Libro xaman 1 255 cast ok

Contexto histórico - 1

Xamán

un ejemplo de impunidaddentro del genocidio guatemalteco

y experiencias comparadasde países latinoamericanos

Xamán

Xamán

un ejemplo de impunidaddentro del genocidio guatemalteco

y experiencias comparadasde países latinoamericanos

©Memoria Verdad y JusticiaGuatemala©Mugen GainetikPortuetxe, 15, 1º.20018. Donostia – San SebastiánTel. 943.316214e-mail:[email protected]© de esta ediciónTercera Prensa – Hirugarren PrentsaPeña y Goñi, 13, 1º,20002. Donostia – San Sebastiáne-mail: [email protected]

Foto portada: Ameraun

ISBN: 84-87303-92-7Depósito Legal: NA 3045-2006Imprime: Gráficas Lizarra

Índice temático

- Fuentes y autores

- Prólogo

- Contexto histórico

- Preámbulo de Rigoberta

- Caso Xamán

- La masacre de Xamán desde unaperspectiva psicosocial

- Experiencias comparadas de AméricaLatina; Argentina.

ANEXOS

- Auto de la Audiencia Nacional, respecto ala impartición de justicia en el genocidioguatemalteco.

9

15

23

67

83

157

195

223

Compilador de autores:

Xabier GoikoeleaAmeraun

Fuentes y autores - 9

Fuentes y autores

-¿Para qué tocar las heridas?Alguien le responde:

-Para qué va a ser, para curarlas.Y la mujer añade:

-¿pero quién se atreve?

Diálogo en la película de Montxo Armendáriz,El Silencio Roto

Más que los actos de los malos, me horroriza la indiferencia de los buenos

Gandhi

Stella Calloni: Operación Cóndor, pacto criminal; Ediciones La Jornada,Ciudad de México 2001

Jennifer Schirmer: profesora de estudios sociales en la Universidad deHarvard, asociada al Centro para Asuntos Internacionales en Harvard. Pu-blicó el libro, ´Las intimidades del proyecto político de los militares enGuatemala´, editado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,FLACSO, Guatemala, el año 1999.

Carlos Figueroa Ibarra: Doctor y profesor-investigador del Instituto deCiencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autóno-ma de Puebla, México, especializado en Sociología de la Violencia. Guate-malteco de origen, con militancia política en el Partido Guatemalteco delTrabajo durante los años setenta, Carlos Figueroa opta por exiliarse a Méxicodespués de la ejecución extrajudicial de sus padres perpetrada en CiudadGuatemala el 6 de junio de 1980, por miembros del “Ejército SecretoAnticomunista”. Es él mismo sobreviviente de una lista de personas a ser

10 - Xamán

ejecutadas. Ha publicado numerosos artículos y trabajos, además de variasobras entre las cuales destacan “El Proletariado Rural en el Agro Guate-malteco” (1980), “El Recurso del Miedo. Ensayo sobre el Estado y terroren Guatemala” (1991), “América Latina, violencia y miseria en el crepús-culo del siglo” (1996), “Los que siempre estarán en ninguna parte. La des-aparición forzada en Guatemala” (1999) y “Paz Tejada, militar y revolucio-nario” (año 2001).

Gustavo Meoño Brenner: Cuadro y militante del Ejército Guerrillero delos Pobres –EGP- desde su fundación hasta el año de 1993, Gustavo Meoñose reinserta a la vida civil asesorando los campamentos organizados delrefugio indígena guatemalteco en México, así como otras expresiones de lasociedad civil de Guatemala. En 1994, integra la recién nacida FundaciónRigoberta Menchú Tum en calidad de Director General para, en 1999, con-vertirse en su Director Fundador. Reconocido analista político, ha publica-do numerosos artículos y columnas de opinión sobre los temas de la luchacontra la impunidad, de la justicia y de la democracia, además de ser uno delos principales integrantes del equipo multidisciplinario que persigue antelos tribunales españoles y belgas a los genocidas guatemaltecos. En sep-tiembre del año 2005, tras haberse descubierto en Ciudad Guatemala los“archivos del terror” de la Policía Nacional, la Procuraduría de los Dere-chos Humanos le ofrece la Dirección de dicho Archivo2, responsabilidadque sigue asumiendo hasta la fecha, impulsando el Proyecto de Recupera-ción del Archivo Histórico de la Policía Nacional. Escribió “Guatemala:laboratorio del terror de Estados Unidos”, “La desclasificación en años re-cientes de los documentos publicados por el Pentágono, el Congreso, laCIA y el FBI ha permitido la reconstrucción de sucesos dudosos del pasadomilitar de Estados Unidos”. Algunos de estos documentos desclasificadospublicados el 12 de mayo de 2005, encontrados en el Archivo de SeguridadNacional por la Universidad George Washington, sacan a la luz los manua-les de interrogatorios de la CIA redactados en los años 60 y 70 que revelan“técnicas coactivas” similares a las practicadas recientemente en Abu Ghraib.Es director de la Asociación Memoria, Verdad y Justicia.

Rigoberta Menchú Tum: Premio Nobel de la Paz 1992, indígena, Maya-Quiché, nacida el 9 de enero de 1959 en Chimel, Municipio de Uspantán,Departamento de El Quiché, en Guatemala, Centroamérica. Hija de Vicen-te Menchú Pérez, luchador por la tierra y los derechos de los indígenas,quien murió calcinado el 31 de enero de 1980, junto con otras 36 personas,en la masacre de la Embajada de España; y Juana Tum K'otoja', indígena


experta en partos, secuestrada el 19 de abril de 1980 y desaparecida desdeentonces. Rigoberta Menchú Tum, ha sabido desarrollar como pocos la "es-pecialidad" a que aludía Elytis: la defensa de los derechos humanos y de lospueblos indígenas, la lucha por la paz. Menchú ha sido la segunda granfigura guatemalteca en recibir el Nobel, después de que a Miguel AngelAsturias se le concediera el de Literatura en 1967. Fue el 16 de octubre de1992 cuando la Academia anunció la concesión del Premio Nobel de la Paza Menchú, por su trabajo en favor de la justicia social y la reconciliaciónentre los diferentes grupos étnicos. Entre otros fue apoyada, por figuras dela talla del obispo sudafricano Desmond Tutú o del argentino Adolfo PérezEsquivel (ambos reconocidos con el mismo Premio).

Humberto Rolando Cabrera: miembro de la Fundación RigobertaMenchú. Fundación que nació en el 1993 y cubre cuatro áreas de trabajo:derecho e identidad de los pueblos indígenas, derechos humanos, proyec-tos para el desarrollo sostenible y participación ciudadana», explicó. Ca-brera hizo un repaso a la historia reciente de su país, marcada por la suce-sión de gobiernos dictatoriales. ́ La paz se alcanzó en 1996, pero las secue-las son muy grandes´, dijo. Y añadió: ´Se están haciendo esfuerzos paraconstruir un nuevo modelo de sociedad´. Guatemala vive una situación eco-nómica precaria, y se excluye a los indígenas (que constituyen el 60 porciento de la población), a las mujeres y a los jóvenes. Él trabajo que hace-mos se consigue gracias a la coordinación entre distintos organismos´, dijoCabrera. La aspiración de los movimientos sociales de Guatemala es únmundo mejor con la participación de mujeres, jóvenes e indígenas´, dijoCabrera. Y concluyó afirmando que la solidaridad es recíproca: Ńosotrosla recibimos y tenemos la esperanza de colaborar con ustedes en una nuevahumanidad que respete los derechos humanos´.

William Ramírez: abogado peruano, graduado en la Universidad Nacio-nal Mayor de San Marcos, Lima. Asesor jurídico del Area de Investigacióny Análisis de la Fundación Myrna Mack, Ciudad de Guatemala.

María Luisa Cabrera Pérez-Armiñan: Psicóloga y Doctora por la Uni-versidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencia Política y Sociolo-gía, departamento de Antropología Social. Residente en Guatemala desde1988 con amplia experiencia en el campo de la Salud Mental Comunitariay los Derechos Humanos, intervención psicosocial en ayuda humanitaria einvestigación antropológica con comunidades mayas así como con gruposdesplazados, refugiados y mujeres. Ha publicado varias investigaciones y

12 - Xamán

artículos y participa en varios proyectos de apoyo psicosocial sobre memo-rias de la violencia y producción de materiales educativos. Su tesis doctoral(2005) versó sobre, ´Violencia e impunidad en Comunidades Mayas deGuatemala : la masacre de Xamán, en la Facultad de Ciencias Políticas ySociología, Departamento de Antropología Social. http://www.ucm.es/BUCM/tesis/cps/ucm-t28075.pdf

Martín Beristain. Médico y especialista en educación para la salud. Desde1989 ha trabajado en El Salvador, México, Guatemala, Colombia, Perú, yen programas de atención a personas y comunidades afectadas por la vio-lencia y apoyo a los grupos de Derechos Humanos. Fue asesor de saludmental del Proyecto de Reconstrucción de la Memoria Histórica y coordi-nador del informe Guatemala Nunca Más. Trabaja en la formación de pro-fesionales de salud, personas voluntarias y cooperantes, en el área de saludmental y Derechos Humanos. Profesor del Diploma Universitario Europeoen Ayuda Humanitaria Internacional. Universidad de Deusto. Red NOHA(ECHO). Es autor de varios libros sobre esta temática, entre ellos: Afirma-ción y Resistencia. La comunidad como apoyo (Virus,1991); Reconstruirel tejido social. Un enfoque crítico de la ayuda humanitaria (Icaria,1999); oViolencia, Apoyo a las víctimas y reconstrucción social. Experiencias in-ternacionales y el desafío vasco (Fundamentos, 2000).

Eduardo Salerno: Abogado militante de Derechos Humanos y LibertadesPúblicas desde su matriculación en 1970. En marzo de 1976, fue detenidopor las Fuerzas Armadas y llegó a ser considerado desaparecido. Sobrevi-vió al campo de torturas y exterminio llamado "La Cueva", ubicado dentrode la guarnición militar de la Fuerza Aérea Argentina en Mar del Plata. Fueliberado el 27 de septiembre de 1976. En 1984 formula la denuncia ante laComisión Nacional por la Desaparición de Personas. En marzo de 1985 yhasta noviembre de 1988, se desempeña como abogado de la asociaciónMadres de Plaza de Mayo. Durante la década de los 90 expone en diferen-tes países de Europa, invitado por el Departamento Jurídico de AmnestyInternational, sobre el copamiento del cuartel militar La Tablada. Es aboga-do de la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú en juicios por delitosde lesa humanidad, como la causa por la Matanza de Xamán como se cono-ce el asesinato de indígenas guatemaltecos que retornaban del exilio enMéxico. Conoce a fondo el aparato de procuración de justicia guatemalte-co. Ha chocado frontalmente con él como asesor en las demandas de laantropóloga Mirna Mack, del obispo Gerardi, de la matanza de Xamán yotros. Sabe cómo desaparecen, burdamente, las pruebas de las masacres,


cómo se compran testigos, cómo actúan los jueces por consigna, o cómoson presionados si pretenden salirse del carril. Hace votos para que en losprocesos por la represión del pasado en México no se cometan los mismoserrores que en Guatemala, "donde el Poder Judicial sigue igual o peor queen tiempos del conflicto armado".

María Estela López Funes: Abogada de la FRMT que prestó asistencialegal a los sobrevivientes de la masacre de Xamán, realizada en 1995 porelementos del ejército... Primera mujer abogada, en el primer juicio a mili-tares guatemaltecos, llevando la defensa de las víctimas de la masacre deXamán, que trabajó junto a la querellante adhesiva, Premio Nobel de la PazRigoberta Menchú, en el mismo caso, que manifestó, 'que se ha necesitadode la sabiduría, abnegación y valentía de mucha gente, dejando dos perso-nas una huella muy profunda en este camino, una mujer pequeñita de esta-tura, pero muy grande por su valor e inteligencia, la abogada guatemaltecaMaría Estela López Funes que ha llevado todo el peso de la conducción deljuicio. Y un hombre, argentino de nacimiento e hijo de Nuestra Américapor vocación, el doctor Eduardo Salerno, que ha sido fundamental con suexperiencia y talento para trazar el camino correcto en medio de tantosobstáculos y peligros. El golpe frontal a la impunidad representada en elFuero Militar; llevar a la cárcel y abrir un juicio legal, por primera vez enGuatemala, a los responsables materiales de una masacre; lograr por pri-mera vez la calificación del delito de "ejecución extrajudicial"; hacer re-gresar a la cárcel a varios de los soldados y al oficial que los mandaba, quehabían sido dejados en libertad condicional por un juez corrupto. Se logrósacar a ese juez corrupto de su silla, aunque no logramos que fuera castiga-do por la ley. Y haber ido derrotando una a una todos los trucos y trampaslegales utilizadas por los abogados militares de la defensa. Partícipe en laelaboración de la demanda por el genocidio guatemalteco...

Lila Victoria Pastoriza: Es Periodista argentina, redactora de la agenciaANCLA, ensayista e integrante de la organización “Memoria Activa” yAsesora del Archivo Nacional de la Memoria en Buenos Aires. Fue deteni-da-desaparecida y sobreviviente del Centro Clandestino de Detención yExterminio de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA).Estudió Derecho y Sociología en la Universidad de Buenos Aires y partici-pó en numerosos seminarios de capacitación en comunicación social. Ac-tualmente trabaja como periodista en la Defensoría del Pueblo de la ciudadde Buenos Aires y colabora regularmente con el periódico "Página 12" y ensu suplemento “Las 12”. Su tarea profesional – reportajes, investigaciones

14 - Xamán

periodísticas, relatos testimoniales y historias de vida - siempre ha estadovinculada a temas de los movimientos sociales - mujer, ecología y pobreza– y a partir de 1998 incluyó cuestiones relacionadas con su intensa activi-dad en el campo de los derechos humanos y la memoria del terrorismo deestado que golpeó su país durante los últimos años. A partir de 1985, cuan-do vuelve a su país después del exilio, Lila Pastoriza trabaja como redacto-ra y/o coordinadora editorial para diversas publicaciones (entre otras, “Elperiodista de Buenos Aires”, “Crisis”, “Vivir”, “Humor”, “Señales”, “In-forme de Situación”, “Cuadernos de El Caminante”, “Página 12”, “Las 12”).Ha publicado “Participación política de la mujer en el Cono Sur” (“MujerHoy”, 1987), “La Mujer y el Trabajo” (Mención en el II Premio Latinoame-ricano de Periodismo José Martí, 1987), “Pobreza: el país de los excluidos”(IPA, 1988), “Impacto del ambiente en las mujeres” (CEADEL, 1992),“Mujeres, ecología y medio ambiente en la crisis” y numerosos trabajos enpublicaciones especializadas, como las historias de vida publicadas en “Pá-gina 12” (de 1998 hasta ahora), las entrevistas de “Campesinas” (a “Trave-sías11”, 2002) y un texto testimonial, “El Pañol” (a “Nexo”, 2001). En elámbito de los derechos humanos, participó en numerosas tareas orientadasa la recuperación de la memoria colectiva.

Prólogo -15

Prólogo

Prólogo -17

Prólogo

Derechos humanos en Guatemala

Tal como señalaba Human Rights Watch, en su informe sobre los DerechosHumanos en Guatemala, después de dieciocho años del regreso del gobier-no civil y diez de la firma de los Acuerdos de Paz, se han hecho pocosavances con respecto a la protección de los derechos humanos y el Estadode Derecho.

Es innegable que Guatemala ha sufrido una serie de cambios en los últimosaños, que se caracterizan por la búsqueda de un Estado de derecho, lo quefue favorecido por la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y laUnidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, el año 1996.

Los años previos, fueron marcados por la violación sistemática de los dere-chos humanos: el genocidio, la tortura, las desapariciones forzadas, la perse-cución e intimidación de civiles, que dieron unas cifras de 200.000 vícti-mas refrendadas por el informe de la C.E.H, Comisión de EsclarecimientoHistórico, creado en el marco de los Acuerdos de Paz, y apoyado por Na-ciones Unidas y su Secretario General.

Pero aún hoy, las cifras de violencia se acercan a las cifras de los períodosdel conflicto, que este año 2006, en el intervalo de enero a agosto, se ele-van a 2.617 muertes, y respecto al último mes, hay un aumento de 13 casosmás que en el mismo período de 2005, sumando un total de 329 casos en elmes de agosto.

Una parte importante de estos hechos derivan de la situación de la pobla-ción de Guatemala, que vive en condiciones de extrema vulnerabilidad,siendo la violencia, linchamiento, amenaza, violación y muerte, parte dellenguaje de la vida cotidiana, que bien reflejan las cifras señaladas sin que lasautoridades impulsen políticas o programas que garanticen su erradicación.

La respuesta contra la delincuencia y el crimen organizado ha sido suma-mente pobre, porque no se cuenta con capacidad o porque no se tiene vo-luntad para investigar y dar con los responsables materiales o intelectualesde la inseguridad.

18 - Xamán

Guatemala se ha convertido en un país sumamente violento, que presentagraves dificultades para vivir y para desarrollarse. En 2005 se dieron cercade dos mil muertes en las que se aplicó violencia extrema, y constituye unode los factores que viene generando descomposición y debilidad institucionalque se traduce en ingobernabilidad.

La muerte violenta contempla fenómenos que hasta hace poco tiempo noexistían o por lo menos se desconocían, el feminicidio, la limpieza social olas muertes de niños y niñas. Siendo fenómenos nuevos en la sociedadguatemalteca.

El feminicidio se ha convertido desde hace más de cinco años, en una de lasformas nuevas de violencia, que al día de hoy reporta un número de muje-res muertas superior a 2.500, que en la mayoría de los casos suponen, se-cuestro previo, tortura, violación sexual y muerte, siendo las causas, la vio-lencia intrafamiliar, violencia común, violencia provocada por maras, porel crimen organizado, etc.

Es de señalar la limpieza social dirigida contra supuestos integrantes demaras o pequeñas bandas de delincuentes, desapariciones forzadas que enla mayoría de los casos, las víctimas son jóvenes.

Impunidad

Los guatemaltecos siguen padeciendo al día de hoy, un sistema judicial,que no ataja la impunidad, sino que muchas veces imposibilita la obtenciónde justicia, que supone en muchos casos, que organismos de derechos hu-manos se enfrenten a obstáculos de enormes proporciones, por su determi-nación de exigencia y solicitud de justicia.

Esta situación viene dada también, por la inadecuada formación de fiscalese investigadores, junto a unos recursos seriamente inadecuados y la nulavoluntad de resolver en favor de una aplicación de los derechos humanosde manera efectiva.

La resolución de los tribunales es en muchos casos nula, tanto por el proce-dimiento de no resolución expedita de las solicitudes, como por las prácti-cas dilatorias que se permite efectuar a los abogados defensores. Un ejem-plo ilustrativo, el bloqueo de la comisión rogatoria, que visitó Guatemala,

Prólogo -19

dentro del sumario de Demanda por Genocidio interpuesta en la AudienciaNacional, para la indagación de los acusados de genocidio en la causa 331/99, que no se pudo practicar, por el elevado número de recursos que inter-pusieron los abogados de los militares implicados en el mismo.

Instituciones como el ejército y otros estamentos estatales no cooperan ple-namente con las investigaciones de abusos cometidos por sus actuales oantiguos miembros, y de ello tenemos buena muestra en el desarrollo deljuicio del caso Xamán.

También hay que señalar la nula o no adecuada protección que la policíaofrece a los jueces, fiscales y testigos involucrados en casos políticamenteconflictivos, de lo que tenemos numerosos ejemplos, de miembros de lajudicatura guatemalteca que han tenido que salir del país, en aras de preser-var su integridad.

Casos como el de las Dos Erres, donde se ha enjuiciado a antiguos oficialesdel ejército presuntamente responsables de la masacre, cometida el año1982, en la que murieron 162 personas, se ha retrasado durante años me-diante las peticiones dilatorias de la defensa.

Entre los principales problemas que se presentan en el funcionamiento delsistema de justicia, tenemos: a) La obstaculización intencionada de las in-vestigaciones por parte de las autoridades del propio Estado. Esto esatribuíble a que todavía permanecen intactas las estructuras controladaspor el Ejército, que se ocupan de ocultar y negar la información requeridapor los tribunales. Cada vez que un juez solicita información, Defensa Na-cional responde alegando improcedencia según supuestos ´secretos de Es-tado´; b) La alteración o ´pérdida´ de material probatorio obtenida por elMinisterio Público o la querella; c) Las dificultades para exhumaciones encementerios clandestinos; d) Las intimidaciones y amenazas a los operado-res de justicia y testigos de un hecho criminal, lo que a veces conduce alexilio y en el peor de los casos al asesinato de los mismos; e) La corrup-ción, que se encuentra arraigada en todos los niveles del sistema judicial; f)La falta de colaboración de jueces y fiscales; g) Los retrasos injustificadosen el trámite de los procesos; h) La negativa de los representantes del Mi-nisterio Público a iniciar una investigación seria en relación con los críme-nes cometidos.

Las pocas condenas dictadas en casos de derechos humanos han conlleva-

20 - Xamán

do un costo considerable. En el caso de Myrna Mack, antropóloga asesina-da en 1990, llevó más de una década obtener la condena del coronel delejército Valencia Osorio por su participación en la organización del asesi-nato. Durante ese tiempo, un investigador de la policía que reunió pruebasincriminatorias fue asesinado, y otros dos investigadores, además de trestestigos, recibieron amenazas y huyeron del país. La condena fue anuladaposteriormente por un tribunal de apelaciones en 2003, y fue finalmenteconfirmada por la Corte Suprema en 2004. Sin embargo, Valencia Osoriopudo escapar de la custodia policial y no ha cumplido su sentencia.

Recorrido histórico y perspectivas de futuro

Este recorrido de la situación de violación de los derechos humanos y lapermanente impunidad, mantiene a la sociedad guatemalteca con el pesode la losa de la impunidad, que la imposibilita para un avance real y efecti-vo en sus condiciones de vida y de disfrute de sus derechos humanos.

El Caso Xamán, dentro de este recorrido de violaciones al debido derechose ha convertido en un caso paradigmático sobre los derechos humanos y laimpartición de justicia en Guatemala.

La firma de los Acuerdos de Paz fue un paso que pareciera enfrentar unainsostenible situación de ruptura de los derechos humanos permanente, dedar vida a la realidad de la sociedad guatemalteca, multilingüe, multiétnicay pluricultural, pero a los 10 años de su firma, la realidad que se vive espoco esperanzadora, por el grado de violencia y víctimas que se siguendando.

Parte importante de esa realidad, de ese no cumplimiento de los derechoshumanos, es la realidad a la que está condenada una gran parte de la socie-dad, que sufre unas condiciones de vida extremas, con falta de seguridadextrema, desarrollo económico escaso o inexistente, impunidad que al díade hoy continúa, aunque haya algunos destellos fugaces positivos, lo mis-mo que un sistema político que mantiene un grado de participación y deposibilidades de mejora, prácticamente pírricas, con unas reglas de actua-ción que son poco asequibles a las grandes mayorías del país.

Y que decir de la realidad cultural, que sigue sin ser reconocida, sin serapoyada, con nulos esfuerzos que posibiliten su normalización, su situa-

Prólogo -21

ción lingüística, patrimonio cultural ancestral, que no encuentra caminosde apuesta para su normalización y uso, reconocimiento, posibilidad de serinstrumento de uso moderno y válido en las relaciones de comunicación,enseñanza, relaciones públicas y trato con la administración.

Es en gran medida como si se hubiese apostado por mantenerse en el pasa-do, o mantener a la gran mayoría de la población en el pasado, sin avances,sin reconocimiento de las realidades propias del país, sin apostar porque lapoblación del país tenga el derecho a la vida, al desarrollo, a la cultura, a lalengua, etc., que es necesario reconocerla y proponerle los medios que ha-gan posible la consecución de todos los derechos humanos, políticos, eco-nómicos, culturales y de desarrollo que se quisiera proponer e implantar,por los propios detentadores de esos derechos, la población de Guatemala.

Algunos de los avances de los derechos humanos han sido logrados con sudemanda en países o estamentos externos al país, Mirna Marck, Demandade genocidio interpuesta por Rigoberta Menchú, que tiene el respaldo judi-cial, en el marco de la jurisdicción universal, por ser los crímenes que sejuzgan, crímenes de lesa humanidad, que no prescriben y pueden ser juzga-dos en cualquier país, lo mismo que apoyos por parte de la CorteInteramericana de Derechos Humanos, o recientemente el pronunciamien-to del Parlamento Europeo, exigiendo el juzgamiento de los imputados porel genocidio guatemalteco.

En lo que respecta a la violencia, hay que poner medios que hagan frente alalto número de víctimas, que año a año superan varios miles, incluido unimportante número de mujeres, niños y niñas entre ellos. Y para que elderecho a la seguridad que exige el cese de esta violencia se materialice, lamisma sólo podrá ser abordada y resuelta por medio de aplicar la justicia,resolver los problemas por medio del diálogo y la participación, lograndode esta forma el disfrute de los derechos humanos, que son derechos quecorresponden a toda la ciudadanía.


Contexto histórico


Guatemala la dulce, cada losade tu mansión lleva una gotade sangre antigua devorada

por el hocico de los tigres.Alvarado machacó tu estirpe,

quebró las estelas astrales,se revolcó en tus martirios

Pablo Neruda

El caso Xamán: ejemplo paradigmáticode la construcción de la impunidad enGuatemala

En el presente trabajo se aborda la historia de la impunidad en Guatemaladesde una perspectiva poco usual, a través de un caso paradigmático: lamasacre de los pobladores de la finca Xamán, ubicada en la parte Norte deGuatemala, en el municipio de Chisec, departamento de Alta Verapaz.

El 5 de octubre de 1995 una patrulla militar de 26 soldados y un subtenienteprocedentes de un destacamento militar próximo entraron en la comunidadAurora 8 de Octubre, Xamán.

Cuando se encontraban delante de un grupo de población que se había con-centrado para exigirles su retirada y pedían la presencia de MINUGUA,Misión de Naciones Unidas para Guatemala, para que verificara los he-chos, los soldados dispararon contra el grupo en el que se encontraban unas100 a 150 personas entre hombres, mujeres y niños, con el resultado de 11personas muertas, incluyendo 2 niños y 27 heridos de diversa considera-ción, 6 de los cuales quedaron muy graves

El juicio de Xamán, como se conoce interna e internacionalmente, ha mar-cado la historia de Guatemala. Por primera vez una comunidad indígena

26 - Xamán

reclama ante los tribunales de justicia que se enjuicie a miembros del Ejér-cito, y por primera vez un expediente judicial en donde intervienen milita-res, es trasladado de un Juzgado Militar a un Juzgado de Orden común.

El traslado y desaparición del fuero militar al civil, generó la necesidad deplantear una iniciativa de ley que concluyó con el cierre de los JuzgadosMilitares, y la desaparición del fuero militar. Fuero en el que los militareseran juzgados exprofeso. Pasan a tener que dar cuenta de sus delitos en losjuzgados civiles, por primera vez en la historia de Guatemala.

También por primera vez, una patrulla militar es acusada de la comisión deldelito de ejecución extrajudicial. Los logros obtenidos con esa modifica-ción jurídica han sido significativos para Guatemala en la lucha contra laimpunidad y la construcción de un estado de derecho.

Sin embargo no ha sido una tarea fácil. Ha supuesto una lucha constantecontra una institución armada, que ha gozado a lo largo de varias décadasde total impunidad, y que cumplió un papel determinado y determinante,para entorpecer el normal procedimiento del juicio: destruir y contaminarlos elementos de prueba que podrían utilizarse para condenarles. Con esteproceso también se inició una lucha contra un sistema de justicia corrupto,que se plegó a los requerimientos de la institución armada.

Hasta ahora se han realizado 3 juicios públicos. Dos fueron suspendidosen sus inicios y dos fueron concluidos. La primera sentencia que se dictófue anulada y la segunda, dictada el 8 de julio del 2004, condenó a losresponsables, que al día estaban en prisión, a 40 años de prisióninconmutables por los delitos de Ejecución extrajudicial y lesiones graves.

Es de señalar que esta condena a sólo una parte de la patrulla militar se debea que algunos de ellos, menos de la mitad de la patrulla militar, se dieron ala fuga. El estado de Guatemala no se interesó por su captura para ponerlosa disposición de los jueces, condenando por tanto sólo a los presentes.

Tribunal de Cobán

La actitud mantenida por el tribunal que juzgó el Caso Xamán siempre semanifestó por sus parcialidades y facilidades a los defensores de los milita-res acusados. Actitud contraria a la mantenida con la acusación y la quere-


llante adhesiva, a las que se les opusieron todo tipo de trabas e impedimen-tos para dificultar su trabajo.

A este respecto hay que señalar la maniobra de vaciar el contenido del jui-cio, que se produce en la última etapa del proceso, la de la vista oral de lacausa o debate, que es precedida por la etapa procesal del ofrecimiento deprueba.

Aquí se verifica un verdadero atropello en contra de la querellante adhesivay también contra las posibilidades de que se haga justicia. En términosjurídicos procesales no puede calificarse más que como una verdadera trampajurídica.

Ésta se materializa después de que las partes ofrecen pruebas, para que eltribunal las rechace o acepte, medida tomada por el tribunal mediante unaresolución del 6 de abril de 1998 que las partes rechazan.

Ante la oposición a lo allí resuelto, se dicta la última y definitiva resolucióncon fecha 16 de abril de 1998, mediante la cual se rechaza y elimina delexpediente una cantidad amplia de elementos de prueba presentadas por laquerellante adhesiva, entre las que el contenido de los Acuerdos del 8 deOctubre de 1992, que establecía el estatuto jurídico especial de los refugia-dos de la finca Xamán, espacio en el que no debían ingresar los militares.

Pero lo más grave es que mediante esta resolución, el tribunal acepta laspruebas periciales presentadas, realizadas por los peritos militares en regi-mientos militares, sin autorización, ni participación, ni conocimiento delMinisterio Publico, ni de la querellante adhesiva, ni del propio juez.

En definitiva, en un primer momento el tribunal rechaza a los abogados delos militares numerosas pruebas por improcedentes. Luego, cuando no ha-bía posibilidad de apelar, se las acepta todas y quedan incorporadas en elproceso.

Este procedimiento es manifiestamente ilegal tanto en su contenido comoen su incorporación. Es la sustancia de la trampa. Por el contrario, a laQuerellante y al Ministerio Público, se le rechazan la mayoría de sus prue-bas, sin dar razones serias para ello. En ese momento el proceso quedóvacío de prueba de acusación.

28 - Xamán

La trampa jurídica queda así configurada porque no existe ya procesalmenteposibilidad de que la querellante adhesiva o el Ministerio Público se opon-gan. Se completa la trampa notificando la resolución el día 17 de abril delmismo año, un día viernes, a un solo día hábil antes del 21 de abril, en quese inicia el debate.

Por otra parte y también en contra de todo el ordenamiento legal, el día 20de abril después de las 2:00 PM llega una única notificación convocando alos testigos, consultores técnicos y peritos de la querellante adhesiva. Lanotificación se hace en Guatemala ciudad capital, y la convocatoria es parael día siguiente a las 8:00 horas AM en la ciudad de Cobán, a más de 206kilómetros de distancia por caminos de montaña, que requieren por lo me-nos 5 horas de viaje.

Intentos por reconducir la situación

Frente a esta situación, la querellante elabora de inmediato un Recurso deAmparo que presenta justo antes del inicio del debate, y en el que inclusivesolicita la suspensión del mismo hasta que se remedie esta situación de injus-ticia. Se utiliza esta vía en la medida en que la solicitud de Amparo es unamedida sumaria y formal establecida para resolver en el menor tiempo posi-ble, y con la menor exigencia y formalidad la violación de normas de origen ysoporte constitucional.

Este Amparo ni aún pasado un mes tuvo solución. Inclusive se le exigió a laquerellante adhesiva para tratarlo, y sin ninguna razón jurídica que lo sos-tenga, la entrega de 50 juegos completos de copias cuando en realidad de-bería haber presentado 8.

Es una burda solicitud que se transforma en tener que aportar, teniendo encuenta la extensión del Recurso, un total de 11.700 copias. 2.000 para re-producir el memorial, 4.000 para reproducir la primera resolución del tri-bunal, 1.300 para reproducir la segunda resolución del tribunal, 350 parareproducir el mandato de la Premio Nobel de la Paz, más 3.300 del ofreci-miento de prueba hecho por la querellante adhesiva, más 750 del Recursode Reposición presentado por la querellante adhesiva donde se respondía laprimera resolución del tribunal sobre la prueba.

En definitiva, una solicitud que ni el propio tribunal solicitante tenía forma


material de realizar, dados los escasos recursos y plazos para ello. De estaforma, teniendo presente que es en la segunda resolución donde se configu-ra la trampa jurídica, ésta no pudo ser respondida ya que procesalmente esla última y definitiva.

De esta forma, el tribunal no cumple con las propias leyes que el Estado deGuatemala se ha obligado a cumplir cuando ha firmado instrumentos interna-cionales de protección de los Derechos Humanos, como por ejemplo el Pactode San José de Costa Rica, o el derecho a un Recurso rápido y efectivo en elmarco del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, de Naciones Unidas, queentre otras cuestiones deben garantizar, cumplir con los estándares de gratui-dad, rapidez y eficacia que conceptualmente tiene y que por otra parte el Esta-do de Guatemala se ha obligado a cumplir.

La recusación

El debate fue iniciado de todos modos y desde el primer momento quedó evi-denciada la grosera parcialidad del tribunal, que obligó a la querellante adhesivaa recusarlo.

Sólo en una semana de audiencias se acumularon 29 causales de recusación. Aello se unió el marcado empecinamiento del tribunal en seguir entendiendo enla causa, una vez recibida la recusación y luego de darle tramite para que fueraresuelta por otro tribunal.

De todas formas el tribunal siguió entendiendo en la causa sin apartarse de lamisma y resolvió a favor de los militares. Cuestión prohibida por el propioCódigo Procesal sobre la defensa Común de los procesados.

Suspensión del debate

Finalmente, después de todas estas incidencias el tribunal se vio obligadoa suspender el debate.

En la práctica el tribunal demostró, que previo a la propia dinámica de lasaudiencias, de hecho, ya tenía tomada posición, lo que demostróconvalidándolo, con posiciones autoritarias de su presidente, que a su vezse sustentaban en su falta de pericia y formación jurídica para tratar proce-sos orales y públicos. Todo ello acompañado de actitudes que manifestaban

30 - Xamán

opiniones de éso ya está resuelto´, éso ya está precluido´, en clara líneaviolatoria de las normas del debido proceso, sin tener el menor inconve-niente en violar normas de fondo y forma para favorecer las posiciones delos militares.

Recusación y posterior salida del proceso de la querellante adhesiva

Finalmente, la desaparición de mapas militares y diagramas usados por elSubteniente Antonio Lacán Chaclán y su decisión de no responder a las pre-guntas que se le hacían, lo mismo que el intento de usar otros mapas comoprueba, determinó un pedido de investigación por parte de la querellante quenunca fue contestado por el Tribunal, que sin embargo la sancionó por dichassolicitudes.

La querellante mantuvo su solicitud de reintegración de las pruebas aporta-das al tribunal de forma insistente, pruebas que éste manifestaba habíansido extraviadas. Por tanto la no garantía de las pruebas, la pertinaz negati-va del tribunal a otorgarle la palabra, junto a las graves, reiteradas e irrever-sibles anomalías ya relatadas, determinó la salida de la querellante adhesivadel proceso para no convalidar con su presencia la farsa jurídica a la quellegó el proceso.

Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos

Teniendo presente el Pacto de San José de Costa Rica que reconoce la com-petencia de la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, paraconocer las denuncias de la violación de derechos humanos protegidos enel sistema interamericano, la querellante adhesiva remitió el caso de lasirregularidades del proceso de Xamán a la CIDH, donde se ha abierto unacausa con Ńúmero 11.150 Maurilia Coc Max y otros´.

Con respecto a las expectativas de que la CIDH reconociera la actuaciónirregular en el cumplimiento de las normas del debido proceso, y de la noprestación del servicio de justicia, la Comisión al día de hoy no ha recono-cido la solicitud realizada, una vez vistas las alegaciones presentadas, conlo que todavía no ha dado paso a que la misma sea tratada por la CorteInteramericana de Derechos Humanos.

La demanda se presentó en la CIDH con el objeto de que la Corte decida si


el Estado de Guatemala violó los derechos humanos y el debido proceso enel caso del juicio de Cobán por el Caso Xamán, y ratifique si en el casopresentado hay indicios suficientes de violación de derechos humanos, porlas irregularidades cometidas, y no otorgamiento de la debida justicia, enperjuicio de las presuntas víctimas y sus familiares, y para que dicte lasentencia que corresponda. Caso que al día de hoy sigue en trámite.

Xamán

El caso Xamán, se ha cotejado de forma permanente con otros hechos delas mismas características, y que son los más emblemáticos en la historiacontemporánea de Guatemala; el asesinato de la antropóloga Myrna Mack,la matanza colectiva de la Aldea de las Dos Erres, el asesinato de MonseñorJuan José Gerardi y el tratamiento que la justicia le está dando a lasexhumaciones que se están realizando en el país. Por medio del caso Xamánse detalla cuál es el modus operandi del aparato de justicia del país, siem-pre funcional a la impunidad.

De esta forma, pretendemos mostrar que la prestación de justicia en Guate-mala es absolutamente acorde a la impunidad, y que se hace mediante unamecánica maliciosa desde el inicio, cuyo diseño no es más que una prolon-gada política de estado con fundamento en la histórica actitud de tributacióndel judicial al poder político, la que a su vez admite y recepta los ancestralesprejuicios de índole personal, económica y social que expresa una concep-ción racista que afecta a la mayoría indígena del país.

Historia de la impunidad en Guatemala

El genocidio y la impunidad hunden sus raíces en Guatemala desde losaños 1954, con el golpe de estado contra el presidente electo Jacobo Arbénz.La injerencia del departamento de estado norteamericano y de la agenciacentral de inteligencia, CIA, creó las condiciones para el tremendo conflic-to interno que Guatemala vivió desde 1954 hasta 1996.

Con la firma de los Acuerdos de Paz, Guatemala se convierte en un casoparadigmático en toda América Latina en lo referente a violaciones de losderechos humanos, con un genocidio reconocido por Naciones Unidas, enel informe de Esclarecimiento Histórico, C.E.H., de más de 200.000 vícti-

32 - Xamán

mas, así como en el Informe de la Recuperación de la Memoria Histórica,REMHI, realizado por el Departamento de DD.HH. del Arzobispado deCiudad de Guatemala, siendo también un caso paradigmático en lo referen-te a la injerencia de los Estados Unidos en América Latina.

La intervención norteamericana en Guatemala en 1954, para derrocar algobierno democrático de Jacobo Arbénz, fue el inicio de una intervención einjerencia en los países del área latinoamericana por parte de EE.UU. conla participación directa de la CIA en la planificación de los actos para des-estabilizar aquel gobierno. Así como su responsabilidad en la organiza-ción, entrenamiento y financiación del grupo de mercenarios, que, con elflamante nombre de Ejército de Liberación, sirvió para encubrir la traicióndel alto mando del Ejército Nacional.

La intervención de los hermanos John Foster Dulles, Secretario del Depar-tamento de Estado y Allen Dulles, alto funcionario de la United FruitCompany, fue decisiva para precipitar el desenlace.

Los pormenores de la historia están registrados, en los libros publicadospor Luis Cardoza y Aragón, ́ La revolución guatemalteca´, Edit. del Pensa-tivo, Guatemala 1994, Manuel Galich, ´Por qué lucha Guatemala´, Edit.Cultura, Guatemala 1994 y Guillermo Toriello Garrido, ́ La batalla de Gua-temala´, Edit. Cuadernos Americanos, México 1955. Uno de los estudiosrecientes mejor documentados, es el libro Shatered Hope. ´The GuatemalaRevolution and the United States´, publicado por la Princeton UniversitaryPress en 1991.

La desclasificación en años recientes de documentos del Pentágono, elCongreso, la CIA y el FBI de los Estados Unidos, ha servido para hilar finoen la reconstrucción de los hechos. Y por si algo faltaba, ahí está la peticiónde disculpas por aquella intervención política, financiera y militar, formu-lada públicamente por el propio presidente William Clinton en los últimosaños de su administración.

Existen dos razones para mencionar estas referencias. La primera, para re-cordar que desde 1954, hace ya 52 años, la intervención estadounidense enGuatemala ha sido activa y permanente, principalmente para asesorar, en-trenar, financiar y equipar al ejército de este país. La segunda para aclararque los delitos de genocidio y terrorismo de Estado cometidos en Guatema-la, se inician con esa intervención hace casi medio siglo, y no como reac-


ción desproporcionada del estado frente a la resistencia y rebelión popular.Esta aclaración es vital para dejar abiertamente establecido el papel y laresponsabilidad de los Estados Unidos en los crímenes de lesa humanidadcometidos en Guatemala.

Por otro lado se puede afirmar, que aunque los lazos directos entre los casosguatemaltecos y el resto del continente no necesariamente tienen una liga-zón directa, el paralelismo es evidente al igual que la cronología temporal.

El tenebroso año 1966

Aunque no se pueda hablar estrictamente de la Guatemala de los años se-senta como un antecedente directo de lo que ocurrió en la década siguienteen el Cono Sur y en particular con Operación Cóndor, es indiscutible que setrata de un precedente muy importante.

En 1966 aparecen por primera vez en Guatemala y en América Latina losescuadrones de la muerte, el secuestro político masivo, la tortura sin lími-tes y la desaparición definitiva de los prisioneros políticos, lanzándolosvivos o muertos al mar o al cráter de un volcán activo.

Los grupos paramilitares existieron siempre en el mundo, lo mismo que elempleo de esbirros y matones a sueldo. Ese fue el papel que comotorturadores cumplieron en Guatemala los Bernabé Linares o los Siete Li-tros, terrible y tenebroso, pero que de alguna manera, siempre fue oficial.Lo novedoso del método iniciado por el ejército de Guatemala en 1966 conla aparición de la Mano Blanca, es la creación de una estructura secreta eilegal, pero al mismo tiempo orgánica, disciplinada y vertical, encargada derealizar el trabajo sucio de la represión.

Eso incluye el discurso público de condena y persecución a los grupos ar-mados ilegales y clandestinos, vengan de donde vengan y sin importar susigno ideológico, para aparentar deslindes e inocencia oficial. Implica tam-bién la extensión acelerada del terror y la absoluta falta de límites para suactuación. La represión ya no tiene obstáculos, pues no se detiene ante for-malismos, leyes o estructuras de ninguna naturaleza, pues el Estado y enparticular el ejército y los demás cuerpos de seguridad son aparentementeajenos a esos actos y excesos extremistas.

34 - Xamán

En Guatemala inicialmente ensayaron poner una cara visible al frente delos escuadrones de la muerte. Raúl Lorenzana fue el más conocido de ellos,pero ante sus intentos por lograr cierto margen de autonomía, lo asesinarony nunca más volvieron a insistir en la fórmula.

El mando directo sobre ese tipo de estructuras, lo asumieron oficiales conmucha autoridad como los coroneles Rafael Arriaga Bosque, Carlos AranaOsorio, Maximiliano Serrano y Máximo Zepeda, entre otros. Los escua-drones de la muerte se fueron perfeccionando, cambiándoles de nombreperiódicamente y ampliando o reduciendo el número de unidades, en de-pendencia de los planes represivos.

De esa intervención continental y con una actuación particularmente lace-rante para los guatemaltecos, y para todos los seres humanos que tienen unsentido de dignidad, junto a la experiencia que desgraciadamente se ha com-partido con otros países de América Latina, es la desaparición forzada.

Así, en el caso argentino, el Informe Sábato nos indica que hay 8.960 casosdocumentados de desaparición forzada entre 1976 y 1982. Las estimacio-nes más generales hablan de la desaparición de entre 15 y 20 mil personasaproximadamente.

En el caso de Perú durante el gobierno de Fujimori, se habla de alrededorde 8.000 desaparecidos.

En el caso chileno, en el período más cruel de la dictadura de AugustoPinochet, las informaciones periodísticas nos hablan de entre 2.000 y 3.000desaparecidos.

En un país pequeño como Honduras, las cifras son menos cruentas, peroentre los años 1980 y 1993 desaparecieron de manera forzada 179 perso-nas, y en Panamá ha surgido una Comisión de la Verdad que está señalan-do, que en los momentos posteriores al golpe militar de 1978, fueron des-aparecidas 124 personas.

En el caso de México, la lista de desaparecidos alcanza un número cercanode 800 personas desaparecidas.

A veces, no siempre, las dimensiones de una dictadura están asociadas a lasdel terror que implanta. Es el caso de Brasil, que durante todos los años de


su larga y enorme dictadura, en la gestión de la misma se hizo desaparecera 136 personas, la mayor parte de ellas entre los años 1970 y 1975.

En cambio en un país tan pequeño como Guatemala, que durante todos losaños del conflicto tenía una población de entre 6 y 7 millones, alcanzandoal día de hoy 11 millones, en esos 36 años fueron desaparecidas entre 40 y45 mil personas.

Es por ello que señalamos el caso de Guatemala como un caso paradigmá-tico en cuanto a la intervención o a la injerencia de los Estados Unidos,puesto que determinó toda la vida del país en la segunda mitad del sigloXX. Y es paradigmático en cuanto a la sofisticación, la amplitud y la pro-fundidad de las cifras del terror: entre 140 y 150 mil ejecutados extra judi-cialmente, y entre 40 y 45 mil desaparecidos de manera forzada.

El caso emblemático del inicio de la aplicación en Guatemala de este con-junto de métodos, es el secuestro masivo, la tortura, la muerte y desapari-ción de un grupo de más de 30 mujeres y hombres, opositores políticos delgobierno militar. Se le conoce desde entonces como el caso de los 28 des-aparecidos, secuestrados todos durante los primeros días del mes de marzode 1966.

Los datos más precisos sobre este caso, en el que el número de víctimaspudo llegar hasta 35, se encuentran en el libro ´Los que siempre estarán enninguna parte, La desaparición forzada en Guatemala´, del investigadorguatemalteco Carlos Figueroa Ibarra, México, D.F. 1999, pag. 46-61.

El escritor uruguayo Eduardo Galeano también se refiere detalladamente aeste caso en su libro ´Guatemala país ocupado´, 1967, pag. 60-61.

Los cuerpos de varios de estos líderes opositores fueron arrojados al mar,en aguas territoriales del océano pacífico, desde un avión de la Fuerza Aé-rea Guatemalteca pilotado por el coronel de aviación Octavio ZeaCarrascosa. Algunos de los secuestrados que lograron sobrevivir, aparecie-ron meses después en cárceles de Nicaragua y El Salvador, víctimas de losplanes secretos de cooperación establecidos entre los gobiernos militares ylos ejércitos de Centro América.

Aunque la intervención de la Embajada de los Estados Unidos siempreestuvo presente desde 1954, este conjunto de métodos se fueron afinando

36 - Xamán

en Guatemala entre 1966 y 1970, con la participación directa de asesoresnorteamericanos de la CIA y del Pentágono.

Podemos afirmar, en ese sentido, que Guatemala fue una especie de labora-torio del horror que sirvió para perfeccionar nuevos métodos de represión yexperiencias de terror oficial, que los asesores estadounidenses transmitie-ron posteriormente a los demás ejércitos del continente. La Escuela de lasAméricas, Fort Gulick, Fort Benning y Fort Leavenwort fueron algunos delos centros de adiestramiento del ejército de los Estados Unidos, en dondeen los años siguientes se entrenó en esos sistemas de terror a miles de jóve-nes oficiales latinoamericanos.

Una forma complementaria para la transmisión de las experiencias acumu-ladas en ese laboratorio del horror, financiado y asesorado por los EstadosUnidos, pudo ser el envío de oficiales militares guatemaltecos en calidadde becados a las escuelas militares de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil.

La aplicación casi calcada y sistemática de esos métodos en la década delos años 70 en Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, entreotros países, y su enriquecimiento sobre la base de la asesoría francesa eitaliana, permite reafirmar la importancia de la experiencia del terrorismode Estado que, bajo la asesoría estadounidense, aportó el ejército de Guate-mala desde la segunda mitad de la década de los sesenta.

Los albores del Cóndor

En el libro de Stella Calloni, Óperación Cóndor, pacto criminal´; Edicio-nes La Jornada, Ciudad de México 2001, se registran algunos datos intere-santes en la línea de las presentes afirmaciones.

En las páginas 77 y 78 de su libro, Calloni refiere que durante la última partedel exilio de Perón en España, su secretario particular, José López Rega, tra-bó amistad con el agregado militar de la Embajada de Guatemala en Madrid.

Este agregado era el coronel Máximo Zepeda, quien había jugado un papelde primera línea en la creación de los escuadrones de la muerte a partir de1966 en Guatemala. Apoyándose en las investigaciones del periodista yescritor argentino Ignacio González Janzen, contenidas en su libro ́ La Tri-ple A´, Stella Calloni dice textualmente:


Entre los contactos que López Rega trajo desde Madrid, uno es clave: suamistad con el embajador estadounidense en España Robert Hill, quien fueúno de los políticos-empresarios que durante la administración del presi-dente Dwigth Eisenhower participó activamente en la invasión contra Gua-temala para derrocar al gobierno popular del presidente Jacobo Arbenz´.Esto explica también las buenas relaciones de los jefes de los Escuadronesde la Muerte guatemaltecos con sus pares de la región. Con Hill tenían uncontacto de primera.

Hill designó a uno de sus asistentes para mantener una relación permanente conLópez Rega y eran usuales los encuentros de ambos en el bar del hotel Ritz. Fueallí donde fueron presentados López Rega y el coronel guatemalteco MáximoZepeda, fundador y jefe del escuadrón de la muerte Nueva OrganizaciónAnticomunista (NOA), que dejó miles de víctimas en ese país.

Los intereses de ambos coincidían, por distintos caminos, en la lucha contra loque llamaban la infiltración marxista en el peronismo, cuando surgió al interiorde ese partido un vasto movimiento progresista y la guerrilla de Los Montoneros.

Zepeda era uno de los más conocidos criminales de la región centroamericana.Fue en los años sesenta cuando en Guatemala se produjeron las primeras desapa-riciones masivas en América Latina cuando un grupo de disidentes fue secuestra-do en ese país…

De esta forma Guatemala comenzó a ser el campo de experimentación de laspolíticas estadounidenses, convirtiéndose en el laboratorio de la CIA en materiade terrorismo derechista con un saldo de miles de muertos y desaparecidos. Unregistro elemental de las bandas guatemaltecas que actuaron durante un cuarto desiglo, desde la famosa Mano Blanca..., da cuenta del buen laboratorio que tuvie-ron allí los hombres de la CIA. Los escuadrones al estilo Guatemala fueron re-producidos en diversos países, como El Salvador, donde proliferaron en los añossetenta y ochenta.

Una investigación realizada en Guatemala, en la que participaron varias orga-nizaciones de derechos humanos, como el GAM, Grupo de Apoyo Mutuo, y elCentro Internacional para la Investigación en Derechos Humanos, y que coor-dinaron una amplia investigación sustentada en datos hemerográficos y enentrevistas hechas a sobrevivientes y familiares de desaparecidos en las dis-tintas regiones del país, logró acopiar una base de datos de 4.042 casos connombres y apellidos de desaparición forzada durante los 36 años de conflicto.

Otras organizaciones que participaron en la elaboración de esta enorme

38 - Xamán

base de datos fueron: El Consejo de Comunidades Étnicas, La Comisión deDerechos Humanos de Guatemala, y otros organismos agrupados en el Con-sejo Nacional de Derechos Humanos de Guatemala, CONADEGUA.

4.042 casos suponen aproximadamente entre un 9 y 10% del total de losdesaparecidos en Guatemala. Por tanto podríamos decir que es una muestramás o menos representativa del fenómeno de la desaparición forzada en elpaís.

Una de las cuestiones fundamentales a destacar en el caso guatemalteco, esque es un caso distinto al colombiano, por ejemplo, donde podemos verque distintos sectores, distintos actores, que no necesariamente son del es-tado, participaron o participan en la violencia.

En el caso de Guatemala, la teoría oficial de los dos demonios: guerrilla yestado, cada uno por su lado, igualmente culpables de violaciones de dere-chos humanos, no se sustenta de acuerdo a lo que son las cifras que laC.E.H., Comisión de Esclarecimiento Histórico, y la Comisión de DD.HH.del arzobispado de Guatemala han logrado determinar.

Estas comisiones estiman que entre el 85 y el 90% de las cifras de ejecutadosy desaparecidos fueron obra de los distintos organismos del gobierno y estado.

En cuanto a los datos de las desapariciones, aproximadamente el 61% co-rresponden al rubro de hombres desconocidos. Y el término de hombresdesconocidos en Guatemala se refiere a los escuadrones de la muerte, orga-nizaciones que en los años 60 se llamaban La Mano Blanca y en los 80pasaron a denominarse Ejército Secreto Anticomunista.

Pero las cifras de desapariciones forzadas se elevan a un 86% si unimos lascorrespondientes a los llamados hombres desconocidos con las vinculadasal ejército, la infantería, policía nacional y otros aparatos represivos.

A lo largo de los 36 años que duró el conflicto en Guatemala, se puedenobservar tres cúspides en las que las desapariciones forzadas llegaron aniveles nunca vistos anteriormente en el país.

La primera cúspide corresponde al año 1966, fecha en que se inicia de ma-nera sistemática la práctica de la desaparición forzada en el país, a mano delos escuadrones de la muerte.


La cúspide que corresponde al período del general Carlos Arana Osorio,político y militar guatemalteco, presidente de la República entre los años1970-1974, que fungió desde el año 1966 hasta 1968 como comandante dela zona militar General Rafael Carrera en Zacapa, fue el primer periodoparticularmente cruento en el país.

Es importante mencionarlo puesto que esta cúspide del año 1966 es cuandohan transcurrido ocho años de la intervención de los Estados Unidos enGuatemala, y comienza de una manera muy sofisticada, y en un plano su-perior toda la intervención encubierta de los Estados Unidos en la labor decontrainsurgencia, donde las cifras de entrenamientos y de reconversión delas tácticas contrainsurgentes se empiezan a observar de una manera soste-nida en Guatemala.

El período de los años 1982/83 en el que gobernó el general Efraín RíosMontt corresponde a la máxima cúspide de la desaparición forzada. En los17 meses que gobernó el general Efraín Ríos Montt, el número de desapa-recidos forzados, se elevó a niveles como nunca antes se había observadoen el país. Podemos decir que la década de los 80 concentra, en la muestratrabajada, el 56% de los desaparecidos forzosos en Guatemala, y el períodode Ríos Montt concentra entre el 20 y el 25% de los desaparecidos en los 36años del conflicto.

A señalar que el general Efraín Ríos Montt ocupó la presidencia del Con-greso de la República de Guatemala entre los años 2000/04, siendo un cla-rísimo ejemplo de impunidad y de impunidad verdaderamente exitosa por-que no es solamente un señor que estuvo en su casa tranquilo, sino que haactuado abiertamente en política y gozado del poder.

Es importante destacar que en el período que ocupan la presidencia LucasGarcía1, 1978/82, Ríos Montt, 1982/83, y Mejía Víctores, 1983/86 se con-centra el 40% del total de las desapariciones forzadas en Guatemala. Lostres generales han vivido muy tranquilamente el paso del tiempo, sin queen ningún momento les haya preocupado la acción de la justicia, principal-mente la guatemalteca, que en estos cuarenta años no ha hecho menciónalguna por impartir justicia por los delitos de lesa humanidad cometidos enel país.

Es con la presencia de la Comisión Rogatoria española en Guatemala quelas cosas han cambiado, ya que dicha comisión, que responde al procedi-

40 - Xamán

miento de investigación y toma de declaraciones a los imputados en la cau-sa 331/99, Demanda por Genocidio, interpuesta por Rigoberta Menchú elaño 1999, la que ha derivado en este momento de investigación, que hallevado a los implicados en la citada demanda, a utilizar los procedimien-tos de obstaculización e intervenir en el proceso, toda vez de sentirse seña-lados, imputados y con posibilidades de ser llevados a proceso.

Romeo Lucas gobernó Guatemala desde 1978 a marzo de 1982, cuando ungolpe militar llevó a Ríos Montt al poder, uno de los gobernantes más san-guinarios que ha conocido Guatemala, según las organizaciones de dere-chos humanos.

Durante el gobierno de Romeo Lucas y el de Efrain Ríos Montt se produjoel mayor número de masacres. Están contabilizadas 626, de las que 538 seprodujeron en el área rural. El asesinato de 35 líderes de los partidos FURy PSD, y el de más de 100 estudiantes y catedráticos de la USAC, Univer-sidad San Carlos de Guatemala, acciones en las que poblaciones enteras,intelectuales, estudiantes, sindicalistas y dirigentes campesinos fueron eli-minados.

La tercera cúspide, más o menos parecida a la del periodo cruento, fue ladel general Arana Osorio. Durante su período presidencial, florecieron loséscuadrones de la muerte´ y miles de opositores al gobierno militar fueronasesinados. Este general es recordado en la memoria histórica de Guatema-la, como uno de los generales genocidas del país, período que correspondeal gobierno de la democracia cristiana, en la que gobernó Jorge AntonioSerrano Elías.

Jorge Antonio Serrano Elías candidato del Movimiento de Acción Solida-ria, llegó a la presidencia en enero de 1991. En 1993 disolvió el parlamentoa partir de un auto golpe de Estado, que fracasó al producirse otro intentode golpe dirigido por el vicepresidente de la República, que se vio frustradopor el descontento popular. Acusado de corrupción, Serrano Elías se asilóen Panamá donde reside desde entonces, y el parlamento designó comopresidente a Ramiro de León Carpio.

En esa época la situación de la desaparición forzada en ese momento evi-denciaba una notoria mejoría en relación a lo que había sucedido en elperíodo inmediatamente anterior. Pero se trata de una mejoría realtiva, por-que si comparamos las cifras de acuerdo a esta muestra representativa, de


los gobiernos de transición democrática, que son gobiernos civiles, éstasson parecidas a las del período de Carlos Arana Osorio, o a la del períodode Julio César Méndez Montenegro, presidente de la República, 1966/70,en la década de los 60.

Desaparición forzada y victimización de las víctimas

En relación a la desaparición forzada, la situación de la misma debe serdenunciada, pero también hay que señalar un hecho muy significativo: lavictimización de la víctima.

Dentro de las conclusiones a las que se ha llegado en el estudio, destaca quela mayor parte de los ejecutados y de los desaparecidos lo fueron porqueestaban de acuerdo con la contrainsurgencia. Se les vinculó a las actividadesde subversión del elemento excluyente, que se estableció a partir de 1954.

Este tipo de apreciaciones saca a la luz cuan introyectada está la cultura delterror en países como Guatemala, donde pareciera que todos aceptásemosque si alguien se metía en actividades subversivas tenía garantizada una de-tención extrajudicial, que era el secuestro; un interrogatorio extrajudicial,que era la tortura más atroz, y una condena extrajudicial, que era la ejecuciónextrajudicial. No hay argumento, de acuerdo a la legalidad y las conviccio-nes de Derechos Humanos, que justifique acciones de esta naturaleza.

La desaparición forzada en la década de los 60, la hemos podido captar anivel de municipios. Así los municipios del nororiente del país, del oriente,del centro, y la costa sur registran la desaparición forzada más numerosa.No quiere decir que no haya habido en otros lugares, lo que pasa es quepara efectos ilustrativos estos municipios padecieron desapariciones forza-das significativas.

Del conjunto de las regiones de Guatemala, la que registra un número ma-yor de desapariciones es la capital de la República donde en todos los pe-ríodos han existido desapariciones.

Creemos que hay varias hipótesis para explicar eso:

1) los familiares de los desaparecidos en todas las regiones rurales,probablemente tuvieron menos posibilidades de denunciar la situa-

42 - Xamán

ción de sus familiares;

2) la prensa no recogió estos hechos, ya que, que una persona fueradesaparecida no era noticia en el ámbito rural, y por tanto no aparecíaen los periódicos. Si en cambio en las ciudades; y

3) es probable también que los aparatos represivos hayan privilegia-do la capital como un escenario de desaparición forzada para elimi-nar al oponente político.

La desaparición forzada es un elemento o un proceso represivo que se dapara eliminar adversarios oponentes, sin enfrentar el costo político queimplica una ejecución abierta, o incluso, un juicio abierto o un fusilamien-to en el caso de que éste se diera, que fue lo que en un determinado momen-to quiso hacer Efraín Ríos Montt.

Los períodos de la desaparición forzada y áreas geográficas

La desaparición forzada tuvo distintos escenarios. En la década de los 60,se centró en el nororiente, empezando a desaparecer en la década de los 70.En esa década se desplaza y comienza a aparecer en el sur occidente, conti-nuando en esa década en la costa sur y en la capital.

En la década de los 80, se trasladó a Petén, a la vez que aparece en todo elaltiplano septentrional, el altiplano central, la costa sur y la zona sur occi-dental, siendo éste el periodo más cruento en relación a las desaparicionesforzadas.

En la década de los 90, todavía se observa en la parte septentrional, el esce-nario de desaparición forzada de los 80.

La explicación de estas variaciones geográficas se encuentra en el hecho deque la violencia del aparato del estado un acto racional. El terrorismo de esta-do es profundamente racional, siendo una adecuación de medios y objetivos.

Así mismo, la violencia que se aplicó en Guatemala para la reestabilizaciónpolítica, subvirtiendo la legalidad, por supuesto. De esta forma, estas varia-ciones de carácter geográfico, corresponden precisamente a una historiainversa; la represión de la historia de la rebelión en Guatemala.


Naturaleza, etnia e idioma de las víctimas

Teniendo presente la naturaleza lingüística, las desapariciones según el usodel idioma corresponden, un 66% a idiomas mayas y un 34% a idiomaespañol. Esto refleja la naturaleza, etnia e idioma de uso que hablaba lavíctima de la desaparición forzada, pudiéndose a partir de ello, inferir lacomposición étnica de la desaparición forzada en Guatemala, señalandoque el 34% eran ladinos y aproximadamente un 66% eran comunidadesétnicas mayas.

En cuanto a qué variedades lingüísticas pertenecían los hablantes de losidiomas mayas, podemos señalar de forma desglosada, exceptuando el idio-ma español, que al Qíché corresponde un 39% seguido por el Achí, elKachiquel, el Mam, el Qéchí y otras variedades. Esto lleva a inferir conreservas, y sujeto a ulteriores investigaciones que probablemente éstas fue-ron las etnias más afectadas por el fenómeno de la desaparición forzada enGuatemala.

Respecto a la edad en la que se concentra la mayor cantidad de desapari-ción forzada, es entre los 21 y 30 años, y básicamente podríamos decir queel 56% más o menos de los desaparecidos oscilaron entre los 11 y los 40años. El fenómeno de la desaparición forzada afectó preferentemente a lapoblación más joven .

La desaparición según sexo, no arroja datos concluyentes en relación a sihubo variaciones de género. Lo que sí podemos concluir, de acuerdo a lasbases de datos existentes, es que la inmensa mayoría de desaparecidos demanera forzada en Guatemala pertenecían al sexo masculino.

Cuando uno analiza todas estas cifras de la desaparición forzada, teniendoen cuenta la lucha por la memoria contra el olvido, y la mayor cantidad dedatos empíricos del fenómeno acaecido, es con objeto de poder demostrarlo más fehacientemente posible el fenómeno del terrorismo de estado enGuatemala.

Cuando se analizan todas estas cifras, hay que ser respetuoso. Los desapa-recidos y desaparecidas no deben convertirse en un dato estadístico. No nosolvidemos que detrás de cada una de estas cifras, detrás de los 45 mil des-aparecidos ó 140 mil, de los 150 mil ejecutados en Guatemala, o detrás deestos 4.042 desaparecidos de la investigación se encuentra un hombre, una

44 - Xamán

mujer, un niño, una niña, que tuvieron sueños, aspiraciones, familiares, quetuvieron una vida cotidiana, como la tiene el lector de esta publicación. Noes justo olvidarlo, y menos cuando queremos luchar por la memoria y encontra del olvido.

En algunos de los archivos de desaparecidos desclasificados recientemen-te, podemos contemplar sus rostros, aunque en la mayoría de los casos nosencontramos con archivos sesgados. Pero entre ellos podemos ver algunascaras, como la de Hugo Adail Navarro, ferviente interesado en empaparsede la cultura maya, siendo ladino, que fue capturado y torturado. Está fe-chado con el número 300, que es el código que usó la agencia represivapara decir que fue ejecutado el 29 de marzo de 1984.

También está Julio César Pereira Vásquez. Él sobrevivió, pero ha confesa-do que no aguantó las torturas y que proporcionó información que llevó a lacaptura de Sergio Raúl Linares Morales. Julio César ha tratado de sobrevi-vir a ese sentimiento de culpa. Lleva 3 intentos de suicidio, y hoy está ape-nas tratando de recuperarse y asumir que él también fue víctima a pesar detodo.

Está el caso de un señor al que llamamos Rigo, que permaneció vivo unasdos o tres semanas, mientras duró todo el proceso de la tortura. Cuando lesacaron toda la información fue ejecutado. Algunos casos en los que supo-nían que la víctima tenía mayor información, éstas llegaron a mantenersecon vida entre 3, 4, 5 y 6 meses. Otros lograron salvar la vida.

Está el caso del hombre al que se le decía Miguel, que entregó tres casas, yse convirtió después en un agente muy activo de la represión en Guatemala,llegando a tener el grado de mayor asimilado en el ejército de Guatemala.Producto de los méritos que hizo vinculado a la contrainsurgencia, fue de-jado en libertad. En 1987 fue asesinado, sin saberse por quién, si fue elpropio ejército o algunos de sus ex compañeros, que le pasaron factura porlo que había hecho.

Benjamín Rolando Orantes Zelada, conocido como Fito, es una de las víc-timas de Miguel, que participó directamente en su ejecución .

Los sobrevivientes tenemos que ser los mayores impulsores en mantener lamemoria contra el olvido tal como señaló Julis Wisick;


´Sólo pido un cosa, los que sobreviváis, no olvidéis, no olvidéis ni a losbuenos ni a los malos, reunir con paciencia los testimonios de los que hancaído por sí y por vosotros, un día el hoy pertenecerá al pasado y se ha-blará de una gran época y de los héroes anónimos que han hecho historia.Quisiera que todo el mundo supiese que no ha habido héroes anónimos,eran personas con su nombre, su rostro, sus deseos y sus esperanzas, y eldolor del último de ellos, no ha sido menor que el del primero, cuyo nom-bre perdura´.

El proyecto político de los militares

Un libro de gran valor e importancia, que realiza un estudio profundo, es eltitulado ´Las intimidades del proyecto político de los militares en Guate-mala´. Fue escrito por Jennifer Schirmer, profesora de estudios sociales enla Universidad de Harvard, y asociada al Centro para Asuntos Internaciona-les en Harvard. Dicho libro fue publicado por la Facultad Latinoamericanade Ciencias Sociales, FLACSO, Guatemala, 1999.

El estudio está construido sobre la base de entrevistas a 50 oficiales delejército guatemalteco, entre ellos seis ministros de la Defensa y Jefes deEstado, entre enero de 1986 y noviembre de 1996. En la página 265, citan-do una entrevista con el General Héctor Gramajo, alto oficialcontrainsurgente y ex ministro de la Defensa, la investigadora escribe: Se-gún Gramajo, ´Quien nos entrenó mucho en Inteligencia, fue Argentina´. Comoparte de este nuevo ´manejo´ de la situación, desde 1980 por lo menos, se inclu-yó el control del uso del agua y de la electricidad en las casas de sospechosos enla ciudad de Guatemala, mediante un sistema computarizado israelí situado dentrodel Estado Mayor Presidencial, en el anexo que está detrás del Palacio Nacio-nal. Este sistema se combinaba con una sofisticada red computarizada de análi-sis, desarrollada durante la “guerra sucia” en Argentina. Podía localizar almismo tiempo que proporcionar direcciones de los edificios que tenían cuentasaltas por consumo de electricidad y agua o que aumentaban su uso durante lanoche, por lo que se suponía que se llevaban a cabo reuniones clandestinas, oque estaba funcionando una imprenta ilegal.

En la página 300, en la nota de referencia número 8, se lee: En este mismoperiodo, agosto de 1981, la CIA y el asesor especial del Secretario de Estado delos Estados Unidos, y ex Subdirector de la CIA, el Embajador PlenipotenciarioVernon Walters, arregló una reunión en la ciudad de Guatemala con el fin deintegrar a la antigua Guardia de Somoza con los Contras y para que oficialesdel ejército de Argentina sirvieran de asesores y capacitadores, quienes fueron

46 - Xamán

luego reemplazados por personal de la CIA. Declaración jurada de EdgarChamorro, desertor de la Contra, en el juicio Nicaragua versus EE.UU, Tribu-nal Internacional de Justicia de La Haya, 5 de septiembre de 1985. Además,según varios informes, a finales de septiembre de 1981, Walters se reunió con elGeneral Lucas García mientras que el Capitán de Navío de los Estados UnidosJean Thurber se reunía con el Jefe del Estado Mayor, Benedicto Lucas García,Televisión Nacional, 28 de septiembre de 1981.

En la página 279 se lee: Al pedirle a un director de la D-2 (Inteligencia Militar)que describiera brevemente las estructuras de Inteligencia durante los últimostreinta años dijo: “Es sencillo. De los años 60 a 90 era una estructura de la CIA.Por supuesto, estamos hablando de la CIA, después DEA, pero definitivamente,era porque el ejército guatemalteco tenía que servir a los intereses norteameri-canos. Nosotros, en realidad, no teníamos por qué pelear esta guerra. (Capitánde Navío Julio Alberto Yon Rivera, entrevista de 1996.)

En la página 296 se lee: El informe de la Junta de Supervisión de los Serviciosde Inteligencia de los Estados Unidos. La Junta de Supervisión de los Serviciosde Inteligencia de los EE.UU (Intelligence Oversight Board, IOB), que en 1996investigaba las actividades desarrolladas por la CIA en Guatemala entre losaños 1984 y 1995, confirma que la CIA no sólo mantuvo una éstrecha relaciónćon los servicios de seguridad guatemaltecos, especialmente la G2 y Él Archi-vo´, sino que la Dirección de Operaciones (Directatorate for Operations, DO) enla sede de la CIA, estaba consciente de que ´se podía dar credibilidad a lasacusaciones contra sus informantes y enlaces por haber ordenado, planificado oparticipado en graves violaciones de los derechos humanos, tales como asesina-tos, ejecuciones extrajudiciales, tortura o secuestros, mientras servían como in-formantes´ y que la Agencia encubría esos crímenes. De hecho, ćontinuaban lasatroces violaciones´, y álgunos de los contactos más cercanos de la CIA en losservicios de seguridad continúan siendo parte del problema´ (IOB Report,1996:20). No sólo se nos dice que la DO íntencionalmente no le dio´ esa infor-mación a las Comisiones de Supervisión del Congreso (página 3 y 20), sino quetambién se nos informa que los jefes de la estación de la CIA no respetaban laobligación de presentar informes semestrales sobre derechos humanos ante elCongreso (P.27)…. Asimismo, los jefes de la Estación ´seguían considerandoque los insurgentes comunistas... eran el principal enemigo´, y al gobierno gua-temalteco y los servicios de seguridad como ´socios en la lucha contra este ene-migo común...´ (p.20). Por lo tanto, los Jefes de la Estación de la CIA en Guate-mala y de la DO en Washington, por lo menos durante diez años, sino desde1966, cuando se estableció la G-2, actuaron bajo el supuesto de que miles ymiles de guatemaltecos y varios estadounidenses y europeos, seguirían siendotorturados, desaparecidos, y asesinados por sus propios ínformantes´, mientrasque en sus informes al Congreso manifestaban “estar apoyando la transición y


el fortalecimiento del gobierno democrático civil, estimulando el respeto de losderechos humanos y del Estado de Derecho...”, luchando contra la insurgenciacomunista y, en años recientes, acompañando el proceso de paz.

La memoria del silencio

Como parte de los acuerdos de paz establecidos entre el gobierno de Guate-mala y las fuerzas insurgentes de la Unidad Revolucionaria NacionalGuatemalteca, URNG, se constituyó la Comisión para el EsclarecimientoHistórico, C.E.H, encargada de investigar las graves violaciones a los dere-chos humanos cometidas durante el período del enfrentamiento armadointerno.

Las partes acordaron dejar en manos del Secretario General de la ONU laintegración de dicha comisión y el suministro de los recursos humanos, mate-riales y financieros para el desarrollo de su actividad. El Secretario Generalnombró al académico alemán Profesor Christian Tomuschat para encabezar laComisión. El Profesor Tomuschat escogió a su vez a dos destacados ciudada-nos guatemaltecos, el abogado Alfredo Balsells Tojó y la pedagoga Maya OtiliaLux de Cotí para completar la Comisión.

Esta versión guatemalteca de ćomisión de la verdad´ tuvo como principalpeculiaridad contar con el respaldo, asesoría y seguimiento de las NacionesUnidas, lo que le dio mayor independencia para el cumplimiento de su misión.En febrero de 1999, la Comisión entregó los doce tomos del informe ´Guate-mala Memoria del Silencio´ al Secretario General de la ONU, a las partessignatarias de los acuerdos de paz, al pueblo de Guatemala y a la ComunidadInternacional.

Los casos investigados por la C.E.H. sólo son una muestra de la realidad delas violaciones de los derechos humanos y de los hechos de violencia queocurrieron durante el enfrentamiento armado. Se han registrado más de42.000 víctimas de violaciones: entre éstas más de 29.000 fueron ejecuta-das o desaparecidas. La conclusión es que el saldo en muertos y desapare-cidos del enfrentamiento fratricida llega a más de 200.000 personas (dis-curso del Profesor Christian Tomuschat).

En Guatemala y en el ámbito internacional, se ha valorado dicho informecomo uno de los mejores productos que han arrojado las distintas comisio-

48 - Xamán

nes de la verdad establecidas en diversos países que han sufrido gravesconflictos internos. Se ha ponderado reiteradamente el carácter objetivo yel rigor científico del trabajo realizado por la CEH.

El Tomo V del Informe contiene las conclusiones y recomendaciones de laComisión para el Esclarecimiento Histórico. Todas ellas son importantes yconstituyen un todo articulado. Por su relación con el tema que se abordaen estas notas, resulta oportuno citar algunas de dichas conclusiones:

1. Con el estallido del enfrentamiento armado interno en 1962, Guatemalaentró en una etapa sumamente trágica y devastadora de su historia, deenormes costos en términos humanos, materiales, institucionales y mora-les. En su labor de documentación de las violaciones de los derechos hu-manos y hechos de violencia vinculados al enfrentamiento armado, la Co-misión para el Esclarecimiento Histórico registró un total de 42.275 vícti-mas, incluyendo hombres, mujeres y niños. De ellas, 23.671 correspondena víctimas de ejecuciones arbitrarias y 6.159 a víctimas de desapariciónforzada. De las víctimas plenamente identificadas, el 83% eran mayas y el17% eran ladinos.

2. Combinando estos datos con otros estudios realizados sobre la violenciapolítica en Guatemala, la C.E.H. estima que el saldo en muertos y des-aparecidos del enfrentamiento fratricida llegó a más de doscientas mil per-sonas.

13. La C.E.H. reconoce que el avance de la sociedad y del Estado hacia lapolarización, la militarización y la guerra intestina no sólo fueron efectosprocedentes de la historia nacional. La Guerra Fría tuvo también influen-cia especial. La política anticomunista promovida por los Estados Unidosen el marco de sus relaciones exteriores recibió un decidido apoyo de lospartidos políticos de derecha y los diversos sectores de poder guatemaltecos,mientras aquel país se mostró dispuesto a brindar su respaldo a regímenesmilitares fuertes en su traspatio estratégico. En el caso guatemalteco seconcretó en el plano militar mediante asistencia destinada a reforzar losaparatos de Inteligencia nacionales y entrenar a la oficialidad en la gue-rra contrainsurgente, factores claves que incidieron en las violaciones delos derechos humanos durante el enfrentamiento armado.

15. Durante el período del enfrentamiento armado la noción de énemigointerno´, intrínseca a la Doctrina de Seguridad Nacional, se volvió cada


vez más amplia para el Estado. Esta doctrina se convirtió, a la vez, enrazón de ser del Ejército y en política de Estado durante varias décadas.Mediante su investigación, la C.E.H. recogió uno de los efectos másdevastadores de esta política: las fuerzas del Estado y grupos paramilitaresafines fueron responsables del 93% de las violaciones documentadas porla C.E.H., incluyendo el 92% de las ejecuciones arbitrarias y el 91% de lasdesapariciones forzadas. Las víctimas comprenden a hombres, mujeres yniños de todos los estratos del país: obreros, profesionales, religiosos, po-líticos, campesinos, estudiantes y académicos; la gran mayoría en térmi-nos étnicos, pertenecientes al pueblo maya.

86. Mediante las masacres y denominadas operaciones de tierra arrasada,planificadas por las fuerzas del Estado, se exterminaron por completo co-munidades mayas, así como destruyeron sus viviendas, ganado, cosechas yotros elementos de sobrevivencia. La C.E.H. registró 626 masacresatribuibles a estas fuerzas.

108. El marco jurídico adoptado por la C.E.H. para analizar la eventualcomisión de actos de genocidio en Guatemala durante el enfrentamientoarmado interno es la Convención para la Prevención y la Sanción del De-lito de Genocidio, adoptada por la Asamblea General de las NacionesUnidas el 9 de diciembre de 1948 y ratificada por el Estado de Guatemalaen virtud del Decreto 704, el 30 de noviembre de 1949.

109. El artículo II de dicho instrumento jurídico define el delito de genoci-dio y sus requisitos en los términos siguientes: ´Se entiende por genocidiocualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con laintención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico,racial o religioso, como tal:

a) Matanza de miembros del grupo;b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia quehayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo´.

Sobre esta base, se definen dos elementos fundamentales constitutivos deldelito: la intencionalidad y que los hechos cometidos sean al menos uno delos cinco citados en el anterior artículo.


Justicia Universal y Lucha contra la Impunidad

El conflicto vivido en Guatemala, que se cobró más de 200 mil víctimasentre muertos y desaparecidos, constituye el mayor genocidio de la historiacontemporánea de América Latina. El 83% de sus víctimas, fueron indíge-nas mayas, la política de Estado llamada ´tierra arrasada´, fue la responsa-ble de 626 masacres y de la aniquilación de más de 450 aldeas en operacio-nes militares y paramilitares realizadas entre 1980 y 1983.

Tras la publicación del Informe de la Comisión de la Verdad, C.E.H., sobre elconflicto guatemalteco, Rigoberta Menchú Tum presentó en la Audiencia Na-cional de España el 2 de diciembre de 1999 ante el Juzgado Central de Instruc-ción de guardia la denuncia por una serie de hechos que se pretenden constitu-tivos de los delitos de genocidio, tortura, terrorismo, asesinato y detenciónilegal, delitos imputados conjunta e indistintamente a las siguientes personas:

1.- GENERAL EFRAÍN RIOS MONTT, Jefe de Gobierno por Golpe de Estado,del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983.

2.- GENERAL OSCAR HUMBERTO MEJÍA VÍCTORES, Jefe de Gobierno porGolpe de Estado, del 8 de agosto de 1983 al 14 de enero de 1986.

3.- GENERAL FERNANDO ROMEO LUCAS GARCÍA, Presidente de la Repú-blica de Guatemala de 1978 a marzo de 1982, residente en la República de Vene-zuela y fallecido en marzo de 2006.

4.- GENERAL ANGEL ANIBAL GUEVARA RODRíGUEZ, Ministro de Defen-sa, residente en Guatemala.

5.- LICENCIADO DONALDO ALVAREZ RUIZ, Ministro de Gobernación, re-sidente en México durante 20 años y actualmente prófugo de la justicia interna-cional.

6.- CORONEL GERMÁN CHUPINA BARAHONA, director de la Policía Na-cional durante el gobierno del General Lucas García, residente en Guatemala.

7.- PEDRO GARCÍA ARREDONDO, Jefe del Comando Seis de la Policía Na-cional durante el gobierno del General Lucas García, residente en Guatemala.

8.- GENERAL BENEDICTO LUCAS GARCIA, Jefe del Estado Mayor del Ejér-cito durante el gobierno de Romeo Lucas García.

52 - Xamán

Hechos, objeto de denuncia

Los hechos objeto de la denuncia se circunscriben cronológicamente al tiem-po de ´guerra que azotó durante treinta y seis años Guatemala´ y más concre-tamente, al período investigado por la ́ Comisión para el Esclarecimiento His-tórico´ (CEH), creada en el ámbito de los Acuerdos de Paz de Oslo en 1994,período que comprende los años 1962 a 1996. En el relato de los hechospretendidamente constitutivos de delito de genocidio, se incluyen otros que secalifican de torturas, asesinatos, terrorismo, lesiones graves a la integridadfísica o mental de las personas y detenciones ilegales, describiéndose las ma-tanzas, los desplazamientos forzosos de la población y otros actos encamina-dos a la destrucción del pueblo maya.

En la denuncia se hace especial referencia a la matanza ejecutada en la Emba-jada de España en Guatemala en Enero de 1980, y a los asesinatos de sacerdo-tes españoles y de otras nacionalidades acaecidas entre los años 1972 a 1983,y la desaparición y muerte de la familia de la propia Premio Nobel de la Paz,Rigoberta Menchú Tum. Su padre fallecido en la quema de la embajada espa-ñola, su madre desaparecida y muerta, su hermano Patrocinio asesinado...

La imputación de culpabilidad a las personas denunciadas se asienta en sucalidad de responsables directos, como integrados en el aparato estatal, delas acciones militares y de las paramilitares, cuyo objetivo, fuera de lo pro-piamente bélico, era la comisión de los hechos denunciados, de finalidadgenocida, esencialmente.

El escrito de denuncia formula algunas consideraciones acerca de la pasivi-dad, cuando no complicidad, de la Administración de Justicia de Guatema-la, Jueces y Fiscales, por razón de la inactividad investigadora de los he-chos denunciados y de paralizaciones o suspensiones injustificadas de losprocesos pendientes, que deben seguirse en virtud de los acuerdos con elGobierno español de 1984.

Por auto de 9 de diciembre de 1999 se incoaron las presentes diligenciasprevias, en las que se acordó requerir a la denunciante para que ratificara enpresencia judicial el escrito inicial, que así verificó el 20 de diciembre de1999, dándose traslado ese mismo día al Ministerio Fiscal, para que infor-mara sobre la competencia de este Juzgado Central de Instrucción parainstruir y a la Audiencia Nacional para resolver.


Desarrollo de la demanda

El 2 de diciembre de 1999 se presentó la Demanda por genocidio, torturas,y terrorismo de estado, en contra de diversos generales, ex jefes de estado yotros altos mandatarios guatemaltecos, por parte de Rigoberta Menchú Tum.

De esta forma se da paso al incoamiento de la demanda que fue aceptadapor el juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco, que se con-vierte en la causa 331-99, la cual abrió la posibilidad de que pudieran serinvestigadas las denuncias por genocidio, terrorismo de estado y torturasen Guatemala, en el marco de la legislación de Justicia Universal.

La doctrina de Justicia Universal tiene potestad para juzgar los crímenes delesa humanidad como el genocidio, tortura, terrorismo y asesinato, los cua-les tienen la consideración de no prescriptibles.

Audiencia Nacional

El 13 de diciembre del año 2000, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacio-nal, dicta resolución, declarando que ´por el momento´ no procede la juris-dicción de la justicia española para conocer sobre los crímenes de LesaHumanidad cometidos en Guatemala, porque no ha sido debidamente pro-bado que los tribunales guatemaltecos no están en disposición y capacidadde juzgar a los responsables de los mismos.

Toman esta resolución sin tener presentes los datos que se aportaron para ladenuncia de genocidio, previamente y exhaustivamente documentados porla Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU, C.E.H., con su cali-ficación técnica de genocidio, ni la cifra de víctimas mortales que corrobo-ra dicho informe, más de 200.000. Esta documentación se acompañó den-tro de la denuncia presentada el año 1999 por Rigoberta Menchú y diversasinstituciones, contra altos responsables de algunos de aquellos delitos delesa humanidad.

La demanda presentada y que dio lugar a la sentencia de la Audiencia Na-cional de la fecha señalada, consistió en negar la jurisdicción española paratales crímenes, adoptando así una sentencia restrictiva que contradice elmarco de la intervención jurisdiccional universal para casos no prescriptibles.

54 - Xamán

La Sala establece el 25 de febrero de 1999, día en que se presentó el infor-me de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, C.E.H., como la fe-cha a partir de la cual se pudo exigir el juzgamiento de los responsables delgenocidio. Pretendió ignorar que desde 1985 está en vigor una nueva Cons-titución y que el 14 de enero de 1986, el último dictador militar de facto leentregó el gobierno a un presidente civil.

De manera formal, desde hace 14 años se deberían haber iniciado los pro-cesos judiciales en contra de los genocidas. Jamás un solo militar ha sidojuzgado por esos crímenes en Guatemala.

La audiencia nacional dispone el archivo de la querella por genocidio enGuatemala iniciada el 2/12/1999

Los argumentos principales para soportar la denegación son;

a) falta de agotamiento de los procesos judiciales en Guatemala;b) principio de subsidiaridad con las jurisdicciones nacionales y elTribunal Penal Internacional y,c) que la C.E.H. estableció que estos delitos no están incluidos en losacuerdos de Paz de Oslo.

Desde el punto de vista del derecho interno español, éste establece clara-mente la utilización del derecho internacional y del íu cogens´ como nor-mas aplicables en el derecho interno. El Auto dio por finalizado y dispusoel archivo de diligencias del procedimiento sin entrar en la valoración delos hechos denunciados en la querella.

Tribunal Supremo

El 25 de febrero del año 2003, el Tribunal Supremo dicta sentencia sobre elRecurso de Casación presentado ante dicho tribunal, en contra de la resoluciónde la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de fecha 13 de diciembre de2000. Sentencia que sigue sin reconocer, lo mismo que hace la sentencia de laAudiencia Nacional el marco de la jurisdicción universal, ya que sólo reconocela competencia de juzgar los casos de víctimas de nacionalidad española, ne-gando dicha posibilidad a las víctimas guatemaltecas o de otra nacionalidad.

El concepto de Justicia Universal queda nuevamente postergado, sometido


a la existencia o no, de algún ́ vínculo´ suficiente o de otros requisitos prác-ticamente imposibles de cumplir. Es de destacar la votación que acompañódicha resolución, en la medida en que el resultado de la votación: ochovotos contra siete, evidenció la propia debilidad de aquel pronunciamiento.

Tribunal Constitucional

El 6 de octubre del año 2006, con la resolución favorable del Tribunal Cons-titucional, al que se recurrió la sentencia del Tribunal Supremo, se adoptauna resolución favorable en la causa 331/99 para el juzgamiento del geno-cidio en Guatemala en el marco de la jurisdicción universal.

Obliga a dar curso al recurso presentado el año 1999, por parte de RigobertaMenchú Tum y otras organizaciones de DD.HH. que se sumaron a la causaincoada, en aras de solicitar justicia por los crímenes de genocidio, tortu-ras, terrorismo, y asesinatos cometidos en Guatemala, y poder ser los mis-mos juzgados en el marco de la Justicia Universal, ante la nula posibilidadde que sean juzgados en su propio país, por la inhibición del sistema dejusticia en las causas acaecidas.

El gran drama, la terrible tragedia que clama desde décadas atrás, Guate-mala. Las atrocidades cometidas por aquel ejército centroamericano duran-te varias décadas, con sus máximos horrores, especialmente concentradosen un período concreto que la reciente sentencia sitúa entre 1978 y 1986.

El genocidio perpetrado contra la población maya, supera todo lo conocidoen Chile, Argentina, El Salvador y cualquier otra de las dictaduras militarespadecidas por América Latina en aquellas décadas de los 70 y 80 del siglo XX.

La sentencia del Tribunal Constitucional, restableciendo la primacía delprincipio de Justicia Universal para los delitos de lesa humanidad reintegrala esperanza de que por fin los crímenes cometidos en Guatemala y en otrospaíses, puedan ser juzgados.

A nivel internacional, es el único marco en el que pueden ser juzgados, yaque instancias como la Corte Penal Internacional, que instaló su sede en LaHaya, no tienen competencias, por carecer de facultades retroactivas y tra-tarse de hechos muy anteriores a su puesta en vigor el 1 de julio de 2002.

56 - Xamán

Resolución del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional adoptó una resolución favorable en la causa 331/99 de juzgamiento del genocidio en Guatemala, en el marco de la jurisdic-ción universal.

Realizada la Vista para conocer el recurso de amparo presentado por losacusadores particulares y la Premio Nobel de la Paz Rigoberta MenchúTum, el 26 de septiembre de 2005, dicho tribunal otorgó el amparo solicita-do en el caso de genocidio en Guatemala.

Así se aplica la jurisdicción universal y se equipara el juzgamiento de lasvíctimas de dicho genocidio, sean de la nacionalidad que sean, ya que seconsideran crímenes de lesa humanidad, por ello no prescriptibles.

De esta forma el Tribunal Constitucional revocó la sentencia del TribunalSupremo dictada en febrero de 2002, por la que se declaraba la competen-cia de los tribunales españoles, sólo para los casos de víctimas de naciona-lidad española. El amparo concedido señala la violación de las garantíasconstitucionales al limitar la jurisdicción, a aplicar el criterio de personali-dad pasiva que no existe en la legislación española.

En la misma resolución se revoca igualmente el auto de diciembre de 2000del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que impusocomo requisito para la competencia, la subsidiariamente de los tribunalesespañoles ante la inacción comprobable de la jurisdicción penalguatemalteca, dejando en firme, el auto del juez instructor Guillermo RuizPolanco, que señaló la competencia de los tribunales españoles para todaslas víctimas, independientemente de su nacionalidad.

El Tribunal Constitucional ha considerado que en la legislación española seínstaura un principio de jurisdicción universal absoluto´, sin sujeción al-guna a ćriterios restrictivos de corrección o procedibilidad, y sin ordena-ción jerárquica alguna, con respecto al resto de las reglas de atribucióncompetencial´. Criterios restrictivos que en el caso de un delito tan gravecomo el de genocidio, ́ contradicen la propia naturaleza del delito y la aspi-ración compartida de su persecución universal´.

Una vez ejecutado el amparo para el regreso del expediente al JuzgadoCentral de Instrucción n° 1 de la Audiencia Nacional, ha debido de reiniciarse


la investigación por genocidio, terrorismo y torturas tal como se presentó ladenuncia inicial en el año 1999.

Con la resolución del Tribunal Constitucional la causa 331/99 ante la Au-diencia Nacional se convierte en un medio de obtención de justicia para lasvíctimas del genocidio, terrorismo de estado y tortura en Guatemala, y contri-buye a que se entienda que el principio de jurisdicción universal, prima sobrecualquier interés nacional cuando se trata de crímenes de lesa humanidad.

Comisión rogatoria a Guatemala y órdenes de captura

El día 11 de noviembre de 2005 el Juez de la Audiencia Nacional, SantiagoPedraz realizó una nueva petición a las autoridades guatemaltecas para quele autorizaran a tomar declaración a testigos e imputados en relación conlos crímenes de genocidio, asesinatos y detenciones ilegales cometidos enGuatemala durante el período que va de 1978 a 1986. Fue acompañado enestas diligencias por el fiscal Juan Antonio García Javaloy.

Es una petición reiterada, pues fue girada por primera vez a mediados delaño 2004 y respondida, dilatoria e ineficientemente, por los órganos de lajudicatura competentes de Guatemala sin que la Comisión Rogatoria sepudiese concretar en ese momento.

De igual manera el Juez Santiago Pedraz confirmó la orden de detención contrael dictador y genocida Romeo Lucas García y el Ministro de Gobernación de laépoca, Donaldo Alvarez Ruiz. Este último, prófugo de la Justicia desde diciem-bre de 2004, cuando evadió su detención en México y se refugió en Panamágracias al apoyo que le brindó el ex presidente golpista Jorge Serrano Elías.

El informe de la investigación, debidamente documentado, fue entregado alas autoridades panameñas para que actuaran legalmente conforme a lo es-tablecido en los tratados internacionales. Hasta la fecha tanto la Interpolcomo el Estado de Panamá han hecho caso omiso a la orden de capturainternacional librada por el tribunal Español.

Desde el año 2004, que se libró desde la Audiencia Nacional una solicitudpara la realización de una Comisión Rogatoria Internacional, con el corres-pondiente desplazamiento del Juzgado a territorio de Guatemala para hacerindagaciones, éstas no han tenido fruto.

58 - Xamán

En la constitución de la propia Comisión Rogatoria, acordada en principiocon la justicia guatemalteca para días recientes de junio y julio de 2006, sevolvió a poner de manifiesto la imposibilidad de obtención de justicia en Gua-temala y cómo su propio sistema judicial está diseñado para consolidar laimpunidad.

Dicha Comisión Rogatoria fue anulada, de hecho, por petición de ´previos´,exigencia de formalismos exacerbados e irrazonables, y la dilación continúa.

La presentación y tramitación de más de 15 recursos con la misma motiva-ción ante diferentes órganos y jurisdicciones, buscando la suspensión deestas diligencias previamente autorizadas, es un ejemplo de cómo se proce-de en Guatemala por parte del sistema judicial.

Los integrantes de la Comisión Rogatoria no sólo se enfrentaron a la nega-tiva de los acusados a declarar, sino que se imposibilitó la declaración detestigos y víctimas.

Como broche esperpéntico se concedió un amparo provisional por la Corte deConstitucionalidad, órgano que debe velar por los derechos fundamentales devíctimas y testigos, también y por igual, por un problema interno de los juzga-dos, a los que se trasladaron fotocopias y no originales, suspendiendo definiti-vamente la realización de cualquier diligencia en las fechas programadas.

Tras la paciente actitud de los componentes del tribunal desplazado, y lanotoria falta de colaboración de las autoridades judiciales guatemaltecas, eljuez Santiago Pedraz dictó Orden Internacional de Búsqueda y Captura,con fines de extradición, contra todos los acusados por los serios y gravesindicios de comisión de los delitos de genocidio, terrorismo, torturas, ase-sinatos y detenciones ilegales.

Dictó igualmente embargo de todos sus bienes para hacer frente a las posi-bles responsabilidades civiles y pecuniarias.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz se desplazó el 24 dejunio de 2006 a Guatemala, conformando la comisión rogatoria integradapor ocho miembros de la Audiencia Nacional, junto al fiscal Jesús Alonso.

La razón de la visita, escuchar las declaraciones de testigos y sindicados encasos de genocidio ocurridos en Guatemala, diligencia que, de momento,


está suspendida debido a la suspensión de las indagatorias, por los recursosde conflicto de jurisdicción y los amparos y el recurso de queja presentadospor los militares retirados Efraín Ríos Montt y Óscar Mejía Víctores, asíhasta un número de 15 recursos.

El Magistrado Santiago Pedraz estuvo en Guatemala, en un intento fallidopor indagar a los acusados de genocidio, quienes en ese momento perdie-ron la oportunidad de ser escuchados y explicar su conducta durante elconflicto armado, tal como manifestó la Premio Nobel Rigoberta Menchú,quien es una de las querellantes en este proceso.

Orden internacional de captura contra ex dirigentesde Guatemala por obstrucción

Tras la infructuosa visita de la Comisión Rogatoria, el juez de la AudienciaNacional, Santiago Pedraz, libró órdenes internacionales de busca y captu-ra para el ex jefe de Gobierno de Guatemala Efraín Ríos Montt y otros sietepresuntos implicados en los delitos de genocidio en ese país que investigaante su falta de cooperación y actitud óbstruccionista´.

En el auto notificado, el magistrado acuerda la prisión provisional comuni-cada y sin fianza de estas ocho personas á los efectos de su detención yextradición´, y cursa las órdenes de detención ´para que sean aprehendidosy puestos a disposición de la autoridad judicial española a fin y efecto deresponder de los delitos que se les imputan´.

Los afectados, además de Efrain Ríos Montt, son el ex jefe de GobiernoÓscar Humberto Mejía Víctores, el ex ministro de Defensa Angel AníbalGuevara, el ex director de la Policía Nacional Pedro García Arredondo, elex jefe del Estado Mayor del Ejército Benedicto Lucas García, el ex mi-nistro de Gobernación Donaldo Alvarez Ruiz y el ex presidente de laRepública de Guatemala Fernando Romeo Lucas.

Romeo Lucas, residente en Venezuela falleció el mes de mayo de 2006,aunque en el procedimiento que se sigue no hay constancia oficial de sumuerte, lo que hace que el juez Santiago Pedraz lo incluya en el auto.

60 - Xamán

Decisión motivada por la Fiscalía

El juez Santiago Pedraz tomó esta decisión después de que la Fiscalíadenunciara, que durante el viaje del juez a Guatemala ´se detectó unaclara, constante y voluntaria falta de cooperación con la autoridad judicialespañola en la investigación de los hechos denunciados´ por parte de losimputados, que impidió al magistrado tomarles declaración a ellos y a lostestigos. Ćon su actitud obstruccionista bloquearon de hecho, y en elfondo de derecho, no sólo sus declaraciones, sino también la de los testi-gos que se habían propuesto´, señaló el Ministerio Público en su escrito.

El fiscal añadía que ´la cascada constante y continua de recursos, evitan-do el lógico actuar del órgano judicial, no sólo impidió que conocieran laimputación, sino también que los testigos propuestos pudiesen contar alinstructor su verdad sobre lo en realidad acontecido, logrando de estamanera ver satisfecho su legítimo interés de acceso a la Justicia´.

Así, considerando que concurren en los antes citados ´fundados indiciosde la comisión de sendos delitos de terrorismo, torturas, genocidio, asesi-nato y detención ilegal de los que serían autores´, la Fiscalía pidió laadopción de medidas cautelares ´para evitar que (...) campen por sus res-petos burlando la jurisdicción española´.

En su resolución, Santiago Pedraz hizo suyos estos argumentos y, ademásordenó su búsqueda y captura, y su prisión, decretando él embargo detodos los bienes de los que los mismos sean titulares (...), a los efectos degarantizar las responsabilidades pecuniarias y civiles correspondientes´,así como el bloqueo de sus cuentas bancarias.

62 - Xamán

Una luz para el juzgamiento del genocidio en Guatemala

Con muestras de júbilo pero también con insatisfacción los sobrevivientesy familiares de víctimas,así como organizaciones de derechos humanos re-cibimos el día lunes 6 de noviembre la noticias de la resolución del Tribu-nal Quinto de Sentencia Penal de Guatemala, sobre las ordenes de capturainternacional con fines de extradición giradas por la Audiencia Nacional deEspaña el 7 de julio del año en curso.

Las órdenes de captura fueron libradas por el Juez Santiago Pedraz contraJosé Efraín Ríos Mont, Oscar Humberto Mejía Víctores, Angel AnibalGuevara Rodríguez, Germán Chupina Barahona, Pedro García Arredondo,Benedicto Lucas García, Donaldo Alvarez Ruiz y Fernando Romeo Lucasa quienes se les imputa la comisión de los delitos de genocidio, torturas,terrorismo, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales durante elconflicto armado interno en Guatemala.

La inesperada resolución del tribunal es aplaudida por la FundaciónRigoberta Menchú Tum en tanto dio lugar a la ejecución de algunas órde-nes y cuyo hecho en si mismo se constituye en un hito histórico en la bús-queda de justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestropaís.

Después de una larga lucha y, 7 años en particular, del proceso abierto enEspaña por fin se vislumbra en el horizonte una luz de esperanza para lossobrevivientes y los familiares de las víctimas. Los responsables de la muerte,tortura, desaparición forzada y genocidio cometido contra cientos de milesde guatemaltecas y guatemaltecos, obreros, campesinos, académicos y gentedemocrática indígenas y no indígenas, cada vez están más cerca de estarfrente un tribunal para ser juzgados por sus actos criminales.

La sorpresa también ha sido que el tribunal ha excluido del conjunto desindicados, al general Efraín Ríos Mont, uno de los principales acusados yen la actualidad uno de los personajes más poderosos en relación a la obs-taculización de la justicia. Ha puesto en muchas ocasiones a las institucio-nes de justicia a su servicio y ha hecho fallar en su favor a los tribunalesmás importantes del país. Sin embargo habremos de reiterar que la justiciatarda pero no olvida y ahora más que nunca los esfuerzos habrán de redo-blarse porque se juzgue la totalidad del genocidio cometido en nuestro paísy que por lo mismo Ríos Mont no debe escapar a un reclamo moral, justo y


necesario del pueblo de Guatemala. Consideramos que es cuestión de tiem-po para que los mecanismos de la justicia nacional e internacional le obli-guen a responder ante las instancias legalmente constituidas por los críme-nes que cometió.

Instamos a las instituciones responsables a que actúen con celeridad y conapego a la ley para dar lugar a la justicia pronta y cumplida, sobre todo paraque se hagan efectivas las ordenes de captura ya emitidas y pendientes deejecutar. Asimismo reiteramos nuestro compromiso con las víctimas so-brevivientes y los familiares de las víctimas de continuar en una lucha queaún reclama esfuerzos significativos. Llamamos también, a las organiza-ciones, sociales, campesinas, indígenas, estudiantiles, de derechos huma-nos, y de víctimas, a organizaciones solidarias y a la opinión pública nacio-nal e internacional a pronunciarse exigiendo la actuación correcta e inde-pendiente de los tribunales guatemaltecos con el fin de que se hagan cum-plir los preceptos nacionales e internacionales relacionados con eljuzgamiento de los delitos de lesa humanidad.

Guatemala, 6 de noviembre de 2.006

64 - Xamán

Cómo la memoria, es parte de la justicia

Shhhhhh,

Déjalo ir,

déjalo pasar,

olvídate,

eso es del pasado,

ya no existe,

no mires hacia atrás,

Mirá solo adelante

Muchas de estas frases que cotidianamente escuchamos, representan unade las tantas caras de la injusticia, la impunidad, el autoritarismo y la repre-sión que aún pervive en Guatemala.

Son frases y mensajes que fomentan el olvido, la amnesia, y la aceptaciónde la inoperatividad de la justicia.

Por ello, en el marco del pasado reciente de Guatemala, el conflicto armadointerno, se trató de imponer el silencio por parte de los poderes hegemónicospara acallar las atrocidades que se cometían contra las poblacionesguatemaltecas.

Sin embargo, estas poblaciones a pesar del miedo, la represión, el dolor, sedecidieron a denunciar, y no olvidar lo sucedido, con la esperanza que unsistema de justicia los respaldara.

Fortalecer los pilares de un sistema justo pasa por denunciar, y hacer quelas injusticias individuales sean ampliamente conocidas, para que siendoconocidas, puedan ser asumidas colectivamente, evitando ´pasar a la si-guiente página´ sin que se haya hecho justicia antes.


En este sentido queremos recordar y conmemorar el 16 aniversario del ase-sinato de Myrna Mack, antropóloga especializada en el área de antropolo-gía social en universidades del Reino Unido y Estados Unidos, que en 1982regresa a Guatemala y se incorpora a Inforpress Centroamericana, fundan-do más tarde la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales,AVANCSO. El 11 de septiembre de 1990 fue ejecutada en una operación deinteligencia del estado Mayor Presidencial, frente a las oficinas de la Aso-ciación para el Avance de las Ciencias Sociales de Guatemala. Este hechofue accionado por orden de los poderes hegemónicos para callar la denun-cia que sobre la realidad cruel e inhumana que vivían las poblaciones deretornados, había contribuido a desvelar Myrna.

Pero a pesar de que Guatemala se encontraba aún en el contexto del con-flicto armado, éste asesinato no fue callado y silenciado como muchos otroscasos del pasado reciente. Al contrario, fue denunciado.

Fue así que Helen Mack, hermana de Myrna se convirtió en querellanteadhesiva, logrando que a tres años del asesinato de Myrna, se condenara alautor material del hecho, y después de 13 años, se condenara a uno de losautores intelectuales, el Coronel Juan Valencia Osorio, quien antes de sercapturado se fugó de la justicia guatemalteca.

Hoy Myrna ya no es solo memoria entre un pequeño grupo de personas. Esparte de la historia guatemalteca.

Preámbulo de Rigoberta Menchú -67

Xamán

Prólogo de

Rigoberta Menchú Tum

Premio Nóbel de la Paz


Recuerdos, pensamientos, sueños y destinos

Muchas gentes, en distintos lugares, me han dicho que nunca o sólo muy rarasveces recuerdan sus sueños. A mi eso me extraña porque desde chiquita siem-pre me acuerdo de lo que sueño, y pienso en ello. En mis recuerdos más leja-nos de nuestra casita en Laj Chimel, posiblemente antes de que naciera mihermana Anita, guardo memoria de que al despertar por las mañanas hablába-mos sobre lo que habíamos soñado y alguno de mis padres, sobre todo mimamá, nos explicaba su significado. Nos enseñaron que no todos los sueños secuentan en público. Que algunos sueños sólo hay que contarlos a las personasmás cercanas y otros hay que guardarlos en el corazón, recordarlos y atenersea sus consecuencias. Porque no todos los sueños se pueden interpretar. Duran-te toda mi vida, los sueños han sido importantes y muchas veces se han con-vertido en motivo de reflexión, de preocupaciones, de esperanzas.

El 5 de octubre de 1995, estando en la ciudad de Madison durante un viaje detrabajo por Estados Unidos, me levanté con un dolor muscular insoportable,recordé que había tenido un sueño horrible en la madrugada. Tuve un sueño,pero sobre todo un sentimiento y un dolor muy grande. Al ver a Dorita, que meacompañaba en la gira, le dije: ¡A saber cuantos niños han sido paridos estanoche!. Yo no pensé en la muerte, pensé en la vida. ́ A saber cuantos niños hansido paridos esta noche y tal vez a alguno le pusieron mi nombre. Y quiénsabe si yo tuve que ayudar a esas madres a parir esos hijos. Tenía muchodolor. Empezamos una larga jornada, como siempre llena de entrevistas,conferencias, y charlas. Por fin, fuimos a comer con un grupo de amigos.

De pronto iniciamos una conversación sobre los refugiados. Y empezamosa recordar a Don Juan Coc, el respetado dirigente de los refugiados que retor-naron a Guatemala a la finca Xamán. Mientras tomábamos el café empeza-mos a hablar de Don Juan Coc y de la maravillosa fuerza de la vida. Recorda-mos cómo él había podido contener una enfermedad mortal y mantenerse frentea su pueblo hasta conducirlo a las tierras largamente soñadas. Murió muypoco tiempo después, sin tener siquiera tiempo para saborear la primera cose-cha que recogieron sus hermanos. La conversación se prolongó. En eso, entrelas tres y las cuatro de la tarde, recibimos la primera noticia de la masacre.Yo me quedé perturbada y sorprendida. Sentía escalofríos por todo el cuer-po. No podía creerlo. En poco tiempo, esa dolorosa información, dio lavuelta al mundo.

Mi reacción fue de profunda amargura e indignación. Había querido creerque las historias de masacres, que las historias de tierra arrasada eran trági-

70 - Xamán

cas memorias del pasado. En cambio, una patrulla de militares del ejercitode Guatemala había entrado a la comunidad de Xamán y, en circunstanciasinexplicables, había abierto fuego contra la gente que se preparaba paracelebrar una fiesta. Más de 10 muertos y más de 25 heridos, incluso niños,mujeres y ancianos eran el resultado trágico de este acto de barbarie, deesta nueva masacre contra la gente más humilde de mi pueblo.

Hace bastantes años, tal vez unos 12 ó 13, que conozco a la gente de Xamán.Los conocí cuando llegaron como refugiados a México. Habían caminadouno o dos meses por las montañas, sin zapatos, sin comida, sin esperanza.Cargaban con sus hijitos y sus pocas pertenencias. Acababan de escaparsede la muerte. Muchas personas contaban que dejaron enterrados, algunasveces insepultos, los cadáveres de sus hijos, de sus esposos y de sus espo-sas, en el corazón de la selva, en medio de los barrancos. Sólo Dios sabe enqué parte se habrán quedado sus muertos. Narraban con profundo dolorcómo vieron sus casitas cubiertas por las llamas, cómo los soldados destru-yeron todo lo que les había pertenecido.

Juan Coc

Así conocí a muchos de ellos, cuando estaban llegando para iniciar unahistoria de tristezas, de nostalgias y de grandes recuerdos en algún campa-mento de refugiados en México. No cargaban nada más que su dignidad,su verdad y su orgullo de vivir. Jamás olvidare a don Juan Coc, que era unlíder q'eqchí. Más que un líder, era un hombre sabio, muy sensible. No enel sentido del estereotipo que nos ponen encima a los indígenas según elcual todos somos naturales y sensibles. Él era un hombre de una grande yprofunda espiritualidad. Tenía algunos dones especiales, que no todos por-tamos.

Como refugiados sobrevivientes, exiliados, víctimas de la guerra, no nosquedó otro camino, más que trabajar y luchar incansablemente por muchosaños. Sobrevivir y esperar a que llegara el día de retornar con dignidad.Sabíamos que toda la gente tenía un gran sueño. Volver a la tierra, volver aGuatemala. El 8 de octubre de 1992 se firmaron los acuerdos para el retor-no de los refugiados entre los representantes de éstos y el gobierno de laRepública. Se abrieron nuestras esperanzas por un retorno organizado, conseguridad y con dignidad. Don Juan Coc fue uno de los firmantes de esosacuerdos.


Para Don Juan Coc la única ilusión era que regresara su gente, que encon-traran la tierra para vivir y trabajar y que volvieran a renacer a la vida, quevolvieran a renacer en la estabilidad. Nosotros los apoyamos para encon-trar y negociar la finca Xamán, en Alta Verapaz, que fue escogida por lacomunidad como la más adecuada. A fin de cuentas, el Gobierno comprólas tierras. Pero la negociación fue muy complicada. La gente tuvo queesperar con mucha paciencia, más de un año en un lugar temporal, antes depoder fundar su propia comunidad. Un lugar en donde reposará la memoriade sus nietos, la memoria de las generaciones venideras. La mayoría dehermanas y hermanos de la comunidad provenían de distintos lugares ymuchos hubieran querido volver a su tierra natal. Allí había gente mam,q'eqchí y q'anjobal.

Xamán

Cuando por fin fueron dueños de la finca Xamán, la bautizaron con el nom-bre de Áurora 8 de octubre´ y nació una esperanza muy fuerte. Porque allíla Santa Tierra produce maíz, produce café, hule, cardamomo y otros pro-ductos no tradicionales que pueden darle a la gente una vida digna. Sobretodo productos que no dañan la naturaleza de esta zona. Nosotros asumi-mos totalmente el compromiso de ayudar en la reconstrucción y la urbani-zación de Xamán, trabajando con gente tan hermosa y solidaria como Mé-dicos del Mundo, que atendió los aspectos sanitarios, con el fin de instalarinmediatamente los servicios de salud más urgentes. ¿Cómo garantizar yatender la salud y una educación adecuada a los niños, a los adolescentesque tienen triple identidad? Por un lado son mayas que hablan tres idiomasdiferentes, son guatemalteco-mexicanos o mexicano-guatemaltecos. Peropor otro lado, son simplemente hijos de refugiados que no han echado raízen ninguna parte. Cuando llegaron a México los niños preguntaban: ¿Ycuándo vamos a volver a casa?. Sus papas les respondían: Muy pronto.Sólo esperaremos que se mejore un poco la situación”. Ese poquito de es-pera se convirtió en 12 y hasta 13 años de exilio. Tal vez la fuerza de lafamilia y de los grandes valores de la comunidad, la fuerza de nuestra cul-tura maya, les haya dado a ellos la base para ser niños y jóvenes normales.Las 200 familias que regresaron del refugio en México, encontraron enXamán a un poco más de 50 familias q'eqchíes que tiempo atrás habíanocupado algunos terrenos de la finca. Se produjo una negociación muy her-mosa hasta llegar a un pleno acuerdo entre quienes vivían allí, acusados deinvasores, y los que llegaban como nuevos propietarios de la tierra. Juntos

72 - Xamán

formaron la cooperativa ´La Unión Maya´ y los sueños comunes fueronmás grandes todavía. Y ahí estuvimos, afortunadamente, acompañando anuestras hermanas y hermanos en ese camino de esperanza. El mensaje dereconciliación era claro y directo, sobre todo cuando el ejército seguía acu-sando a los retornados de ser sustento de la guerrilla, al mismo tiempo quela insurgencia desconfiaba de quienes pretendían pensar con su propia ca-beza. Quiero decir con todo esto que nuestro interés por Xamán no surgeante la infamia de la masacre. Durante años hemos trabajado hombro conhombro con la mayoría de los que fueron asesinados o quedaron heridos.Tal vez por eso duele más profundamente. Y la misma pregunta repetidamuchas veces: ¿por qué? Xamán dejo de ser zona de conflicto armado des-de los años 1985/86.

En general es una región pacífica y quienes retornaron del refugio supieronevitar cualquier confrontación con sus nuevos vecinos. Por el contrario,pusieron sus pocos recursos; la escuelita y la clínica por ejemplo, al servi-cio de sus hermanos de las aldeas cercanas. Todo eso a pesar de que elejército creó un clima de tensión y enfrentamiento antes de que regresaranlos refugiados, diciendo en las comunidades de Chisec, municipio al quepertenece Xamán, que se trataba de guerrilleros que vendrían a reavivar laguerra y que, por lo tanto, eran enemigos. Pero las raíces comunes han sidomás poderosas. La humildad de nuestra gente y la inmensa pobreza de am-bas comunidades son iguales y poco a poco se han venido construyendorelaciones pacíficas entre comunidades mayas que comparten un mismoterritorio.

Sin embargo muchas cosas malas han caído sobre Xamán desde que retor-naron los que tuvieron que pasar tantos años en el refugio. Don Juan Cocsu guía, su k’amal b’e, el que va delante de los demás, tenía leucemia, unaenfermedad feroz que lo podía haber matado varios años atrás. Pero sufuerza radicaba en el compromiso de conducir a su pueblo hasta la MadreTierra. Hasta el lugar donde nadie sería extranjero, refugiado o víctima dealgo. Aguantó muchísimo. Nosotros mismos no entendíamos cómo un cam-pesino humilde y pobre que no tenía forma de lavar frecuentemente su san-gre, porque la leucemia avanzaba cada vez más, aguantó y soportó hastaque le alcanzaron las fuerzas para llegar. La gente se reubicó y él se despi-dió de ellos. Es el primer muerto que bendijo el camposanto de Xamán.


Los desastres les acompañan

Unos meses después ocurrió un desastre natural. Hubo un viento huracana-do que levantó todos los techos de las humildes casas, las pocas cosas, laspocas láminas que tenía la gente. El 16 de abril de 1995 a las 8 de la nocheempezó la tormenta y duró más de tres horas. Lloraban los niños, aullabanlos perros y gritaban las gentes. La gente estaba desconcertada, la naturale-za les había demostrado su grandeza, su agresividad, su poder. Pasaron unalarga noche de desamparo total, de miedo y de pena. Cuando ocurrió eso,yo hablé con algunos líderes de Xamán para decirles que tal vez lo quefaltaba allí era una oración, sus plegarias a la tierra. Era como el compromi-so de todos para honrar esa nueva tierra, esa nueva comunidad. Como quefaltaba un poco de humildad para tratar de bendecir la tierra como se hacíaantes en nuestros pueblos. Quemarle su pom, sus candelas y darle su cuxa.´Pedirle permiso a la madre tierra´, decían nuestros padres.

Empezó a salir adelante Xamán. Habíamos terminado de lotificar el centrourbano, se estaba ya instalando el servicio telefónico. Se siguió buscandoun mejor mercado para el hule y el cardamomo que produce la cooperativay se comenzó a trabajar en la construcción de viviendas formales y dignas.

A principios de septiembre nos reunimos con varios de los líderes de lacomunidad para apoyarlos en la organización de la fiesta de su primer ani-versario, el 8 de octubre. Se contemplaba realizar una gran fiesta. Convo-car a los representantes de los retornados de las distintas regiones. Pensa-mos invitar a una buena cantidad de pueblos vecinos. Se habían planeadoencuentros de fútbol y otros juegos deportivos. Pensamos que variasmarimbas de comunidades cercanas deberían tocar en esa fiesta y que te-níamos que lograr que fuera una fiesta muy grande. Había 12 niños queiban a ser bautizados, habían otros niños y jóvenes que tenían que ser con-firmados en la religión católica. Había que hacer todo el mismo día. Desdeel 7 de octubre se empezarían las ceremonias para agradecer ese gran día deaniversario. Cuando hay festejos como ése, la comunidad aprovecha paracambiar sus autoridades y reafirmar el papel de sus líderes. Se reúnen loscatequistas, las mujeres, los jóvenes. Todos estábamos seguros de que iba aser una fecha memorable.

74 - Xamán

Xamán modelo de futuro

Muchos analistas y muchas instituciones entendían que la experiencia deXamán podría ser un modelo de retorno para otros refugiados. Primero, porel aspecto de reconciliación, segundo, porque se logró en un corto tiempoque la comunidad empezara a levantarse con un gran nivel de organización.Un modelo para las otras comunidades cercanas, porque los recién llegadosrápido empezaron a dar servicio médico a sus vecinos. Muchas comunida-des habían acudido a buscar medicinas a este nuevo pueblito y vieron elejemplo de que con la conciencia y el esfuerzo de la misma gente se puedelograr una vida digna. La esperanza que se estaba depositando era muygrande. Mucha gente había ido a conocer algo de esas esperanzadoras ex-periencias en la nueva comunidad a la que sus pobladores bautizaron con elsonoro nombre de Áurora 8 de Octubre´. Por eso, ante la masacre y lareiterada pregunta del por qué, de esa nueva infamia en contra de gente tanhumilde, en contra de una comunidad indígena que a diario buscaba cica-trizar tantas heridas de la crueldad que ha vivido, no se puede dejar depensar que ahí se cometió una infamia, un hecho de profunda maldad.

Jueves 5 de octubre

Ese jueves 5 de octubre de 1995 a eso del mediodía, mientras la mayoría delos pobladores de la comunidad de Xamán se dedicaban a sus trabajos ha-bituales y otros, los de las comisiones encargadas, se afanaban en terminarde construir una enorme galera que serviría para el baile de aniversario,llegaron las noticias iniciales de la presencia de soldados armados dentrode la comunidad. Fueron los niños que salían de la escuela los primeros enverlos. En cualquier lugar donde los militares asoman, causan pánico, so-bre todo a quienes ya han sido víctimas de sus atropellos.

Luego algunas mujeres confirmaron la información, de que un grupo nu-meroso de militares caminaba por el bosque que rodea el casco urbano dela cooperativa. Cuatro dirigentes de la comunidad salieron a buscar a lossoldados para hablar con ellos y pedirles que se retiraran. A lo largo de unaño de estancia en Xamán esa era la primera vez que el ejercito penetrabaen la finca, que es propiedad privada de la cooperativa.

A los pocos minutos, dentro del bosque, los dirigentes se toparon con 25soldados, bajo el mando de un subteniente. Todos los soldados, incluido el


jefe, eran indígenas y jóvenes igual que ellos. Al hacerles ver que al entrarsin permiso a la finca estaban violando uno de los acuerdos firmados entreel gobierno de Guatemala y los refugiados en octubre del 92, el subtenienteAntonio Lacán Chaclán, que se identificó como el jefe de la unidad, dijoque ellos sabían que se iba a celebrar una fiesta y que llegaban para partici-par. Los dirigentes les pidieron a los militares que salieran inmediatamentede los terrenos de la cooperativa. Les explicaron que la comunidad no acep-taría su presencia y que ésta más bien causaría miedo o intranquilidad. Eloficial se negó, diciendo que ellos habían sido invitados a la fiesta.

Tres mujeres mayores llegaron hasta donde hablaban los dos grupos. Al oírlos argumentos del jefe militar dijeron indignadas que no era correcto quelos dirigentes estuvieran tratando con los soldados en medio de la monta-ña. Muy enojadas exigieron que todos se fueran hasta el centro del pueblo yque se hablara frente a toda la comunidad. Así es como se trasladaron alcentro de la comunidad.

Ya en el corazón del centro urbano, en el terreno reservado para construir laescuela, se comenzó a reunir la gente, en su mayoría mujeres y niños. Losdirigentes empezaron a llamar por un altavoz a los vecinos de los diferentesbarrios, donde conviven familias que hablan el mismo idioma maya. Pocoa poco creció el grupo hasta componer unas 250 ó 300 personas. Una mu-jer mam, muy hermosa y creativa, llamada Rosenda Sales, llevó una cáma-ra fotográfica y tomó varias fotografías donde se pueden ver los rostros deniños, mujeres, ancianos y pocos hombres jóvenes que formaban una me-dia luna en torno a los soldados armados. Esas fotos son muy tristes. Todos,soldados y pobladores, son hermanos indígenas. En la investigación querealizamos posteriormente encontramos que varios de los soldados fueronreclutados por la fuerza cuando tenían 14 y 15 años. La mayoría de losmilitares son muy jóvenes, algunos casi niños. En las fotos se ven las armasde guerra, fusiles, ametralladoras, lanza granadas, listas para ser usadas encontra de la población civil desarmada e indefensa. Ojos de niñitos asusta-dos, viendo con curiosidad a quienes unos minutos después serían sus ver-dugos.

El subteniente volvió a repetir sus argumentos. Los dirigentes insistían enexigir su salida inmediata de la cooperativa. Las mujeres, algunas de ellasenfurecidas, gritaban que los soldados no debían salir hasta que llegaranlos observadores de la Misión de Naciones Unidas para Guatemala,MINUGUA, y quedara apuntado en un papel, que se había cometido esa

76 - Xamán

violación a los Acuerdos del 12 de octubre. Que constara que los soldadoshabían incursionado ilegalmente en una propiedad privada. Muchos re-cuerdos terribles se agolpaban en la cabeza de quienes sobrevivieron alarrasamiento de sus aldeas, 13 ó 14 años atrás. Aumentaron los gritos y losreclamos, especialmente de las mujeres. Algunos comenzaron a exigir quelos soldados pusieran sus armas en el suelo mientras llegaban los funciona-rios de MINUGUA. El ambiente se puso tenso en pocos minutos. Varios delos testigos afirman que vieron al jefe de la patrulla militar comunicarsepor radio con alguien. Los mismos aseguran que unos instantes después lovieron hacer una señal a sus soldados con el pañuelo rojo que llevaba en elcuello.

La masacre

Y ahí empezó la masacre. Los soldados comenzaron a disparar sus fusilesen todas las direcciones. Las primeras en caer muertas fueron las mujeresque estaban protestando frente a los militares. Pedro Medina, un joven yquerido dirigente, cayó herido y fue rematado en el suelo cuando trataba deincorporarse. La niñita Maurilia Coc Max, de apenas 7 años de edad, fueasesinada por la espalda mientras corría hacia donde desesperadamente lallamaba su padre para que se pusiera a salvo.

En medio de gritos de angustia y terror se escuchó la explosión de dosgranadas. Tres soldados que quedaron en medio de la gente que huía llenade pánico, fueron heridos en las piernas por los disparos de los soldadosque estaban más alejados. A los soldados no les importó la suerte de suspropios compañeros que se quedaron perdidos entre la multitud. Imágenesterribles de mujeres corriendo bajo las balas, con un hijo recién nacidoamarrado a la espalda y arrastrando de las manitas a otros dos niños peque-ños. Todos corrían de un lado a otro buscando salvar la vida. FernandoChop, un joven maestro de 17 años, muy querido porque desde los 14 añoscomenzó a cumplir con su vocación de educador, recibió 2 tiros en la espal-da cuando corría y casi se había puesto a salvo. Varios de los heridos fueronrematados en el suelo, en los momentos en que Lacán Chaclán comenzó adar a gritos la orden de retirada. Parecía que no era la primera vez que lestocaba rematar a alguien en agonía.

La mayoría de los heridos trataron de refugiarse en sus casas. Algunos delos más graves se arrastraban hacia la clínica de Médicos del Mundo en


busca de auxilio. Rosenda, gravemente herida en un pie y con esquirlasincrustadas en las piernas, logró salvar la cámara con las valiosas fotogra-fías. Alguien vio el reloj: pasaban 10 minutos de las 2 de la tarde de un díaterrible. Una nueva pesadilla de sangre, una nueva herida en la memoria deun pueblo maya. Los soldados corrían desordenadamente, disparando so-bre las casas que encontraban a su paso. Bastante lejos del lugar de la ma-sacre, uno de los grupos de militares que se retiraba se encontró con Santia-go Tut Pop, un niñito q'eqchí de apenas 8 años de edad. Santiaguito estabajugando a pescar en un pequeño arroyo y traía una vara y un hilo en lamano. Al ver a los soldados corrió por el camino hacia su casa. Un primerdisparo le desgajó la mano y el antebrazo, pero siguió corriendo mientrasgritaba de dolor y llamaba a su mamá; un segundo disparo le penetró por laespalda y otro le destrozó la cabeza. Santiago cayó muerto a la orilla delcamino. A su lado quedo la varita de pescador de ilusiones. Una y otra vezlos sobrevivientes y los testigos me han relatado con profundo dolor loocurrido; una y otra vez he visto y oído los llantos de la comunidad y de lasvíctimas.

Ocho cadáveres quedaron tirados en el lugar de la masacre. Maurilia murióen la clínica de la comunidad donde trataron desesperadamente de salvarlela vida. El cuerpecito de Santiago, lejos, a la orilla del camino. FernandoChop, el niño maestro, murió al día siguiente en el hospital al que fue tras-ladado. El saldo terrible de la infamia: 11 muertos y 26 heridos, en aqueljueves 5 de octubre que amaneció con la alegría de los preparativos para lagran fiesta. Como dos horas y medio más tarde empezaron a llegar uno trasotro los helicópteros y la imagen de dolor de nuestra gente dio la vuelta almundo.

Esa misma noche, mientras los heridos eran trasladados en helicópteros ahospitales de la capital, el Gobierno hizo pública su versión de los hechospor boca del Ministro de la Defensa. Con el mayor cinismo, el GeneralMario Enríquez dijo que una patrulla militar había sido atacada por la po-blación en Xamán. Hizo el absurdo relato de cómo unas agresivas mujeresle habían arrebatado las armas a los soldados, con las cuales comenzaron adisparar sin control, ya que no sabían utilizarlas. El resultado, según eldescarado General, fueron los muertos y heridos dentro de la población. ElGeneral asumía su verdad sobre la masacre como si él personalmente hu-biera estado allí. Por supuesto que esa versión no se la creyó nadie y sólosirvió para profundizar el clima de repudio a este hecho vil y salvaje.

78 - Xamán

Mi presencia en Xamán

Inmediatamente cancelé mi gira de trabajo en Estados Unidos y buscamoscon Dorita el primer avión que nos llevara de regreso a Guatemala. Le pedía Gustavo Meoño, Director de nuestra Fundación, que se trasladara de in-mediato a Xamán y tomara las medidas que fueran necesarias para mani-festar nuestra solidaridad con la comunidad. En las primeras horas de lamañana del día 6, Gustavo encontró los cuerpos de los masacrados en elmismo lugar donde los habían matado. Las escenas de amargura y de doloreran desgarradoras. Familias completas lloraban junto a sus difuntos. Mien-tras rezaban y encendían sus candelas. Los niños y los jóvenes grababan ensu memoria un hecho sangriento, sin explicación. El cuerpecito de Santia-go permanecía tirado en la misma cuneta, a la par del camino, como mues-tra terrible del grado de maldad y deshumanización que el ejercito ha podi-do sembrar en el corazón de jóvenes soldados que un día fueron reclutadosa la fuerza como ganado, fueron entrenados con crueldad y que tal veznunca podrán pagar su deuda para con su pueblo.

Mientras tanto, el Fiscal del Ministerio Público y el Juez de Paz de Chisecrecogían pruebas de manera superficial y descuidada. No dieron ningunainstrucción a la comunidad para conservar y proteger las pruebas y el lugarde la masacre. No cercaron el área donde permanecían los muertos. Mez-claban dentro de una bolsa los numerosos casquillos de balas que la genterecogía e inocentemente les entregaba. Gustavo Meoño preguntó por elnombre del Fiscal y se llevó la sorpresa de que se trataba de un tal Alcides,el mismo que, siendo Juez, ordenó mi captura e intentó encarcelarme en1988 cuando regresé por primera vez a mi tierra. Nuevamente se cruzabannuestros caminos, pero esta vez en circunstancias más terribles. Obviamenteeste juez verdugo no había cambiado mucho. Los testimonios de la gente indi-can que él hacía todo lo posible para borrar las evidencias de la masacre.

Primer aniversario

Ese día ocurrió algo que refleja claramente el temple de la comunidad deXamán. En medio del dolor generalizado, los dirigentes consultaron la opi-nión de las familias de las víctimas y del resto de la comunidad y tomaronla decisión de seguir adelante con la celebración de su primer aniversario.La vida tiene que triunfar sobre la muerte, decían, y proclamaban que lafiesta sería la mejor forma de decirles a sus verdugos que habían fracasado


en su intento de matar la fe y la esperanza del pueblo de Don Juan Coc.

Llegue a Xamán después de haber anunciado públicamente que aceptaba lapetición de la comunidad de representarlos como acusadora y participardirectamente en el proceso judicial que debía iniciarse. Dije ante la prensaque buscaríamos el castigo legal contra los autores materiales y los autoresintelectuales de ese acto de barbarie. Lo reafirmé ante todo el mundo y antela comunidad cuando llegó ese esperado día 7 de octubre. Jamas podréolvidar esa ceremonia donde fueron bautizados 12 pequeños niños, a la parde los ataúdes de los asesinados. Donde se lloraba de dolor por la injusticiay la muerte, al mismo tiempo que se le daba gracias al Corazón del Cielo yde la Tierra por el milagro de la vida. Las cajas de los muertos estabanllenas de flores, rodeadas de candelas y veladoras. Mujeres y niños llorabana gritos otros rezaban en voz alta, otros quemaban el pom, otros cantandohimnos religiosos, otros estaban callados. Y todo ocurría en aquel lugar tanespecialmente bello: un pequeño valle quebrado, lleno de suaves lomas ycruzado por muchos arroyos, rodeado por los cerros de la montaña selváti-ca en la que se oye la alegría de los loros y las guacamayas, junto al aullidoimponente de los monos zaraguates. Allí quedó sellado el compromiso dehermandad entre esta humilde mujer maya y esa comunidad ejemplar.

La decisión de involucrarme como acusadora particular, ´querellanteadhesiva´ es el nombre técnico, no fue fácil. Sabía que estaba asumiendouna responsabilidad grande y de alto riesgo, en la que, por una parte, ten-dría que encararme a un sistema judicial corrupto e inoperante, a la par deenfrentarme de manera directa con el ejército. Muchos pensaban que setrataba de una empresa perdida de antemano. Era el momento de caminarpor los laberintos de la justicia y codearse con los laberintos de la impuni-dad. Lo medité, escuché opiniones, pedí consejos.

Querellante

Mi determinación quedó clara. Había que hacerlo por muchas razones: porel derecho de las víctimas a la justicia; porque por primera vez se podíallevar ante los tribunales a los responsables de una masacre; por la obliga-ción moral de luchar contra la impunidad. Y una de las razones más impor-tantes, a la larga, fue la de transmitir un mensaje educativo sobre la necesi-dad de fortalecer el camino de la legalidad, de participar en la construccióndel estado de derecho. Toda mi vida uní mi voz a la lucha contra la impuni-

80 - Xamán

dad. Pero bien diferente fue tener el valor de pasar días y días de un tribunala otro, presentar un memorial tras otro, leer y aplicar párrafo por párrafo losartículos del código procesal penal y la constitución nacional.

Al momento de escribir estas reflexiones ya ha transcurrido un tiempo pru-dencial desde que ocurrió la masacre. El proceso judicial todavía no haterminado y no está plenamente asegurado que al final se hará justicia. Hasido un camino lleno de amenazas, obstáculos y trampas. Luchamos contrael Fuero Militar, que no era otra cosa que el trapo sucio de la impunidadcon el que se tapaban los militares, y los derrotamos. Nos han hecho la vidaimposible pero logramos que los militares no juzgaran sus propios críme-nes. Ahora el juicio está en los tribunales civiles.

Nos hemos enfrentado, y lo seguimos haciendo, contra la corrupción dejueces y tribunales acostumbrados a someterse a los poderosos y vender lajusticia al que pague más. Nos ha tocado superar una a una todas las artima-ñas de los abogados defensores, que durante años han combinado las ame-nazas, el soborno y el retorcimiento de la ley para dejar en la impunidad loscrímenes de sus defendidos.

Con nuestras propias investigaciones hemos ido superando la desaparicióny destrucción de pruebas que han cometido organismos del ejército y algu-nos de los propios funcionarios encargados de impartir justicia. Hemos te-nido que buscar y contratar a los asesores y a los peritos técnicos necesariospara superar las fallas y las omisiones de los organismos correspondientes.Y nos hemos llenado de deudas para poder cubrir los costos económicos deun proceso judicial largo y complicado. Debo rendir homenaje a los fisca-les del Ministerio Público y a los jueces honrados con quienes hemos he-cho frente a las dificultades. Las amenazas y las provocaciones siguen sien-do cosa de todos los días.

Y a pesar de todo poco a poco se han venido cumpliendo los objetivos quenos trazamos. Nos hemos apoyado mutuamente con otras hermanas y her-manos que están en la misma lucha por la justicia. Así nació la Álianzacontra la Impunidad´ y juntos encontramos la fuerza para seguir adelante.La comunidad de Xamán y en particular los sobrevivientes de la masacrehan mantenido el mismo espíritu que les transmitió Don Juan Coc y, a pe-sar de las adversidades, continúan trabajando con esperanza en el futuro.Tienen fe en que se hará justicia en el difícil proceso legal que les ha tocadollevar durante más de año y medio. En el lugar donde ocurrió la masacre se


edificó una hermosa escuela de 6 aulas, donde los niños de la comunidadestudian repartidos en 2 jornadas diarias. Es la única manera de no olvidara los masacrados.

Proceso Judicial y esperanza de justicia

Si se ve la experiencia con ojos jurídicos, se han logrado cosas muy impor-tantes. El golpe frontal a la impunidad representada en el Fuero Militar;llevar a la cárcel y abrir un juicio legal, por primera vez en Guatemala, a losresponsables materiales de una masacre; lograr por primera vez la califica-ción del delito de éjecución extrajudicial´; hacer regresar a la cárcel a va-rios de los soldados y al oficial que los mandaba, que habían sido dejadosen libertad condicional por un juez corrupto. Se logró sacar a ese juez co-rrupto de su silla, aunque no logramos que fuera castigado por la ley. Yhaber ido derrotando una a una todos los trucos y trampas legales utilizadaspor los abogados militares de la defensa. Estoy convencida de que todo esteesfuerzo va contribuyendo a la construcción de la Guatemala que tanto he-mos soñado.

Y para lograrlo se ha necesitado de la sabiduría, abnegación y valentía demucha gente. Dos personas han dejado una huella muy profunda en estecamino. Una mujer pequeñita de estatura, pero muy grande por su valor einteligencia, la abogada guatemalteca María Estela López Funes que hallevado todo el peso de la conducción del juicio. Y un hombre, argentino denacimiento e hijo de Nuestra América por vocación, el doctor EduardoSalerno, que ha sido fundamental con su experiencia y talento para trazar elcamino correcto en medio de tantos obstáculos y peligros.

Personas de la calidad ética y moral de ellos, gente como Don Juan Coc, meayudan cada día a reafirmar la convicción de que podremos construir unmundo más justo y humano. Me ayudan también a fortalecer la utopía de lainterculturalidad. No puedo asegurar que al final derrotaremos a la impuni-dad en este caso y que habrá justicia para las víctimas. No sé a cienciacierta si lograremos identificar y enjuiciar a los autores intelectuales de lamasacre de Xamán. Lo que sí puedo afirmar con seguridad es que todo esteesfuerzo ha valido la pena, que somos muchos, la mayoría, las mujeres ylos hombres, los indígenas y los ladinos que queremos terminar con la im-punidad. También con eso he soñado muchas veces.

Caso Xamán -83

La masacre

de Xamán

Caso Xamán -85

Állí se encontraba parado Pablo Coc Coc, a quien se ledestrozó el cráneo. También estaba Francisco Hernández,que empezó a sangrar en una mano y a su lado un soldadoque pedía a sus compañeros que lo sacaran, a lo que elsubteniente le respondió que si no se callaba, él mismo loremataba en ese momento. También recuerdo que PedroMedina Sánchez, que estaba trabajando un poco más allá,también cayó herido; luego los soldados empezaron a dis-parar y remataban a todos aquellos que trataban de recupe-rarse; recuerdo que así mataron a Pedro Medina y a JuanaJacinta´.

Guatemala: Memoria del Silencio

Del dolor a la esperanza

El día 5 de octubre del año 1995, en vísperas de la celebración del primeraniversario de la fundación del asentamiento, y a un año de la firma de lapaz, una patrulla militar integrada por 26 soldados perpetraron en la comu-nidad Aurora Ocho de Octubre, ubicada en la finca Xamán en Chisec, AltaVerapaz, lo que se iba a convertir en la última masacre colectiva del largoconflicto armado interno que Guatemala vivió durante casi cuatro décadas.El macabro saldo de esta agresión militar a los pobladores de la finca Xamánfue de once personas asesinadas, incluidos tres inocentes niños, además deveintisiete heridos que, a lo largo de varios meses, fueron atendidos endistintos hospitales de la ciudad capital.

Lo que hubiera podido diluirse en medio de la larga lista de masacres deciviles registradas en Guatemala, se convirtió en un caso emblemático dedignidad, lucha por agrietar el muro de impunidad reinante, así como debúsqueda incesante de justicia. El caso Xamán vino literalmente a poner aprueba el sistema de justicia guatemalteco, desnudando los vicios sistémicosde los aparatos judiciales nacionales, ilustrando la difícil independenciaentre poderes y evidenciando la lacerante corrupción que baña muchos delos ámbitos de la vida pública de Guatemala. Pero el caso Xamán fue tam-

86 - Xamán

bién el escenario de hombres y mujeres valientes, de abogados, fiscales yma-gistrados éticos que nos enseñaron que la justicia, a fuerza de resisten-cia y necedad, puede contribuir a que se construya una Guatemala distinta ala que se nos impuso tras el derrocamiento de Jacobo Arbenz en 1954.

Tras la masacre, la búsqueda de la verdad y la justicia por parte de losmiembros sobrevivientes de la comunidad se convirtió en una necesidad,hasta convertirse en un homenaje a la memoria de las más de 200 mil víc-timas que sembró el conflicto armado interno a lo largo y ancho de Guate-mala, así como a todos los seres de buena voluntad que, desde sus propiosespacios, día a día, intentan impulsar un nuevo proyecto de nación, respe-tuoso de la vida, de nuestras diferencias y de la dignidad de todos.

La historia de este largo proceso, es importante que se conozca. Por vezprimera en la historia guatemalteca, una población indígena y campesinaalcanzó a enjuiciar y exigir castigo a militares por delitos cometidos encontra de población civil, rompiendo el fuero militar y traspasando su casoante tribunales civiles. De ahí el grito de: de Xamán nació la esperanza.

Los horrores de la guerra y el fenómeno del exilio masivo

El amplio descontento que expresó la gran mayoría de los guatemaltecosdespués del derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán en 1954,se intensificó a lo largo de la década posterior hasta desembocar en unarebelión de jóvenes oficiales del ejército quienes, en 1962, crearon el pri-mer movimiento armado insurgente. La escalada en la estrategia represivano tardó en llegar, pero lejos de aplastar los focos de insurgencia, la violen-cia estatal vino a atizar el descontento y a multiplicar sus expresiones orga-nizadas.

Para finales de los años 70, el movimiento insurgente había cobrado enor-me presencia a través de sus actividades en muchas partes del país, y suinfluencia en las organizaciones y agrupaciones de la sociedad civil, asícomo en las comunidades campesinas e indígenas más pobres de las áreasrurales, que aumentaba día a día.

Ante esa realidad, los sectores de poder de Guatemala, incluyendo su apa-rato gubernamental y el ejército, decidieron diseñar e implementar una ver-dadera política contrainsurgente para aplastar por completo este movimiento

Caso Xamán -87

que venía cuestionando y con deseo de reformar su larga tradición de pri-vilegios. La brutalidad de la respuesta fue de tal magnitud que, al concluirformalmente el conflicto armado el 29 de diciembre del año 1996, las Na-ciones Unidas calificaron esas políticas de genocidas, estimando el saldoaproximado de 200 mil víctimas; 155 mil muertos, 45 mil desaparecidos,500 mil refugiados y más de un millón de desplazados internos.

Con la llegada al poder del triunvirato encabezado por el general EfraínRíos Montt mediante golpe de estado el 23 de marzo de 1982, y en uncontexto continental galvanizado por el anticomunismo visceral y primarioenarbolado por Reagan desde la Casa Blanca, las fuerzas castrensesguatemaltecas optaron por multiplicar las masacres de comunidades civi-les, sobre todo en el ámbito rural, impulsando una amplia y trágica campa-ña de exterminio, conocida como de tierra arrasada. De manera planificaday sistemática, respondiendo a innovadores esquemas contrainsurgentes, elejército de Guatemala, ya con el control total de las riendas políticas y mi-litares, eliminó del mapa nacional más de 400 aldeas campesinas y perpe-tró 626 masacres colectivas.

El refugio

De cara a esta brutal ola represiva que desde finales de los años 70 azotóbuena parte del país, numerosas familias y comunidades optaron por em-prender el duro camino del exilio. Algunas se internaron en las montañasdel norte de la república ́ mismas que fueron posteriormente conocidas comoCPR, Comunidad de Población en Resistencia´, otras fueron obligadas areubicarse al interior del país ´los desplazados´, y miles de otras buscaronrefugio seguro en México. Para finales del año 1983, el genocidio habíaalcanzado su punto culminante, la guerrilla guatemalteca había perdido todaesperanza de alcanzar las soñadas transformaciones sociales por la vía ar-mada y gran parte de la población indígena del altiplano sufría las secuelasde la violencia, el terror y la muerte.

Las comunidades que habían optado por huir a México, desde un principiofueron recibidas y atendidas de manera espontánea por los propios campe-sinos mexicanos, indígenas en su gran mayoría. Más adelante, pasadas lasprimeras llegadas masivas del año 1980, la Iglesia católica por medio de ladiócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a cargo de Monseñor SamuelRuíz, pasó a organizar los primeros campamentos y atender sus necesida-

88 - Xamán

des básicas. Posteriormente y ante la magnitud del fenómeno que perduróprincipalmente a lo largo de los años 1981, 1982 y 1983, la Agencia de lasNaciones Unidas especializada en temas de refugio, ACNUR, y el Gobier-no mexicano a través de su Comisión Mexicana para Ayuda a los Refugia-dos, COMAR, creada específicamente para responder a la emergencia, vi-nieron a profesionalizar la ayuda y formalizar la organización de dichoscampamentos, con el apoyo de numerosas organizaciones no gubernamen-tales tanto nacionales como internacionales.

Desde sus inicios en el exilio, los refugiados guatemaltecos en Chiapas seorganizaron para resolver sus necesidades más urgentes, como lo era laeducación de los niños, así como la salud de miles de infantes en edadescolar. Mediante promotores de educación y salud capacitados en mediode la difícil dinámica, así como haciendo uso de los conocimientos tradi-cionales de parteras y comadronas, la vida comunitaria se reactiva alrede-dor de la esperanza.

De igual forma, se organizan comités de producción de artesanías, comitésa cargo de las labores agrícolas, y otras funciones colectivas que fueron losvínculos de trabajo de la vida comunitaria. Por otra parte, con la preocupa-ción de llevar una buena coordinación con las instancias gubernamentalesmexicanas, ACNUR y las entidades involucradas en las múltiples tareasque requirieron estos primeros meses, las comunidades se encargaron dellevar a cabo elecciones para designar sus primeros representantes por cam-pamento y asentamientos.

Esta dinámica organizativa vino a sufrir un nuevo reto cuando, el 30 deabril del año 1984, el ejército de Guatemala realizó una nueva incursión enterritorio mexicano perpetrando un ataque al campamento de refugiadosconocido como Él Chupadero´, en el Estado de Chiapas, dejando un saldode siete personas asesinadas. Si bien no era la primera vez que el ejércitoguatemalteco no respetaba la línea fronteriza en sus acciones militares, elgobierno mexicano tomó la decisión, a raíz de esta nueva violación de susoberanía nacional, de desplazar las poblaciones refugiadas más cercanas ala frontera con Guatemala y reubicarlas en los Estados de Campeche yQuintana Roo.

A lo largo de estos tensos meses, Chiapas había sido ya el escenario deincursiones similares. Pero cada vez se incrementaba el nivel de provoca-ción y acoso, mediante el uso de vuelos de helicópteros, de aviones, avio-

Caso Xamán -89

netas y patrullajes cercanos a la frontera, generando temor y zozobra en lasnumerosas familias que vivían en la zona. En términos tácticos, el ejércitode Guatemala consideraba estos campos de refugiados como retaguardiade la guerrilla y bases de logística y reclutamiento potencial, que deseabanver alejarse lo más que se pudiera de la frontera.

Este triste episodio decidido al más alto nivel del poder ejecutivo mexicanoy llevado a cabo con el refuerzo del ejército de dicho país, fue consideradopor alguno como la única mancha en la ejemplar historia del refugio guate-malteco en México. Quince años más tarde, Leonardo Franco, que habíasido nombrado a principios de este mismo año de 1984 representante deACNUR en México, y había finalmente tomado la decisión de colaborarcon el gobierno mexicano y respaldar este traslado, recordaba el hecho comoúno de los principales episodios que causó gran controversia dentro deesta historia del refugio´.

Esta agencia de las Naciones Unidas, después de haber analizado la situa-ción y la solicitud de apoyo por parte de las autoridades mexicanas, tomóen consideración tres grandes líneas políticas para definir su proceder: Énprimer lugar había que garantizar la protección de la población; en segundolugar se debía asegurar la asistencia a la misma por razones humanitarias,y, en tercer lugar, se debía actuar coherentemente con la política regional´.

La protección de estos refugiados requería alejarlos del área de conflicto,separarlos lo más posible de la frontera, para evitar nuevas posibles incur-siones que, además, podían acarrear respuestas que derivaran en un con-flicto de mayores consecuencias en el plano internacional. Peligraba su se-guridad, su vida y la propia existencia del refugio.

En ese momento ACNUR había llegado a la conclusión de que, por razonesgeográficas y sociales, no había posibilidad en ese momento de poner enmarcha proyectos de autosuficiencia a largo plazo, en esta entidad federativade la República mexicana.

En mayo de 1984, después de evaluar la situación, el gobierno mexicanoanunció un programa de 11 puntos para atender a los refugiados y reubicaralgunos campamentos de Chiapas en los Estados de Campeche y QuintanaRoo. Los principales lineamientos de esa política fueron los siguientes:

- Garantizar a los refugiados protección y asistencia en condiciones si-

90 - Xamán

milares a las de la población mexicana.- Contar con el apoyo de la comunidad internacional para elfinanciamiento de los programas de autosuficiencia y desarrollo de losrefugiados.- Reubicar a los refugiados en zonas alejadas de la línea fronteriza.- Otorgar todas las facilidades necesarias para la repatriación voluntaria,como un derecho primordial y como la mejor opción para todos los refu-giados.- Promover la autosuficiencia, mediante programas productivos, a fin deevitar una dependencia permanente de los programas asistenciales.

En medio de una coyuntura muy difícil, ACNUR decidió finalmente res-paldar la decisión del traslado, que inició el 29 de mayo de 1984. De untotal de 46 mil refugiados oficiales, más de 20 mil fueron reasentados enlos campamentos de Maya Tecún y Quetzal-Edzná, en Campeche, y poste-riormente en Los Lirios y Maya Balam en Quintana Roo. Los demás sequedaron en Chiapas.

Esta situación significó una gran resistencia organizada de los refugiados,pues la mayoría no deseaba trasladarse, porque siempre habían conservadoel anhelo de regresar a Guatemala. Alejarse de la frontera, era también ale-jarse más de su tierra de origen. Ante esa resistencia inicial, el gobierno deMéxico aplicó medidas drásticas y coercitivas para llevar a cabo el procesoque había sido decidido, de consecuencias fatales y/o dolorosas para algu-nas familias refugiadas. Algunos campamentos fueron incendiados y suspobladores transportados en camiones militares, reavivando los recuerdosque muchos de ellos habían vivido en Guatemala meses antes, como conse-cuencia de la campaña genocida de tierra arrasada que el gobierno militarhabía impulsado en el Altiplano guatemalteco.

El retorno

Una visita a los campamentos de refugiados en Campeche, realizada poruna delegación del gobierno guatemalteco del Presidente Vinicio Cerezo,1985/91, primer presidente electo después de 30 años de gobiernos mili-tares, que encabezaba su esposa, licenciada Raquel Blandón, ofreció a losrefugiados regresar sin condiciones a Guatemala, pues aseguraba que elgobierno estaba dispuesto a recibir a todas las familias que desearan regre-sar, como repatriados. Esa información y oferta, motivó el interés por el

Caso Xamán -91

regreso e hizo surgir la necesidad de encontrar una respuesta y un cauceadecuado al planteamiento del gobierno.

Organización de la población refugiada

Esta oferta de regreso, hecha a los refugiados, impulsó que en el Estado deCampeche, el 27 de diciembre de 1987, se llevara a cabo una gran asam-blea, que entre otros puntos discutió sobre la política de repatriación sincondiciones, impulsada por el gobierno de Vinicio Cerezo y por ello eranecesario elaborar una ponencia para pedirle al menos condiciones míni-mas para volver al país... Similares asambleas se desarrollaron en los esta-dos de Quintana Roo y Chiapas... Fue así cómo cada asamblea nombró avarios candidatos para que fueran sus representantes.

La primera respuesta fue la creación de las Comisiones Permanentes deRepresentantes de los Refugiados Guatemaltecos en México, CC.PP., quese constituyeron en los tres estados donde están los refugiados y refugia-das: Campeche, Quintana Roo y Chiapas, entre diciembre de 1987 y marzode 1988. En Comitán Chiapas, se realizó su primera gran asamblea con lapresencia y participación de 80 delegados, con el objetivo de discutir cómonegociar un acuerdo con el gobierno de Guatemala para el retorno colecti-vo y organizado de los refugiados.

Esta instancia de representación de la población refugiada en México, lasCC.PP., gozan desde su constitución, de legitimidad, legalidad yrepresentatividad y a través de ellas, logran los refugiados hacer plantea-mientos concretos al gobierno, los cuales estaban plasmados en las seiscondiciones básicas para el retorno: voluntariedad; libertad de asociación yorganización de los retornados; el acompañamiento; la libre locomocióndentro del país; derecho a la vida e integridad personal y comunitaria; acce-so a la tierra; la mediación, seguimiento y verificación del proceso; y todoello realizado en condiciones de seguridad y dignidad.

Estas seis condiciones, fruto de las consultas, discusiones y consensos lo-grados en las asambleas de los diferentes campamentos y asentamientos decada estado, las CC.PP. las dieron a conocer por primera vez a nivel nacio-nal e internacional, en el Gran Diálogo Nacional convocado por la CNR en1989, al participar en las comisiones de: grupos étnicos; comisión de re-conciliación y en la de desplazados y damnificados. Públicamente, era la pri-

92 - Xamán

mera vez que se escuchaba sobre la existencia y situación de los refugiadosguatemaltecos en México, y en la propia voz de su representación.

A partir de ahí, se inician las rondas de diálogo y negociación entre losrefugiados y el gobierno de Guatemala representado por la CEAR, con laobservación de ACNUR y la participación de la OIM y GRICAR; con laasesoría jurídica del licenciado Alfonso Bauer Paiz, hasta llegar a concretarseen la firma de los siete acuerdos del 8 de octubre de 1992 entre las CC.PP. yel gobierno de Guatemala, presidido por Jorge Serrano Elías, 1991/93.

En diciembre de ese mismo año, se firma entre las CC.PP. y FONAPAZ,Fondo Nacional por la Paz, el Reglamento para la Concesión de Créditos aGrupos Retornados Mayores de Cincuenta Familias, el cual estableció unsistema de créditos bajo la modalidad de fondo revolvente.

Primer retorno en enero de 1993

Este primer movimiento de retorno puso a prueba los acuerdos del 8 deoctubre 1992, pues su destino fue el Polígono 14, en Ixcán, Quiché, zona decombates entre las partes enfrentadas en el conflicto armado interno. Las480 familias que integraron ese primer movimiento, cruzaron la frontera el20 de enero de 1993, y por ello al lugar de asentamiento se le llamó: Comu-nidad Victoria 20 de enero.

Este primer retornó mostró, inicialmente, grandes dificultades logísticas,pero también políticas, entre las partes: CC.PP./Gobierno, como: las bata-llas por la definición y aceptación de la ruta. Principalmente por la oposi-ción del ejército, que supuestamente nada tenía que decidir en ello. La ra-zón era, que el ejército no aceptaba el paso de los refugiados por el interiordel país, y exigía que sólo se les diera paso en la frontera. Pretendía así,negar la existencia, organización y poder de negociación de los refugiados,por razones puramente políticas. Pero al final, imperó la decisión de losrefugiados y atravesaron el país.

Retornos a Ixcan grande y a la zona Reina de Ixcán

Habiendo sido un escenario muy disputado y de acción continua entre laspartes, URNG/Gobierno/Ejército, también fue un territorio que más pobla-

Caso Xamán -93

ción aportó y movilizó para la resistencia, el desplazamiento y el refugio, lomismo que a la ahora del retorno, ya que ofrecía características especiales ydiferentes a otros lugares de asentamiento.

Mientras la franja norte estaba en plena ebullición y conflicto, e impedía lallegada de retornados, la parte sur, había sido ocupada en su gran mayoríapor campesinos pobres llevados allí por el ejército y organizados en PAC,Patrullas de Autodefensa Civil.

Las cinco comunidades que comprendían la cooperativa de Ixcán grande ylas comunidades asentadas en los diversos parcelamientos de la zona reinadel Ixcán, sufríeron estas dos complejidades.

A pesar de los grandes problemas y dificultades que hubo que sortear en losretornos para estas áreas, los mismos se realizaron, con mayor auge el año1995, antes de la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno y la URNG,el 29 diciembre de 1996.

Logros, aportes y aprendizajes del retorno

Logros

- El acceso y la adquisición de tierra a través de un crédito o aportefinanciero otorgado por el gobierno, cuyo pago fue de carácter revolventea la misma comunidad, y no al gobierno o a un banco.- Haber probado que el diálogo y una práctica de negociación dignas,pueden servir para resolver problemas profundos y difíciles.- El proceso también generó a nivel individual e institucional, cambiosen tres sucesivos gobiernos, obligando a los funcionarios a conocer másla realidad del país y sus condiciones, así como la capacidad de la pobla-ción refugiada e indígena.- La población retornada transmitió sus métodos de organización y susexperiencias a las comunidades vecinas... Y otras experiencias más.

Aportes

El de mayor impacto, y por eso mismo creador de conflictos entre las partesbeligerantes, fue contribuir a desactivar el conflicto armado, pues muchos

94 - Xamán

retornos se realizaron en áreas que habían sido de conflicto, y en los acuer-dos se establecía la no presencia de fuerzas militares en dichas áreas, lo quecontribuyó a desmilitarizar áreas que durante el conflicto, las fuerzas en-frentadas controlaban o influían, y todo eso, en medio de las negociacionesentre las partes y antes de la firma de los Acuerdos de Paz.

En la recuperación de tierras en la Zona Reina, por la vía de la negociacióny la reconciliación entre los interesados, así como por compensación, alaceptar dejar las tierras que antes les habían pertenecido y optar por otrasen otros lugares.

La continuidad de la realización de los retornos sobre la base de la vigenciade los acuerdos del 8 de octubre, en medio de tres administraciones guber-namentales distintas: la de Serrano Elías, Carpio de León y Álvaro Arzú,hasta concluir en la etapa final del traslado en 1998, previamente negocia-do entre los firmantes de los acuerdos.

El proceso de retorno mostró, que a nivel general en el interior del país y nosólo en los lugares de asentamiento de los retornados, había carencia deinfraestructura vial, de servicios básicos, que el nivel de la pobreza de sushabitantes era fuerte; realidad que hizo incluir en la Agenda de trabajo, lanecesidad del desarrollo rural y, a su vez, retomar, la necesidad de la orga-nización comunitaria para la reactivación de espacios políticos en el ámbi-to local, municipal y regional.

Aprendizajes

Se demostró tanto por las experiencias exitosas y los fracasos, y por lacombinación de ambas, que el proceso de retorno fue pionero en abrir labrecha del aprendizaje para concertar, dialogar, negociar y asumir compro-misos de cumplimiento obligatorio entre las partes.

Fue importante constatar en carne propia que el costo de hacer la guerra esgrande, y que es mejor resolver los conflictos por la vía pacífica.

La participación de la mujer se mostró como imprescindible en todos losniveles de la vida. Desde la casa, el ámbito local, hasta la toma de decisio-nes en el campo nacional, desde el nivel individual, como del de sus pro-pias organizaciones.

Caso Xamán -95

Se constató que la organización, la unidad y la coordinación, son aspectosclave para superar las dificultades, lo cuál produjo el acercamiento y traba-jo coordinado entre las CC.PP. y las demás instancias representativas de losrefugiados que surgieron en el mismo proceso: ARDIGUA, CBRR yCODEIC.

Historia reciente, escrita por un campesino mayaVida y obra del Gran Príncipe Qéchí, don Juan Coc

Al igual que en otros pueblos mayas, durante el conflicto armado, tambiéncientos de familias Qéchíes tuvieron que resistir más de un año en lasmontañas al norte del país, y el año 1983, tomar la decisión de cruzar lafrontera e instalarse como refugiados en los ejidos de Chajul y la Reforma,en las márgenes del río Lacantún en Márquez de Comillas, Chiapas, Méxi-co, para el año 1986, decidir trasladarse al asentamiento de los Lirios enQuintana Roo.

Para suerte de estas familias Q'echíes, desde su juventud hasta la hora de sumuerte, siempre estuvieron orientadas, conducidas y representadas por aquelgran señor nacido en Uspantán, Quiché, el 12 de octubre de 1945, llamadoDon Juan Coc.

Un campesino que no tuvo la oportunidad de ir a la escuela y que aprendió aleer y a escribir en un idioma diferente al Qéchí, enseñado por su padre.Sirvió a su comunidad y a mucha gente en variedad de responsabilidades.Desde ser catequista, participar en el comité de la escuela, comité pro mejora-miento, responsable de salud, presidente de la cooperativa, etc. Trabajó en elproceso de la legalización de las tierras de Santa María Tzejá, donde obtuvoparcela que después prefirió dejar. Aportó en la comisión de tierras de lasCC.PP. en calidad de negociador, y también desempeñó los peligrosos cargosde ayudante de comisionado militar y colaborador de la insurgencia en unmomento dado, razón por la cuál fue capturado, retenido y golpeado durantenueve días el año 1976, de cuyas secuelas tardó en recuperarse un año.

Quienes le conocieron dicen que poseía un profundo sentido de la ética, unpotencial inmenso para el desarrollo integral del ser humano, derivado desu esencia de solidaridad y cooperación. Sentía repudio a cualquier mani-festación de discriminación y racismo, emanando mucha comprensión porla diversidad étnica, cultural, política e ideológica.

96 - Xamán

A partir de su llegada al campamento de los Lirios en Quintana Roo con suspaisanos Qéchíes, también se ganó el corazón, la confianza y el respeto delas otras familias, ya no sólo del asentamiento, sino de todos los refugiadosdel estado, pues en marzo de 1988, ya estaba participando en la primeraasamblea de las CC.PP. en Comitán, Chiapas, para organizar y preparar lalucha por el retorno.

El año 1989 exige un nuevo sacrificio a su familia, al comenzar a participaren el gran diálogo nacional, en la comisión de los grupos étnicos, desdedonde inicia una límpida y ejemplar trayectoria, mantenida continuamenteen la comisión negociadora de las CC.PP. Destacó en esta instancia, por seruna persona que reflexionaba mucho, que no se desesperaba, que pensababien las cosas antes de decirlas y era muy cuidadoso en su manejo, asícomo correcto y directo para decirlas. Dentro de las CC.PP., de él se dijoque era el más accesible y razonable, callado y sistemático y de los másrespetados por las instituciones.

En cuanto al retorno, mantuvo el criterio de que éste era independiente,pues los refugiados no eran apéndices ni instrumento de nadie, pues decíaque, no vamos a regresar como salimos, ya que la prioridad es retornar,recuperar la tierra, pues hay cansancio de la guerra y un gran anhelo de paz.Ni militarismo ni represión o violaciones a los DD.HH. Queremos demo-cracia y paz.

Alguien que le conoció, apreció y trabajó por mucho tiempo con él, dijo:´Sobre todo, recuerdo la gran autoridad que él tenía sin apenas decir nada´;todo el mundo esperaba sus palabras, que además eran pocas, pero muybien dichas.

La vida de don Juan Coc fue una vida de entrega, sacrificio y mucho trabajoal servicio de su comunidad y de miles de gentes. Desde el año 1989, fueconsciente de la fatal enfermedad que tenía, pero jamás dejó de trabajar porquienes recibieron lo mejor de él.

A la dirigencia y a la comunidad de Aurora 8 de octubre, les dejó comolegado: Tengan en cuenta el desarrollo; no busquen problemas, no digo queno hay problemas, siempre en todo hay problemas, pero hay que darles unasalida, la mejor que se pueda... Merecidamente recibió el nombre de Prínci-pe Qéchí.

Caso Xamán -97

Su testamento, la propia finca Xamán, a la que dedicó desde un inicio eltrabajó de la búsqueda y localización, hasta alcanzar la obtención en pro-piedad de la misma, con los requisitos de calidad, extensión y montaña,porque la montaña es la vida.

Aurora Ocho de Octubre

La comunidad Aurora 8 de Octubre, está ubicada en la finca Xamán, Chisec,Alta Verapaz. Fundada el 8 de octubre de 1994, tiene acceso por la ruta dePlaya Grande y Chisec a 250 Km. de la capital, en la franja transversal delnorte.

La compone, población retornada en el primer gran movimiento del 20 deenero del año 1993, integrada por grupos étnicos Qéchíes, Mam y Qánjobaly otros más pequeños: Ixil y Kíché, así como de familias Qétchíes, anti-guos colonos de la finca Polochic.

Las experiencias de organización y trabajo entre los primeros y los segun-dos son diferentes, pues los retornados acumularon en el refugio valiosaexperiencia organizativa y conocimientos en la gestión y negociación.

El nombre de la comunidad se deriva de los acuerdos del 8 de octubre de1992, firmados entre el gobierno y las CC.PP., que les garantizaba funda-mentalmente, el derecho a la vida e integridad personal y comunitaria, asícomo el asegurarles que las fuerzas de seguridad no penetrarían en las co-munidades, ni habría presencia militar cerca de ellas.

La masacre

El 3 de octubre de 1995, una patrulla militar al mando del subteniente Ca-milo Antonio Lacán Chaclán, con 26 soldados, salió del destacamento deRubelsanto, zona militar 21, de Chisec, Alta Verapaz, la cual tenía previstopasar por la entrada de la finca Xamán (Cuarto Informe de MINUGUA,párrafo 20).

El 4 y 5 de octubre, visitaron varias aldeas de acuerdo a su programa. El día5 por la mañana, trabajadores de la pica de hule, extracción de caucho,miembros de la población, se dan cuenta de que éstos pasaban por la finca,

98 - Xamán

cerca de la escuela, a no más de diez metros de las primeras viviendas,siendo vistos también por varios alumnos de la escuela.

Los habitantes que estaban en los preparativos del festejo del primer ani-versario de su llegada a esa finca, estaban en la galera del centro de lacomunidad y fueron avisados de la inesperada presencia del ejército. Anteeso, un grupo de diez vecinos, hombres y mujeres, con las autoridades de lacomunidad y líderes comunitarios, les recibieron y preguntaron al oficial almando, cuál era la razón de encontrarse en el lugar, pues estaban violandolos acuerdos del 8 de octubre.

El subteniente explica que se dirigían hacía el Limón Sur, comunidad veci-na, pero los habitantes le indican que esa no era la ruta. Según unos testi-gos, algunos soldados piden ser invitados a participar en la actividades delaniversario y los propios pobladores les hacen pasar. Otros indican que leshicieron pasar para que explicaran sobre su presencia en el lugar.

Poco a poco se fueron juntando más vecinos y empezaron a reclamar a lossoldados su intromisión en la finca, en violación a los acuerdos del 8 deoctubre firmados, por lo que les solicitaron dejaran sus armas y permane-cieran en el lugar hasta la llegada de MINUGUA y ACNUR. El subteniente,mientras tanto, dialogó con el alcalde auxiliar.

Media hora después, entre las 12:30 y las 13 horas aproximadamente, en unintercambio de órdenes entre el jefe de la patrulla y los soldados, ´éstosintentaron salir del lugar empujando a la gente con sus fusiles´, encaminán-dose al lugar por donde habían ingresado. Entonces, él sargento... ordenódisparar a otro miembro de la patrulla, quien al hacerlo dio muerte a trespersonas cercanas, a una de ellas por la espalda al huir´..., (Cuarto Informede MINUGUA, párrafo 23).

Este hecho provocó una reacción en cadena entre los demás soldados, quedispararon indiscriminadamente, hiriendo y matando a varias personas queintentaban huir y, según se denunció, ´tres fueron rematadas cuando esta-ban tendidas en el suelo´, (Cuarto Informe de MINUGUA, párrafo 24). Porotra parte, la verificación realizada por MINUGUA, concluyó que tres inte-grantes de la patrulla resultaron ´heridos por los disparos incontrolados desus compañeros´.

Cuando la tropa había abandonado el centro de la comunidad, á 200 me-

Caso Xamán -99

tros del lugar en el que se abrió fuego, un soldado disparó deliberadamenteal niño Santiago Pop Tut, de ocho años...´, (Cuarto Informe de MINUGUA,párrafo 26), cuando transitaba por el camino con su caña de pescar; el niñointentó huir hacia su casa estando herido, pero el soldado regresó y, a esca-sa distancia, le disparó en el pecho y en la cabeza, matándolo.

La niñez sacrificada

Santiago Coc Pop, de ocho años de edad, y Maurilia Coc Max, de siete,nacieron en un campo para refugiados en México. Crecieron junto a losniños de otras familias guatemaltecas que habían abandonado su país em-pujadas por las brutales operaciones de contrainsurgencia que lanzó el ejér-cito de Guatemala a finales de los años 70 y principios de los 80, y que secobraron la vida de decenas de miles de guatemaltecos y arrasaron centena-res de pueblos de las zonas montañosas del país.

En 1994, tras más de una década en el exilio, estas familias regresaron aGuatemala. El gobierno guatemalteco había firmado en 1992 un acuerdocon representantes de los refugiados en el que se reconocían los derechosde los que regresaran al país, se garantizaba su seguridad y se les prometíatierras. Las familias de Santiago y Maurilia se establecieron en la fincaXamán, en el municipio de Chisec, departamento de Alta Verapaz.

Un año después, el 5 de octubre de 1995, Santiago Coc Pop y Maurilia CocMax murieron cuando una patrulla militar irrumpió en la finca y abrió fue-go indiscriminadamente. La acción se saldó con un total de 11 miembrosde la comunidad muertos y 35 personas heridas por los disparos de losmilitares, entre ellas tres soldados.

Santiago regresaba caminando a la finca después del tiroteo cuando un sol-dado le disparó en una muñeca, y después lo persiguió y le disparó en lacabeza y el pecho, dándole muerte. Maurilia resultó herida de bala en laespalda y murió en circunstancias que no se han esclarecido en su totalidad.

100 - Xamán

Las primeras reacciones y actuaciones

Después de los trágicos hechos, hubo prisa por manifestar las opinionesque la masacre generó. No hay que olvidar que el país estaba en una situa-ción expectante, toda vez que se habían firmados ya varios acuerdos queiban conformando la columna vertebral de lo que serían los Acuerdos dePaz Firmes y Duraderos, firmados el 29 de diciembre de 1996, un año des-pués de los hechos de Xamán.

A la vez se manifestaban algunos hechos significativos, como el retorno derefugiados, después del acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y lasCC.PP., Comisiones Permanentes, entidad creada en el entorno del propioretorno y que se formalizó con la firma de los acuerdos del 8 de octubre de1992. Esto hizo que se diera, el 20 de enero de 1993, el primer retornocolectivo de refugiados desde México, en número de 2.480, hacia la comu-nidad ´Victoria 20 de enero´ en Ixcán, Quiché, desde donde algunos poste-riormente se desplazaron a Xamán.

Gobernaba Ramiro de León Carpio, 1993/96, en periodo posterior a VinicioCerezo, que fue el que propició los acuerdos del 8 de octubre con los refu-giados, después de su visita a los campamentos en México, lo que propicióel inicio del retorno de los refugiados. Gobernó a continuación Álvaro ArzúIrigoyen, 1996/2000, que fue el que terminó firmando los trece acuerdos,incluido el Acuerdo de Paz Firme y Duradera.

A este punto se llegó después de las conversaciones y primer encuentroentre representantes de la CNR y la URNG, del 27 al 29 de marzo de 1990celebrado en Oslo, Noruega.

Teniendo presentes todos estos pasos, la masacre de Xamán sonó a pruebade fuerza a lo interno del poder en Guatemala, donde el elemento básicoque conformaba el ejército, pareciera manifestar su desacuerdo, lo mismoque manifestó con el acuerdo del Gobierno con los refugiados.

Los habitantes de la comunidad de Xamán, consideraban que la presenciadel ejército en su comunidad vulneraba los acuerdos patrocinados por lasNaciones Unidas y propiciados por Vinicio Cerezo, para garantizar la segu-ridad de los refugiados que habían vuelto y de las personas desplazadas.

En este contexto, la reacción del ejército se dio al día siguiente de ocurrida

Caso Xamán -101

la masacre, hecho al que respondió, ya informado y desde su residencia, elministro de la Defensa, general Mario René Enríquez Morales, manifestan-do: ´Que un oficial y 25 elementos de tropa, fueron los responsables dehaber disparado en defensa propia, contra un grupo de retornados de lacomunidad Aurora 8 de Octubre´.

De esta forma el ejército, siguiendo su trayectoria de no reconocer los he-chos cometidos por sus miembros, manifiesta que, sí, que fueron ellos,pero en defensa propia: Él ejército admitió que, en defensa propia, lossoldados dispararon contra los miembros de la comunidad Aurora 8 deOctubre´.

Pero no quedó ahí su manifestación, ya que indicó, que: ́ La patrulla, cuan-do estaba a punto de irse, fue invitada por seis mujeres a pasar a conocer lasinstalaciones de la comunidad, pero el oficial al mando les indicó que te-nían prohibido entrar en el lugar. Ante la insistencia de las mujeres, LacánChaclán, decidió entrar y ordenó a sus hombres, que sus armas fueran colo-cadas con el cachón del fusil apuntando hacia abajo. El problema surgió,cuando la patrulla penetró al lugar y fueron copados por 300 personas, en-tre hombres, mujeres y niños, que primero empezaron a insultarlos y luegoles arrebataron tres fusiles galil y comenzaron a dispararles. Esto obligó alos soldados a responder con fuego para recuperar sus armas y salvar lavida´.

En esta misma línea manifestó, que: ́ Los soldados salieron inmediatamen-te de la aldea y, en el camino, relataron lo sucedido a miembros deMINUGUA, que, tras enterarse de los sucesos, se dirigieron al lugar paraverificar la situación.

Es más, un día antes, el mismo ministro de Defensa, general Mario RenéEnríquez Morales, al conocer la noticia sobre la visita a Guatemala de laexperta independiente en derechos humanos de la ONU, Mónica Pinto,cuyo objetivo era verificar el grado de avance en cuanto al respeto y obser-vación de los derechos fundamentales de los guatemaltecos, declaró: Ćonesta visita, la violencia común puede incrementarse, así, como las accionesterroristas´, tal como ha sucedido otras veces por este tipo de visitas.Coincidentemente, al día siguiente sucede la masacre de Xamán.

102 - Xamán

Pasos posteriores

Ese mismo día, después de los hechos, la patrulla huyó y se concentró en eldestacamento de Rubelsanto de donde había salido el 3 de octubre de 1995.El 7 de octubre, la patrulla fue trasladada y concentrada en la zona militarnúmero 21 de Cobán, Alta Verapaz, bajo la responsabilidad del alto mandodel Estado Mayor de la Defensa Nacional, EMDN, pero solo fueron lleva-dos 23 soldados, ya que tres de ellos fueron ingresados en el Centro MédicoMilitar de la capital por haber sido heridos.

Las armas utilizadas por los soldados en el ataque, se las llevaron a la mis-ma zona militar para custodiarlas, con lo que el juzgado de paz, evadía laresponsabilidad de recogerlas y guardarlas y de esa forma favorecía a losimplicados.

Esta forma de proceder del alto mando del ejército está amparada en elCódigo Militar, emitido el año 1879, que funciona desde la época de JustoRufino Barrios, que es cuando se crea el ejército de Guatemala. Ese códigoautoriza la intervención de jueces militares nombrados por la CSJ, CorteSuprema de Justicia, escogidos de las diversas ternas presentadas al Minis-terio de la Defensa Nacional, lo mismo que el pago del salario, funcionan-do los tribunales en las bases militares.

El gobierno reacciona, por medio del propio presidente. Manda organizaruna Comisión de alto nivel, para definir el grado de culpabilidad o inocen-cia de los implicados, sobre la base de los resultados de las investigacionesrealizadas. Integraron la comisión: El Ministro de Gobernación; el FiscalGeneral, el Jefe del Ministerio Público; el Presidente de COPREDH, Co-misión Presidencial de DD.HH. y MINUGUA. La PDHG, Procuraduría deDerechos Humanos de Guatemala, no aceptó ser parte de dicha comisión,aunque fue invitada.

La conformación de esta comisión, es en sí misma, una irregularidad. Su-pone una falla grave en el procedimiento de actuación, ya que correspondeal fiscal como jefe del Ministerio Público, dirigir la investigación y la for-mulación de los cargos a los acusados, y no al Presidente del Gobierno, alque no le corresponde actuar como acusador, sino al Fiscal Jefe, ya que esaes su función.

Caso Xamán -103

Situación en el terreno de los hechos

Regados en polvorientos caminos, en un área de 400 metros aproximadosde la comunidad Aurora 8 de Octubre, rodeados de velas y acompañados defamiliares y amigos, amanecieron el día jueves seis, los cadáveres de lasdiez personas asesinadas por soldados de la patrulla del ejército. La víctimanúmero once murió en el Hospital Nacional de Salamá, Baja Verapaz.

Al lugar llegaron representantes de la prensa y fueron testigos del llanto delos deudos de las personas fallecidas, que contrastaba con la actitud de lamayoría de pobladores de la comunidad. Nadie quería hablar del tema. To-dos tenían clara su opinión, sabían qué manifestar. Cuando se les pregunta-ba qué había sucedido, coincidían en responsabilizar a los soldados de lapatrulla comandada por el subteniente Antonio Lacán Chaclán como losautores directos de la masacre.

El día 6 a media mañana, el presidente Ramiro de León Cárpio, acompaña-do de los otros miembros de la comisión de alto nivel, se presentaron en lacomunidad y en entrevistas realizadas, escucharon las versiones de los afec-tados. Luego se trasladaron al destacamento militar de Rubelsanto, porqueahí se concentró la patrulla militar responsable de los hechos. Durante doshoras, el jefe de la patrulla fue interrogado por la comisión y sostuvo laversión que ya había dado al ministro de la defensa.

Cuando el presidente se entrevistó con los representantes de la comunidad,prometió que ´se hará justicia´; y dijo que, ´los soldados responsables´serán consignados a los tribunales de justicia para que se proceda conformea la ley. Es más, agregó: ́ No es política de mi gobierno promover las viola-ciones a los derechos humanos´ Al retirarse de la comunidad, un campesi-no del lugar comentó: ´Veremos si de verdad cumple lo que nos dijo´.

El fiscal general del Ministerio Público Licenciado Ramsés Cuestas, miem-bro de la comisión, asumió personalmente la investigación de la masacre yordenó el traslado de los cadáveres de las víctimas a la ciudad capital, ́ parahacer las autopsias y tener pruebas que más adelante sirvan en los procesosjudiciales´, por lo que los cadáveres permanecieron la mayor parte del díaen el lugar de la masacre hasta el siguiente día.

El jefe del Ministerio Público, tras la visita, impartió órdenes al personal asu cargo y al personal de la fiscalía de Alta Verapaz, ´para agotar todos los

104 - Xamán

esfuerzos que llevaran a esclarecer plenamente y con pormenores los he-chos´. Por eso previeron entrevistarse con los sobrevivientes, a fin de to-marles las primeras declaraciones y conocer así su versión de los hechos.

ACNUR y MINUGUA

Ese mismo día, ACNUR y MINUGUA asignaron un equipo específico enel lugar para la asistencia humanitaria a las víctimas. Para su atención, eva-cuación y traslado de los heridos en helicópteros a los hospitales de la ciu-dad capital, principalmente al hospital San Juan de Dios. Al mismo tiempoiniciaron una investigación para determinar con exactitud lo sucedido.

Los observadores militares de MINUGUA en el lugar de los hechos mani-festaron al presidente Ramiro León Carpio, ´que ellos horas antes, se ha-bían cruzado con la patrulla militar, y que cuando acudieron al llamado,volvieron a encontrar a algunos soldados movilizándose cerca del pobladoy de un transporte´.

Tanto MINUGUA como ACNUR condenaron enérgicamente el trágicohecho. A través de un pronunciamiento, expresaron que la ONU, reiterabasu compromiso de continuar en las tareas de verificación de los hechosviolatorios de los derechos humanos en Guatemala, con la finalidad de es-clarecerlos y evitar que permanecieran impunes. Afirmaron también, que laintención de las investigaciones era esclarecer plenamente los hechos, aefecto que esta nueva evidente violación de los derechos humanos no que-dara en la impunidad, 6 de octubre de 1995.

Los sobrevivientes y la comunidad

Los lesionados que el día seis fueron recluidos en el hospital San Juan deDios: Martín Québec Ut, Santos Machac, Santiago Maquín, José Pascual,Efraín Grave Morente y Pedro Mateo, relataron ante MINUGUA, el Minis-terio Público, entidades de DD.HH y otras autoridades que, un pelotón delejército compuesto de 15 soldados entró en la comunidad y obligó a loslíderes a reunir a la comunidad, tras lo cuál disparó y lanzó artefactos ex-plosivos en contra de la multitud integrada por hombres, mujeres y niños,que causaron heridas a 28 personas y la muerte en el lugar a otras diez. Asímismo, afirmaron que ellos se encontraban en los preparativos de la cele-

Caso Xamán -105

bración de su primer aniversario de haberse asentado en la finca Xamán.

Rosenda Sales

Rosenda Sales Ortiz, sobreviviente de la masacre manifestó: ´los soldadosnos dispararon; nosotros no les quitamos las armas´.

Ńosotros estábamos en paz en la comunidad Aurora 8 de Octubre; lossoldados nos dijeron que querían participar de nuestra celebración y lesdijimos que no queríamos nada con ellos ni con la guerrilla; no queremosarmas, y fue allí donde se encabronaron y comenzaron a disparar´.

Ńosotros, en nuestra comunidad, como en todas en las que viven refugiadosretornados, no queremos saber nada de gente armada, ni soldados ni guerrille-ros, así les dijimos a los que ayer mataron a niños, mujeres y ancianos´.

´Les dijimos que la celebración era sólo para gente de la comunidad y esefue el delito; cómo vamos nosotros a quitar su arma a un soldado y éste seva a dejar y los otros no van a hacer nada´.

´Todos corrimos a buscar dónde escondernos, los soldados disparaban yotros tiraban bombas; caímos en el suelo y como pudimos nos arrastramoshasta llegar a un sitio más seguro, pero las balas seguían matando a la gente´.

Marcos Colón Na

Marcos Colón Na, otro lesionado que en ese momento era atendido por losbomberos voluntarios, dijo: ćorrí al igual que todos y cuando explotó labomba caí herido, cerca de mí estaban otros heridos, yo creo que hastamuertos´. Agregó: ćuando llegaron los señores de la CEAR, les dijimosque muchos de nuestros compañeros están escondidos por temor a los sol-dados, pero no sé qué pasó con su suerte´.

Santos Choc Max

Santos Choc Max, sobreviviente de la masacre: él ejército quería partici-

106 - Xamán

par de la fiesta; nosotros no queríamos problemas´.

´Fui uno de los primeros en salir huyendo cuando el ejército abrió fuego´,sin embargo, fue alcanzado por la ráfaga en sus extremidades inferiores yen el lado derecho del abdomen.

Ńos encontrábamos realizando los operativos para la fiesta, cuando pudi-mos percatarnos de la presencia del ejército´. ́ El teniente nos dijo que que-rían participar en la fiesta, pero nosotros nos opusimos, no queríamos pro-blemas, pero ellos siempre entraron a la comunidad. Los promotores dederechos humanos por altoparlantes llamaron a toda la comunidad´.

Úno de nuestros compañeros dijo que no queremos ejército y advirtió condesarmarlos; trataron de quitarles las armas y el ejército reaccionó y a quienprimero había dicho que no entraran, a ese fue el primero a quien se echaron´.

En la comunidad se encontraban representantes de la Fundación RigobertaMenchú Tum y miembros de Médicos del Mundo, que cooperaban y acom-pañaban a la población en sus planes de desarrollo, y fueron quienes pres-taron los primeros auxilios a los heridos y dieron aviso a las autoridadessobre lo ocurrido.

Rigoberta Menchú Tum

La premio Nobel de la paz, Rigoberta Menchú, ese día se encontraba en laUniversidad de Wisconsin, Estados Unidos, y en base a la información re-copilada por la Fundación, condenó el hecho, lo denunció ante unos cuatromil participantes en el foro y responsabilizó a miembros del ejército comolos autores de esta masacre. Manifestó también, que promovería en esepaís una condena en contra del gobierno.

Regresa al país el día 7 de octubre. En el aeropuerto internacional La Auro-ra, en conferencia de prensa, dio a conocer la reconstrucción de los hechoselaborada por la Fundación que lleva su nombre, en el propio lugar de loshechos. ´Hay antecedentes y testimonios que dejan clara la existencia deuna autoría intelectual, por lo que se van a iniciar los procesos legales hastaque los responsables reciban todo el peso de la ley´.

En el documento entregado a la prensa nacional e internacional, los impli-

Caso Xamán -107

cados directa e indirectamente son el coronel Samy Noé Vásquez Benavente,comandante militar de la zona número 21, con sede en Cobán y el jefe deoperaciones del destacamento militar de Rubelsanto; el subteniente LacánChaclán y todos los elementos que participaron en la masacre.

Las conclusiones de la Fundación Rigoberta Menchú Tum fueron: ´que elpelotón al mando de Lacán Chaclán llegó a matar. Entre las 10:30 horascuando fueron vistos por primera vez los soldados y el inicio de la masacre,pasaron 3 horas. Por lo menos tres masacrados fueron rematados después deheridos. También un niño de ocho años que regresaba a la comunidad, despuésde pescar, fue acribillado a 800 metros del lugar de la masacre; en su retiradalos autores intentaron destruir la torre de telecomunicaciones que Guatelestaba instalando; los testigos presenciales y sobrevivientes, aseguran quees falso que algún soldado haya sido desarmado por la comunidad´.

Desde luego, el ejército a través de su departamento de información y divulga-ción, DIDE, negó que lo ocurrido en Xamán, Chisec, Alta Verapaz, hubierasido el resultado de un acto premeditado, como aseguró Rigoberta Menchú´.

Entidades de Derechos Humanos

Las entidades como la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala,CDHG; la Procuraduría de los derechos humanos, PDHG; la Conferenciade iglesias Evangélicas de Guatemala, CIEDEG; Centro para la acción le-gal en derechos humanos, CALDH; Fundación Mirna Mack, FMM; la Uni-dad de acción sindical y popular, UASP; la Oficina de Derechos Humanosdel arzobispado, ODHA; el Grupo de Apoyo Mutuo, GAM; la Coordinado-ra de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA; las Comisiones Permanentesde Representación de los Refugiados, CC.PP.; se pronunciaron y formula-ron severas críticas generalizadas al ejército, e incluso, hasta el propioCongreso de la República, se pronunció. Algunas organizaron equipos pararealizar sus propias investigaciones, como la ODHA, PDHG.

Tristeza, dolor y dueloEl velorio y entierro de las víctimas mortales

El sábado 8 de octubre se realizó el velorio de las primeras diez víctimasfallecidas, tras su traslado de la capital al destacamento de Rubelsanto y de

108 - Xamán

ahí a la cooperativa de la comunidad. Los diez féretros metálicos fuerontrasladados a las 8 a. m. en helicópteros de ACNUR. El día anterior sehabían sepultado los restos de Carlos Fernando Choc Chic.

En el interior del salón comunal, fueron colocados en fila las diez cajas conlos cadáveres, para ser velados. Luego se ofició una misa, en la que se dioa conocer que exigirían justicia e indemnización para las víctimas y lossobrevivientes. Después de la misa, Rigoberta Menchú y los vecinos setrasladaron al lugar donde ocurrió la masacre y varios campesinos contaroncómo el ejército perpetró la masacre.

Por la tarde, a eso de las 15:30 horas, salió el cortejo del entierro hacia elcementerio de la población para darles cristiana sepultura a los muertos.Las mujeres lloraban desconsoladamente, pues varias perdieron a sus hijosy esposos. ́ Los familiares piden la pena de muerte para los soldados culpa-bles, ya que no es justo haber huído en 1982 del ataque del ejército y ahoravengan solamente a matar a nuestras familias´.

A este clamor se unieron más personas, quienes ante la presencia de laprensa, manifestaron que, éste acto no debe quedar impune´, principal-mente por la responsabilidad directa de los militares, ya que desde el prin-cipio se vio la intención de ingresar sin permiso en la comunidad.

Visita a la comunidad de Mónica Pinto,experta y relatora en DD.HH. de la ONU

Tras participar en el velorio de los restos de las víctimas de la masacre, laexperta y relatora en DD.HH. de la ONU para Guatemala, Mónica Pinto,comprobó cómo viven los campesinos asentados en la finca Xamán. Afir-mó que la visita era para obtener información que ayudase a establecer laveracidad de los hechos, pero sería responsabilidad de MINUGUA la re-dacción del informe oficial. Sin embargo, dijo: Éste grupo reasentadopresenta una situación dolorosa; además comprobamos la implicación demilitares, acerca de quienes recibí el ofrecimiento directo del mandatarioRamiro de León Carpio, de consignarlos´. También expresó: ´lo corrobo-rado supera lo dicho, ya que se puede comprobar el dolor y consecuenciasde una situación que no hace bien a nadie, y mucho menos al gobierno´.

Caso Xamán -109

Repudio mundial a la masacre

Mediante la publicación y divulgación de un pronunciamiento dirigido alpresidente de la república, Ramiro de León Carpio, y con copia a instanciasde DD.HH. de Guatemala y a nivel internacional, varias entidades expresa-ron su repudio y condena de la masacre, así como su exigencia para elesclarecimiento, captura y juicio de los responsables hasta lograr que noquede impune´; se pronunciaron la Comunidad Europea, la embajada deEstados Unidos, Países de América del Sur y Centroamérica.

Repercusiones en el alto mando del ejército

La situación llevó al general Mario René Enríquez Morales, ministro de laDefensa Nacional, a presentar su renuncia del cargo y también a que elpropio presidente destituyera al jefe de la base militar número 21, con sedeen Cobán, Coronel Samy Noé Vásquez Benavente.

El general afirmó. ́ renuncio por amor a la institución armada y a Guatema-la´. Éstoy harto de que se ataque al país interna y externamente, y lamentoese incidente que propició lo ocurrido. No me siento el chivo expiatorio deun error, estoy contento de haber tomado esa decisión´.

La otra medida fue la captura de los 24 soldados, un sargento y el subtenientede la patrulla Lacán Chaclán, a los que se trasladó del destacamento deRubelsanto a la base militar de Cobán, Alta Verapaz, bajo la responsabili-dad del Estado Mayor de la Defensa. Ninguno podía dar declaraciones,pues tenían instrucciones de comparecer únicamente ante la Fiscalía Mili-tar, donde se deducirían responsabilidades, según el Código Militar de 1879.

Primera indagatoria a los acusados

El día 8 de octubre en el juzgado de paz de Cobán, Alta Verapaz, fueroninterrogados por el juez Luis Peralta Flores, 24 de los 26 soldados acusadosde la masacre de Xamán, incluidos el sargento Héctor May García y elsubteniente Lacán Chaclán, siguiendo instrucciones del Auditor de guerra deesa base militar, según lo dicta el Código Militar. Esto incluyó a los dos solda-dos heridos y recluidos en el centro médico militar. Las armas utilizadas por

110 - Xamán

los soldados en el ataque, también fueron llevadas al juzgado, pues formanparte del proceso, y hasta ese momento se guardaban en la zona militar.

Fiscalía militarInicia proceso militar a militares implicados en la masacre

Aunque parezca absurdo y sea injusto, militares que cometieron un delitoen contra de civiles, según el código militar, tienen que ser juzgados poruna fiscalía militar, en una base militar y por un juez militar. Este juez esescogido de una terna propuesta por el ministerio de la defensa nacional, ysu salario lo paga ese mismo ministerio. Así funciona la justicia a favor delos militares.

De esta forma los implicados en la masacre, son trasladados de la base militarde Cobán, al departamento de Jalapa, para ser interrogados en el tribunal mi-litar de esa cabecera, porque ahí está la ´Jurisdicción´. A pesar de que, elJuzgado Militar de Primera Instancia de Jalapa, también tiene jurisdicción,acción o alcance, sobre los departamentos de: Santa Rosa, Jutiapa, Alta y BajaVerapaz. Pero esta vez, los acusados guardarán prisión en la estación de lapolicía nacional civil de Jalapa y no en la base militar del departamento.

Desde que empezó el traslado, el ejército movilizó tropas para proteger ycuidar a la patrulla en todo el trayecto, pues tenían temor de que les suce-diera algún percance, o había que aparentarlo. Este despliegue de tropa,alertó a poblaciones vecinas y puso tenso el clima en Jalapa, más todavía,con la presencia de Rigoberta Menchú Tum como querellante y la cantidadde periodistas nacionales e internacionales que llegaron.

La indagatoria estuvo en la sede de Reservas Militares de Jalapa, dondefunciona el Juzgado Militar de Primera Instancia, a cargo del licenciadoMynor Saturnino López Chanquín. Este juez militar, no permitió el ingresoa tres delegados de MINUGUA, por la oposición de los abogados defenso-res, molestos por el informe publicado por esta institución, el cuálresponsabilizaba al ejército de la masacre. A pesar de las cinco indagatoriasprogramadas, el juez militar sólo pudo realizar una, porque las otras cuatrono tenían un abogado defensor para cada uno como dicta la ley, además deque sólo diez de ellos hablaban el idioma castellano, y el resto el idiomaQéchí. Sólo entonces es cuando el juez militar procede a tipificar el delitoy a emitir la resolución.

Caso Xamán -111

Lacán Chaclán, en esta primera indagatoria se ratificó en sus declaraciones,manifestando que los pobladores fueron quienes los provocaron, y aseguróque éstos les querían quemar vivos, pero que a pesar de eso, él no dio laorden de disparar.

A esta diligencia se presentó Rigoberta Menchú Tum, juntamente con eldirector de la Fundación Rigoberta Menchú, Gustavo Meoño, con el pro-pósito de presentar al juez un memorial en el cuál solicitaba le fuera acredi-tada la calidad de ´querellante adhesiva´ en el caso de la masacre de lacomunidad Aurora 8 de Octubre. Sólo pretendían que se hiciera justicia.

Sin embargo, enfrentaron serias dificultades en la búsqueda del juez LópezChanquín, pues no aparecía por ningún lugar, y hasta después de repetidosintentos de localizarlo lo ubicaron, por la urgencia de entregarle la solici-tud, ya apremiada porque ese día vencía el plazo de entrega. Esto obligó aRigoberta Menchú a presentarse personalmente a la zona militar de reser-vas de Jalapa, sede de la indagatoria, para que ahí, una media hora antes deempezar la audiencia, el juez le recibiera el documento.

MINUGUA, Misión de Naciones Unidas para Guatemala, y PDHG,Procuraduría de Derechos Humanos culpan al ejército

Según el informe preliminar de verificación realizado en la comunidadAurora 8 de Octubre, se responsabiliza a la unidad militar de actuardesproporcionadamente contra la población civil. Por su parte, la PDHG,Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, en su informe, culpa alpresidente Ramiro de León Carpio, como principal responsable de la ma-sacre, sin excluir al ejército.

MINUGUA indica que la investigación de campo dicta: ́ que sobre las 13.30horas de la fecha referida, cuando la patrulla ingresó al centro de la comu-nidad, fue rodeada por unas 200 personas. Luego de 30 minutos de tensanegociación entre soldados y los retornados, un campesino tomó por elcañón del fusil a un sargento, e intentó desarmarlo; en ese momento elmilitar ordenó disparar al resto del pelotón contra la población´.

Ćoncluido el ataque, los soldados abandonaron la comunidad y, a 200 metrosdel lugar de la masacre, un efectivo castrense, plenamente identificado,disparó contra el menor Santiago Pop Tut, hiriéndolo en la mano; luego, el

112 - Xamán

militar lo persiguió y a sangre fría le disparó en el pecho y la cabeza, oca-sionándole la muerte´.

Conclusiones de MINUGUA

1.- La patrulla violó el derecho a la vida de la población civil.2.- Un campesino intentó desarmar a un sargento, lo que provocó lamasacre.3.- Los 26 soldados se congregaron en el destacamento de Rubelsanto el6 de octubre.4.- Un soldado asesina a sangre fría al niño Santiago Pop Tut.5.- La actitud de los civiles no justifica el ataque desproporcionado de lapatrulla militar.6.- La Misión verifica la razón por la cual ingresó el pelotón a la comu-nidad.7.- Debe investigarse la autonomía que el ejército ostenta en las áreas deconflicto, ya que en su actividad contrainsurgente opera con impunidad.8.- Se ve necesario impulsar la cultura de reconciliación para evitar quese repita la tragedia de la comunidad Aurora Ocho de Octubre.9.- Se constata que el ministro de la Defensa encubrió la actividad de lossoldados que ejecutaron la masacre, obstaculizando el deber del Estadode investigar el suceso, al justificar el ataque de la patrulla.10.- MINUGUA valoró la disposición del mandatario Ramiro de LeónCarpio, de asumir la responsabilidad del Estado en el suceso.

En el informe de la PDHG, se dice que: ́ desde el presidente de la república,licenciado Ramiro de León Carpio, pasando por el ahora ex ministro de laDefensa, hasta llegar al comandante del destacamento militar de Rubelsanto,tienen culpabilidad institucional por la masacre de Xamán´. Ńo había ne-cesidad de formar comisiones de alto nivel, ni de iniciar investigacionessofisticadas, ya que es una masacre, un genocidio y un asesinato impuneque el ejército de Guatemala cometió contra una comunidad indefensa´.

Historia del ejército en las masacresTrágica coincidencia para la etnia Qéchí

Dos hechos trágicos para la misma etnia maya: la primera masacre consaldo de más de 100 campesinos muertos dentro del conflicto armado inter-

Caso Xamán -113

no, en la masacre de Panzós, el 29 de mayo de 1978 y la última masacre enXamán, Chisec, el 5 de 0ctubre de 1995 en contra de Qéchíes en el mismodepartamento de Alta Verapaz.

La primera se da en un gobierno militar y al inicio del recrudecimiento dela guerra, mediante una emboscada que les tendió el ejército, en la cualcaen asesinados más de cien campesinos, entre ellos una gran mujer, AdelinaCaal Maquín, Mamá Maquín.

La otra, la última masacre, se da en un gobierno civil, al final de la guerra, yesta vez, miembros del ejército, invaden una finca de campesinos Qéchíes yejecutan la última masacre, la número 647, en plena etapa de negociacionesde paz. La trágica coincidencia: los mismos autores y ejecutores, miembrosdel ejército nacional en contra de las mismas víctimas: pobladores mayasQéchíes.

Tareas en el proceso de XamánLa investigación: intervención de oficio y obligatoriamente

El Ministerio Público. El Fiscal General de la República nombró un FiscalEspecial para el caso y éste a su vez, organizó un equipo específico de inves-tigadores para organizar, dirigir y conducir todas las investigaciones. Este equi-po y fiscal, tuvieron que coordinar y cooperar en las tareas de investigacióncon la PNC, Policía Nacional Civil, en el lugar de los hechos, con la mayorpremura posible, para: recoger pruebas, testimonios, evidencias, proteger ycuidar las pruebas. Proteger la escena del crimen, evitar que se pierdan, ro-ben o desaparezcan y se destruyan las pruebas o evidencias.

Para hacer estas diligencias y trámites, el Ministerio Público tuvo asignadoun tiempo específico, en el cuál ordenar, organizar y presentar la denunciay acusación contra los implicados ante el tribunal competente. Tras la in-vestigación, cubrió la etapa intermedia, que fue ordenar y preparar el mate-rial probatorio y la organización y presentación de los testimonios de lostestigos de las víctimas mortales y de los sobrevivientes

El primero en presentarse al lugar de los hechos como autoridad, fue elJuez de Paz de Chisec, ya que la masacre ocurrió en su territorio, pero aéste no le correspondía asumir el caso, por ser un juzgado menor y por esolas primeras investigaciones las pasó al juzgado de Paz de Primera Instan-

114 - Xamán

cia de Cobán. Este sí podía investigar y seguir procesos en caso de delitos,tal es el caso Xamán, donde hubo muertos y heridos con armas de fuego,provocadas por militares en contra de civiles, lo cuál constituye un delito yno una falta.

En el caso Xamán, fue el Juzgado de Paz de Primera Instancia de Cobánquien recibió las actuaciones y documentos del juzgado de paz de Chisec,para luego entregarlos al Juzgado Militar de Primera Instancia de Jalapa,porque este juzgado no tenía competencia, ni autoridad para juzgar.

Así este juzgado militar inició el paso de la indagatoria: preguntar y regis-trar los hechos de los acusados, calificar si hubo delito o no, grado de cul-pabilidad o inocencia de los acusados, y dar el fallo.

Errores en la investigación

En esta primera fase de la investigación por parte del Ministerio Público,del caso Xamán, a través del fiscal especial, abogado Óscar AlcidesSagastume Martínez y su equipo de investigación, hubo muchos errores,que al serle señalados, provocaron su renuncia del caso:

- El error del propio Fiscal general de la República, quien mostró lenti-tud para nombrar al fiscal especial del caso y la organización del equipode investigación y por eso mismo, tardanza en presentarse al lugar de loshechos.

- Retraso en la recogida de los cascabillos de las balas disparadas, de lasarmas utilizadas, de la ropa de los muertos y heridos. De informarse adónde huyeron los implicados, etc.

- En el caso de los heridos, de saber si fueron examinados por médicosforenses y verificar si el informe es real y reportar los elementos proba-torios del delito; reunir los testimonios de los testigos de la comunidad yde los presentes en la masacre.

- En el caso de los muertos, verificar las autopsias hechas por los médi-cos forenses, los informes no indican nada sobre el tipo de bala ni delarma del que salieron los proyectiles que mataron a la víctimas morta-les.

Caso Xamán -115

- A ninguno de los asesinados se les tomó radiografía, porque dijeron nocontar con aparato de rayos X. Ni las necropsias hechas respondían acriterios científicos, pues el Ministerio Público, dijo carecer de equipo ypersonal con conocimientos elementales de balística.

- Hubo pérdida de ropa de los que murieron y de algunos heridos, asícomo la desaparición de los cascabillos encontrados en el lugar de loshechos. Es grave el error, pues la ropa hubiera servido para encontrarevidencias de los crímenes y los cascabillos, para saber de qué fusil salióla bala que mató al niño y las que mataron a las otras víctimas mortales.

- El fiscal especial, cuando se presentó a la comunidad, trató de conven-cer a los familiares de las víctimas mortales para enterrar los cadáveressin hacerles la autopsia, y con esto, estaba impidiendo la posibilidad deencontrar evidencias. También se le señaló de parcialidad en favor delos militares, pues no hubo empeño para recabar y juntar pruebas y evi-dencias preliminares.

Es decir, que las investigaciones fueron débiles, lentas, deficientes e insufi-cientes, sin utilizar equipos técnicos especiales, por ejemplo de balística,de examen de pruebas de sangre, de la toma de radiografías a los muertos yheridos, etc.

En esta fase es cuando tiene que haber una estrecha coordinación y coope-ración de trabajo entre la PNC y el equipo del Fiscal Especial, para garanti-zar una investigación bien hecha. Sin embargo, la PNC carecía de una pre-paración en técnicas de investigación, ni tenía equipo especial y tampocouna eficaz coordinación con el MP. Casi cada uno actuó por su cuenta,haciendo cuanto pudo, como quiso y cuando quiso.

Marco legal y realidad política de la masacre

En la masacre, el ejército violó acuerdos específicos y particulares entreURNG y el Gobierno, como por ejemplo: el acuerdo de DD.HH, aprobadoy vigente, el de identidad y derechos de los pueblos indígenas, el de laspoblaciones desarraigadas, la carta de entendimiento firmada entre el go-bierno y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados,ACNUR, para organizar, preparar y negociar los retornos y el propio acuer-do del 8 de octubre de l992. Además del artículo 39 de la Constitución

116 - Xamán

Política, que garantiza la propiedad privada, pues la patrulla ingresó sinpermiso a la finca Xamán, propiedad privada de la comunidad.

La masacre la ejecutan a pocos días de celebrarse las elecciones generalesen todo el país, en plenas negociaciones de paz entre URNG y Gobierno, yen el período de mayor auge del retorno de población refugiada y con lacerteza de su incremento en los siguientes meses. También está el hecho deque en áreas de retornados había una fuerte presencia de acompañantesinternacionales: ONG, la observación de MINUGUA, ACNUR.

Es probable que los autores intelectuales que planificaron y ordenaron eje-cutar la masacre, no midieron las repercusiones políticas del suceso o bien,fue una prueba de su poder y fuerza.

La masacre mostró que, dentro del alto mando del ejército, había intencio-nes, y planes para detener el retorno, paralizar las negociaciones de paz,desprestigiar la llegada y estancia en Guatemala de la experta de la ONU enDD.HH para observar la situación del país, además del aviso a los partidospolíticos participantes en las elecciones, que un sector del ejército no esta-ba dispuesto a someterse fácilmente a los gobiernos y autoridades civiles ya quienes se hicieran con el poder político, y de que tenían que negociarcuotas o espacios de poder con ese sector del ejército.

Por eso mismo, MINUGUA, FRMT, ODHA, PDHG, crearon sus propiosequipos de investigación, para estar en el lugar, observar, preguntar, inves-tigar y elaborar su propio informe de los sucesos y luego darlo a conocerpúblicamente.

El ejército, realizó sus propias investigaciones, buscó pruebas y evidenciasen contra de las víctimas, recogió testimonios dentro de la tropa, del jefe yel sargento, los preparó con la asesoría de los abogados defensores parasaber qué decir en los interrogativos, o que les pidieran declaraciones delhecho. Principalmente, en el caso de Lacán Chaclán. El objetivo fueexculparse, no asumir la participación y la responsabilidad. Dejarlo comoun accidente, un hecho fortuito, de la casualidad, y que no hubo intenciónni planificación del alto mando.

Caso Xamán -117

La famosa cadena de mandoEncubrimiento y protección

Al dejar la totalidad de la decisión de la incursión y la masacre de Xamán aLacán Chaclán, el alto mando encubrió y protegió la cadena de mando de:el Presidente de la república, comandante general de las FF.AA., del Minis-tro de Defensa Nacional, del Jefe de la zona militar número 21 de Cobán,del jefe del destacamento de Rubelsanto, del jefe del destacamento deFBDLC, del jefe de la tropa y del sargento de la misma.

Por eso, para mantener la impunidad, al momento de las investigaciones yel juicio penal, rompen esta cadena en su parte medular, con lo cual jamásse podría juzgar y condenar a los culpables intelectuales. Así, se sabe quefalleció misteriosamente el capitán González, encargado del destacamentode donde salió la patrulla. Luego fue asesinado el coronel Luis RobertoPaiz Porras, responsable del destacamento de Fray Bartolomé de las Casas.Por ello, el ejército aún contra su voluntad, orienta el juicio a que sóloabarque a algunos miembros de la patrulla.

La historia real del amañado y torcido proceso penal

El 5 de octubre del 95, se da la masacre y hasta el 1 de abril de 1998, tresaños y 4 meses después, no se abre el juicio oral y público. Desde entonceshasta la fecha, ha habido cantidad de maniobras, trampas y mañas. Primeropara no asumir su culpabilidad, segundo para no aceptar ser juzgados por lajusticia civil, y tercero, para maniobrar con el apoyo de los tribunales, jue-ces y hasta magistrados y abogados defensores, de cómo urdir y concretarla trampa y farsa jurídica no salir condenados y así, quedar libres impune-mente.

118 - Xamán

La primera gran batallaPaso del caso, de un tribunal militar a uno civil

El primer paso fue luchar por demostrar que la masacre de Xamán no era denaturaleza militar, como la consideraron y quisieron imponer los militares.Este hecho jamás podría considerarse como tal, pues una patrulla militarpenetró sin permiso a una comunidad de población civil desarmada en don-de perpetró una masacre y en ella, utilizó armas de uso exclusivo del ejérci-to, cuyo resultado fue de 11 personas muertas y 27 heridas. Por ello, tampo-co al juzgado militar de Primera Instancia le correspondía tener el expe-diente del caso.

Rigoberta Menchú, como querellante, siempre sostuvo que por principiode justicia, esta masacre no podía ser ventilada según el código militar,porque éste es para juzgar delitos o faltas de militares entre militares enservicio, pero nunca para delitos cometidos por militares contra civiles. Ade-más de las anomalías que se daban en su beneficio, como por ejemplo: lanegativa del juez militar a mostrar el expediente y las evidencias solicitadaspor la querellante y la abogada para revisarlas.

Los abogados de la defensa utilizaron varias maniobras para obstaculizar yentorpecer todas las diligencias y planteamientos legales o escritos presenta-dos por la querellante, para lograr que el caso Xamán se ventilara en un tribu-nal civil, pues por primera vez, una patrulla militar acusada de cometer undelito de Ejecución Extrajudicial, era llevada a juicio penal.

La muestra más clara de favoritismo. A pesar de que el delito es cometido enChisec, Alta Verapaz, el proceso y los reos son trasladados a Jalapa, sede delJuzgado Militar de primera Instancia, a cargo del abogado Mynor LópezChanquín, quien además tiene jurisdicción en Alta y Baja Verapaz, el Progre-so, Jalapa y Jutiapa. O sea, que sí podían ser juzgados en Cobán.

Este juez militar, después de la indagatoria, dicta auto de procesamiento, jui-cio, y prisión preventiva para los 25 soldados de la patrulla que son acusadosde los delitos de homicidio y lesiones graves. Luego, el juez envió el expe-diente a la Fiscalía del Ministerio Público, con sede en Cobán, donde el fiscalespecial se hizo cargo de la investigación.

Así fue como por fin, en febrero de 1996, la Sala Quinta de la Corte deApelaciones con sede en Jalapa, resolvió el caso Xamán, como cuestión nomilitar, y que por tanto, su juzgamiento no era incumbencia, ni le corres-

Caso Xamán -119

pondía a los tribunales militares. Esa resolución es histórica, pues por pri-mera vez un expediente judicial en el que intervienen militares, en estecaso la patrulla militar, es trasladado al Juzgado de primera Instancia Penalde Cobán, a cargo de un juez civil.

Como consecuencia de esta acción, se planteó la iniciativa de ley para dejarsin efecto los juzgados militares. Y como consecuencia y logro de la mis-ma, en julio de 1996, entró en vigor el Decreto Legislativo 51- 92, queabolió el Fuero Militar, transfiriéndose todos los casos que se encontrabanpendientes en la justicia militar a tribunales civiles.

Proceso civil penal

´La mejor manera de construir la democracia,es construyendo la legalidad´

Al empezar esta etapa, la estrategia del ejército y la defensa estaba biendefinida y clara: trabajar por la impunidad y lograr que el caso no llevara ala condena de los acusados.

Por su parte, Rigoberta Menchú, actuando como querellante, era conscien-te de que al salir el expediente y el caso mismo del Código de JusticiaMilitar, venía una larga lucha en el campo jurídico en la aplicación y admi-nistración de justicia. Pero mantenía la esperanza de encontrar una actua-ción justa y correcta del Poder Judicial, como única vía para esclarecer yencontrar la verdad, y hacer justicia.

Segunda gran batallaLucha por la definición o tipificación del delito cometido

Esta segunda batalla hubo que librarla contra el excesivo número de recur-sos que presentaron los abogados de la defensa, con el propósito de retrasare impedir llegar al juicio oral y público. En aras de la obstrucción y obsta-culización de la justicia.

Continuando con esta estrategia, el juez titular del Juzgado de Primera Ins-tancia Penal de Cobán, al conocer la resolución de la Sala Quinta de laCorte de Apelaciones, quien le ordenaba dar continuidad al trámite del caso

120 - Xamán

Xamán, en forma maliciosa y servil, planteó a un organismo superior, laCámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, dudas sobre su competen-cia, capacidad o autoridad, para dar seguimiento al trámite. Sin embargo,esta Cámara le ordenó que tenía que cumplir con la resolución de la SalaQuinta y seguir tramitando el proceso.

Al igual que este juez, también los abogados de la defensa presentaronescritos en contra de la Sala Quinta, a la Cámara de Amparo de la CorteSuprema de Justicia, con la misma intención. No prosperaron y mucho tiem-po después retiraron la petición. La táctica era sólo para ganar tiempo ydilatar el proceso.

Otro ejemplo del comportamiento y actitud del juez fue que, cuando el 30de mayo del 96, sin haber leído siquiera el expediente del caso, de casi5.500 folios, a solicitud de los abogados de la defensa, modificó la situa-ción de prisión a 8 de los acusados, incluido el jefe de la patrulla. Les otor-gó, mediante una medida sustitutiva, una cuota baja en dinero, arresto do-miciliario a cumplirlo en la zona militar número 21 de Cobán.

Sin embargo, el Ministerio Público y la querellante, Rigoberta Menchú Tum,presentaron un escrito de apelación en contra de la decisión del juez deCobán, incluyendo ante la Supervisión de Tribunales, otras quejas por lasinvestigaciones que habían hecho sobre otras actuaciones incorrectas deeste mismo juez. Esto valió para que la Corte Suprema de Justicia ordena-ra su destitución del cargo, lo cuál fue un gran logro.

No conforme con este fallo, el juez presentó un escrito a la Corte Supremade Justicia, donde argumentaba que se había violado su derecho de inde-pendencia por la medida del arresto domiciliario de los acusados en el casoXamán. Pero lo más grave: solicitaba su restitución al cargo y ser enviadonuevamente al juzgado de Cobán. Claramente su interés era continuar apo-yando en la defensa de los acusados.

En esa misma fecha, 30 de mayo de 1996, este juez otorgó el arresto domi-ciliario, y el Ministerio Público y los abogados de la querellante, presenta-ron la acusación penal contra la totalidad de la patrulla militar por los deli-tos de Ejecución Extrajudicial y tentativa de ejecución Extrajudicial.

En esta etapa de preparación del juicio oral y público, sucedió algo que fueclave. Resultó que un organismo superior de justicia, la Sala Duodécima

Caso Xamán -121

de la Corte de Apelaciones, modificó el delito de homicidio y lesiones gra-ves como estaba tipificado anteriormente, por el de Ejecución Extrajudicialy lesiones gravísimas.

Es válido reconocer que en esta etapa, hubo organismos superiores de jus-ticia que actuaron con eficacia, objetividad e imparcialidad, lo cual no fuedel agrado de la defensa de los acusados, ni del ejército.

Prueba de ello es que en julio de 1996, la defensa aumentó la práctica de losprocedimientos dilatorios y de entorpecimiento para no llegar al juicio, como:

- Presentar varios escritos recusando a los magistrados de la Sala Duo-décima de la Corte de Apelaciones, pues consideraban que actuaban encontra de sus defendidos. Les fueron rechazados todos los escritos derecurso.

- Estos mismos abogados, acusaron al nuevo juez nombrado para el casoXamán, por la Corte Suprema de Justicia, de llevar órdenes de este altoorganismo, para resolver a favor de la querellante y del Ministerio Pú-blico, así como de rechazarles cualquier solicitud que le presentaran.Tampoco en este caso les fue aceptada la recusación.

Ese tipo de acciones y comportamiento de los abogados de la defensa, de-muestra la falta de seriedad, de responsabilidad y mala voluntad que mani-festaban para no llegar al juicio, y también define la estrategia aplicada a lolargo del juicio Xamán.

La batalla decisivaInicio oral y público del segundo juicio

El 1 de abril de 1998, da comienzo en el Juzgado de Primera Instancia deCobán, Alta Verapaz, el juicio oral y público, del segundo proceso abierto.

Los participantes son, el Tribunal de Sentencia, integrado por tres magis-trados, un presidente, y dos vocales, con voz y voto. El Ministerio Públicocomo acusador, representado por el Fiscal Especial, abogado RamiroContreras Valenzuela. La Querellante Adhesiva, Rigoberta Menchú Tum yla abogada María Estela López Funes. Los abogados de la defensa de losacusados, dirigidos por el licenciado Julio Cintrón Gálvez.

122 - Xamán

Antes del inicio del debate propiamente, hay un momento clave para elproceso: El Ofrecimiento de Prueba. Es cuando las partes, acusadora y de-fensora, ofrecen sus pruebas para que el Tribunal de Sentencia las incorpo-re al expediente o bien las rechace.

Alta es la responsabilidad para garantizar la imparcialidad en el juicio departe del tribunal de sentencia, pues existe el riesgo de contaminar el expe-diente al aceptar prueba falsa o también de vaciarlo de prueba de cargo.

Para resolver el procedimiento: primero, las partes ofrecen sus pruebas;segundo, el tribunal opina sobre ellas; tercero, si a las partes les parece,aclaran, amplían o rechazan sobre lo aportado; cuarto, el tribunal da suúltimo juicio sobre ellas. No hay oportunidad, si una de las partes está endesacuerdo. Esto último, es un fallo que viola el debido proceso.

Ejemplos de vaciado de prueba de cargo

El Ministerio Público y la querellante, habían presentado como pruebas decargo, aceptadas en el primer momento, pero luego rechazadas por el tri-bunal:

- Un lote de 60 fotografías, tomadas a los pocos días de los hechos, lascuales podrían aportar evidencias en el examen de los heridos por causadel uso del arma ´lanza granadas M79´, que el ejército admitía portabala tropa, pero sostenía que no había sido disparado. Esto es un claroaporte del Tribunal a los acusados y a la impunidad.

- Rechazó el informe levantado por MINUGUA en el propio lugar, en elprimer día de los hechos y que abarcaba información recopilada en lossiguientes días.

- Rechazó el Informe de los hechos elaborado por ACNUR.

- Once informes médicos forenses con sus ampliaciones aclaratorias,fotografías de las víctimas y los heridos.

- Documentos rechazados: dictamen de la Instancia de Verificación delretorno, integrada por organismos nacionales e internacionales.

Caso Xamán -123

- Una fotografía de un proyectil ´full jaket´ de uso exclusivo militar.

- Cintas de videos hechas por el Ministerio Público.

- Cincuenta y dos fotografías de las armas que portaba la patrulla.

- Veinte y dos fotografías tomadas por el forense del Ministerio Público,Nájera Ochoa, las que documentaban las heridas de 14 personas.

- Se rechazaron informes de la Policía Nacional de Guatemala sobre loshechos.

- Once radiografías de los heridos tomadas en el lugar de su atención,Hospital San Juan de Dios, por el médico forense del Ministerio Público.

El argumento fue: ´...eran impertinentes y no guardaban relación directa oindirecta con el objeto del presente proceso...´

El rechazo a estas pruebas de cargo entre otras más, de parte del Tribunal deSentencia, con la autoridad de aceptar o rechazar, creó la situación de va-ciar el expediente y la medida favoreció a los acusados.

Pruebas presentadas por la defensay aceptadas por el Tribunal.

Implica la contaminación del expediente y del proceso

A los abogados del ejército les aceptaron presentar pruebas elaboradas porpersonas no autorizadas ni capacitadas, mucho menos, sin contar antes conla orden del tribunal y la orientación sobre en qué puntos elaborar la peri-cia. Fue el propio ejército quien tomó la iniciativa, escogió el punto o ma-teria y también al personal, ordenó su elaboración y las presentó a través deestos peritos para incorporarlas al expediente. El tribunal sólo las aceptó.Son ilegales.

A estas pruebas se les llaman pericias, y a las personas que las hacen y laspresentan se les llama peritos. La ley ordena que estos peritos deben pre-sentar estas pericias, pruebas, a las partes, para que las discutan y si lasaprueban, se incorporan al expediente. También dice la ley que estos peri-

124 - Xamán

tos antes de actuar como tales, deben ser juramentados en el cargo por eltribunal, y ante todo, ser especialistas cualificados en la materia.

En este caso, los peritos ni fueron juramentados ni nunca recibieron antesla orden de elaborar las pericias por este tribunal, ni nunca verificaron suespecialidad o capacidad como peritos y sin embargo, se les aceptó e incor-poró al expediente como tales.

Ejemplos de estas pericias

- El perito, Jerez de la Cruz, participó en la prueba de éxhumación delmenor Santiago Tut y en la prueba de balística anticipada´.

Sin embargo, este perito jamás tuvo frente a él restos humanos para haceranálisis y tres años después, se permitió presentar pruebas de los hechos sinhaber hecho la exhumación y sin tener autorización. Es decir, presentó prue-bas de una persona asesinada sin haber hecho la autopsia, únicamente vali-éndose de una fotografía de hacía tres años. Este perito jamás analizó restoshumanos para presentar pruebas. Hay que recordar que en la etapa de in-vestigación, el propio Ministerio Público tampoco tomó radiografías a loscadáveres de la masacre, porque adujo no tener aparatos de rayos X.

Para el caso de la prueba de balística, este perito dice que no hubo unasegunda bala en el asesinato del niño, sin embargo, está demostrado que elproyectil disparado a quemarropa y por la espalda, le salió por el pecho y ledestruyó por completo el esternón, así como su brazo derecho. Esa poten-cia destructiva de un proyectil, es sólo de proyectiles de uso exclusivo delejército, y, más en esa ocasión, pues los pobladores estaban desarmados talcomo está demostrado.

- El caso del perito Leal Flores, que sin orden del tribunal, hace un peri-taje de distintas armas, dentro de un cuartel, a puerta cerrada y sin laparticipación de las partes. De este peritaje, saca la lectura de que no sepuede precisar el tipo de armas que llevaba la patrulla ni cuáles fueronutilizadas. Total, a saber qué armas ni de qué tipo de calibre fueron losproyectiles disparados. El objetivo de este argumento, es mantener lalínea de declaración del jefe de la patrulla, ´que aseguraba que hubodisparos de calibres diferentes´. Este perito, por ser un militar en activo,estaba legalmente imposibilitado para esa tarea que además, ni siquiera

Caso Xamán -125

le había ordenado el tribunal.

- Al perito Villacorta Cruz le tocó fabricar y presentar pruebas a travésde dibujos o diagramas en donde aparecen mujeres tratando de arreba-tarles las armas a los soldados. Así mismo, tratando de explicar sobre lasheridas de los sobrevivientes y de las causales de muerte de los asesina-dos. Con este argumento, trató de demostrar que sí hubo cuatro mujeresque intentaron quitarles las armas a igual número de soldados, a las queéstos terminando disparando indiscriminadamente, tal como lo afirma-ba Lacán Chaclán.

Estas actuaciones y hechos dejan ver con claridad la estrategia del ejérci-to y la defensa: construir y sostener en todo el juicio una trampa y farsajurídica, con la cuál demostraban someterse a juicio, seguir todo el proce-so hasta el final y respetar al tribunal, pero ya conscientes de que en lamedida en que se iba vaciando el expediente y el tribunal aceptaba prue-bas y testigos falsos, con toda seguridad, al final del juicio, no iban a sercondenados y quedarían libres.

El inicio del debate oral y público del segundo proceso,comenzado el 14 de abril de 1998, se entrampa en agosto

La defensa desde el inicio se preparó en la búsqueda, preparación y presen-tación de los testigos falsos de los acusados. Los presionó y convenció,ofreciéndoles tierras que el propio abogado defensor Cintrón Gálvez ges-tionó ante FONAPAZ, Fondo Nacional de Paz, como consta en las solicitu-des que firmó y presentó a esa institución. El tribunal rechazó estas pruebascuando se las presentó la querellante adhesiva.

Los testigos falsos fueron preparados en sus testimonios por anticipado,como ocurrió también en las declaraciones efectuadas por los acusados.Perseguían exculparse, no asumir la responsabilidad de la masacre, presen-tarla como algo accidental, ocurrido por casualidad.

Las declaraciones de los autores, como en el caso del soldado que disparósobre el niño de 8 años asesinado y rematado por la espalda. Él tambiéntrató de exculparse, de no aparecer como responsable, sino como un hechoalgo accidental. ́ ... yo estaba allí y me jalaron desde atrás, me di la vuelta y

126 - Xamán

disparé... y di vueltas mientras disparé... no es que haya querido hacerlo, lohice por miedo, por defender la vida... llevo más de tres años de estar en lacárcel, y más que nada por eso no me había acordado...´

En su primera declaración pasó cinco horas hablando. No aceptó preguntasy jamás habló de haber disparado. Es en la segunda parte de su declaraciónen la que recordó haber disparado contra el niño.

En esta trampa y farsa jurídica, tanto los peritos como sus pruebas presen-tadas, más las declaraciones de los acusados y los testimonios de los testi-gos, aparece clara la línea de orientación: no aparecer como responsables,darle carácter accidental, de casualidad o como algo fortuito a la masacre.

Todo esto es aceptado e incorporado al expediente y al proceso por el tribu-nal, lo que demuestra y ratifica que hay acuerdo entre jueces, defensores yacusados.

Ante esto, la querellante presentó un escrito en contra del tribunal por laforma de actuar. La Sala de Amparo que lo recibe, de inmediato, en apenasdos horas, responde: ´...El tribunal Constitucional de Amparo no puededecidir sobre resoluciones emitidas por los tribunales de justicia que estánapegadas a la ley, por no ser una tercera instancia...´

En resumen, en el juicio oral, el tribunal viola las normas al debido proce-so, porque acepta e integra al expediente pruebas y testimonios falsos de ladefensa, y le rechaza a la parte acusadora del Ministerio Público y quere-llante: informes, pruebas y testimonios de víctimas de la masacre y de otrasinstituciones de importancia.

Pero también hay denegación de justicia, cuando el tribunal de amparo noacepta y rechaza el escrito presentado por la querellante, y con ello avala yrespalda lo actuado por el tribunal de sentencia.

El pelo en la sopa deja al descubierto la maniobra

A finales de agosto de 1998 visitó Guatemala, la CIDH, ComisiónInteramericana de Derechos Humanos, y la jueza, abogada Zina ElizabethGuerra Giordano, que era miembro del tribunal del caso Xamán, denuncióante ese organismo, presiones y amenazas que sufría de parte de personas

Caso Xamán -127

que ella vinculaba al ejército. Se le presionaba para que aceptara sobornoen compensación por su parcialidad.

No hay constancia hasta el momento si la misma CSJ, Corte Suprema deJusticia, o la Supervisión de Tribunales investigaron y actuaron en contrade este caso. Más bien, la jueza Guerra Giordano fue separada de su cargo.Esto implica parcialidad del Organismo Judicial en beneficio de los milita-res y supone favorecer la impunidad.

Pero también el fiscal especial, abogado Ramiro Contreras Valenzuela, de-nunció amenazas a su persona. El recorte en posibilidades de infraestructu-ra y medios para su trabajo, respondió a la decisión política de sacarlo delproceso, porque en verdad, su labor en coordinación y cooperación con laquerellante, venía siendo profesional y correcta y por eso mismo, el proce-so avanzaba en medio de esas mañas y trampas.

Tanto se complicó su situación que, renunció al caso, al trabajo en el Minis-terio Público y abandonó el país para salvar su vida. Lo irónico en estasituación es que en febrero de 1998, había asistido a la CIDH, a una audien-cia en Representación del Estado de Guatemala y en noviembre de ese mis-mo año, renunció al caso y al Ministerio Público y al abandonar el país,formuló graves denuncias del caso Xamán que hasta la fecha no han sidoinvestigadas y menos, aclaradas.

Por eso es válido reconocer y aplaudir. Tanto la jueza Guerra Giordano y elfiscal especial Contreras Valenzuela, tienen algo en común: ´dignidad yhonradez´.

Esta situación hizo que el debate oral y público quedara en suspenso, pueshabía que nombrar al vocal sustituto de la jueza Guerra Giordano y al delex fiscal especial Contreras Valenzuela.

Reinicio del debate el 25 de noviembre de 1998

Fue nombrado un nuevo fiscal especial, quien aceptó el cargo, aún cuandosólo dispuso de diez días hábiles para conocer todo el expediente del caso,8.000 folios. Era muy difícil que hubiese podido leerlos en su totalidad.Esto comenzó a verse en su labor deficiente, pobre y de completo abando-no a la acción de persecución penal que el cargo le asignaba.

128 - Xamán

Como ejemplo, al continuar el debate, en la primera audiencia del 25 denoviembre de 1998, el fiscal, sin verificar si los testigos de la acusaciónhabían sido notificados antes de presentarse, se suma a la petición de losabogados defensores para que los testigos sean llevados al tribunal por lafuerza pública. Esta medida nunca se llevó a cabo.

En la protesta presentada, la querellante demostró que los testigos no ha-bían sido notificados y conducirlos de esa forma, hubiera sido una torpeza.Grueso error del fiscal especial.

Otro incidente se dio cuando la querellante se opuso a la defensa común delos acusados. Los mismos abogados para todos, pues de hecho, no todoslos de la patrulla efectuaron disparos ni todos salieron heridos, ni tenían losmismos intereses, porque había casos diferentes. Esa conducta violaba lasnormas del debido proceso, que establece que para cada imputado acusado,tiene que haber un abogado defensor y no se puede hacer la defensa encomún, tal como el fiscal estaba convalidando.

Sin embargo, no entendió el sentido de la oposición de la querellante sobreese incidente, pues razonó así: ´... la función del fiscal en un debate es noenemistarse con ninguna de las partes, acusadora y de defensa,... ni pre-tender que dentro del mismo se den actos contrarios a la ley...´

Con respecto a dos peritos presentados por la defensa vinculados al ejérci-to, dejó la responsabilidad de la investigación sobre la querellante para queella demostrara dicha denuncia, en vez de asumirla como fiscal especial, yaque es al Ministerio Público a quien corresponde la persecución penal.

Estos ejemplos ilustran la incompetencia y falta de conocimiento en sufunción como fiscal especial, así como la responsabilidad del Fiscal Gene-ral de la República en el nombramiento de este tipo de fiscales. Su funciónfue actuar para entorpecer y obstaculizar la justicia.

El comportamiento del nuevo tribunal

Este tribunal sufrió una reestructuración, pues el anterior presidente fuetrasladado a otro tribunal y a la vocal, Guerra Giordano la separaron delcargo. Este nuevo presidente tenía poca formación jurídico técnica, care-ciendo de experiencia en este tipo de foros y por lo mismo, en los debates.

Caso Xamán -129

Actuó de manera autoritaria para suplir su escaso conocimiento, y luegoevidenció su pretensión de llevar adelante el proceso del modo que fuera,no importaba la forma, sin intentar resolver los problemas que heredó. Masbien sostuvo las posiciones de los militares, que querían terminar con lacuestión a toda costa, lo más pronto posible. Por eso, poco a poco fue mos-trando su parcialidad hacia los militares en el juicio.

Trato desigual a los abogados de la defensa,respecto a los de la querellante

- En un inicio no permitió a la querellante tener acceso a una consultoratécnica en el idioma Qéchí. En cambio a los acusados ya le habían he-cho traducciones en ese idioma desde el principio, pero su contenidotampoco le fue compartido, por más que lo solicitó.

- La querellante observó que a los procesados no se les estaba haciendouna traducción simultánea en los idiomas Qéchí y Pocomchí y lo advir-tió al tribunal. El presidente preguntó a los abogados de la defensa sideseaban que les tradujeran a sus defendidos en su idioma materno, cuan-do es norma del debido proceso hacerlo, sin necesidad de pedir el con-sentimiento de las partes.

- En pleno debate, la querellante denunció que se estaba leyendo undocumento equivocado y el tribunal, en vez de revisar o evaluar, recha-zó la observación y continuó con su lectura, para luego amonestar a laabogada.

- Similar situación se dio en el caso de efectuar grabaciones del juiciopor parte de la querellante. Los abogados del ejército siempre las hicie-ron, pero argumentaban que la abogada auxiliar de la querellante noestaba facultada para hacerlas. Incluso, la abogada solicitó que le fueranproporcionadas las grabaciones que diariamente realizaba el tribunal,pero tampoco se las proporcionaron. Se las ofrecieron, pero a la finali-zación del juicio. No estando de acuerdo, propone que las haga una ter-cera persona pagada por la querellante. De tanto insistir, fue aceptada lapropuesta.

Esta actitud y comportamiento del tribunal fue un hecho repetido en todo eljuicio: su disposición a permitir modificaciones a las normas procesales

130 - Xamán

Otros ejemplos

- Incidente de defensa común: la ley determina que cada imputado tengapor lo menos un defensor. Los 26 acusados sólo dispusieron de 5 aboga-dos. Esto es ilegal, incorrecto y antijurídico, porque en la acusación ha-bía tres heridos por disparos de sus propios compañeros, por lo tantocon intereses contrapuestos al resto de los acusados.

- Incidente de abandono de defensa: en una diligencia en junio de 1998,dos de los abogados defensores no asistieron a la audiencia y tampocodieron explicaciones de su incomparecencia. Ante esto, el juez nombróotro abogado como sustituto. Esto sólo se puede hacer cuando al acusa-do se le ha tomado declaración por primera vez. Cuando la querellantemanifestó su desacuerdo, el tribunal no modificó su conducta.

- En el incidente de la presencia de testigos de la defensa durante eldesarrollo de las audiencias orales y públicas. La norma dice que losmismos sólo podrán estar en el momento de su declaración y nada más.

cuando la voluntad de los abogados de los militares así lo disponía.

En todo debate suceden problemas denominados incidentes

Si el tribunal no es competente para solucionarlos, las partes pueden ele-varlos a otro organismo superior.

- El fiscal especial planteó como incidentes, que los medios de pruebaofrecidos por los dos peritos en la fase anterior no eran admisibles. Fue-ron rechazados por el tribunal con el argumento: ´... no puede entrar atratarlos por ser cuestiones parte de otra etapa procesal´.

- A la querellante, de los siete incidentes que presentó, le exigieron ex-ponerlos en un solo día, sin tener oportunidad de solución de continui-dad ni tiempo suficiente para ello, únicamente cinco horas. En cambio,cuando se dio respuesta a estos planteamientos por parte de la defensa,el tribunal permitió que lo hiciese uno por uno y con el tiempo a suantojo; utilizaron ochenta horas. Con este trato se violó el principio deigualdad.

Caso Xamán -131

No pueden permanecer todo el tiempo que dure la audiencia. Al señalaresto, tampoco fue aceptado como error por el tribunal la presencia de lostestigos de la defensa durante todo el tiempo de las audiencias orales.

Luego se dieron una serie de incidentes durante el desarrollo de los testi-monios de los acusados. En el caso de Lacán Chaclán, los cinco abogadosdefensores actuaban como si todos los abogados fueran los abogados nom-brados por el jefe de la patrulla. Intervenían sin orden ni respeto, oponién-dose a las preguntas que le hacía el fiscal o la querellante a Lacán. Se cam-bió el orden y lo establecido por las leyes con tal de cumplir con la voluntadde los abogados del ejército. El tribunal permitió esa situación. Ante lasprotestas, argumentó que de otro modo se estaría violando el principio dedefensa en juicio.

Pero el incidente que muestra con claridad la parcialidad del tribunal se diocuando Lacán, para su declaración, dispuso de un lugar especial donde co-locó los mapas militares y diagramas elaborados por él para su exposición.Incluso, esta segunda vez, planteó hechos que en sus primeras declaracio-nes no había mencionado.

En otra audiencia, la querellante comenzó a preguntar a Laclán sobre loexpuesto por él y para ello usó un mapa igual, pero en este caso civil y nomilitar. Lacán se negó a responder. Ante lo cuál, la querellante pide al tribu-nal que le permita utilizar los mismos mapas y diagramas usados por el jefede la patrulla, que eran de su puño y letra, y se da la situación de que no sepueden utilizar, ́ porque habían sido transportados a la ciudad de Guatema-la y no pudieron ser encontrados´. Esa fue la razón por la que el jefe de lapatrulla, nuevamente, no respondió a las preguntas formuladas.

Ninguno de los miembros del tribunal de sentencia tenía explicación algu-na del porqué esos documentos, parte integrante del proceso, no estaban ensu poder, tal como es su responsabilidad en su custodia.

En todas las audiencias, los abogados de la defensa interrumpieron a sugusto y antojo las preguntas que formulaba la querellante, y todo fue permi-tido y consentido por el tribunal. Tampoco manifestó nada cuando los acu-sados, estando a menos de un metro de los abogados defensores, recibíaninstrucciones. Nunca hubo una llamada de atención, mucho menos, unasanción por tal actitud. El comportamiento del fiscal especial frente a estasituación fue la de ´dejar hacer y dejar pasar´. Negligencia pura.

132 - Xamán

Esta negativa no permitió ejercer el derecho de preguntar tanto de parte delfiscal, como de la querellante. También se negó a entregar otro elementopropio de las audiencias, como son las filmaciones oficiales.

Enero de 1999, reinicio del debate

Tras el receso provocado por las fiestas navideñas y de fin de año, el 4 deenero de 1999 se reinició el debate con la declaración del soldado ElíasChoc Caal, acusado del asesinato por la espalda del niño Santiago Tut,quien esta vez incorpora dos fotografías en las que señala el lugar dondedisparó contra el niño. La querellante indica que es correcto incorporarlasal expediente y al proceso.

El 5 de enero comienza la participación de la querellante en la audiencia,señalando algunas anomalías y clara parcialidad del tribunal en favor delos acusados. Presenta formal protesta por la negligencia del tribunal, en elincumplimiento de deberes en la custodia de materiales del proceso, comopor ejemplo: la desaparición de los materiales expuestos por Lacán Chaclán.Así mismo, en la falta de voluntad de entrar a analizar el video tomado enlas audiencias y otros hechos que se daban en las mismas.

En concreto, la abogada querellante señaló al tribunal que: ́ no era un tribu-nal independiente ni imparcial, ni un tribunal que haya cumplido con sucometido, que haya respetado las normas del debido proceso; que haya ex-puesto conocimientos jurídico profesionales suficientes´. Es decir, erancuestionamientos funcionales al trabajo mismo del tribunal y no ataquespersonales a ninguno de sus miembros.

Pero la actitud del tribunal, de boca de su presidente, pues los vocales niopinaban, fue que se le estaba faltando al respeto a él y al tribunal. Noentendía que la petición de la querellante iba dirigida a, íniciar accioneslegales ante un juez competente para una investigación sobre la desapari-ción de materiales como parte del proceso penal y así deslindar responsa-bilidades´.

Esta situación tampoco la entendió el fiscal especial del Ministerio Públicocuando dijo: ´...Hasta este momento no he observado inclinación del tribunalhacia ninguna de las partes´... ´ En el desarrollo del debate no se pueden tenerenfrentamientos personales ni pasionales individuales´... ´Tenemos que reco-

Caso Xamán -133

nocer que a los miembros del tribunal se les debe respeto que la ley les otorga´.

Ni el tribunal en pleno y, menos, el fiscal especial, entendieron y asimilaronque la petición de la querellante era: ́ promover una acción penal que inves-tigara cuanto constaba a todos; la desaparición de documentación de unaaudiencia pública y oral, parte de un proceso penal; los mapas y diagramaspresentados por Lacán.

Fue tanta la confusión, torpeza o parcialidad exhibida por el fiscal especial,que incluso expuso: ´...solicito que se haga una advertencia por parte deltribunal y considero que no existe razón legal para lo solicitado´. Se refierea la abogada de la querellante adhesiva. Así, en vez de impulsar la investi-gación del hecho que sí está tipificado como delito en el código penal,pidió sanción para la abogada querellante.

En este contexto, el tribunal emite una resolución disciplinaria. Sanción encontra de la abogada querellante. Con esta actitud, el tribunal en pleno sehace el ofendido en vez de apoyar la investigación tal y como le correspon-día, pues sí había un ilícito: la desaparición de documentos.

Última participación de la querellante en el juicio

En vista de que el tribunal sancionó por escrito a la abogada, con lo quelimitaba su participación como tal en el juicio, interpone un recurso dereposición, por medio de un escrito contra la resolución tomada por el tri-bunal. Entregó copia a MINUGUA como observadores en el juicio.

Estaba claro que el tribunal, con esa resolución, pasaba por alto la esenciade la petición que generaba la misma sanción: ´promover una investiga-ción penal por la desaparición de elementos parte de la audiencia´.

Al día siguiente en la audiencia, cuando la abogada querellante intentó par-ticipar y dar lectura al escrito, el tribunal interpretó que deseaba interveniracerca de las pruebas de las fotografías del acusado Choc Caal y la inte-rrumpió... Ábogada no está en uso de la palabra´

Rigoberta Menchú Tum, presente en esa audiencia, también intentó repeti-das veces intervenir, pero siempre le cortaron la palabra... hasta que al finlogró decir...

134 - Xamán

Én nombre de las víctimas... Señores miembros del tribunal, quisiera de-cir que no podemos convalidar una farsa jurídica´.

´Tampoco hemos venido aquí para mendigar justicia, por lo tanto en nom-bre de la justicia en Guatemala y para no dar lugar a la impunidad en estepaís, nos retiramos de este tribunal, y nos retiramos para decirles señoresde este tribunal, que no vamos a deponer nuestra actitud de búsqueda dejusticia´.

´Muchas gracias por las palabras. Nos han coartado nuestra participa-ción en el juicio. Es un tribunal parcializado, por lo tanto no somos noso-tros quienes vamos a convalidar un tribunal parcializado´.

´Vinimos aquí para contribuir a la construcción de la paz y esa es nuestraconvicción e iremos a cualquier tribunal del mundo donde haya justicia,pero en éste, su destino es la impunidad y es por eso que nos vamos de estamesa y nos vamos de este tribunal. Muchas gracias´.

Una impunidad anunciada

A lo largo del extenso, manoseado y manipulado juicio penal, poco a pocoy paso a paso, los militares, jueces, hasta magistrados y abogados defenso-res, fueron trabajando en favor de la impunidad en el caso Xamán.

La decisión de Rigoberta Menchú, para actuar como querellante adhesivase basaba, en base a: identificar, conocer y responsabilizar a los autores dela masacre. Luego iniciar el proceso judicial hasta culminar en la sentencia,fuese esta condenatoria o absolutoria, pero dentro del respeto al debidoproceso. Por lo tanto, jamás, pero jamás, como querellante Rigoberta MenchúTum, la Fundación y la abogada, podían continuar en el desarrollo de lafarsa y trampa jurídica en que habían convertido el juicio.

- La decisión de dejar el juicio, la oportunidad de hacerlo y su conve-niencia, fue fruto de serios análisis, reflexiones profundas, así como deasumir la responsabilidad histórica.

- Nadie nos sacó del juicio ni lo abandonamos. Simple y sencillamenteno nos conformamos con una justicia amañada, manipulada e inadecua-da.

Caso Xamán -135

- En el juicio del caso Xamán detectamos fallos concretos en el funcio-namiento de la justicia en Guatemala que no podemos avalar y respaldarcon nuestra presencia y continuidad en el juicio.

- Nos retiramos porque el juicio ha perdido credibilidad y confianza anteun tribunal totalmente parcial y un fiscal inoperante y servil a los milita-res.

- Hasta el final, mantuvimos la esperanza de poder enderezar la parcia-lidad del tribunal y también el mismo proceso en cuanto a su legalidad yel respeto a las normas de forma y fondo.

El caso Xamán ante la CIDH,Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La presentación de los casos ante organismos internacionales requiere deciertas condiciones económicas, políticas y personales para darles segui-miento a largo plazo.

Esta instancia, cuya sede está en Washington, Estados Unidos, exige antesdemostrar que se han agotado todas las gestiones y procesos ante las auto-ridades judiciales respectivas del país donde se da la violación de DerechosHumanos de forma individual o colectiva, y que no se ha obtenido justicia,y que el caso denunciado corre el riesgo de quedar en la impunidad.

Al aceptar el caso, la Comisión inicia un proceso de investigación y sobreesta base, determina si lo pasa a la Corte Interamericana de Derechos Hu-manos, con sede en Costa Rica, para que ahí se ventile y se busque la con-dena al Estado infractor. Su resolución es un resarcimiento económico a lasvíctimas y una condena al Estado. No sentencia a los culpables materialesni intelectuales a prisión o pena máxima.

Para el caso Xamán, la denuncia se presentó a la Comisión inmediatamentedespués de iniciarse el caso en Guatemala, por la razón de conocer las limi-taciones del sistema de justicia nacional. La desconfianza era plena, pueslos implicados eran miembros del ejército de Guatemala y hasta el momen-to, la historia no había registrado que éstos se hayan sometido a la justicia.Más bien sus crímenes se mantenían en la impunidad.

136 - Xamán

En la medida en que el proceso penal ha ido transcurriendo, se han acumu-lado y sistematizado los hechos que evidencian las violaciones al debidoproceso y la parcialidad de los jueces, magistrados y tribunales y hastacortes de apelaciones a favor de los militares autores de la masacre. Hechosque están debidamente documentados.

Durante este larguísimo proceso, la Fundación Rigoberta Menchú Tum fuedocumentando a la Comisión, sobre el desarrollo de la vista, las dificultades,irregularidades, desaparición de pruebas, a lo que hay que sumar, la maniobrade la COPREDEH, Comisión Presidencial de Derechos Humanos, que trami-tó ante la Comisión una petición de archivo de la la solicitud de vista y trami-tación del Caso Xamán, en ´por las dudas´ solicitar su archivo.

La reacción a esta maniobra fue inmediata, ya que la sentencia no estabafirme por parte del correspondiente tribunal guatemalteco, encontrándoseen su fase de apelación, señalando como improcedente su sobreseimiento.

Además, este pedido significaría el establecimiento de la impunidad defi-nitiva para los autores de la masacre de Xamán y la violación irremediablede los derechos de las víctimas. En un país que ha presenciado tantas viola-ciones a los derechos humanos, especialmente los de la población indíge-na, que han quedado sin castigo, esta acción representaría otro antecedentenefasto en contra de la larga lucha de las organizaciones sociales y de losparientes de las víctimas porque se haga justicia.

Como se ha visto en casos anteriores, como el asesinato de Monseñor JuanGerardi, ha habido causas con sentencia que, al no estar firmes y por lotanto no ser definitivas, han sido anuladas, lo que también demuestra ladebilidad de las instancias jurídicas guatemaltecas.

Asumiendo que la sentencia en el caso Xamán quedara firme, ésta no con-templa los derechos de las víctimas, como lo establecen las leyes vigentes,la Constitución Política de Guatemala y los instrumentos jurídicos en elcampo de los derechos humanos ratificados y asumidos por el Estado gua-temalteco.

Por lo que al día de hoy se está a la espera de la resolución por parte de laComisión Interamericana de Derechos Humanos, para su aceptación y paso a laCorte, para que la misma dicte, si lo considera, la sentencia correspondiente.

Caso Xamán -137

Sentencias y apelaciones del segundo proceso del caso Xamán

El 13 de agosto de 1998 se dictó sentencia de cinco años de prisión por eltribunal de sentencia, conmutables a Q 5,00 diarios, contra el oficial almando de la patrulla y contra diez de los elementos de su tropa. El delitofue por homicidio culposo y no por Ejecución Extrajudicial.

Al resto de la patrulla se le condenó por el delito de ćomplicidad´, impo-niéndole 4 años de prisión conmutables. Las multas fueron pagadas a pesarde que los inculpados son soldados de escasos recursos.

El colmo de la injusticia ejecutado por la justicia

Al presentar el recurso de apelación en contra de esta resolución, el colmode la injusticia lo ejecuta la propia justicia, y es que la Sala Décimo cuartade Apelaciones de Cobán dictó sentencia sobre la apelación resolviendoque: ´... No había elementos probatorios para condenar al subteniente Ca-milo Antonio Lacán Chaclán, quien comandaba la patrulla. Por lo cual lapena impuesta en primera instancia le fue revocada, concediéndole ABSO-LUCIÓN, y libertad, junto a otros 14 soldados´.

Por lo tanto, sólo once soldados fueron condenados a doce años de prisión.A estos sancionados, les impusieron nueve años inconmutables por el de-lito de homicidio y otros tres años por el delito de lesiones, pues se com-probó que sí dispararon. ́ Efectos de la Impunidad en Guatemala, páginas.75y 76´.

El 28 de abril de 2003, la Corte Suprema de Justicia, CSJ, anuló la condenaemitida por el Tribunal de Sentencia de Alta Verapaz, que el 12 de agostode 1999 condenó a diez soldados a 12 años de prisión y absolvió a 15, entreellos Lacán Chaclán. Con esta medida, los 15 elementos debieron serrecapturados y enjuiciados por nuevos jueces.

20 de noviembre de 2003,Tercer proceso del caso Xamán

En el Caso Xamán, la defensa abogó por delitos menos graves. Julio Ro-berto Contreras, abogado defensor del jefe de la patrulla, quiso que el cri-

138 - Xamán

men fuese considerado un homicidio culposo.

En el salón municipal de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, continuó el jui-cio del caso Xamán, donde se acusa a 14 soldados de perpetrar una masacrede once personas el 5 de octubre de 1995.

En el Tribunal de Sentencia de Alta Verapaz se informó que el martes y elmiércoles esperaban a los testigos, doctor Ismael Guajaca García, CandelariaXo, Magdalena Choc, César Augusto Díaz, Héctor Antonio González Castillo,Vicente San, Cornelio González Chan y Eduardo Enrique España Hernández.

Estas audiencias son para esclarecer la muerte de once personas y aproxi-madamente 35 lesionados, hecho que tuvo lugar el 5 de octubre de 1995 enla Comunidad Aurora 8 de Octubre, Xamán, Chisec, Alta Verapaz, informóPablo Eduardo Caal, secretario del tribunal en mención.

Algunas personas que se presentaron al juicio oral comentaron que cómo esposible que los soldados no han sido juzgados, y ya llevan 8 años en la cárcel.

La patrulla militar que cometió estos crímenes iba comandada por elsubteniente Camilo Antonio Lacán Chaclán. Este es el tercer juicio quecomenzó el 3 de junio, debido a que los dos anteriores fueron suspendidos.

El tribunal está integrado por los licenciados José Dávila, juez presidente;Manuel Quiroa y Oswaldo Cuguox, vocales.

A ocho años de la masacreXamán sigue sin una sentencia firme

El tribunal de sentencia de Cobán está a pocos pasos de evaluar las eviden-cias documentales en el juicio que se sigue contra una tropa militar acusadade dar muerte a 11 personas, incluidos dos niños, en la finca Xamán, enChisec, Alta Verapaz, en octubre de 1995.

Es la tercera vez que los miembros de esta patrulla son sometidos a juiciopúblico: el subteniente Camilo Lacán Chaclán y 13 soldados son procesa-dos por los delitos de ejecución extrajudicial y lesiones graves, hirieron a30 personas.

Caso Xamán -139

Ahora la defensa aboga porque el tribunal considere las circunstancias enque se cometió aquella masacre: ´Reconocemos que es un hecho lamentable,algo que no podemos negar, pero queremos que los jueces evalúen con objeti-vidad las circunstancias en que sucedieron los hechos´, dijo ayer Julio Rober-to Contreras Quinteros, defensor de Lacán Chaclán, jefe de la patrulla.

Contreras Quinteros aboga porque los procesados sean juzgados por el de-lito de homicidio culposo; negligente o imprudente. El Ministerio Públicoha planteado desde el inicio del caso, que los soldados atacaron a una co-munidad integrada, en su mayoría, por niños y mujeres, que no portabanarmas.

El caso de Xamán es, en la historia judicial reciente, el más tortuoso proce-so: ésta es la tercera vez que el tribunal repite el juicio, que ha quedado poraños atrancado en una madeja de recursos jurídicos.

El actual juicio, empezó en junio pasado y se estima que tomará más de dosmeses para concluir. Toma un promedio de nueve meses escuchar a testi-gos, peritos y evaluar documentos, porque todo el debate debe ser traduci-do a los idiomas Qéchí, Cáchiquel y Qánjobal.

La masacre puso en aprietos al gobierno de Ramiro de León Carpio, y lasnegociaciones de los Acuerdos de Paz también fueron afectadas.

La Misión de Verificación de Naciones Unidas en Guatemala, MINUGUA,llegó a considerarlo un proceso clave que mediría la capacidad del Estadode Guatemala para investigar y sancionar hechos de guerra.

9 de julio de 2004

Satisfacción por sentencia contra militares

La Premio Nobel de la Paz 1992, la activista indígena guatemaltecaRigoberta Menchú Tum, expresó hoy su satisfacción por la condena de 40años que el tribunal dictó contra catorce militares hallados culpables de unamasacre de once campesinos en 1995.

En declaraciones a periodistas, Menchú calificó de ´positivo´ el fallo deltribunal de Alta Verapaz, 250 kilómetros al norte de la capital de Guatema-

140 - Xamán

la, y dijo que ´siento alegría de que el Caso Xamán llegue a un punto finaly de que haya una sentencia´.

Ńo sólo es merecido, sino que es lo que debería hacer con prontitud lajusticia cada vez que ocurre una masacre, dejar un precedente enérgico, uncastigo enérgico´, subrayó la Premio Nobel.

Un teniente del ejército y otros trece soldados fueron condenados anoche a40 años de prisión inconmutables por la masacre de once indígenas, entreellos dos niños, perpetrada el 5 de octubre de 1995 en la comunidad deXamán, en el departamento norteño de Alta Verapaz.

Otros once soldados se encuentran prófugos de la justicia.

La comunidad de Xamán está integrada por familias que retornaron deMéxico, donde se exiliaron para salvar sus vidas durante el conflicto arma-do, 1960/96, que desangró a Guatemala.

Menchú, presidenta de la Fundación que lleva su nombre, recordó que es-tuvo involucrada en el proceso desde su inicio y señaló que también ´meinvade la tristeza de que ha sido una década de lucha y de sufrimiento paralas víctimas, de recursos financieros altísimos invertidos´.

A juicio de la líder indígena, sin la persistencia de las familias de las vícti-mas no se hubiera llegado a este momento de hacer justicia a favor de co-munidades y personas afectadas por la represión del Ejército.

Menchú apuntó que la justicia tiene una deuda con la comunidad, que es elresarcimiento, tanto colectivo como individual para los afectados.La activista indígena aseguró que su Fundación gastó muchísimos recursosfinancieros en pagar abogados, en peritajes y en investigaciones.

La Nobel de la Paz de 1992 calificó como un ´horror´ el hecho de que lajusticia se haya dilatado casi una década para dictar la condena a los militares,pero apuntó que éso es parte de la impunidad imperante en Guatemala´.

22 de octubre de 2005

El 22 de octubre se confirmó la sentencia del Caso Xamán por parte de la

Caso Xamán -141

Corte Suprema de Justicia, CSJ, que confirmó la sentencia de 40 años deprisión contra 14 militares acusados de la masacre en Xamán, Alta Verapaz,ocurrida el 5 de octubre de 1995. El fiscal de la Unidad de Impugnacionesdel Ministerio Público, Vielmar Hernández, indicó que la CSJ emitió laresolución, en la que se declara sin lugar las casaciones presentadas por ladefensa de los acusados. Con ello, queda en firme la sentencia emitida porel Tribunal de Sentencia Penal de Cobán.

30 de julio de 2006

Militares involucrados en masacreserán trasladados a cárceles para cumplir condena

Wilfrido Porras, juez primero de Ejecución Penal, ordenó el traslado de 14militares involucrados en la masacre de Xamán, Alta Verapaz, ocurrida en1995, para que cumplan la condena de 40 años por los delitos de ejecuciónextrajudicial y lesiones graves, ocurridos el 5 de octubre de 1995.

Uno de los sentenciados es el capitán Camilo Antonio Lacán Chaclán, quiencomandaba la patrulla militar que cometió la masacre. Será trasladado a lacárcel Canadá, Escuintla.

Los otros sentenciados son Manuel Morán, Agustín Choc Caal, Elías CocPop, Florencio Juc Ixim, Ricardo Chub Cholom, Héctor May García, Mar-cos Can Quej, Pablo Poou Pop, Carlos Cuc Cacao, Ambrosio Max Cojoc,Ricardo Chub Pop, Eleázar Pox y Francisco Chul y cumplirán pena en dis-tintas prisiones.

142 - Xamán

El funcionamiento real de la justiciay los mecanismos de la impunidad

En casi todos los procesos seguidos por violaciones a los derechos huma-nos se han evidenciado los mismos obstáculos, vicios y estrategias; son losdenominados ćuellos de botella en la administración de justicia´ que nopermiten llevar un adecuado proceso judicial en contra de los responsablesmateriales e intelectuales de estos hechos. Entre los principales problemasque se presentan en el funcionamiento del sistema de justicia, tenemos:

a) La obstaculización intencional de las investigaciones por parte de lasautoridades del propio Estado. Esto es atribuible a que todavía permanecenintactas las estructuras controladas por el Ejército, que se ocupan de ocultary negar la información requerida por los tribunales. Cada vez que un juezsolicita información, Defensa Nacional responde alegando improcedenciasegún supuestos «secretos de Estado»; b) La alteración o ́ pérdida´ de mate-rial probatorio obtenida por el Ministerio Público o la querella; c) Las difi-cultades para exhumaciones en cementerios clandestinos; d) Lasintimidaciones y amenazas a los operadores de justicia y testigos de unhecho crimi-nal, lo que a veces conduce al exilio y en el peor de los casos alasesinato de los mismos; e) La corrupción, que se encuentra arraigada entodos los niveles del sistema judicial; f) La falta de colaboración de juecesy fiscales; g) Los retardos injustificados en el trámite de los procesos; h) Lanegativa de los representantes del Ministerio Público a iniciar una investi-gación seria en relación con los crímenes cometidos.

Casos acontecidos

Myrna Mack fue una antropóloga social que realizaba estudios acerca de lasituación de los desplazados internos a causa del conflicto armado, espe-cialmente el tratamiento del que eran objeto por parte del Estado. Sus in-vestigaciones demostraron las graves violaciones cometidas por el Ejérci-to; fue asesinada por un miembro del Departamento de Seguridad del Esta-do Mayor Presidencial en 1990. El autor material del hecho ha sido conde-nado a 30 años de prisión y se sigue proceso en contra de los autores inte-lectuales del crimen.

Monseñor Juan Gerardi Conedera fue el impulsor del ProyectoInterdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica. Fue asesinado

Caso Xamán -143

en 1998 dos días después que se hizo público este informe.

Jorge Carpio fue un dirigente y activista político con grandes aspiracionesa la presidencia, asesinado en una emboscada. Hasta ahora han sido conde-nadas dos personas, supuestas autoras materiales del hecho. EpaminondasGonzález Dubón era presidente de la Corte de Constitucionalidad. Su ase-sinato aún no se ha esclarecido existiendo varias versiones sobre el mismo.

Pedro Sas Rompiche era un vendedor de leche que, accidentalmente, atro-pelló a un integrante de la comitiva presidencial y asustado trató de huir, sien-do interceptado por miembros del Estado Mayor Presidencial y asesinado convarios disparos de arma de fuego cuando se encontraba completamente inde-fenso. El victimario aún está libre ya que fue condenado por homicidio culposodebiendo pagar una pequeña fianza para obtener su libertad.

Mario Alioto era estudiante universitario; fue muerto por heridas de armasde fuego y golpes recibidos de fuerzas policiales cuando se encontraba enuna manifestación pública en contra del alza de los pasajes. En el procesojudicial fueron absueltas las autoridades que ordenaron el uso de las armasde fuego.

El secreto de Estado, o el incumplimiento de la obligaciónde proporcionar información

En muchos de los procesos judiciales que tramitan los familiares de lasvíctimas o las diferentes organizaciones, especialmente cuando se trata dehechos ilícitos violatorios de los derechos humanos cometidos por las au-toridades del Estado, la información sobre organización, turnos, cargos,nombres y rutinas de los miembros del Ejército es vital para determinar lasresponsabilidades. En este caso, se trata de información que sólo puede serproporcionada por el propio Ejército. Sin embargo, éste se niega a cumplirel mandato negándose a proporcionar tales datos. El poder fáctico que ejer-ce la institución armada provoca serios daños al proceso de investigación.

Este problema se manifiesta de manera particular durante la investigaciónque realiza el representante del Ministerio Público, cuya labor es recolectarla mayor cantidad de pruebas a ser presentadas durante el juicio. En casosde violaciones de derechos humanos que involucran a miembros del Ejér-cito u otros aparatos de seguridad, los acusadores estatales o particulares

144 - Xamán

han chocado contra la valla insalvable del secreto de Estado. Hasta antes dela vigencia del nuevo Código Procesal Penal (CPP), en 1994, no había unasolución normativa a esto. A la fecha, tampoco hay una interpretacióndoctrinaria ni jurisprudencial al respecto; sin embargo, con la vigencia delnuevo ordenamiento procesal por lo menos se fijan los mecanismos paraafrontarlo.

El nuevo CPP de Guatemala establece de manera clara e inequívoca que elcarácter secreto de los documentos debe ser declarado por un tribunal, y nopor los miembros del Ejército, quienes en estos casos son, precisamente, losinvestigados. Sería absurdo, por otra parte, que la ley permita alegar el carác-ter secreto de un documento a los miembros del mismo órgano estatal que estábajo sospecha. Pese a ello, el Ministerio de la Defensa se ha negadosistemáticamente a proporcionar información a las autoridades, bajo la excusade que se trata de información clasificada como secreta y que su divulgaciónatentaría contra la seguridad nacional. Se debe hacer notar que estas actitudesresultan mucho más graves cuando se trata de solicitudes fundadas en resolu-ción judicial. Esto demuestra el escaso poder que tiene la justicia para impo-ner el imperio de la ley.

Un punto relacionado con este aspecto es el de la negativa del Ejército deproporcionar información a la Comisión de Esclarecimiento Histórico(CEH), cuyos comisionados en reiteradas oportunidades manifestaron pú-blicamente que los escasos documentos recibidos no eran trascendentes niimportantes para su labor de esclarecimiento histórico. Siempre se les negóinformación pese a la reiteración de los pedidos.

Alteración de pruebas

Otro serio obstáculo en la investigación de casos de violación de derechoshumanos es la alteración dolosa de elementos probatorios por parte de au-toridades del Estado, que en algunas ocasiones integran el sistema de justi-cia. Esta situación impide, en primer lugar, que los miembros del Ministe-rio Público puedan realizar una correcta investigación, y también que losmiembros del Organismo Judicial carezcan de pruebas suficientes y nopuedan valorar de manera adecuada las ofrecidas. Del mismo modo hayoportunidades en que las investigaciones proporcionadas por el MinisterioPúblico son misteriosamente éxtraviadas´.

Caso Xamán -145

Las exhumaciones en cementerios clandestinos

De acuerdo con el Informe de la CEH, se han detectado más de 626 masacrescometidas por las fuerzas estatales. Hay numerosos cementerios clandesti-nos donde fueron depositados los restos mutilados y calcinados de hom-bres, mujeres y niños. Son muchas las denuncias presentadas ante las auto-ridades; sin embargo, hasta el momento solamente un proceso judicial hallegado a la fase de juicio oral.

Esto se debe a muchos factores, entre los principales está la escasa capaci-tación y la falta de voluntad de los representantes del Ministerio Público,quienes niegan, entorpecen o no siguen los mecanismos adecuados. Tam-bién la práctica de las exhumaciones se ve afectada por las constantes ame-nazas a los sobrevivientes, con el objeto de que no rindan declaración. Porello, pese a que numerosas exhumaciones han sido hechas por la Funda-ción de Antropología Forense de Guatemala (que desde hace años ha estu-diado los cementerios clandestinos y ha investigado las responsabilidades),las mismas no han sido llevadas a un proceso penal.

Intimidación y amenazas a testigos y otros sujetos procesales vincula-dos a la administración de justicia

Otro de los graves problemas que surgen como consecuencia de la obstruc-ción de las investigaciones y del desarrollo normal del proceso judicial, sevincula con las amenazas a testigos y operadores del sistema de justicia.Esta práctica está bastante generalizada y de tales comportamientos dancuenta los frecuentes pedidos de protección para fiscales, jueces y magis-trados, así como el homicidio o exilio de testigos en causas de conocimien-to público. En este último caso, mientras no se logre garantizar su seguri-dad, parece difícil que los ciudadanos participen en los procesos, especial-mente en el ámbito penal por temor a que las amenazas se concreten. Hastael momento los esfuerzos por ofrecerles seguridad no han sido efectivos, aexcepción de algunos casos aislados.

Desde marzo de 1999 se ha reportado un incremento en las amenazas con-tra miembros del Ministerio Público y del Organismo Judicial. Una juezaen El Quiché recibió una granada en su propio despacho y debió intervenirla fuerza pública para desactivarla. Muchos otros han sido amenazados di-rectamente y las autoridades se han visto precisadas a demandar un des-

146 - Xamán

pliegue inmediato de seguridad. Lo mismo ocurre en el Ministerio Público,institución a la que pertenecía la fiscal de Retalhuleu, Shilvia Jeréz, quienfue asesinada el año pasado luego de recibir numerosas amenazas.

Para enfrentar estas situaciones, el Congreso emitió la Ley de protección desujetos procesales y personas vinculadas a la administración de justicia penal(decreto número 70-96), que entró en vigencia en enero de 1997. Sin em-bargo, de la información recopilada por las ONGs de derechos humanos, sedesprende que ninguna de estas organizaciones ha sido favorecida con laaplicación de dicha Ley. Por otro lado, el Servicio de Protección no aseguraa cabalidad la integridad física de la persona. Cabe mencionar el asesinatode Pedro Motta, quien estaba bajo resguardo de la institución policial y eratestigo clave en un proceso contra policías acusados de asesinato y abusode poder. De igual forma, los fondos que recibe la oficina encargada deoperativizar la Ley no satisface las necesidades imperantes.

Corrupción en las instituciones del sistema

Es percepción generalizada que el fenómeno de la corrupción se extiende atodas las instituciones de justicia. Sin embargo, resulta difícil y complejodeterminar con precisión su amplitud y sus manifestaciones concretas eimplicaciones. En este sentido, es válida la afirmación de la Comisión deFortalecimiento de la Justicia cuando señala que si bien es difícil probarcasos concretos de corrupción, sí es posible detectar sistemas que la pro-mueven. De ahí la importancia de poner en marcha métodos dirigidos aldiagnóstico de estos sistemas y a la definición de políticas de prevención ycombate de este fenómeno, que obstaculiza la labor de la justicia. En espe-cial, se ha detectado que en el Organismo Judicial son los auxiliares deljuez quienes aceptan o solicitan dádivas para ́ agilizar´ el trámite del proce-so o hacer otro tipo de actos en favor del ´solicitante´. Esto ha originadonumerosas denuncias ante la Corte Suprema, incluso por parte de los mis-mos jueces. En otros casos se ha detectado esta situación entre los propiosjueces y magistrados.

Falta de colaboración de fiscales y jueces y demás agencias del sistema

Otro obstáculo para el desarrollo de los casos por violaciones a los dere-chos humanos pasa por la actitud de algunos jueces y fiscales que incumplen

Caso Xamán -147

con sus deberes, y sólo intervienen para dificultar y entorpecer el desenvol-vimiento regular de las investigaciones. Esta actitud ha sido denunciada enel caso Mack, en el caso Xamán, y en los casos de masacres investigadaspor Conavigua y Caldh. Para finalizar, debemos señalar que existen dosgrandes problemas que se deben tener en cuenta al momento de hacer unanálisis de los mecanismos que fomentan la impunidad en Guatemala, elprimero de ellos es la vigencia de la Ley de Reconciliación Nacional, y elsegundo es la existencia aún de aparatos clandestinos de poder. Teniendocomo punto de partida el Acuerdo sobre Bases para la Incorporación de laUnidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la Legalidad, el Congre-so emitió, el 18 de diciembre de 1996, el Decreto Nº 145-96, la denomina-da Ley de Reconciliación Nacional, que contiene los lineamientos jurídi-cos indispensables para la reinserción de los guerrilleros.

Esta Ley establece que se concederá el beneficio de la extinción de la res-ponsabilidad penal a los miembros de la ex-guerrilla que hayan cometidodelitos políticos o comunes conexos. Para el efecto señala taxativamentecuáles son tales delitos, los que se encuentran regulados en el código penaly en la ley de armas y municiones. Del mismo modo concede el beneficio alos miembros de las fuerzas de seguridad del Estado que hayan cometidocualquier tipo de delitos siempre y cuando éstos se hayan realizado con laintención de prevenir, impedir, perseguir o reprimir los delitos considera-dos como políticos de acuerdo a la misma Ley. Esta Ley otorga a los juecesla facultad de realizar un análisis de la solicitud presentada y posteriormen-te decidir acerca de la aplicación o no del beneficio en ella contemplado.De esta manera, al menos formalmente, la Ley reúne todas las garantías deun debido proceso.

El contenido de la norma fue catalogado por muchas organizaciones dederechos humanos como una amnistía general, pudiendo quedar sin castigomuchos crímenes de lesa humanidad cometidos en los últimos años. Poreso, se presentó un recurso de inconstitucionalidad que fue declarado im-procedente por la Corte de Constitucionalidad. Es común escuchar que laLey de Reconciliación Nacional ha evitado que continúe la impunidad delos responsables directos de las graves violaciones a los derechos huma-nos, en tanto que no ha sido aplicada en esos casos. Sin embargo tal conclu-sión es inaceptable, ya que dichas personas no han necesitado recurrir a laexención de responsabilidad penal prevista en la normativa porque en lapráctica los procesos judiciales por violaciones han sido paralizados y enalgunos casos se han entrampado.

148 - Xamán

Del análisis de las solicitudes de extinción de la responsabilidad penal pre-sentadas, se ha podido comprobar que quienes han buscado el beneficio dela Ley de Reconciliación Nacional son ex-patrulleros o ex-comisionadosmilitares condenados o procesados por delitos comunes, cuyos casos gene-ralmente no tienen relación con el enfrentamiento armado. No se ha conde-nado a nadie por los graves hechos ocurridos en Guatemala durante la épo-ca de mayor represión. Ello explica por qué la consecuencia jurídica pre-vista en la mencionada Ley aún no haya tenido relevancia como indicio dela impunidad en Guatemala. Como dijimos, esta norma no indica que laimpunidad haya sido derrotada. Más bien señala que la impunidad es tanfuerte que no ha sido necesario utilizar la Ley como recurso para extinguirla responsabilidad penal de los autores de las graves violaciones.

Conclusión sobre aplicación de DD.HH.

No obstante que la situación de los derechos humanos es distinta a la que sevivía anteriormente, aún persisten serios obstáculos para vencer el muro deimpunidad que cubre a los responsables. Si bien el Estado como tal hadejado de atentar de manera sistemática contra la vida del ciudadano, esincapaz de evitar que otras personas u organizaciones lo hagan. Sus fallasno son de acción pero sí de omisión, y en algunos casos de obstaculizaciónen la labor que realizan las instituciones encargadas de la investigación deestos actos delictivos.

El Estado no ha investigado ni sancionado a los principales responsablesde las violaciones a los derechos humanos y no se vislumbra una verdaderavoluntad política de hacerlo. Además, las instituciones estatales se hanmostrado ineficaces en el combate de la delincuencia organizada, que en suaccionar cotidiano comete violaciones a los derechos de las personas y a lasgarantías del debido proceso. Por otra parte, las estructuras subterráneas depoder que fueron tristemente célebres en la época de mayores atropellos alos derechos de los guatemaltecos, aún permanecen intactas. Mantienen elpoder suficiente como para obstaculizar en algunos casos y desorganizar,en otros, todos los esfuerzos que se realizan desde la sociedad civil con elfin de consolidar los espacios democráticos. Esto se evidencia con la conti-nua actividad de aparatos clandestinos de seguridad, la intervención ilegíti-ma de las comunicaciones telefónicas, el control y vigilancia de los defen-sores de derechos humanos, la negativa sistemática del acceso a la infor-mación sobre los actos de gobierno, y a que se efectúe un control jurídico

Caso Xamán -149

Conclusiones finales del proceso judicial

1. Por primera vez, las víctimas de crímenes de lesa humanidad cuyosejecutores son miembros del ejército, toman la decisión de llevarlos ajuicio penal y luchar contra la decisión de realizar el juicio en un tribu-nal militar.

2. Que población indígena campesina, víctima de la masacre, enjuicia amilitares.

3. La decisión, a petición de las víctimas y de la premio Nobel de la Paz,Rigoberta Menchú Tum, de aceptar y convertirse en querellante adhesivaen el caso Xamán con el acompañamiento de la Fundación que preside.

4. Haber logrado la tipificación del delito como Ejecución Extrajudicialy no de homicidio culposo y lesiones graves, así como sacar el caso delfuero militar y pasarlo al tribunal civil.

5. El caso Xamán ofreció la oportunidad de observar y constatar que eljuzgamiento a militares, es todavía un conjunto de procedimientos obs-curos y de trampas, orientadas a garantizar la impunidad de los milita-res.

6. No convalidar con nuestra presencia y continuidad en el juicio, lafarsa y trampa jurídica urdida por la defensa y el ejército en este juicio amilitares.

7. Constatar que en Guatemala, la justicia tiene mucho que recorrer en laactuación de profesionales del derecho, pues hay todavía muchos abo-gados cuyo lema es: ́ ...todo es defendible; todo es argumentable y cual-quier conducta vale para defender los intereses de sus patrocinados´

8. Que conductas y comportamientos de la justicia, en juicios como elobservado en Xamán, no ayudan a fortalecerla, más bien la debilitan y lacondenan a la impotencia.

sobre los servicios de inteligencia, aparatos estos que, al mantener intactassus estructuras clandestinas, operan al margen de la ley sin que haya con-trol alguno.

150 - Xamán

10. Este caso y situación es sólo un episodio de una lucha mayor: lalucha por la verdad y la justicia y en contra de la impunidad.

11. Procesos judiciales lentos, dilatados y larguísimos, alimentados porlos propios mecanismos que la ley contempla; la posibilidad de interpo-sición excesiva de recursos en contra.

12. Las medidas legales, recursos, también pueden convertirse en ele-mentos de impunidad y tienden a contribuir y a fomentar la desconfian-za en el sistema de justicia.

9. Afirmar que no nos hemos ido ni nos iremos. Seguimos convencidosde que el único camino es la justicia, pero la legítima justicia y no elremedo de ella.

Caso Xamán -151

Conclusiones de la CEH,Comisión de Esclarecimiento Histórico

La CEH ha llegado a la plena convicción de que once habitantes de la Co-munidad Aurora 8 de Octubre, incluidos dos niños, fueron ejecutados porefectivos del Ejército de Guatemala, resultando heridas en la acción otrasveintiocho personas. Los hechos constituyeron una gravísima violación delderecho a la vida y no existe causal de justificación del crimen cometido, nisiquiera la legítima defensa frente a la agresividad de las víctimas, pues larespuesta de los soldados fue absolutamente desproporcionada.

La CEH, dentro de los límites temporales de su mandato, también ha llega-do a la convicción de que, en el proceso judicial sobre esta masacre, elEstado de Guatemala faltó gravemente a su deber de investigar los hechoscon la finalidad de sancionar a los responsables, violando así el derecho ala justicia. Esta inobservancia del deber de investigar ha radicado, funda-mentalmente, en la falta de independencia de los jueces y en la ausencia decolaboración, cuando no en obstaculización, del Ejército de Guatemala.

La CEH estima que esta condenable masacre no correspondió a una previaplanificación ni obedeció a una orden superior y que su origen puede en-contrarse en la imprudente programación del itinerario de la patrulla, queprovocó una actitud agresiva de los miembros de la comunidad, a la que lossoldados respondieron con criminal desproporción. Sin embargo, ese mis-mo itinerario es ilustrativo de la persistencia, en el pensamiento castrense,de la identificación de refugiados y retornados con guerrilleros. A la vez, laCEH considera que este caso ilustra en qué grado, incluso en los años pos-treros del enfrentamiento armado cuando se avanzaba en dirección a lafirma de la paz, campesinos que debieron buscar refugio en suelo mexica-no percibían al Ejército de Guatemala como una institución hostil, debido ala pervivencia, en su memoria, de los años en que la violencia se aplicósistemáticamente.

Por otra parte, la CEH considera que el caso ilustra la correspondencia queexiste entre la incapacidad de las instituciones encargadas de administrarjusticia, para investigar con independencia y eficacia casos de graves viola-ciones de los derechos humanos, y la gran influencia que, aún avanzadoslos años noventa, el Ejército conservaba sobre tales instituciones.

La CEH considera que la inmediata verificación del caso por la Misión de

152 - Xamán

las Naciones Unidas, la positiva reacción del presidente de la República, larenuncia del ministro de la Defensa, el traslado del expediente judicial a lostribunales ordinarios y la reacción de las instituciones de la sociedad civilante esta masacre demostraron, en su momento, la influencia del procesode paz en el logro de una mayor conciencia sobre la necesidad de respetarlos derechos humanos en Guatemala.

Finalmente, la CEH lamenta la falta de respuesta del Ministerio de DefensaNacional a su solicitud sobre el presente caso, la que contradice lo estipula-do en el artículo 10 de la Ley de Reconciliación Nacional y en nada contri-buye a la concordia nacional.

Caso Xamán -153

LISTADO DE LAS VICTIMAS

Ejecución arbitraria

Abel Pérez RamírezAndrés Miguel MateoCarlos Fernando Chop ChipHilaria Morente de la CruzJuana Jacinto FelipeManuela Mateo AntonioPablo Coc CocPablo Coc CocPedro Diego AndrésPedro Medina SánchezSantiago Pop CocMaurilia Coc Max

Heridos en atentado

Aurelio Hernández MoralesCarmen Caal SaquiqEfraín Grave MorenteEliseo Hernández MoralesFrancisco HernándezGerardo Maldonado SalesJacinta MatónJosefa Mendoza AguilarJuan Medina TomaJuana Andrés MaldonadoJuana Felipe VelásquezMarcos Jolomna YatMartín Quip MocúMateo Pedro

154 - Xamán

Micaela PascualNatividad SalesPascual José PascualPedro Daniel Carrillo LópezRicardo Pop CaalRolando Hernández MaldonadoRosenda Sales OrtizRosendo Morales OrtizSantiago Cajbón QuipSantiago MaquinSantos Choc Max CocTomás Grave MorenteVíctor Carrillo

Xamán, perspectiva psicosocial -157

La masacre de Xamán

desde una

perspectiva psicosocial

María Luisa Cabrera


Efectos psicosociales de la impunidad en América Latina

Para el análisis de los efectos psicosociales, revisaremos la cultura políticade impunidad, explorada con grupos y colectivos afectados por la violenciadel Estado en Guatemala y otros países.

La impunidad entendida como no acceso a la justicia o denegación de jus-ticia, (Sveass, 1995), implica que el crimen no se persigue ni se sanciona.Lo cual tiene un impacto psicosocial profundo debido a que se destruye elconcepto de alteridad, que es la base de los derechos políticos ciudadanos.Las relaciones con los otros son de desconfianza porque se restaura el mie-do, congelando la ciudadanía post dictadura al manipularse la subjetividad.

El control social desplaza identidades y confunde interlocutores, situando avíctimas y victimarios en un plano similar, sin diferenciación ética, (Pantoja,2000). También se alteran las relaciones entre la identidad y la memoria,(Piper, 2000), a nivel individual porque los hechos traumáticos constituyenuna barrera entre el pasado y el futuro; a nivel social, porque no hay memo-ria sin identidad, pues ésta permite que la memoria recuerde aquello que noamenaza su integridad, (Tocornal y Vergara, citado en Piper, 2000:101). Laimpunidad constituye un instrumento de poder en las transiciones políticas,al darse una confrontación entre el olvido del poder y el recuerdo de lasvíctimas, (Pantoja, 2000).

Un estudio sobre las dinámicas y símbolos de la memoria colectiva de lasabuelas y las madres de la Plaza de Mayo en Argentina, (Silva Catela, 2001)muestra como la construcción social y política de la categoría de los des-aparecidos expresa un cuestionamiento profundo por parte de las víctimas,de la creencia en las instituciones del Estado. Además, expone las creativasy sutiles estrategias sociales empleadas para reivindicar públicamente elrecuerdo permanente de los desaparecidos.

Por todo lo dicho, la impunidad parece añadir al sufrimiento de la agresiónviolenta y aberrante, la destrucción de creencias y valores y la alteración denormas y reglas de convivencia social. Con la transición política, la espe-ranza de esclarecer el pasado y la justicia se fueron desdibujando transadaspor las conductas del poder; agregando al tiempo del miedo-dolor de larepresión el tiempo del sin sentido, del asco, de la vergüenza y del descon-cierto, (Rojas Baeza, 2000).

160 - Xamán

La impunidad quiebra las normas y valores que orientan nuestras relacio-nes con los otros. Algunas de sus consecuencias políticas se elaboran comorepresentaciones sociales que inciden en el clima social, (Edelman y Cor-dón, 1995):

a) La denegación social de lo ocurrido;

b) La responsabilización de la víctima;

c) La psicologización de las víctimas de la represión política: de subversi-vos a desestabilizadores de la democracia (abuelas de Plazo de mayo);

d) La dilución de responsabilidades público-institucionales;

e) La aparición de dilemas éticos en los debates públicos; leyes deamnistía, indultos...

f) La justicia por mano propia; es decir la construcción social de lanecesidad de privatización de la seguridad por inacción del Estado;linchamientos, secuestros...

g) La legitimación de la violencia del poder debido a la ausencia demodelos preventivos de la violencia represiva;

h) La manipulación del consenso social.

Sveass, (1995), vincula las consecuencias políticas y el impacto psicosocialen cuatro dimensiones: a) impunidad vs. justicia; b) denegación y silencia-miento vs. conocimiento y revelación; c) vergüenza y culpa vs. rehabilitacióndel trabajo de la verdad; y d) atrapado en el pasado vs. futuro e integración.Todas estas consecuencias crean las condiciones para una representación so-cial de la impunidad que se sostiene a sí misma, (Kersner 1995), dada la ten-dencia social a justificar lo inevitable como justo (Bourdieu, 1996), aunqueprovoque sentimientos de impotencia.

Según Kersner, (1995), las leyes ejercen dos tipos de acción psicosocial:

a) organizan y regulan los intercambios sociales y,

b) permiten la reparación simbólica, la cohesión social y la equidad.Sin embargo, cuando la impunidad prevalece sobre y dentro de lalegalidad, se cuestiona la legitimidad del sistema legal.


Contexto de transición enChile, Páez, 1999

* Abandono del discurso pú-blico de derechos humanos,mediante acciones y omisio-nes claves de casosemblemáticos.

* Temor traumático al fan-tasma de la desestabiliza-ción.

* De la censura impuesta ala autocensura creciente.

* Desinterés creciente por elsistema político y la partici-pación pública en la toma dedecisiones.

* Democracia amordazadapor un pacto de justicia y si-lencio a cambio de paz y cre-cimiento económico, rotocon la detención de Pinochety las presiones de justicia delas víctimas.

Contexto de transición enGuatemala (2003)

* Estancamiento y retrocesos en logrosjurídico políticos de casos emblemáticosde lucha contra la impunidad.

* Crisis política (FRG), episodios de des-estabilización e ingobernabilidad.Reactivación de imaginarios sociales po-bres contra ricos y mitos del conflicto ét-nico en las luchas pre-electorales: la ven-ganza del indio (indios contra ladinos).

* Aumento de la censura pública y lapolari-zación política alrededor de la li-bertad de expresión.

* Pérdida de credibilidad de la política,del Estado y de las instituciones porlos ciudadanos.* Escepticismo y desencanto político.* Automarginalizarse del Estado en la me-dida de lo posible.

* En Guatemala la democracia no está pro-tegida, puesto que existe de manera formaly frágil. Persiste de modo creciente la vio-lación de los derechos humanos.

* Las víctimas mantienen la lucha por lajusticia aunque debilitada por la coyunturapreelectoral, y el clima de desprotección eincertidumbre social a causa de la impuni-dad en muchos ámbitos públicos.

Comparación de la transición en Chile y Guatemala

162 - Xamán

Las consecuencias psicosociales de la impunidad señaladas por (Cordón,Edelman, Lagos y Kersner, 1995), que tienen un grave impacto en la saludmental de la población, son las siguientes:

a) Ruptura de modelos socioculturales a través de la imposición demodelos de violencia y omnipotencia donde se exalta la identifica-ción con la imagen del enemigo y la transformación de la conductasiniestra en ideal. Esto promueve las conductas agresivas en la esfe-ra social. Predomina el escepticismo en los ideales de justicia por-que se altera la confianza al frustrarse las expectativas de justicia.

b) Confusión social: se cuestiona la defensa del derecho a la vidacon la implantación de la pena de muerte.

c) Corrupción en el sistema de justicia: cuestiona el sentido de equi-dad e imparcialidad en la aplicación de la ley y la justicia.

d) La convivencia víctimas-victimarios altera el duelo de las vícti-mas.

e) Crisis personales y temor a la re-experiencia traumática: la bús-queda de explicación a las pérdidas arbitrarias y sin sentido, aliviaaunque no elimina el sufrimiento intenso.

f) Afectación de los vínculos intrafamiliares.

El clima social construido por la impunidad promueve la persistencia delos sentimientos de temor, indefensión e inseguridad que se traduce en vi-vencias persecutorias ante ciertas situaciones e inhibición de la denunciasocial por los riesgos de reexperimentación traumática y por el temor a lasrepresalias. En definitiva, sentirse amenazado o bajo sospecha inhibe laparticipación social. Todos estos factores completan el círculo de la impu-nidad en las transiciones post conflicto, (Calle, 2000).

La impunidad encuentra un caldo de cultivo apropiado en la cultura autori-taria de muchas transiciones democráticas. El síndrome autoritario mantie-ne una dinámica de abuso en las relaciones de dominación-sumisión. Elvínculo autoritario se articula mediante la concepción de que las mayoríasno saben defender su dignidad y sus derechos y tienen dificultad para res-petar los derechos de los demás, (Pozzoli, 2000), por lo que se puede decir,


que algunos efectos sociales del autoritarismo profundizan la victimización,la desconfianza en los otros y la adhesión ciega. En este clima, la descon-fianza aparece como una estrategia para protegerse contra los nuevos abu-sos, evidenciando la inseguridad que se siente.

Esta dinámica de abuso implica la necesidad de andar enmascarado paraevitar la posibilidad de ser controlado. Privilegiar el ´parecer, antes que elser´, rompe la espontaneidad y la asertividad como parámetros de saludmental, a la vez que genera falsa conciencia de sí mismo, (Pozzoli, 2000:118). Así pues, profundizando la victimización y la desconfianza, el autori-tarismo allana el camino a la obediencia ciega a costa del juicio crítico:

´Lo que pone tenso del autoritarismo es su invisibilidad, por tanto,darse cuenta del autoritarismo es comprender el por qué del ago-bio, de la desmotivación, del miedo, de nuestra desconfianza y denuestra pasividad´, (Pozzoli, 2000:120).

164 - Xamán

Contexto post conflicto e impunidad político legalde las violaciones a los Derechos Humanos en Guatemala

Cuando parece vislumbrarse el futuro,las expectativas se defraudan

y cuando rozamos el abismo de la desesperación,resurge una inimaginable esperanza

(Susane Jonas, 2000: 26)

Bajo la metáfora de una ´montaña rusa emocional´, (Susane Jonas, 2000: 26),dibuja la desconcertante complejidad de Guatemala para explicar cuan infruc-tuosos, fascinantes y retadores pueden resultar los intentos por comprendercomo funciona esta realidad. Esos intentos aplicados a una coyuntura políticasiempre cambiante e imprevisible, pueden ayudar a entender el abismo quemedia entre unos acuerdos de paz negociados y una realidad del poder bastan-te inmóvil y resistente a los inevitables cambios de la transición política.

Los desequilibrios producidos por estas tensiones explican el objetivo in-terno del ejército de sobreponerse temporalmente a los cambios de la co-yuntura, sobreviviendo a MINUGUA y a las presiones de la paz y mante-niendo una guerra de desgaste para sofocar la credibilidad y eficacia de lamisión, (Jonas, 2000: 107).

Estas tensiones entre el poder civil y militar refuerzan la importancia de lalucha contra la impunidad durante la posguerra y son consistentes las per-cepciones sociales de los guatemaltecos sobre las dificultades en esta etapade transición:

a) El incremento de las violaciones de los derechos humanos du-rante los gobiernos civiles de transición responde a una lógica depresión con objeto de cerrar los espacios que las negociaciones depaz han abierto;

b) El régimen de transición política representa la versión civil deun Estado contrainsurgente, es decir, de un Estado coercitivo conpredominio militar. La paradoja recogida en la Constitución de1985 fue el respaldo legal a una serie de libertades democráticas a


la vez que a una serie de instituciones contra insurgentes. Con estemodelo constitucional de Estado, resulta coherente el binomio deco-gobierno civil-militar como modalidad de democracia restrin-gida, (Jonas, 2000), con fuerte predominio ideológico de lo mili-tar en todas las esferas de la sociedad;

c) Destierro gradual de una cultura autoritaria inamovible e inevi-table, con un cambio de actitud explícito: éxigir derechos porquesentimos que nos corresponden´, (Jonas, 2000: 212).

d) Algunas cosas están cambiando, pero aún falta una inmensidad;algunos cambios parecen inauditos si los contemplamos dentro deuna lógica pragmática de mínimos.

Algunos aspectos claves de la coyuntura de post conflicto contribuyen aconsolidar la impunidad como un fenómeno sistemático y transversal,(MINUGUA, 2000), Misión de Verificación de Naciones Unidas en Guate-mala, con la cual se impedía el acceso a la justicia por parte de las poblacio-nes desarraigadas por la violencia. El proceso judicial por la masacre deXamán se inscribe en esta dinámica nacional de impunidad y posguerra, aligual que otros dos crímenes de Estado que constituyen paradigmas enGuatemala de lucha contra la impunidad; (caso Gerardi y caso Myrna Mack).

Monseñor Gerardi dirigió el primer informe de la Iglesia Católica sobre lasviolaciones de derechos humanos cometidas durante el enfrentamiento arma-do. Sus impresionantes resultados lo condenaron a una muerte extrajudicialmás inesperada que imprevisible. Hubo un juicio, año 2001, y una sentenciacondenatoria a oficiales del ejército y otros civiles. En la actualidad, esta sen-tencia aún no se encuentra en firme, lo cual puede re-interpretarse como elresultado de la impunidad para impedir la aplicación de justicia a través de losmecanismos procesales destructivos que mejor responden al juego de simula-ción, entre otros la aplicación dilatoria de los procedimientos legales.

El juicio a los autores intelectuales por el asesinato de la antropóloga MyrnaMack, octubre 2002, acaba de transcurrir constituyendo un desafío para elsistema de justicia en Guatemala, ya que establece el precedente históricode haber sentado en el banquillo de los acusados a oficiales de inteligenciamilitar y altos mandos del ejército, obligados a esclarecer la estructura ymodus operandi de las operaciones represivas encubiertas. Igualmente sientael precedente jurídico-político de condena a un autor intelectual. Estos oficia-

166 - Xamán

les pertenecen a una de las estructuras de inteligencia militar más criticadaspor sus repetidas violaciones a los derechos humanos; el Estado Mayor Presi-dencial, tardíamente desmantelada según la agenda de los Acuerdos de Paz.

Una lógica represiva contrainsurgente apuntala la impunidad de derechocon la cual actuaron el ejército y otros agentes del Estado bajo el amparo de ladoctrina de seguridad nacional en la década de los ochenta. La no intervencióndel sistema legal, ofreció la estructura jurídica para matar y, los primeros de-cretos de amnistía, 1982-83, legalizaron la impunidad de las violaciones ma-sivas ocurridas durante las campañas de pacificación y que comprometíanseriamente al ejército.

Estos antecedentes dan paso a una nueva táctica en los años noventa, median-te la cual el ejército admite abusos y excesos para permitir que casos particu-lares sean llevados a los Tribunales de Justicia, después de asegurar que lacorrupción e incompetencia del sistema de justicia garantizara en el futuro, lainmunidad de la represión ejercida por los sectores de poder. La lógica militaraplicada es que el ejército, ocasionalmente, debe transgredir la ley para man-tener la ley, apuntando que la seguridad no interfiere la acción de la justicia amenos que ésta interfiera la seguridad del Estado, (Schirmer, 1999: 234-235).

Asentados los cimientos de una impunidad de derecho, la impunidad de hechoen la transición política concibe la represión como un mal menor, pero ne-cesario, en el avance de la democracia. El ejército mantiene una mentalidadofensiva ante cualquier expresión de oposición al Estado, dado que conci-ben que el disenso ciudadano siempre está manipulado.

Estas concepciones recogidas en la 'Tesis de la Estabilidad Nacional' per-mitieron al ejército guatemalteco varios objetivos simultáneos que repre-sentan un cambio de fachada en el cual la política y la cultura cívico-demo-crática continúan siendo atacadas y eliminadas selectivamente desde sunacimiento, (Schirmer, 1999: 414).

Con esta lógica, la presencia de un gobierno civil crea la ilusión de norma-lidad democrática, con una apariencia de contraofensiva militar. Se man-tiene la represión selectiva de la disidencia política. Se reconocen los abu-sos del ejército pero no se eliminan. La educación militar en derechos hu-manos sirve para conocer mejor al 'enemigo interno'. Se da una resistenciapasiva y cabildeo interno contrario a las negociaciones de paz entre el go-bierno y la URNG; entre los militares hay desacuerdo en renunciar al con-trol de la seguridad interna.


1993-1994: Re-tornos y reasenta-miento en la co-munidad Aurora8 de Octubre.

1995: Masacre,5 de octubre.1995: Demandapenal, octubre.

1986-1991: Gobierno deVinicio Cerezo (D.C.)1986...: Proyecto políticomilitar de transición de la´Tesis de Seguridad Nacio-nal´ a ´Tesis de EstabilidadNacional´.1991-1993: Gobierno deSerrano Elías y golpe deEstado (MAS).Inicio negociaciones depaz.(1992)1992: Acuerdo para el retor-no y reintegración, 8 de oc-tubre.

1993-1996: Gobierno deRamiro de León (postgolpey transición).1994: Acuerdo Global sobreDerechos Humanos (mar-zo).Acuerdo Reasentamiento delas Poblaciones Desarraiga-das por el EnfrentamientoArmado (junio).Acuerdo Identidad y Dere-chos de los Pueblos Indíge-nas (junio).

1990: Masacre deSantiago Atitlán,dic90; Desmilitariza-ción como repara-ción político social acambio de juicio pe-nal al Ejército.

1990: Asesinato deMyrna Mack Changpor revelar existen-cia de CPR , sep-tiembre.

1993: Juicio y con-dena del autor mate-rial por asesinato aMyrna Mack.

El contexto del proceso judicial de Xamán

Juicio de Xamán Transición política Juicios de impunidad

168 - Xamán

1995-1998: Procesoinvestigación judi-cial.

1998-1999: Debateoral y sentencia pe-nal por homicidio aautores materiales,nov. 1998 , agosto1999).

1999: Los condena-dos, 12 soldados y 1oficial, cumplen cár-cel preventiva; 14soldados están pró-fugos.

2000: Anulación deljuicio y sentencia poranomalías procedi-miento legal, diciem-bre

2002: Juicio civil pordemandas de resarci-miento de los afecta-dos (mayo). Suspen-sión temporal, pen-diente sentencia pe-nal.

2003: Audiencia pre-vista y trámite de laDemanda internacio-nal en la ComisiónInteramericana deDerechos Humanos.

1996-1999: Gobiernode Alvaro Arzú, PAN.1996: Ley de Recon-ciliación Nacional**,18 diciembre.Firma de la Paz, 29 di-ciembre.1999: Consulta Popu-lar Reformas a la Cons-titución de la Repúbli-ca, mayo.

1999-2003: Gobiernode Portillo, FRG.

1998: Ejecuciónextrajudicial demonseñor Gerardi,abril, Director del In-forme REMHI.

2001: Juicio por elasesinato de Gerardiy condena de auto-res, pertenecientes ala seguridad del Es-tado, inteligenciamilitar, EMP, junio.

2002: Juicio y con-dena autor intelec-tual por asesinato deMyrna Mack, EstadoMayor Presidencial,11 de septiembre.2002: Anulación jui-cio Gerardi y conde-na, octubre.

2003: Asesinato deuno de los autoresmateriales condena-dos en juicio Gerardidurante un motín enla cárcel, marzo.


2003: Reapertura juiciopenal (2 junio).Incidentes procesales:desaparición por robode la documentaciónpresentada a prueba porlos acusadores y el MPen el juzgado que sigueel caso (San PedroCarchá: 15 de junio2003).

2004: en agosto nuevasentencia penal de 40años contra los acusa-dos por la masacre deXamán, de los cuales14 soldados permane-cen prófugos de la jus-ticia.

2005: Reapertura deljuicio civil por las de-mandas de reparación.Fase de recepción detestimonios (julio-agosto).

2003: Anulación de sen-tencia del juicio deMyrna Mack, mayo.2003: Condena de laCIDH al Estado de Gua-temala como responsa-ble del caso Mack.

2004: Queda en firme lasentencia de condena aautor intelectual (EMP)por el asesinato deMyrna Mack. El autorestá prófugo de la justi-cia.2004: Reconocimientopúblico de la responsabi-lidad del Estado en el cri-men de Myrna Mack(marzo).

2005: Juicio por ejecu-ción extrajudicial deGerardi continúa pen-diente de resolución derecursos judiciales.

(*) Agradecimiento al Licenciado David Bahamondes de la Fundación Myrna Mack por laactualización de los casos judiciales.(**) La Ley de Reconciliación Nacional tiene competencia sobre las ejecucionesextrajudiciales y otros crímenes cometidos durante el conflicto armado, exceptuando ge-nocidio, tortura y desapariciones forzadas, (Jonas, 2000: 176).

170 - Xamán

La década de los noventa

La década de los noventa marcó una etapa de transición en la doctrinamilitar, que sustituyó la doctrina de seguridad nacional impuesta por Esta-dos Unidos a las dictaduras y gobiernos militares latinoamericanos comoparte del contexto de la Guerra Fría, debido a la Tesis de Estabilidad Nacio-nal como un nuevo enfoque del ejército para aprender a dirigir la sociedaden tiempos de paz, (Schirmer, 1999). La reconversión del proyecto políti-co-militar de transición había comenzado con el golpe de Estado del Gene-ral. Ríos Montt en 1982, institucionalizando el poder y la autonomía de losmilitares e inaugurando la transición hacia el co-gobierno civil y militar.La tesis de Estabilidad Nacional en los años noventa, reorienta las tareasdel ejército en una ´democracia protegida´ que reconstruye un Estado sali-do de las políticas de contrainsurgencia y que pretende seguir arbitrandolos límites legales de la oposición. La nueva estrategia del ejército, de con-trol de los conflictos en aras de la estabilidad estatal, mantiene una visiónalarmista y de amenaza inexorable sobre quienes son sus oponentes, esdecir, los ciudadanos del disenso manipulado, a los cuales el Estado necesi-tará reprimir a través de sus agentes durante los próximos 25 años de tran-sición, (Schirmer, 1999: 421).

Contexto socio político de la masacre y juicio de Xamán

Comprender el abismo que media entre los Acuerdos de Paz negociados yla conmocionada transición política en Guatemala es importante para en-tender el contexto socio político en el que ocurrió la masacre de Xamán y labúsqueda de justicia.

Los hechos traumáticos ocurrieron en el contexto de finalización del con-flicto armado interno, mientras que el proceso de búsqueda de justicia ini-ció los primeros pasos inmediatamente después de la masacre y se prolon-gó en el periodo de transición política post conflicto Ambos contextos man-tienen lógicas de continuidad y de cambio en el ejercicio del poder, contro-lado y enmarcado en un proyecto político militar contrainsurgente que aúnpreserva los dominios del poder militar sobre el poder civil, en la sociedadguatemalteca.

Analizaremos qué factores de la coyuntura política facilitaron la impuni-dad con la que ocurrieron los hechos y se desvirtuó el proceso de justicia


para los afectados por esta masacre. Los estudios de Jonas, (2000), ySchirmer, (1999), revelan claves sobre el por qué de la violencia institucional,que posteriormente sería justificada y legalizada en el marco del controlsocial, contra la población retornada, población considerada 'sospechosa'por su capacidad de oposición al Estado.

Una breve cronología histórica presenta el desarrollo del proceso judicialde Xamán relacionado con las políticas de Estado y con algunos casosemblemáticos de lucha contra la impunidad en Guatemala. Estos juiciospolíticos reactivaron un clima de polarización social y política en torno alpasado reciente de violencia contrainsurgente, reproduciendo lo que Jodelet,(1998), denominaba ética del recuerdo. Esta perspectiva ética revela la dis-puta entre el ocultamiento y el silencio oficial como tendencia dominantedel Estado y los sectores de poder por un lado, y por otro la defensa delrecuerdo como revalorización ética de la vida y la dignidad de las víctimas.

Algunos elementos comparativos de los juicios por los casos de MyrnaMack, Gerardi y Xamán presentan semejanzas que explican un patrón co-mún de impunidad para obstruir y denegar justicia en Guatemala. Ciertassimilitudes parecen aplicarse, aún tomando en cuenta la diferencia en losperfiles de representatividad y legitimidad social de los actores afectadospor cada uno de estos crímenes y se estructuran alrededor de los móviles dela acción, demostrando una continuidad en el uso estatal de la violenciacomo mecanismo de control político-represivo de la sociedad civil.

Diferencia básica en el caso Mack

Una diferencia básica del perfil del caso Mack y Gerardi frente al casoXamán tiene que ver con la posición de poder de estos actores. La pobla-ción de Aurora Ocho de Octubre, donde se materializa la masacre de Xamán,representa una posición de marginalidad, campesinos pobres, y de subor-dinación frente a las relaciones de poder por su condición étnica, (pueblomaya), y por haber sufrido el desarraigo a causa de la violencia. Resumi-mos estas semejanzas y diferencias en el cuadro siguiente.

172 - Xamán

* Obstrucción del acceso a unajusticia equitativa e imparcial

* Participación judicial en unclima de polarización social ypolítica desventajoso para lasvíctimas, reforzado por las ame-nazas y persecución a testigos,jueces y fiscales.

* Condenas al ejército y a lasinstituciones de seguridad delestado; EMP, que marcaron pre-cedentes político legales, de so-metimiento del poder militar alcivil.

* Anulación de condenas judi-ciales y absolución

* Caso Myrna Mack, 1990, represen-ta los riesgos del compromiso políti-co de las Ciencias Sociales por la de-nuncia pública de la persecución delEstado hacia la población campesi-na maya refugiada en las montañaspor la violencia de las políticascontrainsurgentes, que considerabana las Comunidades de Población enResistencia como enemigo interno.

* Caso Xamán, 1995, representa lacontinuidad de la agresión del esta-do hacia la población campesina,maya, pobre y retornada, concebidacomo ‘enemigo interno´ potencial-mente disidente y desestabilizadoraen la transición política.

* Caso Gerardi, 1998, representa loscostes que tuvo la denuncia públicade la iglesia católica, sobre la memo-ria de la violencia del conflicto ar-mado interno.

Semejanzas Diferencias

Diferencias y semejanzas en los casos Xamán y Myrna Mack

Myrna Mack

El crimen de Myrna Mack, (1990), significó el riesgo de la denuncia sobrela existencia de violaciones masivas contra comunidades campesinas indí-genas. Esta realidad siempre fue ocultada por el Estado, hasta que le fueimposible, por la presión internacional, negar las evidencias. El crimen contraMonseñor Gerardi representa las consecuencias de ratificar esa memoria


colectiva mayoritariamente indígena, (ODHAG, 1998), concerniente al ge-nocidio maya en Guatemala.

Se amenaza a la Iglesia católica por su defensa de los derechos humanos,re-actualizando la estrategia del silencio e inhibición social. Esta estrategiapara imponer el silenciamiento frente a las atrocidades se traduce simbóli-camente en la forma en la que fue asesinado el Obispo, golpeando su cabe-za con un block de cemento, revelando la intención de matar las palabras yel pensamiento crítico que significaba la denuncia de las políticas estatalesde terror.

Xamán divide al Pueblo Maya

El caso Xamán divide a hermanos del Pueblo Maya enfrentados por la di-námica del conflicto armado, unos en el papel de víctimas y otros en elpapel de victimarios. Esta división mantiene la polarización social hereda-da de las políticas contra-insurgentes porque no hay confianza entre solda-dos y comunitarios.

Para los soldados, los retornados son percibidos como énemigo interno´,es decir, como potenciales desestabilizadores del Estado en la transiciónpost conflicto Mientras que ellos se perciben a sí mismos victimizados porsu deber de defender la seguridad del Estado y controlar a quienes disientende esta lógica político-militar.

Los militares re-legitiman estas polaridades construyendo imaginarios opues-tos. Así, la conducta agresiva de los soldados es el resultado de la obedien-cia y lealtad a la Nación, mientras que la conducta de los retornados esdebida a la rebeldía y resistencia frente al Estado.

La complicidad del Estado guatemalteco sobre las políticas de control re-presivo en la transición post conflicto mantiene su continuidad no tanto enla acción sino en la omisión. En esta coyuntura, prevalece la omisión, elencubrimiento y el cinismo político.

Cuando se estableció la condena judicial por el caso Gerardi, el presidentede la República lo celebró como precedente de aplicación de una justiciaindependiente e imparcial del poder ejecutivo. Cuando la condena fue anu-lada, el gobierno se abstuvo de comentarios.

174 - Xamán

Igualmente se abstuvo de comentarios en la anulación de la condena a losautores intelectuales del caso Myrna Mack. E igualmente ha prevalecido elsilencio oficial sobre la dinámica anómala del juicio de Xamán.

Presentados estos antecedentes, que marcan similitud y continuidad en los pa-trones de impunidad político-judicial por crímenes de Estado en Guatemala, vea-mos ahora los antecedentes más particulares del caso Xamán, que nos ayudarána contextualizar las condiciones socio políticas en que se desarrolló el juicio.

Negociaciones de Paz

Al mismo tiempo que se iniciaban las negociaciones de paz en Guatemala,(1992), el Gobierno firmaba los Acuerdos del 8 de Octubre de 1992 para elretorno y reintegración de los refugiados y exiliados en México. Los refu-giados negociaron un retorno “organizado y colectivo” en oposición a lasiniciativas de repatriación individuales o en pequeños grupos promovidaspor el gobierno guatemalteco.

Las Comisiones Permanentes, que nacieron en los campamentos de refugioen 1987, fueron la organización representativa de los refugiados tanto en lanegociación del Acuerdo para el retorno y reintegración a Guatemala comoen los preparativos del proceso de retorno, que se dio en bloques sucesivosde 1993 a 1998.

El primer grupo regresó el 20 de enero de 1993 y fue acompañado por laPremio Nobel de la Paz. En él se integraron unas 100 familias que mástarde se re-asentarían en la comunidad Aurora 8 de octubre y sufrirían lasconsecuencias de la masacre de Xamán, (Stepputat, 1999, 2000).

Premio Nobel

Otorgar el Premio Nobel de la paz a Rigoberta Menchú Tum en la conme-moración del V Centenario, (1992), constituyó una presión internacionalfavorable para la reestructuración y avance de las negociaciones de paz.

Este proceso en los primeros años discurrió entre sucesivos avances e inte-rrupciones hasta el golpe de Estado dado por el ex presidente Serrano, (ju-nio 1993).


El año 1995 supuso un avance irreversible hacia la finalización del conflic-to armado. El proceso de paz creó expectativas optimistas en la sociedad,contrarias a imaginar que el Ejército pudiera cometer nuevos actos de re-presión colectiva contra la población civil que acababa de retornar, ampa-rada por acuerdos políticos.

La percepción generalizada entre los refugiados era que el Ejército los per-cibía como población hostil y con capacidad de beligerancia y oposición alEstado. Pero nadie imaginaba que pudieran ser agredidos como una medi-da preventiva para disuadir su supuesta capacidad de adversarios políticos.

No debemos olvidar la disociación entre la incredulidad de prever más vio-lencia estatal y los temores psicológicos de los retornados a experimentarde nuevo la violencia política, como secuela de las vivencias traumáticaspor el sufrimiento padecido anteriormente. Esta paradoja de incredulidad ytemor, vivida en el momento del retorno, fue confirmada con la re-expe-riencia traumática de la masacre.

Tanto la masacre como la impunidad del proceso político-judicial signifi-caron la violación de dos de los Acuerdos de Paz sustantivos firmados conanterioridad al hecho:

a) Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, marzo 1994, con cláu-sulas que comprometían al gobierno a ayudar a resarcir a las vícti-mas de violaciones, a esforzarse por acabar con la impunidad y lle-var a los violadores ante los tribunales de justicia;

b) Acuerdo para el Re-asentamiento de Poblaciones Desarraigadaspor el enfrentamiento armado interno, (junio 1994), en el cual serecogen garantías de respeto de los derechos humanos, como factordecisivo para la reintegración de los desarraigados por la violencia.

Coyuntura de los años 1994/95

La coyuntura de los años 1994/95, cuando se forma la comunidad Aurora 8de Octubre y ocurre la masacre, (octubre 1995), se caracterizó por tensio-nes políticas y presiones institucionales del Ejército para obstaculizar elestablecimiento de la Misión de Verificación de Naciones Unidas para Gua-temala, MINUGUA. Tal y como el Ejército temía, el rol de protección y

176 - Xamán

verificación de los Derechos Humanos que tendría MINUGUA sería im-portante en el caso, aunque no pudieran evitar la masacre por varias razo-nes:

a) Porque la población comunitaria reclamó la presencia deMINUGUA, para resolver pacíficamente el conflicto causado por lapresencia ilegal de la patrulla militar en la comunidad.

b) Porque la inmediata presencia verificadora y el pronunciamientoinstitucional sobre los hechos, ayudó a contrarrestar los intentos delEjército por culpar a las víctima de lo sucedido (Jonas, 2000: 105).Implica las primeras evidencias de la conducta impune del Ejércitoque trató de omitir la responsabilidad institucional respecto a loshechos.

c) Las anomalías e irregularidades jurídicas observadas en el segui-miento del proceso judicial de Xamán, fueron denunciadas en va-rios informes de MINUGUA sobre la situación de los derechos hu-manos en Guatemala. Esto reforzó las tensiones y discrepanciaspolíticas sobre el carácter intervencionista y las funciones de la Mi-sión en el país.

Con posterioridad al hecho y tres meses antes de la Firma de la Paz, sefirmó el Acuerdo de Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejércitoen una Sociedad Democrática, (septiembre 1996). Este acuerdo marca lanecesaria reconversión del ejército para desmilitarizar el Estado y la socie-dad civil, separando la defensa de la soberanía y el territorio de las tareas deseguridad, es decir, transitando del Estado contrainsurgente al Estado dederecho, (MINUGUA, citado en Jonas, 2000: 167).

El desafío, significa recuperar el control civil del Estado y reducir el con-trol militar. Esta recuperación es contraria a la Tesis de Estabilidad Nacio-nal, (1986 hasta la fecha), que brindaba la justificación ideológica necesa-ria para interferir en las tareas de seguridad y justicia, siempre y cuandopusieran en peligro el poder del Ejército. De esta manera: Se mantiene lamentalidad de amenaza de conflicto y la lógica de las violaciones a losderechos humanos que se consideran necesarias para mantener la seguri-dad del Estado, (Schirmer, 1999: 393).


Pensamiento militar dominante y Acuerdos de Paz

La impunidad de este caso se vincula a algunos hechos históricos claves dela transición política que describen un marco de resistencia y regresión delEstado y los sectores de poder guatemaltecos, en torno a la implementaciónde los Acuerdos de Paz y a la posibilidad de reformas constitucionales so-bre justicia, seguridad, multiculturalidad y democratización del Estado.Jonas, (2000), plantea que los caminos de reconversión del proyecto políti-co-militar en tiempos de paz y de transición son de forma y no de fondo.

El acontecimiento político más importante, ocurrido en medio de la cele-bración del juicio de Xamán y dos meses antes de dictaminar la sentenciajudicial, fue la derrota de la consulta popular, (mayo de 1999), paraimplementar las reformas constitucionales que darían respaldo legal y polí-tico a los Acuerdos de Paz.

Fue visible el carácter regresivo de los sectores militares y civiles opuestosa la paz y se devaluó la representatividad social de los acuerdos negocia-dos. Una inmensa mayoría de los guatemaltecos se abstuvo de votar(81.45%), el 9.4% votó en contra de la reformas y el 7.5% votó a favor delas reformas propuestas sobre derechos de los pueblos indígenas, organis-mo legislativo, sistema judicial y papel del ejército en la sociedad demo-crática, (Jonas, 2000: 376).

Las explicaciones sobre la derrota resaltan que en la campaña contra lasreformas se exacerbó la histórica polarización indio-ladino y resurgió eltemor a la venganza del indio y la exclusión del no-indígena, presentadoscomo fracturas étnicas que tienen el riesgo de balcanizar Guatemala. Seintensificó la polarización política asimilando opositores e incrédulos de lapaz como contrarios a las reformas.

La desinformación y la confusión como patrones dominantes de la campa-ña contribuyeron a deslegitimar los acuerdo de paz y facilitaron la absten-ción alimentada por los temores reactivados de que las reformas pondríanal país en manos de la población maya, concediéndoles privilegios exclusi-vos, (Jonas, 2000: 390).

No obstante, la geografía del voto visibiliza que hubo un Sí mayoritario delas poblaciones indígenas y poblaciones afectadas por el conflicto armadointerno, que respaldaban una base legal para cambiar el papel del Ejército,

178 - Xamán

las reformas en el sistema judicial y la implementación de los derechosindígenas. En los departamentos con mayoría de población maya ganó elsí, mientras que el no ganó en los departamentos con mayoría de poblaciónladina, (Jonas, 2000: 378).

Algunos de los mitos manejados públicamente para propiciar la derrota dela consulta popular sobre las reformas constitucionales fueron re-apropia-dos e instrumentalizados como mecanismos de impunidad para incremen-tar el clima de amenazas, tensión y riesgo tanto para las víctimas de lamasacre por su participación judicial, como para las organizaciones exter-nas acompañantes.

El estereotipo del retornado como beligerante y violento se acopla a la re-presentación del mito de la venganza del indio. Construcción social imagi-naria de una ideología racista que se basa en el temor del opresor a la rebe-lión del oprimido.

La venganza se representa por la acumulación del rencor y el resentimientoderivado de la experiencia continua de opresión que hace temer la revancha´si los indígenas quedan en el poder ¿qué va a pasar con nosotros, los ladi-nos?´ cuando se presentan oportunidades históricas de cambio, como lo erala consulta popular sobre reformas constitucionales.

La intensificación de la xenofobia, como discurso de amenaza ydeslegitimación, (Baron y Byrne, 1998), tuvo el efecto de gestar una cam-paña de opinión pública en contra del intervencionismo de MINUGUA y afavor de su expulsión del país.

Este mecanismo influyó en los ataques publicados en la prensa por aseso-res legales de los acusados ligados al Ejército, acusando a MINUGUA y aONG internacionales con presencia directa en la comunidad, (Médicos DelMundo), de instigadoras de la masacre de Xamán y del enjuiciamiento delos hechos.

Esta maniobra de desprestigio institucional también afectó a ONG nacio-nales vinculadas a la defensa de los derechos humanos, (ODHAG), y másespecíficamente a la Fundación Rigoberta Menchú Tum, (FRMT), por suadhesión a las demandas de justicia de los sobrevivientes, actuando duran-te una parte del juicio como acusación particular, 'querellante adhesiva', enrepresentación de los afectados.


Como crimen político cometido por agentes institucionales del Estado (pa-trulla militar del Ejército de Guatemala compuesta por veinticinco solda-dos, entre ellos un menor de edad, y un subteniente qéqchíes), se inscribeen un contexto de cambios y ajustes hacia una etapa de transición política yde post conflicto que comprometía el liderazgo de los militares y sus divi-siones internas en torno al proceso de paz. El antagonismo entre sectoresmilitares se dio entre institucionalistas o proclives a la paz e intransigenteso en desacuerdo con las negociaciones de paz.

Varía la estrategia pero se preservan los mismos objetivos, adquiriendoimportancia las apariencias que dan revestimiento al nuevo discurso pre-paz y que ocultaron la falta de consenso militar respecto a la reconversiónmilitar post conflicto. Estas divisiones internas del Ejército contextualizanel grado de resistencia hostil que existía para aceptar el retorno organizadode los miles de refugiados guatemaltecos que regresaron de México.

Los refugiados retornados junto a otros grupos de desplazados por la vio-lencia del Estado engrosaron la categoría de énemigo interno´, concebidacomo poblaciones supuestamente opositoras al Estado por su capacidad dedisenso político. Sobre esta categoría se definieron operaciones militaresrepresivas contra la población civil, que representan una asimetría de poderentre actores sociales definidos antagónicamente a través del trabajo ideo-lógico.

La mentalidad de muchos oficiales del Ejército especialmente en las áreasde conflicto, sostenía la justificación de: librar una guerra permanente yselectiva contra disidentes potenciales que no necesitan haber actuado, peroque se supone lo harán inevitablemente en el futuro, (Schirmer, 1999: 421).De acuerdo a esta mentalidad militar, la coyuntura en la que ocurrió la ma-sacre de Xamán a mediados de la década de los noventa, aún justificabaoperativos represivos de carácter preventivo.

Dentro del Ejército se atribuye la causalidad de la masacre de Xamán a laincompetencia del suboficial que comandaba la patrulla. Sobre esta incom-petencia, la defensa legal de los acusados, (patrulla militar), construyó suargumentación retórica de una respuesta violenta de imprudencia y negli-gencia no intencional.

Sin embargo, se ha sugerido en varios informes, que dentro de la patrullahabía varios miembros de Asuntos Civiles que eran el arma secreta del

180 - Xamán

operativo, puesto que estaban entrenados para eliminar el conflicto desde sunacimiento, (Schirmer, 1999: 428). Retomando la lógica analítica de Schirmer,esto significaría planificar la masacre a través de la provocación deliberada decircunstancias incontrolables e inducidas por miembros encubiertos y espe-cializados de la inteligencia militar, que formaron parte del operativo.

Firma de la Paz

La firma de la Paz, (diciembre 1996), flexibilizó una relativa disposicióndel Ejército a culpar y castigar a oficiales concretos por incompetencia, altiempo que cerraron filas para no aceptar la responsabilidad histórica de laviolencia institucional practicada a causa de la militarización de la socie-dad civil durante el conflicto armado interno, (C.E.H, 1999). Las autopurgasdentro de sus filas, pretendían evitar enjuiciamientos futuros que compro-metieran a la institución castrense.

El análisis estratégico del Estado Mayor de la Defensa Nacional, (1996),señalaba que había que eliminar o neutralizar los factores adversos al Esta-do, como las poblaciones repatriadas. Porque las características y condicio-nes de los lugares de reasentamiento les permite mantener su vínculo conlos grupos terrorista, (URNG), facilitando recursos humanos y materialespara su supervivencia, (Schirmer, 1999: 440). Según la mentalidad del Ejér-cito, la pretensión de este apoyo era sostener las causas que dieron origen alconflicto armado y garantizar la ausencia de autoridades de gobierno en lasáreas de reasentamiento.

Esta neutralización, que afectaba la existencia misma y el orden social deestas poblaciones desarraigadas por la violencia, se entiende en el marco dela resistencia del Ejército a aceptar todas las condiciones negociadas de lapaz, con el objetivo de preservar la crónica insubordinación del poder mili-tar al gobierno civil en Guatemala.

Proceso judicial

El proceso judicial de Xamán forma parte de un conjunto de casos legalespor enjuiciamiento de violaciones masivas de los derechos humanos come-tidas contra comunidades y grupos campesinos mayas, (casos Noriega, RíoNegro...)


Estos casos confirman la arbitrariedad del sistema de justicia en Guatema-la, puesto que no se juzgan los hechos sino quienes los cometen y contraquienes, dependiendo el resultado de la posición de poder en la sociedad dela víctima y del agresor.

Esto implica que el poder de los jueces está tamizado por una ideologíadominante que emplea la ley a modo de premio o castigo. Los prejuiciosque aquejan a los jueces y abogados, casi siempre ladinos, inducen a inter-pretaciones etnocéntricas que desestiman la necesidad de peritajes cultura-les y de traducción a las lenguas mayas que permitan entender el contextoen el que se origina y ocurre el hecho. Han ocurrido casos donde los juecesinterpretaron que los síntomas psicológicos de un reo monolíngüe eran unaexpresión de la ćostumbre cultural´.

En este caso, la aplicación de los prejuicios raciales tuvo efectos perversos,como es condenar a muerte a un enfermo mental que cometió parricidio,(Pop Bol, 2001: 265). Además, se le negó el derecho a ser asistido legal-mente en su propio idioma. Esto amplificó su desventaja frente a un siste-ma de justicia etnocéntrico, (Morales Laynez, 2001: 101).

Estas distorsiones en la aplicación de justicia son expresiones muy arraiga-das y permeadas por el racismo de los sistemas de poder en Guatemala. Enla práctica del sistema legal se traduce de varias manera: Al ejercer el dere-cho a despojar o restringir la libertad o el derecho a la vida de una personaconsiderada inferior y una lacra social; cuando los sectores más vulnera-bles tienden a ser culpabilizados aunque esto no sea demostrado; ademásprejuzgar la predisposición al delito de los grupos excluidos es una formade criminalizar su identidad, (Pop Bol, 2001: 260-272). Otro aspecto a con-siderar es el miedo de los jueces por el efecto de acciones represivas quealgunos de ellos han sufrido en los intentos por hacer justicia y aplicar laley con equidad.

A partir de la masacre se inicia el largo camino del proceso judicial, con susetapas de investigación judicial, de presentación de pruebas y testimonios yde apertura del debate oral incluyendo dos intentos previos de apertura deljuicio que fueron interrumpidos. En este proceso transcurrieron cuatro años.Finalmente, en noviembre de 1998 se reabrió de nuevo el debate oral queconcluyó 9 meses después, (13 de agosto de 1999), con una condena penalde 4 y 5 años conmutables económicamente, por el delito de homicidio.Ambas partes procesales, recusaron la sentencia y un año después, el Tri-

182 - Xamán

bunal de Apelaciones decidió invalidar el proceso judicial y la sentenciapenal emitida.

Un tercer juicio penal se reabrió el 2 de junio de 2003 y concluyó con unasentencia de 40 años, (agosto 2004), para la patrulla que participó en elhecho. No obstante, la sentencia está apelada actualmente y sólo están enprisión 14 de los 26 soldados y el oficial que mandaba la patrulla militar. Elproceso está inconcluso y una parte de los acusados continúa prófuga de lajusticia.

La reapertura de este nuevo juicio ha despertado fuertes temores a que hu-biera represalias sobre los afectados por el hecho de haber testificado yestar dispuestos a volver a hacerlo. Algunas consecuencias de impactopsicosocial se reactivaron con la dinámica judicial anómala de anulación yreposición. El temor se agrava ante cada circunstancia judicial adversa. Laexistencia de 13 soldados prófugos explica el temor a la venganza por elcastigo que cumplen actualmente los soldados apresados.

El miedo a que se repitiera con este nuevo juicio, la reexperiencia de impu-nidad judicial vivida con el juicio anterior, (1998/99), se agrega a la frustra-ción reciente debido a las expectativas de resarcimiento que levantó la aper-tura y suspensión del juicio civil.

No obstante, estas dificultades no han revertido la decisión comunitaria decontinuidad de la lucha judicial en instancias internacionales, CIDH, Comi-sión Interamericana de Derechos Humanos, contando con el apoyo y asesoríalegal de la Fundación Rigoberta Menchú Tum, (FRMT), quien ha argumenta-do la necesidad de apoyarse en esta instancia internacional, debido a la impo-sibilidad, demostrada reiteradamente, de obtener justicia en Guatemala.

El juicio y los actores

La construcción histórico cultural de la bipolaridad indio-ladino, permiteque las prácticas sociales y políticas del Estado respondan a creencias ideo-lógicas de racismo y exclusión que apenas han cambiado. Esta bipolaridadse reproduce en el ámbito legal donde los actores de poder, tribunal, aboga-dos de la defensa y otros funcionarios del sistema judicial, son ladinos declase media, mientras que acusados y acusadores comparten la misma iden-tidad indígena y campesina.


Este elemento vuelve más complejo el análisis, porque la diferenciasegregadora se establece en torno a conductas sutiles de racismo, como porejemplo, el trato paternalista de los abogados de la defensa y del tribunalhacia los soldados qéchíes en comparación al trato hostil y despectivo ha-cia los mayas de la comunidad afectada. En pocas palabras, al racismo ejer-cido por el hecho de ser mayas pertenecientes a grupos campesinos étnico-comunitarios y que los militares etiquetaron como enemigo interno, se su-perpone el hecho de ser discriminados por su identidad política como retor-nados.

Los actores del drama judicial que analizamos son: acusadores ´testigo-sobrevivientes´, acusados, ´perpetradores´, los abogados como represen-tantes legales y los jueces del tribunal.

Los actores institucionales que representan las relaciones de poder del Es-tado en el escenario judicial son los jueces del tribunal, los acusados y losabogados defensores de los acusados. Los primeros como representantesdel poder judicial del Estado y los abogados como representantes de la ins-titución militar. Los actores judiciales tienen, respecto al poder, una rela-ción asimétrica. Los acusadores son subalternos al poder y los perpetradoresson dominadores por su perfil como agentes militares, pertenecientes alpoder ejecutivo del Estado. Esto plantea una simetría en las relaciones depoder que pone en desigualdad de condiciones a acusadores y acusados.

El análisis del discurso como método considera los aspectos sociales de lainteracción y las formas de comunicación que nos ayudan a comprender elpoder del lenguaje en la reconstrucción de la experiencia y en la memoriadel pasado. Y será en este escenario judicial, donde la dialéctica que en-frenta dos memorias antagónicas renueva los esfuerzos de las víctimas pordemostrar cómo la palabra, lejos de reproducir un mundo único inalterable,construye dialogando una serie de mundos posibles, (Dorna, 1998: 65).

La memoria de las víctimas se enfrenta a la de los perpetradores que rees-tructuran lo sucedido en un sentido convencional y de dilución de respon-sabilidades públicas, (Cabrera, Luisa y Martín Beristaín, 2001). La impuni-dad en el juicio legitima la violencia ocurrida, responsabilizando a las víc-timas de lo sucedido. En esta construcción social han intervenido elemen-tos de contexto nacional, regional y local que eran favorables para argu-mentar las circunstancias fortuitas del hecho y revertir la atribución de res-ponsabilidades.

184 - Xamán

El universo cultural de las poblaciones indígenas se enfrenta a la coexisten-cia de modelos de justicia basados en la justicia restaurativa comunitaria oen la justicia penal o civil propia de las instituciones del Estado. La justiciarestaurativa se refiere a las formas de justicia más orientadas a la repara-ción del daño, la mediación y el acuerdo con la víctima, que al castigo delculpable. Estos mecanismos son gestionados con mediadores pertenecien-tes a la comunidad, se manejan con reglas flexibles, el proceso es volunta-rio y las decisiones se basan en acuerdos.

Por último, se enfatizan las penas orientadas a la reparación. Las formastradicionales de justicia han sido diseñadas para lidiar con un número rela-tivamente pequeño de casos como robos, conflictos entre vecinos, etc. Pue-den lidiar con el peso de crímenes más serios, como las masivas violacio-nes de derechos humanos o crímenes de lesa Humanidad como la violacióny tortura sexual, (Martín Beristain, 2005).

Por último, respecto a la investigación penal, los factores siguientes arrai-gados en gran parte en las sociedades tal y como señala la relatora de Na-ciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, (Ertürk, 2003), exacerbanla falta de acceso de las mujeres a la justicia, entre ellas:

- La pobreza y la falta de autonomía económica;- El analfabetismo jurídico;- La exclusión de la vida pública y política;- Las actitudes peyorativas hacia las mujeres y las prácticas que lasafectan en las esferas pública y privada de la vida;- El miedo y las inhibiciones que sufren las mujeres en sus deman-das de justicia;- La falta de grupos de promoción poderosos que apoyen las de-mandas de justicia de las mujeres.

Impunidad

En este trabajo exploramos la respuesta de los testigos de una comunidadmaya afectada por una masacre, (1995), ante un proceso judicial que porprimera vez en la historia de Guatemala sentó en el banquillo de los acusa-dos a una patrulla militar de 26 miembros y un oficial del Ejército. Lasvíctimas vieron negadas sus expectativas de justicia con una sentencia fa-vorable a los perpetradores materiales del hecho.


El impacto de la sentencia es más demoledor, por cuanto avala la versiónóficial´ de que ´la gente tuvo la culpa´ de un desenlace fatal, además detener que asumir las pérdidas de sus 11 muertos y 27 heridos, y todas lasconsecuencias que el hecho ha tenido en sus vidas.

Analizamos el impacto psicosocial y las respuestas de la gente para enfren-tar un proceso judicial donde ha prevalecido la impunidad y que fue denun-ciado públicamente como ´farsa jurídica´, (López Funes/Salerno). El casoXamán es una muestra de la acción oscurantista de un ́ sistema penal subte-rráneo que opera criminalizando a las víctimas´, (Rodríguez B.), con diver-sos mecanismos extrajudiciales y legales, y cuya sentencia refleja una nue-va interferencia de la estructura militar en la administración de justicia,(MINUGUA, Misión de Verificación de las Naciones Unidas para Guate-mala, instalada en el país a raíz de los Acuerdos de Paz. Informe sobre elcaso, 7/9/99).

La lucha contra la impunidad es hoy por hoy en Guatemala uno de losdesafíos que sostiene a las numerosas víctimas de un conflicto armado queduró 36 años; (CEH; ODHAG), a través de la lucha judicial, en condicio-nes de mucha inseguridad, y movilizaciones sociales y políticas para exigirel resarcimiento de las víctimas. Mientras la verdad se va destapando, nue-vas violaciones se encargan de remover el temor a lo que supone este ćo-nocimiento del pasado´. El asesinato del obispo Juan Gerardi, (1998), tresdías después de presentado el informe REMHI, fue la confirmación de quevolvió a restaurarse el riesgo de confrontar la historia oficial.

Los informes de verificación de derechos humanos, (8, 9 y 10. Informes deMINUGUA, 1999-2000), y otros estudios recientes, (Ramírez), confirmanque el caso Xamán contiene numerosos ejemplos de casi todos los meca-nismos de impunidad descritos. Todo esto confirma:

a) la responsabilidad del Estado por omisión;b) la falta de voluntad política para lograr justicia;c) que la impunidad desorganiza los esfuerzos y las expectativas dela sociedad civil para consolidar los espacios democráticos. Restau-rar la justicia y esclarecer la verdad constituyen necesidadespsicosociales para la reconstrucción de colectividades afectadas porcatástrofes socio políticas. Los juicios tienen un valor social al trans-formar la culpa en vergüenza pública y presuponer la sanción moralsobre hechos y responsables. Es un espacio desde el cual exigir y

186 - Xamán

compartir el derecho a la verdad y propiciar mecanismos de inhibi-ción para evitar que la historia se repita (presión social y política einhabilitación de las responsabilidades públicas). Además, los jui-cios son rituales públicos que cumplen una función de rito de pasode la dictadura a la democracia, e incluso pueden ser expresión deuna crisis de legitimidad que obligue a impulsar cambiosimpostergables, (Martín B., p. 31).

Efectos psicosociales de la impunidad, (Sveass, cit. en Martín B. et al., p.269):

- Afecta las creencias y los valores en la justicia, sembrando la des-confianza en las estructuras y los valores de la democracia;

– Se profundizan las dudas y el miedo frente a la confusión y laambigüedad social por la ausencia de justicia; se destruye el sentidode la ética;

– La impunidad hace que la gente busque la justicia por cuenta pro-pia;

– Niega lo vivido, dificultando la elaboración del trauma y la recon-ciliación social; produce impotencia, culpa y vergüenza en las vícti-mas;

– La impunidad amenaza las creencias en el futuro.

Duración del proceso

El proceso judicial de Xamán ha durado casi cuatro años y tiene una prolí-fica historia de incidentes y anomalías denunciados como ́ trampa jurídica´por la acusadora particular, la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú,presentando su retiro formal del juicio en enero de 1999: Él laberinto quehemos tenido que recorrer no es para conducir a una salida predeterminada,sino para cansar, confundir, desalentar, desorientar, y por último garantizarque jamás se arribará a la Justicia´, (López Funes/Salerno).

Tras nueve meses de juicio, desde noviembre de 1998 hasta agosto de 1999,la sentencia fue de condena al oficial al mando de la patrulla junto con 10


de sus elementos de tropa por el delito de homicidio culposo imponiéndo-les una sanción de cinco años de prisión conmutables a razón de cincoquetzales por día. Al resto de la patrulla se le condena por el delito culposode complicidad, imponiéndole la pena de cuatro años de prisión conmutables.

El Tribunal se olvidó de condenar a los acusados por las heridas que lescausaron a nuestros 27 hermanos, (Comunidad Aurora 8 de 0ctubre, pro-nunciamiento público del 5 de octubre de 1999).

MINUGUA

Al pronunciarse sobre el caso en su informe, (7/9/99), MINUGUA denun-cia las anomalías contenidas en esta injusta sentencia al violar los conve-nios, normas y acuerdos internacionales sobre derechos humanos, así comolos compromisos nacionales recogidos en los acuerdos de paz de lucharcontra la impunidad.

La lucha jurídica actual continúa en fase de apelación en los TribunalesNacionales y con denuncia ante la Comisión Interamericana de DerechosHumanos, con la expectativa de lograr que se presione al Estado de Guate-mala para revisar la condena emitida.

Historia del proceso y clima político

Desde el inicio de la fase de investigación se fueron preparando los elementoscontaminantes del proceso, fabricando peritajes, desapareciendo pruebas ymanipulando problemas y diferencias comunitarias para favorecer lacriminalización de las víctimas, polarización retornados-residentes. Estos y otrosmecanismos de obstrucción tuvieron el efecto de paralizar los procedimientoslegales para dilatar la apertura del juicio, (López Funes/Salerno; Ramírez).

La memoria oficial de los hechos se ha ido construyendo como discursopolítico en diferentes ámbitos. Este trabajo de polarización ideológica hasido lanzado por los militares con el propósito de estigmatizar y justificarla imagen violenta de los retornados. El discurso se filtró en los medios decomunicación nacionales, pero aún con mayor impacto local se extendió através de rumores y mensajes militares públicos en las comunidades veci-nas de Aurora y representa la ´historia oficial´.

188 - Xamán

Algunas dinámicas del proceso judicial

1. Uso irracional de los mecanismos jurídicos. Por ejemplo, no existíadelito por haber escrito éjecución extrajudicial´, con ´s´;

2. Negación y/o distorsión del carácter intencional de los hechosocurridos;

3. Manipulación de las asociaciones de los hechos. La defensa pre-sentó lo ocurrido como una respuesta inevitable de legítima defen-sa frente a la ´provocación´ de los retornados;

4. La criminalización de las víctimas, con la manipulación de losconflictos comunitarios y el clima político favorable a los acusa-dos. El discurso planteó que las víctimas eran culpables de provo-car una situación ´de tensión emocional límite´;

5. Dilución de la responsabilidad del Ejército en la masacre, para locual se justificó la autonomía de acción durante los operativos mili-tares respecto a la escala jerárquico-militar. Este desplazamientohacia los subalternos constituye un mecanismo de impunidad paragarantizar la eficacia de las estrategias represivas, (Rodríguez B).Él comandante de la patrulla tiene autonomía para resolver cual-quier problema que se presente a la patrulla, su criterio debe preva-lecer´, (declaración del ex-ministro de la Defensa).

La manipulación de los testimonios de Ixcamán

El grupo de Ixcamán estaba constituido por ocupantes ilegales de la finca,que se integraron con los retornados para formar la comunidad de Aurora 8de Octubre. Parte de ellos, por disensiones y desacuerdos con el proyecto co-operativo, renunció a la comunidad en enero de 1997. Estos conflictos comu-nitarios fueron manipulados, ofreciendo tierras a cambio de un testimoniofavorable a los acusados, (López Funes/Salerno). Este jugar con el ´hambre yla necesidad de un grupo de campesinos´ sirvió para reforzar la imagen públi-ca de que la convivencia con los retornados resulta conflictiva.


Impunidad legal y resistencia psicosocial

Desde una perspectiva psicosocial el acercamiento al hecho se refiere almanejo de las situaciones estresantes o traumáticas, (Lazarus et al). En estecaso, la impunidad del juicio ha significado prolongar los efectos de laviolencia re-experimentada con la masacre.

Tres dimensiones de afrontamiento colectivo a la violencia mencionadasen el informe REMHI; ODHAG, Oficina de Derechos Humanos del Arzo-bispado de Guatemala, son útiles como marco explicativo a las respuestasque encontramos entre los testigos de Xamán:

a) afrontamiento de tipo instrumental colectivo; precauciones, apo-yo mutuo, búsqueda de información y asesoría legal;

b) afrontamiento directo y autocontrol; negarse a hablar, resistenciadirecta, no responder a provocaciones;

c) afrontamiento cognitivo o ideológico; ejercer los derechos políti-cos y legales, asertividad frente a manipulación, sentido de justicia.Estos tres tipos de afrontamiento resumen una serie de conductas deresistencia activa y de exigencias de justicia por parte de los testigosque han demostrado un ánimo inquebrantable frente al desaliento.

Afirmación de rol y liderazgos

La presencia armada desautorizaba el rol de autoridad comunitaria y sumediación basada en el diálogo y el consenso.

El ex-alcalde explica su función de protección y sus intentos de mediación,pese a compartir el desamparo de confrontarse con la fuerza de las armas. Sinembargo la defensa intentó responsabilizarle de los hechos de violencia:

´Quién lo nombró alcalde auxiliar?´. ́ La comunidad y la Municipalidad deChisec lo autorizó´. ´Qué funciones tenía como alcalde?´ ´Ver qué proble-mas hay y reportarlo a la municipalidad; dentro de mis funciones estabamantener el orden y la tranquilidad dentro de la comunidad´. ́ Trató de evi-tar que se dieran los hechos violentos?´ ́ Qué puedo hacer si llegaron ellos?no puedo hacer nada, solo les dije que la gente estaba muy asustada´.

190 - Xamán

Derechos y deficiencias de la traducción legal

El derecho legal de las personas monolíngües, población que usa alguna len-gua o variedad del idioma maya, a la traducción y a disponer de intérprete, esuna conquista reciente recogida en los Acuerdos de Paz e imprescindible parala construcción de un pluralismo jurídico que reconozca la realidad multilíngüey multicultural del país. Sin embargo, persisten deficiencias estructurales enla aplicación de este derecho; por ejemplo, no suelen traducirse las actas judi-ciales, y la ausencia de políticas públicas que lo implementen y que tienenmás que ver con el racismo y la exclusión que con dificultades operativas.

Se reconoce que la tarea de traducción en el ámbito judicial es complejadebido a las variedades de los idiomas mayas, los prejuicios y la poca capa-citación técnica de los traductores oficiales del Organismo Judicial, (Mora-les Laynez, 2001: 95, 100).

La práctica cotidiana de los jueces es interpretar la comunicación funcionalde un bilingüismo superficial y de sobrevivencia, que es lo que practican lamayoría de los campesinos mayas en Guatemala, como si dominaran elespañol y no fuera necesaria la traducción. En realidad se ignora este dere-cho porque acarrea un grado más de complejidad y de trabajo en el sistemajudicial. Este autor también señala que el ánalfabetismo jurídico´ de lasociedad guatemalteca agrega dificultad para entender la lógica judicial, locual a las víctimas, en especial si son monolíngües y analfabetas, les resultaun proceso incomprensible, laberíntico y del que se sienten excluidos yajenos, (Ordóñez Cifuentes, 1997: 72 y 76).

Resumiendo cómo fue usado por los acusadores el derecho a la traduccióny los servicios de intérprete, podemos decir, que en general se respetó latraducción de las declaraciones e interrogatorio cuando fue solicitado porlos declarantes. No así la traducción de las actas judiciales, en parte debidoa que muchos traductores no saben escribir en lenguas mayas.

La consecuencia de esta traducción parcial es importante desde el punto devista psicológico, puesto que implica desconocimiento e ininteligibilidaddel resto del proceso que involucra y afecta directamente al testigo. De estamanera, los testigos monolíngües no podían controlar ni entender el desa-rrollo de la dinámica judicial y mucho menos prever su desenlace, lo quepuede suponer frustraciones inesperadas que impiden al testigo prepararsepsicológicamente para remontar sus efectos, agravándose el temor a no ser


comprendido, escuchado y respetado.

Además, la excesiva focalización en su testimonio y el descontrol sobre laevolución del proceso, aumenta la percepción de vulnerabilidad de los tes-tigos. Hubo presencia, autorizada por los jueces, de consultores externospara traducir cada parte procesal, acusadores y acusados. En algunas oca-siones se confrontaron las discrepancias entre testigos debido a la inexacti-tud de la traducción realizada por los intérpretes oficiales. En otros casos,sin embargo, la defensa utilizó estas discrepancias para deslegitimar la fia-bilidad de una declaración determinada.

No obstante estas deficiencias, el derecho a ser traducido significó una apoyoobjetivo y valorado por los acusadores. Permitía un flujo más espontáneode sus vivencias y revocaciones de la experiencia, pero también, en un sen-tido de resistencia activa, permitía introducir en su propia lengua, la ironíay la metáfora como recursos culturales para compensar la humillación porno dominar la lengua española y la impotencia de no poder decir todo loque se quiere decir. Expresado en su propia lengua, el sentido crítico de unadeclaración paradojal reafirma el sentido, mientras que traducido al espa-ñol, se diluye. Esto significa que el uso de la lengua propia en ámbitos depoder, puede constituir una forma de resistencia sagaz y efectiva que noarriesga mayores consecuencias para los subalternos.

Clima judicial e interacción comunicativa

Las conductas de poder que construyeron un clima de hostilidad hacia losacusadores se aplicaron ejerciendo:

a) el racismo y la discriminación legal;b) el autoritarismo y la arbitrariedad;c) el miedo y las intimidaciones.

Analizaremos la retórica y la gestualidad utilizadas para hacer más persua-sivo el discurso.

Tanto en los abogados de la defensa como en los jueces del Tribunal, pre-dominaron actitudes racistas basadas en el desprecio y la discriminacióncomo expresiones de una desigualdad que mantiene a los indígenas deGuatemala en situación de inferioridad social. En su actitud, los agentes

192 - Xamán

del poder judicial trataron con desprecio a los testigos de la comunidadmientras daban un trato preferente a los testigos de la defensa.

Aquí se produce el agravio cultural por la comparación desventajosa entregrupos similares: testigos, campesinos y mayas. Este elemento diferenciadorvuelve más complejo el análisis de cómo se ejerció el racismo en este pro-ceso penal, puesto que a los soldados qéqchíes y algunos testigos de lacomunidad que fueron comprados, se les trató con paternalismo compla-ciente a la vez que ofreciéndoles lealtad y protección institucional, (ejérci-to), mientras que la conducta hacia las víctimas fue de menosprecio de suidentidad social y de agresión contra la dignidad de las víctimas y de lossobrevivientes.

De esa forma se castigaba la osadía y atrevimiento mostrados por exigir losderechos legales que les amparaban: derecho a la traducción, derecho areivindicar el olvido por el tiempo transcurrido... Para los abogados de ladefensa, su pertenencia e identificación ideológica con el ejército, hizo queexperimentaran las actitudes retadoras de algunos testigos, como una afrentainsólita e intolerable.

Los miembros del tribunal, conformado por dos jueces y una jueza, desta-caron por sus conductas de arbitrariedad autoritaria en la escucha de lostestimonios comunitarios. Prestaron atención, interés e incluso formularonpreguntas después de las declaraciones de los líderes comunitarios más re-presentativos o que resistieron el hostigamiento del interrogatorio con acti-tudes desafiantes.

Por el contrario, el tribunal ignoró o subestimó con actitudes de falta derespeto, indiferencia y desinterés las declaraciones de algunos testigos pocorelevantes para ellos, (ancianos, heridos, minusválidos). Este trato degra-dante e insensible significa para las víctimas el desprecio hacia su sufri-miento y es interpretado como discriminación del sistema legal. Confirmaotros casos donde se ha denunciado la actitud de algunos jueces de senten-cia, ´durante un juicio a un ex Jefe de las PAC´ quienes dormitaban mien-tras mujeres de la comunidad de Tululché en el idioma Qíché testimonia-ban sobre asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, tortura y des-trucción de sus familiares y bienes, (Morales Laynez, 2001: 63-64).

La forma en que los abogados interrogaban a los testigos después de escu-char sus declaraciones, creó el contexto propicio para ejercer la manipula-


ción. La orientación de las preguntas más que aclarar extremos confusos oimprecisos del relato escuchado, pretendía confundir lo que las palabras yemociones revelaban. Inducir confusión con las preguntas reiterativas ysugestivas generaba contradicciones en el discurso, con el riesgo agregadode que los testigos fuesen descalificados por falta de idoneidad. Esta estra-tegia de manipulación para confundir, aumentó la ansiedad de los testigosrespecto a la credibilidad y consistencia de su relato y el temor a que supercepción de lo sucedido fuese arrinconada y menospreciada.

El clima de hostilidad durante el juicio facilitó la conducta arbitraria de losjueces y abogados de la defensa con el fin de intimidar a los acusadores. Elautoritarismo y el abuso de poder de los abogados de la defensa se ejerciódesplegando prepotencia y arrogancia en la forma de increpar y apremiar alos testigos en sus respuestas y de calificar o descalificar arbitrariamentelas respuestas a preguntas inoportunas o irrelevantes. Las amonestacionesdel Tribunal fueron frecuentes para exigir una rígida aplicación del proce-dimiento jurídico, con una balanza más desfavorable hacia los acusadoresque hacia los acusados. El clima de tensión produjo más estrés y desgastepara los testigos de la comunidad.

El clima social externo al juicio también influyó en el contexto judicial através de las amenazas e intimidaciones a testigos de la comunidad y lasexpresiones de solidaridad de grupos paramilitares y militares que presio-naban al tribunal para lograr un desenlace favorable a los acusados. Ade-más como veremos más adelante, los resultados de las entrevistas confir-man que la declaración judicial vertida en un clima de impunidad producereacciones de hiper-reactividad emocional en los testigos, al reactivar lasfantasías de venganza y aumentar las señales de alerta y las reacciones deprecaución y defensa ante posibles nuevas amenazas.

Experiencias comparadas -195

Experiencias Comparadasde América Latina

Argentina

Lila Pastoriza

Experiencias comparadas - 197

Congreso de Derechos Humanos yexperiencias comparadas latinoamericanas

Guatemala de la Asunción, 24 al 26 de agosto de 2005

En varios de nuestros países, entre ellos Guatemala, Chile, Uruguay y Ar-gentina, han tenido lugar períodos de sistemática violación a los derechoshumanos de vastos sectores de la población.

Aunque haya terminado hace tiempo la etapa de eliminación física de laspersonas y grupos a quienes se dirigió la represión, la subsistencia de laimpunidad implica, en buena medida, la realización de los objetivos que seplantearon los perpetradores, manifestada en la enorme dificultad para cons-truir el estado de derecho, en tanto garantía de no reiteración de estasprácticas.

Los genocidios, que no es otra la denominación de la ejecución planificadade crímenes contra gran número de seres humanos, son sostenidos por esatotal negación de los valores y prácticas democráticas que implica el impe-rativo de eliminar al otro, al diferente. Construir el estado de derecho exigedesmontar el sistema que preserva la impunidad y sus supuestos ideológi-cos y políticos socialmente anclados. Y esto requiere ineludiblemente unaacción integral que incluya los aspectos jurídicos, sociales y políticos.

Comprender que los genocidios no pueden atribuirse a la perversión o a lalocura de determinadas personas o grupos, sino que se trata de prácticassociales que se van construyendo teórica y materialmente, es el punto departida para valorar la dimensión e importancia de la acción integral ante lamasiva violación de derechos a manos de sistemas autoritarios.

La investigación de los hechos para conocer la verdad, el proceso y castigoa los culpables por parte de la justicia, las políticas de reparación a lasvíctimas y la construcción de la memoria colectiva son tareas imprescin-dibles y conjuntas para derrotar la impunidad. Tareas cuyo sólo desplie-gue, sostenido en el horizonte ético de una sociedad justa, contribuyeinvalorablemente a edificar y afianzar el estado de derecho.

Es éste el marco donde intentaremos señalar algunos hitos del proceso de-sarrollado en Argentina, a partir de la herencia del terrorismo de estado y de

198 - Xamán

las luchas desarrolladas contra la impunidad por un inclaudicable movi-miento de derechos humanos que sostuvo y sostiene como eje las deman-das de memoria, verdad y justicia.


Introducción

Un golpe genocida

Desde mediados de la década de los setenta y durante por lo menos sieteaños, la República Argentina estuvo inmersa en la represión violenta yclandestina implementada a través del terrorismo de Estadoinstitucionalizado por el golpe militar del 24 de marzo de 1976.

No se trató de un golpe más. Sin detenernos a analizar aquí los objetivos ydeterminantes económicos y estructurales del accionar de las Fuerzas Ar-madas y de los sectores del poder, es indudable que todos ellos se propusie-ron, como señala Pilar Calveiro ´hacer de Argentina otro país, empren-diendo una operación que llamaron de cirugía mayor´. El secuestro y ladesaparición de los opositores, que las bandas terroristas de derecha veníanejerciendo con el prohijamiento oficial desde años antes, se instauraron,junto con el campo de concentración y exterminio, como el modo represivodel poder.

Para disciplinar al cuerpo social se fijó como objetivo el exterminio de losactivistas de las organizaciones guerrilleras, de las organizaciones popula-res; estudiantiles, barriales, sindicales, y de los grupos y organismos queexpresaran su adhesión a proyectos de transformación social. A quienesconformaban este vasto grupo elegido como blanco represivo se los carac-terizaba como ćontrarios al ser nacional´ y ´subversivos apátridas´. Elgenocidio que se llevó a cabo; como ha señalado Daniel Feierstein alcaracterizarlo como ´práctica social´, se constituía en la justificación delexterminio del ́ otro´ catalogado como ́ negativo´, a la vez que implementabalos mecanismos que facilitarían materializar la obediencia en las accionesde exterminio..Aunque por su naturaleza, dimensión y modalidades, el regimen represivoinstaurado no tiene precedentes en la historia nacional, no se trató, en elcaso argentino, de una irrupción intempestiva: las tradiciones y prácticasautoritarias y represivas fueron propias de la permanente alternancia dedictaduras militares y democracias restringidas durante gran parte del sigloXX en el país. De ningún modo constituyó algo ajeno a la sociedad argen-tina sino que formó parte de su trama.

200 - Xamán

Las Fuerzas Armadas, que desde 1930 habían utilizado el golpe militarpara condicionar o abolir los gobiernos civiles, fueron profundizando susintervenciones, consolidándose como el verdadero núcleo del poder sobreel conjunto la sociedad y ejerciendo el uso creciente de la violencia desde elaparato del Estado. La represión y proscripción del peronismo a partir de la´Revolución Libertadora´ de 1955 y la instalación de gobiernos carentes detodo sustento democrático desembocaron con el golpe militar de 1966 en lainstauración de un regimen que ya prefiguraba, tanto en su escalada repre-siva como en sus objetivos fundacionales, al terrorismo de Estado.

A la vez, el proceso que llevó al golpe militar de 1976 se enmarcó en unescenario internacional, el del mundo bipolar de la guerra fría, donde lapolítica imperial norteamericana y sus estrategias de seguridad ycontrainsurgencia derribaban cualquier obstáculo a su penetración econó-mica y política.

Desde fines de la década del 60, el país venía viviendo un proceso deintensa movilización popular expresada en la creciente participación desectores que luchaban por la transformación social y política; que se mani-festó en fenómenos como el Ćordobazo´, las ´puebladas´, el surgimientode un nuevo activismo estudiantil y fabril, las movilizaciones de la ́ prima-vera´ del 73, entre otros hechos.

Las bandas represivas organizadas para reprimir clandestinamente a la gue-rrilla que operaba desde comienzos de los 70 seleccionaron inicialmentesus víctimas entre los protagonistas de este proceso de movilización y dise-minaron el terror hacia vastos sectores de la sociedad. El accionar de laAlianza Anticomunista Argentina; Triple A, y del Comando Libertadoresde América, produjo más de un millar de asesinatos durante el año quesiguió a la muerte del general Juan Perón en julio de 1974. La ofensiva delas Fuerzas Armadas se desencadenó de modo creciente. En 1975 el go-bierno legal dejó en sus manos la represión de la guerrilla y del ´terrorismoindustrial´ y en 1976 asumieron el poder. A un año del golpe, en su Ćartaa la Junta Militar´ Rodolfo Walsh denunciaba que la represión había produ-cido 15 mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos y decenasde miles de desterrados.

Como en última instancia la destinataria del terror era la sociedad: el con-trol sobre ella fue férreo. Había que disciplinarla, someterla, y se prohibió,se vigiló, se eliminó la posibilidad de disentir. Dice Calveiro: ´trataron de


vaciar a la sociedad de todo aquello que los inquietaba, anulando su capaci-dad vital y prohibiendo desde la política hasta el arte´.

Miles de detenidos-desaparecidos, militantes y activistas asesinados, pre-sos políticos, exiliados, centenares de niños apropiados, desarticulación delos lazos sociales, prohibición de la politica, implementación de un mode-lo económico regresivo y de endeudamiento y una sociedad fragmentadafueron el saldo material de un régimen que hizo del terror la herramientafundamental de dominación y disciplinamiento social.

El auto denominado ´Proceso de Reorganización Nacional´ representóuna nueva reorganización que generó otras formas de circulación del po-der. Contó con sectores de la sociedad que, por motivos diversos, confor-maron una vasta gama de conductas de acatamiento que abarcó desde laaceptación pasiva hasta la complicidad y la participación directa.

Fue entonces que se inició la construcción de la impunidad que se afianza-ría luego, con otras modalidades, en los años de la transición. Al mismotiempo se desarrollaron importantes luchas que fueron logrando, más aunen tiempos recientes, varios de sus objetivos. Pese a ello, muchos efectosde la dictadura y de la impunidad persisten actualmente: así lo expresan,entre muchos otros fenómenos, el vaciamiento de las instituciones demo-cráticas y el consiguiente descreimiento social.

Desde los años ’80, no han sido pocos los trabajos elaborados a propósitode las transiciones a la democracia desde los regímenes autoritarios. Sinembargo, no siempre se ha profundizado en la construcción de mecanismosde impunidad, en las acciones por el esclarecimiento de los crímenes y eljuzgamiento de sus responsables, ni tampoco en los modos en que ambosprocesos se relacionaron y confrontaron entre sí, con sus respectivas conse-cuencias respecto de logros y /o fracasos en la construcción del estado dederecho.

“Las situaciones difieren según los países. En algunos casos, la transiciónaceptó la perduración sin mayores cambios de las fuerzas de seguridad, elpoder judicial, los servicios de información y otras áreas del aparato buro-crático-represivo del estado, en otros, fue posible introducir en estos ámbi-tos reformas más o menos significativas. Además, en buena medida loslogros varían en relación con la dificultad que crean los condicionamientosque impone el viejo orden al proceso democrático.

202 - Xamán

Incidencia del genocidio y la impunidaden la restauración democrática

Cinco gobiernos se han sucedido desde el restablecimiento del orden constitu-cional en 1983 y aunque la situación ha ido avanzando; en especial en la ges-tión gubernamental actual, las marcas de la dictadura y los efectos de la impu-nidad están muy presentes en la sociedad argentina: ´ésta se parece todavíademasiado a la que imaginaron los autores del golpe militar´ señala EduardoJozami, y agrega: ún país que se destacaba en América Latina por la mayorequidad en la distribución del ingreso, el peso de las capas medias y la presen-cia de un fuerte movimiento sindical, registra hoy niveles alarmantes de con-centración de la riqueza, desempleo y marginación social. A la vez, el terrorque impuso la dictadura no se ha borrado del imaginario de los argentinos´.

Por otra parte, tampoco se han profundizado los debates sobre aspectosclaves del anclaje del terrorismo de Estado en los sectores sociales, de modotal que el balance de aquella etapa deje conclusiones valiosas para el pre-sente. Menos aun se ha avanzado en una consideración del genocidio comopráctica social. La reflexión sincera y profunda sobre estos temas permiti-ría explicar la persistencia de conductas y valoraciones vigentes en la etapadictatorial, presentes hoy en situaciones mas o menos “naturalizadas” porparte de numerosos sectores, como la indiferencia ante el crecimiento de lapobreza o el consentimiento a la represión a la protesta social y a laviolación de los derechos en el sistema carcelario.

Además, el tiempo no ha suturado las heridas de la represión. Tal vez por-que, en buena medida por su propia ausencia, los desaparecidos ejercen enla vida argentina la presencia más perturbadora, actualizando la vigenciadel reclamo sobre el esclarecimiento de los hechos, la verdad sobre el des-tino de los cuerpos y el castigo a los culpables.

Todos los intentos por consagrar la impunidad de los responsables de lasgraves violaciones a los derechos humanos, no lograron impedir la prolife-ración de instancias judiciales en el territorio nacional y en el exterior nique se siguiera manifestando de muchas maneras, y en los ámbitos másdiversos, el reclamo por la justicia y la verdad. Esta situación, inimaginablesin el accionar consecuente y empecinado de las organizaciones defensorasde los derechos humanos, revela también que para sectores muy ampliosde la sociedad argentina no puede considerarse cerrado el capítulo de ladictadura militar, uno de los mas álgidos de los vividos en el país.


Maniobras , leyes y políticas para construir la impunidad

Durante la dictadura militar

La dictadura militar instaurada el 24 de marzo de 1976, usó las operacionesclandestinas como instrumento clave para detener ilegalmente a las perso-nas, someterlas a la ́ desaparición´ y negar su responsabilidad en los hechoscometidos.

Emilio Mignone y Augusto Conte, fundadores del movimiento derechoshumanos contra la dictadura, señalaron acertadamente que ésta operó a tra-vés de dos planos de normatividad. A la vez que se reprimió mediante unalegislación de excepción que otorgó a la junta de gobierno un poder abso-luto sobre la Constitución Nacional, utilizó una normatividad paralela ysecreta compuesta por un conjunto de reglas de organización y acción clan-destinas.

La estructura operativa paralela creada para la represión se insertó en laestructura de organización ordinaria de las Fuerzas Armadas y ambas de-pendieron de la misma jefatura. Este andamiaje clandestino estaba com-puesto por integrantes estables de las Fuerzas Armadas, a quienes se suma-ban como partícipes rotativos, los miembros pertenecientes a la estructuraóficial´, logrando de este modo comprometerlos en el encubrimiento. Ladoctrina clandestina fue aprobada por todos los altos mandos. A los gruposoperativos que reprimieron clandestinamente les correspondió la instru-mentación y ejecución del terror estatal a través de detenciones ilegales,desaparición de los prisioneros, torturas, apropiación y sustitución de iden-tidad de hijos de los detenidos, robos y asesinatos.

La negativa sistemática del gobierno militar a reconocer la existencia detodos estos crímenes (negativa ejercida a través el rechazo de habeas cor-pus, el ocultamiento de la información a familiares y organismos, etc) nosólo paralizó la acción judicial y de investigación, con sus las consabidasconsecuencias. A la vez, como todo integrante de las Fuerzas Armadas y deSeguridad se convirtió en sospechoso, para intentar reconstruirlas con losrequisitos de la democracia, los gobiernos pos dictatoriales debieron exigirla depuración interna de las instituciones militares o/y el correspondientedictamen de la justicia.

204 - Xamán

La transición

Una de las primeras medidas del gobierno democrático de Raúl Alfonsínque asumió en 1983 fue el decreto que dispuso el enjuiciamiento de losintegrantes de las tres Juntas Militares que habían ejercido el gobierno de ladictadura. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas,CONADEP, recibió las primeras denuncias de los familiares y víctimas dela represión, mientras la nueva Corte Suprema de Justicia declaró nula lallamada ´ley de auto amnistía´ dictada por el último gobierno militar paracondicionar la transición a la democracia.

Todas estas medidas orientadas al enjuiciamiento de los responsables delterrorismo de Estado expresaban la generalizada creencia de que era impo-sible consolidar la democracia sin sancionar los crímenes de la dictadura yprofundizar un balance que impidiera su reiteración. El informe ŃuncaMás´ producido por la CONADEP reflejaba esa convicción.

A través de los juicios a los comandantes, el gobierno esperaba que lasFuerzas Armadas realizaran su propia ´depuración´, en tanto la labor de laCONADEP buscaba brindar a la sociedad civil una respuesta de esclareci-miento de los crímenes. Aunque al principio de instruyó la realización deun juicio a las Juntas Militares, ante el retraso con que actuó el ConsejoSupremo de las Fuerzas Armadas, CONSUFA, en abril de 1985 la CámaraFederal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal se hizo cargode los procesos.

El 9 de diciembre del mismo año dictó sentencia , condenando a cinco delos comandantes de las Juntas Militares por los delitos de homicidios, pri-vaciones ilegítimas de la libertad y tormentos. El tribunal consideró de-mostrada la existencia de un plan deliberado y sistemático para ejecutaruna política de represión encubierta y que esa política se convirtió en elarma principal de la dictadura en su campaña para “eliminar a la subver-sión”. Al finalizar el Juicio a las Juntas, se estima que existían 2000 denun-cias judiciales presentadas, y 650 miembros de las fuerzas acusados, sinhaber mediado investigaciones judiciales, que corresponderían por enton-ces a un tercio de los miembros en servicio activo.

El desarrollo de las sesiones del Juicio produjo un impacto notable: seescucharon y difundieron testimonios estremecedores que probaban lasdesapariciones, las torturas, el robo de niños y los asesinatos a sangre fría


con extremos de crueldad difíciles de imaginar. Nadie pudo decir más, queno sabía lo que había pasado. Además, el solo hecho de que los comandan-tes hasta ayer omnipotentes estuvieran sentados en el banquillo de los acu-sados mostraba el poder de la democracia para ajustar cuentas con el pasa-do dictatorial: una sociedad que en buena medida había elegido no saber, sesintió entonces habilitada para juzgar.

El Juicio aportó un veredicto histórico que nunca podría ser refutado, ´fueun hecho fundacional de nuestra comunidad política democrática... porquelos derechos humanos se convirtieron en materia de nuestra memoria ytambién como promesa de la sociedad argentina´. Lejos de modificar estapercepción social de los crímenes de la dictadura, las leyes de impunidadno hicieron sino confirmarla.

El decreto presidencial que ordenó el procesamiento de los comandantesde las tres Fuerzas Armadas incluía también a los principales dirigentes delas organizaciones guerrilleras que habían desarrollado la lucha armada enlos años ’70. Ambos, militares y guerrilleros, aparecían así como responsa-bles de haber recurrido a la violencia y atentado contra la democracia. Pero,con independencia de las críticas que puedan plantearse a estas organiza-ciones, no resulta aceptable el paralelo entre su accionar y el de quienesdispusieron del aparato del Estado para planificar una política masiva deexterminio.

Por otra parte, esta ´teoría de los dos demonios´; como no tardó en serconocida, servía para exculpar al conjunto de la sociedad de toda responsa-bilidad en una lucha a la que se presentaba como protagonizada por dospequeñas fracciones antagónicas. La realidad había sido, sin embargo, biendistinta. El golpe militar recibió el apoyo de la gran mayoría de los empre-sarios, en tanto que adoptaron una actitud complaciente la Iglesia y granparte de los dirigentes políticos; a su vez, la guerrilla había tenido, por lomenos hasta 1975, un respaldo popular nada despreciable. El informe ́ NuncaMás´, editado por la CONADEP que presidió el escritor Ernesto Sábato,sostiene esta visión, hoy ya en crisis, pero que ha sido y sigue siendo unatraba para profundizar el debate sobre el proceso político argentino de lasúltimas décadas.

La brutalidad de la respuesta represiva y la generalidad con la que alcanzóa quienes eran sospechados de cualquier colaboración con los ´subversi-vos´, llevó también a que se afirmara la idea de que los desaparecidos eran

206 - Xamán

´víctimas inocentes´, quitando a la represión todo objetivo racional y ne-gando la existencia del notable proceso de participación y radicalizaciónpolítica previo al golpe militar. Por otra parte, esta afirmación de la íno-cencia´ de las víctimas tenía también un costado más peligroso. Como nopodía considerarse ínocentes´ a quienes tenían una reconocida militancia,cierto sentido común reaccionario podía llegar a sostener que en estos ca-sos resultara menos condenable el secuestro, la muerte y la tortura.

La condena de los comandantes en jefe que emitió el Juicio tenía un carác-ter ejemplar, pero eran muchos los militares de alta y baja graduación com-prometidos en las violaciones a los derechos humanos. Cuando éstos co-menzaron a ser citados en la Justicia, la insubordinación de algunos oficia-les y la poca disposición de los otros para reprimirlos volvieron a instalar elfantasma del alzamiento militar.

La presión castrense logró la sanción de la llamada ley de Punto Final quefijaba un plazo a partir del cual debían cesar las citaciones judiciales. Peroresultó insuficiente para evitar que proliferaran las órdenes de procesamiento.Paradójicamente, en el término de un mes, gracias al trabajo de los organis-mos de derechos humanos, de los familiares de las víctimas y del compro-miso de algunos jueces, se logró radicar ante la justicia una innumerablecantidad de denuncias y producir cientos de procesamientos.

La ley se volvió en contra de la estrategia de gobierno, empeoró sus relacio-nes con el ámbito castrense y lo desprestigió políticamente. En este marcose produjo la sublevación militar de ́ Semana Santa´, en abril de 1987, en laque los uniformados demandaron una amnistía para los crímenes de la dic-tadura y el relevo de los altos mandos militares.

Días después, la ley de Obediencia Debida exculpó a todos aquellos quehabían actuado siguiendo órdenes superiores.

Por medio de esta norma se obligó a los jueces a presumir, sin admitirprueba en contrario, que los oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficia-les y personal de tropa de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, policiales ypenitenciarias, que actuaron durante la dictadura con el motivo alegado dereprimir el terrorismo, habían actuado obedeciendo órdenes bajo coerciónde autoridades superiores. Esta presunción debía aplicarse aunque existie-ran pruebas de lo contrario. De ese modo estos militares quedaron eximi-dos de responsabilidad penal.


Las leyes de impunidad fueron impugnadas desde su sanción. La ley dePunto Final ha sido considerada como una amnistía a término o sujeta acondición, pues la acción penal se extinguía si el imputado no era citadoante la justicia en un plazo de 60 días. Su constitucionalidad apareció seve-ramente cuestionada según la doctrina tradicional de la Corte Suprema deJusticia argentina.9 En cuanto a la de Obediencia Debida siempre se sostu-vo, entre otras argumentaciones, que se trata de una causa de justificaciónque debiera ser apreciada en el acto de juzgamiento, por lo que se sostuvoque la sanción parlamentaria invadía facultades del Poder Judicial.

Posteriormente, los decretos de indulto sancionados por el gobierno deCarlos Menem liberaron a los comandantes en jefe condenados a severaspenas en el Juicio a la Juntas y consagraron la impunidad de otros altosjefes que no podían ampararse en la ley de Obediencia Debida

La legislación que benefició a los responsables del genocidio puso encuestión todo un ordenamiento jurídico que confesaba su impotencia paracondenar los delitos más graves y generó una sensación de generalizadaimpunidad que habría de profundizarse en la década de los 90 al noesclarecerse plenamente algunos muy publicitados episodios de sangre vin-culados a la corrupción oficial.

Pese a que el indulto generó una reacción muy importante (porque la mayo-ría de la población no hizo suyo el discurso sobre la pacificación nacionalque sustentaba esas medidas) pudo pensarse entonces que había quedadocerrada toda posibilidad de juzgamiento y castigo a los militares genocidasy cundió una sensación general de desaliento, a pesar de que nunca cesaronlas movilizaciones y reclamos de los organismos de derechos humanos.

Por otra parte, el dictado de las leyes de impunidad y los decretos de indul-to, benefició alrededor de 1200 militares y miembros de las fuerzas de se-guridad: las instituciones militares no se depuraron y la justicia no intervi-no en la determinación de responsabilidades. La clausura de las causas ju-diciales impidió llevar adelante un proceso institucional de depuración delas fuerzas, en el que la separación de los cargos habría sido una medidacomplementaria basada en una prueba constituida con las garantías de laley.

208 - Xamán

Luchas, logros y dificultadesen la lucha contra la impunidad de los genocidas

Una de las primeras medidas del gobierno democrático de Raúl Alfonsínque asumió en 1983 fue el decreto que dispuso el enjuiciamiento de losintegrantes de las tres Juntas Militares que habían ejercido el gobierno de ladictadura. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas,CONADEP, recibió las primeras denuncias de los familiares y víctimas dela represión, mientras la nueva Corte Suprema de Justicia declaró nula lallamada ´ley de auto amnistía´ dictada por el último gobierno militar paracondicionar la transición a la democracia.

Todas estas medidas orientadas al enjuiciamiento de los responsables delterrorismo de Estado expresaban la generalizada creencia de que era impo-sible consolidar la democracia sin sancionar los crímenes de la dictadura yprofundizar un balance que impidiera su reiteración. El informe ŃuncaMás´ producido por la CONADEP reflejaba esa convicción.

A través de los juicios a los comandantes, el gobierno esperaba que lasFuerzas Armadas realizaran su propia ´depuración´, en tanto la labor de laCONADEP buscaba brindar a la sociedad civil una respuesta de esclareci-miento de los crímenes. Aunque al principio de instruyó la realización deun juicio a las Juntas Militares, ante el retraso con que actuó el ConsejoSupremo de las Fuerzas Armadas, CONSUFA, en abril de 1985 la CámaraFederal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal se hizo cargode los procesos.

El 9 de diciembre del mismo año dictó sentencia, condenando a cinco delos comandantes de las Juntas Militares por los delitos de homicidios, pri-vaciones ilegítimas de la libertad y tormentos. El tribunal consideró de-mostrada la existencia de un plan deliberado y sistemático para ejecutaruna política de represión encubierta y que esa política se convirtió en elarma principal de la dictadura en su campaña para “eliminar a la subver-sión”. Al finalizar el Juicio a las Juntas, se estima que existían 2000 denun-cias judiciales presentadas, y 650 miembros de las fuerzas acusados, sinhaber mediado investigaciones judiciales, que corresponderían por enton-ces a un tercio de los miembros en servicio activo.

El desarrollo de las sesiones del Juicio produjo un impacto notable: seescucharon y difundieron testimonios estremecedores que probaban las


desapariciones, las torturas, el robo de niños y los asesinatos a sangre fríacon extremos de crueldad difíciles de imaginar. Nadie puso decir mas queno sabía lo que había pasado. Además, el solo hecho de que los comandan-tes hasta ayer omnipotentes estuvieran sentados en el banquillo de los acu-sados mostraba el poder de la democracia para ajustar cuentas con el pasa-do dictatorial: una sociedad que en buena medida había elegido no saber sesintió entonces habilitada para juzgar.

El Juicio aportó un veredicto histórico que nunca podría ser refutado, ´fueun hecho fundacional de nuestra comunidad política democrática... porquelos derechos humanos se convirtieron en materia de nuestra memoria ytambién como promesa de la sociedad argentina´. Lejos de modificar estapercepción social de los crímenes de la dictadura, las leyes de impunidadno hicieron sino confirmarla.

El decreto presidencial que ordenó el procesamiento de los comandantesde las tres Fuerzas Armadas incluía también a los principales dirigentes delas organizaciones guerrilleras que habían desarrollado la lucha armada enlos años ’70. Ambos, militares y guerrilleros, aparecían así como responsa-bles de haber recurrido a la violencia y atentado contra la democracia. Pero,con independencia de las críticas que puedan plantearse a estas organiza-ciones, no resulta aceptable el paralelo entre su accionar y el de quienesdispusieron del aparato del Estado para planificar una política masiva deexterminio.

Por otra parte, esta ´teoría de los dos demonios´, como no tardó en ser conoci-da, servía para exculpar al conjunto de la sociedad de toda responsabilidad enuna lucha a la que se presentaba como protagonizada por dos pequeñas frac-ciones antagónicas. La realidad había sido, sin embargo, bien distinta. El gol-pe militar recibió el apoyo de la gran mayoría de los empresarios, en tanto queadoptaron una actitud complaciente la Iglesia y gran parte de los dirigentespolíticos. A su vez, la guerrilla había tenido, por lo menos hasta 1975, unrespaldo popular nada despreciable. El informe Ńunca Más´, editado por laCONADEP que presidió el escritor Ernesto Sábato, sostiene esta visión, hoyya en crisis, pero que ha sido y sigue siendo una traba para profundizar eldebate sobre el proceso político argentino de las últimas décadas.

La brutalidad de la respuesta represiva y la generalidad con la que alcanzóa quienes eran sospechados de cualquier colaboración con los ´subversi-vos´, llevó también a que se afirmara la idea de que los desaparecidos eran

210 - Xamán

´víctimas inocentes´, quitando a la represión todo objetivo racional y ne-gando la existencia del notable proceso de participación y radicalizaciónpolítica previo al golpe militar. Por otra parte, esta afirmación de la íno-cencia´ de las víctimas tenía también un costado más peligroso. Como nopodía considerarse ínocentes´ a quienes tenían una reconocida militancia,cierto sentido común reaccionario podía llegar a sostener que en estos ca-sos resultara menos condenable el secuestro, la muerte y la tortura.

La condena de los comandantes en jefe que emitió el Juicio tenía un carác-ter ejemplar, pero eran muchos los militares de alta y baja graduación com-prometidos en las violaciones a los derechos humanos. Cuando éstos co-menzaron a ser citados en la Justicia, la insubordinación de algunos oficia-les y la poca disposición de los otros para reprimirlos volvieron a instalar elfantasma del alzamiento militar.

La presión castrense logró la sanción de la llamada ley de Punto Final quefijaba un plazo a partir del cual debían cesar las citaciones judiciales. Peroresultó insuficiente para evitar que proliferaran las órdenes de procesamiento.Paradójicamente, en el término de un mes, gracias al trabajo de los organis-mos de derechos humanos, de los familiares de las víctimas y del compro-miso de algunos jueces, se logró radicar ante la justicia una innumerablecantidad de denuncias y producir cientos de procesamientos.

La ley se volvió en contra de la estrategia de gobierno, empeoró sus relacio-nes con el ámbito castrense y lo desprestigió políticamente. En este marcose produjo la sublevación militar de ́ Semana Santa´, en abril de 1987, en laque los uniformados demandaron una amnistía para los crímenes de la dic-tadura y el relevo de los altos mandos militares.

Días después, la ley de Obediencia Debida exculpó a todos aquellos quehabían actuado siguiendo órdenes superiores.

Por medio de esta norma se obligó a los jueces a presumir, sin admitirprueba en contrario, que los oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficia-les y personal de tropa de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, policiales ypenitenciarias, que actuaron durante la dictadura con el motivo alegado dereprimir el terrorismo, habían actuado obedeciendo órdenes bajo coerciónde autoridades superiores. Esta presunción debía aplicarse aunque existie-ran pruebas de lo contrario. De ese modo estos militares quedaron eximi-dos de responsabilidad penal.


Las leyes de impunidad fueron impugnadas desde su sanción. La ley dePunto Final ha sido considerada como una amnistía a término o sujeta acondición, pues la acción penal se extinguía si el imputado no era citadoante la justicia en un plazo de 60 días. Su constitucionalidad apareció seve-ramente cuestionada según la doctrina tradicional de la Corte Suprema deJusticia argentina. En cuanto a la de Obediencia Debida siempre se sostu-vo, entre otras argumentaciones, que se trata de una causa de justificaciónque debiera ser apreciada en el acto de juzgamiento, por lo que se sostuvoque la sanción parlamentaria invadía facultades del Poder Judicial.

Posteriormente, los decretos de indulto sancionados por el gobierno deCarlos Menem liberaron a los comandantes en jefe condenados a severaspenas en el Juicio a la Juntas y consagraron la impunidad de otros altosjefes que no podían ampararse en la ley de Obediencia Debida.

La legislación que benefició a los responsables del genocidio puso encuestión todo un ordenamiento jurídico que confesaba su impotencia paracondenar los delitos más graves y generó una sensación de generalizadaimpunidad que habría de profundizarse en la década de los 90 al noesclarecerse plenamente algunos muy publicitados episodios de sangre vin-culados a la corrupción oficial.

Pese a que el indulto generó una reacción muy importante - porque la ma-yoría de la población no hizo suyo el discurso sobre la pacificación nacio-nal que sustentaba esas medidas- pudo pensarse entonces que había queda-do cerrada toda posibilidad de juzgamiento y castigo a los militares genocidasy cundió una sensación general de desaliento, a pesar de que nunca cesaronlas movilizaciones y reclamos de los organismos de derechos humanos.

Por otra parte, el dictado de las leyes de impunidad y los decretos de indul-to, benefició alrededor de 1200 militares y miembros de las fuerzas de se-guridad: las instituciones militares no se depuraron y la justicia no intervi-no en la determinación de responsabilidades. La clausura de las causas ju-diciales impidió llevar adelante un proceso institucional de depuración delas fuerzas, en el que la separación de los cargos habría sido una medidacomplementaria basada en una prueba constituida con las garantías de laley.

212 - Xamán

Los juicios de la verdad

La ley de Obediencia Debida no incluía al robo y apropiación de niñosentre los delitos exculpados, y tampoco los procesados en el Juicio a lasJuntas habían sido condenados por este delito. En consecuencia, la JusticiaFederal de la Capital pudo enjuiciar por estos hechos a Jorge Rafael Videla,Eduardo Emilio Massera y otros importantes jefes de la dictadura que hastahoy permanecen detenidos. Como el secuestro y apropiación de niños fueuna política generalizada son muy numerosos los jefes y oficiales que estánamenazados por la prosecución de las citaciones judiciales.

Si las leyes de Punto Final y Obediencia Debida impedían el castigo de losmilitares genocidas ello no invalidaba el derecho de los familiares a cono-cer la verdad de lo ocurrido con sus seres queridos. Ya la resolución de laComisión Interamericana de Derechos Humanos que cuestionó los indul-tos había recomendado que se continuaran todas las investigaciones para elpleno esclarecimiento de los hechos y la individualización de los responsa-bles.

En abril de 1995, el jurista y educador Emilio Mignone reclamó ante lajusticia conocer el destino de su hija secuestrada en la Escuela de Mecánicade la Armada. Fundamentaba su pedido en el derecho inalienable a la ver-dad y al duelo, al derecho a dar sepultura al cuerpo de su hija. La primeradecisión judicial fue favorable a este reclamo pero más tarde el tribunal desegunda instancia clausuró la investigación. Con avances y retrocesos enlos estrados judiciales iría posteriormente avanzando el reconocimiento delderecho a la verdad.

Como lo destacan Guembe y Oliveira, el derecho al duelo, reconocido entodas las culturas, es parte inescindible del derecho a la verdad. ́ Es a travésdel rito, sostienen, que la muerte se introduce en el campo simbólico y sonjustamente esos símbolos los que nos distinguen del reino animal´. El cultoa la muerte existió con distintas manifestaciones. Y la sepultura y el lugarde enterramiento, como hoy lo conocemos, en cementerios, es patrimoniode la cultura del hombre civilizado. En nuestro pasado inmediato se nosnegó el derecho de enterrar a nuestros muertos, quienes nos negaron talderecho estaban negando nuestra condición humana.

Hace algunos años, el novelista chileno Ariel Morfinómano en una publici-tarias Carta Abierta al general Pinochet recordaba que en La Ilíada, Aquiles


accedía al reclamo de Príamo para que se le entregara el cuerpo de Héctora quien aquél había dado muerte, mostrando que hasta entre los peoresenemigos era respetado el derecho a guardar los restos de los deudos.

Por otra parte, el reconocimiento del derecho a la verdad adquiere másrelevancia en el caso argentino porque la desaparición forzada –principalmetodología utilizada por la represión- tiende precisamente al ocultamien-to de la verdad. Quizá esto explique también la persistencia de la demandade verdad y el contenido que ésta asume en la Argentina, inseparable delcastigo de los autores de estas desapariciones. Nada refleja mejor este in-tento de engaño que la definición de los desaparecidos que daba el dictadorVidela con una actitud de omnipotencia revestida de aparente ingenuidad :´¿Que es un desaparecido? En cuanto a éste como tal es una incógnita. Sireapareciera tendría un tratamiento ´x´, y si la desaparición se convirtieraen certeza de su fallecimiento tendría un tratamiento ´z´. Pero mientras seaun desaparecido no puede tener ningún tratamiento en especial, es una in-cógnita. Es un desaparecido. No tiene entidad. No está...´

En 1998, la Corte Suprema de Justicia de la Argentina declaró inadmisibleel reclamo formulado por Carmen Lapacó para que se siguiera investigan-do lo ocurrido con su hija desaparecida. La señora Lapacó denunció enton-ces al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Hu-manos. Como ésta admitió la demanda, el gobierno de Carlos Menem pro-puso una solución amistosa. Al año siguiente se firmó el acuerdo por elcual el Estado argentino acordó garantizar el derecho a la verdad de lasvíctimas y sus familiares, comprometiéndose a agotar todos los mediospara esclarecer lo sucedido con los desaparecidos y a sostener la competen-cia exclusiva de las Cámaras Federales en lo penal en los casos de averi-guación de la verdad.

Desde entonces, los tribunales federales de la Capital y las ciudades de LaPlata, Córdoba y Bahía Blanca avanzaron en las citaciones a jefes y oficia-les implicados en los delitos vinculados al terrorismo de Estado que, sibien no pueden ser acusados, generalmente deben responder de uno u otromodo y se abren otros caminos de investigación.. Con frecuencia estas cita-ciones han provocado la reacción de los comandos de las fuerzas armadasque prestaron su asistencia y solidaridad a los oficiales convocados, asu-miendo un inquietante protagonismo.

214 - Xamán

Los caminos de la justicia

El desarrollo posterior de los hechos volvió a cuestionar la vigencia de lasleyes de impunidad. Algunos juicios produjeron gran efecto, fortaleciendoel reclamo social por el castigo a los autores de estos delitos, ante el escán-dalo que supuso la revelación pública de algunos crímenes. A la vez ibansurgiendo diversos caminos judiciales. Fue la conciencia de rechazo a laimpunidad expresa en múltiples reacciones ante los casos puntuales, loque legitimó las nuevas instancias institucionales que fueron abriendo parael juzgamiento de los beneficiarios de las leyes de Punto Final y Obedien-cia Debida.

Hubo casos muy significativos. La Cámara Federal de la ciudad de La Platadecidió, en mayo del 2000, que el conocido torturador Miguel Etchecolatz,ex jefe de investigaciones de la policía provincial, pudiera ser juzgado porotros delitos por los que no había sido procesado ni amnistiado. Esta deci-sión amplió los alcances de los juicios por la verdad ya que habilitó a losjueces a determinar quienes son los culpables y no sólo a investigar lo ocu-rrido. El juez Leopoldo Schiffrin, integrante del tribunal, entendió que lacitación a Etchecolatz era una lógica consecuencia de la investigación em-prendida, argumentando también que Argentina había suscrito compromi-sos internacionales que obligaban al juzgamiento de los crímenes de lesahumanidad.

Casi simultáneamente, la Cámara Federal de la Capital resolvió, en el casode un desaparecido cuyos bienes habían sido robados por sus captores, querepresores ya amparados por las leyes de impunidad podían ser juzgadosnuevamente si hubieran cometidos crímenes de lesa humanidad que sonconsiderados imprescriptibles. En el mismo fallo, el tribunal consideró quelas leyes de Punto Final y Obediencia Debida resultan inaplicables cuandose hubiera producido un ´desvío de poder´, es decir cuando se trata de he-chos que no se compadecen con el alegado motivo de reprimir el terroris-mo. En efecto, aún en el supuesto de que no se cuestionara la aberrantemetodología de exterminio implantada para combatir a la guerrilla, seríadifícil sostener que el asesinato de prisioneros, por ejemplo, es parte nece-saria de esa política de represión.

Es evidente que, con independencia de su validez, todas las argumentacio-nes jurídicas respondieron a que la vía principal de acceso a la justicia ha-bía sido bloqueada. Los juicios por la apropiación de menores y el secues-


tro de niños nacidos en cautiverio como los ´juicios de la verdad´ han sidolos caminos alternativos que el movimiento de derechos humanos y losfamiliares de las víctimas han encontrado frente a la clausura del derechoque pretendieron imponer los indultos y las leyes de Punto Final y Obe-diencia Debida. Esto resulta aún más evidente en el caso de los juicios quetramitan en el exterior. La polémica que provocó la iniciativa del juez espa-ñol Baltasar Garzón contra los militares de Argentina y Chile, en la que sediscute la posibilidad de aplicar en cualquier territorio las normas que re-primen los delitos de lesa humanidad, carecería de sentido si en estos paí-ses se llevara adelante los procesos.

Razones de la memoria y el olvido

Esta búsqueda empecinada de los caminos de la justicia, el rechazo al olvi-do y la pacificación que los indultos pretendieron imponer, la reivindica-ción militante de la memoria que se expresa en múltiples iniciativas, revelaque una parte muy importante de la sociedad argentina no cree que se pue-da avanzar en el camino de la democracia sobre la base de la impunidad y lano revisión de lo ocurrido en los años dictatoriales. Esta actitud que anosotros nos parece tan natural requiere sin embargo una explicación, por-que no siempre ni en todos los países se ha rechazado la senda de la conci-liación ni se ha proseguido hasta el final la marcha de la justicia. Tampocoa lo largo de la historia el culto de la memoria ha tenido siempre la mismavaloración.

´La memoria se apoya en buena medida sobre el testimonio de las víctimassobrevivientes. Se ha dicho con frecuencia que una de las razones que ayu-dan a sobrevivir en condiciones límites es la posibilidad de convertirse entestigo´, ha señalado Jozami. El autor dice que ´hubo y hay numerosos tes-timonios, aunque se distribuyen de modo dispar. De todos modos, en elcaso argentino, la persistencia de las desapariciones, la ignorancia del des-tino final de los cuerpos y del modo como cada víctima fue eliminada nopermiten poner límites en esa escalada del horror, imaginando un relatorecomenzado todos los días sobre el probable final de los seres queridos´.

Por otra parte, la memoria siempre recorta, siempre elige. Se recuerdaalgo y se deja de recordar otro algo. Temas que eran muy importantes en laArgentina hace veinte o treinta años ya no lo son hoy, debates oenfrentamientos del pasado pierden vigencia…Sin embargo, hay una zona

216 - Xamán

del pasado reciente que no se olvida y que tiene que ver con los delitosaberrantes. Y esto no responde a la decisión particular de ningún grupopolítico ni puede resolverse por un decreto gubernamental: es una expe-riencia que ha hecho la sociedad argentina en su conjunto. En la Argentinade hoy la mayoría de la gente sigue pensando que es necesario que losmilitares genocidas estén presos, lo cual es el mejor indicador del fracasode las leyes de impunidad y la mejor legitimación de su impugnación.

¿Reconciliación por verdad?

Ya hemos visto que el conocimiento de la verdad, el esclarecimiento de loshechos criminales fortaleció la demanda de justicia. Sin embargo, a medidaque aumentaron los requerimientos judiciales contra los responsables delterrorismo de estado, hubo un momento en que comenzó a instalarse unapropuesta distinta. Tomando como un hecho inmodificable la vigencia delas leyes de impunidad, los mandos militares, algunos funcionarios, un sec-tor de la Iglesia, sostuvieron que la investigación de la verdad debía ir liga-da no a la prosecución de las acciones judiciales sino a la búsqueda de lareconciliación nacional.

Para fundamentar las ventajas de este camino se sostiene que las investiga-ciones judiciales nunca permitirán el esclarecimiento de los hechos porquelos militares implicados seguirán negándose a declarar, mientras que sípodrían hacerlo frente a una Comisión de Reconciliación que garantizaríael secreto de sus identidades y descartaría toda posibilidad de incrimina-ción penal. Planteada así la cuestión, la justicia parece como moneda decambio para obtener la verdad.

Todos los organismos de derechos humanos de la Argentina han rechazadoesta transacción que apunta a legitimar una impunidad hoy severamentecuestionada. Pero, cabe preguntarse además cuál es esa verdad que se pre-tende encontrar en la mesa de negociación, un relato único de la historiareciente que distribuya culpas y permita la reconciliación?, una nueva ver-sión de la teoría de los dos demonios? Si se avanzara por esta senda y no sesiguiera la instancia judicial para reconstruir lo ocurrido y determinar lasresponsabilidades penales, el Estado abandonaría la única función que lecorresponde en relación con la búsqueda de la verdad. No es su tarea impo-ner una versión oficial de la historia ni decretar una reconciliación: éstadifícilmente pueda lograrse sobre la base de la denegación de justicia y


sería, en todo caso, un hecho social colectivo cuyos tiempos no puedenfijarse desde el gobierno.

Los juicios de la verdad, reconstruyendo y esclareciendo cada uno de los crí-menes cometidos son un aporte fundamental en esa tarea social de reconstruc-ción de la memoria, ese trabajo sin fin que el Estado debe respetar en su com-plejidad, mientras cumple con su función esencial de administrar justicia.

La ofensiva contra la impunidad

El camino para franquear la barrera de la impunidad consagrada por lasleyes de Obediencia Debida, de Punto Final y los indultos ya se habíaabierto entonces con el reconocimiento del derecho a la verdad, eljuzgamiento de los máximos responsables por la apropiación de menores yla apertura de causas por robo de bienes.

También jugaron un rol muy importante los numerosos juicios emprendi-dos contra los represores en el exterior del país, como España, Italia, Fran-cia, Suecia y Alemania. El derecho internacional de los derechos humanos,la comunidad internacional y la actuación de los tribunales europeos en lapersecución de los crímenes de lesa humanidad cometidos por las dictadu-ras latinoamericanas impulsaron los procesos locales reactivando las ac-ciones judiciales en causas como la de los niños nacidos en cautiverio.

Leyes de impunidad comienzana ser cuestionadas judicialmente

En marzo del 2001, ante una querella iniciada por el CELS, hubo una pri-mera resolución favorable cuando el juez Gabriel Cavallo declaró lainconstitucionalidad e invalidez de estas leyes , sentencia que , en noviem-bre de ese año, la Sala II de la Cámara Federal confirmó por unanimidad. En agosto de 2002 el entonces procurador General de la Nación NicolásBecerra recalcó la importancia de la inconstitucionalidad de las leyes paragarantizar el imperio de un Estado sujeto a derecho y contrarrestar la vio-lencia que emana de las instituciones del Estado. En mayo de 2005 el nue-vo procurador Esteban Righi reiteró este criterio. Se fueron tomando otrasdecisiones similares en tribunales diversos.

218 - Xamán

La sanción por el Parlamento de la ley 25.779 , que declaró nulas las leyesde Punto Final y Obediencia Debida, fue un importante paso adelante.

El 24 de agosto del 2004 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resol-vió en el caso Árancibia Clavel´, que los delitos de lesa humanidad sonimprescriptibles. Expresamente estableció que los delitos como el genoci-dio, la tortura, la desaparición forzada de personas, el homicidio y cual-quier otro tipo de actos dirigidos a perseguir y exterminar opositores políti-cos son crímenes contra la humanidad; crímenes que no prescriben, y queel principio de imprescriptibilidad se aplica aún a hechos cometidos duran-te el terrorismo de Estado en la década de los 70.

En el curso de estos años hubo numerosos pronunciamientos judiciales so-bre la validez constitucionalidad de la ley que declaró nulas las leyes deimpunidad, acerca de la inconstitucionalidad de los indultos y en resguardode sitios donde funcionaron centros clandestinos.

El 24 de marzo de 2004, en el aniversario del golpe militar, el presidente dela Nación, Nestor Kirchner anunció en la Escuela de Mecánica de la Arma-da, ESMA, donde funcionara uno de los mayores centros de detención ile-gal y exterminio, la recuperación del sitio.

Se firmó el convenio entre los gobiernos nacional y de la Ciudad de Bue-nos Aires que resuelve desafectar a todas las instituciones de la Armadaque funcionaban en el predio y crear allí el Éspacio para la Memoria y ladefensa de los Derechos Humanos´. Este y otros actos de alto valor simbó-lico comenzaron a definir una política pública de Memoria e impactaronfuertemente a la sociedad.

El 9 de septiembre, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó laprimera ley de expropiación de un predio, donde funcionó un centro clan-destino, por su vinculación con los crímenes de la dictadura y con el obje-tivo de resguardar prueba y preservar la memoria colectiva.

Por fin, el 16 de junio del 2005 la Corte Suprema de Justicia de la Nacióntomó una medida de gran importancia y que sienta un precedente de peso,al resolver que las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final son incons-titucionales . ´De esta manera allanó el camino para que la justicia pongafin a la aberrante situación de impunidad que vive nuestro país desde hacecasi 20 años´, decía el CELS en su comunicado y agregaba: la Corte Supre-


ma declaró la invalidez e inconstitucionalidad de las leyes de punto final yobediencia debida; leyes 23.492 y 23.521, por ser contrarias a normas inter-nacionales que hoy tienen jerarquía constitucional y siguiendo loslineamientos fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, enel caso ´Barrios Altos´ contra Perú.

El Alto Tribunal ya había establecido la imprescriptibilidad de los delitosde lesa humanidad. En este fallo sostiene además que el Estado tienela obligación de investigar y sancionar los crímenes cometidos durante laúltima dictadura militar, que no son susceptibles de ser amnistiados. Másde 37 causas se encuentran abiertas y 150 personas están procesadas por loscrímenes de la dictadura. En su mayoría se trata de integrantes de las Fuer-zas Armadas y de Seguridad en situación de retiro. A la vez, se produce seretoma la investigación, generalmente paralizada durante los años de im-punidad.

Efectos de la impunidad sobrela construcción del estado de derecho

La vigencia de la impunidad va mucho más allá de la falta de castigo a losautores de los crímenes, que la define como tal. La impunidad de losgenocidas implica el gran riesgo que se reiteren esas prácticas, y no porquelas vayan a cometer los mismos protagonistas sino porque se mantiene elmecanismo social que las generó.

El proceso de construcción de la impunidad que se fue desplegando duran-te la transición democrática incidió decisivamente sobre las posibilidadesinstitucionales y políticas para enfrentar los crímenes de la dictadura enmodo especial sobre la acción de la justicia. Pero también en el debate deorden moral y ético sobre el modelo social a perseguir.

Es importante tener en cuenta que desde 1983, la sociedad vio a la demo-cracia como equivalente a la justicia, y consideró que la vigencia de la leyidentificaba la nueva etapa que se iniciaba. Pero el hecho de que para ́ man-tener la democracia´ hubiera que recurrir a las leyes de impunidad y a losindultos presidenciales la fue vaciando de contenido e instaló el gran con-trasentido de legitimar la necesidad de hacer excepciones a la ´ley´.

Se fueron desarrollando gradualmente limitaciones legales y políticas para

220 - Xamán

la justicia que degradaron el sentido de la democracia y devaluaron a lasinstituciones políticas. ´La vulneración de los derechos fundamentales setransformó en el sustento del sistema político, condición que se expresa enla violencia institucional, la exclusión social y la falta de respuestas delEstado a las demandas sociales´.

Desde la óptica política, la impunidad de los genocidas contaminó al cuer-po social en desconfianza y descreimiento, deteriorando seriamente la ex-pectativa en la democracia.

La ausencia de justicia penal y de medidas para separar de sus cargos a losresponsables de los crímenes ha tenido series efectos sobre la sociedad ysus instituciones. Entre otras consecuencias, la falta de actuación de la jus-ticia, a raíz de las leyes y decretos de amnistía ha dificultado la determina-ción de las culpabilidades: los autores de delitos aberrantes no sólo no hantenido su castigo sino que su íntocada´ permanencia impune difunde lasensación de que ´todo es posible´ y sustenta la difusión del miedo.

Por otra parte, la sociedad fue percibiendo la vigencia de la impunidad nosólo para los hechos del pasado sino para los del presente. En este marco, yacentuada por la crisis de representatividad política, se produjo la gravísimacrisis institucional, económica y política que estalló en diciembre de 2001.yque dio por tierra con el presidente Fernando de la Rúa.

Se manifestó entonces un fuerte reclamo de la sociedad en aras de transfor-mar las prácticas políticas y el funcionamiento de las instituciones demo-cráticas. A este fin se dirigieron las primeras medidas del gobierno actual,en especial una gran parte de ellas, vinculadas con la impunidad del terro-rismo de Estado. Hechos como la recuperación de un centro clandestino dedetención emblemático, la ESMA, y otras medidas de alto valor simbólico,instalaron a la justicia como punto de partida hacia un modelo diferente.

Una nueva ́ ola de memoria´ surgió entonces en el país y se renovó el deba-te inconcluso sobre el pasado presente. Quizás hoy sea la oportunidad deprofundizarlo, imprimiendo una dimensión distinta a las políticas públicasde memoria y contribuyendo así al sostén social de la posibilidad de justi-cia. El análisis de lo ocurrido y de las responsabilidades sociales debenformar parte de ese debate. Hay que tener cuenta que la propia narración delos hechos de exterminio puede no cuestionarlo a fondo si, en palabras deFeierstein, ´lo desvincula del orden social que lo produjo, pero no en la


forma burda y evidente de la negación de los hechos sino en el trastocamientodel sentido, la lógica y la intencionalidad atribuidos a los mismos´.

Más allá de la enorme importancia de políticas en curso y de los debatessociales que ellas suponen, se revela también como imperiosa la necesidadde medidas que fortalezcan al tan vapuleado sistema democrático materia-lizando las demandas de memoria, verdad y justicia y, a la vez abriendocauce al reclamo de transparencia y participación de la sociedad generadopor la crisis de los últimos años. Esta aspiración y aquel équilibrio entrelas críticas a los abusos y la consolidación del sistema constitucional, únicagarantía de los derechos´ que hace casi quince años pregonara el doctorEmilio Mignone, muestran que, mas allá de realidades que se modifican,persiste la certeza de que la lucha para derribar la impunidad está estrecha-mente unida a la que busca afianzar la democracia.

Anexos

Auto de la Audiencia Nacional - 225

Diligencias previas 331/1999-10.

A u t o

En la ciudad de Madrid a 20 de octubre de yyyy.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La presente causa, Diligencias Previas nº 331/99, se sigue envirtud de denuncia y querellas contra el General Efraín Ríos Montt, Jefe deGobierno por golpe de Estado del 23 de marzo de 1.982 al 8 de agosto de1.983; General Oscar Humberto Mejía Víctores, Jefe de Gobierno por gol-pe de Estado del 8 de agosto de 1.983 al 14 de enero de 1.986; GeneralFernando Romeo Lucas García, Presidente de la República de Guatemalade 1.978 a marzo de 1.982 (al parecer fallecido); General Angel AníbalGuevara Rodríguez, Ministro de Defensa de Guatemala durante el Gobier-no de Lucas García; Donaldo Alvarez Ruiz, Ministro de Gobernación deGuatemala durante el Gobierno de Lucas García; Coronel Germán ChupinaBarahona, Director de la Policía Nacional durante el Gobierno de LucasGarcía; Pedro García Arredondo, Jefe del Comando Seis de la Policía Na-cional durante el Gobierno del General Lucas García; y General BenedictoLucas García, Jefe del Estado Mayor del Ejército durante el Gobierno de suhermano Lucas García. A todos ellos se les imputa la comisión de diversosdelitos de genocidio, terrorismo, torturas, asesinato y detenciones ilegales(calculándose en unos 250.000 muertos de la etnia maya asesinados, 35muertos más en el caso de la Embajada de España, más 5 sacerdotes espa-ñoles asesinados en diversos puntos del país) llevados a cabo en los perío-dos en los que ejercieron su mandato los mencionados.

SEGUNDO.- Mediante auto de fecha 27 de marzo de 2.000 se admitieron atrámite las distintas querellas sustentadas en la imputación relatada. Recu-rrida la mencionada resolución por el Ministerio Fiscal, el Pleno de la Salade lo Penal de la Audiencia Nacional dictó Auto de fecha 13 de diciembrede 2.000, estimando el mismo, declarando que no procedía en ese momen-to la actuación de la jurisdicción penal española.

La citada resolución fue recurrida en casación por las acusaciones, dictándosepor el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sentencia de fecha

226 - Xamán

25 de febrero de 2.003 por la que se estimaba parcialmente el mismo en lossiguientes términos literales: “1º. Revocar parcialmente el Auto de la Au-diencia Nacional de fecha 13 de diciembre de 2.000. 2º. Declarar, con baseen el art. 23.4 g) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en las disposicio-nes de la Convención Contra la Tortura, la jurisdicción de los Tribunalesespañoles para la investigación y enjuiciamiento de los hechos cometidoscontra ciudadanos españoles en la Embajada Española en Guatemala el 30de enero de 1.980, y de los hechos cometidos en perjuicio de los ciudada-nos españoles Faustino Villanueva, José María Gran Cirera, Juan AlonsoFernández y Carlos Pérez Alonso”.

El 26 de septiembre del 2005, el Tribunal Constitucional dictó sentenciaotorgando el amparo a los perjudicados, extendiendo la jurisdicción espa-ñola, en aplicación del principio de persecución universal, a los delitos degenocidio y terrorismo.

TERCERO.- En el transcurso de la instrucción se libró Comisión Rogatoriaa las Autoridades Guatemaltecas para oír en declaración a los testigos eimputados de este procedimiento. Autorizado el desplazamiento de la co-misión judicial a Guatemala a fin de recibir declaración a los imputados ydeterminados testigos desde el día 26 de junio al 4 de julio de 2006 segúncalendario fijado por D. Saul Orlando Alvarez Ruiz, Juez Undécimo dePrimera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente deGuatemala, el día 26 de junio se comunicó a la comisión judicial, en la sedede dicho Juzgado, la suspensión de las declaraciones en tanto estaban pen-diente de resolver un recurso interpuesto por imputados ante el Tribunal deConflictos de Jurisdicción así como la existencia de otros recursos. Anteello se acordó estar a la espera de un período prudencial de tiempo. El día29 de junio se acordó, ante la falta de comunicación oficial alguna, el regre-so de la comisión judicial a España.

CUARTO.- El Ministerio Fiscal en escrito presentado en el día de hoy, conla fundamentación oportuna, ha solicitado se acuerde la prisión provisionalcomunicada y sin fianza de los arriba mencionados a los efectos de su de-tención y extradición a nuestro país, librándose la oportuna orden europeade detención y entrega, con efectos de orden internacional de detención, através de INTERPOL-ESPAÑA; se decrete el embargo de todos los bienesde los que los mismos sean titulares, bien total como parcialmente, biendirectamente como a través de testaferros o terceras personas, a los efectosde garantizar las responsabilidades pecuniarias y civiles correspondientes;

Auto de la Audiencia Nacional -227

y que a través de los organismos pertinentes se proceda a dictar las oportu-nas ordenes nacionales e internacionales de bloqueo de las cuentas banca-rias de las que los encausados sean titulares, bien total como parcialmente.

HECHOS

PRIMERO.- Partiendo de la competencia jurisdiccional actualmente de-clarada por la Sala 2ª del Tribunal Supremo en sentencia de fecha 25 defebrero de 2.003, y de la instrucción concluida al día de hoy, se infierecómo entre enero de 1980 y septiembre de 1.981 Fernando Romeo LucasGarcía era Presidente de la República de Guatemala, Angel Aníbal GuevaraRodríguez, ministro de Defensa, Benedicto Lucas García, Jefe del EstadoMayor, Germán Chupina Barahona, Director General de la Policía y DonaldoAlvarez Ruiz, Ministro de la Gobernación. Consta asimismo, y en grado deseria probabilidad, cómo en el citado período y en otro más amplio, desdela citada estructura gubernamental se entretejió un plan tendente a minimi-zar la etnia maya, provocando desplazamientos forzados, haciendo de laviolencia generada en la propia organización estatal instrumento apto a ta-les fines. Esa violencia se materializó en plurales asesinatos, torturas, vio-laciones de mujeres, etc., haciendo del terror un modus vivendi. No sólo seatacaba físicamente a la etnia maya, sino asimismo al conjunto de perso-nas, principalmente sacerdotes misioneros, que denunciaban dichos hechosy prestaban su auxilio a los campesinos, tratando de preservar su dignidad,y el que las atrocidades no cayeran en el olvido. Dichas actuaciones crimi-nales iban dirigidas a amedrentar no sólo a la población maya, sino a laspersonas que les prestaban su ayuda, como forma de castigo y como anun-cio o aviso de lo que podía ocurrir a quienes preservaran en su comporta-miento humanitario y digno del mayor reconocimiento. Al restablecerseuna mínima normalidad en la República de Guatemala se realizó una revi-sión tanto a nivel nacional como internacional de lo sucedido en esos años“negros” (Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Informe sobre Re-cuperación de la Memoria Histórica, etc.). En el desarrollo de dicha actua-ción criminal orquestada desde instancias gubernamentales cabe imputar alas personas anteriormente citadas la instigación o comisión intelectual delos siguientes hechos:

En la mañana del día 31 de enero de 1.980 un grupo de campesinos deldepartamento guatemalteco de Quiché se introdujo en la Embajada de Es-paña en Guatemala con el fin de que dicha representación diplomática sir-viera de interlocutora válida ante sus pretensiones consecuencia del acoso

228 - Xamán

gubernamental a que estaban siendo sometidos. No consta que la mencio-nada ocupación no fuera pacífica. No obstante esas circunstancias, los im-putados ya filiados, acordaron que la Policía y otras Fuerzas de Seguridadentraran en la delegación diplomática sin consentimiento, y que abatieranmortalmente al conjunto de sus ocupantes. En las escasas horas que duró elincidente no se atendió ninguna de las llamadas efectuadas por el Excmo.Sr. Embajador del Reino de España, entre ellas al Ministro de la Goberna-ción (Donaldo Alvarez Ruiz); consecuencia del acuerdo inicial de abatir alos campesinos, asumiendo el asesinato de cualesquiera terceros, entiénda-se funcionarios españoles destacados en la Embajada y visitantes. Comoconsecuencia de lo anterior murieron 36 personas. Entre ellas los ciudada-nos españoles D. Jaime Ruiz del Arbol (Secretario de la Embajada), D.Luis Felipe Sanz Martínez y Doña María Teresa Vázquez de Villa. Igual-mente el Excmo. Sr. Embajador, D. Máximo Cajal sufrió lesiones de consi-deración. Con fecha 22 de septiembre de 1.984 los gobiernos guatemaltecoy español emitieron un comunicado conjunto en el que acordaron restable-cer sus relaciones diplomáticas, reconociendo expresamente el Gobiernode Guatemala que lo sucedido constituyó una violación de los arts. 22 y 29de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y por tanto acep-tando, en relación con España, los efectos y consecuencias jurídicas que deello pudiera derivarse. El hecho de no filiarse a las personas de nacionali-dad de Guatemala obedece exclusivamente a cómo nuestro Tribunal Su-premo, sin perjuicio de lo que resuelva el Tribunal Constitucional, ha limi-tado la jurisdicción española a los asesinatos de los nacionales españoles. Asimismo, y con una finalidad de castigo por su colaboración con el con-junto de campesinos y el pueblo maya, tratando de generar miedo en terce-ros que pretendieran lo mismo, los imputados ya filiados, instigaron inte-lectualmente y ordenaron el asesinato de los siguientes sacerdotes españo-les:

a) D. Faustino Villanueva Villanueva, asesinado por miembros del ejércitoguatemalteco en su despacho parroquial de Joyaboj (Quiché) el 10 de juliode 1.980.

b) D. José María Gran Cirera, asesinado por miembros del ejército guate-malteco en Chapul (Quiché) el 4 de junio de 1.980.

c) D. Juan Alonzo Fernández, asesinado por miembros del ejército guate-malteco en La Barranca (Quiché) el 13 de febrero de 1.981.


d) D. Carlos Pérez Alonzo, con fecha de 2 de agosto de 1.981 es secuestradopor miembros del ejército guatemalteco, sin que al día de la fecha se tengaconocimiento sobre su estado; debiéndose inferir razonablemente cómo hubode ser asesinado bajo la orquestación gubernamental ya aludida.

SEGUNDO.- Como se aprecia en la denuncia inicial presentada y demásadhesiones, junto con la documentación aportada a este juzgado en los in-formes de la Comisión de Esclarecimiento Histórico –CEH-, del InformeÍnter diocesano de recuperación de la Memoria Histórica -. REMHI.-, Sesigue que: Fernando Romeo Lucas García quien asumió la Presidencia dela República de Guatemala el 7 de julio de 1978. Sirvió como Presidente dela República hasta el golpe de Estado de 23 de marzo de 1982 cuando fuedestituido. Hoy al parecer fallecido. De conformidad con la Ley Constituti-va del Ejército de 1968, el comandante general tenia mando y control efec-tivo sobre todos los órganos del ejercito. El comandante general ejercíamando y control sobre el Ministro de la Defensa Nacional. Igualmente ejer-cía mando y control sobre los comandos militares y los comandos militaresespeciales. A su vez y a través del Ministro del Interior, el comandantegeneral ejercía mando y control efectivo sobre las fuerzas de seguridad,entre ellas la Policía Nacional.

El General Ángel Aníbal Guevara Rodríguez fue Ministro de la DefensaNacional a las ordenes del comándate general del ejercito y presidente de larepublica, Lucas Garcia hasta Marzo de 1982. De conformidad con lo esta-blecido en la Ley Constitutiva del Ejército de 1968, el Ministro de Defensajunto al Comandante General del ejército y al jefe del Estado Mayor Gene-ral constituían el alto mando militar. Por consiguiente, el Ministro de laDefensa Nacional ostentaba mando y control efectivo sobre todos los órga-nos del ejército.

El General Manuel Benedicto Lucas García quien fue Jefe del Estado Ma-yor General del Ejército en el gobierno de Fernando Romeo Lucas Garcíadesde, aproximadamente, el 15 de agosto de 1981 hasta el 24 de marzo de1982. Reside en la República de Guatemala. De conformidad con lo esta-blecido en la Ley constitutiva del ejército de 1965, como Jefe del EstadoMayor General, Benedicto Lucas Garcia ejercía su mando y control efecti-vo sobre los miembros del ejercito de Guatemala.

El Alto Mando está definido por el artículo 12 de la Ley Constitutiva delEjército aprobada por Decreto 1782, entró en vigencia el 16 de septiembre

230 - Xamán

de 1968 y permaneció en vigencia durante toda la Presidencia de FernandoRomeo Lucas García. Tal artículo establece que el Presidente de la Repú-blica como Comandante General del Ejército, junto con el Ministro de laDefensa y el Jefe del Estado Mayor General del Ejército formaban el AltoMando. El Comandante General tiene entre otras responsabilidades la apro-bación de la estrategia de las fuerzas armadas dirigida hacia la defensa yseguridad de la patria y del mantenimiento de la independencia y soberaníay honor de Guatemala. El Ministerio de la Defensa se define como el órga-no de comunicación entre el Ejército de Guatemala y los órganos del Esta-do. El artículo 16 de la misma Ley estableció que el Ministro de la Defensa,bajo las órdenes del Comandante General, ejerciera el mando y la adminis-tración del Ejército. Tal mando incluyó las funciones siguientes:

a. Cumplir y hacer que se cumplan las leyes y reglamentos militares.b. La inspección y control de las entidades de las instituciones, públi-cas o privadas, que estén autorizados a usar armas, equipos o pertre-chos de guerra.c. Disponer la adquisición, producción, conservación y mejoramien-to del armamento, equipo, municiones, semovientes, vestuario y otrosimplementos de guerra.d. Disponer la adquisición, construcción mantenimiento y acondicio-namiento de edificios, fortificaciones aeródromos y demás instala-ciones militares.e. Reglamentar y supervisar la producción, importación, exportación,almacenamiento, traslado, préstamo, transformación, transporte, uso,enajenación, adquisición, tenencia, conversión o portación de todaclase de armas de fuego, municiones, explosivos, materiales flamablesy similares.f. Aprobar el plan general de instrucción y los planes de estudios delos establecimientos de educación militar.

El Jefe del Estado Mayor General del Ejército, era el tercero en el AltoMando. Fue responsable ante el Ministro de la Defensa Nacional y en últi-ma instancia ante el comandante general del ejército, del mando, organiza-ción, instrucción, educación, disciplina y conducta del Ejército de Guate-mala. Además, debía determinar y someter al Ministro de la Defensa nacionalla organización y dotación del Estado Mayor General y de los Comandos.

La CEH caracteriza a los Comisionados Militares de la siguiente manera:El 9 de julio de 1938, por Acuerdo Gubernativo, fueron creados los comi-


sionados militares, “investidos con el carácter de agentes de la autoridadmilitar; empleados estos que desarrollarán su cometido dentro de la demar-cación territorial de las aldeas, caseríos y poblados cuya importancia lorequiera en vista de la organización de las milicias...” En el Artículo 1 dedicho Acuerdo se establecía que los comisionados “cumplirán órdenes quereciban de sus inmediatos superiores en todo lo que corresponda a llama-mientos, citaciones, reclutamientos, capturas de delincuentes, remisos,faltistas, y en general a comisiones del ramo de guerra únicamente”. Cuan-do el enfrentamiento armado interno alcanzó mayor intensidad, a princi-pios de la década de los ochenta, los comisionados fueron obligados por elEjército a tener una participación activa en las operaciones militarescontrainsurgentes. Como agentes de la autoridad militar local, los comisio-nados gozaban de impunidad total frente a la población. Tal potestad tam-bién fue utilizada por los comisionados en función de sus propios interesesindividuales, ya sea económicos o de otra índole. En el año 1981 la desig-nación de comisionados militares alcanzó niveles masivos. El jefe del Es-tado Mayor del Ejército, general Benedicto Lucas, en un discurso en Joyabaj,Quiché, dijo: “Esta fuerza es voluntaria, en Rabinal ya hay 1,000 hombresy en Joyabaj 800”. Los auxiliares son los ayudantes de comisionados queya aparecen mencionados en el Decreto 79 de 1954, que en el Artículo 1,numeral 1 del capítulo I dice: “Los comisionados militares y ayudantes detoda la República, tendrán la misión de: actuar como agentes de la autori-dad militar”, y en el Artículo 2 dice: “Los comisionados y ayudantes sonmiembros del Ejército cuando se encuentren en cumplimiento de la misiónordenada por autoridad militar”. Al implementarse en 1981 las PAC, losnuevos jefes de patrullas tuvieron un doble papel, porque en la mayoría delos casos lo fueron quienes eran también comisionados militares, situaciónque se presentó principalmente en las cabeceras municipales y cabecerasdepartamentales. La confianza de los miembros de la Institución Armadahacia ellos se dió precisamente en el inicio de la nueva estrategiacontrainsurgente del Ejército, que dotaría de armas a los pobladores delárea rural y en donde los jefes de PAC jugarían un papel determinante, conel propósito de garantizar que la población no apoyara a la insurgencia.

Las patrullas de defensa civil. Desde aproximadamente el mes de septiem-bre de 1981, el Ejército de Guatemala, bajo orden del Alto Mando del Ejér-cito comenzó a organizar patrullas formadas por miembros de la poblacióncivil. La participación de estos miembros de la población civil, en muchasocasiones, fue forzada, bajo amenaza de tratamiento cruel, tortura o muer-te. Desde octubre de 1981 hasta el 23 de marzo de 1982, el Ejército de

232 - Xamán

Guatemala entrenó a dichas patrullas bajo el control del Ejército. Algunasde las patrullas fueron armadas por el Ejército de Guatemala. Estas patru-llas armadas llevaron a cabo junto a miembros del ejército y bajo sus órde-nes matanzas masivas. Todas estas matanzas tuvieron lugar entre el uno deoctubre de 1981 y el 23 de marzo de 1982, período en el Fernando RomeoLucas García fue presidente de la república y comandante general del ejér-cito. Estas acciones criminales fueron ordenadas y llevadas a cabo por miem-bros del ejército bajo su mando y control.

De conformidad con lo establecido en la denuncia se incluyen los casosilustrativos todos ellos llevados a cabo por miembros del ejercito y fuerzasde seguridad del estado bajo la presidencia y la comandancia general deLucas Garcia y su Alto mando militar.

Desaparición forzada de Patrocinio Menchú Tum de nacionalidadguatemalteca, ocurrida en Chimel, Uspantán el 9 de septiembre de 1979.

Desaparición forzada de Juana Tum Cotoja, guatemalteca, realizada el 19de abril de 1980 en San Miguel Uspantán.

Asesinato del sacerdote español Faustino Villanueva el 10 de junio de 1980en el municipio de Joyabaj del departamento de El Quiché.

Asesinato del sacerdote español José María Gran Cirera el 4 de junio de1980 cercano a la aldea Xeixojbitz del municipio de Chajul de El Quiché.

Asesinato del sacerdote español Juan Alonzo Fernández el 15 de febrero de1981 entre los municipios de Cunén y Uspantan del departamento de El Quiché.

Desaparición forzada del sacerdote Carlos Pérez Alonzo el 2 de agosto de1981 en la ciudad capital de Guatemala.

Hermógenes López Coarchita, sacerdote guatemalteco asesinato el 30 dejunio de 1978 en San José Pinula del Departamento de Guatemala.

Conrado de la Cruz, sacerdote filipino de la congregación inmaculado co-razón de maría, desaparecido el uno de mayo de 1980 junto a su acompa-ñante Herlindo Cifuentes.

Walter Voordeckers, sacerdote belga, asesinado el 12 de mayo de 1980.


El Pastor evangélico de la Esperanza, Santos Jiménez Martínez, asesinadoel 19 de noviembre de 1980.

Carlos Gálvez Galindo, sacerdote guatemalteco, asesinado el 14 de mayode 1981.

Tulio Marcelo Maruzzo, sacerdote italiano, asesinado el uno de julio de1981 junto con el cursillista Luis Abdulio Navarro.

Ángel Martínez Rodrigo, misionero seglar y su colaborador laico el cana-diense Raúl Legar, asesinado el 25 de julio de 1981.

Francis Stanley Rothers, misionero norteamericano, asesinado el 4 de agostode 1981.

John David Troyer, misionero norteamericano, asesinado el 17 de septiem-bre de 1981.

Carlos Morales, sacerdote guatemalteco, asesinato el 20 de enero de 1982.

Sergio Berten, de nacionalidad Belga de la congregación del inmaculadocorazón de maría, desaparecido el 29 de enero de 1982.

James Arnold Miller, religioso norteamericano, asesinado el 13 de febrerode 1982.

Asesinato de D. PEDRO PU CASTRO, D. PEDRO PU GÓMEZ y Dª.ROSARIO PÉREZ CAC, producida el 02.01.82 en el cantón Pamaceba,segundo, en el departamento del Quiché.

En el período en el que los aquí imputados componían el Alto Mando Mili-tar, y de acuerdo con el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histó-rico, se produjeron a su vez las siguientes masacres y como producto de laejecución de los planes y operativos desarrollados, agentes del Ejército deGuatemala y de cuerpos paramilitares bajo control del Estado, dispararon yatacaron con machetes a miembros de los pueblos mayas, además, bom-bardearon comunidades mayas, persiguieron a sus miembros, agredieronsexualmente a las mujeres y provocaron abortos. Los actos ejecutados porlas fuerzas del Estado y bajo control del mismo produjeron:

234 - Xamán

- Muerte de niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres, y ancianosde origen maya, incluidos líderes religiosos y espirituales;

- Heridas en la integridad física y mental de los niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres y ancianos de origen maya sobrevivientes;

- Destrucción de la infraestructura de sobrevivencia de las poblaciones agredidas: iglesias, escuelas, centros de salud, viviendas, cose-chas y animales;

- Destrucción de símbolos culturales y religiosos propios de los mayas;

- Desplazamiento de niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres yancianos a lugares en los que tuvieron que sobrevivir en condicionesinfrahumanas que pudieron provocar su muerte.

El 4 de diciembre de 1981 llegó a Panacal una comunidad maya-achí, mu-nicipio de Rabinal, en el Departamento de Baja Verapaz, un grupo de patru-lleros y comisionados militares que estaban bajo el control del Ejército deGuatemala, procedieron a sacar de sus casas aproximadamente cincuenta yocho hombres, diciendo que los nombres de algunos de ellos aparecieronen un listado. El grupo de patrulleros les llevó caminando hacía la aldeaVegas de Santo Domingo, municipio de Rabinal, donde había un grupo deelementos del Ejército de Guatemala que rodeaban la aldea de Vegas SantoDomingo, donde les dieron muerte.

A principios de enero de 1982, en la aldea de Pichec una comunidad maya-achí, municipio de Rabinal, Departamento de Baja Verapaz, elementos delEjército de Guatemala acompañados por comisionados militares y patrullerosbajo el control del Ejército, convocaron a una reunión de los miembros de laaldea en la escuela, separaron del grupo aproximadamente a treinta y dos per-sonas cuyos nombres supuestamente aparecían en un listado y les dieron muerte.

En los primeros días de enero de 1982 en la aldea de Chichupac una comu-nidad maya-achí, municipio de Rabinal, en el Departamento de Baja Verapazlos miembros de la aldea fueron convocados para una reunión al centro dela aldea por comisionados militares y elementos del Ejército de Guatemala.Dichos elementos seleccionaron con base a un listado aproximadamentetreinta y un hombres y luego les dieron muerte.


El 12 de febrero de 1982, elementos del Ejército de Guatemala llegaron a laaldea Pacoj una comunidad maya-kakchiquel, en el municipio de San Mar-tín Jilotepeque, Departamento de Chimaltenango. Los soldados llegaron atres puntos distintos de la aldea y la rodearon, mataron a cuarenta y ochopersonas.

A mediados de febrero de 1982 en la aldea de Xococ, municipio de Rabinal,en el Departamento de Baja Verapaz, elementos del Ejército y patrullerosllevaron a cabo en dicha aldea, la matanza de setenta y tres miembros de laaldea Río Negro una comunidad maya-achí de dicho municipio que en esemomento se encontraban en Xococ.

En febrero de 1982 elementos del Ejército de Guatemala llegaron a la aldeaSanta María Tzejá, municipio de Ixcán, departamento de El Quiché. Losmiembros de dicha aldea habían huído a sus parcelas después de recibirinformación sobre la destrucción por el Ejército de una aldea cercana. Di-chos elementos empezaron a patrullar y encontraron unos grupos que entotal contenían aproximadamente diecisiete personas maya-quiché. Losmataron usando armas de fuego.

También en febrero de 1982 elementos del Ejército de Guatemala llegarona la aldea Xix una comunidad maya-quiché y maya-ixil, municipio de Chajul,Departamento de Nebaj, mataron aproximadamente veinte personas.

A mediados de marzo de 1982, elementos del Ejército llevaron a cabo lamatanza masiva de vecinos de la aldea de Río Negro una comunidad maya-achí, municipio de Rabinal en el departamento de Baja Verapaz. Ese día,patrulleros de la aldea de Xococ llegaron a la aldea de Río Negro, acompa-ñados por elementos del Ejército de Guatemala. En la aldea se encontrabanmujeres e hijos de los hombres muertos en febrero 1982. Los patrulleros,juntos con elementos del Ejército pasaron por las casas de las aldeas, con-vocando los miembros a una reunión. En la reunión, los soldados del Ejér-cito, junto con los patrulleros de la aldea de Xococ, rodearon al grupo devecinos forzándolos a marchar a otro lugar. Cuando llegaron, los patrulle-ros violaron a las mujeres y finalmente mataron a ciento y siete niños ysetenta mujeres.

El 13 de marzo de 1982, elementos del Ejército de Guatemala entraron aNueva Concepción, aldea de Cuarto Pueblo una comunidad de varios gru-pos mayas, municipio del Ixcán, Departamento de El Quiché. Entre el 13 y

236 - Xamán

el 17 de marzo de 1982, elementos del Ejército de Guatemala mataron en-tre trescientos sesenta y dos y trescientos ochenta y ocho personas en Cuar-to Pueblo. Las matanzas fueron llevadas a cabo usando armas de fuego,machetes y fuego.

A finales de marzo de 1982, cerca de las 5 de la mañana, un grupo de ele-mentos del Ejército de Guatemala junto con patrulleros de la Finca la Perlallegó a la aldea de Ilom una comunidad maya-ixil, municipio de Chajul,departamento de El Quiché, pasaron por las casas de la aldea convocandouna reunión, separaron los hombres de las mujeres, seleccionaron aproxi-madamente a cincuenta y cinco hombres donde un grupo de elementos delEjército de Guatemala les mató con armas de fuego.

Matanza continuada ocurrida en el municipio de San Andrés Sajcabaja, enel departamento del Quiché entre 1981 y 1984, en la iglesia y conventoocupado como destacamento militar

Según la Comisión de Esclarecimiento Histórico, las acciones militaresafectaron en el área ixil al 97.80% al pueblo maya, en el Norte deHuehuetenango al 99.3%, en Rabinal a un 98.8% y en Zacualpa al 98.4%.

En el período durante el cual ejerció el cargo, se cometieron, al menos lasmasacres siguientes:

1. AREA IXIL contra la población maya Ixil.

NEBAJ

LUGAR FECHA VÍCTIMASParramos 81 40Secas 2-81 18Santa María 4-81 11-26Cobob 4-81 70-90Tuchabuc 5-81 31Xeucabitz 9-81 35


CHAJULLUGAR FECHA VÍCTIMASChulutzé 1-81 25Covadonga 3-81 16

COTZALLUGAR FECHA VÍCTIMASAsich 5-81 12San Francisco 5-81 35

DE NEBAJ Y CHAJULLUGAR FECHA VÍCTIMASSacsihuan 2-82 IndeterminadoEstrella Polar Chajul 3-82 96Ilom, Chapul 3-82 85Covadonga 3-82 20-39Chelchajul 3-82 35Amachel, Chajul 3-82 9

VERTICE DE LOS 3 MUNICIPIOSLUGAR FECHA VÍCTIMASPulay, Nebaj 2-82 75-125Pexla, Nebaj 2-82 75-125Xix, Chapul 2-82 8-11Xolcuay, Chajul 2-82 89

2. RABINAL contra la población maya-achí.

LUGAR FECHA VÍCTIMASChuategua 01/08/81 25Rabinal 15/09/81 205Panacal 20/09/81 21Nimacabaj 22/09/81 24Chipuerta 01/12/81 10Panacal 04/12/81 58Rabinal 02/01/82 18

238 - Xamán

Pichec 02/01/82 32 a 100Chichupac 15/01/82 32Xococ 13/02/82 77Río Negro 13/03/82 177

3. ZACUALPA contra la población maya Qíché

LUGAR FECHA VÍCTIMASPotrero Viejo 03/81 8Tzimatzatz 29/07/81 26Zacualpa 08/81 6Chichá 01/08/81 5Chuchucá 05/08/81 7Tunajá 07/10/81 6Zacualpa 1982 200Chuchucá 15/01/82 7

4. NORTE DE HUEHUETENANGO contra la población maya Chujy Qánjobal

LUGAR FECHA VÍCTIMASSan Mateo Ixtatan 31/05/81 35Yoltán 31/05/81 31San Carlos las Brisas 19/07&81 10Coya 28/09/81 19

El desplazamiento forzoso. Además de las acciones descritas, realizadaspor el Ejército de Guatemala junto a las patrullas de autodefensa civil ycomisionados militares, el Alto Mando militar también generó el desplaza-miento masivo de la población civil. Tal desplazamiento fue resultado delas acciones y amenazas descritas anteriormente. Las personas desplaza-das, incluyendo niños, ancianos, mujeres embarazadas y personas heridas,tuvieron que vivir en condiciones de hambre, sin abrigo, expuestos al cli-ma, sin medicamentos o auxilio médico y en temor constante. En muchasocasiones fueron atacadas por el Ejército y las patrullas mientras estaban sedesplazaban, persiguiéndolas para aterrorizarlas y exterminarlas. La granmayoría de las víctimas eran de pertenencia indígena Maya.


Donaldo Álvarez Ruiz fue Ministro de Gobernación desde 1976 bajo lasórdenes del General Laugerud y desde 1978 a las órdenes del general ypresidente de la República Fernando Romeo Lucas García. De conformi-dad con lo establecido en la Constitución Política de la Republica de 1965,como Ministro del Interior Álvarez Ruiz ejercía su mando y control efecti-vo sobre los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, en concretode la Policía Nacional.

El Coronel Germán Chupina Barahona, fue Director General de la PolicíaNacional, entre 1978 y 1982, estando a su cargo los diferentes CuerposPoliciales del Estado.

Pedro García Arredondo, Jefe del Comando 6 entre 1978 a 1982, cuerpo dereacción rápida de la Policía Nacional, creado por el Director de la Policíapara sus servicios como un cuerpo policial con la misma estructura y jerar-quía que el Cuerpo de Detectives, que participaba en operativos combina-dos con otras fuerzas de seguridad del estado y del Ejército,

Miembros de la Policía Nacional bajo el mando y control efectivo de losaquí imputados fueron responsables de entre otros los siguientes hechos:

El día 31 de enero de 1980, en horas de la mañana, junto con miembros delejército y agentes de la policía nacional, rodeó la sede de la Embajada deEspaña, ubicada en novena calle entre séptima y sexta avenida reforma dela zona nueve, Ciudad de Guatemala. Que previamente había sido ocupadade forma no violenta y pacífica por un grupo de campesinos y estudiantes,cuando en la delegación se encontraba el personal de la misma y otros visi-tantes. Cortaron las comunicaciones, penetraron al recinto diplomático porlos jardines, balcones y en el techo donde efectuaron un boquete, hasta quetodos las personas de la delegación se encontraron concentradas en un des-pacho, a excepción del señor Mario Aguirre Godoy que fue detenido. Cuandoestaban las personas en el despacho rompieron la puerta y provocaron unincendio que duró aproximadamente 3 minutos, en el que perecieron porlas quemaduras las personas que ahí estaban concentradas a excepción delsobreviviente Gregorio Yuja y del señor embajador Máximo Cajal y Lópezquien consiguió saltar hasta la puerta y cayó con las ropas incendiadas,saliendo de la delegación diplomática. Momento en que intentaron ejecu-tar al señor Máximo Cajal lo que fue impedido por la señora Odette Arzu,de la Cruz Roja guatemalteca. Durante todo este tiempo hicieron caso omi-so a las peticiones de no ingreso y de retirada de la sede diplomática.

240 - Xamán

Acordonaron el área circundante e impidieron la actuación de la Cruz Rojay de los Bomberos que se encontraban allí, hasta que finalizó el incendio.Los dos sobrevivientes fueron llevados al Hospital Herrera Llerardi, dondeen horas de la madrugada un grupo de policías de paisano entraron y se-cuestraron a Gregorio Yuja, quien apareció posteriormente asesinado consignos de tortura en la Universidad de San Carlos. En 2 de febrero de 1980,se realizó el sepelio de las víctimas para el que montaron un nuevo disposi-tivo de seguridad y ejecutaron a dos estudiantes y secuestraron a otra estu-diante cuyo cuerpo apareció tiempo después.

Como consecuencia de estas acciones murieron, las siguientes personas:

1.Adolfo Molina Orantes2.Gavina Morán Chupe.3. Edgar Rodolfo Negreros Straube.4.Eduardo Cáceres Lenhoff.5.Felipe Antonio García Rac.6.Francisco Chen Tecú.7.Francisco Tun Castro.8.Gaspar Vi Vi.9.Jaime Ruiz del Arbol (ciudadano Español).10. Angel Xoná Gómez.11.Juan José Yos González.12.Juan Chic Hernández.13.Juan López Yac.14.Juan Tomás Lux.15.Juan Us Chic.16.Leopoldo Pineda.17.Luis Antonio Ramírez Paz.18.Luis Felipe Sáenz Martínez (ciudadano Español).19.María Cristina Melgar.20.María Lucrecia Rivas de Anleu.21.María Teresa Vázquez de Villa (ciudadana Española).22.María Pinula Lux.23.María Ramírez Anay.24.María Wilken de Barillas.25.Mateo López de Calvo.26.Mateo Sic Chen.27.Mateo Sis.28.Miriam Judith Rodríguez Urrutia.


29.Nora Adela Mildred Mena Aceituno.30.Regina Pol Cuy.31.Reyno Chiq.32. Salomón Tavico Zapeta.33. Sonia Magaly Welchez Valdés.34. Trinidad Gómez Hernández.35. Vicente Menchú Pérez.36.Victoriano Gómez Zacarías.37- Gregorio Yuja.38.- Gustavo Adolfo Hernandez Gonzales.39.- Jesús Aleberto España Valle.40.- Liliana Negreros.

Asesinato de Dª. ALAIDE FOPPA, perpetrado en Guatemala el 19.12.80.

Desaparición de D. RUBEN AMILCAR FARFÁN, dirigente del movimientoestudiantil que fue detenido y desaparecido en la ciudad de Guatemala el15.05.84, sin que hasta la fecha se haya tenido noticias de él.

Torturas de Dª. ENMA GUADALUPE MOLINA THEISSEN y desapari-ción de su hermano, el menor MARCO ANTONIO MOLINA THEISSENOcurridas en la ciudad de Quetzaltenango y en la ciudad de Guatemala losdías 16 de octubre y 27 de septiembre, respectivamente, de 1981.

Caso Dª. ADRIANA PORTILLO. Desaparición de menores, ocurrida el11.09.81 en la ciudad de Guatemala

Asesinato del dirigente político D. ALBERTO FUENTES MOHR, ocurri-do en la ciudad de Guatemala el 25.01.79.

TERCERO.- General Efraín Ríos Montt. Del 23 de marzo al 8 de junio de1982 ejerció como Presidente de la Junta Militar de Gobierno y Ministro dela Defensa: Según el Decreto Ley 24-82 de fecha 28 de abril de 1982 dero-gó la mencionada Constitución de la República de Guatemala, implantan-do, a partir de esa fecha, "Durante la vigencia de este Estatuto, las palabras"Constitución de la República" o "Constitución", en las leyes vigentes seentenderán substituidas por "Estatuto Fundamental de Gobierno", y las pa-labras "Presidente" y "Congreso de la República", por las de "Junta Militarde Gobierno", en la parte normativa de las indicadas leyes. Que en la pro-

242 - Xamán

clama del Ejército de Guatemala al Pueblo, de fecha veintitrés de marzo delaño en curso, la Junta Militar de Gobierno asumió las funciones Ejecutivasy Legislativas del Estado, habiendo acordado asimismo, emitir el Estatutode Gobierno para normar jurídicamente al país, por lo que es procedenteponer en vigencia y dar a conocer a la Nación, el referido instrumento legal.El Estatuto Fundamental de Gobierno, que en su Capítulo II, artículo 2 y 8,originalmente organizaba la estructura política del Estado guatemalteco sobrela base de una Junta Militar de Gobierno compuesta por un Presidente ydos Vocales, investidos con las prerrogativas del Poder Ejecutivo y Legislati-vo, quedó posteriormente modificado por el Decreto Ley 36-82, de 9 de juniode 1982, el cual confirió al General de Brigada José Efraín Ríos Montt lasfunciones ejecutivas y legislativas del Estado con el carácter de Presidente dela República y Comandante General del Ejército con las facultades, atribucio-nes y preeminencias que el Estatuto Fundamental de Gobierno confería ini-cialmente a la Junta Militar de Gobierno. Del 8 de junio al 31 de agosto ejer-ció como Presidente de la República y Ministro de la Defensa: El Decreto Ley36-82 aclaraba que la expresión "Junta Militar de Gobierno", contenida en elEstatuto Fundamental de Gobierno, se entendería sustituida por la de "Presi-dente de la República", quedando de esta manera investido el General EfraínRíos Montt de las facultades que correspondían al Poder Ejecutivo y Legis-lativo. Así mismo, dicho Decreto Ley establecía que era de competenciadel Presidente de la República cumplir y hacer cumplir el Estatuto de Go-bierno y demás leyes de la Nación, proveer la defensa del territorio nacio-nal y la conservación del orden público. (Del 1 de septiembre de 1982 al 8de agosto de 1983 como Presidente de la República.)

Tras su investidura, en marzo de 1982, los ataques a la población civil enGuatemala pasaron a ser crímenes de mayor intensidad y pasividad dirigi-dos casi en su totalidad contra la población indígena maya.

En Abril de 1982 la Junta Militar de Gobierno suscribió la Instrucción No.0002: el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo que expone los objetivosnacionales en términos militares, administrativos, legales, sociales, econó-micos y políticos. Este Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo identificólas principales áreas de conflicto, entre ellos los Departamentos de El Quiché,Huehuetenango y Chimaltenango. La Junta Militar diseñó y ordenó laimplementación de un plan de campaña militar llamado “Victoria 82”, uti-lizando nuevas definiciones estratégicas dentro del marco de lacontrainsurgencia y los objetivos del Plan Nacional de Seguridad y Desa-rrollo. El plan de campaña se basó en las conclusiones de la alta jerarquía


del Ejército de 1981 y se inició oficialmente el 20 de Abril de 1982.

El comandante general y los altos mandos dieron las órdenes y autorizacio-nes respectivas a los comandantes subordinados bajo su mando dirigiendoestrategias y operaciones a seguir. La Junta Militar de Gobierno y el AltoMando utilizaron unidades tradicionales militares, Fuerzas de Tarea y es-tructuras locales tales como Patrullas de Autodefensa Civil como cuerposencargados de la ejecución de estas estrategias y operaciones.

El poder y el ejército eran inevitablemente expresión y defensa de lo ladinofrente a lo indígena. Esa profunda diferenciación convirtió a los indígenasmayas en el enemigo y el sujeto de resistencia a combatir y destruir.

Tras ocupar su cargo como Ministro de la Defensa el imputado OscarHumberto Mejía Víctores se integró al Alto Mando del Ejército. Conoce-dor y parte integrante de la política y del plan de campaña que estaba ejecu-tándose en ese momento, continuó dentro de esa política de actuación yplan de campaña, planificando, autorizando y emitiendo las órdenes perti-nentes destinadas a la comisión de actos criminales contra la poblacióncivil, en ejecución de tales ordenes. Dicha población civil estaba integradapor miembros del grupo étnico de ascendencia maya.

Casos acaecidos en el período en que tales imputados eran miembros delAlto Mando militar ejerciendo por ello mando y control efectivo sobre losmiembros del ejército responsables por estas acciones criminales:

Desaparición forzada de Víctor Menchú Tum de nacionalidad guatemalteca,desaparecido aproximadamente el 8 de marzo de 1983.

Victoria de la Roca, religiosa guatemalteca, desaparecida el 6 de septiem-bre de 1982, cuando hombres armados entraron en el convento deEsquipulas, Departamento de Chiquimula, la golpearon, provocaron un in-cendio y se la llevaron.

Secuestro y desaparición forzada del sacerdote español, Andrés Ignacio LanzAndueza, el 11 de septiembre de 1982, en la Ciudad de Guatemala, en unavivienda de la Familia Samayoa Morales en la zona 11, donde llegó unoperativo mixto de policías y ejército, que rodearon la vivienda y secues-traron a la totalidad de sus ocupantes, entre los que se encontraba el sacer-dote Andrés Lanz.

244 - Xamán

El gobierno consideró áreas de conflicto aquellas partes del territorio don-de operan los grupos guerrilleros y en donde el Gobierno, en consecuencia,ha considerado necesaria su acción por medio del Ejército regular de laRepública para, por una parte, combatir y exterminar a la guerrilla y, porotra, defender a los habitantes de dichas áreas, brindándoles protección yasistencia mediante la puesta en marcha de diferentes programas, entre ellos,particularmente los programas ´Fusiles y Frijoles´ y denominado de las ´3T´, Techo, Trabajo y Tortilla.

La CEH registró un total de 626 casos de masacres atribuibles al Ejércitode Guatemala, fuerzas de seguridad, o estructuras paramilitares como lasPAC y los comisionados militares, en todo el período del mandato, inclu-yendo cinco sobre población refugiada en territorio mexicano en 1982 y1983. En estas acciones se cometieron el 69% de todas las ejecucionesarbitrarias documentadas por la CEH, así como el 41% de las violacionessexuales y el 45% de tortura. Claramente, las masacres fueron la expresiónmás concentrada de la fuerza represiva del Estado.

En el 63% de las masacres documentadas por la CEH, el Ejército actuósolo, mientras en otro 27% se hizo acompañar en sus operaciones por miem-bros de las PAC o comisionados militares. Un 3% de las masacres fueronatribuibles a miembros de las PAC y un 1% a los comisionados militares,actuando éstos sin la presencia inmediata del Ejército.

El análisis de las violaciones de los derechos humanos registradas por laCEH, permite afirmar que entre 1981-1983 se verificó la etapa más violen-ta del conflicto. En este período ocurrieron el 81% de las violaciones. Sola-mente en 1982 se registra el 48% de todos los casos.

Bajo su mando y control llevaron a cabo las siguientes masacres:

El 16 de abril de 1982, en el Caserío La Plazuela una comunidad maya-Qácquichel, Municipio de San Martín Jilotepeque, Departamento deChimaltenango, llegó un grupo de 30 a 40 soldados, capturando a 6 perso-nas que aún se encontraban en el lugar, obligando a quienes capturó a queles hicieran comida, y al finalizar el día los acribillaron a tiros. Las familiasde La Plazuela, se escondieron en las montañas durante mucho tiempo, hastaque no soportaron más las inclemencias del tiempo, la falta de comida y ropa,regresando a Choatalum, donde el Ejército los capturó, llevándolos al desta-camento del mismo lugar, torturando y matando a muchos de ellos.


El 7 de julio de 1982, el ejército de Guatemala llegó al Caserío Puente Altouna comunidad maya-Qánjobal, Aldea El Quetzal, Municipio de Barillas,Departamento de Huehuetenango. Hombres, mujeres, niñas y niños les es-peraban en la escuela, siguiendo las órdenes dadas por un oficial del ejérci-to el día anterior separaron a los hombres de las mujeres y niños, violaronalgunas mujeres, aproximadamente mataron 360 personas, entre adultos yniños.

El 14 de julio de 1982 el ejército de Guatemala llegó al Caserío de Petanacuna comunidad maya-chuj, Aldea Guaisná, Municipio de San Mateo Ixtatán,Departamento de Huehuetenango, rodeando la Aldea para impedir la salidade sus habitantes. Convocaron a la gente, separando a las mujeres, hombresy niños, asesinaron a 86 personas, 37 eran niñas y niños.

El 17 de julio de 1982 el ejército de Guatemala llegó a la aldea de la FincaSan Francisco una comunidad maya-chuj, Municipio de Nentón, Departa-mento de Huehuetenango, convocó a toda la población a una reunión en elcentro de la aldea, dieron muerte aproximadamente a 350 personas.

El 17 de julio de 1982 el ejército de Guatemala llegó a la comunidad dePlan de Sánchez una comunidad maya-achí, cerraron las entradas y salidasde la misma, concentraron a las personas en la entrada principal. Se dirigie-ron a las casas y sacaron a las personas que se encontraban en ellas. Luegoprocedieron a violar a las mujeres jóvenes entre ellas varias adolescentesentre 14 y 18 años. Terminada la masacre se retiraron de la comunidad eldía 19 de julio. Cuando los Comisionados Militares se enteraron de lo ocu-rrido, por órdenes emanadas del Destacamento Militar de Rabinal, ordena-ron a los vecinos que enterraran los cadáveres, labor que hicieron con ayu-da de los Comisionados Militares de otros lugares y Patrulleros Civiles.Aproximadamente fueron 368 las víctimas, entre ellos hombres, mujeres yniños.

El 29 de julio de 1982 el Ejército Nacional acompañado aproximadamentede 15 Patrulleros de Autodefensa Civil de la Aldea Pacoc y ComisionadosMilitares, entraron al Caserío Rancho Bejuco una comunidad maya-achí,Aldea Pacoc del Municipio de Santa Cruz El Chol, Departamento BajaVerapaz. Fueron 26 personas asesinadas en total, 18 de ellas eran niños.Días después, los militares quemaron casas en la aldea Xesiguán de Rabinal,Baja Verapaz, de donde eran originarias las víctimas y donde algunos deellos tenían familiares.

246 - Xamán

El día 15 de agosto de 1982 el Ejército de Guatemala, llegó a la Aldea deSan Francisco Javier una comunidad maya-ixil, Municipio de Santa MaríaNebaj, Departamento de El Quiché. Los soldados pasaron de casa en casa,asesinando con arma de fuego y con machetes, quemando las viviendas ymatando a todos los animales. Algunas mujeres al parecer fueron violadas.Los soldados provenían de Huehuetenango, acompañados por Patrullerosde Autodefensa Civil de las Majadas. Las víctimas fueron 30 aproximada-mente.

El 9 de septiembre de 1982 un grupo de aproximadamente 150 soldados,acompañados de Patrulleros de Autodefensa Civil llegó a la Aldea de Vibitzuna comunidad maya-ixil, Municipio de Santa María Nebaj, Departamentode El Quiché. Ese día asesinaron aproximadamente a 17 personas.

El día 14 de septiembre de 1982 Patrulleros de Autodefensa Civil de laAldea Xococ de Rabinal, Baja Verapaz, llegaron con el Ejército Nacional yComisionados Militares al Caserío Agua Fría una comunidad maya-achídel Municipio de Chicamán, Departamento El Quiché, donde reunieron atoda la gente de los lugares de Agua Fría y Xococ, entre hombres, mujeresy niños asesinando aproximadamente a 92 personas.

El 22 de septiembre de 1982 en el Caserío Chipastor una comunidad maya-kakquichel, Municipio de San Martín Jilotepeque, Departamento deChimaltenango, un grupo de Patrulleros de Autodefensa Civil reunió a lacomunidad en el campo de fútbol, deteniendo a 5 hombres, a quienes sellevaron a inmediaciones del sitio arqueológico de Mixco Viejo, donde lesdieron muerte con armas de fuego.

El día 13 de octubre de 1982 se hicieron presentes en la aldea Santa AnitaLas Canoas una comunidad maya-kakquichel, Municipio de San MartínJilotepeque, Departamento de Chimaltenango, un número aproximado en-tre 100 y 150 soldados pertenecientes al Ejército de Guatemala, rodearon laaldea e inmediatamente procedieron a reunir a todos los hombres de la comu-nidad, separaron a los jóvenes, ancianos y adultos, a un grupo de aproximada-mente 24 hombres fueron torturados durante la noche. Al día siguiente, el14 del mismo mes, los juntaron otra vez fuera de la Iglesia rodeados por lossoldados, cuando sacaron a 6 hombres y los fusilaron frente a toda la comu-nidad, dejándolos en el mismo lugar y amenazando a la población para queno denunciaran el hecho. Después sacaron a otros 6 hombres, amarrándo-los en los mismos postes que fueron también ejecutados a disparos.


Masacre ocurrida en el parcelamiento de las dos Erres, departamento dePeten, entre el 6 y 8 de diciembre de 1982. Donde un Grupo de elite Kaibilrodeó la comunidad y encerró a sus habitantes en una iglesia y una escuela,violo a mujeres y niñas, procediendo a matar a golpes y disparos a los habi-tantes durante dos días arrojando sus cuerpos en un pozo y en medio delmonte. Posteriormente se arrasó la aldea y nunca mas volvió a ser habitada.

Asimismo, durante ese periodo, según la CEH se concretaron las siguientesmasacres:

Lugar Fecha Víctimas1. Estrella Polar, Chajul 24-3-1982 962. Ilom, Chajul 23-3-1982 853. Covadonga, Chajul 3-1982 20-394. Chel, Chajul 3-1982 955. Amachel, Chajul 3-1982 96. Acul 4-82 206.La Laguna 11-1982 407. Xemal, Chajul 3-1982 11 -188. Cajixaj, Cotzal 4-1982 209. Los Encuentros 14/05/82 9410. Plan de Sánchez 18/07/82 26811. Agua Fría 13/09/82 9712. Vegas de Santo Domingo 25/10/82 513. Vegas de Santo Domingo 11/11/82 10 a 2114. Rabinal 14/11/82 4015. Xococ 26/11/82 916. Chitucan 07/01/83 617. Xeabaj 02/03/83 818. San Antonio Sinaché 16/03/82 108-2019. Arriquín 19/03/82 83-14020. Piedras Blancas 25/04/82 8021. Tunajá 05/05/82 1222. Chuchucá 18/05/82 923. San Antonio Sinaché 18/05/82 4524. Turbalá 18/05/82 925. Chichá 29/05/82 1026. San Antonio Sinaché 30/05/82 3927. Xicalcal 10/07/82 528. Pasojoc 28/1/83 12

248 - Xamán

29. Tunajá 18/02/83 730. Tunajá 25/03/83 531. Barillas 28/07/82 5032. Puente Alto 06/07/82 35033. San Miguel Acatán 12-17/07/82 30-4034. Yolultac 12-17/07/82 0935. San Francisco 12-17/07/82 35036. Xoxlac y Momonlac 22/06/82

22/07/82 8037. Nucá y Cananá 22/06/82

22/07/82 14

Sin perjuicio de las masacres sistematizadas en el párrafo anterior, igual-mente en ese periodo y a manos de miembros del ejército bajo su mando ycontrol efectivo se produjeron los siguientes desplazamientos forzosos:

En cuanto al área de Nebaj, Quiché, debido a la violencia implementada enlas aldeas, los vecinos de Vivitz y San Francisco Javier, estaban desplaza-dos temporalmente en las montañas de alrededor, bajando a sus aldeas sólopara conseguir comida. Sin embargo, después de la masacre del 15 de Agostode 1982 en la aldea San Francisco Javier, los que pudieron abandonarondefinitivamente sus aldeas. De igual manera, después de la masacre del 9de Septiembre de 1982 los vecinos sobrevivientes de la aldea Vibitz huye-ron a las montañas. En las dos aldeas, después de la masacre, el Ejércitoquemó las casas, robó animales y destruyó las cosechas. Las personas quelograron huir tuvieron que vivir en condiciones infrahumanas, no teníancomida, ropa, abrigo o medicinas. Entre hombres , mujeres, niños y ancia-nos, muchos murieron de hambre, frío y enfermedades. Fueron expuestosal clima sin poder protegerse. Permanecieron desplazados entre 4 y 8 años.Por el terror generado de estas y muchas otras masacres cometidos por elEjército en esta región entre marzo y diciembre del año 1982, huyó la ma-yoría de la población civil de los municipios de Nebaj, Cotzal y Chajul, enel Departamento de El Quiché. Estas personas se encontraron expuestas alas mismas condiciones señaladas. El Ejército perseguía a la población quehuía, en 1983, el total estimado de desplazados provenientes de Quiché eramás de veinticuatro mil personas.

En cuanto al Departamento de Huehuetenango, los pocos sobrevivientes dela masacre de San Francisco el día 17 de Julio de 1982 (aproximadamente


15 personas entre un gran numero de niños) huyeron, reuniéndose confor-me avanzaban en el camino para México. No podían llevar nada consigo.Fueron expuestos a fuertes lluvias y frío, sin ropa o abrigo ni medicinas. Elejército estaba rastreando el área; hubo bombardeos y disparos. La noticiade la masacre en San Francisco llegó a toda la región. El terror generadopor esta masacre causó miles de personas desplazadas del norte de dichoDepartamento los cuales se refugiaron en México. Después de la masacreen Petanac el día 14 de Julio de 1982, huyeron los que habían sobrevividohacía México. En el camino comían hierbas y elotes verdes. No podían hacerfuego para cocinar. Algunos murieron ya que no podían comer debido a losefectos físicos sufridos. Sufrieron el frío y la lluvia. Se estima que en 1983hubo casi veintitrés mil personas de Huehuetenango desplazadas o en refugioa causa de las masacres que cometió el ejército en el norte de dicho Departa-mento. De estos, se estima que cerca de nueve mil personas huyeron hacíaMéxico, entre julio y agosto de 1982, abandonando sus aldeas.

En el Departamento de Chimaltenango, después de la masacre del 15 deabril de 1982 en la aldea La Plazuela, el Ejército permaneció en la comuni-dad aproximadamente siete meses. En ese periodo mató y robó animales.Los vecinos sobrevivientes huyeron al monte pero por las condiciones aque fueron expuestos se entregaron al destacamento en Choatalún aproxi-madamente el 7 de octubre de 1982, donde se quedaron unos 15 días juntocon cientos de personas que habían huido de varias comunidades indígenasy que el Ejército había concentrado en un campamento. En cuanto a lamasacre en la aldea de Chipastor el 22 de Septiembre de 1982, los sobrevi-vientes tuvieron que abandonar la aldea. En la aldea de Santa Anita lasCanoas, el día 14 de octubre de 1982 el Ejército saqueó las casas de losvecinos, destruyendo tres de ellas, destruyó y quemó las cosechas, árbolesfrutales y milpa, dejando a los vecinos con poca cosa.

En el Departamento de Baja Verapaz, los sobrevivientes de la masacre enPlan de Sánchez se refugiaron en las montañas cercanas y en otros lugaresincluyendo El Chol y San Gabriel. Sufrieron de hambre, frío y enfermeda-des, especialmente los niños. La aldea de Agua Fría que fue arrasada des-pués de la masacre, en la aldea Rancho Bejuco quemaron las casas, se lle-varon los animales y destruyeron sus bienes. Los vecinos que sobrevivie-ron huyeron permaneciendo en condiciones inhumanas. Los vecinos deRancho Bejuco que fueron a las montañas cercanas tuvieron que dividirseen grupos pequeños por miedo a ser encontrados por el Ejército y sermasacrados. No tenían comida y no podían cocinar. Comían masa de maíz

250 - Xamán

cruda y hierbas crudas. Algunos murieron de hambre. El Ejército y Patrullasde Autodefensa Civil les persiguieron, algunos fueron desaparecidos y otrosfueron llevados a la colonia militar en Chichupac donde fueron abusados porsoldados y muchas mujeres violadas. Algunos llegaron a la Costa Sur dondevivían bajo nylon por no tener casas. Debido a estas y otras masacres en laregión, la población huyó a las montañas cercanas para salvar sus vidas. Sinembargo, los miembros de esta población huyeron en forma desordenada yaterrorizada. Tenían miedo de bajar a las aldeas o poner fuego para cocinar ytal vez encontrar la misma suerte de sus familiares y vecinos masacrados. Notenían ropa y fueron expuestos al clima. Los primeros en morir fueron losniños y ancianos, por hambre y enfermedades. El Ejército y las Patrullas deAutodefensa civil perseguían a esta población desplazada atacándola, in-cluso bombardeándola desde helicópteros. Los que no se refugiaron en lasmontañas se desplazaron a la capital, a la Costa Sur y otros lugares.

En el período en que todos los hechos relatados mas arriba tuvieron lugar,el general Efraín Ríos Montt era presidente de la nación y ComandanteGeneral del ejercito de Guatemala. Durante ese mismo periodo, HumbertoMejia Víctores ejercido como Ministro de defensa. Ambos imputados eranmiembros del Alto Mando Militar de la nación. Como miembros del AltoMando Militar, Efraín Ríos Montt, y Humberto Mejia Víctores, tenían au-toridad de jure (legal) y de facto (de hecho) sobre todos sus subordinados.Por su posición de mando, supieron o debían haber sabido que los actoscriminales perpetrados y antes resumidos, por hombres bajo su mando seestaban llevando a cabo y sin embargo no hicieron nada para evitar que secometieran o para prevenir su comisión. Dichos hechos criminales nuncafueron investigados bajo su mando ni los miembros del ejército directa-mente responsables de la comisión de los mismos castigados.

Del 8 de agosto de 1983 al 14 de enero de 1986 como producto de un golpede estado, fungió como Presidente de la República el general OscarHumberto Mejia Víctores. De acuerdo al Decreto Ley 87-83. Asumiendofunciones ejecutivas y Legislativas del Estado, con el carácter de jefe deEstado y comandante general del ejército, ejerciendo simultáneamente elcargo de Ministro de la Defensa Nacional. En su calidad de Vice- Ministrode la Defensa Nacional las masacres contenidas en el Cuadro, son aplica-bles al General Mejía Víctores. Posteriormente como Presidente de la Re-pública autorizó el marco de lucha contrainsurgente, como política nacio-nal (ámbitos político, económico, psicosocial y militar) las masacres:


Lugar Fecha Víctimas1. Xeuvicalvitz, Nebaj 29/5/84 252. Pacoc 10/4/84 7

FUNDAMENTOS DE DERECHO

ÚNICO.- Teniendo en cuenta el resultado de la comisión rogatoria a Guate-mala, librada hace ya tiempo, y cuyo resultado ha sido inoperante, detec-tándose, como señala el Ministerio Fiscal, una clara, constante y voluntariafalta de cooperación con la autoridad judicial española en la investigaciónde los hechos denunciados, lo que ha impedido el fin lógico de esta comi-sión rogatoria, a saber, la declaración de imputados y testigos para garantíajurídica de los primeros y satisfacción de los legítimos intereses de los se-gundos. Efectivamente, en palabras del Ministerio Fiscal, con su actitudobstruccionista, han bloqueado de hecho (y en el fondo de derecho) no solosus declaraciones, sino también la de los testigos que se habían propuesto;la cascada constante y continua de recursos, evitando el lógico actuar delórgano judicial (por cuanto cada resolución dictada era y es objeto de im-pugnación varía por parte de los imputados, y la resolución de la impugna-ción es a su vez recurrida) no solo ha impedido que conocieran la imputa-ción, si no también que los testigos propuestos pudiesen contar al instructorsu verdad sobre lo en realidad acontecido, logrando de esta manera versatisfecho su legítimo interés de acceso a la justicia. Esta obstrucción cons-tante y pertinaz, que lleva como corolario el ponerse a seguro de la acciónde la justicia española, cuya jurisdicción no solo se ve reconocida por nues-tro ordenamiento jurídico (así la LOPJ en el artículo 23.4 y 23.5 y la sen-tencia que sobre este asunto ha dictado nuestro TRIBUNAL CONSTITU-CIONAL -sentencia 237/2005, de 26 de septiembre de 2005 dictada en losrecursos de amparo 1744-2003, 1755-2003 y 1773-2003 (acumulados)), sino también por el ordenamiento jurídico internacional (Convención contrala tortura, Convenio europeo de derechos humanos-art. 14-, Pacto interna-cional de derechos civiles y políticos-art.26-, Declaración universal de de-rechos humanos, Convenio para la reprensión del genocidio –art.6-, Esta-tuto de la Corte Penal Internacional –art.17-, Estatuto de Roma –art.11-,Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos odegradantes –art.1-; convenio europeo para la reprensión del terrorismo),que en modo alguno está dispuesto a permitir la violación de derechos, se

252 - Xamán

produzca ésta al amparo de la soberanía nacional, como al rebufo de unaactuación pretendidamente de orden internacional, si no también por el or-denamiento guatemalteco, que reconoció la jurisdicción española desde elpunto y hora en que se permitió llevar a cabo la mencionada comisión,como no podía ser de otra manera, dado el hecho de que la República deGuatemala es firmante de los pactos internacionales de protección de dere-chos individuales y colectivos. No puede olvidarse en este punto que laconcepción en la protección jurídica de los derechos humanos a nivel inter-nacional ha pasado desde considerarlo como un hecho vinculado a la sobe-ranía nacional y por tanto defendible solo en el estrecho marco de los Esta-dos (estando por tanto al arbitrio del que en ese momento detente el poder)a entender que los mismos son un patrimonio inseparable del ser y la razahumana, base por tanto de la paz internacional y del entendimiento entrelos pueblos (más allá de sus diferencias culturales y políticas) por cuantolos mismos devienen en el mínimo común denominador de la raza humana,de tal manera que su violación se convierte en delictiva independientemen-te del lugar de su comisión, convirtiéndose, por tanto, la Comunidad inter-nacional (como conjunto de Estados) en su garante, no debiendo ésta per-manecer impasible ante sucesos de esta naturaleza, y adoptando, en conse-cuencia, las oportunas decisiones tendentes a evitar la impunidad de losautores de los hechos delictivos, sin perjuicio de las actuaciones que, segúnlas leyes y Tratados, correspondan a cada Estado en particular.

En el actual estado del procedimiento y vista la actitud obstruccionista delos imputados y considerando que concurren fundados indicios de la comi-sión de sendos delitos de genocidio, terrorismo, torturas, asesinato y de-tención ilegal de los que serían autores las personas imputadas, se hacenecesario que el órgano judicial adopte una serie de medidas cautelarespara evitar que los citados campen por sus respetos burlando la jurisdicciónespañola, evitando su aquietamiento a la misma. Por ello, atendiendo a lagravedad de los hechos objeto de imputación, en las personas de JOSÉEFRAÍN RÍOS MONTT, OSCAR HUMBERTO MEJÍA VÍCTORES,ÁNGEL ANIBAL GUEVARA RODRÍGUEZ (, GERMAN CHUPINABARAHONA, PEDRO GARCÍA ARREDONDO, BENEDICTO LUCASGARCÍA, DONALDO ÁLVAREZ RUIZ y FERNANDO ROMEO LUCASy en aplicación de los arts. 503, 539 y concordantes de la LECrim, procedeacordar la prisión provisional de los mismos. Los indicios racionales decriminalidad en su persona se sustentan en los Hechos de esta resolucióncon la razonabilidad de la imputación materializada en las distintas denun-cias y querellas, y los informes formalizados por la Comisión para el Escla-


recimiento Histórico (CEH), Informe sobre la Recuperación de la MemoriaHistórica ( REMHI), etc..La proporcionalidad de la prisión provisional de-riva no sólo de la gravedad de los hechos, así como de la pena a ellos apa-rejada, a cada uno de los delitos se le asigna una pena de hasta 20 años deprisión, así como de la propia conducta por ellos manifestada. Indicar, deotro lado, cómo los citados delitos no se encuentran prescritos.

Así, y como señala el Ministerio Fiscal, se hace necesario adoptar, ademásde la prisión provisional, las siguientes medidas de conformidad la artículo764 de la LECrim. : decretar el embargo de todos los bienes de los que losmismos sean titulares, bien total como parcialmente, bien directamente comoa través de testaferros o terceras personas, a los efectos de garantizar lasresponsabilidades pecuniarias y civiles correspondientes y bloqueo de lascuentas bancarias de las que los encausados sean titulares, bien total comoparcialmente.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

DISPONGO:

Que en razón al expuesto previamente formulado, debía de acordar y acor-daba la PRISIÓN PROVISIONAL COMUNICADA Y SIN FIANZA DEJOSÉ EFRAÍN RÍOS MONTT, OSCAR HUMBERTO MEJÍA VÍCTORES,ÁNGEL ANIBAL GUEVARA RODRÍGUEZ, GERMAN CHUPINABARAHONA, PEDRO GARCÍA ARREDONDO, BENEDICTO LUCASGARCÍA, DONALDO ÁLVAREZ RUIZ y FERNANDO ROMEO LUCASa quienes se imputa la comisión de los delitos de genocidio, torturas, terro-rismo, detenciones ilegales. a los efectos de su detención y extradición anuestro país, para lo cual deberán librarse las oportunas Ordenes naciona-les e internacionales de busca y captura de los citados, para que sean apre-hendidos y puestos a disposición de la autoridad judicial española a fin yefecto de responder de los delitos que se les imputan.

Líbrese ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA, con efectosde ORDEN INTERNACIONAL DE DETENCIÓN.

Se decreta el embargo de todos los bienes de los que los mismos sean titu-lares, bien total como parcialmente, bien directamente como a través de

254 - Xamán

testaferros o terceras personas, a los efectos de garantizar las responsabili-dades pecuniarias y civiles correspondientes y bloqueo de las cuentas banca-rias de las que los encausados sean titulares, bien total como parcialmente.

Para llevar a cabo las medidas citadas, expídanse las oportunas órdenes alos órganos correspondientes (INTERPOL, Europol, etc., así como a losorganismos reguladores de las actividades económicas, tanto a nivel nacio-nal como internacional) a fin de llevarlas a efecto de manera efectiva.

Contra esta resolución cabe interpones, en términos del art. 766 de la Leyde Enjuiciamiento Criminal, recurso de reforma y/o apelación, el primeroen el plazo de tres días, y el segundo en el de cinco, ninguno de ellos concarácter suspensivo.

Así por este auto, lo acuerda, manda y firma don Santiago Pedraz Gómez,Magistrado del Juzgado Central de Instrucción n 1 de la Audiencia Nacio-nal; doy fe.

Libro xaman 1 255 cast ok

Documents

justicia en

los militares en guatemala

justicia y

en chimel

encontrados en

dilogo en

en septiembre

violencia y miseria