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20/06/2011 FINAL Santiago Authors: Eduardo Jose Sanhueza DISCLAIMER The content of this report is the responsibility of the author, as are the views expressed in it those of the author alone.

MAPS Acciones de Mitigación en Países en Vias de Desarrollo

Caso de estudio: Chile

Submitted by: Cambio Climatico y Desarollo

Mitigation Actions in Chile

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Contents

1. Aproximación Conceptual a las Acciones de Mitigación en Chile 2

2.1. Marco Contextual 2 2.1.1 Primera Etapa 2 2.1.2 Segunda Etapa 4 2.1.3 Tercera Etapa 5 2.1.4 Cuarta Etapa 9

2. Conjunto de Acciones de Mitigación en Chile 13

3.1. Estado de Desarrollo 13 3.1.1. Sector Transporte 13 3.1.2 Sector Agricultura 15 3.1.3 Sector Energía 16

3.2 CONTEXTO EN LA PLANIFICACIÓN: POLÍTICAS Y REGULACIONES 20 3.3 CAPACIDADES INSTITUCIONALES 20 3.4 MRV 21 3.5 Financiamiento 23 3.6 Propiedad 23 3.7 Capacidad Técnica para Desarrollar las Namas 24 3.8 Co Beneficios Socio-‐Económicos de las Namas 24


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Introducción Uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se construyó el acuerdo internacional que culminó con la firma de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), el año 92, es el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas que, entre otras implicancias, se entendía, en esos años, significaba que las acciones de mitigación para enfrentar las causas del problema eran de responsabilidad exclusiva de los países industrializados, sin perjuicio de que las naciones en desarrollos pudieran sumarse a esos esfuerzo, voluntariamente y en la medida de que contaran con recursos financieros, otorgados por las naciones industrializadas, que así se lo permitieran.

No es de que extrañar, entonces, que el proceso de participación del mundo en desarrollo en acciones de mitigación del cambio climático haya sido lento y circunscrito a: i) la realización de actividades de mitigación financiadas por el Fondo Mundial del Medio Ambiente y ii) las que han llevado a cabo entidades de estos países, fundamentalmente privadas, facilitadas por el uso del Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto.

Esta situación tuvo un cambio significativo en la Conferencia de las Partes de este acuerdo internacional, en su decimotercera reunión (COP13), celebrada el año 2007 en la ciudad de BALI, Indonesia, cuando en el marco de negociaciones sobre los pilares y los elementos necesarios de elaborar para construir un acuerdo de cooperación internacional de largo plazo hacia el logro del objetivo último de la Convención, tarea para la que se dio, inicialmente un plazo de dos años, acordó “... el examen de medidas de mitigación adecuadas a cada país por las Partes que son países en desarrollo en el contexto del desarrollo sostenible, apoyadas y facilitadas por tecnologías, financiamiento y actividades de fomento de la capacidad, de manera mensurable, reportable y verificable”.

Así desde esa fecha, con este nuevo entendimiento del principio de responsabilidades comunes diferenciadas, puede constatarse un creciente número de propuestas de acciones de mitigación en el mundo en desarrollo que buscan que los apoyos ofrecidos para sus realizaciones, en el marco de promesas anunciadas internacionalmente por ellos sobre objetivos cuantitativos para lograr reducciones de sus patrones de emisiones respecto a un comportamiento habitual.

Chile no ha sido una excepción a este comportamiento y en las próximas secciones se realizará una breve revisión de la historia de la participación del país en acciones de mitigación. Ella se centrará en los trabajos más relevantes al tema, pero haciendo notar que existen muchos otros trabajos en el país que también han sido y serán funcionales a tareas de mitigación que se ha planteado o se plantee en el futuro. Una revisión exhaustiva de ellos se puede encontrar en la Segunda Comunicación Nacional del país a la CMNUCC, recientemente publicada .


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1. Aproximación Conceptual a las Acciones de Mi"gación en Chile

2.1. Marco Contextual

Como se ha dicho, el comportamiento de Chile frente al desafío que representa la alteración climática originada por los patrones usuales de desarrollo no ha sido diferente al de la mayoría de las naciones en desarrollo: el país sólo ha reaccionado a las orientaciones que emana de los acuerdos internacionales que ha suscrito sobre la materia: la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y su Protocolo.

La participación del país frente al problema del cambio climático se inicia con la firma de la Convención Marco en 1992 en la Cumbre de Río, compromiso que ratificó en 1994. En su gradual desarrollo desde esa fecha hasta hoy se pueden distinguir etapas bien definidas. A continuación se describen las principales características de ellas, centrando la atención sólo en aquellos aspectos relacionados con las acciones de mitigación.

2.1.1 Primera Etapa

La primera etapa, el período que va entre el año de la firma de la Convención y el 2001, puede caracterizarse por, a) la utilización del Fondo Mundial del Medio Ambiente, instrumento financiero puesto a disposición de las naciones en desarrollo tanto para incursionar en algunas medidas de mitigación de su interés como para dar cumplimiento a su obligación de realizar su Primera Comunicación Nacional, y b) el desarrollo de una primera institucionalidad para construir una posición país ante los temas en discusión en la Convención.

Ya a fines del 1992, a pocos meses de haber firmado la Convención, el país postuló y recibió financiamiento para dos conceptos de proyectos por parte del Fondo Mundial del Medio Ambiente en la fase piloto del accionar de esta institución .

Uno referido a la promoción y la instalación de servicios orientados a un uso más eficiente de la energía, en la modalidad denominada Compañías de Servicios Energéticos (ESCOs por sus siglas en inglés) a través de proyectos pilotos principalmente focalizados en la gran minería del cobre del país.

El segundo, un estudio sobre la factibilidad económica de la producción de metanol a partir del abundante material lignocelulósico con que cuenta en el país y que podría tener gran impacto en las emisiones de CO2 originadas en el sector transporte nacional.

Desafortunadamente, los resultados de ambas iniciativas estuvieron lejos de los objetivos planteados. La razón que explica esta situación se ha entendido como la falta de apropiación por parte del país de estos proyectos. Ambos conceptos de proyectos fueron identificados por consultoras internacionales interesadas en promocionar la participación del mundo en desarrollo en actividades de mitigación por medio del uso del Fondo Mundial del Medio Ambiente. Si bien estas ideas de proyectos fueron bien recibidas por las


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autoridades nacionales involucradas, ambientales y energéticas, endorsadas por ellas y presentadas como propuestas del país a dicho Fondo, la falta de integración de estos proyectos a alguna política o programa nacional estructurados significó un tratamiento aislado de ellos. Finalmente, todo ello se tradujo en que las dificultades administrativas encontradas para su implementación no pudieran ser superadas y, por tanto, que los proyectos no pudieran alcanzar sus objetivos.

Distinta suerte tuvo una segunda presentación del país al Fondo Mundial del Medio Ambiente en materia de mitigación, en 1999: el proyecto titulado “Remoción de barreras para electrificación rural con energías renovables”. Este proyecto proponía alinear a los objetivos de la Convención una exitosa política de electrificación rural que el Gobierno había estado llevado a cabo durante la década de los 90s y solicitaba financiamiento de dicho Fondo para cubrir los costos incrementales y continuar con esta política utilizando fuentes energéticas renovables.

El proyecto se llevó a cabo durante la primera década del 2000 y la mayoría de sus objetivos fueron cumplidos.

En 2001, el Fondo Mundial del Medio Ambiente aprobó dos nuevos proyectos al país en su línea de acción sobre Cambio Climático. Uno de ellos, de pequeña escala, para la creación de capacidades que le permitieran evaluar necesidades tecnológicas y promover la integración de la preocupación por el cambio climático en el planteamiento de sus objetivos de desarrollo . El otro proyecto consistió en la realización de una serie de estudios para promover la reducción de las emisiones de GEI en el transporte terrestre de Santiago, que comprendía la promoción del uso de bicicletas, modernización del sistema de buses del transporte público, mejoras en flujo vehicular, etc.

Estos últimos estudios, parte de muchos otros llevados a cabo por el Gobierno, han permitido en los recientes años la operación de un sistema de buses de rápido tránsito en la capital, más conocido como Transantiago, acompañado por un importante desarrollo de una red de ciclovías.

El 1996 el país solicitó al Fondo Mundial del Medio Ambiente recursos para poder cumplir con su compromiso de preparar su Primera Comunicación Nacional a la Convención. En este trabajo, finalizado en 1999, se presentaron los inventarios de emisiones de Chile de 1994; algunos estudios sobre vulnerabilidad y adaptación en algunos sectores clave de la economía nacional —agricultura, forestal y pesquería—; primeras proyecciones del crecimiento de sus emisiones de GEI al 2020; y posibles escenarios, con algunas acciones de mitigación, que pudieran controlar la tendencia de crecimiento para esas emisiones que mostraba el escenario de comportamiento habitual.

Los escenarios proyectados consideraron las tendencias macroeconómicas y demográficas del país, sus exportaciones e importaciones, y un análisis del contexto internacional en cuanto a transferencia tecnológica, crecimiento esperado de los mercados relevantes para Chile y tendencias de los precios de los energéticos.

Cabe destacar que en el marco de la realización de esta comunicación se llevó a cabo también el cálculo de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero, tanto para el sector energía como el no energía, para el período 1984 a 1998, una serie histórica de invaluable valor para proyectar tendencia y que se ha estado actualizando periódicamente hasta hoy.


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Dada la relevancia que el tema de cambio climático estaba adquiriendo para el país, tanto a nivel del proceso de negociación internacional como por el inicio de proyectos de cooperación, se hizo necesaria la creación de una instancia interinstitucional que sirviera de mesa para el debate y para la asesoría gubernamental en la toma de decisiones sobre esta materia.

Por consiguiente, en 1996 se materializó la creación del Comité Nacional Asesor sobre Cambio Global (CNAG), integrado por representantes de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Agricultura, la Comisión Nacional de Energía, la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante, la Dirección Meteorológica de Chile, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica y la Academia Chilena de Ciencias.

No obstante, esta estructura sólo comenzó a operar sobre bases regulares a comienzos de 1998, oportunidad en que se establecieron grupos de trabajo específicos y se definió, además, una agenda de tareas para el corto y mediano plazo.

En el corto plazo, dicho comité posibilitó una participación más activa del país en las discusiones sobre las modalidades y los procedimientos del Protocolo de Kioto, particularmente en las del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), que consideraba un instrumento propicio para vincular las tareas de desarrollo nacional y la condicionalidad que al mismo impone el cambio climático.

Con una mirada en el mediano plazo, otra labor central del Comité fue la elaboración de los lineamientos estratégicos en materia de cambio climático en Chile, que tenían el propósito de establecer un marco de acción del Gobierno para posibilitar la implementación de sus compromisos con la Convención y el Protocolo.

Tales lineamientos fueron aprobados por el Consejo Directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente en 1998. Éstos, además de reafirmar los compromisos establecidos en la Convención, la promoción de la ratificación del Protocolo de Kioto y la participación de sectores relevantes y expertos chilenos en la discusión de sus mecanismos económicos, y la utilización del MDL, planteaban la necesidad de diseñar orientaciones básicas respecto de nuevas formas de limitación y/o reducción de emisiones de GEI para los países en desarrollo, la creación de un fondo nacional especial para la investigación científico-‐tecnológica y la capacitación en cambio climático en el país y tanto la generación como la aplicación de un Plan de Acción Nacional en Cambio Climático.

2.1.2 Segunda Etapa

La segunda etapa distinguible del accionar del país en materia de cambio climático se extiende entre 2002 y 2005 y está caracterizada por una gran actividad en torno al uso del MDL. Desde un estudio para un uso estratégico de este instrumento financiero de mercado, pasando por la instalación de la Autoridad Nacional Designada y culminando con una intensa campaña de promoción de oportunidades que el país ofrecía para la implementación de proyectos a partir de este instrumento de compensación de emisiones, incluyendo la participación de la Agencia Nacional que promueve los productos nacionales en los mercados internacionales (PROCHILE), y la participación en las Ferias del Carbono que se iniciaban por esos días.


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El resultado de esta política puede considerarse exitosa debido a que Chile lideró durante esos años el ranking de países con mayor número de proyectos registrados en el MDL y se desarrolló una importante capacidad en el país para dar soporte a la preparación de proyectos de acuerdo a las modalidades y los procedimientos que regulan ese mercado.

Cabe hacer notar que también contribuyó a esta situación, la valorización que hicieron los primeros inversores que incursionaban en este naciente mercado del carbono, de la estabilidad política del país, de las seguridades que otorgaba su legislación a la inversión extranjera y de la simplicidad que ofrecía el procedimiento establecido por la Autoridad Nacional Designada para otorgar las cartas de endoso para los proyectos que se proponían registrarse en el MDL y que se reducía a demostrar que los proyectos contaban con los permisos ambientales requeridos por la legislación nacional para poder ser efectuados.

No obstante este liderazgo, aunque hubo intentos de ligar esos desarrollos a la realización de políticas nacionales, en el sector energético principalmente, otorgándose subsidios para estudios de factibilidad técnica de iniciativas basadas en energías renovables, por mencionar un ejemplo, y financiando un proyecto piloto para promocionar el uso del instrumento en sectores de la pequeña y mediana industria nacional, los progresos alcanzados fueron marginales.

2.1.3 Tercera Etapa

La tercera etapa comprende el período 2006-‐2009. Se caracteriza por una gran actividad para sentar las bases de conocimiento nacional, dotar al país con una política de cambio climático y establecer una modalidad para estructurarla e implementarla.

Las razones para esta revitalización del tema en el país no son ajenas a las que en este período también reimpulsó el proceso de negociaciones internacionales en el marco de la Convención: el aumento en la frecuencia e intensidad de eventos hidro-‐meteorológicos extremos que habían, incluso, afectado a naciones industrializadas; el aumento de la “popularidad del tema” en la población global por el acierto mediático del ex candidato presidencial Al Gore con su documental “Una Verdad Incómoda”; la iniciativa del ex Primer Ministro Inglés Tony Blair y el así llamado informe Stern, con su evaluación económica de los costos de la inacción versus acción ante el cambio climático; la prioridad dada al tema por el recientemente asumido Secretario General de Naciones Unidas, con su mayor expresión en las sesiones especiales sobre la materia convocadas en el marco de las reuniones de la Asamblea General; la publicación del Cuarto Informe del IPCC y sus llamados a la acción; y los acuerdos de la Convención en Montreal y Bali, entre otras.

Pero también hubo razones nacionales. En primer lugar, una difícil situación de inseguridad en el suministro energético exacerbada por períodos de pronunciadas sequías y problemas de accesibilidad al gas natural de países vecinos que evidenciaron la fragilidad extrema del sistema energético de Chile. En segundo lugar, la publicación de un estudio sobre la Variabilidad climática de Chile en el siglo XXI. El trabajo, que utilizó el modelo PRECIS desarrollado por la Oficina Meteorológica del Reino Unido, con una resolución espacial de 25 km, ilustró con detalle los impactos que sobre el territorio podría tener un aumento no controlado de la temperatura media global y, por ende, sobre su economía y población. Por último, los propósitos de Chile de llegar a ser miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) que imponía al país pautas conductuales acordes con las de los miembros de esta agrupación.


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La vulnerabilidad del suministro energético del país, unido al vigoroso ritmo del crecimiento de la economía nacional, impulsaron la necesidad de incrementar los esfuerzos para hacer un uso más eficiente de la energía y promover fuentes energética alternativas de carácter renovable. Para tales efectos, en este período 2006-‐2009 se establecieron las base para el desarrollo de dos políticas ad hoc, las que están en desarrollo.

Una de ellas, denominada Programa País Eficiencia Energética (PPEE) fue instaurada a comienzos del 2005, bajo el alero del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, pero sus operaciones y desarrollo institucional corresponden al período que se comenta. Desde el 1 de enero del 2008, el Programa pasó a depender administrativamente de la Comisión Nacional de Energía (CNE), antecesor del actual Ministerio de Energía. Hoy, el Programa lo dirige la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, la cual se consolida como uno de los brazos ejecutores de las políticas del Ministerio de Energía, el que considera a la Eficiencia Energética (EE) como un tema transversal dentro de sus ejes de acción.

El principal objetivo del PPEE es aumentar la EE en los principales sectores de consumo energético del país mediante la generación de cambios de hábitos y tecnologías que impliquen ahorro energético. El ámbito de acción del programa es nacional y atiende, por tanto, a todas las regiones de Chile.

Un pilar estratégico de intervención del PPEE son las evaluaciones técnico-‐económicas que se realizan con relación al consumo energético de distintos sectores, los potenciales de mejoramiento de la eficiencia energética y las posibilidades técnicas, legales e institucionales existentes.

Esta intervención se realiza básicamente con regulación, fomento, asistencia técnica, difusión y educación. Cada iniciativa que se ejecuta es acompañada por indicadores de desempeño y se implementa a través de Convenios de Desempeño tanto con los servicios como los ministerios del respectivo sector .

La segunda política ha estado orientada a dar un fuerte impulso al uso de los recursos energéticos renovables que existen en el país. Para llevarla a cabo el Gobierno ha utilizado dos medidas. Una de carácter legal y otra de apoyo a esa legislación.

La nueva Ley de fomento a las energías renovales no convencionales (Ley N° 20.257) aprobada en Chile exige que a partir del 2010 las empresas generadoras de nuestro país con capacidad instalada superior a 200 MW deberán acreditar que una cantidad de energía equivalente al 10% de sus retiros de cada año haya sido inyectada por medios de generación renovable no convencional, pudiendo ser estos medios propios o contratados.

Esta obligación será aplicada de manera gradual, siendo de un 5% entre 2010 y 2014, aumentando anualmente un 0,5% a partir del 2015 para alcanzar así el 10% previsto para el 2024. Es importante recalcar que este aumento progresivo no se aplica respecto de los retiros de energía asociados al suministro de empresas de distribución eléctrica para satisfacer consumos de clientes regulados, a quienes se les exigirá cumplir con el 10% a partir del 2010.

El cargo asociado al no cumplimiento de la obligación dictada por esta ley será de de 0,4 UTM por cada MW/hora de déficit respecto de su obligación. En caso de que dentro de los tres años siguientes a un


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incumplimiento la empresa volviese a no cumplir lo exigido, el cargo aumentará a 0,6 UTM por cada MW/hora de déficit. Al valor del tipo de cambio actual (cerca de $ 450 por dólar) y de la UTM, el cargo de 0,4 UTM implica un valor de aproximadamente 30 US$ por cada MW/h de déficit. Si este valor lo comparamos con los precios de nudo de energía actualmente vigentes, alrededor de 80 US$ por MWh, tenemos que el valor de este recargo asciende a casi un 40% por sobre el precio de venta de energía a empresas distribuidoras.

Simultáneamente con la tramitación y promulgación de esta ley, el Gobierno estableció el Centro de Energías Renovables (CER). La misión del CER es promover y facilitar el desarrollo de la industria de las ERNC, articulando esfuerzos tanto públicos como privados que optimicen el uso del gran potencial de recursos energéticos renovables no convencionales existentes en Chile, contribuyendo así a tener un abastecimiento de energía seguro y sustentable, económica, ambiental y socialmente.

El CER realiza principalmente tres líneas de acción: apoyo de proyectos de ERNC, tanto promoción como difusión de ERNC y centro de información para el desarrollo de las ERNC.

En apoyo a estas políticas el país sometió a consideración del Fondo Mundial del Medio Ambiente dos conceptos de proyectos. Uno aprobado en 2008, destinado a promover y fortalecer un mercado de eficiencia energética en el sector industrial del país . El segundo proyecto, aprobado a fines del 2009, consiste en promover y desarrollar las tecnologías solares tanto para calentamiento de agua como para la generación de electricidad .

En forma paralela a estos desarrollos, también hubo otros en el período analizado. El primero de ellos se inició a principios del 2006, cuando el Consejo de Ministros de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), la institucionalidad ambiental que precedió al actual Ministerio del Medio Ambiente (MMA), encomendó a CONAMA la preparación de un primer Plan de Acción Nacional de Cambio Climático, trabajo que finaliza y publica a fines del 2008 y que cubre el período 2008 – 2012.

Este Plan de Acción constituye el marco de referencia para las actividades de evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, incluyendo la mitigación de las emisiones de GEI en el país. Fue elaborado en un proceso de consulta en el que participó tanto personal técnico de las instituciones parte del Consejo de Ministro de la CONAMA como pertenecientes al mundo académico y de investigación nacional. Su materialización persigue, por un lado, dar respuesta a una necesidad que se revela imprescindible a la vista de las últimas evidencias científicas sobre el cambio climático que se proyecta para el siglo XXI y, por otro, dar cumplimiento a los compromisos adquiridos al ratificar la CMNUCC.

El Plan de Acción se concibió como un instrumento articulador de un conjunto de lineamientos de orden político, que llevarán a cabo los organismos públicos competentes en materia de cambio climático y sus efectos adversos.

Por otra parte, el Plan de Acción se conforma como una herramienta orientadora para el sectores tanto productivos como académicos y para los organismos no gubernamentales, en cuanto señala las materias relevantes que deberán ser abordadas por el conjunto de la sociedad para enfrentar los impactos derivados del cambio climático.


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Está estructurado a base de un diagnóstico de la situación nacional e internacional en cambio climático; a las consideraciones de orden estratégico que guiarán su ejecución, y a las líneas prioritarias de acción que permitirán desarrollar una línea base de conocimientos en adaptación, mitigación y creación de capacidades, orientada fundamentalmente hacia la toma de decisiones sobre estas materias en el largo plazo.

En cuanto a los lineamientos de mitigación que se explicitan en dicho Plan, se definió "propender hacia una economía más baja en carbono, que contribuya al desarrollo sustentable de nuestro país y a los esfuerzos mundiales de reducción de emisiones".

Otro desarrollo durante 2006-‐2009 fue la realización de varios estudios que ilustraron sobre el potencial de reducción de emisiones de GEI existente en el país.

Bajo el título “Estimación del potencial de ahorro de energía mediante mejoramientos de la eficiencia energética de los distintos sectores” el Programa de Estudios e Investigaciones en Energía de la Universidad de Chile, (PRIEN) desarrolló indicadores de EE, agregados y sectoriales, con el propósito de evaluar la evolución del uso de los recursos energéticos desde el punto de vista de su eficiencia y aplicar dichos indicadores al período comprendido entre 1990–2006. Además, se hizo una estimación de los potenciales teóricos de mejoramiento de la EE de los distintos sectores y subsectores.

El objetivo del estudio, planteado por el PPEE apuntaba a establecer las relaciones entre la eficiencia energética y la eficiencia económica a nivel nacional, sectorial y sub sectorial, que permitieran evaluar la evolución de la eficiencia en el uso de los recursos energéticos y establecer el potencial teórico de mejoramiento de la EE en el país.

La CONAMA, por su parte, encargó el estudio titulado “Análisis de opciones futuras de mitigación de GEI para chile en el sector energía”, que consistió en la construcción de escenarios de mitigación para un horizonte de 20 años (2010-‐2030), considerando la demanda sectorial de energía y sus opciones de suministro a partir del 2000. En este estudio, se caracterizaron las opciones tecnologías de mitigación, las opciones de generación y el cambio de combustibles. Estuvo fuertemente apoyado por el uso de la herramienta de simulación de escenarios LEAP.

En este trabajo se llevó a cabo un ejercicio en detalle para la definición del escenario de referencia en el sector energía durante ese período, tomando en cuenta las proyecciones de demanda de electricidad que surgen de las proyecciones del crecimiento económico, como así también la capacidad instalada y proyectada de las grillas eléctricas del país: SINC, SIC, Aysén y Magallanes.

Un tercer estudio fue encargado por la empresa Endesa Latinoamérica al Programa de Gestión y Economía Ambiental de la Universidad de Chile (PROGEA). Bajo el título “Consumo de energía y emisiones de GEI en Chile 2007-‐2030 y opciones de mitigación”, PROGEA realizó una proyección de las emisiones de GEI del país para ese período y evaluó tanto políticas como instrumentos para reducirlas.

En este trabajo se identificaron y evaluaron las principales medidas de reducción de GEI en los sectores de transporte; comercial, público y residencial; industrial y minero, y generación de energía eléctrica. Además se identificaron los instrumentos económicos y regulatorios que permitirían tanto promover como implementar las medidas propuestas.


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Los costos de implementación y potenciales de reducción se estimaron de sobre la base tanto de la opinión experta como de información de empresas y organismos reguladores, así como aquella recopilada de la literatura sobre el tema a nivel nacional e internacional.

La realización de este estudio también fue apoyado por el uso de la herramienta de simulación de escenarios LEAP

Con base a todos estos desarrollos e informaciones resultantes, entre otros antecedentes, con oportunidad de la COP15, realizada en Copenhague en Diciembre de 2009, el país, por medio de su Ministra de Medio Ambiente, anunció el propósito de la nación de reducir la tendencia de crecimiento de sus emisiones de GEI y alcanzar un 20% de reducción de ella para el 2020.

2.1.4 Cuarta Etapa

La cuarta etapa del accionar del país en materia de mitigación del cambio climático, comienza con esta declaración en Copenhague y está caracterizada por: la formalización de este anuncio, esto es su inscripción formal en el Apéndice II del Acuerdo e Copenhague; un activo proceso de identificación de opciones de mitigación para poder darle cumplimiento, incluyendo la modalidad de NAMAs; e importantes desarrollos en la institucionalidad nacional para abordar el tema del cambio climático.

Respecto a esto último, los hechos más destacables son:

• La promulgación de la ley que crea el Ministerio del Medio Ambiente, que vino a reemplazar a la Comisión Nacional del Medio Ambiente que condujo la política ambiental del país entre los años 94 y 99, y que además de incrementar el nivel de significancia política del tema ambiental en el país, en lo particular establece para este ministerio, como una de sus funciones, la de “Proponer políticas y formular programas y planes de acción en materia de cambio climático. En ejercicio de esta competencia deberá colaborar con los diferentes órganos de la Administración del Estado a nivel nacional, regional y local con el objeto de poder determinar sus efectos, así como el establecimiento de las medidas necesarias de adaptación y mitigación”. Correspondientemente, en la actual organización administrativa del Ministerio del Medio Ambiente existe una Oficina de Cambio Climático, depositaria de todas estas funciones; y

• La regularización del funcionamiento del Comité Interministerial de Cambio Climático, integrado por los ministros de Medio Ambiente, Energía, Agricultura, Hacienda, Relaciones Exteriores y Secretaría General de la Presidencia, instancia creada a mediados del año 2009 como respuesta a la necesidad de coordinada la posición de Chile ante las negociaciones internacionales de cambio climático, en particular con miras a la Conferencia de las Partes que se realizaría a fines de ese año en Copenhague, pero que actualmente se ha constituido como la instancia de más alto rango para definir la política climática del país .

Respecto a la formalización del anuncio hecho por el país en Copenhague es necesario recordar que aunque el proceso de negociaciones iniciado en Bali sobre un nuevo régimen climático para dar continuidad al que estableció el Protocolo de Kioto hasta el 2012, en cualquiera forma que éste adquiriera,


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no finalizó en la fecha propuesta, esto es con oportunidad de la realización de la Conferencia de las Partes de la Convención celebrada en Copenhague, sí se lograron en la ocasión acuerdos clave en esta dirección en los márgenes del proceso formal de negociación, firmado por un conjunto de importantes naciones industrializadas y en desarrollo, en cuanto a la gravitación de sus economías y sus niveles de emisiones a nivel mundial.

Dicho Acuerdo de Copenhague, como se le denomina, adelantó los grandes rasgos de ese futuro régimen y, en particular, invitó a las naciones en desarrollo a adscribirse al mismo y enunciar sus ofertas de contribución a la tarea global de reducción de emisiones.

Nuestro país además de anunciar en el marco de la COP su intención de contribuir activamente a las tareas de mitigación del cambio climático adhirió a este acuerdo y, con base a las proyecciones del nivel de crecimiento de las emisiones asociadas a su desarrollo económico que ocurrirían en el país en los próximos años, inscribió en el Apéndice II del mismo el propósito de desviarse en un 20% de la trayectoria de emisiones en el 2020, con la proyeccion a partir del 2007. Asimismo, agregó que para lograr este cometido Chile requerirá un relevante nivel de soporte internacional y que focalizaría sus acciones en medidas de Eficiencia Energética, Energías Renovables, Forestales y Cambio del Uso de la Tierra.

Simultáneamente con la formalización de este compromiso, se han iniciado estudios y actividades dirigidas a la identificación, planificación e implementación de medidas de mitigación en el contexto de las NAMAs, particularmente en esta etapa del tipo denominado “apoyadas o internacionales”, que puedan sumarse a las acciones de mitigación que unilateralmente ha iniciado ya el país, particularmente en los ámbitos de eficiencia energética y energías renovables, como se ha descrito en la sección anterior.

Tales iniciativas están siendo llevadas a cabo por los ministerios sectoriales que comprenden fuente de grandes emisiones de GEI y que, por lo mismo, presentan grandes potencialidades de lograr importantes reducciones. Esto es, los Ministerios de Energía, Transportes y de Agricultura. El Ministerio de Medio Ambiente, en tanto, está cumpliendo un rol activo en la promoción y coordinación de estos trabajos.

En general, en el país no se ha realizado una discusión formal para lograr un enfoque común sobre las NAMAs, ni tampoco para establecer criterios para su priorización y los diversos aspectos requeridos para sus implementaciones, incluidos los temas de medición, reporte, verificación (MRV) de sus resultados. En estas circunstancias, las actividades que se han desarrollado hasta ahora se han apoyado fundamentalmente en los progresos de las negociaciones internacionales sobre la materia que tienen lugar en el ámbito de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

Esta situación ha afectado en algunos casos los progresos en la identificación y la estructuración de posibles NAMAs. Una manifestación de ello es lo que ocurre en el Ministerio de Transporte. Este ministerio ha venido trabajando con el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente en el Plan de Acción del Cambio Climático debido a que esta repartición pública no tiene una unidad especializada que dé seguimiento a los temas relacionados con esta materias y construya políticas bajo la consideración de esta preocupación ambiental. Tampoco los miembros del Ministerio del Transporte participan en las negociaciones internacionales sobre el mismo tema.

Como consecuencia, enfrentados a la tarea de identificación de posibles NAMAs en el sector, ha carecido de una reflexión sectorial sobre la materia y su respuesta se ha construido fundamentalmente sobre la base

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de las capacidades profesionales existentes en este ministerio y orientaciones que el Ministerio del Medio Ambiente les ha proporcionado a partir de sus propias informaciones, experiencia y visiones.

Pese a lo anterior, el Ministerio de Transporte tiene muy en claro que el sector juega un papel preponderante en tareas de mitigación. Según lo que se desprende de los inventarios históricos de emisiones de GEI en el país, el sector transporte es una de las fuentes más importantes de origen de esos gases. Como el crecimiento del sector está estrechamente correlacionado con a crecimiento económico, el aumento de las emisiones proyectadas al 2020 son muy significativas (Salgado, 2011).

Consecuentemente se ha sumado activamente a la tarea de identificar NAMAs que pudieran cambiar esta tendencia, aunque sus progresos estan sólo circunscritos hasta la fecha al planteamientos de objetivos, definición de alcances y cuantificación de impactos, como será presentado resumidamente en la parte 3 de este trabajo.

En término de los avances alcanzados, la situación en el Ministerio de Agricultura es bastante similar al del Ministerio de Transporte, como también se mostrará en la siguiente sección de este trabajo. Puede explicar esta situación el hecho de que como resultado del cambio en la administración del Gobierno, que ocurrió a principios del 2010, ha habido un recambio importante del personal de ese ministerio que ha mermado momentáneamente las capacidades existentes sobre el tema.

Sin embargo, esta repartición cuenta con una estructura intra-‐ministerial para construir una política del sector que considere las condicionalidades del cambio climático y, además, algunos de sus miembros han estado vinculados activamente al proceso de negociaciones por más de 10 años.

Adicionalmente, como resultado de un estudio encargado en colaboración con el Ministerio del Medio Ambiente sobre un “Análisis de opciones futuras de mitigación de gases efecto invernadero para Chile asociado a programas de fomento del sector silvoagropecuario”, realizado durante el año 2010, y otro que llevó a cabo sobre el “Potencial de mitigación del cambio climático asociado a la ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal”, el mismo año, hoy cuenta con información base para iniciar la estructuración de actividades de mitigación en el sector.

La situación en el Ministerio de Energía es diferente. Esta repartición cuenta con una unidad especializada en el cambio climático, en su División de Desarrollo Sustentable, dotado con personal con larga experiencia en el tema y el proceso de negociaciones internacionales sobre el mismo.

Entre los diferentes estudios que está llevando a cabo en el último tiempo, sobre indicadores de sustentabilidad energética, factores de emisión para la huella de carbono o el potencial uso de mecanismos de mercados para el control de emisiones de GEI, destaca, para los propósitos de este trabajo, un estudio específico destinado a la identificación de un primer conjunto de NAMAs para el sector energía en Chile.

Este trabajo, titulado “Sistema de identificación, evaluación, reporte y verificación de acciones nacionales de mitigación del cambio climático en el sector energético”, propone una metodología para: a) priorizar subsectores donde se debería poner inicialmente atención especial para desarrollar acciones de mitigación; b) priorizar medidas particulares de mitigación en los sub sectores seleccionados; y c) realizar propuestas sobre las características del sistema de medición, verificación y reporte de los resultados de estas acciones.


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La priorización de subsectores se realizó con base a los siguientes criterios: a) contribución a la composición de la matriz de emisiones de GEI; b) contribución a la proyección del desarrollo económico y energético del país; c) contribución a la competitividad económica en las exportaciones; d) oportunidades que ofrece para la transferencia tecnológica y financiamiento; e) pertinencia a las políticas y programas nacionales del sector energía con impacto en la mitigación de GEI, y coherencia con aquellos mencionados con mayor frecuencia en la literatura internacional.

Para priorizar medidas particulares de mitigación en los subsectores seleccionados, el trabajo construyó primero una lista de posibles NAMAs con base a las opciones de mitigación identificadas en otros estudios que al respecto se habían hecho en años previos y que han sido citado anteriormente, agrupándolas bajo las siguientes consideraciones: a) similitud en su tipo tecnológico genérico y soporte regulatorio o normativo para su implementación; b) coherencia con la tipología de NAMAs que se ha informado hasta la fecha a nivel internacional, y c) en el caso que no hubiera una orientación de este tipo, compatibilidad con el entendimiento que se desprende de la discusión internacional sobre el tema.

En segundo lugar priorizó estas posible NAMAs aplicando los siguientes criterios de evaluación: a) cuantía de las emisiones factibles de reducir por medio de la implementación de una NAMA; b) facilidad para establecer su escenario de referencia y plan de monitoreo de las reducciones que podrían lograrse; c) compatibilidad con planes sectoriales, regionales y aspectos jurídicos relacionados con el sector que eventualmente podría existir en el país; c) costo marginal de abatimiento de cada unidad de CO2eq (USD/ton CO2eq) resultante de la realización de la NAMA; d) significancia de la transferencia tecnológica que involucra su implementación; e) requerimientos técnicos y tecnológicos para su implementación, contrastada con la viabilidad de su aplicación en el país a la luz de las capacidades profesionales existentes; f) aspectos interinstitucionales que puedan afectar a las medidas y las capacidades de gestión interna por parte de los organismos o instituciones ejecutoras; g) nivel de aceptación o rechazo esperable por parte de los actores sociales con relación a las medidas a ser implementadas; h) grado de aceptación o rechazo de los actores privados involucrados en la implementación de las medidas e i) impactos ambientales y socioeconómicos positivos producto de su implementación.

Adicionalmente, con base a una revisión y evaluación de las experiencias internacionales en materia de MRV, este trabajo propone elementos para un sistema de MRV para las NAMAs nacionales, no sólo para los aspectos relacionados con los intereses que la comunidad internacional pueda tener sobre ellas, sino que también sobre los aspectos de interés nacional que se tienen para llevarlas a cabo.

Priorizadas las NAMAs de acuerdo a la aproximación metodológica antes descrita, el trabajo presenta una primera versión, para cinco de ellas, de lo que denomina Documento de Diseño de la NAMA (DDN), que ordena esa información de acuerdo a las siguientes secciones: a) objetivo de la NAMA; b) Justificación; c) descripción de las actividades involucradas; d) arreglos institucionales requeridos; e) reducciones esperadas y costos; f) impactos nacionales esperados; g) medición y verificación de resultados, y h) tipo de apoyo buscado.

Acompañó a los resultados de este trabajo una propuesta del diseño, en formato Web, de un sistema que permite informar pública y detalladamente sobre NAMAs del país que busquen apoyo internacional y NAMAs que habiéndolo recibido se encuentren en ejecución. El modelo no sólo considera información de las NAMAs en cuanto al Documento de Diseño de ellas (DDN), sino que también sobre sus resultados, la verificación de ellos y sus impactos en la trayectoria de emisiones del país.

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Mayores antecedentes sobre estas NAMAs seleccionadas aplicando esta aproximación metodológica, se informan en la siguiente sección.

Para finalizar esta descripción de las actividades relacionadas con los aspectos de la mitigación del cambio climático que ha llevado a cabo el país en estos años, se debe citar también que, a comienzos del 2010, el Fondo Mundial del Medio Ambiente aprobó recursos para contribuir a la creación un mercado de eficiencia energética en Chile por medio de la promoción de firmas de ingeniería y compañías de servicios energéticos como intermediarios en el desarrollo de proyectos de ahorros y eficiencia energética .

2. Conjunto de Acciones de Mi/gación en Chile

Como se ha señalado en la sección anterior, recientemente se han comenzado a desarrollar trabajos orientados a la identificación y la formulación de NAMAs en el país, en aquellos sectores de su economía más relevantes por su contribución a sus emisiones de GEI totales, que vengan a complementar las acciones de mitigación que se encuentran en desarrollo en el país, fundamentalmente en el sector energía. En lo que sigue se da a conocer la situación actual de estas iniciativas.

3.1. Estado de Desarrollo

Los trabajos llevados a cabo en los sectores trasporte, agricultura y energía presentan distintos grados de avances en la formulación de las NAMAs que se han identificado en un primer ejercicio al respecto. Todos ellos se sitúan en una etapa de perfil de proyectos, con claros objetivos definidos, con metas de reducciones estimadas y con propuestas de medidas preliminares hacia estos logros. Sólo en el caso del sector energía existen también propuestas sobre otros aspectos esenciales para las implementaciones.

3.1.1. Sector Transporte

Las NAMAs identificadas en el Sector Transporte son las siguientes:

3.1.1.1 Programa de Eficiencia Energética para transporte en Chile:

Objetivo

El objetivo del programa es promover la eficiencia energética en el transporte como una herramienta eficaz para lograr una reducción de las emisiones de GEI, asegurando además un equilibrio sustentable del sistema actual de carga y de transporte de pasajeros.


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Medidas y Reducciones esperadas

Medida Reducciones estimadas de CO2

Mejoras aerodinámicas 6% de ahorro anuales

Capacitación en conducción eficiente Entre un 9% y 15% de ahorro anuales

Buenas prácticas de mantenimiento Entre 7 y 10% de ahorro anuales

Mejora en la gestión de flotas Entre 5 y 15% de ahorro anuales

3.1.1.2 Fomento de Vehículos cero y baja emisión:

Objetivo

El objetivo de esta propuesta es generar incentivos para la incorporación de vehículos de cero y bajas emisiones al parque vehicular, continuando iniciativas como la exención del pago del permiso de circulación o la implementación de nuevos sistemas como son los “feebates”.


Medida Reducciones estimadas de CO2e

Fomento de Vehículos cero y baja emisión Entre un 2 a 3% de ahorro anuales

3.1.1.3 Programa para el fomento al cambio modal sustentable en el transporte

Objetivo

El objetivo principal de este programa es fomentar un cambio de modal, ya sea desde uno privado a uno público, como de un modo motorizado a uno no motorizado.



Promoción al uso de transporte no motorizado Entre 0,5 y 1% de ahorro anuales

Diseño de aparcaderos de bicicletas en lugares estratégicos de servicios. Entre 0,5 y 1% de ahorro anuales


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Diseño y construcción de estacionamientos subterráneos en el sistema de Metro y en las estaciones intermodales. Entre 1 y 2% de ahorro anuales

3.1.1.4 Mejoramiento integral de gestión de tránsito

Objetivo

El objetivo principal de este programa es implementar medidas de gestión de tránsito en las ciudades, con el propósito de optimizar la operación vial para el transporte y, al mismo tiempo, mitigar emisiones de CO2-‐e.



Análisis y desarrollo de redes SCAT (Sistema Centralizado de Área de Tránsito) Entre 5 y 7% de ahorro anuales

Análisis y desarrollo de proyecto de área traffic calming Entre 0,5 y 1% de ahorro anuales

Análisis y desarrollo de vías reversibles, segregadas y exclusivas Entre 1 y 2% de ahorro amuales

3.1.2 Sector Agricultura

Las NAMAs identificadas en el sector Agricultura están basadas en información recopilada de dos estudios previamente llevados a cabo en el país, uno sobre opciones futuras de mitigación en este sector y otro sobre el potencial de mitigación asociado a las normativas legales que lo regulan.

Las NAMAs identificadas son las siguientes:

3.1.2.1 Programa Manejo Sustentable y Recuperación del Bosque Nativo de Chile, orientado a la mitigación de GEI.

Objetivo

Su objetivo es contribuir a la mitigación de emisiones de GEI de Chile a través del fomento al manejo sustentable y la recuperación del bosque nativo de Chile.



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Manejo sustentable y recuperación de bosque nativo de Chile Período 2011 – 2050: 234 M ton

Se pretende un manejo de 693.507 ha, con un costo aproximado de USD 3,06 por tonelada de CO2e reducida y un costo total de implementación de USD 716 millones.

3.1.2.2 Programa de forestación en suelos de aptitud preferentemente forestal y/o suelos degradados, con objetivos de mitigación de emisiones de GEI.

Objetivo

El objetivo de esta NAMA es contribuir a la mitigación de emisiones de GEI de Chile a través del fomento a la forestación en suelos de aptitud preferentemente forestal y/o suelos degradados.



Forestación en suelos de aptitud preferentemente forestal y/o suelos degradados Período 2011 – 2020: entre 15,2 y 30,2 M ton

Período 2011 – 2030: entre 19 y 67 M ton

En cuanto a los costos por reducción, se espera que éstos sean de 13 US$/ tCO2e para el período 2011-‐2020 y de 11 US$/tCO2e para el período 2011-‐2030.

3.1.3 Sector Energía

En el sector energía se han identificado cinco NAMAs de particular interés en una primera ronda de selección de acciones de esta naturaleza. En forma similar al caso del sector agricultura, estos trabajos se han construido con base a información de estudios previos sobre oportunidades de acciones de mitigación en el país y que se han reseñado en la sección anterior. Dos de estas NAMAs promueven el aumento de la penetración de energías renovables en la matriz energética del país y tres a la eficiencia energética para los sectores de la minería del cobre, la industria en general y el subsector cemento.


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3.1.3.1 Eficiencia energética en la minería del cobre

Existe un gran potencial de eficiencia energética por desarrollar en la minería del cobre a través de la producción de cátodos, que redondea el 15%.

Esta NAMA apunta a incentivar la eficiencia energética en una de las actividades productivas más importantes del país y la principal industria emisora del sector.

Objetivo

El objetivo final de este programa es reducir las emisiones de CO2e del sector en aproximadamente un 4,8 % con respecto a lo esperado para el 2020, sin perjuicio a que el programa prosiga después de esta fecha.

Medidas y Reducciones Esperadas


Recambio de molinos SAG por chancadores de alta presión

Con las 3 medidas se espera lograr, en promedio, una reducción de 4,7 M ton anuales en el año 2020

Colectores solares parabólicos y bombas de calor para ajuste de temperatura de electrolito y otros aportes de calor

Biocombustible en el transporte minero de material

3.1.3.2 Motores eléctricos para uso industrial y minero

Objetivo

El objetivo de esta NAMA apunta a disminuir la intensidad energética en el sector industria y minería en un 1% con respecto a la que existiría en ausencia del programa el 2020.



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Recambio de motores eléctricos: Inversión en motores eficientes y recambio de obsoletos con más de 2 reparaciones

Con las 2 medidas se espera lograr, en promedio, una reducción de 1,2 M ton anuales en el año 2020

Instalación de variadores de frecuencia (VDF): apunta a la intervención del funcionamiento de bombas y ventiladores

3.1.3.3 Programa de Energías Renovables

El presente programa contempla aumentar la cantidad de fuentes de energías renovables en la matriz energética del país. Tales fuentes que plantea este programa son aquellas que tienen costos competitivos y que no se han desarrollado por barreras diferentes a las económicas.

Objetivo

El objetivo de este programa es que al 2020 Chile cuente con una potencia instalada adicional en energías renovables no convencionales de 850 MW, lo cual implicará una reducción de emisiones de GEI del orden de 2 millones de toneladas con respecto a lo que existiría en ausencia de este programa.



Instalación de capacidad mini hidráulica

Con las 3 medidas se espera lograr una reducción de aproximadamente 2 M ton anuales en el año 2020

Instalación de capacidad en base a biomasa

Instalación de capacidad eólica

3.1.3.4 Mejoras en procesos de la industria cementera

Objetivo


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El objetivo de esta NAMA es reducir las emisiones de la industria mediante eficiencia energética y el uso de energías alternativas, alcanzado una reducción de 240 KT CO2 e con respecto a lo esperado para el 2020.

Medidas y Reducciones Estimadas


Sustitución de combustible en hornos cementeros

Con las 2 medidas se espera lograr una reducción de aproximadamente 0,2 M ton anuales en el año 2020

Eficiencia energética en procesos de preparación de materias primas y molienda

3.1.3.5 Política de desarrollo de energía geotérmica

Objetivo

El objetivo de esta NAMA es incentivar a través de políticas el desarrollo de la generación de electricidad mediante el uso de energía geotérmica para alcanzar una potencia instalada de 320 MW adicionales con respecto a un escenario base al 2020.



Disminuir barreras a la conexión a la red de centrales de tamaño reducido, por no poder asegurar una potencia mínima.

Con las 3 medidas se espera lograr una reducción de aproximadamente 3 M ton anuales en el año 2020

Crear estímulos financieros transitorios para facilitar el ingreso de ciertas tecnologías.

Desarrollar políticas que apunten a la consideración de externalidades en la toma de decisiones del sector eléctrico


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3.2 Contexto en La Planificación: Políticas y Regulaciones

En la información que se tienen sobre las NAMAs que se listan en esta sección, con la excepción de aquellas en el sector energía, no hay mención explícita de políticas o regulaciones que le den sustentos y apoyos. No obstante, esta situación no puede interpretarse como un indicador de que ellas no existirían y debiera entenderse sólo como una manifestación de la etapa de avance en que se encuentran esos trabajos hoy.

En el caso de las NAMAs en el sector energía, la situación es diferente, y en los documentos preliminares que las describen hay especial atención sobre el tema. Aún más, las NAMAs identificadas en el sector no son más que propuestas para lograr avances mayores en sectores específicos, de los que se propone alcanzar las dos políticas que ha puesto en ejecución el Gobierno para lograr un incremento en el uso eficiente de la energía e incrementar la penetración de las energías renovables en la matriz energética del país que se han descrito en la sección anterior. Por tanto, en el caso de que estas NAMAs alcanzaran la etapa de implementación, serían parte integral de ellas.

En todo caso, es previsible, como se hace notar en los documentos que proponen estas NAMAs, la necesidad de desarrollar marcos regulatorios adicionales que permitan asegurar el logro de sus objetivos.

3.3 Capacidades Institucionales

En el estado de desarrollo actual, sólo en el caso de las NAMAs identificadas en el sector energía se realizan propuestas sobre arreglos institucionales para llevarlas a cabo.

En estos casos, el arreglo institucional que se propone para ellas tiene una estructura común y está conformada por dos entidades.

Una entidad Coordinadora con las siguientes responsabilidades y atribuciones:

• Proponer tanto políticas como aspectos regulatorios que permitan la ejecución de la NAMA en todas sus fases y crear las herramientas necesarias, dentro del ministerio sectorial que corresponda, energía en este caso, que den la agilidad necesaria para su implementación.

• Obtener y administrar los recursos financieros que se requieran para dar apoyo a la NAMA y actuar como nexo oficial con quienes los otorguen.

• Autoridad para decidir la forma de dar curso a la entrega de créditos o subsidios para fomentar la participación de entidades públicas o privadas en la NAMA, los cuales podrá gestionar por ella misma o a través de otra organización financiera, tales como CORFO o bancarias.

• Responsable de la administración general de la NAMA, velando por el cumplimiento de lo consignado en los documentos de diseño de ella, supervisando a todas aquellas entidades tanto públicas como privadas que participen en su implementación y facilitando los procesos de MRV de ella.


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• Para la otra entidad, denominada de Implementación, se establecen las siguientes responsabilidades:

• Encargada de las comunicaciones, la difusión, la sensibilización y la motivación para incentivar la participación de las entidades públicas o privadas en la realización de los objetivos de la NAMA, debiendo ser capaz de integrar las opiniones y las capacidades de las diferentes instituciones vinculadas a las acciones de la NAMA, incluyendo la de relacionarse con los proveedores de las diferentes tecnologías que se puedan requerir para su implementación.

• Gestionar la implementación de la NAMA llevada a cabo a través de organizaciones tanto privadas como públicas, según le parezca conveniente y evitando los riesgos de tipo operacional.

• Facilitador e interlocutor entre las organizaciones de terreno que ejecutan la NAMA con la entidad coordinadora y encargada de supervisar los procesos de MRV en las unidades implementadoras, velando para que se lleven a cabo de manera rigurosa y oportuna.

No obstante esta propuesta institucional, y existiendo en principio en la administración pública, al menos en este sector energía, entidades que pudieran cumplir con estos roles, queda pendiente aún, en el caso que ella fuera aceptada, conocer los cambios normativos requeridos de realizar para que tales arreglos institucionales puedan cumplir apropiadamente sus cometidos respectos a estas NAMAs.

3.4 MRV

Sólo los trabajos realizados por el Ministerio de Energía han avanzado propuestas en materia de medición, reporte y verificación de resultados, que tienen su base en los progresos logrados en la estructuración de las NAMAs que han identificado hasta la fecha para este sector.

Las consideraciones generales sobre un sistema MRV de carácter nacional que se desprenden de esas propuestas son las siguientes:

La diversidad de acciones que en principio puede comprender una NAMA y la particularidad de ellas para diversas NAMAs, llevan a que, en general, pueda entenderse que cada NAMA deberá medir y verificar sus resultados con una modalidad propia.

Existe abundante literatura y práctica internacional desarrollada en torno a la construcción de inventarios nacionales de emisiones de GEI de los países, las corporaciones y sus líneas de producción, incluyendo los referidos a la implementación de los Sistemas de Mercado de Carbono que existen hoy en el mundo, que informa y orienta sobre buenas prácticas para tareas de MRV. Estos antecedentes deberían guiar los estándares sobre la materia al momento de diseñar las NAMAs de interés para el país, tanto porque no hay excusas para obviar esa información como porque es potencialmente un elemento facilitador a la hora de buscar apoyo internacional para sus realizaciones.


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En tanto el proponente de estas NAMAs sea el Gobierno, está en su interés propio cuidar que estas orientaciones sobre buenas prácticas en materia de medición y verificación se reflejen en el diseño de las NAMAs que promueve.

Adicionalmente se entiende que es de decisiva importancia que, para asegurar el uso de buenas práctica para el monitoreo y la verificación de las NAMAs propuestas, el sistema debe dar verificación de la robustez del escenario base y el plan de monitoreo programado de los resultados de su implementación durante el período de ejecución de las NAMAs. Cuestiones éstas que serán el resultado de un acuerdo entre los proponentes de la acción de mitigación y el o los países industrializados que participen como contraparte, en el marco, obviamente, de orientaciones generales al respecto dadas por la Convención.

En particular, respecto al tema de la verificación de los resultados de las acciones de mitigación, aunque no hay aún orientaciones prescriptivas al respecto, es previsible que los países industrializados recomienden el uso de entidades con estas capacidades reconocidas por algún sistema internacional, como las que existen en el marco del Protocolo de Kioto (PK) para verificadores de resultados del MDL o, en un próximo futuro, en el sistema ISO (ISO 14.066).

En materia de reporte, dada la importancia que tiene para el sistema internacional, particularmente para los países industrializados, conocer el significado que tiene la implementación de NAMAs en los patrones de emisiones de GEI de los países en desarrollo —información que permitirá evaluar la efectividad y/o la insuficiencia de ellas y, por tanto, la efectividad de la asignación de recursos en esta modalidad y/o si ellos son suficientes—, se requerirá que no sólo se informe de la evolución de los impactos que la implementación de las NAMAs puedan tener sobre la cuantía de las emisiones de GEI, sino que también, en extensión y detalle, sobre los progresos anuales en sus implementaciones.

Sin embargo, se entiende que también el sector privado pudiera ser fuente de iniciativas de NAMAs que busquen apoyo internacional. En tal circunstancia, se debería establecer alguna institución a nivel nacional que diera el endoso a esas iniciativas. En el marco de este proceso, en forma adicional a la evaluación de lo apropiado de ellas a los intereses y circunstancias nacionales, se debería cuidar la robustez del escenario base, del plan de monitoreo programado y de las modalidades propuestas para la verificación e información sobre sus resultados, incluyendo indicadores de interés nacional, por medio del requerimiento de un informe técnico otorgado por una instancia verificadora con reconocimiento nacional para estos propósitos.

Consecuentemente, esta instancia nacional debería mantener un registro de entidades verificadoras, reconocidas para los propósitos señalados anteriormente, que pudieran estar conformado por entidades acreditadas por sistemas internacionales en sus capacidades en esta materias, como son, según ya se ha señalado, las que existen en el marco del PK para verificadores de resultados del MDL o, en un próximo futuro, en el sistema ISO de acuerdo a la norma en desarrollo ISO 14.066.

Adicionalmente, esta instancia debería mantener actualizado un sistema en línea que facilite la información a cualquier persona que requiera o esté interesada en conocer los avances y resultados de las actividades. La idea es que despliegue toda esta información de la manera más amigable posible, permitiendo al lector poder centrar su atención en aquellos elementos de su preferencia y a su voluntad. Un beneficio anexo de esta plataforma es que sirva también de medio para la promoción de propuestas de NAMAs que buscan apoyo internacional.


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3.5 Financiamiento

El financiamiento de las NAMAs que se informan en esta sección es el aspecto más débil de las propuestas que se han avanzado sobre ellas a la fecha.

En el caso de las NAMAs del sector transporte esa información no existe y en el caso Agricultura y Energía los valores indicados se derivan de estudios previos sobre posibles medidas de mitigación en esos sectores, tal como se ha señalado. Sin intención de poner en cuestionamiento los valores informados en esos trabajos, dichas estimaciones adolecen, como en cualquier proyección de flujos de largo plazo, de la fragilidad propia de los escenarios futuros imaginados. Además, hay razones para pensar que ellos han estado cambiando rápidamente en el último tiempo, tanto a nivel internacional como nacional.

En el primer caso, las razones resultan de las nuevas voluntades del mundo industrializado de avanzar en el recambio de la bases tecnológicas de sus economía para disminuir su dependencia de los combustibles fósiles, en particular del petróleo, y, en el segundo, debido a las grandes políticas energéticas que están en aplicación hoy en el país.

Adicionalmente, tampoco ha habido una elaboración sobre los costos de administración de estas NAMAs y de cuánto de este financiamiento requerido será buscado en el marco de la ayuda internacional que, en principio, está comprometida para las NAMAs en los países en desarrollo.

No obstante estas falencias, los documentos de diseños de las NAMAs en el sector energía hacen una propuesta para la gestión de los recursos financieros que se requerirían para la implementación de las actividades de mitigación que promueven las NAMAs

Básicamente la propuesta es que el grueso de los recursos financieros buscados sería para establecer fondos rotatorios destinados a otorgar líneas de créditos blandos, a fin de facilitar la adquisición de las tecnologías de recambio requeridas por las medidas que las NAMAs contemplan, con tiempos de pago dependientes de las tasas de recuperación de las inversiones. En el caso de los programas que promueven las energías renovables de menor penetración en los mercados, la solar por ejemplo, también se contempla que parte de esos fondos pudieran ser utilizados para crear subsidios que aumenten la competitividad económica de esas tecnologías.

3.6 Propiedad

Como se ha establecido en la sección 2 de este documento, la decisión de iniciar un proceso de identificación de NAMAs es una consecuencia lógica de la decisión del país de comprometer un esfuerzo significativo en el control de su patrón de crecimiento de emisiones cuando ellas son proyectadas con base a su comportamiento histórico hasta el 2006. Desde ese punto de vista, todas las NAMAs identificadas hasta la fecha tienen una clara motivación nacional.


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No obstante este hecho, y en tanto la formulación de estas NAMAs no están finalizadas, ellas no son todavía parte de las políticas sectoriales correspondientes, condición que permitiría aseverar con seguridad su propiedad gubernamental.

3.7 Capacidad Técnica para Desarrollar las Namas

Con la excepción del caso de las NAMAs en el sector energía, no hay una elaboración mayor sobre este crucial aspecto del tema. No obstante, tanto en el sector transporte y el sector agricultura existe una práctica histórica profesional en el país que, unido al hecho que las medidas que contemplan las NAMAs propuestas en estos sectores no significan cambios tecnológicos mayores, sino fundamentalmente de gestión, permite afirmar que existe una capacidad básica.

En el caso del sector energía, los documentos de diseño de esas NAMAs informan, de manera similar a los otros sectores, que la capacidad técnica básica existe, pero señalan la necesidad de aumentar las capacidades con relación a algunas tecnologías específicas que están involucradas en alguna de las medidas que son parte de esas NAMAs.

3.8 Co Beneficios Socio-‐Económicos de las Namas

En la información que se cuenta sobre las NAMAs identificadas por los ministerios de Agricultura y Transporte no hay una referencia explícita de cuales ellos pudieran ser. Sin embargo, los agresivos planes de forestación que contemplan las NAMAs de sector agricultura, permiten imaginar que la implementación de esas actividades pudiera tener un impacto significativo en el empleo en el sector.

En el caso del sector transporte, las medidas de eficiencia en la gestión del transporte pueden significar importante co-‐beneficios en la saludo de la población al contribuir a disminuir la contaminación atmosférica local, un problema de creciente gravedad en las principales ciudades del país.

En el caso del sector energía, la aproximación metodológica utilizada para la identificación y priorización de las NAMAs contempla en forma explícita la valorización de los impactos socio-‐económicos que ellas puedan tener. En consecuencia, en el documento de diseño de ellas se plantean la medición y monitoreo de un conjunto de indicadores que reflejen estos impactos y se propone, también, que ellos debieran ser parte del sistema MRV que el país establezca para dar seguimiento a la implementación de sus acciones de mitigación

Pero, debido a las características de las NAMAs identificas, aunque ellas puedan tener claros impactos positivos en la economía del país, cómo este valor puede ser compartido por la población no ha sido un tema considerado al momento de estructurar estas acciones de mitigación.


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Conclusiones

• De lo anteriormente expuesto, es evidente que el desarrollo de NAMAs en Chile aún es incipiente.

• Los avances en los trabajos de estructuración de las NAMAS identificadas hasta la fecha se encuentran en la mayoría de los casos en una etapa conceptual y primeras estimaciones tanto sobre impactos como costos.

• Pero hay, en algunos casos, un primer intento de desarrollos mayores donde se han avanzado ideas sobre los arreglos institucionales requeridos para llevarlas a cabo, sobre las formas de gestionar el financiamiento requerido y sobre los aspectos de MRV de estas NAMAs.

• Esa información puede constituir una buena base para una discusión más estructurada en el país sobre las NAMAs.

• Como se ha señalado, hasta el presente no ha habido tal discusión y el entendimiento acerca de las NAMAs se ha desarrollado en el país a partir de los avances que en la materia se han logrado estos años en el marco de las negociaciones sobre un nuevo régimen internacional para hacer frente al problema del cambio climático.

• Tal vez, esta situación ha sido cómoda hasta el momento, en tanto no ha habido oportunidad para necesitar, si hubiese sido el caso, acomodar un entendimiento nacional a los que emergen de la discusión internacional. Pero a la luz de lo avanzado en el contexto internacional, a la fecha hay poco margen para pensar que podría haber nuevas novedades sobre la materia y, por tanto, se requiere avanzar más decididamente en finalizar las tareas pendientes en los trabajos iniciados.

• Por lo mismo, una discusión país sobre NAMAs urge para poder entregar elementos que permitan facilitar la finalización de los trabajos pendientes y, sobre todo, para poder integrarlos en una estrategia nacional que exprese con claridad, tanto en el país como en ámbito internacional, el propósito que las motiva, esto es, complementar las acciones de mitigación que el país está llevando a cabo, y otras que podría emprender, para dar cumplimiento del compromiso que ha anunciado al mundo en materia de reducción de sus emisiones de GEI..

• Los beneficios de tener esa política son múltiples y, sólo para señalar algunos, porque ésta permite el desarrollo de algunos servicios comunes, particularmente los referidos a un marco regulador de los aspectos MRV de las NAMAs, la priorización de los esfuerzos para la búsqueda de los apoyos financieros que se requerirán para sus realizaciones y la definición de la fracción que aportará el país en cada caso, y, tal vez lo más importante, porque expresa la voluntad política del Gobierno para sus realizaciones. Sin un compromiso férreo del Gobierno para llevar a cabo las NAMAs no se podrán sobrepasar barreras que usualmente los comportamientos habituales amenazan las implementaciones de programas innovadores, y éste es el caso.


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