Los planes y programas gubernamentales aplicados en Yucatán en los últimos 30 años

Los planes y programas gubernamentales aplicados en Yucatán en los últimos 30 años

El henequén, eje de la sociedad y de la economía yucatecaLa fibra de henequén, la planta que permitió la consolidación de Yucatán como

entidad autónoma, durante el porfiriato, se convirtió en reserva estratégica para los ejércitos

revolucionarios y para el Estado surgido de la Revolución de 1910-1917. Conviene recordar

que la fase crítica de la Revolución Mexicana coincidió con el desarrollo de la Primera

Guerra Mundial, 1914-1918. El control político-militar logrado por el Gral. Salvador Alvarado

en Yucatán aseguró al naciente Estado disponer de abundantes recursos provenientes del

alto precio que alcanzó el henequén en los mercados mundiales.

Una vez superada la crisis mundial, los precios del henequén entraron a su fase

descendente, convirtiéndose la producción y la comercialización de la fibra en pesada carga

para el erario y para la administración estatal. Así transcurrió hasta 1925, cuando el gobierno

del presidente Obregón aprovechó el sacudimiento político que siguió al asesinato del

gobernador Felipe Carrillo, de tres hermanos y de diez acompañantes más, para intervenir

de manera directa en el manejo de la para-estatal Henequeneros de Yucatán y, a partir de

entonces, en los avatares de la producción henequenera de manera directa y definitoria.

Si la producción henequenera marcó el desarrollo de Yucatán y su devenir social a lo

largo del siglo XX, fue también factor determinante en las relaciones entre la sociedad

yucateca y “el centro” y, en particular, con el gobierno federal.

El Gran Reparto Henequenero de 1937, Cuando el gobierno del Gral. Lázaro

Cárdenas distribuyó las tierras de las haciendas henequeneras, cambió desde la raíz el

esquema de producción de fibra al desaparecer las grandes plantaciones que se habían

constituido al amparo del porfiriato y que los sucesivos gobiernos de la Revolución habían

respetado hasta entonces. Con el reparto de las haciendas los ejidos pasaron a ser el eje de

la producción henequenera, quedando la responsabilidad del respaldo crediticio en el Banco

de Crédito Ejidal. Ser considerado ejido henequenero significaba la seguridad de disponer de

crédito y de respaldo oficial para la comercialización de la fibra.

Pese al cambio en el patrón de productores y a la presencia del Banco Nacional de

Crédito Ejidal (Banjidal), la empresa para-estatal Henequeneros de Yucatán sobrevivió y

El material de este artículo es parte del análisis documental realizado por el autor para fundamentar una propuesta alternativa párale desarrollo de Yucatán. Ver: Sierra, J. L. (2010): Promover el Desarrollo de Yucatán a Partir del Sistema de Ciudades, Poblaciones Suburbanas y Microrregiones. Tesis de Maestría, Facultad de Economía, Universidad Autónoma de Yucatán. pp. 26-44 y 76-79.

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continuó siendo una poderosa entidad financiera y social ya que, además de controlar la

producción y la comercialización de la fibra y, con ellas su precio, brindaba a los trabajadores

del campo atención hospitalaria y seguridad social. Estas responsabilidades siguieron

atendidas por Henequeneros hasta su liquidación, a mediados de los 50’s, cuando le resultó

imposible enfrentar las demandas sociales de los productores que, en número creciente,

exigían más precio para la fibra. Como parte de la reestructuración financiera, en 1961, el

Banco Agrario de Yucatán1 (BANAGRARIO) asumió el papel y los compromisos que, por

más de 20 años había desempeñado el BANJIDAL2.

La crisis de la actividad henequenera –en los años cincuentas- por la irrupción de las

fibras químicas en el mercado mundial de insumos agro-industriales hizo necesaria la

intervención estatal. Intervención supletoria y concurrente que, al paso de los años, se volvió

estructural, constituyéndose en el principal factor de la dependencia henequenera. De allí

que cualquier cambio que se pensase en Yucatán suponía la acción concertada de los

productores y del Estado, encarnado éste en los aparatos burocráticos de las distintas

instituciones, en sus recursos y en las decisiones políticas de los gobiernos estatal y federal.

La creación del Distrito de Riego 048 (DR). Si bien las zonas de Yucatán con suelos

mecanizables y para uso hortícola fueron consideradas durante la etapa de la creación de

los distritos de riego de fines de los 40’s, al fomentarse el DR 048 en las tierras que

abastecían a los ingenios de Catmís y Tzucacab, el manejo de los recursos quedaron en

manos de los propios productores, que no lograron consolidar, menos aún ampliar, las

superficies irrigadas en explotación. Fue a finales de los 50’s cuando la Secretaría de

Agricultura federal se hizo del control del distrito de riego, incluyendo a la región localizada

entre el límite sur de la geografía estatal (las tierras de Santa Rosa, en el municipio de Peto y

el ejido de Justicia Social) y los municipios de Muna y Sacalum (Rosales y Rejón,1984; 178-

179).

En 1964 dejaron de operar los dos ingenios azucareros y se implementaron como

alternativa, en torno al DR 048, los planes Chaac y Tabi y el proyecto Justicia Social. Con

recursos del Plan Nacional de Irrigación, en un primer término, del PIDER, después y de las

Secretarías de Agricultura y de Recursos Hidráulicos, se mantuvo un esfuerzo continuo, por

1 BANAGRARIO surgió como banco crediticio y comercial, dependiente de la Banca de Fomento Nacional.2 En BANAGRARIO fue sustituido, a su vez, en 1975, por el Banco de Crédito Rural Peninsular, una de las 12 filiales regionales que constituyeron, a partir de ese año el sistema Banco Nacional de Crédito Rural, que implicó la fusión del Banco Nacional de Crédito Ejidal, el Banco Nacional de Crédito Agrícola y el Banco Nacional Agropecuario.

2

más de 20 años, dirigido a la diversificación productiva en los 13 municipios del sur de la

entidad y a la ampliación de la superficie irrigada para usos agrícolas en Yucatán (Morales,

1984; 166-167).

De manera paralela, entre 1962 y 1964 la intervención estatal en la actividad

henequenera dio un vuelco cuando, además de respaldar la casi totalidad de la producción

de fibra –a través del BANAGRARIO-, el gobierno federal intervino también en la fase de

manufactura y comercialización de productos acabados. Primero, en sociedad con los

cordeleros yucatecos, que habían formado la empresa Cordeleros de Yucatán, S.A. de C.V.

y, dos años después, como propietario único de CORDEMEX S.A. de C.V. El esquema

anterior, que se limitaba al respaldo crediticio al través del BANJIDAL, se aplicó sin mayores

variantes desde finales de los treintas, tras el reparto de las haciendas, decretado y

ejecutado por el presidente Cárdenas.

La adquisición, por parte del gobierno federal de las cordelerías y el inicio de la

construcción de CORDEMEX, el complejo de fibras duras más grande del mundo, marcó el

comienzo de una etapa de intervención y control del gobierno federal de la actividad

henequenera en su conjunto. No sólo como proveedor de crédito vía BANAGRARIO, o como

incipiente promotor de la diversificación productiva de la entidad; a partir de entonces, como

el responsable de financiar a los productores, de comprarles las hojas, desfibrarlas,

industrializarlas y comercializar el producto, en México y en el extranjero. El gobierno federal

se vió obligado a impulsar una incipiente planeación del desarrollo, primero de la zona y de

la actividad henequenera y después, de la economía estatal en su conjunto, mediante

proyectos de diversificación productiva, como ya quedó descrito para el caso del sur del

estado.

La liquidación de los cordeleros privados (93 firmas, pertenecientes a poco más de

sesenta inversionistas) por parte del Estado mexicano representó una importantísima

liberación de recursos financieros, frescos, que se canalizaron a otras ramas económicas

(ganadería, turismo y comercio, de manera preponderante). Como parte de la estrategia

federal de promoción de la diversificación productiva de la entidad, el Gobierno de la

República dedicó recursos extraordinarios para la construcción del Puerto de Abrigo de

Yukalpetén, un viejo proyecto, fundamental para redimensionar la pesca de escama en el

litoral yucateco, además de alentar el establecimiento de industrias en el litoral progreseño.

El Puerto de Abrigo de Yukalpetén fue inaugurado el 1º de junio de 1968.

Pese a las indudables ventajas que representó la integración industrial y comercial

del henequén y sus derivados en un solo mando, la intervención estatal no pudo frenar el

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deterioro de la competitividad del henequén en el mercado mundial de fibras duras. Lo que

sucedió entonces fue que, mientras CORDEMEX se sujetaba a la racionalidad industrial en

busca de la autosuficiencia financiera, el Banco Agrario absorbía los pasivos financieros, que

crecían y se acumulaban, y se encargaba de hacer frente a los costos sociales que

acompañaban a la baja productividad de la actividad henequenera.

Mientras se mantuvo esta duplicidad estructural la cartera vencida del BANAGRARIO

creció de manera geométrica, al tiempo que se acumulaban las presiones políticas. El

padrón de acreditados llegó a rebasar los 96 mil campesinos a finales de los años 70’s, que

veían al Banco de Crédito Rural (BANRURAL)3 como patrón y tomaban el “adelanto

crediticio” como salario; un salario del todo insuficiente y que no implicaba una prestación

laboral en términos de producción o de productividad.

El régimen del seguro social a los campesinos henequeneros. Las movilizaciones

campesinas en reacción al reordenamiento del mercado henequenero, consecuencia de la

entrada en operación de CORDEMEX, recibieron por parte del gobierno del Presidente Luis

Echeverría, una respuesta que habría de impactar en la actividad productiva del estado en

su conjunto. La inscripción de los ejidatarios henequeneros con sus familias en el IMSS, con

derecho a atención médica y pensión, a través de un régimen modificado de cotización fue,

sin duda, una importante reivindicación social para un alto porcentaje de la población

campesina yucateca. Sin embargo, marcó una clara diferenciación entre la población de la

zona henequenera (ZH), dedicada al henequén, y la del resto del estado. Ser ejidatario

henequenero, estar en el padrón del ejido, significó a partir de entonces, el derecho al

Seguro Social, además del crédito que semanalmente se ministraba a través de la red de

Banco Agrario. Pocos años más tarde, se volvió más importante la permanencia en el padrón

ejidal por el IMSS que por el crédito para la actividad agrícola.

Si el padrón de acreditados por el BANAGRARIO/BANRURAL había sido motivo de

fieras disputas políticas, la afiliación al IMSS atizó la hoguera de los conflictos, agregando

nuevos elementos al desorden y la falta de transparencia con que integraban y manejaban

ambos registros. Con todas las reservas del caso, el número de campesinos henequeneros

afiliados al IMSS alcanzó la cifra de 76 mil, a finales de 1977, cuando el Gobierno de la

República decidió efectuar una “depuración de acreditados”, como parte del Programa de

Reestructuración Henequenera, presentado y puesto en marcha en enero de 1978.

3 El Banco Nacional de Crédito Rural se integró como Sistema, con 12 bancos regionales como filiales, el Banco de Crédito Rural Peninsular absorbió al Banco Agrario de Yucatán, a partir de 1978.

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El surgimiento de Cancún. El inicio de la construcción de Cancún, a principios de los

70’s, planeado para constituirse en un polo de atracción turística en la región Caribe, tuvo un

efecto colateral, de enorme significado para Yucatán y su economía. Por una parte, por el

numeroso éxodo de campesinos de distintas regiones de la entidad, incluyendo a

trabajadores henequeneros “acreditados”, para trabajar como albañiles en las empresas

constructoras de infraestructura o como empleados de los primeros hoteles y, por otra, la

migración de capitales yucatecos que vieron en la pujante actividad de Cancún

oportunidades que no les brindaba la economía de Yucatán.

El COPRODE y el inicio del PIDER. La planeación del desarrollo estatal es

relativamente reciente como un ejercicio gubernamental. Las políticas públicas formalmente

derivadas de un plan, formulado por el gobierno y conocido por la sociedad, comienzan a

diseñarse hasta mediados de los años 70’s, cuando a iniciativa de la entonces Secretaría de

la Presidencia, se crearon en las entidades federativas los denominados Comités

Promotores del Desarrollo (COPRODE’s) que, además de realizar la programación regional

del gasto público federal, concertaban proyectos y recursos presupuestarios con los diversos

actores a nivel estatal.

El crédito internacional concedido a México por el Banco Internacional de

Reconstrucción y Fomento (BIRF) representó para Yucatán la puesta en operación del

Programa Integral para el Desarrollo Rural (PIDER) en 3 microrregiones (frutícola, en el sur;

ganadera, al norte y oriente, en torno a Tizimín; maicera, también en el oriente, en torno a

Valladolid), todas ellas fuera de la ZH, aunque algunos municipios de su periferia también

fueron incluidos en los programas del PIDER. La elaboración de proyectos productivos,

construcción de infraestructura de apoyo y de desarrollo social, con financiamiento

proveniente de fondos internacionales para su ejecución, marcaron una nueva etapa para la

diversificación productiva de los municipios fuera de la zona henequenera (ZH),

tradicionalmente marginados de las acciones del gobierno federal.

El PIDER operó en el estado hasta finales de los 80, aunque para entonces ya habían

surgido nuevos mecanismos de planeación regional. A nivel federal, la Secretaría de

Programación y Presupuesto sustituyó a la Secretaría de la Presidencia como instancia de

planificación y coordinación del desarrollo y, como consecuencia, se promulgó la Ley de

Planeación que regía al Sistema Nacional de Planeación. Con el entramado de leyes e

instituciones surgieron fórmulas de coordinación con las entidades federativas: primero los

CUC –Convenio Único de Coordinación-, que se transformaron después en CUD –Convenio

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Único de Desarrollo-, que a su vez dieron paso a los distintos “ramos de inversión para el

desarrollo”, que contempla la actual Ley General de Presupuesto Federal (coloquialmente

conocidos como “ramo 33”, “ramo 28”, etc.). La planificación federal-estatal contemplaba y

contempla la participación de organizaciones empresariales y sociales a través de los

comités estatales y municipales de desarrollo (COPLADE’s).

Sería miope decir que mientras la actividad henequenera vivió en situación crítica, es

decir, de finales de los años cincuentas hasta los noventa, no se hicieron intentos por

atender sus causas ni se tomaron decisiones para superar sus efectos nocivos. Hubo

numerosas propuestas y se tomaron decisiones firmes que, por falta de continuidad o de la

necesaria coordinación, resultaron insuficientes. Repasemos los intentos de solución más

importantes.

La creación del Fideicomiso Henequenero y la primera “depuración henequenera”.

Como ya revisamos de manera somera, la gravedad del “problema henequenero” requirió de

ajustes constantes, decisiones subsecuentes que implicaron inyecciones sustanciales de

dinero, por parte del gobierno federal, en buena medida destinadas a la diversificación

productiva. Así sucedió a finales de 1977, cuando el presidente López Portillo decidió revisar

de manera profunda el esquema de financiamiento que imperaba en la actividad

henequenera y, en particular, la operación crediticia del BANRURAL Peninsular, poniendo

bajo la lupa la racionalidad del gasto y el impacto social y productivo de los recursos

entregados sistemáticamente a los campesinos (Diario del Sureste; 21 nov. 1977. Diario de

Yucatán; 21 nov.1977).

Tres fueron los objetivos del Programa de Reestructuración Henequenera, que se

presentó y se puso en marcha en enero de 1978: el primero, establecer con claridad los

recursos de carácter crediticio que se entregaban a los campesinos y que, por tanto, se les

debían cobrar, de aquella parte que constituía un subsidio a las labores del campo. El

segundo objetivo fue “depurar” los padrones de acreditados para eliminar las inconsistencias

y para reducir en 30 mil, el número de campesinos hasta entonces registrados. El tercer

objetivo fue el de reforzar, con proyectos productivos específicos, la diversificación agro-

pecuaria en Yucatán a fin de ofrecer una alternativa productiva a los campesinos

“depurados” (Diario de Yucatán; 3 de enero 1978).

Como parte de esta estrategia de racionalidad financiera y diversificación productiva

se constituyó el Fideicomiso Henequenero, que conjugaba recursos estatales y federales en

proyectos de producción alternativos o complementarios al henequén, al mismo tiempo que

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BANRURAL daba a conocer el “Programa de Diversificación Agroindustrial para la Zona

Henequenera” (Villanueva, 2009; 73). Este Programa planteaba desplazar, en un lapso de 17

años, 71 mil campesinos de la producción de fibra a otros proyectos agropecuarios,

reduciendo hasta 8 mil 871 el número de campesinos dedicados a la producción de fibra, sin

disminuir los volúmenes de producción.

Dando cumplimiento al objetivo de transparentar las partidas de carácter crediticio de

aquéllas que representaban un subsidio al productor, BANRURAL estableció que, a partir de

entonces, en los préstamos refaccionarios, el 70% era subsidio por 30% de crédito a

cobrarse; mientras que en los préstamos de avío la relación era la opuesta: 30% como

subsidio y 70% de crédito. A resulta de la “depuración” de sus padrones BANRURAL redujo

el número de acreditados de 81 mil 843 a 51 mil 5874.

La preocupación programática que campeaba en la administración federal propició la

formación de la Secretaría de Programación y Presupuesto, al iniciarse el gobierno de José

López Portillo. Pero fue hasta finales de ese sexenio que se concluyó el Plan Global de

Desarrollo, una vez que se habían concluido y presentado los 17 programas sectoriales. El

Plan Global de Desarrollo fue el primero de alcances nacionales y con objetivos de largo

plazo, diseñado por el Ejecutivo federal. En consonancia con esta visión, al iniciarse la

administración del presidente de la Madrid se erigió la sub-secretaría de Desarrollo Regional,

encargada precisamente de elaborar y coordinar los planes estatales y los programas

regionales. El Programa para la Reordenación Henequenera y el Desarrollo Integral de

Yucatán fue el primero elaborado con este aliento descentralizador.

El Programa para la Reordenación Henequenera y el Desarrollo Integral de Yucatán.

A principios de 1984, en el marco de esta ebullición planificadora el Programa de

Reordenación Henequenera y Desarrollo Integral de Yucatán (PRHDY; Gobierno

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Gobierno Constitucional del Estado de

Yucatán; 1984), además de establecer la transferencia de la para-estatal CORDEMEX al

gobierno de Yucatán propició un cambio total en el esquema de responsabilidades

institucionales en la actividad henequenera. El PRHDY dio paso a la desaparición del

Fideicomiso Henequenero, mientras que el BANRURAL fue hecho a un lado en el manejo

crediticio y en el control de la producción de fibra. A partir de entonces una empresa estatal,

4 El desorden que imperaba en BANRURAL se mantuvo vigente como se hizo patente en diciembre de 1978, cuando se informó al presidente López Portillo que, gracias a la “reestructuración” el padrón de usuarios del BANRURAL había pasado de 90,763 acreditados a 57,259, habiéndose “depurado” 33,504 campesinos canalizados a programas de diversificación productiva. Ibid. pp. 71-72 y 114.

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Desfibradoras de Yucatán S.A. (DESFIYUSA) se encargó de la compra de hojas y de su

desfibración, mientras que al Fondo de Apoyo a las Actividades Productivas de Yucatán

(FAAPY) correspondió ordenar y refaccionar la producción ejidal de henequén y los diversos

programas de diversificación agropecuaria.

El prurito de racionalidad económica que motivó el diseño y la aplicación del PRHDY

representó una reducción más en el padrón de acreditados del BANRURAL que, para finales

de 1983, ya rebasaba la cifra de 70 mil campesinos. Asunto de trascendental importancia,

también, fue el programa de “compactación de superficies” que conjugó la aplicación de

medidas técnicas dirigidas a la productividad agrícola con tareas de elemental rigor

administrativo a fin de registrar sólo superficies en producción, que cumplieran además con

mínimos de rendimiento, eliminando los predios abandonados o mal atendidos.

El PRHDY contemplaba inversiones multimillonarias en infra-estructura con el firme

propósito de hacer realidad la diversificación productiva. Fue así que se aprobaron 62 mil

millones de pesos para la construcción del Puerto de Altura de Progreso y se aprobó la

modernización de la carretera Mérida-Progreso, así como la construcción de dos

termoeléctricas (la Mérida II y la de Tinum). La conclusión de estas obras dio paso, años

después, a la construcción del oleoducto Mérida-Puerto Progreso y al tendido del gasoducto

Valladolid-Ciudad Pemex.

La venta de Cordemex y la liquidación henequenera. El Programa de Desarrollo

Regional de la Zona Henequenera de Yucatán 1992-1994. Ocho años después, tras

evaluarse los alcances y las deficiencias del Programa de Reordenación Henequenera se

decidió atacar de raíz las relaciones de dependencia que marcaban la producción

henequenera en su conjunto. Esto sucedió en mayo de 1992, cuando fue presentado el

Programa de Desarrollo de la Zona Henequenera 1992-1994 (PRODEZOHE; Gobierno

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Gobierno Constitucional del Estado de

Yucatán; 1992). El PRODEZOHE partía de la venta a particulares de las plantas de

CORDEMEX y la liquidación de sus empleados, así como cancelar toda intervención directa

del Estado en la cadena de financiamiento-producción-manufactura-comercialización del

henequén, confiriéndoseles a los empleados y acreditados, de 49 años o menores, una

liquidación directa y a los mayores de 50, que tuvieran derechos acumulados en el Seguro

Social, una aportación económica, mensual, hasta que alcanzaran la jubilación.

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Como ocurrió con el PRHDY, también el programa de 1992-1994 para la zona

henequenera formó parte de una estrategia nacional que hizo de la planificación regional uno

de sus ejes. En este caso, el Programa SOLIDARIDAD.

Un aspecto relevante del PRODEZOHE fue que en su elaboración participaron

distintos sectores y grupos sociales, así como numerosos especialistas y personalidades

diversas, como respuesta a la convocatoria del Gobierno del Estado. La discusión y la

conformación del Programa se inició meses antes de su presentación formal. El 22 de

noviembre de 1991 en el seno del COPLADE, se conformó una subcomisión encargada de

formular un programa para la zona y para la actividad henequenera con el objetivo declarado

de ser “…instrumento de coordinación entre los distintos sectores de la sociedad para

detonar el crecimiento económico y el mejoramiento de las condiciones sociales de 62

municipios que se encuentran en zona preferente y no preferente” (Diario de Yucatán; 23

nov.1991). Días después, el Gobierno del Estado presentó el documento “Criterios generales

para la orientación del gasto y la inversión pública hacia el desarrollo integral del Estado de

Yucatán” (op. cit.; 30 nov.1991) que hizo las veces de marco regulatorio de las propuestas

presentadas y de su análisis y discusión. Resultado de esta participación fue la integración

de 270 proyectos al Programa referido, 162 de ellos de carácter productivo y 108 de

beneficio social, que fueron respaldados por un presupuesto de 200 mil millones de pesos en

el primer año de ejercicio del PRODEZOHE.

El PRODEZOHE desmanteló las bases institucionales de la improductividad

henequenera y, con ellas, las que sostenían la dependencia económica y social. La sociedad

yucateca se vio liberada del pesado lastre que le impedía avanzar en la diversificación

productiva y en la modernización económica y el gobierno federal estuvo en posibilidad de

destinar recursos frescos a la inversión o para la realización de obras de infra-estructura, al

desaparecer el oneroso subsidio henequenero. Fue así como se construyeron la

supercarretera Kantunil-Cancún, la termoeléctrica Mérida III, el oleoducto Progreso-Mérida y

el gasoducto Valladolid-Mérida-Ciudad PEMEX. En el campo, surgieron proyectos de

agricultura intensiva y la ganadería, en todas sus ramas, experimentó un crecimiento

exponencial gracias a la disponibilidad de granos que aseguraba el Puerto de Progreso y a la

certificación sanitaria internacional, obtenida por la entidad tras años de esfuerzo.

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30 años de planeación estatal y regional

En los 30 años que van de 1977 al 2010 se diseñaron y tuvieron vigencia

constitucional seis diferentes planes estatales de desarrollo, elaborados para el período y por

el Ejecutivo en turno. En ese mismo lapso tuvieron verificativo las cuatro intervenciones del

gobierno federal que reseñamos en páginas anteriores, Intervenciones que, vistas con la

perspectiva del tiempo, constituyeron pasos subsecuentes y acumulativos de un proceso que

tuvo como finalidad desmantelar la estructura de dependencia económica fincada en el

monocultivo henequenero, mancuerna entre la insuficiencia estructural y la dependencia que

se empezó a construir en 1925, con la intervención federal en la para-estatal Henequeneros,

que creció y se hizo permanente tras el reparto agrario de 1937 y la entrada en operación, en

Yucatán, del Banco de Crédito Ejidal, alcanzando su cima con la fundación de Cordemex y la

puesta en marcha de su complejo agro-industrial. Además de recordar el impacto socio-

económico de estas acciones de gobierno, para fines del presente trabajo resulta

fundamental rescatar los criterios de regionalización que supusieron tales ejercicios de

planificación.

En el Plan Estatal de Desarrollo 1977-1982, que fue el primero de esta naturaleza, se

retomó el esquema de 7 regiones establecidas por el Comité Promotor del Desarrollo de

Yucatán (COPRODEY) bajo los auspicios del Programa de Inversiones para el Desarrollo

Rural (PIDER). Necesario es destacar que, debido al peso que la Zona Henequenera

mantenía en los presupuestos y en la operación de dependencias federales y estatales, las

inversiones y los programas del PIDER, que administraba la Secretaría de Programación y

Presupuesto, no abarcaron en un principio las 7 regiones establecidas, limitando sus

alcances al sur y al oriente, la parte de la geografía estatal que escapaba a la producción

henequenera.

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Figura II.1: Regionalización de Yucatán 1976-1988

Elaboración propia con información del Plan de Desarrollo Estatal 82-88. Se cotejó información con el Plan de Desarrollo1980-1982

El esquema de las siete regiones configuradas por el PIDER con criterios agro-

productivos, se ha mantenido, con pequeñas variantes, a lo largo de estos 30 años, en los

seis diferentes planes estatales de desarrollo que se han diseñado y aplicado. El cambio de

mayor relevancia se realizó en los planes 1995-2001 (Gobierno del Estado de Yucatán.

Poder Ejecutivo; 1995), cuando se definieron 9 regiones y en el de 2001-2007 (Gobierno del

Estado de Yucatán. Poder Ejecutivo; 2001) que definió 10 regiones, al dividir la Zona de

Influencia Metropolitana en dos regiones distintas. El principal cambio en los criterios de

regionalización aplicados hasta 1995 consistió en fragmentar el poniente sur de la entidad en

tres regiones, en vez de las dos consideradas anteriormente; una segunda región se agregó

al fragmentar la meseta central del territorio estatal también en tres regiones, consolidando

una nueva región con los municipios del centro sur, localizados en torno a las poblaciones de

Sotuta y Yaxcabá. Un tercer cambio relevante consistió en consolidar la Zona de Influencia

REGIONESLitoral norteOrienteCentroSurLito

ral oesteCentro norteMetropolitana

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Metropolitana, considerando un mayor número de municipios, 13 en total, localizados en

torno a la ciudad y el municipio de Mérida.

Figura II.2: Regionalización para el Estado de Yucatán, 2001-2007.

Tomada del Plan Estatal de Desarrollo 2001-2007.

Para el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 (Gobierno del Estado de Yucatán,

2008), actualmente vigente, se regresó al esquema de siete regiones, aunque distintas a las

que se definieron con el PIDER, en los años 70’s. Los cambios en los criterios de

regionalización con relación a los asumidos por los dos ejercicios anteriores consisten en

desaparecer la Región Centro-Sur del estado, asignando los municipios que se localizan en

torno a las poblaciones de Sotuta y Yaxcabá, a la Región VI, Oriente, la que tiene como

cabecera regional a la ciudad de Valladolid. En este ejercicio de planificación se conservó y

amplió la Zona de Influencia Metropolitana, que consideraron los dos ejercicios anteriores:

mientras la Región de Influencia Metropolitana de los anteriores planes estatales abarcaba

13 municipios, la Región II o Noroeste del Plan actual considera 19 municipios. Para

mantener el esquema en 7 regiones se “disuelve” la región Sur-Poniente de los dos

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ejercicios de planeación anteriores, que correspondía a los municipios en torno a la ciudad

de Ticul, y que el Plan vigente “reparte” entre las tres regiones colindantes: la Región VII o

Sur, la Región I, Poniente y la II o Noroeste.

Figura II.3: Regionalización del Estado de Yucatán 2007-2012.

Imagen e información tomada del documento Regionalización del Estado de Yucatán. Secretaría de Planeación y Presupuesto. Gobierno del Estado de Yucatán, s/f.

Más allá del número de regiones reconocidas o establecidas y de la coincidencia o de

las diferencias de criterios con que se definieron esas regiones y se diferenciaron unas de

otras, los estudios de la realidad socio-económica de Yucatán nos dicen, con toda claridad,

que el anhelado desarrollo no se ha alcanzado, que los sucesivos planes de gobierno no han

logrado frenar el o los procesos de desigualdad que explican la polarización socio-territorial,

que no se ha podido ordenar siquiera el desarrollo urbano y el consiguiente deterioro

ambiental. Las manifestaciones de pobreza y las desigualdades que las causan, siguen

siendo la característica que recubre la realidad del estado, por encima de cualquier distinción

regional.

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Otros ejercicios de planificación, con visión de largo plazoSi bien el gobierno estatal no se ha ocupado en formular planes o programas de largo

aliento, en los últimos años diversas instituciones han realizado ejercicios de planificación del

desarrollo de Yucatán con visión de largo plazo. Conocemos seis estudios de carácter

prospectivo, que satisfacen con amplitud los criterios de rigor metodológico, estudios que si

bien difieren entre ellos por el o los campos que analizan, todos ellos coinciden al determinar

los problemas torales a resolver, presentando cada uno propuestas muy concretas a realizar

en el respectivo campo de estudio5.

Por el carácter de los estudios y por el interés del presente trabajo dos son los

ejercicios de planificación recientes que nos parece pertinente recuperar. El primero es el

Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Yucatán (POETY), estudio

que bajo los auspicios de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

(SEMARNAT) realizó un conjunto de instituciones públicas y académicas de Yucatán y cuya

versión final fue presentada en marzo del 2007. El segundo es un ejercicio muy reciente,

realizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) del gobierno

estatal, que se ocupó de retomar la información y los esquemas metodológicos del POETY

para llevar los estudios hasta la conformación de un Sistema de ciudades.

En el POETY, un equipo interinstitucional e interdisciplinario se encargó de captar y

sistematizar la información estadística existente sobre el estado de Yucatán y su territorio,

aprovechando el expertís de los participantes para realizar un ejercicio de evaluación

cualitativa, lo mismo para el territorio y el medio ambiente, que para el desarrollo urbano y

poblacional, sobre las condiciones vigentes de la economía y sus posibilidades futuras. Parte

fundamental del POETY es el ejercicio de prospectiva realizado por sus autores, que

contempla el posible desarrollo en cada variable analizada en el corto plazo (2010), para el

mediano plazo (2020) y para el largo plazo (2030).

El material estadístico disponible al momento de su elaboración permitió formular lo

que denominaron el Subsistema de ciudades Medias para Yucatán, que se ajusta y

complementa con la propuesta que el Consejo Nacional de Población (CONAPO, el

organismo público que integró y ha dado seguimiento al Sistema de ciudades de México,

desde 1982) tiene sobre Yucatán.

5 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 2006);Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE; 2007) Ramírez, L. (coord; 2007); Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobierno del Estado de Yucatán, Universidad Autónoma de Yucatán (UADY, 2007); Banco Mundial (2003); Centro de Estudios Estratégicos, ITESM (Campus Ciudad de México, 2005); Gobierno del Estado de Yucatán, Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (2009).

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Subsistema de ciudades MediasDe acuerdo con los autores del POETY, la estructura urbano-regional de Yucatán (ver

Corema) está conformada por dos conjuntos principales, ambos, con alto nivel de

urbanización y consolidación urbana: el primero de ellos se forma en torno al área

metropolitana de Mérida, y el segundo en la zona sur del estado, lo que nosotros hemos

manejado como “corredor Ticul-Oxkutzcab-Tekax-Tzucacab.-Peto” y que coloquialmente se

denomina “el PUUC”. Mientras el POETY considera 12 ciudades en la conformación del

Sistema de ciudades, el CONAPO sólo consideró 106.

En la articulación sub-regional de Mérida –lugar central de rango 2, de acuerdo con la

clasificación del CONAPO-, participan, además, cuatro ciudades de rango 3 (Hunucmá,

Umán, Kanasín y Progreso) y una de rango 4 (Motul). Mérida es el núcleo de dos ejes de

comunicación regional de primera importancia: uno, al poniente, que la vinculan con el centro

del país vía Campeche; y el segundo, hacia el oriente, que la enlazan con la ciudad de

Cancún y con el corredor turístico de Quintana Roo. Esta condición estratégica le confiere a

la capital capacidad para estructurar su área de influencia, la cual se refleja en el alto nivel

de urbanización y la aceptable calidad de la vivienda en los municipios que conjugan esa

influencia.

Existe, además, un eje adicional de importancia sub-regional, que enlaza a Mérida

con Progreso, ciudad esta última que destaca por su actividad portuaria de impacto

comercial, pesquero e industrial, además de la importancia que representa para el turismo.

El segundo punto que identifica el POETY se localiza al sur, en donde un conjunto de

tres ciudades de rango 3 (Ticul, Oxkutzcab y Tekax) conforman una articulación regional

calificada de “incipiente”. Los municipios más cercanos al triple nodo regional tienen un nivel

de urbanización considerado “alto” y aceptable calidad de la vivienda. Sin embargo, al

poniente de esa misma región se localiza una vasta extensión de municipios con alta

dispersión rural y alto grado de marginación. En toda la zona la población indígena es

predominante, y destaca la incipiente formación de un lugar central aislado de rango 4 (Peto)

que, de acuerdo al POETY, puede desempeñar un papel importante en futuros programas de

reestructuración regional.

El resto de los nodos de rangos 3 y 4 diseminados en la entidad que identifica el

POETY son de tres tipos distintos: a) pueden forman parte de algún corredor regional

(Tizimín, Maxcanú), b) funcionan como nodos sub-regionales que articulan a las pequeñas

6 En la versión actualizada del Sistema Urbano Nacional, el CONAPO ya incluye 10 ciudades yucatecas: Mérida, como “ciudad mediana” y Progreso, Tizimín, Valladolid, Ticul, Tekax, Hunucmá, Oxkutzcab, Motul y Peto, como “ciudades pequeñas”. Inexplicablemente, el sistema del CONAPO no considera las ciudades de Umán y de Kanasín.

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localidades de su entorno (Valladolid), o c) son centros dedicados a actividades turísticas

(Peto, Izamal, Ticul). Llama la atención la importancia de la población indígena no sólo en las

áreas más urbanizadas, sino en una proporción importante de la entidad que abarca también

áreas de alta dispersión rural y un alto grado de marginación, particularmente al poniente de

la entidad.

Figura II.4: Sistema Urbano regional propuesto en el POETY (COREMA).

Tomado del Programa para el Ordenamiento Ecológico y Territorial de Yucatán. (POETY, 2007).

Afortunadamente, el “punto ciego” al que llegaron los especialistas que participaron

en la elaboración del POETY en materia de desarrollo urbano fue superado por el empeño

del personal de la SEDUMA, que se impuso la tarea de obtener y actualizar los inventarios y

los registros existentes en cinco renglones: 1) materia de salud y equipamiento hospitalario;

2) educación; 3) infra-estructura material; 4) equipamiento urbano; y 5) comunicaciones y

transportes, a fin de complementar los análisis ya realizados e integrados en el POETY hasta

tener una radiografía actualizada del Sistema de ciudades de Yucatán, con los pormenores

de cada uno de esos campos ligados al territorio.

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El grado de avance que tenían nuestros análisis al momento que se concluyó y dio a

conocer el Atlas para el Desarrollo de las Regiones nos permitió cotejar hipótesis y

postulados, apreciaciones y conclusiones, de manera concreta y sencilla, así como visualizar

de manera clara –casi pudiéramos decir, gráfica- las insuficiencias nuestras y las

insuficiencias de ese estudio, los límites que lo constriñen, además de los muchos e

importantes aportes que contiene.

Figura II.5: Propuesta de entramado urbano territorial propuesto por SEDUMA (2010).

Tomado de SEDUMA (2010) Atlas para el Desarrollo de las Regiones de Yucatán.

¿Cuál es la principal limitación que vemos en la propuesta del sistema de ciudades

de la SEDUMA? El hecho de haber supeditado el estudio de las ciudades y sus relaciones al

marco regional vigente, llevó a los especialistas de la SEDUMA a fracturar procesos de

intercambio y aglutinamiento plenamente consolidados o plantear la existencia de relaciones

de consolidación entre centros de población o entre microrregiones que en realidad no

existen. Expongo los casos de las poblaciones de Peto, Yaxcabá y Sotuta, para ilustrar lo

que se afirma.

De manera un tanto inexplicable, en el esquema de 7 regiones propuesto por el

COPLADE, la región Oriente, la que tiene a Valladolid como centro urbano de mayor

relevancia, se extiende hasta Peto, incluyendo toda la zona sur y central de la geografía

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estatal, la que corresponde a los municipios de Sotuta y Yaxcabá. Los problemas que

conlleva esta regionalización empiezan al cercenar a Peto del encadenamiento urbano que

empieza en Muna, en el norponiente de la geografía estatal, y remata precisamente en Peto,

involucrando a los centros urbanos de Ticul, Oxkutzcab, Tekax y Tzucacab, además de las

dos poblaciones antes mencionadas. Peto, tradicionalmente, ha operado como eslabón de

este conjunto urbano-territorial, que se conoce como “el sur” y que mantiene pocas y

distantes relaciones con el oriente del estado. En buena medida, porque entre Peto y

Valladolid hay 118 kilómetros de distancia que sólo puede ser cubierta por carreteras

vecinales, estrechas, onduladas y con pavimento en mal estado.

Sotuta y Yaxcabá, localizadas en las inmediaciones de Peto y Valladolid, tampoco

cuentan con fácil acceso a Valladolid y, tal vez por eso, no hay entre estas poblaciones

relaciones de intercambio lo suficientemente intensas ni procesos de aglutinamiento que

lleven a considerar su adscripción en una misma región socio-económica o territorial.

Errores similares se cometen en otras regiones, como suponer un elevado grado de

integración entre Hunucmá y las poblaciones de Maxcanú y Halachó, cercanas

geográficamente, sí, pero con pocas relaciones de intercambio y nulas, de aglutinamiento.

Son más graves los casos de exclusión, como el de Tzucacab, con relación al

encadenamiento urbano del PUUC que mencionamos antes; o el de Halachó, en el límite

poniente de la entidad, que guarda estrecha relación con Maxcanú y con Opichén.

Por lo que respecta a las regiones en el oriente de la geografía, el esquema urbano

poblacional de SEDUMA minimiza o ignora la fuerte relación que existe entre Tizimín con los

poblados de San Felipe y Río Lagartos, al norte, o con Temozón, al sur. Sucede algo similar

en el caso de la relación estrecha que opera entre Valladolid y Chichimilá, distantes apenas

7 kilómetros, o entre Valladolid y Tixcacalcupul.

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Cuadro II.1: Nivel jerárquico de las localidades y población en las regiones del Estado de Yucatán, 2008

Región

Nivel jerárquico de la localidad

Metrópoli Centro proveedor de serv. Urb. Centro básico de población

Localidades Población Localidades Población Localidades Población

Total % Total % Total % Total % Total % Total %

I. Poniente 0 0.00% 0 0.00% 1 1.08% 12,387 12.30% 18 19.35% 75,432 74.88%

II. Noroeste 1 0.23% 734,153 70.46% 3 0.69% 74,865 7.19% 26 6.00% 145,865 14.00%

III. Centro 0 0.00% 0 0.00% 1 1.03% 15,101 19.63% 17 17.53% 50,895 66.14%

IV. Litoral Centro 0 0.00% 0 0.00% 1 0.70% 21,508 24.40% 18 12.68% 56,703 64.32%

V. Noreste 0 0.00% 0 0.00% 1 0.18% 44,151 38.03% 22 4.01% 54,099 46.60%

VI. Oriente 0 0.00% 0 0.00% 2 0.29% 64,045 30.23% 52 7.45% 107,743 50.85%

VII. Sur 0 0.00% 0 0.00% 3 0.96% 76,012 41.49% 31 9.94% 93,652 51.11%

Yucatán 1 0.04% 734,153 40.36% 12 0.52% 308,069 16.94% 184 7.92% 584,389 32.13%

Tomado de SEDUMA (2010) Atlas para el Desarrollo de las Regiones de Yucatán.

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Planes y programas gubernamentales: ¿en qué se ha fallado?El análisis de la realidad que vive la sociedad yucateca deja saber que si bien se ha

experimentado un desarrollo social y económico en la entidad, éste no ha sido la

suficientemente intenso y tampoco ha sido equilibrado para alcanzar todo el territorial estatal

y a los distintos estratos sociales (ver Anexo 1). La extensión y la profundidad de las

desigualdades sociales que imperan en Yucatán revelan que el desarrollo registrado ha sido

resultado de la agregación de las sinergias, sin la debida coordinación y sin mayor

planificación.

El factor de mayor relevancia socioeconómica en los últimos treinta años ha sido la

transformación de sociedad predominantemente rural, como fue Yucatán hasta mediados de

los 70’s, en sociedad predominantemente urbana, como lo es en la actualidad. Mutación

sociológica que supone, por una parte, un proceso generalizado de concentraciones

poblacionales en “focos regionales” que acompaña y auspicia la dispersión de la población

que se mantiene en el campo, en muchas y pequeñas comunidades, caracterizadas por la

falta de servicios y por la acumulación de otros rezagos sociales (ver Anexo 2).

La incapacidad estructural de las poblaciones pequeñas y de los municipios con

mayores rezagos para retener a su población original determina, por una parte, que la

corriente migratoria no culmine necesariamente en los centros urbanos vecinos, sino que se

agregue a las corrientes migratorias que han operado, por años, entre las poblaciones

yucatecas y los centros turísticos del Caribe o entre el estado de Yucatán y los Estados

Unidos.

Importante resulta reconocer que, con la excepción de la ciudad de Mérida y su zona

de influencia o área metropolitana, no ha sido la dinámica de los centros urbanos el factor

que determina la migración de las familias y pobladores de los municipios aledaños sino, por

el contrario, la razón por la que migran estos grupos se encuentra en la incapacidad de los

municipios más pequeños y más aislados para retener a sus pobladores, al no poder

satisfacer en ellos sus necesidades básicas, mucho menos sus expectativas de mejoría. El

predominio de la “expulsión” sobre la “atracción” se confirma con las corrientes migratorias

que se han ampliado y consolidado en los últimos 15 años, porque un alto porcentaje de los

migrantes dejan a sus familias en sus comunidades de origen, al menos durante la primera

etapa del proceso migratorio.

El deterioro social y económico del campo yucateco es sólo una de las caras del

estancamiento económico que ha experimentado la sociedad yucateca en los últimos treinta

años y con mayor intensidad en los pasados diez años. La primera parte de esta relación de

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iniquidad se expresa por el constante y acelerado descenso del número de familias que

dependen de la producción agropecuaria, el sector primario de la economía. La segunda

parte es que los productores agrícolas cada vez producen menos, cuentan con menos

apoyos y enfrentan peores condiciones de vida.

En términos generales, Yucatán no ha podido sostener el ritmo de crecimiento de los

vecinos estados de Campeche y Quintana Roo aun considerando el enorme flujo de

recursos que representan las divisas enviadas por los yucatecos en los Estados Unidos o el

ingreso de los “trabajadores semaneros” que laboran en las costas de Quintana Roo y que

mantienen vecindad y familia en suelo yucateco, además de las empresas yucatecas que

suministran bienes y servicios a las economías de Campeche y de Quintana Roo.

La insuficiencia del crecimiento y la estrechez del desarrollo son resultado de la falta

de acuerdos que priva en la sociedad yucateca, de la improductividad que ha ganado terreno

en el campo y de la baja competitividad que, salvo contadas excepciones, priva en las

empresas consecuencia de que la “clase empresarial” privilegia las actividades especulativas

sobre las inversiones productivas, la competitividad y el empleo. Los empresarios lo explican

como “falta de incentivos a la inversión”. El pobre crecimiento y el poco desarrollo se explica,

también, por la incapacidad de los poderes públicos para alentar las sinergias existentes,

para atender lo urgente sin desatender los retos del futuro mediante la concertación de

objetivos entre y con los distintos actores sociales, diseñando programas eficaces, con

metas por alcanzar y plazos por cumplir.

Se hace necesario, indispensable, realizar un “alto” para preguntarse por las fallas o

por las insuficiencias de la estrategia o de las estrategias para el desarrollo aplicadas en los

últimos treinta años, el plazo de actividad de una generación. Del conocimiento que confiere

la experiencia de trabajar directamente en el diseño, en la aplicación y en la evaluación de

estas estrategias –o de parte de ellas- y de las acciones y de los programas derivados

podemos señalar nueve razones principales:

Primera) Las sucesivas intervenciones gubernamentales (del gobierno federal y

estatal) en la economía yucateca han sido para atender situaciones de emergencia, para

“desarmar bombas sociales”, y no para atender las causas que generaron los problemas y su

acumulación.

Segunda) Pese a que el henequén, su producción y comercialización, dejó de ser el

eje de la economía yucateca, ésta continúa HENEQUENIZADA, en el sentido que predomina

la REPRODUCCIÓN SIMPLE AMPLIADA de capital (en vez de la REPRODUCCIÓN

ACUMULADA, que es propia del capitalismo moderno). Este bloqueo estructural a la

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reinversión productiva y a la innovación tecnológica es lo que explica el predominio de las

actividades y de los criterios ESPECULATIVOS en la economía yucateca y explica, también,

que el GASTO PÚBLICO (federal + estatal) siga siendo, con mucho, el principal motor de la

economía yucateca, cumpliendo únicamente funciones supletorias en el ciclo de generación

y reproducción de la riqueza.

Tercera) Hasta hoy, se ha privilegiado la utilización del presupuesto como palanca del

desarrollo y/o instrumento de coordinación, a pesar de haber sido utilizado, siempre, en y

para el corto plazo. Consecuencia de esto es que la intervención de los entes públicos se

agota en la mera acción de gobierno o, cuando más, en algunos programas

gubernamentales. El diseño y la aplicación consecuente de Políticas Públicas no ha

alcanzado al desarrollo de Yucatán.

Cuarta) Los sucesivos Planes Estatales de Desarrollo han sido ejercicios de

planificación indicativa (no concertada), con alcance sexenal, elaborados con visión y

enfoques sectoriales –a pesar de incluir criterios de regionalización, que no se conectan con

la aplicación sustantiva de los planes. El hecho de no establecerse, en ninguno de ellos,

objetivos específicos, metas y plazos concretos, además de no contar con las instancias y

los mecanismos de evaluación específicos, ha hecho que tales documentos no pasen de ser

declarativos, ejercicios de planeación realizados para cumplir una exigencia jurídica y no

para ser el instrumento de coordinación de esfuerzos que la sociedad requiere.

Quinta) Por lo que concierne a Yucatán, mientras se siga asumiendo la

SUSTENTABILIDAD del o de los MUNICIPIOS con criterios de costo-beneficio y se sujete su

caracterización a un patrón único, las estrategias de desarrollo seguirán fallando, por estar

fincadas sobre una base falsa. Y esto vale para los municipios con mayores rezagos, que

son estructuralmente insuficientes, pero también para los municipios más desarrollados, que

fincan su SOSTENIBILIDAD en la relación de iniquidad que mantienen con las poblaciones y

los municipios que los rodean (dispersión).

Sexta) Condición fundamental para diseñar y aplicar políticas de desarrollo acordes

con la realidad es desechar la visión de las “regiones” como bloques territoriales

homogéneos. Los criterios de regionalización hasta ahora aplicados en los distintos Planes

Estatales de Desarrollo se han limitado, hasta hoy, a conjugar la cercanía territorial con

factores de fácil identificación como son la red de comunicaciones existentes o la intensidad

de los flujos de intercambios de bienes y servicios. A esta visión escapan factores como la

diversidad de fuentes y el carácter colectivo del ingreso familiar; el complejo entramado

sectorial de las economías locales; los patrones de “uso de suelo” predominantes en las

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comunidades y en los municipios, así como la existencia de relaciones y procesos de

intercambio microrregionales que, en muchos casos, no corresponden a la lógica de

diferenciación de “las” regiones o, en determinadas ocasiones, se sobreponen a las

“fronteras” escogidas.

Séptima) De la consideración anterior deriva la necesidad de identificar e integrar en

todo ejercicio de planificación del desarrollo con visión regional, en la medida de lo posible,

las relaciones microrregionales que existen y operan en la entidad y que, sin lugar a dudas,

han sido una de las sinergias que explican la supervivencia de las comunidades rurales y la

conformación de ese sólido cuanto complejo entramado poblacional que existe en Yucatán,

con los matices, las deficiencias, el ritmo y el rumbo que se conocen.

Octava) Es verdad incuestionable que, en los últimos veinte años, Yucatán perdió el

papel preponderante que mantuvo, por decenios, con relación a la economía y al desarrollo

social de la península, tomada ésta como región. Sin meternos a discutir si existe o no un

polo peninsular alternativo, es claro que el desarrollo turístico de la costa quintanarroense,

de Cancún a la Costa Maya, y el desarrollo urbano-tecnológico que ha experimentado el

corredor Campeche-Ciudad del Carmen-Villahermosa en torno a la extracción y al

procesamiento del petróleo, compiten en importancia con los recursos y las posibilidades de

las que dispone Yucatán.

Novena) Del apartado anterior deriva el imperativo de integrar la “visión peninsular”,

con las particularidades que aporta cada estado, en cualquier ejercicio de planeación del

desarrollo que se haga para Yucatán. Y a la hora de identificar los criterios para la

diferenciación sub-regional, hay que tomar en cuenta las “relaciones fronterizas” que existen

y operan en los municipios y localidades yucatecas que mantienen vecindad territorial, en

principio, con los estados de Campeche y Quintana Roo, que resultan fundamentales para

entender el funcionamiento de esas poblaciones y, por tanto, para delinear una prospectiva

del desarrollo regional y local.

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