JA-0876/2019-I 1 JUICIO ADMINISTRATIVO: JA- 0876/2019-I. ACTOR: **********************************. AUTORIDAD DEMANDADA: AYUNTAMIENTO DE MORELIA, MICHOACÁN Y DIVERSA AUTORIDAD. JUEZ RESOLUTOR: CARLOS CASTILLO GAMIÑO. SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA: LIC. MARIO PEÑALOZA RINCÓN. Morelia, Michoacán, a uno de marzo de dos mil veintiuno. VISTOS para dictar sentencia definitiva dentro del juicio administrativo número JA-0876/2019-I, promovido por ******* ********************* en contra del acto atribuido al Ayuntamiento y Tesorero, ambos del municipio de Morelia, Michoacán, y R E S U L T A N D O
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JA-0876/2019-I 1
JUICIO ADMINISTRATIVO: JA-
0876/2019-I.
ACTOR: **********************************.
AUTORIDAD DEMANDADA:
AYUNTAMIENTO DE MORELIA,
MICHOACÁN Y DIVERSA AUTORIDAD.
JUEZ RESOLUTOR: CARLOS CASTILLO GAMIÑO.
SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA:
LIC. MARIO PEÑALOZA RINCÓN.
Morelia, Michoacán, a uno de marzo de dos mil veintiuno.
VISTOS para dictar sentencia definitiva dentro del juicio
administrativo número JA-0876/2019-I, promovido por *******
********************* en contra del acto atribuido al Ayuntamiento
y Tesorero, ambos del municipio de Morelia, Michoacán, y
R E S U L T A N D O
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PRIMERO. En escrito presentado el trece de junio de
dos mil diecinueve, ante la Oficialía de Partes de este
Tribunal de Justicia Administrativa, compareció **************
***************, por su propio derecho, a formular demanda
administrativa en contra del Ayuntamiento y Tesorero,
ambos del Municipio de Morelia, Michoacán, señalando
como actos impugnados el “determinar, cobrar, recaudar a mi
cargo el Derecho de Alumbrado Público”.
SEGUNDO. Por razón de turno, el suscrito Juez Primero
Administrativo del Tribunal de Justicia del Estado de
Michoacán de Ocampo, se avocó al conocimiento del asunto y
mediante proveído de veintiséis de junio de dos mil
diecinueve, admitió a trámite la demanda, proveyó lo
conducente respecto a los medios de convicción ofertados y
por último, ordenó emplazar a las autoridades demandadas a
efecto de dar contestación a la demanda instaurada en su
contra.
TERCERO. En acuerdo de doce de agosto de dos mil
diecinueve, se tuvo al apoderado jurídico del Ayuntamiento
de Morelia, Michoacán, dando contestación a la demanda
instaurada en su contra, acordándose lo conducente respecto
a los medios de convicción ofertados.
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CUARTO. Mediante proveído de dieciséis de agosto de
dos mil diecinueve, se tuvo a la Tesorera Municipal de
Morelia, Michoacán, dando contestación a la demanda
instaurada en su contra, se proveyó lo conducente respecto a
los medios de convicción ofertados y se concedió a la parte
actora término para ampliar su demanda si a su derecho
consideraba pertinente.
QUINTO. En proveído de siete de noviembre de dos
mil diecinueve, se tuvo a la parte actora ampliando su
demanda, se admitieron los medios de convicción en la vía y
términos propuestos y se ordenó notificar a las autoridades
demandadas para que comparecieran a dar contestación a la
ampliación de demanda instaurada en su contra.
SEXTO. Mediante acuerdo de tres de diciembre de dos
mil diecinueve, se tuvo al apoderado jurídico del
Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, dando contestación a
la ampliación de demanda instaurada en su contra y se
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proveyó lo conducente a los medios de convicción ofertados
por la autoridad demandada.
SÉPTIMO. Por auto de catorce de diciembre de dos
mil veinte, se tuvo por precluído el término concedido a la
Tesorera Municipal de Morelia, Michoacán, para que diera
contestación a la ampliación de demanda, citándose a las
partes a la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos.
OCTAVO. En fecha dieciocho de diciembre de dos
mil veinte tuvo verificativo la audiencia de desahogo de
pruebas y alegatos, por lo que finalmente se procedió a poner
los autos en estado de resolución.
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. Fundamentación de la competencia. Este
Juez Primero Administrativo del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, es
competente para conocer y resolver el presente asunto, en
términos de lo dispuesto por los artículos 1, 3, fracción XXXI
bis, 143, 144, 154, fracción I, 163 A, 163 C, fracción VII y 272
del Código de Justicia Administrativa de esta Entidad
Federativa.
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SEGUNDO. Acreditación del acto impugnado. La
parte actora señaló como acto impugnado el “determinar,
cobrar, recaudar a mi cargo el Derecho de Alumbrado Público”,
mismo que queda acreditada su existencia con el “Formato
para Pago en Bancos y Módulos Tesorería”, con número de
folio ******** , de fecha cinco de abril de dos mil diecinueve,
relativo al predio con número de cuenta **************, ubicado
en ************************************* de esta ciudad de Morelia,
Michoacán, en el que se contiene la determinación del derecho
por servicio de alumbrado público “DAP”, en cantidad de
$************************************************, visible a fojas 29
y 30 de autos, por haber sido exhibida por la parte actora,
documental a la cual se le concede pleno valor probatorio con
fundamento en los artículos 367, fracción VIII, 518, 530 y 543
del Código de Procedimientos Civiles del Estado de
Michoacán, supletorio del Código de Justicia Administrativa del
Estado de Michoacán, por disposición expresa de su numeral
263, máxime que las autoridades demandadas reconocen su
contenido.
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TERCERO. Determinación de las causales de
improcedencia y sobreseimiento. Con fundamento en el
último párrafo del artículo 205, del Código de Justicia
Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, una vez
realizado el examen de las constancias que integran el
presente juicio, por tratarse de una cuestión de orden público
y estudio preferente, este Juzgador analizará las causales de
improcedencia o sobreseimiento del juicio administrativo, ya
sean planteadas por las partes o las que se adviertan de oficio.
III.1. En primer término, se tiene que las autoridades
demandadas Ayuntamiento y Tesorero Municipal, ambos
de Morelia Michoacán, en sus escritos de contestación a la
demanda y de contestación a la ampliación de demanda,
señalaron como causales de improcedencia y sobreseimiento,
las contenidas en la fracción V, del artículo 205, y fracción II
del artículo 206, del Código de Justicia Administrativa del
Estado de Michoacán, al manifestar que procede el
sobreseimiento del juicio cuando el acto administrativo pueda
impugnarse a través de algún recurso o medio de defesa
ordinario, siempre y cuando no sea optativo, ya que del
contenido del artículo 97 del Código Fiscal Municipal del
Estado de Michoacán, se señala que en materia fiscal
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municipal se podrán interponer recursos y que al indicar
“podrán” no se pueden considerar de carácter optativo sino de
carácter obligatorio, por lo cual, necesariamente debió
agotarse el recurso de revisión previo a la interposición de la
demanda ante este Tribunal.
Causal de improcedencia y sobreseimiento que en
consideración de este Juzgador NO SE ACTUALIZAN, en
atención a las siguientes consideraciones de hecho y de
derecho:
Los dispositivos legales citados disponen por su orden
lo siguiente:
“Artículo 205. El juicio ante el Tribunal es improcedente contra actos o resoluciones: … … V. Que puedan impugnarse a través de algún recurso o medio de defensa ordinario, con excepción de aquéllos cuya interposición sea optativa.” Artículo 206. Procede el sobreseimiento en el juicio cuando: (…) II. Durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; “Articulo 97.- Contra los actos administrativos dictados en materia fiscal municipal, se podrán interponer los siguientes recursos:
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I.- El de revocación; II.- El de oposición al procedimiento administrativo de ejecución; y III.- El de nulidad de notificaciones. Cuando no exista recurso administrativo, será improcedente cualquier instancia de reconsideración…”
De los artículos 205, fracción V y 206, fracción II del
Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de
Ocampo, se advierte medularmente que el juicio ante este
Tribunal e improcedente contra actor y resoluciones que
puedan impugnarse a través de algún recurso o medio de
defensa ordinario, con excepción de aquellos cuya
interposición sea optativa; y que procederá el sobreseimiento
del juicio en el caso de que apareciere o sobreviniere alguna
de las causas de improcedencia prevista en citado artículo 205
del Código de la materia.
Por otra parte, del artículo 97 del Código Fiscal Municipal
del Estado de Michoacán de Ocampo, se desprende que en
contra los actos administrativos en materia fiscal municipal, se
podrá interponer el recurso de revocación, el de oposición al
procedimiento administrativo de ejecución y el de nulidad de
notificaciones; sin embargo, del contenido de dicho numeral no
se establece la imposición u obligación de agotarlos, previo a
la interposición del juicio administrativo, toda vez que el
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vocablo “podrá” que en ellos se contiene, contrario a lo que
refieren las demandadas, denota optatividad y no
coercitividad, dado que de ser así, el legislador hubiese
anotado la expresión “deberá” o frase similar.
Por tanto, el hecho de que la accionante no hubiera
interpuesto otro medio ordinario de defensa, sino que
directamente combatiera el acto impugnado a través del juicio
administrativo ante este Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado, no implica la improcedencia del juicio en términos de
la fracción V, del artículo 205 del Código de Justicia
Administrativa del Estado de Michoacán, porque el
ordenamiento legal invocado por la autoridad, establece la
opción para el particular de promover el juicio administrativo
ante este Tribunal o bien el recurso –como lo señalan las
demandadas-, de ahí que la decisión de optar por acudir al juicio
a impugnar el acto no actualiza la causal de improcedencia en
análisis.
Sirve de apoyo a lo anterior, lo establecido en la
jurisprudencia identificada con el número de registro
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2015907, sustentada por el Pleno en Materia Administrativa
del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la
Federación, Décima Época, publicada el 05 de enero de 2018,
de rubro y texto siguientes:
“RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO. SU INTERPOSICIÓN SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE OPTATIVIDAD. En términos del artículo 9 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, cuando las leyes o reglamentos de las distintas dependencias administrativas estatales, municipales, y de sus organismos descentralizados, establezcan algún recurso o medio de defensa, será optativo para el particular agotarlo o intentar el juicio contencioso administrativo. Ahora bien, la optatividad a que alude el precepto citado, debe entenderse como la posibilidad, y no como la obligación de agotar los recursos o medios de defensa, conforme a lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 113/2016 (10a.), de título y subtítulo: "ACTOS EMITIDOS EN CUMPLIMIENTO A LO RESUELTO EN UN RECURSO ADMINISTRATIVO. ES OPTATIVO PARA EL INTERESADO INTERPONER EN SU CONTRA, POR UNA SOLA VEZ, EL RECURSO DE REVOCACIÓN ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.". Por otra parte, en el Estado de Jalisco es innecesario agotar el juicio contencioso administrativo por existir una excepción al principio de definitividad, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 104/2007 de la Segunda Sala referida, de rubro: "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO. NO ES NECESARIO AGOTAR ESE JUICIO ANTES DEL DE AMPARO PUES SE DA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD AL ESTABLECERSE EN EL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE ESE ESTADO MAYORES REQUISITOS PARA LA SUSPENSIÓN QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO.". De ahí que la parte inconforme puede acudir directamente a interponer juicio de amparo biinstancial.”
Del mismo, se considera que resulta aplicable por
analogía, la jurisprudencia 2a./J. 109/2008, sustentada por la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación
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y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, Septiembre de
2008, Página: 232, cuyo rubro y texto dicen:
“RECURSO DE REVISIÓN. NO ES NECESARIO AGOTAR EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Conforme al artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas o de organismos descentralizados que se rijan por ese ordenamiento, entre los que se encuentra el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia, o resuelvan un expediente, pueden de manera optativa impugnarlos a través del recurso de revisión en sede administrativa o mediante el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por consiguiente, resulta innecesario agotar el recurso de revisión en mención previamente a la promoción del juicio constitucional, pues dada la optatividad de dicho medio de impugnación, no puede dotársele de una obligatoriedad que no lo caracteriza, máxime si como en la especie, se actualiza una excepción al principio de definitividad, al exigir el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (ordenamiento legal que derogó las disposiciones del Código Fiscal de la Federación relativas al juicio contencioso administrativo) mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, los que consisten en: 1) circunscribir la posibilidad de solicitar la medida cautelar a los supuestos en que la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución; 2) obligar al solicitante a ofrecer, en su caso, las pruebas documentales relativas al ofrecimiento de la garantía, a la solicitud de suspensión presentada ante la autoridad ejecutora y, si la hubiere, la documentación en que conste la negativa de la suspensión, el rechazo de la garantía o el reinicio de la ejecución; 3) obligar a ofrecer garantía suficiente mediante billete de depósito o póliza de fianza, para reparar los daños o indemnizar por los perjuicios que pudieran causarse a la demandada o terceros con la suspensión si no se obtiene sentencia favorable en el juicio -debiendo expedir dichos documentos a favor de las partes demandadas-; 4) constreñir a exponer en el escrito de solicitud de suspensión, las razones por las cuales considera se debe otorgar la medida cautelar y los perjuicios que se causarían
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en caso de la ejecución de los actos cuya suspensión se solicite; 5) condicionar el otorgamiento de la suspensión a que, sin entrar al fondo del asunto, se advierta claramente la ilegalidad manifiesta del acto impugnado; y, 6) establecer que se otorgará la suspensión si la solicitud es promovida por la autoridad demandada por haberse concedido indebidamente. Por tanto, los afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas o de organismos descentralizados pueden acudir al juicio de amparo indirecto sin agotar el recurso de revisión establecido en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.”
Sin que sea óbice a lo anterior, el que las autoridades
demandadas aduzcan que es aplicable, por analogía, la
jurisprudencia número XIV.2o. J/11, localizable en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, tomo III, Mayo de 1996, página 558, de rubro:
“REVISION. RECURSO DE. PREVISTO EN EL ARTICULO 135 DE LA
LEY FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, NO ES
OPTATIVO Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL TRIBUNAL
FISCAL DE LA FEDERACION”, toda vez que, dicha jurisprudencia,
emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto
Circuito, no es obligatoria su aplicación para este Tribunal,
1 REVISION. RECURSO DE. PREVISTO EN EL ARTICULO 135 DE LA LEY
FEDERAL DE PROTECCION AL CONSUMIDOR, NO ES OPTATIVO Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION. La expresión "se podrá" contenida en el artículo 135 de la Ley Federal de Protección al Consumidor se integra por el vocablo "se" como forma reflexiva del pronombre de la tercera persona, antepuesto al verbo poder, conjugado en el tiempo futuro imperfecto, también en tercera persona (el) "podrá", de lo que se colige que dicha expresión, debe entenderse como facultad volitiva intrínseca, no externa o material, no la opción para escoger uno u otro, recurso o juicio, sino la necesidad de hacer (interponer el recurso) si no se quiere perder ese derecho. Es decir, sí es obligatorio y no optativo agotar el recurso ordinario de revisión antes de iniciar el juicio contencioso administrativo ante la Sala que corresponda del Tribunal Fiscal de la Federación.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CUARTO CIRCUITO.
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conforme al numeral 217, segundo y tercer párrafo, de la Ley
de Amparo, que establecen lo siguiente:
“Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente.
La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito…”
Del precepto transcrito se advierte que la jurisprudencia
que establezcan los Tribunales Colegiados de Circuito es
obligatoria para los tribunales unitarios de circuito, los juzgados
de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de
las entidades federativas y tribunales administrativos y del
trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del
circuito correspondiente.
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Por ende, en el caso concreto la jurisprudencia invocada
por la autoridad, al haber sido emitida por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, no resulta obligatoria
para este Tribunal, ya que si bien dicho precepto legal
establece que la jurisprudencia que establezcan los Tribunales
Colegiados es obligatoria, entre otros, para los tribunales
administrativos locales, también precisa que lo será para los
que se ubiquen dentro del circuito correspondiente, es decir,
dentro del mismo circuito que el emisor, siendo que en el caso
al Estado de Michoacán, lugar sede de este Tribunal de
Justicia Administrativa, le corresponde el Décimo Primer
Circuito no así al Décimo Cuarto Circuito, por tanto la
jurisprudencia de mérito, en su caso, sólo podría ser
meramente ilustrativa para este Tribunal.
No obstante lo anterior, este Juzgador no comparte tal
criterio, porque como ya se acotó en epígrafes que anteceden,
el vocablo “podrá” denota optatividad, es decir, una posibilidad
para el particular de optar por la instancia que considere
pertinente y no la obligación de agotar los recursos o medios
de defensa, de modo que la jurisprudencia que se comparte
es la identificada con el número de registro 2015907,
sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Tercer
Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación,
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Décima Época, publicada el 05 de enero de 2018, de rubro y
texto siguientes:
“RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN EL ESTADO DE JALISCO. SU INTERPOSICIÓN SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE OPTATIVIDAD. En términos del artículo 9 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, cuando las leyes o reglamentos de las distintas dependencias administrativas estatales, municipales, y de sus organismos descentralizados, establezcan algún recurso o medio de defensa, será optativo para el particular agotarlo o intentar el juicio contencioso administrativo. Ahora bien, la optatividad a que alude el precepto citado, debe entenderse como la posibilidad, y no como la obligación de agotar los recursos o medios de defensa, conforme a lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 113/2016 (10a.), de título y subtítulo: "ACTOS EMITIDOS EN CUMPLIMIENTO A LO RESUELTO EN UN RECURSO ADMINISTRATIVO. ES OPTATIVO PARA EL INTERESADO INTERPONER EN SU CONTRA, POR UNA SOLA VEZ, EL RECURSO DE REVOCACIÓN ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.". Por otra parte, en el Estado de Jalisco es innecesario agotar el juicio contencioso administrativo por existir una excepción al principio de definitividad, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 104/2007 de la Segunda Sala referida, de rubro: "CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL ESTADO DE JALISCO. NO ES NECESARIO AGOTAR ESE JUICIO ANTES DEL DE AMPARO PUES SE DA UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD AL ESTABLECERSE EN EL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE ESE ESTADO MAYORES REQUISITOS PARA LA SUSPENSIÓN QUE LOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE AMPARO.". De ahí que la parte inconforme puede acudir directamente a interponer juicio de amparo biinstancial.”
Del mismo, se considera que resulta aplicable por
analogía, la jurisprudencia 2a./J. 109/2008, sustentada por la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
JA-0876/2019-I 16
Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, Septiembre de
2008, Página: 232, cuyo rubro y texto dicen:
“RECURSO DE REVISIÓN. NO ES NECESARIO AGOTAR EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Conforme al artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas o de organismos descentralizados que se rijan por ese ordenamiento, entre los que se encuentra el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia, o resuelvan un expediente, pueden de manera optativa impugnarlos a través del recurso de revisión en sede administrativa o mediante el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; por consiguiente, resulta innecesario agotar el recurso de revisión en mención previamente a la promoción del juicio constitucional, pues dada la optatividad de dicho medio de impugnación, no puede dotársele de una obligatoriedad que no lo caracteriza, máxime si como en la especie, se actualiza una excepción al principio de definitividad, al exigir el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (ordenamiento legal que derogó las disposiciones del Código Fiscal de la Federación relativas al juicio contencioso administrativo) mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, los que consisten en: 1) circunscribir la posibilidad de solicitar la medida cautelar a los supuestos en que la autoridad ejecutora niegue la suspensión, rechace la garantía ofrecida o reinicie la ejecución; 2) obligar al solicitante a ofrecer, en su caso, las pruebas documentales relativas al ofrecimiento de la garantía, a la solicitud de suspensión presentada ante la autoridad ejecutora y, si la hubiere, la documentación en que conste la negativa de la suspensión, el rechazo de la garantía o el reinicio de la ejecución; 3) obligar a ofrecer garantía suficiente mediante billete de depósito o póliza de fianza, para reparar los daños o indemnizar por los perjuicios que pudieran causarse a la demandada o terceros con la suspensión si no se obtiene sentencia favorable en el juicio -debiendo expedir dichos documentos a favor de las partes demandadas-; 4) constreñir a exponer en el escrito de solicitud de suspensión, las razones por las cuales considera se debe otorgar la medida cautelar y los perjuicios que se causarían en caso de la ejecución de los actos cuya suspensión se solicite; 5) condicionar el otorgamiento de la suspensión a que, sin entrar al fondo del asunto, se advierta claramente la ilegalidad manifiesta del acto impugnado; y, 6) establecer que se otorgará la suspensión si la solicitud es promovida por la autoridad
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demandada por haberse concedido indebidamente. Por tanto, los afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas o de organismos descentralizados pueden acudir al juicio de amparo indirecto sin agotar el recurso de revisión establecido en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.”
Como corolario de lo anterior, es que se concluye que las
causales de improcedencia y sobreseimiento invocadas por
las demandadas, resultan del todo INFUNDADAS.
III.2. Por otra parte, se tiene que el apoderado jurídico
del Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, en su escrito de
contestación de demanda y de contestación a la ampliación de
demanda, medularmente señaló que se actualiza la causal de
improcedencia prevista en la fracción VIII, del artículo 205 del
Código de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, en
virtud de que el acto impugnado no fue ordenado ni realizado
por el Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, dado que el recibo
exhibido por la parte actora, de cinco de abril de dos mil
diecinueve, fue emitido por la Tesorera Municipal de Morelia,
Michoacán y no así por la autoridad que representa, por lo que
no existe acto impugnado emitido por parte del Ayuntamiento.
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A ese respecto, a criterio de este Juzgador, dicha
causal de improcedencia resulta INFUNDADA, en atención a
las siguientes consideraciones de hecho y de derecho.
En primer lugar es menester precisar el contenido del
artículo 190 del Código de Justicia Administrativa del Estado
de Michoacán de Ocampo, el cual esencialmente establece:
“Artículo 190. Son partes en el Juicio Administrativo: (…) II. El demandado. Tendrá ese carácter: a) La autoridad que dictó la resolución impugnada; b) La autoridad ejecutora del acto; c) El titular de la dependencia a la que se encuentre subordinada la autoridad demandada en su caso; o, d) El o los particulares contra quienes la autoridad interponga juicio de lesividad; y,…”
De la anterior transcripción, se tiene que dentro del
juicio administrativo, se considerará como parte demandada,
entre otras, al titular de la dependencia a la que se
encuentre subordinada la autoridad demandada.
Ahora, del análisis del acto administrativo consistente
en la “impresión” de fecha cinco de abril de dos mil diecinueve,
obtenida de la “página oficial” del Ayuntamiento de Morelia,
Michoacán, se tiene que éste se le atribuye a la Tesorería
Municipal de Morelia, Michoacán, órgano municipal el cual
se encuentra subordinado al demandado Ayuntamiento de
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Morelia, Michoacán, en virtud del artículo 11 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo2, en
el cual se establece que los Ayuntamientos constituyen el
órgano responsable de gobernar y administrar cada Municipio
y representan a la autoridad superior en los mismos.
Por lo cual, aún y cuando el acto impugnado no hubiera
sido determinado por el Ayuntamiento de Morelia, Michoacán,
le sigue revistiendo el carácter de autoridad demandada
por el hecho de ser el superior jerárquico del codemandado
Tesorero Municipal de Morelia, Michoacán, en términos del
citado numeral 190, fracción II, inciso c) del Código de Justicia
Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, además
de que la propia accionante adujo haber obtenido la
determinación que combate de la página oficial del
Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, de ahí la NO
ACTUALIZACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA
DE ESTUDIO.
2 Artículo 11. Los Ayuntamientos son órganos colegiados deliberantes y autónomos
electos popularmente de manera directa; constituyen el órgano responsable de gobernar y administrar cada Municipio y representan la autoridad superior en los mismos.
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III.3. Asimismo, del escrito de contestación a la
demanda emitido por el apoderado jurídico del Ayuntamiento
de Morelia, Michoacán, se advierte que hizo valer, en su
escrito de contestación a la demanda y de contestación a la
ampliación de la misma, la causal de improcedencia prevista
en la fracción I, del artículo 205 del Código de Justicia
Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, bajo el
argumento de que la actora no acreditó ser propietaria del
inmueble que se encuentra registrado bajo el número de predio
*********.
De igual forma, se tiene que la Tesorera Municipal de
Morelia, Michoacán, hizo valer en su escrito de contestación
a la demanda, las causales de improcedencia previstas en las
fracciones I y VIII del Código de Justicia del Estado de
Michoacán de Ocampo, bajo el argumento de que el acto
impugnado no constituye una determinación, un requerimiento
de pago, ni mucho menos un pago de la contribución que
impugna, por lo que al no efectuarse un agravio en su contra
con dicha leyenda no afecta su interés jurídico.
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Causales de improcedencia que a criterio de este
Juzgador, NO SE ACTUALIZAN, por las consideraciones de
hecho y derecho que se exponen a continuación.
En primer término, es necesario citar el contenido del
artículo 205, fracción I, del Código de Justicia Administrativa
del Estado de Michoacán, que dispone:
Artículo 205. El juicio ante el Tribunal es improcedente contra actos o resoluciones: I. Que no afecten los intereses jurídicos del actor; …
De la anterior transcripción se advierte que es
improcedente el juicio administrativo ante este Tribunal de
Justicia Administrativa, cuando el acto o resolución combatida
no afectan los intereses jurídicos de la actora.
En esa tesitura, se ha conceptualizado el término interés
jurídico como aquel derecho que, derivado de la norma
objetiva, se concreta en forma individual otorgando una
facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; de
modo que el acto de autoridad que se reclame en juicio, tendrá
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que incidir en la esfera jurídica del particular. En otras
palabras, el interés jurídico consiste en la existencia de un
derecho legítimamente tutelado y que al ser transgredido por
la actuación de la autoridad, faculta al agraviado para acudir
ante el órgano jurisdiccional demandando la reparación de
dicha transgresión.
Asimismo, la tutela de un derecho sólo comprende a
bienes jurídicos reales y objetivos, en consecuencia, las
afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse
en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, lo
que implica que el interés jurídico deba acreditarse en forma
fehaciente y no inferirse con base en presunciones.
En el caso que nos ocupa, no se actualizan las causales
de mérito, toda vez que sí está acreditado el interés jurídico de
la impugnante para acudir a la presente instancia, así como la
afectación que a su esfera jurídica produce el acto traído a
juicio, lo cual está probado con la “impresión” del Formato para
Pago en Bancos y Módulos Tesorería, número ********* de
fecha cinco de abril de dos mil diecinueve, al que ya se le
concedió valor probatorio en líneas que anteceden y del que
se desprende que se encuentra a nombre de la actora y su
domicilio, además de que en dicho documento se le determinó
JA-0876/2019-I 23
el monto que le corresponde pagar por concepto de derecho
de alumbrado público (DAP), por la cantidad de $************
****************************, lo cual es suficiente para demostrar
la afectación a la esfera jurídica de la parte actora, así como
su interés jurídico, de ahí que NO SE ACTUALICE la causa de
improcedencia en estudio.
Por lo anterior, al no actualizarse diversa causa de
improcedencia o de sobreseimiento en el presente juicio, se
procede al análisis de los actos impugnados a la luz de los
conceptos de violación hechos valer por la parte actora.
CUARTO. Fijación de la litis. Conforme a los
planteamientos de las partes y al desarrollo del proceso, la litis
en el presente juicio se circunscribe a lo siguiente:
Determinar la legalidad o ilegalidad de la
determinación del adeudo por concepto de derecho
de alumbrado público contenido en la “impresión “ del
Formato para Pago en Bancos y Módulos Tesorería,
JA-0876/2019-I 24
número ******, de fecha cinco de abril de dos mil
diecinueve.
QUINTO. Estudio de la acción. En términos del artículo
273 del Código de Justicia Administrativa del Estado, este
Juzgador determina entrar al estudio de las personas y
acciones materia del presente juicio y siguiendo los
lineamientos establecidos en el artículo 274 del Código de
Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo,
dispone que la sentencia deberá examinar primero las causas
de ilegalidad que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y
llana, por lo cual, se analiza la primera parte del concepto de
violación identificado como “PRIMERO” del escrito inicial de
demanda, sin que exista la necesidad de su trascripción
porque no existe disposición legal que obligue llevarla a cabo.
Lo anterior tiene sustento en la Jurisprudencia VI.2o.
J/129, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII,
Abril de 1998, página 599, cuyo rubro y texto dicen:
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS. El hecho de que el Juez Federal no transcriba en su fallo los conceptos de violación expresados en la demanda, no implica que haya infringido disposiciones de la Ley de Amparo, a la cual sujeta su actuación, pues no hay precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo tal transcripción; además de que dicha omisión no
JA-0876/2019-I 25
deja en estado de indefensión al quejoso, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, la ilegalidad de la misma.”
Al respecto, también se cita la Jurisprudencia con
registro número 164618, de la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de
2010, página 830, materia Común que se transcribe:
“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.”
V.1. Acotado lo anterior, se tiene que en el caso concreto
la parte actora en la porción del concepto de violación de
estudio, manifestó medularmente lo siguiente:
Que se viola en su perjuicio la fracción I, del artículo
7, del Código de Justicia Administrativa del Estado de
Michoacán, porque la Ley de Ingresos del Municipio
de Morelia, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve
y la “Ley de Ingresos para los Municipios del Estado
de Michoacán de Ocampo”, invaden la competencia
del “Congreso General de la Republica”, al ser
inconstitucional la determinación y cobro por parte de
las demandadas del derecho de alumbrado público,
sobre la energía eléctrica cuando es de fuente
impositiva federal, ya que los ordenamientos legales
mencionados al establecer que la base para el cálculo
del derecho de alumbrado público es el importe de
consumo determinado o el contrato mismo del servicio
por la Comisión Federal de Electricidad, revela que la
base gravable se encuentra relacionada con un hecho
imponible que no corresponde a una actividad del
ente público municipal por concepto del servicio de
alumbrado público, sino a un hecho, acto, situación o
actividad denotativos de capacidad contributiva
JA-0876/2019-I 27
ajenos a la actividad del Municipio, de ahí que debe
concluirse que la “Ley de Ingresos para los Municipios
del Estado de Michoacán”, contiene una contribución
perteneciente a la categoría de los impuestos, por lo
que es violatorio del artículo 73, fracción XXIX,
numeral 5, inciso a), de la Constitución Federal,
precepto que establece que es facultad indelegable
del Congreso de la Unión, no de las legislaturas
locales, ni de Ayuntamientos, el establecimiento de
contribuciones sobre energía eléctrica.
Que a nivel federal, el artículo 2o. del Código Fiscal
de la Federación, establece la clasificación de las
contribuciones, distinguiendo cuatro especies del
género contribución, a saber: los impuestos, las
aportaciones de seguridad social, las contribuciones
de mejoras y los derechos y por su parte, la “Ley de
Ingresos para los Municipios de Michoacán”,
reconoce como contribuciones: “I) IMPUESTOS: Predial,
Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles, Sobre Espectáculos
JA-0876/2019-I 28
Públicos, Adicional para Fomento Educativo, Sobre Lotes
Baldíos, Sobre Rifas. II) DERECHOS por: Ocupación de la Vía
Pública; Expedición, Revalidación y Canje de Permisos o
Licencias para Funcionamiento de Establecimientos; Licencias
de Edificación, Reparación y Restauración de Fincas; Servicios
de Alumbrado Público; Abastecimiento de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento; Expedición de Certificados,
Títulos, Copias de Documentos y Legalización de Firmas;
Servicios de Panteones; Servicios de Rastro; Servicios
Urbanísticos; Servicios de Tránsito y Expedición o
Revalidación de Licencias o Permisos para Anuncios
Publicitarios.”; los cuales, el Código Fiscal Municipal de
Michoacán, los define en impuestos, derechos y
contribuciones especiales; numerales con los que se
puede afirmar que en las contribuciones denominadas
“derechos”, el hecho imponible lo constituye una
actuación de los órganos del Estado a través del
régimen de servicio público, o bien, el uso o
aprovechamiento de los bienes del dominio público de
la nación; mientras que en el caso de los impuestos,
el hecho imponible está constituido por hechos o
actos que sin tener una relación directa con la
actividad del ente público como tal, ponen de
manifiesto de manera relevante la capacidad
contributiva del sujeto pasivo.
JA-0876/2019-I 29
Que la contribución derecho de alumbrado público, se
trata de una contribución perteneciente a la categoría
de los impuestos, ya que la naturaleza de las
contribuciones se debe apreciar en relación con su
propia estructura y no con el nombre con el que
incorrectamente el legislador las denomine, esto es,
no obstante que denominan a la contribución de
mérito como “derecho”, materialmente se trata de un
impuesto sobre el consumo o contrato del servicio de
energía eléctrica, tributo que es competencia
exclusiva de la Federación, razón por la cual resulta
contrario a lo previsto por el artículo 73, fracción XXIX,
numeral 5o., inciso a), de la Constitución Federal, toda
vez que debe existir una relación lógica entre el objeto
de una contribución y su base, principio que “se
rompe” en casos como éstos, pues ninguna relación
hay entre lo que se consume de energía eléctrica y la
cantidad que debe pagarse por el servicio de
alumbrado público, razón por la que debe concluirse
JA-0876/2019-I 30
que en realidad se trata de una contribución
establecida por las legislaturas locales al consumo de
fluido eléctrico, con lo cual invaden la esfera de
facultades exclusivas de la Federación y contravienen
la Constitución General de la República.
Que resulta procedente que este Tribunal realice un
control difuso de la constitución, inaplicando los
artículos que lesionan su esfera jurídica por ser
inconstitucionales y que se encuentran contenidos en
la “Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de
Michoacán” ya que cuando el legislador local
michoacano estableció una cuota fija de ese derecho,
y éste se cobra con base en un porcentaje de las
tarifas que para la venta o suministro del fluido
clasifica la Comisión Federal de Electricidad en uso
de la facultad que le otorga la ley del servicio público
de energía eléctrica, al actuar la autoridad local
michoacana en un ámbito que no le corresponde, se
presenta una invasión de esferas que implican una
violación a las garantías individuales del gobernado,
invasión que consiste en el ejercicio, por la autoridad
local, de facultades reservadas a la Federación.
JA-0876/2019-I 31
A ese respecto, la autoridad demandada
Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, en su escrito de
contestación de demanda adujo lo siguiente:
o Que la actora parte de una premisa equivocada al
señalar que se está actuando en su perjuicio lo
dispuesto en el artículo 27 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
relación con los diversos numerales 2 y 7 de la Ley
de la Industria Eléctrica, ya que dicha autoridad no
distribuye, transforma, ni mucho menos genera
energía eléctrica, pues la encargada de esas
cuestiones lo es la Comisión Federal de
Electricidad, dado que el Municipio sólo se encarga
de la prestación del servicio de alumbrado público
consistente en la colocación de las luminarias y el
mantenimiento de estas, pagando a la misma
Comisión por el servicio de energía eléctrica.
JA-0876/2019-I 32
o Que en el supuesto de que las personas físicas o
morales propietarias, poseedoras usufructuarias o
usuarias de predios que no se encuentren
registrados ante la Comisión Federal de
Electricidad, pagarán anualmente
simultáneamente con el impuesto predial, la cuota
equivalente de 1 a 3 veces el valor diario de la
Unidad de Medida y Actualización, cuestión que se
destaca, tomando en consideración que el predio
número *********, se encuentra dentro del dicho
supuesto, pues el mismo no se encuentra
registrado ante la Comisión Federal de Electricidad
como predio destinado para uso doméstico.
o Que en cuanto al argumento de la actora de que se
viola en su perjuicio la “Ley de Ingresos para los
Municipios del Estado de Michoacán de Ocampo”,
para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, es
inatendible e inoperante, ya que se duele de una
legislación que no existe y por ende no es aplicable
al municipio, pues la que rige lo es la Ley de
Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán,
para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, por lo
JA-0876/2019-I 33
que al no existir dicha legislación referida, no se
invade la competencia del Congreso de la Unión.
o Que respecto a la supuesta violación al artículo 73,
fracción XXIX, numeral 5º, inciso a) de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, dicho precepto legal no es aplicable, ya
que el Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Michoacán de Ocampo, es un tribunal
de legalidad, no así de constitucionalidad.
o Que los municipios son los facultados para la
recaudación del derecho de alumbrado público,
facultad que si bien es cierto, puede ser delegada
a la Comisión Federal de Electricidad, también es
cierto que en éste caso no hay convenio o contrato
con la paraestatal, por ello se adecua a lo
establecido en el artículo 17 de la Ley de Ingresos
del Municipio de Morelia, Michoacán, para el
ejercicio fiscal dos mil diecinueve.
JA-0876/2019-I 34
o Que contrario a lo que refiere la parte actora, la
Tesorería Municipal sí tiene la facultad de recaudar
el derecho de alumbrado público a través de la
Comisión Federal de Electricidad, porque sus
actuaciones son efectuadas en base a la Ley de
Ingresos Municipal y la Ley de Hacienda Municipal,
ambas del Estado de Michoacán, que son las que
autorizan el cobro y/o recaudación del servicio de
alumbrado público a los ayuntamientos, o a través
de la Tesorería Municipal, la cual se encuentra
facultada para recaudar contribuciones como las
que nos ocupa en la especie.
o Que el derecho de alumbrado público contenido en
la impresión del estado de cuenta correspondiente
al predio número *************, corresponde al
periodo anual dos mil diecinueve, que contrario a
lo referido por la actora, son derechos por
servicios, toda vez que su actualización deriva de
la prestación de un servicio por parte del Estado
como ente, tal y como se desprende del contenido
de los artículos 98, 99, 100, 101 y 102 de la Ley de
Hacienda del Estado de Michoacán de Ocampo.
JA-0876/2019-I 35
o Que el derecho por servicio de alumbrado público
se encuentra bien establecido en el artículo 17 de
la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia,
Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil
diecinueve, la cual se encuentra aprobada,
expedida, promulgada, vigente y que es de orden
público y de observancia obligatoria para el
Municipio de Morelia, Michoacán, por tanto, su
aplicación es legal, aunado a que el artículo citado
prevé tarifas para ser aplicadas dependiendo el
uso de energía eléctrica, dando un trato
proporcional y equitativo respecto de la capacidad
contributiva de los beneficiarios, ello en virtud de
que el servicio prestado se encuentra basado en
un consumo mínimo estimado por vivienda,
abarcando con ello un beneficio amplio, colectivo y
equitativo.
JA-0876/2019-I 36
o Que en el caso que nos ocupa, se debe estar a lo
dispuesto en la fracción III del artículo 17 de la Ley
de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán,
para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, ya que la
accionante parte de una premisa equivocada al
sostener la ilegalidad del pago del derecho de
alumbrado público, bajo el argumento de que se
realiza la determinación conforme al consumo de
energía eléctrica, supuesto que no se materializa,
porque al tratarse de un lote que no tiene
contratados los servicios de la Comisión Federal
de Electricidad, evidentemente resulta que el
derecho de alumbrado público no puede derivar del
consumo de energía eléctrica.
Por otro lado, la autoridad demandada Tesorera
Municipal de Morelia, Michoacán, señaló en su escrito de
contestación de demanda:
Que no le asiste la razón a la parte actora en el
sentido de que el Decreto que contiene la Ley de
Ingresos para el Municipio de Morelia, Michoacán,
para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve,
contraviene la competencia del Congreso de la
JA-0876/2019-I 37
Unión por ser el único facultado para legislar en la
materia, ya que el Congreso del Estado de
Michoacán, al expedir el artículo 17, fracción III,
de la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia,
Michoacán para el ejercicio fiscal dos mil
diecinueve, ya que no invade las atribuciones
reservadas al Congreso para legislar en materia
de energía eléctrica establecida en el artículo 73,
fracción XXIX, apartado 5º, inciso a) de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, pues el cobro del Derecho de
Alumbrado Público se encuentra debidamente
justificado, en virtud de que, al ser aprobadas,
sancionadas y publicadas las Leyes, adquieren el
carácter de obligatorias, ya que una vez
publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional del Estado de Michoacán de
Ocampo, adquieren su obligatoriedad.
JA-0876/2019-I 38
Que por lo que se refiere a la invasión de
facultades que alega la actora, debe tomarse en
cuenta que existe una Ley de Coordinación
Fiscal, que precisamente tiene como propósito o
finalidad evitar que se invadan facultades de una
autoridad o gobierno respecto de los otros,
creando mecanismos regulatorios que
determinen cuales contribuciones serán cobradas
por la federación y cuales por los estados y
municipios.
Que en relación al artículo 73 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, si bien
se encuentra reservada la facultad de establecer
contribuciones en materia de energía eléctrica al
Congreso de la Unión, también cierto es que en
ningún momento el Congreso Local está
estableciendo una contribución en la Ley de
Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán,
para el ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve.
Que el artículo 17 de la Ley de Ingresos del
Municipio de Morelia, Michoacán para el ejercicio
JA-0876/2019-I 39
fiscal del año dos mil diecinueve, establece
únicamente el concepto de cobro del derecho por
servicio de Alumbrado Público, sin que esto
constituya una invasión de facultades, pues no se
está legislando sobre el consumo de energía
eléctrica, sin violarse el principio de
proporcionalidad y equidad, toda vez que esta
contraprestación no debe ser interpretada como
derecho privado, sino que debe entenderse en
beneficio del bien público, salvaguardándose la
prestación de servicios de primera necesidad y la
seguridad pública de la población.
En virtud de las manifestaciones antes señaladas, a
juicio de este Juzgador, los motivos de disenso de la parte
actora resultan INFUNDADOS, en atención a las siguientes
consideraciones de hecho y derecho.
Inicialmente, resulta conveniente precisar que si bien es
cierto, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de
Michoacán, no puede emprender un control directo de
JA-0876/2019-I 40
constitucionalidad de las normas; también cierto es que,
conforme a las reformas en materia de derechos humanos,
permiten que los órganos jurisdiccionales ordinarios, efectúen
un análisis de legalidad -control indirecto- pero no con el
propósito de expulsar las normas del orden jurídico al que
pertenecen, toda vez que el artículo 143 del Código de Justicia
Administrativa del Estado de Michoacán, dispone: “Artículo
143. El Tribunal es un órgano autónomo de control de legalidad, dotado
de plena jurisdicción e imperio para hacer cumplir sus resoluciones en el
territorio del Estado. Tiene a su cargo dirimir las controversias de
carácter administrativo y fiscal que se susciten entre las autoridades
administrativas y fiscales y los particulares. Tendrá su residencia en la
capital del Estado, y por acuerdo del Pleno, podrá celebrar sesiones
fuera de su residencia.”3.
Del precepto transcrito, se desprende que el Tribunal de
Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, es un órgano
de control de legalidad, de plena jurisdicción e imperio para
hacer cumplir sus resoluciones en el territorio del Estado de
Michoacán, lo cual se relaciona con los artículos 1° y 133 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los
que deriva que el control concentrado de constitucionalidad y
convencionalidad respecto de normas generales por vía de
3 Reformado mediante decreto número 211 publicado en el Periódico Oficial del Estado el cuatro de octubre de dos mil dieciocho.
JA-0876/2019-I 41
acción, está depositado exclusivamente en los órganos del
Poder Judicial de la Federación, quienes deciden en forma
terminal y definitiva, por medio del análisis exhaustivo de los
argumentos que los gobernados propongan en su demanda o
en los casos en que proceda la suplencia de la queja, si una
disposición es contraria o no a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y a los Tratados Internacionales
sobre derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea
parte. Criterio que se sostuvo en la ejecutoria emitida por el
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver
la contradicción de tesis 21/2011-Pl, entre las sustentadas por
la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, el nueve de septiembre de dos mil trece.
Por su parte, el control difuso que realizan las demás
autoridades jurisdiccionales del país, en el ámbito de su
competencia, se ejerce de manera oficiosa, sólo si encuentran
sustento para ello, respaldándose en el imperio del cual están
investidas para juzgar conforme a la Constitución. Por tanto, el
control ordinario que ejercen las autoridades en su labor
cotidiana, es decir, en su competencia específica, se constriñe
JA-0876/2019-I 42
a establecer la legalidad del asunto sometido a su
consideración con base en los hechos, argumentaciones
jurídicas, pruebas y alegatos propuestos por las partes, dando
cumplimiento a los derechos fundamentales de audiencia,
legalidad, debido proceso y acceso a la justicia.
La diferencia entre el control concentrado y difuso,
estriba en que en el primero, la competencia específica la
tienen los órganos del Poder Judicial de la Federación quienes
son los encargados de su ejercicio y de emprender el análisis
de constitucionalidad de leyes y convencionalidad de leyes,
por tanto, en ese supuesto la controversia consiste en
determinar si la disposición de carácter general impugnada
expresamente es o no contraria a la Constitución y a los
tratados internacionales.
En el juicio contencioso administrativo, la competencia
específica es en materia de legalidad, lo anterior se fortalece
con lo considerado por las Salas de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, puesto que, igualmente, se han
pronunciado en torno al tema que nos ocupa, ya que la Primera
Sala del Máximo Tribunal del País, en la tesis 1a.
CCLXXXIX/2015 (10a.), de la Décima Época, Registro:
2010143, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la
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Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, Materia(s):
Común, página: 1647, determinó lo siguiente:
“CONTROL CONCENTRADO Y DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SUS DIFERENCIAS. De los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad respecto de normas generales por vía de acción está depositado exclusivamente en los órganos del Poder Judicial de la Federación, quienes deciden en forma terminal y definitiva, por medio del análisis exhaustivo de los argumentos que los quejosos propongan en su demanda o en los casos en que proceda la suplencia de la queja, si una disposición es contraria o no a la Constitución Federal y a los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que el Estado Mexicano sea parte. Por su parte, el control difuso que realizan las demás autoridades del país, en el ámbito de su competencia, se ejerce de manera oficiosa, si y sólo si, encuentran sustento para ello, respaldándose en el imperio del cual están investidas para juzgar conforme a la Constitución. Por tanto, el control ordinario que ejercen estas autoridades en su labor cotidiana, es decir, en su competencia específica, se constriñe a establecer la legalidad del asunto sometido a su consideración con base en los hechos, argumentaciones jurídicas, pruebas y alegatos propuestos por las partes, dando cumplimiento a los derechos fundamentales de audiencia, legalidad, debido proceso y acceso a la justicia. Es aquí donde el juzgador ordinario, al aplicar la norma, puede contrastar, de oficio, entre su contenido y los derechos humanos que reconoce el orden jurídico nacional (esto es, realizar el control difuso) en ejercicio de una competencia genérica, sin que la reflexión que realiza el juez común, forme parte de la disputa entre actor y demandado. En ese sentido, la diferencia toral entre los medios de control concentrado y difuso estriba, esencialmente, en que en el primero es decisión del quejoso que el tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley forme parte de la litis, al plantearlo expresamente en su demanda de amparo; mientras que en el segundo, ese tema no integra la litis, que se limita a la materia de legalidad (competencia específica); no obstante, por razón de su función, por decisión propia y prescindiendo de todo argumento de las partes, el juzgador puede desaplicar la norma que a su criterio no sea acorde con la Constitución o con los tratados internacionales en materia de derechos humanos.”
JA-0876/2019-I 44
Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, determinó en la jurisprudencia 2a./J.
16/2014 (10a.), de la Décima Época, registro: 2006186,
publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia(s): Común,
Administrativa, página 984, del rubro y texto:
“CONTROL DIFUSO. SU EJERCICIO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Si bien es cierto que, acorde con los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades jurisdiccionales ordinarias, para hacer respetar los derechos humanos establecidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pueden inaplicar leyes secundarias, lo que constituye un control difuso de su constitucionalidad y convencionalidad, también lo es que subsiste el control concentrado de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, cuya competencia corresponde en exclusiva al Poder Judicial de la Federación, a través del juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. La diferencia entre ambos medios de control (concentrado y difuso), estriba en que, en el primero, la competencia específica de los órganos del Poder Judicial de la Federación encargados de su ejercicio es precisamente el análisis de constitucionalidad y convencionalidad de leyes, por tanto, la controversia consiste en determinar si la disposición de carácter general impugnada expresamente es o no contraria a la Constitución y a los tratados internacionales, existiendo la obligación de analizar los argumentos que al respecto se aduzcan por las partes; en cambio, en el segundo (control difuso) el tema de inconstitucionalidad o inconvencionalidad no integra la litis, pues ésta se limita a la materia de legalidad y, por ello, el juzgador por razón de su función, prescindiendo de todo argumento de las partes, puede desaplicar la norma. Ahora bien, en el juicio contencioso administrativo, la competencia específica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es en materia de legalidad y, por razón de su función jurisdiccional, este tribunal puede ejercer control difuso; sin embargo, si el actor formula conceptos de nulidad expresos, solicitando al tribunal administrativo el ejercicio del control difuso respecto de determinada norma, de existir coincidencia entre lo expresado en el concepto de nulidad y el criterio del tribunal, éste puede inaplicar la disposición respectiva, expresando las razones jurídicas de su decisión, pero si considera que la norma no tiene méritos para ser inaplicada, bastará con que mencione
JA-0876/2019-I 45
que no advirtió violación alguna de derechos humanos, para que se estime que realizó el control difuso y respetó el principio de exhaustividad que rige el dictado de sus sentencias, sin que sea necesario que desarrolle una justificación jurídica exhaustiva en ese sentido, dando respuesta a los argumentos del actor, pues además de que el control difuso no forma parte de su litis natural, obligarlo a realizar el estudio respectivo convierte este control en concentrado o directo, y transforma la competencia genérica del tribunal administrativo en competencia específica. Así, si en el juicio de amparo se aduce la omisión de estudio del concepto de nulidad relativo al ejercicio de control difuso del tribunal ordinario, el juzgador debe declarar ineficaces los conceptos de violación respectivos, pues aun cuando sea cierto que la Sala responsable fue omisa, tal proceder no amerita que se conceda el amparo para que se dicte un nuevo fallo en el que se ocupe de dar respuesta a ese tema, debido a que el Poder Judicial de la Federación tiene competencia primigenia respecto del control de constitucionalidad de normas generales y, por ello, puede abordar su estudio al dictar sentencia. Si, además, en la demanda de amparo se aduce como concepto de violación la inconstitucionalidad o inconvencionalidad de la ley, el juzgador sopesará declarar inoperantes los conceptos de violación relacionados con el control difuso y analizar los conceptos de violación enderezados a combatir la constitucionalidad y convencionalidad del precepto en el sistema concentrado.”
Conforme a lo antes expuesto, lo procedente es que este
Juzgador analice la legalidad del acto combatido consistente
en la determinación de crédito fiscal contenida en la
“impresión” de la página oficial de la Tesorería número ******
en cantidad de $**************************************************,
por concepto de derecho de alumbrado público (DAP).
Aunado a que, en contra de lo aducido por las
autoridades demandadas, la pretensión de la parte actora no
JA-0876/2019-I 46
radica en que este Juzgador haga la declaratoria de
inconstitucionalidad del derecho de alumbrado público, sino
que se efectúe el análisis de legalidad, únicamente en relación
a la actora y por la determinación líquida del derecho de
alumbrado público contenido en el formato antes precisado.
En efecto, el acto cuya nulidad demandó la parte actora
versa sobre el otorgamiento y la prestación de un servicio
público municipal de alumbrado público, contenido en la Ley
de Ingresos para el Municipio de Morelia, Michoacán, para el
ejercicio fiscal dos mil diecinueve y verificar que si dicho
derecho corresponde establecerlo al Municipio o a la
Federación efectuando el análisis de legalidad; actos que la
actora atribuyó al Ayuntamiento y al Tesorero Municipal,
ambos de Morelia, Michoacán, de donde se sigue, que el
derecho de alumbrado público está contenido en disposiciones
del orden municipal y es atribuido a las autoridades
municipales, supuesto que se ubica en lo previsto en el artículo
95 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, y en
los numerales 1º y 154 fracción X, del Código de Justicia
Administrativa del Estado de Michoacán, de los que se
desprende que corresponde a este Juzgador conocer y
resolver el presente asunto.
JA-0876/2019-I 47
Sentado lo anterior y como ya se adelantó en párrafos
que anteceden, los conceptos de violación en estudio resultan
INFUNDADOS, en atención a las siguientes consideraciones
de hecho y de derecho:
En primer lugar, es menester precisar el contenido del
artículo 3º, fracción II, del Código Fiscal Municipal del Estado
de Michoacán de Ocampo, el cual esencialmente establece:
“Artículo 3º.- Son contribuciones las cantidades que en dinero deben enterar las personas físicas y morales, al Municipio, para cubrir el gasto público, las que se clasifican en: Impuestos, Derechos, Contribuciones de mejoras y se definen como sigue: …
II.- Derechos son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Municipio, así como por recibir servicios que presta el Municipio en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados, cuando se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las Leyes Fiscales respectivas; y …”
De la anterior transcripción, se tiene que los “Derechos”
para los efectos fiscales, se entienden como las contribuciones
establecidas en la ley que las personas físicas o morales
deben enterar al Municipio por el uso o aprovechamiento de
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los bienes del dominio público del Municipio, así como por
recibir servicios que presta el Municipio en sus funciones de
derecho público.
Esto es, que los derechos son ingresos del Estado,
consistentes en sumas de dinero que cobra éste a las
personas que se benefician particularmente por la prestación
de un servicio en funciones de Derecho Público, o bien, por el
uso o aprovechamiento de bienes de dominio público en forma
divisible, de modo que constituyen un pago o remuneración
legal, realizado por las personas que resulten beneficiadas por
un servicio, uso o aprovechamiento de bienes, proporcionados
por el Estado, teniendo como característica, el ser una
contraprestación compensatoria, esto es, la contrapartida
proporcional y equitativa del servicio, uso o aprovechamiento
de un bien.
Precisado lo anterior, se tiene que el derecho de
alumbrado público, contrario a lo referido por la enjuiciante,
son de los denominados “derechos por servicios”, toda vez que
su actualización deriva de la prestación de un servicio por parte
del Estado, tal como se desprende del contenido de los
artículos 115, fracción III, inciso b), de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 98, 99, 100, 101 y 102 de
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la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de
Ocampo, publicada el veinticinco de diciembre de dos mil
catorce en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, los
cuales a la letra disponen:
“Artículo 115… III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: … b) Alumbrado público…” “ARTÍCULO 98. Se entenderá por servicio de alumbrado público, el que el Municipio presta a la comunidad en avenidas, calles, callejones, andadores, plazas, semáforos, parques y jardines, así como el alumbrado ornamental de temporada, en lugares públicos del Municipio. ARTÍCULO 99. Es objeto de este derecho el servicio de alumbrado público que prestan los Municipios en avenidas, calles, callejones, andadores, plazas, semáforos, parques y jardines, así como el alumbrado ornamental de temporada, en lugares públicos del Municipio. ARTÍCULO 100. Son sujetos de este derecho las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios ubicados en el territorio del Municipio, que reciban el servicio de alumbrado público que presta éste. ARTÍCULO 101. La base gravable de este derecho, es el gasto que implica al Municipio la prestación del servicio de alumbrado público, la cual se integra de los conceptos siguientes: I. El importe del suministro de energía eléctrica para la
prestación del servicio de alumbrado público;
II. Los sueldos del personal necesario para la prestación
del servicio de alumbrado público;
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III. El costo de los insumos y materiales necesarios para la
planeación, operación y mantenimiento de la
infraestructura del servicio de alumbrado público;
IV. El costo de los equipos requeridos para la planeación,
instalación, conservación, y operación de la infraestructura
del alumbrado público;
V. El costo de los insumos requeridos para la reposición al
término de vida útil y/o actualización tecnológica, de la
infraestructura e instalaciones del servicio de alumbrado
público;
VI. Los gastos relativos a la administración y recaudación
del pago de los derechos del servicio de alumbrado público;
y,
VII. En general el costo que representa al Municipio
correspondiente la instalación de la infraestructura para el
servicio de alumbrado público.
ARTÍCULO 102. La contraprestación por el derecho de alumbrado público se causará diariamente y se pagará mensual o bimestralmente conforme a las tarifas y forma que señalen las Leyes de Ingresos de los Municipios del Estado de Michoacán de Ocampo; y servirá para que la municipalidad cubra los costos en los que incurra con motivo de la prestación del servicio de alumbrado público. Los Municipios tendrán a su cargo la recaudación del derecho del servicio de alumbrado público, y podrán celebrar convenios con la Comisión Federal de Electricidad, para que ésta realice la recaudación.” (lo resaltado es propio).
Conforme a los preceptos legales transcritos, se tiene
que los Municipios tendrán a su cargo la prestación del servicio
de alumbrado público; así como que el concepto alumbrado
público se trata de un derecho, pues su objeto es la prestación
por parte del Municipio de ese servicio en áreas y vías
públicas, como el alumbrado ornamental de temporada, en
lugares públicos dentro del Municipio; de igual forma, se tiene
que son sujetos de esta contribución las personas físicas o
JA-0876/2019-I 51
morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias
de predios ubicados en el territorio del municipio que reciban
el servicio de alumbrado público, siendo el Municipio el
encargado de la recaudación de dicho derecho; asimismo, se
precisa que la base gravable del derecho de alumbrado público
es el gasto que implica al Municipio la prestación del mismo y
que para determinar el monto de la contribución, se estará a
las tarifas y formas que establecen las Leyes de Ingresos de
los Municipios.
En ese sentido, se colige que la facultad originaria de
los Municipios para prestar el servicio de alumbrado público
surge de la norma máxima de este país, y derivado de ello,
existen legislaciones secundarias que rigen dicho servicio y
delegan a la autoridad facultada para recaudar el cobro como
contraprestación, que para el caso concreto, lo es la Ley de
Hacienda Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo y la
Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán para el
ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve -ordenamiento que rige
en razón de que la accionante reclama la determinación del derecho de
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alumbrado público del ejercicio fiscal dos mil diecinueve-, legislaciones
de las cuales destacan el artículo 102 de la primera de las
mencionadas –que ya se transcribió en líneas que anteceden- y el
artículo 17 de la segunda, mismo que a la letra dice:
Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán para el
ejercicio fiscal del año 2019.
“ARTÍCULO 17. El servicio de alumbrado público que se preste por el
Municipio, causará derecho de conformidad con lo establecido en el
Título Cuarto, Capítulo II de la Ley de Hacienda Municipal del Estado
de Michoacán, con las tarifas mensuales siguientes:
I. Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras,
usufructuarias o usuarias de predios destinados a uso doméstico y
que compren la energía eléctrica para uso doméstico:
CONCEPTO CUOTA
MENSUAL
A) En nivel de consumo Mínimo, hasta 25 kwh. al mes. $
***
B) En nivel de consumo Bajo, desde 26 hasta 50 kwh. al mes.
$ ****
C) En nivel de consumo Bajo Moderado, desde 51 hasta 75 kwh. al
mes. $ ****
D) En nivel de consumo Medio, desde 76 hasta 100 kwh. al mes.
$****
E) En nivel de consumo Medio Moderado, desde 101 hasta 125 kwh.
al mes. $****
F) En nivel de consumo Medio Alto, desde 126 hasta 150 kwh. al mes
$*****
G) En nivel de consumo Alto Moderado, desde 151 hasta 200 kwh.al
mes $****
H) En nivel de consumo Alto Medio, desde 201 hasta 250 kwh. al mes.
$****
I) En nivel de consumo Alto, desde 251 hasta 500 kwh. al mes.
$*****
J) En nivel de consumo Muy Alto, más de 500 kwh. al mes
$****
II. Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras,
usufructuarias o usuarias de predios destinados a uso general y que
compren la energía eléctrica para uso general:
A) En baja tensión:
CONCEPTO CUOTA
MENSUAL
1. En nivel de consumo Mínimo, hasta 50 kwh al mes.
$****
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2. En nivel de consumo Bajo, desde 51 hasta 100 kwh al mes.
$****
3. En nivel de consumo Moderado, desde 101 hasta 200 kwh al mes.
$****
4. En nivel de consumo Medio, desde 201 hasta 400 kwh al mes.
$****
5. En nivel de consumo Alto, de más de 400 kwh al mes.
$****
B) En media tensión:
CONCEPTO CUOTA
MENSUAL
1. Ordinaria. $****
2. Horaria. $********
C) Alta tensión:
CONCEPTO CUOTA
MENSUAL
1. Nivel subtransmisión. $***********
III. Para las personas físicas o morales propietarias, poseedoras,
usufructuarias o usuarias de predios que no se encuentren
registrados ante la Comisión Federal de Electricidad, pagarán
anualmente, simultáneamente con el Impuesto Predial
correspondiente, a través de recibo que para tal efecto expida
la Tesorería Municipal, la cuota en el equivalente a las veces al
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, como
sigue:
CONCEPTO UNIDADES DE MEDIDA Y
ACTUALIZACIÓN
A) Predios rústicos. 1
B) Predios urbanos con una superficie hasta de 200 metros cuadrados.
2
C) Predios urbanos con una superficie de más de 200 metros
cuadrados. 3
IV. Por la expedición del dictamen de evaluación y cuantificación para
la reubicación o modificación de las instalaciones pertenecientes al
alumbrado público municipal, se pagará a razón de cuatro veces el
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
JA-0876/2019-I 54
En todo caso, el solicitante deberá cubrir el costo de los materiales
y mano de obra que sean determinados en el dictamen; el servicio
de reubicación o modificación se llevará a cabo dentro de los treinta
días hábiles posteriores a la fecha de pago antes referido.
Cuando se causen daños al sistema de alumbrado público
municipal, se evaluará el costo y se elaborará el presupuesto para
que se realice el pago en las oficinas de la Tesorería Municipal.
V. Por concepto de revisión y/o aprobación de proyectos de
construcción de alumbrado público, en fraccionamientos
construidos por particulares, el pago será de doce veces el valor
diario de la Unidad de Medida y Actualización.” (Lo resaltado es
propio).
De los preceptos legales en análisis, se advierte, en el
primero de ellos –artículo 102 de la Ley de Hacienda Municipal del
Estado de Michoacán de Ocampo-, que los Municipios podrán
delegar la función de recaudación del derecho de alumbrado
público a la Comisión Federal de Electricidad, mediante el
convenio que realicen; y del mismo modo –del artículo 17 de la
Ley de Ingresos de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil
diecinueve-, se observa que se establecen las formas de
determinación del cobro de dicho derecho respecto de las
personas físicas o morales propietarias, poseedoras,
usufructuarias o usuarias que compren la energía eléctrica
para uso doméstico, respecto de las personas físicas o
morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias
que compren la energía eléctrica para uso general y
respecto de las personas físicas o morales propietarias,
poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios que no se
JA-0876/2019-I 55
encuentren registrados ante la Comisión Federal de
Electricidad.
Luego entonces, es dable concluir que el Municipio de
Morelia, Michoacán tiene la facultad de recaudar el derecho de
alumbrado público, porque su actuación es efectuada con base
en la Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán,
para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve y la Ley de Hacienda
Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, mismas que
autorizan además el cobro y/o recaudación del servicio de
alumbrado público a través de la Tesorería Municipal de
Morelia, Michoacán, la que de conformidad con lo previsto en
el artículo 25, del Código Fiscal Municipal del Estado de
Michoacán4, es una autoridad fiscal municipal, facultada para
recaudar contribuciones como la que nos ocupa en la especie,
la cual se efectúa de manera directa, en la inteligencia de que
tanto el Ayuntamiento como la Tesorería, ostentan las
4 “Artículo 25.- Son autoridades fiscales municipales, las siguientes:
I.- Los Ayuntamientos;
II.- Los Presidentes Municipales;
III.- Los Tesoreros Municipales; y
IV.- Los Directores de los Organismos Operadores de los Sistemas de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento, así como los Administradores de los Comités dependientes de
dichos Organismos.”
JA-0876/2019-I 56
calidades de acreedor y administrador y, por tanto tienen la
facultad de realizar el cobro y/o recaudación material de
manera indistinta.
Al respecto, resulta ilustrativa la tesis con registro
2008600 del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo
Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la
Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, Materia
Común, página: 2321, cuyo rubro y texto dice:
“ALUMBRADO PÚBLICO. EL AYUNTAMIENTO Y EL TESORERO DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ, QUINTANA ROO, SON AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL AMPARO CONTRA EL COBRO DEL DERECHO RELATIVO, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL. En términos del artículo 4 de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, la recaudación y administración de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos establecidos en ésta, son competencia del Ayuntamiento, quien ejerce dichas facultades a través de la Tesorería Municipal. Por su parte, el artículo 113 de la ley referida prevé que la prestación del servicio y mantenimiento de alumbrado público a favor y en beneficio de los habitantes del Municipio indicado es objeto del cobro del derecho relativo por el Ayuntamiento, quien está facultado para acordar con la Comisión Federal de Electricidad su recaudación y el entero en forma mensual o bimestral. En estas condiciones, corresponden al Ayuntamiento y a su tesorero la recaudación y administración del derecho de alumbrado público en las formas siguientes: a) directamente la Tesorería Municipal está facultada para realizar el cobro de la contribución, en el supuesto de propietarios o poseedores de predios rústicos, suburbanos o urbanos que no estén registrados en la Comisión Federal de Electricidad y cuenten con el servicio de alumbrado público; y, b) indirectamente, por conducto de la Comisión Federal de Electricidad, quien a través de un convenio de colaboración actúa como sustituto del acreedor principal, mediante su cobro en cada recibo de servicio de energía eléctrica que se expida a los usuarios, sin que esta última hipótesis dé lugar a que se considere que el Ayuntamiento y su tesorero no realizan el cobro de ese derecho, pues formalmente ambos ostentan las calidades de acreedor y administrador y, por
JA-0876/2019-I 57
tanto, tienen la facultad originaria de realizar el cobro material, la cual, por disposición legal, la delegan a un tercero mediante un acuerdo de colaboración. En ese orden, el Ayuntamiento y el tesorero mencionados son autoridades responsables en el juicio de amparo promovido contra el cobro del derecho de alumbrado público establecido en el artículo 113 de la ley citada.” (lo resaltado es propio).
Bajo esa tesitura, se tiene que la parte actora manifestó
en su escrito inicial de demanda, que es ilegal la determinación
del concepto de derecho de alumbrado público contenido en la
“impresión” del Formato para Pago en Bancos y Módulos
Tesorería, con número de folio *******, de fecha cinco de abril
de dos mil diecinueve, relativo predio con número de cuenta
*************, -que anexó a su escrito inicial de demanda-, ya que
para su cuantificación, en términos del artículo 17 de la Ley de
Ingresos de Morelia, Michoacán, para el ejercicio fiscal dos mil
diecinueve, se tomó en consideración su consumo de energía
eléctrica para uso doméstico que presta la Comisión Federal
de Electricidad, lo cual considera inconstitucional, al invadir
con dicha determinación la esfera competencial del Congreso
de la Unión, violando lo establecido en el artículo 73,
fracciones X y XXIX, numeral 5, inciso a) de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Hipótesis que no se actualiza en el caso concreto, dado
que de la “impresión” del formato para pago de fecha cinco de
abril de dos mil diecinueve antes referido, se advierte que el
concepto de derecho de alumbrado público fue determinado
directamente por el Municipio de Morelia, no así por conducto
de la referida Comisión, supuesto que se destaca, ya que
contrario a lo que refiere la enjuiciante, el derecho de
alumbrado público, no se fijó en base al consumo de energía
eléctrica, si no al tipo de predio de la accionante y a su
superficie, tomando en consideración que el adeudo
determinado en la impresión del formato para pago,
corresponde a un terreno rústico, a nombre de la accionante,
mismo que se encuentra ubicado en la ***************************
************************ de esta ciudad de Morelia, Michoacán, el
cual no se encuentra registrado ante la Comisión Federal de
Electricidad.
Es por ello, que para el caso que nos ocupa, se debe
estar a lo establecido en la fracción III del artículo 17 de la Ley
de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el
ejercicio fiscal dos mil diecinueve, ya que como se dijo
anteriormente, para determinar la tarifa a cubrir de los predios
que no se encuentran registrados ante la Comisión Federal de
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Electricidad, es decir a los lotes baldíos que se benefician del
servicio de alumbrado público que presta el Ayuntamiento
demandado, se tomarán en cuenta las características del
predio y la cuota podrá ser el equivalente a 1, 2 o 3, veces el
valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, según
corresponda, la cual se pagará de forma anual y
simultáneamente con el impuesto predial correspondiente.
En esa tesitura, se concluye que la parte demandante
parte de una premisa equivocada el sostener la ilegalidad del
requerimiento de pago del derecho de alumbrado público, bajo
el argumento de que el cobro se realizó en base al consumo
de energía eléctrica, supuesto en el que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y diversos Tribunales Colegiados, se han
pronunciado en el sentido de que se invade por parte de los
congresos locales, las esferas de atribuciones del Congreso
federal; no obstante, en el caso dicha hipótesis no se
materializa, porque precisamente al tratarse de un lote que no
tiene contratados los servicios de la Comisión Federal de
Electricidad, resulta evidente que el concepto de derecho de
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alumbrado público no puede derivar del consumo de energía
eléctrica.
De ese modo, si la ahora accionante recibe el servicio
de alumbrado público que presta el Ayuntamiento de Morelia,
Michoacán, es sujeto del pago de ese derecho, al resultar
beneficiada con la iluminación pública de las avenidas, calles
o andadores donde se localiza su predio, además de los
servicios de iluminación de plazas, semáforos, parques y
jardines, prestación que implica un gasto para el Municipio y
que en términos de las leyes analizadas le corresponde cubrir
a la demandante como contraprestación, de ahí que sus
argumentos resulten INFUNDADOS, pues no existe la
invasión de competencia a la que refiere.
V.2. Enseguida, este Juez Administrativo emprende el
análisis de los motivos de disenso contenidos en el HECHO
“TERCERO”, así como en la segunda parte del concepto de
violación identificado como “PRIMERO” del escrito de
demanda, donde medularmente señala la actora que la
Tesorería Municipal de Morelia, Michoacán, no funda ni motiva
la determinación del derecho de alumbrado público por la
cantidad de $****************************************************,
JA-0876/2019-I 61
al no señalar la base que tomó en cuenta para poder
determinar el importe a cobrar, ni el sustento legal ni la
motivación, incumpliendo con ello con la fracción III, del
artículo 36, del Código Fiscal Municipal del Estado de
Michoacán.
A ese respecto, el Ayuntamiento de Morelia,
Michoacán, por conducto de su apoderado jurídico,
manifestó que es falso el hecho que señala la parte actora, ya
que no se está ante una determinación, ni se llevó a cabo un
procedimiento administrativo para el mismo, pues es
simplemente el cobro de derecho de alumbrado público.
Por otra parte, la Tesorera Municipal de Morelia,
Michoacán, en su escrito de contestación de demanda señaló
que el motivo de disenso de estudio es inoperante ya que el
acto que la actora pretende se encuentre fundado y motivado
es un estado de cuenta para su pago en bancos o
“autodeterminación”, el cual no encuadra dentro de ninguno
de los supuestos, es decir, dicho documento simple no
JA-0876/2019-I 62
constituye ninguno de los actos que deben ser notificados
personalmente y que por ende deban cumplir con los
requisitos de estar fundados y motivados.
Motivos de disenso que a consideración de este
Juzgador resultan sustancialmente FUNDADOS, en razón de
las consideraciones que se exponen a continuación.
En principio, resulta conveniente establecer que la
exigencia de fundamentación es entendida como el deber
que tiene la autoridad de expresar en el mandamiento escrito,
los preceptos legales que regulen el hecho y las
consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de
autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de
legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que la
autoridad sólo puede hacer lo que la ley le permite.
Mientras que debe entenderse por motivación del acto
de autoridad como aquélla explicación a que se encuentra
obligada la autoridad para expresar, por escrito, el por qué
aplica la consecuencia legal prevista en la norma, al caso
concreto que se le presenta, es decir, se traduce en la
indicación del conjunto de circunstancias objetivas que llevan
a la autoridad a subsumir en la hipótesis legal, una
JA-0876/2019-I 63
determinada y concreta situación de hecho, en otras palabras,
es el antecedente que precede y provoca el acto.
Resulta aplicable a lo anterior la tesis, sostenida por el
Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable
en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda
Parte-1, Julio-Diciembre de 1989, página 261, con número de
registro 226998 que establece:
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Se entiende por fundamentación de los actos de autoridad, la expresión, con precisión, del precepto o preceptos legales aplicables al caso; y por motivación, al señalamiento, también con precisión, de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto.”
Asimismo, guarda aplicación la jurisprudencia5,
sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, localizable en el Apéndice 1995, Tomo VI Parte
SCJN, página: 175, con número de registro 394216, que
establece:
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad
5 Registro No. 394216. Localización: Séptima Época. Instancia: Segunda Sala.
Fuente: Apéndice 1995, Tomo VI Parte SCJN. Página: 175. Materia(s): Común.
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debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas”.
Bajo esa tesitura, es dable acotar la diferencia entre
falta e indebida fundamentación y motivación, la que
estriba en que la primera se produce cuando se omite expresar
el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se
hayan considerado para estimar que el caso puede
subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica;
mientras que la segunda, se ocasiona cuando en el acto de
autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta
inaplicable al asunto por las características específicas de éste
que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis
normativa.
De manera que, la falta de fundamentación y
motivación significa la carencia o ausencia de tales
requisitos, mientras que la indebida fundamentación y
motivación entraña la presencia de ambos requisitos
constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de
JA-0876/2019-I 65
normas y los razonamientos formulados por la autoridad con
el caso concreto.
Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia de la
Novena Época emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero
de 2008, materia Común, bajo el número de tesis I.3o.C. J/47,
en la página 1964, que señala lo que sigue:
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto
JA-0876/2019-I 66
en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo.”
Ahora bien, para estar en posibilidades de determinar si
la autoridad demandada cumplió o no con el requisito previsto
en la fracción III, del artículo 36, del Código Fiscal Municipal
del Estado de Michoacán de Ocampo6, como lo refiere la parte
6 ARTICULO 36.- Los actos administrativos que se deban notificar contendrán por lo
menos los siguientes requisitos: (…)
JA-0876/2019-I 67
actora, es menester analizar la integralidad del formato para
pago de fecha cinco de abril de dos mil diecinueve -visible a fojas
29 y 30 de autos- en el que se contiene la determinación del
derecho de alumbrado público a cargo de la parte actora, por
la cantidad de $****************************************************,
misma que ya fue valorada en epígrafes anteriores; de la que
se advierte lo siguiente:
Fecha de
Impresión
Fecha de
Vencimiento
05/04/2019 02:00:13 p.m. 05/04/2019
RESUMEN DE TRAMITES
CONCEPTOS CANT. IMPORTE
DAP 1 $*************
Totales * $**********
III.- Estar fundado y motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate; y…
De lo anterior, se tiene que tal y como lo sostiene la
parte accionante, la determinación de la cantidad de
$***************************************************************, por
concepto de derecho de alumbrado público no se
encuentra fundada ni motivada, pues de la “impresión” del
formato para pago antes transcrito no se advierte cómo las
autoridades demandadas Ayuntamiento y Tesorera Municipal,
ambos de Morelia, Michoacán, determinaron dicho monto,
puesto que, como ya se dijo, el artículo 17, fracción III, de la
Ley de Ingresos del Municipio de Morelia, Michoacán, para el
ejercicio fiscal del año dos mil diecinueve, establece que las
autoridades para determinar su tarifa, deben tomar en
consideración el tipo del predio y en base a las características
del mismo, fijar el monto que corresponda.
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En efecto, las autoridades demandadas no cumplieron
con la garantía de legalidad que todo acto debe atender, ya
que omitieron fundar y motivar su determinación, esto es no
precisaron cómo llegaron a la determinación del monto que a
su consideración correspondía -$**************************************
************************************* por concepto de derecho de
alumbrado público, ni se advierte la cita de precepto legal o
motivo alguno; vulnerando así, en perjuicio de la accionante la
fracción III, del artículo 36, del Código Fiscal Municipal del
Estado.
Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia I.4o.A.
J/43, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito,
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta Tomo XXIII, materia Común, mayo de 2006, página
1531, de rubro y texto siguientes:
“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y
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condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción.”
En mérito de lo anteriormente expuesto, ante la falta de
fundamentación y motivación contenida en el acto impugnado,
con fundamento en lo dispuesto por los artículos 275, fracción
II, y 278, fracción II, del Código de Justicia Administrativa del
Estado, este Juzgador procede a decretar la NULIDAD LISA
Y LLANA de la determinación contenida en la impresión del
formato para pago, relativo a la cuenta predial número
***************, emitido por la Tesorería Municipal de Morelia,
Michoacán.
Al respecto, es aplicable la tesis con registro número
170684, de la Novena Época, emitida por el Pleno, en Materia
Administrativa, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, bajo
el número de tesis P.XXXIV/2007, página 26, de cuyo texto y
rubro dice:
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“NULIDAD ABSOLUTA Y NULIDAD PARA EFECTOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU ALCANCE DEPENDE DE LA NATURALEZA DE LA RESOLUCIÓN ANULADA Y DE LOS VICIOS QUE ORIGINARON LA ANULACIÓN. La nulidad, entendida en un sentido amplio, es la consecuencia de una declaración jurisdiccional que priva de todo valor a los actos carentes de los requisitos de forma o fondo que marca la ley o que se han originado en un procedimiento viciado. Ahora bien, la ley contempla dos clases de nulidad: la absoluta, calificada en la práctica jurisdiccional como lisa y llana, que puede deberse a vicios de fondo, forma, procedimiento o, incluso, a la falta de competencia, y la nulidad para efectos, que normalmente ocurre en los casos en que el fallo impugnado se emitió al resolver un recurso administrativo; si se violó el procedimiento la resolución debe anularse, la autoridad quedará vinculada a subsanar la irregularidad procesal y a emitir una nueva; cuando el motivo de la nulidad fue una deficiencia formal, por ejemplo, la ausencia de fundamentación y motivación, la autoridad queda constreñida a dictar una nueva resolución fundada y motivada. En esa virtud, la nulidad lisa y llana coincide con la nulidad para efectos en la aniquilación total, la desaparición en el orden jurídico de la resolución o acto impugnado, independientemente de la causa específica que haya originado ese pronunciamiento, pero también existen diferencias, según sea la causa de anulación, por ejemplo, en la nulidad lisa y llana la resolución o acto quedan nulificados y no existe la obligación de emitir una nueva resolución en los casos en que no exista autoridad competente, no existan fundamentos ni motivos que puedan sustentarla o que existiendo se hayan extinguido las facultades de la autoridad competente; sin embargo, habrá supuestos en los que la determinación de nulidad lisa y llana, que aunque no constriñe a la autoridad tampoco le impedirá a la que sí es competente que emita la resolución correspondiente o subsane el vicio que dio motivo a la nulidad, ya que en estas hipótesis no existe cosa juzgada sobre el problema de fondo del debate, es decir, solamente la nulidad absoluta o lisa y llana que se dicta estudiando el fondo del asunto es la que impide dictar una nueva resolución, pues ya existirá cosa juzgada sobre los problemas de fondo debatidos.”
Así como, la jurisprudencia número I.7o.A. J/31 de la
Novena Época, emitida por los Tribunales Colegiados de
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Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, tomo XXII, octubre de 2005, página 2212, que
textualmente establece:
“NULIDAD. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN EL DISTRITO FEDERAL. Los artículos 80 a 82 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, no prevén textualmente las figuras jurídicas de "nulidad lisa y llana" o "nulidad para efectos", limitándose a precisar que dicho tribunal podrá decretar la nulidad de los actos impugnados, y que sus sentencias habrán de ejecutarse en los términos que dispongan éstas. A efecto de determinar si la nulidad decretada por las Salas de dicho órgano contencioso administrativo debe ser lisa y llana, o en su defecto, para efectos, deberá estarse a los criterios jurisprudenciales en la materia, así como a los principios que rigen el derecho administrativo. Se decretará la nulidad lisa y llana cuando el acto impugnado adolezca de vicios ostensibles y particularmente graves, que bajo ninguna forma pueden ser convalidados; el resultado jurídico de este tipo de nulidad implica la existencia de cosa juzgada, por lo que la autoridad demandada no podrá emitir una nueva resolución en el mismo sentido; por ejemplo, la incompetencia del servidor público que emitió el acto impugnado, y por regla general, en los asuntos en que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal estudie el fondo del asunto, determinando que la conducta del particular está justificada por alguna norma de carácter general, o que los hechos que generaron el acto administrativo o fiscal no encuadran en el supuesto normativo invocado por la demandada. Por otra parte, la nulidad para efectos procede en los casos en que el acto impugnado contenga vicios subsanables, o que los mismos se encuentren en el procedimiento que le dio origen, lo que doctrinalmente se conoce como vicios de nulidad relativa; la consecuencia jurídica de dicha determinación obliga a la autoridad a subsanar tales ilicitudes, ya sea reponiendo el procedimiento o dictando una nueva determinación; de manera ejemplificativa, y no restrictiva, se pueden citar defectos u omisiones en el llamamiento al procedimiento administrativo (emplazamiento); no brindar oportunidad de probar y alegar; indebida fundamentación y motivación; y el no constreñimiento de la resolución a la cuestión debatida, que se forma con la pretensión del Estado y las defensas del particular, como sería la falta o indebida valoración de pruebas.”
Por virtud de la nulidad del acto combatido, resulta
innecesario analizar los otros conceptos de violación hechos
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valer por la actora en su escrito de ampliación de demanda, ya
que cualquiera que fuese el resultado de dicho análisis en
nada variaría el sentido del presente fallo, en el que han
quedado satisfechas sus pretensiones.
Al respecto, es aplicable la siguiente jurisprudencia con
registro número 193430, Novena Época, de materia
administrativa, consultable en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta X, Agosto de 1999, tesis I.2o.A. J/23,
página: 647, del rubro y texto siguientes:
“CONCEPTOS DE ANULACIÓN. LA EXIGENCIA DE EXAMINARLOS EXHAUSTIVAMENTE DEBE PONDERARSE A LA LUZ DE CADA CONTROVERSIA EN PARTICULAR. La exigencia de examinar exhaustivamente los conceptos de anulación en el procedimiento contencioso administrativo, debe ponderarse a la luz de cada controversia en particular, a fin de establecer el perjuicio real que a la actora puede ocasionar la falta de pronunciamiento sobre algún argumento, de manera tal que si por la naturaleza de la litis apareciera inocuo el examen de dicho argumento, pues cualquiera que fuera el resultado en nada afectaría la decisión del asunto, debe estimarse que la omisión no causa agravio y en cambio, obligar a la juzgadora a pronunciarse sobre el tema, sólo propiciaría la dilación de la justicia.”
En mérito de lo expuesto y con fundamento en los
artículos 1, 154, fracción I, 163 A, 163 C fracción VII, 272, 273,
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274, 275, fracción II, 278 fracción II, del Código de Justicia
Administrativa del Estado de Michoacán, es de resolverse y se:
R E S U E L V E:
PRIMERO. Este Juez Primero Administrativo es
competente para conocer y resolver el presente juicio
administrativo.
SEGUNDO. No se actualizaron causales de
improcedencia o sobreseimiento del juicio.
TERCERO. Resultó sustancialmente FUNDADO el
motivo de disenso esgrimido en el HECHO “TERCERO” del
escrito inicial de demanda como en la segunda parte del
concepto de violación identificado como “PRIMERO”; en
consecuencia, se declara la NULIDAD LISA Y LLANA del acto
impugnado.
CUARTO. Notifíquese a las partes.
Así lo resolvió y firma el Licenciado en Derecho Carlos
Castillo Gamiño, Juez Primero Administrativo del Tribunal de
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Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, ante la
presencia del Licenciado Mario Peñaloza Rincón, Secretario
de Estudio y Cuenta, que da fe, con fundamento en el artículo
164, último párrafo del Código de Justicia Administrativa del
Estado de Michoacán, así como el artículo 10 del Reglamento
Interior de este Tribunal. Doy fe.
“La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 97, de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia el nombre de la actora, de su apoderado, de los terceros interesados, los números, tipos de signos distintivos en controversia, su denominación, diseño y los servicios que protegen; información considerada legalmente como reservada, por actualizar lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el secretario de acuerdos que emite la presente.”