Libro ideas libres sobre el desarrollo y la socioeconomia

IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía

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Antonio Márquez S.

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IDEAS LIBRES Sobre el Desarrollo y la Socioeconomía Autor: Antonio Márquez S.Writing: 2011Edition Copyright 2011: Antonio Márquez S.Dirección General y Diseño de Portada: Cesar Leo Marcus

Windmills International Editions [email protected]

ISBN 978-1-105-27002-4

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IDEAS LIBRES SOBRE EL DESARROLLO

Y LA SOCIOECONOMÍA

Venezuela

y los nuevos paradigmas

del ciudadano del siglo XXI

Antonio Márquez S.

Windmills International Editions Inc.California - USA – 2012

Antonio Márquez S.

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A mis hijas, Alejandra, Valentina y CamilaA mis hijos Eduardo y Fernando;

A mi nieta Valeria,Juntos han arraigado más en mí, los

infinitos valores del amor y la lucha porla vida que en esencia continúa por ustedes.

A Clory mi esposa, tenaz, solidaria e invariableen su amor de colores tan original, cruzado a

mis nervios y nucleado como el acero almás recóndito lugar de mi corazón.

A Josefa y Antonio, mis amados padres quienesen vida tuvieron un constante y desinteresadoempeño por mi realización como hombre útil.

A mis padres de hoy,María del Buono y Mario Maiuri

A Jesusita, CristóbalA mis hermanos y al resto de misfamiliares idos en su hora hacia el

valle eterno de las flores y el silencio.

A los compañeros prisionerosPolíticos y presos comunes del Sebin,quienes irreductibles esperan su hora

de justicia y libertad.

Antonio Márquez S.

Antonio Márquez S.

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Antonio Márquez Sánchez, es venezolano nacido en Cantaura, Edo.

Anzoátegui, es Economista, egresado de la Universidad Central de

Venezuela en 1973 con post-grado en Economía y Finanzas de Iowa State

University USA (1976-1978).

Ha asistido a diversos cursos y seminarios nacionales e

internacionales sobre economía, en organismos como Cendes (UCV), IESA;

Banco Mundial; Bndes de Brasil e Instituto Iberoamericano de Mercado de

Valores y a Cuba, Chile, Colombia y Rusia en Foros sobre Auditoria,

Control y Regulación financiera.

Ha publicado diversos artículos en la prensa nacional desde hace 30

años sobre diferentes tópicos del área de economía, agricultura, planificación

industrial y finanzas y es autor de varias obras:

Una Exploración en la Naturaleza y Características del Proceso de

Distribución del Ingreso en Venezuela (tesis inédita de post-grado 1978)

Pensares y Escritos de la Socioeconomía Venezolana (2010)

Desarrollo Socioeconómico Productivo (inédito)

Poesía de Morral (2011).

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Ha ejercido los cargos de Director de Ingresos y Egresos Fiscales en

la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda y fue Gerente de análisis de

operaciones del Banco Interamericano de Ahorro y Préstamo (BIAPE).

Ha sido Director General de Planificación del Ministerio de

Desarrollo Urbano (MINDUR) y es fundador de Econométrica (1986),

empresa consultora de proyectos agrícolas e industriales.

Fue Gerente General del Fondo de Crédito Agropecuario (FCA),

institución adscrita al Ministerio de Agricultura y Cría.

Ha ejercido también los cargos de Contralor por concurso del

Ministerio de Salud y luego se desempeñó como Auditor Interno del Banco

de Desarrollo Económico y Social (BANDES) durante seis años.

Fue Presidente de la Comisión Nacional de Valores, órgano

regulador del mercado de capitales de Venezuela, el cual es un organismo

adscrito al Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas.


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PREÁMBULO

Este es un libro escrito desde la cárcel de la policía política del

gobierno del presidente Hugo Chávez, donde permanezco recluido desde el

año 2009 sin que se me haya celebrado juicio alguno en Tribunales,

violándose mis derechos constitucionales al privarme de libertad por tanto

tiempo siendo inocente y desdeñando mi derecho a la libertad condicional

bajo la presunción de inocencia que establece taxativamente la ley. Mi

condición se adhiere a la calificación de preso político, dado que no existe

sostén jurídico en las imputaciones que, sin soporte investigativo alguno,

hizo, dentro de un montaje judicial, la Fiscalía General de la República de

Venezuela. La iniciativa provino del gobierno financiero de la época para

oscurecer fallas graves de control y supervisión bancaria del órgano

regulador, imbricado éste en juegos de intereses económicos y centrífugas

financieras reñidas con la ética de la administración pública. El descontrol en

la supervisión bancaria dio pie a que se declarara una supuesta “mini-crisis”

que sólo afectó –no casualmente por cierto- a 11 pequeños bancos donde

predominaban los depósitos del sector oficial. La “minicrisis” derivó en un

proceso de intervenciones bancarias, que culminó con la decisión política de

liquidar esos bancos y aumentar el espacio financiero de la banca del Estado,

que era la línea general pre-concebida por el Ministro de Planificación. Esa

decisión se amparó en incriminaciones inescrupulosas por razones políticas

en muchos casos, hacia personas y funcionarios del sector bursátil sin

relación alguna con la dinámica de la gestión bancaria, pero que

representaban una importante “prueba” fabricada de que estábamos en

presencia de una “crisis” que exigía tomar control de los bancos, así como

castigos ejemplarizantes y condenas carcelarias. Y así le fue prolijamente

Antonio Márquez S.

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presentada como “la solución” ante el presidente de la República Hugo

Chávez.

En rumbo hacia los tres años de reclusión forzada que han

transcurrido, no ha habido forma ni manera de que mis derechos, de acuerdo

a lo establecido en la Constitución Nacional, hayan sido respetados. En

consecuencia, sigo secuestrado en prisión, mientras los órganos del poder

público nacional se solazan en su desidia y en su obra, aun inconclusa en

tanto planifican el golpe final a través de una condena fabricada que exculpe

a los verdaderos responsables de crímenes financieros contra la sociedad y

permita al gobierno acudir al proceso electoral del 2012 presentando como

“trofeos convincentes” del “acierto” de sus políticas, las cabezas inocentes

de los inculpados víctimas del montaje judicial como es mi caso y el de otros.

Esta distorsión con saña del curso normal de lo que antes constituía

mi vida profesional como Economista y de mi entorno familiar, junto a mis

otros desempeños como ser social con derechos y responsabilidades, no

ocurre de manera fortuita o casual. Todo se concatena en una acción

solapada, coordinada desde la alta dirección del órgano nacional de

regulación bancaria, al cual le hizo crisis en 2009 la supervisión y el control

que ejercía sobre el universo de pequeños bancos nacionales. Estos jerarcas,

actuando en contubernio de sevicia con el gobierno financiero y funcionarios

de la Fiscalía General de la República asociados en complot, fraguaron un

tinglado de culpas que con astucia las supieron achacar hacia otros órganos

del sector financiero como lo era el regulador del mercado de capitales o

Comisión Nacional de Valores (CNV) de la cual era yo su presidente.

En el tiempo transcurrido desde esta prisión no ha resplandecido la

justicia y los verdaderos culpables siguen libres en la calle, integrados a su

red operativa de manipulación del control de la institucionalidad en función

de sus más oscuros intereses ligados a una vida particular “feliz” y segura

para ellos. Desde esta óptica se facilita colegir que, está privando en el país


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un ánimo transgresor infesto, el cual choca flagrantemente con los principios

y valores propios de la democracia que como sistema socio político acogimos

desde hace cincuenta años.

Es precisamente en la refundación de estos valores y en el

cuestionamiento al estado general de cosas que lesionan el patrimonio y

oscurecen el futuro del país en lo que la cárcel ha significado un tiempo útil,

aprovechado para pensar en contribuciones desinteresadas que desde mi

óptica como profesional de la economía, pueda yo legar al país y su gente.

De manera que, con propiedad puedo decir, que si de algo sirven las

ergástulas de la cárcel, es para templar los nervios y fortalecer los principios

en los hombres que son inocentes. Pero también para proseguir la lucha sin la

bulla, por la conquista socioeconómica real de la democracia y sus valores;

por el trabajo suficiente y digno; por la familia estructurada; por los derechos

humanos, la disidencia y la libertad.

Sirve también la cárcel para entender mejor el amor humano,

complejo y misterioso pero oportuno, vigoroso y capaz de iluminar como un

haz la materia oscura de la cual también se compone la vida.

Sirve asimismo esta aciaga circunstancia para dibujar con serenidad

obligada el país que queremos y sus contornos más decisivos, ponderando en

toda su relevancia la importancia del factor social imbricado estrechamente al

proceso de producción y al disfrute de la técnica y la ciencia misma como

indicadores milenarios de progreso y bienestar.

Hoy por hoy en Venezuela está planteado un rescate urgente de la

institucionalidad democrática. El sistema socioeconómico y político ha sido

desestructurado mediante la imposición al país de un falso dilema,

extemporáneo y fundamentalmente dirigista, entre el Estado, supuestamente

benefactor pero realmente transgresor y dueño progresivo de todos los

recursos económicos, financieros, tecnológicos, productivos, mediáticos, etc.,

versus las fuerzas productivas privadas, los ciudadanos organizados, los

Antonio Márquez S.

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partidos políticos, las academias, los trabajadores, los militares

institucionalistas, los estudiantes, los profesionales y la disidencia en general

de las mayorías ciudadanas.

Estamos a favor de la inclusión social como fin y como medio del

proceso del desarrollo económico que tiene lugar dentro del orden jurídico de

la democracia. La sociopolítica mundial está hoy inmersa en un gran vórtice

de cambios, donde el problema de la distribución del ingreso y la lucha por el

excedente económico siguen siendo el águjero negro´ de los nacionalismos y

la globalización.

Las necesidades de transformación en lo social, jurídico, económico,

político y cultural son ya convicciones que han calado hondo en la conciencia

ciudadana. Ahora sin embargo, no se trata de resplandecimientos teóricos

puestos en sintaxis epistemológica para éntender´ curiosidades intelectuales

de la sociología moderna. Ahora se trata verdaderamente de entender la

época de las crisis y su larga onda sistémica así como su impacto sobre la

trascendencia real de grupos humanos del planeta.

Y es precisamente ahora, cuando la condición socioeconómica de los

ciudadanos; su calidad, su nivel y su cobertura, marcan la pauta y la urgencia

de hacer para transformar la realidad, aprovechando sus recursos hasta

realzar una condición de país realmente soberana, desarrollado en sus

potencialidades y democráticamente sustentable sobre todo.

Venezuela hoy ha tomado conciencia del grave riesgo que para el

desarrollo humano representan los modelos sociopolíticos de concepción

totalitaria, los cuales, bajo una pretendida estrategia revolucionaria, fabrican

un tinglado de privilegios y burladeros que luego se erigen justamente en la

antípoda de los cambios. En el país, y en general en el mundo, se han

desatado las corrientes de acción y pensamiento que insurgen de manera

audáz contra viejos paradigmas que antes inspiraban las luchas por el cambio

social y que hoy han devenido en adefesios nepóticos indignos hasta de la


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propia historia. La historia y la práctica de vida, cotejada en el baremo que es

hoy la condición socioeconómica de las mayorías ciudadanas, no deja lugar a

conclusiones diferentes respecto a la necesidad de transformar la realidad,

mejorando la institucionalidad hasta hacerla de dominio público general y

expansivo. Ello implica, esencialmente, fortalecer el sistema de democracia

participativa a través de una institucionalidad fluida y eficiente que logre

concretar los objetivos y las metas del desarrollo social y económico; pero,

que también logre blindar la propia sostenibilidad de la democracia mediante

el establecimiento de límites y normas a factores de orden principalmente

económico y político que pudiesen amenazar su permanencia y autenticidad.

El ejercicio de la democracia, basado en la división de los poderes

del Estado, respetando la autonomía en la práctica de sus respectivas

competencias, es el requisito básico y fundamental por excelencia el cual

garantiza las mejoras de la condición socioeconómica de los ciudadanos. Se

logra por esta vía, un curso cierto hacia el desarrollo social y el cambio sin el

costo épico, innecesario por demás, que implica desnaturalizar la instintiva

propensión humana hacia la libertad, la solidaridad, la creatividad, la

prosperidad, las mejoras en las condiciones de existencia material, el

desarrollo cultural y la espiritualidad. Y se logra también, con el avance real

y significativo en estas conquistas, contener las posibles amenazas, a veces

invisibles pero actuantes de los factores entrópicos que siempre están

presentes en todo sistema.

Hacia estas urgencias del que hacer, ante la realidad socioeconómica

de Venezuela, se orientan principalmente los propósitos contributivos del

escrito que se presenta. La inclusión social de las mayorías ciudadanas es

considerada aquí como el problema básico de fondo a resolver, en alguna

medida acreciente. En esencia se trata de la vieja problemática del desarrollo

productivo con equidad en la distribución del ingreso. El progreso general del

mundo sigue mostrando gigantescas asimetrías que no logran ser subsanadas

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por los adelantos tecnológicos, la rentabilidad de las inversiones y la mayor o

menor eficiencia burocrática que puedan mostrar los gobiernos en su gestión.

Persisten dos dinámicas con velocidades diferentes en el mundo de la

economía real y en el financiero; pero hay un solo resultado: la crisis y el

consecuente deterioro de las condiciones materiales de existencia de la

población. La filosofía y los parámetros convencionales, así como los

conceptos y la propia institucionalidad inmersa en los procesos de gestión del

Estado y del mundo global de la economía y las finanzas, se hallan hoy bajo

fuertes cuestionamientos y debates. En el fondo sin embargo, subyace la

histórica e insustituible demanda del componente social que representan las

mayorías populares y la necesidad de su empoderamiento real, dentro de las

normativas del marco institucional democrático, para acceder de forma viable

a esa pieza angular que es la equidad, como única garantía firme de un

desarrollo sociopolítico y productivo, suficientemente integral y sustentable.


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ÍNDICE

INTRODUCCIONPag. 17

I.Las Nuevas Realidades del siglo XXI

y el Sentido de los CambiosPag. 23

II.Morfología y Desempeños de la

Socioeconomía VenezolanaPag. 33

III.Hacia una Política Económica Integral

Pag. 59

IV.La Constitución Nacional como

Marco Fundacional del DesarrolloPag. 81

V.Economía, Desarrollo Institucional

y GobernabilidadPag. 105

VI.Consideraciones finales

Pag. 137

Citas Pag.149

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INTRODUCCIÓN

Democracia, socioeconomía y desarrollo son hoy día conceptos

inextricablemente unidos, no solo por la densidad especifica de los

principios y valores que encierran sus contenidos para la sustentabilidad del

mundo en sociedad, sino porque juntos conforman un núcleo de procesos

cuyo genuino desenvolvimiento asegura la producción suficiente de riqueza y

su distribución equitativa en un clima de libertades individuales, de

participación ciudadana y de reconocimiento pleno de los derechos humanos

y la división de los poderes en el ejercicio de las competencias del Estado.

Las nuevas realidades del siglo XXI, han determinado a su vez, un

nuevo perfil al sentido de los cambios y nuevos paradigmas emergen

amparados en una conciencia sistémica más crítica sobre el Estado y la

política, las crisis financieras, la democracia real, la equidad y las

condiciones de vida de los ciudadanos.

Después de la estruendosa caída del modelo estatista soviético hacia

finales del siglo pasado y la crisis financiera desatada desde el 2008 en USA

con la “burbuja hipotecaria”, los cuales representan los detonantes de mayor

impacto entre los fenómenos sociopolíticos y económicos ocurridos en el

pasado reciente desde hace cuatro lustros, el mundo global aun se debate en

las contradicciones propias que desde siempre ha generado la lucha por el

excedente económico y su distribución.

Hoy, la importancia de ´lo social´ ha trascendido los límites ya

estrechos, de la academia, del convencional lobby político y del

economicismo, en un contexto donde hasta los propios árbitros de evaluación

se han vuelto tradicionales y ya expresan su agotamiento a la hora de aportar

soluciones efectivas al viejo problema de la distribución de la riqueza, a los

limites al poder del Estado y a la inclusión social verdadera.

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Ahora la practica social, como proceso concatenado en todo lo que

atañe a la vida, es quien emite las señales hacia donde hay que dirigir el

sentido de los cambios y acerca de la naturaleza y las características de la

institucionalidad necesaria para garantizar el desarrollo sistémico de la

democracia y la consolidación de las condiciones socioeconómicas

indicativas de la calidad de vida de los ciudadanos.

USA y la Unión Europea de países, siguen sin superar los escollos de

la crisis financiera que se inició hace cuatro años y que se propagó a todo el

sistema capitalista del mundo desarrollado del G-8 y está latente la amenaza

futura de que se extienda al grupo de países emergentes del Bric´s y otros de

menor relevancia, como influjos propios de la escena económica global.-

El cuadro de problemas económicos, financieros y fiscales se

presenta con cierta uniformidad cuando se observa el desempeño de algunos

indicadores en países como Grecia, Irlanda y Portugal, con tendencia al

contagio en economías como la italiana y española.

En el contexto de la Eurozona , los problemas, a grandes rasgos,

podrían resumirse en los siguientes:

- Rigideces en el funcionamiento de las economías de

mercado, merma de competitividad externa y aumento del desempleo.

- Presencia operativa interna de economías paralelas ó

sumergidas, cuyo funcionamiento informal alienta la evasión de impuestos y

deprime los ingresos fiscales.

- Merma en la confiabilidad de las cuentas públicas por la

expansión de las alteraciones contables en el sector privado, afectándose la

transparencia en la gestión.

- Rebasamiento de los pactos de estabilidad en la gestión de

los gobiernos medidos por el techo del 60% en la relación deuda / PIB.

- La experiencia derivada de los planes de rescates y

salvatages en los casos más críticos de países en general ha tomado un


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tiempo más largo que el previsto y persisten las amenazas de contagio

progresivo que amenaza a todo el sistema financiero de la Unión.

- Los beneficios derivados de la política del Welfare State

hacia los ciudadanos, se ven seriamente afectados por los cortes

presupuestarios para salud, educación, pensión de vejez, paro forzoso, etc.,

ocasionando con ello la fermentación de las protestas públicas generales para

preservar calidad de vida e ingreso real y consumo.

En USA la situación general no parece ser particularmente diferente,

por cuanto la economía muestra un desempeño de poco vigor en el

crecimiento del PIB, con un desempleo superior al 9% y bajos índices en la

construcción y venta de viviendas nuevas y usadas; junto con el cierre de

empresas pequeñas y un movimiento altamente errático en el mundo

financiero de los bancos y el sector bursátil.

A esta critica panorámica de la economía real norteamericana se

agrega la grave situación financiera y fiscal generada por el extremado

endeudamiento del gobierno el cual ya alcanzó una relación de más del 94%

del PIB, lo cual obliga a que se desmejore aun más el cuadro social, por los

recortes presupuestarios que lo afectan y que luce como la vía más

pragmática para lograr cierto ordenamiento fiscal.

En los países de Latinoamérica, el comportamiento económico y

social muestra un contexto diferenciado de acuerdo a los factores políticos

que desde diversas posiciones y convergencias operan en la región.

Por un lado está, el bloque de países del Alba, liderados por Cuba y

Venezuela, junto a Nicaragua, Ecuador y Bolivia, los cuales enfatizan una

línea de desarrollo en la onda de la estatización progresiva de los sectores

claves de la economía (agro, producción de las industrias grandes y

medianas, sector financiero y servicios), junto a reformas constitucionales

que tocan principalmente a las funciones del Poder Legislativo, el Poder

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Judicial y el Poder Electoral hasta alinearlos con el modelo de supra Estado

que se proyecta desde el Poder Ejecutivo y los partidos políticos de apoyo.

Por otro lado está el conjunto de países de desempeño independiente

que han logrado en el marco de la región celebrar convenios de

comercialización, uniones, pactos y tratados entre algunos de ellos y con

otras zonas del mundo. Estos se desenvuelven básicamente dentro de una

política económica mixta de desarrollo, donde el Estado y el mercado operan

de forma concertada para apuntalar el desarrollo endógeno, la diversificación

y el fomento de las exportaciones.

En el caso particular de Venezuela, las condiciones objetivas que

existen en el país, no permiten un clima de normalidad y ello se expresa en lo

económico, social, político, judicial e incluso en lo cultural. El discurso

político predominante en el gobierno no logra enlazar el planteamiento que

constituye el orden jurídico de la Constitución Nacional con la vida practica

en que se desenvuelven los ciudadanos. Bien por el contrario, ese discurso,

puesto en acción, ha logrado escindir las fuerzas productivas del país al

particionar el aparato productivo Nacional, despojar a los ciudadanos de los

derechos económicos que tienen a la libre asociación para dedicarse a la

actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las que

establecen las normas constitucionales referidas a la convivencia y al interés

colectivo. Del mismo modo ese discurso ha logrado, a nivel sistémico,

inhibir la iniciativa privada como recurso de apoyo para promover la

producción de bienes y servicios de acuerdo a las necesidades de la

población, el comercio y la industria y en su lugar ha dado pie para la

conformación de unidades productivas difusas, sin una organización

productiva apta para desarrollar procesos alineados con los criterios

elementales de rentabilidad y viabilidad.

En este contexto, si el ciudadano conoce la naturaleza y el alcance de

sus derechos constitucionales para ejercerlos y si el Estado cumple sus


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obligaciones, las cuales ordinariamente están en déficit, entonces el sistema

republicano democrático adquiere vigencia y la economía tiene más

posibilidades de fortalecerse, dando lugar a que se afiance la gobernabilidad

junto a un mejoramiento en las condiciones socioeconómicas de vida del

ciudadano. Sin embargo, aún así, solo se estaría apenas en el umbral posible

de tener un país moderno, de avanzada, con presencia mundial, productivo,

soberano y alineado a los criterios de la racionalidad económica.

Desde esta perspectiva, como primer aspecto, en el presente escrito

se aborda parte de esta problemática a partir del uso de una concepción del

desarrollo que destaca el rol de las organizaciones políticas y sociales en la

determinación de los fenómenos económicos. (1) En este sentido, en segundo

término, en [el libro] se tocan aspectos esenciales referidos a la morfología y

el desempeño de la socioeconomía venezolana, como: son algunos elementos

sobre la capacidad real de producción que tiene el país y sus posibilidades

ciertas de generación de empleo productivo; la estructura de la distribución

del ingreso y la movilidad social que el modelo actual de desarrollo ha

propiciado; el comportamiento del gasto público y sus debilidades, y la

situación del negocio petrolero junto a la performance de las industrias

básicas localizadas en Guayana.

En el capítulo tercero, se discute sobre los elementos básicos que hay

que tener en cuenta a la hora de aplicar una política económica en algún

grado integral, para enfrentar los retos y rezagos que plantean tanto los

antecedentes históricos del desarrollo económico venezolano como los

ensayos ideológico-politicos y sociales ocurridos en esta primera década del

tercer milenio y que afectan tanto al país y su acervo histórico – político

fundacional como a la condición socioeconómica de sus ciudadanos.

Hacia adelante, en el capítulo cuarto, se analiza desde una

perspectiva amplia, el potencial de desarrollo contenido en el documento de

la actual Constitución Nacional Venezolana, resaltando el hecho de que la

Antonio Márquez S.

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institucionalidad plasmada en su articulado, establece por si misma la

viabilidad de los procesos que en el orden económico, social, político,

cultural y jurídico deben concertarse en la práctica para consolidar un

desarrollo productivo, diversificado y sostenible del país.

Por último en el capítulo quinto, se abarca el tema crucial de la

necesaria sindéresis, que como condición, debe prevalecer en el orden

democrático constitucional, para lograr una armonía funcional entre la

economía y sus factores determinantes, el desarrollo de la institucionalidad

autorizada por referendo popular y la gobernabilidad, que como clima óptimo

político – social se amplíe hacia todos los campos de la vida nacional.

Aquí también se destaca la importancia que para la sostenibilidad y

la calidad de vida del ciudadano y los intereses mayores del país tiene la paz

social, que se pueda lograr a través del blindaje del circuito socioeconómico

democrático, su consolidación y su desarrollo ampliado a través de un control

de la actuación del Estado y sus poderes que lo integran, ejercidos éstos con

autonomía, tal cual lo demanda de forma explícita el concepto de República.

Al final, como agregado de valor y contribución de orden práctico se

presentan unas conclusiones dirigidas a focalizar la atención del país hacia lo

que significa el texto constitucional y la importancia de que su contenido sea

digerido –o mejorado en su bondad- por los ciudadanos tal como fue

autorizado por el pueblo en Diciembre de 1.999. Solo a partir de esta

metabolización de los principios y valores contenidos en la Constitución se

podrá por las vías que permite la institucionalidad allí contenida, enfrentar las

regresiones que pretende imponer un gobierno trasgresor del orden jurídico y

la convivencia ciudadana que como norma esencial ordena la Constitución.


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I. LAS NUEVAS REALIDADES DEL SIGLO XXI

Y EL SENTIDO DE LOS CAMBIOS

La gran depresión de 1929 en USA, la terminación de la segunda

guerra mundial en 1945 y la caída de la URSS en 1989, fueron los eventos

más determinantes que actuaron como propiciadores de cambios estructurales

en la socioeconomía y la geo–política del mundo en el transcurso del siglo

pasado.

Durante la gran crisis del año 1929 la propagación de la caída de las

cotizaciones de títulos en la bolsa de valores de New York distorsionó con

amplio efecto, el comportamiento de todas las variables tanto financieras

como reales de la economía en su conjunto y con ella, se impactó de manera

directa y plena a la condición de vida ciudadana, la cual sufrió deprivaciones

de todo tipo, empezando por la pérdida masiva de empleos e ingresos como

medios ordinarios de vida y consumo, hasta el efecto psicológico que implicó

el impacto sobre la población, de la incertidumbre y la angustia ante el caos

general y el descalabro del órden´ y la sensatez que durante una década,

después del fin de la I guerra mundial el país habría disfrutado bajo un clima

de crecimiento económico sostenido y relativa paz social.

Dominar la crisis del 29 en un lapso de cuatro a cinco años, implicó

en USA la adopción de medidas y políticas de amplio espectro cuyo alcance

tocaba el funcionamiento global del circuito económico financiero bajo

nuevas regulaciones y normas amparadas en reformas legales impulsadas

por el gobierno, como lo fueron la política del “New Deal” y la famosa Ley

Glass–Steagal donde se deslindaba la nueva institucionalidad que permitiría

el rescate de la normalidad en la economía. Ello por vía de establecer una

serie de requisitos operacionales para la cotización de los títulos valores así

como un deslinde de áreas donde los agentes económicos y financieros

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podrían operar sin que se favorecieran solapamientos, acaparamientos,

concentraciones de poder y especulaciones exageradas en el funcionamiento

del principio de la racionalidad económica del sistema en general y la

necesidad de estabilizar el crecimiento económico del país como objetivo

capital.

Cuando sobrevino el acontecimiento de la II segunda guerra, el

mundo se vio colocado ante una nueva disyuntiva de cambios, reacomodos

del poder y redivisiones, inducidos por los resultados y posiciones que

derivaron del conflicto mundial. Esa disyuntiva emergió como respuesta

adversa ante los avances del Nacionalsocialismo alemán y que luego de su

derrota ganó espacio con el advenimiento de “la guerra fría” y el riesgoso

equilibrio de vivir un clima de confrontación permanente de valores, contra

“valores” y categorías económicas elevadas con frecuencia al plano concreto

de los conflictos militares entre países, con el propósito de lograr posiciones

de dominio y ampliaciones de influencias políticas y económicas que

apoyaran la expansión geo–política de los países, bloques o alianzas más

fuertes y dominantes.

La convivencia obligada y prolongada del triunfo aliado surfeando

las olas de un mar lleno de confrontaciones de variada intensidad, arribó a la

maduración de complejas contradicciones en el plano interno, de países que

integraban el llamado “bloque soviético” y que hicieron crisis hacia finales

de los años 80´s a través de procesos sociopolíticos de gran profundidad y

alcance como el Glasnost y la Perestroika, los cuales irradiaron con fuerza y

fluidéz, hacia todas las estructuras de soporte del complicado andamiaje del

sistema socio económico y político que conformaba la URSS desde los años

30´S cuando Stalin consolidó la fractura y conducción total de la Unión.

Con la Perestroika en 1989, se puso en marcha la reforma que

implicaba la renovación de los dirigentes, la mayor eficacia en la economía y

la democratización de las instituciones, con la cual se dio la disolución


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estructural (1991) necesaria para emprender, con autonomía, nuevos caminos

hacia el desarrollo de las naciones ex integrantes de la Unión, asumiendo los

criterios moderados del comercio globalizado, la eficiencia económica en la

producción y la racionalidad implícita en la economía de mercado.

El advenimiento del siglo XXI se hizo presente en un clima general

de cuestionamiento a los iconos referenciales y paradigmas que hasta ahora

habían servido como acicate de la dinámica social para el logro de “los

objetivos del desarrollo” y el desempeño de los gobiernos. Los nuevos

horizontes permitían ahora coordinar exigencias en pro de una

gobernabilidad positiva y útil que elevara la condición de vida de los

ciudadanos y que auspiciara un direccionamiento de la gestión de esos

gobiernos hacia el logro de cierta prosperidad y bienestar social.

El fin de la guerra fría y el balance de los magros logros alcanzados

por los países ex integrantes de la disuelta URSS después de 70 años de

ejecutoria bajo los preceptos del socialismo marxista (socialismo real), no

dejaba otra opción a los ciudadanos y a las dirigencias políticas que plegarse

a formas operativas de gestión, amparadas bajo términos de mayor

racionalidad y pragmatismo, con respaldo palpable en un crecimiento

sostenido de la economía, la existencia de oportunidades de movilidad social

y la apertura democrática para el disenso y el reclamo de derechos de los

ciudadanos.

Tres países grandes, con alta presencia poblacional y significación

geo-política relevante cono China, Rusia y la India iniciaron - con las

peculiaridades de cada caso – un proceso ascendente de reformas y

relanzamiento de programas y políticas de desarrollo económico y social bajo

ópticas de mayor aprovechamiento de los recursos naturales, humanos,

financieros, comerciales y tecnológicos, establecidas en función de los

parámetros conocidos de rentabilidad, eficiencia en el alcance de las metas, y

generación de excedente económico suficiente para rescatar, en el tiempo, la

Antonio Márquez S.

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inmensa brecha de atraso que se había consolidado como rasgo dramático de

la deprimida condición socioeconómica de vida de las mayorías ciudadanas.

Un valioso tiempo se habría consumido bajo las prácticas de un

penoso ensayo histórico con un altísimo costo humano en vidas, tiempo y

recursos para, al final, culminar en la gran decepción social que significó el

retiro abrupto de la escena de lo que antes constituyó un cuerpo “consistente

e histórico” de las llamadas categorías del preceptor, ahora desautorizadas

por el ímpetu de los cambios, los incentivos a las fuerzas creadoras de la

individualidad productiva, la práctica útil de lo cotidiano y la natural

aspiración por la prosperidad y el aseguramiento tangible del futuro. Esas

“sencillas” conquistas se arraigaron en los pueblos ńuevos´ y prevalecieron

como expresión de continuas mejoras de la participación ciudadana, las

reivindicaciones sociales y los derechos constitucionales en cada país.

Hacia finales del año 2008 sobrevino la implosión de la crisis de las

hipotecas inmobiliarias en USA, la cual se había estado incubando al

resguardo de una legalidad regulatoria difusa y laxa en el mercado financiero

que, de nuevo como en 1929, permitían niveles especulativos exorbitantes en

las cotizaciones de las hipotecas sin asidero correspondiente en los valores

reales de mercado de los títulos, sumado ésto a la debilidad que significaba la

desactivación desde 1999, del Acta Glass–Steagal puesta en práctica desde

1934, cuando la gran depresión, para regular separadamente las actividades

de la banca comercial y la banca de inversión en USA.

Hoy, la economía mundial gravita bajo la dinámica que dicta la crisis

en sus múltiples manifestaciones y efectos sobre los países; principalmente

los del mundo desarrollado, conformado por aquellos que integran la OECD;

pero también sobre los países del grupo denominado “Bric´s”, los cuales, en

conjunto, tienen una presencia real significante a la hora de influenciar el

sentido y las tendencias del comercio, la producción y la demanda de bienes

y servicios transables a nivel global.


27

En balance, la economía mundial exhibe niveles bajos en el

desempeño de sus indicadores principales como el empleo, la inversión y el

consumo y persisten los desajustes y déficit fiscales con altos niveles de

endeudamiento, cuestionamientos a la gobernabilidad y una actitud social

muy cercana a la desconfianza y al cuestionamiento de las políticas públicas

tanto en lo que se refiere a su efectividad y alcances como en lo que atañe a

su sostenibilidad en el tiempo para remediar el deterioro de las condiciones

socioeconómicas de vida de las mayorías ciudadanas.

Dentro de la temporalidad concurrente de la crisis mundial presente,

emergen en el mundo árabe del Magreb y Medio Oriente principalmente y

por ahora, una ola continua y creciente de protestas populares

verdaderamente pluralistas en el sentido de que están conformadas por gente

de clase media, estudiantes, campesinos, artesanos, profesionales,

comerciantes y obreros, etc., todos con un reclamo central como ciudadanos:

inclusión social y reformas políticas orientadas hacia el logro de un sistema

de democracia participativa y equidad en la distribución del inmenso

excedente económico que genera la explotación de sus recursos por parte de

un Estado autocrático que junto a las minorías privilegiadas del poder, funge

como administrador “insustituible” del país y sus proventos durante el

tiempo histórico que fuese necesario.

Es ahora cuando el Glasnot de la transparencia y la necesidad vital

de reformas cala en el continente árabe con mayor fuerza y determinación.

Ello quizás represente un tránsito intermedio en la onda democratizadora

expansiva que se propaga en el mundo y que promete constituirse en el

requisito sine qua non del crecimiento con equidad y del desarrollo

económico productivo; componente sin el cual los intentos de los gobiernos

por ordenar el gasto fiscal, aumentar el ingreso per capita, manejar la deuda

pública y generar empleo, pierden sentido y suficiencia como pretendido

resumen último de los propósitos de gobernabilidad con justicia. Plasmar en

Antonio Márquez S.

28

hechos y conquistas de esas mayorías populares, un cuerpo organizado de

derechos, garantizados por normas supremas y un ordenamiento jurídico de

obligatorio cumplimiento tanto para los gobiernos emergidos de comicios

libres, como para los ciudadanos, será el marco de acción mínimo necesario

para encauzar acciones integradas con el fortalecimiento y sostenibilidad de

las condiciones socioeconómicas de vida de las mayorías, representadas estas

condiciones por los referentes conocidos de: empleo productivo; acceso a la

salud, servicios medico - asistenciales y alimentación calórica adecuada;

oportunidad de vivienda digna y derecho a recibir educación, capacitación y

cultura, según los parámetros referenciales mundiales.

Hasta ahora, la sustitución de las elites que por largo tiempo han

usufructuado el poder de gobernar, sigue siendo un objetivo que está en la

mira directa e inmediata de las protestas del pueblo árabe, así como la

instauración de sistemas de gobierno enraizados con los fundamentos y la

operacionalidad de los regímenes democráticos en alguna manera.

Las nuevas realidades del siglo XXI han derivado en un aumento de

la presión social por lograr cambios de distinta naturaleza y alcances según

las condiciones de vida material de los ciudadanos y de acuerdo al grado de

maduración de la conciencia existente para explicar y resolver las

contradicciones entre una afluencia de recursos económicos suficientes y la

inequidad manifiesta en su distribución entre los factores de la producción.

En el fondo, subyace la vieja diatriba humana por la distribución del

excedente económico entre los factores que concomitan para generarlo desde

distintas posiciones en la estructura real del poder en la sociedad. En los

países viejos desarrollados, las mayorías ciudadanas protestan y defienden en

forma decidida su parcela socioeconómica y exigen a los gobiernos aciertos y

transparencia en las decisiones y eficacia en las políticas públicas para

propiciar mejoras del confort y sostenibilidad en el crecimiento de la

economía y en el perfeccionamiento de la democracia.


29

En los países que se desenvuelven dentro del subdesarrollo y algunos

emergentes ahora, las mayorías organizan y despliegan sus luchas por lograr

una estructura social que garantice oportunidades, empleo, seguridad social,

confianza en una justicia transparente, estabilidad económica y gobiernos

democráticos autenticados en la práctica por una mayor equidad distributiva

y movilidad social de sus ciudadanos hacia las mejoras.

Desde ambos contextos, la convergencia de los hechos ha llevado a

que el cuestionamiento de la realidad presente se exprese en un cuadro

general de acciones y exigencias que abarcan de forma sistémica todos los

planos societales.

El sentido de los cambios como rasgo común en todos los escenarios,

tiene la urgencia masiva por superar los intríngulis de la crisis económico

financiera actual, la cual parece haber colocado – de nuevo pero en un ámbito

más amplio – al mundo en un grave riesgo de recuperación sostenible de

acuerdo a la exigua efectividad lograda a través de las medidas que se han

aplicado en general para recuperar el empleo y el crecimiento y en el plano

especifico para superar los desequilibrios fiscales y de deuda que tienen

países como los de la Unión Europea y en la propia USA.

Junto a estas urgencias se desarrolla y adquiere cada vez mayor perfil

en el mundo una creciente necesidad por lograr una efectiva transparencia en

las ejecutorias que a nombre de El Estado, hacen los gobiernos. La

desconfianza respecto al acierto y el verdadero sentido de la gestión de los

gobiernos, se ha incubado como elemento de criterio en el juicio de los

ciudadanos. Ello, en parte por la dificultad palpable de obtener impactos

positivos de cierta permanencia de las políticas públicas, las cuales

supuestamente están diseñadas para resolver problemas socioeconómicos de

los ciudadanos pero que al final no logran corregir las fallas y menos aun

prevenir su nueva ocurrencia ni empujar mejoras concretas del bienestar ni

colectivo ni individual. Por otra parte, la gestión de los gobiernos con

Antonio Márquez S.

30

frecuencia tiende a concentrarse en su propio sostén per–se, y se desarticula

funcionalmente de aquellos objetivos ligados a la dinámica cotidiana de los

ciudadanos, quienes sobreviven en un clima de frágil equilibrio social

marcado por la frustración, la precariedad y la incertidumbre del futuro.

A la urgencia que dicta la crisis financiera y de valores que asola al

mundo y la búsqueda de aciertos y transparencias en la gestión de los

gobiernos, se agrega una tercera tendencia en el sentido de los grandes

cambios en curso, como es la exigencia primaria de las mayorías ciudadanas

para obtener beneficios materiales a partir de los proventos del desarrollo, de

manera tal que configuren un prospecto básico de patrimonio familiar

creciente y sustentable en el tiempo, suficiente como para garantizar

seguridad y consolidación de su condición socioeconómica.

Finalmente emerge como referente fundamental de los cambios

globales, el sistema de valores democráticos, el cual como aspiración

máxima y recurrente de los pueblos, se propaga hoy con fuerza contundente

y continuidad expansiva hacia todas las regiones del mundo. Ello responde a

la profunda búsqueda de libertad y justicia en que se apoya la naturaleza

humana, de sus principios radicados sobre la equidad y el realismo de sus

valores junto a las expresiones concretas del éxito de la democracia como

sistema socio político que concilia los fines del desarrollo económico con las

oportunidades de la participación ciudadana, actuando en un marco jurídico

de garantía plena de los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y de

regulación y control de los límites del Estado y sus competencias, así como

de la ética y la co-responsabilidad social en la gestión del sector privado

empresarial.

En verdad esta aspiración general de los ciudadanos del mundo tiene

hoy más que nunca arraigo como bandera de lucha y resistencia en el

contexto venezolano, ya que, por una parte hay una amenaza real de

´quiebre´ sistémico de la constitucionalidad, por la incapacidad de los


31

gobiernos y de la organización ciudadana para regular y controlar los

agentes y los flujos de la socioeconomía y la política y preservar así una

operancia satisfactoria del circuito convivencial entre el Estado y los

ciudadanos. Por otra parte, los grandes eventos de impacto sociopolítico

ocurridos en el mundo durante el siglo XX, aunados a un precioso tiempo

histórico perdido, debido al fracaso por implantar sistemas que respalden la

equidad distributiva del excedente económico, han consolidado una

conciencia ciudadana que mueve, con sentido de cambio, a los agentes

sociales respecto al acervo material que está a fin de cuentas en riesgo junto

con el patrimonio nacional y el “estado actual del arte” y las cosas.

Como señala Touraine (2), existe una pérdida de control de los

agentes sociales respecto a la economía… y los ciudadanos no participan; y

las instituciones sociales (escuelas, sindicatos, familias) ya no tienen la

función de control del poder económico.

Antonio Márquez S.

32


33

II. MORFOLOGIA Y DESEMPEÑOS DE LA

SOCIOECONOMIA VENEZOLANA.

Un perfil aproximado de la realidad adscrita a la socioeconomía

venezolana puede ser visualizado a través de algunos de sus componentes

básicos más relevantes como son: la capacidad real de producción y de

generación de empleo productivo; la estructura de distribución del ingreso y

la movilidad social concurrente; el comportamiento del gasto público como

palanca de desarrollo y administración que usa el Estado; y la situación del

negocio petrolero junto al desempeño y perspectivas de las industrias básicas

de Guayana. La articulación apropiada de estos componentes, plasmados en

un mapa utilitario de apoyo, permite obtener un cuadro descriptivo

aproximado de los principales rasgos morfológicos de la socioeconomía del

país, así como de la manera agregada en que se mueven ´los flujos´ y se

interconexionan las variables determinantes de su desempeño.

• La Capacidad Real de Producción

Estimar de alguna forma la capacidad de producción de un país como

Venezuela, pasa por el propósito de que el resultado sirva como base objetiva

para hacer una prospectiva situacional de nuestro futuro en el mediano y

largo plazo. Este propósito – en sí mismo difícil dada su naturaleza –

analíticamente parte de la consideración de que la dimensión y el modo

operacional que históricamente ha asumido el gasto público a partir de su

principal tributario directo, el petróleo, ha determinado de manera importante

toda la dinámica general del país. Las características del empleo y su

calificación como productivo o parasitario y su localización espacial así

como su estabilidad, de alguna manera han estado adheridas a la dinámica

del negocio petrolero desde su aparición a comienzos del siglo pasado. De

Antonio Márquez S.

34

igual modo, la manifestación que ha asumido la distribución del ingreso, bien

sea factorial o personal, y la movilidad social que ésta, de una forma u otra

reproduce, son rasgos que responden de forma directa al modo ejecutorio del

gasto público que han adoptado los gobiernos, dependientes para su gestión

de los ingresos fiscales petroleros. Y por último, como consideración

medular que explica en mayor proporción la morfología y la dinámica de la

realidad socioeconómica venezolana, se llega al componente clave (3) de

todo ese proceso paradigmático que ha logrado estructurar una verdadera

cultura de la renta en base a un solo producto y a un solo negocio: el

petróleo. (4)

Colocando estos elementos en esa perspectiva, el gasto público como

herramienta fundamental de la acción fiscal inercial, se ha visto fortalecido

sustancialmente desde la aparición del petróleo hacia la segunda década del

siglo XX; y desde allí hasta hoy, ha marchado pari-passu con el éxito y los

fracasos de las políticas públicas. Al hecho de que el Estado como institución

ampliara progresivamente su espacio de acción en la economía contribuyó

decisivamente la relevancia mundial que adquirió el petróleo como producto

energético multidiverso en sus usos hasta el tiempo de hoy.

El Estado venezolano adquirió, como único propietario del recurso

fósil, jerarquía y decisión sobre el negocio y su total administración,

convirtiéndose en un factor económico de gran poder a la hora de actuar

como agente de intervención volitivo en las actividades económicas y

financieras determinantes para el desempeño general del país.

Ese mismo Estado, erigido en pivote central fáctico del curso del

desarrollo económico financiero nacional, dio lugar a la conformación

progresiva de un sistema satelital de actividades, empresas, negocios y

actitudes cuyo desempeño y características estaban de una u otra manera

ligadas al ámbito de “lo público” expresado éste a través del gasto y sus

ejecutorias desde el gobierno.


35

Pero estas ejecutorias de los gobiernos, con contadas excepciones en

ciertos periodos históricos, adolecían del síndrome inicial del

deslumbramiento cuantitativo que irradian los ingresos petroleros al fisco. Ha

predominado, en consecuencia, una realización del gasto sin mayor apego a

objetivos básicos del desarrollo económico como son, la expansión sostenida

de un crecimiento diversificado en las industrias y los agroalimentos; el

aumento progresivo de las inversiones en la formación bruta de capital fijo

como entorno concomitante de esa expansión; y mejoras tangibles en la

equidad distributiva expresadas a través del empleo productivo y de mejoras

constantes de las condiciones socioeconómicas de vida del ciudadano común.

A pesar que, desde el siglo XX hasta el presente han concurrido 17

presidentes para ejercer gobierno en Venezuela y que, 7 han sido militares y

han gobernado por más de 60 años y 10 han sido civiles habiendo gobernado

durante casi 50 años, los cambios fundamentales en la estructura económica

que pudieron haber significado un despegue hacia el desarrollo ó al menos un

inicio viable en la ruta de la industrialización, sencillamente no ocurrieron.

No logró ensancharse el circuito económico en actividades

preponderadamente productivas y con ello se mantuvo una estrecha

dimensión del mercado interno que arrojaban poco incentivo al sector

privado agroproductor y manufacturero para aumentar sus componentes de

oferta al mercado. Con ello se hubiese aumentado el empleo hasta absorber

los incrementales de la mano de obra económicamente activa y hubiese

subido el ingreso per–cápita hasta niveles adecuados por encima de la tasa

anual de crecimiento demográfico. No hubo la continuidad y preservación de

una política del gasto público que tomara en cuenta el riesgo que significa

disponer sólo de un recurso de capital que además no es renovable como el

petróleo, cuyo comercio en los mercados internacionales es negociado en su

fase de “crudo” con poco valor agregado nacional y además sujeto

Antonio Márquez S.

36

preponderantemente a factores externos de mercado en cuanto a precios y

demanda.

Teniendo este hándicap como punto de partida, la política de gasto

público en el país tampoco se enganchó a objetivos que empujaran una

expansión del ingreso familiar de la población por vía de crear empleos

mediante el acometimiento de aquellas actividades deficitarias ligadas a la

brecha que siempre ha existido en los llamados servicios públicos, los cuales

está obligado a proveer el Estado a sus ciudadanos según los preceptos que

durante todo el periodo democrático se forjaron y están plasmados en el

articulado de la Constitución Nacional. No cabe dudas qué el déficit de obras

públicas destinadas a atender la salud, la educación, la vialidad urbana y

rural, la electricidad, la infraestructura de las industrias básicas de Guayana,

los sistemas de riego para la agricultura, la vivienda y sus servicios conexos

y la ampliación de la capacidad productiva petrolera, conforma un

extraordinario motivo de inversión productiva asumible por el poder público

nacional, regional y local en concertación con el sector privado a través del

gasto público global y una política integral del Estado hacia el desarrollo.

Ejecutar ese gasto va en dirección lineal con el objetivo de

ampliación del mercado interno y con la absorción del gasto en la estructura

económica y productiva a través del aumento de la formación bruta de capital

fijo. Ambos son un componente necesario y obligado tanto para impactar las

variables del desarrollo en el sentido sugerido como para desencadenar

cambios cuantitativos y cualitativos en la estructura económica y social del

país. Este impacto puede aumentar su efecto positivo cuando se integra en

una política económica de amplio espectro que logre incorporar también el

factor cambiario, reversando la sobrevaluación de nuestro signo monetario

hasta adecuarlo a su verdadero valor comparativo con otras monedas y

beneficiar con ello la competitividad de productos nacionales en los

mercados foráneos – o por lo menos regionales de Latinoamérica – y


37

desalentar el creciente flujo de las importaciones de bienes finales y de todo

tipo hasta racionalizar su contribución y su uso de acuerdo a metas.

Dos elementos adicionales ayudan a completar una visión consistente

sobre los factores que han privado para debilitar un empuje sostenido en el

país hacia una acumulación de capital autónoma; a saber, el manejo austero

del concepto de gasto publico equilibrado sin la pertináz recurrencia al déficit

como ha quedado registrado en los anales de la historia fiscal venezolana,

donde lo “tradicional” ha sido una gestión pública deficitaria por excelencia

para aumentar el componente corriente del gasto, en desmedro del gasto de

inversión en capital y el gasto social. Más aun, hasta la sistemática

recurrencia al endeudamiento externo e interno, junto al compromiso

soberano del país hubiese estado plenamente justificado si el creciente gasto

fiscal se hubiera destinado, en grado importante, a ofrecer al ciudadano

venezolano, contribuyente ó no como mínimo el caudal de obras públicas y

mejoras de los servicios públicos arriba mencionados.

De seguro, también se hubiesen obtenido otros beneficios

concomitantes para el país de haberse logrado expandir la base del ingreso

nacional y con ello la demanda agregada interna y el mercado;

configurándose una base productiva más amplia de la economía con efectos

positivos sostenidos hacia el consumo y la inversión.

El otro elemento que amplía la visión sobre las debilidades del

desarrollo nacional, es la modalidad de involucración lejana y a veces

omisiva que ha asumido el sector privado empresarial en los momentos

apremiantes de vacío en el subdesarrollo venezolano. En términos generales,

el sector se ha adocenado en una actitud básicamente pasiva y de

aprovechamiento selectivo de las circunstancias ante los retos y las

dificultades que se han presentado a lo largo de la historia económica y

política nacional.

Antonio Márquez S.

38

La ´propuesta´ del sector privado ha permanecido sustancialmente

amparada en la inercia derivada del modo de gestión pública petrofiscal,

desarticulada y desprovista de objetivos transformadores de largo alcance. Ya

desde 1936 cuando tuvo lugar la célebre diatriba de Alberto Adriani del lado

oficial y los banqueros, se percibía la anarquía de criterios respecto al cauce

que debía tener el desarrollo (5). La fijación del tipo de cambio en 3.09

bolívares por dólar ya definía el perfil de una dificultad que, como lo

comprueba la historia se hizo difícil de superar en términos de lograr

competitividad para las exportaciones de productos no–petroleros

venezolanos. Aun hoy esa falla básica –y genética- de la sobrevaluación del

tipo de cambio continua presencial como una traba estructural funesta de las

capacidades del desarrollo posible.

El proteccionismo como política conexa de apoyo al potencial de la

industria y el comercio, lejos de haberse constituido en un aliciente temporal

al desarrollo, la productividad y la racionalización de los costos, se

transformó en una muleta definitiva que ocultaba un desempeño empresarial

ineficiente, dotado ahora con ventajas altas y seguras ganancias, pero con

ineficacias flagrantes que a la larga se resguardaron bajo controles indebidos

del mercado y una calidad espuria de los productos con el consecuente daño

al perfil del consumo y a la condición de vida de los ciudadanos como

consumidores.

En la consolidación de esta debilidad, como elemento que en buena

parte explica la sedimentación del subdesarrollo venezolano, hay que asignar

la debida responsabilidad no solo a la ejecutoria del propio sector privado

empresarial, el cual es sabido que no sacrificó la temporalidad en el reparto

de beneficios en lugar de invertir en capacitación y formación del recurso

humano usado como factor productivo así como en tecnología, investigación

y organización para aumentar la productividad, sino que el propio Estado,

visto como gran administrador de la gestión pública del país y de sus


39

inmensos recursos, tampoco instrumentó políticas viables integrales y de

alcance mas allá de la coyuntura circunstancial de ejercer un gobierno dotado

de riqueza petrolera. No hubo una política comercial concebida para

destrancar la falla estructural de nuestro comercio exterior. Pocos productos

y poca competitividad, lo que hace deficitario siempre el balance de bienes

diferentes del petróleo por la imponencia además, cuantitativa y cualitativa

de las importaciones como parte del consumo aparente. No se articuló así,

una política arancelaria realista y alineada con las tendencias mundiales,

concebida como instrumento para desmontar progresivamente el nocivo

proteccionismo perpetuo que operaba como amparo paternal de ineficiencias

y privilegios que estaban fuera de las exigencias de la racionalidad

económica capitalista convencional. Se configuró así un anclaje fijo a

parámetros y circunstancias lejos de las borrascas del riesgo pero también

lejos de los cambios necesarios para avanzar.

Para ambos agentes, el público y el privado, privó la seguridad del

corto plazo y la preservación de cuotas de poder en un mercado estrecho pero

cautivo, adaptado al manejo clientelar de los resortes políticos por los

partidos de turno en el gobierno. Se creó una complicidad equilibrada en la

administración y el ejercicio real del poder económico, usando la política

áutorizada´ por la Constitución Nacional como palanca hercúlea de sostén

del “establishment” democrático. El gran perdedor seguía siendo la

comunidad de ciudadanos y la subvaloración de sus intereses como escuálido

balance dentro del orden democrático.

Su condición socioeconómica de vida dejo de mejorar después de los

inicios del segundo periodo democrático hacia los 70´s y se fue estructurando

un patrón de agotamiento de iniciativas económicas emergidas con apoyo de

los gobiernos pero diseñadas tímidamente para ampliar algunos segmentos de

la economía aunque sin transformar la esencia del núcleo medular de la

pobreza. Crecieron los estratos pobres de la población y se fue concentrando

Antonio Márquez S.

40

la riqueza y el ingreso nacional en reducidos sectores, salidos tanto de la

acumulación privada de capitales como de los grandes negocios públicos de

contratos y la manipulación burocrática de medidas y normas en favor de

grupos organizados vinculados a los gobiernos.

Operaba una bilateralidad de beneficio mutuo correspondiente en que

hasta la gran caja de los recursos financieros del gobierno petrofiscal fueron

direccionados hacia supuestos esfuerzos “serios” en favor del crecimiento, la

diversificación industrial y el desarrollo mediante la formación por decreto

de corporaciones públicas de financiamiento a los sectores empresariales

(CVF; FCA; BIV etc.) que con el tiempo tampoco concurrieron a ofrecer

resultados esencialmente diferentes a los que hasta esa época existían como

realidad económica menguada y bien pudo el país haberse ahorrado el riesgo

de pérdida en los préstamos a juzgar por los valores agregados netos

obtenidos de escaso sentido económico colectivo o nacional, y más bien de

un alto costo de oportunidad.

Varias crisis y desajustes de índole económica y política

sobrevinieron como consecuencia de la contención de los cambios necesarios

para propiciar la equidad distributiva del ingreso y la movilidad social del

sector laboral, concebidos éstos como componentes indispensables del curso

del proceso de acumulación de capitales y del reparto del excedente

económico.

En balance, la estructura económica del país no ha variado en

proporción significativa después de 60 años y se mantiene la regresividad

como rasgo distintivo de la distribución factorial del ingreso.

A diez años de adentramiento en las modernidades y las crisis del

siglo XXI y doce años transcurridos del gobierno de Hugo Chávez, el

balance situacional de la economía y su contraparte social representado por la

condición socioeconómica del ciudadano común, se ha agrietado aún más,

alcanzando niveles preocupantes de riesgo en variables como la deuda


41

pública y su ritmo anual de crecimiento acelerado junto al déficit fiscal; la

paralización de las inversiones en la industria privada; el aumento de los

grupos humanos que se adhieren al sector informal de la economía y al sector

público fundamentalmente administrativo en lugar del empresarial y la

persistencia del fenómeno inflacionario en niveles anuales promedio del 28%

al 30% junto a una distribución del ingreso familiar que agrupa al 75% de

las familias devengando salarios nominales inferiores al techo de dos salarios

mínimos al mes (Bs. 3.000), y que en términos reales representan 300 dólares

al mes. (6) A este cuadro crítico hay que agregar una fuga de capitales que

promedia alrededor de 15.000 US$ millones cada año (7) y un

congelamiento casi absoluto de la inversión extranjera privada directa por

razones de riesgo debido a las expropiaciones como recurso intervencionista

del Estado.

El riesgo se acentúa cada vez más con la acción contradictoria y

desarticulada del gobierno y las tendencias hacia la mayor conflictividad

social que invade casi todos los espacios de la socioeconomía en que se

desenvuelve el ciudadano común.

La acción de gobierno se organiza cada vez más en torno a un

modelo estatista que emula con programada obstinación el llamado

socialismo real soviético, defenestrado por las reformas que tuvieron lugar en

la URSS a comienzos de los 90´s. Este socialismo real criollo trata

forzosamente de imponerse a contrapelo de numerosas experiencias

históricas fallidas en todo el mundo y cuyos ejemplos más resaltantes están

representados por la propia URSS y toda la Europa del Este que fue anexada

como satélite obligado de esa burbuja ideológica que explotó después de 70

años de pérdidas en cuanto a tiempo, recursos, vidas e ilusiones. Le sigue en

la fila de fracasos los harto conocidos experimentos realizados en Cambodia;

Albania; Korea del Norte; Perú con Velazco Alvarado; y Cuba.

Antonio Márquez S.

42

El estado actual de los indicadores económicos financieros y sociales

en Venezuela debería ser hoy un alerta oportuno quizás, para motivar una

exhaustiva evaluación de los objetivos y las políticas puestos en práctica por

el gobierno y en la medida de lo posible rectificar el sentido de los cambios

hasta favorecer un orden de la economía alineado con el rescate del

patrimonio nacional, con los valores económicos y con la realidad que

aconseja la práctica y los resultados hoy a la vista. El ´dirigismo´ estatista

sesgado de acuerdo a un modelo político autocrático ya está agotado

históricamente en el mundo. Los pueblos reclaman hoy participación activa

en el desarrollo de la sociedad a nivel tanto individual como colectivo;

protestan por obtener mejoras concretas en las oportunidades y tener

derechos políticos en la práctica, amparados por la carta de derechos

constitucionales y justificados por la historia. La gente exige respeto a lo que

fue aprobado bajo las reglas del sistema democrático dentro de un marco de

libre expresión de las ideas y el pensamiento. Los ciudadanos aspiran a la

separación expresa de los poderes que integran el poder público nacional

señalado expresamente en la Constitución y lucharán por preservar un clima

de transparencia, libertad, control y límites en la acción pública del Estado.

• Las Variables Relevantes y las Dimensiones del Riesgo

Después del derrocamiento de Pérez Jiménez en enero del 58, en

Venezuela el curso “normal” de la economía jamás implicó amenazas tan

grandes que pudieran significar una épirogénesis´ nacional. El gran

salvavidas que era el petróleo siempre funcionó como un recurso elástico que

por la suerte del propio negocio a nivel mundial y los mecanismos del crédito

público y el endeudamiento – que siempre mostró proporciones más o menos

manejables dentro de la estructura del PIB – solventaron situaciones de

premura que se presentaron principalmente en el ámbito cambiario (1983) y

financiero (1994) y menos en el campo de la economía real.


43

Desde el año 2000 en adelante, en Venezuela se ha venido

configurando un ensayo económico que a troti mochi pretende emular el

modelo soviético estatista que instauró Stalin en Rusia y los países de Europa

del Este desde la muerte de Lenin en 1924 las medidas convergentes en tal

sentido, plasmadas en el llamado Plan Bolívar20007-2013, no pueden menos

que ocasionar un mayor obstruccionismo operativo en el ya bastante

deformado cauce de funcionamiento de la economía. Ello ocurre cuando se

trata, desde las imposiciones autocráticas del poder, de direccionar practicas

en la economía desvinculadas de la realidad, las cuales, en el corto y mediano

plazo causan asfixia en el desempeño de las variables que articulan el circuito

básico de la socioeconomía a la circulatoriedad financiera necesaria para

garantizar un determinado nivel de operacionalidad productiva.

En el esfuerzo por dimensionar de alguna forma, la situación de

riesgo generalizado en que se encuentra actualmente Venezuela, hay que

tratar de interpretar en red algunas variables y conceptos claves de la

socioeconomía y la política para visualizar las tendencias que explican el

modus operandi del ńuevo´ sistema estatista y la ´rationale´, esencialmente

ideológica, subyacente en el sentido oculto del lenguaje de los cambios. Ello

ayuda a interpretar y comprender los resultados que se obtienen del

embotellamiento económico logrado así como sus razones esenciales de

ocurrencia. La comprensión permite explicarle al colectivo afectado, que son

en primera y última instancia los ciudadanos, y su condición de vida, la

medida de los daños sociales causados por el uso de esa lógica económica en

per contra del sentido común. La comprensión permite asimismo

dimensionar el riesgo al que se enfrenta hoy tanto el país como las futuras

generaciones y, el deterioro en curso del patrimonio no sólo nacional sino

familiar y hasta personal del venezolano común.

• El Gasto Público, El Déficit Fiscal y La Deuda.

Antonio Márquez S.

44

En Venezuela es suficientemente conocido el hecho de que el gasto

público constituye una muy poderosa palanca movilizadora de todas las

actividades, ligadas o no directamente a la economía. Su poder como

orientador decisivo del curso económico nacional adquiere mayor perfil

cuando se examinan las proporciones altas y recurrentes del déficit, el cual es

sufragado en forma cada vez más cuantiosa por vía extraordinaria mediante

la contratación de deuda externa e interna. De manera que el recurso del

déficit fiscal para financiar el gasto público ha comportado un efecto

importante en las expectativas de la sociedad en cuanto al logro de objetivos

se refiere, puesto que el endeudamiento implica compromisos de pago e

intereses que a determinado plazo tienen que ser sufragados con recursos

cuyo uso alternativo hubiese sido un mayor aporte al bienestar de los

ciudadanos. Por tanto la justificación y la eficacia de su uso debieran estar

garantizadas bajo una responsabilidad específica. Pero, con bastante

frecuencia – y casi como una ley – en el curso de la historia de la gestión

pública nacional, no han estado presentes ninguno de éstos requisitos. Si se

evalúan los registros históricos de crecimiento del presupuesto anual se

observan comportamientos a veces paradójicos donde convergen altos

ingresos fiscales, aumento del gasto y alto déficit con aceleración del ritmo

del endeudamiento sin que haya una concomitancia halagüeña en el

desempeño.

Después de la muerte de J.V. Gómez, el nuevo gobierno asumió al

país con un presupuesto público equilibrado y con una deuda saneada desde

el año 1930. Lejos, a comienzos del siglo XX, había quedado aquel escuálido

nivel del gasto público de extremada rigidez por su atadura tributaria a la

agricultura y al comercio como actividades económicas casi únicas y que en

cierta forma, ante el crecimiento demográfico y las necesidades de la

población, pudieron justificar una ampliación del gasto social mediante

empréstitos externos y deuda interna. Pero los ingresos públicos fueron


45

sobradamente satisfechos hacia la segunda década del siglo por la aparición

del petróleo como recurso fiscal. Y hay que decir también que, durante el

mandato de Gómez se contó con una eficiente hacienda pública, que con

disciplina y un criterio aldeano pero eficaz de austeridad, logró cumplir con

las obligaciones financieras del Estado y a su muerte, el saldo de la deuda

(8) era de Bs. 3.7 millones en el sector interno.

Es claro que, haber saneado la hacienda pública no eximió a su

gobierno de ser el responsable de un saqueo consistente del patrimonio

nacional ni tampoco de no haber auspiciado un clima de crecimiento y

desarrollo económico más acorde con el portentoso orden de los recursos

fiscales que se manejaron bajo una autoridad férrea que imponía inmediata

obediencia. Pero, al menos en materia fiscal se logró arraigar la práctica

institucional de no subestimar el principio general del equilibrio en las

cuentas públicas. En los gobiernos subsiguientes – militares y civiles – con

algunas excepciones por supuesto, este principio mínimo de gestión en

general, se resquebrajó y justo se instituyó, hasta el presente, la práctica de lo

contrario en la gestión pública.

Desde 1936 en adelante hasta las postrimerías del gobierno de Pérez

Jiménez, la importancia de la renta petrolera del suelo como componente

fundamental del presupuesto del gobierno creció a un ritmo relativamente

rápido como se observa en el cuadro N° 1 anexo. En 1938 ese porcentaje era

de un 26% y en 1956, año en el que comenzó el desorden fiscal del gobierno

y el deterioro económico junto al endeudamiento, ese porcentaje de

contribución alcanzó al 73%. A partir de allí comenzó un descenso

progresivo hasta 1964 cuando el gobierno de Betancourt decretó otra

devaluación del bolívar con respecto al dólar como recurso de acopio

extremo de ingresos fiscales dada la vigencia del decreto del Dr. Sanabria

(60-40) que puso cierto tope a los ingresos por tributación a las compañías

petroleras.

Antonio Márquez S.

46

Fuente: Tomado de: “Las ganancias extraordinarias y la soberanía

nacional (1.977) Comisión Ideológica de Ruptura. Cuadro N° 7. Tomo II.

Pág. 149.

Fuente: ONAPRE. Leyes del presupuesto años respectivos.

Documento: “Información Estadística” Exposición de motivos 2010.

De acuerdo al cuadro N° 1, desde 1950 y hasta 1972, los porcentajes

de participación de la renta petrolera en el presupuesto oscilaron en un rango


47

siempre superior a 50% lo cual da idea de su significación como

componente del gasto público.

En el lapso 2005-2011 del cuadro N° 2 las proporciones de

participación de la renta petrolera en los ingresos ordinarios del presupuesto

descienden desde un 53% en el año inicial, hasta casi un 28% en el último

año; ello debido a la creciente importancia con que sufragan al presupuesto,

la tributación a la renta (ISR) y el impuesto al valor agregado (IVA) que en

conjunto como fuentes internas aportan un 58% del presupuesto en 2011. Sin

embargo, en la real significación del negocio petrolero en el ámbito de la

dinámica económica, está el hecho de que solo por las ventas del crudo en los

mercados internacionales se aporta al país el 95% de los ingresos por divisas;

evento el cual define tanto ingresos extrapresupuestarios superiores a los

montos totales del presupuesto nacional anual, como el nivel de nuestras

reservas internacionales y por ende la cualidad del tipo de cambio, así como

las características del sector financiero nacional y las políticas públicas en

general.

Pero, el gasto público como palanca financiera ha sido el gran motor

forjador del capitalismo venezolano por vía de la traslación de la proventos

internacionales del petróleo a la economía interna usando como recurso la

fijación sobrevaluada del tipo de cambio por el Estado lo cual dotó de un

gran poder de compra en el mercado mundial a los empresarios nacionales,

quienes hicieron sus inversiones de acuerdo a las ventajas que proveía esta

realidad y además contaron con una estructura arancelaria siempre

proteccionista. Asdrúbal Baptista (9) señala para Venezuela, como la

acumulación de capital que ha ocurrido hasta ahora, está en relación directa

con la renta petrolera (Ref: ídem pág. 66).

Y agrega que, en el lapso de 1920 a 1960 “la acumulación de capital

en Venezuela,…rigió un patrón muy acelerado, transformando de raíz la

escena material de la sociedad, tras ese lapso económico, no debe dudarse, se

Antonio Márquez S.

48

halla el petróleo en toda su integra significación. De no haber estado éste

presente cabe preguntarse, ¿Cómo podía la economía venezolana haber

llevado a cabo el descomunal esfuerzo acumulativo que la hizo duplicar su

acervo de capital por habitante en apenas 16 años, ó a triplicarlo en solo 27

años, ó a multiplicarlo por 7.5 veces en 40 años?”.

Durante los 12 años de gobierno de Hugo Chávez la vieja práctica

del uso del gasto público ampliado, con énfasis en el gasto corriente, ha

continuado sin mayor variación en un país donde la estructura de la economía

que se configuró desde la aparición del petróleo en los años 20´s del siglo

pasado, a grandes rasgos permanece inmanente. Persisten, y ahora con mayor

grado de complicación por el creciente avance de la estatización, los

componentes básicos, característicos de todo país subdesarrollado: i) la falta

de diversificación en la economía; ii) economía altamente vulnerable por la

monoproducción; iii) incertidumbre en cuanto a un crecimiento y desarrollo

económico sostenible; y iv) bajo nivel en la calidad de vida ciudadana.

Bajo el gobierno de Chávez el nivel del gasto público se ha ampliado

sustancialmente a través del endeudamiento fiscal externo e interno y además

por el manejo discrecional y sin control fiscal del llamado ingreso

exorbitante y del gasto paralelo extrapresupuestario. Y con el mayor gasto ha

crecido también la desarticulación en su ejecutoria, la cual no logra

concatenar los objetivos esenciales que demanda el desarrollo, con las metas

plasmadas en las formulaciones del presupuesto anual (10)

También han crecido los precios del crudo petrolero que negocia la

OPEP en los tres últimos años; y eso ha motivado una expansión de los

recursos en manos del gobierno venezolano el cual estableció un techo de 40

dólares el barril para las estimaciones del presupuesto sujetas al control fiscal

de los organismos contralores competentes por Ley. El resto “está eximido”

de control y regulación y, siendo cuantiosos (hasta abril del 2011 cerca de los

60 dólares por cada barril negociado) se usan a la libre por el gobierno sin


49

consulta ni autorización de los poderes públicos ni sus instituciones, llegando

a conformar un presupuesto paralelo que es utilizado para incidir de forma

determinante en toda la economía nacional y sobre el avance controlado del

modelo socio-político autocrático en que se apoya el gobierno.

Según declaraciones de la firma consultora Ecoanalítica (Diario El

Nacional de fecha: 20/02/11) diez fondos estructuran la institucionalidad del

llamado gasto paralelo que se configuró a partir de 2004 cuando se

aumentaron sostenidamente los ingresos fiscales. Entre ellos destacan, el

Fondo de Desarrollo Nacional, (FONDEN) y el Fondo Pesado Chino. El

primero ha recibido entre 2005 y 2010 recursos por el orden de los 67

millardos de dólares, conformados a partir de reservas excedentarias del

BCV y remanentes de PDVSA.

El Fondo Chino, que centraliza los préstamos del Banco de

Desarrollo de China, recursos del Bandes y del propio Fonden, ha dispuesto

hasta la fecha de recursos financieros por el orden de los 18 millardos de

dólares.

Se agregan al universo de los fondos, el Fondo ALLAN que engloba

los reintegros de los entes oficiales y el Fondo Renot, el cual acopia los

ingresos que se reciben de notarias y registros. También existen los

mecanismos de financiamiento que se canalizan desde los Fondos MAO y

Simón Bolívar que administran los intereses que provienen de las

colocaciones del Fonden y Fondo Chino; y el primero también recibe

recursos de PDVSA para incrementar sus disponibilidades y aplicar en los

gastos de reconstrucción del país causados por los desastres de las lluvias que

ocurrieron a finales de ese año. Hasta enero del 2010 el gasto paralelo

representaba un 71% del presupuesto del año y sus disponibilidades estaban

en el orden de los 34.7 US $ millardos.

Esta inmensa suma de recursos debería tener una expresión

verificable – por vía de la supervisión y el control – en obras y servicios, o en

Antonio Márquez S.

50

todo caso mensurable a través de la adición hecha al acervo nacional no

residencial o como parte de otros componentes que aseguran la calidad y el

disfrute de la condición de vida de los ciudadanos. Pero no pueden estos

fondos seguir siendo parte de un destino poco transparente y menos aun

exentos del control institucional necesario que pueda dificultar algún grado

de exigibilidad por la sociedad.

A este respecto del presupuesto paralelo del cual dispone el gobierno

de Chávez, el Dr. Maza Zavala (11) señala con acierto que en verdad existen

tres presupuestos que maneja el Estado: un presupuesto formal de Ley, un

presupuesto adicional donde deliberadamente se subestiman los ingresos

fiscales para luego tener un margen de maniobra que se maneja por vía de los

créditos adicionales y, un tercer presupuesto sin control fiscal, ni

parlamentario, ni social que es aquel conformado por los recursos que se

administran a través de los fondos anteriormente mencionados (Fonden,

Fondo Chino etc.) y que constituyen la base objetiva del poder real de gasto,

tanto interno como externo, que tiene el gobierno nacional para direccionar

su gestión, atada ésta – como antes – al solo negocio petrolero y sus

complejas derivaciones en el sector financiero nacional e internacional.

Algunas cifras son ilustrativas de la magnitud de los recursos y del

poder efectivo que se maneja a través de los instrumentos fiscales del

presupuesto por parte del gobierno a nivel global (Poder Público).


51

Fuente: Oficina Nacional de Presupuesto. Leyes de Presupuesto respectivas.

Analizando en comparativo algunas de la proporciones en el cuadro

N° 3 se tiene que, desde el año 2009 hasta el 2011 los ingresos totales se

incrementaron en 19% mientras que los ingresos corrientes ordinarios

crecieron en un 28%; no obstante los ingresos obtenidos de otras fuentes de

financiamiento (deuda), se incrementaron en 5% en los dos años extremos. El

gasto corriente aumentó un 9.4% y el gasto de capital e inversión no se

movió en términos porcentuales. Evaluando las participaciones

proporcionales en cada año, la recurrencia a las fuentes de financiamiento

distintas a los ingresos ordinarios disminuyeron poco, de 22.6% en el 2009

al 20% en 2011; siendo que el gasto corriente, en proporción se mantuvo

entre 85 y 78% mientras que el gasto en capital e inversión varió su

proporción en los dos años comparados al bajar de 24% al 20% durante los

dos años referenciados.

Ya desde la perspectiva de este somero análisis, se perciben serias

inconsistencias reñidas con las reglas de la sanidad fiscal en la formulación

de estas ´Leyes´ del presupuesto regular de la nación para esos años; y es que

ni siquiera amparándose en el crecimiento de los gastos corrientes (25%) se

Antonio Márquez S.

52

justifica recurrir a un endeudamiento de más de Bs. 40.000 millones en

2011como se reseña en el cuadro.

Y estos parámetros son los que inicialmente convergen hacia lo que

se denomina el presupuesto formal de ley. Hay que agregar ahora los flujos

que configuran el llamado por Maza Zavala (Ref. citada Revista Nueva

Economía N° 28) presupuesto adicional, donde los créditos adicionales

definen otro perfil del gasto público todavía más desarticulado –por lo

improvisado, abrupto y la poca objetividad existente en su justificación– de

objetivos acordes con los requisitos del crecimiento armónico productivo que

reclama el desarrollo del país.

Fuente: MIN Economía y Finanzas. Gacetas oficiales. ONAPRE.

Información Estadística. Exposición de Motivos 2010 Comparativos de

Créditos Adicionales y Presupuesto: Cálculos Propios.

En el cuadro N-° 4 se observa que, el recurso del crédito adicional es

un componente recurrente del gasto público después de haber sido formulado

el presupuesto anual. En la serie de años reseñada la proporción del gasto

desprogramado – o no planificado – siempre superó 1/5 del presupuesto; y

durante los años 2008 y 2010 alcanzó proporciones más elevadas del 28 y

44% respectivamente.

Los créditos adicionales agregados durante los cuatro años completos

sumaron un monto total de Bs.F 187.428 millones, lo cual representó casi un


53

30% de la sumatoria de los presupuestos en esos años que fue de Bs.F

655.255 millones.

Con respecto al cuatrimestre Enero – Abril de 2011 destaca el hecho

de que comenzando el año ya se autorizó gasto adicional por un monto

superior a los Bs.F 10 mil millones, concentrado paradójicamente en un 76%

solo en los Ministerios de Planificación y Finanzas; Min. Salud e Interior y

Justicia (Ref. gaceta Oficial 2011referenciadas en Diario: Reporte Diario de

la economía, del 13/05/2011: pág. 5).

Con relación al presupuesto paralelo, la firma consultora

Ecoanalítica (Ref. Diario El Nacional del 28/04/11) señala que la industria

petrolera, entre 2004 y 2010 destinó a los llamados fondos de gasto del

gobierno 44 millardos de dólares, de los cuales 28 millardos fueron al

Fonden. La ejecución de estos recursos, como se sabe no es detallada por los

organismos a cargo de su ejecución y tampoco están sujetos a control fiscal

alguno (ni por la Contraloría General de la República, ni por la Asamblea

Nacional y menos por Contraloría Social) ni tampoco se adhieren a alguna

rendición de última instancia ante representantes de esa figura coloidal que es

el llamado poder ciudadano, señalado en el artículo 272 de la Constitución

Nacional. En verdad, la Fiscalía General de la República debe investigar las

denuncias de hechos pertinentes para determinar la omisión de

responsabilidades y las presuntas transgresiones y daños al patrimonio

público por parte de funcionarios en ejercicio indebido de sus funciones.

Similarmente la Contraloría General tiene que fiscalizar todos los

componentes y usos del gasto del Estado, sin privilegios dentro del poder

público establecido. Todo el gasto público tiene que ser integralmente

auditable en aras de la transparencia en la gestión.

Para precisar un mayor orden de magnitudes, durante el lapso de

2005 al 2010, el Fonden recibió 67 millardos de dólares provenientes de los

recursos excedentarios del BCV y los remanentes de PDVSA (Ref.

Antonio Márquez S.

54

Ecoanalítica Diario El Universal del 20/02/11, pág. 10). El destino genérico

de esos fondos de gastos del alto gobierno para proyectos y otros pagos, es

difuso e inauditable, con lo cual se mantiene una discrecionalidad perversa

en el uso de los recursos y se burla la restricción regulatoria y de control

establecida en la ley de presupuesto cuando señala la prohibición de úsos

distintos´ a los previstos en las partidas establecidas en la ley.

Otros movimientos de fondos por esta tercera vía del presupuesto

paralelo, que se extraen de algunos informes y documentos de ejecución

hechos para consumo intra–gobierno (Ref. Diario El Universal, 14/05/2011;

pág. 8) refieren del otorgamiento pródigo dado a las llamadas Empresas

Socialistas ó de producción Social, por un orden de 2.900 millones de dólares

desde el año 2007 hasta el cierre del 2010. De ese monto el Fondo Chino

asignó 1.500 millones; pero en total para el país, por este mecanismo, desde

su constitución en 2008 se han ejecutado hacia destinos diversos cerca de

12.000 millones de dólares mediante préstamos del Banco de Desarrollo de

China con resultados inescrutables en la práctica a la hora de medir aportes

en términos de producto. En agosto de 2010 se tramitó una extensión de

20.000 millones de dólares adicionales (Ref. diario El Nacional, 26/03/11,

pág. 4), con ello la deuda externa nacional se incrementa sustancialmente por

esta vía sin que hasta ahora se haya logrado algún éxito burocrático como por

ejemplo, morigerar la inflación y darle sostenibilidad a las tasas de

crecimiento de la economía real ni activar un aporte concreto del sector

“productivo” socialista que supere siquiera un 2% de PIB total.

Haciendo un breve resumen conclusivo previo, sobre el típico modus

operandi del gasto público vía el presupuesto regular, los créditos adicionales

y el gasto paralelo como herramientas que se manejan desde el alto gobierno,

puede señalarse como gran colofón que, el ciudadano común sigue siendo el

gran afectado en sus intereses por ese desorden público prevaleciente en el

manejo de las finanzas, atadas como están a un solo recurso primario que son


55

los proventos que derivan de la renta internacional del petróleo. Existe una

considerable falta de apego y desidia por parte del gobierno hacia los

estudios técnicos a la hora de medir factibilidad en los proyectos del Estado

donde se gastan con dispendio indolente los recursos del país. Existe así

mismo una apremiante falta de regulación y control legal (constitucional) y

social (gremios, sindicatos, ciudadanos etc.) para enmarcar la

institucionalidad que orienta la ejecución del gasto de manera que se obligue

al Estado a mantener la transparencia en el uso de los fondos y la

inalterabilidad de las normas y principios del control en la administración, la

gestión fiscal del aparato público y la eficiencia del gasto. Ello constituye un

principio elemental de propósito hacia un desarrollo que auspicie y fomente

la acumulación de capital y la formación de excedente económico alineado

con una distribución del ingreso con más equidad que actúe como

condicionante para apoyar un modelo productivo viable.

De manera que, el ciudadano tiene que crecer en el dominio de su

espacio como sujeto y objeto que es del desarrollo y, en esa medida elevar su

nivel de exigencia en cuanto a obtener el grueso de las mejoras posibles a su

condición de vida y el aseguramiento de una sostenibilidad que le permita

trascender como ser humano.

La condición socioeconómica de vida de los ciudadanos se hace

sostenible en la medida que se logre superar en el país el riesgo y la

vulnerabilidad en la economía y cuando se afirme una institucionalidad que

concite la realización en la práctica de los preceptos contenidos en la

Constitución Nacional y éstos logren ser asimilados y concientizados como

fuerza movilizadora de sus derechos, luchas y reivindicaciones.

El diagrama N-° 1 (página 57) intenta reflejar de manera grafica, la

dinámica de las relaciones esenciales que tienen lugar dentro del circuito

socioeconómico de la realidad nacional venezolana de acuerdo al marco

establecido en la Constitución Nacional, y cuya institucionalidad establece

Antonio Márquez S.

56

los instrumentos y recursos para activar procesos transformadores de una

situación presente hasta lograr los objetivos referenciales de un desarrollo

factible.

En principio hay tres grandes bloques interactuando: i) Los

instrumentos/medios/recursos, que comprenden dos sub- componentes

definitorios y de gran envergadura como son el gasto público y la inversión

privada. Ambos en conjunto o por separado, son factores decisivos a la hora

de movilizar recursos (financieros, tecnológicos, materiales, etc.) y medios

de producción hasta obtener un determinado nivel de oferta de bienes y

servicios. De una concurrencia armónica de ambos componentes en el

proceso productivo, derivará una mayor fuerza conectiva actuando en la

economía, propendiéndose a la mayor eficiencia en su desempeño y a la

obtención de mejores resultados en el crecimiento. ii) como efecto inducido

del bloque conformado por el gasto público y la inversión privada, tiene

lugar la configuración de una situación expresada en procesos de ocurrencia

transversal y simultánea como son: el grado de diversificación de la

economía; el logro en el esfuerzo por reducir la vulnerabilidad del país

(monodependencia petrolera sobrevaluación cambiaria por ejemplo); el

avance en asegurar un crecimiento y desarrollo sostenible; y, la

consolidación de un nivel aceptable y de calidad en la condición de vida

ciudadana. iii) por último está un tercer bloque que representa el objetivo

/producto de la interacción de los instrumentos/recursos en el desarrollo de

los procesos/situación de la economía. Este bloque final pero interactivo con

los dos bloques precedentes, reproduce en resultados mensurables los logros

del ciudadano común, en materias básicas y vitales como el empleo /ingreso;

la salud (condición y acceso); la ingesta alimentaria; el progreso educativo y,

la dotación de viviendas dentro de un estándar aceptable.

Desde la perspectiva descrita, se observa entonces, por una parte, el

referencial obligado que es la Constitución Nacional y su cuerpo ético –


57

moral de principios y valores que constituyen los preceptos fundacionales

que regulan el funcionamiento de los poderes públicos en el marco de las

relaciones entre los preceptores que son los órganos del Poder Público

Nacional y los receptores que son los ciudadanos; ambos con derechos y

obligaciones. Y por otra parte, de acuerdo a las condiciones y circunstancias

en que se desenvuelvan los procesos ligados a la economía (p. ej. La

diversificación; la vulnerabilidad; sostenibilidad etc.), está el logro de los

objetivos que se vinculan con el fin último del desarrollo que es, el

afianzamiento de una condición de vida sostenible en los ciudadanos, quienes

son realmente el factor activo que debe estar empoderado para la exigencia

continua de cumplimiento pleno y suficiente de las obligaciones asignadas

por Ley al Estado bajo el orden democrático.

Antonio Márquez S.

58


59

III. HACIA UNA POLÍTICA ECONÓMICA INTEGRAL

Las exigencias que plantean las nuevas realidades económicas,

políticas, sociales y culturales, manifiestas en esta primera década del siglo

XXI en el mundo y particularmente en Venezuela, justifican reflexionar y

actuar con mayor responsabilidad ante la diversidad y la envergadura de las

amenazas que afectan hoy la condición de vida de los ciudadanos y asegurar

ahora, mejoras sostenibles para el caso venezolano según los preceptos

establecidos en la Constitución Nacional de la República.

Ello es una condición sine-qua-non para avanzar hacia la

estructuración de una política económica suficientemente comprehensiva en

lo que se refiere a transformar aquellos aspectos que son esenciales para

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en un verdadero recurso de la

fuerza productiva nacional.

El efecto de una política así concebida hacia lo social, auspicia en

buena parte su viabilidad junto a la incorporación de otros requisitos como el

de la voluntad política hacia los cambios y otros ubicados en el campo de la

racionalidad económica implícita en las propias medidas para impulsar la

movilización de recursos materiales y financieros y del factor humano y las

tecnologías.

El diagnóstico de la realidad del país ya ha sido descrito y difundido

su perfil por numerosos autores, gremios y organizaciones desde distintos

ángulos y perspectivas. Algunos con mayor alcance y profundidad que otros

pero, en todos afortunadamente ha privado la voluntad de contribuir a superar

fallas y carencias aplicando correctivos para lograr un mejor desempeño en la

gestión global del país. Sin embargo, cierta garantía, al propósito de diseñar

una política integral sobre la economía del país, le confiere el hecho de

exponer las causas interconectadas de los fenómenos que en mayor

Antonio Márquez S.

60

proporción explican los resultados actuales, a los efectos de propiciar

soluciones integrales alineadas con el desarrollo.

• Potencial, Oportunidades y Trabas.

A grandes rasgos, Venezuela dispone de un inmenso potencial en

cuanto a recursos se refiere, el cual de manera relevante capitaliza el petróleo

desde hace casi 100 años, pero que lastimosamente aún se negocia en los

mercados mundiales como una materia prima (crudo) sin mayor agregado de

valor nacional. Dispone también el país como activo valioso, un recurso

humano que, aunque de escasa capacitación promedio por ahora, en el plano

productivo tiene que ser provisto de oportunidades de empleo,

adiestramiento, formación técnica y educación formal suficiente para elevar

sus niveles de calificación y la productividad necesaria hasta estructurar una

fuerza productiva robusta que sirva de respaldo al esfuerzo nacional por el

desarrollo y a las mejoras en las condiciones socioeconómicas de vida del

propio ciudadano.

En tercer lugar, como pieza relevante de ese potencial están las

industrias básicas de Guayana, cuya importancia a la hora de establecer las

fronteras de lo posible en lo que respecta a la industrialización diversificada,

tienen que ser incorporadas como una pieza angular de fondo, toda vez que

la inmensa formación de capital fijo y tecnología que se ha consolidado allí

desde la década de los 50’s junto a la experticia desarrollada en sus procesos

técnicos y operativos, aparte de las ventajas comparativas disponibles para

sus productos tan diversos y la existencia real de mercados, son factores que

configuran una potencialidad cierta y factible.

A pesar de la dotación o acervo que en grado importante tiene el país

de ciertos componentes y recursos cuya explotación ya dispone de un

recorrido a través de una curva de aprendizaje, han emergido numerosas

trabas de dificultad variada que han logrado obstruir – y a veces distorsionar


61

– un aprovechamiento socioeconómico concreto de mayor alcance y

profundidad. Y ello ha derivado en la pérdida de oportunidades para impulsar

procesos tecnológicos básicos encadenados directamente al propósito de

alcanzar un desarrollo económico suficientemente diversificado.

• Se Avanza Hacia la Epirogénesis de la Economía.

Desde cualquier ángulo importante en que se analicen las tendencias

de la economía venezolana en los últimos 25 años se llega a la casi unánime

conclusión formal de que en el país se ha incubado el riesgo, la pérdida de

oportunidades y la incertidumbre en lo que se refiere a impulsar las

transformaciones necesarias que permitan superar el status del subdesarrollo.

Siguen presentes las ausencias y el yerro en la aplicación de políticas

que por su naturaleza y debilidad conceptual teórico-práctica, no han logrado

llegar al fondo del problema. Al menos en lo que respecta a alterar en

positivo y con sentido de cambio, sus rasgos más esenciales y el circuito

dispendioso y errático de su funcionamiento.

Diversificar la economía, reducir su vulnerabilidad, asegurar un

crecimiento y desarrollo sostenible y consolidar un nivel aceptable y con

calidad en la condición de vida de los ciudadanos son, desde una perspectiva

general, los objetivos estratégicamente necesarios, los cuales son factibles,

dado el acervo y potencial de recursos – y factores – existentes. Al menos ha

sido así desde la segunda mitad del siglo pasado cuando se comenzaron a

sentar las bases de la Corporación Venezolana de Guayana y SIDOR como

industrias básicas pioneras de un desarrollo posible que se avizoraba viable.

También lo era porque ya el recurso petrolero como nutriente ordinario del

erario público se había consolidado suficientemente en cuantías de alto

contorno que rondaban – nominalmente – las proporciones del impuesto

“fifty – fifty”. Eso desde el punto de vista económico, pero del lado

sociopolítico crecían las expectativas ciudadanas por la participación real, en

Antonio Márquez S.

62

la bonanza global ligada a la construcción masiva de obras públicas y a la

presión al máximo de la renta petrolera por el gobierno para aumentar el

gasto fiscal.

A partir de 1958 se desencadenó el período democrático formal del

país y con ello el factor humano avanzó y llegó a consolidar en su conciencia

regular, las costumbres democráticas de la convivencia y de las luchas civiles

por sus derechos constitucionales.

La presencia simultánea aunque dispersa de estos requisitos no fue

suficiente para abrir cauces más amplios en el desarrollo y aun hoy perviven

las trabas con nuevas fachadas, barnizadas ahora tras interpretaciones

ideologizadas de la realidad que para nada ayudan en las transformaciones

necesarias para sortear las dificultades que plantea el desarrollo real posible.

El intrincado numérico esencial del subdesarrollo venezolano

colocado hoy peligrosamente frente al umbral de una epirogénesis

económica, según nuestra óptica, puede ser visualizado a través de los

siguientes componentes adscritos a sus respectivas variables al tiempo de hoy

(12).

1. Gasto Público Improductivo.

En general, la exageración en el gasto público improductivo o

corriente, es un rasgo típico de las economías de países subdesarrollados. En

Venezuela esta característica ha adquirido una naturaleza estructural con el

correr de los años y su orden relativo creciente va desde un 65% del gasto

público total en el año 2000 hasta un 72% en 2010 (Ref: BCV, cuadro de

ingresos y gastos fiscales, informes anuales, referidos por el Dr. Maza

Zavala. Revista Zeta, número 1769 del 27/08/10). Dentro del campo

normativo, el gasto corriente debiera ser financiado a través de la tributación

interna principalmente, mientras que los proventos de la liquidación

progresiva de un activo patrimonial nacional como el petróleo debiera


63

´transmutarse´ en otros activos, más permanentes, como la ampliación de la

capacidad productiva de la propia industria petrolera y la del resto del país

por vía de la formación de capital fijo junto al desarrollo y capacitación de la

fuerza productiva laboral. En el presupuesto público anual reseñado en el

cuadro abajo, durante un período de 10 años, el gasto de capital se mantuvo,

casi fijo en un 20% del gasto total y el gasto social bajó de un 15% en el

2000 a casi la mitad en el 2010.

Fuente: BCV (citado en Revista Zeta N” 1769 del 27/08/10)

Desde esta perspectiva en el funcionamiento y modus operandi del

gasto público, es difícil esperar un impacto de significación para tratar de

diversificar la economía, al menos en su componente más dinámico como

generador de empleo productivo, que es la industria manufacturera,

abarcando en este propósito de manera directa a las industrias básicas de

Guayana, colocadas hoy en el umbral de un serio y definitivo declive de no

tomarse medidas apropiadas para su rescate. Según cifras del BCV (13),

desde el año 1999 hasta el 2010, la participación de la industria

manufacturera en el PIB total se ha mantenido en una proporción

relativamente estable del 14% sin mayor variación, generando un empleo que

ha permanecido en el orden de 1.200.000 trabajadores. Durante este período

de años relativamente largo, los precios del crudo petrolero venezolano

Antonio Márquez S.

64

mejoraron sustancialmente desde un nivel de 26 US$/barril en el año 2000

hasta alcanzar en diciembre de 2010 un promedio de 73 US$/barril (BCV) y

de casi 100 US$ barril en 2011, lo cual significó ingentes recursos como

ingresos del erario público (14) . Junto a los precios del petróleo, los ingresos

fiscales aumentaron también por el endeudamiento externo e interno total, el

cual incluyendo la deuda de PDVSA y la adquirida a través del Fondo Chino

se montó en el orden de los 112.000 US$ millones. Y ello configura un nivel

de deuda representativo como compromiso de recursos que tienen que ser

cancelados en el futuro prudencial y que implican asignaciones periódicas del

presupuesto anual por concepto de servicio de la deuda para amortización e

intereses.

Con lo señalado se quiere destacar que, las proporciones de

participación relativa de los sectores que conforman la estructura económica

del país no han cambiado esencialmente a pesar de las inmensas

proporciones que ha adquirido el ingreso fiscal. Es decir, que las aplicaciones

del gasto público no se han focalizado sobre aquellos componentes del

circuito económico que son cruciales y determinantes para activar el

desarrollo concatenado de estructuras productivas enlazadas a un crecimiento

diversificado, con poder propio para auspiciar su sostenibilidad. Escasamente

el gasto ha servido para atender de forma inercial el crecimiento de algunas

necesidades públicas advenidas por el aumento demográfico y para atender el

funcionamiento de la burocracia del Estado, estructurado hoy día este

componente sobre una base del 40% en exceso de lo necesario.

La agregación de algunos cálculos al análisis, agravan más las

conclusiones previas cuando entran al juego político del presupuesto anual la

consideración de estipular para los ingresos fiscales un precio del barril de

crudo petrolero calculado a razón de 40 dólares; mientras que el resto, o

diferencia con respecto al precio actual de cotización en los mercados

internacionales de crudo (60 dólares promedio), se asigna a un presupuesto


65

paralelo de manejo discrecional de la presidencia de la República, sin ningún

sistema de control y fuera del ámbito regular supervisorio de la Asamblea

Nacional (Poder Legislativo); la Contraloría General de la República o

cualquier otro mecanismo permanente de control

Algunas estimaciones proveen una idea bastante cierta, del orden de

recursos tan poderosos que maneja el gobierno nacional a la hora de

coordinar sus acciones solo en lo económico, político y en lo financiero por

señalar algunos.

• Algunas Estimaciones Relevantes del 2011.

Partiendo de una producción diaria de crudo petrolero de 2.300.000

barriles y venta segura a USA de 1.200.000 barriles/día al precio de venta

promedio (prudencial) de 90 US$/barril, se obtiene un interesante perfil de la

frágil coyuntura actual de Venezuela según los siguientes algoritmos:

Estos recursos portentosos (108 millones de dólares diarios) para un

país pequeño como Venezuela se conforman para el Estado por vía de la

liquidación del activo petrolero; pero a los recursos totales hay que agregar

los que ingresan anualmente por vía de la tributación interna (ISR e IVA,

etc.) que del ingreso fiscal presupuestario en el año 2011 estuvo en el orden

de BsF. 118.051 millones que representan 27.453 US$ millones

(convirtiéndolos a dólar = 4.30 bolívares), lo que representó un 58% del total

Antonio Márquez S.

66

de los ingresos expresados en la ley de presupuesto por un monto de BsF.

204.208 millones (Ref. ONAPRE. Ley de presupuesto 2011). Haciendo la

conversión, los ingresos totales de la ley de presupuesto conforman un

equivalente en dólares de 47.490 millones de dólares. (sin incluir los créditos

adicionales) que sumados al ingreso extra-fiscal anual de 21.900 US$

millones, conduce a un gran total real de 69.390 US$ millones.

Esta modalidad suí-géneris que tiene el Estado venezolano de

manejar tales volúmenes de los ingresos públicos se puede representar con

fines de ilustración de la siguiente manera.

El diagrama, con cierta síntesis, expresa el mecanismo

aparentemente simple pero perverso a través del cual se recrudecen las

rigideces de las trabas al desarrollo las cuales favorecen resultados en contra

de la creación de empleo productivo; impulsan la inflación existente por la

escasa producción interna de bienes y servicios; aumentan la voracidad fiscal

dependiente del factor precios del petróleo en los mercados internacionales;

acentúa la regresividad de la estructura de distribución del ingreso; impulsan

el afianzamiento del centralismo planificador; el endeudamiento exagerado

como vía nutriente del gasto público y la balanza comercial deficitaria

recurrente.


67

2. Estancamiento de la Propensión a Invertir.

El sector privado venezolano ha visto mermadas sus expectativas de

crecimiento en el espacio económico que permite el mercado y también en lo

que se refiere a integrarse a los planes de desarrollo que desde el Ministerio

de Planificación Centralizada auspicia el gobierno.

Varios factores conspiran contra el propósito del sector privado

industrial y agropecuario de contribuir con la producción interna de bienes y

servicios; entre los más relevantes destacan:

� El carácter errático y desarticulado de las acciones y

políticas públicas sectoriales.

� La competencia desorganizada aunque compulsiva como

productor y como comercializador que hace el Estado contra el sector

privado productivo.

� Las expropiaciones y confiscaciones de activos (empresas,

máquinas, equipos, terrenos, fundos productores, etc.) que como práctica

recurrente asume el Estado para acentuar su ´dirigismo´ económico.

� La administración selectiva y tardía del control cambiario

para asignar cuotas de divisas que son marcadamente insuficientes para

adquirir en el extranjero materias primas, bienes intermedios y de capital

necesarios para mantener el ciclo productivo empresarial y cubrir el mercado.

� El riesgo propiamente dicho de invertir en ampliaciones de

la capacidad productiva si prevalecen circunstancias de incertidumbre que

magnifican los “cuellos de botellas” que de por si coexisten dentro del

circuito vicioso del subdesarrollo como son: baja productividad laboral, altos

costos de la producción, insuficiencia de insumos, sobrevaluación del tipo de

cambio, burocracia portuaria excesiva, etc.

Antonio Márquez S.

68

Desde esta perspectiva, auspiciar un clima atractivo a la inversión pasa por

superar esta hilera de obstáculos cuya permanencia impide concretizar las

bondades clásicas de un desarrollo económico alineado con el desarrollo

social. El diagrama arriba, muestra como, a partir del aumento de la

propensión a invertir se activarían en cadena algunos nodos del desarrollo

considerados como medulares en el circuito socioeconómico del sub

desarrollo bajo el supuesto de que se auspicie un proceso de crecimiento

económico incluyente del sector privado, tal como está establecido en la

Constitución Nacional.

Las bondades resultantes, en verdad representarían logros

estratégicos, los cuales se autorefuerzan como tales, concretando un clima

propicio indispensable para el desarrollo socioeconómico productivo y

diversificado. El aumento de la propensión a invertir está referido en el

contexto de acuerdo a su acepción keynesiana (15) como la tendencia de los

empresarios privados a gastar sus ingresos en bienes de capital; y será mayor

en la medida en que la rentabilidad de las inversiones supere con creces a las

tasas de interés prevalecientes. Esta propensión a invertir se verá a su vez

animada también por el rescate de la confianza en cuanto a la marcha general

de la economía. A partir de allí, en un contexto como el venezolano influido


69

a todo nivel por la monoproducción petrolera, tienen que auspiciarse

objetivos como el superávit en el comercio exterior; el desarrollo de la

industrialización en la producción; el crecimiento del PIB per-capita en tasas

aceptables; y la más importante de todas: las mejoras progresivas de la

condición de vida ciudadana. Como requisitos necesarios para la consecución

de estos objetivos deberá avanzarse en el crecimiento de la producción no-

petrolera a un nivel con suficiente diversificación y con aumentos

significativos en la oferta interna de bienes y servicios acompañada de mayor

empleo formal productivo. En base a ello, pueden obtenerse cambios en la

estructura de la composición sectorial de la economía acompañados de una

baja en su vulnerabilidad por la disminución de la dependencia petrolera, con

un mayor y creciente uso de la capacidad instalada y con más equidad en la

distribución del ingreso.

3. Planificación Centralizada.

La planificación nacional del uso de los recursos nacionales, físicos,

humanos, financieros, tecnológicos, etc. y su organización y

aprovechamiento, emana hoy de una oficina ministerial, dotada

incondicionalmente de todo el poder político inmediato, requerido para trazar

objetivos, metas, disponer medios, instrumentos y fines a nivel multidiverso

en el plano localizacional territorial e institucional. Ello constituye toda una

panorámica de ensayo holística, operando como una tenaza de acción

progresiva que avanza sin coto bajo la premisa general de estatizar todo el

espacio económico disponible y controlar desde un nivel político superior y

omnipresente la propiedad de los bienes de uso, los medios de producción y

la disposición y disfrute del excedente económico durante un período de

tiempo anexo al largo plazo.

Estas potestades autoasumidas por el gobierno bajo el pretexto de

honrar la función resguardatoria del interés general que tiene el Estado, se

Antonio Márquez S.

70

ejercen bajo circunstancias generales de transgresión a lo establecido en el

articulado de la Constitución Nacional, por cuanto esa interpretación –y

ejecutoría – supone la no existencia de una separación de los poderes que

conforman el llamado Poder Público Nacional (artículo 136), señalado en la

Constitución Nacional.

Además, en el plano económico, hay convergencia mundial en que,

el Estado no sabe más que los individuos acerca de lo que les conviene y,

está comprobado que no es un buen localizador –ni asignador– de los

recursos de la sociedad. El mercado no puede ser sustituido por los

planificadores centrales (Carlos Blanco, Mayo 2011, El Nacional).

Adicionalmente, asumir –y desempolvar desde el más oscuro closet–

la planificación centralista de la economía después del estruendoso fracaso

socioeconómico y político que significó el desmontaje de la URSS, es

realmente un capricho senil de la más supina connotación e ignorancia

histórica. Aparte, hay una gran dosis de irresponsabilidad y obsesión lúdica

cuando el destino socioeconómico de un país es arriesgado a través de un

ensayo cuyos resultados son ya conocidos como hechos históricos de fracaso

e inoperancia práctica en un conjunto importante de países de Europa del

Este y Asia.

En Venezuela, los decretos de respaldo a la planificación centralista

ministerial, junto a las expresiones institucionales prácticas de ese propósito,

han dado lugar a algunos conflictos operativos importantes en la gestión

pública como son: i) la sobrecarga de funciones adscritas a PDVSA, lo cual

ha colocado su control administrativo fuera de lugar, incidiendo

negativamente en la ampliación y rescate de su anterior capacidad productiva

y operativa. ii) ese mismo tipo de planificación genérica y centralista desde la

capital del país, ha ocasionado una restricción férrea a la autonomía

administrativa y gestión en las industrias básicas de Guayana incluyendo en

ese paquete al Sistema Eléctrico Nacional (SEN,) a la industria petroquímica


71

y también a los niveles regionales y locales de gobierno (gobernaciones y

alcaldías).

Los resultados están a la vista cuando se aprecia la imprevisión en

cuanto a las inversiones necesarias para mantener los indicadores operativos

dentro de un rango que permita la producción y comercialización de los

productos de estas empresas con márgenes aceptables de rentabilidad.

Todavía está presente y en plena acción, el impacto del lamentable olvido en

la asignación de los fondos para ejecutar las inversiones necesarias desde el

2009, para mantener y ampliar la oferta de fluido eléctrico que provee el

SEN. Para los ministerios responsables respectivos – aparentemente no fue

una prioridad con respecto a otros objetivos generales del conjunto. iii) A

pesar de la parálisis y contracción que se ha manifestado en el aparato

productivo privado, por efecto del clima económico hostil y conflictivo para

el sector privado, las inversiones substitutivas del Estado no han logrado

llenar el vacío en producto como oferta dentro del circuito económico. Los

aportes al PIB, tanto sectorial (agrícola e industrial) como nacional que

arriman las organizaciones empresariales del Estado (cooperativas, EPS,

comunas, etc.) se mantienen en proporciones exiguas que apenas rozan el

techo del 2%. Ello supone, desde cualquier perspectiva de análisis, un

horizonte contractivo de la oferta interna de bienes y servicios y el

establecimiento de las bases de una economía de puertos, sustentada en flujos

crecientes de importaciones que, al final, operan como mecanismos espurios

de trasegar el excedente económico nacional hacia otros países. iv) Por

último, hay que señalar como un serio factor de atraso para el propósito de

estructurar una política económica integral que logre activar el desarrollo, el

impacto que ha significado la acción planificada del gobierno en reversar el

proceso de descentralización presupuestaria y administrativa que tanto

esfuerzo costó cuando se articuló desde la Copre y cuyos logros significaron

Antonio Márquez S.

72

un importante realce en la gestión de los gobiernos regionales y locales del

país.

Varios conjuntos poblacionales del interior del país acusan hoy los

embates en detrimento de su condición socioeconómica de vida, de una

acción central de control desde Caracas para la asignación de los fondos

presupuestarios según la dinámica y posicionamiento de las fuerzas políticas

articuladas con ciertas alcaldías y gobernaciones de Estado. Ese control, se

acrecienta aún más a la luz del poder político-económico que representa la

existencia del presupuesto paralelo que con recursos del Fonden (Pdvsa-Bcv)

principalmente, maneja el alto gobierno con total discrecionalidad y

propósito programado hacia sus fines de control y autocracia.

4. Relevancias Sobre el Perfil del Empleo.

La significación del empleo, concebida como aquella actividad que

despliega un ciudadano en el proceso de la producción en procura de un

ingreso acorde con su aporte o contribución a la oferta de bienes y servicios,

tiene que ser entronizada en la conciencia ciudadana moderna, no solo en su

acepción como actividad creativa material para la sociedad, sino en su

relevancia como derecho civil y componente primario de la condición de

vida de los ciudadanos. Ello reafirma la preservación y el desarrollo de vida

social por parte de los grupos familiares interactuando en un entorno

complejo signado por los factores políticos, culturales, económicos, etc., que

en general, promueve todo orden humano en sociedad.

El empleo de la fuerza laboral como factor de la producción,

garantiza la reproducción vital del ciclo humano, donde el hombre participa

activamente en la transformación de los recursos físico-materiales para su

aprovechamiento de acuerdo a sus necesidades. Y es a la vez una obligación

constitucional del Estado fomentar el empleo (artículo 87 de la Constitución

Nacional) y garantizar la generación continua y ampliada de puestos de


73

trabajo a la población con motivo de preservar que se cumpla con la

responsabilidad de que toda persona pueda obtener una ocupación productiva

que le proporcione seguridad en cuanto a tener una existencia digna y acceso

continuo a los componentes básicos de la condición socioeconómica de vida

como son la salud, la alimentación, la vivienda y la educación.

• La Economía de las Sombras y la Desocupación Real.

A la hora de hablar de las esencialidades que subyacen detrás de las

cifras convencionales que se difunden sobre el empleo, es necesario exhibir

con claridad algunas “sombras” usuales que por costumbre, la amplitud de lo

cotidiano no permite mayor deductiva.

Según las cifras del BCV (Revista Zeta n° 1775 del

08/10/10) la fuerza de trabajo del país en 2006 estaba en el orden de

12.270.000 personas, de las cuales 11.105.000 estaban ocupadas y el 9.3%

estaban desempleadas. En 2009, la fuerza de trabajo aumentó a 12.957.000

personas de las cuales 11.982.000 estaban trabajando y el 8.9% estaba

desocupada. En 2010 el 7.8% de la fuerza de trabajo de 13.200.000 personas

no tenia empleo.

Según el Dr. Maza Zavala (Revista ZETA n° 1763 del

16/07/10) en la composición sectorial de la actividad económica venezolana,

en la categoría de “ocupados”, se agrupan el 10% para el sector público

administrativo (finanzas públicas y administración); el 15% para el sector

público empresarial (petróleo, gas, metalurgia, electricidad agua, distribución

de productos, servicios en general y comunicaciones, etc.); el 35% para el

sector privado empresarial (manufactura, construcción, transporte,

agricultura, etc.); y el 40% para el sector informal (venta ambulante de

bienes, construcción irregular, oficios por su cuenta, transporte, servicio

domestico, etc.).

Antonio Márquez S.

74

Estimando por aritmética simple, en el año 2010, un mínimo

de 5.280.000 personas (el 40% de la fuerza de trabajo) estaban trabajando

´por cuenta propia´ en el llamado sector informal del país; lo cual significa

que un grueso componente poblacional está dependiendo de estas actividades

para la satisfacción de sus condiciones socioeconómicas de vida mínimas

(salud, alimentos, vivienda y educación) y en consecuencia no está articulada

a la dinámica formal o institucionalizada de la economía nacional, por un

lado; pero, desde otro ángulo, estos grupos sociales están lejos de tener

seguridad de su permanencia en el tiempo como grupo familiar estructurado

y más aún, lejos de asegurarse un ingreso diario que les permita trascender

como factor social o fuerza productiva que motorice el llamado crecimiento

productivo y el desarrollo diversificado.

Pero la seguridad y certidumbre con respecto al futuro se

aleja todavía más cuando se observa que este sector informal crece cuando se

examina a través del cuadro general de distribución del ingreso por estratos

sociales. Las cifras que provee el Instituto Nacional de Estadisticas (INE)

(16) a este respecto indican que, de los 5 estratos sociales que integran la

clasificación distributiva del ingreso nacional, durante 2010, el estrato social

IV pasó de representar el 51% de la población en el primer semestre de 2009

a 54.85% al final de los primeros 6 meses de 2010. Hubo una movilidad del

sector pobre hasta el más pobre. En el mismo reporte del INE se señala que,

en conjunto, los sectores I, II, y III agrupaban 31.68% de las familias a

mediados de 2009 y hacia la mitad de 2010 representaban 30.52%, merma la

cual necesariamente derivó hacia los estratos IV y V de la población.

A la hora de estructurar una política económica y social

hacia el empleo necesariamente hay que detenerse a evaluar este aspecto de

la condición de vida precaria de los trabajadores. La tendencia – como se

observa en la data – es a que las carencias, se fortalezcan y ello lleva a

concluir en previo que, si cada año se agregan alrededor de 500.000 personas


75

a la población del país (1.7% es la tasa de crecimiento demográfico), las

tendencias de la movilidad social hacia abajo en los estratos de la población,

tiene que ser detenida y el crecimiento del sector informal de la economía

debe ser reversado mediante la adopción de medidas que por un lado realcen

la inversión privada y por otro lado canalicen el inmenso gasto público hacia

la inversión y el gasto social reproductivo.

Según las cifras anteriormente señaladas sobre la

composición sectorial de la actividad económica venezolana, entre el sector

público empresarial y el sector privado agrupan el 50% de la fuerza de

trabajo ocupada, mientras que el sector informal agrupa un 40%. Ello es

indicador de una estructura perversa del empleo, en tanto que, si el país

adolece de una afección inflacionaria que promedia un 30% cada año la cual

tiene una base estructural firme, conformada por una oferta interna deprimida

ante la presencia de una gran demanda estimulada por un creciente gasto

público, no puede menos que colegirse en que se ha consolidado en el país

una dificultad o traba sólida para generar puestos de trabajo formal ligados a

la producción interna de bienes y servicios. Ese proceso menguado en cuanto

al uso de la fuerza de trabajo existente, propulsa como efecto negativo, el

crecimiento del sector informal de la economía, nutrido no precisamente por

emprendedores sino por trabajadores excluidos del proceso formal de la

producción y que se han visto en la obligatoria necesidad de resolver sus

vidas a través de la generación incierta e imprevisible de ingresos ´por cuenta

propia´, dada la escasez de opciones y oportunidades para sostener los

parámetros mínimos de su condición de vida.

De manera que, el propósito de instrumentar una política

hacia el empleo necesariamente tiene que pasar por entender su dimensión e

identificar sus manifestaciones dentro del proceso general de la vida

socioeconómica del país. La circunstancia actual de expectativas negativas de

la inversión privada ante las confiscaciones de activos ya consolidados por

Antonio Márquez S.

76

las empresas privadas, torna aún más difícil promover la creación de puestos

de trabajo.

Aún más, crear empleo, desde una perspectiva de desarrollo

no puede auspiciarse que ocurra sólo por efectos del gasto público

desbordado que alienta un aumento de la demanda efectiva. Se necesita una

sinérgia más compacta que propulse un aumento en la utilización de una

capacidad instalada del sector privado que está en uso sólo un 54% según las

últimas referencias de Conindustria (17).

Fomentar el empleo en última instancia responde a una

integración de políticas y medidas concertadas bajo una gobernabilidad

confiable que restituya al circuito económico del desarrollo, la estabilidad

macroeconómica, la propensión a la inversión, el aprovechamiento de las

ventajas comparativas y el apoyo al desarrollo endógeno, la selectividad de

las importaciones, el fomento de la producción no petrolera, la corrección de

la sobrevaluación del bolívar y, la nivelación de la inflación, para asegurar

aumentos tangibles y permanentes en el ingreso real de los trabajadores.

5. Sobre las Condiciones Socioeconómicas de Vida del

Ciudadano Común.

Aunadas a la dificultad estructural que tiene la economía venezolana

por las limitaciones productivas que derivan del rentismo petrolero, la

adhesión al déficit fiscal de los gobiernos y la monoproducción, están las

dificultades complementarias de orden coyuntural que emanan del modo sui-

géneris con que opera el gobierno de Hugo Chávez, subordinando todos los

órdenes de la vida socioeconómica del país al tamíz ideológico y político. Y

entre ellas destaca el de la racionalidad económica que debe privar en toda

sociedad como garantía fundamental de su continuidad y progreso como tal.


77

El ciudadano venezolano común de hoy se enfrenta

desguarnecido a los impactos de un conjunto de medidas, conflictivas entre

sí, desarticuladas de objetivos prácticos y auspiciadas desde laboratorios

ministeriales desconectados de la realidad económica que es donde discurre

la vida real de los ciudadanos. El gobierno exhibe cada vez con mayor

flagrancia una conciencia disociada de la realidad nacional.

El ejecutivo nacional ha erigido una peculiar estructura

adventicia de metas y objetivos que supuestamente entraña el perfil de las

aspiraciones ciudadanas y su enlace conectivo con una nueva sociedad,

construida con ligereza de acuerdo a las circunstancias programadas de un

proceso socioeconómico y político dirigido desde un Estado autocrático y

hegemónico.

Esta intrincada red de medidas gubernamentales no ha

logrado modificar de forma alguna el cuadro general del subdesarrollo

venezolano; muy por el contrario la situación se ha agravado según los

indicadores más representativos de lo social que es donde confluye

ulteriormente el impacto de las medidas. Son los ciudadanos al final los

recipientarios directos de los errores y aciertos de las políticas públicas

cuando actúan sobre los componentes principales que constituyen su

condición de vida: el empleo/ingreso, la salud/alimentación, la vivienda y la

educación.

De acuerdo a los factores y a su manera y proporciones de

incorporación al proceso de la producción así se configura la distribución de

las remuneraciones factoriales (salario y capital) y por tanto del excedente

económico resultante.

En el país, sobre todo en los últimos años, ha recrudecido

sobre la precariedad de las condiciones de vida de las mayorías, el efecto

persistente de una elevada inflación sobre el escuálido nivel de los salarios

Antonio Márquez S.

78

medios de la población y el propio patrón perverso de distribución del

ingreso.

Según información al 30 de enero de 2011 del Centro de

Documentación y Análisis Social (18), dos referenciales importantes dentro

de la estructura del gasto familiar son, la denominada Cesta Básica y la

llamada Cesta Alimentaria. En diciembre de 2010 el costo de la primera se

ubicó en BsF. 6.310 y la cesta alimentaria estuvo en el orden de los BsF.

2.798. Ello plantea una seria restricción al patrón de consumo de los estratos

más pobres III, IV y V, quienes en general dedican un 45% de su ingreso al

consumo de alimentos y un 65% en promedio al gasto conjunto de alimentos

y medicinas (J.V. León, Declaraciones a El Universal del 03/01/11. Pág. 7).

El efecto es mayor cuando se mide el impacto que tendrá sobre ambos rubros

la devaluación del tipo de cambio de 2.30 a 4.30 bolívares por dólar,

instrumentada desde enero de 2011 por el Gobierno, dado que los alimentos

se importan en más de un 70% y las medicinas y otros productos

farmacéuticos, en más de un 50%, son procedentes de países industrializados.

Estimando que, el 75% de las familias venezolanas devengan

un ingreso menor a dos salarios mínimos se tiene que, esos grupos familiares,

para esa fecha, solo podían acceder a un 90% de la Canasta Alimentaria y

sólo con 5.2 veces el salario mínimo de BsF. 1.224 podían acceder al costo

de la Canasta Básica para comienzos del año 2011. Ello también implica que

el 75% de las familias que trabajan y devengan menos de dos salarios, solo

podían acceder al 40% del costo de la Cesta Básica familiar. Esto acontece en

plena primera década del siglo XXI cuando el gasto público previsto en el

presupuesto anual está en el orden de los BsF. 204.000 millones, el nivel de

la deuda se montó en los 112.000 US$ millones, el PIB nacional alcanza a

233.000 US$ millones y el precio promedio del petróleo supera los 90 US$ el

barril.


79

Contextualizando aun más el marco de la deprivación de los

trabajadores venezolanos, se hacen útiles los resultados del informe de la

UCAB (19) el cual forma parte del Proyecto Pobreza puesto en marcha como

iniciativa de investigación desde 1997. Allí se señala, entre otros hallazgos,

que el 82.6% de la población ocupada tiene un empleo precario y un 63.6%

de los trabajadores está mal pagado y 21.4% subutilizado. En términos

absolutos esto significa que, 9.5% millones de trabajadores labora bajo

términos de precariedad. De allí se concluyó que 21% de los empleos es

precario por la ausencia de beneficios y 20% por la duración de la jornada

laboral. Se destaca del estudio que el nivel de precariedad ha crecido durante

el actual gobierno por cuanto en 1997 habían 4.52 millones de trabajadores

laborando en condiciones alta o medianamente precarias, mientras que en

2008 se aumentó a 7.36 millones.

Esa panorámica de la condición socioeconómica de vida del

ciudadano promedio venezolano obliga a algunas conclusiones preliminares

las cuales todas se enmarcan en el reconocimiento de que existe una

institucionalidad difusa y manipulada politicamente que no logra conectar

con eficacia los nodos del circuito económico del país con los agentes

sociales que en última instancia son quienes lo motorizan. El sistema no

fluye con eficiencia y persisten los estrangulamientos y obstáculos que

desinflan los impactos que pudieran ejercer las medidas tomadas para

promover desarrollo y crecimiento. El baremo de la viabilidad en las políticas

públicas sigue estando ligado al clima de inversión en el sector privado, al

orden y disciplina del gasto público, al rescate del nivel adecuado y la calidad

del bienestar público y a la superación de la crisis de justicia y de los

derechos humanos que afecta a la mayoría de los ciudadanos venezolanos de

hoy, quienes no se sienten representados para el ejercicio de la democracia,

en las instituciones actuales que conforman el Poder Público Nacional.

Antonio Márquez S.

80

La intensificación de las acciones temerarias del Gobierno

Nacional a favor del desmantelamiento del aparato productivo industrial

manufacturero y agropecuario -acción que está guiada por una interpretación

distorsionada y extraña de la realidad- da pie a vaticinar un conflictivo clima

social donde se enfrentarán los intereses ubicados en el campo de la

racionalidad económica y el sentido práctico/constructivo de la vida versus el

´dirigismo hoy, y autocrático´ que como concepción arcaica del desarrollo

domina, desde el poder, el rumbo y la gestión del país (20).


81

IV. LA CONSTITUCIÓN NACIONAL COMO

MARCO FUNDAMENTAL DE UN DESARROLLO VIABLE.

En diciembre de 1999, mediante referendo la constitución Nacional

de Venezuela fue aprobada por el pueblo y proclamada por la Asamblea

Nacional como un acto soberano de afirmación y avance del proceso

democrático iniciado formalmente en la década de los 60’s, pero que venía

emergiendo desde la constancia y tenacidad con que líderes políticos de

vanguardia, junto a los trabajadores petroleros organizados, supieron

introducir factores del cambio hacia la representación democrática de los

ciudadanos en el engranaje de la nueva estructura del poder conformada con

posterioridad a la muerte de Gómez en 1935.

El proceso fundacional de las bases democráticas y el desarrollo

sustentable del país aún no ha concluido su fase quizás más importante:

conciliar la teoría del ´deber ser´ inmersa en los preceptos, con la práctica

real, de acuerdo a lo que derivan para su vida los perceptores. Esto significa

consolidar un nivel y ámbito de ejercicio de gobernabilidad eficáz, incluyente

y eficiente desde el punto de vista de sus beneficiarios directos que son los

ciudadanos conscientes de sus derechos y obligaciones como individuos y en

sociedad.

En Venezuela ese proceso de elevación progresiva en las conquistas

democráticas ha tenido fases críticas que significaron reacomodos

importantes en la estructura socioeconómica y política del poder en cuanto

que se fueron concatenando los efectos multiplicadores de cambio que

empujaban hacia la modernización política. Las ventajas y el avance social

que representaban valores humanos como la participación política en las

decisiones nacionales, la equidad distributiva del ingreso, la cooperación en

el fomento de la prosperidad, el aseguramiento de mejoras sostenibles en las

Antonio Márquez S.

82

condiciones de vida, etc., ya habían asegurado en las luchas un espacio

crucial como consignas emblemáticas y políticamente oportunas en

momentos en que se resquebrajaban y retrocedían los controles de una

dictadura fundamentalmente feudal como la de J. V. Gómez pero que

contradictoriamente disponía con suficiencia de altísimos proventos que al

erario público convergían por los canales de la renta petrolera; factor éste que

integraba, por las ventas del crudo, la dinámica socioeconómica rentista del

país a la de los grandes mercados capitalistas del mundo.

A partir del momento en que comenzó la extinción del régimen

Gomecista, y sus fundamentos principales de atraso y dominación, se han

configurado en el país cuatro momentos históricos que, desde nuestra

perspectiva, han sido cruciales a la hora de marcar hechos trascendentales

que han afectado el curso histórico de los acontecimientos nacionales; a

saber, la huelga petrolera de 1936; los sucesos del 23 de enero de 1958 que

culminaron con el derrocamiento de la dictadura militar de Marcos Pérez

Jiménez; la explosión social del “Caracazo” en 1989; y, la aprobación

popular en la Asamblea Constituyente, de la Constitución Nacional de 1999

que sustituyó a la Constitución de 1961.

• Con la huelga petrolera del 36 ocurrió el primer

enfrentamiento de envergadura entre las fuerzas progresistas democráticas

del país liderada por luchadores sociales de la “generación del 28” y por los

obreros petroleros de Zulia y Falcón principalmente, contra el nuevo

gobierno del General López Contreras el cual había heredado de Gómez una

angosta base de sostén conformada principalmente por acólitos, militares

gomecistas y medradores plegados al gran gasto público que emergía del

poder enganchado al negocio petrolero con las multinacionales.

El ánimo político a la muerte de Gómez era conflictivo y de

retaliación como bien lo reseña la Comisión Ideológica del Movimiento

Ruptura del PRV (21) cuando refiere que “el mismo congreso, cuyos


83

miembros habían sido “elegidos” por Gómez, decidió proceder a la

confiscación de las extensas tierras de la familia Gómez, así como de sus

fábricas. A los opositores del viejo régimen, expropiados en vida del tirano,

les fueron restituidos sus bienes”. Y más adelante agrega: (pág. 90)

“Con esta huelga… (1936)… el proletariado petrolero se puso a la

vanguardia del movimiento democrático. Despertó una ola de solidaridad en

todo el país… alrededor de esta huelga se formó un vasto movimiento

nacionalista, anti-imperialista que incluía hasta pequeños terratenientes y

representantes de la burguesía nacional”.

La presión de la huelga motivó reacciones del régimen que

significaron respuestas formales ante un factor político que iba en ascenso y

adquiriendo peso específico en la escena política posterior a Gómez, como

fueron: el reconocimiento a los sindicatos y su papel en el nuevo juego

político en curso, la paralización de nuevas concesiones petroleras a las

compañías extranjeras junto al reclamo de mayor soberanía impositiva y, la

ampliación con demócratas en el gabinete del Gobierno como por ejemplo el

Dr. Alberto Adriani, Néstor Pérez y luego Manuel Egaña como ministros.

De tal forma que, la iniciativa de una huelga como la del 36, que se

concretó bajo un clima político signado por una estructura de control férreo

del poder, en sí misma representó un reto y una convicción determinada a

insurgir contra un estado de cosas que anclaban al atraso el destino del país y

que culminó con una apertura diversificada del régimen en favor de medidas

que favorecían mejoras en la condición de vida de los trabajadores y la

receptividad hacia nuevos planteamientos de contenido democrático en el

orden político y social.

Antonio Márquez S.

84

• Los Sucesos del 23 de enero de 1958, durante el régimen

de Pérez Jiménez.

Durante el régimen de Pérez Jiménez (1952-58) se volvió a estrechar

el cerco a las fuerzas democráticas que habían logrado cierto fortalecimiento

en su ideario, su organización y sus conquistas en el breve transcurso del

gobierno de Rómulo Betancourt y Rómulo Gallegos (1945-48). La lucha

clandestina ganó de nuevo las calles liderada por un movimiento amplio de

fuerzas progresistas que propulsaban el derrocamiento de la dictadura por la

vía del desgaste político y las protestas sociales. Las luchas obreras

reivindicativas fueron fuertemente reprimidas militar y policialmente con

tenáz hostigamiento y persecución. Es en este periodo dictatorial, sin

embargo, cuando el auge económico auspiciado por la alta renta petrolera –

con la voracidad fiscal del gobierno incluida – y la acometida fastuosa de un

inmenso programa de obras públicas dio pie a la consolidación, en grado

importante, de la industria manufacturera, la agroindustria y el sector

bancario. Esta circunstancia, junto al intervencionismo de Estado en la

economía como gran propulsor de obras y un clima de proscripción decretada

del gobierno a las organizaciones sindicales y a sus direcciones internas

partidistas, (AD, PCV, URD principalmente), provocó que pudieran

agruparse estas fuerzas democráticas en un gran movimiento de resistencia y

lucha de masas contra el gobierno, el cual, hacia finales de la década se

debatía entre sus propias contradicciones y las persecuciones sistemáticas

contra la lucha de los movimientos políticos clandestinos a favor de la

democracia y la participación creciente de los ciudadanos en los asuntos

nacionales. A tales efectos, en la reseñada obra (22) se refiere:

“Hacia 1957, el PCV, URD y AD, Integran la famosa Junta

Patriótica a la que se adhiere además el partido Copei. Esta junta, que asume

la dirección de todas las luchas contra Pérez Jiménez, incluyendo la

actividad en el propio seno de las Fuerzas Armadas, es, en gran parte


85

producto de una táctica correcta…Esta táctica permite romper con el

sectarismo y trazar una correcta política de alianzas contra las dictaduras”.

La intensidad de la las luchas asumidas por las masas trabajadoras

tuvieron el doble carácter de ser tanto por la superación de la precariedad y

carestías presentes en su condición material de vida cotidiana, como por su

determinación a asumir el riesgo que implicaba avanzar en la lucha dentro de

un peligroso contexto político, policial y militar para el ciudadano y la total

conculcación de los derechos civiles.

El derrocamiento de Pérez Jiménez concretó un paso agigantado en

el accidentado camino del avance democrático nacional, el cual tomó un

nuevo impulso, de mayor espectro y perspectivas que aquellas iníciales

expresiones solidarias politizadas en las luchas obreras petroleras del año 36

y que significaron la gémula del proceso por la consolidación democrática

que hasta hoy sigue inconclusa y distante aun de sufragar los reparos

políticos y sociales que se adeudan al ciudadano común que en verdad ha

luchado por un destino más justo.

• “El Caracazo” En febrero de 1989.

El proceso democrático que se inicio a comienzo de los 60´s como

solución política moderna y de avanzada a favor de las libertades civiles, los

derechos ciudadanos y la participación socioeconómica de las masas

trabajadoras en el desarrollo, comenzó de manera drástica a mostrar signos

de agotamiento y crisis hacia la década de los 80´s. El cuadro de dificultades

para el sostenimiento de las condiciones de vida ciudadana había llegado a

constituirse en un factor diario de hostigamiento que amenazaba con explotar

a una escala social considerable. Hacia finales de los 80´s las protestas en

Guarenas por la crisis del transporte y el aumento del precio de la gasolina y

los pasajes, fueron el catalizador principal de una explosión social con

Antonio Márquez S.

86

rápida propagación y violencia por saqueos generalizados en toda la Gran

Caracas la cual fue sofocada con represión militar y saldos de muerte.

A este agravamiento en las condiciones de vida de la población había

contribuido, en buena parte, el punto de inflexión que en la calidad del

crecimiento económico representó la adopción del control cambiario en

febrero de 1983 por parte del gobierno en fase final, de Luis Herrera

Campins pero que en su primera fase hasta 1981 había entronizado en el país

una política económica de fuerte corte liberal con reducida intervención del

Estado y estímulos consistentes económicos y fiscales direccionados con

excesiva prodigalidad hacia la iniciativa privada.

En este contexto creció la deuda, las presiones inflacionarias por la

liberación de los precios y creció también el déficit fiscal lo cual propició el

advenimiento de la recesión, la desconfianza para la inversión y las reiteradas

fugas de capitales que hasta hoy perduran, por cierto a un promedio anual

devastador para el país dados los requerimientos de transformación que éste

reclama por vía de la inversión privada y pública.

La caída de los precios petroleros y la merma cuantiosa del ingreso

fiscal hacia 1986 recrudeció el desempeño critico de la economía el cual se

suavizó durante el lapso de gobierno de Jaime Lusinchi hasta 1989 cuando el

gobierno de CAP adoptó la receta económica neo – liberal del Fondo

Monetario Internacional y con ella se acentuaron los perfiles más agudos de

la crisis social donde la inflación jugó un papel fundamental en la afectación

del nivel de vida de los trabajadores al alcanzar niveles del 80%, y el

desempleo superó el 14%, constriñendo sustancialmente el menguado salario

de las familias y su acceso a bienes y servicios básicos típicos de su consumo

ordinario.

Bajo estas circunstancias se abonó el clima de descreimiento,

decepción y desconfianza ciudadana hacia el sistema socioeconómico y

político que hasta los 90´s había venido sirviendo de marco para el ejercicio


87

de las libertades económicas y civiles donde los derechos de los ciudadanos y

las obligaciones y responsabilidades del Estado debieron propiciar una

conjunción productiva que transmitiera para la vida práctica de los actores

sociales, seguridad, sostenibilidad, equidad y certidumbre en línea con los

principios del crecimiento y el desarrollo que se había expresamente

convenido desde la Constitución Nacional de 1961.

Según Maza Zavala (23) en las dos últimas décadas del siglo XX

hubo predominancia en el país de las políticas neo-liberales que preconizaban

los organismos internacionales como el FMI. Y ello, desde nuestra

perspectiva, contribuyó grandemente a acentuar en forma crítica las

distorsiones estructurales del aparato productivo del subdesarrollo

venezolano que, a pesar del alto ingreso fiscal, los ingresos adicionales

obtenidos por endeudamiento público y el anclaje permanente a otras

expansiones del gasto público ligadas a la renta petrolera, no permitió

trasegar con sostenibilidad e impacto productivo, las bondades de ese gasto

público exorbitante hacia los conjuntos sociales más necesitados de la

población, eximiendo al país de haber colocado una pieza fundamental en el

apuntalamiento del sistema democrático al propiciarse la equidad como

principio guía en la distribución del excedente económico y el ingreso.

• El Referendo y la Constitución de 1999

Ambos eventos llegan a significar la superación, en el papel, de un

gran vacío de representación y participación ciudadana, cuya expresión la

atajaba una institucionalidad difusa y de limitado alcance – presente en la

constitución del 61 – a la hora de expandir los espacios para la acción civil en

función de la transformaciones vinculadas al desarrollo socioeconómico que

reclama el país, a tono con las nuevas tendencias mundiales de exigir plena

vigencia de los derechos fundamentales y el mayor ascenso social y bienestar

del género humano.

Antonio Márquez S.

88

La Constitución de 1999, vigente hoy a duras penas, marca un hito

crucial en lo que se refiere tanto a su preservación como documento magno

para la acción ciudadana como a la consistencia presente en la

institucionalidad para la realización de su contenido. Sobre todo porque para

las fuerzas sociales organizadas de distintas maneras (Sindicatos,

Cooperativas, Empresas, Gremios, ONG’s, partidos políticos, centros de

estudiantes, academias, etc.) la Constitución Nacional acusa hoy los embates

de una acción orquestada a través del poder público nacional para tergiversar

en el terreno de la práctica, el sentido y alcances de aquellos aspectos más

relevantes para el sostén de la vida ciudadana bajo un orden democrático de

convivencia.

La adopción de esta nueva Constitución pretende darle una expresión

más concreta y objetiva a las aspiraciones ciudadanas materiales y

espirituales como son: empleo, salud, vivienda, alimento, educación, cultura,

seguridad, sostenibilidad, participación y futuro cierto. Pero también tiene

como propósito ulterior de mayor alcance, establecer, canales institucionales

más precisos que permitan una mayor viabilidad al proceso de la democracia

y que propendan a convertir en realidad el ´deber ser´.

La gran capacidad de que fue dotada la Constitución Nacional para

garantizar la organización productiva del país, el aprovechamiento racional

de sus recursos naturales y humanos, la distribución equitativa de la riqueza,

el uso reproductivo del excedente económico y la convivencia ciudadana

dentro de un sistema de justicia con plena separación de los poderes públicos,

la convierten en un instrumento esencial del desenvolvimiento democrático

nacional. Ahora se trata de preservar, como un activo histórico, su carácter de

marco referencial constitucional del país, donde están contenidas sus bases

fundacionales que orientan y norman a los actores sociales en su desempeño

como sujetos del desarrollo. Se trata así mismo de canalizar hacia hechos

concretos, la potencialidad disponible a escala nacional, mediante el recurso


89

de una institucionalidad que conecte las metas de la transformación

socioeconómica y política con la factibilidad real de hechos y logros sociales

cada vez más elevados.

La Constitución Nacional vigente está concebida como un

documento de principios, orientaciones y normas (preceptos) convergentes

hacia el objetivo central de lograr un desarrollo nacional integral e integrado,

productivo y sostenido en el tiempo.

Sin embargo en el poco tiempo transcurrido desde su vigencia de

más de una década, no se han concretado logros socioeconómicos y del

sistema de justicia importantes que hayan logrado apuntalar, en grado

apreciable nuestros indicadores de progreso de acuerdo a los referenciales

internacionales convencionalmente aceptados por la comunidad mundial.

Con suficiente claridad en el Titulo IV de la Constitución se halla

plasmado de manera sistémica la fundamentación principista y los fines del

régimen socioeconómico de la República. Desde allí se destaca en primer

lugar (artículo 299) el rol del Estado actuando en conjunto con la iniciativa

privada para promover el desarrollo de la economía nacional con el fin de

elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica

del país a través de la generación de fuentes de trabajo y alto valor agregado

nacional, garantizando solidez, sustentabilidad, permanencia y equidad en el

crecimiento de la economía para acercar una justa distribución de la riqueza

mediante una planificación democrática y de consulta abierta bajo los

principios políticos y administrativos de la descentralización.

Este macro - objetivo estratégico, en la práctica nacional actual, se

haya considerablemente debilitado tanto en su interpretación como ideario-

guía para la acción de gobierno en ejercicio del Poder Ejecutivo como en sus

alcances para garantizar la elevación del nivel de vida de la población y la

soberanía económica del país. A este debilitamiento de la fuerza

transformadora contenida en el documento constitucional del país, aprobado

Antonio Márquez S.

90

en referendo constituyente hace once años, ha contribuido principalmente la

adulteración sistemática del marco institucional ejecutorio que establece la

Constitución en su articulado para normar el país y la creación perversa de

una completa estructura de burladeros y artificios que funciona de manera

superpuesta al cuerpo legal nacional.

El ensanchamiento progresivo del espacio económico del Estado,

especialmente en términos de nomina sin correspondencia con aumentos de

alguna importancia en la producción, es una expresión flagrante de distorsión

de objetivos y propósitos previamente aceptados y concertados en consulta

popular. Pero este dominio creciente del Estado en la economía, ocurre a

costa del declive obligado en la contribución y aporte del sector privado a

la generación del producto real para la economía. Extrapolando al límite, la

planificación centralista de largo plazo que priva desde el gobierno es la de

desarticular primero, mediante estrangulamiento y asfixia, el aparato

productivo del sector privado y su red de aprovisionamiento de insumos y

materias primas, así como el mercado de realización de sus ventas a fin de

romper el circuito que racionalmente lo sustenta. En segundo término,

sustituirlo mediante el procedimiento de las expropiaciones y confiscaciones,

por unidades de producción del Estado (EPS, Cooperativas, comunas,

corporaciones oficiales comercializadoras, asociaciones mixtas con empresas

extranjeras de gobiernos afines etc.) hasta estructurar un circuito estatal con

control político y clientelar que logre el manejo y dominio de todas las fases

de la producción, incluyendo hasta la venta directa de bienes finales traídos

desde el extranjero a cualquier costo y con criterio militar de oportunidad.

Finalmente el propósito ulterior es erradicar al sector privado y la prevalencia

de sus iniciativas hasta extinguirlo como factor necesario de la producción

de riqueza, excedente económico y bienestar.


91

En términos concretos, los registros de información disponibles dan

fe de estas acciones concertadas desde el sector oficial para excluir a la

gestión privada de la producción.

Por vía de ejemplo conviene resaltar la contracción recurrente de la

inversión privada nacional en los últimos años, no como un hecho aislado

estacional ó que declina por insuficiencia de recursos financieros, sino como

un indicador clave del distorsionado crecimiento económico que se obtiene

ante un escenario cada vez más desfavorable a su dinamización.

El comportamiento del sector privado venezolano, desde su

consolidación en la década de los 50´s, ha reaccionado de forma casi directa

de acuerdo a las sinuosidades del gasto fiscal y a los efectos derivados de las

políticas cambiarias asumidas por los gobiernos para enfrentar tendencias

perturbadoras en la economía así como al mayor o menor acierto en el rumbo

adoptado por el factor político como vía para alcanzar los objetivos del

desarrollo.

En la década de los 80´s, cuando se adoptó el control cambiario en

febrero de 1983, en el país se incubó bajo diversas formas el virus de la

desconfianza hacia la efectividad de las políticas públicas para garantizar un

manejo estable para la economía, un control eficáz de sus tendencias y una

gobernabilidad arraigada y segura. Comenzó así el transito creciente hacia la

migración recurrente de capitales como un rasgo típico que permanece hasta

los diez primeros años del gobierno de Hugo Chávez y aún hoy. El

economista García Larralde (24) analizando cinco periodos que abarcan 50

años desde 1957 hasta 2007, señala que en el lapso de 1979 – 88 hubo fuga

de capitales desde Venezuela por el orden de US$ 22.874 millones, a razón

de un promedio anual de US$ 2.287 millones. Durante el lapso de 1989 – 98

la salida de capitales estuvo en US% 39.291 millones a un promedio de

US$ 3.900 millones; y en el periodo desde 1999 hasta 2007 hubo una fuga de

capitales por el orden de US$ 138.924 millones, promediando US$ 15.436

Antonio Márquez S.

92

millones cada año. Del primero al segundo lapso el crecimiento de las salidas

de capital anual promedio fue del 72%; pero, entre el segundo lapso y el

periodo de Hugo Chávez operó un brinco incremental de 293%, lo cual ubica

de manera concluyente a la economía en el campo de la creciente

desconfianza y la cautela en cuanto a inversión privada se refiere. Si a las

conocidas señales de alerta vinculadas a los propósitos de control mayoritario

y estratégico de la economía por parte del Estado se agregan el conjunto de

medidas y acciones concomitantes que obstruyen el circuito de

desenvolvimiento socioeconómico y éntuban´ el uso de los recursos y los

medios hacia las metas de organizar una ńueva´ manera de producir y

generar acumulación de capital y riqueza social, entonces estaríamos en

presencia de un traspaso forzoso de propiedad de medios de producción

(tierra, plantas, maquinas, equipos, infraestructura etc.) a través de

expropiaciones y confiscaciones que logran desarticular las cadenas

productivas existentes y articular la oferta de bienes con importaciones que

hace el Estado y que compiten con la recesiva producción interna del sector

privado.

La simple contrastación del deber ser plasmado en el artículo 299-°

de la Constitución Nacional, con el resultado práctico que dramáticamente

reproduce la realidad observable, sin duda conduce a la conclusión que el

gobierno y la nueva institucionalidad forjada al calor de otros fines políticos,

no satisfacen los requisitos necesarios para que se cumpla el precepto de

“promover el desarrollo de la economía nacional, con el fin de elevar el nivel

de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país” (art.

299-°).

Lo que se ha promovido ha sido justo lo contrario. El Estado creó en

la práctica, un clima de obstrucción y distorsión en el sistema productivo al

romper la sinergia para el desarrollo convergente con el sector privado que ya

tiene el acervo tecnológico y el aprendizaje, así como el dominio de los


93

procesos productivos y dispone de las líneas de acopio de materias primas e

insumos y el recurso humano capacitado sin contar el árrime´ contributivo

periódico que hace a la oferta de bienes y servicios ó PIB así como al

mercado. Por supuesto que la aplicación por parte del Estado de todo un

engranaje coercitivo, orientando a desmembrar buena parte de la capacidad

productiva existente privada, la cual representa hoy un 62%

aproximadamente del PIB total venezolano, tiene que tener un efecto

negativo impactante sobre las disponibilidades de producto para satisfacer la

demanda nacional y las presiones inflacionarias no pueden hacerse esperar. Y

ese impacto no contribuye, por supuesto a “elevar el nivel de vida de la

población ni a “fortalecer la soberanía económica del país a través de la

generación de fuentes de trabajo” como lo establece el mismo artículo 299-°

de la Constitución. Bien por el contrario como estrategia para combatir la

inflación, el Estado ha optado por crear en la práctica un Ministerio de

Importación de Alimentos con lo cual se degrada la importancia de la

producción interna y el mismo modelo de desarrollo endógeno que el

gobierno promovió como bandera política en el año 2006 a través de todos

los organismos públicos vinculados al financiamiento del desarrollo (P.Ej.

Bandes; BIV; Foncrei; etc.). A ésto se agrega que este Ministerio de

Alimentación aplica un criterio estrictamente militar a la hora de asegurar la

disponibilidad de los bienes, sin apego a criterios de mercados disponibles y

sus tendencias, negociaciones oportunas y economías en los precios,

lográndose así adquisiciones apresuradas, inconvenientes y sin control

sanitario del estado de los alimentos, con los riesgos que ello conlleva en lo

que se refiere al respeto a la confianza de la población y daños al presupuesto

público que es, a fin de cuentas, patrimonio de los ciudadanos. Aun ondea

por el país la vergonzosa gestión importadora de alimentos que por el orden

de las 130.000 toneladas métricas realizó la empresa del Estado PDVAL y

que representó una pérdida de 2.480 US$ millones por haberse importado

Antonio Márquez S.

94

alimentos en estado de descomposición bajo un control tercerizado de

empresas cubanas beneficiadas para realizar la centrífuga importadora.

Para concluir es necesario señalar el contrasentido que representa

querer afianzar la soberanía económica del país, desmantelando el aparato

productivo nacional privado (62% del PIB) para satisfacer el consumo con

importaciones masivas de bienes finales de alto valor agregado extranjero,

las cuales en el año 2010 mostraron un incremento del 4.515% con respecto

al año 1998 al pasar las compras del gobierno de 65 US$ millones en 1998 a

3.000 US$ en 2010. La compra de bienes de capital aumentó en el 912% y la

de productos intermedios 317% según el BCV (Ref. El Nacional 08/03/11

pág. 4). Es grave que esta tendencia se reafirme cuando hay un sector privado

que mantiene en uso solo el 54% de su capacidad instalada ante el clima de

irracionalidad económica preponderante.

En general los contenidos plasmados en la carta constitucional

venezolana, referidos a la materia económica que comprende todo el Titulo

VI (Del Sistema Socioeconómico) desde el articulo 299-° hasta el artículo

321-° formalmente expresan de manera estructurada y consistente una

institucionalidad socioeconómica y política amparada en un cuerpo jurídico

emergido de una Asamblea Constituyente convocada por referendo popular,

la cual tuvo a bien incluir como acto conclusivo, el artículo 350-° donde

claramente se establece que el propio pueblo de Venezuela “desconocerá

cualquier régimen, legislación ó autoridad que contraríe los valores,

principios y garantías democráticos ó menoscabe los derechos humanos”.

En el texto de la Constitución, dentro del mismo Título VI referido al

régimen socioeconómico y la función del Estado en la economía, se destacan

otros artículos cuyo contenido medular llevado a la práctica en términos

concretos, aseguraría mejoras sustanciales en las condiciones de vida del

ciudadano común. Así, el artículo 300-° destaca la importancia de “asegurar


95

la razonable productividad económica y social de los recursos públicos”

mediante la creación de entidades funcionalmente descentralizadas.

La práctica del gobierno exhibe justo el opósito cuando se manipula

la ejecución del presupuesto nacional y se hace una distribución sesgada

hacia las instancias del poder público estadal (gobernaciones) y el poder

público municipal (alcaldías), obstruyendo por razones políticas de

conveniencia cupular, el derecho civil a la participación de las masas de

ciudadanos localizados en sus entidades geográficas.

El articulo 302-° expresa que “el Estado promoverá la manufactura

nacional de materias primas proveniente de los recursos naturales no

renovables con el fin de crear tecnologías, generar empleos, y crecimiento

económico, y crear riqueza”. A este respecto, la realidad actual es elocuente

cuando se analiza a las industrias básicas de Guayana. Su desempeño choca

estrepitosamente contra este propósito por cuanto desde 2009 – 2010 hicieron

crisis en ellas aspectos cruciales de la gestión como son: los niveles de

producción declinantes, la falta de planes de inversión para reposición y

ampliación de la capacidad instalada, la falta de control administrativo, la

pérdida de rentabilidad y el trasegamiento de sus ingresos por ventas hacia el

nivel central de gobierno, dejando a las empresas sin autonomía gerencial; y

por último, el exagerado incremento de la nómina y sus compromisos

concomitantes por razones principalmente políticas y de clientelismo. Del

crítico desempeño reciente de estas industrias se deriva más bien un cuadro

de frustración creciente que coloca en un peligroso riesgo un respaldo

neurálgico y fundamental de potencial apoyo a una política económica

integral que se diseñe para realmente atender un desarrollo productivo y

diversificado. En el corto plazo se hace urgente el saneamiento

administrativo de estas empresas, el financiamiento de sus inversiones para

apuntalar sus capacidades productivas, rescatar una operacionalidad

eficiente, y el afianzamiento formal de su autonomía gerencial y comercial.

Antonio Márquez S.

96

El artículo 305° establece que “El Estado promoverá la agricultura

sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, a fin de

garantizar la seguridad alimentaria de la población”. Actuando a contrapelo

de este propósito el Gobierno de Hugo Chávez no ha promulgado para el país

una política nacional integral hacia la agricultura como no sea la

expropiación y la confiscación indiscriminada de fundos y fincas ya

consolidados, muchos de los cuales operaban en niveles de desempeño de

aceptable eficiencia y organización, en cuanto a experiencia y planificación

de sus actividades. A este respecto el Estado ha podido concertar alianzas de

gestión que permitieran un aprovechamiento sinergético dirigido a aumentar

los niveles de la oferta agroalimentaria nacional mediante mejoras de la

vialidad agrícola, mecanizaciones necesarias, financiamiento crediticio y

acompañamiento de su ejecución, riego y mejoras de suelos, capacitación

técnica operaria, dotación de semillas, ensilaje y seguros, seguridad en las

compras, etc. Todo ello era factible y conveniente en lugar del brutal

desmantelamiento que tuvo lugar en unidades productivas emblemáticas del

país como por ejemplo, Agroisleña, Hato el Frio, El Charcote, fincas de la

zona Sur del Lago, etc.

Por otra parte, la política de seguridad alimentaria de la cual habla

expresamente el artículo constitucional en comento, ésta se ha enganchado

directamente – y cada vez más – con las importaciones de alimentos ya

industrializados, y de materias primas (ganado en pie, maíz, lácteos),

principalmente desde Brasil, Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda, Nicaragua,

USA y Colombia, habiéndose abandonado prácticamente en su totalidad un

esfuerzo por el desarrollo endógeno que tanto proclamó el gobierno hasta

hace seis años, cuando al final en clara conciliación con la cultura del

“rentísmo petrolero”, optó por la creación de un ministerio para coordinar el

funcionamiento de todo un aparato para importar alimentos y

comercializarlos a nivel nacional.


97

Ni que hablar del concepto de sustentabilidad involucrado en el

mismo artículo 305° en lo que a logros estratégicos se refiere del supuesto

desarrollo integral que trata de explicar el gobierno nacional. Como muestra

de inconsistencia en la acción y en los resultados baste citar el hallazgo que

mostró el VII Censo Agrícola, recién finalizado en 2011, cuando registró un

descenso de 1.390.000 hectáreas desforestadas de bosques naturales desde

1998, lo que significa un 15.46% en la reducción de la sustentabilidad para

avanzar en la producción rural, donde también se registró un descenso de

8.18% en la superficie agrícola y un 19.7% en la superficie dedicada a

pastizales (Ref. VII Censo Agrícola INE 2011 Doc. Pedro Piñate B, Diario El

Universal fecha 21/06/11 cuerpo 3, página 8).

Desde otro ángulo en la evaluación del componente económico,

inmerso en el contenido normativo de la Constitución Nacional, emerge lo

relativo al régimen fiscal y monetario donde el artículo 311 establece que “La

gestión fiscal estará regida y será ejecutada con base en principios de…

transparencia y equilibrio fiscal”.

En principio, la gestión del gobierno nacional desde hace un cúmulo

de años (2003 en adelante) ni es equilibrada, presupuestariamente hablando,

ni es transparente. Las pruebas son evidentes y de alto perfil: el déficit fiscal

es recurrente y crece paradójicamente en “pari passu” con el ritmo de ascenso

en los precios de realización del crudo petrolero. En cuanto a la transparencia

en la ejecución de la gestión fiscal, la existencia de un presupuesto paralelo

conformado con fondos de gastos extrapresupuestarios -también de origen

petrolero por supuesto- que se manejan a través del Fonden y el Fondo Chino

principalmente, abonan en favor de una sombría opacidad fiscal.

En general los indicadores de deuda de un país se sitúan en el mismo

contexto fiscal en que germinan las políticas públicas deficitarias. Pero de

acuerdo a las cifras que se reseñan, la situación fiscal de Venezuela luce

agravada desde la perspectiva del gasto fiscal deficitario alineada al ritmo

Antonio Márquez S.

98

creciente del endeudamiento a pesar del auge de los precios del petróleo en

los mercados internacionales.

Algunas relaciones relevantes destacan este perfil de la situación

fiscal del país:

Fuente: BCV extraídas de Revista ZETA N° 1769 del 27/08/10

La relación de deuda pública/exportaciones es alta y reflejan que el

crecimiento de la deuda durante el lapso de los nueve años casi copa la total

capacidad de los ingresos por exportaciones para atender esos compromisos;

en el año 2000 fue del 75% y en el año 2009 alcanzó al 97% de los ingresos

fiscales. De forma similar, si los ingresos internos del fisco se adjudicaran al

pago de la deuda interna, ésta absorbería, en promedio, cerca de un 40% de

los recursos, exceptuando el año 2003.

Respecto al déficit, hay que destacar su importancia como recurso

usual de los gobiernos a la hora de formular propósitos más allá de sus

capacidades. A este respecto resulta emblemático el caso de Grecia dentro de

la Unión Europea, país que exhibe desde hace casi dos años unas

proporciones de déficit fiscal que le desajustaron el comportamiento

macroeconómico de todas las variables relevantes del equilibrio fiscal y del

presupuesto, obligando a entrar al país en un régimen de rescate financiero y

ajustes del gasto que han mermado la gobernabilidad y exacerbado las

protestas ciudadanas para preservar sus condiciones socio económicas de


99

vida en cuanto a diversidad y calidad. La calificación de riesgo de Grecia está

en el orden de los 965 puntos, mientras que la de Venezuela está en 1192

puntos con respecto a los bonos de USA (Ref: Figueroa, Augusto. España.

Dec., al semanario La Razón del 26/06/2011. Página A-4). La política de

ajuste en Grecia implicó reducir el déficit fiscal de 10% a 5% y aumentar el

IVA en 23% durante el primer semestre de 2011 y además tuvo que despedir

del gobierno a 8.200 trabajadores, cerrar 1.976 escuelas y privatizar activos

del Estado para recaudar fondos para tratar de equilibrar las finanzas

públicas. En el contexto fiscal griego la deuda había alcanzado al 50% del

PIB, y en Venezuela ya éste indicador se acerca peligrosamente al 55%.

En Venezuela el déficit crece rápido a pesar de los ingentes ingresos

petroleros. Desde 2008 al 2010 su evolución en términos absolutos de

ingresos ordinarios fue la siguiente:

Fuente: Semanario Reporte de la Economía del 15/04/11 página 3

De ello se infiere que, tomando como base el PIB del 2011 cercano a

Bs 1.0 billones, (232 US$ millones), la relación déficit/PIB hasta abril de

2011 está ya en el orden del 1%, a escasos 4 meses del año y contando con

ingresos exorbitantes que provienen de mejores precios del crudo (US$ 100

por barril) y que bajo criterios convencionales de disciplina en el gasto

deberían conducir a situaciones de superávit fiscal con todas las bondades

subsiguientes que de allí se derivan por razón de una austera gestión de

gobierno y mejoras en cuanto al riesgo país.

Antonio Márquez S.

100

En cuanto a los perfiles de la deuda, según información del 10/06/11

(Guerra, José; Reporte de la Economía). Se tiene lo siguiente:

La importancia de esta magnitud del endeudamiento deriva en que,

en escasos 11 años la misma se ha hecho también exorbitante. En 1998 ese

monto de la deuda total estaba en el orden de US$ 34.138 millones, lo que

representa un incremento proporcional del 300% a una razón escalada del

28% anual y a ritmo alineado casi con la inflación promedio anual que ha

sido cercana al 30% en los últimos años.

Al acelerado ritmo de crecimiento del endeudamiento del país,

incluyendo la única empresa nacional que surte el 95% de los ingresos en

divisas, hay que agregar dos limitantes que constriñen la holgura del

desempeño fiscal tanto por la ley de presupuesto como por la vía del gasto

paralelo, y es la cobertura de deuda por parte de las reservas internacionales,

las cuales están amarradas en su provisionamiento a variables exógenas del

mercado mundial que son por su naturaleza difíciles de predecir. Ello agrega

al cuadro descrito, vulnerabilidad y riesgo creciente si no se logra ordenar el

gasto público hasta equilibrar estas tendencias propiciadoras del desequilibrio

y la incertidumbre.

En cuanto al requisito de la transparencia que como exigencia señala

en su texto el artículo 311° de la Constitución Nacional, no hay manera de

que al gasto extrapresupuestario o paralelo se le pueda practicar algún control

fiscal por parte del órgano contralor de la República ni alguna supervisión a

su ejecución por parte del órgano Legislativo que es la Asamblea Nacional

como lo establece el artículo 314° de la Constitución Nacional cuando señala


101

que: “No se hará ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la ley de

presupuesto”. Según Ecoanalítica (Ref: Diario El Universal del 28/04/11), lo

disponible en los llamados fondos de gasto paralelo, que son diez

instituciones para 2011, representan el 49% del presupuesto nacional (US$

49 millardos). El mecanismo creado por el gobierno para manejar buena

parte de los ingresos públicos por fuera del presupuesto y sin control le ha

permitido una ostentosa discrecionalidad de carácter pernicioso en cuanto a

lograr economías en el gasto y su eficiencia.

Por vía de ejemplo, al relacionar las reservas internacionales con las

importaciones totales del año 2004, se cubrían 16.3 meses de autonomía; en

el año 2010 esta cobertura bajó a 9.7 meses cuando los estándares

convencionales recomiendan entre 18 y 24 meses como previsión sensata.

(Ref: Ecoanalítica. Diario El Universal, fecha: 21/06/03). Según cifras del

Ministerio de Planificación y Finanzas (Ref. El Universal del 06/06/11)

desde 2005 a 2010 se erogaron US$ 106 millardos a través de los “fondos

paralelos” de los cuales FONDEN – Fondo Pesado Chino, erogó US$ 73.7

millardos. Sobre estos recursos aún no se conocen detalles de su ejecución en

las contrataciones de los proyectos y sus liquidaciones según las

proporciones de obra ejecutada. La Asamblea Nacional aún espera por el

informe auditado de los fondos, de los cuales el Ministerio de Economía y

Finanzas no presenta cifras desde hace cuatro años. (Ref. Diario El Mundo,

fecha: 22/02/11 página 19; declaración de Diputados de la Asamblea

Nacional).

• Hacia un Balance del Potencial Constitucional

Sobre la Constitución Nacional Venezolana son solo unos cuantos

los elementos de su contenido que han sido evaluados de alguna forma en el

presente escrito y hechas las interconexiones necesarias con la práctica

cotidiana que vive el ciudadano común.

Antonio Márquez S.

102

Sin embargo, aún siendo contados estos elementos relacionados en el

análisis, ha quedado expuesto, con la veracidad posible, el inmenso caudal de

consistencia institucional que radica en el texto magno bajo consideración.

Ha quedado así mismo reseñado mediante algunos reportes

cuantitativos junto a ciertas relaciones cualitativas, las profundas

divergencias existentes entre el contenido de los preceptos constitucionales

que representan el ´deber ser´, y lo que materialmente obtiene el ciudadano

común como “quid pro quo” eventual de bondades. En la práctica no se

plasma una conciliación entre las aspiraciones democráticas del ciudadano de

a pie, imbuido en sus derechos civiles, y la oferta de país que dispensa un

Estado totalmente desmarcado del propósito constitucional que aprobó el

pueblo en la Asamblea Constituyente de 1999 mediante referendo. Allí

fueron incorporados de manera consensual los valores del orden

socioeconómico y civil, que en esencia, son la concepción real de vida que se

tiene en un país como garantía de un futuro cierto y sustentable.

También allí fue establecido un cuerpo de principios que representan

los arraigos culturales y antecedentes sociológicos e históricos a los que el

ciudadano recurre como individuo ó grupo para discernir sobre su presente y

su futuro.

Hacia esa conciliación fundamental tienen necesariamente que

converger el Estado y el Ciudadano, desarrollando una interrelación positiva

como los dos grandes factores que debieran desenvolverse en un marco de

justicia, libertad, responsabilidad social, preeminencia de los derechos

humanos, pluralismo político y democracia plena y tangible en todos los

planos de la vida de manera permanente.

El potencial de desarrollo contenido en la Constitución Nacional,

debe concretarse como hecho real a través de la institucionalidad prevista y

concertada como vía autorizada por el pueblo en asamblea fundacional para

alcanzar los objetivos del desarrollo endógeno, productivo y diversificado,


103

que logre eficientemente, distribuir el acervo de riqueza con equidad y

suficiencia entre la población trabajadora. La digestión ciudadana de lo

posible ahora según la Constitución y el dominio eficáz de los procesos para

poner a buen resguardo sus capacidades para proveer bienestar, son, junto al

empoderamiento real del ciudadano y una vigilancia civil dinámica, la única

garantía de consolidar un progreso democrático autosustentable.

Antonio Márquez S.

104


105

V. ECONOMÍA, DESARROLLO INSTITUCIONAL

Y GOBERNABILIDAD

El desenvolvimiento socioeconómico actual del país, tiene lugar por

vía de una institucionalidad adversa a la que, esta prevista como norma

suprema en La Constitución para viabilizar la transformación nacional según

los valores y principios del entorno democrático, en la práctica se ha ido

consolidando una brecha que pretende desinflar a la teoría contenida en los

preceptos allí instituidos desde 1999.

El ciudadano común, conforme a sus derechos, no ha logrado

articular su realidad de vida con los fines –obligatorios- esenciales que tiene

el Estado (artículo 3° de la CRBV) de garantizar la defensa de “la

constitución de una sociedad justa… la promoción de la prosperidad y

bienestar del pueblo”; bien por el contrario, como se comentó en capítulos

anteriores a partir de cifras del propio sector oficial (INE y BCV), en los

últimos diez años se ha acentuado el patrón de desmejoramiento en las

condiciones socioeconómicas de vida de las mayorías de venezolanos,

quienes de manera regresiva, discurren en su movilidad hacia estratos

sociales cada vez más pobres, aumentando así una precariedad de vida que

merma dramáticamente sus expectativas y su condición económica y política

de ciudadanos incluidos en el desarrollo social, en franca contradicción con

los principios y derechos por los que debe velar el Estado venezolano

conforme a la carta magna (C.R.B.V).

Alineada con este proceso perverso de ´justicia´, crece una

estigmática forma social de ingobernabilidad, la cual como efluvio

sistemático actitudinal, ha ido permeando –de manera negativa- hacia todas

las formas e instancias del desempeño público del ciudadano. El diagrama

que sigue ilustra en forma muy general el planteamiento.

Antonio Márquez S.

106

De la ilustración se desprende que, en el plano general, nacional, existen dos

grandes factores de la sociedad como son el Estado y el colectivo de

ciudadanos, los cuales interactúan en dos circuitos esenciales: i) el circuito

económico productivo, donde ocurre el uso de factores, medios y recursos

para generar bienes y servicios¬; y ii) el circuito social, donde tiene lugar el

consumo y usufructo de lo producido. Ambos circuitos de forma concurrente

se interconectan a través una institucionalidad, concebida ésta como el

conjunto normativo de procesos, leyes, procedimientos, costumbres valores,

principios y prácticas que privan y encauzan la dinámica socioeconómica con

motivo de la producción y distribución de bienes y servicios en la sociedad.

De la mayor o menor funcionalidad, dominio, profundidad, alcance y

viabilidad con que esté dotada esta institucionalidad creada, dependerá en

mayor parte el logro de una gobernabilidad más activa, que auspicie que los

estratos más distantes alcancen los beneficios del desarrollo global de la

sociedad. De forma contraria, la inoperancia institucional normativa conduce

por múltiples vías a la merma del bienestar ciudadano, y a la distorsión en

cuanto a las expectativas de movilidad social, a la inequidad y como

respuesta social masiva, a la autodeterminación anárquica del modo de vida


107

de los grupos sociales, manifiesta a través del autogobierno como único

recurso tangible ante la exclusión, la cual dentro del proceso social siempre

genera resultados impredecibles que hacen difícil aplicar medidas

preventivas de resguardo para una convivencia útil y productiva.

• Alteración Institucional, Riesgo y Crisis.

El cuerpo normativo supremo contenido en la Constitución Nacional

tal como fue aprobado, guarda una consistencia integral de todos los

elementos que en el orden socioeconómico, financiero, político y judicial

deben relacionarse. Este marco, en general, tiene funcionalidad operativa y es

un modelo viable para alcanzar los objetivos del desarrollo de la sociedad de

acuerdo a los principios de soberanía, justicia, libertad y democracia real para

los ciudadanos.

Sin embargo, la práctica política y el ejercicio de gobierno

propiamente dicho desde la promulgación de la Constitución hace doce años

ha devenido en un cuadro ostensiblemente diferente el cual ha sido llevado a

la practica por vía de alteraciones y desacomodos relevantes a la

institucionalidad, adherida a tres componentes fundamentales: i) El poder

judicial, por su significancia global en toda la estructura institucional del

poder público concebido como entidad esencialmente amplia donde se

resguarda el cumplimiento del orden jurídico; ii) el sistema socioeconómico,

visualizado como sostén básico que sirve de marco a la producción material

de bienes y servicios de la sociedad; y iii) el sector financiero, responsable de

la intermediación de fondos y de proveer la circulatoriedad necesaria para la

distribución del producto en el sistema socioeconómico a través del consumo

y la inversión.

Bajo esta óptica de análisis, la realidad nacional concreta, ha

derivado en el escaso tiempo de doce años, en una extraña formación

socioeconómica -extemporánea por demás- que se desenvuelve con

Antonio Márquez S.

108

dificultades prácticas de graves consecuencias, bajo la ilusión -entrópica en

su esencia- de una nueva ´racionalidad´ económica, que impide la

sostenibilidad del modelo estatizador que se aplica hoy.

Esa ńueva´ racionalidad se apoya paradójicamente en la vieja base

referencial histórica del llamado socialismo real, que imperó en Eurasia hasta

las postrimerías del siglo XX con la URSS y sus países satélites actuando

como puntera y vanguardia de ese sistema político que concluyó después de

70 años, en un desmoronamiento generalizado y crisis.

Es dentro de este propósito general subyacente en que el Poder

Ejecutivo, integrante formal del Poder Público Nacional, desarrolla de

manera paulatina, una estrategia envolvente que consiste en desempeñarse

tomando el lugar de la entidad general que es el Estado y bajo las

implicaciones radicadas en lo que comprende la personalidad jurídica de éste,

para establecer una relación simple, directa, única y global con el cuerpo

ciudadano, quien desde la perspectiva confusa de un supuesto ´proceso´

revolucionario identifica sus ideales con los mismos de ese Estado que a su

vez son también los propios de un fabricado lider único y permanente del

“proceso”.

En torno a esa relación unilateral y superlativa del Poder Ejecutivo

hacia el cuerpo ciudadano, el gobierno trata de ejercer linealmente todo el

poder que emana del Estado, para imponer un modelo de país concebido

fuera de los límites del orden jurídico constitucional. En la materialización de

este propósito no priva la concurrencia autónoma de los demás órganos o

ramas que conforman el Poder Público Nacional; es decir, el Poder Judicial

(TSJ, los Tribunales, la Fiscalía General de la República, la Defensoría

Pública, los Órganos de Investigación Penal, el Sistema Penitenciario y

otros); el Poder Legislativo Nacional (la Asamblea Nacional y los diputados);

el Poder Ciudadano y el Poder Electoral. La desnaturalización de la relación

entre el poder Ejecutivo y los Ciudadanos a que se alude aquí, emerge


109

cuando se fabrica una identidad espuria entre la figura del Estado y el Poder

Ejecutivo o gobierno nacional, la cual pretende desarrollar una sola acción

global del Estado conforme con el modelo de país que proclama

unilateralmente el Poder Ejecutivo.

De acuerdo a ello y actuando abiertamente en contra de lo

establecido en la Constitución vigente, que es el elemento integrador de la

Republica o Nación, el Poder Ejecutivo prevalece por encima del resto de los

cuatro poderes constituidos, los cuales tienen establecidas sus funciones

propias y las deben ejercer de forma autónoma dentro de sus competencias,

pudiendo haber colaboración -de acuerdo a sus atribuciones- para la

realización de los fines amplios del Estado (art. 136°).

A partir de la transmutación del poder ejecutivo en una entidad de

rango tan elevado y global como es la figura del Estado, y contando ahora

con una sumisión real del resto de los poderes públicos a las directrices

únicas de esa nueva entidad, procede en consecuencia la instauración

regresiva de un modelo sociopolítico sustentado sobre una base económica

material convergente con unas líneas maestras, que de forma gradual

aseguren al Estado un dominio mayor y creciente del espacio

socioeconómico y financiero del país, para luego cerrar el círculo hacia otros

ámbitos de la superestructura, asociados a lo jurídico, lo cultural, la seguridad

del ciudadano, la movilidad publica, los derechos económicos y de

asociación, y también hacia otros aspectos relevantes del desarrollo humano,

integrados a un sentido más general de lo que es el país.

A este nivel de la exposición resulta útil citar al jurista venezolano

Alfonso Rivas Quintero (25) quien refiriéndose al tópico de la separación de

los poderes señala:

“Como cuestión preliminar ha de enfatizase que el poder del Estado

es uno solo y por lo tanto la indivisibilidad del mismo es su nota resaltante.

El Estado realiza su actividad a través de sus órganos, que cumplen funciones

Antonio Márquez S.

110

especificas, que están determinadas dentro de los respectivos marcos

competenciales que les asigna la constitución”. Subrayado propio (Rivas,

2007)

En línea con la cita, se hace oportuno señalar que, en Venezuela -

como en otros países del continente, y del mundo- la noción formal de lo

que es una Republica se halla intrínsecamente asociada a la división de los

poderes públicos, como garantía de vigencia plena y de ejercicio de los

derechos ciudadanos; a este respecto continua Rivas Quintero (26):

“Es importante que en la estructura organizativa del Estado

moderno, se diseñe la forma como está concebido el poder del Estado, y se

habla de la división de los poderes, que es un medio a través del cual se

persigue garantizar el Estado de Derecho, a fin de mantener a cada rama del

poder dentro de su propia esfera de acción, y asegurar los derechos y

garantías ciudadanos”. (Rivas, 2007)

Desde esta óptica entonces, en Venezuela está planteada una

contradicción teórico- práctica entre el deber ser del Estado y lo que

representan los ciudadanos como componentes elementales del orden jurídico

de la democracia. Es decir, entre la verdadera naturaleza del Estado, su

origen y su significancia como expresión del orden jurídico y como garante

del derecho y el sustento legal integrador de la República. Sobre esta materia,

la opinión de Rivas Quintero y de otros autores también vinculados al campo

de lo jurídico son bastante esclarecedoras. El Estado “aun siendo una

abstracción representa una realidad jurídica” (27) Y en el mismo sentido,

(Kelsen, 1949) (28) refiere que:

“El ´Poder´ del Estado tiene que ser la validez y eficacia del orden

jurídico Nacional… cuando por otra parte, se habla de los tres poderes del

Estado la palabra ´Poder´ es entendida en el sentido de una función del

Estado, y entonces se admite la existencia de funciones estatales distintas”.

Más adelante Kelsen, agrega que, la personalidad jurídica del Estado


111

representa el Orden Jurídico total, el cual personificado, constituye la

voluntad colectiva”

En este contexto, en el cual se están planteando materias relativas al

Poder del Estado, las competencias de los órganos que lo integran, el Orden

Jurídico que inviste de poder al Estado, el Orden Constitucional que

fundamenta la relación entre los poderes públicos y los ciudadanos en ellos

representados etc., se hace impostergable retornar al tema relevante del

“Estado de Derecho” a fin de insistir en la necesidad de que exista un

equilibrio en el ejercicio de las competencias de los poderes que confluyen

para lograr los fines del Estado, los cuales a su vez debieran estar

perfectamente alineados con los intereses colectivos del cuerpo de

ciudadanos y sus derechos. La Constitución contiene las normas legales para

salvaguardar y proteger los derechos de los ciudadanos a obtener bienestar,

dirigir su destino socioeconómico etc., y evitar riesgos e incertidumbres en el

curso que se adopte para el desarrollo nacional. Y estas aspiraciones,

exigibles al Estado por los ciudadanos, deben ser garantizadas y provistas por

el propio Orden Jurídico autorizado por el colectivo de ciudadanos, dado que

existe una institucionalidad y una competencia adscrita a cada rama del poder

del Estado con distintos ámbitos de acción para activar las funciones del

Estado en su totalidad, de acuerdo a la naturaleza compleja de lo que se

denomina el modelo de sociedad política.

El empoderamiento real de los ciudadanos en la estructura orgánica

del poder constituido no opera solo por la simple vía de las definiciones

preceptuales plasmadas en el órgano jurídico que es la Constitución

Nacional; así, la institucionalidad prevista en las normas tiene que estar

dotada del suficiente alcance y amplitud para asegurar el cumplimiento pleno

y satisfactorio de las aspiraciones ciudadanas y el resguardo de sus intereses

sin desvíos ni tergiversaciones.

Antonio Márquez S.

112

El Poder Ejecutivo, como integrante del cuerpo normativo

constitucional, pone en actividad la función administrativa del Estado

referida al uso de los recursos. Ello sin injerencia ni coartación de las

competencias de los otros órganos del Poder Publico Nacional. El Poder

Legislativo a través de la Asamblea Nacional tiene la obligación de crear los

cuerpos normativos que a bien tengan promover los demás órganos del poder

nacional o que sean necesarias para garantizar la vigencia de las leyes

conforme a lo que demande la dinámica de la realidad social. La Asamblea

Nacional tiene la facultad potestativa y autónoma de discutir y sancionar las

normativas pertinentes que permitan controlar y poner en actividad al Estado

en la prosecución de los intereses de la República que no son otros que los

que benefician al mismo cuerpo Ciudadano y al país en general. En cuanto al

Poder Judicial y su necesaria imbricación con el sistema de justicia, interesa

aquí destacar su carácter laxo actual con respecto a las prácticas del sistema

venezolano a la hora de preservar el debido proceso en los juicios y a la hora

de actuar ante las reiteradas y persistentes contravenciones al Artículo 256 de

la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela referido a la

imparcialidad e independencia de los Magistrados y Jueces cuando sea

necesario impartir decisiones. Opaca así mismo la acción de justicia la

omisión frecuente de las necesarias investigaciones que debe realizar el

Ministerio Público para fundar las imputaciones a los ciudadanos

presuntamente incursos en criminalidad. De igual forma el sistema de justicia

nacional ostenta la ocurrencia de fallas interpretativas de la norma Jurídica

Constitucional por parte del TSJ, lesionando derechos ciudadanos al provocar

tipificaciones erróneas de delitos por el Ministerio Público. A ello se junta la

contravención recurrente a la normativa que regula los llamados lapsos

procesales en los tribunales recluyendo indebidamente en centros

penitenciarios a ciudadanos que se presumen inocentes, colocando -como

hasta ahora ocurre- en riesgo sus vidas y excluyéndolos ilegalmente de su


113

entorno familiar, además de lesionar gravemente su reputación ciudadana,

laboral y/o profesional. Todas éstas, son fracturas al Estado de Derecho y a la

debida justicia que el poder judicial del país, como órgano adherido al

Estado, debe garantizarle al ciudadano común, sin interferencia de otros

poderes.

Desde esta perspectiva, la titularidad conferida al Estado por el

pueblo a través de una asamblea constituyente para ejercer el poder y que

está plasmada en la norma suprema que es la Constitución, se tornó espuria y

por lo tanto desnaturalizada y fuera de contexto en su propósito de hacer

justicia de forma imparcial, diligente y eficiente, dejando con ello al

ciudadano desguarnecido de sus capacidades constitucionales y sus derechos,

y por lo tanto, habilitado para declararse en desobediencia civil ante la norma

jurídica que impone el Estado, supuesto defensor de sus derechos y

demandante de sus obligaciones tal y como lo señalan los principios

establecidos en el artículo 350° de la C.R.B.V.

• Economía, Valores y Normas Constitucionales.

En los títulos III y VI del Texto constitucional venezolano, están

plasmados coherentemente dos grandes componentes fundacionales de lo que

constituye la República, concebida ésta como la personificación jurídica del

orden democrático autorizado en referendo popular. Estos dos componentes

están representados, por un lado, en los principios y valores que como ideales

fundamentales sirven de base, de guía y de conducta a los ciudadanos para su

desempeño en sociedad, según sus derechos económicos que les reconoce el

orden jurídico (Título III, capítulo VII de la C.R.B.V.) Por otro lado, y en

concordancia positiva, están las reglas y normas que como mandatos

establecen las formas en que se ordenan las relaciones sociales, dentro del

sistema complejo que es el país (Título VI). El primer componente emula

un formato anatómico o mapa, donde se establecen linderos referenciales,

Antonio Márquez S.

114

que son los límites para la acción de los ciudadanos. El segundo componente

está más referido a la fisiología o régimen que activa el sistema

socioeconómico de acuerdo a los principios y condiciones que permitan un

desempeño armónico de la economía dentro de un marco democrático.

En el referido capítulo VII, que comprende desde el artículo 112

hasta el artículo 118, se establecen los irrenunciables deberes y las garantías

que tienen los ciudadanos, para ejercer los derechos económicos de que

disponen. Estas disposiciones les permiten a los ciudadanos desempeñar

actividades económicas en un clima de libertad, acotado por leyes y

principios que promuevan la iniciativa privada, la justicia en la distribución

de la riqueza, la regulación ordenada de la economía, el combate a las

prácticas monopólicas y las centralizaciones que propician ilícitos

económicos y especulación. Así mismo se garantiza como un valor socio-

cultural el derecho de propiedad y el derecho a uso y disposición de los

bienes por los ciudadanos y se regimentan las confiscaciones y

expropiaciones de bienes. También como derechos económicos se reconocen,

la exigencia de los ciudadanos en cuanto a la calidad de bienes y servicios y

su libertad para desarrollar asociaciones para el desempeño de actividades

económicas de conformidad con la ley.

El Titulo VI referido al sistema socioeconómico, se desarrolla desde

el artículo 299 hasta el 321 de la Constitución Nacional y comprende el

funcionamiento de cuatro sub-sistemas que deben estar perfectamente

articulados, a través de los cuales se conectan la esfera real de la producción

y la esfera circulatoria o financiera de la economía. Estos sub-sistemas,

desagregados especifican las normativas de comportamiento de los actores

que se desenvuelven en la sociedad de acuerdo a las siguientes áreas: el área

de la socioeconomía propiamente dicha, el área tributaria, el área monetaria

de la economía y la coordinación macroeconómica; ello para afirmar

bondades como la estabilidad económica y el bienestar social sustentable.


115

Al área socioeconómica corresponde a su vez, en su sistema, un

régimen o conjunto de condiciones regulares que prescriben

comportamientos en torno a la descentralización, el Estado y las actividades

y espacios económicos reservados a su potestad como tal (p. ej. petróleo y

hierro), la promoción de una agricultura sustentable, la producción de

alimentos que permita el autoabastecimiento, el fomento a las PYMES,

actividad artesanal, los oficios populares, turismo, etc.

Abarca también el área socio-económica, un régimen fiscal cuyo

equilibrio está previsto que se preserve a través del presupuesto y su

ejecución eficiente, previendo que los ingresos sufraguen los gastos

ordinarios.

En ese régimen fiscal se requiere establecer límites legales para el

endeudamiento público, y se señalan pautas indicativas de la inversión

reproductiva y social necesaria en comparación con el gasto corriente. Se

establece así mismo toda una institucionalidad densa y suficientemente

organizada para proveer una ejecutoria del gasto público disciplinada y

alineada con los objetivos previstos para el desarrollo, de acuerdo a los

principios y valores referenciales en que se apoyan los derechos económicos

de los ciudadanos y de acuerdo también a las normativas establecidas para

condicionar los parámetros de funcionamiento del sistema socioeconómico

del país. La coordinación macroeconómica del sistema en general prevé la

armonización de la política fiscal con la política monetaria; esta última será

formulada y ejecutada por el Banco Central de Venezuela (artículo 318°

C.R.B.V.) de acuerdo al objetivo básico de lograr estabilidad de precios y

preservar el valor interno y externo del signo monetario, que es el bolívar, a

través de controles como la política cambiaria, la regulación del crédito, las

tasas de interés y la dinámica y el nivel de las reservas internacionales. A este

respecto, sin embargo, es pertinente estar prevenido en que desde el año 2005

el gobierno nacional abolió mediante una reforma legal impropia, la facultad

Antonio Márquez S.

116

autonómica que tenía el BCV de decidir el uso de las reservas internacionales

de acuerdo a objetivos ligados a la estabilidad económica del país, pero no

para financiar las políticas públicas y el gasto del poder ejecutivo.

• Vulneración Institucional y Colapso Socioeconómico

El conjunto de elementos de orden económico, social, políticos y

jurídicos antes señalados, configuran un cauce institucional dotado de total

consistencia, transparencia, especificidad y funcionalidad como para

garantizar al Estado y al Ciudadano una relación armónica y provechosa

donde progresivamente se desarrolle y perfeccione la propia

institucionalidad, acercando mayor eficiencia y logros concretos de avance

social.

Sin embargo, a principios del presente capítulo se enunció como

tópico relevante el riesgo estratégico que implica para el país, el

favorecimiento inconsecuente de alteraciones a la institucionalidad, con el

propósito alternativo de instaurar un modelo sociopolítico que como ya se

señaló, no se ampara en la práctica democrática autorizada en el referendo

originario de la Constitución Nacional actual, y que además carece de

viabilidad socioeconómica.

A este respecto se señaló, que La Constitución vigente, como

producto de estas alteraciones, ha devenido en un cuadro anatómico y

funcional del país distorsionado, de acuerdo a la vigencia de los principios,

valores y deberes establecidos como guía conductual en el despliegue de las

actividades económicas; y trabado, en lo que se refiere al funcionamiento de

la socioeconomía nacional, sin apoyo a los principios de la racionalidad

económica.

Desde esta perspectiva, apartada de los objetivos originales de la

Constitución, es notable –y lamentable- que el gobierno nacional ha

avanzado significativamente en la instrumentación de tres líneas importantes:


117

i) el control del sistema judicial, ii) el control del aparato productivo y de

distribución en la economía, y iii) el control del sector financiero

principalmente bancario y de capitales. Los cambios en la institucionalidad,

según las tendencias, estarán en curso continuo hasta configurar una

estructura orgánica auto-sostenida que funcione con ritmo propio en

sindéresis con el modelo político estatista, donde el Poder Ejecutivo,

administrador de los medios económicos, se ha transfigurado en un poder

integral, más general, (El Estado) donde funge como único titular de la

República, concebida ahora dentro de términos totalitarios.

El resto de los poderes, distintos al Ejecutivo, corren la suerte de

convertirse en satélites de un poder omnímodo, superior, total, único e

indivisible –como es el propio Estado– que gobierna sin alternancia hasta

consolidar, en tiempo prolongado, un proyecto de país donde los intereses del

Estado sean idénticos a los intereses del Gobierno o poder Ejecutivo, el cual

cuenta además con el respaldo ćonstitucional´ de su anverso que, en este

contexto obviamente, es el mismo Estado. Como premisa de esta forma

anómala de cumplir con la Constitución se parte del hecho presunto de que se

tiene la aquiescencia anónima de todos los ciudadanos.

El control político del poder judicial induce paulatinamente -y a

veces abruptamente- a un comportamiento jurídico avieso y sesgado en la

práctica con respecto a los intereses de la ciudadanía. Se direcciona el poder

hacia áreas claves directamente vinculadas con los propósitos e intereses, del

Estado así concebido. De igual forma, el dominio de la base material

productiva del sistema económico, es un objetivo de orden estratégico

superlativo para el gobierno. Sobre este aspecto es emblemática la forma

peculiar que adopta el gobierno a la hora de interpretar el artículo 115 de la

CRBV cuando se refiere a las expropiaciones y su justificación cuando sean

por causa de utilidad pública o interés social. En el artículo mencionado se

garantiza el derecho de propiedad de los bienes o activos de un ciudadano;

Antonio Márquez S.

118

pero, podrá ser declarada la expropiación de éstos en razón del interés

general, “mediante una sentencia firme” como soporte del acto y “mediante

pago oportuno de justa indemnización” (art. 115). En Venezuela, desde el

año 2006 cuando el gobierno nacional silenció la consigna de promover el

“desarrollo endógeno”, ha venido intensificando el ritmo de las

expropiaciones en los sectores agropecuario, industrial y de servicios

públicos como la electricidad y la telefonía. Por vía de ejemplo,

recientemente un grupo de economistas del IESA refieren que el monto

acordado por el Estado para adquirir grandes empresas durante el período

2007-2009 fue de un total de 23.267 US$ millones, lo cual representa el 82%

de las reservas internacionales del país al nivel de julio de 2011. Entre estas

empresas están: Banco de Venezuela, CANTV, La Electricidad de Caracas,

Sidor, Seneca, Cemex, Lácteos Los Andes, LAFARGE y Café Madrid, sin

hablar de Venoco y Exxon Mobil actualmente en litigios que podrían causar

resarcimientos de Venezuela por un orden cercano a los US$ 10.000 millones

(29).

La insistencia del gobierno nacional por imponer cambios en el

orden jurídico constitucional ha sido pertináz. Ya en diciembre del año 2007

el gobierno propuso una modificación en la estructura del territorio que

contemplaba la creación de distritos y comunas; y en esos espacios serían

desarrolladas nuevas formas de propiedad según su óptica. A pesar de que la

propuesta fue objetada, el gobierno a través de sucesivas y abusivas leyes

habilitantes, ha logrado aprobar instrumentos legales que han estimulado la

conformación de unidades ´socialistas´ de comercialización, y logró ampliar

de manera importante el dominio del Estado en la distribución de alimentos

con un control de más del 70% de las importaciones. Durante el año 2008 el

gobierno requirió de la Asamblea Nacional la redacción y aprobación de más

leyes para afianzar el régimen estatizador de las reformas y en diciembre del

2010 logró la aprobación de otra ley habilitante, a los supuestos efectos de


119

atender emergencias por causa de las lluvias, pero se redireccionó su sentido

para “fortalecer y profundizar la legalidad revolucionaria…. Y revertir los

desequilibrios macrosociales que son propios del capitalismo” (Ref. Las

Líneas de Chávez, domingo 02/01/2011. Citadas en el Universal del

03/01/2011. Pág. 1-6).

De las citas y registros señalados se puede derivar con certeza que

hay un propósito gubernamental definido y objetivizado hacia la

modificación de la estructura del texto constitucional por vía de hecho y

hacia el desplazamiento de los principios, valores y derechos económicos y

civiles allí contenidos sobre los cuales hay consenso ciudadano para su

preservación y defensa activa, de acuerdo a como fueron aprobados en el

referendo de 1999.

Otras leyes avanzan para ´legalizar´ el proceso de estatización en el

país, entre las cuales destacan; la Ley de Planificación pública, de las

comunas, del Sistema Económico Comunal, y contraloría Social y Leyes

Orgánicas del Poder Popular entre otras. Las propias “Líneas Generales del

Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007 – 2013”

formuladas desde el Ministerio de Planificación y Finanzas como guía

centralizadora del proceso de estatización socioeconómica se proponen

´dirigir´ un modelo productivo socialista donde el Estado asigna los recursos

y fija los precios. Allí, según sus consideraciones, el mercado se convierte en

un referencial impropio en términos de eficiencia, oportunidad y localización

de las inversiones (30). Ello deja sin garantía de factibilidad técnica,

económica y financiera a sus propios proyectos por hacerse éstos aún más

inviables dentro del disperso marco estructural del rentismo petrolero.

En el sector financiero, conformado por el Banco Central de

Venezuela, el subsector bancario público y privado, el mercado de valores y

el subsector de los seguros, las reformas de la legalidad también se han hecho

presentes; especialmente desde finales del año 2009 cuando tuvo lugar una

Antonio Márquez S.

120

supuesta mini crisis, (31) causada principalmente por las deficiencias

supervisorias y fiscalizadoras de la Superintendencia de Bancos junto al

escaso dominio de esa institución con respecto a la comprensión de la

institucionalidad establecida en la ley de Bancos que estuvo vigente hasta el

28/12/2010. A este respecto la tergiversación interpretativa de su ámbito

prudencial así como una super visión sesgada según un tinglado de intereses

creados ya existentes, son factores que marcaron e incidieron en la quiebra de

numerosos bancos pequeños (11 bancos) los cuales venían presentando

dificultades en su gestión desde 2007 según un conocido informe técnico-

financiero elaborado por la DISIP (32) a solicitud del Ministerio Público.

Dentro de los lineamientos o “líneas maestras” trazadas desde el

Ministerio de Planificación y Finanzas, estaba señalada como una prioridad

la toma de un mayor espacio bancario por parte del Estado y la eliminación

practica del mercado de capitales que funcionaba por una parte, como

canalizador importante de fondos de ahorro para la inversión privada y

pública, como es la concepción mundialmente manejada para este tipo de

mercados. Por otra parte el mercado de capitales operaba como importante

aliviadero de la presión a la escasa oferta de divisas en el mercado cambiario,

a través del Mercado Alterno de títulos (swap) el cual significaba, para

numerosos empresarios y agentes económicos, una alternativa para efectuar

pagos p.ej. nómina e importaciones en moneda extranjera. Este descomunal

error de eliminar ese mercado alternativo se tradujo en efectos negativos para

la inversión privada extranjera en el país, quienes vieron desmejorar aún más

el clima de inversiones por las restricciones a la repatriación de utilidades de

las empresas extranjeras aparte del exiguo monto que recién ahora,

comienzan a tramitar las empresas ante un CADIVI que tiene serias

limitaciones en la oferta de divisas (US$ 30 millones) y una creciente presión

de su demanda que supera los US$ 80 millones diarios según fuentes del

propio sector financiero.


121

• Inviabilidad Actual del Desarrollo Productivo y Crisis de

Gobernabilidad

El propósito estatizador de la economía venezolana llevó al gobierno

a plantear un reordenamiento jurídico de La Constitución vigente no solo en

su esencia formal, su contenido y sus alcances, sino en el nuevo tipo de

relaciones que ahora se plantean hacia los ciudadanos, imbuidos en sus

derechos y obligaciones que les otorga la ley. Y el Estado, identificado

entonces con el nuevo Poder Ejecutivo que –bajo esta nueva práctica- es

quien activa ahora toda la capacidad administrativa de la cual es titular,

asume su autocrática forma de gobierno, bajo el supuesto consentimiento de

los ciudadanos y bajo el marco legal de una institucionalidad desnaturalizada.

El gobierno –como una sola identidad- ejerce ahora funciones más

complejas debido a su nueva condición asimilada a una tergiversación de lo

que en esencia es la personalidad única e indivisible del Estado. Y en ese

mismo sentido, el nuevo poder Ejecutivo exige obediencia uniforme a los

ciudadanos, quienes verán estrecharse cada vez más sus espacios para

acometer con libertad actividades ligadas a la economía, sus derechos

humanos plenos, de acuerdo a la división de los poderes, sus exigencias en

cuanto a la calidad de los bienes y servicios y sus iniciativas para mejorar sus

condiciones socioeconómicas de vida según la movilidad social que permite

la democracia.

En este contexto de alineamiento forzado de la dinámica

socioeconómica y política con los intereses de una clase política dirigente

que busca afianzar de manera definitiva y permanente su empoderamiento

real dentro de la estructura orgánica del Estado, se desatan procesos sociales

contradictorios los cuales oponen resistencia a las tendencias totalizadoras y

autocráticas de concentración del poder. Estos procesos logran expresión

creciente a través de la elevación manifiesta del grado de conflictividad

social y se percibe por la evolución que muestran los indicadores relevantes

Antonio Márquez S.

122

de la socioeconomía, así como por las manifestaciones cada vez más

frecuentes de la ingobernabilidad. Todo ello configura un núcleo de riesgo

de naturaleza compleja e impredecible en sus resultados si es que continúa su

activación bajo ese clima de desacomodo continuo y de transgresión oficial

expansiva. En principio, la viabilidad de un desarrollo productivo,

diversificado y sostenible para el país no está garantizada como lo establece

el propósito constitucional de procurar la superación del subdesarrollo y

afirmar la diversificación productiva nacional..

En segundo término, la ingobernabilidad se ha incubado ya en la

estructura socioeconómica del país, atizada para comenzar, desde la

impunidad del sistema de justicia que discrimina y privilegia entre

ciudadanos cuando debería privar la igualdad de derechos y el respeto al

debido proceso en los tribunales de control y de juicio, junto a una

fundamentación sustancial, apoyada en investigaciones reales, cuando tengan

lugar las investigaciones que a los ciudadanos hace el Ministerio Público. De

allí derivan tipificaciones espurias de delitos que logran incriminar inocentes

condenándolos injustamente a sobrevivir de cualquier manera en penales

donde se han consolidado estructuras paralelas al poder constitucional como

una forma de “gobierno” interno (liderada por los llamados “pranes”) que se

sostiene por los proventos de las actividades marginales del delito real tales

como el tráfico de armas y de influencias, protección de la vida, drogas,

sicariatos y secuestros coordinados desde la cárcel. La ingobernabilidad se

manifiesta asímismo desde la informalidad del comercio nómada que

deambula por las calles de ciudades grandes del país (Caracas, Maracaibo y

Barquisimeto) sin seguridad en los ingresos y sin protección social

preventiva para la vejéz y sobre todo sin expectativas ciertas de cubrir con

certeza el desempeño de su grupo familiar.

Integrando el efecto de estas tendencias con las cifras reales de

desempleo (15,1%) y pobreza (53%) reseñadas por el Dr. Werner Corrales,


123

(Ref: Cit. http://elecciones.net/archivos2010) junto al porcentaje de la

población económicamente activa que absorbe el ahora llamado grupo de

“trabajadores por cuenta propia” que ronda el 43,26%, se obtiene un cuadro

bastante crítico de privación social y exclusión el cual afecta a densos grupos

poblacionales. La sobrevivencia de estos grupos sociales, localizados en un

submundo que tiene una ubicación espacial concreta, moviliza recursos

diversos (humanos, materiales, financieros, tiempo, etc.) cuando despliega

sus actividades, pero no usa, sino eventualmente, sus derechos ciudadanos

para exigir al gobierno atención pública, formación educacional, vivienda y

acceso al consumo. Su desempeño, discurre en un circuito socioeconómico

que dispone de leyes sui generis o propias, apartadas del llamado orden

jurídico formal donde ordinariamente se desenvuelve la relación entre el

poder Ejecutivo/Estado y los ciudadanos. En estas circunstancias se dificulta

diseñar políticas públicas que con algún grado de efectividad atiendan el

problema de la exclusión social y el recrudecimiento de la pobreza, dado que

coexisten en la práctica ´leyes´ y costumbres –así como referencias de

principios y valores- que operan desde compartimientos estancos, contando

cada uno con su propio equilibrio de autosostén.

En el fondo de todo subyace el curso frustrado del desarrollo

socioeconómico del país y la profunda distorsión política del proyecto

constitucional. El funcionamiento de la economía ha devenido en un

inextricable amasijo de fuerzas y variables que actúan en sentido

contradictorio y el resultado, como producto de la irracionalidad económica,

se expresa en las tendencias perversas del desempleo, la paralización de las

inversiones del sector privado, la inflación sostenida en niveles altos, el

ensanchamiento del sector informal de la economía, la vulnerabilidad de la

soberanía alimentaria, la sobrevaluación del tipo de cambio sin apego a

parámetros de productividad y sobre todo la amenaza de riesgo máximo de

que al final prevalezca el omnipresente Estado como único y exclusivo

Antonio Márquez S.

124

productor escaso de bienes y servicios. La expectación de las mayorías

ciudadanas ante la incertidumbre de la economía y sus tendencias junto al

deterioro del cuadro social y la escaséz de oportunidades de progreso y

movilidad social, induce a respuestas económicas ligadas más a la

informalidad y a la solución propia de su modo de vida que a las propuestas

burocráticas del gobierno, descontextualizadas de la realidad y de escasa

trascendencia para proveer soluciones efectivas e integrales. La

ingobernabilidad se refuerza por esta vía e irradia hacia otros contextos del

tejido social vulnerados también por la carencia de medios de vida, la falta de

logros y mejoras en las condiciones materiales de existencia, la desconfianza

soterrada hacia los actores políticos y la intangibilidad de un patrimonio que

asegure desarrollo y sostenibilidad al grupo familiar y a sus descendientes.

Todas estas carencias tienen el rasgo común de haberse ido arraigando

durante un periodo de tiempo prolongado en el cual se fue agotando la

efectividad de las políticas públicas para superar las trabas estructurales del

subdesarrollo.

Hubo periodos de crecimiento, estancamiento y crisis, hubo bonanza

y declives, hubo aciertos y errores, pero en toda la historia de la

socioeconomía venezolana desde los años veinte del siglo pasado jamás se ha

podido trascender mas allá del modelo rentista petrolero y sus efectos

colaterales ligados a la monoproducción, la balanza comercial deficitaria y el

desequilibrio del gasto publico.

Ello ha evidenciado la impotencia formal de los gobiernos para

convertir la renta petrolera en inversión reproductiva por vía del gasto

público orientado principalmente hacia el gasto de capital y el gasto social,

junto a la depuración del gasto corriente en el presupuesto.

Tampoco las políticas públicas han tenido efectividad en ensanchar

las dimensiones del mercado interno a través de la ejecución de las obras de

infraestructura que son causa de un alto déficit de servicios, acumulado en lo


125

que se refiere a obras del sector salud, educacionales, recreacionales, y del

sector vivienda y sus servicios conexos. Ello sin mencionar las necesidades

de inversión del sector eléctrico, de las industrias básicas de Guayana y del

propio sector petrolero que muestra contracción en su capacidad productiva,

junto a las impostergables inversiones en capital humano que demanda hoy el

país con urgencia.

El escaso éxito obtenido y más aun, las abundantes frustraciones

para dotar el país de una base económica material fundada en la

diversificación productiva, en una alta productividad, un mercado atomizado,

ampliado y eficiente y tasas de crecimiento sostenible, contribuyeron de

manera determinante al desacomodo progresivo de las condiciones

socioeconómicas de vida en los estratos sociales de mayor densidad y se

formó una brecha diferenciadora de los intereses, los valores y los principios

que por un lado manejan los representantes del poder Ejecutivo/Estado,

versus los intereses de las mayorías populares del resto de la república. Los

primeros actúan como si estuvieran titularizados para ejercer el gobierno sólo

por virtud del orden jurídico constitucional, con prescindencia de la

legitimación que da la eficiencia social de las políticas públicas sobre los

ciudadanos. Del otro lado están los ciudadanos gobernados quienes

responden en su lucha desde posiciones debilitadas por el desdoblaje

autoritario ocurrido bajo la nueva concepción del Estado, quien actúa ahora

con todo su poder desde un marco difuso y arbitrario con respecto a la

institucionalidad originalmente inserta en el cuerpo constitucional.

En las circunstancias descritas, la ingobernabilidad se acrece por

distintas vías, las cuales a veces se tornan complementarias, dependiendo

todas de la propia dinámica social y política del país, y la acentuación de

resultados aun más críticos en la economía que culminan en resoluciones de

vida y acciones cada vez más temerarias y al margen de la legalidad civil.

Antonio Márquez S.

126

De acuerdo a lo expresado, y considerando que, el orden jurídico

implícito en la Constitución Nacional de la Republica, se adhiere al Estado

según la diferenciación y autonomía de los poderes establecidos; y

considerando además, que así, bajo esta concepción, fue aprobado por el

pueblo en la Asamblea Constituyente en Diciembre de1999, todos los

ciudadanos venezolanos, investidos de los derechos y obligaciones

plasmados en la ley, deben actuar de manera diligente y consecuente para

preservar la armonía funcional del Estado, tal y como fue originalmente

concebida y aprobada en su oportunidad.

Este planteamiento se torna una materia pendiente en base a varias

razones, entre las cuales vale la pena resaltar: primero, Venezuela, desde el

punto de vista situacional económico se halla en una circunstancia de riesgo

mayúsculo en su desempeño como país, dado el empeoramiento que exhiben

sus indicadores más relevantes entre los cuales destacan, el aislamiento

regional y el desencaje integracionista, el deterioro reputacional por las

estatizaciones que ha afectado su percepción internacional de riesgo lo cual

conduce a efectuar emisiones de deuda con cupones de rentabilidad

exageradamente altos; etc.; segundo, el cuadro de desacomodo económico

severo, presente en el país, ha influido de manera determinante en la

acentuación del deterioro social en las grandes mayorías de ciudadanos,

quienes han visto recrudecer el clima de precariedad y carencias en que

discurre el normal desempeño de sus actividades, habiéndose empobrecido

en mayor grado sin haber asegurado un modo cierto de vida y un futuro de

progreso y bienestar, a pesar de los ingentes recursos fiscales que derivan

hacia el gasto público a través del ingreso petrolero exorbitante; tercero, está

presente una circunstancia constitucional en el país la cual reduce el ámbito

previsto para el desenvolvimiento de los ciudadanos nominalmente

investidos de todos sus derechos civiles, sociales, económicos y políticos.

Ello acontece a pesar de que, el orden jurídico contenido en la Constitución


127

Nacional establece el despliegue de la actividad del Estado, a través de los

poderes autónomos diferenciados y preservando la plena vigencia de los

principios y valores fundacionales que nutrieron el espíritu de la legalidad

presente en su texto. Ese orden establece asimismo, las normas y reglas que

demarcaron el ámbito y el modo funcional en que se activa el Estado y sus

órganos conformantes. Los desajustes actuales, presentes en la acción del

Estado y la falta de equilibrio en el ejercicio de los poderes obligan a los

ciudadanos a coordinar acciones civiles, políticas y sociales encaminadas a

restablecer el orden jurídico original y el cumplimiento obligado de las

funciones del Estado, de acuerdo a la normativa existente y los principios y

valores que, son garantía de los derechos ciudadanos.

A todo evento, es útil señalar que, dentro del campo de la política y

en el plano jurídico, existen recursos y alternativas los cuales prevén salidas

ante situaciones de dificultad que pongan en riesgo la vigencia de las normas

constitucionales y la preservación genuina de la acción del Estado en su

relación con los ciudadanos. Los textos jurídicos mencionan la existencia del

llamado derecho a la desobediencia y derecho a la revolución, para referirse a

la facultad inmanente a toda sociedad política organizada y/o a todo pueblo,

de rebelarse ante un régimen autoritario negador de los derechos y garantías

ciudadanas, que quebrante las orientaciones políticas del cuerpo electoral que

lo escogió para la conducción del país. Por lo tanto el pueblo debe recurrir a

todos los medios jurídicos a su alcance para restituir el orden infringido (33).

Sin embargo, en cuanto al derecho a la revolución, se advierte que como

derecho natural que pertenece al pueblo, esta fuera del ámbito formal

jurídico, pero, bajo ciertas circunstancias de apremio y dificultad oprobiosa

se justificaría recurrir a una revolución que rescate la sindéresis, la

economía, la seguridad ciudadana y la convivencia democrática.

En la Constitución Nacional están señalados en su articulado,

previsiones de salvaguarda acerca de la plena vigencia que tiene que

Antonio Márquez S.

128

prevalecer en el funcionamiento de la República en cuanto al Estado de

derecho en todas sus manifestaciones, las reglas democráticas y la división de

los poderes como garantías de buen accionar del Estado y como garante

titular del poder jurídico establecido.

Por vía de ejemplo, se destacan las obligaciones constitucionales que

contempla el artículo 232 cuando establecen al presidente de la república su

obligación de procurar la garantía de los derechos y libertades de los

venezolanos así como la integridad de la República.

En una perspectiva amplia, que funge como red de protección al

orden medular del sistema republicano que está contenido en la Constitución,

otros artículos de la ley establecen expresamente esa facultad ciudadana de

cuestionar de forma y de derecho, el funcionamiento desviado del Estado

cuando quiera que éste opere sin apego al orden jurídico aprobado en el

referendo constituyente. El artículo 333 señala que, ante la eventualidad de

que dejare de observarse el contenido de la Constitución… “todo ciudadano

investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el

restablecimiento de su efectiva vigencia” (ejusdem); y el artículo 334 agrega

y complementa que, todos los jueces de la República, en el ámbito de sus

competencias… “están en la obligación de asegurar la integridad de esta

Constitución” (ejusdem).

En teoría, el buen ejercicio del poder por parte del Estado no debería

dar lugar a los llamados Estados de Excepción por circunstancias de orden

social, económico y/o político como lo señala el artículo 337 de la CRBV,

por cuanto la practica real del orden constitucional debería siempre funcionar

de acuerdo al equilibrio democrático entre los poderes diferenciados y

autónomos y según los principios y valores que respaldan los derechos

civiles y económicos del ciudadano.

También el artículo 138, establece un espacio jurídico formal al

ciudadano para aplicar correctivos contra los excesos en que pudiera incurrir


129

el Estado por la mala práctica del orden jurídico constitucional. Así, ante una

descalificación de la autoridad como genuina e ineficaz se calificaran a sus

actos como nulos.

Al respecto es oportuna a la cita de Rivas quintero (34) cuando

señala que:

“la Constitución no puede ser instrumento acomodaticio de las

pretensiones de los gobernantes de turno; sino que por el contrario ella ha de

impedir la impunidad de quienes al abrigo del poder, se ponen de espaldas a

los grandes intereses Nacionales. La legitimidad de un gobierno se pierde

cuando pretende regular los sentimientos de un pueblo sobre su

democracia… sobre el respeto de sus creencias religiosas o políticas

deslindando sectores de la sociedad para enfrentarlos en una lucha económica

y política… inspirada quizás en viejas… formulas extranjeras de concebir al

Estado y organizar una sociedad política para sumirla a la voluntad

autárquica de un jefe” (Rivas, 2007)

Faltaría aun por agrupar entre las previsiones que establece la

Constitución para su protección y blindaje contra cualquier propósito que

lesione su naturaleza y consistencia jurídica, el denominado derecho a la

desobediencia civil, el cual emerge como un recurso ciudadano implícito en

el contenido de los artículos 138, 333, 334, 337 y especialmente el artículo

350 el cual señala que: “el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición

republicana…desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que

contraríe los valores, los principios y las garantías democráticas o menoscabe

los derechos humanos” (ejusdem). La interconexión explicita en los

señalados artículos del texto constitucional vigente, robustecen de manera

articulada y coherente la capacidad de vigilancia de los ciudadanos acerca

del funcionamiento equilibrado del orden jurídico constitucional, vigilancia

la cual nunca será suficiente si no va acompañada de acciones concretas de

Antonio Márquez S.

130

lucha política y civil que fuercen al cumplimiento del orden jurídico

establecido.

• La Socioeconomía y Los Nuevos Paradigmas del Ciudadano.

Las tendencias mundiales hacia la reafirmación democrática y la

equidad distributiva explican una gruesa proporción del sentido y la

naturaleza de la lucha hoy de los pueblos por tener un acceso justo al

excedente económico y con ello, a la libertad. La propia dinámica

socioeconómica en los países y zonas del mundo, refuerzan la asunción de

nuevos paradigmas en los ciudadanos, impulsados principalmente por el

combate a unas condiciones de existencia material precarias, una rigidéz

extrema en el sistema de distribución de producto y renta y una paralización

de la movilidad política y social necesaria para garantizar la participación

popular representativa.

Al menos en cuatro contextos emblemáticos en el mundo, concurren

hoy procesos sociopolíticos y económicos vinculados a la refundación y

validación de los principios de la democracia. Estos procesos exhiben, un

rasgo común uniforme y general: la lucha por adoptar y/o reafirmar el

sistema democrático como modelo político positivo que logra canalizar las

aspiraciones populares de progreso económico, justicia social y participación

política.

Estos procesos, ubicados en contextos regionales representativos y

distintos, están hoy en curso, algunos como recursos normales en prueba por

los actores sociales; otros como un objetivo de conquista para la fundación de

un nuevo orden social. En los primeros están USA y la Eurozona; y en los

otros están Latinoamérica y el Magreb del norte de África junto a los países

árabes del cercano oriente. En todos, a diferente ritmo y con diferentes

características específicas, avanzan los procesos de lucha por afirmar la

democracia como sistema histórico político de aspiración humana moderna.


131

En USA, la crisis inmobiliaria (subprime), desatada desde el 2008,

ha obligado a importantes reflexiones en torno a la relevancia decisiva que a

favor del equilibrio socioeconómico general del país tiene el sistema de

controles y regulaciones económicas y financieras que puede aplicar el

Estado. La crisis hipotecaria que como una burbuja detonó en el Estado de la

Florida, desencadenó, por contagio a escala nacional, una verdadera crisis

financiera de magnitud considerable en todo el país, afectando de manera

decisiva los indicadores de la economía real como el PIB, las exportaciones,

la inversión, el empleo y el consumo; con efectos directos e inmediatos de

gran envergadura sobre el gasto fiscal y el déficit presupuestario del

gobierno, amenazando la propia cobertura de la política social (medicare,

educación, paro forzoso, becas escolares, pensiones de vejéz, hospicios etc.)

El impacto de los ajustes fiscales y el gasto sobre la socioeconomía, ha

instalado el debate político y la protesta social en el parlamento y en las

calles, exigiendo orden, control fiscal y transparencia en la gestión pública y

privada no solo a nivel interno sino en la política exterior que comprende los

gastos militares y la política de cooperación hacia los países. Después de

cuatro años de la crisis, aun no logran restablecerse en la economía niveles

de empleo y de inversión que rescaten la producción de bienes y servicios

hasta hacerla sostenible y reforzada con exportaciones hacia nuevos

mercados.

La respuesta organizada del gobierno ha sido asimilativa de las

dificultades y de apertura ante la presión social, así como de reordenamiento

focalizado sobre los problemas claves, de índole fundamentalmente

socioeconómicos y financieros que afectan la recuperación. En general priva

y funciona la institucionalidad democrática como recurso inmediato de las

mayorías ciudadanas para exigir atención y solución a través de las políticas

públicas para desarrollar acciones concertadas con el sector privado que

Antonio Márquez S.

132

incluyan mayor control, regulación y orden para rescatar el equilibrio en

función del interés general del país y de los ciudadanos.

En Europa, la propagación de la crisis hipotecaria iniciada en USA, a

todo el sistema financiero internacional de los países, desató un cuadro

generalizado de desequilibrios fiscales y deuda exagerada en los

presupuestos de algunos de los países integrantes de la Eurozona. Tales

desajustes se hicieron particularmente notables en Grecia, Irlanda y Portugal,

mientras que otros como España e Italia se hallan bajo amenaza de incurrir

en insolvencias y defaults por los crecientes déficits y la sustentabilidad del

endeudamiento. Igual que en América en la mayoría de los países de la

Unión, las exigencias de moderación y equilibrio del gasto público a los

gobiernos por parte de los ciudadanos han ido progresivamente generando los

espacios de diálogo que prevé la institucionalidad democrática establecida y

consolidada. Las demandas de los ciudadanos afectados en sus condiciones

de vida socioeconómica por los impactos de los desequilibrios fiscales y la

insuficiencias en los ingresos públicos para sufragar el gasto corriente y la

seguridad social, hallan receptividad y obtienen respuestas que tanto la

discusión parlamentaria como las propias manifestaciones de calle se

encargan de concertar bajo algunos esquemas de viabilidad para

instrumentar medidas que propicien algún grado de estabilidad y control de

la economía.

En Latinoamérica, el cuadro sociopolítico para el posicionamiento de

las tendencias a favor de la democracia, se muestra favorable desde el punto

de vista sistémico formal. Todos los gobiernos actuales existentes en la

región suramericana y caribeña –con excepción de Cuba– han llegado al

poder por vía de la elección democrática y se ha promovido la creación de

mecanismos institucionales que en el marco interamericano propenden a

preservar como sistema el funcionamiento y la vigencia de los principios y

los valores de la democracia sobre la base de la división y autonomía de los


133

poderes respaldados por un orden jurídico constitucional. Aunque ello sea así

solo en en el plano de la formalidad, de por sí representa un gigantesco paso

de avance cuando se compara con el mapa de dictaduras militares totalitarias

que anegaban antes la región y que se caracterizaban por la supresión de las

garantías ciudadanas y la sumisión de los poderes a las directrices únicas del

poder Ejecutivo/Estado, concentradas en la voluntad de un líder/jefe que se

autoasumía como gobernante indefinido en el poder.

Hoy, desde el punto de vista de la praxis política, la esencialidad

operativa de la democracia es otra. En aquellos países donde gana espacio el

modelo del capitalismo de Estado, como son en el caso de Venezuela,

Ecuador, Bolivia y Nicaragua, la fisiología de la democracia adquiere un

perfil sui–generis, donde ´la novedad´ consiste en aprovechar el propio

recurso del referendo y las facultades de que están provistas por definición

las asambleas constituyentes, para la modificación legal de un importante

aspecto de las condiciones para el ejercicio democrático electoral: la

reelección indefinida del presidente de la República. Ello permitiría, en una

expectativa de tiempo prolongada, instaurar un proyecto político de país,

controlado ad-infinitum desde un nivel central, de gran alcance, cuya

implementación necesariamente desencadena un proceso de cambios y

ajustes en la institucionalidad; principalmente en el orden social, político,

económico y financiero a través de adaptaciones progresivas del orden

jurídico hasta alinearlo con los objetivos y metas trazados en un proyecto

autocrático de largo plazo. En esencia es una programación de la sociedad de

acuerdo a bloques claves de control estratégico.

Aquí se hace perceptible claramente la coincidencia operacional

entre esta modalidad ńovedosa´ de subvertir buena parte de la esencia del

modelo político de la democracia, representada por la alternabilidad y la

reelección acotada hasta sólo por un periodo al presidente en turno y la

permanencia también indefinida en el poder de los gobiernos de facto. En

Antonio Márquez S.

134

ambos casos de la versión autocrática de gobierno, se suprime de hecho y de

derecho, la facultad del pueblo ciudadano a cuestionar la gestión pública

responsabilizada en el órgano ejecutivo del Estado que, bajo esta modalidad,

es sencillamente, el gobierno. Se suprimen así mismo por esta vía solapada y

de bajo perfil, las posibilidades de expresión de la voluntad popular cuando

quiera que ésta concluya en que está en riesgo el destino cierto del país y que

se ha hecho vulnerable la seguridad material de sus ciudadanos y que los

asiste ahora el derecho a rebelarse y actuar contra el estado de cosas. Aquí

rige el derecho a desconocer la legislación usurpada o la autoridad, por

contrariarse los principios, valores y garantías democráticos y por

menoscabarse el perfil de los derechos humanos que han sido expresamente

señalados en una Constitución aprobada por el pueblo.

En los países árabes del Magreb y del cercano Oriente, los recientes

acontecimientos sociales y políticos marcan el inicio de cambios profundos y

trascendentales en los modelos de mando totalitario enraizados allí desde

siempre en su historia. Libia, Siria, Yemen, Bahrein, Marruecos, Egipto y

otros han presenciado las turbulencias de movimientos políticos que en masa

propugnan el derrocamiento de regímenes tiránicos que han mantenido

asfixiados los derechos civiles, políticos y económicos de las mayorías

populares, durante el tiempo suficiente para haber fabricado una sólida

estructura de poder basada en concepciones monárquicas en todas sus

variantes (califatos, emiratos, tribus, reinos, etc.). Son regímenes poco

diversificados donde la figura del Estado se adhiere a un presidente de facto

de máxima jerarquía y con poderes plenipotenciarios para poner en actividad

toda la función administrativa del Estado, representada y resumida en él

como jefe permanente del gobierno/Estado y resguardada su permanencia en

el poder por un fuerte aparato de inteligencia política y militar que controla

de manera efectiva las ideas, movilizaciones de los ciudadanos y su

organización. En este contexto el uso y disfrute del espacio socioeconómico


135

y político tiene que ser logrado a través de una rebeldía organizada para

derrocar del poder a la elite política gobernante y marcar un terreno donde

los principios y valores democráticos adquieran vigencia bajo un orden

jurídico nuevo de justicia social y libertad. Los avances diarios en este

sentido son una conquista crucial para el pueblo árabe, y los acontecimientos

se hallan hoy en pleno desarrollo. Solo con el afianzamiento de un orden

democrático en la realidad milenaria de los países árabes de hoy pueden ellos

aspirar a construir un contexto general de desarrollo económico más

productivo, apoyado en una institucionalidad moderna y funcional que

auspicie la participación ciudadana, la equidad distributiva y una

gobernabilidad progresista y democrática real.

Antonio Márquez S.

136


137

VI. CONSIDERACIONES FINALES

El siglo XXI significa, aparte de la circunstancia de ser un tiempo

nuevo que registralmente comienza, también un tiempo anterior, donde

convergen eventos multidiversos cuyo patrón de desarrollo, visto desde su

esencialidad, demarcan un rumbo posible a la perspectiva humana. Ese

rumbo, tendrá uno u otro sentido –o un sentido– dependiendo de las

capacidades humanas desarrolladas para entender con mayor o menor

aproximación la realidad en que vivimos; interpretar su morfología, su

dinámica y orientar de manera conveniente y útil una relación social

armónica, productiva y sustentable.

Durante el acontecer del siglo pasado, no se llegaron a resolver

innumerables problemas de corte social, político, económico, cultural etc, así

como tampoco muchísimas de las diversas contradicciones que desataron las

iniciativas del hombre en cuanto a tecnologías, procesos de producción,

conquista de mercados, generación de ganancias, luchas políticas, calidad de

vida, preservación de intereses creados etc.

Hubo y continúa la acción del hombre y el desarrollo de procesos

que procuran equilibrio y estabilidad a nivel tanto particular de países como

sistémico global, hasta asegurar la mayor elevación posible en los niveles del

desarrollo humano, adherida ésta a una sostenibilidad sinergéticamente firme

y con sentido de renovada continuidad.

El desenvolvimiento de la socioeconomía y la política, de acuerdo a

las metas del milenio, a pesar de destacados e importantes avances en

algunos cauces específicos relacionados más que todo a una oferta atomizada

de bienes y servicios ligados al confort, el acceso de las muchedumbres

ciudadanas, en general, ha sido magro. La frustración en cuanto a mejoras en

las condiciones de vida se ha incubado como un rasgo típico en las

Antonio Márquez S.

138

sociedades de hoy a nivel de los países de economías satelitales ó menos

desarrolladas.

La gran crisis del 2008 debutó con el siglo y con el tiempo adquirió

diferentes manifestaciones fenomenológicas, ligadas por supuesto a lo

económico y financiero que constituyen su patrón central sintomatológico en

la história, aunque la prescripción de la equidad como justo baremo del

progreso social, sea a la larga su propia espada a la hora de explicar la

esencia de las depresiones económicas.

El decurso y antecedentes que ha tenido el modo de distribución del

ingreso y la concentración acumulada de la ganancia en un reducido

segmento poblacional del planeta, ha consolidado un patrón de inequidad el

cual se ha tornado en un factor de influencia disruptiva de gran significación

a la hora de mantener el funcionamiento armónico de la esfera real y

financiera de la economía global como un objetivo del desarrollo ideal ligado

a lo social.

La envergadura del tema, es obvio que escapa al propósito que

animó el presente trabajo; sin embargo, sin pretender anexar propuestas a la

asimetría global que se resume en la inequidad distributiva del ingreso,

conviene adjuntar algunas ideas libres que sobre la socioeconomía y el

desarrollo se manejan cada vez con más frecuencia en el propósito de

explicar el comportamiento de algunos componentes de la crisis severa que

asola al mundo. Por Ejemplo, es un objetivo primordial hoy con la crisis, en

las economías del mundo desarrollado, lograr que el propio circuito de la

economía real refuerce su capacidad alternativa de generar empleos (puestos

de trabajo), la cual se ha visto debilitada ante el uso creciente de tecnologías

ahorrativas de trabajo humano como factor productivo por una parte; a lo

cual se suma el exorbitante crecimiento del sector financiero de la economía

altamente móvil y especulativo pero con autonomía y vigor para configurar

y sostener un dinámico mercado que logra extraer ingentes recursos de


139

liquidez de la esfera real productiva de la economía, provocando un

subconsumo que obliga a acudir al auxilio de demanda desde el gobierno y

desde otros mercados en el exterior. Sin referencial sólido en cuanto a

precios y/o valor real de los títulos acciones, en el mercado financiero se

cotizan valores especulativos que distorsionan cada vez más la relación del

factor financiero con la economía real haciéndola opaca y engañosa como

signo de tendencias.

En este sentido, focalizando la economía de USA, el gobierno ha

desplegado una verdadera política exterior “tentacular”, buscando en el fondo

suplir ó agregar más demanda para los productos de USA en el mundo y

restablecer en algún grado importante el desequilibrio estructural que se ha

ido consolidando en el tiempo y que se ha agravado más con la crisis.

Las mayores regulaciones implantadas desde 2008 en el sector

financiero restringiendo el campo de acción a la banca de inversión, han

conjurado algunas manifestaciones de las fallas; pero en esencia solo han

corrido la arruga en el proceso de la crisis, el cual se apega a causas más

profundas incubadas desde hace tiempo en su naturaleza socioeconómica,

histórica y política fundamentalmente.

Sobre el patrón tecnológico es inevitable su desarrollo y su

expansión ligado a la investigación, la eficiencia en las cadenas productivas y

la búsqueda de mayor penetración en los mercados por el logro de ventajas

en la competitividad de los paises.

De manera que éste es un factor del problema, de la crisis a la hora

de pensar en su solución y en sus causas. Solo un cambio en los llamados por

Baptista (35) “arreglos sociales” a que conducen conflictos de los llamados

“intereses creados” de Benavente (36) pudieran arrojar luces sobre las

grandes implicaciones subyacentes en el entendimiento del problema y esos

cambios pasan por el sacrificio de ganancias en aras del interés general

inclusivo de todos en el proceso global de producción, distribución y

Antonio Márquez S.

140

consumo. Y es allí donde el sistema socio-político democrático adquiere una

vigencia extrema. En la medida que el gobierno sea autentico y genuino

representante de los intereses ciudadanos, el propio Estado, preservando los

intereses nacionales debe imponer normas a los mecanismos distributivos y a

las conductas relativas al consumo y a la inversión que alejen riesgos y

perturbaciones del sistema socioeconómico.

En los países desarrollados, que son las naciones en minoría más

favorecidas, la opulencia de los grupos y su sostenimiento se hace cada vez

más costosa medida en términos de la eficiencia socioeconómica del sistema

en general.

En este contexto las mayorías ciudadanas pujan cada vez con menos

éxito y más defraudación, por los beneficios derivados del excedente

económico y por un espacio económico para la convivencia que en términos

relativos se hace cada vez más reducido y menos diverso en cuanto a

recursos que proporcionen sostén a sus condiciones socioeconómicas de

vida; sobre todo en cuanto a una calidad que objetivamente se deshace en un

clima general de incertidumbre y crisis.

En los países de menor desarrollo, con economías históricamente

articuladas al sistema capitalista mundial, la circunstancia de la crisis

globalizada también coloca su status en una situación de riesgo compartido

con lo que pudiera sobrevenir por la crisis en las economías desarrolladas

capitalistas. Aquellos, aun no han completado el ciclo industrializador de sus

economías y muchos aun están rezagados como monoproductores ó rentistas

de materia primas de amplia demanda en los mercados, rasgo el cual les

asigna el doble riesgo de no contar con una economía diversificada y a la vez

depender de lo exógeno –y volátil – de los mercados externos para asegurar

sus ingresos fiscales y su acopio de divisas.

En ambos contextos, de desarrollados y no desarrollados, acontece la

circunstancia que se torna cada vez más grave y apremiante, de afectarse en


141

grado creciente la condición de vida de las mayorías ciudadanas,

consideradas definitivamente desde todos los ángulos del desarrollo, como el

sujeto y objeto de la economía y la sociopolítica. Solo que, en la actual

circunstancia de la crisis global, la incertidumbre y las carencias presagian

también, de forma más envolvente, un recrudecimiento de penurias y más

escaséz, aparte de disfunciones de la institucionalidad garante de la

operatividad en la economía.

En el caso particular de Venezuela, la agenda política del gobierno

en turno ha asumido la grave responsabilidad de interpretar la realidad

socioeconómica de acuerdo a una óptica que prescinde a todo evento de

importantes factores históricos, sociológicos y económicos presentes a la

hora de diseñar objetivos y proyectar tendencias.

De acuerdo a la lógica objetiva de las ciencias sociales, algunas

relaciones básicas que caracterizan el desarrollo del país señalan, desde una

perspectiva general que, la inequidad del proceso en que ha discurrido y se

ha conformado el patrón de la distribución del ingreso, junto a la debilidad en

los flujos de la institucionalidad democrática, ambos han determinado un

concluyente resultado: la deprivación en las condiciones socioeconómicas de

vida de las mayorías ciudadanas. Rasgos claros de esta deprivación lo

constituyen la marginalización creciente de vastos sectores sociales, el

crecimiento del sector informal de la economía, la configuración de varios

mundos de pobreza sin enlaces, funcionando como compartimientos estancos

y con diferenciales difusos hacia lo que pueden esperar del futuro; y junto a

estas tendencias se ha configurado –o más bien está en gestación– una

nomenklatura (o elite político–militar–burocrática) relacionada directamente

con los resortes del poder político. Esta élite es recipientaria del usufructo de

negociados y está vinculada con la gestión del Estado totalitario, actuando

ahora en el espacio económico más rentable que antes explotaba bajo

normas imperfectas de la democracia, el sector privado. En este torneo

Antonio Márquez S.

142

cíclico por los proventos del excedente económico, históricamente la

mayorías populares han ido derivando hacia una decreciente participación

relativa como se ha hecho evidente estadísticamente al examinar la movilidad

social hacia abajo que agrede a los estratos más pobres de la población.

Avanza el siglo y avanza su pobreza y no se adivinan formulas ni siquiera

parciales, que enfrenten esta injusta tendencia. Las políticas públicas que a

duras penas escapan de la inercia, adolecen de una acendrada presbicia que

no toca el fondo del problema, el cual especialmente hoy se ha acentuado por

la desestructuración del circuito socioeconómico y su racionalidad.

Ello hace apremiante una refundación que como proceso sinergético

acometa el rescate socioeconómico y político del país hasta lograr conformar

una gran ola de empuje que direccione hacia el desarrollo y la cohesión

social productiva.

Esa refundación deberá estar dotada de esencialidad y emerger

precisamente de propuestas críticas hacia el Estado actual del componente

social con valoración especial hacia los aspectos prácticos del desarrollo que

acerquen la viabilidad y unifiquen un cuadro clave de objetivos factibles.

La temática y la crítica así como las propuestas ante la Venezuela de

hoy, no pueden escapar del análisis sobre la naturaleza y las tendencias de la

crisis mundial que explotó en 2008, así como de la frágil correspondencia

que existe entre el sector financiero y la economía real del país, pasando por

evaluar el verdadero potencial de producción y las dimensiones del excedente

económico; los aspectos de generación de empleo productivo y la equidad

distributiva del ingreso; el rol del Estado como palanca fundamental del

desarrollo a través de la calidad en las políticas públicas y el formato de

decisiones ejercidas en un clima de democracia real de promoción de valores

sociológicos propios con énfasis en la participación social cohesiva de las

mayorías ciudadanas asimiladas como factor básico y autónomo del

desarrollo integral.


143

La gran ola de empuje hacia el desarrollo y la consolidación social,

deberá concertar el esfuerzo para acoplar los objetivos de la propuesta con el

propósito general de la refundación en lo económico y en lo político a fin de

engrasar la institucionalidad prevista en la democracia hasta hacerla fluida y

preservarla como garantía única de favorecimiento de enlaces sociales fuertes

que se apoyen en la movilidad social hacia la participación política en la

toma de decisiones y en la distribución del excedente.

Las circunstancias descritas, vistas a través de varios de sus

componentes y otras relaciones básicas del desarrollo, indudablemente que

configuran un cuadro critico para el país en aéreas medulares ligadas al

baremo de lo social cuyo status es a fin de cuentas el tamíz donde se cuela el

éxito o el fracaso de un orden posible de alcance nacional.

Desde la perspectiva del deber ser, referida al cuadro de relaciones

arriba señaladas, pudiera concluirse para el país en que, la mayor equidad en

la distribución del ingreso y la madurez política aplicada a mejorar y

fortalecer la institucionalidad democrática, ambas, debieran converger en el

logro de una mejor calidad en las condiciones de vida ciudadana; con el

consiguiente afianzamiento de las bases societales de la nación, contando

con una economía productiva y sostenible adherida a un proceso renovado de

reafirmación política democrática, facilitadora de reforzamientos sociales que

reproduzcan mayor inclusión con equidad y una representatividad soberana

en el plano internacional.

Pero el cuadro real de la socioeconomía y la política exhibe un perfil

que cada vez se aleja más de las posibilidades de alcanzar siquiera un recodo

del camino que conduce a las metas del milenio mencionadas por la ONU

como referenciales necesarias a la hora de evaluar la calidad de vida en los

países, medida por ejemplo en términos del índice de desarrollo humano y

otros indicadores.

Antonio Márquez S.

144

Venezuela sigue rezagada y obstruido su desarrollo ante una

interferencia decisiva del factor político, el cual desde una opción faláz

concibe la agenda del desarrollo a partir del distribucionismo de la renta

petrolera sin concatenación real con las capacidades productivas instaladas y

la dotación de recursos conocidos y los intereses de las mayorías populares

apreciados desde una óptica productiva.

Se ha configurado una acción sistemática del funcionariado, dirigida

con eficacia hacia la desestructuración de los componentes institucionales

medulares de la vida nacional, expresados en el texto magno constitucional.

En lo económico, la practica actual expone de manera flagrante el

uso dispendioso de los proventos del negocio petrolero a través de un gasto

publico marcado fuertemente por el gasto corriente y el endeudamiento, con

reiterado desapego al gasto de capital y social reproductivo. El aparato real

de la economía privada, desconectado progresivamente de la producción

interna de bienes y servicios por la intervención del Estado en todos los

segmentos del circuito económico (producción, distribución y consumo)

contribuye de manera discontinua y regresiva a la conformación de la oferta,

mientras que el mismo asume la sufragación del consumo aparente con

importaciones masivas y crecientes de bienes finales que como escape al

fulminante impacto de una inflación desbordada, el gobierno controla cada

vez con mayor dificultad, desviando impulso a la economía interna para

generar empleo productivo estable y mejorar la regresiva distribución de

ingreso. El sector financiero de la economía por su parte, muestra tendencias

concretas hacia la insolvencia, dada la articulación perversa que instrumenta

el gobierno de compensar el subconsumo que proviene de la vía salarial con

gasto fiscal suplementario y crédito bancario, presionándolo hasta

recalentarlo cuando se le adiciona el efecto de las gavetas crediticias

obligatorias hacia sectores de la economía de escasa respuesta y rentabilidad.

La extrema dependencia neurálgica del sector financiero bancario de la


145

provisión de divisas en 95% provenientes del petróleo, logra configurar un

cuadro aun más crítico para las instituciones financieras las cuales bajo

ningún respecto concitan a la capitalización patrimonial. Hasta el corriente

año 2011 no existen muestras de que el gabinete financiero haga examen

realista de tendencias e incorpore estos elementos al ámbito de sus

decisiones.

En lo que respecta a lo social, al menos cuatro elementos conspiran

en favor del recrudecimiento de la pobreza; a saber, i) la alta y persistente

inflación la cual se ha tornado imbatible ante la concepción miope del sector

oficial que no logra discernir entre sus causas, las que son estructurales,

como la escasa producción interna de bienes y servicios, y las coyunturales

que se generan por presiones de demanda ante la escaséz de bienes y

servicios y que el gobierno atribuye a la supuesta especulación que proviene

del acaparamiento y la conspiración contra la acción oficial del control de

precios. ii) La concentración de hasta dos salarios mínimos como ingreso en

el 75% de las familias venezolanas. Tal nivel de ingreso (hasta Bs. 2.800,00

al mes) apenas permite acceder al 88% del costo de una cesta alimentaria que

tiene un valor de Bs. 3.194,00 y menos aun de la llamada cesta básica que

tiene un costo aproximado de Bs. 7.400,00 por mes, hasta julio de 2011

según cifras del CENDAS. iii) el engrosamiento creciente de los estratos

sociales III, IV y V a costa de los sectores I y II (clase media) de la población

como lo referencian las propias cifras del INE. iv) el clientelismo oficial, el

cual actúa sin reparo formulando programas con fachadas de supuesto

resarcimiento y compensación social pero cuya intención ulterior persigue

ganar adeptos por vía de la gratificación y el aprovechamiento proselista

político.

En el plano político, los señalamientos más críticos confluyen hacia

el terreno minado de la constitucionalidad y la propagación de un clima

transgresor instalado ya en el sistema de justicia y en el ejercicio del poder

Antonio Márquez S.

146

del Estado. El Poder Ejecutivo, una de las ramas de Poder Público donde

reside el gobierno para activar la administración de recursos, actúa de forma

desviada absorbiendo las funciones y facultades atribuidas al resto de los

poderes (legislativo y judicial principalmente) según la Constitución

Nacional. En consecuencia priva en la práctica un solo poder, el del Estado,

igualado ahora, por identidad biunívoca, al del Poder Ejecutivo o gobierno

Nacional. De esta forma, la institucionalidad, prevista como procedimientos,

formas, mecanismos y procesos para practicar el orden jurídico que es en

esencia el Estado, se desnaturaliza en su contenido. Visto de otra forma por

demás coincidente, la República queda así trastocada o en franco

desacomodo de acuerdo a su base de sustentación original según a lo

aprobado en 1.999 donde se estableció un orden jurídico para la democracia,

apoyado en la división de los poderes públicos y el ejercicio autónomo de sus

competencias respectivas. Desde esta panorámica del gobierno fabricada

desde una base simplista, aleatoria y temporal pero que es al mismo tiempo

profundamente lesiva a los intereses más genuinos del país y a su potencial

económico, resulta pertinente concluir que hay un desencaje mayúsculo del

marco Constitucional genuino bajo el cual está concebido el proyecto

nacional del país, fundamentalmente amparado en los principios y valores de

la democracia.

Ese desencaje ha ocasionado, por una parte un desajuste estructural

en la conceptualización del modelo sociopolítico democrático que se plasmó

inicialmente en el texto jurídico magno, habiéndose por tanto desvirtuado el

patrón de comportamiento del sistema socioeconómico y del régimen

normativo en que se fundamentan sus principios, que son los de justicia

social, democracia, libre competencia, productividad etc. y de la propia

función del Estado en la economía.

Ese desencaje, analizado al traslúz de la situación de riesgo nacional

que vive el país actualmente y que coloca en entredicho su futuro para


147

consternación de las generaciones vendieras de venezolanos, arroja a la arena

sociopolítica la necesidad de una urgente conquista y reasignación de los

espacios económicos y una recomposición del espacio social y político para

las mayorías ciudadanas, empoderadas realmente bajo el sistema de valores

que auspicia una gobernabilidad justa y extendida a todos los estratos

conformantes de la sociedad venezolana.

Antonio Márquez S.

148


149

Citas

(1) Respecto a este enfoque, el cual compartimos, algunos autores lo identifican con la llamada Economía Institucional, la cual se aboca a un tipo de análisis económico que destaca especialmente el rol de las organizaciones políticas y sociales en la determinación de los fenómenos económicos. Esta óptica integra en sus proposiciones un espectro más amplio de las motivaciones humanas (históricas, políticas, sociales etc.) y no solo aquellas referidas a la explicación de los procesos que se orientan a la búsqueda de ganancias. Otros autores, en esta misma línea identifican este enfoque con la llamada socioeconomía.

(2) El Nuevo Paradigma de la Economía Mundial, por Alain Touraine. Zaragoza 2006. Transcripción de Antonio Tausiet.

(3) BAPTISTA, Asdrubal (2008) “La Economía Venezolana entre Siglos” Revista Nueva Economía Volumen No. 28. Caracas, 15/12/08. Págs. 64-65 “La irrupción del petróleo va a transformar desde su misma raíz la vida económica de Venezuela. El desenvolvimiento económico, a partir de 1920, adquirirá en efecto un ritmo del todo diferente. Las seis décadas que siguen…, son de una frenética expansión en todos los órdenes económicos importantes.”

(4) BETANCOURT, Rómulo. “Venezuela Política y Petróleo” edición 2007, Caracas. Academia de Ciencias Políticas y Sociales. “En 1928, el boom petrolero alcanzó el primer tramo espectacular; la exportación de aceite mineral alcanzó los 100 millones de barriles… los ingresos fiscales también, alcanzando a Bs. 230 millones… en el quinquenio 18-23, la exportación total del país alcanzó a Bs 945 millones, de los cuales Bs 56 millones, o sea 5.5% correspondieron a petróleo y sus derivados. En el lapso 28-36, sobre un valor total de las exportaciones de Bs 6,16 millardos, Bs 5,26 millardos, que representaban el 85%, correspondieron a petróleo” (Págs. 60-61).

Antonio Márquez S.

150

(5) Betancourt, Rómulo, op.cit págs. 119 – 120 refiriéndose al periodo 1936 – 41 en Venezuela, Betancourt señala: “El por qué permanecía estacionario el desarrollo industrial se vincula a la miope…o mejor a la ausencia de una política en tal sentido, la privada, restringida en sus actos a la rápida operación comercial y al préstamo hipotecario con préstamos de usura no demostraban ningún interés en la industrialización del país”. El propio Banco Industrial del Estado, de 207 peticiones de créditos industriales recibidas apenas aprobó 4.

(6) Chirino, Orlando. Coordinador de CECURA, Corriente Clasista, Unitaria Revolucionaria y Autónoma. Dec. El Nacional. 05/02/11. “políticas del gobierno estancan las ofertas de empleo formal”. Pág. 4

(7) García Larralde, Humberto. “La Vulnerabilidad extrema de la Economía Venezolana Actual”. (2008). Revista Nueva Economía. Volumen N°- 28. 15/12/08. Cuadro N°- 4, página 94.

(8) Hernández Delfino, Carlos. Revista: El Desafío de la Historia.2010; pág. 81-85. A fines de 1898 la deuda pública total era de Bs. 197.5 millones (62% era externa). En 1908 la deuda era de Bs. 210.3 millones (70% era externa). En 1929 el monto de la deuda pública se había reducido en 75% y en 1935 su saldo era de Bs. 3.7 millones.

(9) Baptista, Asdrúbal. La Economía Venezolana Entre Siglos. Revista Nueva Economía N°- 28, diciembre 2008. Páginas 59-60 y pág. 69.Desde la perspectiva de los ingresos públicos totales que incluyen, además de los ingresos presupuestarios, a los ingresos exorbitantes por concepto de precios del barril petrolero superiores a US$ 40, estas proporciones logran cierta equiparación en torno al 50%.

(10) Márquez S., Antonio. (2011). Desarrollo Socioeconómico Productivo. El gasto Público como Problema. Imprenta Miguel Ángel García e Hijos. páginas 116 a 125.


151

(11) Maza Zavala. Diagnostico Critico de la Economía Venezolana en el periodo 1982 – 2007. Nueva Economía N-° 28. Diciembre 2008. Pág. 41.

(12) El Diagrama N-° 1 ya referenciado en página N-° 57 también sirve aquí como guía útil del sistema explicativo.

(13) BCV, Informes Económicos. Ref. Revista Zeta N° 1773 del 24/09/10 pág. 19.

(14) A agosto de 2011 los precios del barril de crudo petrolero venezolano se mueven en un entorno superior a los US$ 100 el barril.

(15) Sabino, Carlos. (1991). Diccionario de Economía y Finanzas. Editorial Panapo. Caracas.

(16) Diario El Universal del 21/01/11 pág. 1- 8

(17) Encuesta de Coyuntura Industrial. Año 2010. CONINDUSTRIA. Diario El Mundo Economía y Negocios. 06/04/11 pág. 9.

(18) CENDAS. Semanario La Razón del 30/01/11. Página A – 5.

(19) Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello. Diario El Nacional del 08/05/11 página 08. La data utilizada por el estudio fue la encuesta de hogares por muestreo 2008 del INE.

(20) El Dr. Luis Mata Mollejas (2009), en su discurso de incorporación como individuo de número a la Academia Nacional de Ciencias Económicas (02/06/09) refiere una interesante hipótesis sobre el comportamiento esquizofrénico en economía: caso Venezuela. Allí refiere que, gran parte de los errores políticos se derivan de la escasa comprensión de la compleja interacción entre los factores que inciden en la problemática en un momento dado, y que hoy ello es atribuible a la especialización que, en exceso, predomina

Antonio Márquez S.

152

en el tratamiento habitual de las cuestiones sociales, por inducir una visión incompleta o falsa conciencia de la realidad al obviar la unicidad del hecho social (pág. 9 del discurso)

(21) El Imperialismo Petrolero y la Revolución Venezolana Tomo II. Caracas 1977. Pág. 86 y pág. 90. Comisión Ideológica de Ruptura.

(22) Opus cit.pág.287.

(23) Diagnóstico Crítico de la Economía Venezolana en el período 1982 – 2007. Revista Nueva Economía N° 28 Diciembre 2008. Pág. 33.

(24) García Larralde, Humberto. (2008). “La Vulnerabilidad Externa de la Economía Venezolana Actual”. Revista Nueva Economía N-° 28. Caracas. Cuadro N-° 4 página 94.

(25) Rivas Quintero, Alfonso. (2007). El Estado. Estructura y valor de sus Instituciones. Editorial Clemente Editores, C.A. Valencia. Venezuela. 2007. Pág. 106.

(26) Op.cit. pág. 106.

(27) Rivas Quintero, Opus. Cit. Pág. 94Cita a Fayt, Carlos, Derecho Político. Pág. 331 y 337.

(28) Opus. Cit. Pág. 81 Cita a Kelsen, Hans. Teoría General del Derecho y del Estado. Mex. 1949. Pág. 268.

(29) Richard Obuchi, Anabella Abadí y Barbara Lira. “Gestión en Rojo”. IESA. 2011. Caracas. Ref. El Universal 03/07/11 pág. 1-8.

(30) El discurso que declarativamente maneja el Ministerio de Planificación y Finanzas respecto al mercado, se aparta de la lógica económica convencional, pero en la práctica, es el mercado capitalista mundial del petróleo y su lógica netamente capitalista, el que permite que el crudo petrolero venezolano, cuyo costo de producción es de 15 dólares el barril, se pueda vender percibiendo el


153

Estado una plusvalía de 90 dólares por la venta de cada barril. Del mismo Ministerio emana la instrucción permanente, oportuna y pragmática de evaluar el mercado para decidir en torno a las emisiones de bonos y otros instrumentos recurrentes en la acelerada política de endeudamiento público.

(31) A este respecto sobre la corrupción y sevicia presentes como rasgos actuales del sistema de justicia venezolano es extraordinaria la reseña de la obra “2009. De cómo fue fabricada una crisis bancaria y endosada su responsabilidad a un inocente”, de la autora Clorinda Maiuri del Buono. Editorial Rojo Negro. 2011. Caracas Venezuela.

(32) www.antoniomarquez.com.ve

(33) Rivas Quintero, Alberto. Op. Cit. Pág. 350(34) Rivas Quintero, Alberto. Op. Cit. Pág. 359 – 360.

(35) Baptista, Asdrúbal. (2008) Presentación hecha al Dr., Armando Córdova profesor invitado en la conferencia anual de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. 26 Noviembre de 2008. Pág. 8.

(36) Benavente, Jacinto. (premio nobel 1922) “Los Intereses Creados”. España.

http://www.antoniomarquez.com.ve

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Y LA SOCIOECONOMÍA

Venezuela

y los nuevos paradigmas

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International Windmills EditionCalifornia - USA – 2012

Antonio Márquez S.

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Libro ideas libres sobre el desarrollo y la socioeconomia

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