Los Movimientos Sociales

Los Movimientos Sociales en la Refundación de la Democracia en Bolivia

Gonzalo Horacio Arze Arce1.

Introducción.

Las revueltas sociales acontecidas en Octubre de 2003, con su carga violenta y de fractura institucional, demostraron que las elecciones nacionales realizadas un año antes, no habían logrado disipar las tensiones que se fueron gestando desde el gobierno del general Bánzer en 1997 hasta el día de hoy. Las experiencias de corto plazo de las movilizaciones sociales se hallan en la resistencia del modelo neoliberal instaurado en 1985, particularmente a partir del año 2000.

Junto a este hecho, se sumó también el “despertar” de viejas costumbres, tanto en lo popular como en el señorío.2 En este “despertar”, sobresale el eje de una ancestral cosmovisión de lo nacional–popular y la ideología interior (social darvinista) en el señorío, que reactualizaron su vigencia por medio de la confrontación ancestral no resuelta.3

La democracia como forma política y proyecto institucional, no ha logrado resolver el enredo estructural, resurgió el debate en torno a la legitimidad y es por ello que estamos insertos en la incertidumbre de la conducción de Bolivia. El papel de los partidos políticos y su capacidad de innovarse y reorientar el cambio en función de la democracia posiblemente constituye uno de los desafíos más relevantes de principios de siglo.

Así, en la crisis estatal boliviana se manifiestan factores diacrónicos, sincrónicos, institucionales, estructurales, ideológicos, en un conjunto de condicionantes ilustrativos del estado de recurso social vigente. La presencia de todos estos elementos, marca el quiebre del Estado boliviano, de su ideología, sus estructuras mediadoras y por sobre todo, de sus instituciones. En este caminar, en la sociedad civil, van madurando las condicionantes para el reemplazo del actual sistema de ideas por un lado, y creencias por otro que se vienen arrastrando desde la época de la conquista.

La precisión metodológica referida a la diferenciación entre factores diacrónicos y sincrónicos en el estallido de la crisis estatal, habla por una parte, del valor que adquiere el desenvolvimiento de la historia interna de la sociedad boliviana asentada sobre condicionantes diacrónicas, en el entendido que el contexto internacional actúa condicionado por la historia interna de nuestra sociedad, en tanto receptora de las emisiones del contexto externo. Por otra parte, nos remite a las especificidades de los antecedentes inmediatos que preceden al estallido de la crisis. Si en el primer caso, la mirada se concentra en los factores ancestrales e históricos, en el segundo caso nos referiremos a los factores políticos coyunturales que, al actuar sobre las primeras, potenciaron su importancia actual.

En una primera etapa se expondrán las consideraciones generales que contextualizaron la revuelta popular durante el año 2003. La segunda parte está dedicada a 1 Estudiante boliviano del Programa de Doctorado Procesos Sociales y Políticos en América Latina, Universidad ARCIS.2 Klein, Herbert, “Orígenes de la Revolución Nacional Boliviana, la crisis de la generación del Chaco” (1ra. Ed., 1968), La Paz, Bolivia.3 Guzmán Boutier, Omar, “Lo nacional – popular en movimiento: Asonada popular y nuevas hegemonías”, UMSA, 2004. La Paz, Bolivia.

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las movilizaciones sociales, expresivas del grado histórico alcanzado por la acumulación subjetiva por lo popular; en esta acumulación destacan los mecanismos de identificación colectiva, en base a lo étnico–cultural. Ambos elementos se expresaron en el estallido de las contradicciones sincrónicas que marcó la crisis estatal. Durante la tercera etapa nos concentraremos en los actores sociales del conflicto, que el enfrentamiento ocasionó. En particular, en relación a la estrategia diseñada por el gobierno para enfrentar y controlar la revuelta popular, así como en la ideología oficial del Estado, llamada a cohesionar a la sociedad. En la última parte será analizada la crisis estatal y sus componentes, en especial a lo referido al Sistema Político. La consecuencia más importante de esta crisis es el estado de disponibilidad social abierto, apto para la circulación de nuevos proyectos hegemónicos alternativos y su interpelación a la sociedad civil.

La dimensión de la revuelta popular (por medio de la participación activa de las bases sociales) no permite un surgimiento a través de la investigación hegemónica, dado que los medios privilegian, como fuentes de los movimientos sociales, a los dirigentes, relegado al masivo y anónimo protagonista. Fue un hecho que no estuvo organizado ni dirigido por partido político u organización sindical alguna, sino que fue protagonizada por las bases sociales. Solo con el fin de reestablecer la trayectoria que el conflicto trazó, observaremos a las direcciones sindicales como fuentes, advirtiendo que ellas nos aproximan solamente a una punta de la verdadera dimensión sociológica del fenómeno.

El Contexto.

Los contextos (epocal, internacional y estatal) que circunscribieron el estallido de la crisis societal en Bolivia durante el año 2003, están asignados por la globalización y el derrumbe del Estado erigido luego de la revolución de abril de 1952, respectivamente. En lo interno, estos contextos se expresan por medio de factores estructurales de carácter diacrónicos y sincrónicos, propios de la complicada formación económica social boliviana.

La influencia que ejercen los factores externos sobre los factores internos, se halla condicionada a la forma de recepción de éstos a los primeros. Además, en lo referido a los factores internos, debe precisarse que los elementos diacrónicos atraviesan los tiempos políticos cortos marcando una constante en la expresión de la crisis (febrero en un primer momento y septiembre – octubre en un segundo momento).

Por ello, el análisis debe considerar como elementos explicativos, los antecedentes inmediatos en el estallido de la crisis, para cada uno de los dos momentos de referencia, principalmente la especificidad que asume la aparición de los factores diacrónicos, por medios de los sincrónicos, en la crisis societal.

El contexto epocal se refiere a las políticas de globalización dominantes en el mundo, a partir del debacle del modelo de capitalismo instaurado luego de la segunda guerra mundial: el fordismo. Este modelo entrado en crisis se expresó en América Latina en la apelación a políticas de sustitución de importaciones, por medio de procesos de industrialización, aunque desiguales. La crisis del fordismo conllevó que el modelo de industrialización en el continente se contraiga, en particular a partir de 1990 y colapse el equilibrio del sistema mundial de posguerra, permitiendo la emergencia de una nueva forma del capitalismo, en la que destacan las políticas; la globalización.4 Se trata de una nueva modalidad que adopta el capitalismo a nivel mundial que, a diferencia de la fase

4 Samir, Amin, “El Capitalismo en la era de la globalización”. Ed. Paidos, Barcelona, España. 1999.

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imperialista del capital, se caracteriza por una cohesión estructural mayor, no solamente en lo económico.

En efecto, por globalización debe entenderse: “el proceso de implementación de relaciones estructurales de tipo económico, tecnológico, burocrático, a nivel internacional, que obedece a una lógica instrumental propia, de cada una de estas esferas y que escapan al control que individuos o países pueden tener sobre ellas”.5

En esta mayor cohesión estructural, las lógicas instrumentales de cada una de estas esferas (económica, burocrática, jurídica) subordinan a la lógica nacional, del país receptor de las políticas globalizadoras. Al contrario, el nuevo orden económico se caracteriza por un doble efecto: se trata de un “proceso de integración internacional y desintegración nacional”.6

Aunque la globalización es un proceso económico en lo fundamental, ha impuesto “relaciones sistemáticas en todo el mundo restando paralelamente atribuciones políticas a los estados nacionales”.7 Debido a ello el principio de soberanía, en tanto derecho democrático de los Estados en la toma de decisiones, resulta fuertemente limitado. En los países de alta vulnerabilidad externa en lo económico y con una base productiva débil, la relación entre globalización y desintegración del ciclo económico – productivo interno, marca una alta correspondencia; a mayor integración a las políticas de globalización, mayor desintegración económica interna. El ejemplo boliviano (uno de los diez países en el mundo que de manera más dogmática ha aplicado los supuestos del neoliberalismo8) es por demás ilustrativo en este sentido. La transferencia a capitales extranjeros de empresas nacionales, ha inutilizado su funcionamiento o la ha relegado a actividades “residuales”.

La pervivencia de estos elementos, en momentos constitutivos posteriores, por tanto, habla de la importancia que cada uno de aquellos elementos tuvo en la conformación de “su” momento constitutivo. Por ello impactaron en el Estado los factores diacrónicos, en términos de la aceleración del proceso de pérdida de la legitimidad de las instituciones estatales y el desgaste de su ideología. Para este último caso debe anotarse a la vez, la reaparición paralelamente de la “ideología interior” de la casta gobernante.9 En realidad esta ideología interior ha estado siempre presente en el Estado a través de aquella casta, aun en periodos en los que la ideología oficial estatal ha presentado una mayor apertura hacia la sociedad, como fue el caso del Nacionalismo Revolucionario (NR), durante los primeros años de gobierno post–revolución nacional, ideología interior que sirvió de soporte a las diferentes ideologías del Estado, marcando así un elemento explicativo de la continuidad señorial en el poder y un mecanismo para la reproducción de la casta dominante.

Con todo, respecto al factor diacrónico, perviven elementos de carácter estructural, tanto en lo referido a la base productiva como a las estructuras simbólicas, en tanto la reiteración de estructuras autóctonas; estructuras productivas y estructuras simbólicas10 a pesar de las reformas ensayadas desde la conquista hasta la fecha.

Así, la demanda de la tierra (entre otras), es precisamente una de las demandas ancestrales y marca uno de los puntos nodales del desencuentro entre conquistadores y

5 Giust, Miguel, “Alas y raíces: Ensayos sobre ética y modernidad”. Pontificia UC Perú. Lima, Perú, 1999.6 Lechner, Robert, “Los patios interiores de la democracia”. FLACSO, Santiago, Chile, 1988.7 Guist, Miguel, Op. Cit.8 Almaráz, Alejandro, “Restituyamos los Hidrocarburos al Patrimonio Nacional”. En: El Gas y el destino de Bolivia. CEJIS, Santa Cruz, Bolivia. 2004.9 Zavaleta Mercado, René, “Lo nacional – popular en Bolivia”. Siglo XXI. México, 1986.10 Antezana J., Luis, “La diversidad social en Zavaleta Mercado”. CEBEM, La Paz, Bolivia, 1991.

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conquistados. Debido a que en torno a la administración, el ordenamiento y la organización del territorio y propiamente de la tierra, se constituye a la vez en la organización de las sociedades endinas, así como la construcción de su cosmovisión11, ésta asume una importancia central en la producción y reproducción de estas sociedades, por lo que frente a la desestructuración de este elemento se construyen dispositivos múltiples de resistencia, que matizan la confrontación entre las naciones originarias oprimidas y los invasores. Hablamos del momento constitutivo ancestral12 que, en lo referido al territorio, atraviesa otros momentos constitutivos, reproduciéndose por medio de los mismos.

El tratamiento de la temática de la tierra, por otra parte, se refiere a un recurso natural y al igual que el resto de los recursos naturales, sufre el impacto de la presión que ejerce la globalización. Lo hace, porque la administración de la tierra constituye un requisito para la ocupación del mercado de tierras y la consiguiente circulación del capital en ella. El supuesto es que la estructura actual de la tenencia de la tierra en Bolivia dificulta la circulación del capital y la incorporación de ésta al mercado y a la lógica capitalista. Los obstáculos para dicha circulación se encuentran en dos vertientes. Por un lado, en la sobrevivencia de la estructura productiva tradicional andina y no mercantil, tanto en la zona altiplánica, en la zona valluna y en sectores de la amazonía con elevado asentamiento campesino y por otro, en la propia concepción pre-mercantil de muchos sectores “agroindustriales”13, para quienes la propiedad de grandes extensiones de tierra constituye un “capital de respaldo”, a otras actividades económicas y no un factor productivo.

Esta deformación estructural de la economía (desde el punto de vista de la lógica del capital), en el área rural boliviano, junto al carácter inestructurado del Estado, facilitaron la ejecución de políticas globalizadoras en el tema. En este marco, las reformas propuestas en relación a la tenencia y acceso de la tierra, corresponden al ajuste estructural operado a partir de 1985, cuya característica neoliberal impregnó a todos los niveles de la organización estatal.

Se produce de esta manera, las pugnas referidas a la desterritorialización–reterritorialización (aunque bajo la lógica mercantil) y la reterritorialización, de acuerdo al paradigma andino. Esta reproducción es, así, el espacio de la demostración de la validez, como propuesta de desarrollo social, de uno u otro proyecto. Lo que quiere decir que se reproducen también valores, conceptos y conocimientos (en síntesis, paradigmas) de cada uno de los proyectos. Por ello, visto desde el lado de las naciones originarias, los agentes externos y sus estructuras institucionales, parten “no sólo de un sistema de valores ajenos, sino, están simultáneamente ligados a niveles de ignorancia respecto a la existencia de diversidad rica en conceptos y prácticas ecológicas indígenas”.14 Junto al control del mercado de tierras, por medio de la imposición de políticas foráneas el desconocimiento a los saberes ancestrales completa la orientación anti–indígena y anti–nacional de la globalización. Este elevado impacto negativo en las naciones originarias es tal, debido a que la tierra, en estas sociedades, es un núcleo de cohesión y ordenamiento cultural, social,

11 Guzmán Boutier, Omar, “Contexto social durante la producción de la Ley INRA”. C y C, La Paz, Bolivia, 2002.12 Zavaleta Mercado, René, “Lo nacional – popular en Bolivia”. Siglo XXI. México, 1986; “Bolivia, Hoy”. Siglo XXI. México, 1987.13 Guzmán Boutier, Omar. Op. Cit.14 Schwarz, Bukhard, “Estrategias neocoloniales de desarrollo versus territorialidad chiquitana”. Ed. Semilla, La Paz, Bolivia, 1994.

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espiritual y económica, cuyos supuestos (posesión, organización y administración) continúan reproduciéndose, sumidos por medio de las políticas mercantiles.

Revuelta Popular.

Partimos del supuesto que la acumulación histórica alcanzada por lo nacional–popular, permitió tanto la conformación de la acción como la orientación de la muchedumbre durante los conflictos sociales de septiembre–octubre de 2003; además expresó la preservación y recreación de una visión del mundo distinta a la oficial, recaracterísticas occidentales. Las acciones de la multitud se han expresado por un medio de formas colectivas y estuvieron “guiadas por su propio sentido de derecho y organización cultural”15; fenómenos que se expresan en el concepto “economía moral”. En este orden, economía moral y acumulación subjetiva representan los dispositivos explicativos, en la dimensión subjetiva de la sociedad civil, sobre las que se erigieron las movilizaciones sociales.

Desde ya, para septiembre–octubre, la manera en que el alto grado de acumulación subjetiva en el seno de la masa se expresó, tiene una de sus causas explicativas inmediatas en la crisis estatal de febrero del mismo año, así como en el constante del sentimiento nacional anti–chileno, teniendo en cuenta que el proyecto de exportación del gas (principal dispositivo de la protesta), defendido por el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, privilegiaba a puertos chilenos. Desde el punto de vista de la acumulación subjetiva (es decir, de la asimilación colectiva de experiencias históricas) ciertamente febrero y septiembre–octubre marcan una continuidad, los dispositivos económicos y políticos que dieron lugar al estallido de la revuelta popular, en ambos casos, no trazan necesariamente esa misma continuidad. Con todo, tanto en febrero como en septiembre–octubre, la revuelta popular ha posibilitado, como parte expresiva de la acumulación histórica alcanzada, una movilización social unitaria.

El impacto de la presencia de lo nacional–popular en movimiento, en el espacio político boliviano, es tan evidente que, en ambas ocasiones (al igual que en los bloqueos nacionales de caminos ha cuestionado la eficacia para la gobernabilidad del sistema político boliviano, de las mediaciones e instituciones del Estado. Por ello, esa presencia estaba revelando la poca utilidad, para el procesamiento de las demandas sociales, de las instituciones políticas del sistema.16 En todas las movilizaciones sociales las instituciones mediadoras entre el Estado y la sociedad civil han sido rebasados por los movimientos y las organizaciones sociales.

De esta manera ha quedado de manifiesto que las instituciones políticas del sistema, primero no desarrollaron sus estructuras al nivel de una sociedad civil en movimiento demanda y segundo, que aquellas instituciones no tienen la capacidad de adecuarse a la

15 Rojas, Gonzalo, “Democracia en Bolivia. Hoy y mañana. CIPCA 41, La Paz, Bolivia, 199416 La institución democrática por excelencia, en el sistema liberal, es el Parlamento y dentro de él, quedan privilegiados los partidos políticos. La crítica a estas instituciones se asienta en gran medida en la ausencia de su desarrollo estructural. Esta incapacidad para desarrollarse se debió a la sobrevivencia de una cultura política antidemocrática en la propia clase dominante y por tanto, en la reproducción de prácticas prebendales y autoritarias al interior de los partidos políticos. En: Mansilla, H.C.F., “La cultura política del autoritarismo ante los desafíos del presente”. CEBEM. La Paz, Bolivia, 1991.

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dinámica de los procesos sociales. Se trata, tanto de “un retraso institucional, como de un déficit del pensamiento político boliviano”.17

El cuestionamiento, a la vez, se refiere a la utilidad de las reformas estatales emprendidas a partir de 1985, particularmente en lo que respecta al Poder Legislativo y a los supuestos teóricos de la reforma, para garantizar la gobernabilidad. Estas reformas, además de complementar los cambios introducidos en la estructura económica con modificaciones correspondientes al nivel político y jurídico, debían específicamente servir para adecuar las instituciones políticas a los requerimientos de una sociedad insubordinada y modificar la cultura política anti–dialogal, prevaleciente en los sectores sociales estratégicos de la sociedad boliviana.

El esfuerzo modernizador aspiraba a mejorar la fluidez que las instancias de mediación estatal requieren, para el relacionamiento entre sociedad y Estado. Se esperaba que por medio de estas relaciones, la distancia entre los sectores sociales, sus demandas y los centros institucionales en la toma de decisiones políticas, sea lo suficientemente grande como para no perturbar (bajo consideraciones de políticas populistas) las decisiones de los mencionados centros institucionales.

Complementariamente, puede decirse que el cuestionamiento a la eficacia de estas reformas representó también una crítica a las pretensiones de superar características políticas premodernas del sistema político boliviano, como la prebenda y la corrupción, por medio de reformas secundarias, referidas más al funcionamiento administrativo del Parlamento y de la formalidad exigida a los partidos políticos. Ninguna de estas características, sin embargo, fue superada, debido a que los factores de poder, tales como la capacidad conspirativa, la corrupción por el dinero, el servillismo de las camarillas políticas, o la inmoralidad de la prensa, entre otros, así como la debilidad de las clases antagónicas, permiten pensar a la realidad histórica como el producto de procesos anteriores vinculados con la naturaleza de las fuerzas sociales.18

En el caso que observamos, la naturaleza de este proceso abarca, en la masa, los niveles de organización, auto-representación y movilización, orientadas por la desestructuración de la reforma señorial ensayada. En las luchas sociales de Bolivia, “las rebeliones y formas de resistencia indígena y popular a lo largo de la historia, han respondido por lo general a sucesivas oleadas de reforma y modernización estatal”.19

En este orden, desde una perspectiva larga, puede insistirse en que el conflicto reproduce una confrontación ancestral inconclusa, ejemplificada a la vez, en la reproducción de las estructuras, tanto de dominación como de las estructuras de resistencia.

De hecho, los movimientos sociales desde el año 2000 y muy especialmente en 2003, son la forma que asumió la resistencia indígena y popular a la reestructuración estatal, iniciada en 1985. El tránsito de una situación a otra, marca un periodo de alta incertidumbre en los ex-trabajadores mineros y al impactar, en el sindicalismo boliviano en términos de su composición, ha extendido una incertidumbre también al resto de las clases subalternas, debido a la centralidad política minera vigente hasta entonces. Desde esta perspectiva, puede entenderse la vigencia de los movimientos sociales en su múltiple implicancia. Por un lado, como canal de expresión de la demanda social (y en respuesta a la

17 Lechner, Norbert, “La dimensión cultural de la política” (entrevista de Adrián Acosta Silva) Revista Nexos. México, s/f.18 Zemelman, Hugo, “De la historia a la política”. Siglo XXI, México, 1998.19 Rivera Cusicanqui, Silvia, “La raiz: Colonizadores y colonizados”. En: Violencias encubiertas en Bolivia. CIPCA-ARUWIYIRI. La Paz, Bolivia, 1993.

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debilidad estructural de las organizaciones sindicales tradicionales); por otro lado, como referencia para la identificación social, permitiendo así reestablecer los marcos de referencia colectiva, necesarios en procesos de transformación. Vale decir, para sustituir el estado de incertidumbre, por (nuevos) marcos que doten a las clases subalternas de certidumbre.20

A diferencia de la certidumbre dotada por el sindicalismo antes de la reestructuración estatal, los movimientos sociales ofrecen mayores alcances sociales para nuevos marcos de identificación. Mientras en el primer caso, la identificación se asentaba particularmente en la adscripción estructural (clasista), en el segundo se basa en una pertinencia mayor a la clase. Los movimientos sociales abarcan un espectro social más amplio de identificación, debido a que los mecanismos identificatorios se asientan en la etnicidad que subordina a la contradicción clasista, comprendiendo espacios tanto rurales como urbanos, espacios de trabajadores asalariados y espacios comunales. Por tanto, el compuesto étnico–cultural abarca como instrumento cognoscitivo las múltiples posiciones y situaciones de los sujetos, debido a lo cual hablamos de etnicidades multisituacionales y multiposicionales.

En este sentido, se trata de la complementación de las identidades étnico–cultural y clasista durante la movilización social. Primero, ambas identidades, en los movimientos, se encuentran presentes; segundo, que la identidad étnica, en tanto elemento transversal a las clases subalternas se constituye en elemento de identificación general, por encima de las particularidades clasistas y tercero, que es a partir del asiento de la identificación étnica que se interpela al resto de la sociedad. Es destacable entonces, la importancia que asume la práctica política macro y micro de los actores, ya que ambas se desarrollan en y constituyen toda política.21

Hemos adelantado el razonamiento cómo, a nivel de la macro política, el desarrollo del conflicto va configurando nuevos ordenamientos políticos internos. En este re–ordenamiento, sin embargo, importan las decisiones que asumen los actores en el plano de la micro política. Puede señalarse incluso que en una etapa de decisiones estratégicas de un conflicto (en su fase resolutiva), las determinaciones que se asuma a nivel de la micro política impactan significativamente en el sentido que tendrá la resolución del conflicto. Desde ya, el conflicto de septiembre–octubre de 2003 estuvo caracterizado por la toma de posiciones estratégicas de los actores, al comienzo de las movilizaciones y su irreductibilidad a lo largo de la confrontación.

En efecto, ya no puede desconocerse que en los sectores urbanos, la movilización social bajo la interpelación étnica, provocó un temor, “un espanto interiorizado”.22 El temor se asienta en los viejos recuerdos del criollaje y en general, la confrontación irresuelta desde la conquista colonial. La manera en que este temor se expresó en septiembre–octubre de 2003 fue la adscripción forzada a la protesta social, no para potenciar a esta, sino para impedir la radicalización étnica–social, en términos de su polarización. Con esta adscripción, el escenario político del conflicto se matizaba socialmente entre la muchedumbre, las clases medias urbanas (que en realidad conforman el contorno social de la clase dominante, ya que de ella proceden los “administradores naturales” del sistema) y el gobierno. Con ello, a

20 Revilla Blanco, Marisa, “El concepto de movimiento social: Acción, identidad y sentido”. En Grompone ed., 1995.21 Deleuze, Gilles; Guattari, Féliz, “Mil mesetas – capitalismo y esquizofrenia”. Pre-textos. Valencia, España, 1997.22 Zavaleta Mercado, René, “Lo nacional – popular en Bolivia”. Siglo XXI. México, 1986.

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su vez, los “espacios” de los sectores medios urbanos, renovaban su capital simbólico23 ante los movimientos sociales, lo suficiente como para habilitarse para un eventual cambio del equipo gobernante. Fueron el temor y el instinto de sobrevivencia los factores que impulsaron a la adscripción de estos sectores, bajo el razonamiento de que es mejor respaldar la protesta contra Sánchez de Lozada, antes que la protesta derrumbe al gobierno, a su clase y a la base social.

Proceso histórico de lo nacional–popular.

El alto grado alcanzado de la acumulación subjetiva en torno a lo nacional – popular, explica la fortaleza de la sociedad civil boliviana, frente a la debilidad del Estado. Se trata de una madurez que proyecta la lucha de lo nacional–popular hacia “valores culturales, territoriales, económicos, ideológicos, tecnológicos configurando una manera de pensar y sentir soberana”.24 Aunque los ejes de las demandas sociales se refieren a problemas estructurales, como la demanda indígena campesina de tierra y territorio25, es evidente que actúan también mecanismos oligárquicos del Estado, de control político sobre el movimiento indígena y campesino, que reproducen y afianzan el sometimiento de éste y provocan demandas coyunturales.

La importancia de la demanda ancestral referida a la tierra y el territorio es de tal magnitud, que puede señalarse que se trata de una reivindicación en la raíz misma de la auto–identificación de las naciones originarias.

Luego de la crisis de febrero (en la que irrumpió el estallido de la crisis estatal a partir de un sector de servicios, grandemente urbano como es la policía nacional, y posteriores bloqueos de caminos), generó la necesidad estatal de producir nuevamente mecanismos de inclusión condicionada. Con este fin, en abril, el país asistió a los primeros intentos entre partidos políticos, instituciones civiles y la iglesia católica, para posibilitar la concertación orientada hacia un pacto social, dado el grado de “acumulación subjetiva en el seno de la masa”26, a través de un documento denominado “Por el re-encuentro de los bolivianos”.

El tiempo político en este periodo, abarcó tres fases: primero, la referida a los acercamientos entre partidos políticos; segundo, la referida a acercamientos entre la iglesia y representantes de la “sociedad civil”, vale decir dirigentes sindicales y por último, la presentación de un documento por parte de la iglesia, como base del entendimiento nacional para la pacificación.

El contenido de las decisiones tomadas durante este tiempo por los actores políticos, por tanto, pre-anunciaba el desarrollo posterior de los acontecimientos. Así, por ejemplo, la aprobación de la Ley de Seguridad ciudadana (que penalizaba la protesta social), por parte del Poder Ejecutivo. Esta actitud precipitó el realineamiento bajo parámetros contestatarios al gobierno, de las organizaciones sociales, particularmente en el área rural, dada la alta 23 Bordieu, Pierre, “El sentido práctico”. Ed. Taurus humanidades, Madrid, España, 1991.24 Untoja Ch., Fernando, “Rebelión de un Kolla”. Fondo Editorial de los diputados. La Paz, Bolivia, 1999.25 El binomio tierra y territorio en las demandas indio – campesinas no únicamente se remite a la dotación de tierras (entendida ésta como el acceso a la capa arable de 30 cm. de espesor), sino a la administración de todos los recursos naturales del subsuelo y sobresuelo. Esta concepción holística, en la demanda indígena, subyace en la denominación de territorio y conlleva pulsiones autodeterminativas de este sector, denominadas, naciones originarias. En: Arze, Gonzalo, “Experiencia metodológica de análisis urbano: El caso de la ciudad de El Alto”, Tesis de Magíster en urbanismo. Universidad de Chile, 2002.26 Zavaleta Mercado, René, “Lo nacional – popular en Bolivia”. Siglo XXI. México, 1986.

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sensibilidad de las demandas indígenas y campesinas en relación al territorio y dentro de él, a los recursos naturales.

Ya para septiembre, los partidos políticos MAS y MIP, resolvieron no firmar el documento denominado “Por el re-encuentro de los bolivianos”. Aquel documento no sólo establecía los acuerdos respecto a temáticas de importancia estructural (particularmente la exportación del gas, la reducción de los cultivos de coca y el saneamiento de las tierras), sino que, dada la profundidad de la crisis estatal y los acontecimientos de febrero, constituía un verdadero “programa nacional mínimo”.

El quiebre de los intentos tanto de la iglesia como de las instancias civiles competentes por facilitar al gobierno la cooptación de las organizaciones sociales supuso así la orfandad política del oficialismo y la reagrupación de las organizaciones sociales. La necesidad de mantener un perfil opositor a las políticas económicas del gobierno para preservar (y ampliar) la base electoral y dada la presión de aquella base, respecto a temas tales como la exportación del gas, el saneamiento de la tenencia de las tierras y los cultivos de coca, empujaron al MAS a respaldar el inicio de movilizaciones sociales de protesta.

Debido a la ausencia de proposiciones, no puede decirse que la decisión del MAS hubiera determinado el estallido de la revuelta popular de septiembre–octubre, así como la incoherencia de la conducta política debido a que este partido político había disminuido su capacidad de convocatoria social. A pesar de ello, mantenía un fuerte control sobre las organizaciones sindicales y conducía por intermedio de estas direcciones, su iniciativa política. Desde ya, las contradicciones internas de este partido (explicativas para la comprensión de los motivos que impidieron una sólida propuesta partidaria), facilitaron que las direcciones sindicales crearan su propio radio de acción, relativamente independiente de la dirección del MAS, a partir del estallido del conflicto. Por otra parte y debido a la declinación de la capacidad de convocatoria del MAS en sectores y direcciones sociales (como la Central Obrera Boliviana COB y la Central Obrera Regional COR de El Alto) con mayor radicalidad, la proposición de estos últimos tuvo un mayor flujo al interior de la sociedad civil en movimiento.27 Finalmente, “en esta recomposición molecular de las organizaciones sociales, intervinieron también demandas sectoriales no atendidas por instancias intermedias del estado boliviano, como son los gobiernos municipales”.28

La convergencia de demandas sectoriales, en esta fase inicial de la evolución del conflicto social, creó las condiciones subjetivas en la sociedad civil en movimiento, que posteriormente desembocaron en la llamada “guerra del gas”. Asimismo, la federación de Juntas Vecinales (FEJUVE), la Universidad pública de El Alto (UPEA), transportistas interprovinciales, campesinos del departamento de La Paz, el Movimiento sin Tierra (MST), y el principal dirigente de una fracción de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Felipe Quispe, junto a otros 30 dirigentes, inician una huelga de hambre, demandando el cumplimiento del pliego presentado al gobierno, consistente en 72 puntos; incluyeron en sus movilizaciones distintas demandas para la atención del gobierno a sus pliegos. Estas medidas de presión también se orientaban tras el rechazo al proyecto de la venta del gas y a la firma del ALCA, por parte del gobierno boliviano, aunque estas dos últimas demandas las compartían el resto de las organizaciones

27 Arze, Gonzalo, “Experiencia metodológica de análisis urbano: El caso de la ciudad de El Alto”, Tesis de Magíster en urbanismo. Universidad de Chile, 2002.28 Nos referimos en concreto al Gobierno Municipal de la ciudad de El Alto. En: Arze, Gonzalo, “Experiencia metodológica de análisis urbano: El caso de la ciudad de El Alto”, Tesis de Magíster en urbanismo. Universidad de Chile, 2002.

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sociales del país. Es llamativo que algunos sectores hubieran adoptado medidas de presión en solitario, en torno a ellas. La razón de ello se encuentra en la disputa de la dirección del movimiento social.

Ante esta inminente situación, el gobierno ordena el despliegue de fuerzas militares y policiales a las carreteras del altiplano paceño. En el marco de la estrategia gubernamental, el control de las carreteras impediría el inicio del bloqueo anunciado y aislaría a la huelga de hambre de los dirigentes de sus bases sociales. Dentro de esta decisión, se privilegió la opción represiva, con la finalidad de escarmentar al movimiento social en acción y obligarle a dialogar en condiciones de sometimiento. Este motivo actuará como detonante en el incremento de la espiral de violencia.

Mientras ello acontecía en el movimiento popular, la coalición de partidos gobernantes (MNR, MIR, NFR y UCS), antes que entender las demandas sociales, mostraba mayor interés en la instalación de cargos públicos, particularmente en el Poder Judicial y en la Defensoría del Pueblo. Este desencuentro, además de reflejar el poco apego a la realidad política por parte del ejecutivo, expresa también la confrontación (ya en el campo de las ciencias sociales) de dos propuestas de entender la política.29 Por un lado, la idea de que los operadores estatales se legitiman a partir de su apego al orden legal vigente. Aquí, la fuente de legitimación no viene tanto de la sociedad, sino del ordenamiento jurídico, por lo que las decisiones adoptadas en correspondencia a la normativa establecida, serán legítimas de suyo propio. Por otro lado, el planteamiento de la legitimidad de las decisiones viene dada por el respaldo social a las mismas.

Escuela de lo nacional – popular.30

La historia de los movimientos sociales en Bolivia forma una cadena de acumulación subjetiva, en la que las experiencias positivas y negativas de pulsiones autodeterminativas31 o reaccionarse, respectivamente, conforman puntos nodales en la memoria colectiva. Al impacto de la crisis estatal (en tanto factor externo a la subjetividad de las masas) la memoria colectiva habilita y exhibe, una u otra experiencia. Pues bien, en su origen primario, esta memoria arranca y es el resultado pionero de aquella cadena de experiencias que vive la sociedad. En rigor, los límites epocales donde principia lo primero es también una producción de la sociedad, la que, sin embargo, debe mas decepcionar aquel signo pionero para que éste a su vez constituya, en la masa, la acumulación subjetiva propiamente. Sólo cuando este ciclo (producción y recepción social) se cierra, puede hablarse de la fundación de una escuela.32

29 Mansilla, H.C.F, diferencia, en la definición del concepto Sistema Político, una comprensión restringida, pertenencia a la Ciencia Política tradicional y una definición amplia del mismo, cuya raíz se encuentra en la tradición gramsciana.30 Este punto se elaboró sobre la base de: Guzmán Boutier, Omar, “Lo nacional–popular en movimiento: Asonada popular y nuevas hegemonías”, UMSA, La Paz, Bolivia, 2004.31 La autodeterminación puede referirse tanto a coyunturas cortas (pulsiones espontáneas) como a estructuras propiamente. Entre ambas existe ciertamente una relación, referida a la institucionalización de aquellas pulsiones autodeterminativas; es decir al remate institucional de una exitosa proyección de esas pulsiones. En conclusión última, hablamos de instituciones estatales con un alto grado de autodeterminación, lo que equivale a decir un óptimo (o eje) estatal. En: Zavaleta Mercado, René, “Lo nacional – popular en Bolivia”. Siglo XXI. México, 1986.32 Zavaleta Mercado, René, “Lo nacional – popular en Bolivia”. Siglo XXI. México, 1986.

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El modelo donde principia, en la sociedad civil boliviana, la escuela a la que nos referimos y específicamente a sus formas de demandar, protestar o en última instancia de autodeterminarse, viene de lejos. Su origen remoto se asienta en la resistencia anticolonial, durante la conquista española, pero su cristalización, en tanto método pionero de lucha indígena anti–colonial, puede situarse en el levantamiento de 1780–81. El desarrollo posterior de las luchas sociales ha enriquecido y matizado este método hasta universalizarse, es decir, hasta la demostración de una recepción general del mismo, por parte de la sociedad boliviana.

En las modalidades sociales manifiestas, este principio ha adoptado la forma de Ayllu33 de organización. Dada la multigravitación del Ayllu en la vida andina, puede decirse que éste constituye un soporte conceptual del paradigma andino. La gravitación múltiple abarca no solamente al “mundo de las ideas”, sino también al mundo de la acción práctica34; y consiguientemente, orientada al comportamiento colectivo de las naciones originarias andinas.

En la interrelación social concreta, hablamos del re-racionamiento con las instituciones estatales y por medio de ellas, con el Estado (oligarquizado). La resistencia indígena y campesina, además del rechazo a los dictados estatales, expresa la propuesta de no–pertenencia a dicho Estado. En este orden, en el acto de resistencia, se produce tanto la contradicción ancestral no resuelta desde la conquista misma, como la vigencia de esta contradicción en el actual re-racionamiento intra–social.

Por otra parte, la característica de esta escuela (participación masiva y organizada en la protesta social) habla de un requisito social previo, para su producción. Se trata del principio organizado presente en la porosidad de la sociedad, como supuesto para el despliegue de una resistencia exitosa. El principio organizativo de la sociedad andina viene de la propia producción de la vida en los Andes, a través de la domesticación de un hábitat hostil y muy desventajoso para la producción agrícola. Así como este principio organizativo permite la producción agrícola, así también permite la producción de los símbolos de sociabilización y para el caso, la producción de una escuela de resistencia.

Esta lucha según la lectura andina, la ruptura colonial, no puede ser respondida sino mediante una recuperación de nuestro destino histórico truncado. Y esto sólo puede hacerse a partir de los espacios en los cuales se desenvuelve nuestra vida colectiva.35 Los hitos de esta resistencia, forman por ello una cadena en la que destacan Tupac Katari en 1781, Zárate Willka en 1899, Santos Marka T’ula en 1921, Leandro Nina Quispe durante los años 30 del siglo pasado, la revolución del 1952, Leandro Machaca en la década de los 60, el bloqueo nacional de caminos bajo la dirección de Genaro Flores Santos en 1979, la marcha por el territorio y la dignidad de los indígenas de las tierras bajas en 1992, antes de las continuas movilizaciones de las naciones originarias a partir del año 2000 hasta nuestros días. En sus puntos más altos, estos hechos expresan momentos de movilización en general 33 El Ayllu es un concepto multipolar y multivalente. Esta característica enriquece el resultado cognoscitivo, derivado del uso de estos conceptos, en el esfuerzo de comprender al “mundo”. Puede afirmarse que este enriquecimiento dota de mayores alcances explicativos a los conceptos aymaras, en comparación por ejemplo, a los conceptos unipolares, de raíz occidental. Para el caso la forma Ayllu también se refiere al colectivo y sus leyes: rotación, reciprocidad, complementariedad y unidad durante la acción. En: Guzmán Boutier, Omar, “Lo nacional – popular en movimiento: Asonada popular y nuevas hegemonías”, UMSA, La Paz, Bolivia, 2004.34 Habermas, Jurgen, “Acción comunicativa y razón sin trascendencia”. Paidos, Buenos Aires, Argentina. 2002.35 Mamani, Carlos, “Los aymaras frente a la historia. Dos ensayos metodológicos”. Aruwiyiri, Chukiyawu. La Paz, Bolivia, 1992.

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en relación a la participación social y maximalistas, respecto a los planteamientos que usaban los sectores rurales. Se trata entonces, de la oposición surgida principalmente por efectos de la reactivación de la memoria larga en el polo señorial. Esto significa que los obstáculos para la democratización provienen no únicamente del Estado, sino del propio fondo histórico de una sociedad racista, cuyo orden fue construido sobre las espaldas del mundo indígena.

Así como en lo nacional–popular, en las castas dominantes se observa continuidades a partir de una ideología racista en lo profundo de sus presupuestos. Esta ideología expresa la inseguridad de sí misma en el reracionamiento democrático, con los demás sectores sociales. Puede decirse, por tanto, que en momentos de crisis, la memoria colectiva actúa en los dos polos sociales; por un lado, reactiva el conocimiento colectivo de las masas y por otro, reactiva el temor ancestral a la muchedumbre en la casta señorial y su sentimiento de no pertenencia al país. En este sentido, puede decirse que el desarrollo del conflicto de septiembre–octubre de 2003, presenta un particular cuadro de su evolución, en el que destacan las consignas centrales (el rechazo a la venta de gas y la renuncia de Sanchez de Lozada), junto a demandas sectoriales y demandas surgidas en el transcurso mismo de la movilización. Por supuesto que en esa situación, la intención del gobierno por reanudar el dialogo no tuvo mayor éxito, como tampoco tuvieron efecto el pedido de la Iglesia y de la Asamblea de Derechos Humanos, por persuadir a los campesinos, suspender el bloqueo de caminos.

La rápida exacerbación de la protesta social, en la confrontación de la estrategia represiva del gobierno y la resistencia civil de los movimientos sociales, fortaleció al triunfo político que podía exhibir, principalmente ante sus bases movilizadas y ante la opinión pública nacional. En este marco de referencia, debe entenderse tanto el fracaso de los intentos de negociación, entre el gobierno y los campesinos movilizados, como la ampliación de la convocatoria a la protesta. La combinación de estos dos efectos sobre los actores, configurará un cuadro político en el que ese impasse será roto por la creciente socialización de las demandas centrales de la protesta: la industrialización del gas, el rechazo al proyecto de su exportación y la renuncia del Presidente. En este orden es que hablamos de la derrota política del gobierno, durante esta fase del conflicto.

En este contexto, puede afirmarse que el encadenamiento de la(s) revolución(es), en cada una de las distintas fases del conflicto, durante su desarrollo, va destacando sus características centrales. En cada una de estas fases, la lucha política consistirá en la organización del conflicto alrededor de dos principios: uno nacional–estatal; otro nacional–popular. Para las clases dominantes, el referente de la nación es el Estado; para las clases populares, su propia historia. El conflicto se produce en un campo de disputa común. Una lucha es hegemónica cuando se plantea el control de ese campo y corporativa cuando no la sustenta.36

En este extremo lo nacional–popular, la muchedumbre en movimiento, genera pulsaciones autodeterminativas que cuestionan un ordenamiento societal.

La incorporación activa de nuevos sectores a la protesta y convulsión social, agudizará el proceso de aislamiento político del Gobierno y el respaldo general de las demandas y propias de cada sector hasta el extremo de provocar la huida de Sanchez de Lozada y los suyos. En esta fase de la evolución del conflicto, las demandas sectoriales comenzaron a ceder terreno frente a las dos demandas nacionales, por lo que el impasse

36 Portantiero, Juan Carlos, “Los usos de Gramsci”. Folios editores. México, 1981.

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entre gobierno y la muchedumbre en acción reducía cada vez más las posibilidades de una solución negociada.

Los flujos migratorios post–revolución de 1952, así como los recientes flujos (1986–1987), a raíz de la relocalización de trabajadores mineros, mantuvieron elementos de identificación colectiva, gracias a las identidades étnicas. Este enriquecimiento en los centros urbanos, actuó como columna vertebral en las acciones colectivas de las Juntas Vecinales, particularmente en la ciudad de El Alto. Estos fenómenos tienen que ver con el hecho de que esta identidad cultural nunca se ha fraccionado del todo. Al contrario, se han trasladado múltiples símbolos y ritos, del área rural hacia el área urbana. A lo largo de este proceso, a la vez, se estaba gestando las características de una identidad colectiva, como soporte de una nueva intersubjetividad creada, a raíz del impacto de la interpelación nacional–rural sobre las ciudades. En este orden es válido afirmar que los movimientos sociales dibujan una trayectoria, en tanto “proceso de reconstitución de una identidad colectiva y fuera del ámbito de la política institucional, por el cual se dota de sentido a la acción individual y colectiva”.37

El efecto inmediato sobre la actividad comercial regional y nacional será considerable, ya que también se interrumpía al transporte interprovincial e interdepartamental. Como muestra de esta primera fricción significativa entre sus miembros, con el manejo político que el oficialismo daba a temas institucionales, el entonces vice–Presidente, Carlos Mesa Gisbert, se distanció del Presidente y a su vez, marginado del Poder Legislativo, ruptura que se expresó por la falta de coordinación entre el Poder Ejecutivo y la cabeza del Poder Legislativo (es decir, el vice–Presidente). Son los días que antecedieron a la fase central de la resolución del conflicto, dentro de un periodo general de cierre de la confrontación. Con Sánchez de Lozada derrocado y expulsado del país y la asunción a la presidencia por parte de Carlos Meza, testimonió la debilidad política del gobierno y la inauguración de una etapa de acelerada deslegitimación en el plano nacional y su desacreditación democrática, en el contexto internacional.

Nuevos Actores colectivos.

El conflicto ha desnudado en la formación social boliviana, el surgimiento de nuevos actores sociales, con pulsiones hegemónicas. En torno a la formación social actual (de un proceso histórico en el que tanto la clase dominante como las clases subalternas han experimentado transformaciones en su composición), sectores de clase o grupos sociales de las heterogeneidades de esta formación, expresan distintas proyecciones de la reforma estatal, de acuerdo a lo nacional–popular o de acuerdo a la casta señorial. Por ello es válido afirmar que para la comprensión de la crisis estatal expresada en el año 2003, debe considerarse una perspectiva histórica de largo alcance. Queda claro que la reproducción de la intersubjetividad anterior a la república, intervienen “estructuras ideológicas y socio–económicas básicas andinas, que se remontan a épocas muy tempranas, en el mundo andino”.38

Mientras tanto en el polo de la casta dominante, octubre ha creado un rápido realineamiento interno. Nadie puede negar, que el equipo gobernante de Sanchez de Lozada, durante su primera gestión (1993–1997), estuvo compuesto por miembros tanto de 37 Albó, Xavier, “Iguales aunque diferentes”. CIPCA. La Paz, Bolivia, 1999.38 Ponce Sanjinés, Carlos, “Tiwanacu y su fascinante desarrollo cultural”. CIMA producciones. La Paz, Bolivia, 2002.

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los “desplazados del MNR”, como por la inteligencia, administradora del aparato estatal durante el periodo post–agonista. En rigor, el desplazamiento de una elite por otra, aunque es indicativa de las dificultades hegemónicas intraburguesa, representa un esfuerzo rectificado del curso de los acontecimientos, respecto a la muchedumbre andina–amazónica en movimiento, por parte de la casta señorial. En este esfuerzo, lo importante es (re)reproducir nuevos pactos de sometimiento a la muchedumbre. Por ello, cobra relativa importancia el distanciamiento inicial del nuevo Presidente, Carlos Mesa Gisbert (luego de la renuncia de Sánchez de Lozada el 17 de octubre de 2003) de los partidos políticos. Las primeras señales del nuevo gobierno, estuvieron dirigidas a marcar un distanciamiento claro ante la opinión pública, considerados además, elementos centrales en la responsabilidad de la crisis estatal.

Es, por tanto, un reconocimiento del cambio operado en el espacio político boliviano, luego de las reformas estructurales y su impacto en el espacio y sistemas políticos ensayadas a partir de 1985 y entradas en crisis con la aparición de la multitud a partir del año 2000. El eje del sistema político, luego de 1985, lo constituía el parlamento y específicamente los partidos políticos. Con las reformas en el sistema político se amplió de manera momentánea la distancia entre los grupos sociales de presión y los centros orgánicos del poder. La alta circulación de discursos legitimadores de este aparente distanciamiento corresponde apenas a los primeros meses, luego del cambio de gobierno en 1989. Durante este lapso, los efectos de las modificaciones en el aparato productivo nacional (vía el desmantelamiento de las empresas estatales y su traspaso al capital privado) supusieron también la recomposición del tejido social. La reducción de la clase obrera, el crecimiento de los sectores terciarios de la economía y a la desorganización de las estructuras sindicales, contextualizar el ámbito político–sindical del periodo.

La reforma política39, debía garantizar la modernización del Estado ciertamente, pero en lo específico, debía dotar al sistema de sólidas bases de gobernabilidad. En el fondo, el reto para el caso boliviano, se remitía a la superación de las “tendencias degenerativas”40, históricamente reiterativas, observadas en el Estado. Aunque éstas fueron las causas estructurales para ensayar una reforma en este campo, las motivaciones coyunturales estuvieron dadas por el contexto de la reestructuración estatal y la consiguiente reforma general (económica, ideológica, política y social), que comenzó a operarse a partir de 1985. En este orden, puede decirse que la modernización del Estado representaba un movimiento complementario, en el plano institucional de la superestructura, a los cambios iniciados a mediados de la década de los ochenta. A lo largo de todo el proceso de reestructuración, las acciones del Estado estuvieron orientadas por impulsos exógenos, provenientes de las políticas de globalización y operacionalizadas en el interior del país, por la oligarquía y sus expresiones políticas (los partidos tradicionales: MNR, ADN, MBL y MIR principalmente).

Hasta aquí se observa que la causa de fondo del problema de la gobernabilidad se remite a la convivencia pacífica entre dos culturas políticas que, por supuesto, traen consigo sus propias formas de organizarse y administrar los asuntos de interés público. Por lo tanto, puede afirmarse que: “el surgimiento del multiculturalismo está ligado a los debates en

39 La reforma ensayada, por supuesto no fue gratis para el país, ya que fueron adquiridos sendos préstamos para financiar los programas de modernización del Estado. Durante la gestión vice-presidencial de Victor Hugo Cárdenas (1993 – 1997), su despacho impulsó el denominado Programa Nacional de Gobernabilidad (PRONAGOB), gracias a recursos provenientes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).40 Zavaleta, René, “El Estado en América Latina”. Los Amigos del Libro, Cochabamba, Bolivia, 1990.

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torno a los límites del llamado “proyecto de la modernidad”. En estos debates (…) se asociaba el modelo tecnológico y económico iniciado en la Edad Moderna y asentaba en políticas de dominio de una determinada cultura, la cultura occidental”41.

Decir que la globalización testimonió la sustitución del llamado proyecto de la modernidad, por el denominado proyecto de la post-modernidad, equivale afirmar que en este proceso de sustitución también fueron cambiados los marcos normativos y regulativos de referencia social, en la interacción o socialización.

Perspectivas de nuevas hegemonías.

En la consideración del nuevo espectro político creado, no puede ignorarse la proyección nacional que adquirió la protesta campesina, como asiento social a partir del cual se desplegó la interpelación posterior. Esta presencia cuestiona tan profundamente al país que puede escribirse que el sistema de poder, históricamente en Bolivia, construido sobre las espaldas de indígenas y campesinos, se encuentra en tensión desde sus cimientos. Las reconstituciones estatales de 1899, 1952 y de 1985, pretendieron evitar el hecho, a pesar incluso, de la notable ampliación de la base social del Estado que trajo consigo la revolución de 1952, bajo la orientación del Nacionalismo Revolucionario. Fue precisamente la construcción del Nacionalismo Revolucionario, la que ha entrado en crisis en septiembre–octubre de 2003, a causa del profundo cuestionamiento a esta ideología, por parte del movimiento social en acción.

La recreación de la ideología comunitaria indígena en Bolivia, tiene en los idiomas y en la espiritualidad andina sus cimientos estructurales ya que con éstos se convalidan permanentemente los núcleos conceptuales de su filosofía, es decir, del pensamiento de una cultura comunitaria.42 No puede entenderse el sentido de las movilizaciones, si no se asumen los alcances históricos y estructurales de las demandas. Las movilizaciones desde el año 2000, tuvieron entre uno de sus ejes la demanda del territorio y ésta, en el fondo, no fue sino la demanda por la administración soberana de los recursos naturales, presentes en aquellos territorios. En este contexto, puede decirse que durante el año 2003, el movimiento de lo nacional–popular ha explicitado la confrontación de dos proyectos históricos antagónicos, uno de corte liberal occidental y el otro de corte comunitario originario. Esta confrontación, en un contexto democrático, supone la necesidad de reconceptualizar la democracia, a partir de la coexistencia de múltiples culturas y nacionalidades en el país. Incluso, más allá del debate en torno a la democracia, importa que en la discusión social salgan a la luz las opciones que se vislumbran, para una convivencia democrática de sociedades multiculturales y abigarradas como la nuestra.

Téngase en cuenta que los desplazamientos conceptuales demandados por el movimiento social boliviano, no solamente provienen de la crítica a los mecanismos por los cuales procura la democracia su legitimidad, sino de la crítica global, tanto aquellos mecanismos, como a su producto que no es sino la “legitimidad normativa”. Las “formas históricas específicas”, en este caso, están dadas por el carácter comunitario de la protesta, de la producción, de la vida y de la espiritualidad. En este orden es que puede afirmarse que el núcleo de la confrontación, en torno a la democracia manifestado en septiembre–octubre, fue el referido a la validez del presupuesto individual del liberalismo democrático o a la

41 Giust, Miguel. Op. Cit.42 Zavaleta, René, 1990. Op. Cit.

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validez del presupuesto colectivo de la democracia comunitaria. Partimos de la consideración que la solución constitucional al conflicto no fue algo ajeno al espíritu democrático–representativo de las masas. En efecto, que el dogma de la representatividad de la democracia forma parte del prejuicio popular, no supone la dilucidación de las formas que esta representatividad asumirá.

Las consecuencias analíticas de esta característica serán múltiples. Primero, dice de la fortaleza de lo nacional–popular en acción, para resistir y obstruir proyectos de expansión de la dominación, de la casta señorial. Lo que significa que tanto en la reproducción del empate ancestral como en la proyección estratégica (para cada uno de los polos sociales) del mismo, continua la disputa hegemónica. Así, a lo largo del conflicto, la evolución de éste, graficó una cadena de sucesos que aproximaron la confrontación a su fase de resolución estratégica. A su vez, la resolución en cada momento (o punto nodal) de la relación conflictiva de esta pugna, configuró de manera novedosa el escenario político boliviano en estado de predisposición de la resolución final de la crisis.

Al final del conflicto, los efectos, en torno a los símbolos representativos de aquella irradiación, revitalizaron a la COB como factor político interno. Es notable destacar el hecho, si se considera la presencia de nuevos actores organizados (como FEJUVE en El Alto, en particular), con poca tradición institucional en el sindicalismo. El Alto, ciudad que vive una verdadera explosión demográfica, se convirtió en importante espacio de los extrabajadores mineros relocalizados, de migrantes campesinos y de sectores desplazados de la ciudad de La Paz. En esta ciudad, la tercera en importancia nacional, vista desde el plano demográfico, van a coincidir tanto la pobreza (en tanto categoría fundamentalmente económica), como la marginalidad (en tanto categoría social y política)43.

Hegemonía y declinación del Nacionalismo Revolucionario.

El principal mecanismo para la dominación es la ideología. Es esta aura invisible lo que proporciona al Estado, a las instituciones estatales, a sus operadores y a la sociedad toda, las certezas en su accionar. Se entiende que estas certezas respaldadas por la sistematización de un conjunto de ideas que configuran, a su vez, una visión del mundo o una ideología, establecen los principios generales de referencia colectiva. Esencialmente, el principio de la pertenencia a un sistema de gobierno, el principio de acatamiento a un sistema de normas y valores, de esa visión del mundo y el principio de la socialización en torno a aquella ideología. Sin embargo, nada de ello ha ocurrido a lo largo de la vida republicana en Bolivia. Incluso, el ensayo más serio para tal despliegue, que es el caso de la revolución de 1952, no pudo evitar el proceso degenerativo característico del poder en el país. Esta claro que en estas condiciones, los herederos de la casta encomendera no lograron consolidar a plenitud su dominación; ya que uno de los requisitos para ello (el referido a la dominación ideológica), nunca pudo universalizarse en esta sociedad.

Puede afirmarse lo mismo, señalando que la ideología oficial del Estado moderno boliviano, el NR, entrado en crisis durante la década de 1970, no pudo sustituir, la representación del poder. Así, junto a la visión del mundo que ofrece el NR, subsisten las visiones indígenas, andinas y amazónicas en las clases subalternas. En este asiento social, de donde surgieron alguno de los cuestionamientos al NR, a partir de una ideología

43 Arze, Gonzalo, “Experiencia metodológica de análisis urbano: El caso de la ciudad de El Alto”, Tesis de Magíster en urbanismo. Universidad de Chile, 2002.

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comunitaria, propia de las naciones originarias. Importa señalar que la “decadencia hegemónica del Nacionalismo Revolucionario surgió (…) como un corto deslizamiento de la validez del estado del 52 en cuanto a su (…) acervo humano. La pequeña burguesía se hizo más nacionalista revolucionaria cuando la clase obrera dejó de serlo”44; para el caso, la autoidentificación de la pequeña burguesía como nacionalista tiende a sentarse, en la medida en que las naciones originarias se alejan del ratio interpelatorio del NR.

En particular, durante los cinco años (2000–2004) de movimiento de lo nacional–popular, el apego a los presupuestos del NR (en el que destacan lo boliviano y el carácter unitario que asume en su existencia institucional) fue notorio, como marco de referencia, para la acción colectiva de la clase media. Hablamos por tanto de la crisis ideológica del Estado, lo que supone el reconocimiento de un espacio común de disputa con ideologías alternativas en ciernes. A pesar de la inicial presencia marginal de estos sistemas ideológicos, develan el momento en el que principian nuevas hegemonías. El despliegue de estas hegemonías, supone el cuestionamiento y la sustitución del NR como ideología hegemónica. Junto a la crisis ideológica y a la crisis estatal, también se encuentra la crisis referida a la hegemonía de la clase dominante. Esta hegemonía no pudo mantenerse, luego de las dos crisis citadas, porque entre otras, requería de la participación consentida de la sociedad. La reiteración histórica de la exclusión, marca los fracasos de cada uno de los proyectos políticos ensayados por la clase dominante boliviana. El triunfo de estos proyectos requería de la participación y el apoyo consentido de la sociedad. Con todo, la exclusión política, los bajos grados de consenso en torno a los proyectos y la actitud no pasiva de las masas, luego del cuestionamiento a la ideología estatal, explican las dificultades de la clase dominante para no solamente asentar su hegemonía, sino incluso para preservar el principio de autoridad del Estado y su propia unidad como clase. Lo contrario, (la falta de determinación estatal y la división de la clase dirigente) marca los inequívocos signos de crisis estatal.

El carácter totalitario del discurso del Nacionalismo Revolucionario45 proviene, del aplastante triunfo de la revolución de abril, sobre la entonces oligarquía minero–feudal. Esta manera de triunfar se tradujo, en el mundo de las ideas, en la ocupación por parte de la ideología del NR, de todo el ámbito ideológico.

Por otra parte, no puede perderse de vista el carácter anti–indígena del NR. En principio, debido a la coexistencia de múltiples subsistemas ideológicos en su interior, el subsistema indigenista ha sido secularizado, en todo desplazamiento, por los otros subsistemas, particularmente el referido al liberalismo, al nacionalismo e incluso al marxismo.46 Este relegamiento, en el plano de las ideologías, se extiende socialmente a la subordinación del movimiento indio campesino, a la burguesía, a las clases medias o a la clase obrera, según sean los casos. En cualquiera de ellos, la demanda de tierra y territorio, resulta una petición situada fuera de los límites del NR. Esto es válido, particularmente en relación al nacionalismo (en tanto subsistema ideológico) de la burguesía. Así, tanto la construcción del Estado, de la identidad mestiza, como la de la “nación boliviana”, parten de la agresión a las tierras comunitarias y a la desestructuración de la identidad colectiva indígena.

En este orden es que el cuestionamiento indígena al NR tendrá grandes derivaciones ideológicas y políticas. En principio, porque la reiterabilidad de la demanda de tierra y 44 Zavaleta, René, 1987. Op. Cit. 45 Antezana J. Luis. H., 1989. Op. Cit.46 Guzmás Boutier, Omar, 2004. Op. Cit.

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territorio continua la defensa de la tierra, asumida con mayor fuerza en respuesta a la radicalización de los intentos del despojo, por parte del Estado. También, debido a que la crítica tiene como asiento social a quienes fueron identificados, desde la fundación de la república, como un obstáculo para la civilización y modernización del país, y finalmente, porque el cuestionamiento partía de núcleos conceptuales andinos (y por tanto, no occidentales). En consecuencia, así como los intentos civilizatorios del liberalismo, del populismo y del neoliberalismo habían fracasado, así también fracasó la pretensión del Nacionalismo Revolucionario por mantener subordinado al subsistema ideológico indígena o en su defecto, anular su validez, su existencia, al colocar a esta ideología fuera del universo nacionalista revolucionario.

Los movimientos indígenas del siglo pasado y los primeros años del presente, se asientan y amplían las consecuencias de este quiebre. Se trata de una ampliación, tanto en plano estatal, como en el plano social. En el primer caso, el alejamiento de la principal base social de apoyo al Estado nacionalista, redujo las transformaciones estatales de abril del 52, a su verdad histórica, como movimiento de reconstitución de la casta señorial. En el segundo, permitió la reactualización de las contradicciones diacrónicas, en las movilizaciones posteriores de este sector. Así, los movimientos por la tierra y el territorio de 1992, 1996 y particularmente entre los años 2000 a 2004, expresaban la conciencia de un horizonte histórico de larga data, junto a las demandas coyunturales (sincrónicas). Concordante con esta modificación, el sindicalismo campesino recobró su autonomía política con respecto al Estado, proyectándose en situación donde principia la disputa por el control del poder. Estas movilizaciones se caracterizaron no únicamente por su cuestionamiento al Estado populista del 52, sino por la crítica a la lógica liberal, impuesta por en los tres principales momentos de reconstitución estatal en el país: 1900 y el liberalismo clásico; 1952 y el populismo, y 1985 mediante la nueva reconversión a los principios liberales.

El desarrollo de la estrategia de lucha legal, en un determinado nivel de la acumulación es comprendido como una necesidad, hasta que la profundización de la crisis y el potenciamiento suficiente de las organizaciones sociales, hagan innecesarias la mediación del sistema de partidos, para la reforma radical de las bases constitutivas del poder en Bolivia. Aunque en las elecciones del año 2002 la constelación parlamentaria ha mostrado una notoria presencia indígena y campesina, las consideraciones referidas a las razones especiales y el manipuleo a ciertos representantes parlamentarios de este sector, continúan proporcionando validez al criterio de Choque, a la luz del comportamiento de aquellos parlamentarios.

Recomposición de la oligarquía boliviana.

El movimiento de la sociedad civil, durante el 2003 y parte del 2004, ha reclamado del Estado una respuesta, consistente en la atención hacia las demandas históricas y coyunturales de los diversos sectores de la sociedad. Más allá del límite de esta demanda, se encuentra la posibilidad del desarrollo de una alternativa estatal, a partir de la sociedad, vale decir de la construcción de uno u otro Estado. Por otro lado hay que recalcar que la utilidad de esta nomenclatura (Estado–Sociedad Civil) debe relativizarse en el análisis de la sociedad boliviana, ya que la misma presupone un estado de separación entre ambas; que por su parte habla del carácter estructurado, moderno del Estado. En el caso boliviano, al

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contrario, la presencia de un Estado inestructurado, dice también de la no separación plena entre Estado y la sociedad civil.

La continuidad de la casta señorial, en la historia política, económica y social de Bolivia, habla efectivamente de la persistencia de las contradicciones ancestrales, vigente en la contemporaneidad de esta sociedad. Esta continuidad ejemplifica la no constitución de una hegemonía cultural de los sectores autocalificados como “blancoides” del criollaje nacional. En efecto, todos los sectores sociales tienen la necesidad de establecer una hegemonía cultural, en particular las minorías blanca-mestizas; éstas, con la hegemonía cultural se protegerían del arrinconamiento, por parte de la mayoría indígena, frente a las cuales únicamente pueden actuar a través del reclutamiento étnico, a fin de garantizar que las mayorías indígenas sigan “las banderas del progreso histórico”.47

Tanto el fracaso de la desestructuración de las tierras comunitarias, como de las formas colectivistas de organización social, conforman el contrapunteo a los intentos de aquella casta. Asimismo, pueden identificarse en las distintas políticas adoptadas por los gobiernos de la casta señorial, una continuidad efectiva en los esfuerzos de desterritorialización de las naciones originarias. La dominación oligárquica ha impregnado a toda la sociedad con algunos prejuicios. Uno de los más reaccionarios entre ellos, se refiere a la jerarquización piramidal de corte racista, de la sociedad boliviana.

En consecuencia, los intentos de construcción estatal se orientaron por múltiples estrategias, todas ellas articuladas por el propósito de dominación a las naciones originarias, que para el caso es como decir a la mayoría de la sociedad boliviana. La relación entre la no conformación de la clase y la función burguesa, nos habla de la presencia de un campo del poder en Bolivia por medio del cual y a través del que, se conforman grupos de poder. El auxilio que presta y prestó siempre el ámbito público al privado por medio del poder, es bastante conocido y nos habla de uno de los mecanismos del Estado oligarquizado, para reproducir el apoyo de su base social.

En esta conformación también se reitera prácticas en el manejo de las instituciones públicas, principalmente el gobierno. Aún en regimenes democráticos, la democracia experimenta el impacto de esa relación y deviene en democracia oligárquica, en la que “el cohecho es una interacción”48. Las líneas de intereses privados se entrecruzan, aunque articuladas a la voz de mando de los factores externos de poder. Fue la necesidad de adaptación del aparato del Estado y de toda su institucionalidad republicana a los requerimientos de una ficción, cual es la construcción de una sociedad a imagen y semejanza occidental, relegando a las naciones originarias, lo que facilitó la presencia sobredimensionada en la vida política interna, de los factores foráneos de poder. Complementariamente, la corrupción y el autoritarismo forman los elementos cohesionadotes de la clase dominante y afianzan su ligazón con los centros internacionales de poder, en ausencia de una ideología lo suficientemente solvente como para cumplir este requisito.

La distancia que separa a la casta dominante de lo nacional–popular, es notoria y ratifica el carácter abigarrado de la formación social boliviana. En esta formación, las contradicciones se dilucidan y condensan en su nivel diacrónico; éste nivel proyecta a las contradicciones posteriores sus principales elementos por medio de cuya acción paradójicamente se actualizan y validan en el tiempo. Zavaleta ha denominado a esa

47 Zavaleta, René, 1987. Op. Cit.48 Zavaleta, René, 1990. Op. Cit.

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característica como la paradoja señorial49; la que comporta el reavivamiento del núcleo señorial, en medio y a través del conflicto, con lo nacional–popular. En el fondo, también la oligarquía se caracteriza por su potencial obstructivo y su baja capacidad constructiva.

Crisis Estatal.

La crisis estatal boliviana expresa el agotamiento del ensayo neoliberal y se manifiesta en los campos ideológico, institucional, económico, social, político y jurídico. Tanto la reestructuración estatal conservadora iniciada en 1985 como la resistencia de lo nacional–popular subsiguiente a la misma, han dibujado y desdibujado permanentemente las relaciones de poder y en particular, los soportes político institucionales y administrativos de la reforma, dando lugar al nacimiento de los factores coyunturales de la crisis.

El momento constitutivo del modelo neoliberal se ha caracterizado por la falta de apoyo popular a la reforma, conformando un Estado débil. La reforma impulsada por la oligarquía y operada en medio de cambios verticales impuestos desde el Estado, modificó notablemente las estructuras estatal y económica anteriores, de corte centralista y estatista. La transformación pasiva ensayada por la clase dominante boliviana, si bien no suscitó el rechazo nacional activo inmediato a las medidas de ajuste estructural, apenas alcanzó a mantener una expectativa pasiva, en torno a los beneficios que las medidas podían significar. Paralelamente, el inicio del desmontaje del patrimonio nacional, hirió la sensibilidad de sectores patriotas e inauguró la incubación de elementos latentes de resistencia activa al neoliberalismo. Estas características del momento de constitución del modelo neoliberal en Bolivia, marcarán los límites de la reforma, revelando al mismo tiempo uno de los principales elementos de su debilidad; la falta de consenso social interno.

La mayor profundidad del momento constitutivo de la sociedad dota a ésta de la fortaleza necesaria como para obstaculizar con éxito las políticas de reforma, al punto de acelerar su descrédito ante la sociedad. Aunque todos los gobiernos post–reforma (Jaime Paz Zamora, Gonzalo Sánchez de Lozada, Hugo Bánzer/Jorge Quiroga y Sánchez de Lozada/Carlos Mesa) hubieran seguido los lineamientos centrales del neoliberalismo, los dispositivos legales e institucionales en los que se apoyaron para legitimarse ante una creciente y convulsionada sociedad, se han desgastado inevitablemente, al punto de su inutilidad como para constituir mediaciones estatales solventes.

De esta manera, la discusión en torno a la estabilidad de un sistema político, a fin de recuperar el margen de debilidad que caracteriza históricamente al estado boliviano, “viene de hecho, de querer gobernar un país multisocietal sin incorporar las instituciones políticas y sociales de las otras culturas y sistemas de relaciones sociales en forma de unidad política y estatal, que sigue siendo monocultural”50.

El efecto final, de la no coincidencia entre las estructuras políticas y los modelos normativos de la sociedad, es el de la disfuncionalidad del conjunto institucional y normativo, integrados en el Estado; hecho que destaca la falta de legitimidad estatal, frente a una sociedad civil potencialmente autodeterminada. Es que las consecuencias de la pobre legitimidad, abarcaban también al propio funcionamiento estatal y a la eficacia de todas las instituciones de la administración pública. Las razones de la no consolidación del Estado en

49 Zavaleta, René, 1987. Op. Cit.50 Tapia, Luis, “La condición multisocietal”. Ed. Muela del Diablo, CIDES – UMSA, La Paz, Bolivia, 2002.

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Bolivia, en similar proporción que en los países vecinos del continente, se halla en este orden, también en la resistencia y obstaculización, por parte de las naciones originarias, a los esfuerzos civilizatorios de la clase dominante. La resistencia–obstaculización por parte del mundo indígena, no abarca únicamente al ámbito del rechazo o incluso, positivamente, al de la reacción de su propio pensamiento, sino también al de la interrelación con el otro. Por ello, las naciones indígenas esperan un comportamiento de correspondencia por parte del Estado, ya que en su concepción la administración estatal es un servicio público, de reciprocidad, para la sociedad civil.

Hablamos de una incapacidad estatal para absorber y procesar las demandas de la sociedad; lo que en un extremo nos remite al extrañamiento del Estado respecto a la sociedad, incluso para conocerla. Se trata de las causas explicativas de la incapacidad para la captación molecular de las demandas de los sectores sociales más significativos; incapacidad que abre la posibilidad de la crisis estatal. Estas demandas y presiones devienen en crisis política solamente cuando el precario equilibrio de clases que resguarda el funcionamiento del sistema sufre una ruptura, es decir, cuando las condiciones de clase, contenidas en las instituciones estatales expresan la tendencia hacia su constante modificación, a causas de las presiones de las clases subalternas. Las contradicciones afectan a la estructura estatal, en términos de acelerar la maduración del grado de ilegitimidad social que caracteriza, históricamente, a la construcción del Estado en Bolivia.

La actual crisis estatal en el país, coincide con expresiones similares en el resto de los países del área andina (Venezuela, Ecuador, Perú), aunque en cada uno de los casos, los antecedentes que llevaron al estallido de la crisis sean particulares. Se trata de la crisis como resultado de la globalización y como efecto del retorno de ideologías comunitarias pre–hispánicas presentes a lo largo de la historia política y social boliviana, aunque silenciadas por los órganos estatales. A pesar que la convergencia de elementos externos e internos respecto a la crisis del Estado, reclamen su transformación estructural, las perspectivas de uno y otro sobre aquella transformación son distintas. Desde la perspectiva externa (la globalización), se trata de la eliminación de toda estructura estatal nacional, mientras que desde el punto de vista interno (la soberanía nacional), se trata de la modificación de las actuales estructuras del Estado, a fin de adecuarlas a las pulsiones autodeterminativas de la masa en movimiento.

En lo interno, estas estructuras presentan características particulares, principalmente en el plano ideológico. Aquí, el cuestionamiento “tiene que ver con la pérdida de confianza en una imagen referida a algún principio único de orden, capaz de asegurar el cumplimiento de las funciones centrales de la sociedad. Esa es la idea de la relación entre sociedad y Estado”51.

Detrás de las dificultades que la ingeniería estatal confronta a raíz de ello, “redescubrimos que la política no se guía solamente por intereses, sino, igualmente por pasiones e imágenes, creencias y emociones”52. Por ello, las dificultades para que el Estado cohesione a su sociedad nos hablan de un área (el de la economía moral) de la sociedad, ajena al conocimiento estatal. Con ello, las derivaciones de la crisis se amplían, ya que se incluyen, a partir de la imposibilidad de lectura estatal sobre la sociedad, nuevas razones explicativas de la dificultad que tendrá el Estado para articular a la sociedad bajo su

51 Portantiero, Juan Carlos, “La democratización del Estado”. En Grompone (ed.). 1995.52 Lechner, Robert, 1988. Op. Cit.

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ideología y principalmente, para que su estructura pueda condensar “las contradicciones de los niveles de una formación”53.

Se comprende que la eficacia y la legitimidad54 son por tanto condiciones básicas para el sustento de la democracia constitucional. A través de ambos elementos, la crisis expresada es asumida como una crisis de identidad55, que no únicamente dificulta el cumplimiento de las tareas que el Estado se ha propuesto, sino que incluso, cuestiona la estructura de lo público, politizando en lo previo, por las emisiones estatales. Asimismo, abarca todos los ámbitos institucionales y públicos, en los que circula la emisión discursiva del Estado. Otra de las causas de la crisis de legitimidad radica en el propio proceso de reestructuraciones estatal, en efecto, las transformaciones operadas en el sistema socio–político, han generado “una penuria de legitimación no compensada”56, ya que las modificaciones estructurales, así como los posteriores cambios ocasionados en el marco de su referencia ideológica, no han podido suscitar el consenso social necesario.

Con todo, queda claro que las razones históricas de esta crisis se encuentran en el carácter discriminatorio del poder en Bolivia. En la exclusión y/o el manipuleo político hacia las naciones originarias, se concretiza la orientación anti–indígena del poder y con ello, también se alimentan los dispositivos para la crisis de legitimidad, ya que “los sistemas políticos que niegan el acceso al poder político, (…) también impiden que se desarrolle la legitimidad”57.

Estas reflexiones llevan a considerar la experiencia boliviana sobre los orígenes de la crisis estatal, a partir de las reformas estructurales y la posterior “modernización del Estado”. Desde ya, en el país vimos los límites de la legitimidad a través de la legalidad vigente, o sea a través del Estado de derecho como fuente. Puede decirse que mientras más pobre es un país, sus clases dirigentes apelan a las características pre–modernas (y por tanto antidemocráticas) citadas, con el fin de reemplazar, el control del aparato público, el déficit de legitimidad.

En la historia contemporánea de Bolivia, el carácter patrimonial en la administración de la cuestión pública, principian con el MNR, durante la primera fase de la revolución nacional (1952–1964) y se concretiza a través de la sustitución de las mediaciones democráticas por mediaciones no democráticas, prebendales y corruptas. Aunque será con el Gral. René Barrientos Ortuño (1964–1967) que estas últimas mediaciones alcanzan carta de ciudadanía en el manejo del Estado, fue con el Gral. Hugo Bánzer Suarez (1971–1978) que se universalizan. Esta resignación estatal de las mediaciones democráticas a favor de mediaciones prebendales, se corresponde a las modificaciones operadas en el proceso de la revolución nacional (y su conversación hacia la contra–revolución) y en la conducción del proceso, primero en el partido de gobierno y

53 Poulantzas, Nicos, “Poder político y clases sociales en el estado capitalista”. Siglo XXI. 22ª. Ed. México, 198554 Por eficacia vamos a entender “la actuación concreta de un sistema político (lo que supone) una burocracia eficiente y un sistema de toma de decisiones capaz de resolver los problemas políticos; mientras que la legitimidad implica la capacidad de un sistema político para generar y mantener la condición de que las instituciones políticas existentes (sean) las más apropiadas para la sociedad”. En: Lipset, Seymour Martín, “Algunos requisitos sociales de la democracia. Desarrollo y legitimidad política” En: “Diez textos clásicos de Ciencia Política. Ariel, Barcelona, España. 1959.55 Habermas, Jurgen, “Problemas de legitimación en el capitalismo tardío”. Amorroutu. Buenos Aires, Argentina. 1975.56 Habermas, Jurgen, 1975. Op. Cit.57 Lipset, Seymour Martín, 1959. Op. Cit.

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posteriormente (a partir de Barrientos), en la conducción del Estado. Así, la “ocupación del Estado por parte de hombres personalmente pertenecientes a la clase dominante (indica) una situación instrumental”58 y representa un dato fáctico de la conversación del proceso y la reiteración de las características anémicas de los proyectos estatales ensayados en el país.

La proyección de este dato, además de la característica de la mediación no democrática, tornan a la corrupción en uno de los mecanismos que sustentan el desarrollo del modelo y la estabilidad del propio Estado. Además de este hecho, no puede desconocerse cierto espíritu servil muy cultivado, de la oligarquía boliviana para con el capital extranjero. No es un dato de poca importancia, si se considera que, en el afán de congraciarse con los factores de poder externo, los representantes políticos de este sector, suelen mostrarse más reaccionarios que los propios sectores reaccionarios de los países del centro; así fue con el fallido proyecto de importación de ciudadanos racistas rodhesianos, durante la década de 1970.

A la luz de estos hechos, puede señalarse que el proceso de democratización iniciado en 1982 no cumplió con sus metas de modernización del Estado y racionalización de la burocracia. Las sucesivas reformas, en el sistema político y particularmente en el sistema electoral no alcanzaron a modificar la tradición histórica del manejo patrimonial del Estado. Los sofisticados sistemas electorales construidos a partir de 1989, referidos a los candidatos, a la votación, a la conversión de los votos en escaños y a la distribución de las circunscripciones electorales, fueron ensayos ajustados al ámbito superestructural y con un bajo grado de pertenencia a las lógicas políticas que subyacen en el fondo de la sociedad. Estas reformas no sirvieron, ni siquiera para aproximar a la superestructura política, a las demandas de la sociedad, contribuyendo de esta manera al entorpecimiento de las mediaciones estatales. Llamativa la inutilidad de las reformas (pensadas por “intelectuales”), si se considera el carácter multicultural de la abigarrada sociedad boliviana y las exigencias que esta característica demanda, en relación al proceso de modernización estatal. Se trata de una demanda que exige, en la modernización, la transformación del Estado, en términos tales que posibilite el reconocimiento institucional de la pluralidad multicultural. Reconocimiento que debiera abarcar también el plano jurídico normativo, político institucional y religioso educativo.

Asistimos a los inequívocos signos de una crisis societal, que marcan los prefacios de un nuevo momento fundacional o constitutivo. Esta crisis es el resultado tanto de factores diacrónicos como sincrónicos, aunque su estallido, estuvo motivado por el agotamiento del modelo neoliberal, en lo que a causas de corto plazo se refiere. La continuidad del señorío y de sus prácticas en el manejo del Estado, marcan la persistencia de un sistema patrimonial excluyente y anti–indígena. Esta continuidad es la que impide “detectar una línea separatoria clara entre la propiedad y la soberanía, es decir, entre las esferas privada y pública”59.

En último término, el desgaste del modelo neoliberal y del ideologema del NR, abrieron una coyuntura larga en la historia de los movimientos sociales en Bolivia. En esta coyuntura, la crisis nacional desencadenada reproduce en forma innegable “los términos constitutivos tanto de la historia nacional–popular del país como (de) los recuerdos más conservadores de la clase dominante; o sea que cada uno de los polos (recuerda) su historia”60. El efecto social de ello será el de una radicalidad étnica cultural, aunque 58 Zavaleta, René, 1990. Op. Cit.59 Mansilla, H.C.F., 1991. Op. Cit.60 Zavaleta, René. 1987. Op. Cit.

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sustentada por elementos identificatorios clasistas y regionales. En torno a estas condiciones es que los grupos sociales actúan, configurando un cuadro general de la sociedad, que tiende a polarizarse.

Disponibilidad social.

El impacto de la crisis estatal, en la sociedad, particularmente en su dimensión subjetiva, ha creado un estado de disponibilidad social. En efecto, tanto la sustitución de los antiguos referentes para la socialización, como la crisis de legitimidad y la crisis ideológica del modelo neoliberal instaurado, posibilitaron el vaciamiento de las viejas creencias y la vacancia ideológica. Hablamos en la actualidad de la sociedad boliviana en estado de disponibilidad y este estado de cosas no puede sino provenir de la interpelación ideológica ya sea desde lo nacional–popular o en sentido reaccionario desde la oligarquía del oriente.

Por un lado, los flujos migratorios conforman verdaderos vasos comunicantes entre el centro emisor de la ideología indígena y los núcleos hispánicos de criollos y mestizos y por otro, la migración de los extrabajadores mineros, al incorporar su propia experiencia de una cultura de rebelión, cualificó la resistencia urbana. La contribución de la experiencia proletaria, por tanto, a la resistencia nacional–popular proyectó a ésta en el tiempo de la confrontación; espacio suficiente para que la interpelación impactara en las clases medias. Se trata de los elementos en torno a los cuales se articulan las demandas políticas y culturales, que estos sectores plantean a la sociedad criolla. Por lo tanto, no son únicamente transmisores de la ideología, sino a la vez intermediarios entre le mundo urbano–occidental y el mundo de la comunidad.

Al contrario, en momentos de conflicto social en los que se ha producido el vaciamiento y la vacancia ideológica, el Estado mantiene las posibilidades para absorber molecularmente la demanda social. El requisito para el cumplimiento de esta función radica en el desarrollo estructural del Estado, al punto tal de “configurar una estructura estatal suficiente que pueda responder democráticamente a una sociedad polimorfa que se rehúsa épicamente (contra los deseos de sus élites dominantes) a la homogeneidad yuxtapuesta y mecanicista”61. Las posibilidades de mayor o menor grado de éxito dependen de la recepción, por parte de la sociedad, del discurso ideológico y del proyecto en circulación. Esta recepción, depende de la producción social en cuestión, en los marcos de la ideología subyacente en lo nacional–popular, que no son sino los marcos del pensamiento filosófico andino, para el caso de los movimientos sociales contemporáneos en Bolivia.

Llama la atención, sin embargo, que en las movilizaciones indígenas y campesinas, a partir de 1996 en adelante (la coyuntura larga, de la actual crisis estatal), pese a su dimensión nacional, no se hubiera formulado con nitidez un proyecto nacional alternativo. En realidad, el cumplimiento de este reto corresponde a las direcciones políticas y sindicales de los movimientos sociales, ya que el mismo supone la sistematización del pensamiento político y filosófico presente, de manera dispersa, en las movilizaciones. Debido a este incumplimiento puede observarse una no correspondencia entre la dimensión de las movilizaciones y las demandas que ellas planteaban.

En consecuencia, en estas condiciones, la contrahegemonía indígena y campesina que principia, plantea la posibilidad de una futura hegemonía incompleta, si los núcleos

61 Medina, Javier, “A manera de prólogo”. En: “Territorio y Participación Popular”. Min. de Desarrollo Humano. La Paz, Bolivia. 1997.

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conceptuales filosóficos andinos no logran desplegar hacia un proyecto nacional. La pregunta gira entonces en torno a que ¿las posibilidades del establecimiento de tal proyecto, en una sociedad abigarrada y específicamente, a lo que debería comprenderse por un proyecto nacional alternativo son viables?

Ello nos conduce a la reflexión en torno a un modelo que recoja la multiculturalidad política subyacente en nuestra sociedad, como mecanismo para el establecimiento de un sistema de gobierno que pueda cumplir, pacíficamente, la función de gobernar en la diversidad. Este sistema de gobierno requerido para las características peculiares del país, presenta consideraciones novedosas, tanto en la teoría como en la ingeniería política, ya que debe proyectar una “forma de organización en un país de características pluriétnicas como es Bolivia (posibilitando) la participación institucionalizada de las organizaciones étnico–campesina con sus propias singularidades”62.

Un modelo político como el sugerido, institucionaliza las interrelaciones entre las diferentes culturas políticas orienta esa institucionalización primero hacia una coalición o unidad y en segundo término, concomitante con el anterior, hacia un esquema de equilibrio de fuerzas. Adquiere importancia, en este sentido, el compromiso político de los distintos sectores socio–culturales, en el marco del permanente juego de (re) equilibrio de fuerzas. Ello es así, ya que se entiende por compromiso, “a una compensación de normativa de intereses particulares cuando se realiza en las condiciones de un equilibrio de fuerzas entre las partes en juego”63.

Conclusiones.

El contexto de la crisis societal que estalló en Bolivia el año 2003, está escrito, en lo externo, por las consecuencias del desplazamiento del modelo capitalista del fordismo por la globalización y en lo interno, por la fase de declive del Estado instaurado en 1952, además de los factores estructurales diacrónicos y sincrónicos. En lo que respecta a los factores externos destaca la globalización, debido a que abarca las áreas económica, tecnológica, burocrática y jurídica y subordina a la lógica nacional, a los factores externos en cada una de las mencionadas áreas, por lo que la soberanía nacional se halla limitada. Así, la globalización marca una integración mundial y una desintegración nacional, en desmedro de las atenciones a las políticas sociales. Los países receptores de las políticas de globalización, en un extremo, desatienden a la vez los requerimientos de sus distintas regiones.

La globalización ha coadyuvado al surgimiento de la crisis estatal y a la reaparición de contradicciones ancestrales, entre las que destaca la referida al territorio. La disputa en torno a este elemento, desde la colonia, ha permitido la sobrevivencia de estructuras originarias andinas. La tierra, en tanto recurso natural, también sufre el impacto de la globalización, para que adecue las formas de tenencia, a la lógica del capital. Con ello, se reactualiza la pugna de desterritorialización versus reterritorialización originaria. Ambos marcos generales (contradicciones diacrónicas y la globalización) acogen factores sincrónicos, entre los que tiene particular importancia la determinación exógena sobre el sistema político boliviano.

62 Rojas Ortuste, Gonzalo, 1994. Op. Cit.63 Habermas, Jurgen, 1975. Op.Cit.

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En la crisis, hizo su aparición la movilización social de la masa, mostrando un grado de acumulación histórica, aunque la revuelta popular de septiembre–octubre de 2003 que estuvo antecedida por la crisis estatal de febrero del mismo año. Con su movimiento, lo nacional–popular ha cuestionado la eficacia del Sistema Político como mediación estatal, revelando a la vez el atraso estructural de este sistema. Este cuestionamiento también ha alcanzado a las reformas emprendidas a partir de 1985 (particularmente las referidas al Sistema Político), reproduciendo la confrontación entre las pulsiones modernizadoras del Estado y las estructuras de resistencia. Por ello, con las movilizaciones sociales se han creado nuevos marcos de referencia, en las clases subalternas, en reemplazo a la situación de incertidumbre prevaleciente, desde 1985.

Los nuevos marcos se asientan principalmente en la identificación étnica–cultural y secundariamente en la adscripción clasista, ya que lo étnico atraviesa transversalmente a las clases subalternas. En ese orden, es que la interpelación cultural ha forzado a las clases medias de las ciudades a plegarse a la movilización, ya que en éstas prevalece el temor ancestral interiorizado a toda muchedumbre movilizada. De esa manera a la vez se ha modificado la correlación social de fuerzas, en el transcurso del conflicto.

Una fortaleza de lo nacional–popular se explica por la acumulación histórica. Esta acumulación se asienta en las experiencias adquiridas en la lucha por la atención a las demandas ancestrales, que protagonizan las naciones originarias. En rigor, también la crisis de febrero tuvo como telón de fondo a las demandas ancestrales; debido a lo cual, posteriormente, figuró en la agenda política nacional la necesidad del establecimiento de un pacto social. La acumulación histórica en el seno de la masa, impidió el desarrollo del proyecto nacional, en torno a Gonzalo Sánchez de Lozada, pretendido por la iglesia, bajo el programa mínimo. Esta movilización actualizó la escuela que subyace en lo profundo de la sociedad civil boliviana y que es el resultado de las experiencias colectivas; en su origen lejano, estas experiencias arrancan con el levantamiento indígena de 1780, en el marco de la resistencia anti–colonial. Así, la acumulación reproduce también las estructuras de resistencia indígena, entre ellas el Ayllu. En esta reproducción se recrean las formas de organización de la sociedad andina, bloqueando los proyectos estatales del señorío. Paralelamente, los episodios triunfantes como la revolución del 52, bloquean al propio movimiento popular, al cimentar en él una visión maximalista.

Puede decirse que la actual crisis estatal dibuja una continuidad en relación al fracaso de las constantes reestructuraciones estatales ensayadas, sobre le supuesto de un sistema político monocultural. El Estado, al impedir las participaciones institucionalizadas de la cultura andina–amazónicas, no visualiza la reproducción de las estructuras, particularmente endinas. Esta reproducción se opera a través de permanentes movimientos de reactualización y en tanto mecanismos de cohesión social de las naciones originarias, reproduce el pensamiento andino y renueva sus mecanismos de resistencia.

Debido a que el conflicto social ha puesto en evidencia el rápido desgaste de las reformas al Sistema Político y ha reproducido el tradicional desencuentro entre Estado y sociedad, puede señalarse que ha expresado la confrontación profunda, referida a la validez de la forma liberal de la democracia (aunque en esencia antidemocrática) o de la democracia comunitaria. Aunque la resolución constitucional no fue ajena al espíritu democrático general, representó un punto intermedio en esta disputa. Esta situación, a su vez, demanda la reelaboración de conceptos tales como democracia y representatividad.

Desde el otro ángulo, tanto el colonialismo interno como la incapacidad de la oligarquía para establecer su dominación ideológica, son el reconocimiento, en el plano

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estructural, del hecho que la oligarquía nunca tuvo el control efectivo de la tierra, ya que su acceso a ella estuvo mediada por los indígenas. Así, éstos aseguraban la base material de la reproducción tanto de sus estructuras económicas y simbólicas como de su modo de producción, su espiritualidad y su ideología. Este hecho explica el que la ideología del Estado moderno (el NR) fuera cuestionado a partir de un asiento ideológico alternativo, desde que el movimiento indio–campesino se aislara del ratio del Estado del 52. Con este aislamiento, iniciado en 1974, comienza la fase de declive del Estado y de su ideología, cuyas derivaciones colocan para el año 2003 en adelante, a lo nacional–popular, en situación de disputa por el poder. En contra partida, muestra a la vez que la dominación superestructual (política y jurídica) oligárquica no pudo desorganizar los núcleos estructurales andinos.

Desde ya, la nomenclatura Estado–sociedad civil tiene, en Bolivia, una utilidad relativa, debido a que no se ha producido la separación entre ambos, al tratarse de un Estado premoderno e inestructurado. Por ello, los “hombres de Estado” son a la vez “hombres de negocios” y trasladas sus hábitos y comportamientos empresariales al ámbito del manejo de la cosa pública. El primer efecto será el que los problemas particulares se transforman en problemas de Estado, en el marco general del arrinconamiento a las naciones originarias, en base al despojo de sus tierras y la desorganización social y cultural. Las constantes reformas estatales no han sido sino actos preventivos de la oligarquía y momentos de nuevas agresiones a las naciones originarias.

También la reforma neoliberal iniciada en 1985 mantiene esta tradición, ya que fue impuesta por el señorío desde el Estado, en un estado colectiva de expectativa pasiva. Esta característica del momento constitutivo del neoliberalismo explica el rápido desgaste de las estructuras estatales de mediación, debido a la desatención a las políticas sociales y a la enajenación del patrimonio nacional. Junto a los efectos de la exclusión política, las mediaciones actuaron a “ciegas” ante las demandas sociales, sin poder absorberlas molecularmente. Por ello la crisis de hegemonía es también una crisis orgánica que rompe el precario equilibrio de las clases, necesario para la estabilidad democrática. Complementariamente, el Sistema Político no tuvo la capacidad de compensar la “penuria de legitimidad” provocada por la reestructuración estatal. Al contrario, al reproducir el comportamiento político tradicional de la oligarquía, aceleró su deslegitimación.

La reproducción de las prácticas tradicionales en ambos conjuntos sociales forman parte de las explicaciones de la crisis estatal y en tales condiciones, ésta abre un espacio de disponibilidad social, apto para la circulación e interpelación de proyectos e ideologías alternativas, en el marco de las construcciones contrahegemónicas. La convergencia de voluntades alrededor de un discurso alternativo anti–oligárquico, habla de la conformación de un nuevo bloque histórico; para el caso, de la recepción social de un “nuevo” proyecto, basado en el pensamiento filosófico andino. Con todo, el actual estado de disponibilidad no ha sido llenado por un discurso nacional interpelatorio. Un discurso de esta naturaleza, deberá recoger la multiculturalidad existente en la sociedad boliviana e institucionalizarla en las estructuras estatales, en términos tanto de la unidad general–nacional, del respeto a las diversidades, como de un equilibrio de fuerzas sociales.

Por último, digamos que dentro del análisis bibliográfico se encontró dos líneas de análisis, la primera, un problema que la ciencia social y política boliviana viene trabajando hace muchos años atrás: “la crisis de la representación política”, orientada a la estabilidad o la gobernabilidad generada por el sistema de representación política, mientras que otra línea emergente en los últimos años: “la emergencia de los nuevos movimientos sociales” dice

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ser, la crisis social y política que genera espacios propicios para el cambio democratizador. Entonces, podríamos advertir que el surgimiento de nuevos movimientos sociales y la instauración de los mismos en un sistema en que la movilización social es también un retazo del juego democrático.

En este sentido, Bolivia vive actualmente un momento trascendental dentro de su vida política con la búsqueda de la instalación definitiva de una democracia seria y responsable. De no encontrar un nuevo modelo de proyecto global e institucional de país, tanto por parte de los partidos tradicionales como de los nuevos partidos sociales emergentes o la articulación de ambos en un ambiente de convivencia, Bolivia seguirá viviendo en una incertidumbre aguda.

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Bibliografía

ALBÓ Xavier y Joseph M. Barnadas, La cara india y campesina de nuestra historia, La Paz, Cipca/Reforma Educativa (4ta. Ed. Ampliada; 1ra. Ed., 1984), 1995.

ALBÓ Xavier, Iguales aunque diferentes. CIPCA. La Paz, Bolivia, 1999.ALMARÁZ, Alejandro, “Restituyamos los Hidrocarburos al patrimonio nacional”. En: El

Gas y el destino de Bolivia. CEJIS, Santa Cruz, Bolivia, 2004.AMIN, Samir, El Capitalismo en la era de la globalización, Ed. Paidos, Barcelo, España.

1999.ANTEZANA J., Luis H., “La diversidad social en Zavaleta Mercado”. CEBEM, La Paz,

Bolivia. 1991.ARZE, Gonzalo, “Experiencia Metodológica de Análisis Urbano: Reflexiones en torno al

caso de la ciudad de El Alto, Bolivia”, Tesis de Magíster en Urbanismo, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile, 2002.

BELLO, Álvaro, Etnicidad, conflicto étnico y ciudadanía en América Latina, División de Desarrollo Social, CEPAL, 2003.

BORDIEU, Pierre, “El sentido práctico”. Ed. Taurus humanidades. Madrid, España, 1991.CALDERÓN, Fernando, Jorge Dandler, Bolivia: la fuerza histórica del campesinado,

Cochabamba, Ceres, 1984.CAMPERO, Fernando, “Bolivia en el siglo XX: la formación de la Bolivia

Contemporánea”, Harvard Club de Bolivia, La Paz, Bolivia, 1999.DELEUZE, Gilles; Guattari, Féliz, “Mil mesetas – capitalismo y esquizofrenia”. Pre-textos.

Valencia, España, 1997.GIUST, Miguel, “Alas y raíces: Ensayos sobre ética y modernidad”. Pontificia UC Perú.

Lima Perú, 1999.GUZMÁN Boutier, Omar, “Contexto social durante la producción de la Ley INRA”. C y C.

La Paz, Bolvia, 2002.GUZMÁN Boutier, Omar, “Lo nacional – popular en movimiento: Asonada popular y

nuevas hegemonías”, UMSA, La Paz, Bolivia, 2004.HABERMAS, Jurgen, “Problemas de legitimación en el capitalismo tardío”. Amorroutu.

Buenos Aires, Argentina, 1975.HABERMAS, Jurgen, “Acción comunicativa y razón sin trascendencia”. Paidos, Buenos

Aires, Argentina. 2002.Instituto Nacional de Estadística (INE), “Censo Nacional de Población y vivienda:

Resultados finales”, La Paz, 2002.KLEIN S. Herbert, “Origenes de la Revolución Nacional Boliviana, la crisis de la

generación del Chaco” (1ra. Ed., 1968), La Paz, Bolivia.KLEIN S. Herbert, “Historia de Bolivia” (6ta, Ed., 1996), La Paz, Bolivia.LECHNER, Robert, “Los patios interiores de la democracia”. FLACSO, Santiago, Chile,

1988.LECHNER, Robert, “La dimensión cultural de la política”. Entrevista de Adrián Acosta

Silva. Revista Nexos. México, s/f.LIPSET, Seymour Martín, “Algunos requisitos sociales de la democracia. Desarrollo y

legitimidad política”. En: “Diez textos clásicos de Ciencia Política”. Ariel. Barcelo, España. 1959.

MAMAMI, Carlos, “Los Aymaras frente a la historia. Dos ensayos metodológicos”. Aruwiyiri, Chukiyawu. La Paz, Bolivia, 1992.

98

MANSILLA, H.C.F., “La cultura política del autoritarismo ante los desafíos del presente”. CEBEM. La Paz, Bolivia, 1991.

MEDINA, Javier, “A manera de prólogo”. En: “Territorio y participación popular”. Min. de Desarrollo Humano. La Paz, Bolivia. 1997.

PONCE Sanginés, Carlos, Tiwancaku y su fascinante desarrollo cultural”. CIMA, producciones. La Paz, Bolivia, 2002.

PORTANTIERO, Juan Carlos, “Los usos de Gramsci”. Folios editores. México, 1981.PORTANTIERO, Juan Carlos, “La democracia del Estado”. En: Grompone Ed. 1995.POULANTZAS, Nicos, “Poder político y clases sociales en el estado capitalista”. Siglo

XXI. 22ª. Ed. México, 1985.REVILLA Blanco, Marisa, “El concepto de movimiento social: Acción, identidad y

sentido”. En Grompone Ed., 1995.RIVERA Cusicanqui, Silvia, “La raíz: Colonizadores y colonizados”. En: “Violencias

encubiertas en Bolivia”. CIPCA – ARUWIYIRI. La Paz, Bolivia, 1993.ROJAS Ortuste, Gonzalo, “Democracia en Bolivia. Hoy y mañana”. CIPCA 41. La Paz,

Bolivia. 1994.SCHWARZ, Bukhard, Estrategias neocoloniales de desarrollo versus territorialidad

chiquitana”. Ed. Semilla. La Paz, Bolivia, 1994.TAPIA, Luis, “La condición multisocietal”. Ed. Muela del Diablo. CIDES – UMSA. La

Paz, Bolivia, 2002.UNTOJA Ch., Fernando, “Rebelión de un Kolla”. Fondo Editorial de los diputados. La Paz,

Bolivia, 1999.VALENZUELA, Rodrigo, “El conflicto indígena en Bolivia” en Publicaciones del Instituto

de Investigación y Postgrado, Universidad San Francisco de Asis, La Paz, Bolivia, 2000.

ZAVALETA Mercado, René, “Lo nacional – popular en Bolivia”. Siglo XXI. México, 1986.

ZAVALETA Mercado, René, “Bolivia, hoy”. Siglo XXI. México, 1987.ZAVALETA Mercado, René, “El Estado en América Latina”. Los Amigos del Libro,

Cochabamba, Bolivia, 1990.ZEMELMANN, Hugo, “De la historia a la política”. Siglo XXI. México, 1998.

99