1 Informe Pobreza e Indigencia Depto. de Comunicación Social Introducción. 2 El ingreso de las políticas neoliberales en Argentina. 3 El impacto de las políticas. 4 El discurso asistencialista . 5 Impacto del desempleo en el sistema sanitario. 6 Derecho a la salud. 8 Características demográficas, socioeconómico y sanitarias de Argentina. 8 Pobreza. 9 Canasta Básica de Alimentos. 9 Empleo y desempleo. 10 Desocupación por regiones. 11 Incidencia de la pobreza e indigencia. 11 Hogares y Población: total y con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) . 12 Población en hogares por servicio sanitario según provisión y procedencia del agua para beber y cocinar. 16 Salud no garantizada. 17 Obra social y/o plan de salud privado o mutual. 20 Indicadores de salud. 22 Conclusiones. 24 Diccionario Metodológico. 26 Planes de salud del Ministerio de Salud de la Nación. 29
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Informe Pobreza e Indigencia
Depto. de Comunicación Social
Introducción. 2
El ingreso de las políticas neoliberales en Argentina. 3
El impacto de las políticas. 4
El discurso asistencialista . 5
Impacto del desempleo en el sistema sanitario. 6
Derecho a la salud. 8
Características demográficas, socioeconómico y sanitarias de Argentina. 8
Pobreza. 9
Canasta Básica de Alimentos. 9
Empleo y desempleo. 10
Desocupación por regiones. 11
Incidencia de la pobreza e indigencia. 11
Hogares y Población: total y con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) . 12
Población en hogares por servicio sanitario según provisión y procedencia del agua
para beber y cocinar. 16
Salud no garantizada. 17
Obra social y/o plan de salud privado o mutual. 20
Indicadores de salud. 22
Conclusiones. 24
Diccionario Metodológico. 26
Planes de salud del Ministerio de Salud de la Nación. 29
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Introducción
El objetivo de este informe es hacer foco en uno de los aspectos más urgentes de la
realidad argentina: las condiciones de pobreza e indigencia afectan de una manera innegable la
situación sanitaria del país. Para tal fin, presentaremos los indicadores que reflejan una realidad
que dejó sus marcas más profundas durante la última década, con el ingreso de las políticas
neoliberales, los sucesivos ajustes, las privatizaciones, la reforma del Estado con su consecuente
redefinición de su papel económico y social, y el ciclo devaluatorio/inflaccionario como única
salida a las crisis periódicas que soportaron los gobiernos de turno.
Es necesario destacar que la mayoría de los indicadores presentados por el organismo
oficial a cargo de las mediciones estadísticas en nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística
y Censo (INDEC), datan del mes de Mayo de 2003. A febrero de 2004 no se conocen
oficialmente los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de Octubre de 2003.
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El ingreso de las políticas neoliberales en Argentina
Nuestro país se encuentra devastado. Sólo un tercio de sus habitantes puede
reconocerse como sujeto portador de derechos efectivos. El surgimiento de inmensos
contingentes de habitantes excluidos del derecho a la salud, al trabajo, a la educación y
capacitación, de la protección y de los consumos. Sometidos cotidianamente a la violencia de la
necesidad y la penuria más extrema, definen la conformación de una verdadera población
excedente que ni siquiera es tomada en cuenta por los agentes económicos dominantes como
mano de obra de reserva, sino más bien como una molestia para la reproducción del presente
orden económico y social.
Esta situación es consecuencia de la aplicación de políticas de corte neoliberales, que
determinaron la conformación de una estructura de funcionamiento económica, social y política
que, en el marco de una profunda redistribución del ingreso en contra de los asalariados,
jerarquizó sistemáticamente la obtención de renta financiera basada en el endeudamiento
externo y la concentración del capital. Al mismo tiempo se intentó, sin éxito, reducir las
estructuras estatales con el propósito de saldar el creciente déficit de sus cuentas.
La comparación de la situación actual con la de 1975 muestra que la tasa de inversión de
la economía local es ampliamente inferior, que el producto per cápita es 23% menor, que los
ingresos salariales han caído un 52% y que la desocupación se multiplicó por seis. Asimismo se
suman, la destrucción del aparato productivo industrial, el sistemático proceso de
transferencias de recursos al exterior y la fuga de capitales. En la década del ’70 la población
Argentina era de 22 millones de habitantes, de los cuales menos de dos millones eran pobres. En
la actualidad, sobre una población de 37 millones de personas, 20 millones se encuentran en
situación de pobreza. La profunda marginación social fue acompañada de estrategias culturales
que dotaron de viabilidad al proyecto neoliberal, creando las bases para un universo
individualista y privatizado.
El régimen de convertibilidad implicó la base para respaldar un formato de ganancias
extraordinarias no reproducible ni sostenible en el tiempo, que fue caracterizado por la primacía
de las finanzas (bancos y aseguradoras, o holdings extranjeros) sobre las actividades
productivas. Las ganancias brutales tanto de la renta financiera (sostenido por endeudamiento
externo del Estado) como las surgidas de políticas tarifarias, y la privatización de los servicios
públicos a un precio menor que el real, acompañada de la estatización de los pasivos públicos y
privados. Un párrafo a parte merece el papel que jugaron las economías centrales, el
establishment financiero global y sus representaciones internacionales, los organismos
internacionales de crédito: el Fondo Monetario (FMI), el Banco Mundial (BM) y el BID (Banco
Interamericano de Desarrollo). Estos organismos se convirtieron en los principales defensores
de los intereses de los sectores económicos dominantes, imponiendo el Consenso de
Washington, esquemas de políticas cíclicas neoliberales, la lógica del ajuste estructural y el
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endeudamiento externo como principales mecanismos de dependencia y disciplinamiento a
cualquier intento alternativo.
Desde el inicio del plan de convertibilidad de la unidad monetaria en abril de 1991
hasta comienzos de 1993, el costo de los alimentos básicos aumentó un 56%, mientras que los
salarios de la industria lo hicieron solo el 27%. Los bienes públicos como la salud, la educación y
previsión social, cuya provisión y regulación había estado históricamente a cargo del Estado,
perdieron eficacia operativa, eficiencia y equidad distributiva; asimismo se redujo su cobertura
y la calidad de sus prestaciones1.
El proceso de re-estructuración del país afectó y aún sigue afectando las condiciones de
vida de la población, y de los sectores populares en particular, produciendo profundas
modificaciones en la estructura social de la Argentina. Algunos autores señalan que el resultado
de este proceso social es, virtualmente, la dolarización, la complejidad y heterogeneidad de los
sectores populares2.
Varios investigadores coinciden en que hubo impactos diferentes en las variadas
categorías que componen los sectores populares “los cambios en los precios de los alimentos
han afectado particularmente al pobre potencial aumentando su vulnerabilidad. Los cambios en
el mercado laboral en los salarios han conducido generalmente al empobrecimiento de los
sectores obreros, dándole crecimiento al nuevo pobre. En este contexto la situación del pobre
estructural ha sido exacerbada por los cambios en los precios, los salarios y la retracción del
Estado. Los nuevos pobres son aquellas personas, victimas directas del ajuste estructural. Se
diferencian de los pobres potenciales pues estos son familias o individuos cuyos ingresos aún
encontrándose sobre la línea de pobreza son tan escasos que el aumento en los precios de los
alimentos resultantes del ajuste estructural los coloca rápidamente por debajo de la misma.
El impacto de las políticas
La fragilidad del modelo se evidenció en diciembre de 2001, cuando confluyeron
situaciones políticas, económicas y sociales que determinaron la renuncia del presidente
Fernando de la Rúa. En su mandato se extremaron las medidas de ajuste, los impuestazos y
vastos sectores de las clases medias pasaron a ser pobres. Entre marzo y noviembre de ese
mismo año se fueron del país U$S 20.000 millones de dólares, por ese motivo el ministro de
Economía, Domingo Cavallo, impuso el famoso "corralito", mediante el cual se embargaron los
ahorros de miles de pequeños ahorristas, mientras que los grandes capitalistas se habían
escapado antes del sistema. El hastío de los sectores medios con la clase política tradicional
llevó a un rechazo manifiesto traducido en votos en blancos, nulos o ausentismo en las
elecciones. Este fue el escenario que motivó el "cacerolazo" que se produjo la noche del 19 al 20
1 Organización Panamericana de la Salud, “Las condiciones de salud en las Américas” (1994).
2 A. Minujin y S. Feldman, “La heterogeneidad social de la pobreza”.
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de diciembre con un pedido de “que se vayan todos”, pero llegado el mediodía se convirtió en
una batalla campal por la brutal represión policial. Las dos jornadas arrojaron un saldo trágico
de más de 33 muertos civiles.
En un período de once días se sucedieron cinco presidentes. El 1º de enero de 2002,
elegido por una Asamblea Nacional Constituyente asumió la presidencia de la Nación, el líder
del aparato justicialista (PJ) bonaerense, Eduardo Duhalde. En ese lapso de transiciones, el país
terminó declarando la inevitable cesación de pagos de su deuda externa. La ley de
Convertibilidad fue remplazada por una nueva cotización con un sistema de tipo de cambio
abierto, produjo inflación en el mercado y devaluación de la moneda local. Las consecuencias
nuevamente fueron cíclicas: la pagaron los que menos tienen. Si el eje de la política económica
fue/es la devaluación estamos en presencia de una estrategia que pretende mejorar los precios
relativos en favor de una salida exportadora. Cabe aclarar que el núcleo exportador representa
sólo el 9% del PBI nacional. Se escuchó desde los economistas gubernamentales afirmar que con
una medida de este tipo se busca obtener una mayor competitividad de las exportaciones
mediante una baja en los precios en dólares de los bienes nacionales y un efecto contrario en las
importaciones, las cuales al ser más caras podrían ser sustituidas por bienes de producción
local. Estos son postulados falsos. Si tenemos en cuenta que el 69% de las exportaciones
argentinas corresponden a productos primarios, manufacturas agroindustriales y combustibles
(cuyos precios son fijados en dólares en los mercados internacionales) una devaluación del peso
no modificó sus precios. Además, las mejoras en productividad producidas por la devaluación
provocaron un aumento en la rentabilidad de los exportadores que no generó aumento en la
demanda de mano de obra ya que los sectores de comodities o de explotación de recursos
naturales tienen una baja incidencia en la generación de empleo. De todos modos, tampoco hay
que olvidar que el 51% de las importaciones de nuestro país están compuestas por insumos
industriales y bienes de capital, los cuales no son fácilmente sustituibles en el corto plazo,
especialmente luego de la violenta apertura comercial de los años ´90 que destruyó a la
industria nacional. En definitiva, las mejoras de productividad que surgen de una devaluación
se debieron a la caída de los salarios reales (en dólares) de los trabajadores. Los impactos
históricos de las devaluaciones fueron la caída de los salarios reales y el ajuste de la balanza
comercial básicamente por la recesión del consumo posterior y no por la sustitución de
importaciones e inducción de exportaciones. Estos factores se tradujeron en un impacto directo
sobre el desarrollo de las personas, alcanzando en la última década un aumento de la
desocupación de más del 74%, de un 67% de la pobreza y un 180% de la indigencia.
El discurso asistencialista
En el plano político el panorama tampoco fue demasiado prometedor, las alianzas entre
los resabios del modelo neoliberal y la falta de una oposición organizada y homogénea,
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permitieron la reproducción de un sistema político tradicional basado en prácticas y esquemas
de poder perversos sin capacidad de generar propuestas concretas para los sectores más
oprimidos de la sociedad. En este sentido, el intento de una acción asistencial y de contención se
dio de la mano de los “Planes Jefas y Jefes de Hogar” (que entregan 150 pesos al responsable
desocupado del hogar de un núcleo familiar de 4 integrantes sumido en la pobreza), los cuales
contribuyeron a mantener el sistema de exclusión sin dar soluciones de corto y mediano plazo
que permitan crear fuentes legítimas de trabajo y un aumento real de los ingresos.
En este contexto, en mayo de 2003, luego de un año colmado de protestas sociales de
diversos sectores (piqueteros y asambleas, principalmente) con ansias de un cambio real y con
un gran rechazo hacia el modelo neoliberal representado por Carlos Menem y la Alianza,
Néstor Kirchner obtuvo, con el respaldo de Eduardo Duhalde y del aparato electoral del
peronismo bonaerense, la presidencia de la Nación. En los meses siguientes, el justicialismo
acentuó su predominio electoral, ganando la gobernación en quince provincias y se aseguró
mayorías propias en ambas Cámaras. El radicalismo perdió volumen electoral pero ganó la
gobernación de cinco provincias. En la mayoría de las provincias volvieron a ganar muchos de
los caudillos que asientan la base de su permanencia en prácticas y formas organizativas
corruptas, con situaciones sociales locales muy precarias y dependencia al poder provincial. El
nuevo gobierno mantuvo al mismo ministro de Economía que designó el presidente interino
Duhalde, Roberto Lavagna, y la misma política económica que pretende ajustarse a los
designios de los organismos financieros internacionales como el FMI y el BM buscando
refinanciamientos de la Deuda Externa a través de pactos fiscales, reducción de gastos sociales
y medidas que favorecen al sector financiero internacional más que al productivo nacional.
Un lapso de espera sobre definiciones estratégicas se abrió con el nuevo gobierno de
Kirchner, pero en la cuestión sanitaria las alternativas son claras y evidentes: fortalecer un
sistema público de salud nacional, gratuito, universal y de calidad, financiado por las rentas del
ahorro nacional (sin tomar deuda), resulta la mejor ecuación como muestra la tradición de
países como Gran Bretaña, Cuba y más cercanamente de Brasil. Acceder a la salud por el
principio de ciudadanía y residencia, no por el privilegio de tener trabajo en blanco o por poder
pagarla en el mercado. Eje central de la defensa del derecho universal a la salud en momentos
donde la mundialización tiende a desarrollar las reformas de segunda generación impulsadas
por los organismos de crédito (BM y FMI) buscando la privatización lisa y llanamente de la
salud como bien de mercado.
Impacto del desempleo en el sistema sanitario
Los índices de desempleo o pobreza nacionales se mantuvieron en profundidades
históricas de deterioro desde octubre del año pasado: el 54,7 % de la población está bajo la línea
de pobreza, mientras que un 26,3 % son indigentes. Respecto a la desocupación la situación es
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similar, las cifras alcanzan el 16,3% de la población económicamente activa, pero si se
reconociera como desocupados a quienes reciben “Planes Jefas y Jefes de Hogar los niveles
subirían al 21,4%. Es decir, uno de cada tres argentinos tiene problemas de empleo. Sólo la
subocupación asimila un 16,6%3. En Argentina, de una masa de 13 millones de población
económicamente activa, 5 millones de ellos tienen problemas de empleo, y un 46% del resto
cobra salarios congelados consumidos por la inflación (la canasta básica de alimentos aumentó
un 70% durante el año 2002, pauperizando la capacidad de consumo en los sectores de ingresos
fijos). Asimismo, la mayoría de los nuevos puestos laborales son generados en la economía
informal o bajo una fuerte flexibilización laboral, forma por la cual los trabajadores no tienen
acceso a planes de salud, jubilación, vacaciones, aguinaldo, y otros incentivos. El corrimiento
del sector productivo industrial al área de servicios genera un descenso en la cantidad de
puestos de trabajo, este fenómeno provoca que quienes obtienen esos pocos puestos de trabajo
disponibles sean personal sobrecalificado, con estudios secundarios y/o universitarios, que
aceptan esos empleos en el marco de la flexibilización laboral. Si la situación para los sectores
medios es difícil para los sectores bajos o populares es insostenible. Los planes sociales no
cubren las necesidades básicas y no proyectan ninguna salida que genere puestos de trabajo
sustentables y dignos.
En este marco, la salud está signada por una profunda crisis del sistema público.
Aumentaron la morbi-mortalidad materna e infantil, la desnutrición, el deterioro de los
hospitales públicos, la falta de insumos y medicamentos esenciales. La esperanza de vida está
descendiendo por primera vez en la historia. La promulgación de la ley de prescripción por
nombre genérico de los medicamentos y el Plan Remediar, fueron los dos ejes con los que el
Ministerio de Salud mejoró la accesibilidad al medicamento. Obviamente sin lograr modificar
los graves faltantes de fármacos en pacientes crónicos, con discapacidad y SIDA, entre otras
enfermedades.
3 La Nación, “Hay 5 millones de personas con problemas laborales”, Economía, 24/12/2003.
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Derecho a la salud
El derecho a la salud y el mercado de aseguramiento son dos facetas que pueden ser
contradictorias si las reglamentaciones no intervienen para disminuir las desigualdades. El
derecho a la salud obedece a una concepción derivada de los derechos humanos: el Estado es
garante de su cumplimiento y puede concretarse mediante diversas modalidades de
financiación. En unos casos, merced al financiamiento público derivado de impuestos o rentas
generales, complementados por impuestos específicos para la salud; en otros casos mediante el
aseguramiento total o universal de la población con planes obligatorios pagados con fondos de
diverso origen: aportes ligados al salario; contribuciones de impuestos otorgadas per capita para
cada ciudadano; y contribuciones directas de los beneficiarios según su capacidad de pago. El
derecho universal y el aseguramiento universal son compatibles y complementarios en una
sociedad que establece reglas de solidaridad y cobertura de los gastos extraordinarios o
catastróficos y que además procura la igualdad de oportunidades para la promoción,
prevención, curación y rehabilitación.
Características demográficas, socioeconómico y sanitarias de Argentina
La Nación Argentina por disposición constitucional adoptó para su gobierno la forma
representativa, republicana y federal. Tiene una extensión territorial de 3.761.274 km2 y
fronteras comunes con cinco países. Está integrada por 23 provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con una población de 37.031.795 habitantes en el año 2001.
La tasa global de fecundidad continúa su tendencia declinante: de 3,15 hijos por mujer
en 1980 se proyecta una tasa de 2,82 hijos por mujer para 1990-1995 y de 2,1 hijos por mujer para
1995-2001. La tasa de natalidad registró una leve constante declinación: en 1993 fue de 19,8 por
1.000 habitantes, en 1994 de 19,7 por 1.000 y en 2001 de 19,0 por 1.000. La población urbana
representó en 1999 el 89,3% de la población. La Esperanza de Vida al Nacer para ambos sexos
en el período 1995-2000 es de 73,8 años, de 70,6 años para los hombres y 77,7 años para las
mujeres4. La estructura de la pirámide poblacional muestra que los menores de 15 años no
superan el 30% del total de habitantes, mientras que los mayores de 60 años totalizan el 13%. La
edad mediana de la población era de 27,6 años en 1985 y se estima que fue de 28,4 años en el
año 2000. La población alfabeta es de 96,3%. Los Hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas
(NBI) representaron el 14,3% en el año 2001. La región norte de nuestro país con niveles
promedio de pobreza del 69% y de indigencia del 35% a mayo del 2003, es la más afectada.
Formosa, Chaco y Santiago del Estero con 65,8%, 65,5% y 63,7% respectivamente, son las
provincias en situación más crítica. Asimismo, entre el 70 y el 72% de los niños de estas
provincias no poseen plan médico ni obra social alguna.
4 United Nations, Population Division, Department of Economic and Social Affairs United Nations
Population Division, World Population Prospects: The 2000 Revision. DEMOGRAPHIC INDICATORS
1950-2050 Dataset 2002.
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Pobreza
A finales de mayo de 2003, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, reemplazó al
titular del INDEC Juan Carlos Del Bello por Lelio Mármora5. Del Bello había presentado su
renuncia como es habitual ante el cambio de gobierno, sin embargo se descontaba que seguiría
en su cargo por tratarse de un puesto técnico, pero Lavagna había cuestionado públicamente la
metodología del INDEC para elaborar los índices de pobreza e indigencia en vísperas de la
difusión de los datos de octubre de 2002. En esa ocasión se llegó al récord de 57,5% de pobres y
un 27,5% de indigentes. Mientras que para el INDEC había un poco más de 20 millones de
pobres, para Economía la cifra era de 17 millones. La diferencia se debía a que el INDEC tomaba
los precios promedio para valorizar la canasta de alimentos, mientras que Economía
consideraba los precios más bajos.
Tradicionalmente, el concepto de pobreza implica una comparación entre la situación
concreta que enfrenta un individuo u hogar y lo que sería necesario para vivir. La denominada
línea de pobreza, presupone la determinación de una canasta básica de bienes y servicios que
una vez valorizada permite delimitar la citada línea de pobreza. Según este criterio, son
considerados pobres aquellos hogares que con sus ingresos no pueden cubrir el costo de esa
canasta.
Valores mensuales de la Canasta Básica de Alimentos (CBA) y de la
Canasta Basica Total (CBT) para el adulto equivalente
Mes1
Canasta Básica Alimentaria Inversa del Coeficiente Canasta Básica Total Línea de Indigencia de Engel Línea de Pobreza
1 Son los meses de referencia para la medición de ingresos de la EPH
Fuente: INDEC, Encuesta Permanente de Hogares Nota: la metodología se puede consultar en el informe de prensa "Valorización mensual de la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total"
5 El cargo de director general del INDEC depende del Ministerio de Economía y no tiene concurso.
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Para la medición de noviembre de 2003, el INDEC fijó la canasta básica alimentaria de
un individuo en $ 105,24 para medir la indigencia, y en $ 229,42 para medir la pobreza; mientras
que la cifra que mide la pobreza en un grupo familiar tipo es de $ 770,85. Los últimos datos,
aportados por el mismo organismo, pertenecen a mayo 2004 y fijan la canasta básica para medir
la indigencia en $ 106, 66 y en $ 233,58 para medir la pobreza.
Sin embargo, la distribución geográfica de la pobreza e indigencia no es homogénea a lo
largo del país. Las regiones en las que se encuentra mayor incidencia son el Noreste y Noroeste,
con líneas de pobreza superiores al 55% y con niveles de Indigencia cercanos al 20%6.
Pero la situación no es muy diferente si se observan zonas urbanas. Por ejemplo, en el
Gran Rosario o el segundo cordón urbano del Gran Buenos Aires, la realidad no ofrece una
perspectiva mejor respecto a las regiones más pobres del país. A esto se le debe sumar que siete
de cada diez chicos y adolescentes es pobre. La mitad de esos seis millones de chicos y
adolescentes pobres es, además, indigente. Seis de cada diez hogares donde viven chicos y
adolescentes no puede cubrir una canasta de alimentos básicos. En el noroeste de la Argentina
ocho de cada diez chicos y adolescentes es pobre, la mitad vive en hogares que no tienen
ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.
Población en provincias sin cobertura de salud (obra social y/o plan de salud privado o mutual)
Formosa 65,8 %
Chaco 65,5 %
Santiago del Estero 63,7 %
Corrientes 62,1 %
Salta 60,4 %
La Rioja 59.2 %
Misiones 57,8 %
Jujuy 54,2 %
San Juan 53,0 %
24 Partidos del Gran Buenos Aires 52,0 %
San Luis 51,6 %
Mendoza 50,6 %
Río Negro 49,9 %
Buenos Aires 48,8 %
Entre Ríos 48,7 %
Neuquén 48,7 %
Tucumán 48,2 %
Total del país 48,1 %
Córdoba 45,8 %
La Pampa 45,5 %
Catamarca 45,0 %
Resto de Buenos Aires 43,5 %
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Santa Fe 42,0 %
Chubut 39,5 %
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 30,1 %
Santa Cruz 29,2 %
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 26,2 %
Indicadores de salud, 2001
Indicador Valor
Esperanza de vida al nacer (años)
Población total 73.9
Hombres 70.1
Mujeres 77.7
Mortalidad infantil (por 1000)
Hombres 22
Mujeres 17
Mortalidad de adultos (por 1000)
Hombres 183
Mujeres 92
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Este cuadro muestra que, en tanto casi la mitad de la población de nuestro país (el
48,1%) no tiene cobertura en salud de ningún tipo, la situación se agrava cuando se considera
este indicador para los niños de 0 a 14 años trepando al 55,6 %, 5.697.953 chicos sin ningún tipo
de protección en salud. Hay que tener en cuenta que las encuestas sobre los indicadores de
salud no son regulares, el Ministerio de Salud calcula la mortalidad infantil cada dos años con
un retraso de dos años. La imposibilidad de acceso a atención médica y a una adecuada
alimentación son los causantes principales de la desnutrición, la cual afecta en forma más
dramática a los grupos de población más vulnerables que son los niños pequeños. Más de la
mitad de las muertes de todos los niños están relacionadas con la desnutrición, la cual debilita
la resistencia del cuerpo ante la enfermedad. Diversos factores, como un régimen alimentario
deficiente, enfermedades frecuentes y un cuidado de los niños de corta edad poco adecuado o
sin la suficiente atención, pueden causar desnutrición. Si una mujer está desnutrida durante el
embarazo, o si su hijo está desnutrido durante los dos primeros años de su vida, es muy
probable que el niño crezca y se desarrolle física y mentalmente con una mayor lentitud. Como
no es posible recuperar esta deficiencia cuando el niño es mayor, el problema le afectará para el
resto de su vida. La lactancia materna ayuda a proteger al recién nacido contra enfermedades
frecuentes y a garantizar un buen crecimiento y desarrollo físicos y mentales. Los niños tienen
derecho a crecer en un entorno atento y acogedor y a recibir alimentos nutritivos y atención
básica de la salud que les proteja de las enfermedades y promueva su crecimiento y su
desarrollo. Con el propósito de revertir esta situación, el Ministerio de Salud de la Nación lanzó
programas alimentarios y sociales, tal es el caso del Materno Infantil (PROMIN), pero aún no
se han contrarrestando efectivamente los efectos del empobrecimiento. Según el doctor Jorge
Yabkowski, titular de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de
Buenos Aires, “el mapa de la desnutrición es el mapa de la indigencia y la pobreza. Se
superponen al calco”.
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Conclusiones
Las medidas económicas planteadas por los organismos internacionales y adoptadas
por el gobierno nacional no permiten un cambio de paradigma que promueva el
crecimiento económico como así tampoco la distribución del ingreso, principales
determinantes macroeconómicos de la pobreza y el bienestar social.
En Argentina la pobreza por ingresos ( menos de $ 233,58 por persona) afecta al 36,5 %
de la población.
Los hogares bajo la línea de indigencia (menos de $106,66 por persona) representan un 15,1%.
6.000.000 de niños menores de 14 años son pobres (70%) y 3.000.000 son indigentes.
Las regiones en las que se encuentra mayor incidencia de pobreza son el Noreste y
Noroeste, con líneas superiores al 55% y con niveles de indigencia cercanos al 20%.
El desempleo no sólo conlleva a la pobreza y/o la indigencia, sino que a largo plazo
provoca una correlación negativa con la acumulación de activos humanos
esencialmente salud y calificaciones.
Casi el 50 % de la población nacional no cuenta con obra social y/o plan de salud
privado o mutual. Los más perjudicados son los menores de 14 años. Los planes de
salud infantil como PROmin no incluyen programas de vacunación ni de prevención.
Los hospitales públicos tienen problemas de insumos básicos como placas
radiográficas, baja o nula provisión de vacunas, insumos descartables complejos
(válvulas, prótesis, etc.) y no complejos (jeringas, guantes, etc.), retrasos en las cirugías
de mediana y alta complejidad, falta de equipamientos y falta de presupuesto para
reparación y mantenimiento de los mismos, limitaciones en la disponibilidad de drogas
básicas y déficit severo o inexistencia de drogas retrovirales y oncológicas. A esto se
suma el retraso en los sueldos de los profesionales de la salud.
No hay una política sanitaria nacional que haga foco en la prevención de enfermedades
transmisibles como la tuberculosis, la meningitis o el mal de Chagas, las cuales son
comunes entre los sectores más pobres. Tampoco hay campañas sobre sobre
drogadicción, tabaquismo, nutrición ni salud sexual y reproductiva aún cuando los
casos de embarazo adolescente van en aumento.
Se continúa enfocando el sistema de salud en base al acceso y consumo de
medicamentos. La “medicalización” de la salud se debe al lucrativo negocio
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farmacéutico confundiendo el derecho de la población a estar sanos con el interés de la
industria farmacéutica que es vender mas medicamentos. El medicamento es un bien
social, la caracterización del medicamento como una mercancía es una concepción
funcional a un Estado ausente de sus obligaciones de control y regulación.
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Diccionario metodológico
Población económicamente activa: la integran las personas que tienen una ocupación o que sin
tenerla la están buscando activamente. Está compuesta por la población ocupada más la
población desocupada.
Población ocupada: conjunto de personas que tiene por lo menos una ocupación, es decir que
en la semana de referencia ha trabajado como mínimo una hora (en una actividad económica).
El criterio de una hora trabajada, además de preservar la comparabilidad con otros países,
permite captar las múltiples ocupaciones informales y/o de baja intensidad que realiza la
población. Para poder discriminar dentro del nivel de empleo qué parte corresponde al empleo
de baja intensidad, pueden restarse del empleo total aquellos que trabajan menos de cierta
cantidad de horas (por ejemplo los subocupados). La información recogida permite realizar
distintos recortes según la necesidad de información de que se trate, así como caracterizar ese
tipo de empleos.
Población desocupada: se refiere a personas que, no teniendo ocupación, están buscando
activamente trabajo. Corresponde a desocupación abierta. Este concepto no incluye otras formas
de precariedad laboral tales como personas que realizan trabajos transitorios mientras buscan
activamente una ocupación, aquellas que trabajan jornadas involuntariamente por debajo de lo
normal, los desocupados que han suspendido la búsqueda por falta de oportunidades visibles
de empleo, los ocupados en puestos por debajo de la remuneración mínima o en puestos por
debajo de su calificación, etc. Estas modalidades son también relevadas por la EPH, como
indicadores separados.
Población subocupada visible: se refiere a los ocupados que trabajan menos de 35 horas
semanales por causas involuntarias y están dispuestos a trabajar más horas. Comprende a todos
los ocupados en empleos de tiempo reducido (incluye, entre otros, a agentes de la
Administración Pública Provincial o Municipal cuyo horario de trabajo ha sido disminuido) y
están dispuestos a trabajar más horas.
Población subocupada demandante: se refiere a la población subocupada (por causas
involuntarias y dispuestos a trabajar más horas) que además busca activamente otra ocupación.
Población subocupada no demandante: se refiere a la población subocupada (por causas
involuntarias y dispuestos a trabajar más horas) que no está en la búsqueda activa de otra
ocupación.
Población inactiva: conjunto de personas que no tienen trabajo ni lo buscan activamente. Puede
subdividirse en inactivos marginales e inactivos típicos según estén dispuestos o no a trabajar.
Los hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) son los hogares que presentan al
menos uno de los siguientes indicadores de privación: 1- Hacinamiento: hogares que tuvieran
más de tres personas por cuarto. 2- Vivienda: hogares en una vivienda de tipo inconveniente
(pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo, lo que excluye casa, departamento y
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rancho). 3- Condiciones sanitarias: hogares que no tuvieran ningún tipo de retrete. 4-
Asistencia escolar: hogares que tuvieran algún niño en edad escolar (6 a 12 años) que no
asistiera a la escuela. 5- Capacidad de subsistencia: hogares que tuvieran cuatro o más personas
por miembro ocupado y, además, cuyo jefe no haya completado tercer grado de escolaridad
primaria.
CÁLCULO DE TASAS
Tasa de actividad: calculada como porcentaje entre la población económicamente activa y la
población total.
Tasa de empleo: calculada como porcentaje entre la población ocupada y la población total.
Tasa de desocupación: calculada como porcentaje entre la población desocupada y la población
económicamente activa.
Tasa de subocupación horaria: calculada como porcentaje entre la población subocupada y la
población económicamente activa.
Tasa de subocupación demandante: calculada como porcentaje entre la población de
subocupados demandantes y la población económicamente activa.
Tasa de subocupación no demandante: calculada como porcentaje entre la población de
subocupados no demandantes y la población económicamente activa.
SALUD
Nacidos Vivos Registrados
Se consideran nacidos vivos registrados a los ocurridos en el año de registro y en el año
inmediato anterior.
Natalidad
La Tasa Bruta de Natalidad relaciona todos los nacimientos acaecidos en una población dada
con la población total. Es un índice de la velocidad relativa con que aumenta la población
mediante los nacimientos. Influyen sobre la natalidad factores tales como la composición por
edad, el nivel socio-económico y la fecundidad propiamente dicha, con los que se puede
evaluar en forma indirecta el mayor riesgo de una población. En general las altas tasas de
natalidad se acompañan de otros factores de riesgo.
Nro.de nacidos vivos acaecidos en la población de una zona geográfica
Tasa bruta durante un año dado anual de = ------------------------------------------------------------------ x 1000 natalidad Población total de la zona geográfica
en mitad del mismo año
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Mortalidad Infantil
La mortalidad infantil comprende la mortalidad de menores de un año. Se llama mortalidad
neonatal a la ocurrida en el transcurso de los primeros 27 días de vida y la expresión
mortalidad postneonatal designa la ocurrida desde el fin del período neonatal hasta la edad de
un año. En el estudio de la mortalidad infantil se deben tener en cuenta un conjunto de factores
que influyen y determinan el nivel de la misma: biológicos, demográficos, socioeconómicos,
culturales, ambientales, de atención de la salud y geográficos. La influencia de estos factores
difiere según la edad de los menores de un año. En la mortalidad neonatal prevalecen aquéllos
vinculados con las condiciones congénitas y con la atención de la salud (salud de la madre,
control del embarazo, atención del parto y del niño durante los primeros días de vida). En la
mortalidad postneonatal tienen mayor impacto las condiciones ambientales y socioeconómicas
sobre la salud del niño.
Nro. de muertes de menores de un año de edad acaecidas en la población de un área geográfica durante un año
Tasa anual de mort. = ------------------------------------------------------------------ x 1000 infantil Nro. de nacidos vivos registrados en
la población del área geográfica durante el mismo año
Defunción Materna
Es la defunción de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la
terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debido a
cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención pero no por
causas accidentales o incidentales.
Edad de la madre
Las madres son categorizadas en tres niveles de riesgo en relación con su edad:
- ALTO RIESGO - Menos de 20 años.
- BAJO RIESGO - Entre 20 y 34 años.
- RIESGO INTERMEDIO - Mayores de 34 años.
Desde el punto de vista de la atención materno infantil se define como RIESGO a la mayor
probabilidad de producirse DAÑO (muerte, enfermedad y/o secuela) en el período de
referencia (en este caso el primer año de vida). La edad materna es un factor que se asocia
significativamente con la posibilidad de daño del hijo (mortalidad) durante el primer año de
vida y permite identificar y cuantificar dónde y de qué dimensión es el riesgo a que está
sometido ese niño.
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Tasa Bruta de Mortalidad
Se relaciona todas las muertes acaecidas en una población dada con la población total, midiendo
así la disminución de la misma a causa de las muertes.
Nro.de defunciones acaecidas en la población de una zona geográfica
Tasa bruta durante un año dado anual de = ---------------------------------------------------------------- x 1000 mortalidad Población total de la zona geográfica
en mitad del mismo año
Pertenencia o asociación a sistemas de atención de la salud
La adhesión o asociación obligatoria o voluntaria a algún sistema de atención de la salud no
indica “per sé” cobertura real; sin embargo, establece mecanismos de accesibilidad a los
servicios de salud. Desde esta perspectiva, estar o no asociado a algún sistema de atención de la
salud permite un corte dicotómico de la población afiliada y no afiliada en cuanto a cobertura y
utilización de servicios de salud. Es también un indicador indirecto o “proxi” de condición
socio-económica de la población y, por lo tanto, de caracterización de la misma según niveles de
riesgo.
PLANES DE SALUD DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN
El Programa Materno-Infantil y de Nutrición (ProMIN)
El ProMIN, está orientado a atender las necesidades de los pobres estructurales, en el marco del
proceso de transformación económica y social emprendido por el gobierno nacional. El ProMIN
fue aprobado el 16 de marzo de 1993 por el decreto del PEN N 443/93 que creó la Unidad
Coordinadora del Programa (UCP) en la jurisdicción del Ministerio de Salud y Acción Social. La
población objetivo del programa es aquella correspondiente a los radios censales donde el 40%
o más de los hogares tienen necesidades básicas insatisfechas (NBI). La población beneficiaria
está compuesta por niños menores de seis años, embarazadas y mujeres en edad fértil en áreas
de alta incidencia de pobreza. El programa se lleva a cabo en centros de salud y Centros de
Desarrollo Infantil (CDI) de zonas urbanas y periféricas con alta incidencia de pobreza por NBI.
Remediar
Es un programa de provisión gratuita de medicamentos ambulatorios para quienes están
bajo línea de pobreza o no tienen cobertura de obra social. Su población objetivo es de
alrededor de 15 millones de personas. Los medicamentos son distribuidos en botiquines
a los Centros de Atención Primaria de la salud (CAPS) La distribución de
medicamentos comenzó en octubre del 2002 y tiene financiación asegurada hasta
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noviembre del 2004, a través del préstamo OC-AR 1193 del Banco Interamericano de