1 MEMORIA DE UNA CAMPAÑA NEGATIVA. LA PRENSA DE MORELIA DEL SIGLO XIX. VICTOR AVILA RAMIREZ - ¿En qué se parece un político a los gatos? - en que hacen sus porquerías y las tapan con tierra Periódico El Caniculario El motivo del presente artículo obedece, en cierto sentido, a una idea que se generalizó en el proceso electoral efectuado en el año 2006. Analistas políticos y periodistas, previo al 2 de julio, sostuvieron que en México las “campañas negativas” habían llegado para quedarse. Independientemente de la valoración ético-política que nos merezca tal afirmación, desde la historia podemos observar que las luchas electorales nunca han sido tersas, y que las campañas del lodo siempre han estado ahí, no en la versión que actualmente conocemos de competencia de partidos y con tal profusión de medios, pero la descalificación y la diatriba ha sido un fenómeno consustancial a la obtención del poder. En esta perspectiva, voy a referirme a una elección, probablemente la más representativa del periodo de la república restaurada, y que resume de manera paradigmática el resquebrajamiento de un grupo político dirigente. En julio de 1875 se efectuaron elecciones en Michoacán para renovar el Congreso de la Unión y los poderes del estado. El calendario electoral coincidía para ambas representaciones políticas. Sin embargo, se atribuyó a la situación de inestabilidad provocada por la revuelta religionera como causa indirecta de que la elección, en términos reales, se instrumentara en dos etapas al no poder reunirse la totalidad de los colegios electorales en la fecha ordinaria. Por consecuencia, el Congreso de la Unión se vio en la necesidad de expedir un decreto convocando a elecciones extraordinarias en aquellos distritos en que no fue posible su celebración y de este modo evitar que se quedasen sin representación nacional. De los quince distritos oficialmente reconocidos por el gobierno El presente trabajo se desarrolló en el seminario permanente del Cuerpo Académico de Historia de México, en la LGAC Historia Social, Política y de la Cultura. Agradezco la colaboración de Moisés Martínez Pedrasa, hoy licenciado en Historia, en la búsqueda hemerográfica, y al profesor José Manuel Morales Palomares por la revisión.
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MEMORIA DE UNA CAMPAÑA NEGATIVA. · representativa del periodo de la república restaurada, y que resume de manera paradigmática el resquebrajamiento de un grupo político dirigente.
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MEMORIA DE UNA CAMPAÑA NEGATIVA.
LA PRENSA DE MORELIA DEL SIGLO XIX.
VICTOR AVILA RAMIREZ
- ¿En qué se parece un político a los gatos?
- en que hacen sus porquerías y las tapan con tierra
Periódico El Caniculario
El motivo del presente artículo obedece, en cierto sentido, a una idea que se
generalizó en el proceso electoral efectuado en el año 2006. Analistas políticos y
periodistas, previo al 2 de julio, sostuvieron que en México las “campañas negativas”
habían llegado para quedarse. Independientemente de la valoración ético-política que nos
merezca tal afirmación, desde la historia podemos observar que las luchas electorales nunca
han sido tersas, y que las campañas del lodo siempre han estado ahí, no en la versión que
actualmente conocemos de competencia de partidos y con tal profusión de medios, pero la
descalificación y la diatriba ha sido un fenómeno consustancial a la obtención del poder.
En esta perspectiva, voy a referirme a una elección, probablemente la más
representativa del periodo de la república restaurada, y que resume de manera
paradigmática el resquebrajamiento de un grupo político dirigente.
En julio de 1875 se efectuaron elecciones en Michoacán para renovar el Congreso
de la Unión y los poderes del estado. El calendario electoral coincidía para ambas
representaciones políticas. Sin embargo, se atribuyó a la situación de inestabilidad
provocada por la revuelta religionera como causa indirecta de que la elección, en términos
reales, se instrumentara en dos etapas al no poder reunirse la totalidad de los colegios
electorales en la fecha ordinaria. Por consecuencia, el Congreso de la Unión se vio en la
necesidad de expedir un decreto convocando a elecciones extraordinarias en aquellos
distritos en que no fue posible su celebración y de este modo evitar que se quedasen sin
representación nacional. De los quince distritos oficialmente reconocidos por el gobierno
El presente trabajo se desarrolló en el seminario permanente del Cuerpo Académico de Historia de México,
en la LGAC Historia Social, Política y de la Cultura. Agradezco la colaboración de Moisés Martínez Pedrasa,
hoy licenciado en Historia, en la búsqueda hemerográfica, y al profesor José Manuel Morales Palomares por
la revisión.
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federal, o de los dieciséis según el gobierno del estado, en seis no se reunieron los colegios
electorales.1
En este año no se observó el acostumbrado movimiento electoral de los llamados
círculos políticos, y se dio a conocer una candidatura única, respaldada por el Círculo
Liberal de Morelia, expresión estatal del partido liberal. En consecuencia, todo indicaba
que se trataría de una elección de unidad, resultado de un pacto entre la elite política, y la
“campaña electoral”, o mejor dicho, los trabajos electorales transcurrirían sin mayor
novedad, salvo los acechos a la tranquilidad pública en ciertas zonas del estado por las
llamadas hordas latroreligiosas. Podría suponerse que esto sería así, porque la candidatura
de unidad se imponía como lo más deseable, ante la inconformidad social que desató el
decreto mediante el cual se elevaron a rango constitucional las leyes de reforma. Sin
embargo, esa aparente unidad de la elite, pronto se haría trizas.
Por las fuentes consultadas, se deduce que la candidatura única fue producto de la
negociación entre dos grupos políticos. Uno lo constituía la camarilla de los inmaculados
de la montaña, que detentaban el control político desde el año de 1867, y que era
comandada por el ex gobernador Justo Mendoza. El otro, era la expresión de una variopinta
coalición de liberales con diferentes orígenes y antecedentes, que se identificaba,
relativamente, con el gobernador Rafael Carrillo.
El acuerdo inicial del Círculo Liberal consistió en que la representación política a la
Legislatura del Estado quedaría en manos de la coalición (7 de 13),2 la representación al
senado para los inmaculados (Justo Mendoza y Manuel A. Mercado como propietarios) y
ambos grupos se comprometieron con la candidatura de Carrillo para ser reelecto como
gobernador. En cuanto a la representación al Congreso de la Unión, nunca se hizo pública
una lista de candidatos. Pero este hecho no era nuevo, ya que desde la elección del año de
1 La Fraternidad, Morelia, Imprenta del gobierno del Estado, 15/julio/1875, núm. 11. El periódico oficial en
este sentido fue muy parco en la información, por el contrario, el periódico La Fraternidad hizo notar que no
se habían instalado los colegios electorales de los distritos de Maravatío, Puruándiro y la Piedad, y que no
hubo elecciones primarias en Pátzcuaro, Tancítaro, Jiquilpan, Zamora y Purépero. Para el gobierno en cambio
sí se verificacon en Jiquilpan y Maravatío, y en la práctica se desapareció al distrito de Purépero por un
artificial segundo distrito para Morelia). 2 Los candidatos que se identificaban con el círculo de Mendoza fueron: Eduardo Ruiz, Medardo Burgos, José
S. Arévalo, Teodosio Alvírez, Ramón Farías y José María Velázquez. Los independientes, por designarlos de
algún modo: Miguel Meza Vargas, Manuel G. Lama, Juan B. Rubio, Luís Iturbide (hijo), y los de oposición:
Pudenciano Dorantes y Néstor López. Cabe aclarar que los independientes en comicios anteriores tuvieron
conflictos con Justo Mendoza.
3
1873 había sucedido lo mismo. Se puede conjeturar que ello obedeció a una cuestión de
tacto político a consecuencia de la complicada y dividida elección de 1871, pues en esa
ocasión se dejó sentir una grave inconformidad por parte de los electores de los distritos del
interior del estado, en el sentido de que la elite moreliana imponía candidatos en aras de la
unidad del partido liberal, pero que en el fondo coartaba la libertad electoral para que cada
distrito nominara a sus propios representantes, incluso pretendieron una reforma electoral
que hiciera posible que la distribución de escaños en la cámara fuese por distritos
uninominales y no por la votación general obtenida en el estado como circunscripción
electoral única, es decir, que se adoptase la misma fórmula de representación política que se
practicaba en el plano federal.
Para los integrantes del Circulo Liberal, que después devendrían en oposición, el
hecho de que la representación política nacional quedase en manos de los ministeriales
inmaculados, constituyó un desacuerdo soterrado. Los primeros aspiraban a tener una cuota
en el reparto de escaños federales, mientras que los segundos bien pudieron considerar que
ceder la mayoría en el Congreso Estatal había sido una concesión más que suficiente. Sin
embargo, presionar para lograr un nuevo equilibrio hubiera significado romper lo ya
negociado, con la agravante de la proximidad de las elecciones.
La circunstancia que generó incertidumbre y tensión en la elite política, y que a la
postre se convirtió en el factor que desencadenó el conflicto político,3 la constituyó el
hecho de que los colegios electorales no se reunieron en su totalidad (con la subsiguiente
polémica sobre si faltaron seis u ocho), y la publicación de la convocatoria a elecciones
extraordinarias (en conjunto, la denominada crisis electoral). Pero en esta ocasión, el
conflicto estallaría en una lógica distinta a la forma usual hasta entonces conocida, la
descalificación de la elección por fraudulenta: impugnación de los colegios electorales por
haberse instalado sin quórum, falta de requisito legal en el electo, y obstáculos reales o
supuestos a la libertad electoral, aunque tales señalamientos, la mayoría de las veces,
formaban parte de una estrategia de negociación política de puestos públicos o bien, para
hacerse notar y así lograr un mejor posicionamiento en una futura elección.
3 “Porque escribimos” en La Escoba, periódico liberal, Morelia, Imprenta del Gobierno del Estado,
2/septiembre/1875, núm. 1. Para sus redactores, lo sucedido en Michoacán se explicaba en función de la
renovación de los poderes locales y federales que derivó en lo que denominaron una crisis electoral que se
polarizó por la “ausencia de paz y las ambiciones personales”.
4
Lo novedoso del conflicto radicó en la tentativa de recomponer la representación
política a través de un cambio de candidatos para modificar la correlación de fuerzas
existente. Sin embargo, una vez instalados los colegios electorales, y de acuerdo a las
prácticas electorales decimonónicas, lo normal a esas alturas del proceso era dar por
concluido el trabajo político de uniformar la opinión de los electores (como se decía),
alrededor de una lista de antemano pactada, la que se suponía sería refrendada por dichos
colegios.
Conocidos los resultados electorales de algunos distritos, tanto oposicionistas como
ministeriales inmaculados se sintieron traicionados, y con acritud se recriminaron su mutuo
proceder. La oposición se hizo visible al aglutinarse en torno al Supremo Tribunal de
Justicia (STJ). Los ministros guardaron una prudente distancia –a excepción de Luís
Couto–, aunque en estricto sentido fueron desafectos a la camarilla de Justo Mendoza y W.
González. De entre los que se encontraban con algún cargo en el Supremo Tribunal, y que
se distinguieron por su activismo, tenemos a: Carlos González Urueña, Antonio Mora,
Pudenciano Dorantes, como las figuras más representativas por su trayectoria política, pues
habían sido diputados y desempeñado puestos de relieve en la administración, y en un
plano de menor importancia se mencionaba a Francisco Montaño Ramiro, Félix Lemus
Olañeta y Gil Urbizu, a los que se sumaba el diputado local Néstor López.
Otro factor que influyó en el desarrollo del conflicto fue la idea de promover la
declaración del estado de sitio en Michoacán y de este modo sofocar la rebelión de los
religioneros. La camarilla de Justo Mendoza de tiempo atrás, presionaba a Rafael Carrillo,
y un tanto desilusionados, estimaron que éste no sería la persona indicada en quien debería
recaer el mando militar y político,4 pues su ejercicio administrativo ya había dado pruebas
suficientes de ineficiencia,5 y por si fuera poco, los ministeriales no obtuvieron los
resultados que esperaban de las elecciones por la falta de energía y compromiso de Carrillo.
Aunque también, hay que hacer notar que hubo serias dudas, aun dentro del grupo proclive
al presidente Sebastián Lerdo de Tejada, sobre la conveniencia política de tal medida. Para
4 “Estado de sitio” en El Atalaya, Morelia, Imprenta del Gobierno del Estado, 10/abril/1875, núm. 1. La nota
hacía referencia a que por la situación de inestabilidad en el estado, se sabía que se iba a aplicar tal
declaración designando como jefe en el mando a Francisco W. González, los redactores consideraron que, de
ser cierta la noticia, estaban de acuerdo. 5 “…nos permitimos indicarle que, mientras no se despoje de su blandura y no haga á un lado ciertas ideas”,
propias de otros tiempos no habrá paz y progreso. “Esperanzas” en Ibíd., 1/mayo/1875, núm. 4.
5
otro sector de liberales michoacanos, hacer efectiva la declaración del estado de sitio no
significaba otra cosa que dar un golpe de mano, y así, sin mediar elecciones, que los
mendocistas conservaran el poder.
Antes, durante y con posterioridad al proceso electoral, la prensa divulgó que se
pretendía hacer a un lado a Rafael Carrillo,6 a quien en el fondo no le entusiasmaba
demasiado una segunda postulación ni tampoco seguir a cargo del ejecutivo. La posibilidad
de que Francisco W. González, pudiera ser gobernador fue la causa real que desató la
confrontación de la elite política, hasta llegar al grado de la diatriba y la descalificación. Sin
embargo, justo es de reconocer que en aquella coyuntura, independientemente de los
dicterios circulantes, el personaje de mayor experiencia y talento político era W. González
y un poco atrás Macedonio Gómez, ambos compadres de Vicente Villada. Éste, desde La
Revista Universal que se editaba en la ciudad de México, había puesto en entredicho la
gestión de Carrillo,7 pero sus motivos se cifraban en un hecho aun más truculento. Villada
seguramente conocía que el autor intelectual del Plan de Nuevo Urecho fue el general
liberal Vicente Riva Palacio, quien lo había confeccionado con el propósito de
desestabilizar al gobierno de Michoacán, a través de los religioneros,8 en la escalada que se
gestaba contra la presidencia de Lerdo de Tejada.
Bajo esa óptica, la tentación de un cambio político era algo que aconsejaba el
pragmatismo. Por tal motivo, es posible suponer que se haya llegado a considerar que el
estado de Michoacán necesitaba de un probado liberal anticlerical que lo gobernara, y a los
ojos de Juan José Baz (colaborador cercano del presidente Sebastián Lerdo de Tejada),
6 “Las elecciones”, en La Fraternidad, 30/junio/1875, núm. 9. Este periódico previamente a la próxima
instalación de los colegios electorales (11 de julio), alertó de que corría el rumor de que no era posible su
reunión porque no había seguridad para los electores a causa de la guerra religionera. Arguyó que un
gobierno provisional, aunque previsto en la Constitución para situaciones de emergencia, no era una medida
saludable. En suma, defendía que el proceso electoral para la renovación de los poderes locales debería
llevarse a cabo a toda costa, incluso repitiéndolas donde no hubiera sido posible realizarlas. 7 El Progresista, periódico oficial, Morelia, Imprenta del Gobierno, 22/abril/1875, núm. 405. En el artículo
“La revista” se da contestación a un escrito de Vicente Villada sobre las medidas que había tomado el
gobierno para lograr la tranquilidad pública y juzga como imposibles de realizar algunas que proponía el autor
de referencia. 8 “Bien sabido es que ambiciones frustradas y ódios personales han llevado al héroe de Zitácuaro á redactar un
periódico de oposición”, no es extraño que su redactor apoye a los religioneros, ya en otra ocasión introdujo
entre los liberales michoacanos la desunión. El Atalaya, 29/mayo/1875, núm. 8. El periódico oficial en su
gacetilla reprodujo una nota del periódico El Monitor que decía: “Un plán descabellado. De esta capital ha
salido un plán redactado por una persona que aspira a los más altos puestos en política; ese plán debe normar
la revolución organizada por los latro-religiosos de Michoacán, para desconocer el gobierno de la República”,
y mas adelante agregaba, “Decimos esto porque se nos cuenta que el autor del plán es un individuo que se ha
jactado de ser patriota y liberal”. “¿Quién será? en El Progresista, 25/febrero/1875, núm. 389.
6
nadie mejor que su conocido amigo, en tiempos del huertismo, Francisco W. González, que
además de combatir con energía a los religioneros, sería un político leal al gobierno del
presidente.
La prensa de la ciudad de México, no dejaba de tener presente a W. González cada
vez que se hacía alusión a la difícil situación por la que atravesaba el estado. El Federalista,
reseñó una carta dirigida a su redacción, proveniente de Morelia, en donde se adulaba el
protagonismo político del multicitado personaje. Sin embargo, los desmedidos elogios para
el posible salvador de la entidad sonaban a ironía. El artículo sostenía que, a pesar de la
revolución clerical, la infatigable actividad desplegada por W. González “logró que las
elecciones se verificaran en la mitad de los colegios electorales” y agregaba:
Es de sentirse sin embargo, que no ha habido elecciones para los poderes del
Estado, si bien esto tendrá una buena recompensación, porque, sabemos, aunque
[se] pensaba en la reelección del sr. Carrillo, no habiéndose logrado este objeto, se
piensa hoy elevar a la primera magistratura de Michoacán al sr. Lic. Francisco W.
González cuyos talentos políticos y administrativos hace tiempo que son conocidos
porque dicho señor ha sido el primero y mas distinguido consejero de las
administraciones de los Sres. Huerta, Mendoza y Carrillo, en las que nada se ha
hecho sin su intervención. El Sr. Carrillo apoyará con todo su prestigio este
nombramiento…9
Una vez efectuadas las elecciones secundarias ordinarias (el 11 de julio), el tema de
debate en la prensa giró en torno a si había habido elecciones o no para la renovación de los
poderes del estado. A los redactores del periódico La Fraternidad, que sostenían como
candidato a Rafael Carrillo, los abatía una preocupación que hicieron extensiva a los
ciudadanos: que corrían ciertos rumores en torno a una posible segunda convocatoria a
elecciones estatales, bajo el argumento de la “falta de número”, “ya que no votó la mayoría
de los distritos electorales”,10
pues al parecer en ocho no se reunieron los colegios
respectivos. Porqué se tomó como criterio el número de colegios electorales, es algo difícil
de determinar, en la medida que el marco normativo electoral nada especificaba con
respecto a ese punto. Es de suponerse que fue así, porque la regla de oro de legitimidad en
9 “Las elecciones en Michoacán” en El Federalista, México, 24/julio/1875, núm. 1498, Tomo VI.
10 La Fraternidad, 15/julio/1875, núm. 11. La preocupación de sus redactores era doble. Por un lado, seguían
sosteniendo a Carrillo al mismo tiempo que temían se impulsase a Francisco W. González como gobernador,
pero por otro, también apostaban a un cambio de candidatos en lo concerniente a la representación al
Congreso de la Unión.
7
las prácticas electorales decimonónicas la constituía el criterio de mayoría absoluta (50%
más uno).
La posición del periódico La Fraternidad fue difusa y contradictoria, pero al menos
son netamente diferenciadas dos posiciones: a) como no había habido elecciones lo
aconsejable era su aplazamiento hasta que se lograse la pacificación en el estado, b) si bien
no se instalaron ocho colegios, lo que se imponía era convocar inmediatamente a elecciones
extraordinarias. El periódico oficial, por su parte, fue dosificando la información sobre los
resultados electorales estatales, publicando las actas de ocho colegios y de dos, solamente
consignó los nombres de quienes habían sido favorecidos con el voto popular (las actas de
elección sobre los diputados federales no se publicaron). Lo anterior, sucedió en el lapso
del 15 al 27 de julio, en esta última fecha el Congreso del Estado sesionó para decretar la
convocatoria a elecciones extraordinarias en seis distritos.
Más tarde, cuando se tuvo conocimiento del decreto federal para celebrar elecciones
extraordinarias, los redactores de La Fraternidad anunciaron que dejarían de circular por
breve tiempo, pero no sin antes advertir sobre los nuevos rumores que circulaban: “algunos
liberales, desleales a su compromiso, y faltos de buena fé, se proponen aprovecharse de este
accidente, para desviar el voto de los colegios electorales, e inclinar la elección de
gobernador á favor de personas indignas”.11
En efecto, la Legislatura del Estado convocó a elecciones extraordinarias, incluso
antes que el Congreso de la Unión, en el caso particular michoacano para elegir gobernador
y diputados locales en los distritos faltantes (seis), pero en el artículo segundo se dejó
asentado que en caso de haber elecciones federales, las estatales se pasarían a los días 24 y
25 de agosto,12
fechas que tuvieron que modificarse mediante un segundo decreto, al
conocerse la disposición de la diputación permanente del Congreso de la Unión de
convocar a elecciones extraordinarias en seis distritos michoacanos, para completar la cuota
de representación nacional que le correspondía al estado.
11
Ibíd., 4/agosto/1875, núm. 14. Este periódico fue considerado como el órgano del partido liberal en
Michoacán, pero sus redactores se convirtieron en oposición. Es conveniente advertir que no es clara la
relación entre los redactores de este periódico y el posteriormente editado como La Picota, pero hay
suficientes indicios de que un número significativo de ellos estuvieron en uno y en otro. 12
Decreto 87 (27/julio/1875) en El Progresista, periódico oficial, Morelia, Imprenta del Gobierno,
29/julio/1875, núm. 433. Decreto de la diputación permanente del Congreso de la Unión (29/julio/1875) y
decreto 89 (5/agosto/1875) de la legislatura del Estado de Michoacán, en Ibíd., 9/agosto/1875, núm. 436.
8
Con la misma fecha en que apareció la denuncia de La Fraternidad, Francisco W.
González envió un remitido a los periódicos El Federalista y al oficial de Michoacán (4 de
agosto de 1875), con el objetivo de hacer puntuales rectificaciones sobre la carta que reseñó
el primero. Por principio de cuentas hace la aclaración de que a él no le corresponde el
mérito de que las elecciones se hayan podido efectuar en Michoacán sino al partido liberal,
siendo eso posible en la mayoría de los distritos “y no solo en ocho como equivocadamente
se dice en la carta”, en consecuencia, para W. González, era indudable que habría poderes
locales constituidos. El hecho de que en algunos distritos se fueran a celebrar nuevos
comicios no tenía para el autor de la carta aclaratoria, “una segunda mira sino para darle á
la elección ya hecha mayor fuerza y para que se conozca que la opinion pública la favorece
completamente”. No obstante la reflexión persuasiva y efecto tranquilizador que W.
González quiere trasmitir, en oblicuo lenguaje agregó: “mi candidatura para el gobierno de
Michoacán ni existe ni ha existido hasta ahora…”13
En cuanto al papel que se le asignaba como director de la política de Huerta,
Mendoza y Carrillo, W. González sostiene que se trata de una falsedad completa, pues sólo
fue de los dos primeros “un colaborador de sus ideas”. Respecto al gobierno de Carrillo, a
quien respeta por ser un hombre con independencia de criterio, la prueba de que no tiene
“ninguna influencia en su administración, es la marcha que ella sigue en muchos puntos,
enteramente contraria á mi conocido modo de pensar”.14
La idea de cambiar de candidato para gobernador en los seis distritos faltantes,
teóricamente era posible al no existir registro de candidaturas. Carrillo llevaba 329 votos,
de tal manera que con una asistencia asegurada de 60 electores en promedio por los
distritos faltantes (80 era el indicador para un distrito de 40,000 habitantes) y si éstos se
manifestaban unánimemente podría revertirse la votación obtenida por Rafael Carrillo. Para
la elite política cambiar la orientación del voto, en tanto que se concebía más como una
práctica colectiva que una individual, no constituía una agravante para la democracia –
salvo romper un delicado pacto-, sin embargo, la empresa era difícil y altamente riesgosa.
Por otra parte, las prácticas electorales de la elite moreliana ponen de manifiesto la
tesis de que el sufragio sólo era un recurso más del juego político (una puesta en escena), y
13
El Progresista, 9/agosto/1875, núm. 436. Las cursivas son nuestras. 14
Ídem.
9
formaba parte de las disputas inter-elite, pero no era la expresión que condensara la
participación de la sociedad en la designación de sus autoridades.15
En el caso michoacano,
el voto era movilizado por los círculos políticos de la capital con sus redes de amigos en los
distritos, aunque de manera orgánica y efectiva a través de los prefectos, jueces de letras,
administradores de rentas, la burocracia del gobierno y ayuntamientos, jefes de policía de
las tenencias, y sobre todo, para el área urbana por los jefes de manzana.
No es posible, en este espacio, exponer a detalle todo lo acontecido en cada distrito
con respecto a los diferentes planos de la elección, pero del análisis con que se cuenta se
puede sostener que los candidatos a la legislatura estatal nunca estuvieron a discusión, ni la
del propio Carrillo en sentido estricto, salvo por el regateo de la elite política moreliana que
le cuestionó su falta de compromiso político. En consecuencia, el hecho de que no se
hubieran instalado los colegios electorales de Tancítaro, Zamora, La Piedad, Puruándiro,
Purépero y Pátzcuaro, no fue a causa de las garantías deficientes para proteger la seguridad
de los electores o de la indiferencia ciudadana, sino a que, precisamente, en esos distritos
las fuerzas políticas estuvieron polarizadas y no hubo arreglo en cuanto a los diputados
federales a elegir y se optó por no instalar los colegios respectivos, a nuestro entender, lo
que buscaba la oposición era equilibrar la representación nacional en el mágico número de
ocho miembros, aun haciéndose cómplice de un inexistente 2° distrito por Morelia.
Parece claro que la idea del cambio de candidato a gobernador formaba parte de un
chantaje político, aunque utilizado con diferentes intenciones por ambos bandos. La presión
ejercida por la camarilla de Mendoza rompió el cerco de influencia de la oposición sobre
Carrillo, y éste, convencido o no, terminó por desplazarlos. Desde el momento en que se
acordó ir a elecciones extraordinarias solamente en seis distritos (dato crucial), el periódico
oficial reprodujo notas de la prensa nacional en que se alababa la administración de Carrillo
y se le felicitaba por su reelección, (incluso de la “Revista Universal”, espacio propicio de
los ministeriales inmaculados), aun antes de llevarse a cabo elecciones en los distritos
faltantes, lo que también, por otra parte, explicaría el ambiguo remitido de Francisco W.
González descartándose como candidato alterno. Esta afirmación, no significa que las
posibilidades de W. González a la jefatura de gobierno estuvieran canceladas, por el
15
La tesis es de Hilda Sabato, “Elecciones y prácticas electorales en Buenos Aires, 1860-1880”, en Antonio
Annino, Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX, Uruguay, FCE, 1995. pp. 140 y 141.
10
contrario, lo único que se quiere decir es que la vía de acceso no pasaba por la contienda
electoral, y sí, tal vez, por el Congreso del Estado o mediante una futura convocatoria.
De acuerdo al sistema político de la época, se puede sostener que la hegemonía
política se cifraba en el control sobre el ejecutivo del estado, la legislatura local y federal, y
en menor medida del poder judicial (las cámaras durante el porfiriato perdieron su papel
protagónico y las prefecturas adquirieron una relevancia fundamental). La reelección de
Carrillo expresaba la frágil unidad de los liberales michoacanos, la cámara de diputados
locales significaba, en su integración mayoritaria, un perfil político no identificado con la
camarilla de Mendoza y W. González, mientras que la diputación michoacana al Congreso
de la Unión reflejaba el sentir de estos últimos. En este escenario, grupo que lograra romper
ese equilibrio se traduciría en un cambio de correlación de fuerzas a su favor. Por esto, la
fracción de los liberales que devinieron en oposición, pretendieron incidir sobre la elección
de diputados federales con el objetivo de construir un nuevo equilibrio político que
desplazara a la camarilla hasta entonces gobernante. El nuevo equilibrio se alcanzaría a
plenitud con la cooptación de la titularidad del ejecutivo en la siguiente renovación
electoral.
INMACULADOS TORNASOLADOS CONTRA INMACULADOS DE MANDIL
El punto de eclosión de la confrontación lo constituyó la elección municipal, pues se
hizo coincidir la fecha de elecciones primarias extraordinarias con la renovación popular de
los ayuntamientos del estado (15 de agosto), y las secundarias tendrían lugar el 29 del
mismo mes (según el decreto federal), trasladándose la elección de diputados locales y
gobernador para los días 31 y primero de septiembre respectivamente, y el día 7 el
Congreso del Estado se instalaría como colegio electoral para realizar el cómputo y la
calificación. La elección de autoridades del ayuntamiento de Morelia definió claramente las
posiciones de los bandos en conflicto, pues inmediatamente al evento de referencia
aparecieron los periódicos La Picota y La Escoba, mientras que La Fraternidad al
expresarse cada vez más con mayor aspereza contra la camarilla de Mendoza, dejó de
circular al perder la subvención del gobierno.16
Para los oposicionistas el fraude era el sello
16
Es a partir de la elección municipal que se menciona que en el Supremo Tribunal de Justicia se esconde una
oposición sistemática, juicio que se desprendió de la energía con que actuó el juez de lo criminal, Pudenciano
Dorantes. Para los redactores de La Fraternidad, el juez sólo cumplió con su deber al haber una denuncia de
por medio, por tanto, estimaron que se ultrajaba al poder judicial, porque era falso que el tribunal se hubiese
11
de los ministeriales de la montaña, y para éstos, el uso faccioso de la justicia caracterizaba
a los primeros en sus ambiciones políticas.
Para los conservadores, las fuerzas contendientes en el escenario político estaban
divididas en masones, semicatólicos y católicos netos, desde luego, a estos últimos los
representaban aquéllos. Definido el escenario político, los conservadores arengaron con
vehemencia a los ciudadanos para que el sufragio se otorgara a personas católicas y, al
mismo tiempo, les recomendaron que para poder “librarse de ciertas artimañas es necesario
y en Santa Paz que el Pueblo procure no separarse de las mesas electorales de lo contrario,
todo esta[rá] perdido pues nuestros contrarios en un abrir y cerrar de ojos pueden comerse
cuantas boletas no sean favorables [para su partido]”.17
Llama la atención la forma en que los conservadores definen a los grupos políticos y
la manera en que pretendieron atraerse el voto estando de por medio la revuelta religionera.
La identificación masón y protestante para con el partidario de las leyes de reforma tenía
antecedentes en la sociedad moreliana. El motín de agosto de 1871 tuvo como factor de
movilización social la interpelación “mueran los masones”, en esa fecha la ciudad de
Morelia vivió algunos días de enfebrecida alteración del orden público, y las dos o tres
personas pacíficas, que, según se decía, eran protestantes, tuvieron que abandonar la ciudad
por la presión de la turba que los buscó hasta en sus domicilios para colmarlos de injurias e
intimidarlos, como fue el caso de un conocido tendero del Barrio de San Juan.
Antonio Mora, colocó el acontecimiento referido en una perspectiva política de
mayor alcance, como así quedó plasmado en el editorial que escribió en el periódico El
Voto Libre, al manifestar las delicadas y graves tareas pendientes que tenía el partido
liberal: “con la punta de su espada escribió los derechos del hombre y la reforma, le falta
aun que imprimir estos principios en el corazón de todos los mejicanos…” porque los
constituido en una facción con miras políticas. Sin embargo, los de la Fraternidad tomaron partido al señalar
que los integrantes del ayuntamiento se sintieron frustrados cuando advirtieron que el sufragio no los
favorecía, a pesar de los trabajos que con antelación prepararon, decidieron entonces torcer la voluntad
popular cometiendo toda clase de abusos. “El poder judicial del Estado”, en La Fraternidad,
14/septiembre/1875, núm. 19. En cuanto al hecho de que dicho periódico dejara de circular, sus redactores
adujeron que por el recorte a sus salarios como empleados públicos, les era imposible costear su impresión. 17
“Elecciones” en El Sacristán, Morelia, Imprenta Vda. e hijos de Arango, 20/junio/1875 y 28/junio/1875,
núm. 24 y 25. Es conveniente aclarar que el periódico se estaba refiriendo a las elecciones primarias
ordinarias y no a las del ayuntamiento, sin embargo, lo importante para nosotros es la caracterización que se
hizo del escenario político en su entramado electoral.
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enemigos del progreso a través de “los perturbadores aprovechan la masonería y el
protestantismo para fomentar el terror”,18
y así preparar una asonada clerical.
El periódico El Monaguillo, que evidentemente no estaba a favor de ninguno de los
bandos, sostuvo que se había organizado una poderosa oposición en el STJ pero con la mira
puesta en la Tesorería General del Estado y no en las elecciones del ayuntamiento, para los
redactores de este periódico lo que el pueblo quería era “que tanto oposicionistas como
ministeriales se vayan”.19
La camarilla mendocista de última hora y de manera soterrada, impulsó una
candidatura al ayuntamiento y se valió de cuanto medio estuvo a su alcance.20
Contra el
albazo, la oposición denunció falsificación, sustracción y suplantación de boletas en varias
casillas electorales y promovió un juicio contra el presidente del ayuntamiento, Manuel
Alvírez González, ante el juez de lo criminal Pudenciano Dorantes. A expensas del proceso
instruido y la nula colaboración del ayuntamiento para practicar el desahogo de pruebas, el
juez sentenció la formal prisión de los regidores por resistencia a la autoridad.
Manuel Alvírez González no corrió la misma suerte que sus compañeros del
ayuntamiento, probablemente por la circunstancia de haber sido electo diputado federal en
los comicios recientes, al entenderse que era poseedor de fuero. Además de que el
presidente municipal, por reglamento, no estaba obligado a votar en las sesiones de cabildo,
como así se comportó en la sesión en que no se admitió la petición del juez de que se le
aceptara un expediente electoral que por su conducto hacía llegar el presidente de una
casilla. Ante lo insólito de los denodados esfuerzos del justiciero electoral, Alvírez formuló
una queja al gobernador, denunciando la intromisión del poder judicial en asuntos fuera de
su jurisdicción.21
Por su parte, los munícipes, en calidad de reos promovieron un juicio de
18
“Sofismas políticos” en El Voto Libre, Morelia, Imprenta de Octaviano Ortiz, 22/septiembre/1872, núm. 5.
“Sueño peligroso” en Ídem. El mensaje, en última instancia, a quien estaba dirigido era a Carrillo, para
advertirle que “agentes sediciosos frecuentan los barrios mas poblados y miserables de la ciudad” circulando
noticias alarmantes sobre nuevos impuestos, “vejaciones y ataques al culto católico” y que los funcionarios de
su administración, en su letargo, no veían la tremenda asonada que se preparaba. 19
El Monaguillo, Morelia, Imprenta Vda. e hijos de Arango, 9/septiembre/1875, núm. 6. 20
“Elecciones” en La Fraternidad, 18/agosto/1875, núm. 16. Se sostiene que las elecciones de ayuntamiento
no fueron lo pacíficas que esperaba el partido liberal, pues una pequeña fracción conformó, ante sí misma y
de última hora, una candidatura propia con el objetivo de participar. 21
ARCHIVO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE MORELIA (AHMM), Comunicaciones con las autoridades
superiores, Libro 161 (1872-1875). La nota-informe relata lo acontecido desde el día que se presentó por
primera vez el juez Dorantes. Ante los hechos, el cabildo tomó la determinación de no aceptar el expediente
que el juez remitía por no ser el conducto legal, además de “arrojar al ayuntamiento un agravio, pues venía
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amparo por violación de garantías, el cual les fue concedido y se le ordenó al juez de letras
la suspensión del acto reclamado.
Para el juez federal, los ayuntamientos, según el derecho público, eran libres e
independientes en materia electoral, y los jueces de primera instancia no podían inmiscuirse
sino hasta después de haberse hecho la declaración de validez o nulidad de la elección de
los alcaldes. Bajo este supuesto, las penas aplicables por el juez serían la suspensión de los
derechos ciudadanos y la destitución, de ser el caso, del empleo público, pero no la formal
prisión, porque además, aceptando que hubiera habido infracción a la ley, no hubo
resistencia armada, condición para la pena corporal, en consecuencia, se estaban violando
las garantías individuales de los munícipes.22
El fallo del juez federal de distrito, Gabino Ortiz, se ventiló en la prensa de la época.
Se le cuestionó como el “mas desafinado de los anales de la justicia federal” por su
“pobreza de fundamentos”, pues para el juez “la desobediencia á la justicia no es un delito
que merezca la pena corporal”, por tanto, ya no se podrá ejecutar la formal prisión a los
delincuentes23
y que dicho fallo violaba la soberanía del estado.24
La revisión del caso por
la Suprema Corte de Justicia de la nación, ratificó la sentencia del juez federal de distrito.
El juez federal, Gabino Ortiz, solicitó al pleno del tribunal ordenara al juez Dorantes
cumpliera a cabalidad la sentencia por él dictada, la votación del pleno estuvo dividida pero
fue favorable a los quejosos (Couto, Manuel Valdez y Antonio Mora, como ministro
asociado, votaron en contra de la solicitud del juez federal, Vicente Domínguez, Ángel
Garmendia, Pascual Ortiz, y García Leiva, a favor).
El objetivo político del juez Dorantes fue aprovechar la elección municipal para
llamar la atención pública sobre lo que pudiera ocurrir en la próxima reunión de los
sellado dicho pliego lo cual indicaba una desconfianza…” que hería la dignidad y decoro de la corporación.
Comunicación núm. 6 (31/agosto/1875). En la sesión de cabildo de fecha 24/agosto/1875, se discutió el
asunto, el presidente Manuel Alvírez informó que había consultado con el gobernador la primera petición del
juez Dorantes de examinar los expedientes de la elección, y que aquél había dado la instrucción de que se le
permitiera la inspección pero sin abrir los paquetes para evitar escándalos. Así se procedió y el juez levantó
un inventario mediante acta. El presidente le manifestó al juez que tal proceder constituía una injuria a la
corporación, a lo que éste repuso que así obraba porque se había formulado una denuncia de que se estaban
“suplantando boletas” sin decir quien denunciaba. En la sesión de 27/septiembre/1875, se discutió la petición
del juez de que se le enviara el expediente de la elección municipal y se determinó que por conducto del
gobernador se le dirigiera una excitativa para que el representante judicial normara sus procedimientos a
derecho. Actas de cabildo en borrador, Cuaderno núm. 1 (1875), caja 245 “C” (Ref. anterior). 22
“Juzgado de distrito” en El Progresista, 25/octubre/1875, núm. 458. 23
Suplemento al núm. 4 de La Picota, 11/noviembre/1875. 24
La Fraternidad, 14/septiembre/1875, núm. 19.
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colegios electorales convocados y, a través del escándalo periodístico, responsabilizar a
Justo Mendoza y Francisco W. González de posibles maquinaciones en los comicios.
Exhibir al ayuntamiento en funciones, proclive a los ministeriales de la montaña, como
perpetrador de falsificación de boletas equivalía a señalar a los prefectos de los distritos
como agentes de las mismas prácticas, en la medida que los ayuntamientos estaban
subordinados a su autoridad, además de que a esa instancia de gobierno le correspondía
administrar los viáticos a los electores pobres de la comarca para que asistieran a la
cabecera del distrito electoral, así como registrar sus credenciales y presidir la instalación
de los colegios.
La descalificación política que estaba atrás del litigio electoral municipal, en aquel
climático momento en que estaba a punto de decidirse la representación política, se constata
en las afirmaciones de Carlos Gonzáles Urueña, quien llevado por un arrebato ante lo soez
de la contienda confesó:
… yo tengo un pecado que no me perdonarán jamás aquellos hombres: haber hecho
cuantos esfuerzos he podido hace catorce años para nulificar en política á D.
Francisco W. González y á su inmunda camarilla, porque creo que uno y otra son
la causa de todos los males que ha sufrido Michoacán. Recuérdese lo que pasó en el
último periodo de la administración de Huerta.25
González Urueña invitaba a recordar que en la Legislatura de 1861, conformó un
bloque de diputados que se enfrentó a un autócrata como gobernador: Epitacio Huerta, y
tuvieron que separarse del Congreso en medio de una enorme tensión política, propiciando
una crisis de legitimidad, lo que les valió ser declarados incursos en las penas de la ley por
haber abandonado sus funciones sin causa justificada. Pero tampoco habría que olvidar que
en su papel de prefecto del departamento de Morelia, antes de ser electo diputado local, fue
el artífice, al lado de W. González, de la victoria electoral del huertismo sobre la oposición
de aquel entonces, ahora calificada como inmunda camarilla (Santos Degollado, Rafael