Introducción - Cáritas Colombiana – SNPSun contexto de conflicto armado permanente en los territorios y de presencia y articulación institu-cional débiles para actuar de inmediato.

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Con el propósito de evidenciar aspectos claves de la situación que atraviesan en la actualidad algunas comunidades rurales despojadas de su territorio debi-do al conflicto armado colombiano, el Secretariado Nacional de Pastoral Social – Cáritas Colombiana, con el apoyo de la Diócesis y Pastoral Social de Apartadó y el Grupo de Trabajo por Colombia, GTC (conformado por diversas Cáritas ads-critas a la organización Cáritas Internacionalis), presentan el caso de la comuni-dad campesina que habitaba la vereda PAQUEMÁS, del municipio de Turbo, en Antioquia, departamento ubicado al noroccidente de Colombia.

Luego de dialogar con esta comunidad y escuchar sus voces e historias, hemos querido aproximarnos a su realidad para comprender mejor no solo su proble-mática, sino algunas causas y afectaciones que la agravan, reconfiguran y la hacen más compleja.

El esfuerzo continuo de la comunidad de PAQUEMÁS por avanzar en su recono-cimiento como sujetos de derechos y actores sociales, por acceder a una mejor calidad de vida y a opciones de bienestar y por lograr un entorno armonioso de convivencia desde el reconocimiento mutuo del otro, es un ejemplo más de reconciliación con la vida, con su propio entorno y sus posibilidades futuras, en un contexto nacional de violencias y problemas sociales y políticos de orden histórico y estructural como el de Colombia.

Que este corto documento no solo represente una herramienta de trabajo para las organizaciones e instituciones públicas y privadas que buscan aportar a la reconciliación, la reparación integral y la superación de la impunidad, sino tam-bién un reconocimiento a la búsquedas y esfuerzos de las comunidades rurales por alcanzar un futuro mejor; un llamado a las instituciones locales, regionales y nacionales a avanzar en la creación de condiciones concretas para el sector ru-ral colombiano; una invitación a los grupos armados y en conflicto a promover el diálogo y la reconciliación a partir del respeto a la dignidad de las comunida-des, y una reiterada invitación a los organismos internacionales a seguir brin-dándoles su solidaridad en un momento lleno de retos y desafíos, pero también de oportunidades para el logro de la paz y la reconciliación en Colombia.

Secretariado Nacional de Pastoral Social – Cáritas Colombiana

Introducción

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ContenidoI. Características del territorio: El Urabá

antioqueño… ¡violencia y conflictos por el

acceso equitativo a la tierra!…5

II. Problemática central: ¡vulnerabilidad socioeconómica, conflicto armado y riesgos para el retorno digno!..6

III. Algunas causas del problema…12

IV. Algunas afectaciones a los derechos individuales y colectivos de la comunidad....13

V. Experiencia de incidencia política de la comunidad frente a su problemática....17

VI. El papel de la iglesia en el proceso...18

Fotografías y texto:Secretariado Nacional de Pastoral Social / Caritas Colombiana

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I. Características del territorio: El Urabá antioqueño… ¡violencia y conflictos por el acceso equitativo a la tierra!

El municipio de Turbo se ubica al noroeste del departamento de Antioquia, en la subregión del Urabá antioqueño. De gran valor ecológico y con diversidad de recursos naturales, hídricos y minerales, es además un corredor estratégico de bienes, productos y servicios, con salida al mar.

En esta región existen más tierras de las posibles para la ganadería, y menos de las posibles para la agricultura y zonas de conservación, lo que muestra la pre-sencia de un conflicto por su uso equitativo. Esta situación más la necesidad de tierra para los campesinos ha generado desde el pasado una fuerte presión por la tierra; el acceso a ella se ha dado también mediante prácticas como las falsas tradiciones, el despojo forzado y las adjudicaciones del antes llamado INCORA.

La problemática social por el acceso a la tierra se agudizó con el conflicto ar-mado, bajo la presencia, en diversos momentos, de guerrillas y paramilitares que se disputaron el territorio y sus principales corredores, involucrando a la población civil en sus confrontaciones e intereses.

Turbo es el municipio del Urabá antioqueño con mayor presencia en la zona costera, lo que lo ha convertido en centro de comercio y transporte para toda la región del golfo. Está conformado por una cabecera municipal, 18 corregi-mientos y 225 veredas, de las cuales 40 se ubican en zona costera. Forma parte, además, junto con los municipios de Apartadó, Carepa y Chigorodó, del “eje ba-nanero”, denominado así porque el cultivo extensivo y el comercio del banano son el principal renglón económico de la región.

Entre la vía que conduce de Turbo a Apartadó se encuentra el corregimiento El Tres, donde actualmente se hallan 70 familias desplazadas de la vecina vereda PAQUEMÁS, donde originariamente vivían 114 familias campesinas desplaza-das en 1997 por paramilitares (las otras familias se dispersaron hacia diversas partes del país).

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II. Problemática central: ¡vulnerabilidad socioeconómica, conflicto armado y riesgos para el retorno digno!

Contexto nacional: Colombia, país con conflictos ruralesAunque el 75% del territorio nacional es de voca-ción rural (www.igav.gov.co) y garantiza el cultivo y consumo del 70% de nuestros alimentos (www.minagricultura.gov.co), tanto las estadísticas del DANE (www.dane.gov.co) sobre la situación de los hogares rurales como el informe 2008 presenta-do por plataformas nacionales de la sociedad civil como techo común al Consejo de Derechos Hu-manos de la ONU (www.coeuropa.org.co), revelan una situación de empobrecimiento del 64,3% de su población, evidenciado en un 53,1% de campe-sinos con necesidades básicas insatisfechas (NBI), una tasa de indigencia rural del 29,10% y un des-pojo de tierras que ha dejado al 87% de sus pobla-dores con solo el 3,7% de las mismas.

Adicionalmente, aunque el Estado avanzó con la promulgación de una ley de víctimas para la res-titución de tierras, para repararlas por su despojo violento (Ley 1448 de 2011 y Decretos Reglamen-tarios), la seguridad y garantías materiales para la restitución efectiva sigue siendo uno de las mayo-res desafíos a la hora de avanzar hacia su repara-ción integral, situación que involucra a hombres y mujeres, así como a niños, jóvenes y adultos, tanto campesinos como indígenas y afrodescendientes en diversas regiones del país.

Para el segundo semestre de 2012, se contaban 683 reclamantes de tierras amenazados, la mayoría de ellos en Córdoba, Cesar, Antioquia y Chocó (Semana, 2012), y un número incierto de asesinatos de reclamantes de tierras.

Según cifras oficiales, en el año 2012 se presenta-ron solo dos muertes en esta modalidad, mientras que para organizaciones sociales y no guberna-mentales, a junio de 2012 la cifra ascendía a cin-

cuenta personas (Eltiempo.com, 2012). La Unidad Nacional de Protección ha aprobado medidas es-peciales de protección a cerca de cuatrocientos lí-deres reclamantes de tierra entre el 2012 y febrero de 2013 (www.elespectador.com - 2013), aunque organizaciones de reclamantes como Tierra y Vida manifiestan serios reparos a la utilidad y pertinen-cia de algunas de estas medidas, por el riesgo de sobreexponer a la víctima y por su ineficiencia en un contexto de conflicto armado permanente en los territorios y de presencia y articulación institu-cional débiles para actuar de inmediato.

“Cuando me amenazaron, solicité protección al gobierno y me dieron chaleco antibalas, guardaespaldas y

radioteléfono, pero yo renuncié a esto porque sentía que así me exponía más.

Así que devolví todo porque no era realmente una protección para mí.”*

Miembro de Paquemás

Para el caso del departamento de Antioquia, del que hace parte la subregión del Urabá antioque-ño, de los 91 municipios con peticiones de restitu-ción de tierras, 44 tienen nivel de riesgo modera-do, y 28, nivel de riesgo alto para las víctimas y sus comunidades.

“Hace poco nos enteramos del asesinato a un reclamante que estaba protegido

por el gobierno, y nos preguntamos: si matan a los que están protegidos,

¿qué van a hacer con nosotros, que no tenemos ningún tipo de seguridad?

Esa pregunta aún no tiene repuesta.”* Miembro de Paquemás

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Contexto regional:La presencia de grupos armados reconfigurados, denominados “bandas criminales”, como “Los Ura-beños”, “Los Rastrojos” y “Los Paisas”, así como las Farc, y el Eln, y la existencia del narcotráfico y los cultivos ilícitos, confluyen para que el riesgo sea extremo en 28 municipios pertenecientes al Ura-bá, el Bajo Cauca y el Oriente antioqueño.

En el Urabá antioqueño y en municipios de su zona, como Apartadó, en donde se adelantan procesos de restitución, los niveles de riesgo son significativos y la situación de riesgo se extiende hasta el sur de Córdoba, afectando territorios de otras regiones, así como los liderazgos y procesos organizativos y de reclamación de las víctimas, im-portantes para avanzar en los procesos efectivos de restitución de tierras.

EL CASO DE LOS RECLAMANTES DE LA VEREDA PAQUEMÁS

a. El proceso de despojo: ¡empezando a recons-truir la memoria y la verdad!

“Si no hay verdad, no podemos tener reconciliación. Las personas que

cometieron los delitos todavía tienen la verdad oculta, y nosotros las víctimas no podemos reconciliarnos con ellos.

Cuando la verdad exista estaremos prestos a reconciliarnos.”*

Según reportaje realizado por Verdad Abierta (19.01.12), el INCORA tituló mil hectáreas a varias familias campesinas que luego fueron despoja-das de ellas por un grupo paramilitar. Ganaderos y comerciantes en presunta complicidad con un funcionario del instituto aprovecharon luego para hacerse a los títulos de las mismas.

El 10 de noviembre de 1994, el INCORA adjudica a estas familias entre 8 y 15 hectáreas en la vereda Pa-quemás, parte de una finca de 1.138 hectáreas com-prada a la empresa Inversiones Ovalar Ltda.

En ese entonces, la confrontación entre paramilita-res y guerrilleros en el Urabá antioqueño se agudiza involucrando a la población campesina y generando desplazamientos, y el 14 de septiembre de 1995, un grupo armado que seguía órdenes de Éver Veloza, alias “H.H.” y liderado por Jesús Albeiro Guisao, alias ‘El Tigre’, ingresó a la vereda Pueblo Galleta, del corregimiento Currulao, en Turbo, donde asesi-naron a seis campesinos. “El Tigre”, actualmente pos-tulado a Justicia y Paz, reconoció en versión libre que a los labriegos les cortaron sus cabezas para generar terror en la población.

Semanas después comenzó el éxodo masivo en ve-redas como Paquemás, El Limón y La Arenosa, que tuvieron que abandonar sus tierras ante la orden, impartida por los hermanos Castaño, pues conside-raban estas zonas bastiones guerrilleros.

Pedro*, un labriego al que el INCORA le había ad-judicado un predio de 15 hectáreas en Paquemás, resistió hasta que los ‘paras’ asesinaron a su herma-no, en 1995, acusándolo de ser guerrillero. Por esos mismos días, los hombres de “H.H.” le dijeron a José*, otro campesino adjudicatario de tierras del INCORA, que era mejor que se fuera si no quería que “lo volvie-ran picadillo”. Doña Libia*, una matrona de 50 años y de las últimas en abandonar el corregimiento, no soportó ver cómo amenazaban y asesinaban a sus coterráneos, y el 28 de diciembre de 1996 decidió huir con toda su familia hacia nuevas tierras.

Durante los años siguientes, nuevas personas se apo-deraron de ellas, con cultivos y ganado. Sin embargo, no podían hacer nada porque los paramilitares se-guían en la región, lo que imposibilitaba su retorno y reclamar lo suyo; pero cuando inició el proceso con los paramilitares, estos parceleros empezaron cada

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uno por su cuenta a tocar las puertas de Justicia y Paz para ver cómo lograban recuperar lo perdido.

Las víctimas denunciaron que la violencia de “H.H.” y sus hombres hicieron que, en un lapso de dos años, Paquemás y sus alrededores se convirtieran en una vereda fantasma. Allí se cometieron 173 homi-cidios y 30 desapariciones forzadas. También hay registros de 85 desplazamientos forzados, que casi coincide con el número de familias que fueron beneficiadas por el INCORA. Además, de-nunciaron que los ‘paras’ cometieron una violación, torturaron y reclutaron a un menor de edad.

Doña Libia será una de las víctimas que estará pre-sente en la audiencia. “Ya son muchos años bre-gando a recuperar la finquita, como desde el 2003 o 2004, no recuerdo bien. Y uno sí se va cansando de ver que no pasa nada. Pero bueno, tengamos fe, que ya esperamos lo más; esperemos ahora lo menos”, dice la mujer.

Varios campesinos le contaron a VerdadAbierta.com que, una vez desplazados, un intermediario los bus-có en los sitios donde se habían escondido y les pidió que vendieran sus tierras.

“Meses después de habernos instalado en Carepa, nos contactó un señor. Nos dijo: ‘es mejor que ven-dan. Turbo está muy peligroso y muy seguramente no van a regresar’. Yo no quería, pero mi esposo esta-ba muy preocupado porque había pedido prestada una plata en el banco para hacerle unas mejoras a la finca. Me dijo: ‘vendamos’ ”, recuerda doña Libia*.

El negocio era sencillo: ella y su esposo recibieron 2,8 millones de pesos en efectivo de manos de ese intermediario (cuyo nombre se reserva para no en-torpecer la investigación). Para cerrar el trato, ambos fueron a la oficina del INCORA en Turbo, en donde tenían la instrucción de buscar a un funcionario a quien le firmaron un documento en blanco, según las declaraciones de las víctimas.

La Fiscalía logró determinar que dicha hoja en blan-co, que muchos campesinos presionados firmaron, el funcionario la utilizó después para elaborar un acta en la que los campesinos renunciaban al predio.

Testimonios recopilados por la Fiscalía señalan que tanto el funcionario del INCORA como el intermedia-rio actuaron en llave para revocar los títulos y read-judicárselos a otras personas, entre las que se en-cuentran ganaderos y comerciantes que, en teoría, no deben ser objeto de adjudicaciones de reforma agraria. El funcionario fue identificado por las vícti-mas de la región como un “colaborador permanen-te” de grupos paramilitares, que luego readjudicaba estas tierras a ganaderos, comerciantes y presuntos narcotraficantes de Turbo acusados por los mismos paramilitares.

Por su parte, campesinos de la región señalan al in-termediario como “un colaborador” de los paramili-tares. Raúl Hasbún, alias “Pedro Bonito” también lo ha referenciado en algunas de sus versiones libres ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz. De acuer-do con sus confesiones, ese intermediario era reco-nocido como el segundo al mando del grupo de alias “H.H.” en los corregimientos Currulao, El Tres y Nuevo Antioquia.

Según Hasbún, este hombre inicialmente fue colabo-rador y terminó como ideólogo de la organización. Sus habilidades como líder comunitario lo llevaron no solo a tener esa función, sino a alcanzar una cu-rul en el Concejo de Turbo para finales de los años noventa. De acuerdo con alias “Pedro Bonito”, este intermediario decidía qué tierras se compraban y a quién se le entregaban. Su conocimiento de la región le permitió localizar a los campesinos desplazados de Paquemás y persuadirlos, incluso amenazarlos, para que vendieran.

Varios de los nuevos dueños de estos predios fueron mencionados por alias “Pedro Bonito” como fi-nanciadores del Frente Arlex Hurtado de las AUC.

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Tal es el caso de un ganadero y comerciante de Tur-bo, quien aparece hoy como titular de varios predios en Paquemás que son objeto de reclamación ante la justicia. Uno de ellos es el de María*. A principios de 1996, un paramilitar conocido con el alias de “Gran-dulón” le dio una orden perentoria a la mujer: o le vendía su predio al intermediario o se atenía a las consecuencias. No tuvo más opción que huir de la re-gión. Ocho años después, la señora decidió regresar a su finca, pero esta ya tenía un supuesto dueño: se trataba del ganadero y comerciante de Turbo.

Nada distinto del caso de doña Libia, cuya finca es ahora propiedad de uno de los comerciantes de Tur-bo señalado por alias “Pedro Bonito”. Y aunque ella poco entiende de leyes, intuye que el proceso judicial para recuperar su tierra será bastante complejo. Di-cho enredo podría comenzar a clarificarse este 2 de mayo, cuando se escuche al funcionario del INCORA, quien fue citado por la Fiscalía para que explique por qué obligó a los campesinos a firmar documentos en blanco, que luego fueron utilizados como acta de re-nuncia de sus predios. Es lo mínimo que esperan las víctimas.

La comunidad habla de 114 familias que supe-ran las 500 personas, de prevalencia femenina y juvenil (la mitad de la población, menores de 20 años), de orígenes campesino y afrodescendiente, provenientes de Córdoba, Antioquia y Chocó, de vocación agrícola, acostumbrados a subsistir de la siembra de plátano o como empleados en fincas. De estas familias, solo 70 viven en el corregimiento de El Tres, y el resto están dispersas en varias par-tes del país.

b. El involucramiento actual en el conflicto ar-mado: Una guerra que persiste y se reconfigura

Adicionalmente a lo anterior, se evidencia la parti-cipación del grupo paramilitar Los Tangueros, así como la presencia de estos grupos en la región, en donde viven luego haber hecho amenazas, re-tenciones arbitrarias, daños en bien ajeno, allana-mientos ilegales, torturas y violaciones para obli-garlos desplazarse.

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“Las personas que ocupan las tierras tienen mucho poder y riqueza, y en cualquier momento pueden tomar represalias contra nosotros. No se

van a dejar sacar tan fácil de allí y nos sentimos muy vulnerables ante ellos;

por eso evitamos salir, sentimos mucho temor de que nos pueda pasar algo”. *

Según la comunidad, estos victimarios aún cir-culan por el corregimiento El Tres y por la vereda Paquemás; y en un momento en que se empiezan a recibir algunos fallos judiciales individuales que reconocen el derecho a volver a su territorio a cua-tro familias, las comunidad teme por su vida e in-tegridad ante la presencia de estos actores y aún no son claras las medidas del Estado para garanti-zar el retorno seguro y sin riesgo de repetición del despojo y de nuevas violaciones a sus derechos.

¿Cuál es la seguridad que nosotros tenemos? Si ponen al ejército a

cuidarnos, no podemos tenerlos todo el tiempo detrás; y cuando ellos se

vayan, ¿qué va a pasar con nosotros? No sabemos cómo van a reaccionar las personas a las que se les ha notificado

que deben desocupar las tierras.”*

d. Un despojamiento de 19 años sin posibilida-des claras de retorno seguro

A pesar del tiempo transcurrido y de la nueva nor-matividad para la restitución y reparación integral, así como de múltiples fallos, conceptos y reco-mendaciones nacionales y de órganos internacio-nales de los sistemas interamericano y universal de los derechos humanos para garantizar la repa-ración integral, digna y segura de las víctimas, solo se conocen cuatro fallos judiciales a favor de igual número de familias, que aún no ofrecen garantías de retorno digno ni claridades sobre las articula-ciones interinstitucionales que buscarán la restitu-ción sin repetición y en condiciones de seguridad.

“Ya han salido varias sentencias de los predios y nos dicen que nos van a entregar las tierras; pero nos

preguntamos: ¿qué nos van a entregar si las tierras están ocupadas? Nos están

entregando un documento, no las tierras, y nosotros no podemos

sembrar en papel”.*

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III. Algunas causas del problema

En diálogos con la comunidad, la Diócesis de Apartadó y el Secretariado Nacional de Pastoral Social establecen las siguientes causas del problema:

La zona rural del Turbo está ubicada en una región de interés estratégico por su salida al mar y su gran cantidad de tierras fértiles. Esto motiva el despojamiento de tierras con �nes económicos como la expansión de la ganadería, con argu-mentos políticos tales como señalamientos de pertenecer a partidos o movimientos de izquierda, o de estigmatización social, como acusaciones de pertenecer a grupos guerrilleros.

El desconocimiento de la existencia del con�icto armado durante el pasado gobierno nacional generó ausencia de políticas públicas para confrontarlo y evitar el involucramien-to de la población civil en el mismo.

Poca presencia institucional y escaso control público por parte de los entes de control en las zonas rurales.

Existen riesgos de seguridad y faltan garantías estatales para liderar, organizarse y denunciar estos despojos y obtener reparación integral y no repetición.

Ausencia histórica de una oferta social articulada, continua y participativa por parte del Estado en la región, y de políticas públicas articuladas (nacional, departamental y local) que prioricen presupuestalmente para ofrecer a la comunidad un entorno protector y de acceso a derechos.

Durante décadas hubo ausencia de políticas y estrategias concretas de protección a las víctimas del despojo de tierras.

Ausencia de políticas públicas y de espacios de participación democrática para prevenir los con�ictos por el uso de la tierra y promover el acceso equitativo a ella a nivel local y regional.

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IV. Algunas afectaciones a los derechos individuales y colectivos de la comunidad

Pese a que no ha habido una atención estatal articulada, integral y perma-nente, la comunidad Embera Katío empieza a lograr apoyos y acompaña-mientos, especialmente de algunas organizaciones no estatales. En este sentido, el Cabildo Indígena Mayor ha sido partidario de seguir dialogando e incidiendo en diversas instituciones para avanzar en la búsqueda de solu-ciones a sus problemas.

a. Terror colectivo, sensación de inseguridad, desamparo, desarraigo, aislamiento, dispersión familiar, abandono y soledad.

b. Temor a expresarse, reunirse, integrarse, organizarse, liderar procesos de incidencia y de restablecimiento de derechos.

c. Tensiones internas en el interior de la comunidad, sensa-ción de persecución y de señalamiento constante. d. Pérdida de las capacidades de luchar y creer, escepticismoconstante y descon�anza en los actores externos.

e. Situación de duelo no superado y sensación constante de pérdida.

f. Desconocimiento generalizado de sus derechos y de cómo,dónde y ante quién hacerlos válidos.

g. Temor a represalias por el proceso de restitución de tierras y a que el despojo de tierras se repita con nuevos asesinatos.

a. Proceso sistemático y gradual de empobrecimiento, falta de tierras para cultivar, de acceso al agua y de iniciación de proyectos agroproductivos.

b. Ausencia de capacitación, subsidios, créditos y programas de emprendimiento económico comunitario para ayudar a disminuir la vulnerabilidad económica.

Sicosociales:

Económicos:

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a. Terror colectivo, sensación de inseguridad, desamparo, desarraigo, aislamiento, dispersión familiar, abandono y soledad.

b. Temor a expresarse, reunirse, integrarse, organizarse, liderar procesos de incidencia y de restablecimiento de derechos.

c. Tensiones internas en el interior de la comunidad, sensa-ción de persecución y de señalamiento constante. d. Pérdida de las capacidades de luchar y creer, escepticismoconstante y descon�anza en los actores externos.

e. Situación de duelo no superado y sensación constante de pérdida.

f. Desconocimiento generalizado de sus derechos y de cómo,dónde y ante quién hacerlos válidos.

g. Temor a represalias por el proceso de restitución de tierras y a que el despojo de tierras se repita con nuevos asesinatos.

a. Proceso sistemático y gradual de empobrecimiento, falta de tierras para cultivar, de acceso al agua y de iniciación de proyectos agroproductivos.

b. Ausencia de capacitación, subsidios, créditos y programas de emprendimiento económico comunitario para ayudar a disminuir la vulnerabilidad económica.

Sicosociales:

Económicos:

a. Afectación de los derechos a la vida digna, la libertad y la integrad, así como a los derechos políticos (tener opciones políticas y liderar propuestas de este tipo en favor de su comunidad), sociales (pérdida de la cohesión comunitaria) y culturales (se están perdiendo las tradiciones rurales de la comunidad).

b. Deterioro del acceso a la seguridad alimentaria, agua potable, vivienda digna, servicios públicos, salud de calidad (ausencia de programas de prevención en salud comunita- ria), educación (falta de opciones educativas para los jóvenes y adolescentes de más de 16 años), opciones laborales y productivas.

c. Incremento del rebusque, la informalidad urbana y la precarización laboral.

Afectaciones a los derechos:

“Nos entregan un título, que es importante pero no es suficiente, porque con esto no podemos entrar a trabajar en las tierras, ni construir vivienda allí, porque las tierras están ocupadas y no podemos entrar.”*

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a. Infancia, adolescencia y juventud: No hay oportunida-des educativas ni de formación laboral luego de la educación básica. Ausencia de espacios, programas y opciones de acceso a la cultura, el deporte y la sana recreación. Niños y niñas huérfanos que crecen en familias parcial o totalmente desintegradas por la violencia.Hacen falta programas de prevención y protección para la infancia, la adolescencia y la juventud, especialmente para los menores y jóvenes desplazados y reclamantes de tierras. Asimismo, faltan espacios de formación, participación y organización juvenil.

b. Mujeres: Varias mujeres viudas. La mujer ha tenido que asumir el doble papel de padre y madre y salir a trabajar fuera de la comunidad, dejando a sus hijos solos o a los niños grandes a cargo de los más pequeños, o los lleva a trabajar con ella, lo que facilita la deserción escolar, el trabajo infantil, el callejeo y la delincuencia.Hacen falta programas de prevención y protección para la mujer rural, especialmente la mujer desplazada y reclamante de tierras, así como espacios de formación, participación y organización femenina.

c. Adulto mayor: En una familia donde falta el padre de familia y la madre debe ausentarse, el adulto mayor debe seguir trabajando sin recibir los cuidados necesarios para su edad. Hacen falta programas de prevención y protección para la tercera edad, especialmente para el adulto mayor desplazado y reclamante de tierras, así como espacios de formación, participación y organización para la tercera edad.

Afectaciones por sectores:

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“He tenido que trabajar muy fuerte, pasar muchas

necesidades; he tenido que pedir a la gente que me ayude

para poder estudiar. Me duele no poder ser igual al

resto de la sociedad, siempre discriminado por ser un

desplazado; eso es lo que ha uno lo marca. Me pregunto por qué estoy pasando por

esto, si yo no he hecho nada.”* Joven de Paquemás.

“A diario está la propuesta de pertenecer a combos o grupos armados fuera de la ley, y hay

muchos jóvenes como yo, que no tienen tan claro que

la solución no es la guerra ni las armas. Yo pienso que si

trabajamos podemos cumplir nuestros sueños.”*

Joven de Paquemás.

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“Si nos quedamos callados, no va a haber solución para este problema;

por eso tomamos la decisión de hacer conocer lo que vivivmos. Somos

nosotros los que estamos sufriendo; y los años van pasando, vamos envejeciendo y nos vemos en la misma condición de vida; por eso decidimos tomar la mano

de quienes nos han ofrecido ayuda.”*

Pese a que no ha habido una atención estatal arti-culada, integral y permanente, la comunidad em-pieza a lograr algunos apoyos y acompañamien-tos. En este sentido, la misma comunidad ha sido partidaria de seguir dialogando e incidiendo en las instituciones que se acercan a tratar de ayudar, para avanzar en la búsqueda de soluciones inte-grales y de fondo a su problemática.

En medio del temor y la poca formación comuni-taria en el tema, se ha empezado un proceso orga-nizativo y de relacionamiento con algunas entida-des, como la Organización de Estados Americanos, la Unidad de Tierras y la Pastoral Social.

Así mismo, previamente con la antigua Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación CNRR, la Unidad de Justicia y Paz, la Fiscalía, el CTI, la Defen-soría Regional del Pueblo y la Personería de Turbo, la comunidad inició los diálogos para alentar la reparación integral pendiente.

Con la Organización de Estados Americanos OEA y la Unidad de Restitución de Tierras han logrado asesorías jurídicas para vincularse al plan de res-titución de tierras en el marco de la ley 1448 de 2011.

V. Experiencia de incidencia política de la comunidad frente a su problemática

PENDIENTES URGENTES:

1. Incidir en el acatamiento y observancia concreta, según el caso, tanto de los fallos judiciales y normas nacionales como de los reiterados fallos, conceptos y recomendaciones de organis-mos de los sistemas interamericano y universal de derechos humanos, para garantizar la reparación integral y, por ende, avanzar hacia:

a. La reubicación, por parte de los jueces y la fuerza pública, de los comerciantes y ganaderos que viven en su territorio, así como hacia la salida de los grupos armados que aún permanecen en la zona.

b. La restitución del territorio despojado en condicio-nes de retorno seguro y digno, o la entrega y ampliación del territorio que ocupan actualmente.

c. La obtención de garantías de protección y recono-cimiento político y social, para promover liderazgos, cohesión social y procesos organizativos.

d. La inclusión en espacios de construcción de políticas públicas articuladas (nacional, departamen-tal y local) para evitar nuevas violencias y exclusiones y para crear entornos protectores en términos socioeconómicos y culturales.

e. La superación de la impunidad, con condena efectiva de los actores involucrados en las violacio-nes a sus derechos. La recuperación de su memoria y de la verdad, incluyendo la memoria cultural.

f. La indemnización a padres, cónyuges e hijos de familiares asesinados durante el despojo.

g. Una mayor articulación de los gobiernos local, departamental y nacional, para brindar una oferta social coherente y una priorización efectiva de la inversión social, mediante programas permanentes de prevención y atención en salud, seguridad alimentaria, agua y medio ambiente, así como de apoyo a sus procesos organizativos y de protección a la cultura indígena.

h. El seguimiento de su problemática por parte de la comunidad internacional y de organismos de los sistemas interamericano y universal de los derechos humanos, para avanzar hacia mayores solidaridades frente al problema.

i. El apoyo al fortalecimiento del trabajo en red con otras organizaciones de víctimas, actores y sectores sociales, así como plataformas locales, regionales y nacionales de derechos humanos.

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“Queremos retornar para nuca más tener que desplazarnos, y para lograrlo

necesitamos tener más garantías; por eso les pedimos que no nos dejen solos.

Para nosotros es importante que este caso lo conozcan en otros países y que

las Cáritas del Grupo Trabajo Colombia nos sigan apoyando en esta búsqueda

del retorno seguro a las tierras; esto nos da ánimo y confianza.”*

VI. El papel de la iglesia en el proceso

Desde la Diócesis y la Pastoral Social de Apartadó y desde el Se-cretariado Nacional de Pastoral Social-Cáritas Colombiana, se avanza con:

De esta manera se pretende promover pastoralmente la búsque-da del bien común, el diálogo social, la defensa de la dignidad humana, el goce integral de los derechos humanos, el cuidado de los bienes de la Creación y el desarrollo humano integral y so-lidario, a partir del diálogo permanente con las comunidades y con las instituciones que pueden aportar a la transformación de estas realidades.

La participación de la comunidad en espacios de diálo-go nacional ,como el Congreso Nacional de Reconcilia-ción, y con plataformas internacionales como el Grupo de Trabajo por Colombia GTC.

Un proceso de formación sociojurídica y orientación organizativa para mejorar la capacidad de acción de su comunidad frente a la problemática citada.

El proceso de documentación de su caso para acom-pañamiento en incidencia nacional e internacional con el Grupo de Trabajo por Colombia.

* La identidad de las personas que brindaron su testimonio y que se citan en este documento ha sido reservada o cambiada por razones de seguridad.

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UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA VEREDA PAQUEMÁS EN EL MUNICIPIO DE TURBO, DEPARTAMENTO DE

ANTIOQUIA,COLOMBIA

VEREDAPAQUEMAS

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El Secretariado Nacional de Pastoral Social / Cáritas Colombiana es un organismo eclesial, sin ánimo de lucro, dependiente de la Conferencia Episcopal de Colombia, que busca la ver-dad, la reconciliación, la justicia y la caridad en las relaciones y estructuras básicas de nuestra sociedad.

Hacemos parte de la red Caritas Internationalis, confederación mundial que trabaja desde1950 en la lucha contra las estructuras que originan situaciones de pobreza y opresión, para fomen-tar una sociedad basada en la solidaridad y la justicia social.

El Grupo de Trabajo por Colombia -GTC- acompaña el proceso de construcción de la paz, de fortalecimiento de la democracia y de reconciliación en Colombia, a través de la definición de objetivos y la promoción de estrategias y prácticas comunes entre los miembros*, para animar el fortalecimiento de la labor de la Cáritas colombiana.

El GTC desarrolla, en estrecha relación con los diferentes órganos de la Iglesia católica y con otras instituciones nacionales e internacionales, estrategias de sensibilización, incidencia polí-tica, educación y movilización para aportar a la transformación social de la realidad colombiana.

Para mayor información y para mantenerse al tanto de nuevas publicaciones y noticias del Secretariado Nacional de Pastoral Social/Caritas Colombiana, por favor regístrese en www.pastoralsocial.org

Cr. 58 N° 80-87. Barrio Entre Ríos.Bogotá, C.P. 111211 - ColombiaTel: +571 4377150 412 Fax: +571 4377171Email: [email protected]

*Cáritas miembro de GTC