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Diploma Superior en Desarrollo Local, Territorial y Economa
Social - FLACSO
1 Ignacio Pelln
Los Residuos Slidos Urbanos como Patrimonio de la Ciudad de
Crdoba: una Estrategia para el Desarrollo Local (2012-2014)
Por Ignacio Pelln ([email protected])
ndice de contenidos:
1. Introduccin
2. Marco terico
3. Marco contextual
4. Desarrollo del trabajo
a. La actual gestin municipal de los RSU
i. La gestin informal de los RSU
b. Del problema pblico al negocio privado: Valorizacin de
los
RSU
c. La patrimonizacin de los RSU como estrategia para el
Desarrollo Local y Sustentable
d. Modelo de gestin propuesto y resultados esperados
1. Introduccin:
Desde 1982 la gestin de los RSU en la ciudad de Crdoba est
caracterizada por
dos cuestiones: el relleno sanitario como disposicin final de
todos los residuos y la
participacin de grandes grupos econmicos en el servicio de
higiene urbana. Actualmente,
esta gestin no solo implica gastos mensuales superiores a 70
millones de pesos sino que
su ineficiencia genera problemticas ambientales que afectan
sobre todo a comunidades
populares, cercanas a los rellenos y a los basurales a cielo
abierto, y socioeconmicas,
para los recolectores informales, vctimas de la estigmatizacin y
subvaloracin de su
trabajo. Estos aspectos, dejan expuesto lo poco sustentable que
resulta un territorio y una
sociedad, con abordajes superficiales y parciales, dando
preponderancia a intereses
polticos y econmicos de corto plazo, a pesar del pronunciamiento
de planes integrales.
Los gobiernos municipal y provincial, junto otros municipios
cercanos, han creado una
sociedad annima con la que se busca superar el costo poltico de
instalar un nuevo relleno
sanitario. La novedosa propuesta implica la puesta en marcha de
un predio que no
pertenece a ningn municipio, en la interseccin de varios lmites
municipales. Por otro
lado, la marcada economa burocrtica local ve a la economa
popular vinculada a los RSU
como algo a regular, restringir y administrar, a travs de la
instalacin de Centros Verdes
que solo hacen la clasificacin de los escasos residuos que
llegan por esta va,
pretendiendo convertir a los socios de cooperativas de cirujas,
carreros y cartoneros a
operarios de planta. A pesar de los cambios implementados desde
los inicios de la gestin
de los RSU, los recuperadores informales son quienes mayor
cantidad de RSU recuperan
y quienes tienen mayor trayectoria, pero los mismos no
participan en la planificacin de las
polticas pblicas. La patrimonizacin de los RSU propone romper
con la lgica actual,
reposicionando a los actores sociales ms afectados y proponiendo
la bsqueda de una
solucin inclusiva y sustentable, tanto en lo econmico como en lo
socio-ambiental, con
especial nfasis en el empleo y la produccin.
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2. Marco terico
Cuando hablamos de la problemtica de la basura y de la gestin de
residuos nos
referimos a conceptos fuertemente vinculados, aunque distintos.
La Ley Nacional de
Presupuestos Mnimos de Proteccin Ambiental para la Gestin
Integral de Residuos
Domiciliarios (Ley N 25.916) en su artculo 2 establece:
Denomnese residuo domiciliario
a aquellos elementos, objetos o sustancias que como consecuencia
de los procesos de
consumo y desarrollo de actividades humanas, son desechados y/o
abandonados. Este
concepto de residuo domiciliario equivale al de residuos slidos
urbanos (RSU), siendo
importante considerar que los residuos se integran por desechos
que pueden volver a
utilizarse y por basura que no se reutiliza (Pres & Gamallo,
1994). Por tanto, la basura no
est determinada slo por su composicin, sino por ser aquello que
est fuera de lugar, en
donde no se lo espera, o al que no se le ve una utilidad
posterior. As, por ejemplo, una
bolsa de tierra en un vivero es materia prima o mercanca, pero
esa misma bolsa colocada
en la vereda de la zona peatonal puede ser entendida como
basura. Durante el presente
trabajo se sostiene la idea de que tanto la basura como los
residuos y la suciedad son
categoras dinmicas (Dhers, 2013).
Los residuos son objetos privados que se convierten en bienes
pblicos cuando son
puestos en una bolsa y dejados a la espera de ser recolectados.
A partir de ese momento
los residuos pasan a estar regulados por normas que indican qu
debe hacerse con ellos
(Shammah, 2009). Gran parte de los RSU mal gestionados derivan
en basurales a cielo
abiertos (BCA), generando contaminacin sobre la superficie
circundante y las aguas
subterrneas, humos nocivos por las quemas, vectores de
potenciales transmisores de
enfermedades y otras causas que deterioran la forma de vida de
quienes habitan en las
inmediaciones o manipulan los residuos (SAyDS, 2005). Los BCA
reconstruyen relaciones
contradictorias entre lo pblico y lo privado, combinando
intereses de tipo econmicos,
sociales y ambientales. Aqu tambin hay que entender al basural
como un territorio
estructurado-estructurante para los actores involucrados en el
asunto (Shammah, 2009, pp.
15-21). Actores que accionan en funcin de sus intereses,
recursos e ideologas, estando
en el medio de la escena el gobierno local, quien tiene el poder
de polica y las facultades
para establecer las reglas de juego con las que van a contar
todos los actores vinculados a
la gestin, formal e informal, de los RSU.
Respecto al anlisis de los actores involucrados, Pedro Prez
realiza una
categorizacin de acuerdo a la lgica que moviliza su accionar. La
obtencin de ganancia
predomina en la racionalidad del conjunto de unidades econmicas
(empresarios
individuales, empresas, conglomerados de empresas) que operan
dentro del mercado
formal. La racionalidad pblica de los actores gubernamentales
est marcada por la lgica
poltica, quienes, en medio de diversas tensiones, producen la
ciudad en forma directa y
tambin en forma indirecta. La lgica de la necesidad se
desarrolla fuera del mercado (total
o parcialmente) y de las polticas pblicas, manifestndose a travs
de: a) acciones
individuales o colectivas, b) organizacin comunitaria de base
solidaria, c) movimientos
reivindicativos frente a actores gubernamentales y, d) mediante
relaciones clientelares con
actores gubernamentales o polticos. Por ltimo, el conocimiento,
cientfico, tcnico e
ideolgico, resulta una lgica subsidiaria a otras tres ya que no
genera procesos autnomos
(Casalis, et al., 2013). Dentro de esta categorizacin
analizaremos los actores intervinientes
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en la gestin de residuos; el gobierno municipal, el gobierno
provincial, las empresas
concesionarias, los recuperadores informales y las universidades
locales.
Estudiar la planificacin de la polticas pblicas de un municipio
implica conocer el
proceso por el cual se organizan los medios, acciones y fines
para modificar la produccin
de polticas y realizar las transformaciones propuestas en un
territorio (Molina, 2013).
Aquellas polticas orientadas hacia el desarrollo local suponen
procesos a travs de los
cuales se desarrollen y potencien las capacidades de diversos
actores, orientndolos hacia
la mejora de la calidad de vida de la poblacin en aspectos
econmicos, culturales, sociales
y polticos (Chiara, 2003). Este mbito local aparece adems como
el escenario propicio
para la implementacin de mecanismos de democracia participativa,
que no apunten slo
en generar las condiciones mnimas de gobernabilidad sino la
bsqueda de consensos
entre distintos actores (Ghio, 2013). De modo que este trabajo
se inscribe en la teora de
que ante la complejidad social, econmica y ambiental que implica
la gestin integral de los
residuos slidos urbanos (GIRSU), el escenario local-municipal
debe ser el espacio ideal
para el dilogo que genere consensos y proyectos en comn.
En la Estrategia Nacional para la Gestin Integral de Residuos
Slidos Urbanos
(ENGIRSU), del ao 2005, se reafirma que El manejo de los RSU en
Argentina, es de
incumbencia municipal, sobre cuyos gobiernos recae la
responsabilidad de su gestin
(SAyDS, 2005). Desde la normativa nacional, la GIRSU comprende 7
etapas: generacin,
disposicin inicial, recoleccin, transferencia, transporte,
tratamiento y disposicin final. De
estas etapas, solamente la generacin se inscribe en un mbito
privado, siendo las dems
de incumbencia pblica, por ms que la recoleccin, transferencia y
transporte se
encuentren concesionadas a empresas privadas. Para tomar algunos
conceptos
seguiremos el mencionado documento de la Secretara de Ambiente y
Desarrollo
Sustentable de la Nacin por ser el marco terico estatal ms
completo y actualizado dentro
de los tres niveles de gobierno. Sin embargo, este documento
tambin tiene sus vacos,
como el hecho de distinguir una serie de actores intervinientes
en la GIRSU, entre ellos el
Sector Informal, pero al momento de definir las
responsabilidades de todos los actores al
nico que no menciona es justamente a este sector, el cual tiene
un desempeo clave en
los circuitos del reciclaje.
Al igual en otras grandes urbes nacionales, en Crdoba la gestin
formal de residuos
se caracteriza por la concesin del servicio de recoleccin a
empresas privadas y por
privilegiar al entierro sanitario como disposicin final de los
residuos. En la gestin de
residuos existe una relacin inversa entre eficiencia y costos;
mientras ms eficiente sea el
proceso formal de Prevencin, Minimizacin, Tratamiento y
Disposicin, mayores sern los
costos del municipio (Shammah, 2009, p. 72). En Argentina el
costo de la disposicin final
en rellenos sanitarios es bajo porque no contempla el proceso de
estabilizacin1 de los
residuos (Shammah, 2009), por lo que la Municipalidad de Crdoba
concibe a este destino
como el ideal para todos los RSU. Durante la ltima dictadura
militar, la adopcin del relleno
sanitario por las principales ciudades argentinas implic grandes
montos de dinero que los
municipios debieron destinar a la implementacin del nuevo
sistema. Esto gener que los
grandes grupos econmicos de capital local, como Macri, Roggio,
IMPSA-Pescarmona y
1 El proceso de estabilizacin implica pasar de un nivel activo a
uno pasivo ambiental, en el que los lixiviados que genera el
relleno sanitario se pueden descargar en forma directa en cuerpos
de agua sin afectar su curso.
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Techint, crearan empresas recolectoras de residuos o de provisin
de ingeniera en el
manejo de rellenos sanitarios a medida que estos servicios
municipales se privatizaban
(Schamber, 2008, p. 64).
Con la gestin formal de los RSU concentrada en la disposicin
final y el servicio de
recoleccin, los circuitos de recuperacin y reciclaje se
desenvuelven al margen de esta
gestin e incluso al margen de la legislacin vigente (Shammah,
2009). Cuando se pone
foco en la gestin informal de los RSU en Crdoba, nos encontramos
con los carreros2,
cartoneros3 y cirujas, parte de ellos organizados en
cooperativas. Paiva y otros autores,
afirman que la emergencia de las cooperativas se debe a la
expansin del cooperativismo
producido en la dcada de los 90s como una respuesta al desempleo
(Schamber, 2008).
Estudios antropolgicos muestran que dentro de la heterogeneidad
del grupo de cartoneros
hay dos tipos de recolectores: los estructurales o histricos,
quienes desarrollan la actividad
hace ms de 25 aos, y los coyunturales, que surgieron en la dcada
de 1990 como
consecuencia de la crisis de empleo vivida por las clases
populares (Schamber, 2008). Una
de las interpretaciones ms comunes y extendidas es la que asocia
al cirujeo con la
vagancia o para calificar a las personas en situacin de calle,
de modo que para muchos
ciruja vendra a ser un argentinismo vinculado con vagabundo,
linyera, atorrante o crotto
(Schamber, 2008, p. 79) Ya en 1885 Eduardo Wilde, en su Curso de
Higiene Pblica,
hablaba de este oficio: cirujanos de la basura, profesional que
anda entre los huesos
(Dhers, 2013, p. 15), ya que en ese momento el negocio de la
recuperacin giraba en torno
al valor de los restos de huesos animales.
Desde una primera perspectiva, podemos entender el oficio de los
cirujas, carreros y
cartoneros, a quienes algunos prefieren denominar recuperadores
urbanos, como propio
de un sector de la economa social, como un emergente friccional
que surgi a raz de la
situacin de crisis del mercado de trabajo, frente a la cual el
Estado tambin fall (Nosetto,
2013). Siguiendo diversos aportes, Nosetto expone que la economa
es siempre economa,
pblica, privada y social al mismo tiempo y depende de los
balances histricos cul va a
ser el modelo que predomine (Nosetto, 2013, p. 8). Por tanto,
desde los proyectos
vinculados a un modelo productivo inclusivo, de desarrollo
local, no solamente se puede
mirar hacia dentro de la economa social sino tambin a toda la
sociedad. Para ello, es
indispensable el involucramiento del Estado ya que proyectos de
estas caractersticas no
van a darse espontneamente (Nosetto, 2013). Reconociendo a los
RSU como un bien
pblico impulsor de actividades econmicas, en el recorrido del
presente trabajo, se destaca
el predominio de la economa privada, y de la pblica privatizada,
como modelo econmico
predominante en la ciudad de Crdoba. De all surge la idea de
vincular los RSU al concepto
de patrimonio, ya que cualquier cosa procedente de la
naturaleza, la historia o la genialidad
constituye un elemento potencialmente patrimonializable que
puede pasar a formar parte,
una vez activado, de los repertorios patrimoniales existentes
(Almiron, et al., 2006).
Adems, este proceso de activacin patrimonial expresa las
relaciones de poder en la
sociedad actual y es llevado a cabo por actores concretos e
intencionados. Por tanto, el
2 Crdoba cuenta con una gran presencia de carreros, personas que
realizan las actividades de cirujeo con carros tirados por
caballos. 3 Personas que realizan el cirujeo recolectando
principalmente o exclusivamente cartones y derivados de la
industria papelera.
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modelo de economa vinculado a los RSU ser definido por los
actores poltico-sociales que
tengan poder suficiente para lograr imponer sus valores, ideas e
intereses.
Sobre el proceso de patrimonizacin, este trabajo se nutre de
numerosos aportes
tericos provenientes del turismo y el desarrollo local, de
autores como Prats, Castells,
Harvey, Schweitzer, Almiron, Bertoncello y Troncoso. Segn Prats
(Prats, 1998), la
condicin de patrimonio no tiene que ser interpretada como un
atributo inherente a un objeto
clasificado como tal, sino como el resultado de la
intencionalidad de determinados
individuos o grupos de la sociedad actual, que logran imponer su
posicin y la cristalizan
en el objeto patrimonizado (Almiron, et al., 2006). Desde un
enfoque ms simple, se puede
definir al patrimonio como el conjunto de bienes (naturales o
culturales, materiales o
inmateriales) acumulados por tradicin o herencia. Por tanto, no
solo resulta importante
destacar a los RSU como un patrimonio cordobs construido
histricamente, como fuente
de riqueza econmica y de daos ambientales (por su mala gestin),
sino que tambin son
patrimonio cultural de Crdoba los carreros, cartoneros y
cirujas, quienes se identifican y
autodenominan segn qu materiales recuperan y en qu medio lo
hacen, por ms que
desde el Estado se los englobe a todos dentro del concepto
recuperadores urbanos.
Coraggio concibe a la economa como inseparable de la cultura,
como un espacio de
accin constituido no por individuos utilitaristas buscando
ventajas materiales sino por
individuos, familias y colectivos dentro de instituciones
haciendo transacciones en base a
la solidaridad y la cooperacin (Coraggio, 2002). Esta economa
social implica experiencias
que buscan reproducir la sociedad, ms que reproducir el capital,
priorizando los lazos
sociales sobre la acumulacin del capital (Nosetto, 2005). Por
estas virtudes propias de la
economa social resulta fundamental que los actores que la
representan sean centrales en
este proceso de valorizacin de los RSU. Desde la administracin
pblica, y la sociedad en
general, hay una construccin ideolgica, histrica y cultural que
considera a los RSU como
basura, como un problema a sacarse de encima. En la mayora de
los casos los residuos
presentan un valor de uso, sujeto al proceso de recuperacin y
reciclaje, y un valor de
cambio, que permite reingresarlos al ciclo de las mercancas. De
este modo, los RSU dan
lugar a dos tipos de actividades econmicas: la eliminacin, a
travs del servicio de
recoleccin y la disposicin final de la basura; y la
mercantilizacin, vinculado a su
aprovechamiento econmico (Shammah, 2009). Actualmente, la gestin
formal de RSU
est enfocada en la recoleccin y la disposicin final, mientras
que el proceso de
mercantilizacin se da predominantemente en los mbitos informales
que proveen materias
primas a industrias y empresas privadas. As, es de esperar que
haya intereses
contrapuestos y se intente sobreponer un modelo ms sustentable
de gestin integral de
los residuos, pero sin generar ningn cambio en las actuales
relaciones econmicas,
polticas y sociales.
Entre las corrientes existentes sobre el desarrollo sustentable,
este trabajo sigue la
teora marxista o eco-socialista, la cual afirma que el problema
no se debe a lmites fijos
externos a la sociedad sino a las maneras en que el sistema
capitalista usa los recursos
naturales (Schweitzer, 2013). Desde esta corriente, el cambio
debe generarse en las
formas de organizacin social del trabajo, siendo la naturaleza y
la cultura las fuerzas
productivas a potenciar. Schweitzer tambin expone que el
territorio rene el espacio social
y el espacio vivido, representado. Este espacio representado se
construye integrando el
patrimonio ideolgico de los individuos que producen la
representacin (Schweitzer, 2013).
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Por tanto, entender a los RSU como un patrimonio pblico de todos
los cordobeses
permitira cambiar est representacin territorial, priorizando la
tierra, el trabajo y la cultura
por sobre la obtencin de ganancias y la reproduccin del capital
en el corto plazo. Esto
permitira plantear un modelo de desarrollo con nfasis en lo
productivo, integrando las
dimensiones poltico-institucionales, societarias, ambientales y
tico-culturales (Garca
Delgado & Nosetto, 2006).
Como ltimo punto de este marco terico, merece ser tenido en
cuenta el hecho de
que el objetivo de este trabajo monogrfico no busca comprender
la lgica de los actores
que trabajan con los residuos desde la informalidad. Por el
contrario, se intenta desandar
las lgicas polticas y econmicas predominantes de quienes definen
las reglas del juego y
proponer un insumo viable para las polticas pblicas de
desarrollo local vinculadas a los
RSU. En este caso particular, el foco se ubica sobre el gobierno
local y los actores que
gozan de lo que Silvia Ferro denomina opacidad cientfica,
refirindose a los sectores ms
acomodados que desde las ciencias sociales son habitualmente
soslayados (Ferro, 2014).
La obra de Cinthia Shammah, El circuito informal de los
residuos. Los basurales a cielo
abierto (Shammah, 2009), resulta un pilar para comprender las
lgicas e intereses de los
actores que entran en pugna por la significacin econmica de los
residuos para el Estado,
las empresas capitalistas y la economa popular. El otro gran
sostn de esta produccin
monogrfica proviene de Pablo Schamber quien en su libro De los
desechos a las
mercancas (Schamber, 2008) - tambin enfocado en el Gran Buenos
Aires - realiza una
etnografa de los cartoneros develando un provocativo entramado
social, econmico y
cultural vinculado a la gestin de los residuos, su
transformacin, valorizacin y reinsercin
al mercado.
3. Marco contextual
Argentina es un pas altamente urbanizado; ms del 90% de la
poblacin habita en
territorios urbanos. La mitad de la poblacin viven en los 5
grandes conglomerados: rea
Metropolitana de Buenos Aires, Gran Crdoba, Gran Rosario, Gran
Mendoza y Gran La
Plata. Siendo Crdoba la segunda conurbacin del pas, las
problemticas vinculadas al
hbitat y la planificacin urbana cobran una creciente magnitud y
complejidad. La
incorrecta gestin de los residuos slidos urbanos (RSU) figura
entre los mayores
problemas ambientales urbanos que presenta la provincia de
Crdoba (Gob. de Cba.,
2013). Segn el gobierno provincial, el 70% de los RSU generados
encuentran disposicin
final adecuada en 6 vertederos controlados (rellenos
sanitarios), mientras que el restante
30% se dispone en unos 300 basurales a cielo abierto (BCA)
esparcidos por la provincia,
donde se realiza la quema de los mismos sin ningn tipo de
control. Esta ltima disposicin
final no adecuada correspondera al 90% de los municipios y
comunas de la provincia.
Nuestra Constitucin Nacional, en su artculo 41, garantiza para
todos los habitantes
el derecho a un ambiente sano y equilibrado, apto para el
desarrollo humano y para que las
actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las
generaciones futuras. Tambin se dicta el deber a preservar el
ambiente y recomponer el
dao ambiental generado, estableciendo que Corresponde a la Nacin
dictar las normas
que contengan los presupuestos mnimos de proteccin, y a las
provincias, las necesarias
para complementarlas, sin que aquellas alteren las
jurisdicciones locales. La Ley Nacional
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de Presupuestos Mnimos de Proteccin Ambiental para la Gestin
Integral de Residuos
Domiciliarios (Ley N 25.916 del ao 2005) brinda algunas
disposiciones tcnicas, sobre
todo para las etapas de tratamiento, transferencia y disposicin
final. En la misma, se
establece la proteccin legal bsica y uniforme para todo el pas.
Respecto a la gestin
informal, en su artculo 25 inciso C se declara: Fomentar medidas
que contemplen la
integracin de los crculos informales de recoleccin de residuos.
Complementariamente,
las provincias pueden dictar normas adicionales aumentando las
exigencias dentro de su
jurisdiccin, las cuales nunca podrn ser inferiores a las que
otorga la Nacin.
En la Provincia de Crdoba, la Ley de Gestin de Residuos Slidos
Urbanos (RSU) y
Residuos Asimilables a los RSU (Ley N 9.088 del ao 2003) es
aplicable a la generacin,
transporte, tratamiento, eliminacin y disposicin transitoria o
final de residuos slidos
domiciliarios, derivados de la poda, escombros, desperdicios de
origen animal, enseres
domsticos y vehculos en desuso, y similares. Por lo que se
define un concepto amplio de
los RSU, discriminando solo aquellos que requieran tratamientos
especiales (patgenos,
radioactivos y peligrosos). Adems, en su artculo 2 inciso D se
fija el objetivo de Alentar
la formacin de sistemas cooperativos o asociativos con la
finalidad de intervenir en el
proceso de recoleccin, clasificacin, reutilizacin, transporte y
destino transitorio o final de
los residuos. En el mbito de la ciudad de Crdoba, la Ordenanza N
9.612 (ao 1997) da
el marco local a la gestin de los residuos, reconoce el Poder de
Polica de la municipalidad
en esta materia como indelegable y establece como rgano de
aplicacin a la Secretara
de Ambiente. Cabe destacarse que tanto la legislacin provincial
como la municipal han
sido elaboradas con varios aos de anterioridad a la Ley
Nacional, por lo que han tenido
modificaciones puntuales pero no una actualizacin integral.
En sus inicios, el servicio de recoleccin de residuos en la
ciudad de Crdoba
consista en retirar la basura que cada vecino dejaba al frente
de su casa; como
contraprestacin, el municipio se haca de recursos
administrativos a travs del cobro de
tasas o contribuciones. De este modo, el objetivo poltico
respecto a la gestin de la
residuos se orientaba a la necesidad de retirar de la vista de
los habitantes sus propios
desperdicios, ya sea hacindolos desaparecer mediante la quema, o
llevndolo los ms
lejos posible de los sectores ms habitados hacia los mrgenes de
la ciudad (Gonzalez
Salva, et al., 2011). Si bien el hoy objetivo poltico no es muy
distinto, dentro del contexto
histrico de la gestin de residuos de Crdoba pueden distinguirse
cuatro perodos. En su
etapa inicial, la municipalidad se enfoc en implementar el
servicio de recoleccin de
residuos, arrojando lo recolectado en el cauce de la caada y el
Ro Suqua. En la dcada
de 1910, con la inauguracin de un gran horno incinerador en
Barrio Observatorio, se inicia
un nuevo perodo, caracterizado por la quema como eslabn final
del ciclo de la basura.
Por esos aos, la lgica dominante en los mbitos polticos del pas,
respecto al destino de
la basura, es ms mucho ms favorable a la higiene y a la esttica
que a la bsqueda de
beneficios econmicos como ocurra anteriormente (Schamber, 2008).
En 1960, se
inaugura otro horno, de mayor capacidad, en Villa Belgrano.
Pocos aos despus, durante
el gobierno de la dictadura de los aos 70, se cierran estos
hornos y se habilitan seis
terrenos para destinar la basura de la ciudad (La Voz, 2010).
Estos cambios en la
disposicin final daran inicio al tercer perodo que algunos
autores cordobeses identifican
como la transicin del Viejo Paradigma hacia un Nuevo Paradigma
de la disposicin de
residuos urbanos (Gonzalez Salva, et al., 2011).
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Desde la segunda mitad del siglo XX, el marcado crecimiento
demogrfico de la
capital cordobesa no slo gener un crecimiento en la cantidad de
residuos generados y en
la composicin (debido a nuevos hbitos de consumo y produccin),
sino que tambin
produjo la expansin geogrfica de la ciudad, desde el centro
fundacional hacia sus
mrgenes. De manera que aquellas zonas que en su momento
sirvieron para ocultar la
basura, fueron pobladas y urbanizadas, dejando en evidencia la
problemtica no resuelta.
En este marco, el Estado Municipal debi reforzar su compromiso
con las poblaciones
cercanas a los basurales, reestructurando sus polticas de
tratamientos de residuos en base
a los habitantes (Gonzalez Salva, et al., 2011). Un ao antes del
retorno de la democracia,
se producen algunos cambios en los actores y en la disposicin
final considerada adecuada,
dando lugar al cuarto perodo que llegara hasta la actualidad. A
partir de aqu, se establece
en Crdoba el relleno sanitario como la respuesta al creciente
urbanismo, pero no como
una solucin sustentable en trminos medioambientales4.
Por esas pocas, ocurre un cambio de rumbo en las polticas
pblicas urbanas a nivel
nacional. En mayo de 1977 los gobiernos de la Provincia de
Buenos Aires y de la Capital
Federal firmaron un convenio conocido como El Cinturn Ecolgico
inspirado en el plan
integral de poltica urbana del abogado Guillermo D. Laura. A
partir de aqu se difunde y
adopta al relleno sanitario como destino final ideal para los
RSU ya que resultaba ser un
procedimiento de difundido uso internacional, probada eficacia,
gran economa y ptimas
condiciones sanitarias () La basura de este modo servir de
nutriente a millones de
plantas productoras de oxgeno (Laura, 1978, pp. 20-22). Los
municipios del Gran Buenos
Aires fueron obligados a disponer sus RSU en los rellenos
sanitarios del CEAMSE5, se
prohibieron los basurales a cielo abierto y las acciones de
reciclaje y recuperacin de
residuos. Adicionalmente, se recurri a la fuerza policial para
quitarle los carros y otros
medios de movilidad a quienes practicaban el cirujeo (Shammah,
2009, p. 37).
Pocos aos despus, en 1982, la empresa Aseo, de Franco Macri,
habilita el
enterramiento sanitario de Crdoba en el municipio de Bouwer6,
dando inicio a un periodo
que, con algunas marchas y contramarchas, se mantiene hasta la
fecha, caracterizado por:
el enterramiento sanitario como destino final para los residuos
y la implicancia directa de
grandes grupos econmicos como concesionarios del servicio pblico
de higiene urbana
(SPHU). En 1989, Clima Higiene Ambiental (empresa conformada por
Benito Roggio e hijos
y Ormas SAICIC) pasa a ocuparse de los residuos de los entonces
1,27 millones de
habitantes, recogiendo 1.100 toneladas diarias. En 1995, se
introduce la recoleccin
diferenciada de residuos, involucrando a 20 barrios de la
capital provincial, destacado las
ventajas de la seleccin en origen. En ese momento, las fuentes
oficiales estimaban que
este servicio diferencial abarcaba as al 25% de los RSU
generados (Da a Da, 2010).
Hacia fines de 1998, la concesin del servicio de recoleccin pasa
a manos de la empresa
Cliba (Compaa Latinoamericana de Ingeniera Bsica Ambiental),
tambin perteneciente
a Benito Roggio (BRa, 2013).
4 Los principales productos de la descomposicin en los rellenos
sanitarios son los lquidos lixiviados y los gases, altamente
contaminantes, pudiendo afectar gravemente la salud de las
poblaciones cercanas. 5 Coordinadora Ecolgica del rea Metropolitana
Sociedad del Estado (CEAMSE), empresa pblica fundada en 1977 para
la gestin de RSU de la Ciudad de Buenos Aires y 34 partidos de su
conurbano. 6 Localidad cordobesa de 2.000 habitantes, ubicada a 17
kilmetros al sur de la capital provincial.
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Una dcada despus, en 2009, se municipaliza el servicio de
recoleccin y
tratamiento de residuos con la creacin de Crdoba Recicla
Sociedad del Estado (CReSE).
Durante 28 aos la basura generada en la ciudad de Crdoba y la de
17 municipios y
comunas aledaas, tuvo como destino final el enterramiento en
Potrero del Estado, en el
municipio de Bouwer. Hacia fines del ao 2010, el ex intendente
Daniel Giacomino dispuso
el cierre de dicho predio, dando cumplimiento al compromiso
poltico asumido con los
vecinos de Bouwer. Ante la necesidad de buscar un nuevo predio
para el enterramiento, el
municipio volvi a recurrir a El Quemadero (sobre la Ruta
Nacional N36 sur),
emplazamiento que ya haba sido utilizado con tal finalidad hasta
el surgimiento de Potrero
del Estado. El Quemadero nunca fue remediado ni saneado y se
reactiv sin cumplir con la
exigencia previa de contar con la Evaluacin de Impacto
Ambiental. Estas cuestiones
motivaron a que vecinos de Villa Libertador (Nuestro Hogar III,
Inaudi y Barrio Comercial)
se manifestaran fuertemente contra la Municipalidad de Crdoba.
Como respuesta, la
gestin de Giacomino present un informe ambiental que fue
duramente cuestionado por
la Universidad Nacional de Crdoba (UNC) y la Universidad Catlica
de Crdoba (UCC) por
ser incompleto y por la falta de rigor metodolgico, siendo
inadmisible para un proyecto de
relleno sanitario (RCNC, 2013). De este modo, la actual gestin
municipal, encabezada
por Ramn J. Mestre de la Unin Cvica Radical, recibe un modelo de
gestin de los RSU
caracterizado por el SPHU en mano de la empresa municipal CReSE
que da disposicin
final a todos los residuos en El Quemadero, siendo la
reactivacin de este predio motivo de
fuertes cuestionamientos desde amplios sectores sociales y
acadmicos.
4. Desarrollo del trabajo
a. La actual gestin municipal de los RSU
El actual Intendente, Ramn J. Mestre, asume su mandato en
diciembre de 2011 con
la promesa electoral de erradicar el basural El Quemadero,
emplazado sobre la Ruta
Nacional N36 (RN36). A travs de la Resolucin N2.039, del mes de
agosto de 2012, se
formaliza un acuerdo con la Universidad Nacional de Crdoba (UNC)
para realizar un
estudio de seleccin de un predio para el centro de tratamiento y
disposicin final para los
RSU del rea metropolitana. La Secretara de Ambiente de la
Municipalidad de Crdoba
mantuvo sin publicar el informe de la UNC pero hizo trascender
que la zona ms apta
seguira siendo prxima a El Quemadero (Martinez, 2013).
Conjuntamente, se crea una
Comisin encargada de la elaboracin de los pliegos para el
llamado a licitacin del Servicio
Pblico de Higiene Urbana (SPHU) y se publica el documento de
trabajo Gestin Integral
de los Residuos Slidos Urbanos en la Ciudad de Crdoba con el
objetivo de aportar
elementos de anlisis y diagnstico; y propuestas de abordaje para
alcanzar una gestin
de RSU ms sustentable (SA-Cba., 2012). En el mismo, se destaca
que resulta adems
insoslayable realizar un enfoque interdiciplinario, considerando
los aspectos tcnicos,
polticos y sociales, sin embargo, las precisiones acerca de los
contenidos de los pliegos
se conocieron una vez ingresado al Consejo Deliberante y se
aprob rpidamente por la
mayora automtica que tiene la UCR en este rgano (RCNC, 2012).
Por tanto, a pesar del
prometedor enunciado de la comisin, no hubo participacin de
ninguna organizacin
externa en lo referente a aspectos tcnicos y sociales.
Desde el Poder Ejecutivo municipal se decide que CReSE
subcontrate los servicios
de higiene, limpieza y recoleccin a las empresas COTRECO para la
zona sur de la ciudad
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y LUSA para cubrir la zona norte, argumentando que esto implicar
un ahorro de 40 millones
de pesos al ao, mientras que los concejales de la oposicin
expresaban que, por el
contrario, los gastos se aumentaran en unos 100 millones de
pesos al ao (Llorens, 2012).
Logstica Urbana S.A. (LUSA) fue constituida legalmente en junio
de 2011 y en febrero de
2012 comenz a prestar servicios de higiene urbana en el marco de
un contrato de cesin
parcial y temporaria. Previo a la publicacin de los pliegos para
la licitacin, la comisin
municipal realiz visitas tcnicas a Rosario y Buenos Aires. En
estas dos ciudades, los
oferentes deben cumplir con una antigedad mnima de 3 aos y 5
aos, respectivamente,
sin hacer distincin entre empresas nacionales o extranjeras. En
mayo de 2013, LUSA fue
desestimada como oferente dentro del proceso de licitacin para
la concesin del servicio
de higiene urbana en la C.A.B.A. por no cumplir con el requisito
de antigedad (Poder
Ciudadano, 2013). Unos meses despus, se dan a conocer los
pliegos para la licitacin del
servicio en la ciudad de Crdoba, expresando que podr ser
oferentes las sociedades
legalmente constituidas en el pas o en el exterior. Sin embargo,
los oferentes forneos
tendrn que cumplir con un mnimo de 5 aos desde su fecha de
constitucin, mientras que
las empresas nacionales debern tener una antigedad no menor a 2
aos (MC, 2012).
Das antes de terminar el ao 2012, estos pliegos fueron aprobados
en primera lectura por
el Consejo Deliberante.
La comisin municipal entiende que para las nuevas concesiones
del SPHU se debe
dividir la ciudad en tres zonas: sur, norte y microcentro. El
SPHU concesionado incluye las
Prestaciones Bsicas (recoleccin de RSU y limpieza del espacio
pblico, incluidos los
transportes resultantes de ambas) y algunas otras Prestaciones
Complementarias
(orientadas a la limpieza, reposicin y mantenimiento de los
equipamientos pblicos).
Mientras tanto, se sugiere que el Ejecutivo Municipal se reserve
el derecho de modificar,
total o parcialmente, el servicio de recoleccin de la Fraccin
Seca (RSU-FS), conservando
el derecho de indicar la prestacin de este servicio a terceros
operadores, quedando a su
exclusivo criterio dar prioridad a Cooperativas de Recuperadores
Urbanos inscriptas en
Recoop (MC, 2012, p. 31). Para tal fin, se cre el Registro de
Cooperativas de
Recuperadores Urbanos (Recoop), hoy dentro del Programa
Recuperando Valor. Al igual
que lo que ocurre en otras grandes urbes, en los pliegos del
SPHU puede verse como el
Estado prioriza el capital econmico formal y no da respuestas a
las necesidades sociales
(Shammah, 2009). Las empresas de recoleccin de residuos estn en
manos de grupos
polticos que operan en diversos municipios (Schamber, 2008, p.
90), por lo que, primero
se atiende a esos intereses y luego se ve que se puede hacer
respecto a la reubicacin de
los rellenos sanitarios y la integracin de los sectores
informales.
Hacia fines de 2012, por medio de la Ordenanza N12.027,
municipio y provincia
crean la autoridad de tratamiento de residuos del rea
metropolitana: Corporacin
Intercomunal para la Gestin Sustentable de los Residuos del rea
Metropolitana de
Crdoba Sociedad Annima (Cormecor S.A.), integrando 14 municipios
del Gran Crdoba.
Dicha sociedad se constituye con un capital de 50 millones de
pesos: 41 millones provienen
de la capital provincial, 7,5 millones de los dems municipios y
1,5 millones son aportados
por los gremios en actividad (RCNC, 2013). En mayo de 2013, el
directorio del Cormecor,
junto a autoridades municipales y provinciales, confirm
pblicamente la expropiacin de
dos terrenos para la disposicin final y transicin de la basura
de los 15 municipios que
conforman el Gran Crdoba. El predio de tratamiento y
enterramiento contar con una
extensin de 270 hectreas y estar ubicado entre la Ruta Nacional
N36 y la Ruta
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Provincial N5, en el Departamento Santa Mara. En palabras del
Jefe de Gabinete
provincial, Oscar Gonzlez, el predio: No pertenece a ningn
municipio. Es un predio que
no est alcanzado por el radio urbano de ningn municipio y de
ninguna comuna (Da Porta,
2013). Son muchas las similitudes del Cormecor y el CEAMSE, que
fue creado en el ao
1978 para el rea Metropolitana de Buenos Aires, respondiendo a
lgicas que tendan
sistemticamente a expulsar del territorio municipal todo lo que
pudiera ser fuente de
problemas (Shammah, 2009, p. 38). De este modo, durante la ltima
dictadura la Capital
Federal export basurales y villas al conurbano bonaerense,
mientras que durante el
gobierno constitucional de De la Sota la capital provincial
realiza similares acciones a travs
de las Barrios-Ciudades7 y la Cormecor S.A.
En mayo de 2013, se da a conocer que John Boretto, histrico
dirigente de la UCR y
exsecretario general de la UNC, presidir la Cormecor S.A.,
propuesto para el cargo por
Ramn J. Mestre (La Voz, 2013). Su primera tarea, luego de la
puesta en marcha de la
S.A., se refiere a la expropiacin de las tierras para el predio
de tratamiento y enterramiento
(a 700 del cerrado vertedero Potrero del Estado, en Bouwer) y el
predio de transicin (en
Estacin Jurez Celman), los cuales deberan comenzar a ser
utilizados en un plazo
mximo de un ao (mayo de 2014). Sin embargo, a pesar de que los
impulsores del
proyecto plantean que los predios no pertenecen a la jurisdiccin
de ningn municipio, la
eleccin del primer predio hizo que el municipio de Bouwer no
quiera ser parte de Cormecor,
mientras que en marzo de 2014, la intendenta de Jurez Celman,
Myrian Prunotto, envi
una nota de desvinculacin de la localidad y exigi la presentacin
de un estudio de
factibilidad del proyecto. Es interesante contextualizar que la
pretensin controlar ambos
predios por medio de Cormecor, para luego cumplir con el
requisito legal de realizar los
estudios de impacto ambiental, se encontr afectada por la
mediatizacin del caso
Monsanto, aumentando las tensiones sociales y medioambientales
sobre la regin (Ripoll,
2014).
En este punto, es importante marcar algunas diferencias entre
las acciones que se
impulsan desde Cormecor y las para algunos exitosas gestiones
realizadas por el
CEAMSE. En el conurbano bonaerense, la implementacin del CEAMSE
y la exportacin
de los residuos desde la capital pudo lograrse durante la poca
del gobierno militar, cuando
la autonoma municipal quedaba relegada y la sociedad civil tena
escasas posibilidades de
manifestar sus reclamos (Schamber, 2008, p. 266). Actualmente,
resulta poco viable, en
trminos polticos, que un municipio se subordine ante un mandato
provincial o nacional
para ceder parte de su territorio como receptor de basura ajena.
El Efecto NIMBY sigla
que en ingls significa no en mi patio trasero se refiere al
rechazo que existe en las
comunidades respecto a la instalacin de actividades con fuerte
impacto para la salud y el
medioambiente. El Efecto NIMBY plantea la dificultad para
establecer los centros de
transicin y disposicin final ya que nadie quiere tener los
residuos en su territorio
(Shammah, 2009, p. 41), lo cual constituye un alto costo poltico
que, en democracia, los
referentes polticos municipales seguramente intentarn evitar
(Schamber, 2008). Desde la
gobernacin provincial y de la capital cordobesa se distingue a
la Cormecor como un avance
en la articulacin de polticas pblicas locales-regionales, pero
no se menciona el hecho de
7 Durante la primera gobernacin de De la Sota (ao2004) se
erradico el 60% de las villas existentes relocalizndolas en 14
barrios-ciudades ubicados en la periferia, expulsando de la
jurisdiccin de la Ciudad de Crdoba a ms de 8.000 familias.
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que los dos municipios prximos a los predios de transicin y
enterramiento no apoyan el
proyecto. La expropiacin de ambos predios corre por cuenta del
gobierno provincial,
mientras que en las dems localidades que suscribieron a la S.A.
los funcionarios
municipales guardan silencio, esperando que las autoridades de
la provincia y la capital
decidan dnde ira a para la basura de toda una regin (u-Por,
2014).
Mientras tanto, Piedras Blancas sigue recibiendo los residuos de
Crdoba capital y
los municipios aledaos, en tanto que CReSE realiza acciones para
alargar la vida til del
predio hasta fines de 2014. Adicionalmente, desde Surrbac
(Sindicato nico de
Recolectores de Residuos y Barrido de Crdoba) se realizaron
diversos actos de reclamo
ante la ineficiente gestin municipal: manifestando el incorrecto
tratamiento de los lquidos
lixiviados, el trabajo a reglamento, la falta de mantenimiento y
las montaas de basura que
llegan a los 15 metros de alto. En mayo de 2014, fecha en la que
se esperaba que estn
en funcionamiento los nuevos predios, desde la intendencia de la
capital se tom la decisin
de que se releve a CReSE en la gestin de Piedras Blancas, ya que
el gobierno provincial
no ha avanzado con las expropiaciones de los predios
planificados. Este cambio implicar
que Cormecor deber absorber los 256 empleados que tiene la
empresa municipal y, sobre
todo, que parte de la responsabilidad sobre la gestin de los RSU
pasa a un mbito
intermunicipal. Mientras tanto, CReSE se abocara exclusivamente
a la gestin de los
Centros Verdes municipales, mientras que la problemtica y la
bsqueda de las soluciones
respecto a la transicin, tratamiento y enterramiento se delega
al ente integrado por 15
localidades pero dirigido por la capital, la cual genera el 95%
de los RSU (Ripoll, 2014).
El documento Crdoba una ciudad en cifras, publicado por la
Municipalidad de
Crdoba, indica que en 2012, el promedio mensual de residuos
generados fue de 65.000
toneladas de los cuales slo una parte menor podra considerarse
propiamente basura8. El
documento tambin indica que el servicio de recoleccin
diferencial cubre el 29% de la
ciudad y que el promedio de residuos generados por habitante es
de 0.850kg/da (MdC,
2012). Este promedio mensual de residuos generados es muy
similar a los registrados en
el ao 1999. Sin embargo, hoy la ciudad cuenta con al menos
120.000 habitantes ms que
a fines del siglo pasado, con un contexto socioeconmico
favorable para mayores niveles
de consumo y sin ningn cambio considerable respecto a la
concientizacin e
involucramiento de la sociedad para reducir la generacin de
residuos. Si consideramos
que en Piedras Blancas se registran ingresos mensuales del orden
de las 64.100 toneladas
(RCNC, 2012), podemos concluir que casi la totalidad de la
recoleccin diferenciada termina
en el relleno sanitario. Tambin sera lgico inferir que existen
al menos 8.000 toneladas de
residuos, generadas por el crecimiento poblacional, que estaran
siendo gestionadas
informalmente, totalmente al margen de las cifras oficiales.
Analizando los aspectos financieros de la presente gestin
municipal, los informes de
auditora de CReSE muestran que el primer trimestre del ao 2012
la prdida operativa fue
de $28.077.448, monto equivalente a igual perodo del ao
anterior. El municipio, adems,
mantiene una deuda de $48.641.409 con CReSE. Por tanto, el costo
promedio mensual
para el ao 2012 estaba en el orden de los $42.200.000, sumando
las concesiones
mensuales a LUSA y COTRECO ($37.199.995) y el residual estimado
de CReSE
($5.000.000). Esta informacin proviene de la Red Ciudadana
Nuestra Crdoba en donde
8 Composicin declarada: 35% restos de comidas, 18% organicos,
14% otros residuos no reciclables, 14% plsticos, 13% papel y cartn,
3% vidrio, 2% metales y 1% no identificados.
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13 Ignacio Pelln
se declara que CReSE contina con desajustes econmicos,
financieros y patrimoniales
de envergadura (RCNC, 2013), a pesar de que fueron justamente
los desajustes
econmicos los que generaron la decisin de concesionar el
SPHU.
Respecto a las cuestiones socio-ambientales, merecen ser citados
algunos casos, ya
que en Crdoba, como en todo Amrica Latina, los factores
ambientales son determinantes
claves en la reproduccin de la destitucin y la desigualdad
(Auyero & Swinstun, 2006, p.
17). El barrio Nuestro Hogar III cuenta con unas 500 familias
que habitan all desde 1997
mientras que otras tantas decenas de familias, las cuales
integran el Anexo del barrio,
tienen sus hogares construidos sobre las tierras del antiguo
basural. Un anlisis realizado
por la ctedra de Ingeniera Ambiental de la UNC arroj que todos
los muestreos indicaron
la existencia de residuos peligrosos. A pedido de la
municipalidad, la Universidad
Tecnolgica Nacional realiz otro estudio en el que tambin se
encontr una alta
concentracin de metales pesados. A pesar de los fuertes de
reclamos de los vecinos, y de
numerosas organizaciones de la sociedad civil, durante las
ltimas dos gestiones
municipales, las cuales han reconocido la gravedad de la
situacin, el gobierno de Mestre
no ha dado curso al decreto municipal que dictamin la
expropiacin de los terrenos para
trasladar el asentamiento y remediar el predio (RCNC, 2013). Por
otro lado, en el caso de
Bouwer, luego de dos recursos de amparo rechazados, en marzo de
2010 qued
oficialmente cerrado el predio utilizado para el enterramiento.
Sobre la misma ruta (RN36)
y a escasos kilmetros, Piedras Blancas es hoy el relleno
sanitario del rea metropolitana
de Crdoba. Sin ninguna remediacin hasta la fecha, la zona sur
contina siendo el territorio
que soporta todo el pasivo ambiental de la regin, como tambin
ocurre a nivel mundial:
una sociedad explota la capacidad de carga de otra (Altschuler,
2013).
En junio de 2014, la Legislatura Provincial aprob9 una nueva
Poltica Ambiental
Provincial (Ley N 10.208), elaborada por el Poder Ejecutivo
Provincial. En el artculo 28 se
determina que los proyectos ambientales de complejidad que estn
sometidos a
evaluaciones de impacto ambiental, previamente deben contar con
una audiencia pblica
u otro proceso de participacin ciudadana. Al momento de
aprobarse dicha ley, desde el
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Pblicos, la Secretara
de Ambiente municipal y
la Cormecor se espera el segundo informe del Instituto Superior
de Estudios Ambientales
(ISEA) de la UNC para la expropiacin de los nuevos predios,
mientras que todava no se
realiz el correspondiente estudio de impacto ambiental ni la
consulta popular que exige la
legislacin. Desde los gobiernos provincial y municipal las
problemticas medioambientales
se plantean desterritorializadas, obviando el hecho de que las
sociedades hacen su historia
y construyen su geografa (Schweitzer, 2013). Respecto a este
tema, Schweitzer plantea
que la desterritorializacin no existe, sino que lo que realmente
ocurre es una
reconstruccin permanente de los territorios
(apropiacin-desapropiacin), una constante
reterritorializacin (Schweitzer, 2013).
Despus de 28 aos la basura vuelve a Crdoba (La Voz, 2010): ese
fue el titular
publicado por el diario La Voz del Interior cuando el ex
intendente Giacomino cerr Potrero
del Estado (Bouwer) y reactiv El Quemadero (Crdoba). Ese costo
poltico intentara evitar
el actual gobierno de la capital mediante la Cormecor,
manteniendo una gestin de los RSU
que conserva el modelo de gestin instaurado antes del retorno de
la democracia. El relleno
99 El proyecto de ley fue aprobado con los votos de todos los
bloques parlamentarios excepto los del Frente de Izquierda y de los
Trabajadores y de un legislador del Frente Para la Victoria que se
abstuvo.
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sanitario sigue siendo el destino final ideal porque en su costo
no se contempla el proceso
de estabilizacin de los residuos, mientras que el grueso del
presupuesto se destina a pagar
el servicio de recoleccin, a cargo de grandes grupos econmicos
nacionales atrados por
la rentabilidad del negocio. Se plantea una ciudad de Crdoba
sustentable pero sin discutir
las relaciones de produccin capitalistas, sin reconocer que los
problemas ambientales
surgen de una contradiccin entre el ritmo de los ciclos
biogeoqumicos y el ritmo de los
ciclos de produccin humanas (Foladori & Pierri, 2005). La
depredacin de recursos que
podra evitarse al reutilizar los residuos como materias primas y
la contaminacin que podra
evitarse mediante dicha recuperacin son ideas que no encuentran
ningn vnculo con el
modelo vigente de gestin integral de los residuos slidos urbanos
de la ciudad de
Crdoba.
i. La gestin informal de los RSU
En las ltimas dcadas del siglo XX, sobre todo durante el
gobierno de Carlos Menem,
se rompi fuertemente con la estructura social que generaba la
gran masa salarial
caracterstica de la sociedad argentina. La consecuente
desafiliacin de gran parte de la
poblacin dej excluidos a grandes sectores de la poblacin,
principalmente en los mbitos
urbanos (Pastore, 2010). En ese nuevo cuadro, muchas familias
encontraron una
alternativa en la economa informal de la recuperacin y el
reciclado de residuos. No resulta
extrao encontrar a cirujas con ms de veinte aos en este oficio,
caracterizado por su
relativa facilidad de acceso a una ocupacin que requiere escaso
capital y destreza, por lo
cual tambin rene a muchas personas que se dedican a esta
actividad en forma
espordica o intermitente (Schamber, 2008, p. 81). Para quienes
realizan esta actividad,
como todas las de la economa popular, esta resulta una
alternativa viable para responder
a sus necesidades de supervivencia o subsistencia, pero tambin
un modo o una estrategia
de vida (Razeto, 1988).
Con el tiempo, los cirujas, cartoneros y carreros tradicionales
(histricos) y
coyunturales (quienes se iniciaron prximos a la crisis de 2001)
fueron encontrando en la
economa popular un subsector cuya racionalidad principal est
orientada en garantizar la
reproduccin social de la vida, de sus miembros, a travs del
trabajo (Pastore, 2006). En
Crdoba, muchos carreros, cartoneros y cirujas que desde mbitos
estatales y
acadmicos usualmente se engloban dentro del concepto de
recuperadores urbanos se
fueron organizando formalmente. As, en la bsqueda de una mejor
calidad y estabilidad
laboral, el cooperativismo emerge como algo renovador, como un
modelo alternativo al
capitalismo financiero de exclusin y contencin (Garca Delgado,
2004). Posiblemente, la
cooperativa Los Carreros de Villa Urquiza sea la ms antigua de
la ciudad. La misma,
comenz sus actividades en 1983 (pero obtuvo su personera jurdica
en 1994), reuniendo
a cirujas de las zonas de Villa Urquiza y Villa Siburu con el
objetivo de acopiar materiales
reciclables y vender directo a las fbricas, buscando evitar
intermediarios y garantizar cierta
estabilidad laboral para paliar la situacin de vulnerabilidad
que sentan en esos aos
(Fernndez, 2012). Por otro lado, la Cooperativa de Carreros La
Esperanza, una de las
ms recientes, comenz a trabajar formalmente en enero de 2011,
buscando ser un lugar
donde nuclear a los carreros de la ciudad que estaban siendo
perseguidos y hostigados por
animalistas y policas (Job, 2013).
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15 Ignacio Pelln
Pastore (Pastore, 2013) explica que dentro de la economa social
se encuentran
organizaciones que realizan actividades econmicas como actividad
principal, no como
actividad secundaria o marginal, pero que se apoyan en las
capacidades, las energas
humanas y sus relaciones interpersonales. Muchas agrupaciones de
carreros de Crdoba
han surgido buscando eliminar la intermediacin de los galponeros
(quienes compran los
residuos recuperados a los carreros y luego lo venden a las
fbricas como insumos),
pudiendo acopiar lo recolectado por cada uno de sus miembros y
vendiendo los materiales
directamente a las empresas compradoras a un precio mayor (LMC,
2007). Desde el
MOCAR10 se destaca que esta actividad es socialmente til por el
volumen de materiales
que se recuperan y reciclan, porque genera riqueza y empleo y
porque disminuye la
contaminacin ambiental de lo que indefectiblemente terminara en
rellenos sanitarios o
quemas (Pastore, 2010). Sin embargo, es importante dejar en
claro que el reciclaje,
independientemente de los beneficios que aporta al
medioambiente, es una actividad
eminentemente econmica (Schamber, 2008). En la mayora de las
organizaciones del
sector, y sobre todo en Los Carreros y La Esperanza, puede verse
la eminencia
econmica, de una economa social y popular, de solidaridad y
trabajo: La racionalidad de
la economa de solidaridad y trabajo es aquella que se funda
sobre el factor fuerza de
trabajo y sobre el factor comunidad (Razeto, 1997).
Los mencionados actores de la economa popular se sostienen por
el trabajo
realizado como actividad econmica y funcionan sobre el principio
de reciprocidad, en
donde las relaciones econmicas operan a travs de los canales
habilitados por los lazos
sociales preexistentes e indisociables a las relaciones humanas
(Nosetto, 2005). En el caso
de La Esperanza, si bien se busca mejorar las condiciones
laborales de sus miembros, la
organizacin nace con un especial inters por defender su
actividad econmica ante el
Estado y su identidad ante la sociedad en general. Esta
cooperativa, que cuenta con 700
socios carreros de 25 barrios de la ciudad, se enfoca en dar
representatividad y legitimidad
a este sector: nosotros apostamos a generar puestos de trabajo y
a combatir la persecucin
que desde el Estado se hace contra los carreros, dice su
presidente Carlos Andrada
(Pacheco, 2013). Esto devela, en parte, las consecuencias de que
a pesar de las
declaraciones de inclusin social del gobierno local, la
legislacin vigente prohbe la
actividad, lo cual refuerza la criminalizacin de la actividad en
la sociedad cordobesa.
Al hablar de gestin informal de los RSU en Crdoba capital
resulta insoslayable tratar
el tema de los carros y los caballos, ya que este la mayora de
los recuperadores urbanos
son carreros (o al menos los socialmente ms visibles). La
actividad del reciclado y
recuperacin tiene su pico, a nivel nacional y local, durante la
crisis de 2001. En ese
momento, la gestin municipal de Germn Kammerath (1999-2003)
decide, mediante el
decreto 111/02, redoblar la prohibicin de la traccin a sangre
que ya haca la Ordenanza
N8643 (sancionada durante el gobierno de la dictadura), poniendo
especial atencin en la
zona cntrica de la ciudad. La determinacin de que los
recuperadores dejen sus carros y
caballos en los mrgenes del ro Suqua entre los puentes Sarmiento
y Alvear, e ingresen
al centro a recolectar con carros manuales, agudiza los reclamos
y conflictos con la
municipalidad. Varios carreros son detenidos durante las
protestas, lo que deriva en la
necesidad de mayor organizacin entre los carreros (Vergara &
Giannone, 2009).
10 Mocar Movimiento Nacional de Trabajadores Cartoneros y
Recicladores
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En el ao 2004, durante la intendencia de Luis Juez (2003-2007),
se deroga la
ordenanza mencionada y se reemplaza por la N9981/04, conservando
la prohibicin de los
vehculos con traccin a sangre. En esos momentos, el Comando de
Accin Preventiva de
la Provincia de Crdoba (CAP) era quien detena a los carreros
cuando circulaban por la
ciudad. Por el otro lado, la gestin de Juez hace algunos
intentos de regular la actividad de
los carreros y la disposicin final de los residuos gestionados
por la empresa Cliba sin llegar
a definiciones concretas. Posteriormente, durante el gobierno de
Daniel Giacomino (2007-
2011) algunas cooperativas, como Los Carreros pudieron trabajar
algo ms organizadas
a partir de la creacin de CReSE. En parte, este mejor dilogo
entre el municipio y los
carreros puede deberse a un cambio de intereses. Antes, cada
kilo de residuos que los
carreros recuperaban era un kilo menos que gestionaba Cliba y,
por lo tanto, la empresa
del Grupo Roggio cobraba menos por su concesin (Fernndez, 2012).
En la investigacin
de Schamber, se plantea el hecho de que probablemente, al estar
las empresas de
recoleccin bajo control de grandes grupos polticos y econmicos,
esa sea la causa por la
cual todava no se han implementado polticas que reduzcan la
cantidad de residuos
producidos (Schamber, 2008, p. 90).
Cuando se inicia la actual gestin de Ramn J. Mestre se corta con
la voluntad
poltica que permita la traccin a sangre y el acopio que hacan
algunas cooperativas con
objeto de reciclar materiales (Fernndez, 2012). El escenario se
complejiza an ms
cuando, a principios de 2012, nace la Fundacin Sin Estribo
(FSE), con un inters que
afecta directamente a los carreros. La fundacin expresa:
trabajamos por y para todos los
animales que lo necesiten, pero principalmente nos motiva el
enorme sufrimiento de los
caballos que da a da sufren traccionando carros (FSE, 2013). El
accionar de FSE consiste
en denunciar casos de maltrato animal ante la polica para
secuestrar los caballos
(apelando a la Ley Sarmiento11) y, en caso de sentencia del juez
competente, constituirse
en guarda judicial de los equinos en cuestin. En este corto
tiempo, Andrea Heredia de
Olazabal12, presidente de FSE, se ha constituido en querellante
en aproximadamente 50
causa por crueldad contra animales. Esta fundacin ha logrado que
por primera vez se
eleve a juicio una causa por aplicacin de la Ley Sarmiento
(Duran, 2013), evidenciando
los recursos legales-jurdicos que posee la organizacin.
No obstante, la FSE no slo se enfoca en restringir la traccin a
sangre en la ciudad
sino tambin en criminalizar a los carreros y calificar su
actividad econmica como indigna.
Valindose de la legislacin vigente, desde la fundacin se
estigmatiza el trabajo de los
carreros, atribuyndole la causalidad de diversas problemticas:
el trabajo infantil, los
basurales a cielo abierto, el robo de animales, la faena
clandestina; todos esos delitos estn
detrs de la traccin a sangre. Eso es lo que Sin Estribos ha
instalado en la sociedad
(Heredia de Olazabal, 2012). Acusaciones pblicas como sta
generaron que en repetidas
ocasiones las cooperativas de carreros, apoyadas por otras
organizaciones, como as
tambin por el MOCAR, salgan a las calles a manifestarse,
destacando que nadie, ni el
Estado, ni las organizaciones animalistas, se ha acercado a
ellos con una propuesta de
reemplazo de la traccin a sangre, mientras tienen que soportar
el secuestro masivo de
11 La Ley Nacional 14.346 (llamada Ley Sarmiento), de 1954,
legisla sobre la proteccin de animales contra actos de crueldad,
mencionando cuales podrn ser considerados actos de maltrato. 12
Andrea Heredia de Olazabal es abogada y titular de la ctedra de
Derechos y Proteccin Animal de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Crdoba.
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Diploma Superior en Desarrollo Local, Territorial y Economa
Social - FLACSO
17 Ignacio Pelln
caballos, que en su gran mayora son devueltos por no encontrar
pruebas para retener los
animales (Andrada, 2013). Histricamente, existieron varios
argumentos para considerar al
cirujeo como una enfermedad o como un trabajo indigno. Pablo
Schamber identifica
razones humanitarias, por los riesgos a sufrir accidentes o
contraer infecciones; razones de
convivencia, por el entorpecimiento del trnsito que generan los
carros y el desparramo de
basura en las veredas; y razones econmicas, por la disminucin de
la carga de las
empresas de recoleccin que cobran por el peso de material que
recoleccionan (Schamber,
2008, p. 267).
El municipio reconoce a los recuperadores urbanos como actores
que desarrollan sus
actividades en la va pblica, en los BCA y en los centros verdes,
considerando que su
accionar se concentra en el rea cntrica y en los predios en
donde se manipulan los RSU,
es decir, en los BCA. Ante esto, se propone como alternativa no
perseguirlos13 sino sumar
a aquellos que estn organizados en cooperativas dentro de la
Fraccin Seca del SPHU.
La fraccin seca de residuos (RSU-FS) est compuesta por papel y
cartn, plstico, vidrio,
metal y trapo, lo cual representa al menos un 32% del total de
los RSU generados en la
ciudad. En funcin de esto, se incorpor el Principio de Inclusin
Social dentro de los
Principios Rectores del SPHU estableciendo: la incorporacin
formal, gradual y sectorial
de los recuperadores urbanos en las tareas de separacin de
residuos y recoleccin
diferenciada de los RSU-FS (MC, 2012). De aqu puede
interpretarse que el municipio
intentara pasar de la economa popular o de solidaridad,
vinculada a la gestin informal de
los RSU, a una economa caritativa o de beneficencia (Razeto,
1997), en donde la
solidaridad viene de afuera para subsanar la exclusin de los
recuperadores urbanos,
incluyndolos en su planificacin como si estuviesen donando
algunos espacios dentro de
la cadena de los RSU.
Desde los espacios de resistencia organizada tambin han surgido
propuestas
concretas de trabajo articulado entre el municipio, las
cooperativas de carreros y la sociedad
civil, con miras a alcanzar el enterramiento cero de residuos
inorgnicos, la creacin de una
Planta de Reciclado por cada CPC14, la eliminacin de todos los
BCA, la reduccin plena
de la traccin a sangre en la ciudad y la creacin de 2.000
puestos de trabajo para carreros
corporativizados (AI, 2012). Es importante tener presente que no
basta con dar libertad a
los actores de la economa popular cuando, tanto a nivel local
como nacional, estamos en
lo que Garca Delgado denomina una sociedad a dos velocidades.
Desde 2006, los
ingresos de los trabajadores formales crecieron mucho ms frente
a los trabajadores
informales que quedaron rezagados, para quienes muchas veces
tener empleo no significa
salir de la pobreza (Garca Delgado & Nosetto, 2006). Por
eso, el retorno actual de las
polticas para el desarrollo, en contraste con lo ocurrido
durante los 90, tienen una
centralidad en la tica, replanteando la cuestin de la equidad,
la justicia y la distribucin
del ingreso en forma explcita (Kliksberg, 2005).
Al presente, la Municipalidad de Crdoba slo ha propuesto una
gradual insercin de
recuperadores en los centros verdes y otorgar el mantenimiento
de algunos BCA a las
cooperativas. Mientras tanto, se comunica que desde el municipio
se combate los basurales
13 En el documento Contenidos crticos propuestos para la
confeccin del pliego figuran dos alternativas respecto a los
recuperadores urbanos: Se suman al SPHU, o SE PERSIGUEN
(descartando con el tachado esta segunda opcin). 14 Actualmente hay
10 Centros de Participacin Comunal (CPC) distribuidos en la ciudad
de Crdoba.
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18 Ignacio Pelln
ilegales (La Voz, 2014) pero desde 2011 el SPHU no incluye el
servicio de recoleccin de
restos verdes, escombros y voluminosos, materiales que abundan
en los BCA (Ripoll,
2012). La sociedad cordobesa en general opta por la va informal
de ofrecer una changa al
carrero para llevarse los materiales indeseados a otro lado, o
lo hacen en sus propios
vehculos, con destino al predio baldo ms cercano o que ya cumple
esta funcin hace
aos. En tanto, el municipio gasta mensualmente millones de pesos
para la limpieza de los
principales BCA (La Voz, 2014), responsabilizndose (desde el
Estado, los medios masivos
de comunicacin y amplios sectores de la sociedad civil) a los
carreros por ser los
generadores de estos basurales ilegales. Cinthia Shammah
(Shammah, 2009) estudia
cmo los BCA afectan a las poblaciones que los rodean y a quienes
interactan con ellos y
toma una tipificacin de ellos realizada por Surez (Surez, 2001),
resultando tres tipos de
BCA: 1) los campos extensos de la periferia, los cuales, al
avanzar la mancha urbana, se
incorporan a la dinmica de la ciudad como receptores de
residuos. 2) los basurales
asociados a barrios marginales, formados a partir de una
poblacin de escasos recursos
econmicos que vive con y de los residuos, utilizando estos
espacios como depsitos. 3)
los basurales que se extienden a lo largo de algunos
intersticios urbanos, como arroyos,
bordes de vas del ferrocarril, etc., generados por descargas
puntuales vinculados a la falta
de control social (Shammah, 2009, p. 64). Estas dinmicas
territoriales estn presentes
tanto en el conurbano bonaerense como en el cordobs.
A pesar de que el cirujeo es una actividad rentable y con
grandes beneficios para el
medioambiente urbano desde el Estado, y otros sectores, se lo ve
como un trabajo indigno.
Si bien los pobres son los que menos residuos producen, son los
que ms intervienen en
la cadena de recuperacin y los que menos se benefician
econmicamente de ella
(Schamber, 2008, p. 106). Los cirujas son tomadores de precio en
un circuito de
recuperacin que involucra a intermediarios, acopiadores y
empresas recicladoras que
toman lo recuperado como materia prima. Quizs sea la vigencia de
entender al trabajo de
los carreros, cirujas y cartoneros como algo vinculado a los
vagabundos, mendigos y
linyeras lo que haga que se quiera convertir este oficio en
operarios clasificadores dentro
de los centros verdes, sin considerar el cambio que eso implica
para los actores
involucrados y sin atender al conflicto que subyace al cerrar un
basural. Son muchas las
organizaciones ambientalistas que entienden que los organismos
internacionales (como el
Banco Mundial), vinculndose con los gobiernos nacionales,
destinan ms recursos para
realizar rellenos sanitarios que para generar polticas
integrales para la gestin de residuos
(Schamber, 2008, p. 84). Por lo expuesto en este bloque, se
observa que esta lgica est
actualmente vigente en la ciudad de Crdoba.
b. Del problema pblico al negocio privado: Valorizacin de los
RSU
El grueso de los residuos se produce en el mbito privado
(domicilios particulares,
comercios, industrias) y son colocados en cestos, contenedores y
volquetes, pasando a ser
su gestin un asunto pblico cuya gestin es competencia del
municipio. Segn las etapas
de la gestin integral de residuos domiciliarios (SAyDS, 2005),
una vez que se dio la
generacin en el mbito privado, los residuos pasan a ser pblicos
en su etapa de
disposicin inicial. A partir de all, el gobierno local debe
realizar las cinco etapas restantes
que exige la legislacin nacional, efectuando la recoleccin,
transferencia, transporte,
tratamiento y disposicin final de los RSU. Actualmente, en la
ciudad de Crdoba, las etapas
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19 Ignacio Pelln
de recoleccin, transferencia y transporte se encuentran
concesionadas a dos empresas
de capital privado, en el marco de la licitacin del Servicio
Pblico de Higiene Urbana
(SPHU). Hasta mayo de 2014, las etapas de tratamiento y
disposicin final estaban a cargo
de la empresa municipal CReSE. A partir de all, Comercor S.A.
toma la responsabilidad
sobre el enterramiento y CReSE se ve reducida a atender los
centros de separacin de
residuos (centros verdes) (La Voz, 2014).
Daniel Cravacuore realiza un actualizado anlisis sobre el nuevo
modelo de gestin
municipal que emerge en la Argentina contempornea que le exige
al gobierno local ser
mucho ms que slo un buen administrador. Entre los nuevos temas
de la agenda municipal
se encuentra el cuidado del medioambiente y la promocin
econmica, como as tambin
otras competencias emergentes, como la asistencia a la micro,
pequea y mediana
empresa, la preservacin del patrimonio cultural y natural y
otras demandas internas
(Cravacuore, 2013). Ante estos nuevos temas que emergen a nivel
general, la actual
gestin municipal responde con caractersticas muy similares a las
que Daniel Garca
Delgado (Garca Delgado, 2011) describe dentro del modelo
neoliberal de polticas sociales,
apuntadas a programas especficos y puntales para los grupos y
sectores vulnerables
focalizados. Este modelo de enlatado puede verse incluso dentro
de la estrategia local de
gestin de residuos.
Dentro del Componente Social de la gestin de RSU, la
Municipalidad de Crdoba
expresa que los centros verdes son insuficientes y que hay una
escasa insercin formal de
los recuperadores urbanos, quienes con su actividad generan los
BCA y cuentan con una
inadecuada movilidad al utilizar la traccin a sangre para sus
carros (MC, 2012). Para
impulsar el reemplazo de la traccin a sangre por vehculos
mecnicos el municipio estara
gestionando un programa de fondos del Banco Mundial. Por otro
lado, tambin se estara
evaluando la posibilidad de ampliar la cantidad de centros
verdes, involucrando a ms
cooperativas de carreros. A fines de 2012, habran sido 87
personas quienes trabajaban en
dichos espacios (Ripoll, 2012). De aqu surgen dos cuestiones a
tener en cuenta: por un
lado, el municipio responsabiliza directamente a los carreros
como los responsables de los
BCA, obviando a los actores de la economa privada y a los dems
particulares que frente
a tener que pagar un servicio demasiado caro y complejo para
retirar el electrodomstico
que ya no utiliza o los restos de poda o escombros, recurren al
servicio de los carreros. Por
otro lado, muchos gobiernos y organismos internacionales de
crdito promueven, como
solucin al problema de la recoleccin informal, la reconversin
laboral de los cirujas,
carreros y cartoneros como operarios de futuras plantas de
clasificacin y reciclaje de
residuos que se construirn en el marco de polticas que buscan
evitar el enterramiento
indiscriminado de estos. Dejando de lado las cuestiones
socioculturales de tal reconversin,
Schamber explica que esta alternativa slo podra ser una solucin
de reinsercin colectiva
en ciudades muy pequeas. En las grandes ciudades, donde los
recolectores informales
superan las centenas, sera insostenible presupuestariamente, ya
que la optimizacin de la
gestin de las plantas sera contraria a la demanda masiva de mano
de obra (Schamber,
2008, p. 271)
Segn la Secretara de Ambiente municipal, en 2012 se alcanz las
2.422tn de
residuos recuperados en los centros verdes15, por un valor de
venta de 1,93 millones de
15 Ntese que la cantidad es muy baja si se considera que la
Municipalidad de Crdoba declara que la recoleccin diferenciada
cubre el 29% de la ciudad.
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20 Ignacio Pelln
pesos. Esto representa un promedio mensual 202tn de material
recuperado, de los cuales
67,52tn se gestionan en los centros verdes (59,84tn en Tillard y
7,69tn en Bilardinelli) y los
dos tercios restantes (134,3tn) se recuperan en el microcentro.
Si bien estos nmeros
muestran un crecimiento interanual del 18% en los materiales
recuperados, la cifra es
insignificante si consideramos que el 32% de los RSU son
materiales secos directamente
recuperables. Por la va formal, el municipio est recuperando
apenas el 1% de las 20.000tn
de residuos que podran reciclarse tan solo aplicando un correcto
proceso de separacin
(La Voz, 2013). Por otro lado, el mismo ao, se registraron
70.000tn de RSU provenientes
de BCA que fueron higienizados por el municipio16. Esta gestin
no est incluida dentro
de la licitacin del SPHU, siendo CReSE quien realiza estas
tareas en los ms de 90 predios
que funcionan como BCA, lo cual implica gastos adicionales para
la administracin
municipal. Respecto a la generacin de RSU, las principales
fuentes son: Recoleccin 58%,
Limpieza de BCA 16% y Terceros contenerizados 13%.
Actualmente, el servicio de recoleccin diferenciada se dirige
hacia el material
Inorgnico Reciclable (tales como papeles, plsticos, vidrios y
metales) depositados en
contenedores especficos o dispuestos en la va pblica para su
recoleccin selectiva. Lo
recolectado en estas reas se destina a los dos centros verdes
municipales CV Tillard y
CV Belardinelli para recuperar los residuos dentro de un
programa de inclusin social en
el que participan ocho asociaciones de carreros17, involucrando
a unas 290 personas con
diferentes roles en los barrios y centros verdes. Adems, se
expresa la intencin de que,
de manera gradual y sectorialmente, sean los recuperadores
urbanos los prestadores del
servicio de recogida selectiva (SA-Cba., 2012). Cabe aclarar que
comnmente los carreros,
cirujas y cartoneros no reciclan, sino que recolectan,
recolectan materiales reciclables y
realizan una gruesa clasificacin que luego profundizan los
depsitos a los que venden
(Schamber, 2008). Por tanto, es importante tener en cuenta que
la incorporacin de los
trabajadores informales a los centros verdes implica una fuerte
reconversin de la actividad
que realizan actualmente.
El gobierno local propone, dentro de su estrategia para el SPHU,
la contenerizacin
de la Fraccin Hmeda (RSU-FH), presentando datos de que el 70% de
las capitales
europeas cuentan con sistemas contenerizados y que las grandes
ciudades
latinoamericanas tambin avanzan o intentan avanzar por esa va
(MC, 2012).
Complementariamente, se generara la insercin de los
recuperadores urbanos en la
Fraccin Seca (RSU-FS) y la valorizacin de los restos de obras y
demoliciones,
voluminosos, restos verdes y residuos de aparatos elctricos y
electrnicos (MC, 2012).
Acompaando estas propuestas, el municipio exhibe modelos de
contenerizacin
automtizada, sofisticados sistemas de recogida neumtica de
residuos, modernas
mquinas lavadoras de contenedores, barredoras y lavadoras de
veredas y aceras.
Mientras que para la fraccin seca se presentan sofisticadas
plantas de clasificacin y
puntos verdes para que las personas lleven sus residuos
reciclables18. Una estrategia con
estas caractersticas no solamente es contradictoria al objetivo
planteado de inclusin social
16 La higienizacin a la que se refieren consiste en enviar una
pala mecnica y cargar todos los materiales que estn dispuestos
sobre la superficie sobre camiones con destino al relleno
sanitario. 17 Coop. de Trabajo Reciclado e Inclusin, Coop. de
Trabajo Asociads del Sur, Coop. Cartoneros Organizados, Inaudi,
Fundacin El Faro, Fundacin La Esperanza (COR-COR), Mov. de Carreros
Unidos, La Carbonada. 18 Ver el Documento Estrategias para la
gestin del Servicio Pblico de Higiene Urbana en la Ciudad de
Crdoba, disponible en: http://goo.gl/unOeWl
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Social - FLACSO
21 Ignacio Pelln
de la gran cantidad de recuperadores informales que realizan
esta actividad a diario (por no
ser intensivos en el uso de mano de obra) sino que tampoco podra
presentarse como
sustentable en trminos ambientales, ya que la slo se recuperara
la fraccin seca
mientras que los restos orgnicos contenerizados (el 45% de los
RSU) seguiran teniendo
como destino el relleno sanitario. Segn especialistas, la
disposicin de RSU en estos
enterramientos implica que, para que ocurra la degradacin, se
necesita que transcurran
de 200 a 300 aos para residuos orgnicos y unos 1.000 aos para
los residuos inorgnicos
(Shammah, 2009). De este modo, el actual modelo de una ciudad
Crdoba ms sustentable
se nutre de la teora del desarrollo sustentable, difundida por
algunos organismos
internacionales, en los que las relaciones de produccin
capitalista no son discutidas
(Foladori & Tommasino, 2005).
Al negocio de la concesin de servicios de recoleccin, barrido y
limpieza de los
basurales hay que sumarle una de las ramas industriales con
mayor pujanza a nivel
mundial, la Industria Ambiental. El llamado negocio verde mueve
cifras millonarias,
involucrando a corporaciones que invierten en tecnologas de
control ambiental en un
mercado con grandes perspectivas de crecimiento (Foladori &
Pierri, 2005). En el ao 2010,
el gobierno municipal liderado por Giacomino estuvo a punto de
hacer un contrato millonario
con la empresa Innviron, un holding transnacional con sede en
Florida, que deriv en un
escndalo meditico por todas las irregularidades en un proyecto
que nunca lleg a
concretarse (La Voz, 2009). Podra pensarse que todava se
mantiene presente dicho
antecedente, por lo cual actualmente todava no se plantean
cuestiones de ingeniera
ambiental fuera del mbito acadmico de las universidades locales
(UNC - UTN) (RCNC,
2013). Sin embargo, es importante mantener presente que esta
industria est en pleno
desarrollo y la discusin sobre la crisis ambiental no puede
restringirse a su nivel tcnico,
sino que debe incluir sus bases sociales, polticas y econmicas
(Foladori & Pierri, 2005).
El proceso de licitacin para el servicio pblico de higiene
urbana (SPHU) realizado
en 2012 cont con cuatro oferentes: Industrias Metalrgicas
PESCARMONA S.A., IMPSA
Ingeniera Ambiental, Logstica Urbana S.A. (LUSA) y Compaa de
Tratamientos
Ecolgicos S.A. (COTRECO) (RCNC, 2013). Finalmente, la cesin del
servicio qued para
las empresas LUSA (del empresario correntino Juan Carlos Romero,
vinculado al
intendente Ramn J. Mestre) con un canon de $14.183.095 para el
2012 y $15.581.070 en
2013 y COTRECO por $23.016.900 en el 2012 y $25.016.900 para
2013 (de Horacio Busso,
presidente de la Cmara de Comercio de Crdoba y vinculado al
gobernador Jos M. De la
Sota) (Llorens, 2012). La decisin poltica de privatizar el SPHU
que estaba en manos de
CReSE se sustent en los futuros ahorros que ello generara para
el municipio, sin
embargo, al ao 2014 este contrato implica $70 millones
mensuales. Segn la ejecucin
presupuestaria de 2013, las erogaciones municipales del rubro
Servicios fueron de $1.281,7
millones de pesos, de los cuales el 60% corresponde a LUSA y
COTRECO. De acuerdo al
presupuesto 2014, el rubro Servicios aumentara a $1.671,3
millones de pesos (CyJ, 2014).
Foladori y Tommasino identifican a la insustentabilidad en las
races de las relaciones
sociales capitalistas, planteando una constante dinmica
sobreproduccin y escases en las
ramas econmicas ms y menos rentables. La bsqueda de una mayor
ganancia es una
ley intrnseca del sistema capitalista de produccin (Foladori
& Tommasino, 2005), en la
medida que haya ramas econmicas que, temporalmente, generen
mayores beneficios que
otras, el capital concentrado migrar hacia ellas. O sea, para
que LUSA, COTRECO y otros
grandes grupos econmicos estn interesados en el SPHU tienen que
haber una ganancia
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Social - FLACSO
22 Ignacio Pelln
extraordinaria que incentive su incursin en la actividad,
particularmente en la ciudad de
Crdoba.
A la consideracin de que los residuos colocados en la va pblica
son, justamente,
residuos pblicos y que el negocio de la recoleccin, transporte y
transferencia est
privatizado, habra que agregarle algunos otros rasgos que surgen
de esta relacin entre
lo pblico y lo privado. La separacin en origen, la
contenerizacin de los residuos por
fracciones, las licitaciones millonarias del SPHU y la
responsabilidad estatal (ayer de
CReSE hoy de Cormecor) frente a la limpieza de los BCA, el
tratamiento y la disposicin
final, benefician ampliamente al capital privado. Tomando el
aporte de Harvey (Harvey,
2002), podemos ver que hay una valorizacin del capital privado a
costa del capital pblico,
ya que la infraestructura y dems externalidades producidas por
el capital pblico de todos
los cordobeses beneficia la reproduccin privada del capital de
un par de grupos
econmicos. Vale citar una pregunta que se genera en el estudio
del turismo y el desarrollo
local: Es justa la sobreapropiacin privada en base al usufructo
de un recurso producido
socialmente? (Schweitzer, 2013).
Desde el gobierno local se sostiene que en 40 de los 90 BCA
existentes se realizan
trabajos de limpieza al menos una vez al mes, mientras que para
los restantes se toman
perodos ms largos (La Voz, 2014). Esto genera muchas veces que
en los basurales
ocurran quemas para reducir el volumen de los materiales y
liberar espacio en el predio,
porque si el carrero no tiene donde hacer la descarga se pierde
el sentido de su servicio de
recoleccin por el que se lo llama. Estas quemas afectan al
medioambiente, en general, y
a los sectores ms vulnerables de nuestra sociedad, en
particular. Segn el relevamiento
de asentamientos informales de TECHO (Techo, 2013, pp. 89-95),
en 2013, la ciudad de
Crdoba contaba con 134 asentamientos informales habitados por
unas 21.300 familias. La
cuarta parte de estos asentamientos no cuenta con ningn servicio
de recoleccin de
residuos, teniendo muchos otros el servicio solo en las calles
principales, puntos
estratgicos o de manera informal. A su vez, casi el 50% de los
asentamientos estaran
ubicados a menos de 10 metros de basurales a cielo abierto. Solo
una parte menor de los
BCA se generan por el proceso de extensin de la marcha urbana,
mientras que la mayora
se corresponden a procesos de tugurizacin, fragmentacin social y
degradacin urbana
(Surez, 2001, p. 45) Si el gobierno local no considera a los BCA
como un territorio
estructurado-estructurante, seguir sin hallar soluciones al
respecto, gastando millones de
pesos mensualmente y estigmatizando a los sectores populares que
viven con o de los
residuos.
Puede notarse que hay una marcada voluntad poltica hacia la
valorizacin de los
RSU, lo cual derriba la creencia de que cuando hablamos de la
GIRSU estamos hablando
solo de basura. Estamos hablando de un servicio pblico de
higiene urbana licitado por
montos superiores a los 70 millones de pesos mensuales y de ms
de 1,2 millones pesos
para la limpieza de BCA. Los beneficios econmicos que generan
los residuos se
concentran en pocas manos y no responden al problema de los
cirujas, qu