al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Más tarde hubo un cierre cultural de la jornada y un acto por la celebración del Día del Trabajador del Estado. Micrositio de la campaña El equipo técnico desarrolló un micrositio en www.clate.org donde se podrá acceder a todos los materiales de campaña, videos, redes sociales y cobertura de las acciones que se desarrollan a lo largo de la región en esta nueva campaña anual continental de la CLATE•

Por: Prensa CLATE

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La Mesa de Negociación Nacional del Sector Publico, generó expectativa en todo el país. Allí se negoció el acuerdo de incremento salarial para 2017 y todos los aspectos del pliego nacional, caracterizados por la discusión por las ampliaciones de las plantas, los concursos, la carrera administrativa, la formalización laboral, la transparencia, los pliegos de los sectores de salud, justicia, educación universitaria y género. La lucha en la calle se caracterizó por el liderazgo de FECODE en la movilización social y la defensa de la educación pública, con la participación de las fuerzas estatales, la acción de los compañeros penitenciarios de la UTP, con el apoyo moral de SEUP.

El incremento salarial logrado en 1 punto por encima de la inflación, sostiene lo conquistado en la primera negociación con la implementación del convenio 151 de la OIT para el primer año y para el segundo agrega un componente que ya había estado, y que se sustenta en la respuesta de la economía, pero en este caso atado a una cifra exacta, crecer más de 2.4% del PIB nos da 0.2% o sea 1.2%. Una meta cuyas probabilidades son muy bajas. Incluso el gobierno después de este acuerdo, bajó la expectativa de crecimiento del 2.5% del PIB al 2.3% del PIB. Esa baja va en contra nuestra. La restricción que hace en los salarios, al mismo tiempo, buscando estimular el consumo con bajas tasas de interés. Es cuando el modelo que impone el Ministerio de Hacienda es inflexible y dañino para la economía, pues está unido a una tributación regresiva y a mayores subsidios para los ricos. Nosotros defendemos la idea de tributos progresivos y justos -incluyendo a las multinacionales- y mejores salarios en el Estado, así como más personal que garantice la presencia institucional en todo el territorio nacional. Los sociólogos en sus disquisiciones hacen una comparación entre la expansión de las fronteras europeas en medio de las batallas y las fronteras americanas. De allí, la debilidad que tenemos en la expansión de la institucionalidad de la Constitución de 1991, del Estado social de derecho. Hace poco vi en un trino de Gustavo Petro que está demostrado que Colombia es el segundo país de ingreso medio en el que más se favorecen los ricos con gabelas tributarias antes que los pobres. Salió en la prensa que estos favorecimientos son del orden de los $76 billones de pesos anuales. Si le sumamos a esos los $50 billones que según cálculos del Contralor se pierden anualmente por la corrupción en Colombia, y si le sumamos los $40 billones de evasión tributaria denunciados por el Director General de la DIAN, tenemos más de $160 billones que pudiéndose cobrar no se cobran o habiéndose cobrado son objeto del saqueo. A esto se pueden sumar los $15 billones de Reficar y nos dan $175 o $180 billones de pesos perdidos en un año. ¿Y nos dicen que son los precios del petróleo? Quedó claro que el pliego de solicitudes económico sociales, en el contexto de la Mesa Nacional de Negociación del sector público, incluyó un componente de sustentación socio-política en medio de la movilización social. La acción sindical de los estatales y lo social El contexto de movilización social se dio en la coexistencia de varias situaciones, tales como la extensa movilización de los pueblos del pacífico por las reformas cívicas y sociales libradas en Colombia, que retrotraen las movilizaciones cívico-sociales del resto del país durante las décadas de 1970 y 1980, especialmente en las reivindicaciones del agua, el alcantarillado, la pavimentación de las vías, y la mínima atención social y condiciones de empleo. En este caso para la comunidad afro, habitante en su mayoría de las zonas del pacifico colombiano, caracterizadas por pobreza, atraso, corrupción y violencia estructurales. Al mismo tiempo la movilización por la paz, en la medida que la Corte Constitucional estableció más requisitos en la aprobación del fast track, en momentos en que la mayoría de la unidad nacional se debilita en el Congreso de la República, por la inminencia de la campaña electoral, el deseo de los congresistas de hacerse reelegir y el conflicto de intereses de un órgano legislativo atravesado por el clientelismo y la corrupción. La movilización por la paz también se expresó ante esos temores en momentos en que avanza la implementación de los acuerdos entre el gobierno nacional y las FARC le dijeron ¡adiós a armas! La mesa nacional y las mesas sectoriales y locales están concebidas como espacios democráticos para negociar las condiciones de empleo de la administración pública, en el entendido que la negociación y la libertad sindical están íntimamente unidas, de allí que estos ejercicios deben ser de resolución de los conflictos existentes entre los trabajadores y la administración pública. La gran dificultad de resolución de los procesos de movilización y negociación ha sido la manifestación del gobierno nacional, que no tiene recursos suficientes para atender todas las necesidades planteadas en los pliegos de solicitudes, que para los estatales, se pueden resumir en: fortalecimiento de la acción estatal, a partir

Por: Tulio Roberto Vargas - Presidente de Utradian

Negociar para construir equidad social y transparencia de la ampliación de las plantas de personal en la administración pública y el desarrollo de la carrera administrativa. Así mismo, el acuerdo marco incluyó la reivindicación de salud y la educación de los colombianos como asuntos prioritarios que deben ser atendidos -a nuestro modo de ver-, dentro del contexto del cumplimento de las obligaciones del Estado, en el plano de los derechos económicos sociales y culturales consagrados en el Pacto de San José y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La atención con el debido presupuesto, eliminando los topes del artículo 92 de la ley 617. La reducción del número de grados en la carrera administrativa, la prima técnica de la que gozan los directivos, el levantamiento de topes salariales para ciertos cargos técnicos, asuntos que buscan un mayor bienestar y equidad social para los empleados públicos. También las reivindicaciones del aumento salarial, con ingresos deteriorados por toda la política económica y los efectos de la reforma tributaria concentrada en el incremento del IVA y no en que los grandes millonarios y las multinacionales paguen lo junto y sean transparentes. En el tema de los derechos está la disputa por el trabajo digno y la formalización laboral. El combate por la carrera administrativa y el control efectivo de la gerencia pública, en la búsqueda de la transparencia institucional. Menos discrecionalidad, más carrera administrativa, formación permanente, mejores salarios, bienestar social, una administración democrática y veeduría ciudadana, son el caldo de cultivo de una administración blindada contra la corrupción y dirigida a una nueva institucionalidad democrática. Sustentación desde la campaña de la ISP de Justicia Fiscal y transparencia: “Que las multinacionales y el 1% más rico paguen lo justo”. Se le sustentó al gobierno nacional que no es cierto que la baja de ingresos producto de la caída de los precios del petróleo sean insustituibles. Una política tributaria progresiva, en la que el 1% más rico (que en Colombia es como el 0.01%) pague tributos -así como las multinacionales-, daría grandes frutos en la destrucción de la terrible desigualdad actual. Los colombianos necesitamos que controlen los flujos de origen lícito o ilícitos que fluyen secretamente a paraísos o guaridas fiscales, que se realicen investigaciones de fondo a nivel nacional e internacional de los dineros circulantes en el mundo, a partir de productos ilícitos nacionales como la cocaína, cuyas riquezas quedan un 70% en el exterior y ni siquiera pagan un peso de tributos. La propuesta realizada al gobierno nacional en la mesa de negociación del sector público, incluyó la actualización del catastro y cobro efectivo del predial, que según estudios del año 2013 pueden traer recursos por $7 billones de pesos, en un país en el que el 1% más rico es propietaria del 50% de la tierra, el cobro de los dividendos a las personas jurídicas, que implicaría al mismo tiempo un mecanismo de control de evasión, y cuyo aporte está estimado en $630 mil millones, el impuesto a las bebidas azucaradas, promocionado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), un organismo de derechos humanos, que de implementarse está calculado en $880 mil millones además de los beneficios en salud, asunto que no fue ni siquiera considerado en el congreso durante la última reforma tributaria, teniendo en cuenta que dicho monopolio de las bebidas azucaradas, es muy influyente económicamente en la política y en los medios de comunicación, se podría implementar con aumento de campañas para el consumo de leche. Los impuestos verdes que podrían significar $240 mil millones y el fortalecimiento inmediato de la DIAN que traería beneficios al país calculados en $4,7 billones de pesos, en estimaciones de las alternativas de recaudo no incluidas en la reforma tributaria de 2016 que van desde iniciativas de intelectuales, gobierno, y el ponente alterno Senador Navarro Wolf. Un paquete de $13.170 billones de pesos en momentos en que el gobierno nacional tramita un empréstito para el pacífico. Sabiendo que para la educación, salud y fortalecimiento necesario del Estado colombiano faltan recursos. Urge que el gobierno llegue a territorios que el Estado no cubre y que están siendo copados por fuerzas violentas, a pesar de los esfuerzos de paz. Y si fuesen necesarios, más recursos calculados en $5.6 billones, la última reforma tributaria ley 1819/16, o llamada reforma tributaria estructural, creó la devolución del 100% del IVA de Bienes de Capital, exención calculada en $4 billones de pesos. Es preocupante por cuanto se están entregando $4 billones a los empresarios, y no se sabe qué es lo que sucede, ni quiénes son esos empresarios; si se crean nuevos empleos; si esas empresas respetan los derechos laborales; si en esas empresas respetan la libertad sindical y la negociación colectiva. Es decir, no se sabe si además de las exenciones se favorecen de un cierto nivel de dumping social. Mientras a la población de Buenaventura sólo le entregan del gobierno central $1 billón de pesos, y se hace un empréstito por $500 mil millones de pesos. A millón doscientos mil empleados públicos, nos entregan después de arduos debates y fuertes movilizaciones, un incremento de un punto por encima de la inflación que representa alrededor de $350 mil millones. El gobierno por intermedio de la Ministra de Trabajo, Dra. Griselda, sale a decir que ha invertido $4.5 billones en lo social, incluidos los trabajadores. Es muy poco. Repetimos recordando que los $4 billones calculados en 2017, por devoluciones de IVA, a unos cuantos ricos expresa o es un ejemplo de por qué Colombia es considerado el segundo país de ingreso medio en el mundo, donde los ricos reciben más beneficios sociales que los pobres. Adicionalmente, están los $1.6 billones calculados en los beneficios a las zonas francas, las cuales son especialmente bodegas de mercancías importadas y a las nuevas zonas unipersonales cuyo único requisito es tener la suma de dinero suficiente, como para dar ese paso y entrar a competir en condiciones ventajosas, frente a los menos ricos productores nacionales.

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Con ocasión de la invitación que le hice al presidente Juan Manuel Santos, de iniciar una auditoría a la deuda externa, es necesario revisar los efectos del servicio de la deuda y el endeudamiento en la economía colombiana como la nueva dinámica mundial. No es pertinente ni de recibo en nuestro Estado social de derecho, que frente a la deuda social colombiana, sectores del país movilizados por justas reclamaciones se les nieguen y objeten derechos bajo el argumento del déficit fiscal, pensionados,

maestros, madres comunitarias, trabajadores y campesinos merecen un mejor nivel de vida por encima de las prerrogativas de ajuste fiscal impuestas por los organismos multilaterales. No es de recibo que las cargas impositivas regresivas como los tres puntos del IVA, los trasladen a los ciudadanos de medianos y menores ingresos, ni que el costo del posconflicto se lo trasladen a quienes no somos los generadores de la guerra, como a las futuras generaciones. La única vía para una paz estable y duradera en Colombia es la modernización de su planta industrial, una revolución agrícola y el fortalecimiento de la ciencia y la tecnología, orientada a convertir a Colombia en una potencia económica. Es urgente un plan de choque para generar millones de empleos bien remunerados a través de la inversión en economía física (construcción de infraestructura, hospitales, universidades, colegios, diques, canales, corredores ferroviarios, sistemas de acueductos y otros orientados al desarrollo, con la participación de la fuerza de ingenieros militares como aporte de reconstrucción para el posconflicto). Tenemos un momento histórico que definir entre un acuerdo con muchas expectativas pero sin piso fiscal para soportarlo, o la construcción de una paz justa y duradera en la que se

¿Por qué una auditoría a la deuda?Por: Pedro Rubio Sánchez Jr. (Directivo de UNIOS)(Unión Nacional Independiente de Trabajadores de Organismos de Control)

involucren todos los colombianos como partícipes de la distribución de la riqueza. La pobreza, la desigualdad y el subdesarrollo son el perfecto caldo de cultivo para la guerra, el riesgo de surgimiento de nuevos actores armados está a la orden del día, sólo lo evitaremos si forjamos un modelo económico incluyente y orientado al bienestar general de toda la población. La teoría monetarista concibe que estas obras y necesidades para el país tienen un alto costo económico; que su aplicación es inflacionaria y que se debe trasladar estas necesidades a la “iniciativa privada”, promoviendo economía de casino, especulativa, parasitara acompañada de la obsoleta formula del ajuste fiscal y de los recursos limitados. Por el contrario, el nuevo paradigma de la economía mundial demuestra que el impulso del desarrollo y el bienestar general se puede lograr a través de emisión de crédito soberano, orientado a las actividades productivas de una economía y con acuerdos de cooperación recíproca, sustentados en la máxima del beneficio común, como lo viene impulsando China a nivel mundial con la iniciativa de un puente terrestre mundial con corredores de desarrollo y bienestar en las naciones, nación que ha logrado hazañas económicas que han dejado al mundo atónito de asombro feliz: sacar a 700 millones de chinos de la pobreza; elevar la esperanza de vida promedio de 35 años en 1949 a 76 años hoy en día; iniciar una actividad científica de nivel mundial en los campos de la exploración espacial y del desarrollo de la energía de fusión. A su vez, en Estados Unidos avanza la iniciativa congresional con apoyo del ejecutivo en implementar la Ley Glass Steagall, que como lo denomina el estadista norteamericano Lyndon Larouche, es la oportunidad para declarar en bancarrota la banca especulativa e hiperinflacionaria, reorganizando la economía y el sistema de banca, orientado al crédito sano y la reconstrucción de la desmantelada economía norteamericana, con un déficit calculado de $4 billones de dólares en infraestructura, al que China se ha ofrecido reconstruir. La reorganización del sistema financiero internacional y de las naciones, requieren así mismo con urgencia la revisión de sus deudas externas e internas, toda vez que la complejidad de los acuerdos y contratos de endeudamiento obligan a revisar si las condiciones con las que se pactaron son legítimas y legales. La extensa y abundante jurisprudencia internacional respalda que la iniciativa de auditoría a la deuda externa se adelante a través de estándares técnicos, fiables y sustentados. Para el caso colombiano, la política fiscal sostiene que el déficit se debe financiar por medio de la deuda pública transfiriendo estas cargas a los ciudadanos vía reforma tributaria, además de los paquetes que prepara el gobierno por recomendaciones de la OCDE (nivelar edad de jubilación de hombres y mujeres, flexibilización laboral, reducción salarial). El 25% del presupuesto general de la nación se destina a pago del servicio de la deuda el que mayor porcentaje se destina al pago de intereses. La deuda bruta del Sector Público No Financiero (SPNF) en Colombia ha pasado de rondar $200 billones a rozar los $450 billones de pesos en menos de 4 años, un incremento exponencial que manifiesta una crisis inminente en el devenir del país, debido a la fuga de capitales a partir de la baja rentabilidad de la inversión, concatenado con el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos. La tendencia del presupuesto de gasto de funcionamiento para el 2017 es aún más preocupante, el que se reduce en $3.763 mil millones de pesos, pasando de $36.674 a $32.911 mil millones de pesos, con reducción de $842 mil millones de pesos de inversión en sectores estratégicos como el agrícola, $1097 mil millones en inclusión social y reconciliación, reducción de $185 mil millones en alimentación escolar afectando la cobertura a 700 mil niños entre otros, mientras el servicio para la deuda aumenta $7.134 mil millones, pasando de $47.201 a $54.336 miles de millones de pesos anuales (Fuente: Presupuesto Genral de Colombia para 2017. Crónica de una crisis anunciada, por Camila Galindo y John Gómez). Si el gobierno y la sociedad colombiana desea una paz estable y duradera, es necesario una revisión sistemática al modelo económico para su financiación y sostenimiento, empezando por la deuda externa•

Quedó claro también que los trabajadores y en general los colombianos estamos pagando los platos rotos, como efecto de la omisión constante de los gobiernos en el fortalecimiento grande de la DIAN, que durante el actual gobierno funcionó en un primer periodo. Subió el porcentaje de recaudo con relación al PIB del 12% del anterior gobierno, al 15%, en el primer periodo, pero se estancó en la medida que no se cumplen acuerdos con los sindicatos y tampoco se cumple lo ordenado por la ley 1819/16. Ha sido evidente. De allí que existe una responsabilidad de quienes dominan y han dominado políticamente este país, sobre esta situación que avanza a niveles insostenibles. Una responsabilidad que puede ser llevada al sistema interamericano de Derechos Humanos. En Uruguay por ejemplo, los ricos no son tan ricos y los pobres no son tan pobres. La redistribución funciona mucho mejor. Mientras Colombia, sigue en los últimos lugares de desigualdad en el mundo y en América Latina. Lo que nos lleva a pensar que una alternativa para esta Colombia es la renovación total de la clase política y dirigencia tradicional, de sus costumbres políticas y clientelares, asunto que no se ve en el corto plazo. Al día de hoy, ya se sabe quien va a ser el próximo presidente. Una política tributaria y salarial justa donde las multinacionales paguen lo que les toca y publiquen lo que pagan; un sistema de control tributario global, son los instrumentos dentro del Estado social de derecho y en las relaciones multilaterales, el mundo de los derechos humanos, para redistribuir la riqueza y crear equidad social disminuyendo la desigualdad. Es lógico que el capital y el régimen dominados por dichos intereses no cederán sin la fuerza de los trabajadores para lograr las conquistas. El Estado hoy está vigilado desde los derechos humanos. Negociamos para construir equidad y transparencia, ejercicios que surgen de la libertad sindical, la solidaridad y la paz con justicia tributaria y social. No nos gusta que en Colombia todavía primero tengamos que pelear y luego solucionar. Los derechos no bastan y nos falta todavía en la construcción de democracia. La movilización debe ser el último mecanismo, no el primero. En cuanto al Estado social de derecho, realmente se incumple la negociación social. Por primera vez hubo propuestas para conseguir los recursos, y el Ministerio de Hacienda no aceptó. No han entendido allá que las reformas tributarias no solo se negocian en la convención bancaria o de la ANDI, en la asamblea cafetera o de las lonjas de propiedad raíz. También deben negociarse en la Mesa Nacional del Sector Público. Lo garantiza el bloque de constitucionalidad, la OIT, Convención Americana, Pacto de San José en cuanto a la responsabilidad social del Estado, negociación y derechos. Todos critican, pero todavía pocos se indignan. Necesitamos que los trabajadores colombianos y el pueblo en general salgan de la preocupación y la crítica de pasillo para pasar a la indignación y la multitudinaria acción social pacífica. Como dice la consigna de la CGT y UTRADEC: Solo el pueblo salva al pueblo. ¡Utradian presente!•

OpiniónPS


Si las elecciones que se avecinan intentan poner la paz en entredicho, es posible que los resultados beneficiosos alcanzados para entonces convenzan a las clases medias y trabajadoras de que es un imposible ético volver atrás, así las clases más golpeadas por la violencia como son los campesinos y desplazados, que poco entienden de quiénes son sus enemigos, terminen creyendo, con las mentiras repetidas que ya conocimos para favorecer el No, que la guerra es un estado normal donde unos pocos ganan y la mayoría pierde, pero que su suerte individual esta vez sí puede conseguirse en río revuelto como se lo hacían pensar y por lo que se hacían matar los infelices colombianos de hace 60 años. Y eso porque la guerra en estos momentos solo acabaría de agravar la crisis económica a la que finalmente nos debía conducir el modelo neoliberal, al que ninguno de sus patrocinadores nombra como causante para que no se les acabe el negocio, y que le correspondió enfrentar sin éxito al gobierno presente como le hubiera sucedido al propio Superman, pero que todos los colombianos del montón debemos pagar. En una desusada declaración de Sergio Clavijo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) para El Tiempo del 22 de junio de 2017, prácticamente regaña a su patrón externo, el Fondo Monetario Internacional (FMI), no para reclamarle por la crisis que nos propició el libre mercado, sino por no clavarle la mano a Colombia lo suficiente, dizque, dice él, porque “una cosa es resaltar el hecho de estar mejor que otros países, gracias a esfuerzos como el de la paz o en infraestructura, pero otra es quedarse cortos en prever los problemas que podrá encarar el gobierno que llegue para el periodo 2018-2022.” Y los remedios que recomienda el veterano economista son “apretar el paso en materia de reformas estructurales por el lado del gasto y en retomar tareas pendientes en materia tributaria”. Palabras mayores y conocidas que los de a pie sabemos a dónde conducen, y que de no defendernos en las próximas elecciones por andar despistados por estos titiriteros, nos continuarán diezmando, sin que el sistema económico perverso por cuyo botín pelean los dirigentes y sus acólitos sea mencionado•

Aunque no las viví, cuento con testimonios de quienes las sufrieron. Las circunstancias de odio y mentira por las que pasa Colombia, solo pueden asimilarse a las que ocurrieron a mediados del siglo pasado durante el

enfrentamiento entre liberales y conservadores, cuando ‘la primera magistratura’, como la llamaban entonces, era ejercida por Laureano Gómez, bien de forma directa o por interpuesta persona, como la de su carnal Urdaneta Arbeláez. Mentiras y rencores mutuos entre el gobierno ultraconservador y las élites liberales de las ciudades que no superaban el daño de algunas casas, mientras en el campo bandas paramilitares gobiernistas y guerrillas patrocinadas por la oposición liberal, donde contendientes y víctimas eran ingenuos campesinos de uno y otro bando, se destrozaban sin compasión, envenenados por unas cuantas consignas y propósitos donde ellos eran simples marionetas. Y toda esta violencia infame para quedarse con los pocos reales que recogía la nación para su sostenimiento, en un medio donde el dinero siempre ha sido escaso, porque desde entonces los líderes lo malgastaron o se lo llevaron para otra parte, como si su suerte fuera ajena a la del país que dirigían Hoy, luego de 67 años de semejante tragedia, el clima de confrontación de la dirigencia colombiana no es menos mendaz y explosivo con consecuencias quizás mucho más graves, ya no solo para sus campesinos que hoy como ayer serán víctimas del abandono y de una tierra mal repartida sino para todos sus ciudadanos, que tendrán que pagar el modelo de desarrollo fracasado. Si bien el botín ya no son los exiguos ingresos con que se sostenía la administración de mediados del siglo pasado, sino las gabelas que les deja tanto a uribistas como a santistas y sus herederos, el manejo del modelo neoliberal al que ambos bandos son adictos por las oportunidades de enriquecimiento continuado de las que hemos sido testigos. Las razones que aportan para quedarse con todo van desde la mentira delirante de unos, hasta la réplica desobligante de los otros, utilizando la paz, principio constitucional fundamental, como mascarón de proa de sus mezquinos intereses.

La paz no tiene alternativa, la crisis económica sí: los pobres

Por: Jorge Ramírez Aljure

Panorama Socialutpcolombia.org/Revistas/Panorama Social 49-1.pdf · · 2017-07-10Acuerdo salarial con el gobierno Acuerdo salarial con el gobierno ... En la Procuraduría General

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