Informe de Gestión 2010-2011campusvirtual.contraloria.gov.co/campus/docsBiblio/InformeGestion2010-2011.pdfEstas decisiones, obviamente, están sometidas al control de legalidad del

Informe de Gestión2010-2011

Oscar Antonio Tamayo HoyosGerente de Amazonas

Aldemar Pérez ArroyaveGerente de Antioquia

Manuel A. Sepulveda EscobarGerente de Arauca

Graciela Rocio AbrilGerente de Atlántico

Osvaldo Vergara GalloGerente de Bolívar

Leydy Lucia Largo AlvaradoGerente de Boyacá

Mario Vanstralehen RibonGerente de Caldas

Cesar Augusto Cabrera SilvaGerente de Caquetá

Juan Carlos Bernal MalaverGerente de Casanare

Fernando Bolaños DazaGerente de Cauca

William Trillos VivasGerente de Cesar

Mario Garzón GuevaraGerente de Chocó

Daniel Eduardo Patrón PerezGerente Córdoba

Claudia Liliana Toro ChalaGerente de Guainía

Javier Gamez HinojosaGerente de La Guajira

Maritza Casallas Delgado Gerente de Guaviare

Cecilia Quimbayo CarvajalGerente de Huila

Rafael Antonio Morales HernándezGerente de Magdalena

Yaneth Sanabria PerezGerente de Meta

Sandra Elizabeth Patiño MontufarGerente de Nariño

Jorge Enrique Esquivel BarretoGerente de Norte de Santander

Jaime de Jesús Portilla RoseroGerente de Putumayo

Gloria Ines Raigoza PinzónGerente de Quindío

Alvaro Trujillo MejíaGerente de Risaralda

Javier Alex Hurtado MalagonGerente de San Andrés

Carmen L. Rodriguez de QuinteroGerente de Santander

William Suarez AlvarezGerente de Sucre

Myriam Socorro Montoya ParraGerente de Tolima

Yolanda Luna de ZuñigaGerente de Valle del Cauca

Sonia Librada Celis RiveraGerente del Vaupés

Libia CruzGerente del Vichada

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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Gerentes Departamentales

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Sandra Morelli RicoContralora General de la República

Álvaro Miguel Navas PatrónVicecontralor

Zoraida Rincón ArdilaDirectora Oficina de Planeación

Manuel Antonio Díaz JimenoSecretario Privado

Rodrigo Fernando Quimbayo CarvajalContralor Delegado para el sector Agropecuario

Javier Alonso Lastra FuscaldoContralor Delegado para el sector Defensa, Justicia y Seguridad

Carlos Eduardo Acosta MoyanoContralor Delegado para Economía y Finanzas Públicas

Ligia Helena Borrero RestrepoContralora Delegada para el Sector Gestión Pública e Instituciones Financieras

Nelson Izáciga LeónContralor Delegado para el Sector de Infraestructura Física, Telecomunicaciones,

Comercio Exterior y Desarrollo Regional

John Javier JaramilloContralor Delegado para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva

Claudia Cristina Serrano EversContralora Delegada para el Sector de Medio Ambiente

Claudia Isabel Medina SiervoContralora Delegada para el Sector de Minas y Energía

Carlos Felipe Córdoba LarrarteContralor Delegado para Participación Ciudadana

Margarita Jiménez QuinteroContralora Delegada para el sector Social

Rafael Enrique Romero CruzDirector Oficina Jurídica

Silvana Orlandelli UruburuDirectora Oficina de Comunicaciones y Publicaciones

Jorge Enrique Ortíz KrohneDirector de Oficina de Sistemas e Informática

Héctor Javier Osorio BotelloDirector Oficina de Control Interno

Alexandra Katheryne Manzano GuerreroDirectora Oficina de Control Disciplinario

Raimundo José Vélez CabralesDirector Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología

y Cooperación Técnica Internacional

Carlos Eduardo Umaña LizarazoGerente Gestión Administrativa y Financiera

Luisa Fernanda Morales NoriegaGerente Talento Humano

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REPÚBLICA DE COLOMBIAContraloría General de la República

Elaboración y revisión del informe:

Sandra Morelli RicoContralora General de la República

Zoraida Rincon ArdilaDirectora Oficina de Planeación

Equipo de trabajo:

Olga Isabel Garzón PérezMercedes Ortiz CañonAsesoras de Gestión Oficina de Planeación

Heber Orlando Ceballos ValenciaCoordinador de Gestión Despacho Contralora General

Oficina de Comunicaciones y Publicaciones:

Silvana Orlandelli UruburuDirectora Oficina de Comunicaciones y Publicaciones

Jaime Viana SaldarriagaEdición y corrección

Carlos Jesús González AfanadorDiagramación y elaboración de gráficas

Néstor Adolfo Patiño ForeroDiseño de Portada

Contraloría General de la RepúblicaCarrera 10 Nº 17 18 P 26PBX 3537700Bogotá D.C., ColombiaAgosto 10 de 2011www.contralorìagen.gov.co

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Contenido Pg.

I. Introducción 9

II. Marco Jurídico de Nuestras Actuaciones 13

III. Plan Estratégico 17

IV. Las Auditorias 191. Un nuevo modelo de control fiscal 192. El Plan General de Auditorias. Mapa de riesgos 203. Las reformas del Audite 254. Beneficios del control fiscal 265. Plan Especial de Reacción Inmediata 296. Funciones de advertencia 337. Concepto sobre el Sistema de Control Interno de los auditados 368. Planes de mejoramiento 38

V. Auditoria por Proyectos 411. Regalías 422. Planes Departamentales de Agua 463. Contratos de Concesión en Infraestructura. 504. Sistema General de Participaciones 535. Ola invernal 546. Control de los recursos públicos de cara a las elecciones de octubre de 2011 677. Subsidios de vivienda 758. Vigencias futuras extraordinarias a nivel territorial 819. Corporaciones autónomas regionales 8210. Canal del Dique 85

VI. Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva 911. Fortalecimiento de los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva 912. Grupo de sustanciación 100

Indice Tematico

3. Control excepcional y concurrente 1014. La desconcentración de funciones de investigación 1045. Los procesos verbales 1046. la recuperación de activos en el exterior 105

VII. Control Fiscal Participativo 1091. Atención de denuncias 1092. Centro de Atención Integral al Ciudadano (CAIC) 1113. Medición de la satisfacción del ciudadano 1124. Promoción de la participación ciudadana 1135. Articulación del control fiscal con las organizaciones de la sociedad civil 114

VIII. Control Fiscal Macro 1151. Evaluación de políticas públicas: 1152. Comentarios al Plan Nacional de Desarrollo 2010 2014 “Prosperidad para Todos” 118

IX. la Modernización 1231. Fracasos y lecciones aprendidas 1232. Perspectivas 1243. El Sice y Colvatel 1254. Laboratorio para la Auditoria de la Información 137

X. Relaciones Interinstitucionales 1391. Relaciones Técnicas con el Congreso de la República 1392. Convenios para el control fiscal 148

XI. Fortalecimiento Institucional 1551. Tarifa de control fiscal 1552. Sistema Nacional de Control Fiscal (Sinacof) 1563. Estándares de los libros de contabilidad presupuestal 1584. Estudios sobre costos de contratación en prestación de servicios 1595. Banco de datos fiscales 1596. Desarrollo de herramientas informáticas para estadísticas fiscales 160

Contenido Pg.

7. Cátedra internacional sobre políticas públicas 1618. Foro Desastres Naturales – Experiencias y retos del control fiscal 161

XII. La Contraloria General de la República como Organización 1651. Talento Humano 1652. Los nuevos delegados 1703. Los Sindicatos 1724. Clima organizacional 1725. Las gerencias 1766. Control disciplinario 1767. Control Interno 1808. La ética en la Contraloría General de la República 1839. Sistemas e Informática 18410. Gestión presupuestal, financiera y contable 18811. Gestión de recursos físicos 19012. Proyectos de inversión 19313. Comunicaciones 19514. Imprenta, archivo y correspondencia 19715. Capacitación 199

Contenido Pg.

Informe de Gestión 2010-2011

Contraloría General de la República 11

I. Introducción

La Contraloría General de la República de Colombia, como entidad superior de fisca-lización, tiene a su cargo, básicamente, dos tipos de responsabilidades: por un lado, auditar la administración pública de cara a establecer su idoneidad para alcanzar los objetivos y ejercer las funciones para las cuales fue creada. Ello ha de lograrse con una gestión eficiente, eficaz, transparente y económica. Los resultados de dichas au-ditorías han de ser insumos esenciales para adoptar los correctivos a que haya lugar. Claro está, ante conductas lesivas del erario, se genera responsabilidad fiscal, que se imputa mediante procedimiento que garantiza el debido proceso.

Y, por otro lado, ha de velar por la integridad del patrimonio público y el manejo res-ponsable de las finanzas públicas, lo cual va, desde advertir sobre los riesgos que se presentan en este ámbito, hasta la sanción fiscal orientada a la recuperación de los recursos del erario. El registro de la deuda, que no se limita a mera función notarial; la auditoría al balance de la nación y el reporte sobre el estado de los recursos públicos, hacen parte del instrumento previsto para evaluar el estado de las finanzas.

Este paradigma completo e inteligente de control fiscal, sin embargo, ha venido es-tandarizando ritmos y metodologías que no solo en Colombia han, frecuentemente, rutinizado y formalizado el control fiscal, de tal manera que sus aportes a la mejor administración son marginales y no sustanciales.

Menos alentadores son los aportes en lo que tiene que ver con prevención de la co-rrupción o recuperación de activos.

En un encuentro organizado por la ONU, en Viena, sobre control fiscal y convención anticorrupción, el Contralor Indio se preguntó, en tono crítico, cual había sido el papel de las entidades superiores de control fiscal, frente a la burbuja financiera que hoy amenaza con convertirse en la más grave crisis mundial, tal vez peor que la del 291. Nadie contestó.

No cabe duda: cualquier ciudadano se hace la pregunta y lo registra la prensa ante graves desfalcos públicos o erradas decisiones del funcionario: ¿Donde estaba la Contraloría?

El control fiscal debe centrar su atención en los aspectos sustanciales y debe ejercer-se control por resultados. Y la responsabilidad fiscal debe acompañarse con medidas efectivas de recuperación de los bienes públicos.

Ello exige un examen, tanto del orden jurídico como de la institución.

En cuanto a lo primero, el orden jurídico fiscal, empezando por el constitucional, refleja la gran paradoja que encierra la Contraloría: el constituyente del 91 quiso reducir su tamaño para acabar con el fortín burocrático en que se había convertido, pero, a la

1 Veintiúnsimposio.NacionesUnidas/INTOSAI.PrácticasefectivaentrelasEntidadesFiscalizadorasSuperioresylosciudadanosparaaumentarlarendicióndecuentaspúblicas.13y14dejuniode2011.Viena,Austria.

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El Control fiscal se acompasa al ritmo de la actual actividad económica del Estado

Contraloría General de la República12

vez, el contralor quedó dotado de una facultad excepcional que podría ejercer verdad sabida y buena fe guardada.

Por otro lado se circunscribió el control fiscal a su carácter posterior y selectivo, aunque el mismo texto normativo se refiere a la vigilancia como parte del control fiscal.

Lo cierto es que esta entidad a veces parece un niño grande en ropa pequeña y otras veces le sobran dos o tres tallas.

En efecto, no cabe duda de que el diseño institucional recogido en los artículos 267 y 268 de la Constitución, es ambicioso en funciones, en tanto que la entidad no se ha adaptado a los desafíos de los nuevos tiempos. La administración ha sido objeto de importantes transformaciones de cara la privatización de los servicios públicos, liquidaciones, licitaciones, concesiones, multiplicidad de formas asociativas públicas, el incremento de la actividad minera, la complejidad del sistema nacional de salud, para solo mencionar algunos ejemplos, y ello aunado a la crisis generada por hechos de corrupción, han originado una gran presión sobre la organización.

La adaptación a los nuevos desafíos impone una acción holística, que incluye correc-tivos legislativos, reglamentarios y funcionales. En todos estos campos se ha venido actuando de manera simultánea, pues el cometido es entregarle al país una entidad fortalecida institucionalmente, con una gran credibilidad técnica, y con una gran efi-cacia para precaver corrupción y mal manejo de lo público.

En este sentido, se reportan acciones y estrategias concretas, así como los resultados obtenidos.

Desde ya se anuncia la conveniencia de que el control fiscal en Colombia goce de naturaleza mixta. Por un lado administrativa, a cargo del Contralor General, quien ha de tener a su cargo todo el ejercicio de la auditoría ordinaria orientada al fortaleci-miento institucional.

Por otro lado, de cara a dotar de mayores garantías el proceso de responsabilidad, que hoy puede culminar incluso con el ejercicio de jurisdicción coactiva por parte de funcionarios administrativos, y luego de un engorroso proceso que se adelanta en varias fases, preliminares, apertura de indagación e imputación; todas ellas desarrolladas en pleno respeto del debido proceso y demás garantías procesales, conviene, de acuerdo con los criterios internacionales establecidos en las convenciones de derechos humanos, transformar esta función en jurisdiccional.

La responsabilidad fiscal2 supone la facultad de perseguir los bienes del responsable. Estas decisiones, obviamente, están sometidas al control de legalidad del Consejo de Estado y a la acción de tutela, lo cual se acompasa plenamente con los pilares del Estado de Derecho. Pero más eficiente y garantista resultaría que, en lugar de esa revisión por motivos de ilegalidad o de violación de derechos fundamentales, lo cual congestiona la justicia, las decisiones que se profieran tengan fuerza material judicial.

2 SentenciaC586de1985,ControlFiscal.••

Informe sobre el cumplimiento de funciones y de Gestión 2010-2011


Esa propuesta ha de ser evaluada por el legislador y la opinión que al respecto se emita, determinará si se presenta o no el respectivo acto legislativo.

Por otro lado, conviene subrayar lo útil que resultará para modernizar esta entidad el Estatuto Anticorrupción, que como se explicará a lo largo del informe, contribuirá a la modernización de la entidad, totalmente rezagada en las técnicas de investigación forense a diferencia de la fiscalía y la procuraduría, y la posibilidad de crear grupos para adelantar los procesos de responsabilidad desde el hallazgo hasta la etapa de imputación y fallo. Con esa atribución, aunada al procedimiento verbal, se garantiza mayor eficiencia, unidad de criterio, eliminación de repetición de las mismas pruebas y de criterios encontrados al interior de la entidad cuyas competencias responden a necesidades funcionales, y no a una drástica separación entre la indagación y la de-finición de responsabilidad. Esto porque precisamente es una entidad de naturaleza administrativa, donde las instancias responsables de la decisión son de libre nombra-miento y remoción y están subordinados al superior jerárquico, lo cual impone que la independencia predicable del juez, no sea extensiva al funcionario de la Contraloría.

Finalmente, cualquiera sea el funcionario responsable de adelantar cualquier actuación dentro del proceso de responsabilidad fiscal, está sujeto a los principios de legalidad y sus decisiones deberán estar fácticamente sustentadas en pruebas obtenidas con respeto al debido proceso. Lo anterior adquiere aun más significación si se tiene en cuenta que muchas de las resoluciones contentivas de distribución de funciones al interior de la entidad constituyen instrumentos para mejor administrar, lo cual no puede confundirse con el concepto de competencia y juez natural.

En desarrollo de este informe, se dará cuenta en cada capítulo del desarrollo especí-fico del Estatuto Anticorrupción y de las decisiones administrativas para fortalecer la entidad.

En efecto el fortalecimiento de la entidad, su tecnificación y el mejoramiento de sus procedimientos contribuirá sin lugar a duda, al mejoramiento institucional del ejercicio de la función pública, presupuesto del desarrollo social y económico.



II. Marco jurídico de nuestras

Conviene citar, para mayor claridad, lo establecido en nuestra Constitución en cuanto al marco de acción de la Contraloría General de la República.

Al respecto, los artículos 267 y 268 rezan:

“ARTÍCULO 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.

Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los procedimien-tos, sistemas y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin embargo, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por empresas privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos, y contratadas previo concepto del Consejo de Estado.

La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control finan-ciero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad territorial.

La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal. No tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia organización.

El Contralor será elegido por el Congreso en pleno en el primer mes de sus sesiones para un período igual al del Presidente de la República, de terna integrada por can-didatos presentados a razón de uno por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, y no podrá ser reelegido para el período inmediato ni continuar en ejercicio de sus funciones al vencimiento del mismo. Quien haya ejercido en propiedad este cargo no podrá desempeñar empleo público alguno del orden nacio-nal, salvo la docencia, ni aspirar a cargos de elección popular sino un año después de haber cesado en sus funciones.

Sólo el Congreso puede admitir las renuncias que presente el Contralor y proveer las vacantes definitivas del cargo; las faltas temporales serán provistas por el Consejo de Estado.

Para ser elegido Contralor General de la República se requiere ser colombiano de na-cimiento y en ejercicio de la ciudadanía; tener más de 35 años de edad; tener título universitario; o haber sido profesor universitario durante un tiempo no menor de 5 años; y acreditar las calidades adicionales que exija la ley.

No podrá ser elegido Contralor General quien sea o haya sido miembro del Congreso u ocupado cargo público alguno del orden nacional, salvo la docencia, en el año



inmediatamente anterior a la elección. Tampoco podrá ser elegido quien haya sido condenado a pena de prisión por delitos comunes.

En ningún caso podrán intervenir en la postulación o elección del Contralor personas que se hallen dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y pri-mero civil o legal respecto de los candidatos.

ARTICULO 268. El Contralor General de la República tendrá las siguientes atribucio-nes:

1. Prescribir los métodos y la forma de rendir cuentas los responsables del manejo de fondos o bienes de la Nación e indicar los criterios de evaluación financiera, ope-rativa y de resultados que deberán seguirse.

2. Revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario y determinar el grado de eficiencia, eficacia y economía con que hayan obrado.

3. Llevar un registro de la deuda pública de la Nación y de las entidades territoriales.

4. Exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes de la Nación.

5. Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva sobre los alcances deducidos de la misma.

6. Conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado.

7. Presentar al Congreso de la República un informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente.

8. Promover ante las autoridades competentes, aportando las pruebas respectivas, investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales del Estado. La Contraloría, bajo su responsabilidad, podrá exigir, verdad sabida y buena fe guardada, la suspensión inmediata de funcionarios mientras culminan las investigaciones o los respectivos procesos penales o disciplinarios.

9. Presentar proyectos de ley relativos al régimen del control fiscal y a la organi-zación y funcionamiento de la Contraloría General.

10. Proveer mediante concurso público los empleos de su dependencia que haya creado la ley. Esta determinará un régimen especial de carrera administrativa para la selección, promoción y retiro de los funcionarios de la Contraloría. Se prohíbe a quienes formen parte de las corporaciones que intervienen en la postulación y elección del Contralor, dar recomendaciones personales y políticas para empleos en su despacho.

11. Presentar informes al Congreso y al Presidente de la República sobre el cumpli-miento de sus funciones y certificación sobre la situación de las finanzas del Estado, de acuerdo con la ley



12. Dictar normas generales para armonizar los sistemas de control fiscal de todas las entidades públicas del orden nacional y territorial.

13. Las demás que señale la ley.

Presentar a la Cámara de Representantes la Cuenta General de Presupuesto y del Tesoro y certificar el balance de la Hacienda presentado al Congreso por el Contador General”.

En cuanto a lo establecido en el artículo 267 cabe hacer algunas precisiones que re-sultan de su lectura exegética: el control fiscal, categoría genérica que el constituyente divide en control fiscal propiamente dicho y vigilancia, para indicar los aspectos que esta también comprende, el carácter posterior y selectivo se predica de aquel, es decir del control fiscal propiamente dicho.

Ello significa en primer lugar que no existe en nuestro orden jurídico control fiscal ni previo ni concomitante, en el entendido de que el control se concreta en una decisión del órgano controlante que de no existir o no proferirse en sentido positivo, el acto objeto de control no se perfecciona, esto es, no nace a la vida jurídica.

Solo ante el acto jurídico en firme, es posible materializar la intervención del control. Esa es la verdadera significación del control posterior. Circunscribir el alcance del concepto a tan solo una determinante temporal carece de significación jurídica. Es más, la variable temporal solo adquiere su razón de ser si está referido al estado de la decisión administrativa, acto o contrato. Solo una vez perfeccionado el acto admi-nistrativo o adjudicado el contrato y respecto de la etapa o actuación ya finiquitada se puede intervenir.

Lo que también sucede, y lo dijo la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-623 de 1999 con ponencia del Dr. Carlos Gaviria Díaz, posterior no es sinónimo de inopor-tuno en los siguientes términos: “La Corte considera que el control fiscal, como todos los demás controles establecidos en la Constitución y la ley, debe ejercerse en forma oportuna, es decir, dentro de plazos prudenciales y razonables, para que sea eficaz. La oportunidad está íntimamente ligada con el principio de eficacia, consagrado, entre otras disposiciones, en el artículo 2 del Estatuto Supremo como fin esencial del Estado, en los artículos 209 y 343 como objetivo primordial de la función administrativa y de la función pública en general, y en el artículo 268-2 como criterio que gobierna el control fiscal; y con el de eficiencia, que rige no sólo la función administrativa, en la que están incluidos los órganos de control, sino que también es principio rector de la gestión pública y del control fiscal (arts. 209, 268-6 C.P.)”.

“El control fiscal posterior no es per sé inoportuno; la oportunidad no se relaciona con la etapa o momento en que según la Constitución éste debe realizarse, sino con el término en el que las autoridades respectivas deben ejercerlo, que necesariamente, ha de ser después de ejecutados los procesos u operaciones objeto de control y an-tes de que prescriban las acciones fiscales, administrativas, disciplinarias o penales, procedentes según la Constitución y la ley”. (Negrillas fuera de texto)

Esa es la razón por la cual, en este primer año de gestión, se crearon muchos grupos de reacción inmediata, para ejercer control fiscal posterior pero oportuno.



Existe, también el control de advertencia3, que no es nada distinto a un llamado para poner especial atención, antes de adoptar determinada decisión, en los aspectos que indique la contraloría, de cara a evitar un eventual detrimento patrimonial.

Existe además, la vigilancia fiscal que como lo indica el diccionario de la lengua, vi-gilancia significa (Del lat. vigilantia)1. f. “Cuidado y atención exacta en las cosas que están a cargo de cada uno” y Fiscal que se refiere a “el actuar económico o patrimonial del Estado, como persona jurídica de Derecho Público”; entendiéndose que ese actuar económico puede ser desarrollado por personas de derecho privado.

Es decir, nadie puede contratar a un celador para que vigile una casa durante la noche pero su horario sea de ocho de la mañana a cinco de la tarde. Eso sería un contrasentido.

Es así como el Decreto 267 de 2000, artículo 55 numeral 8 impone a la Contra-loría General de la República ejercer vigilancia especial de los recursos destinados a atender las víctimas de desastres así como aquello de participación ciudadana en los siguientes términos: “Son funciones de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana: 8. Promover un especial seguimiento, con el apoyo de las demás contra-lorías delegadas, a los recursos estatales destinados a la participación ciudadana, a las emergencias y a los desastres”.

Se destaca la obligación de realizar informes y difundirlos, contenida en el artículo 57 del mismo decreto: “Son funciones de la Dirección de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano: Numeral 6 “Difundir los resultados del seguimiento al uso de los recursos estatales destinados a la participación ciudadana y a los programas de emergencia y desastres”.

Con base en esa norma, la entidad ejerce hoy control de los recursos destinados a la ola invernal y al proceso electoral.

Detalles de esa auditoría se dará cuenta más adelante.

3 DecretoLey267de2000,artículo5numeral7.SobreelcarácterdelControldeAdvertenciaserefiriólaContralo-ríaensuconcepto1348del20demayode2002

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III. Plan estratégicoEl Plan Estratégico 2010 - 2014 “POR UN CONTROL FISCAL OPORTUNO Y EFEC-TIVO”, aprobado por la presente administración plantea objetivos y estrategias que van desde establecer un nuevo modelo de control fiscal, cuyo fundamento es el ejercicio auditor intersectorial a planes, programas y proyectos de inversión, hasta el fortalecimiento institucional soportado en el desarrollo personal y profesional del Talento Humano.

Asimismo, busca hacer efectiva la participación ciudadana en el proceso de control fiscal y mejorar la oportunidad en el tiempo de respuesta a las quejas y denuncias; fortalecer el apoyo que se ofrece al Congreso de la República, aumentar las relacio-nes interinstitucionales nacionales e internacionales y modernizar la infraestructura tecnológica para poner a tono la institución con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS).

En síntesis, el Plan Estratégico se diseñó para que la Contraloría responda en tiempo real y de manera efectiva a los retos que cotidianamente imponen las decisiones de gasto en el sector público, para que prevalezca el interés general y se cumplan los fines esenciales del Estado. Por ello se destaca la propuesta de Planes Especiales de Reacción Inmediata, actuaciones especiales, auditorías “express” y oportunidad en el ejercicio de la función de advertencia. El gráfico siguiente ilustra estos propósitos.



Gráfico 3.1

Fuente: Contraloría General de la República.Plan Estratégico 2010-2014. Por un control fiscal oportuno y efectivo.

Plan Estratégico 2010 – 2014



Al analizar la cobertura, el Auditor General nos exigió evaluar todas aquellas entidades que llevaban ocho años sin revisión. El esfuerzo de los funcionarios fue importante, y los resultados nos permitieron identificar los sectores y los proyectos de alto riesgo4.

Las auditorías que se adelantan en virtud del control fiscal micro constituyen la vi-gilancia sistemática y permanente sobre las diversas entidades del Estado y aquellos particulares que manejan recursos públicos del orden nacional y que, por lo tanto, son sujetos de control de la Contraloría General de la República. Para desarrollar esta labor anualmente, las siete contralorías delegadas sectoriales formulan y ejecutan un Plan General de Auditoría (PGA), que contiene la programación de las entidades y los puntos de control que se auditarán durante el año.

El resultado final del control fiscal micro queda registrado en un informe de audito-ría, que puede ser consultado por la opinión pública. Para subsanar las deficiencias halladas por la Contraloría General de la República, las entidades deben elaborar un Plan de Mejoramiento que contenga acciones correctivas. Los hallazgos con incidencia fiscal, disciplinaria o penal se ponen en conocimiento de la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, la Procuraduría y la Fiscalía, respectivamente.

1. Un nuevo modelo de control fiscal

El modelo de control y vigilancia descrito debe actualizarse y adecuarse de tal for-ma que incorpore una mayor coordinación intersectorial, el examen de las políticas públicas y los proyectos de inversión, y supere el enfoque a auditorías a los sujetos de control con el que los resultados que se visualizan no alcanzan a dar cuenta del impacto requerido o propuesto.

Es imperativo orientar esfuerzos para establecer si las políticas públicas y los proyec-tos de inversión, en especial los contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo, se diseñan conforme a las necesidades reales de la sociedad y se ejecutan con sujeción a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y valoración de los costos ambientales. A su vez, en un Estado Social de Derecho, las políticas públicas deben concretar y viabilizar los fines del Estado establecidos en la Constitución Política y en las leyes sobre las respectivas materias. Esa evaluación debe ser el propósito esencial del control fiscal.

Asimismo, los procesos de responsabilidad fiscal requieren celeridad acorde con los principios de economía procesal, y saneamiento en la gestión procesal, con el propósito

IV. Las auditorías

4 LaCGRvieneconstruyendounamatrizderiesgo.Comoejemplodedichaconstrucciónseobservanmásabajodosdiagramasmetodológicosyuncuadroquerelacionariesgosasociadosatemasobjetodecontrolfiscal.

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de obtener resultados efectivos que propendan por el resarcimiento efectivo del daño al patrimonio público.

Para responder mejor a los retos de una administración pública en proceso de cambio y a las nuevas modalidades de gestión de los recursos públicos, es necesario contar con un modelo de control fiscal oportuno y eficaz. Para lograrlo, se han propuesto cambios fundamentales en lo normativo y en lo institucional. En lo normativo, se logró el nuevo marco de la ley 1474, descrito en el segundo capítulo, que también facilita y fortalece la organización institucional. Además, se han propuesto estrategias que apuntan a mejorar el desempeño misional. En cuanto al control micro, se propuso tener una herramienta guía, mucho más sencilla y práctica que genere un proceso ágil y que permita orientar las auditorías a objetos distintos a las entidades para ampliar el ámbito a programas, proyectos, políticas, etc.

Además, para el cumplimiento integral de los propósitos expuestos, es indispensable que haya un mayor grado de armonización entre la Contraloría General de la República y las contralorías territoriales, con el debido respeto de su autonomía y competencias. En esta dirección también se ha venido trabajando.

2. El Plan General de Auditoria. Mapa de riesgos

El Plan General de Auditoria que se hizo por proyectos y no por entidades nos per-mitirá una visión completa de cada sector. A continuación haremos una descripción de la forma como será tratado el control en la Contraloría General de la República a partir del segundo semestre del 2011.

Focalización

En la Contraloría General de la República el proceso se abordará a través del desa-rrollo de dos conceptos: Control Fiscal y Vigilancia Fiscal, mediante actuaciones in situ (incluye visita a los sujetos auditados) y extra situ (revisión de la información en la sede de la CGR).

Operativamente, el Control Fiscal se realizará mediante dos tipos de auditoría: una, a los estados contables de los sujetos de control para obtener el pronunciamiento de auditoría sobre el Balance General de la Nación y otra, auditoría investigativa que recae sobre proyectos, procesos y denuncias.

La Vigilancia Fiscal basada en la observación de hechos y datos situacionales, se cumple a través de actividades de seguimiento y monitoreo y de la realización de estudios sectoriales. Ver el siguiente diagrama.



Diagrama 4.1

Estructura Operativa

Fuente: Contraloría Delegada para el Sector Gestión Pública e Instituciones Financieras

Construcción metodológica

El modelo de evaluación a la gestión fiscal está centrado en una matriz de riesgos que permite el ejercicio del control posterior y selectivo. Su construcción parte de la información de la bodega de datos que compila tanto insumos internos como externos. La matriz de riesgos se dá por entidad y por sector y está relacionada con la cadena de valor de los procesos de cada institución y del sector al que pertenecen.

Luego del proceso de categorización y calificación de riesgos, se obtienen los temas y áreas que harán parte del plan de evaluación de la gestión fiscal a cumplir en una vigencia fiscal. Ver el siguiente Diagrama.

Diagrama 4.2

Matriz de riesgos




Mapa de riesgos

A modo de ejemplo se presenta el riesgo de insostenibilidad fiscal del sector pensional público, bajo el cual se determinan varios temas relacionados, como son la formulación de política pública, el fondeo de los recursos, tanto a nivel nacional como territorial, los distintos modos de asignación de recursos (fondos públicos y privados), la dis-persión en el número, organización y tamaño de los administradores y el proceso de administración de los recursos. Lo anterior involucra la gestión de múltiples sujetos de control fiscal, como son el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Salud, el FOMAG, el FONPET, el FOPET, el FOMPRECOM, CAPRECOM, CAJANAL, ISS, FIDUCIARIAS, CREMIL, Fondo de Previsión Social del Congreso, los cuales, desde el punto de vista funcional, están organizados en distintos sectores. El riesgo definido bajo parámetros técnicos se constituye en el hilo conductor del proceso auditor, foca-lizándolo, permitiendo pronunciamientos de fondo y de impacto.

La CGR se encuentra inmersa en el proceso de construcción del mapa de riesgos, tomando como base, entre otros, los siguientes:

Riesgo Tema

Insostenibilidad fiscal sector público Pensiones Salud Vigencias futuras Pérdida o desvío de recursos Gestión cartera Gestión tributaria Gestión financiera - inversiones Gestión judicial Contratación Intermediación (contratos interadministrativos, cooperativas, universidades) Salud Esquemas fiduciarios Desvío del objeto misional Cumplimiento misional Metas plan nacional de desarrollo Eficiencia y reorganización del estado Tecnologías de la información Lavado de activos Desviación de recursos Ola Invernal Adquisición de bienes, construcción de obras menores y pago de arrendamientos Censos de beneficiarios Ley de víctimas Pasivo ambiental Agenda ambiental Evaluación de proyectos Licencias Compromiso del Presupuesto General de la Nación legalidad en la construcción de compromisos Constitución de vigencias futuras Procesos contractuales Valoración de necesidades Seguimiento y control de operaciones recíprocas

Mapa de RiesgosCuadro 4.1




También se presentan, a manera de ejemplo, las matrices de riesgos del sector de seguridad social en salud:

Procesos Tipo de riesgo Temas a revisar

Recaudo de cotizaciones Evasión y Elusión Evolución de los recursos del sistema de salud Evolución de los recursos de solidaridad Cotizaciones de cooperativas de trabajo asociado

Compensación Afiliación inflada Presencia de fallecidos en las bases de afiliación de las EPS Presencia de usuarios inexistentes Modificaciones ilegales de sexo, edad y origen a usuarios Procedimiento para determinación valor UPC Desvío de recursos Distribución, utilización y gasto de la UPC Análisis financiero a la cuenta de compensación Análisis financiero balance de EPS. Análisis de rentabilidad a las EPS

Recobros injustificados Verificación servicios, insumos o medicamentos que están en POS y fueron cobrados como no POS Procedimiento de validación de estos recobros

Pago de incapacidades Cobros injustificados Licencias e incapacidades causadas y no causadas y licencias de maternidad Liquidación errada Reliquidación cuentas

Distribución subcuenta Desvío de recursos Utilización y distribución UPC para prevención promoción y prevención Revisión afectación contable y operaciones recíprocas y solidaridad Evaluación servicios de promoción y prevención Sobrecostos en Costo de los servicios en promoción y prevención contratación servicios Recobros injustificados Tutelas para otorgar estos servicios

Recobros al FOSYGA Por medicamentos Tutelas y resoluciones ordenando entrega de medicamentos. Valor de los medicamentos ajustados a precios de mercado No. Total de medicamentos recobrados vs. No. Total de medicamentos despachados por laboratorios Por insumos Verificar pagos hechos vs entrega insumos pacientes, soportes vs. RIPS Por servicios Verificar pagos hechos vs realización procedimiento, y procedimientos soportes vs. RIPS Actualización del POS, solicitudes de inclusión servicios, procedimientos, etc. Vs. RIPS Recobros injustificados Por servicios no prestados, por fallecidos, sobrecostos y medicamentos no entregados.

Rendimientos financieros Errónea liquidación Depósitos y tiempo de permanencia de recursos del sistema en cuentas corrientes y de ahorro Desvío de recursos Verificar uso de recursos para lo establecido en ley Verificar fuentes de financiamiento proyectos de inversión y ampliación infraestructura

Matriz de Riesgos de los Recursos del SSS en Salud - Régimen Contributivo


Cuadro 4.2



Procesos Tipo de riesgo Temas a revisar

Distribución de SGP Desvío de recursos

Determinar evolución de recursos para este régimen según fuentes de financiación y usos del sistema

Revisión de las transferencias y aportes hechos por los diferentes fuentes de financiamiento del sistema (juegos, SOAT, rentas cedidas, etc)

Evolución recursos vs. Evolución población atendida VS. UPC

Recaudo recursos territoriales

No presupuestar todos los recursos por parte de los entes territoriales

Acciones de vigilancia y control de transferencias a la salud

Verificar el aporte de cada fuente definido por la ley al sistema (loterías, etesa, licores, recursos propios y rentas cedidas).

Verificar el cumplimiento de la vigilancia y control por parte de las direcciones seccionales de salud

Recepción de $ en las cuentas maestras de recursos i)PIC ii) Ré-gimen subsidiado iii) Servicios y población no cubierta

No giro de los recursos al sistema Giros de recursos entre las entidades del sistema

Desvío de recursos Verificar monto recibido y distribución y aplicación recursos para cada uno de los usos definidos en la ley.

Permanencia de recursos en bancos Verificar el manejo de los recursos y análisis de rendi-mientos financieros y destino de los mismos

Firma de convenios y contratos de asegura-miento

Inclusión de personas con capaci-dad de pago

Verificar afiliados y depuración de bases de datos. Cruzar afiliados de diferentes EPS´s y ARS

Desvío de recursos

Análisis sistemas de contratación con EPS y ESES (capitación)

Creación IPS de fachada

Concentración de contratos de salud

Revisar las empresas con las cuales contratan los entes territoriales, monto contratos, servicios contratados, etc

Cobro de comisiones envío de pacientes de EPS a ESES e IPS.

Análisis concentración de remisión de pacientes entre EPS´S e IPS y ESES.

Pago periódico a las ARS y EPS subsidiadas

Realización de procedimientos médicos no autorizados en el POS subsidiado

Revisión servicios prestados Vs. Servicios facturados

Contratación y pago de IPS

Recobros Tiempo de respuesta y pago de los recobros

Rotación y traslado indebido de usuarios

Verificar continuidad de la población contratada

Concentración de riesgos Revisión base de datos de población para verificar distribución de grupos poblacionales y población de riesgo asignada.

Contratación de per-sonal y adquisición de insumos y medicamen-tos por parte de IPS

Sobrecostos medicamentos, insu-mos y servicios

Análisis costos de medicamentos, insumos y servicios

Sobrecostos contratación de servi-cios personales

Revisión de contratos con cooperativas de trabajo asociado

Sobrecostos en proyectos de inversión

Análisis de costos en proyectos de obras físicas y proyectos de inversión

Concentración de contratistas Análisis de contratistas de EPS´s, IPS, ESES y direc-ciones seccionales de salud

Matriz de Riesgos de los Recursos del SSS en Salud - Régimen Subsidiado y Vinculados


Cuadro 4.3



3. Las reformas del Audite

Como parte de las estrategias establecidas en el Plan Estratégico 2010 – 2014, para lograr un nuevo modelo de control fiscal, se señaló la de “Ajustar la Guía Audite al nuevo enfoque de control fiscal y al sistema de evaluación de políticas públicas”.

La Guía de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral (Audite), es la herramienta utilizada por los auditores de la CGR para el ejercicio del proceso de auditoría. Esta herramienta ya ha alcanzado seis versiones y avanzó metodológicamente en muchos temas. No obstante, su uso generó dificultades por la complejidad de los procedi-mientos, el excesivo formalismo de los registros y de los niveles administrativos que su aplicación requería.

Por esta razón, la actual administración propuso un ajuste orientado a hacer de la guía una herramienta más dinámica, versátil y amigable con el usuario, de tal manera que responda adecuadamente a la visión estratégica de la CGR de ganar oportunidad y efectividad en la vigilancia y en el control fiscal. El ejercicio de ajuste se sustentó en el diagnóstico realizado con base en 187 propuestas, 52 del nivel central y 135 del desconcentrado. Estas fueron recaudadas a través de un buzón de sugerencias y con la participación de cerca de 180 funcionarios, incluidos representantes de las or-ganizaciones sindicales y el representante de los trabajadores ante el Comité Directivo, quienes para dicho propósito conformaron once mesas temáticas. Posteriormente, y con base en los resultados del diagnóstico, un grupo de cerca de 50 funcionarios de las distintas contralorías delegadas, bajo la coordinación de la Oficina de Planeación, inició la construcción de textos preliminares. Finalmente, un grupo de 20 funcionarios, previo consenso de los elementos esenciales para la coherencia de la guía, revisó, analizó y consolidó los textos definitivos.

En aras de lograr que la Guía se convierta en una herramienta amigable para los funcionarios de la Contraloría, y para los mismos sujetos vigilados, se realizaron ajustes tales como:

• Se aplana la estructura administrativa del proceso auditor, se suprimen enlaces, se modifican términos e instancias de revisión y aprobación.

• Se garantiza una mayor cohesión entre el nivel central y el desconcentrado

• Supresión de la validación de los planes de mejoramiento por considerar que esta es una función que deben ejercer autónomamente las entidades con el apoyo de las Oficinas de Control interno.

• Los hallazgos que realicen los auditores de la CGR deberán estar encaminados a aquellos con connotación fiscal, en ejercicio de las facultades legales y constitucionales. Respecto a los demás hallazgos que se venían realizando se dará traslado del informe a las instancias correspondientes.

• Simplificación de las evaluaciones que sobre el asunto a auditar realiza el auditor tales como la del sistema de control interno y gestión.

• Empoderamiento del auditor para emitir conceptos, opiniones y resultados basados en su criterio profesional y no ceñido al diligenciamiento de formatos que coartan su iniciativa y experticia.



La Guía de Auditoría, así construida, busca garantizar una mayor autonomía y criterio profesional de los auditores y suprimir formatos y procedimientos no esenciales para el trabajo de programación y ejecución de las auditorías. Además, con la eliminación de algunas instancias de revisión y aprobación de planes, programas e informes, se dará mayor celeridad al proceso. Un tercer propósito es el de contar con metodologías y criterios más exigentes para las calificaciones y conceptos que resulten del proceso auditor, con lo cual se ganará consistencia entre dichos resultados y la situación real de las entidades públicas. Un indicador de la simplificación “formal” lograda con el ajuste de la guía puede observarse en la siguiente tabla:

Nueva Guía de Auditoría Audite 4.0

No. de Hojas en Word 79 1.448No. de Gráficos 11 27No. de Formatos 13 128

Comparativo Nueva guía de Auditoría VS. Audite 4.0Cuadro 4.4

Fuente: Oficina de Planeación

Por otra parte, como resultado de la aplicación de la nueva guía, el proceso de audito-ría se fundamentará en un enfoque de riesgos y controles, cuyo objetivo primordial es verificar que la prestación de bienes y servicios, por parte de las entidades públicas, se oriente hacia el cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

4. Beneficios del control fiscal

Los beneficios del control fiscal son la resultante de medir el impacto en el proceso auditor que adelanta la Contraloría General de la República en la vigilancia fiscal de los recursos públicos, y está dirigida a cuantificar los resultados obtenidos como con-secuencia de las mejoras implementadas por los sujetos de control.

Identificación de beneficios

A partir del proceso auditor y de las acciones emprendidas por los sujetos de control, los equipos de auditoría identifican los beneficios teniendo en cuenta los siguientes criterios:

• Que los beneficios surjan a partir de los hallazgos formulados por la CGR en los informes de cada auditoría terminada, las mesas de trabajo de las auditorías en curso o del seguimiento de los planes de mejoramiento.

• Que exista nexo de causalidad entre el hallazgo y la acción planteada por el sujeto de control.

• Que el Equipo Auditor reconozca la importancia y utilidad de la observación y la acción tomada por el sujeto de control.

• Que la acción de mejora se encuentre aceptada y ejecutada por el sujeto de control.



• Que sea cuantificable.

• Que sea real.

Clasificación de beneficios

Los beneficios se clasifican de acuerdo con:

Recuperaciones: se presentan cuando existe un aumento patrimonial sin erogación de fondos, producto de un incremento en los activos o una disminución en los pasivos, se puede presentar por:

• Identificación de derechos que las entidades no ejercen, tales como la acreditación de la propiedad de muebles o inmuebles, aplicación de multas, cobro de intereses moratorios, recuperación coactiva de cartera, entre otros. El beneficio de este tipo de hallazgo puede establecerse por el valor de los bienes incorporados o el dinero pro-veniente de los derechos ejercidos.

• Recuperación de activos o eliminación de pasivos inexistentes.

Ahorros: Se originan cuando la entidad, al realizar una acción correctiva, evita la erogación de recursos. Se puede presentar por:

• Supresión o modificación de actividades, procesos o dependencias. Estos beneficios pueden ser medidos calculando los ingresos o recursos ahorrados.

• Modificación de las condiciones de algunos compromisos u obligaciones onerosas o inequitativas para la entidad haciéndolas menos gravosas.

Recuperaciones o ahorros potenciales: Son los beneficios que cubren realizaciones futuras y obedecen a cálculos y proyecciones generados por la modificación de las condiciones de algunos derechos, compromisos u obligaciones que incrementan el patrimonio o producen mayores ingresos a las entidades. En estos eventos se tiene en cuenta la parte que se vaya causando y cobrando o pagando según se presente, la parte restante se reportará a medida que se verifique su realización.

Resultados económicos - segundo semestre de 2010 – primer semestre de 2011 y corte agosto 8 de 20115

El reporte incorpora los resultados parciales obtenidos en el Plan General de Auditoria (PGA) segundo semestre de 2010 y los resultados del PGA ejecutados a Agosto 08 de 2011, y hace referencia a los beneficios derivados del proceso auditor por concepto de recuperaciones y ahorros.

Las cifras presentadas del control fiscal micro son la consolidación de los resultados ob-tenidos por concepto de los ahorros y recuperaciones logrados como consecuencia de las observaciones o pronunciamientos del equipo auditor, en el cual relacionan las inconsisten-cias detectadas en la gestión del ente auditado que requieren de acciones correctivas.

•• 5 Fuente:SistemadeIntegradodeInformacióndelaGestiónpública–SIIGEP–al08-08-2011



Cada beneficio o ahorro está debidamente soportado mediante documentos, análisis o estudios con los que se establecen y prueban, tanto las observaciones de la CGR, como las acciones y la valoración de los ahorros y recuperaciones por parte del ente auditado.

Durante el período analizado, tal como se aprecia en el cuadro, la gestión de control fiscal ha beneficiado a la Nación en la suma de $193.370 millones, distribuidos así: proceso auditor $174.151, millones cobro persuasivo - proceso indagaciones y de responsabilidad fiscal al corte referido en el cuadro, $15.970 millones y recaudo coactivo $ 3.249 millones.

La Contraloría General de la República, durante el período analizado y, en cumplimiento de sus funciones, le ha retornado al Estado $ 0.67 pesos por cada $ 1 peso invertido en este organismo de control, producto de las recuperaciones y ahorros que tuvieron las entidades sujetas de control en el acatamiento de las observaciones formuladas por este Organismo Superior de Control Fiscal.

Conceptos TOTAL

Recuperaciones y ahorros 174.151 Control Persuasivo* 15.970 Recaudo Coactivo* 3.249 Total beneficios 193.370 Promedio Presupuesto ejecutado CGR (julio a diciembre de 2010)** 149.928 Presupuesto ejecutado CGR (enero a julio de 2011)*** 140.292 Total presupuesto ejecutado del periodo 290.220

Beneficios del control fiscalSegundo semestre de 2010 – Agosto 08 de 2011

Cifras en Millones de pesos

Cuadro 4.5

*Fuente: Cubo de información Oficina de Planeación, con corte a mayo 30 de 2011.**Fuente: Gerencia Administrativa y Financiera - Presupuesto ejecutado en el año 2010: 299.856 millones/2) ***Fuente: Gerencia Administrativa y Financiera

Participación por sectores:

A continuación, en el cuadro se presenta la participación de cada uno de los sectores en los beneficios del proceso auditor para el segundo semestre de 2010 – Agosto 8 de 2011.

Sector Total %

Agropecuario 12.883 7,40% Medio Ambiente 14.198 8,15% Defensa 2.288 1,31% Gestión 267 0,15% Infraestructura 70.946 40,74% Social 70.133 40,27% Minas y Energía 3.436 1,97% Total 174.151 100,00%Fuente: SIIGEP

Participación por sectoresSegundo semestre de 2010 – Agosto 8 de 2011

Cifras en Millones de pesos

Cuadro 4.6



5. Plan Especial de Reacción Inmediata

La Contraloría General de la República, mediante la Resolución Reglamentaria 0095 del 10 de Julio de 2009, implementó y reglamentó el Plan de Reacción Inmediata, cuyo propósito es establecer lineamientos precisos y actuar inmediatamente frente a denuncias o casos de corrupción que revistan especial interés y trascendencia social o económica a nivel nacional, o que requieran celeridad en lo que al trámite de indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal se refiere.

La administración de la Contralora General Sandra Morelli, con el ánimo de optimizar el funcionamiento de la mencionada herramienta, mediante la Resolución Reglamen-taria 116 del 14 de Octubre del 2010, la reorientó para fortalecer y dar celeridad al trámite de indagaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal. Se determinó la necesidad de ampliar el apoyo a la Contraloría Delegada para Investiga-ciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, por parte no solo de las Contralorías Delegadas Sectoriales para la Vigilancia Fiscal, sino de cualquier dependencia de la Contraloría General de la República.

Igualmente, se establece que el Plan de Reacción Inmediata está bajo la dirección del Contralor General de la República, como suprema autoridad responsable del macro proceso de direccionamiento estratégico, y de la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, como responsable del macro proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva. Indica los parámetros para el trámite de las indagaciones preliminares y los procesos de responsabilidad fiscal a través del Plan Especial de Reacción Inmediata, así como la conformación del grupo y la obligatoriedad de rendir Informes permanentes.

Producto del nuevo enfoque esbozado a partir de la Resolución Reglamentaria 116 de 2.010, así como del compromiso institucional sobre la materia, entre julio 1 de

Gráfico 4.1

Participación por sectoresSegundo semestre de 2010 – Agosto 8 de 2011

Fuente: SIIGEP



2010 y junio 30 de 2011 se dio apertura a cuarenta (40) indagaciones prelimina-res cuya cuantía se ha podido establecer por $337.239 millones, e igualmente se continuó con el trámite de veintinueve (29) que se venían adelantando en el lapso anterior lo cual implica que se han conformado, durante el período, un total de sesenta y nueve (69) Grupos Especiales de Reacción Inmediata (GRI). Con ello se registra un incremento del 38% en la apertura de indagaciones preliminares, respecto del período anterior.

Los resultados de las indagaciones preliminares tramitadas durante el período 2010 – 2011 se visualizan en el Gráfico 4.2, así: diecinueve (19) archivos6 (27.5%) y la generación de quince (15) procesos de responsabilidad fiscal7 (21.7%), quedando pendientes de resolver treinta y cinco (35) indagaciones preliminares, es decir, el (50.7%).

Gráfico 4.2

Resultados de IP tramitadas 2010 – 2011 –GRI

Fuente: Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, SIREF (Sistema de Responsabilidad Fiscal) e Información capturada de las Delegadas Sectoriales.

Además de tramitar indagaciones preliminares, los Grupos Especiales de Reacción Inme-diata, también tramitaron treinta y ocho (38) procesos de responsabilidad fiscal, por valor de $377.661 millones, entre julio 1 de 2.010 y junio 30 de 2.011 (Gráfico 4.3).

•• 6 Sedestacaquenohayningunaindagaciónpreliminararchivadaporlaaplicacióndelfenómenojurídicodelacaducidad,contempladoenelartículo9delaLey610de2000.

7 Delosquince(15)ProcesosdeResponsabilidadFiscal,diez(10),esdecir,el66%porvalorde$333.486millonessetramitanenelNivelCentraly,cinco(5),esdecir,el33%porvalorde$3.753millonessetramitanenlasGerenciasDepartamentales,acordeconlosfactoresdecompetencia.



Gráfico 4.3

Procesos de Responsabilidad Fiscal en trámitepor GRI 2010-2011

Fuente: Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, SIREF (Sistema de Responsabilidad Fiscal)

En resumen, a 30 de junio de 2011 se encuentran en trámite treinta y cinco (35) inda-gaciones preliminares, por cuantía aunque considerable, indeterminada; y treinta y ocho (38) procesos de responsabilidad fiscal en presunta cuantía de $377.661 millones.

Caso Grupo Nule

Cabe destacar que el escándalo del Grupo Nule, se ha convertido en un tema de especial interés por el impacto en el erario, razón por la cual se han generado nueve (9) procesos de responsabilidad fiscal, es decir, el 23.6% de los iniciados por Grupos Especiales de Reacción Inmediata durante el lapso de julio 1 de 2010 a junio 30 de 2011 (estableciéndose como presunta cuantía $123.677 millones). Gráfico 4.4.

Gráfico 4.4

Procesos de Responsabilidad Fiscal iniciados 2010 – 2011

Fuente: Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, Grupo de Reacción Inmediata Nule.



No obstante, en este aspecto debe tenerse en cuenta que, como resultado de un control excepcional, también se adelanta un proceso de responsabilidad fiscal re-lacionado con el Grupo Nule y las obras de Transmilenio Fase III, por la suma de $198.000 millones.

Asimismo, por este tema se han iniciado once (11) indagaciones preliminares, es decir, el 32% de las iniciadas por Grupos Especiales de Reacción Inmediata durante el lapso de julio 1 de 2010 a junio 30 de 2011 (estableciéndose como presunta cuantía del daño $2.100 millones).

Gráfico 4.5

Indagaciones Preliminares iniciadas 2010 –2011

Fuente: Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, Grupo de Reacción Inmediata Nule

A continuación se presentan los indicadores representativos de la gestión adelantada por los Grupos Especiales de Reacción Inmediata frente a cuantías de procesos de responsabilidad fiscal aperturados, archivados por pago, los que presentan recaudo parcial y los que tienen medidas cautelares. Los archivados por pago y aquellos con recaudo parcial constituyen un resarcimiento al patrimonio del Estado.

Indicador (julio 1 de 2010 a mayo 30 de 2011) Valor

PRF más significativos 33 317.534 PRF Archivados por Pago 1 1.007 Recaudo parcial 2 1.187 PRF Medidas Cautelares 14 158.35

Fuentes: Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, SIREF (Sistema de Responsabilidad Fiscal) e Información capturada de las Delegadas Sectoriales

Indicador Grupos Especiales de Reacción InmediataCifras en Millones de pesos

Cuadro 4.7



Cabe resaltar que, en ejercicio de la atribución constitucional de suspensión por principio de verdad sabida y buena fe guardada, se han suspendido 6 funcionarios dentro de siete (7) procesos de responsabilidad fiscal.

Finalmente, se puede concluir que el dinamismo propiciado a través del Plan Especial de Reacción Inmediata ha permitido resultados en términos de eficiencia y oportunidad del control fiscal. Se amplió la cobertura frente a denuncias o casos de corrupción que comportan interés nacional. Se ha mejorado en la oportunidad de atender los asuntos que revisten especial interés nacional y de trascendencia social o económica a nivel nacional, como el caso de las indagaciones y procesos actualmente adelantados res-pecto de los recursos del sector salud, la gestión efectuada con bienes incautados por la Dirección Nacional de Estupefacientes y las inversiones realizadas con recursos de regalías por parte de las entidades territoriales. Se ejerció la atribución constitucional de suspensión por principio de verdad sabida y buena fe guardada.

6. Funciones de advertencia:

Está a cargo del despacho de la señora Contralora y de las Contralorías Delegadas Sectoriales. Los resultados obtenidos demuestran la utilidad de este mecanismo para el ejercicio del control fiscal oportuno.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 5 del Decreto Ley 267 de 2000, (Funciones de la Contraloría General de la República “7. Advertir sobre operaciones o procesos en ejecución para prever graves riesgos que comprometan el patrimonio público y ejercer el control posterior sobre los hechos así identificados”), la Contraloría General de la República ha realizado continuas advertencias a los ad-ministradores de los recursos públicos, las cuales han permitido alertar sobre posibles riesgos en operaciones o procesos realizados en las entidades a su cargo, con miras a prevenir detrimentos al patrimonio público.

Entre el 1 de septiembre de 2010 y el 9 de agosto de 2011 emitió 158 funciones de advertencia por $724.354 millones, en temas relacionados con la contratación de obra física y de prestación de servicios, multiafiliaciones y afiliaciones irregulares al régimen subsidiado de salud, impacto ambiental, construcción de vivienda de interés social, gestión tributaria y cobro de cartera entre otros. Se presenta la clasificación de las funciones de advertencia por tema:



Cuadro 4.8

Temas No. No. No. $ sin monto* con monto Salud 28 27 1 1.609.432.537 Administración de activos públicos 15 5 10 239.452.484.000 Ola invernal 14 6 8 61.660.626.900 Infraestructura educativa 11 10 1 74.000.000 Estado financiero de la entidad 9 3 6 16.055.415.999 VIS 9 7 2 94.511.580 Agua potable y saneamiento básico 7 4 3 7.491.021.872 Otros servicios públicos domiciliarios 2 0 2 429.000.000 Gravamen a los movimientos financieros e impuestos 5 4 1 12.600.000 infraestructura vial 4 2 2 6.064.453.600 Supervisión e interventoría 6 3 3 84.740.492.877 Obras ambientales 6 6 0 Tecnologías de información - adquisición 4 0 4 2.939.500.000 Cartera y Depósitos Judiciales 3 0 3 82.642.030.550 Seguridad electrónica carcelaria 1 0 1 53.537.000.000 Desarrollo de proyectos rurales 1 0 1 22.230.000.000 Atención desmovilizados 1 0 1 8.243.000.000 Defensa judicial y pago de sentencias 3 2 1 46.144.806.719 Adecuación física y logística institucional 6 0 6 67.507.241.310 Otros 23 14 9 23.426.267.623 Total: 158 93 65 724.353.885.567

Funciones de advertencia producidas entre el 01/09/2010 a 9/08/2011

* La estimación de estas funciones de advertencia es compleja, los recursos en riesgo son cuantiosos del orden de billones de pesos, como en el caso de los destinados a la salud. Fuente: Contraloría Delegada para el Sector Gestión Pública e Instituciones Financieras con base en información SIIGEP

A raíz de estas advertencias, la Contraloría General de la República logró, en algunos casos, prevenir el mal uso de los recursos públicos y el mejoramiento del proceso de entrega de las ayudas humanitarias, en perspectiva de propiciar que sus calidades y cantidades, y la oportunidad y agilidad, fueran las necesarias y apropiadas para estas gestiones.

En la historia de la Contraloría General de la República no se había visto un uso tan frecuente e impactante de la función de advertencia como la del período reseñado. Es un compromiso de la entidad el seguimiento a las mismas dentro de su ejercicio continuo de auditoría. En el cuadro 4.9 se detallan algunas de las Funciones de Ad-vertencia más significativas según el monto identificado de recursos en riesgo.



Fuente: SIIGEP

Cuadro 4.9

Tema objeto de advertencia Sujeto de control Montoinvolucrado

Plantas de biocombustibles ubicadas en frontino (Antio-quia), Barbosa (Santander) y Tumaco (Nariño)

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - CORPOICA

$ 11.630.

Contratación equipos de cómputo Fiscalía General de la Nación $ 45.422.

Contrato no 76 de 2009 seguridad electrónica Ministerio del Interior y de Justicia $ 53.537.

Cumplimiento del acuerdo de reestructuración de pasi-vos y límite de gastos

Gobernación del Departamento de Mag-dalena

$ 12.473.

Contrato de cobranza del banco agrario con Juriscoop servicios jurídicos - Juriservicios

Banco Agrario de Colombia S.A. $ 12.621.

Inexistencia de interventoría, incumplimiento del total de las especificaciones

Defensa Civil Colombiana $25.537.

Debilidades en la entrega de recursos de la ola invernal. Córdoba

Fondo Nacional de Calamidades $15.424.

Alto riesgo de pérdida de recursos públicos comprome-tidos en la póliza de cumplimiento del contrato de obra IDU -Transvial (calle 26)

Segurexpo de Colombia S.A. $ 5.793

Seguimiento contrato ayuda humanitaria Boyacá Fondo Nacional de Calamidades $ 6.018.

Riesgos en la recuperación de los créditos de la línea especial exportadores desembolsados al sector floricultor

Banco Agrario de Colombia S.A. $53.297.

Administración de activos fondo de reserva Cremil Caja de Retiro de las Fuerzas Militares $ 139.235.

Administración de activos fondo de reserva Casur Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional

$ 44.423.

Proyecto estratégico multipropósito ranchería Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER

$ 22.230.

Irregularidades contrato 131 de 2008 suscrito con Jhav Macgregror S.A auditores y consultores

Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC)

$ 5.082.

Se advierte sobre el uso del edificio El Comendador Fondo Rotatorio de la Policía Nacional $ 6.471.

Debilidades en el programa de desmovilizados Ministerio de Defensa Nacional $ 8.243.

Debilidades en el Proceso de Prescripción de Depósitos Judiciales.

Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura

$ 16.725.

Demandas contra la Fiscalía General de la Nación. Ries-go jurídico crecimiento del pasivo contingente

Fiscalía General de la Nación $41.400.

Contrato interadministrativo N. 07-09 MDN-ARC-JOLA-ALFM proceso de contratación reservada 031 DE 2011. Mora en el proceso de subcontratación para la adquisi-ción de baterías y la estación de carga - submarinos

Agencia Logística de las Fuerzas Militares $17.936

Construcción capitanía del puerto Buenaventura - atraso en la entrega de la obra

Dirección General Marítima DIMAR $5.014

Contrato 292 de 2010, Programa de Protección Ministerio del Interior y de Justicia $79.658

Contrato interadministrativo N. 138 de 2008, SISAM. Se advierte sobre el presunto incumplimiento del contra-tista UNIÓN TEMPORAL RED BYTECH - SISAM.


Contrato Interadministrativo 165 adquisición de bienes obras y servicios. Prórrogas y modificaciones en varias vigencias sin el cumplimiento del objeto del contrato


Acuerdo de venta N. 25996-08 Convenio Gobierno a Gobierno MDN - Israel empresas Ness.

Ministerio de Defensa Nacional $12.438

Principales funciones de advertencia emitidasCifras en Millones de pesos



7. Concepto sobre el sistema de control interno de los auditados

La ley 87 del 29 de noviembre de 1993 define el control interno, en su artículo pri-mero, para las entidades que entran dentro de su ámbito y alcance, en los siguientes términos:

“El sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, opera-ciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos.

El ejercicio del control interno debe consultar los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de los costos ambientes. En consecuencia deberá concebirse y organizarse de tal manera que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos existentes en la entidad, y en particular de las asignadas a aquellos que tengan responsabilidad de mando”.

Asimismo, existen entidades que son sujetos de control de la Contraloría General de la República, a las cuales no les aplica la Ley 87 de 1993, como es el caso de las sociedades de economía mixta cuya participación de recursos del Estado sea menor al 90% de su capital social, las sociedades comerciales, las entidades que se rigen por el derecho privado que administran recursos públicos, entre otras, también se les evalúa su sistema de control interno, dentro del modelo establecido por este órgano de control fiscal, el cual responde a los requerimientos tanto de la ley 87 de 1993, como a las normas nacionales e internacionalmente aceptadas sobre el tema.

Fundamentos legales de la evaluación y concepto del sistema de control interno.

De acuerdo con el numeral 6 del artículo 268 de la Constitución Política, la Contraloría General de la República debe: “conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del Estado”.

Metodología para la evaluación del sistema de control interno

La evaluación del Sistema de Control Interno se realiza en dos contextos: el primero, corresponde a una evaluación conceptual, y el segundo, a una evaluación operativa. En la evaluación conceptual se establece si el Sistema de Control Interno está forma-lizado y si es completo, mientras que en la evaluación operativa se determina si es eficiente o no.

Evaluación conceptual

Verifica la existencia formal y completa de los elementos del ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de control, información y comunicación y monitoreo, para las entidades del contexto Modelo Estándar de Control Interno (MECI) se realiza



una homologación a los subsistemas de control estratégico, control de gestión y control de evaluación.

• Subsistema de Control Estratégico: Tiene relación directa con la planeación, su control, los elementos de corrección oportuna a las desviaciones que se presenten en el logro de los objetivos y la prevención y manejo de riesgos.

• Subsistema de Control de Gestión: Tiene que ver con los componentes de la gestión, es decir, la ejecución de la operación con sus respectivas actividades de control, la información y la comunicación.

• Subsistema de Control de Evaluación: Sus componentes son la autoevaluación, la evaluación independiente y los planes de mejoramiento.

Evaluación operativa

Determina, a través de pruebas de auditoría y evaluación de riesgos de control, si los controles específicos establecidos por el sujeto de control operan de manera eficiente y si mitigan los riesgos para los cuales fueron establecidos.

Integración de la evaluación conceptual y operativa

Una evaluación conceptual de un sistema de control interno que sea formal, completo y su evaluación operativa eficiente otorga la calificación máxima de 100 puntos, siendo esta la situación ideal; si es informal pero se determina eficiente operativamente, se asignan 50 puntos, esta situación es intermedia y significa que únicamente se necesita formalizar el sistema de control interno; si se encuentra formal y completo se otorgan 30 puntos, dado que el sistema de control interno está formalizado pero éste no cumple con los propósitos de garantizar el logro de objetivos y mitigación de riesgos; y finalmente, si se determina informal e ineficiente estamos frente a la situación más crítica, porque no hay un diseño adecuado del sistema de control interno y por lo tanto no puede ser operativo.

Resultados

Los resultados que aquí se presentan tienen como fuente la información registrada por las contralorías delegadas sectoriales en el SIIGEP. En desarrollo del actual Plan General de Auditoría, se evaluó y calificó el Sistema de Control Interno en 215 entidades del orden nacional sujetas de control de la Contraloría General de la República, con corte a 30 de julio del año en curso.

De las 214 entidades evaluadas, 131, correspondiente a un 61%, tienen conceptual-mente un sistema de Control Interno adecuado y operativamente eficiente.

Por su parte 83 entidades, equivalente a un 39%, no tienen un Sistema de Control Interno que mitigue los riesgos y garantice el logro de sus resultados. Esta situación se presenta, en términos generales, en razón a que no obstante existen y se aplican controles, estos no mitigan los riesgos de los procesos y procedimientos para los cuales fueron diseñados.



Los detalles de esta evaluación se encuentran en el informe específico de Evaluación y Concepto del Sistema de Control Interno que se presentará a la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes y al Presidente de la República a mediados del mes de agosto del año en curso.

8. Planes de mejoramiento

Los planes de mejoramiento son el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor, con el fin de adecuar la gestión fiscal a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad o mitigar el impacto ambiental.

Con el propósito de agregar valor al proceso auditor y de contribuir al mejoramiento de la gestión de las entidades del Estado, la Contraloría General de la República ha venido promoviendo la utilización de la metodología de los planes de mejoramiento como herramienta de gerencia pública de las entidades del Estado. La misma está diseñada para corregir las fallas administrativas que se detectan durante el proceso auditor e identificar las áreas, subáreas y actividades más débiles de cada entidad.

La metodología para suscribir los planes de mejoramiento se encuentra actualmente reglamentada por la Resolución Orgánica 5872 del 11 de julio de 2007. Esta incluye una evaluación de efectividad de las acciones de mejora propuestas, de cumplimiento y de avance de los planes de mejoramiento.

En el siguiente cuadro se presentan, con corte a 30 de junio de 2011, las estadísticas de planes de mejoramiento suscritos durante los años 2010 y 2011. Los planes de mejoramiento son suscritos en una vigencia y evaluados en las siguientes hasta que se culminen o se consoliden en un nuevo plan de mejoramiento.

Sectores Créditos Saneamiento Regalías Alumbrado SGP Sujetos Total Banca fiscal público Planes internacional Agropecuario 3 - - - - 46 49 Defensa - - - - - 6 6 Gestión Pública 4 14 - - - 42 60 Infraestructura - - - - - 45 45 Medio Ambiente - - - - - 17 17 Minas y Energía 1 - 58 26 - 17 102 Social - - - - 154 22 176 Total 8 14 58 26 154 195 455

Fuente: SIIGEP 30-06-2011

Cuadro 4.10

Planes de mejoramiento por sectores, suscritos en 2010 – 2011

De los 455 planes de mejoramiento suscritos durante 2010 y 2011, el 43%, que equivale a 195 entidades, corresponden a sujetos de control de la Contraloría General de la República; el 34 % que equivale a 154 auditorías, corresponde al Sistema Ge-neral de Participaciones; el 13% que equivale a 58 auditorías, corresponde a regalías; el 5 % que equivale a 26 auditorías, corresponde a alumbrado público el 3%; que



equivalen a 14 auditorías corresponde a saneamiento fiscal y financiero, y el 2% que equivalen a 8 auditorías, corresponde a créditos.

Los hallazgos detectados en el área de contratación hacen de ella la de mayor riesgo en las entidades; representan el 32 % del total de hallazgos, dentro de las sub áreas que la conforman, la etapa contractual con el 44% es la más representativa, y dentro de ella, la actividad donde se focaliza el mayor índice de hallazgos corresponde a interventorías y/o coordinación interna, con un 44% del total da la subárea, un 19% del total del área, y un 6% del total de hallazgos. En el siguiente cuadro se presenta el total de hallazgos según las áreas en las que se generan.

Áreas No. De hallazgos % de partic.

Contratación 5117 32 Control Interno 1956 12 Control Social 105 1 Dirección y Planeación Corporativa 1375 9 Estructura Orgánica y funcional 369 2 Gestión Ambiental 319 2 Gestión de Talento Humano 443 3 Gestiones Misionales 1198 7 Manejo de Recursos Físicos 497 3 Manejo Financiero 1438 9 Manejo presupuestal y contable 2807 17 Otros 503 3 Total general 16127 100Fuente: SIIGEP 30-06-2011

Hallazgos por áreas y porcentaje de participación, sobre los planes de mejoramiento suscritos durante los años 2010 y 2011

Cuadro 4.11

En segundo lugar, encontramos el área de manejo presupuestal y contable con un 17%, la subárea más sensible en ella es la de proceso contable, con el 52% del total de hallazgos del área, dentro de ella, la actividad donde se localiza el mayor numero de hallazgos es la de registro, con un 48 % del total de la sub área, un 25% del total del área y con un 4% del total de hallazgos del informe. En tercer lugar de importancia, donde se localizan las mayores debilidades y riesgos en las entidades se ubica el área de control interno con un 12%.

Sectores No. de planes Hallazgos Acciones Acciones acciones Efectivas no efectivas

Agropecuario 49 1480 1842 456 39 Defensa, justicia y seguridad 6 644 657 - - Gestión pública 60 5020 6237 1022 56 Infraestructura 45 972 1124 168 0 Medio ambiente 17 587 726 616 110 Minas y energía 102 2367 2971 1926 40 Social 176 5057 5777 1224 508 Total general 455 16127 19334 5412 753


Cuadro 4.12

Efectividad de las acciones de mejora sobre los hallazgos, por sector según planes de mejoramiento suscritos entre 2010 – 2011



El cuadro 4.12 nos muestra la evaluación de la efectividad de las acciones de mejo-ramiento y la distribución de los hallazgos por contralorías delegadas sectoriales.

De este resultado se resalta el mayor número de planes suscritos en el sector social, los cuales ascienden al 39 % del total durante los años 2010 y 2011; los hallazgos detectados en los 176 planes de mejoramiento del sector social, que ascienden al 31% del total de hallazgos, y las acciones de mejoramiento registrados en los 60 planes de mejoramiento de la Contraloría Delegada de Gestión Pública, que equivalen al 32% de las acciones de mejoramiento. De igual manera, se le ha realizado segui-miento a 6.165 acciones de mejora. De ellas, el 88% han sido efectivas 5.412 y 753 acciones no han sido efectivas, por lo cual las entidades deben replantearlas hasta lograr eliminar la causa que las originó. Lo anterior, debido a que el propósito de la Contraloría General de la República es el de contribuir con el buen funcionamiento de las mismas.

Para corregir la causa de los 16.127 hallazgos detectados en el proceso auditor durante las auditorías del 2010 y 2011, se propusieron 19.334 acciones de mejoramiento. El cuadro 4.13 contiene la información de los planes de mejoramiento suscritos entre los años 2010 y 2011, que han sido evaluados en su avance y cumplimiento a la fecha.

En cuanto al promedio de cumplimiento se observa que alcanza un 90%, lo cual in-dica que las entidades están realizando las actividades tendientes a corregir las fallas detectadas.

Respecto al avance, sobre los planes de mejoramiento que han sido evaluados, en promedio se determina que las actividades planteadas han avanzado en un 70%.

Se podría establecer que en la mayoría de las entidades evaluadas en su cumplimiento y avance, la mejoría de sus procesos internos es buena, lo que reafirma con la eva-luación de la efectividad de las acciones de mejoramiento ejecutadas.

Sector Promedio de Promedio de cumplimiento avance

Agropecuario 97 59 Defensa, Justicia y Seguridad. - - Gestión Pública e Instituciones Finan. 89 71 Infraestructura Física y Telecom. 95 81 Medio Ambiente 83 58 Minas y Energía 81 46 Social 94 66 Total general 90 70


Porcentaje de avance y cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos entre los años 2010 y 2011

Cuadro 4.13



Se entiende la Auditoría por Proyectos (AP) como el proceso que mide y evalúa la gestión, los productos, los resultados y los impactos de un proyecto de inversión pública para determinar, con conocimiento y certeza razonable, la calidad de su información, el cumplimiento de la normatividad, la eficiencia en la administración de los recursos públicos, la eficacia con que se logran los resultados, la efectividad de sus impactos en correspondencia con las estrategias establecidas en el Plan de Desarrollo.

La auditoría a proyectos de inversión tiene como objeto evaluar exhaustivamente el conjunto de actividades y recursos públicos, acotados en el tiempo y definidos en un espacio geográfico, generadores de capacidad para incrementar la prestación de servicios o producción de bienes, orientados a la solución de problemas de la población, cuyos impactos deben contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, a la competitividad territorial y al desarrollo del país.

La realización de auditorías a los proyectos de inversión de los planes de desarrollo permite verificar el grado de eficacia y eficiencia en la consecución de tales objetivos, tanto para aportar al logro de un mejoramiento de la gestión como para incidir en un manejo más transparente de la misma. Contar con un control fiscal especializado en esta materia posibilita la formulación y ejecución presupuestal sobre bases más racionales y facilita la rendición de cuentas a los ciudadanos y grupos de interés.

Conceptualmente, la auditoría a los proyectos de inversión se inserta en el marco teórico de la evaluación de las políticas públicas, en la medida en que la formulación y ejecución de aquellos debe guardar correspondencia con los objetivos definidos en estas últimas. En esa medida, la auditoría a los proyectos de inversión se dirige a la medición sistemática y continua de los resultados obtenidos por las instituciones públicas y su comparación con aquellos deseados o planeados, con miras a mejorar los estándares de desempeño de las instituciones auditadas.

Ahora bien, mientras que la evaluación de las políticas públicas tiene relevancia a nivel de instancias de decisión política e intenta responder a cuestiones relacionadas con la aproximación a las soluciones generalizadas a determinados problemas, la auditoría a los proyectos de inversión recae sobre un conjunto de actividades y recursos organi-zados para la obtención de ciertos objetivos, cuyo resultado tiene incidencia sobre la gestión de los programas en los cuales se inscriben los proyectos.

Tanto en la evaluación de las políticas públicas como en la auditoría de los proyectos de inversión lo que se busca es identificar el efecto final de la intervención pública a partir de la aplicación de determinadas acciones gubernamentales, pero mientras que aquella emplea metodologías basadas en el marco lógico, el árbol de problemas o la planificación por objetivos, en esta se recurre al diseño de indicadores de desempeño con procesos previos de planificación estratégica o de cuadros de mando integral.

La finalidad de la auditoría a proyectos de inversión es la de producir información relevante para la toma de decisiones político-administrativas, que sea útil para resol-ver problemas concretos, como resultado de la medición sistemática de la operación

V. Auditoría por Proyectos



o impacto de la política pública o del programa ejecutado a través de uno o varios proyectos, comparada con los resultados deseados o planeados, con miras a contribuir a su mejoramiento. Permite obtener los siguientes beneficios:

• Apoyar el proceso de formulación de políticas y de planificación de mediano y largo plazo.

• Detectar procesos o áreas en las cuales se presenten problemas de gestión.

• Posibilitar la realización de ajustes a partir del análisis de la información entre el desempeño efectuado y el programado.

• Sentar las bases para una asignación más fundamentada de los recursos públicos en el proceso presupuestal.

• Establecer mayores niveles de transparencia y generar un mayor compromiso de los estamentos directivos de las entidades con la obtención de resultados.

• Apoyar la introducción de sistemas de reconocimiento al buen desempeño.

Así, la finalidad de la auditoría a los proyectos de inversión se enfoca hacia los resul-tados finales e impactos de la acción pública, para lo cual se examina cómo fueron logrados en términos de la eficiencia (uso de los recursos para la generación de los productos), eficacia (capacidad de cumplir con la producción comprometida y de logro de objetivos), calidad (capacidad de lograr la producción de los bienes y servicios de acuerdo a los atributos esperados por los usuarios) y economía (cómo se organizaron los recursos presupuestales para el logro de los resultados).

Este enfoque asume que la evaluación se relaciona estrechamente con el proceso de planificación y programación institucional. En este sentido, la posibilidad de pronun-ciarse sobre los resultados (lo que se logró), asume la existencia de objetivos (lo que se esperaba lograr), los cuales deben ser establecidos en términos de metas concretas posibles y susceptibles de ser medidas a través de indicadores.

En función de la finalidad referida, la auditoría a los proyectos de inversión debe servir para proveer conocimiento y apoyo gerencial e institucional de alto nivel para contribuir a la efectividad de la gestión pública, promover una cultura que valore el control a la formulación y ejecución de los proyectos como una base para el aprendizaje y facilitar un proceso independiente y autónomo de evaluación imparcial de la gestión.

Bajo esta perspectiva se señalan a continuación algunas experiencias exitosas en la gestión de la CGR en este último año en regalías, PDAS, contratos de concesión, SGP, salud, ola invernal, control de los recursos públicos de cara a las elecciones, subsidios de vivienda, vigencias futuras del nivel territorial, corporaciones autónomas regionales,

1. Regalías

En relación con la fiscalización de las regalías, es importante anotar que el control que había ejercido la Contraloría General de la República en casos excepcionales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64 de la Ley 141 de 1994, con la expe-



dición de la Ley 756 de 2002 se transformó en una responsabilidad directa de este órgano de control nacional8.

Por control fiscal a las regalías se entiende el conjunto de actividades que en cumpli-miento de los artículos 13 y 14 de la Ley 756 de 2002, realiza la Contraloría General de la República con la finalidad de evaluar la gestión y resultados de las entidades y de los gestores fiscales que ejecutan dichos recursos y coadyuvar al buen manejo económico, eficiente, eficaz y con valoración de costos ambientales de las regalías directas e indirectas en todo el país.

Entre las acciones de control fiscal a las regalías que viene adelantando la Contralo-ría General de la República se destacan: (i) las auditorías especiales a las entidades territoriales y al administrador del Fondo Nacional de Regalías (FNR), las cuales son de carácter posterior y selectivo, (ii) los estudios sectoriales y pronunciamientos sobre la política pública de regalías y (iii) la atención y trámite de denuncias ciudadanas.

Cobertura y resultados del control fiscal a las regalías

Durante la presente vigencia, la Programación del Plan General de Auditoría 2011 estableció realizar 75 auditorías a recursos de regalías directas y 8 a proyectos de regalías indirectas, que equivalen a una cobertura total del 88.42%.

•• 8 Losartículos13y14delaLey756de2006establecieronquelaContraloríaGeneraldelaRepúblicaejerceráelcontrolfiscalsobrelosrecursosderegalíasdirectasgiradosamunicipiosydepartamentos.

Vigencia Total regalías giradas Total monto auditado Cobertura recursos y/o programado auditados regalías directas

2009 4,59 4,03 87,73% 2010 4.59 4.06 88.42%

Fuente: Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía - SIIGEP 30-06-2011

Cobertura control fiscal regalías vigencias 2009 – 2010Cifras en Billones de pesos

Cuadro 5.1

Total Puntos 83 Auditorias a Regalías Directas 75 Auditorias a Proyectos de Regalías Indirectas 8

Resumen PGA 2011

Cuadro 5.2

Fuente: Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía - SIIGEP 30-06-2011

En el siguiente cuadro se resumen los resultados obtenidos en las auditorías a los recursos de regalías durante el período de gestión.



Durante el ejercicio del proceso auditor se emitieron 56 funciones de advertencia durante la ejecución del PGA-2010 y en el transcurso del año se han producido 6 funciones de advertencia. En cuanto a beneficios de auditoría se destaca la recuperación de $ 860.444.747 durante el período septiembre – diciembre de 2010 y $ 58.660.000, en la vigencia 2011.

En el siguiente cuadro se resumen las funciones de advertencias y los beneficios de auditoría en el control fiscal a las regalías durante el período de gestión.

PGA Administrativos Tipo de hallazgo administrativo (totales) Disciplinarios Penales Fiscales No. Cuantía

2010* 1332 549 62 163 52.072 2011 209 78 13 14 26.058 Totales 1641 627 75 177 78.130Fuente: Contraloría Delegada para el Sector Minas y Energía - SIIGEP 30-06-2011* Septiembre - Diciembre

Cuadro 5.3

Hallazgos en las auditorías a las regalíasCifras en millones de pesos

PGA Funciones de Advertencia Beneficio de Auditoria Cuantía

2010* 56 860 2011 6 58

Fuente: SIIGEP 30-06-2011* Septiembre - Diciembre

Cuadro 5.4

Funciones de advertencia y beneficios de auditoríaCifras en millones de pesos

Entre las situaciones irregulares más generalizadas que presenta la ejecución de las regalías por parte de las entidades beneficiadas se encuentra:

- Parte de los dineros destinados por la Constitución y la Ley a las coberturas míni-mas, como salud, educación, agua potable y alcantarillado, se han desviado a otros fines no prioritarios, a pesar de no haberse alcanzado aún las coberturas mínimas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Ley 1151 de 2007.

- Inadecuada planeación, administración y control de los proyectos que han conlle-vado a suspensiones de obras, pérdida de inversión por replanteamiento de obras e ineficacia, pago de intereses por sobregiros con recursos de regalías, demandas de contratistas, falta de cumplimiento de requisitos previos, como licencias; así como falta de capacidad técnica y financiera de los contratistas para ejecutar las obras.

- Se presenta un incumplimiento reiterado y generalizado de la Ley de Contratación, específicamente en lo referente a los procedimientos precontractuales, la selección de los contratistas, las pólizas de garantía, tiempo de ejecución de los contratos, la ejecución de las interventorías técnicas a las obras y proyectos y la liquidación de los contratos.



- Se utilizan figuras jurídicas no permitidas o inconvenientes como el fraccionamiento de los contratos, la contratación con cooperativas de municipios y la realización de convenios interadministrativos con el propósito de eludir los procedimientos de selección objetiva establecidos en la Ley de Contratación y con el resultado de que el municipio o departamento delega la responsabilidad de la ejecución de los recursos de regalías en un tercero.

- Se verificó la existencia de una atomización de recursos en pequeños proyectos que finalmente tienen un bajo impacto social y económico, situación que, además, dificulta su control y seguimiento para garantizar su adecuada utilización.

- Se realizaron inversiones financieras especulativas, en patrimonios autónomos a través de fiducias o invirtiendo en títulos valores, poniendo en riesgo la inversión social en los sectores prioritarios establecidos para el uso de las regalías, debido al exceso de liquidez evidenciado en años anteriores y como resultado de una inadecuada planeación y gestión de los recursos.

- Indebido manejo de anticipos que genera un riesgo alto de pérdida de recursos y suspensión de giros de regalías a los entes territoriales.

- Los proyectos financiados con recursos de las regalías en su mayoría no han sido terminados y entregados a las entidades territoriales para el beneficio de las comu-nidades, evidenciándose debilidades en la oportuna ejecución de dichos recursos ya que los mismos se encuentran a disposición para ser desembolsados.

- Los proyectos financiados con recursos de regalías no son ejecutados dentro de los plazos establecidos lo que genera reformulaciones que implican en algunos casos adicionar recursos, disminuir el alcance de los proyectos de inversión o reajustar precios, impidiendo que los recursos lleguen a la comunidad en los plazos establecidos para ello.

- Las entidades territoriales no están capacitadas para presentar proyectos para ser finan-ciados por el FNR de manera que los proyectos presentados son generalmente devueltos por el incumplimiento de requisitos. Se encontró que las entidades territoriales radican proyectos en el FNR sin la debida presentación ante las entidades viabilizadores.

- Dado lo anterior, dichas entidades no acceden a los recursos, lo cual genera una distribución inequitativa de las regalías entre los entes territoriales, pues muchas veces sólo son recibidas por los mismos entes que perciben, además, regalías directas.

Consecuencia de las irregularidades mencionadas.

• Bajo impacto social y económico de las regalías.

• Focos de corrupción que afectan la percepción que la comunidad tiene de las re-galías y las entidades territoriales.

• Congelamiento de regalías por parte del DNP.

• Debilidad institucional (gobernadores y alcaldes sancionados)

• Pérdida de activos que no se pueden recuperar.



Acto Legislativo No. 05 (AL No. 5)

La Contraloría General de la República participó activamente en el trámite legislativo a través de los análisis al proyecto y seguimiento en los diferentes debates en la Cámara de Representantes y el Senado. Allí se consideró que resultaba conveniente que las modificaciones constitucionales se armonizaran con las normas legales en la materia para que no se creara un sistema complejo de normas y de trámites, que complicaran aún más el manejo de los recursos de regalías, sobre todo, si se tíene en cuenta la baja capacidad técnica de las entidades territoriales para la planeación y estructuración de proyectos.

El Gobierno Nacional deberá presentar el proyecto de ley que desarrolle los aspectos relativos a determinar las condiciones para la explotación de los recursos naturales no renovables, así como la distribución, fines, administración, ejecución, control, uso eficiente, destinación y condiciones de participación de los beneficiarios de los recursos de regalías, ante lo cual la Contraloría General de la República hará un seguimiento oportuno y un análisis concienzudo.

De igual manera, nuestra entidad, consciente del reto que implica la creación del Sistema General de Regalías y del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación de estos recursos, así como los cambios adicionales que se originen con la aprobación del proyecto, o proyectos de ley que debe reglamentar el AL No. 5, está ajustando su estructura funcional para asumir, de manera oportuna y efectiva, el ejercicio del control fiscal, adoptando un enfoque integral que determine y distinga entre el proceso de generación de la regalía de aquel que tiene por objeto el uso y manejo de dichos recursos.

2. Planes Departamentales de Agua (PDA)

La Contraloría General de la República evaluó, a través del estudio transversal sectorial por parte de las contralorías delegadas para los sectores medio ambiente, minas y energía, social y economía y finanzas, la “Política de Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento - PDA” en cuyo documento se presentan las debilidades estructurales advertidas por el órgano de control que fueron puestas en conocimiento del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

El estudio contiene una evaluación de la política de los PDA9 con el fin de aportar a la regulación, control y vigilancia de los recursos destinados al apoyo de las actividades que de ellos se derivan. Se abordan los antecedentes de la política, la descripción de su marco normativo y los avances en su implementación, también se presenta un análisis de las fuentes de recursos, así como los invertidos a través de los esquemas de financiamiento existentes. Finalmente, se presenta una matriz de riesgos institu-cionales de las entidades del orden nacional, regional y local involucradas. Dentro de sus resultados se identifican debilidades técnicas en el diseño de los PDA y en el desarrollo de los proyectos, debilidades operativas del esquema, así como de carácter financiero, unido a la ausencia de un sistema de información claro y eficiente. Todo lo anterior limita el impacto y alcance de la política propuesta.

•• 9 SeutilizarálasiglaPDA,enreferenciaalaPolíticadenominadaPlanesDepartamentalesparaelmanejoempresa-rialdelosserviciosdeaguaysaneamiento.



Principales resultados: los recursos comprometidos por departamentos y municipios en el Patrimonio Autónomo Fondo de Inversiones para Agua PA FIA ascienden a $9.4 billones para las vigencias de 2009 al 2029. El 67% de ellos lo comprometen los de-partamentos y el 33% los municipios. Las fuentes de financiación provienen en 57.3% del SGP, 20.4% de regalías, 9% de audiencias públicas y 13.3% de otros recursos. Según informe del PA FIA, a 31 de enero de 2011 se encontraban vinculados a este esquema fiduciario 32 departamentos y 624 municipios.

Debilidades técnicas, de diseño y desarrollo de los proyectos: la implementación de los PDA no se ha adelantado con la celeridad que se planeó, por lo tanto, los logros no corresponden a las metas planteadas en los documentos de política: PND 2006 -2010 y los compromisos internacionales (Objetivos de Desarrollo del Milenio).

Persiste una baja ejecución de los recursos de los entes territoriales ya que, durante los dos años que ha estado en funcionamiento PA FIA, ha recaudado $1.1 billones, realizando pagos a contratistas y gestores, por solo $0.21 billones (19.2%), indicando que se encuentran sin ejecutar $0.97 billones (82.6%), evidenciándose retraso en el diseño, contratación y ejecución de las obras. Lo anterior genera inviabilidad a largo plazo del modelo gubernamental de los PDA.

No resulta viable estructurar los PDA bajo las mismas condiciones en todos los depar-tamentos, por cuanto implica desconocer la posibilidad de conformar esquemas regio-nales alternativos, mientras tanto se aumenta la carga fiscal de los entes territoriales en la implementación de esquemas que resultan inviables. Las economías de escala, argumentación base de los PDA, se pensaron únicamente para el manejo administrativo y financiero de los servicios públicos de APSB, y no para la estructuración, diseño y puesta en funcionamiento de los servicios.

Es preciso mejorar la capacidad técnica de los gestores y las gerencia asesoras con el fin de aumentar la calidad y el número de proyectos a presentar para su viabili-zación, y de esta forma agilizar la contratación y desarrollo de las obras. A octubre de 2010, según MAVDT10, existían 1.099 proyectos priorizados, de estos 441 (40%) fueron presentados en la Ventanilla Única siendo devueltos 146. Estos últimos han sido rechazados por las inconsistencias en la elaboración, diseño y presentación de los proyectos, como por el escaso acompañamiento de la Nación.

Como la Ley 1151 de 2007 no hizo obligatoria ni exclusiva la vinculación de los entes territoriales a los PDA a través del esquema de PA FIA11, actualmente 169 municipios han adquirido créditos con bancos y esquemas fiduciarios privados, respaldados con vigencias futuras excepcionales de recursos del SGP APSB. No obstante, no se definie-ron de forma clara los lineamientos que deben seguir estos proyectos, permitiendo la cesión de los derechos de este rubro por más de 19 años, sin tener claro el alcance de las actividades a ejecutar.

Dentro de los esquemas fiduciarios, a diciembre de 2010 según el MHCP, se reporta que el valor de los créditos a través del GFI - Alianza Fiduciaria S.A12. asciende a

10 MinisteriodeAmbiente,ViviendayDesarrolloTerritorial.

11 PatrimonioAutónomoFondodeInversionesparaAgua.

12 GrupoFinancierodeInfraestructura-AlianzaFiduciariaS.A.PrincipalGrupofiduciarioqueotorgarecursosparaelsectordeAguaPotableySaneamientoBásico,respaldadosconrecursosdelSistemaGeneraldeParticipaciones.

••



$393.294 millones entre 2009 y 2010 destinados a 108 municipios. De los cuales Antioquia, Bolívar, Cesar y Valle concentran el 53% de los recursos apalancados.

Con los recursos desembolsados de los anteriores créditos se han iniciado obras, sin embargo, en algunos casos el valor total del proyecto supera el valor del crédito, indi-cando ello que a pesar de comprometerse los recursos del SGP APSB13 por 19 años, éstos no alcanzarán a cubrir el desarrollo total de las obras, agravado por el hecho de que no se contará con disponibilidad de recursos hasta después del 2028.

Por otro lado, la ausencia de mecanismos de verificación de la calidad de los diseños de los proyectos genera riesgo a las inversiones, toda vez que solo el municipio es quien evalúa la idoneidad técnica, ambiental y financiera del mismo.

Debilidades operativas del esquema: aunque el MAVDT es el rector de la política de APSB aún no ha generado las estrategias e instrumentos necesarios para conocer el desempeño del sector, articular la oferta hídrica con la demanda y menos aún para hacer las auditorías a los PDA.

Luego de tres años de vigencia de la política del PDA, se desconocen las necesidades de inversión requeridas en el sector para alcanzar las metas. A la fecha, ni el MAVDT, ni el DNP14 han consolidado la información del Plan General Estratégico de Inversiones (PGEI) y, por lo tanto, no es posible conocer la estimación de dichas inversiones por ente y por componente (agua, alcantarillado, aseo).

La implementación de los PDA, sin que previamente se hubieran fortalecido las ca-pacidades técnicas de los departamentos y del MAVDT, no ha permitido avanzar en la ejecución de obras que garanticen el suministro de agua con las características de calidad, cantidad y continuidad requeridas.

Los entes territoriales entregan al PA FIA recursos para inversión y para subsidios, es decir, se está utilizando un esquema financiero que incluye un costo innecesario para el manejo de los subsidios, al existir la posibilidad del giro directo por parte de los municipios y distritos a los prestadores del servicio.

Una de las diferencias entre los esquemas de financiación (privado y gubernamental) se encuentra en los costos de transacción, relacionados con la oportunidad y facilidad del desembolso y los costos intrínsecos del crédito. También con la posibilidad de ade-lantar proyectos que no pasan por la Ventanilla Única, toda vez que no se apalancan con recursos de la Nación.

El hecho de que los municipios estén adquiriendo créditos que comprometen el SGP APSB por un período extenso de años, para realizar obras diferentes al objeto, revela debilidad técnica y operativa del MAVDT en el seguimiento, monitoreo y control del uso del SGP, función otorgada desde 2008.

Debilidades financieras: aún el MAVDT no cuenta con un análisis claro que permita identificar la totalidad de los compromisos pactados a través de giros directos para

•• 13 SistemaGeneraldeParticipacionesparaAguaPotableySaneamientoBásico.

14 DepartamentoNacionaldePlaneación.



15 MinisteriodeHaciendayCréditoPúblico

16 ConsejoSuperiordePolíticaFiscal••

las vigencias futuras de los recursos del SGP APSB, ni existe un control que posibilite evitar el doble compromiso de los mismos. No ha desarrollado ni implementado una estrategia clara e integrada con los otros organismos responsables, que le permita hacer el seguimiento, monitoreo y control a los recursos del SGP APSB y, por lo tanto, no es posible conocer el compromiso y el gasto que cada uno de los entes territoriales ha realizado a la fecha y el grado de efectividad de los mismos.

El MAVDT no se ha articulado con el DNP para establecer la integralidad de los proyectos de agua potable y saneamiento básico en el marco de los PDA con los proyectos adelantados con recursos de regalías.

Si bien para el MHCP15, en todos los casos, los esquemas de financiamiento establecidos no constituyen endeudamiento ya que las vigencias futuras de los recursos provenientes del SGP APSB tienen destinación específica y no se tienen en cuenta para el cálculo de la capacidad de endeudamiento de los municipios, resulta imperativo verificar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos por parte de los entes territoriales para el compromiso de vigencias futuras excepcionales, función de seguimiento que realiza el Gobierno Nacional de manera débil.

A la fecha, no se cuenta con información clara sobre el estado de cada una de las autorizaciones del CONFIS16 y el ajuste a los estatutos presupuestarios, necesarios para que los entes territoriales comprometan vigencias futuras excepcionales en el desarrollo de los PDA, según lo establecido por la Ley 819 de 2003.

Es necesario conocer la articulación de las inversiones que se realizan en el marco del Programa de Modernización Empresarial con los PDA, con el fin de evitar trasladar los problemas estructurales de algunos proyectos a las inversiones que se realizarán con estos recursos.

A partir de las reformas constitucionales y legales el Gobierno Nacional seleccionó al Con-sorcio PA FIA, no obstante, no hubo precisión sobre algunas condiciones requeridas para la vinculación de los entes territoriales, por lo cual, no existe una relación de causalidad entre la comisión fiduciaria y los recursos comprometidos, lo que podría conducir a la inviabilidad financiera para 419 municipios de los 624 que se encuentran vinculados.

Existe el riesgo de que los recursos de SGP APSB comprometidos no cubran el valor de la cuota de amortización de los créditos. Esto significa que los entes territoriales deberán acudir a sus recursos propios y a otras fuentes para cubrir el faltante.

En todos los casos, es preciso verificar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales por parte de los entes territoriales, para el compromiso de vigencias futuras excepcionales.

Carencia de sistemas de información: a pesar de que el MAVDT, el DNP y el MHCP, tienen a su cargo el control de los recursos que se destinan a la ejecución de los PDA, carecen de un sistema de información único, claro y consistente por departamento, municipio y distrito que permita conocer y controlar los montos de las inversiones proyectadas y realizadas. Adicionalmente, el DNP, no cuenta con las herramientas necesarias que permitan medir con indicadores claros el impacto alcanzado.



Finalmente, este estudio deja a consideración de los interesados, aportar a la discusión no sólo de las falencias en el diseño de la política, la efectividad y legalidad para el uso de los recursos, si no el impacto derivado de ella, en el corto y mediano plazo, con el fin de analizar, proponer y realizar los ajustes pertinentes y oportunos que requiere un tema de tal envergadura, en la cual no sólo se compromete el desarrollo de un país, sino la vulneración de un derecho fundamental.

Teniendo en cuenta lo anterior, la Contraloría General de la República entrará a realizar en el segundo semestre de 2011 una Auditoría Especial a la Política Pública generada para el desarrollo, implementación y ejecución de los Planes Departamentales de Agua.

3. Contratos de concesión en infraestructura

Actualmente el INCO tiene bajo su administración 25 contratos de concesiones viales que tienen un valor aproximado de $24 billones (pesos de mayo de 2011).

En el ejercicio del control fiscal realizado en el primer semestre del 2011, correspondiente a la vigencia 2010, la Contraloría General de la República ha evidenciado en cuatro de las veinticinco concesiones viales administradas por el INCO, los siguientes aspectos relevantes: modificaciones en el objeto contractual, autorización de la gestión predial en trayectos no incluidos en el alcance, incumplimiento de las normas al superar los montos legalmente establecidos para las adiciones, incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los contratistas sin que la entidad realizara las acciones correspondientes, deficiencias en el seguimiento por parte de los supervisores y la Interventoría, despla-zamiento en los cronogramas de obras, incumplimiento de hitos contractuales pactados en los cronogramas, suscripción de contratos de Interventorías después de terminada la etapa de preconstrucción, deficiencias en estudios y diseños, rentabilidad adicional al contratista e inicio de obras sin la obtención de la licencia ambiental.

Como resultado de la auditoría a la vigencia 2010, realizada durante el primer semestre de 2011, se establecieron 77 hallazgos administrativos, de los cuales 16 corresponden a hallazgos con presunto alcance fiscal con cuantía de $200.606.32 millones, sin incluir dos hallazgos con valor por determinar; 32 con posible alcance disciplinario y 11 con presunta incidencia penal, de los cuales se iniciarán los procesos de respon-sabilidad fiscal y se dará traslado ante las autoridades competentes.

En desarrollo de la auditoría se efectuó la evaluación técnica, ambiental, legal y fi-nanciera a las siguientes concesiones viales: Briceño-Tunja-Sogamoso, Bosa-Granada-Girardot, Ruta Caribe y Área Metropolitana de Cúcuta, donde se cuantificaron hallazgos con presunta connotación fiscal por $105.968.4, $50.093.6, $41.713.6 y $1.797.1 millones, respectivamente.

Con base en el concepto emitido sobre la gestión misional y la opinión, en torno a la razonabilidad de los estados contables, la Contraloría General de la República no feneció la cuenta fiscal del INCO, por la vigencia 2010.

Concepto sobre la gestión

Como resultado de la auditoría adelantada, se conceptuó que la gestión en las áreas,



procesos o actividades auditadas es desfavorable, debido a que se presentaron defi-ciencias que afectaron la gestión de la entidad.

Opinión sobre los estados contables:

Se emitió opinión negativa sobre la razonabilidad de los estados contables del INCO, con fundamento en los errores e incertidumbres evidenciados, los cuales suman $5.487.009,6 millones, lo que representa el 57.2% del total de los activos de la Entidad ($9.596.165,2 millones), aunado a los riesgos inherentes y de control evidenciados.

Principales hallazgos fiscales de la concesión Bosa -Granada -Girardot

• Impacto financiero desplazamiento de cronograma: el concesionario está recibiendo un beneficio adicional de $35.229 millones (pesos de 2011), debido al desplazamiento de los cronogramas y el incumplimiento de las inversiones programadas.

• Pago Otrosí No 15: el 20 de febrero de 2008 se le pagaron obras al concesionario, cuyo plazo de ejecución se encuentra vencido sin haberse ejecutado, por lo cual se genera un presunto detrimento patrimonial por valor de $13.218,4 millones (pesos de junio de 2011).

• Proyecto Transmilenio Soacha: los atrasos presentados en la ejecución de las obras con-llevaron a adicionar el contrato de interventoría en dos ocasiones para un total adicionado de $1.646,2 millones, con lo cual se está generando un presunto detrimento al patrimonio del Estado, recursos que incluyen aporte de la nación, del departamento y del municipio.

Principales hallazgos fiscales de la Concesión Briceño –Tunja- Sogamoso

• Estudio Financiero Segunda Calzada: no es claro como el ingreso esperado pasa de 1,2 billones a 1,8 billones (pesos de 2002), debido a que si bien es cierto se trans-forma un proyecto de tres carriles a uno de segunda calzada, el soporte presentado a la Contraloría y el concepto de la Interventoría, no aclaran el incremento del ingreso esperado en 600.000 millones (pesos de 2002).

• Trayectos 8, 9,10 Y 17: al utilizar los precios por kilometro del estudio suministrado por la entidad a la Contraloría, la obra costaría $296.842 millones y no $368.950 millo-nes, lo que indica que pudo haber un mayor pago, con lo que se configura un presunto detrimento al patrimonio del Estado por $92.501.7 millones (pesos de junio de 2011).

• Variante Tocancipá: según autorización impartida por INCO, mediante acta de acuerdo de fecha 15 de octubre de 2008, el concesionario inicio la gestión predial de los 93 predios requeridos para la construcción de la variante de Tocancipá. Dado que este trayecto no estaba incluido en el alcance del contrato de concesión y se adquirieron 56 predios con cargo a los dineros de la fiducia, se configura un presunto detrimento al patrimonio del Estado por valor de $10.790,7 millones (pesos de junio de 2011).

• Variante Puente de Boyacá: según autorización impartida por INCO, mediante acta de acuerdo de fecha 15 de enero de 2010, el concesionario inicio la gestión predial de los 87 predios requeridos para la construcción de la variante del puente de Boyacá.



Dado que este trayecto no estaba incluido en el alcance del contrato de concesión y se adquirieron 11 predios con cargo a los dineros de la fiducia, se configura un presunto detrimento al patrimonio del Estado por valor de $1.243,0 millones (pesos de junio de 2011).

• Adicional No. 1 de 2003: la entidad paga los estudios y diseños del tercer carril sin que estos hayan sido utilizados, puesto que con el adicional 1 de 2003 se contrató la elaboración de estudios y diseños de la segunda calzada. Esto configura un presunto detrimento al patrimonio del Estado por $1.433 millones (pesos de junio de 2011).

Principales hallazgos fiscales de la Concesión Ruta Caribe

• Pago AIU: se está reconociendo dos veces la administración, los imprevistos y la utilidad de algunas obras del Adicional 1, debido al reconocimiento del 20% de AIU sobre las obras del alcance básico y alcance progresivo y a la Tasa Interna de Retor-no (TIR) del proyecto (11.33%), lo cual genera un posible detrimento por $35.553 millones (pesos de junio de 2011).

• Deficiencias de la Interventoría Contrato 043 de 25-11-2008: se evidencian defi-ciencias en el cumplimiento de las funciones de la Interventoría e inoportunidad en la gestión del INCO, en la imposición de sanciones al concesionario, debido a que el incumplimiento se presentó a partir de julio de 2009 y el proceso sancionatorio inicio en marzo de 2011; el presunto detrimento patrimonial está por determinar.

• Atraso e incumplimiento en las obras: en el trayecto 3 construcción de segunda calzada Malambo – Sabanagrande, se evidencia incumplimiento en el cronograma vi-gente, el cual venció el 26 de febrero de 2010, por lo que se configura un presunto detrimento por un valor de $1.143.50 millones (pesos de junio de 2011).

• Disminución de remuneración: no se evidencian las acciones efectuadas por INCO para descontar la remuneración al concesionario, a pesar de que el interventor somete a consideración del INCO su descuento, por lo cual se configura un presunto detrimento por $1.990.11 millones (pesos de junio de 2011).

Principales hallazgos fiscales de la Concesión Área Metropolitana de Cúcuta

• Entrega trayecto 9: se evidenció incumplimiento en la entrega del tramo 9 que estaba contemplada para el 2 de diciembre de 2010, sin que se evidencie acciones de la interventoría para la aplicación de la indemnización a titulo de compensación, que deberá pagar el concesionario, lo que genera un presunto detrimento por $478,3 millones de pesos.

• Grúa - Vía Cúcuta – Pamplona: la grúa que tiene el concesionario para atender la vía Cúcuta – Pamplona, no se encuentra disponible en la vía, sin que se haya aplica-do disminución de la remuneración por no cumplir con las especificaciones técnicas de operación y mantenimiento, lo que genera un presunto detrimento patrimonial por $1.318,8 millones (pesos de 2011).

• Estación de pesaje fija y área de servicio en el peaje Gualanday: las obras en el área de servicio y la estación de pesaje fija del peaje de Gualanday no se terminaron ni se



pusieron en funcionamiento el 23 de diciembre de 2010, fecha para la cual deberían estar operando, conforme a lo previsto en el Otrosí No. 5 del 6 de agosto de 2010, sin que se evidencien gestiones tendientes a la aplicación de las disminuciones a la remuneración, lo que configura un presunto detrimento por $1.033.6 millones (pesos de 2011).

4. Sistema General de Participaciones (SGP)

El control fiscal de la Contraloría General de la República al SGP y demás transferencias de origen nacional ofrece la oportunidad de tener una mejor percepción institucional del desempeño de las entidades territoriales en la provisión de los servicios sociales de educación, salud y agua potable y saneamiento básico, pero genera retos para ejercer el control fiscal a 1.134 entidades territoriales que en conjunto ejecutan algo más de $30 billones que anualmente les transfiere la Nación.

Teniendo en cuenta que se maneja información masiva en diferentes sectores, la Contraloría Delegada para el Sector Social ha establecido como estrategia mejorar los sistemas de información relacionados con las transferencias intergubernamentales de la Nación, procurando proveer herramientas a los auditores para facilitar su labor. En este contexto desarrolló dos aplicativos.

El primero, denominado Consulta Conpes, genera reportes sobre la distribución del SGP a partir de los CONPES por entidad territorial, por sectores y subsectores, por tipos de entidad territorial y por CONPES. El segundo aplicativo, elaborado para Revisión Automatizada de la Información Rendida a la Contraloría General de la República por las entidades territoriales, realiza 884 pruebas de consistencia, tanto en las cifras pre-sentadas como en la correspondencia con la regulación presupuestal. Además, genera 19 reportes con indicadores que según los resultados presentan alarmas para que el auditor pueda orientar sus análisis, valorar preliminarmente la gestión y tener informa-ción clasificada para seleccionar muestras o enfocar sus programas de auditoría.

En el segundo semestre de 2010 se auditaron 148 entidades territoriales y un presu-puesto de $6,0 billones y en el primer semestre de 2011, 95 entidades territoriales y un presupuesto de $1.3 billones. La cobertura para estos dos semestres fue de 21,4% en sujetos (cobertura geográfica) y de 32,5% en presupuesto (cobertura en recursos) y un total de $7.3 billones auditados en 243 entidades territoriales.

Este resultado evidencia la tendencia presentada durante esta administración de pri-vilegiar los sujetos según los recursos recibidos, lo cual explica la diferencia entre la cobertura en recursos (32,5%) y la cobertura geográfica (21,4%). El indicador de la relación entre estas dos coberturas (32,5% / 21,4%) = 1,51 expresa la priorización dada a los recursos al seleccionar los sujetos a auditar, teniendo en cuenta que los efectos sociales derivados del inadecuado manejo de los recursos perjudican a mayor número de personas cuando los montos asignados son mayores que cuando corres-ponden a proporciones menores de asignación de recursos.

Para incrementar la cobertura geográfica, la Contraloría General de la República tra-baja en el diseño de estrategias que le permitan abordar el control fiscal de pequeños municipios que mejoren la relación entre personal asignado y presupuesto auditado para alcanzar mayor cobertura bajo criterios que optimicen la asignación de recursos medida con relación no a la cobertura geográfica sino a los recursos auditados.



5. Ola invernal

Fondo Nacional de Calamidades

La Contraloría General de la República ha realizado seguimiento a los recursos apro-bados por el Fondo Nacional de Calamidades-Subcuenta Colombia Humanitaria, den-tro de los convenios de las entidades del orden nacional, los ministerios e institutos descentralizados, por valor de $2.356.03217 millones, de los cuales se han girado $456.234 millones a las entidades lo que corresponde a un 19.4%.

Gráfico 5.1

Recursos del Fondo Nacional de Calamidades

Fuente: Fiduprevisora

Gráfico 5.2

Porcentaje de ejecuciónEntidades Nacionales


•• 17 InformeFiduprevisora04-08-2011.

De estos recursos, las entidades nacionales se encuentran ejecutando el 70,1%, lo que equivale a $319.765 millones.



Compromisos Priorización Compromisos Giros Desembolsos Recursos % de y aprobación /convenios efectuados solicitados legalizados recursos en por CH por las ejecución entidades

Convenios 2.356.032 2.024.351 456.234 319.765 7.552 70,1% Ministerio de Educación Nacional 258.838 258.838 55.000 44.807 1.101 81,5% Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 598.511 516.171 100.800 86.242 - 85,6% Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - Vivienda y Gramalote 4.966 4.966 800 800 - 100,0% Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - Aguas y Saneamiento Básico 212.354 212.354 30 30 - 100,0% Ministerio de Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial - Ambiente 381.191 298.851 70.000 55.442 79,2% Ideam 2.620 2.610 2.610 1.015 - 38,9% Ministerio de Agricultura 546.997 546.997 100.000 95.342 3.697 95,3% Federacion Nacional de Cafeteros 57.000 57.000 18.500 19.315 - 99,0% Ministerio del Interior y Justicia - Dgr 71.802 61.802 61.802 27.519 - 44,5% Ministerio de la Protección Social 63.458 9.679 3.000 - - 0,0% Ministerio de la Protección Social - Rehabilitación Hospitalaria y Saneamiento 56.779 3.000 3.000 0,0% Icbf 6.679 6.679 - - - Ministerio de Transporte 364.500 354.500 40.000 29.080 - 72,7% Invias 354.500 354.500 40.000 29.080 - 72,7% Inco 10.000 - - - - Aeronautica Civil 6.680 - - - - Ministerio de Cultura 404 404 162 162 - 100,0% Ministerio de Defensa 188.606 188.554 49.421 32 - 0,1% Defensa Civil 20.152 20.152 5.000 32 - 0,6% Armada Nacional 421 421 421 - - 0,0% Policía Nacional 8.353 8.353 - - - Ejército Nacional 159.680 159.628 44.000 - - 0,0% Acción Social 160.609 10.609 7.752 6.072 - 78,3% Dane 7.188 7.188 7.187 5.088,30 - 70,8% Igac 8.820 - - - - Cruz Roja 10.000 10.000 10.000 6.090 2.754 60,9% Naciones Unidas 10.000 - - - -


Cuadro 5.5

Ejecución de recursos según entidadesCifras en millones de pesos

Acción Social ha comprometido todos los recursos a la fecha. Se han efectuado desem-bolsos por $6.072 millones de los $7.752 millones girados por Colombia Humanitaria, lo cual equivale a un 78%.

El DANE ha ejecutado $5.088,30 millones, equivalentes al 70.8% de los recursos girados por Colombia Humanitaria, $7.187 millones.

A continuación se especifican algunos de ellos:



En la Dirección de Gestión del Riesgo (DGR), ha ejecutado $ 27.519 millones, equivalen-tes al 44,5% de los recursos girados por Colombia Humanitaria, $61.802 millones.

El Ministerio de Defensa (responsable de supervisar convenios de Policía Nacional, Ejército, Defensa Civil y Armada): El convenio del Ejército Nacional ya se firmó, sin ejecución a la fecha.

Al ICBF se le aprobó, en Junta Directiva No. 28 del 23 de Junio de 2011, recursos por valor de $6.679 millones. A la fecha no ha firmado convenio interadministrativo con la Fiduprevisora.

A la Aerocivil se le aprobaron $6.680 millones en junta 29 del 30 de junio del 2011. A la fecha no se ha firmado convenio interadministrativo. Se evidencia que se presentó retardo en la presentación del proyecto ante la Junta del FNC, ya que los daños en los aeropuertos a rehabilitar, Tolú, Saravena, Pasto y Guaymaral ocurrieron durante el mes de marzo y el proyecto fue aprobado hasta el mes de junio.

El INCO no ha firmado convenio interadministrativo a la fecha.

El Ministerio de Medio Ambiente ha ejecutado $86.242 millones, equivalentes al 85.6% de los recursos girados por Colombia Humanitaria, que asciende a $100.800 millones.

El INVIAS está ejecutando $29.080 millones, equivalentes al 72.7% de los recursos girados por Colombia Humanitaria, por valor de $40.000 millones.

Funciones de advertencia

La Contraloría General de la República ha adelantado un especial seguimiento a las funciones de advertencia proferidas con ocasión de la administración de los recursos destinados a la atención de los efectos producidos por la ola invernal y ha permi-tido evidenciar posibles riesgos en la administración y/o ejecución de los recursos destinados a la fase I - Atención Humanitaria.

Estas advertencias (34) han estado dirigidas principalmente a las corporaciones au-tónomas regionales, entes nacionales y entes territoriales con el 11%, 23% y 66% respectivamente.



Gráfico 5.3

Distribución de las funciones de advertencia según tipo de entidad

Fuente: Contraloría General de la República

De diciembre de 2010 a mayo de 2011 éstas han estado direccionadas en un 61% a los operadores, sobre los cuales se han identificado tres debilidades: 1. Información reunidos, 2. Experiencia e idoneidad y 3. Sobrecostos, siendo este último el más recu-rrente y sobre el cual se ha logrado corroborar, como por ejemplo Sucre y Bolívar (se encuentran con auto de apertura proyectado a espera de cotizaciones que cumplan con los requisitos del Código de Comercio y circunstancias de tiempo, modo y lugar)

Gráfico 5.4

Distribución de las funciones de advertencia según ejecuciones

Fuente: Contraloría General de la República

El detalle de las funciones de advertencia expedidas por la Contraloría General de la República es el siguiente:



No.Detalle de La Contratación

DetalleOperador

ContratistaContrato No.

fechaObjeto/Tema Valor

1 Departamento de Casanare

Cruz Roja Colom-biana

Mandato N° 120 del 31 de enero de 2011

Prestación de servicios para la dirección, administración y control de recursos destinados a la atención humanitaria

$ 579.915.000,00

2 Departamento del Cesar

Club de Leones de Valledupar “Monarca”

Contrato 2011-04-000-1, del 24 de enero de 2011

Prestación de servicios para la dirección, administración y control de recursos destinados a la atención humanitaria

$ 7.804.260.000,00

3 Departamento de Santander

Caja de Subsidio Familiar de San-tander - CAJASAN

Mandato Nro. 00028, del 28 de enero de 2011

Prestación de servicios para realizar actividades multipropósito de ayuda humanitaria

$ 8.573.355.000,00

4 Departamento de Risaralda

Cruz Roja Colom-biana Seccional Risaralda

Contrato Nro., 090, el 28 de enero de 2011

Prestación de servicios para realizar actividades multipropósito de ayuda humanitaria

$ 2.023.087.500,00

5 Departamento de Boyacá

Cruz Roja Colom-biana Seccional Boyacá

Contrato sin Nro. del 28 de enero de 2011

Prestación de servicios para atender la fase de atención humanitaria

$ 6.018.000.000,00

6 Departamento de Sucre

Cruz Roja Colom-biana Seccional Sucre

Contrato de man-dato sin número, del 28 de enero de 2011

Prestación de servicios de dirección, administración y control de los recursos transferidos por el FNC -

$ 11.060.000.000,00


NA NA A la Gobernación de Sucre por posibles situaciones de inundaciones que se pre-sentan en los municipios de la rivera del rio cauca, región de la mojona sucreña.

$ 0,00


Cruz Roja Colom-biana Seccional Sucre

Contrato de mandato sin nú-mero, del 28 de enero de 2011. Subcontratos con proveedores: contrato N| 1 con María Helda Zu-luaga de Botero, y contrato N° 2 con Fundación Unidos por Colombia.

Suministros alimentarios no perecederos e insumos de aseo No. 1

$ 1.002.752.200,00

Suministros alimentarios no perecederos e insumos de aseo No. 2

$ 8.620.598.400,00

9 Departamento de Córdoba

Cámara de Comer-cio de Montería

Convenio sin nú-mero, del 28 de enero de 2011

Apoyo humanitario a las familias damni-ficadas por la ola invernal, fenómeno de La Niña 2010-2011 (Primer giro)

$ 12.732.629.436,00

10 Departamento del Valle del Cauca

Corporación para la Gestión de Riesgos - CORPO-RIESGOS

Contrato N° 060 de 2011

Operación, compra y entrega de apoyo humanitario para las familias de los municipios del Valle del Cauca afectadas por la ola invernal.

$ 6.958.245.000,00

11 Departamento de Magdalena

Defensa Civil Colombiana Convenio 01 del 28/02/2011, por valor de $25,537,207,500

Contrato con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares

Adquisición de kits de alimentos y de aseo en condiciones de empaque, emba-laje y entrega requerida por el FNC.

$ 6.839.596.800,00

Contrato con ALROVILLA y Cía. S.A.


$ 2.177.093.600,00

Contrato con MAKRO Superma-yorista S.A.


$ 4.280.337.578,00

12 Departamento del Atlántico

NA NA NA $ 0,00

Detalle de las Funciones de Advertencia

Cuadro 5.6

Continúa en la página siguienteFuente: Contraloría Delagada para la Participación Ciudadana



13 Departamento del Chocó

COMFACHOCÓ Contrato de Operación 032 del 25/02/2011; Contrato 09 del 11/02/2011

Operación, compra y entrega de ayuda humanitaria para los damnificados del departamento del Chocó.

$ 0,00

14 Invias N.A N.A Ejecución de obras de emergencia, obras de protección, reconstrucción, rehabilita-ción en la zona de la Mojana

15 Departamento de Antioquia

CRUZ ROJA COLOMBIANA

Contrato - convenio 2011 -SS26001

Operación, administración y ejecución de recursos transferidos por FNC, para rea-lizar actividades multipropósito de ayuda humanitaria, entrega de alimentos, artículos de primera necesidad, apoyo para arrendamientos y transporte

$ 3.675.000.000,00

16 Alcaldia de Cucuta - Norte de Santander

CORPRODINCO Contrato de Mandato SN-26/01/2011

Operación, administración y ejecución de recursos transferidos por FNC, para rea-lizar actividades multipropósito de ayuda humanitaria, entrega de alimentos, artículos de primera necesidad, apoyo para arrendamientos y transporte

$ 3.318.990.000,00


NA NA NA $ 0,00


COMFAMILIAR Convenio 104-2011000007 28/01/2011

Operar la entrega de apoyos humani-tarios para los damnificados de la ola invernal - entrega de kits alimentación y aseo

$ 9.249.607.500,00

19 Departamento de Cauca


Contrato Sin No. 28/01/2011

Prestación de los servicios de dirección, administración y control de los recursos transferidos por el FNC, para realizar actividades multipropósito de ayuda humanitaria: entrega de alimentos, artículos de primera necesidad y apoyo arrendamientos.

$ 6.546.277.500,00

20 Departamento de La Guajira

COMFAGUAJIRA Contrato de asociación y co-operación No. 01 del 31/01/2011

Unir esfuerzos con el sector privado para la ejecución de actividades requeridas para la atención humanitaria y rehabili-tación de las zonas afectadas de acuerdo a lo previsto con el FNC.

$ 3.872.347.500,00

21 Alcaldia de Cucuta - Norte de Santander

CORPRODINCO N.A N.A $ 0,00

22 Departamento de Antioquia


Contrato de mandato No. 2011-SS-26-001 28/01/2011

Administración y ejecución de los recur-sos destinados para mitigar los efectos de la ola invernal en el Departamento de Antioquia.

$ 3.675.000.000,00

23 Operadores de Recuros Fnc

N.A N.A Contratos para operación fase atención humanitaria. Operación, administración y ejecución de los recursos transferidos por el FNC para realizar las actividades de ayuda humanitaria: entrega de ali-mentos, artículos de primera necesidad, apoyo para arrendamientos y transporte entres otros.

$ 0,00

24 Dane N.A N.A Registro Unificado de damnificados de la Ola Invernal

$ 0,00

Cuadro 5.6



Detalle OperadorContratista

Contrato No. fecha

Objeto/Tema Valor

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Fuente: Contraloría Delagada para la Participación Ciudadana



25 Ministerio de Ambiente Vivienda Y Desa-rrollo Territorial, Ministerio de Transporte, Cor-magdalena, Car - Bajo Magdale-na, Gobernación del Atlántico Y Bolivar

N.A N.A Ruptura Canal del Dique Municipios Campo de la Cruz, Santa Lucia, Manatí, Bohórquez, calamar, Suan, Candelaria, Sopla viento, San Estanislao de Kostca y otros, se advierte frente a nuevos riesgos por el recrudecimiento de las lluvias, afectando los municipios vecinos al canal derivados de filtraciones o rupturas de este.

$ 0,00

26 Ministerio de Ambiente Vivienda Y Desarrollo Territorial, Car -cvc, Municipio de Santiago de Cali - Valle del Cauca

N.A N.A Riesgos relacionados con el jarillón del río Cauca

$ 0,00

27 Car - Cvc N.A N.A Desbordamiento del río Fraley a la altura del corregimiento La Dolores - Municipio de Palmira; y los riesgos de ruptura de los diques bajo la jurisdicción de la CVC

$ 0,00

28 Corporaciones Autonomas Regionales - Car´s

N.A N.A Obras de reparación de jarillones y de-más, necesarias para evacuar las aguas e impedir futuras inundaciones

$ 0,00

29 Invias FIDUPREVISORA Convenio No. 1005-09-027-2011

Atender plan de acción - INVIAS $ 237.120.000.000,00

30 Acción Social, Ministerios, Fondo Nacional de Calamidades, Fondo Nacional de Adaptación, Alcaldes Y Gobernadores

N.A N.A N.A $ 0,00

31 Departamento de Bolívar

CONVENIO COMFAMILIAR $25,608,819,000 comisión del 5% $1,272,011,250

Distribuciones el Universal

Adquisición y entrega de 140,290 kits alimenticios para las 70.145 familias damnificadas de la ola invernal - Depar-tamento Bolívar

$ 20.875.152.000,00

Fundación Auto-gestionaria Roca de Refugio

Adquisición y entrega de 70,145 kits aseo para las 70.145 familias damnifi-cadas de la ola invernal - Departamento Bolívar

$ 3.461.655.750,00

32 Fondo Nacional de Calamidades

N.A N.A Sobrecostos $ 0,00

33 Departamento de Boyacá - Boyacá


AAlmacenes El Paraíso

Prestación de los servicios de dirección, administración y control de los recursos transferidos por el FNC.

$6,018,000,000

Almacenes El chispazo

Supermercado familiar

34 Municipio de Mosquera - Cun-dinamarca

N.A N.A N.A $ 0,00

Total $ 376.481.900.764,00

Cuadro 5.6



DetalleOperador

ContratistaContrato No.

fecha Objeto/Tema Valor





Sobre las funciones de advertencia relacionadas con el sobrecosto, se puede informar que fueron identificadas 14 por valor de $ 106.338.253.350,00, de las cuales se están adelantando los correspondientes análisis para identificar cuáles serían los valores por tal concepto.

Urgencias manifiestas

El seguimiento y monitoreo a las urgencias manifiestas proferidas por los entes territo-riales con ocasión de la emergencia invernal ha permitido evidenciar posibles riesgos a la administración y/o ejecución de los recursos destinados a la Fase I - Atención Humanitaria, relacionados a posibles sobrecostos; selección no objetiva de los con-tratistas y presunta omisión en el cumplimiento de sus funciones, al no celebrar la contratación respectiva que permita palear los efectos argumentados para la declaratoria de la urgencia manifiesta entre otras.

Las herramientas utilizadas para tal fin han sido dinámicas y acordes a las necesidades del control en tiempo real a los recursos que han sido destinados con ocasión de la emergencia invernal. Entre estas, cabe destacar la Circular Conjunta 018 con la Au-ditoría General de la República y su circular conjunta de ejecución, con las cuales se buscó configurar un sistema de reporte de información de los entes territoriales sobre la contratación que se efectúa bajo el amparo del régimen privado de contratación que autorizó el artículo 25 del decreto 919 y las disposiciones legales de la declaratoria de la urgencia manifiesta.

En el marco de estas circulares, los entes territoriales han rendido la información correspondiente a los actos administrativos mediante los cuales declaran la urgencia, la contratación correspondiente, el origen de los recursos y la fase de la atención de la emergencia.

A corte 25 de julio, 19 de los 32 departamentos y algunos de sus municipios han reportado la información solicitada en la cual se pudo evidenciar lo siguiente:

Personas Naturales y/o Jurídicas con dos o más contratos.

Se identificaron 2 contratos en el departamento del Atlántico con adiciones que superan más del 50%. Comfamiliar – Atlántico y Fundación Universidad del Norte.

Duplicidad en la información suministrada lo cual generó retrasos en la selección, organización y análisis de la información.

Operadores

El grupo de gestión de operadores hace seguimiento a los recursos destinados por el Gobierno Nacional, para atender a los damnificados por la ola invernal 2010-2011, fenómeno de “La Niña”, en sus fases de atención a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción.

El valor total de los recursos sobre los cuales se hace el seguimiento, a 25 de julio de 2011, asciende a setecientos ochenta y cuatro mil ciento cuarenta y siete millones



de pesos ($ 784.147,49 millones), que es el valor girado por la Fiduprevisora a los diferentes entes territoriales, distribuidos así:

Concepto Total giros Ejecución % de ejecución Valor legalizado

Ayuda Humanitaria 356.930,94 259.149,33 73% 115.319,38Albergues 146.584,36 49.138,37 33% 5.903,27Obras Mayores 8.356,51 3.555,64 43% Obras Menores 231.006,24 68.525,87 30% Contención de aguas 41.269,44 14.639,66 35% TOTAL 784.147,49 394.008,87 50% 121.222,65

Fuente: CCR

Cuadro 5.7

Asignación de Recursos Según DestinaciónCifras en millones de pesos

La ejecución de estos recursos, desde el punto de vista de los giros a los operadores, asciende en total a $ 394.008,87 millones de pesos, que son el 50% del total gira-do a los diferentes entes territoriales, observando que el concepto que presenta una mayor ejecución es el de las ayudas humanitarias, dentro de las cuales están los Kit de alimentos, kit de aseo y subsidios de arrendamientos.

Con respecto a la legalización de estos recursos por parte los entes territoriales, sola-mente han legalizado $121.222,65 millones de pesos, especialmente en el tema de ayudas humanitarias.

Para cotejar en campo algunas situaciones que evidencian riesgo de inadecuado uso de los recursos públicos para obras, se adelantaron visitas de campo a los departamentos de Norte de Santander (Cúcuta, Bochalema, Villa del Rosario, Los Patios, Durania y Pamplonita), Atlántico (Campo de la Cruz, Santa Lucía y Villarosa), Bolívar (San Cristó-bal, Soplaviento, Arenal, Santa Catalina, Magangué, Cicuco, Arjona, Mahates, Córdoba, Achí, Regidor, Atillo de Loba), Sucre (Guaranda, Buenavista, San Benito Abad y La Unión) y Antioquia (Nechí), de las que en general se concluye:

Posible improvisación en la conceptualización, adjudicación, diseño y ejecución de los proyectos de los entes territoriales (Soplaviento, Magangué, Cicuco, Arjona, Regidor, Bolivar; Nechí, Antioquia; Cúcuta, Bochalema, Los Patios, Durania, Pamplonita, Norte de Santander).

Posible duplicidad de objetos contractuales o concurrencia de recursos por el ente territorial (Mahates, Bolívar; La Unión, Sucre).

Presuntos sobrecostos por ausencia del análisis de los costos unitarios (Sabanalarga, Atlántico; San Cristóbal, Santa Catalina, Cicuco, Mahates, Córdoba, Atillo de Loba, Bolivar; Buenavista, Sucre; Cúcuta, Bochalema, Pamplonita, Norte de Santander).

Mala calidad en los materiales utilizados (Villa Rosa, Atlántico; Cicuco, Bolívar; Du-rania, Norte de Santander).

No hay seguimiento real por parte de las interventorías y falta de idoneidad de las mis-mas (Sabanalarga, Atlántico; Bochalema, Los Patios, Durania, Norte de Santander).



Las supervisiones son deficientes y en algunos casos inexistentes (San Cristóbal, Bolívar).

Carencia de idoneidad técnica de los contratistas de obras (Achí, Bolívar; Guaranda, Buenavista, Sucre; Nechí, Antioquia; Durania, Norte de Santander).

En muchos casos no se encuentran diseños de obra, estudios previos ni bitácoras de obra (Sabanalarga, Atlántico).

Diferencias entre los presupuestos de obra y la ejecución de los mismos (Córdoba, Bolívar).

Omisión y problemas en el levantamiento de las actas de inicio, parciales y definitivas de obras (Santa Catalina, Córdoba, Bolívar; Nechí, Antioquia; Bochalema, Norte de Santander).

Personal sin dotación ni equipamiento y sin acreditar pagos de seguridad social (Campo de la Cruz, Atlántico; Santa Catalina, Bolívar; Cúcuta, Durania, Norte de Santander).

En muchos casos no existen programas de inversión y flujo del anticipo (Guaranda, Sucre).

Incumplimiento de los cronogramas de obra, ausencia de los mismos y problemas de avances de obras (Villa Rosa, Atlántico; Santa Catalina, Cicuco, Achí, Bolívar; Buena-vista, San Benito Abad, Sucre; Nechí, Antioquia; Pamplonita, Norte de Santander).

Problemas en pólizas y garantías (Los Patios, Norte de Santander).

Con base en estas situaciones encontradas, se formularon 14 funciones de advertencia a los diferentes municipios visitados; una función de advertencia al Fondo Nacional de Calamidades, una función de advertencia al INVÍAS; 12 traslados a la Procuraduría General de la Nación, 4 traslados a la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, 20 funciones de advertencia para las interventorías.

De las visitas realizadas a Norte de Santander se obtuvieron los siguientes resultados: seis funciones de advertencia a los municipios visitados, una función de advertencia a la Universidad Francisco de Paula Santander (interventoría), cinco traslados a la Procuraduría General de la Nación y un traslado a la Contraloría Delegada para In-vestigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva.

En la revisión realizada a la documentación soporte de la contratación de las obras menores, mayores y de contención de aguas se evidencian los siguientes aspectos más relevantes y reiterativos:

No se cuenta con los presupuestos de obra que permitan identificar claramente las obligaciones de los contratistas, ni los valores detallados para determinar cumplimiento de contrato y posibles sobrecostos.

Es reiterativa la contratación con una misma persona natural o jurídica para realizar varias obras en un mismo municipio.

Algunos contratos no contemplan las garantías únicas de cumplimiento y en los que se encuentran el plazo no coincide con lo determinado en los contratos.



La contratación de la interventoría no se ajusta a lo establecido en las directrices de Colombia Humanitaria, en cuanto al tiempo que debe ser por un mes más al del tiempo de la ejecución de la obra.

Se resalta el caso de Arenal (Bolívar), donde la ejecución de las obras menores no pre-senta irregularidades ni observaciones, y de Villa del Rosario (Norte de Santander).

Sistema Nacional Ambiental

Las entidades del Sistema Nacional Ambiental tienen misiones trascendentes en la prevención y atención de desastres, por lo que el especial seguimiento a la emergencia invernal 2010-2011 desarrolla una línea de trabajo que vigila su gestión.

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial (MAVDT) aplicó a los re-cursos del FNC, presentando para la consideración de su Junta Directiva un conjunto de proyectos que serían ejecutados por las CAR, por la Unidad de Parques Nacionales Naturales, por algunas entidades territoriales y por el MAVDT directamente. Compren-den $260.732 millones aprobados el 17 de marzo, $38.119 millones aprobados en la Junta del 19 de mayo y $32.340 millones aprobados en las Juntas de los días 2, 9 y 16 de junio.

Producto de tal línea de seguimiento se han emitido circulares y advertencias dirigidas al sector ambiental, relacionadas con el tema de ola invernal y se realiza seguimiento a la respuesta dada por las autoridades mencionadas en ellas.

De otra parte, la Contraloría ha participado en varias reuniones con la Directora del Fondo de Adaptación y su equipo para que el tema ambiental sea considerado de manera adecuada en la operación de ese fondo y en la debida asignación de los cuantiosos recursos que hay para esta fase que comienza, donde el tema ambiental debe ser preponderante y la respuesta del Estado y la inversión de los recursos de reconstrucción debe considerarlo como eje de acción, dadas las causas de la ola inver-nal que llevaron a la declaración de la emergencia y a la crisis que hay que conjurar y prevenir en el futuro.

Se ha implementado un esquema de seguimiento por parte del Ministerio de Ambiente y el IDEAM con el que se adelanta la supervisión técnica de manera que se evalúan los efectos ambientales de las obras, supervisión financiera y de pertinencia de las obras y proyectos aprobados por el FNC para cumplir los fines de la mitigación de la emergencia y la reducción de la vulnerabilidad y los riesgos.

El esquema de seguimiento va a contar con una ficha para cada sitio de intervención (son 92 proyectos aprobados que constan de 287 sitios de intervención concretos, se está realizando una ficha para cada sitio, lo que está actualmente en montaje). Las fichas contienen además de la información ambiental y la relación que tiene cada proyecto con la dinámica hídrica de la fuente respectiva, la información geográfica (se diseñó un sistema de información geográfica que presenta los puntos georeferenciados). Esas fichas contienen además información sobre participación ciudadana (reuniones realizadas de socialización y de veedurías ciudadanas impulsadas con las actas res-pectivas); datos como empleos generados y población beneficiada; fotografías antes de iniciar la inversión, durante la ejecución y una vez finalizada; entre otros temas.



Cada uno de los sitios de intervención es responsabilidad de alguno de los contratistas que están verificando la ejecución de los proyectos y sus problemas en campo, me-diante visitas concretas a los sitios y a ello se sujetan el giro de recursos. Cada sitio de intervención cuenta con una valla informativa para la ciudadanía con los logos del Ministerio, la CAR o entidad ejecutora respectiva y de Colombia Humanitaria.

Aunque se han presentado retrasos en algunos temas de ejecución de recursos por parte del sector ambiental, esta situación ha variado en los últimos días mejorando las cifras de ejecución a la fecha.

El ministerio acepta que los requerimientos realizados por la contraloría y las reunio-nes de seguimiento y compromisos adquiridos han contribuido a que avance en la cifra de ejecución y en el montaje de un estricto esquema de seguimiento propio a la ejecución de los recursos que les aprobó el FNC. La contraloría reconoce los avances en el diseño del esquema de seguimiento y supervisión realizado por el ministerio y los esfuerzos de los últimos días por avanzar en la cifra de ejecución.

Denuncias

En materia de denuncias por la emergencia invernal, la Contraloría General de la República desarrolla el seguimiento de las presuntas irregularidades de los hechos que ha conocido a través de los ciudadanos. Al contar con la participación de ellos se cuenta con la herramienta de impulso para los procesos de investigación en la ocurrencia de hechos o conductas que vulneran el ordenamiento jurídico respecto de los fondos o bienes de la Nación.

Producto de la línea de trabajo de las denuncias ciudadanas, encontramos que los hechos más denunciados son los siguientes:

• Inexactitud en el censo de quien denota la calidad de damnificado.

• Incumplimiento y/o indebida entrega de ayudas.

• Ausencia de protocolo en la adquisición, conservación y entrega de las ayudas.

• Utilización de los recursos para efectos de carácter político.



Departamento Accion Relevante / Resultado

Santander Resultado: (i) En la entrega de bonos por parte del operador Cajasan, se cuantificó, caracterizó, y se determinó el Hallazgo Fiscal por la CGR en las entregas realizadas en los municipios de Sabana, San Alberto, Puerta del Sol, y Vélez. Se trasladó ante la Oficina de Vigilancia fiscal de la Gerencia de Santander.Resultado: (ii) A partir del estudio de las denuncias, se solicitó informe al Interventor del Contra-to 028 celebrado entre Operador Cajasan y la Gobernación, evidenciándose que las ayudas no habían sido entregadas, generando un reconocimiento y compromiso del interventor del operador generando como resultado la entrega de las ayudas a los municipios de Rionegro, San Rafael, Giron, Albania, Puerto Parra, Santa Helena de Opo y Bucaramanga.

Sucre Acción Relevante: A partir de la visita realizada al depto, se encontró una presunta responsabilidad fiscal, frente a la falta de ejecución de contratos de obras civiles para las denominadas obras me-nores, cuyos contratos no cuentan con la documentación requerida para ser formalizados y pese a ello se le giro al contratista el 40% de anticipo. Las obras contratadas no se han ejecutado y vencen el día jueves 11 de agosto. Lo anterior conlleva la acción de previa estudio que se adelanta en la actualidad a la determinación de Apertura de Juicio de Responsabilidad Fiscal.

Magdalena Acción Relevante: El operador Cormagdalena es el responsable del diseño ´para atender las emergencias en los municipios del río Magdalena, de conformidad con el contrato 0061 del 2010, cuyo valor del contrato es la suma de $45.283.018.868 y se encuentra aprobado para el municipio de Plato la suma de $3.728.887 millones cuyo objeto es la construcción de puertas de peaje-policía. Se evidenció que se realizó un adicional a dicho contrato, para el taponamiento de un boquete causado por ola invernal, encontrando una irregularidad en el adicional, por haberle dado una destinación diferente a los recursos apropiados para un fin determinado. La presunta irregularidad encontrada conlleva la conformación de un Hallazgo Fiscal que originará, previa la cuantificación ofrecida por el ingeniero perito, la apertura del proceso de responsabilidad fiscal.

Valle Del Cauca

Acción relevante: Allanamiento con la Fiscalía General de la Nación, en el cual se encontraron 320 cajas de harina de trigo donados a Colombia Humanitaria, almacenados de manera ilícita.

Atlántico Resultado (i) :A partir de denuncia ciudadana se efectuaron las gestiones que conllevaron a determinar la apertura de Proceso de Responsabilidad Fiscal 80083-0531 sobre los hechos denunciados con relación al contrato de mandato numero 008 de febrero 10 de 2011 suscrito con el operador combarranquilla,

Atlántico Acción Relevante, se determinó que el dinero de obras menores aprobado a la Administración Municipal de Manatí, para la construcción de canalización de los Arroyos de Pantano y Qui-rro, fueron aprobados por Colombia Humanitaria, de lo cual se efectuó giro por la suma de $ 72.000.000 para la correspondiente a Quirro y se detuvo el giro correspondiente a la del Pana-tano por Colombia Humanitaria, con ocasión de la denuncia interpuesta.


Cuadro 5.8

Acciones relevantes / resultados vigilancia fiscal

La contraloría ha adelantado actuaciones especiales en los departamentos de Valle del Cauca, Santander, Magdalena, Antioquia, Sucre, Risaralda, Nariño y Atlántico, estable-ciendo potenciales hallazgos relacionados con la utilización de bonos para la entrega de las ayudas en los departamentos de Santander, Magdalena y Valle del Cauca.

Del universo total de denuncias ola Invernal (1051) Traslado ante Procuraduria 361 Traslado ante Fiscalía 51

Acción de Traslado ante Órganos de Control (Procuraduría y Fiscalía)

Cuadro 5.9

Fuente: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana



6. Control de los recursos públicos de cara a las elecciones de octubre de 2011

Esta estrategia de seguimiento se fundamenta en el ejercicio de las facultades cons-titucionales y legales de la Contraloría General de la República, especialmente las establecidas en los artículos 103, 119, 267, 270 de la Constitución Política Nacional, la ley 42 de 1993 y el Decreto 267 del 2000.

Seguimiento a la consulta de partidos (29 de mayo de 2011)

El operativo de campo efectuado hizo las veces de un complemento a los análisis realizados previamente sobre costos electorales y sobre la logística y la actividad con-tractual para el desarrollo de las consultas. Conocida por anticipado la distribución geográfica de los puestos de votación, se organizaron grupos de trabajo para visitar, durante el transcurso de la jornada, la mayor cantidad posible de locaciones dispuestas por la Registraduría Nacional del Estado Civil para el evento.

El operativo procuró detectar situaciones de irregularidad en materia organizativa y de cumplimiento de disposiciones normativas, como las referidas a la publicidad, la seguridad del material electoral, la disposición de cubículos, el registro de electores, la exactitud de la información relativa a la localización del puesto de votación, entre otros.

Dinamización impulso procesal sobre denuncias por ola invernalAcción adelantada por la CGR.

Universo Total denuncias 1051 Vigentes 761 Acumuladas 30 Finalizadas 79 Archivada 181

Impulso procesal sobre denuncias

Cuadro 5.10

Fuente: Contraloría Delegada para para la Participación Ciudadana

Concepto N° Monto

Traslados por hallazgo fiscal 13 $13.641’500.000* Traslados por hallazgos disciplinarios 12 N. C. Traslados por hallazgos penales 2 N. C. N. C. : no cuantificable * Parcial

Resultados responsabilidades / seguimiento especial

Cuadro 5.11

Fuente: Contraloría Delegada para para la Participación Ciudadana

En resumen, los resultados en materia de responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales del seguimiento especial es el siguiente:



Además de los aspectos presupuestados de baja asistencia y desinformación de algunos votantes respecto de la vigencia de su inscripción, fueron constatados fenómenos como la ausencia de testigos electorales, cambios de localización de puestos e incumplimiento de la disposición de voto bajo techo. No fueron recibidas observaciones o quejas sobre delitos electorales o irregularidades fiscales de gran alcance.

Denuncias

En lo relacionado con las denuncias ciudadanas, la Contraloría General de la Repú-blica se encuentra integrando la Unidad de Reacción Inmediata para la Transparen-cia Electoral (URIEL), en conjunto con la Procuraduría, el DAS, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, la Policía, las Fuerzas Militares, la Defensoría del Pueblo, así como por el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción.

URIEL es una unidad adscrita al Ministerio del Interior, que atiende las denuncias ciudadanas sobre presuntas irregularidades en el proceso electoral, como un medio para que los colombianos denuncien cualquier anomalía en el proceso de elecciones.

Es así como se han direccionado a la Contraloría General de la República con corte a 31 de Julio de 2.011 cuarenta (40) solicitudes de origen ciudadano, las cuales han sido atendidas de manera oportuna e informado del trámite que se les ha dado a las mismas a los ciudadanos.

Igualmente, en la Contraloría General de la República se han recibido treinta y siete (37) solicitudes de origen ciudadano por los diferentes mecanismos adoptados para ello, de lo que se evidencia que los temas denunciados que presentan mayor incidencia son:

• Tráfico de influencias al interior de las entidades.

• Parentesco entre los funcionarios públicos y los candidatos.

• Presuntas irregularidades en la elección de los candidatos que representan los partidos.

• Trashumancia.

• Manejo irregular de recursos públicos por parte de las administraciones munici-pales y departamentales, con la finalidad de favorecer a los candidatos del próximo ejercicio.

• Ofrecimiento de dádivas a cambio de apoyo a candidaturas.

• Uso de las ayudas humanitarias como estímulos electorales.

De los temas referenciados, las solicitudes de origen ciudadano que mayor impacto generan a nivel nacional por la problemática planteada se relacionan a continua-ción, donde se puede apreciar el hecho, y el trámite que se ha dado a cada una de éstas.



Tipo de solicitud

Hechos denunciados Traslados a otras entidades

Traslados cgr Depto. Seguimiento

Otrassolicitudes

Informa el ciudadano las presuntas irregularida-des al interior de la contratación del departamen-to de Córdoba. Así mismo, argumenta la forma en que la Gobernadora, la señora Martha Sáenz Co-rrea, direcciona la totalidad de la contratación del departamento haciendo campaña y recolección de votos a favor del candidato Víctor Raúl Oyola.

Se envió copia de la solicitud a la Procu-raduría General de la Nación.

Córdoba Archivado

Otrassolicitudes

Comunicado anónimo por el cual se denuncia que en varios municipios del Departamento de Bolívar, se han cometido presuntos actos de trasteo de votos. Menciona que dicha información se cotejó con las Bases de Datos del SISBEN y que también existe una colaboración de varios funcionarios de la Registraduría para tal actividad delictiva.

Se traslada copia de la solicitud a la Procuraduría Ge-neral de la Nación, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Fiscalía General de la Na-ción.

Bolívar Archivada

Otrassolicitudes

Por medio de la solicitud, informa el ciudadano, las presuntas irregularidades al interior de la cam-paña de Gabriel Jaime Rico, candidato del Par-tido de la U. Argumenta el ciudadano, la forma que presuntamente consiguió su dinero para la campaña, por parte de desembolsos exorbitantes provenientes del Valle del Cauca, y administrados por dos asesores, los cuales según el desmovili-zado Tuso Sierra, declaró como narcotraficantes y de contactos de la Oficina de Envigado. De igual manera, afirma el ciudadano, es tanto el dinero que le han facilitado, que ofrece al interior del partido, así como ofrece dádivas a votantes que inscriban las cédulas para votar a su favor, vo-tantes que son transportados en carros lujosos también de su propiedad.

Se traslada copia de la comunicación a la Procuraduría Ge-neral de la Nación.

Bogotá D.C. Archivada

Otrassolicitudes

Por medio de la solicitud, informa el ciudadano, las presuntas irregularidades y mentiras al interior de las encuestas publicadas por el noticiero CMI y el Centro Nacional de Consultoría. Argumenta el ciudadano, la forma como el político Aníbal Gavi-ria, en su afán de ser alcalde de Medellín, genera caos al interior de los partidos políticos, buscando un apoyo para su candidatura.

Se traslada copia de la comunicación a la Procuraduría Ge-neral de la Nación.

Bogotá D.C. Archivada

Denuncia Los señores Emerson Marriga aAcuña, Richar Vera Villalba y Valdomiro Vera Villalba, se han aprove-chado de los subsidios de arrendamiento que ha otorgado Colombia Humanitaria, para solicitar votos para el Concejal Abel Ver. Amenazan a las personas que si no votan por el señor Vera no les entregan los subsidios. Ext. 11-00050802

La solicitud fue tra-mitada por el Grupo de Ola Invernal y fue trasladada a la Procuraduría Gene-ral de la Nación.

Traslada al Despacho del GD de Magdalena. El día 8 de Julio de 2011.

Magdalena En seguimiento

Solicitudes de Orígen Ciudadano

Cuadro 5.12

Fuente: Contraloría Delagada para la Participación Ciudadana Continúa en la página siguiente



Denuncia Por medio de la solicitud, informa la ciudadana, las irregularidades al interior del municipio de Viotá - Cundinamarca, toda vez que presunta-mente el Registrador Municipal, con autorización del alcalde municipal, el señor Eduardo Moreno Peña, trasladaron 1.700 cédulas registradas en el municipio de Soacha, a dicha municipalidad, con la intención de votar por Oscar Quieroga del Partido Liberal y Jorge Eliecer, candidato de la administración actual. De igual manera, solicita la ciudadana el censo electoral actual y de habi-tantes del municipio de Viotá.

En razón a que se recibió la denuncia con copoia a la Registradu-ría Nacional del Estado Civil, se envió copia de la solicitud a la Procuraduría General de la Nación.

Bogotá D.C. Archivada,

Denuncia Por medio de la solicitud, informa el ciudada-no, las presuntas irregularidades al interior del municipio de Vergara - Cundinamarca, y corres-pondientes a la inscripción de cédulas para las próximas elecciones de octubre, en razón a la notoria diferencia entre la documentación inscri-ta y el censo electoral de la región. Argumenta la ciudadana, la notoria diferencia en el número de inscritos en los puestos creados para tal fin, y el número de votantes activos registrados en las elecciones pasadas, hasta el punto de ser un nú-mero de inscrito mayor al número de habitantes del sector.

Cundina-marca

El ciudada-no envió la solicitud a las entidades co-rrespondientes, Registraduría Nacional del Estado Civil y Consejo Nacio-nal Electoral. Archivada

Denuncia Oficio PPLCC DEN 11-00003452 enviado a la Contraloría General de la República por el Doc-tor RUBIEL ALIRIO CASA BEDOYA, Profesional del Programa Presidencial de la Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Co-rrupción, quien cursa la denuncia formulada por la señora PAOLA GUTIÉRREZ, en la que pone de manifiesto presuntas irregularidades en el MU-NICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META, localidad en la que al parecer en los años 2010 y 2011 se ha comprometido el presupuesto de Regalías - Vigencias Futuras, en cuantías superiores a los $800.000 millones a 10 o 15 años, con la autorización del Concejo Municipal, la que es lo-grada mediante la presunta participación de altas sumas de dinero provenientes del Señor Alcalde Local. Agrega la remitente, posibles anomalías en la ejecución de la contratación para la electrifica-ción y carreteras, la que también involucra recur-sos de Regalías, entre otros aspectos referentes a presuntos delitos de paramilitarismo, corrupción y participación en política.

Se trasladó copia de la denuncia a la Procuraduría Gene-ral de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación.

D.V.F Sector Minas y Energía

Meta Seguimiento.

Tipo de solicitud




Cuadro 5.12

Fuente: Contraloría Delagada para la Participación Ciudadana Continúa en la página siguiente




Denuncia Por medio de la denuncia, se pone en conoci-miento de la CGR, las irregularidades presen-tadas al interior del municipio de Dibulla - La Guajira, respecto del parentesco entre el alcalde actual y un candidato para el mismo cargo en las próximas elecciones. Argumenta el ciudadano el direccionamiento de los programas municipales a favor del candidato Bienvenido Mejía, conocido como Plan B, así como la forma en que la madre del actual mandatario discrecional los gastos de los comedores escolares, ayudas humanitarias y contratación. De igual manera, denuncia la forma en que presuntamente está enriqueciéndose el alcalde actual, al mismo tiempo que gestiona la campaña de su sobrino.

Procuraduría Gene-ral de la Nación.

D.V.F. del Sector Social. Grupo de Vigilancia Fiscal de La Guajira.

La Guajira. La Gerencia Departamental de La Guajira de la CGR, manifiesta que han recibido oficio con fecha de 7 de julio de 2011 de la Fiscalía General de la Nación, donde se pone en conoci-miento que se ha iniciado la investigación penal corres-pondiente y que se encuentra pendiente de re-cibir ampliación de información.

Denuncia El aspirante a la asamblea departamental de La Guajira Gabriel Esteban Pinto Redondo, manifes-tó en el municipio de Villanueva que él había con-seguido los recursos con “Colombia Humanitaria” para desarrollar los proyectos menores relaciona-dos con el encauzamiento del río Villanueva y las obras de protección por el orden de los $250 mi-llones, lo cual beneficia a la comunidad del barrio José Galo Daza de Villanueva - La Guajira.

Procuraduría Regio-nal de La Guajira.

La Guajira. Archivada.

Denuncia Oficio enviado a la Señora Contralora General de la República por la COMUNIDAD DE VILLA-HERMOSA - TOLIMA, la que solicita investigar presuntas anomalías en la mencionada localidad, respecto de los contratos para prestación de servi-cios, algunos de ellos con los recursos de regalías y de SGP, agregan que la administración munici-pal al parecer está utilizando los recursos públi-cos, para favorecer a un candidato del próximo ejercicio electoral.

Fiscalía General de la Nación.

Procuraduría Gene-ral de la Nación.

Despacho del G.D. del To-lima

Tolima En seguimiento

Tipo de solicitud





Cuadro 5.12


Mapa de riesgo electoral

Dado que distintas entidades vinculadas directa o indirectamente con el proceso electoral han generado ordenamientos de riesgo de las entidades territoriales, a efectos de reorien-tar sus estrategias de gestión o control, se propuso al interior de la CGR diseñar una metodología que empalmara variables de orden fiscal con variables del entorno electoral, a fin de ofrecer una caracterización de riesgos sobre las finanzas públicas derivados de la concurrencia de intereses económicos y políticos en la coyuntura electoral.



La herramienta elaborada documenta la posición de cada entidad territorial frente a la totalidad de las mismas respecto de variables asociadas a fuentes de recursos (SGP, regalías, ola invernal), destinaciones de gasto (impresos y publicaciones, co-municaciones y transporte), indicadores fiscales (leyes 617 y 550) e irregularidades electorales (trashumancia, suplantaciones, variación en inscripciones). Al evaluar la frecuencia con que un departamento o municipio aparece dentro de los primeros valores (los más altos en orden descendente) del ordenamiento de cada variable, se obtiene un puntaje de riesgo medido por la cantidad de tablas (variables) en las que una entidad territorial tiene una participación protagónica.

Como resultado, tanto la perspectiva de análisis de departamentos como la de mu-nicipios localizó la concentración de riesgos en las regiones Costa Atlántica y Orino-quia, si bien en el análisis de municipios se destacan algunos de la región central, quedando el menor impacto en las regiones Pacífico y Amazonia.

Su enfoque y acento fiscal recoge el hecho, de que tanto las entidades públicas como los entes territoriales cuentan con una gran cantidad de recursos públicos provenientes de las regalías, asignaciones de ola invernal y el Sistema General de Participaciones, y que sumados alcanzan la suma de $29.5 billones sólo en 2011. Asimismo tiene en cuenta la posibilidad de que el presupuesto de la vigencia actual pueda ser utilizado de manera indebida en las elecciones del 30 de octubre de 2011.

Análisis por departamento

Se determinó cuáles departamentos aparecían en más ordenamientos. El resultado es el siguiente:

Departamento Aparición en tablas

Córdoba 6 Bolívar 5 Magdalena 4 Cesar 3 Sucre 3 Vichada 3 Atlántico 2 Guajira 2 Tolima 2 Arauca 2 Casanare 2 San Andrés 2 Guainía 2 Vaupés 2

Ordenamiento de riesgo por departamento

Cuadro 5.13

Fuente: Contralorías Delegadas para la Participación Ciudadana y del Sector Gestión Pública e Instituciones Financieras



Gráfico 5.5

Ordenamiento de riesgo por departamento


De lo encontrado, se concluye que los mayores puntajes de riesgo corresponden a departamentos de la Costa Atlántica, de los cuales en Córdoba aparece la mayor cantidad de veces en los ordenamientos de riesgo, seguido por Bolívar y Magdalena. En el grupo de riesgo alto hay departamentos de la misma región y de la Orinoquia. Y en el segmento de riesgo medio, con dos apariciones, hay otros departamentos de la Costa Atlántica, los antiguos Territorios Nacionales y uno solo de la región central (Tolima). Queda entonces planteada la sugerencia de reforzar los controles de manejo de recursos por parte de los respectivos gobiernos departamentales.

Análisis por municipios

Se determinó que 103 municipios aparecen con riesgo muy alto, alto o moderado. Se trata de municipios presentes en el quinto percentil de alguna(s) de las ocho variables distintas de las de manejo fiscal, o aparecen con incumplimiento del límite de gasto o con un acuerdo de reestructuración en curso. El resultado de estas apariciones en las tablas fue el siguiente:



Departamento Distrito / Municipio

Córdoba Lorica Guajira El Molino Antioquia Zaragoza Cesar La Jagua de Ibirico Córdoba Puerto Libertador Córdoba Valencia Magdalena Santa Marta Nariño Tumaco Bolívar Cartagena Boyacá Tipacoque Córdoba La Apartada Córdoba Sahagún Cundinamarca Guachetá Chocó Juradó Guajira Uribia Meta Cabuyaro Meta Castilla Nueva Santander Cabrera Tolima Anzoátegui Casanare Trinidad Vaupés Taraira

Municipios con mayor riesgo

Cuadro 5.14


Al revisar los municipios con apariciones en 4 ó 3 tablas de variables, la mayoría se sitúa en el departamento de Córdoba (cinco municipios). Siguen en orden La Guajira y Meta, con dos municipios cada uno; y con un municipio de riesgo muy alto o alto se hallan Antioquia, Cesar, Magdalena, Nariño, Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Chocó, Santander, Tolima, Casanare y Vaupés. Los 82 municipios con apariciones en dos tablas (riesgo medio) pertenecen a distintas regiones, con un importante protagonismo de la región central (Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Tolima).

Al tomar los 103 municipios y determinar qué porcentaje del total de municipios de un único departamento poseen un nivel de riesgo apreciable, en intervalos de 20% o más, entre el 10% y el 19,9%, y menos de 10%, se obtuvieron la tabla y el mapa siguientes:



Departamento No. Municipios Total municipios Porcentaje con riesgo apreciable (%)

Guajira 9 15 60,00% Casanare 7 19 36,84% Cordoba 11 30 36,67% Choco 8 30 26,67% Vaupes 1 4 25,00% Sucre 6 26 23,08% Tolima 7 47 14,89% Arauca 1 7 14,29% Meta 4 29 13,79% Bolivar 6 46 13,04% Cesar 3 25 12,00% Antioquia 11 125 8,80% Caldas 2 27 7,41% Risaralda 1 14 7,14% Magdalena 2 30 6,67% Boyaca 8 123 6,50% Caqueta 1 16 6,25% Cauca 2 42 4,76% Atlántico 1 23 4,35% Cundinamarca 4 116 3,45% Santander 3 87 3,45% Huila 1 37 2,70% Norte de santander 1 40 2,50% Valle del cauca 1 42 2,38% Nariño 1 64 1,56%

Municipios con nivel de riesgo apreciable

Cuadro 5.15


Los departamentos en rojo pertenecen todos a la lista del ranking por departamentos reseñada anteriormente, de modo que las dos perspectivas de análisis, la de depar-tamentos y la de municipios, poseen semejanza. En la medida en que sobre los 103 municipios reseñados, o bien concurren tanto elevados recursos fiscales por distintas fuentes, o bien irregularidades de tipo electoral, o poseen ambas características, la CGR utilizará esta clasificación para priorizar el seguimiento especial en estos depar-tamentos y municipios.

7. Subsidios de vivienda

La Contraloría General de la República analizó el componente relacionado con la política de vivienda urbana, en los documentos “Segundo Informe del Gobierno Na-cional sobre la respuesta al auto 383 de 2010 de seguimiento a la Sentencia T – 025 de 2004” y “Pronunciamiento del Gobierno Nacional sobre la Política Pública para la Población Víctima de Desplazamiento Forzado por la Violencia” llegando a las siguientes consideraciones:

Segundo Informe del Gobierno Nacional sobre la respuesta al Auto 383 de 2010 de seguimiento a la Sentencia T – 025 de 2004.



El documento enviado “Segundo informe de respuesta al Auto 383 de 2010 avances en cumplimiento a órdenes impartidas al Gobierno Nacional a 16 de marzo de 2011”, informa que el indicador de Goce Efectivo de Derechos: Vivienda, “El hogar habita legalmente el predio en condiciones dignas”, corresponde a 15.89% , valor que refleja que el bajo porcentaje de los hogares incluidos en el RUPD que goza del derecho a la vivienda digna, es decir, que aún 715.31518 hogares víctimas del desplazamiento forzado (3.576.576 personas19) no han contado con la respuesta eficiente para mejorar las condiciones de habitabilidad. Es decir, que se ha mantenido un escaso avance de las actuaciones del Estado en el resarcimiento y mejoramiento de la garantía de este derecho20 y con ello el aumento de las condiciones de vulnerabilidad de los hogares.

Este informe adolece de la presentación de los indicadores complementarios de vivienda relacionados con seguridad jurídica, espacio suficiente, materiales adecuados, ubicación segura y acceso a servicios públicos. Aunque, podría deducirse que sus cambios no resultan significativos con relación a lo presentado en julio de 2010 y que indican el incumplimiento de los mismos, especialmente en lo relacionado con seguridad jurídica (29.76%), servicios públicos (57.7%).

Además, señala el informe que las acciones introducidas por el Gobierno Nacional para mejorar su respuesta frente a la garantía de este derecho fueron incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 “Prosperidad para Todos” – PND, al señalar en el artículo 119 que:

“Los alcaldes de los municipios, y distritos, en el marco de sus competencias, definirán mediante acto administrativo en un plazo máximo de doce (12) meses a partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, metas mínimas para la gestión, financiamien-to y construcción de Vivienda de Interés Social, tomando en consideración las metas definidas en las bases del presente Plan Nacional de Desarrollo, el déficit habitacional calculado por el DANE, las afectaciones del Fenómeno de la Niña 2010-2011, la población desplazada por la violencia, y la localización de hogares en zonas de alto riesgo, de acuerdo con la metodología que defina el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

El Gobierno Nacional podrá establecer estímulos en la forma de asignación de los recursos vinculados al desarrollo urbano para los municipios que cumplan con lo es-tablecido en el presente artículo dentro del plazo definido”.

Sin embargo, no señala el PND las fuentes de financiación de los entes territoriales receptores de población víctima del desplazamiento forzado para adelantar la construc-ción de vivienda de interés social prioritario (VIP), cuando se ha demostrado que, en la mayoría de los casos, éste deber desborda la capacidad fiscal de los municipios.

Tampoco se definen con claridad los mecanismos mediante los cuales se garantizarán los principios de concurrencia, subsidiaridad y complementariedad, y por tanto la co-rresponsabilidad y la coordinación de las acciones de la Nación, las gobernaciones y los municipios en el cumplimiento de las metas definidas en lo local.

•• 18 Segúnel“Reportegeneralpordepartamentosomunicipios”deAcciónSocial,del27/04/2011,elnúmerodehogaresregistradoscorrespondíaa850.452.www.accionsocial.gov.co

19 Paralaestimacióndepersonasseasumeunpromediodecincopersonasporhogar.

20 SegúnelinformepresentadoporelGobiernoNacionalenjuliode2010esteindicadorseencontrabaen15%.



Aunque el “Informe del Gobierno Nacional a la Corte Constitucional sobre la supe-ración del estado de cosas inconstitucional declarado mediante la Sentencia T-025 de 2004” presentado en julio de 2010, presenta la “Reformulación de la política pública de vivienda para la atención de la población desplazada e idoneidad frente a los criterios de racionalidad dictados por la HCC”21 los ajustes realizados a la Políti-ca durante el período 2009 – 2010, el informe presentado en marzo de 2011, no refleja los resultados obtenidos por la creación y puesta en marcha de las Unidades de Gestión Regional (UGR), el avance en el cumplimiento de los autos del enfoque diferencial, el plan de choque (Fase 1), el avance en la estructuración y ejecución de reformulación de la política (Fase 2).

Al contrario, vuelve a señalar la necesidad de elaborar un diagnóstico, de formular e implementar un sistema de información, mejorar la articulación institucional y te-rritorial, entre otras acciones que tomarán algo más de un semestre y para lo cual se invertirán cuantiosos recursos, sin que se presenten acciones concretas para el mejoramiento del indicador.

Pronunciamiento del Gobierno Nacional sobre la política pública para la población víctima de desplazamiento forzado por la violencia.

Este documento constituye la propuesta de política pública para la población víctima del desplazamiento forzado por la violencia del Gobierno para 2010 – 2014, sin embargo, no refleja su articulación con la política y las estrategias que se han venido desarrollando a lo largo de los últimos años, al desconocer los antecedentes y logros alcanzados.

En el caso de la política de vivienda, se mantiene el enfoque de carácter social, fun-dado en el principio de solidaridad y no de resarcimiento de derechos, por lo tanto, no considera claramente su articulación con los demás derechos, ni incluye el enfoque diferencial y de especial atención a la población con mayor vulnerabilidad derivada de su discriminación histórica22.

Por otra parte, teniendo en cuenta que la política presentada busca avanzar en la satisfacción del goce del derecho a la vivienda adecuada en consideración con las condiciones de vulnerabilidad de la población desplazada, no se presentan indicadores claros de seguimiento, monitoreo y control de la satisfacción de los aspectos centra-les que lo determinan a saber: 1) habitabilidad; 3) la disponibilidad y proximidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura; 4) lugar adecuado; 5) adecuación cultural; 6) asequibilidad; 7) gastos soportables; 8) hábitat.

Se desconoce la participación de los actores involucrados en la implementación de la política y al ubicar nuevamente la vivienda como uno de los motores de la economía, es decir, como un bien de mercado, se centra en la regulación del mismo (subsidio o mercado), desconociéndola como un bien social, descuidando la integralidad que involucra su definición y, con ello, la enunciación de atributos que garanticen la calidad que debe cumplir para responder el disfrute del derecho.

21 Página497

22 Serefierealosgruposétnicos,loshogaresconjefaturafemenina,conpersonasdiscapacitadas,mujeresembara-zadasoniñosmenoresde5años.

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Por ello, no se involucra el concepto de hábitat que “responde a una triple necesi-dad: la de crear un medio eficaz técnicamente, la de asegurar un marco al sistema social y la de poner en orden, a partir de allí, el universo circundante”23. Según lo ha expresado González (2001) “El hábitat es un espacio domesticado, un espacio de relaciones complejas, que se configura desde y a partir de una serie de entornos… en donde la vivienda, es el soporte físico dentro de la estructura urbana, que permite un afianzamiento dentro del territorio, y por tanto, inhibe el desarraigo”24.

Limita el concepto de vivienda, desconociendo la integración de atributos concernientes a los componentes casa con el entorno, factor que puede conducir a incrementar la desigualdad, la exclusión social, la vulnerabilidad, la violencia, ya que “una de las expresiones más palpables de la diferenciación y la segregación de las sociedades se encuentra en la diversidad de calidades de las viviendas”25.

Desde esta perspectiva, la vivienda digna debe asociarse con la calidad de los atributos de la casa , relacionados con la estructura (estabilidad física, el cumplimiento de las normas de sismo resistencia, aireación, iluminación, seguridad), el espacio (dimensión, disponibilidad de áreas, características de ocupación), el equipamiento doméstico (lavadero, lavamanos, etc.), la infraestructura de servicios comunales (alumbrado, espacio público, equipamientos comunales), la localización (condiciones de riesgo, con-taminación, cercanía a sitios de empleo, centros de salud y educación), los servicios públicos (disponibilidad, calidad, cantidad, continuidad, acceso), la seguridad jurídica de la tenencia (garantía de protección contra el desahucio), la accesibilidad y la ase-quibilidad (valor y capacidad de pago). También está relacionada con la calidad de los atributos del entorno, que permitan desarrollar prácticas sociales y culturales, dentro de un proceso de urbanización limitado por las características ambientales (áreas de importancia ecológica, resiliencia, fragilidad y calidad de los recursos).

Aunque se plantea la creación de proyectos integrales de vivienda, la presentación realizada de ellos no hace alusión alguna a las condiciones antes mencionadas y, además, no involucra a la población desplazada en su formulación o ejecución.

Además, se presenta como opción la asignación de subsidios familiares de vivienda a la Población Desplazada (SFVPD) a través de los Macroproyectos de Interés Social Nacional (MISN). Sin embargo, éstos fueron reglamentados en el 2007 y hay MISN adoptados desde 2008, sin que aún se haya materializado algún SFVPD en estos proyectos urbanos.

En este punto, es preciso señalar que, según la proyección presentada en julio de 201027, la oferta de vivienda para la población desplazada se concentra en 6 de los 10

23 MiltonSantos(2000).Citadoen:Gómez,A.;Ibatá,Á.2008.BasesConceptualesparaelanálisisespacio,tempo-raldelhábitatdesdeenfoquessistémicosydecomplejidad.PensandoenClavedeHábitat.UniversidadNacionaldeColombia.Pág.66.

24 En:Laconcepcióntecnológicadelhábitat.EnsayosForhum19.–MiradasalHábitat.Pág.25.agora.unalmed.edu.co/docs/lfg02.PDFConsultadaenero2009.

25 PNUD,UN–Hábitat.2004.Hábitatydesarrollohumano.CENAC,UN–Hábitat,PNUD.Pág.53

26 Eldiseñodeunacasaesmuchomásquediseñarunespaciofísico,yaqueproveelascondicionesqueestructuranpautasdevidasocial,dedesenvolvimientopsicológicoydeformacióndeciudadanos.

27 InformedelGobiernoNacionalalaCorteConstitucionalsobrelasuperacióndelestadodecosasinconstitucionaldeclaradomediantelaSentenciaT-025de2004.Págs.506–507.

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MISN que se encontraban adoptados a esa fecha y corresponden al 7.6% (4.500) de la oferta total de vivienda a desarrollar en éstos (58.922). Aunque los hogares víctimas del desplazamiento forzado postulados a esta modalidad de subsidio eran 499.

Además, este mecanismo de habilitación de suelo urbano28 no contempla en su articulado la definición clara de los porcentajes que se destinarán a vivienda de interés prioritario y social y mucho menos el correspondiente a vivienda para la población desplazada.

No se realiza una propuesta clara de articulación entre los proyectos integrales de vivienda y los MISN, ni se establecen los mecanismos para definir los municipios prioritarios para adelantar este tipo de actuaciones.

Si bien en 2009 fueron creadas las Unidades de Gestión Regional con el objeto de articular a los diferentes niveles de gobierno, hoy se propone cambiar el alcance de las mismas y renombrarlas sin que hayan sido claros sus aportes a las acciones orientadas a garantizar el mejoramiento de la implementación de la política de vivienda.

Aún no se evidencian planteamientos para mejorar el pago efectivo de los SFVPD29

(ver anexo), ni para abordar con suficiencia las responsabilidades de la Nación rela-cionadas con otorgamiento de crédito a los municipios y a organizaciones populares de vivienda; el fomento de las organizaciones populares de vivienda; la investigación y desarrollo de metodologías y tecnologías apropiadas para la ejecución de proyectos de vivienda; estándares urbanísticos; características mínimas de calidad de las viviendas y la promoción de bancos de materiales.

Es decir, no son claros los mecanismos mediante los cuales se pretende mejorar la asequibilidad de las viviendas cuando, en promedio, el SFV corresponde al 60% del valor de la vivienda y “el 99% de los hogares se encuentran por debajo de la línea de pobreza y el 83% por debajo de la línea de indigencia”30, indicando que no se ha garantizado la generación de ingresos para la población víctima del desplazamiento forzado por la violencia y, por lo tanto, ésta no cuenta con los recursos necesarios para el cierre financiero, ser sujetos de bancarización, asumir los costos de la lega-lización de la vivienda (mantenimiento, impuestos, servicios públicos), invertir en el mantenimiento de la misma.

No se presentan las erogaciones que serán necesarias para la implementación de las geren-cias integrales de los proyectos, ni los topes máximos que ellas pueden representar dentro de los presupuestos destinados a garantizar el goce efectivo del derecho a la vivienda.

Aunque se presenta un claro aumento de los presupuestos asignados, éstos no per-mitirán mejorar las deficiencias en vivienda, en razón a que para atender a las casi novecientas mil familias víctimas del desplazamiento forzado registradas, se requiere una inversión cercana a 1.2 billones de pesos anuales en los próximos 10 años31.

28 RetomadoenelproyectodeLey208/2010delSenado–128/2011delaCámara.

29 Enlosaños2009y2010el77.6%y97.7%delosrecursosasignadosymovilizadosalascuentasnosemate-rializaronenunidadeshabitacionales.

30 Mendoza,Andrés;González,Jorge.2010.“EldesplazamientoforzadoenColombiaylaintervencióndelEstado:unamiradadesdeelgoceefectivodederechosylosfactoresasociadosasurealización.DocumentosCEDE.Universi-daddelosAndes.Bogotá.Pág.12.

31 GermánÁvila.24demarzode2011.ComisionesSéptimadeSenadoyCámaradeRepresentantes.AudienciapúblicaalproyectodeLey208/2010Senado–128/2011Cámara“Ofertasuelourbanizable”

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En el Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, recientemente aprobado, no se pre-senta un diagnóstico claro de las necesidades de vivienda para la población desplazada y tampoco define metas para el cuatrienio.

Se requiere de una política clara de vivienda y de asentamientos humanos, que per-mita no sólo dimensionar y dirigir los crecimientos urbanos del país, sino garantizar la construcción de un hábitat que brinde las cualidades a los espacios construidos para responder el goce efectivo del derecho a la vivienda digna.

Los cambios propuestos no sólo al enfoque de política (de la demanda a la oferta), sino en la reglamentación de los subsidios, hacen evidente la inestabilidad jurídica que limita la continuidad y avance de las estrategias.

Como lo señala el Gobierno en el Informe al Auto 383, existe una baja capacidad de inversión de algunos entes territoriales para atender la demanda de bienes y servicios derivados de las responsabilidades para atender a la población desplazada, aún así no se presenta un esquema para salvar esta dificultad y evitar la migración y concentra-ción de la población en los grandes centros urbanos, llamando a repensar el aumento descontrolado de las grandes urbes en el marco de la oferta ambiental del territorio.

Se señala como debilidad de los entes territoriales la baja habilitación de suelo ur-bano para el desarrollo de vivienda de interés social. Sin embargo, no se presenta el inventario real de la demanda y la oferta del mismo, ni los alcances logrados en la revisión de los POT con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Pero, además, no presenta una propuesta frente al limitado avance presentado en el Plan de Fortalecimiento institucional implementado, cuyos indicadores a julio de 2010 se encontraban en 22.5% para Fonvivienda y 15.0% para el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 32

Conclusiones

El diseño de la política de vivienda no ha sido concreto en la definición conceptual del alcance de la reparación y la restitución del derecho a la vivienda digna a las víctimas de desplazamiento forzado y, por lo tanto, no ha reconocido las obligaciones del Estado, frente a la garantía de los derechos vulnerados.

Teniendo en cuenta que mediante la asignación de SFV sólo se ha atendido al 10% de la población víctima del desplazamiento forzado y, más aún, que todavía no se ha cubierto la demanda de los 221.930 hogares postulados en 2007, las metas planteadas como respuesta a la problemática habitacional de la población víctima de desplazamiento forzado, a la luz de los resultados obtenidos en su ejecución, son insuficientes para representar una solución oportuna y definitiva.

La ausencia de recursos claramente diferenciados para la población desplazada, no permitirá asumir la responsabilidad del Estado con la garantía de los derechos cons-titucionales a la población desplazada en materia de vivienda.

32 InformedelGobiernoNacionalalaCorteConstitucionalsobrelasuperacióndelestadodecosasinconstitucionaldeclaradomediantelaSentenciaT-025de2004.Págs.211–212.

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Se requiere la implementación de indicadores cuantitativos que permitan hacer el segui-miento a las características básicas de las viviendas y del urbanismo que garanticen la calidad de los espacios construidos, en busca de la garantía al derecho a una vivienda digna y al hábitat de los hogares víctimas del desplazamiento forzado.

Es necesario mejorar los instrumentos de recolección de información de los hogares, con el fin de caracterizar adecuadamente a esta población y con ello generar respuestas institucionales acordes con su vulnerabilidad.

Se requiere la formulación de una política de vivienda de Estado para la población desplazada que supere los períodos de gobierno, articulada con una política de hábitat que garantice la calidad de la vivienda, de su entorno y el acceso a equipamientos urbanos, así como su integración urbana.

La política de vivienda para la población desplazada conserva elementos como el re-quisito del cierre financiero, basado en una cultura del ahorro, que dados los escasos resultados obtenidos en la fase de estabilización socioeconómica, resulta inconsecuente con las difíciles condiciones que afronta esta población.

Sigue ausente de esta política, la implementación de medidas claras que permitan o faciliten el tránsito de la población desplazada de un “no propietario” a “propietario”. También la debilidad de los mecanismos establecidos para la articulación interinstitu-cional entre las entidades de orden nacional, departamental y local, en lo concerniente a la implementación de la política, toda vez que la propuesta de ajuste de política formulada por el MAVDT y Acción Social, se centra en la contratación de un ejecutor externo que responda por todos los componentes de atención.

Resulta inconsecuente con las necesidades de la población víctima del desplazamiento forzado que la mayor proporción de los escasos recursos asignados permanezcan en las entidades bancarias sin ejecución efectiva, elemento que históricamente ha mantenido su comporta-miento a pesar de las reformas establecidas al modelo por el Gobierno Nacional.

La Contraloría General de La República iniciará para el segundo semestre de 2011 una auditoría especial e intersectorial al tema de vivienda y tendrá como una de sus prin-cipales líneas el seguimiento a los subsidios asignados a la población desplazada.

8. Vigencias futuras extraordinarias a nivel territorial.

Como se plantea en la circular del 8 noviembre del 2010, en las instituciones pre-supuestales, se ha advertido la práctica de la figura excepcional de autorización de gasto con cargo a apropiaciones de vigencias por venir o vigencias futuras, que es una autorización excepcional justamente para dejar a salvo el principio de anualidad, universalidad del presupuesto y unidad de caja. Consiste en una autorización que compromete un gasto dada la posibilidad de hacerlo con vigencias futuras pero no cualquier clase de gasto, sino de inversión en la medida que tiene que estar registrado en los planes de desarrollo; es un prerequisito que deben cumplir, pues se ha dado el caso de utilizarlos en funcionamiento como una alternativa, lo que correspondería a una deuda flotante en operaciones para que no queden sin apropiación los gastos pendientes en los meses de diciembre y enero, de todos los años, como la vigilancia, y los servicios públicos, entre otros.



En el proceso de finalización del mecanismo del rezago presupuestal, la alternativa para este tipo de contratos era que se pactaran con cargos a la vigencia inmedia-tamente siguiente, de tal forma que llegando enero se contara con el servicio, dado que se dispondrá de la apropiación para la nueva vigencia, que sería la modalidad de vigencia futuras ordinarias

Cuando la vigencia futura comienza a ser utilizada, no para recibir un bien o un ser-vicio, en las vigencias en las que se autoriza como gasto excepcional, es decir, para gastos previamente pactados, sino como una opción de dejar asegurada la destinación de los recursos de los ingresos durante los próximos años a un determinado propósito, no se puede considerar vigencia futura excepcional, porque realmente lo que se está haciendo es pensar en los recursos de ingresos y no en gastos de los próximos años, lo que corresponde a una operación de financiamiento y como tal, deberían estar computados en los indicadores de sostenibilidad de la deuda. No obstante, lo que se está haciendo es que cuando se dan esas autorizaciones de vigencias futuras mal llamadas, en la práctica se constituyen en una especie de garantías, de los recursos cedidos mediante mecanismos a las entidades financieras, con cargo a las vigencias futuras, como una especie de garantía y, a la vez, de deuda, para que apalanquen operaciones financieras titularizándolas, trayendo el valor de ingreso a valor presente, incumpliendo los preceptos presupuestales.

La posición de la Contraloría General de la República fue ratificada por la decisión de segunda instancia del Consejo de Estado, donde se pronuncia acerca de la carencia de soporte legal de la figura presupuestal de vigencias futuras excepcionales para las entidades territoriales.

Vigencias futuras sector transporte 2004 – 2027.

En el análisis sobre los compromisos de vigencias futuras en el sector transporte, se encontró que éstos ascienden a $31,95 billones y cubren un período que va desde 2005 hasta 2027. Se observó también que éstas se autorizaron principalmente entre 2009 y el primer semestre de 2010; en dichos años se autorizaron $10,2 y $12,1 billones, respectivamente. El Instituto Nacional de Concesiones es la entidad que presenta el mayor porcentaje de recursos de vigencias futuras comprometidos en el sector (65,19 %).

Gobernación del Valle del Cauca

Se inició el PRF Nº 6-005-11 - Gobernación del Valle del Cauca al poner en riesgo el erario del departamento con la celebración de los contratos de concesión números 0001, 0002 y 0003 de 2010, en razón a su financiación mediante vigencias futuras, por una cuantía aproximada de $430.000 millones.

9. Corporaciones autónomas regionales

Las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible tuvieron ingresos en 2010 por $1.350.958 millones, de los cuales el 94% ($1.268.792 millones) corresponden a recursos propios y el 6% ($82.165 millones) provienen de la Nación (PGN). Teniendo en cuenta que el Producto Interno Bruto (PIB) calculado para el año



2010 fue de $546,9 billones33, los ingresos de las corporaciones corresponden al 0,25% de la producción nacional.

Las corporaciones autónomas regionales (CAR) participaron en el 92,3% del total de ingresos ($1.247.173 millones), mientras que las de desarrollo sostenible (CDS) en el restante 7,7% ($103.784 millones), lo que significa que las CAR tuvieron 12 veces más recursos que las CDS. En el cuadro 5.16 se puede apreciar que el gasto total de las corporaciones alcanzó la cifra de $1.215.182 millones, distribuidos en gastos funcionamiento 18,3% (personal, generales y transferencias corrientes), inversión 80,6% y pago del servicio de la deuda 1,1%.

Rubro de gasto $ %

Personal 135.822 11,2% Generales 53.246 4,4% Transf cte 33.552 2,8% Funcionamento 222.620 18,3% Inversión 978.855 80,6% Servicio de la deuda 13.707 1,1% Total 1.215.182 100%

Cuadro 5.16

Fuente: Corporaciones. Elaboración DES.

Gastos de las Corporaciones Cifras en millones de pesos

Las corporaciones priorizaron su gestión y la ejecución de sus proyectos de inversión hacia la “gestión integrada del recurso hídrico”, eje temático propuesto por el Gobierno Nacional a través del Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010.

Corporaciones 57.376 444.627 90.596 40.356 212.453 82.228 50.310 977.945 Institutos 4.280 1.969 11.513 2.164 972 4.987 186 26.612

Fuente: CAR -IIA. Elaboración DES

Cuadro 5.17

Gastos de inversión de acuerdo a componentes del PND 2010Cifras en millones de pesos

Ent

idad

Pla

nific

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33 www.dane.gov.coProductointernobrutotrimestralporramasdeactividadeconómicaaprecioscorrientes.SeriesDesestacionalizadas-IVTrimestrede2010.Consultadaen31/05/11.

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Las corporaciones autónomas y la ola invernal

Los determinantes ambientales son elementos que permiten a las autoridades ambien-tales y en general al SINA, articularse al Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres, fundamentalmente en la fase de prevención, a través de la gestión am-biental para la conservación (e.g.: reforestación, restauración, conservación de suelos, protección de cauces y manejo de cuencas) y la preservación (e.g.: sistema nacional, regional y local de áreas protegidas).

Los resultados de la integración entre la gestión ambiental y la gestión del riesgo no han sido satisfactorios. Si bien es cierto que el IDEAM34 ha mostrado que los registros pluviométricos de finales de 2010 e inicios de 2011 superaron el promedio histórico generando lo que se ha denominado como la ola invernal, también es cierto que se ha hecho evidente la inadecuada gestión del uso del suelo y, en particular, su zonificación.

Según los datos presentados por el Gobierno al momento de declarar la emergencia social, económica y ecológica “… hay 337.513 familias afectadas, 2.049 viviendas destruidas y 275.569 viviendas averiadas en 654 municipios de Colombia”.35 Muchas de estas viviendas se han ubicado en los planos de inundación de los ríos, incumpliendo las normas mínimas para la ronda hídrica, o como producto de la desecación de zonas de humedales, o permitiendo asentamientos en zonas de alto riesgo de deslizamiento, es decir, en procesos de claro incumplimiento de los determinantes ambientales.

En cuanto a las cifras, para la vigencia 2010 el indicador “Número de municipios con inclusión del riesgo en sus POT a partir de los determinantes ambientales generados por la corporación” creció 2,80% en promedio con relación a 2009; de 429 se pasó a 441 municipios.

En 2010 el número de municipios asesorados por las CAR en la formulación de planes de prevención y mitigación de desastres naturales se incrementó en un 58.6% con respecto al 2009, al pasar de 285 a 452 municipios. Según el MAVDT, en el período 2006 – 2010 se han asesorado 690 municipios, en 31 departamentos36.

La ola invernal ha hecho evidentes las deficiencias de la inclusión de los determinantes ambientales dentro de los procesos municipales de ordenación del territorio, así como su falta de reglamentación y continuidad dentro de los procesos de planificación.

La naturaleza ha pasado cuenta de cobro a la sociedad por la desecación de hu-medales, la construcción de viviendas en los planos de inundación de las corrientes hídricas, en zonas de alta pendiente y por los acelerados procesos de deforestación en la parte alta de las cuencas.

34 Decreto4580de2010.Numeral1.2.:“Quelamagnituddelasprecipitacionesinusitadasresultaextraordinariaeimprevisible,comolodemuestranlosregistrosdelIDEAM.Estosregistrosindicanqueenlosquinceprimerosdíasdelmesdenoviembrelloviómásdeloquellueveentodoelmes.Elnivelsuperótodoslosregistroshistóricosdeprecipita-cionesparaelmesdenoviembre.

35 Decreto4580de2010.Considerandos.Numeral2,literala.

36 RespuestadelMAVDTalcuestionarioenviadoporlaDireccióndeEstudiosSectorialesparamedioambiente(DES-MA)delaCGR.

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En razón a lo anterior, la Contraloría General de la República realizará en el segundo semestre del año en curso auditoría especial a las cuencas hidrográficas de los ríos Magdalena, Cauca y Bogotá con el fin de estudiar de manera integral la problemática que aqueja a las cuencas más importantes del país y poder tomar medidas claras y contundentes que permitan valorar sus impactos y el detrimento causado al patrimonio ecológico y natural de nuestro país.

10. Canal del Dique

La Contraloría General de la República, previo conocimiento de las afectaciones a las comunidades, los ecosistemas aledaños al Canal del Dique y las obras de infra-estructura preexistentes, como consecuencia de la ola invernal, hizo seguimiento al tema y ejerció su misión de control fiscal de la siguiente manera:

1. La Contralora General envió control de advertencia sobre el Canal del Dique el 1 de marzo de 2011. Esta función se dirigió al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Ministerio de Transporte, CORMAGDALENA, Corporación Autónoma Regional de la Cuenca Baja del río Magdalena, CAR – Bajo Magdalena, Gobernación del Atlántico y Gobernación de Bolívar. La advertencia se basó en tres aspectos, a saber:

- Las entidades sujeto de la advertencia debían adelantar, conforme a sus competen-cias, acciones coordinadas que permitieran diagnosticar el estado actual del canal del Dique a lo largo de todo su recorrido, para detectar puntos que pudieran presentar riesgo de ruptura por filtraciones, deterioro de los materiales de la obra, construccio-nes sobre la estructura del canal que lo debilitaran, existencia de mangueras u otros elementos utilizados por la población, la industria u otros que menoscabaran el Canal y permitieran la filtración del agua con posibles consecuencias negativas sobre las poblaciones aledañas y sobre sus bienes.

- Las entidades sujeto de la función de advertencia debían, conforme a sus com-petencias, realizar todas las acciones tendientes a garantizar que se adoptaran las medidas de fondo y se ejecutaran las obras e inversiones de largo plazo que técni-camente garanticen la estabilidad de la obra del Canal del Dique, evitando daños a la población y garantizando la óptima inversión de los recursos públicos existentes para este fin, para lo cual debían informarse y aplicar a los recursos destinados por el Gobierno Nacional para la emergencia económica, social y ambiental.

- Las entidades sujeto de la advertencia debían adelantar, conforme a sus compe-tencias, los procesos sancionatorios y policivos que estuvieran a su cargo, así como entablar ante las autoridades judiciales competentes, las acciones y denuncias de los hechos que fueran constitutivos de delitos u objeto de acciones judiciales que procedieran contra quienes atentaron contra la estabilidad y condiciones del Canal del Dique, mediante actuaciones que pudieran ocasionar filtraciones, deterioro, des-estabilización, hundimiento, ruptura u otras afectaciones al canal.

Se solicitó a los ministros y directores de corporaciones autónomas regionales y de Cormagdalena, y a los representantes legales de entidades territoriales, con carácter urgente, emprender las actuaciones referidas, destinando los recursos necesarios para acometer las acciones que garantizaran la estabilidad de la obras y evitaran nuevos riesgos para la población.



En la función de advertencia se solicitó la adopción de acciones, inversiones y actua-ciones, que serían verificadas por esta Contraloría.

A las mismas, respondieron:

a) Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Manifestó que mediante Resolución 2749 del 30 de diciembre de 2010 se cambió la alternativa acogida pre-viamente por ese ministerio mediante Resolución 2161 de noviembre de 2009, que consistía en canales de interconexión ciénaga-canal, la construcción de angostamientos de la sección transversal en tres sectores del canal, y la construcción de la compuerta-esclusa en el sector del Recreo kilómetro 104 del Canal del Dique.

La Resolución 2749 del 30 de diciembre de 2010, cambió la decisión anterior con base en el estudio de Moffatt & Nichol, ya que la alternativa seleccionada me-diante Resolución 2161 de noviembre de 2009 presentó dificultades de ejecución y resulta inviable.

Esta Resolución solicitó a Cormagdalena presentar al ministerio, para evaluación y aprobación, los diseños detallados de una alternativa dentro del plan de restau-ración y recuperación de los ecosistemas degradados del Canal del Dique, donde fueran establecidos los sistemas de manejo hidrosedimentológico del Canal del Dique y asociados a los diseños del plan mencionado, con el respectivo plan de manejo ambiental.

b) Corporación Autónoma Regional del Delta Magdalena, Corporación Autónoma Re-gional de la Cuenca Baja del río Magdalena (CAR-Bajo Magdalena). Esta Corporación surge de la fusión que realizó el Decreto de Emergencia 141 de 2011 entre las CAR del Canal del Dique -Cardique- y CRA-Atlántico, posteriormente declarado inexequible por la Corte Constitucional.

Responde al control de advertencia del Canal del Dique, enviando 8 conceptos técni-cos de las visitas realizadas por la corporación a las zonas de protección, humedales, rondas y playones ocupados o intervenidos ilegalmente con el propósito de recuperar el normal funcionamiento de las dinámicas de estas zonas e iniciar procesos adminis-trativos de carácter preventivo y sancionatorio tendientes a su protección.

Igualmente, enviaron 8 actos administrativos que se derivaron de esos conceptos técnicos, que son autos de requerimientos a los municipios de Soledad, Ponedera, Palmar de Varela, Santo Tomás, Malambo, Sabanagrande. Además, copia de 8 autos por medio de los cuales iniciaron investigación preliminar para recuperar el normal funcionamiento de las zonas hídricas afectadas en los municipios de Malambo (4 au-tos de inicio de investigación preliminar), y un auto para los municipios de Ponedera, Palmar de Varela, Santo Tomás y Sabanagrande.

c) Instituto Nacional de Vías (INVIAS) Responde el director de INVIAS el control de advertencia del Canal del Dique, manifestado que en él confluye la doble calidad de director del INVIAS y de Presidente de la Junta Directiva de Cormagdalena, pero que la respuesta que da a la advertencia de la Contraloría la hace como director de INVIAS y que el director de Cormagdalena debe responder lo de su competencia, ya que el control de advertencia también está dirigido a él.



Señaló en su escrito: “Cormagdalena suscribió el contrato 005 de 2009 cuyo objeto es “diseño y construcción de obras del sistema ambiental y de navegación del Canal del dique fase I” por valor de 201.664.976.114. Este contrato contemplaba la revi-sión de diseños elaborados por la Universidad Nacional para la construcción de unos estrechamientos a lo largo del Canal del Dique. Desafortunadamente la revisión de estos diseños no fue avalada por los estudios llevados a cabo por el contratista y la decisión que se tomará próximamente es la de liquidar este contrato y se deberá abrir un nuevo proceso licitatorio con el fin de ejecutar la solución estructural que garantice la navegabilidad en esta arteria fluvial y haga un eficaz control de las inundaciones. La Junta Directiva, la cual presido, estará vigilante a que se lleven a cabo de manera expedita las políticas trazadas y la expedición de los actos administrativos y gestión por parte de Cormagdalena que sean necesarios para que se encuentre la solución integral a la situación generada a lo largo del Canal del Dique (subrayado fuera de texto).

Por otra parte, señala que el INVIAS, con los ministerios de Transporte y del Interior, el IDEAM y Cormagdalena, trajo al país una comisión de expertos en recursos hídricos y prevención de desastres de JICA “quienes, después de varias visitas de campo y revisión de la información hidrográfica y meteorológica disponible, planteó (sic) unas recomendaciones a través de una gestión integrada de inundaciones que no es otra cosa que fomentar el uso de los recursos de una cuenca hidrográfica en su conjunto, utilizando estrategias para mantener o aumentar la productividad de las llanuras de inundación, mientras que al mismo tiempo proporciona medidas de protección contra las pérdidas producto de las inundaciones.”

d) Ministerio de Transporte. El Ministro de Transporte responde que la advertencia fue enviada a INVIAS para que respondiera y anexa la respuesta que envió esa entidad el 13 de mayo de 2011 a esta Contraloría (referida en el literal anterior de este es-crito).

Aprovecha la oportunidad para informar que el 11 de mayo solicitó al director del INVIAS “programar una reunión a la que asistan el Gobernador del Atlántico, y re-presentantes de la Universidad del Norte, de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande la Magdalena (Cormagdalena), del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y demás autoridades que se consideren pertinentes, con el fin de analizar el estado actual y los potenciales eventos que se puedan presentar en el futuro próximo, con respecto al comportamiento del Canal debido al incremento de sus niveles por efecto del invierno.”

2. La función de advertencia del Canal del Dique se acompañó de la programa-ción de una serie de reuniones y exposiciones de expertos en esta temática, realizadas en la Contraloría, dirigidas a funcionarios de las contralorías delegadas de participación ciudadana, infraestructura y medio ambiente.

A partir de las respuestas dadas a la función de advertencia y de las mencionadas exposiciones, se evidenció la necesidad de complementar la información recibida con los estudios, resoluciones y conceptos técnicos expedidos en relación con dicho Canal por las distintas entidades competentes en esta materia.

En razón de ello la Contraloría envió comunicaciones solicitando que se remitieran para estudio las disposiciones legales, conceptos técnicos, estudios e inversiones relacionados



con el Canal del Dique, producidos o contratados por el Ministerio de Ambiente, Cor-magdalena y Cardique, quienes remitieron la información solicitada a esta entidad.

3. Por otra parte, los documentos y reuniones realizadas en virtud de la función de advertencia también contribuyeron a que la Contraloría conociera la situación de un contrato suscrito por Cormagdalena para obras en el canal (contrato 005 de 2009, cuyo objeto es “diseño y construcción de obras del sistema ambiental y de navegación del Canal del Dique, Fase I”, por valor de 201.664.976.114), con base en lo ordenado a esa entidad por el Ministerio de Ambiente en el año 2009, lo que posteriormen-te, en diciembre de 2010 y después de la ruptura del Canal, fue rectificado por el mismo ministerio manifestando que la alternativa impuesta en 2009 era inviable, lo que llevó a que se liquidara el contrato realizado por Cormagdalena para cumplir esa obligación. Este contrato fue investigado por la Contraloría durante la auditoría regular de la vigencia 2010 que se realizó a Cormagdalena (el contrato está en investigación actualmente).

4. Con el fin de estudiar toda esta información recopilada a través de la función de advertencia, las exposiciones de expertos y las comunicaciones enviadas a las entidades competentes y la información recopilada en la auditoría regular que está concluyendo, la Contralora General solicitó a Contralor Delegado para la Infraestructura liderar un proceso de auditoría especial para el tema del Canal del Dique una vez concluya la fase de auditoría regular a las entidades competentes. Esa auditoría especial se realizará en forma intersectorial e interdelegada al interior de la Contraloría, ya que involucra a las contralorías delegadas para la participación ciudadana y del medio ambiente, además de la de infraestructura.

5. Adicionalmente, en el seguimiento semanal a la aprobación, compromiso y ejecu-ción de recursos aprobados por el Fondo Nacional de Calamidades (FNC) al sector ambiental para atender la fase de emergencia y rehabilitación, la Contraloría General de la República solicita información a todas las corporaciones autónomas regionales (CARs) a las que se les aprobaron proyectos, incluyendo aquellas que tienen influencia en el Canal del Dique, para evaluar esas inversiones y su efecto para conjurar la crisis y prevenir futuras catástrofes.

En ese seguimiento semanal se detallan los avances y problemas y se señalan las alertas al Ministerio de Ambiente. Esta información es utilizada en la elaboración del informe exprés semanal.

Esa información de seguimiento a la ejecución semanal de los recursos recibidos por el sector ambiental del FNC, se complementa con otras circulares y advertencias dirigidas al sector ambiental en su conjunto relacionadas con el tema de ola invernal y las acciones que deben adelantar conforme a sus competencias (por ejemplo, realización de obras, uso de la información producida por los institutos de información e investi-gación del Estado), y se realiza seguimiento a la respuesta dada por las autoridades mencionadas en ellas, requiriendo a quienes se demoran en responder o enviar la información solicitada (incluye el Ministerio de Ambiente y las CAR con competencias en el Canal del Dique).

Actualmente se está trabajando en una evaluación completa a la adecuada y oportuna inversión de los recursos recibidos en la fase de emergencia por el sector ambiental,



y sus efectos para conjurar la crisis y prevenir nuevos desastres, dado que el Fondo Nacional de Calamidades (FNC) en su Junta Directiva del pasado 30 de junio determinó cerrar la recepción de proyectos de la fase de emergencia y atención humanitaria37

Para ello se proyectó una comunicación del Delegado de Participación Ciudadana al Viceministro requiriendo la información necesaria para este fin y se han adelantado las reuniones y acciones con la Procuraduría Delegada para el Medio Ambiente, con el fin de coordinar actuaciones que permitan apoyar la acción de ambos órganos de control en esa evaluación de la fase de cierre de la emergencia

37 “Finalmenteydespuésdeunaampliadiscusiónsobreelcierredelaemergencia,laJuntatomaunadecisiónadministrativa,estableciendoeldía30dejuniocomofechalímitedepresentacióndesolicitudesconcargoalosrecur-sosdelFondoNacionaldeCalamidadessubcuentaColombiaHumanitaria,deacuerdoalinformetécnicodelInstitutodeHidrología,MeteorologíayEstudiosAmbientales-IDEAMelFenómenodelaNiña2010-2011,comofenómenomundial,terminóafinalesdelmesdemayode2011,ylasprecipitacioneshanregresadoalosnivelesnormalesparalaépoca.”(ActaNo.29).

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La Contraloría Delegada de Investigaciones presentaba debilidades que se han venido superando con un plan de contingencia, por tratarse de una delegada con una alta carga laboral que exige un máximo grado de compromiso institucional.

El Estatuto Anticorrupción nos ofrece herramientas que permitirán agilizar el proceso de responsabilidad fiscal y la toma de decisiones. Será un gran desafío, para el cuer-po directivo de la entidad que ha decidido asumirlo mediante acciones concretas y decisiones oportunas, con el fin de lograr resultados en beneficio de la ciudadanía y en orden a la protección del erario público.

1. Fortalecimiento de los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva

El macro proceso misional de responsabilidad riscal y jurisdicción coactiva, le permite a la Contraloría General de la República establecer la responsabilidad fiscal y ejecutar la cartera producto de la misma. En este sentido, el Plan Estratégico 2010 – 2014, “Por un Control Fiscal Eficiente y Oportuno”, ha contemplado la estrategia denominada “Fortalecer los procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva”.

Con el propósito anterior, la Contraloría General de la República participó en el trámite del proyecto de ley anticorrupción, hoy Ley 1474 de 2011, “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, con los resultados señalados en el capítulo de marco normativo. Asimismo, ha radicado ante la Comisión Primera Constitucional de la Cámara de Representantes, el Proyecto de Ley “por la cual se unifica el procedimiento administrativo de cobro coactivo en las Contralorías”, con el objeto de dotar a las Contralorías de instrumentos eficaces para cobrar los créditos fiscales y demás obligaciones que nacen de los alcances líquidos de dinero, contenidos en los títulos ejecutivos, exigibles a favor de la Nación – Contraloría General de la República y demás contralorías.

Igualmente se han realizado ajustes para mejorar la efectividad en el seguimiento de los procesos derivados de la responsabilidad fiscal, para lo cual se han desarrollado visitas al nivel desconcentrado de la Contraloría General de la República y se ha priorizado la gestión de los procesos con tres o más años de iniciados, tendiente a minimizar el riesgo de prescripción. También se está implementando un programa de capacitación en temas relacionados con la acción de responsabilidad fiscal y el cobro coactivo, que vincula de manera presencial a los funcionarios del nivel desconcentrado en las oficinas centrales; adicionalmente, se está revisando el procedimiento de articulación del control fiscal micro con el proceso de responsabilidad fiscal y se está actualizando el manual de policía judicial.

VI. Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva



Para integrar esfuerzos en la búsqueda de bienes y la ubicación de personas respon-sables, se tienen convenios con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), Central de Información Financiera – Asobancaria (CIFIN) y Catastro Distrital y se están bus-cando otras oportunidades de convenios; además se orienta que el decreto de medidas cautelares se realice a mas tardar con la decisión de imputación en el proceso de responsabilidad fiscal.

A continuación se destacan los principales resultados del macro proceso responsabili-dad fiscal y jurisdicción coactiva, acorde con los asuntos de su competencia, frente al trámite de antecedentes, indagaciones preliminares, procesos de responsabilidad fiscal y procesos de jurisdicción coactiva.

Antecedentes

El trámite de antecedentes propende por el fortalecimiento en la articulación de los macro procesos de control fiscal micro y responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva, para generar con celeridad, resultados respecto de los insumos producidos por las auditorías desarrolladas. En este sentido, durante el período comprendido entre julio 1 de 2010 y mayo 31 de 2011, se logró mejorar la gestión en el trámite de antece-dentes generados, en cerca del 11%, al pasar de tramitar 67% en el período anterior, al 78% en el último período, como se puede evidenciar a continuación:

Gráfico 6.1

Antecedentes Tramitados respecto del Total de Antecedentes Generados

Fuente: CUBO de Información meses de junio, julio, diciembre de 2010 y mayo de 2011. Informe de Gestión 2009-2010

Asimismo, derivado de la gestión de los antecedentes que se tramitaron entre julio 1 de 2010 y mayo 31 de 2011 (1177), se tiene que el 51,4% originaron procesos de responsabilidad fiscal (PRF), el 21,9% indagaciones preliminares, el 16,4% die-ron lugar a otras situaciones38 y el 10,3% han sido archivados, tal como muestra el siguiente gráfico:

38 Antecedentesagregadosaotrasactuaciones,devueltos,trasladadosaotrasentidadesdelosquecontinuócono-ciendoladependencia,trasladadosaotrasentidadesdelosquenocontinuóconociendoladependencia,trasladadosaotrasdependencias.

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Al comparar los resultados obtenidos de los antecedentes en trámite del período anterior con los del período de este informe (julio 1 de 2010 y mayo 31 de 2011), se tiene que disminuyeron los archivados y se incrementaron los que originaron indagaciones preliminares. Los antecedentes que originaron procesos de responsabilidad fiscal pasaron del 52,4% del período anterior al 51,4 en el actual, como se aprecia en el gráfico:

Gráfico 6.2

Gestión de antecedentes en trámite

Fuente: CUBO de Información meses de junio, julio, diciembre de 2010 y mayo de 2011.

Gráfico 6.3

Comparativo resultados de los antecedentes en trámite




Indagaciones preliminares

Las indagaciones preliminares en curso a 30 de junio de 2010 ascendían a 177. Entre julio 1 de 2010 y mayo 31 de 2011, como se puede evidenciar en el siguiente grá-fico, se incrementaron en número y cuantía, al pasar de 177 a 386 y de $19.215,2 millones a $33.416,3 millones.

Como estrategia de fortalecimiento de los procesos de responsabilidad fiscal, se propende por la optimización de los mecanismos de control en el trámite de las indagaciones preliminares para garantizar mejores resultados desde el inicio del proceso. Se puede resaltar que entre julio 1 de 2010 y mayo 31 de 2011, se han reducido en 10% los archivos (de 63% a 53%) y se ha incrementado en 5% la generación de procesos de responsabilidad fiscal (de 37% a 42%), como se aprecia a continuación:

Gráfico 6.4

Indagaciones preliminares en trámite entre 01/07/2010 y 31/05/201139

Fuente: CUBO de Información meses de junio, julio, diciembre de 2010 y mayo de 2011.

•• 39 Lascuantíasestablecidas,sonlashastaahoraidentificadas.



Dentro del total de indagaciones preliminares que se tramitan a mayo 30 de 2011, se destacan doce (12), por su cuantía de $62.313,4 millones.

Procesos de Responsabilidad Fiscal

Cuando se entra en la etapa del proceso de responsabilidad fiscal es porque se cuenta con serios elementos de prueba que permiten inferir un daño al patrimonio público, así como los presuntos responsables que intervinieron, sea directa o indirectamente, en la causación del hecho generador del detrimento al erario.

El trámite de procesos de responsabilidad fiscal, en el periodo comprendido entre julio 1 de 2010 y mayo 31 de 2011, ha buscado mejores resultados con la optimización de los mecanismos de control; en este lapso, se han tramitado 3.883 PRF por una cuantía de $ 3.046.843,1 millones. El trámite culmina en procesos con fallo (con o sin responsabilidad fiscal) y archivados.

Los PRF que se han culminado, corresponden a 764 (19.7%) y ascienden a una suma de $145.572,4 millones (4.7%); de los 764 hay 238 PRF que han culminado con fallo, siendo 202 con responsabilidad fiscal por la suma de $35.959,6 millones y 36 sin responsabilidad fiscal por $1.697,5 millones.

Gráfico 6.5

Resultados de indagaciones preliminares en trámite




Al efectuar el comparativo con el reporte realizado en el informe del período anterior, se puede señalar que se han mejorado los indicadores, puesto que se ha incremen-tado el porcentaje de PRF con fallo con responsabilidad fiscal, al pasar del 78.26% al 84.9%, reduciendo los fallos sin responsabilidad fiscal de 21.74% a 15.1%, como se puede ver a continuación.

Gráfico 6.6

Procesos de responsabilidad fiscal con fallo


Gráfico 6.7

Comparativo de procesos de responsabilidad fiscal con fallo


De los 3.883 procesos de responsabilidad fiscal tramitados en el período informado, 526 procesos (13.54%) han sido archivados, por una suma de $107.915,3 millones (3.54%), cuya causa de archivo se discrimina de la siguiente manera:



En este punto, se destaca el resarcimiento del daño obtenido en los PRF archivados por pago por valor de $4.704,8 millones ó por reposición del bien por $ 1.779,8 millones, para un resarcimiento total de $6.484,6 millones, en 87 y 32 PRF, res-pectivamente.

Con relación a las medidas cautelares en los PRF en curso, durante la vigencia del informe, se decretó esta medida en 127, que afectan cerca de 376 bienes, entre los que se encuentran dineros en cuenta bancaria, salarios, inmuebles, vehículos y estable-cimientos de comercio. (Fuente: Aplicativo SIREF, reportado en millones de pesos.)

A junio 1 de 2011, se tienen en trámite 3.119 PRF por una cuantía de $2.901.270,7 millones destacándose sesenta y dos (62), por su cuantía de $508.559 millones.

Finalmente, cabe destacar que la Contraloría ha hecho presencia en casos de impacto nacional, denunciados por diferentes medios o derivado del ejercicio auditor, abriendo indagaciones o procesos de responsabilidad fiscal. Se mencionan algunos de ellos a continuación:

Irregularidades por inversiones con recursos provenientes de excedentes de liquidez de regalías.

Es el caso informado por la Dirección de Regalías de la Dirección Nacional de Pla-neación, sobre las inversiones temporales de liquidez realizadas por la Gobernación de Casanare, que arrojaron una “diferencia negativa entre el valor recibido por la entidad territorial en la monetización derivada de la venta de los bonos globales / (Yankees) en relación con el valor del desembolso efectuado al momento de la constitución de los mismos en el año 2007, del orden de $22.122.726.454, que podrían constituir una pérdida parcial de capital invertido por el departamento en éstos títulos.”. Allí,

Gráfico 6.8

Procesos de responsabilidad fiscal archivados




la Contraloría General de la República inició investigaciones fiscales por el pago de intereses remuneratorios y moratorios por los contratos de empréstito que debió suscribir la entidad para obtener liquidez, en razón de las mencionadas operaciones realizadas, por una cuantía estimada de dos mil seiscientos veintiún millones ocho-cientos diecinueve mil quinientos veinticinco pesos ($2.621.819.525).

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Celebró durante las vigencias 2006 a 2009 convenios de cooperación tecnológica y científica con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y en el año 2010, celebró un convenio interadministrativo con Finangro. A través de dichos convenios se destinaron recursos públicos para la divulgación y socialización del Programa Agro Ingreso Seguro. Dentro de la indagación preliminar adelantada se ha podido establecer que existen irregularidades con alcance fiscal en el manejo de dichos recursos. A efectos de poder continuar con las investigaciones dentro del proceso de responsabilidad fiscal, se solicitará el levantamiento de la inmunidad al señor Jorge Andrés Caro Caprivisnki, en razón a que los convenios realizados se sus-cribieron con el IICA, que es un organismo internacional. Por estos mismos hechos existe investigación en la Procuraduría General de la Nación y en la Fiscalía General de la Nación.

Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)

La apertura del Proceso de Responsabilidad Fiscal CD-000257 el 17 de diciembre de 2010, con base en los resultados de la indagación preliminar identificada con el mismo número, por irregularidades en el manejo de recursos públicos administrados por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) en relación con la Fase III del Sistema Integrado de Transporte Masivo “Transmilenio” de la ciudad de Bogotá. Al PRF men-cionado se agregaron diversos procesos provenientes de la Contraloría de Bogotá, adelantados por estos mismos hechos o hechos conexos, los cuales fueron remitidos a la Contraloría General de la República en virtud del control excepcional, autorizado respecto del tema Fase III de Transmilenio mediante auto 0001 del 4 de noviembre de 2010.

FINAGRO-Fondo Ganadero de Caquetá

En el caso Finagro - Fondo Ganadero de Caqueta, mediante Auto No. 000655 del 9 de mayo de 2011, se vinculó al proceso de Responsabilidad Fiscal No. 80183- 064-629 al ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias Leyva, a algunos ex funcionarios de FINAGRO y del Fondo Ganadero de Caquetá (de la época). Inicia la actuación como origen del Hallazgo de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral ejecutada en el Fondo Ganadero de Caquetá S.A., respecto a la vigencia de 2005 y 2006. Proceso que fue abierto en el año 2008 en el Caquetá, realizándose el cambio de radicación en el año 2010, dada la complejidad del mismo.

Procesos de Jurisdicción Coactiva

La jurisprudencia ha definido la jurisdicción coactiva como un “privilegio exorbitante” de la administración, que consiste en la facultad de cobrar directamente, sin que



medie intervención judicial, las deudas a su favor, adquiriendo la doble calidad de juez y parte, cuya justificación se encuentra en la prevalecían del interés general, en cuanto dichos recursos se necesitan con urgencia para cumplir eficazmente los fines estatales.

A través del área de Jurisdicción Coactiva, tanto en el nivel central como en el des-concentrado, la Contraloría General de la República adelanta el cobro coactivo de los títulos ejecutivos originados en actos administrativos y otras providencias, siempre que las mismas contengan una obligación clara, expresa y actualmente exigible.

Esta actividad se desarrolla en un procedimiento dividido en dos etapas: la primera, denominada persuasiva, donde el ejecutado puede hacer ofrecimiento de pago en forma voluntaria; la segunda, Coactiva, donde la Contraloría General de la República despliega toda su fuerza coercitiva en búsqueda del pago.

El recaudo por jurisdicción coactiva, durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2010 y el 30 de mayo de 2011, logró pagos de las obligaciones en cuantía de $3.552 millones de pesos, desagregados en $1.343 millones de pesos en etapa persuasiva y $2.209 millones de pesos en etapa de cobro coactivo que equivalen al 37.8% y 62.2% respectivamente.

Gráfico 6.9

Recaudo por jurisdicción coactiva(Cifras en Millones de pesos)

Fuente: Cubo a mayo de 2011 - Jurisdicción Coactiva

La cartera de jurisdicción coactiva a nivel nacional refleja a 30 de mayo de 2011, 2.183 procesos activos por un valor de $356.067 millones, discriminados en el si-guiente cuadro:



De acuerdo con la clasificación de los títulos ejecutivos, el porcentaje de los mismos se concentra en los procesos sancionatorios y de responsabilidad fiscal, con el 51% y 47% respectivamente, pero son los de responsabilidad fiscal los que representan el 96% de la cartera, como se ve en los siguientes gráficos:

Títulos ejecutivos No. Procesos Cuantías

Procesos de Responsabilidad Fiscal 1.036 341.296 Procesos Sancionatorios 1.110 14.517 Sentencias 13 89 Reintegros y Tarifa fiscal 24 163 Total 2.183 356.067

Cuadro 6.1

Fuente: CUBO a Mayo de 2011 - Jurisdicción Coactiva

Cartera de Jurisdicción Coactiva Cifras en millones de pesos

Además, hay decretadas y perfeccionadas un total de 673 medidas cautelares en 594 procesos a nivel nacional.

2. Grupo de Sustanciación

Corresponde al Despacho de la Contralora General de la República, por intermedio de la Oficina Jurídica, conocer en segunda instancia de los procesos de responsabilidad fiscal que hayan sido tramitados en primera instancia por la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, que comprende a su vez la interposición de nulidades y revocatorias directas, entre otros temas excepcionales.

Gráfico 6.10

Clasificación y cuantía de los títulos ejecutivos

Fuente: CUBO a Mayo de 2011 - Jurisdicción Coactiva



Los trámites mencionados anteriormente se surten a través de proyectos de provi-dencias elaboradas por el Grupo de Sustanciación, aprobadas por el Director de la Oficina Jurídica y posteriormente suscritas por el Despacho de la Contralora General de la República, tales como, fallos (de consulta y apelación en los procesos de res-ponsabilidad fiscal), autos (pruebas, aclaratorios y revocatorias directas en procesos de responsabilidad fiscal).

La sustanciación de fallos y autos de segunda instancia para firma de la Contralora General de la República, pretende la unificación de criterios y la preservación de los principios constitucionales, legales y reglamentarios. Igualmente, se busca evitar acciones judiciales en contra de la Contraloría General de la República por violación de estos principios o solucionar de una manera exitosa aquellas que sean interpuestas.

A continuación se mencionan algunos actos administrativos expedidos por el despacho de la Contralora General de la República:

3. Control Excepcional y Concurrente:

El control excepcional es aquel que se ejerce sobre los recursos propios de las enti-dades territoriales, es decir, es un control que en principio, conforme lo previsto en el artículo 272 de la C.P., correspondería a las contralorías departamentales, municipales o distritales, pero, es asumido de manera excepcional por la Contraloría General de la República a solicitud de los sujetos y con las formalidades señaladas en el artículo 26 de la Ley 42 de 2993, entre los cuales se encuentra el Congreso de la República.

El control político que es ejercido por el Congreso de la República, puede ser materiali-zado a través de la solicitud de control excepcional en relación con un tema puntual o concreto a la Contraloría General de la República, para que sea ésta y no la contraloría territorial, la que realice en control fiscal y adelante las acciones fiscales del caso.

Fallo de consulta Asunto Decisión de segunda instancia

Fallo de Consulta No. 0026 de diciembre 23 de 2010.

Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 000133 – Gobernación del Amazonas.

Revocó la decisión de archivo.

Fallo No. 0001 de enero 14 de 2011.

Proceso de Responsabilidad Fiscal No. CD000164 - Gobernación de Nariño

Revocó la decisión de archivo parcial.

Fallo de Consulta No. 0005 de enero 25 de 2011.

Proceso de Responsabilidad Fiscal No. CD000179 – Departamento de Casanare contra WHITMAN HERNEY PORRAS, INTER-MEDIO BIENES & CAPITALES S.A. Y OTROS

Confirmó la decisión (cesación del procedimiento y el archivo parcial a favor de INTERMEDIO BIENES & CAPITALES S.A.)

Auto No. 0017 de febrero 16 de 2011.

Proceso de Responsabilidad Fiscal No. DIJF-002-26.467 – Cámara de Representantes – CÉSAR AUGUSTO MARTÍNEZ GÓMEZ

Rechazó la solicitud de revoca-toria directa.

Fallo de Consulta No. 0014 de mayo 2 de 2011.

Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 84231-1-007 – Departamento de Córdoba

Revocó la decisión de archivo

Cuadro 6.2

Fuente: Oficina Jurídica

Algunos casos segunda instancia



Dentro de la función de control político a los entes territoriales y en concordancia con la Constitución Política y la normatividad vigente, la institución del control excepcional genera un campo adicional en la interrelación técnica de la Contraloría con el legislativo, gracias a la doble facultad que al respecto tienen el organismo legislador, por una parte, para solicitar control fiscal posterior y el organismo fiscalizador para ejercerlo, en forma excepcional, sobre las cuentas de cualquier entidad territorial, sin perjuicio del control que les corresponde a las contralorías departamentales, distritales y municipales.

Actualmente este mecanismo de control se encuentra regulado por la Resolución 6069 de agosto de 2009, que modificó la Resolución 5588 de 2004.

Durante el período de este informe (1 de julio de 2010 y 30 de junio de 2011), se recibieron 149 solicitudes de control excepcional, distribuidas según el solicitante como se muestra en el siguiente cuadro. Como se observa, la mayor proporción de solicitudes de control excepcional proviene de las veedurías ciudadanas. Del total, el 33,5% corresponden a dichas organizaciones, le siguen los concejos municipales con el 24% y el 42,5% restante proviene del resto de entidades autorizadas legalmente para solicitar este tipo de control.

Solicitante Jul. – Dic.10 Ene. – Jun. 11 Total periodo

Senado 2 5 7 Cámara 3 3 6 Gobernaciones 2 2 4 Alcaldías 5 2 7 Asambleas 2 0 2 Concejos 15 9 24 Personerías 2 1 3 Veedurías 24 26 50 Otros 16 30 46 Total 71 78 149

Controles excepcionales por solicitante

Cuadro 6.3

Fuente: Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva

De las 149 solicitudes recibidas se admitieron 46, correspondientes al 30.8% de ese total. Las otras 103 solicitudes, equivalentes al 69.2%, se clasifican así: 44 recha-zadas, 19 trasladadas a otras dependencias por competencia (SGP – Regalías) y 40 pendientes por falta de la documentación de soporte o de información.

Trámite Jul. – Dic.10 Ene. – Jun. 11 Total periodo

Admitidas 32 14 46 Rechazadas 33 11 44 Trasladadas 6 13 19 En Complementación 0 40 40 Total 71 78 149

Trámite las solicitudes de control excepcional

Cuadro 6.4




En términos generales, las solicitudes de control excepcional responden a la inquietud de los solicitantes respecto a presuntas irregularidades en el manejo de recursos pú-blicos de los entes territoriales. Al clasificarlas según el área específica se encuentra que la mayoría de ellas se originan en temas de contratación, así:

De acuerdo con la distribución geográfica, podemos verificar de acuerdo al siguiente cuadro que los departamentos con mayor número de solicitudes de control excepcional son: Bolívar, Santander, Valle, Bogotá y Antioquia, que en conjunto suman el 47.5%; el restante 52,5% corresponde al resto de departamentos del territorio nacional.

Motivo Jul. – Dic.10 Ene. – Jun. 11 Total periodo

Contratación 49 43 92 Gestión 8 9 17 PRF 1 4 5 SGP 2 2 4 Regalías 2 2 4 Presupuesto 2 3 5 Otro 7 15 22 Total 71 78 149

Controles excepcionales según motivo de solicitud

Cuadro 6.5


Departamento Jul. – Dic.10 Ene. – Jun. 11 Total periodo

Antioquia 3 9 12 Bolívar 11 5 16 Bogotá 6 7 13 Santander 6 9 15 Valle 9 6 15 Otros 36 42 78 Total 71 78 149

Controles excepcionales por departamento

Cuadro 6.6


Dentro de los controles excepcionales con mayor impacto por el sector económico al que pertenecen y los recursos públicos involucrados se encuentran:

Bogotá: Transmilenio III Fase y UAESP.

Antioquía: Gobernación de Antioquía y Fundación Buen Gobierno.

Valle: Acuavalle y Concesiones 001, 002 y 003 de la Gobernación del Valle, Industria Licorera del Valle.

Caldas: Aerocafe y EDSA – Susuerte.

Quindío: Empresas Públicas de Armenia.

Cundinamarca: Hydros Chia.



4. La desconcentración de funciones de investigación

Respecto de los nuevos cargos creados, es decir la incorporación a la estructura in-terna de los nuevos Contralores Delegados Intersectoriales, se pretende responder con oportunidad y eficiencia a las necesidades de control en el marco del Plan Nacional de Desarrollo que no está circunscrito necesariamente a una estructura rígida de sec-tores aislados, sino actuando sinérgicamente. Para el efecto se seleccionarán personas con una clara visión multisectorial en aras de lograr ampliar en cobertura y calidad el control fiscal a nivel central.

Esta transformación de los roles ordinarios evitará el traslado de expedientes de una Delegada a otra y luego, de acuerdo a la etapa procesal, a distintas Direcciones; el nuevo esquema evita una nueva práctica de pruebas y dilación en las decisiones.

Lo anterior, sin descuidar el nivel regional donde, como sabemos, el alcance del control fiscal anterior a la promulgación de la Ley 1474 de 2011, era muy corto, supeditado a la insuficiencia de medios tecnológicos y personal: Así mismo, la creación de las gerencias departamentales colegiadas integradas por un Gerente Departamental y los contralores provinciales, facilitan la cobertura de la Contraloría General a nivel nacio-nal, realmente total, dentro de nuestra visión de prevenir fenómenos de corrupción y, sobre todo, mejorar la gestión de las entidades nacionales y regionales donde el Estado recién está entrando con servicios de salud, justicia, seguridad, educación, servicios públicos, y la introducción de grandes reformas a la Ley de Regalías, con lo que se hace más importante el ejercicio del control fiscal.

Es en este campo, donde los futuros responsables del ejercicio fiscal hallarán el marco de su actividad funcional, en aras el cumplimiento misional de la entidad.

Dentro de esta perspectiva de desconcentración se pretende llegar a las regiones y a todos los ámbitos del Estado, con la creación de novedosas figuras como los grupos de reacción inmediata y la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrup-ción, a la que estarán adscritos estos nuevos contralores delegados Intersectoriales, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Anticorrupción, figuras que estarán revestidas de facultades para adelantar indagaciones preliminares y tendrán equipos de trabajo capacitados, con facultades de policía judicial, y que podrán interactuar con las demás entidades de control: procuraduría y fiscalía, quienes son y serán la herramienta principal de este nuevo modo de combatir la corrupción.

5. Los procesos verbales

La introducción del nuevo procedimiento verbal, como punta de lanza a fin de atacar uno de nuestros más complejos problemas, como es el de la dilación procesal que impide dar respuestas inmediatas frente a los retos de la corrupción, se convierte en un elemento de alto impacto como herramienta de trabajo y sobre todo, como procedi-miento especialísimo a emplear en el momento en que los elementos fácticos y proba-torios nos permitan resolver con prontitud, publicidad y máximo respeto a las garantías constitucionales y procesales, mediante fallos que decreten responsabilidad y permitan la recuperación de los dineros o bienes que hubiese perdido el Estado. Lo anterior por medio del empleo de las audiencias, medios tecnológicos, y el apoyo de equipos de investigación capacitados y comprometidos con el avance de los procesos.



Este nuevo procedimiento no sólo conlleva a mejorar nuestra labor misional, relacio-nada con los procesos de responsabilidad fiscal, sino a fortalecer los procedimientos y mecanismos de control auditor, que es una de nuestras fuentes principales de ante-cedentes y hallazgos, por lo que nuestros auditores serán los primeros investigadores capacitados y dotados técnicamente, a fin de asegurar medios probatorios y elementos de juicio para el adelantamiento de los procedimientos fiscales.

Finalmente, la Ley 1474 de 2011, conserva el ahora denominado Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal, que con las reformas hechas en el Estatuto Anticorrupción, despeja las dudas respecto a aspectos como notificaciones, preclusividad de los plazos en el trámite de los procesos, perentoriedad para el decreto de pruebas en la etapa de descargos y oportunidad y requisitos de la solicitud de nulidad, además de introducir como elemento nuevo las presunciones de dolo o culpa grave, cerrando el debate sobre la procedencia de estos eventos, estableciéndola como presunciones de hecho esto es, que son debatibles dentro del proceso. La norma antes referida abre el campo de la responsabilidad fiscal, no solo a los funcionarios públicos sino a todo aquel que esté inmerso en el manejo y administración de recursos públicos, es decir, que se extien-de a los contratistas, interventores, y otras personas, que en muchos eventos se ven involucradas y beneficiadas por el detrimento al patrimonio del Estado.

Las nuevas disposiciones permitirán iniciar, adelantar y culminar procesos de responsa-bilidad, dentro de los términos precisos de 5 años o menos, evitando prescripciones, al igual que a la hora de determinar responsabilidades, los imputados oculten los bienes obtenidos como consecuencia de la afectación del patrimonio del Estado.

En conclusión: celeridad, eficiencia, economía y otros principios de la administración pública, que por causas externas no se lograban concretar en nuestra acción, serán realidad gracias a los cambios introducidos, que permiten actuar para mantener la ética en las entidades públicas, eliminar focos de corrupción, devolver la confianza ciudadana y, sobre todo, para enaltecer la casi centenaria tradición del control fiscal, a la cual pretendemos honrar con un trabajo técnico, de impacto nacional y sobre todo que cumpla los propósitos originales de la creación de la Contraloría General de la República.

6. La recuperación de activos en el exterior

Pareciera increíble que la entidad que tiene a su cargo la recuperación de los activos del Estado y, lo debe hacer -pues no olvidemos que no solo goza de funciones de po-licía judicial sino que, además, cuenta con la facultad de embargar y rematar bienes-, estuviese ausente de todo escenario internacional, a pesar de que a nadie sorprende que los activos provenientes de la corrupción terminen fuera del país.

Esta práctica, generalizada en el globo terráqueo, fue la que, precisamente, llevó a las Naciones Unidas a promover la suscripción de una convención, la de anticorrupción, que Colombia no solo lideró en la etapa de formulación sino que, además, la suscribió en el año 2003.

El valor de este instrumento radica en la obligación del suministro de información por parte del país que se supone ha recepcionado tales recursos. Por otro lado, cualquier autoridad competente para el efecto, en su propio país puede solicitar el embargo de



bienes en el exterior. Una vez se profiera decisión de fondo, procede la recuperación de los recursos en un porcentaje del cien por ciento, a diferencia de lo que sucede en los casos de estupefacientes, pues ante tal hipótesis los activos han de distribuirse entre receptor y país de origen.

Dichos embargos exigen fungir como autoridad central, es decir, como punto de refe-rencia para cumplir el tratado. Al no contar con tal estatus, las primeras solicitudes fueron objeto de trámites inconducentes, en tanto que la Canciller y otros funcionarios de la Fiscalía y la Presidencia de la República plantearon que, para cumplir las fun-ciones constitucionales, entratándose de embargos en el exterior, debía someterme a la autorización de la Fiscalía, y hacerlo de acuerdo con lo dispuesto por el Ministro del Interior.

Finalmente, la petición del reconocimiento de estatus de autoridad central para efectos de la convención fue sometida a su destinatario original, el Jefe del Estado, quien inmediatamente autorizó tal condición.

Ello, y actuar como punto referencial dentro de la red que los Estados han designado para el efecto, será fundamental para la futura recuperación de los activos obtenidos mediante defraudación al Estado y traslados a otro país. Para plantear la necesidad de darle mayor operatividad a la convención se participó en foros. En ellos se ha lla-mado la atención sobre la falta de reconocimiento de la convención como instrumento operativo directamente vinculante y se ha recalcado sobre el papel de los entes de fiscalización superior en la lucha contra la corrupción y el poco uso que se hace de la convención.

Por otro lado, se ha establecido contacto con varios entes homólogos y se adelantan conversaciones para desarrollar, a la luz de la convención, acuerdos bilaterales que trasciendan el intercambio académico y faciliten intercambio de información y recu-peración de bienes.

A finales del mes de agosto se celebrará una reunión en Austria del Grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta, en Viena, sobre prevención de la corrupción, que permitirá tomar contacto con las redes para la recuperación eficaz de activos, y a partir de entonces se espera mayor fluidez en el uso del mecanismo.

La Contraloría General de la República, a través de la Delegada para Investigaciones Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, inicia las acciones fiscales pertinentes con el fin de establecer la responsabilidad de quienes, con dolo u omisión, han incurrido en una incorrecta gestión de los recursos públicos pertenecientes al Estado Colombiano. La Constitución y la Ley 610 de 2000 proveen los mecanismos necesarios que permiten realizar el embargo de los bienes y créditos que registran, bajo propiedad de quienes resultaren responsables en proceso de responsabilidad fiscal. Cuando se trata de bienes ubicados en el exterior, se hace la solicitud a la INTERPOL y al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada por la Ley 970 de 2005.

Las acciones jurídicas y procesales iniciadas por el Estado colombiano, tienen un enfoque de cooperación interadministrativa que compete a los diferentes órganos y entidades encargados de velar por la administración de justicia en Colombia y su fin es



el de establecer la responsabilidad civil, penal, fiscal, disciplinaria de los involucrados en los hechos irregulares en materia de contratación, y que fueran presentados en la ejecución del contrato 137 de 2007 con el Instituto de Desarrollo Urbano.

Durante el proceso de investigación pertinente al Proceso de Responsabilidad Fiscal PRF 000257, se pudo establecer que se hicieron consignaciones al exterior, es decir, que se giraron dineros al exterior por la suma de $1.661.355.146,66 millones de pesos colombianos, giros que no correspondían a inversiones efectuadas en la obra contratada por el Instituto de Desarrollo Urbano para ejecución de la obra Transmilenio Fase III en la ciudad de Bogotá

Como órgano estatal encargado de la justicia penal en nuestro país, la Fiscalía General de la Nación, en colaboración interadministrativa de altísimo interés para el Estado colombiano con la Contraloría General de la República, ha adjuntado en sus averi-guaciones, las peticiones sobre información de nexos bancarios o comerciales para la adquisición de bienes o productos bancarios de personas jurídicas o naturales que tengan relación con los vinculados al proceso PRF 257, para efectos de atender el compromiso interinstitucional asumido, se presentan las consultas referentes a bienes o cuentas bancarias relacionadas con terceros vinculados con presuntos responsables en el proceso 000257.

En las solicitudes presentadas se relacionan personas naturales, de quienes se tiene conocimiento han efectuado transacciones comerciales o bancarias donde se han visto involucrados dineros producto del anticipo del contrato 137 de 2007 para construcción de Transmilenio Fase III.

Con el fin de tener claridad respecto de los bienes inmuebles o cuentas bancarias sobre las que deberán recaer las medidas cautelares objeto del proceso de responsabi-lidad fiscal, o de establecer bienes a nombre de presuntos vinculados con el procesos 000257, la Contraloría General de la República establece comunicación constante y reiterada con la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL, División adscrita a la Policía Nacional encargada de la persecución a criminales o delitos que afectan el ordenamiento jurídico en el Estado colombiano. Producto de ello, son remitidos por las oficinas con competencia en Panamá, Dubai, Suiza, Estados Unidos, Inglaterra. Información que evidencia una mayoría de nexos comerciales y bancarios con Estados Unidos y el Reino Unido.

Para el mes de Junio de 2011, la Contraloría General de la República, solicita al De-partamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, a su división criminal en cabeza del señor James D. Ingram Senior Trial Attorneyen concordancia con el artículo 29 de la Ley 610 de 2000,invocando la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, suscrita por nuestros Estados, aprobada en nuestro derecho interno, por la Ley 970 de 2005 en sus Artículos 2.f),, 43.1, 54.1.b, 31.8,54.2.a, acudir a los mecanismos jurídicos necesarios y adoptados por su ordenamiento interno, para disponer el embargo preventivo o la incautación de bienes a las personas jurídicas o personas naturales referenciadas en ésta petición.



VII. Control Fiscal Participativo

1. Atención de denuncias

Durante el período comprendido entre Julio de 2010 y Junio de 2011, se recibieron 2.909 denuncias de competencia de la Contraloría General de la República, relacio-nadas con los sujetos de control de esta Entidad. Corresponden a aquellas solicitudes que insinúen detrimento del patrimonio público o una indebida gestión fiscal.

Además, ingresaron 5.324 solicitudes de competencia; estas se refieren a comunicacio-nes del ciudadano relacionadas con la gestión o los servicios de los sujetos de control de la Contraloría General de la República, en aspectos sobre los que la entidad tiene competencia para adelantar algún tipo de investigación o pronunciamiento. Igualmente, cuando se elevan derechos de petición en interés general o en interés particular; se formulan consultas o se solicita información de actuaciones, sin que ello implique una denuncia o un posible manejo irregular, un eventual detrimento de los bienes o fondos de la nación o una indebida gestión fiscal.

Se recibieron 2.969 solicitudes de No Competencia, que tienen relación con un presunto daño patrimonial al Estado, o presuntas faltas disciplinarias o penales de servidores públicos distintos a los de la Contraloría General de la República, en entidades que no son sujeto de control de esta entidad.

A continuación se muestran las denuncias, solicitudes de competencia y de no com-petencia recibidas durante el período comprendido entre Julio de 2010 y Junio de 2011.

Gráfico 7.1

Solicitudes recibidas de julio 2010 a junio 2011

Fuente: Sistema de Información SIPAR



Distribución de las denuncias por sectores

Las denuncias se clasifican por sectores, de acuerdo con la resolución orgánica que anualmente expide el Contralor General de la República, por medio del cual se sectorizan y categorizan los sujetos de control fiscal y se asigna la competencia para la vigilancia de su gestión fiscal a las contralorías delegadas para la vigilancia fiscal sectorial.

De igual forma, se observa en el gráfico 7.2, que el sector más denunciado corres-ponde a Social con el 43.57%, seguido del sector Minas y Energía con 12.82%.

Temas denunciados

La gráfica 7.3 muestra que el tema más denunciado por la ciudadanía ante la Con-traloría General de la República corresponde a contratación con 29.14%, seguido de ola invernal con 29.88%.

Gráfico 7.2

Denuncias por sectores de julio 2010 a junio 2011




2. Centro de Atención Integral al Ciudadano (CAIC)

Uno de los principales resultados del proceso de modernización fue el fortalecimiento del que, además de ser un escenario para la divulgación del control fiscal participativo y punto de encuentro entre la Contraloría General de la República y la ciudadanía, brinda orientación al ciudadano, atención de denuncias y quejas y asesoría sobre el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal (SICE). Igualmente se ofrece información sobre las publicaciones de la entidad, expide los certificados de antecedentes fiscales con destino a las embajadas, y se presta apoyo en la auto-consulta de la página web de la Contraloría General de la República.

La atención al ciudadano en el Centro de Atención Integral al Ciudadano, (CAIC), va más allá del número de personas atendidas. Mediante el servicio de orientación y recepción de denuncias se abrió un espacio para que los ciudadanos comprometidos informen responsablemente a la Contraloría General de la República sobre situaciones o hechos que atenten contra la eficiencia y moralidad en la gestión pública. Es así como en el período se atendieron 508 ciudadanos que acudieron a solicitar orientación o presentación de denuncias.

La asesoría sobre el SICE apuntó a la transparencia en la contratación de tal forma que cada ciudadano asesorado que accedió a contratos con el Estado lo pudo realizar en igualdad de condiciones; así, se realizaron 14.303 orientaciones sobre este servicio.

La expedición de certificados de responsabilidad fiscal con destino a las embajadas permitió que los ciudadanos colombianos que salieron del país comprobaran su mo-ralidad administrativa en el manejo de los bienes y dineros del Estado, se expidieron 453 certificados con destino a embajadas. Por su parte, el punto de consulta y venta de las publicaciones de la Contraloría General de la República se convierte en una ventana ante la sociedad para que la ciudadanía conozca la gestión de la entidad a través de sus publicaciones; se atendieron 201 ciudadanos consultantes.

Gráfico 7.3

Denuncias por temas de julio 2010 a junio 2011




De igual manera, el proceso de formación de la ciudadanía en el CAIC propendió por una participación de la misma en forma responsable en el ejercicio del control social a la gestión pública. Finalmente, a través de la línea transparente se atendieron a 4.990 ciudadanos brindando información general sobre nuestros procesos.

Departamento Jul. – Dic.10 Ene. – Jun. 11 Total periodo

Orientación y recepción de denuncias ciudadanas

Proceso jul/dic 2010 ene/jun 2011 Total Denuncias 76 216 292 Orientaciones 110 106 216 Total 186 322 508

Sistema de información para la vigilancia de la contratación estatal sice

Orientación telefónica 2.386 4.232 6.618 Orientación personal 655 752 1.407 E-mail 2.529 3.749 6.278 Total 5.570 8.733 14.303 Consulta publicaciones Consultas publicaciones de la cgr 85 116 201 Total 85 116 201

Expedicion de certificados de responsabilidad fiscal

Embajadas 261 192 453 Total 261 192 453 Total atenciones a ciudadanos 8.322 12.133 20.455

Gestión del CAIC en cifras julio de 2010 a junio de 2011

Cuadro 7.1

Fuente: Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana

3. Medición de la satisfacción del ciudadano

Para evaluar el grado de satisfacción de los clientes, se aplicaron y publicaron los resultados de la medición de satisfacción con respecto a los servicios en el Centro de Atención Integral al Ciudadano (CAIC) y al trámite de las denuncias presentadas ante la Contraloría General de la República.

Con respecto a la primera, se aplicaron en forma selectiva y en el momento en que el ciudadano recibió la atención, 1.034 encuestas de evaluación de los servicios ofrecidos. La lectura de los resultados permitió colegir que los esfuerzos estuvieron encaminados al logro de una atención con oportunidad y calidad, como comple-mento a las demás políticas de mejoramiento de la institución. En cuanto a la calificación que la ciudadanía le da a nuestra entidad, el 66% expresó tener una excelente imagen de la Contraloría General de la República, seguido por el 29% que tiene buena imagen y el 4% de los encuestados que la califica como regular; sólo el 1% de los encuestados expresó tener una mala imagen de la Contraloría General de la República.



4. Promoción de la Participación Ciudadana

La Contraloría General de la República a través de la Delegada para la Participación Ciudadana participa en diferentes espacios de construcción colectiva con el propósito de promover la rendición de cuentas vertical, esto es a la ciudadanía. Este trabajo interinstitucional lo realiza con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), con sus direcciones de Desarrollo Territorial Sostenible (DDTS) y Evaluación de Políticas Públicas (DEPP), El Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la Corporación OCASA y con el acompañamiento de la Cooperación Técnica Alemana a través del Programa CERCAPAZ – GTZ.

Como resultado de este trabajo conjunto se elaboraron y publicaron dos cartillas: una dirigida a las entidades territoriales para promover estos ejercicios basados en la comunicación y la confianza y la otra a los ciudadanos para una participación activa y crítica en el control social a la gestión pública.

Procesos de rendición pública de cuentas para la garantía de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud.

A partir del año 2010, por invitación de la UNICEF y en desarrollo del convenio cooperación internacional celebrado entre la Contraloría General de la República y esta entidad, se plantearon cuatro objetivos: dos orientados al gasto público social de competencia de la Contraloría Delegada para el Sector Social y dos de competencia de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, dirigidos a impulsar la rendición pública de cuentas de las administraciones departamentales, municipales y distritales sobre la inversión y los resultados de la gestión social, en especial la relacionada con la infancia y la adolescencia, y a impulsar la participación ciuda-dana para ejercer el control social sobre las acciones públicas creadas a favor de estos grupos poblacionales. En este sentido se ha aportando a la construcción y desarrollo del componente de rendición pública de cuentas para la garantía de los derechos de la infancia adolescencia y juventud tanto en aspectos conceptuales como metodológicos y operativos.

En desarrollo de la asistencia técnica se realizaron videoconferencias y macrotalleres presenciales sobre aspectos conceptuales, metodológicos, operativos de rendición pública de cuentas y sobre la asistencia técnica, dirigidas a los grupos internos de las gobernaciones, responsables de la preparación, coordinación, realización y eva-luación procesos de rendición pública de cuenta e Igualmente dirigidas a los equipos técnicos departamentales integrados por la Procuraduría regional, las Gerencias de-partamentales de la Contraloría General de la República, las direcciones regionales del ICBF y de la Defensoría del Pueblo y las redes departamentales de apoyo a las veedurías ciudadanas, estas últimas con la responsabilidad de sensibilizar y capaci-tar a la ciudadanía sobre el tema, para una participación activa y argumentada en estos procesos.

Se trabaja conjuntamente con el DAFP, Minprotección Y ESAP en la definición de los contenidos de las capacitaciones a servidores públicos, ciudadanía y niños, ado-lescentes y jóvenes y con todo el equipo de la mesa nacional en la elaboración del cronograma de asistencia técnica con los diferentes departamentos.



Como resultado de este trabajo existe cronograma de audiencias públicas de rendición de cuentas, de las cuales, a la fecha, se han realizado cuatro en los departamentos de Santander, Atlántico, Boyacá y Quindío.

5. Articulación del control fiscal con las organizaciones de la sociedad civil

Dentro de las estrategias que la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana construyó para la promoción de la participación ciudadana en el control fiscal, se encuentran las auditorías articuladas con organizaciones de la sociedad civil, como espacio de democratización de la gestión pública, donde los ciudadanos organizados desarrollan un rol proactivo en el ejercicio del control fiscal.

La estrategia de auditorias articuladas está concebida para que las organizaciones de la sociedad civil con las cuales la Contraloría General de la República, realiza un trabajo mancomunado respecto del ejercicio del control fiscal, participen en los pro-cesos auditores desde el mismo momento de la construcción del PGA pasando por las diferentes fases del proceso auditor, esto es, la planeación donde se definen las líneas de auditoría y el memorando de encargo, ejecución a través de las mesas de trabajo de auditoría, para finalmente participar en el informe final.

Se han realizado 50 auditorías articuladas a nivel nacional, con la participación acti-va de organizaciones de reconocida trayectoria tales como la Confederación Nacional de Juntas de Acción Comunal, las veedurías Revisar, Veesatol, veedores de Puerto Boyacá.

Durante el primer semestre del año 2011, son de resaltar los aportes en la línea de contratación generados por la organización Transparencia por Colombia en desarrollo de la auditoría regular realizada a la Cámara de Representantes.

Asimismo, la Corporación Nacional de Comerciantes (CONALCO) con sus aportes en las líneas de contratación, financiera y de gestión a la auditoría realizada a la Central de Abastos de Bogotá Corabastos.

En el Departamento del Meta, el Comité Cívico de Villavicencio; en su articulación a la auditoría especial a las regalías de la Gobernación del Meta transferidas al Instituto de Desarrollo del Meta, brindó acompañamiento técnico en las visitas de campo a las obras civiles adelantadas. Como resultado del acompañamiento la Contraloría General de la República realizó una función de advertencia por valor de 521 millones de pesos por deficiencias en la calidad de obras de mejoramiento del Parque Maloca.



VIII. Control Fiscal MacroEl control fiscal macro consiste en evaluar si las decisiones de política económica y sectorial están orientadas a la búsqueda de la eficiencia en el uso de los recursos y a la equidad en la distribución de los mismos, para procurar el bienestar de la población. En virtud de lo anterior, una de las funciones de la Contraloría General de la República es evaluar, en el nivel agregado, el comportamiento de las finanzas del Estado y el grado de cumplimiento de los objetivos macroeconómicos expresados por el Gobierno.

La base del control macro son las estadísticas fiscales acopiadas y procesadas por la Contraloría General de la República, a partir de las cuales se determina el resultado fiscal de la Nación y se analiza la consistencia de la política fiscal con las demás políticas macroeconómicas (monetaria, cambiaria, etc).

Los resultados del control fiscal macro se materializan, básicamente, en diversos In-formes, algunos de carácter constitucional y legal como los Informes anuales sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente, la Situación de las Finanzas del Estado, la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro, la Auditoria al Balance General de la Nación, la Situación de la Deuda Pública y el Informe Financiero Mensual.

De otro lado, la Contraloría General de República, a través de las Direcciones de Es-tudios Sectoriales, orienta y articula los resultados del proceso auditor para examinar el comportamiento sectorial de la asignación de recursos y su relación con el cum-plimiento de los objetivos de política pública. Además, identifica los procesos críticos de riesgo a partir de la construcción de indicadores de seguimiento, evalúa los planes y programas y el cumplimiento del plan de desarrollo.

Dado que los informes de ley deben presentarse ante el Congreso de la República, para efectos de este informe se hará referencia a sus resultados en el capítulo sobre Relaciones Técnicas con el Congreso. Allí se presentan los resultados destacables de los estudios sectoriales, el avance en la formulación de un observatorio de política pública que garantice la continuidad y sistematización de los estudios para evaluar permanentemente la gestión del Estado y una síntesis del análisis que realizó la Con-traloría General de la República sobre la propuesta de Plan de Desarrollo presentada por el Gobierno Nacional.

1. Evaluación de Políticas Públicas

Agro Ingreso Seguro AIS

Entre los estudios sectoriales realizados por la Contraloría General de la República durante el último año cabe destacar el relacionado con el polémico programa Agro Ingreso Seguro (AIS). El estudio revela algunas de las deficiencias del programa que no se han conocido por otros medios. Por ejemplo, la concentración de recursos a partir de los análisis técnicos (coeficiente GINI), indican que la asignación de las ayudas económicas no obedeció a criterios de equidad como lo estableció la ley. Por el contrario, se evidencia concentración de ayudas en ciertos sectores, productores, regiones y rubros de inversión.



Efectivamente, analizados los instrumentos de crédito del programa AIS (Línea Especial de Crédito e Incentivo a la capitalización Rural –ICR-) mediante los cuales se entre-garon cerca de $670 mil millones en el período 2007 – 2009, se encontró que los subsectores de palma de aceite, ganadería y café concentraron el 51% del total de las ayudas, los medianos y grandes productores percibieron el 68% de los recursos frente al 26% que percibieron los pequeños productores, la región Andina se beneficio con el 54% de los recursos, con una importante concentración de éstos en los departamentos de Santander, Meta, Cundinamarca, Antioquia, Tolima y Cesar (51%).

Finalmente, los recursos canalizados a través de los instrumentos de crédito benefi-ciaron ampliamente los cultivos de tardío rendimiento (palma de aceite, caucho, café, cacao y frutales) que recibieron el 50% de los mismos, en detrimento de las activida-des relacionadas con el mejoramiento de la productividad y competitividad del sector como la construcción de infraestructura y dotación de maquinaria y equipos para la producción, transformación y comercialización, y la adecuación de tierras, que era el propósito fundamental del programa.

Evaluación a la implementación del Sistema Penal Oral Acusatorio en Colombia 2005-2010

Se evaluó el comportamiento del Sistema Penal Oral Acusatorio, sus alcances, logros y dificultades en su aplicación, a fin de identificar las fortalezas y debilidades para el funcionamiento en Colombia y su efecto en la descongestión del sector justicia.

En materia presupuestal, se observó un moderado incremento de los recursos destina-dos al sector justicia a partir de 2004, cuando comienzan a hacerse las adecuaciones institucionales para la entrada en funcionamiento del Sistema Penal Oral Acusatorio, especialmente para la primera fase que se inicio en 2005. Se observa que el total del presupuesto destinado al sector pasa de $2,2 billones en 2003, a $2,4 billones en 2004, con un crecimiento constante a partir de este año hasta llegar a $3,5 billones en 2010.

No obstante, los resultados de gestión y de las actividades realizadas en el marco de la nueva normatividad no dejan de ser preocupantes; frente a un total de 3.031.000 denuncias, presentadas ante la Fiscalía General de la Nación entre el 1º de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2010, solamente se realizaron 278.868 formulaciones de imputación, lo cual equivale al 9,2%. Este resultado es exiguo dada la magnitud de noticias criminales. La escasa capacidad de gestión frente a un alto índice de cri-minalidad, puede causar crisis en el nuevo sistema, agravando la problemática social del país en materia penal.

El lapso de vigencia del sistema penal oral acusatorio es aún corto (6 años) para evaluarlo como ineficaz o para endilgarle el mantenimiento de la impunidad genera-lizada pero las cifras revelan, de manera preocupante, su escasa efectividad en los resultados. El sistema no está funcionando como se diseñó, ni tiene los niveles de eficacia propuestos. Según el estudio referido, un número importante de denuncias no corresponde siquiera a infracciones penales e igualmente está probado que de las que sí lo son, solo en un 5,4% llega a sentencia.



Respuesta a lo ordenado por la Honorable Corte Constitucional en pro-videncias del 22 de febrero y 22 de marzo de 2011.

La Contraloría General de la República ha realizado seguimiento permanente a lo or-denado por la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos complementarios, en lo relacionado con los sujetos de control y los temas de su competencia.

En este orden de ideas, y siguiendo las providencias del 22 de febrero y 22 de mar-zo de 2011 en cuanto a evaluar los informes presentados por el Gobierno Nacional sobre la política pública para la población víctima del desplazamiento forzado por la violencia, se observó lo siguiente:

El Gobierno Nacional ha realizado un gran esfuerzo presupuestal para la atención de la política pública de desplazamiento forzado. De acuerdo con el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), durante el período 2006-2009 las entidades del sector central que conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población despla-zada (SNAIPD), ejecutaron recursos por $4,83 billones y en 2010, $1,4 billones.

Una cuantía importante de recursos se orienta a atender los programas de estabilización socioeconómica mientras que las apropiaciones para los programas que propenden por garantizar en mayor medida esa estabilización para los hogares desplazados, en mate-ria de empleo, creación de empresas, adjudicación de tierras y proyectos productivos, continúan siendo bajas.

El gobierno debe realizar mayores esfuerzos para avanzar, en forma decidida y efectiva, en la ejecución de una Política Pública que permita la superación de la condición de desplazamiento de la población afectada por este fenómeno, por cuanto que, pese a los esfuerzos realizados, no ha podido superarse el estado de cosas inconstitucional, declarado por la Honorable Corte Constitucional.

Observatorio de políticas públicas

El proyecto de Observatorio de Políticas Públicas es una propuesta para darle mayor alcance a la competencia que tiene la Contraloría General de la República sobre el control de resultados de la administración, según lo dispuesto en los artículos 119 y 267 de la Constitución Política. Si bien, el Departamento Nacional de Planeación es el ente encargado de diseñar y organizar los sistemas de evaluación de gestión y resultados de la administración pública, esta función no es incompatible con la fun-ción de la Contraloría General de la República de evaluar políticas públicas desde la perspectiva del control fiscal, articulado al Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados.

En ese sentido, el Observatorio recogerá y procesará los insumos provenientes de las distintas auditorías y de los estudios sectoriales y, sobre la base de una selección previa de políticas, se evaluarán sus resultados en función de las metas alcanzadas sobre los objetivos propuestos. Las políticas a evaluar podrían seleccionarse, en co-ordinación con el Congreso de la República, con el fin de hacer más efectivo el rol de apoyo técnico de la Contraloría General de la República al poder legislativo. En todo caso, los estudios que se desarrollen en este contexto alimentarán a la unidad



de apoyo legislativo del Congreso de la República, autorizada por la recién expedida Ley 1474 de 2011.

La arquitectura del Observatorio implica un pequeño staff de asesores de primer nivel con amplia experiencia en el análisis y evaluación de las políticas públicas, asesores de las direcciones de estudios sectoriales de la propia entidad, y alianzas estratégicas con centros de investigación y universidades, y tendrá como productos esenciales la generación de metodologías de evaluación de políticas públicas, baterías de indicadores de políticas públicas, informes de evaluación, foros de discusión de dichos informes y un centro de documentación en materia de evaluación de políticas públicas.

El objetivo del proyecto es el de integrar la función de vigilancia fiscal en una perspec-tiva de políticas públicas, y retroalimentar posteriormente el proceso auditor, de suerte que la función de control fiscal no se quede simplemente en los llamados hallazgos, sino que entregue información acerca de la eficacia, la eficiencia y el impacto de las políticas públicas.

El Observatorio será una instancia de coordinación interinstitucional que apoyará el enfoque de integralidad e intersectorialidad que desarrolla el Plan General de Audi-toría aprobado y el instrumento que permitirá articular el control fiscal micro con el control fiscal macro. A la fecha, el proyecto se encuentra formulado y con recursos de inversión asignados para comenzar su ejecución en 2012.

Herramientas, instrumentos y metodologías para el control fiscal de los recursos a favor de población vulnerable.

En la misma línea del Observatorio de Políticas Públicas, este proyecto busca generar instrumentos técnicos para el desarrollo del proceso auditor de aquellos programas y pro-yectos que han sido formulados para atender a la población vulnerable, entre los que se encuentran personas con discapacidad, personas desplazadas por la violencia, adultos ma-yores, personas en condiciones de pobreza extrema, minorías étnicas, principalmente.

Este proyecto busca hacer realidad el control fiscal a los planes, programas y proyec-tos, tal como se estableció en el Plan Estratégico aprobado en la Contraloría General de la República.

La Corte Constitucional impartió unos criterios y lineamientos sobre cómo debe ser la respuesta estatal en la atención de población de especial protección constitucional, o personas y grupos en condición de vulnerabilidad, y este proyecto busca desarrollar cambios metodológicos, de información y de enfoque, necesarios para que el proceso auditor incorpore esos criterios, sin perjuicio de aquellos que ya se han consolidado en anteriores oportunidades.

2. Comentarios al Plan Nacional de Desarrollo –PND- 2010 – 2014 “Prosperidad para Todos”

El objetivo de esta sección es presentar un resumen sobre el pronunciamiento de la Contraloría en este tema y aportar elementos para la discusión de políticas públicas sectoriales, del marco macroeconómico y del Plan Plurianual de Inversiones.



Como quiera que se entiende que el Plan de Desarrollo es el marco que define las metas y las prioridades de la acción estatal y las orientaciones generales de políti-ca pública, así como las proyecciones de inversión y financiamiento de los distintos programas y proyectos, la Contraloría General de la República consideró oportuno y conveniente expresar su visión sobre el proyecto que posteriormente, el 16 de junio de 2011, se convirtió en Ley 1450, “por medio de la cual se expide el Plan de De-sarrollo 2010-2014”.

Un primer elemento que se destacó fue la fuerte relación que existe entre el PND y el programa que esbozó el señor Presidente Juan Manuel Santos, en su campaña electoral. En segundo lugar, se señaló que el PND, como Presupuesto Plurianual, re-sulta ser la carta de navegación de los próximos presupuestos anuales de la Nación; y, en tercer lugar, se planteó que la versión consolidada para la discusión del Congreso de la República recogió muy buena parte de las recomendaciones realizadas por el Consejo Nacional de Planeación, en especial aquella referida a las inversiones para la atención de la población afectada por la ola invernal, la construcción y reconstrucción de la infraestructura afectada.

Finalmente, se tuvo en cuenta que el PND tiene tres componentes: las bases con-ceptuales y filosóficas; el Plan Plurianual de Inversiones y el articulado base para su desarrollo legal y puesta en marcha.

Consideraciones generales

La Corte Constitucional, en diversas sentencias, ha señalado elementos que deben tenerse presentes en una aproximación al Plan de Desarrollo. Entre ellos se encuen-tran: i) El arquetipo de Estado que aparece en la Constitución incluye como piedra angular de su función la planificación económica y social, como el instrumento para el manejo económico público (Artículos 151, 342, 339, 300 y 313 de la C.P.); ii) La planificación debe considerar la autonomía de las regiones; la prioridad del gasto social; la participación ciudadana; la concertación en la formulación de las políticas de planeación; y, la necesidad de garantizar el equilibrio y la preservación ambiental y ecológica; iii) Hay un sistema de competencias concurrente donde la iniciativa legislativa para la formulación del PND a seguir en cada cuatrienio presidencial corresponde al Gobierno, el Congreso lo discute y aprueba y, es al Ejecutivo a quien le corresponde ponerlo en marcha; iv) el PND permite que exista cierta correspondencia entre la formulación de las metas económicas y sociales, los principales proyectos a ejecutar y la orientación política del programa de gobierno propuesto por el candidato a los electores; v) el Congreso, al participar en su deliberación y aprobación, ejerce una función delimitadora del marco de acción del Ejecutivo y de control, no sólo político sino también económico y presupuestal; vi) el PND conduce a la formulación de un presupuesto concebido como una proyección de ingresos y formulación de un plan de gastos en un período plurianual que va a determinar el contenido de las leyes anuales de presupuesto; vii) hay una prelación legislativa del PND sobre las demás leyes (C.P. art. 341).

La ley del Plan Nacional de Desarrollo, Ley 152 de 1994, establece las normas so-bre elaboración, aprobación y ejecución del Plan cuatrienal de desarrollo y ostenta un carácter superior respecto a las demás leyes. De acuerdo con la Corte Constitucional, “es cierto que esta ley del Plan es del género de las orgánicas, pero, en estricto sen-



tido, es de una especie superior; por ello es supra-orgánica, por cuanto, por mandato constitucional, tiene prelación sobre las demás leyes - incluso las orgánicas” (Sentencia c-337 de 1993). De allí se deriva la correlativa seriedad y rigurosidad jurídica con la cual se debe llevar a cabo todo el proceso que conduce a la formulación, discusión y aprobación del Plan cuatrienal.

No obstante, se advirtieron diferencias entre las propuestas que aparecen en las ba-ses del plan, su concreción en el Plan Plurianual de Inversiones y el articulado que aparece en el proyecto de ley. El documento bases del plan es ambicioso, e incluso puede calificarse como excesivamente optimista, mientras que el Plan Plurianual de Inversiones está permeado por las inflexibilidades presupuestales que tiene la Nación y en el articulado se desarrolla un conjunto de temas distantes y controvertibles.

Hay que destacar el hecho de que el gobierno haya incorporado en el PND todo lo relacionado con la atención de la emergencia invernal, tal y como lo sugirió el Con-sejo Nacional de Planeación. En efecto, la magnitud del desastre producido por el crudo invierno obligó a un cambio de las prioridades en el Plan de Desarrollo, tanto en directrices de política como de asignación de recursos.

Otro elemento que se destacó es el llamado enfoque regional, como un discurso transversal en la formulación e implementación de los distintos lineamientos estraté-gicos. Hay un avance, al considerar las disparidades regionales para que la inversión pública contribuya a cerrar esas brechas, que debe consolidarse con la práctica del ordenamiento territorial.

En el articulado, la propuesta de adoptar los denominados Contratos - Plan entre la Nación y las regiones, fue una novedad interesante. Esta herramienta de planificación puede significar un salto cualitativo en la manera como se aborda el desarrollo en Colombia. Con ella, se agregan recursos financieros e institucionales para lograr un mayor impacto en las prácticas de desarrollo sectorial bajo los principios de subsidia-riedad y complementariedad.

Varios factores impactan a esa herramienta de planificación: la capacidad institucional de los entes territoriales, la oferta de servicios y de infraestructura y las condiciones de vida regional e intra regional. Si no se toman medidas sobre la heterogeneidad, el modelo de planificación regional puede terminar ahondando la brecha regional, en contra del objetivo de convergencia que propone el plan. Es un hecho que la produc-ción nacional y la población se concentran en las ciudades más avanzadas y en los departamentos más ricos, y se espera que el enfoque regional que sustenta el PND logre canalizar los recursos (financieros, humanos, institucionales, entre otros) para reducir la brecha entre regiones.

Unidad de Materia del PND

Al analizar el articulado de la Ley del Plan Nacional de Desarrollo propuesto es evidente la necesidad de considerar el “Principio de Unidad de Materia” (Sentencia C-795/04). Este principio busca transparencia y orden en los debates legislativos, de tal manera que los legisladores no sean “sorprendidos con la introducción de temas que carecen de relación con el asunto globalmente debatido”. El cuerpo de las leyes discutidas y aprobadas debe guardar coherencia interna para facilitar su seguimiento.



Sobre este principio la Corte Constitucional indicó: “en tal virtud, los instrumentos ideados por el legislador deben tener una relación de conexidad teleológica directa (es decir, de medio a fin) con los planes o metas contenidos en la parte general del plan. De tal manera que si ellos no se vinculan directa e inmediatamente con las metas propuestas debe entenderse que, por falta de coherencia, no cumplen con el principio de unidad de materia” (Sentencia C-305 de 2004).

Existen límites a la facultad congresional de introducir adiciones bajo la forma de artículos nuevos, (sólo puede modificar el Plan de Inversiones, debe mantenerse el equilibrio presupuestal y en algunos casos se requiere aval gubernamental), pero cualquier disposición nueva sobre estrategias presupuestales o normativas coherentes con las metas, prioridades y políticas definidas en el proyecto gubernamental debe ser admitida, pues se refiere al mismo tema propuesto desde el comienzo del trámite. En tal virtud, si una estrategia concreta y particular recogida en un artículo nuevo es directa e inmediatamente conducente para la realización de la política económica, social y ambiental que deberá presidir la función pública durante el cuatrienio de vigencia de la ley del Plan, contemplada desde el inicio del trámite del proyecto, tal artículo nuevo tiene una relación de conexidad teleológica con ésta última y por lo tanto guarda un vínculo razonable con el tema central del debate”.



IX. La Modernizacion

El Banco Interamericano de Desarrollo, en el entendido de que los desafíos de este milenio son la gobernabilidad y la prevención y persecución de la corrupción, y muy a pesar de experiencias no satisfactorias con la entidad en administraciones anteriores, ha ofrecido todo su apoyo a esta administración.

Se trata de un empréstito de siete millones de dólares cuya contrapartida consistiría en el aporte de instalaciones idóneas para garantizar conectividad, y la preparación del personal para aceptar el cambio tecnológico, así como mejora del clima institucional.

1. Fracasos y lecciones aprendidas

Dos aspectos se destacan como constantes en los proyectos que fracasaron: por un lado, la no conectividad entre los distintos aplicativos y, por otro, la resistencia de la cultura organizacional.

Con el propósito de modernizar y fortalecer su infraestructura de TIC’s, la Contraloría General de la República ha adelantado los siguientes programas de modernización:

• En el año 2002, con el apoyo del Banco Interamericano, desarrolló el Proyecto de Adquisición de Software e Infraestructura Informática (PASEII), a través de la firma Electrónica Data Sistemas (EDS). Se logró el fortalecimiento de la Infraestructura tec-nológica mediante la adquisición de servidores, computadores personales, redes locales en las gerencias departamentales e interconexión con la red central de Bogotá, y en la definición de las especificaciones para los negocios misionales. Sin embargo, respecto al sistema de información integrado proyectado, debido a factores como la ambiciosa magnitud y cobertura pretendida en su alcance, las diversas modificaciones y adiciones realizadas durante el proyecto, la redefinición del alcance de las herramientas y de los requerimientos iniciales, la variación en equipos de trabajo durante la ejecución, el cambio en las soluciones tecnológicas propuestas y la carencia de una arquitectura tecnológica que permitiera la integración de los diferentes componentes, impidieron la terminación exitosa del sistema aplicativo integrado contratado.

• Se celebraron convenios interadministrativos con la Universidad de Pamplona, para la elaboración del “Diagnóstico de las Aplicaciones para el control fiscal micro y ren-dición de cuentas, el Plan de Desarrollo de Gestión Tecnológica 2008-2011 y el Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI)”.

• Para desarrollar lo dispuesto en dicho Plan, en octubre del 2008 se celebró un convenio marco con la firma Colvatel cuyo objeto es aunar esfuerzos en la consecu-ción de soluciones tecnológicas adecuadas a las necesidades de la CGR, que soporten los procesos misionales y de apoyo, acorde con los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de Tecnologías de Información, (PETI). En desarrollo de este convenio marco, se firmaron tres convenios específicos que se encuentran en su fase final de implementación, lo cual permitió mejorar:



• La Infraestructura Tecnológica de:Seguridad (adquisición de Firewall), Almacenamiento (SAN), procesamiento de información (Servidores) y Laboratorio Forense

• Aplicaciones misionales y administrativas, (Portal Institucional, Rendición de Cuentas, Talento Humano y Gestión Documental)

No obstante los logros obtenidos y los lineamientos del PETI establecidos para el proyecto, el proveedor no desarrolló plenamente la arquitectura de información ni el esquema de integración de los sistemas requeridos obligando a interfaces para inter-conectar los sistemas, con las limitaciones resultantes.

Algunas lecciones aprendidas de todo estos intentos de modernización son, entonces, la importancia de una planeación adecuada, la definición y delimitación clara en el alcance de los proyectos, y el desarrollo de los proyecto bajo un enfoque por fases, y la selección de proveedores que puedan realizar una Gerencia de Proyecto metódica, y la gestión interna dentro de la entidad para no exigir modificaciones a los requeri-mientos establecidos. La adopción de medidas oportunas en estos aspectos permite reducir el gran riesgo inherente a estos proyectos informáticos.

2. Perspectivas

Para el BID es indispensable una decisión técnicamente madura, partiendo de la eva-luación de las múltiples fuentes de información que ofrece el Estado, dentro de las cuales se destaca “Gobierno en Línea” y la información del SIIF, aunada a la ejecución que puede verificarse en línea en tiempo real.

Las Oficinas de Registro y de Instrumentos Públicos, constituyen otras bases a las que resulta indispensable tener acceso permanente. No se trata, entonces, de construir un cohete sino de comprar un pasaje para ir a la luna. Por otro lado, la Contraloría de Chile nos viene asesorando y ofreciendo sus aplicativos que permiten estandarizar los procedimientos de auditoría, así como hacer seguimiento al estado de avance de las obras, acceder a bases reales de costos etc.

Esos aplicativos se pueden adoptar y adaptar teniendo en cuenta la modificación al Audite.

Por otro lado, parte de los recursos se destinarán a crear un gran laboratorio forense que permita mayor exactitud e independencia en el análisis de materiales, pavimentos, estabilidad de la obra, copia de discos duros, así como capacitación de funcionarios para su uso.

Cabe destacar que para el BID la capacitación en evaluación de políticas públicas resulta imperativa, así como la de mejoramiento del clima institucional. Parte de los recursos se destinarán al primer propósito. El segundo hace parte de la contrapartida y ya iniciamos un arduo trabajo en ese sentido.

El cambio de sede también es una necesidad imperiosa, y será considerada como contrapartida. El proyecto ha de formularse y estará listo para ser ejecutado al inicio del año 2012.



La proyección de las tecnologías de la entidad debe dirigirse al manejo electrónico de la información, que se integre con los diferentes sistemas de información estatales, que facilite y optimice el cumplimiento de la misión institucional, que brinde en tiempo real la información a la ciudadanía atendiendo, los lineamientos del Plan Estratégico Institucional (Modernizar la Estructura Tecnológica de la Contraloría General de la Re-pública, acorde con la política de estado De TIC’s). La estrategia informática actual de la Contraloría General de la República está enfocada a:

1. Sistematizar e integrar los procesos misionales;

2. Extender el cubrimiento de los servicios de TI;

3. Fortalecer las herramientas de apoyo a la gestión administrativa;

4. Fortalecer el ambiente colaborativo institucional;

5. Brindar apoyo técnico a los usuarios internos y externos;

6. Publicar la bodega pública de contabilidad presupuestal y la deuda pública.

3. El SICE y Colvatel

Estos dos contratos corresponden a esquemas de contratación reprochados por nosotros mismos. Básicamente el modelo de delegación de cobro de una tasa al contratista como la ecuación económica, han llevado a esta entidad a redefinir las cargas y a exigir la devolución de determinado monto de recursos. A la vez, se busca trasladar al SICE, que como se alimenta con los rangos de precios propuestos por los contratistas, no ha podido cumplir su función, al Ministerio de las TICs.

Allí si se dispone del rango de precios no proyectados sino del real, lo cual permitirá importantes cruces de información.

En cuanto a COLVATEL, se ha suspendido la fase tres de ejecución, se están reci-biendo los aplicativos y esperamos que en los dos casos, el tema quede superado. La auditoría desarrolla una vigilancia especial al respecto.

Tanto el convenio suscrito con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, cuyo objeto es: “Gestionar, operar, mantener y manejar el sistema de información para la vigilancia de la contratación estatal “SICE”; y continuar con el funcionamiento técnico del mismo, administrar los subsistemas o instrumentos del “SICE”, todo de conformidad con las directrices que para el efecto emita la Contraloría General de la República, en cumplimiento de la Ley 598 de 2000 y las demás normas que lo reglamenten, modifiquen o adicionen” , como el suscrito con la Compañía Colombiana de Servicios de Valor Agregado y Telemáticos, COLVATEL S.A., que tiene por objeto: “Aunar esfuer-zos en la consecución de soluciones tecnológicas adecuadas a las necesidades de la CGR para lo cual COLVATEL suministrará apoyo, asesoría, bienes y servicios a través de convenios específicos, bajo los cuales se desarrollarán entre otros los siguientes proyectos: Proveer las soluciones de tecnología informática que soporten los procesos misionales y de apoyo acorde con los objetivos establecidos en el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI”, corresponden a esquemas de contratación reprochados por nosotros mismos.



En el primero, se implementó un mecanismo de delegación para que el contratista cobre de manera directa, una tasa al particular que desee contratar con el Estado, circunstancia que en nuestro criterio, nos impone la redefinición del equilibrio eco-nómico del contrato y la solicitud del reintegro de parte de dichos dineros recibidos por la ETB.

Se busca que el Ministerio de las TICs sea el organismo que determine el precio real de los bienes y servicios que se ofrecen al Estado, modificando así el mecanismo implementado por el SICE, que tiene como insumo esencial los precios registrados por los mismos proveedores interesados en contratar con las entidades estatales y en general con aquellas que manejan recursos públicos.

En el segundo convenio CGR-COLVATEL, se suspendió la ejecución de tres proyec-tos que se encontraban en la fase I consistente en la elaboración de los términos de referencia para que COLVATEL subcontratara con terceros. Actualmente se están recibiendo los aplicativos de los restantes proyectos que se hallaban en ejecución de la tercera y última fase.

Esperamos que con las acciones implementadas por la Contraloría General de la Re-pública, se puedan superar satisfactoriamente los inconvenientes presentados en los mencionados contratos. Es del caso precisar que la Auditoría General de la República realiza vigilancia especial sobre los mismos.

Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal (SICE)

El Sistema de Información para la Contratación Estatal (SICE) creado mediante la Ley 598 de 2000, reglamentado mediante el Decreto 3512 de 2003 y desarrollado mediante 12 Acuerdos del Comité para la Operación del SICE, tiene como objetivo ser una herramienta de información, ordenación y control, que incorpora cifras relevantes en el proceso de contratación estatal, para confrontarlas, en línea y en tiempo real, con los precios de referencia incorporados en el Registro Único de Precios de Referencia (RUPR), para garantizar una contratación sin detrimento de los recursos públicos, es decir, sin sobrecostos.

El SICE tiene como finalidad “reducir real y significativamente los costos actuales de la contratación de la administración pública y de los particulares que manejan recursos públicos”. Sin embargo, en la práctica, genera precios distorsionados, muy superiores a los precios reales del mercado porque no ha existido control en el registro de pre-cios de los proveedores. El alto nivel del Código Único de Bienes y Servicios (CUBS) y la creación y modificación permanente de dichos bienes y servicios resulta en la desactualización constante de dicho catálogo.

Por lo anterior, después de una década la herramienta no ha logrado sus objetivos y se ha convertido en un costo adicional que incrementa los costos de contratación de los proveedores de bienes y servicios de uso común y uso en contratos de obra.

En este orden, la Contraloría General de la República busca el poblamiento y actualización del CUBS, lleva a cabo un proceso de depuración de los precios del SICE para ajustarlos a los precios de mercado y, en conjunto con los entes estatales pertinentes, evaluará modificaciones a la normatividad vigente, para permitir aprovechar la funcionalidad, los



precios reales contractuales registrados en el nuevo Sistema Estatal de Contratación Pública (SECOP) en vez de los registrados por los proveedores en el SICE.

Gerencia del Proyecto Convenio Contraloría General de la República – COLVATEL

La Contraloría General de la República suscribió el Convenio Interadministrativo Marco No. 518 con la Compañía Colombiana de Servicios de Valor Agregado y Telemáticos COLVATEL S. A. ESP. Posteriormente, la Contraloría General de la República firmó tres convenios específicos con Colvatel, listados a continuación. Cada uno incluye la Gerencia del programa, gestión del cambio y la auditoría externa respectiva.

Desde el inicio de la actual administración se ha estado realizando un análisis del convenio marco, de cada uno de los convenios específicos y suscritos con Colvatel y del estado de los 9 proyectos incluidos.

La gestión realizada en el período estuvo encaminada a establecer una gerencia efectiva del programa por parte de la Contraloría General de la República y de los proyectos contratados con Colvatel, con énfasis en validar el alcance de las funcionalidades entregadas contra el alcance solicitado en los términos de referencia, y revisar su ejecución financiera. Para tal propósito, se inició la evaluación integral del convenio interadministrativo suscrito con Colvatel desde el punto de vista jurídico, funcional, técnico y financiero para proponer el plan de acción a seguir y las modificaciones requeridas en el convenio. Las actividades más relevantes ejecutadas en ese período son las siguientes:

• Diagnóstico del estado de cada proyecto, realizando reuniones semanales de segui-miento con todos los equipos respectivos, revisión de sus documentos y los avances logrados mediante identificación de los entregables requeridos de Colvatel que permita controlar su cumplimiento con respecto al alcance definido en los términos de refe-rencia.

• Análisis de las recomendaciones dadas por la Auditoría General de la República en su informe de evaluación de la vigencia 2009 y en los informes de la Auditoría Externa JAHV McGregor, y puesta en marcha de algunos correctivos para el mejoramiento de la gestión del convenio Contraloría General de la República-Colvatel.

No. Gerencia del programa Gestión del cambio Auditoria externa

1 Portal Institucional Rendición de Cuentas, Sistema de Seguridad Firewall

2 Sistema de Seguridad Firewall Laboratorio para la Auditoría de la Información

Software de Talento Humano,

3 Sistema de información para control fiscal micro y Sistema de indicado-res de gestión aplicado (SIGA),

Software de mesa de ayuda y software de gestión de inven-tarios de hardware y software,

Sistema de Gestión Documen-tal, organización física y técni-ca y digitalización del archivo

Convenios específicos con COLVATEL

Cuadro 9.1

Fuente: Oficina de Sistemas e Informática



• Revisión del alcance de la gestión del cambio y la gerencia del programa como obligaciones de Colvatel en los aspectos transversales del convenio.

Sistemas de Apoyo a la Gestión / Sistema de Información de Rendición de Cuentas e Informes (SIRECI)

Mediante Resolución Orgánica No. 06289 de marzo 8 de 2011, la Contraloría General de la República estableció el método y la forma de rendir cuenta e informes que deben presentar los responsables del manejo de fondos o bienes de la Nación a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI).

El SIRECI, es una herramienta tecnológica que permite a los sujetos de control fiscal la rendición de información a la Contraloría General de la República, de manera elec-trónica a través de la web de la entidad.

El Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes (SIRECI), es el único procedimiento electrónico para la rendición de cuenta e informe a la Contraloría General de la República. No obstante su implementación está llevándose a cabo de manera escalonada, de conformidad con las diferentes modalidades de rendición que han sido estructuradas en esta herramienta.

De conformidad con el marco constitucional y legal se han definido las modalidades de rendición de cuenta e informes, así:

• Cuenta e Informe Anual Consolidado: es la información que deben presentar las entida-des y particulares sujetos de control del orden nacional sobre la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes o recursos públicos, por una vigencia fiscal determinada.

• Plan de Mejoramiento: es la información que contiene el conjunto de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal en un período determinado, para dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas que dieron origen a los hallazgos administrativos identificados por la Contraloría General de la República, como resultado del ejercicio del proceso auditor.

• Acta al Culminar la Gestión: es la información que comprende todos los asuntos de competencia, gestión y estado de los recursos financieros, humanos y administrativos que tuvieron asignados los titulares o representantes legales y particulares que admi-nistren fondos o bienes del Estado para el ejercicio de sus funciones, al separarse del cargo, al finalizar la administración por el período que estuvieron al frente del mismo o cuando es ratificado en el cargo al vencimiento del período, según sea el caso, desagregado por vigencias fiscales.

• Informe de Regalías: es la información que contiene los resultados de la adminis-tración y manejo de los recursos públicos provenientes de las regalías transferidas por la Nación al nivel territorial.

• Informe de Gestión Ambiental Territorial: es la información que contiene los resultados de las actividades realizadas por las entidades territoriales sobre el manejo integral del sistema ambiental y desarrollo sostenible. Esta información tiene como propósito servir de insumo para el informe de los recursos naturales y del ambiente.



• Informe del Sistema General de Participaciones (SGP) y FOSYGA: es la información que contiene los resultados de las entidades territoriales, sobre la administración y manejo de fondos, bienes o recursos provenientes de la Nación y demás transferencias intergubernamentales de origen nacional.

• Informe de Alumbrado Público: es la información que contiene los resultados del manejo de las entidades territoriales, sobre los recursos provenientes de la tarifa de alumbrado público.

• Informe de la Gestión Contractual. es la información que deben presentar las entidades y particulares sujetos de control del orden nacional sobre los procesos contractuales realizados con recursos públicos.

A la fecha, ha entrado en producción el SIRECI con la modalidad de cuenta e informe anual consolidado, con los sujetos de control que rindieron información a la Contraloría General de la República en el pasado mes de abril del año en curso. La rendición de la información sobre la gestión contractual a través de este sistema, se iniciará en el segundo semestre del año 2011, para las demás modalidades se tiene prevista su entrada en funcionamiento a partir del año 2012.

Dentro del contexto anterior, se han llevado a cabo las siguientes actividades:

• Adopción del SIRECI, mediante resolución orgánica No 6289 del 8 de marzo del 2011.

• Capacitación de 250 sujetos de control fiscal que rinden Informe Anual Consolidado en el mes de abril; de los cuales, rindieron a través del SIRECI 218.

• Capacitación a los 7 Contralores Delegados Sectoriales, para la operación del módulo de trámite de prorrogas a través del SIRECI.

• Capacitación a 20 gerencias departamentales, cubriendo un total de 1285 funcio-narios de la Contraloría General de la República del nivel desconcentrado, en temas como: conceptualización y funcionamiento del SIRECI; socialización del plan estratégico 2010 – 2014; diagnostico y estrategias para la modificación del audite; socialización del sistema integrado de información de la gestión pública (SIIGEP); seguimiento al Plan General de Auditoría PGA, a través del SIIGEP.

Igualmente, se ha programado para el segundo semestre del año 2011 desarrollar los siguientes eventos, con el propósito de seguir el curso de la implementación de la herramienta SIRECI, así:

• Capacitar a 300 sujetos de control fiscal, los cuales rinden cuenta anual consolida-da en febrero de cada año, y la información sobre la gestión contractual a partir del tercer trimestre de la presente vigencia.

• Capacitar a los funcionarios del nivel central de la Contraloría General de la Re-pública, en el uso y operación del SIRECI como apoyo al proceso auditor. Actividad dirigida aproximadamente a 1200 funcionarios.

• Capacitar a 11 gerencias departamentales en el uso y operación del SIRECI.



• Capacitar a los 1134 municipios, departamentos y distritos, responsables de rendir el informe de Sistema General de Participaciones, regalías, alumbrado público y/o componente ambiental territorial.; esta actividad se realizará de manera escalonada, iniciando en este año con los entes territoriales que actualmente rinden esta informa-ción a la Contraloría General de la República.

SIRECI - Informes de Gestión Contractual

Este informe se constituye en una de las modalidades de rendición de información establecida en el SIRECI, la cual se reportará en este sistema, a partir del tercer tri-mestre del 2011. En el entretanto, para el primer y segundo trimestre se estableció un mecanismo de reporte y consolidación de la información transitorio a través de un modulo incluido en el SIIGEP.

Actividades realizadas

• Capacitación a las gerencias departamentales, a la Dirección de Imprenta Archivo y Correspondencia (DIAC) y funcionarios asignados por las contralorías delegadas sectoriales, a través de videoconferencia el pasado mes de abril, sobre el proceso de cargue de la información reportada por las entidades durante el primer trimestre del 2011, en el módulo de Contratación del SIIGEP.

• Cargue de la información de 266 entidades que rindieron el Informe de Gestión Contractual correspondiente al primer trimestre de 2011 en el módulo de contratación del SIIGEP.

• Expedición, por parte de esta oficina, del memorando No 811 con cordis No 2011IE 40893 del 6 de Julio del 2011, el cual imparte lineamientos a la contralorías delegadas sectoriales, respecto al análisis que se debe realizar sobre la información registrada en el SIIGEP, modulo de contratación.

El valor reportado de los montos de la gestión contractual de dichas entidades, as-ciende a la suma de $3.04 billones.

Modalidad de Contratación

La modalidad mediante la cual se compromete y ejecuta la mayor parte de los re-cursos es la de contratación directa, la cual representa el 71% de los $3,04 billones seleccionados de la gestión contractual.

Los recursos reportados como “otros”, que ascienden a $654.000 millones, obedecen a modalidades diferentes a las relacionadas en la tabla, como son: concurso de meritos abierto, contratación directa, licitación pública y selección abreviada. Asimismo, los $3.000 millones reportados sin información corresponden a recursos en los cuales no se identificó la modalidad de contratación.

Las situaciones mencionadas anteriormente deben ser analizadas y evaluadas por las contralorías delegadas sectoriales, para identificar qué tipos de modalidades diferentes a las previstas en la tabla se están utilizando y por qué, para algunos recursos, no se



identifica la modalidad de contratación. En consecuencia, esta información se convierte en insumo básico del proceso auditor.

Clase de contratación

La clase de contrato, dentro de la clasificación que se puede identificar que concen-tra la mayor parte de los recursos, es la de contratos administrativos con $734.000 millones. Las de menores representaciones son los contratos de permuta, seguros, publicidad y transporte, los cuales no alcanzan individualmente al 1% del total de los $3.4 billones del monto total reportado como contratación.

Sin embargo, los recursos reportados como “otros”, que ascienden a $1.5 billones, obedecen a clases diferentes a las relacionadas en el cuadro. Asimismo, los $730 millones reportados sin información corresponden a recursos en los cuales no se iden-tificó la clase de contrato.

Modalidad Valor contratado

1 Concurso de méritos abierto 14.811.950.226,25 2 Contratación Directa 2.168.786.680.894,10 3 Licitación Pública 107.364.058.308,00 4 Selección Abreviada 96.891.163.866,05 5 Otros 654.939.013.649,10 6 Sin información 3.751.678.734,00 Total general 3.046.544.545.677,49

Modalidad de contratació(Cifras en pesos)

Cuadro 9.2

Fuente: SIIGEP - Módulo Gestión Contractual: Rendición de Información realizada por los Sujetos de Control -1er Trimestre de 2011

Gráfico 9.1



Al igual que en el caso de las modalidades, las anteriores situaciones deben ser anali-zadas y evaluadas por las contralorías delegadas sectoriales, para identificar que clases de contratos diferentes a las previstas en la información solicitada se están utilizando y por qué para algunos recursos no se identifica la clase de contrato.

Tipo de gasto

Sobre las entidades que les aplica la ley 80 de 1993 se pudo determinar que el tipo de gasto que mayor recursos involucra es el de inversión, con $2.6 billones conforme se observa en el siguiente cuadro.

Para recursos que ascienden a $13.000 millones y $10.000 millones, no se identificó el tipo de gasto, al reportarse “sin información” y como “otros”, respectivamente. Nuevamente es importante que se verifique, por parte de las delegadas sectoriales, a qué se refieren los recursos “sin información” y qué otros tipos de gastos involucran estos recursos.

Clase de contrato valor %

Prestación de Servicios 327.007.631.220 10,73% Fiducia y/o Encargo Fiduciario 137.337.534.925 4,51% Transporte 795.750.700 0,03% Publicidad 208.153.495 0,01% Seguros 1.270.352.607 0,04% Contratos Administrativos 734.134.744.390 24,10% Contratos de Actividad Científica y Tecnológica 106.029.500.584 3,48% Otros 1.583.705.489.306 51,98% Consultoría 12.313.952.592 0,40% Sin Información 730.260.501 0,02% Interventora 14.915.283.136 0,49% Mantenimiento y/o Reparación 9.107.424.529 0,30% Obra Pública 57.202.511.256 1,88% Compraventa y/o Suministro 34.970.134.310 1,15% Comodato 6.527.547.690 0,21% Arrendamiento y/o Adquisición de Bienes 19.891.788.437 0,65% Convenio 379.786.000 0,01% Permuta 16.700.000 0,00% Total 3.046.544.545.677 100,00%

Cuadro 9.3

Fuente: SIIGEP - Módulo Gestión Contractual: Rendición de Información realizada por los Sujetos de Control 1er Trimestre de 2011.

Contratación por clase de contrato

Tipo de gasto valor (pesos) %

1 Funcionamiento 378.493.348.981,84 12,42 2 Inversión 2.644.555.775.098,52 86,81 3 Sin información 13.405.972.420,13 0,44 4 Otros 10.089.449.177,00 0,33 Total 3.046.544.545.677,49 100

Fuente: SIIGEP - Módulo Gestión Contractual: Rendición de Información realizada por los Sujetos de Control 1er Trimestre de 2011

Contratación por tipo de gasto (Cifras en pesos)

Cuadro 9.4



Contratación por rangos

De los 18.944 contratos reportados, 6.474 se ubican en un rango entre 0 y $10 millones y otros 6.349 contratos están entre $10 millones y $50 millones. Es decir, contratos de valor inferior a $50 millones concentran cerca del 68% de los contra-tos reportados, mientras que tan sólo 22 contratos ascienden a un valor superior de $1.3 billones.

Contexto sectorial de los recursos del presupuesto

Del monto total de los $3.4 billones representados en 18.944 contratos, el sector social es el que viene ejecutando más recursos, con $1.2 billones que equivalen aproximadamente al 40%, y el de menor representación es el de medio ambiente.

Rangos Valor No. Contratos

Entre 0 y 10.000.000 28.407.064.301,29 6474Entre 10.000.001 y 50.000.000 133.387.030.534,28 6349Entre 50.000.001 y 100.000.000 140.152.189.544,59 1908Entre 100.000.001 y 150.000.000 186.710.588.017,40 1503Entre 150.000.001 y 200.000.000 200.704.101.804,90 1150Entre 200.000.001 y 250.000.000 147.450.892.350,27 662Entre 250.000.001 y 300.000.000 48.980.437.289,09 181Entre 300.000.001 y 350.000.000 33.685.539.245,60 103Entre 350.000.001 y 400.000.000 26.034.678.197,88 70Entre 400.000.001 y 450.000.000 18.739.868.471,55 44Entre 450.000.001 y 500.000.000 18.139.216.651,70 38Entre 500.000.001 y 550.000.000 17.196.622.318,00 33Entre 550.000.001 y 600.000.000 19.515.737.235,00 34Entre 600.000.001 y 650.000.000 13.142.589.112,00 21Entre 650.000.001 y 700.000.000 15.508.749.615,99 23Entre 700.000.001 y 750.000.000 15.136.640.537,00 21Entre 750.000.001 y 800.000.000 14.065.886.683,00 18Entre 800.000.001 y 850.000.000 11.488.041.972,33 14Entre 850.000.001 y 900.000.000 10.563.784.653,00 12Entre 900.000.001 y 1000 millones 23.935.973.258,00 25Entre 1001 y 2000 millones 189.888.170.160,62 134Entre 2001 y 3000 millones 124.315.791.229,00 52Entre 3001 y 4000 millones 62.551.293.531,00 18Entre 4001 y 5000 millones 68.549.579.077,00 15Entre 5001 y 10.000 millones 130.571.914.415,00 19Entre 5001 y 6000 millones 5.126.636.747,00 1Más de 10.000 millones 1.342.595.528.725,00 22Total 3.046.544.545.677,49 18944

Cuadro 9.5


Contratación por rangos



Entidades que contratan a través del derecho privado

En el Formato 2 rindieron la información contractual estas entidades. El análisis de la misma evidencia el énfasis en la contratación correspondiente al sector minas y energía y, respecto a la clase de contratos, en compra y venta de suministros.

Contexto sectorial de las entidades que se rigen por el derecho privado

Del total de los $12.5 billones representados en 32.477 contratos, reportados por las entidades que se rigen por el derecho privado, el sector que más viene ejecutando recursos es el de minas y energía con $11.1 billones que equivalen aproximadamente al 89%, y el de menor representación es el de medio ambiente.

Sector Valor No. Contratos

Agropecuario 685.770.002.042,00 107 Medio Ambiente 67.320.512.989,54 2.390 Defensa 111.577.096.758,80 841 Gestión Pública 236.143.276.654,86 2.249 Infraestructura 543.281.652.645,14 2.688 Social 1.231.143.017.001,16 10.572 Minas y Energía 171.308.987.586,00 97 Total 3.046.544.545.677,49 18.944


Contratación por sector (Cifras en pesos)

Cuadro 9.6

Clase de contratación

La clase de contrato, de los identificados, que concentra la mayor parte es el de prestación de servicios con $1.4 billones y 11.456 contratos. Las de menores re-presentaciones, son los contratos de seguros, orden de compra, orden de servicios y transporte, los cuales no alcanzan individualmente al 1% del total de los $12.5 billones.

Sector Valor No. Contratos

Agropecuario 86.700.277.890,22 2.085 Medio Ambiente 13.541.398.850,00 206 Defensa 131.069.707.335,50 182 Gestión Pública 126.831.114.382,12 2.356 Infraestructura 107.678.236.290,07 6.717 Social 997.178.536.832,05 14.968 Minas y Energía 11.116.492.829.832,60 5.963 Total 12.579.492.101.412,60 32.477


Contratación por sector (Cifras en pesos)

Cuadro 9.7



En términos de recursos, corresponde a los contratos de compraventa y suministro el 58% del valor total de la contratación.

Los recursos reportados como “otros”, que ascienden a $1.9 billones, obedecen a clases diferentes a las relacionadas en el cuadro. Asimismo, los $26.000 millones aproximadamente, reportados sin información, corresponden a recursos en los cuales no se identificó la clase de contrato.

Las anteriores situaciones deben ser analizadas y evaluadas por las contralorías de-legadas sectoriales, para identificar qué clases de contratos diferentes a los previstos en el cuadro se están utilizando y por qué, para algunos recursos, no se identifica la clase de contrato. Situación coincidente en las entidades que se rigen por ley 80 y las que se regulan por el derecho privado.

Clase de contrato Valor No. de % respecto contratos del valor

1 Prestacion de servicios 1.453.293.451.601,44 11.456 11,55% 11 Transporte 3.050.745.202,00 340 0,02% 12 Publicidad 2.815.187.426,74 679 0,02% 13 Deposito 4.899.644.529,00 89 0,04% 14 Seguros 13.666.839.025,36 71 0,11% 15 Otros 1.971.578.490.724,54 6.325 15,67% 16 Sin información 25.924.403.472,64 1.647 0,21% 2 Consultoria 182.018.478.559,69 248 1,45% 3. Interventoria 6.194.344.705,28 26 0,05% 4 Mantenimiento y/ reparaciòn 8.931.453.211,40 943 0,07% 5 Obra 1.579.183.509.329,02 347 12,55% 6 Compraventa y/ suministro 7.304.151.110.027,00 8.290 58,06% 7 Comodato 26.200.000,00 6 0,00% 8 Arrendamiento y/ adquisiciòn de inmuebles 16.896.315.772,44 584 0,13% 9 Fiducia y/o encargo fiduciario 122.800.000,00 1 0,00% Anulado - 1 0,00% Convenio 4.616.711.848,00 18 0,04% Orden de compra 328.500,00 2 0,00% Orden de servicios 2.122.087.478,00 1.404 0,02% Total 12.579.492.101.412,50 32.477 100,00%


Contratación por clase de contrato (Cifras en pesos)

Cuadro 9.8

La información contractual que se presenta en los diferentes cuadros permite a la Contraloría General de la República, a través de sus contralorías delegadas hacer un control en tiempo real y oportuno a la ejecución de la gestión contractual que hacen los responsables fiscales en la administración de los recursos públicos.



Sistema de Apoyo a la Gestión / Sistema de Gestión Documental

En cumplimiento del convenio administrativo marco No. 518 suscrito entre la Contra-loría General de la República y Colvatel se viene desarrollando el proyecto Sistema de Gestión Documental (SGD). El SGD es un sistema de información integrado que com-prende la recepción, organización y digitalización de la documentación de la entidad, apoyada en un software parametrizable al cual se accede vía web, esta herramienta tiene administración de perfiles y permite mediante sus procesos generar alertas para seguimiento sobre cada usuario. El SGD contará con 42 puntos de recepción de la documentación a nivel nacional y, mediante un Fax Server se centralizarán los reque-rimientos de solicitudes y quejas a la Contraloría General de la República. Además, el SGD estará integrado con el correo institucional. Para esto se están habilitando para las departamentales (31) y a nivel central (11), mediante un kit que consta de un computador, una impresora y un escáner de alta producción.

Se han desarrollado actividades funcionales (organización, digitalización de la docu-mentación, verificación de reportes) y técnicas, como instalación y configuración del Fax server, implementación del software con la creación de la base de datos y sus instancias, creación de perfiles y permisos y la configuración bajo la normatividad para el manejo del archivo y correspondencia del Archivo General de la Nación.

Sistema de Talento Humano

En Julio de 2010 se inició un ambicioso proyecto de implementación de un Software Aplicativo Modular que consta de 15 módulos, para brindar un soporte automatizado a un gran volumen de tareas que realiza el área de Talento Humano en forma ma-nual, con los costos, demoras e inexactitudes resultantes de dicha operación. El nuevo sistema busca convertirse en una herramienta que cubra de manera integral todos sus procesos, permita fortalecer la gestión de recurso humano para que dicha gestión se constituya en una verdadera área de apoyo institucional.

El sistema brindará, entre otros, estos beneficios: información confiable y en línea de la planta de personal sobre el proceso de liquidación de nómina y prestaciones; una herramienta para seleccionar y proveer los cargos convocados a concursos; indicado-res para la medición del logro de resultados y el mantenimiento de cualificación del personal, mediante el seguimiento y análisis en tiempo real del sistema de evaluación de desempeño; mantener actualizadas las hojas de vida de los funcionarios para los procesos críticos como selección, evaluación del desempeño, capacitación y desarrollo del personal. El proyecto se encuentra en fase de terminación y liquidación.

Portal Institucional

Mediante este portal se ofrece un punto de acceso único a los servicios de informa-ción y contenidos institucionales a través de internet, para los ciudadanos y cualquier usuario del servicio de Portal de la Contraloría General de la República

La información institucional incluye normatividad, noticias de la Contraloría, y diversos contenidos multimedia como streaming de audio o video, y acceso a los servicios de información institucionales y habilitados en la web como correo electrónico y men-sajería instantánea. También ofrece un buzón de sugerencias que permitirá recoger



las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que los clientes institucionales de la Contraloría General de la República registren.

La herramienta permite a las personas autorizadas, acceder a la administración de contenidos web, permitiendo que directamente agreguen, modifiquen o eliminen in-formación de su sitio dentro del portal. El proyecto se encuentra en su fase terminal restando la terminación de los últimos pendientes y ajustes por parte del proveedor.

4. Laboratorio para la Auditoría de la Información

La creación de la Unidad de Seguridad y Aseguramiento Tecnológico e Informático, en la Ley Anticorrupción (Ley 1474 del 12 de julio de 2011), tiene como objetivo dotar a la entidad de las mejores herramientas, tanto tecnológicas como institucionales, para desarrollar su función. El laboratorio ha de permitirnos ser muy exigentes en los resultados de nuestros peritazgos, y dotarnos de autonomía frente a terceros.

La constante modernización de las empresas y los avances de la tecnología para el manejo de la información, han generado dependencia hacia las computadoras y gran-des centros de cómputo donde yacen almacenados todos los datos de la sociedad. Todas las entidades del Estado, de una u otra manera, manejan sus finanzas a través de Sistemas de Información, los cuales no se escapan a la corrupción administrativa, por lo que la infraestructura computacional se convierte en un instrumento que puede causar detrimento al patrimonio del Estado.

El Delito Informático es la utilización perversa de la tecnología y la infraestructura computacional para lucro de individuos con los bienes y fondos públicos. El avance de la tecnología ha establecido nuevos patrones de delincuencia, como la corrupción mediante la manipulación indebida de la información computarizada; tanto en el sector público como privado, traspasando barreras internacionales.

La Contraloría General de la República requería un Laboratorio de Cómputo para la auditoría de la información en la lucha contra la corrupción, basado en el método automatizado para recuperar información, capaz de contrarrestar la manipulación de los datos almacenados en medio magnético por individuos que utilizan para su beneficio los sistemas computacionales. Para ello, adquirió una solución integral de herramien-tas computacionales con características especializadas tecnológica y científicamente apropiadas para combatir esta modalidad de corrupción administrativa, fenómeno que atenta directamente contra los fondos y bienes de la Nación. Los implementos incluyen unidades portátiles de recuperación de evidencia y de trabajo de informática forense Software de criptoanálisis, y software especializado en informática forense y sus medios de almacenamiento.

Este Centro de Cómputo para la auditoría de la información en la lucha contra la corrupción, basado en el método automatizado para recuperar información permite, con la ayuda de la informática forense, detectar los ilícitos o fraudes que se cometen, donde un elemento computacional sea el instrumento o el objetivo para causar de-trimento al patrimonio del Estado. En respuesta a dicho requerimiento, la Contraloría General de la República estableció dentro de sus procesos, el uso de herramientas de procesamiento informático forense.



De conformidad con lo establecido en el artículo 4° del Decreto Ley 271 de 2000, se expidió la Resolución Reglamentaria No. 126 del 4 de abril de 2011, que creó el Grupo del Laboratorio de Informática Forense dependiente del Despacho de la Contralora General de la República, el cual presta la asesoría y colaboración técnica que requieran las dependencias de la entidad, para asistir los diferentes procesos de apoyo, misionales y las investigaciones de gran trascendencia, practicando pruebas de alto contenido técnico.

En desarrollo de éstas funciones, el LIF realiza copias binarias o espejo de discos duros y/o servidores, y otros medios de almacenamiento digital, que contienen gran cantidad de información (notas, correos, documentos, aplicativos, etc) que como elementos probatorios hacen parte de los procesos ya mencionados que adelanta la Contraloría General de la República.

Desde su creación y, dados los últimos acontecimientos de corrupción, la Contraloría General de la República ha ordenado innumerables actuaciones dentro de las inda-gaciones preliminares y los procesos de responsabilidad fiscal, lo cual ha llevado a que el LIF se haya convertido en una herramienta imprescindible en la práctica y recolección de pruebas fiscales.



X. Relaciones Interinstitucionales

1. Relaciones Técnicas con el Congreso de la República

La Ley Anticorrupción creó la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso que ha de estar presta a apoyar a los parlamentarios en sus funciones legislativas y de control político, bien sea a través del suministro de los resultados de nuestras auditorías o mediante la elaboración de los estudios que ellos requieran.

El informe de las relaciones técnicas con el Congreso abarca el período legislativo comprendido entre julio 20 de 2010 y junio 20 de 2011. Durante el período reseñado se presentaron los informes que ordena la Constitución, se acompañaron los debates a los que fue invitada la señora Contralora General de la República, se respondieron los cuestionarios enviados por los Honorables Congresistas, se realizaron comentarios sobre los proyectos de ley que fueron solicitados por el Congreso y se realizaron análisis de proyectos de ley por iniciativa de la Contraloría General de la República de acuerdo con la importancia social y fiscal de los temas tratados en los mismos; de igual forma, se brindó el apoyo necesario a los Congresistas interesados en ejercer su derecho al control político a través del suministro de la información que requirieron.

Por ser el de las relaciones técnicas con el Congreso un tema de trascendental impor-tancia para la entidad, la Contralora General, dentro del diseño del Plan Estratégico 2010-2014: “Por un control fiscal oportuno y efectivo”, promovió la inclusión de un objetivo corporativo tendiente a fortalecer el apoyo técnico al Congreso a través de un replanteamiento del Comité Especial de Enlace (CEEC) y la creación de una unidad de apoyo al Congreso, instancias que orientarán sus esfuerzos para robustecer la imagen institucional de la Contraloría General de la República y para brindar una debida y oportuna atención a las necesidades institucionales del Congreso de la República.

Como parte de las obligaciones constitucionales y legales que le han sido asignadas a la Contraloría General de la República están la preparación y presentación de Informes de Ley. A continuación se presentan los resultados más destacados y conclusiones de los cinco informes presentados al Congreso de la República, en 2011:

Informe de Auditoría del Balance General de la Nación

Entre los resultados obtenidos en esta auditoría, llama la atención el peso relativo de los conceptos de “otros activos”, con el 17% del total del activo de la Nación y “otros pasivos” con el 11,7% del total de los pasivos de la Nación, con cifras de $55,3 billones y $54,2 billones respectivamente, cuando los estándares internacionales admiten magnitudes que no exceden del 2% o 5% como máximo.

En materia de hallazgos individuales -provenientes de las auditorias micro- con una cobertura de 245 entidades —la más alta de los últimos ocho años–, el monto total de hallazgos en el activo de la Nación es de $46,6 billones, los hallazgos del pasivo y el patrimonio aumentaron significativamente en $74,2 billones (152,3%) y $38,6 (41,8%), frente al año inmediatamente anterior, hasta alcanzar sumas de hallazgos por $122,9 billones y $131,1 billones respectivamente.



La Auditoria al Balance General Consolidado de la Nación presenta los siguientes indicadores de cobertura y representatividad para la vigencia 2010:

• La mayor cobertura (77,5%) registrada en los últimos ocho años, con 245 entidades auditadas de las 316 que conforman el Balance General de la Nación.

• Estas 245 entidades auditadas representaron un valor agregado de activos por $438,6 billones equivalentes al 98,7% del agregado total de los activos de la Nación que alcanzaron los $444,5 billones.

• Dentro de los 245 entes auditados, se encontraron 126 entidades de las 147 que conforman el presupuesto General de la Nación, equivalente a una cobertura por unidades institucionales del 85,7% de dicho universo y al 98,9% de la apropiación total, que representaron $148,1 billones de los $149,8 billones.

• Finalmente, se destacó que en las vigencias 2009 y 2010 se auditaron 187 en-tidades de forma consecutiva, lo que significó la cifra más alta de seguimiento de auditorías de los últimos cinco años. Estas entidades equivalen al 76,3% de las 245 auditadas en la vigencia 2010 y representaron un monto de activos auditados en las dos vigencias consecutivas de $420,3 billones, equivalente al 95,8% de los activos agregados de la Nación, que como se indicó alcanzaron los $438,6 billones.

Informe de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro

El Presupuesto General de la Nación se aforó inicialmente por un monto de $148,3 billones para la vigencia fiscal de 2010, mediante la Ley 1365 del 21 de diciembre de 2009 y liquidado por Decreto 4996 del 24 de diciembre de 2009. De tal manera, y durante la ejecución del presupuesto 2010, se presentaron aumentos y disminucio-nes en el monto aprobado por el Congreso de la República. Los primeros, ocurrieron en la programación del presupuesto definitivo que se incrementó a $149,8 billones; lo anterior, reflejó una diferencia de $1,5 billones, los cuales fueron financiados en $613,6 mil millones con recursos de la Nación y los restantes $853 mil millones con recursos propios de los establecimientos públicos.

La ejecución definitiva de los gastos —en compromisos, obligaciones y pagos– se presentó de la siguiente manera: se ejecutaron compromisos por $133,8 billones, distribuidos en funcionamiento con $77,4 billones (57,9%), servicio de la deuda con $32,3 billones (24,2%) y en inversión con $24 billones (18%); de los cuales se es-tablecieron obligaciones con cargo a la vigencia por $129,3 billones, distribuidas en funcionamiento con $76,6 billones (59,3%), servicio de la deuda con 32,2 billones (24,9%) e inversión con $20,4 billones en inversión (15,8%). Finalmente se realizaron pagos que ascendieron a $120,8 billones, distribuidos en 59% en funcionamiento, 26% en servicio de la deuda y 15% en inversión.

En el total de los compromisos del PGN ($133,8 billones), el 96,7% se dirigió a obligaciones y generó un 3,3% en reservas ($4,4 billones), mientras que el 90,3% fue pagado y generó el 6,3% en cuentas por pagar ($8,4 billones). Al sumar reservas más cuentas por pagar se obtuvo un rezago presupuestal del 9,7% ($12,9 billones) que se distribuyó en funcionamiento con $6,1 billones (47,6%), inversión con 5,9 billones (45,7%) y servicio de la deuda con $857 mil millones (6,6%).



Visto por los principales rubros de gasto, el rezago presupuestal en funcionamiento se generó en las transferencias a pensiones por $3,6 billones (71,4%) (Instituto de los Seguros Sociales, $1,9 billones; FOPEP, $1,4 billones; FONPET, $300 mil millones) y $6,5 billones en otros conceptos de pensiones; las transferencias a los fondos por $788 mil millones (15,2%) (Fondo Nacional de Calamidades, $610,9 mil millones; Fondo de Estabilización de la Cartera Hipotecaria, $101,1 mil millones y Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, $46,2 mil millones; entre los más altos) y las transferencias al Magisterio por $207 mil millones (4,0%). Los anteriores conceptos de sumaron el 90%.

El rezago presupuestal en inversión se concentró en las subcuentas intersubsectorial Gobierno con $1,3 billones, de los cuales Acción Social tuvo $589 mil millones y el Fondo Nacional de Regalías $479 mil millones; la subcuenta intersubsectorial trans-porte por $1,1 billones, que se distribuyó en el Instituto Nacional de Vías (Invías) con $682 mil millones, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público con $199 mil millones, el Instituto Nacional de Concesiones (INCO) con $123 mil millones y el Ministerio de Transporte con $106 mil millones; soluciones de vivienda urbana con un rezago de $445 mil millones y en intersubsectorial Defensa y Seguridad por $446 mil millones.

Los ingresos también tuvieron variaciones entre la programación y la ejecución. En la primera, la apropiación inicial de ingresos ascendió a $148,2 billones, cuyo monto se adicionó en $1,4 billones, para un presupuesto de ingresos definitivo de $149,7 billones.

En la ejecución del recaudo en 2010, el total de ingresos ascendió a $132,3 billones, de los cuales $68,2 billones correspondieron a efectivo, $42,7 billones en recursos de capital, $12,3 billones en ingresos de los establecimientos públicos, $5,6 billones en otros ingresos y $3,3 billones que fueron pagados bajo la figura de Títulos de De-volución de Impuestos (TIDIS). A esta cifra se le descontaron las devoluciones, tanto en TIDIS como en efectivo, por un valor de $4,7 billones, para un saldo definitivo en ingresos de $127,6 billones. Este último monto se distribuyó en ingresos corrien-tes de la Nación ($66,9 billones), recursos de capital ($42,7 billones), ingresos de los fondos especiales ($5,6 billones) y en recursos de los establecimientos públicos ($12,3 billones).

La relación de ingresos y gastos (fuentes y usos) fue equilibrada en la programación, tanto en la aprobación inicial de $148,2 billones como en la apropiación definitiva en que aumentó a $149,7 billones. Posteriormente, en la ejecución se presentaron variaciones en los ingresos y en los gastos, por lo cual se hace necesario establecer un balance entre las fuentes y usos (ingresos y gastos).

De tal manera, el resultado fiscal presupuestal que arrojó el PGN (gobierno nacional central más establecimientos públicos) para 2010 (ingresos menos gastos), como proporción del PIB, fue un déficit por $26,1 billones, equivalente al 4,6% del PIB. Este resultado mostró una caída en los ingresos nominales por $1,03 billones y un aumento en los gastos por $1,4 billones, donde el efecto negativo en los ingresos se relacionó con el bajo desempeño del crecimiento económico de 2009 y la caída en la transferencia de los excedentes de Ecopetrol a la Nación. En cuanto a los gastos, se presentaron caídas importantes en el pago de intereses por $1,06 billones y en



la inversión, en la medida en que no se realizó, en 2010, el giro del subsidio a la gasolina que estaba contemplado en 2009.

En cuanto al balance de la Tesorería en 2010, este arrojó un resultado de ingresos por $69,8 billones y gastos por $96,2 billones, para un déficit de $21,4 billones, equivalente al 3,77% del PIB. Este resultado reveló una persistencia en el déficit de la Tesorería, resultado de un exceso de gasto —presupuestal y otros– sobre los ingresos —corrientes, fondos especiales y recursos de capital–, que como en los años anteriores, obedeció al estancamiento de los ingresos tributarios; y más que al monto del gasto, a la ineficacia del mismo para apoyar productivamente el crecimiento económico.

Informe de la Situación de la Deuda Pública

Los resultados de la vigencia 2010 muestran que la deuda pública bruta colombiana ascendió a $256,6 billones (46,9% del PIB base 2005), de los cuales $205,57 billones correspondieron al gobierno nacional central (GNC) y $25,8 billones a las entidades descentralizadas del nivel nacional. Mientras que el nivel territorial registró un endeudamiento de $25,3 billones, de los cuales los gobiernos regionales y locales presentaron un saldo igual a $7,4 billones y en sus entidades descentralizadas a $17,9 billones.

La deuda del Gobierno Nacional, a 31 de diciembre de 2010, ascendió a $205,57 billones (37,58% del PIB), con lo que se superó en $15,24 billones el saldo regis-trado en 2009. De dicho monto, $146,26 billones (26,74% del PIB) correspondieron a deuda interna y $59,31 billones (10,84% del PIB) a deuda externa.

La administración de la deuda pública en 2010 llevó a incrementar el saldo de la deuda interna, mientras que la externa (en pesos) se redujo en cerca de $45 mil millones. Con las operaciones de canje de la deuda realizadas en 2010, por cerca de $3,1 billones.

Informe de la Situación de las Finanzas del Estado

El resultado fiscal del Sector Público No financiero (SPNF) para 2010 fue negativo en $16,6 billones (3,0% del PIB), lo que significó un crecimiento de $3,8 billones frente a 2009, cuando alcanzó un valor de $12,8 billones (2,5% del PIB). El princi-pal agente que presionó el resultado fiscal deficitario fue el Gobierno Nacional Central (GNC), el cual pasó de registrar un déficit de $21,3 billones en 2009 a uno de $23,1 billones en 2010.

Por su parte, el resultado fiscal del Sector Público Consolidado (SPC) en 2010 se mostró deficitario en $2,8 billones, lo que significó un incremento frente a 2009 cuando alcanzó un valor de $16,5 billones (3,0% del PIB).

Éste resultado se compara con el obtenido por el Confis y utiliza como marco de referencia el resultado fiscal obtenido por el Banco de la República, mediante la me-todología adoptada “por debajo de la línea” o el financiamiento, el cual ascendió en 2010 a $18,3 billones (3,3% del PIB) para el SPNF y de $17,7 billones (3,2% del PIB) para el SPC.



Informe sobre el estado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales:

El informe sobre el estado del Medio Ambiente y los Recursos Naturales presentado en esta vigencia, aborda tres temas: i) analiza y evalúa la implementación de la política ambiental por parte de las entidades del Estado que tienen como principal misión la protección y conservación de los recursos naturales y que la Contraloría General de la República denomina el Sistema Nacional Ambiental “Central” (SINA), ii) analiza la gestión del Estado en torno a los impactos ambientales generados por la minería y iii) analiza y evalúa la política nacional de humedales interiores (PNHI).

A pesar de los esfuerzos de las autoridades ambientales y de los institutos de investiga-ción ambiental (IIA), el deterioro ambiental continúa, lo cual compromete el crecimiento económico del país y su modelo de desarrollo. La evaluación indica que el impacto de la minería sobre la calidad y cantidad de los recursos naturales, particularmente, en zonas estratégicas que conservan la biodiversidad y regulan los ciclos hídricos, ha sido negativo. Existen al menos 2,2 millones de hectáreas con títulos mineros otorgados en zonas de reserva forestal (Ley 2ª de 1959); 36 mil hectáreas tituladas en parques nacionales naturales; y, 106 mil hectáreas otorgadas en zonas de páramo.

Así mismo. del análisis y evaluación de la política nacional de humedales interiores (PNHI) se deriva que su nivel de implementación ha sido insuficiente, a pesar de que se ha calificado a estos humedales como áreas de especial importancia ecológica40, y se ha reconocido un régimen de protección estricto conforme a las orientaciones de carácter internacional asumidas por el Estado colombiano para este tipo de ecosistemas.

Comité Especial de Enlace con el Congreso (CEEC)

El CEEC es el organismo coordinador de las relaciones entre el ente superior de control fiscal y el Congreso de la República, El Comité fue creado mediante la Resolución 05391 de 2002, bajo la dirección de la Secretaría Privada y está constituido por profesionales de las contralorías delegadas sectoriales y de otras dependencias, cuya función consiste en hacer el seguimiento a la actividad legislativa que le corresponda según los temas objeto de estudio de cada contraloría delegada, en coincidencia con las materias sujetas al análisis de las comisiones del Congreso de acuerdo con la competencia otorgada por la Ley 3 de 1992.

Los integrantes del Comité tramitan las respuestas a las solicitudes de información y cuestionarios remitidos por el Congreso para debates de control político que conllevan incidencia social, fiscal, económica y ambiental para el país, coordinan la asistencia a los debates a los cuales ha sido invitada la Contraloría General de la República y analizan las iniciativas legislativas radicadas en la Cámara de Representantes y el Senado.

40 DicelaCorteConstitucionallosiguiente:“loshumedalesson,desdeunpuntodevistaestrictamentenormativo,áreasdeespecialimportanciaecológica.DichacalidadsederivadelhechodequeColombiaseadhirióalaConvencióndeRamsar,relativaalaproteccióndeestetipodeecosistemas,asícomodelassentenciasdictadasporestaCorpo-raciónyelConsejodeEstado,quehareconocidolaespecialimportanciadeloshumedales”.(SentenciaT-666de2002).NodebeolvidarsequeenelcasobajoexamendelaCorteenelmencionadofallo,seanalizólatensiónentreelderechoalapropiedadalegadoenzonasderondadelHumedalElBurroenlaciudaddeBogotáyelderechoalaintegridaddelasáreasdeespecialimportanciaecológica.

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Solicitudes de información

En cumplimiento de la Ley 5 de 1992, en el período julio 2010 – junio 2011, la Contraloría General de la República recibió solicitudes de información así:

Corporacion No. de solicitudes

Senado de la República 66 Cámara de Representantes 57 Total 123

Solicitudes de información

Cuadro 10.1

Fuente: Secretaría Privada, Comité Especial de Enlace con el Congreso

Contraloría delegada Cámara Senado Total

Medio Ambiente 10 7 17 Economía y Finanzas 1 3 4 Gestión Pública 18 7 25 Infraestructura 8 21 29 Minas y Energía 13 19 32 Agropecuario 6 8 14 Participación Ciudadana 9 7 16 Defensa y Seguridad 8 3 11 Social 11 12 23 Investigaciones 15 12 27 Oficina de Planeación 1 1 2 Oficina Jurídica 2 4 6 Total período 102 104 206

Respuestas a solicitudes de información por Contraloría Delegada

Cuadro 10.2

Fuente: Secretaría Privada, Contralorías Delegadas

Respuestas a solicitudes de información

Teniendo en cuenta que las solicitudes recibidas abordaban diferentes temáticas, fue necesario remitirlas a varias dependencias de la Contraloría General de la República. A continuación se presenta por cada contraloría delegada la gestión realizada sobre las solicitudes recibidas, que representan una gestión de 206 respuestas.

Invitaciones a la Contraloría General de la República

En el período julio 2010 – junio 2011, la Contraloría General de la República recibió invitaciones del Congreso así:

Corporacion No. de solicitudes

Senado de la República 69 Cámara de Representantes 36 Total 105

Invitaciones al Congreso

Cuadro 10.3

Fuente: Secretaría Privada, Comité Especial de Enlace con el Congreso



Documentos para la atención de Invitaciones

Las invitaciones fueron atendidas directamente por la señora Contralora General, o por intermedio de los contralores delegados expertos en los temas de su competencia. Como las invitaciones abordaban diferentes temáticas para el ejercicio de control político, fue necesaria la elaboración de diversos documentos en distintas contralorías delegadas a fin de atender adecuadamente los requerimientos del Congreso, razón por la cual existe más de una gestión por cada invitación recibida. A continuación se presentan, por Contraloría Delegada, las actuaciones adelantadas en torno a las invitaciones y que constituyen una gestión total de 158 documentos base para las intervenciones.

Contraloría delegada Cámara Senado Total

Medio Ambiente 3 6 9 Economía y Finanzas 10 2 12 Gestión Pública 2 2 4 Infraestructura 5 28 33 Minas y Energía 8 11 19 Agropecuario 6 5 11 Participación Ciudadana 2 7 9 Defensa y Seguridad 5 11 16 Social 11 24 35 Investigaciones 1 1 2 Oficina de Planeación 8 0 8 Oficina Jurídica 0 0 0 Total período 61 97 158

Documentos bases para invitaciones del Congreso

Cuadro 10.4

Fuente: Secretaría Privada, Contralorías Delegadas

Seguimiento a proyectos de ley

La Contraloría General de la República a través del -CEEC- realizó seguimiento a 91 proyectos de Ley relevantes por su incidencia fiscal, económica, social y ambiental para el país, como se describe en el cuadro siguiente.

Contraloría delegada No. de proyectos

Medio Ambiente 25 Economía y Finanzas 0 Gestión Pública 7 Infraestructura 19 Minas y Energía 8 Agropecuario 3 Participación Ciudadana 1 Defensa y Seguridad 11 Social 16 Investigaciones 0 Oficina de Planeación 0 Oficina Jurídica 1 Total período 91

Seguimiento a proyectos de ley por contraloría delegada

Cuadro 10.5

Fuente: Secretaría Privada, Contralorías delegadas



Análisis a proyectos de ley

Se analizaron 31 iniciativas legislativas radicadas, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de la República, a fin de emitir una opinión sobre el impacto de la iniciativa desde el punto de vista fiscal en un contexto de sostenibilidad ambiental, económico y social en cada una de las iniciativas.

Contraloría delegada No. de proyectos

Medio Ambiente 3 Economía y Finanzas 2 Gestión Pública 8 Infraestructura 2 Minas y Energía 3 Agropecuario 5 Participación Ciudadana 1 Defensa y Seguridad 5 Social 2 Investigaciones 0 Oficina de Planeación 0 Oficina Jurídica 0 Total período 31

Análisis a proyectos de ley por contraloría delegada

Cuadro 10.6


A continuación se presentan, desde una perspectiva institucional, algunos de los temas más recientes que, en desarrollo del control político del Congreso o en el análisis de proyectos de ley, obtuvieron concepto de la Contraloría General de la República, así:

Análisis a los Proyectos de Ley

• 44 de 2010 Senado “Modificación de la ley 48 de 1993 sobre la cuota de Com-pensación Militar”.

• 107 de 2010 Cámara “Por la cual se dictan medidas de atención y reparación in-tegral a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.

• 179 de 2011 Cámara “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014” y las Bases del mismo.

• 18 de 2010 Senado “Por medio de la cual se dictan medidas para la detección y evaluación de Obras Inconclusas de las entidades Públicas y se dictan otras disposi-ciones”.

• 110 de 2010 Cámara “Por la cual se dictan normas en materia de fiscalización sobre la correcta declaración, liquidación, pago y recaudo de las regalías”.

• Acto Legislativo No. 013 “Por el cual se constituye el Sistema General de Regalías,



se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones”.

• 208/2010 Senado – 182/2011 Cámara “Por el cual se adoptan medidas para promover la oferta de suelo urbanizable”.

• 1415/11, que establece requisitos y mecanismos ágiles para la postulación y asig-nación de subsidios de vivienda de interés social rural.

• Proyecto de Razas Bovinas Criollas, Proyecto de Incremento de la cuota parafiscal porcina, Proyecto de Ley de Victimas y Tierras, reforma a la Ley de Educación Superior, reforma al Sistema General de Participaciones.

• Seguridad Social en Salud y Estatuto anticorrupción.

• Apoyo técnico a la Comisión Accidental de Combustibles conformada por los Ho-norables Senadores del Congreso de la República.

• Participación en el debate sobre la gestión integral del riesgo de origen natural y en el Foro sobre el impacto de los megaproyectos minero- energéticos sobre el territorio, el medio ambiente y desarrollo sostenible.

• Acompañamiento a debates de control político relacionados con el tema de Infra-estructura y el tema de la Política Nacional sobre Seguridad Vial en el Plan Nacional de Desarrollo y Presupuesto Nacional

• Estudio sobre el Sistema de Salud de la Fuerza Pública

Solicitudes de control excepcional provenientes del Congreso

En ejercicio del control excepcional, la Secretaría Privada de la Contraloría General de la República recibió y tramitó 13 solicitudes del Congreso de la República, de las cuales se autorizaron 3 y de las 10 solicitudes restantes, 2 fueron rechazadas, 3 trasladadas a otras dependencias por competencia (SGP – Regalías) y 5 en proceso de complementación. La información general se encuentra en el capítulo VI, numeral 3 de este informe.

Boletín de Relaciones Técnicas con el Congreso

La Contraloría General de la República tiene como herramienta de las relaciones con el Congreso una publicación denominada Boletín de Relaciones Técnicas con el Congreso, que fue incluido en el Plan Estratégico 2010-2014 de la Contraloría General de la República. Vale la pena recordar que estos boletines presentan, de manera suscinta, las conclusiones de los estudios técnicos realizados por expertos funcionarios de la Contraloría General de la República que pueden ser de gran utilidad y soporte para que el Congreso adelante su labor.

Durante la vigencia objeto de análisis, las contralorías delegadas remitieron 6 artículos para edición, entre los que se encuentran:



2. Convenios para el control fiscal

A nivel Internacional

Teniendo como objetivo principal la lucha frontal contra la corrupción y la protección del patrimonio público con oportunidad y eficiencia, la CGR ha venido contactando diversos organismos de talla mundial. Entre ellos, la Academia Anticorrupción de Austria, cuyo objeto es evitar la vulnerabilidad e injusticia que genera la corrupción a nivel mundial, a través de acciones de capacitación a expertos en la lucha contra la corrupción y la construcción de una cultura de integridad que promueva líderes tanto en el sector público como en el privado. Con ese fin la Contraloría General de la República recibirá el apoyo para implementar estrategias de capacitación a nuestros funcionarios.

Se gestiona en la actualidad un Convenio con la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito en Colombia (UNODC), por medio del cual la Academia Internacional Anticorrupción de las Naciones Unidas e Interpol, que tiene como mi-sión la enseñanza, la capacitación y la investigación académica relativas a la lucha contra la corrupción, nos apoyará con asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Contraloría General de la República, especialmente mediante la capacitación de los funcionarios, tanto en la función de auditoría como en el análisis macroeconómico y en la investigación en responsabilidad fiscal, con énfasis en el mecanismo de recuperación de activos previsto en el capítulo V de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

Simultáneamente, se negocia un Convenio propuesto por la Contraloría General de la República de Colombia a entes homólogos como el Tribunal de Cuentas de España, la Contraloría General de Panamá, el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, las Instituciones de Auditoría Suprema de Belice e Islas Caimán entre otros, así como al Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El objeto del Convenio es intercambiar y verificar información, coadyuvar mutuamente en la ejecución de las medidas que se adopten por parte de las entidades firmantes, de conformidad con el ordenamiento legal de cada Estado, en lo relativo a la persecución, rastreo y restitución de activos; por esta vía, se aunarán esfuerzos para que las partes puedan fortalecer las funciones que constitucional y legalmente les han sido asignadas en defensa de los recursos públicos y de la gestión pública.

Contraloría delegada Nombre del artículo

Sector Agropecuario Ley de Reforestación Comercial Sector Agropecuario Análisis Ley 731/2002: Una norma por reglamentar Gestión Pública Gravamen a los movimientos financieros Gestión Pública Plan de choque antievasión – DIAN Gestión Pública Sistemas de Información Estatal Sector de Infraestructura Análisis Proyecto de Ley 18/2010 “Obras Inconclusas”

Artículos preparados para el Boletín

Cuadro 10.7




Por medio de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), la Contraloría General de la República participa activamente y se beneficia de procesos de cooperación con instituciones como la Agencia de Cooperación Alemana, GIZ (Aporte de las Entidades Fiscalizadoras Superiores a la transparencia de las administraciones públicas), el Banco Mundial (Fortalecimiento Institucional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores) y el Banco Interamericano de Desarrollo (Bien Público Regional, Mecanismo de Certificación Profesional Internacional en Control y Fiscalización Pública para Funcionarios de las Entidades Fiscalizadoras Superiores), por medio de los cuales se fortalece la calidad técnica de los productos y servicios que la Contraloría General de la República presta a la comunidad.

Se destaca la relación con la Contraloría de Chile. En efecto, atendiendo una invitación de la Contraloría de Chile, en el marco de cooperación entre Entidades Fiscalizadoras Superiores, funcionarios del área de Planeación y de Sistemas de la CGR se despla-zaron en el mes de junio de este año a Chile, con el fin de conocer el sistema de información que apoya su proceso de auditoría y los avances tecnológicos en la materia y así determinar oportunidades de mejora para nuestro proceso auditor.

Inicialmente, se identificó que dicho órgano de control opera organizacionalmente de manera similar a la Contraloría General de la República de Colombia, con dependencias en el nivel central, así como en sus regiones.

Bajo su responsabilidad tiene la Función Jurídica, que consiste en la emisión de pro-nunciamientos jurídicos para la administración del Estado –dictámenes– y el control fiscal, el cual puede ser preventivo, simultáneo o a futuro. El control preventivo se desarrolla a través de la toma de razón; la Función de Auditoría, que corresponde al proceso de control fiscal en el cual se evalúa el sistema de control interno de los servicios, se revisa la aplicación de las normas relacionadas con la administración financiera del Estado, entre otras y se formulan las propuestas que permiten subsa-nar las fallas que detecta a través de este proceso. No cuentan con el proceso de formulación y seguimiento a planes de mejoramiento; la función contable, a través de la cual se pronuncia sobre la situación económica de los recursos y las obligaciones del Estado. Así mismo, tiene como función regular la contabilidad general del sector público y, la función jurisdiccional, mediante el cual juzgan a quienes han causado daño al patrimonio público.

La Contraloría General de Chile debe fiscalizar aproximadamente 3500 servicios (sujetos o entes de control) y cuenta con 1900 funcionarios (aproximadamente 700 auditores). Anualmente fiscaliza aproximadamente 1/3 de los servicios.

De la presentación general de aspectos tecnológicos de la Contraloría, se destaca la política de la administración consistente en contar con sistemas de información na-cionales estandarizados, que respondan a procesos comunes. Esto se tradujo en el Sistema Integrado para Control de Auditorías (SICA), cuyo objetivo principal es apoyar tecnológicamente el proceso auditor de la Contraloría, mejorar su capacidad profesional y la utilización eficaz y eficiente de sus recursos.

La principal dificultad presentada en el proceso de modernización tecnológica fue la resistencia al cambio por las brechas existentes en el manejo e involucramiento de la tecnología en el desarrollo de las actividades que adelantan los funcionarios, por



lo tanto es importante preparar internamente a los funcionarios para que se apropien de las tecnologías. Esta situación se manejó realizando cursos de nivelación entre los funcionarios. Adicionalmente, las normas universalmente aceptadas de auditoría requieren que los auditores tengan conocimiento de informática

La sugerencia de esta entidad es contar con un Plan Maestro de Informática que per-mita mostrar resultados rápidos al usuario final para generar confianza y credibilidad en el proceso de sistematización que se adelanta.

Así mismo, de acuerdo a su experiencia, se indica que una de las principales activida-des que se debe realizar es entregar a cada funcionario las herramientas que requiere para realizar su trabajo. En el caso de esta entidad una de las primeras actividades que realizó fue entregar portátiles a los auditores y equipos de escritorio a quienes desarrollaban su labor en las instalaciones de la entidad.

Otro aspecto relevante de este proceso de tecnificación es que todas las unidades o divisiones de la entidad cuentan con oficinas técnicas, que no necesariamente están conformadas únicamente por ingenieros y que apoyan aquellos procesos que son especializados o que están relacionados con la consecución de información, insumo importante para la operación de los sistemas.

Sistema Integrado para Control de Auditorías (SICA)

Toda herramienta tecnológica obedece a un proceso, a una metodología, a una regla-mentación, o en general a unas reglas de negocio. En el caso del SICA, la metodología base es MAC - Metodología de Auditoría de Contraloría. Ésta contempla cinco aspectos interrelacionados.

Gráfico 10.1

El SICA es un sistema documental y administrativo, que canaliza el conocimiento y provee herramientas de gestión. Permite el registro de acciones desde su origen, genera información operativa, táctica y estratégica. Permite navegación por menús y accesos rápidos.

Fuente: Contraloría General de la República de Chile



La estructura conceptual del SICA está directamente relacionada con el MAC, en la que los componentes globales que determinan las reglas de negocio sobre las cuales se implementa el sistema son la programación, la ejecución y la supervisión.

Gráfico 10.2

Este sistema cuenta con módulos que actualmente se encuentran en operación y otros que están por desarrollarse.

Del conocimiento y presentación de cada uno de los módulos del sistema, se derivan las siguientes conclusiones y/o recomendaciones:

• El Sistema Integral para el Control de Auditorías SICA, es una herramienta desarro-llada a la medida de las necesidades de la Contraloría General de Chile, se basa en la Metodología de Auditoría de la Contraloría MAC y está soportada por una infraes-tructura tecnológica que obedece a conceptos de implementación considerados como mejores prácticas.

• Es un sistema que integra y articula la administración de todo el proceso auditor desde su planeación hasta su terminación.

• Hace necesario que los auditores se apoyen en la tecnología para hacer más efi-ciente el proceso de registro de resultados y supervisión del proceso auditor.

• Permite contar con un sistema que presenta en tiempo real los resultados que se van obteniendo en desarrollo del proceso auditor.

• Contempla elementos técnicos en el proceso de conformación del plan de auditoría.

• Permite tener la trazabilidad de las actividades que desarrollan los funcionarios que intervienen en el desarrollo del proceso auditor.

Fuente: Contraloría General de la República de Chile



• Cuenta con herramientas colaborativas que disminuyen los tiempos en la realización de actividades que requieren de la participación de grupos de funcionarios.

• Se recomienda revisar los temas que no se contemplan en el SICA frente a los requerimientos que actualmente tiene la Contraloría de Colombia y que están conside-rados en sistemas de información como el SIIGEP – Sistema Integrado de Información de la Gestión Pública. (Hallazgos, Planes de Mejoramiento, Evaluación del Sistema de Control Interno).

• Se recomienda revisar el Audite frente al marco de la metodología MAC que soporta el SICA.

• Se recomienda revisar dos aspectos importantes en el proceso de automatización del proceso auditor de Colombia, el primero, la necesidad de contar con un sistema para administrar el proceso auditor; y el segundo, la necesidad de contar con herramientas para realizar un proceso auditor.

• Dado que las condiciones de implementación del SICA en la Contraloría de Chile, puede ser diferente a las condiciones en las que se encuentra actualmente la Contra-loría de Colombia, se recomienda revisar las oportunidades de integración con otros sistemas como Talento Humano, Gestión Documental y Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes SIRECI.

En el nivel local

Para el desarrollo de la vigilancia de la gestión fiscal, del control fiscal del Estado y de las demás funciones asignadas a la Contraloría General de la República conforme a la constitución y la ley, se consideró necesario la elaboración y perfeccionamiento de convenios de desempeño sectorizados como materialización del control fiscal macro en los términos definidos por el artículo 32 del Decreto 267 de 2000. A efectos de llevar a cabo lo mencionado en la precitada norma, la Contraloría General de la República en iniciativa conjunta con algunos ministerios, se encuentra actualmente dando trámite al Convenio de Desempeño con el Ministerio de Minas y Energía, cuya finalidad es la de impulsar y encaminar los correctivos y acciones necesarias para superar aspectos relacionados con la problemática del sector, esto incluye a las entidades adscritas y vinculadas a ese ministerio.

A nivel nacional, se estableció un convenio con la Policía Nacional, entidad que ha prestado una valiosa colaboración en todo el esquema de seguridad de los funciona-rios de la Contraloría y en el acompañamiento a las auditorías realizadas tales como la de ola invernal y control de los recursos públicos de cara a las elecciones. Esta colaboración es una muestra del grado de compromiso de las distintas instituciones del Estado en la lucha contra la corrupción.

Por otra parte, existen seis convenios interadministrativos de cooperación interinstitucional para el desarrollo de la vigilancia fiscal de los sistemas de transporte masivo con las siguientes Contralorías Territoriales: Distrital de Bogotá, Departamental de Cundinamar-ca, Municipal de Soacha, para el proyecto Transmilenio Extensión Soacha; Distrital de Bogotá, para el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá; Departamental de Santander, Municipal de Bucaramanga y Municipal de Floridablanca para el proyecto



de Metrolínea; Municipales de Pereira y Dosquebradas para el proyecto de Megabus; Municipal de Santiago de Cali para el proyecto de Metrocable; Municipal de Armenia, para el Sistema Estratégico de Transporte Público de Armenia. Se está conversando con las Contralorías Territoriales de Cartagena, Barranquilla, Medellín, Itagüí, Envigado, Montería, Pasto, Popayán, Santa Marta, Sincelejo y Valledupar, para suscribir conve-nios a fin de efectuar la vigilancia fiscal sobre los recursos de la nación y los entes territoriales con inversiones estimadas en $17,2 billones (pesos de 2009).

Estas funciones serán recogidas por la Unidad de Cooperación Nacional e Internacional de prevención, investigación e incautación de bienes, creada por el artículo 28 de la ley 1474 de 2011.

Se ha implementado el esquema de convenio de apoyo a la unidad de control in-terno. De conformidad con el artículo 9 del Estatuto Anticorrupción los Jefes de las oficinas de control interno serán nombrados por el Presidente de la República. En ese sentido la CGR a través de la labor desarrollada por los contralores delegados de los sectores agropecuario, minas y energía, social, infraestructura, gestión pública, medio ambiente y defensa, así como los nuevos contralores intersectoriales trabajarán de la mano con las oficinas de control interno. Se realizará una estrategia única con dichas oficinas como una de las herramientas en la lucha contra la corrupción, tomando en consideración los reportes sobre posibles actos de corrupción que en el ejercicio de sus funciones encuentren.

En lo que corresponde al período comprendido entre el segundo semestre de 2010 y el primero de 2011, la Contraloría ha suscrito los siguientes convenios:

• Convenio de Colaboración Institucional firmado el 02/07/2010 con el Tribunal de Cuentas de España para “procurar el fortalecimiento de las relaciones de cooperación técnica en las áreas de su competencia” por 2 años

• Acuerdo de Contribución BOG0107352 de Nov.30/2007 firmado el 21/07/2010 con la Embajada del Reino de los Países Bajos para “fortalecer el control fiscal para el mejoramiento de la gestión ambiental en Colombia” por 3 años

• Renovación Carta de Entendimiento, celebrada el 25/08/2010 con el Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Refugiados, Terry Morel, para “coordinar Acciones entre la Contraloría General de la República y ACNUR para fortalecer la capacidad de la gestión fiscal y de resultados en la Contraloría General de la República, frente a la ejecución de la política pública de atención integral a la población desplazada” por 2 años

• Convenio Interinstitucional, firmado el 26/08/2010 con la Defensa Civil Colombiana para “colaboración conjunta con miras a coadyuvar a la protección del medio ambiente, de acuerdo a las competencias de cada entidad, especialmente en lo relativo a evitar los efectos adversos del cambio climático a través del establecimiento y ejecución de programas tendientes a la identificación, divulgación, prevención e información de hechos relacionados con la vulnerabilidad y las amenazas que incrementen el riesgo del deterioro del medio ambiente y los recursos naturales” por 2 años

• Convenio de Coadyuvancia y Colaboración, celebrado el 08/09/2010 con la Auditoría General de la República para “adelantar acciones de coadyuvancia y colaboración en



relación con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal, para apoyar pro-gramas y proyectos orientados a fortalecer el cumplimiento de los fines y funciones”

• Convenio Interadministrativo, firmado el 21/09/2010 con la Contraloría Distrital de Cartagena para “cooperación Interinstitucional para el desarrollo de la vigilancia del Sistema de Transporte Masivo de la ciudad de Cartagena”

• Convenio de Cooperación, celebrado el 10/11/2010 con el Congreso de la República para “cooperación interinstitucional para aunar esfuerzos, a través del talento huma-no y el intercambio y flujo de información, dentro de la órbita de sus competencias orgánicas y misionales “con una vigencia de 4 años.

• Pacto por la Transparencia y Contra la Corrupción, celebrado el 02/12/2010 con la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación y el Programa Presidencial Lucha contra la Corrupción; para “adelantar en los distintos niveles del Estado y en particular del Gobierno, acciones coordinadas para la prevención de hechos de corrupción y emprender campañas para promover la cultura de la legalidad”

• Convenio de Cooperación firmado el 03/12/2010 con: el Instituto Nacional de Vías (INVIAS), el Instituto Nacional de Concesiones (INCO), la Unidad Administrativa de la Aeronáutica (AEROCIVIL), y la Superintendencia de Puertos y Transporte para, “conformar comité integrado por funcionarios del Ministerio y sus entidades adscritas y funcionarios de la Contraloría General de la República, para que se adelante se-guimiento, vigilancia, funciones de advertencia y acciones de control y corrección a procesos contractuales que estén en ejecución o los que se vayan a iniciar, con el fin de hacerle seguimiento a los mismos hasta su culminación”

• Convenio Interadministrativo, celebrado el 30/12/2010 con el Departamento Admi-nistrativo Nacional de Estadística (DANE), para: “intercambio de información estadística generada por el DANE-FONDANE y la Contraloría General de la República, así como el desarrollo de proyectos para la utilización eficiente y oportuna de los datos estadísticos generados por las entidades” con una duración de 2 años.

• El 18 de febrero de 2011 se firme el convenio Marco de Cooperación Interinsti-tucional, suscrito entre la Contraloría General de la República y la Policía Nacional de Colombia para “aunar esfuerzos para que las entidades suscriptoras del presente convenio marco de cooperación Interinstitucional, puedan fortalecer las funciones que constitucional y legalmente les han sido asignadas en defensa de los recursos públi-cos y de la gestión pública, el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz, acorde con los principios de transparencia, eficiencia, economía y moralidad, así como en la promoción de la participación ciudadana y en la vigilancia de los recursos públicos. El cual tendrá una duración de 4 años

• El 15 de abril de 2011 se celebró el acuerdo específico número 001 de 2011 en el marco del Convenio de Coadyuvancia y Colaboración, firmado entre la Contraloría General de la República y la Auditoría General de la Nación.



XI. Fortalecimiento Institucional

La actual administración ha abordado el mejoramiento de procesos y actividades que impactan e inciden directamente en el desarrollo y efectividad de los procesos misionales. Temas como la modernización de la rendición de cuentas e informes por parte de los sujetos de control aprovechando las tecnologías, la consecución de infor-mación contractual de los vigilados en tiempo real, las reglamentaciones para hacer más eficiente los procesos relacionados con la información presupuestal, la integra-ción de esfuerzos con otras entidades en cumplimiento del principio de coordinación institucional, la vinculación de la academia para mejorar el conocimiento institucional a través de capacitaciones y foros, son algunos de los aspectos que se tratarán en este capítulo.

1. Tarifa de control fiscal:

El artículo 4º de Ley 106 de 1993, ordena: “…la Contraloría General de la República cobrará una tarifa de control fiscal a los organismos y entidades fiscalizadas, equiva-lente a la de aplicar el factor, resultante de la fórmula de dividir el presupuesto de funcionamiento de la Contraloría sobre la sumatoria del valor de los presupuestos de los organismos y entidades vigiladas, al valor de los presupuestos de cada organismo o entidad vigilada…”.

En cumplimiento a lo anterior esta administración realizó la gestión de expedir indivi-dualmente las resoluciones que fijaron la tarifa de control fiscal para la vigencia 2010 a 415 entidades objeto de cobro, por un valor total de $277.129 millones. Es de aclarar que se atendió lo dispuesto en la Sentencia de la Corte C -655 / 2003 articulo 48, mediante la cual se excluyen del cálculo de tarifa las entidades que administran recursos de seguridad social (Cajas de Compensación, Empresas Promotoras de Salud (EPS) y Administradoras de Pensiones).

Vale la pena resaltar que sobre este tema se vienen tomando las medidas correctivas para evitar que las resoluciones que fijan la Tarifa de control fiscal se expidan al final de la vigencia, es así como a mayo de 2011, ya se tenía la preliquidación y se estaban validando los datos por diferentes medios, entre otros, por las contralorías delegadas y las gerencias departamentales; proceso de expedición que culminó de manera exitosa y en un tiempo record, que antes no se había alcanzado, al expedir en el mes de junio las respectivas resoluciones, finiquitando de esta forma un tema que venía siendo cuestionado a las anteriores administraciones por nuestros controladores.

Se debe destacar que no obstante el gran trabajo realizado por esta contraloría en la protección de los recursos asignados para enfrentar los efectos de la ola invernal, estos recursos no fueron tenidos en cuenta dentro de la base para determinar la tarifa de control fiscal. Sin embargo, estos recursos serán gravados el próximo año, en la medida en que se asignen presupuestalmente y, dado que se continuará la ejecución de las fases de este proyecto.



2. Sistema Nacional de Control Fiscal (SINACOF)

El control fiscal está definido en la Constitución Política de Colombia como una función pública que se desarrolla a través de la vigilancia de la gestión fiscal. Dicha vigilancia es ejercida en el orden nacional por la Contraloría General de la República y en el territorial por las Contralorías Departamentales, Distritales y Municipales (CT).

Existe un objetivo común en los diferentes niveles “vigilar y controlar, oportuna y efec-tivamente los recursos públicos destinados al cumplimiento de los fines esenciales del Estado Social de Derecho”, queriendo con ello significar que el ejercicio del control fiscal, se debe hacer en tiempo real que permita la defensa del patrimonio público.

La adecuada coordinación y armonización de la labor desempeñada por la Contraloría General de la República y las Contralorías Territoriales es condición indispensable para fortalecer el control fiscal a través del Sistema Nacional de Control Fiscal, (SINACOF).

El SINACOF busca promover la vinculación de los diversos agentes de vigilancia de la gestión fiscal y generar confianza, abierta a la participación ciudadana, promover la transparencia y las mejores prácticas de desempeño en la Gestión Pública, funda-mentado en tres elementos básicos:

- Una responsabilidad asignada a la Contraloría General de la República por la Constitución Política de Colombia, que le establece la facultad de dictar normas que armonicen los distintos sistemas de control fiscal de las entidades nacionales y territoriales.

- El ejercicio por parte de las CT del control sobre un porcentaje considerable de los recursos del Estado (recursos propios de los entes territoriales) aunado a las respon-sabilidades y acciones derivadas de la Ley 617 de 2002. A partir de una sentencia de la Corte Constitucional, las CT comparten con la Contraloría General de la Re-pública el control sobre los recursos del situado fiscal y sobre las participaciones de los municipios en los ingresos corrientes de libre destinación, recursos que a partir de la Ley 715 de 2001 se definen como el Sistema General de Participaciones. En consecuencia, la Contraloría General de la República ha establecido, dentro de sus objetivos, liderar la armonización del control fiscal en el orden nacional y fortalecer las contralorías territoriales.

- A través del SINACOF se busca que el control fiscal sea coordinado y armónico, utilice metodologías unificadas y estandarizadas para la ejecución de los diferentes procesos de la gestión fiscal, respetando la autonomía e independencia de los orga-nismos de control territorial y propendiendo por el fortalecimiento institucional de las Contralorías Territoriales y, por ende, el Sistema Nacional de Control Fiscal.

El objetivo General del SINACOF consiste en “mejorar la calidad y cobertura del control fiscal sobre los recursos públicos, optimizando los recursos técnicos, huma-nos y financieros, a través de la armonización de los sistemas de control fiscal de las entidades del orden nacional y territorial y el fortalecimiento institucional de las Contralorías Territoriales”.



Los objetivos específicos del Sistema Nacional de Control Fiscal (SINACOF) son: i) crear instancias de coordinación para la operación del sistema; ii) Armonizar los sistemas de control fiscal del país; iii) propender por la utilización de metodologías unificadas y estandarizadas para el ejercicio del Control Fiscal; iv) fortalecer institucionalmente los organismos de control fiscal y en especial las Contralorías Territoriales, mediante programas de asesoría y asistencia técnica; v) adelantar programas y actividades de preparación, formación capacitación actualización y entrenamiento de los funcionarios de las Contralorías; vi) crear y promover espacios académicos que permitan ampliar, sistematizar y preservar el conocimiento relacionado con el control fiscal a nivel territo-rial; vii) promover la divulgación del conocimiento producido en relación con el control fiscal territorial; viii) promover espacios académicos para la interlocución, diálogo y construcción conceptual colectiva en torno a los temas propios de la gestión pública y el control fiscal, entre los niveles jerárquicos superiores de la Contraloría General de la República y de los restantes órganos de control fiscal.

Durante el período de este informe, se llevaron a cabo actividades dirigidas a difundir y consolidar, entre las contralorías territoriales, el uso de herramientas de control fiscal que la Contraloría General de la República ha desarrollado, entre las que se detallan las siguientes:

Se adelantó la especialización en “Gestión Pública”, con la Escuela Superior de Admi-nistración Pública (ESAP), en la ciudad de Bogotá, que contó con la participación de 43 funcionarios de las contralorías territoriales, la Auditoría General de la República y la Contraloría General de la República.

Se viene consolidando el Plan Nacional de Auditorias, a través de un aplicativo en el que se registra la programación anual, seguimiento y monitoreo de cada uno de los planes generales de auditoría de las CTs y la Contraloría General de la República, lo cual ha conllevado a tener una mayor cobertura y maximizar los recursos con los que se cuenta. Este aplicativo ha permitido unificar criterios frente a la vigilancia y control de los recursos del SGP.

Otra de las acciones emprendidas por el SINACOF fue la entrega en comodato median-te adición al convenio de cooperación y apoyo técnico firmado entre las Contralorías Territoriales y la Contraloría General de la República, de 241 computadores portátiles, en cumplimiento de la cooperación y asistencia técnica que las partes desarrollan, para la implementación y desarrollo del Sistema Nacional de Control Fiscal (SINACOF).

Mediante acciones regionalizadas con la participación de las contralorías territoria-les, en lo referente a la capacitación se desarrollaron 23 seminarios talleres en los siguientes temas:

- Seminario Taller cambio climático, en las ciudades de Bogotá y Cali;

- Seminario Taller GUIA AUDITE 4,0;

- Desplazamiento forzado y demandas contra el Estado;

- Seminario Taller SICE;

- Seminario Taller soporte probatorio de los hallazgos fiscales;



- Seminario Taller presupuesto público territorial;

- Seminario Taller contabilidad presupuestal - aplicación de la resolución 6224

de 2010;

- Seminario Taller PNA;

- Seminario Taller control fiscal al Sistema General de Participaciones.

En lo relacionado con la Asesoría y Asistencia Técnica, se viene apoyando a las con-tralorías territoriales que la solicitan en los diferentes temas, tales como:

- Instalación del aplicativo Sistema de Recepción de Denuncias de la Contraloría General de la República.

- Auditoria a Concesiones.

- Sistema General de Participaciones.

- Aplicación de la ley 1066 del 2006 y Decreto Reglamentario de Cartera.

- Ley 610 del 2000, tipificación de hallazgos y procesos de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva.

- Tasa Interna de Retorno.

Con el fin de ampliar la cobertura a la vigilancia de los recursos del Sistema General de Participaciones y Regalías, se han venido adelantando acciones conjuntas entre la Contraloría General de la República y las Contralorías Territoriales.

En el tema de Sistema General de Participaciones a través del SINACOF, la Contralo-ría Delegada del Sector Social ha venido colocando a disposición de las Contralorías Territoriales los criterios generales y sectoriales que aplica la Contraloría General de la República en el control fiscal al Sistema General de Participaciones y demás transfe-rencias de origen nacional, además de socializar algunas herramientas diseñadas para el control fiscal a estos recursos.

3. Estándares de los libros de Contabilidad presupuestal:

La Contraloría General de la República con la expedición de la resolución 6224, cumple con el mandato legal de administrar la contabilidad presupuestal de la Nación, para lo cual ha desarrollado un sistema de información que tiene como soporte el documento fuente en el registro de las entidades.

De conformidad con la Resolución 36 se exige a las entidades del orden nacional re-gistrar, con base en los libros de contabilidad, la información requerida para alimentar la plataforma SIIF - Nación. El alcance inicial se dio a las entidades del orden nacional que estaban en línea y en tiempo real, arrancando con una fase de reportes hacia un estándar, que se pasara de formularios de recolección de la Contraloría General de la



República al nuevo aplicativo de la plataforma CHIP, con la finalidad de estandarizar en un proceso gradual para todo el sector subnacional (Departamentos, Municipios y empresas), debido a que la contabilidad presupuestal a diferencia de la contabilidad financiera define un catálogo de aplicación general, generando una etapa de transi-ción de lo que se venía trabajando, pero en el caso de la contabilidad presupuestal no fue así, pues las entidades tenían sus propios estatutos y lecturas de cómo era el esquema presupuestal.

El siguiente paso era que se unieran los reportes a los libros de la contabilidad, ase-gurando que la información que se reporte al CHIP mantenga esta característica.

Hoy, después de la expedición de la resolución, tenemos dos cortes posteriores a estos, que mantienen los niveles de transmisiones al CHIP de cerca 3400 entidades, lo que muestra que la información ya tiene el soporte necesario con origen en los libros de contabilidad estandarizados.

4. Estudio sobre costos de contratación prestación de servicios:

La Contraloría presentó la estimación de los costos del posible riesgo fiscal y jurídico derivado de la práctica de vinculación de personal mediante contratos de prestación de servicios soportados en gran medida en interpretaciones laxas, abusivas de figuras constitucionalmente válidas. En este sentido se dio aplicación a la sentencia de la Corte Constitucional C-114 de 2009, mediante la cual se requería a la Contraloría para realizar informes sobre esta materia.

El estudio concluyó que la totalidad de entidades del sector público (administración central) tiene, actualmente, un monto de $11 billones, distribuidos así: $5,8 billones en 1065 municipios y $287.046 millones en 122 entidades que hacen parte del Presupuesto General de Nación.

En el ámbito nacional se destacaron como las entidades con mayor monto contratado por prestación de servicios: Ministerio de Defensa con $57.490 millones, la Regis-traduría Nacional con $48.163 millones y el INPEC con $24.706 millones. En los departamentos, Antioquia registró contratación por $670.838 millones, Cundinamarca $$455.740 millones y el Valle $386.891 millones. En los municipios se destacaron Bogotá con $1,3 billones, Medellín 413.799 millones y Cali $293.531 millones.

5. Banco de datos fiscales:

La información del Banco de Datos Fiscales es el conjunto de datos presupuestales que tiene origen en los libros de contabilidad de las entidades; estamos hablando aquí no sólo del ámbito Nación sino todo el sector público.

Es una herramienta estatal para la captura de información presupuestal trimestral, que comienza con el reporte de la información por parte de las entidades en la plataforma CHIP, la cual recopila la información presupuestal de la Contaduría y se aloja en un lugar lógico denominado FTP, de donde la Contraloría General de la República toma la información y la deposita en un manejador de bases de datos denominado DATAMAR el cual se encarga de procesar y validar la información, arro-



jando como resultado los insumos para realizar la certificación de las finanzas del estado, las fuentes y usos, los correspondientes balances fiscales y la certificación de los ingresos corrientes de libre destinación, los cuales una vez validados y auditados se alojan en la WEB de la Contraloría General de la República para la consulta de los diferentes entes de control del orden nacional, departamental, municipal al igual que la ciudadanía en general.

6. Desarrollo de herramientas informáticas para estadísticas fiscales:

La Delegada para Economía y Finanzas Públicas, ha desarrollado varios instrumen-tos mediante los cuales recaba información para el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales del Contralor, como son: Auditar el Balance General de la Nación, llevar la cntabilidad del presupuesto, llevar el registro de la deuda pública, certificar los ingresos corrientes de libre destinación y certificar la situación de las finanzas del Estado. Para ello, desarrollo el siguiente software directamente con los ingenieros de la Delegada.

AUDIBAL(Nacional y Subnacional): Este aplicativo se desarrolló para ser utilizado, vía web, por parte de las contralorías delegadas sectoriales de la Contraloría General de la República y por parte de las contralorías territoriales, para el reporte de los ha-llazgos y opiniones de los balances de las entidades: opinión, hallazgos e informe.

DATAMART para capturar la contabilidad del presupuesto: en este aplicativo se registra la ejecución presupuestal del Estado colombiano, bajo el esquema de un clasifica-dor que aplica a los diferentes ámbitos de la administración pública, se recopila la información de la ejecución de los presupuestos de todas las entidades. Con base en ello, se estructuran las diferentes salidas que tienen varios propósitos dentro de las funciones de la Contraloría General de la República. Así, por ejemplo, se tiene un requerimiento para obtener la información con la cual se certifican los ingresos corrientes de libre destinación; otras para calcular las fuentes y usos y los balances fiscales con los cuales se certifican las finanzas públicas, etc.

De tal forma que, con el desarrollo de este aplicativo, se espera que se puedan cubrir otras necesidades de las entidades del nivel central, como las siguientes:

Usuarios Estratégicos de la Información- Implementación plataforma CHIP, tales como Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Banco de la República , Departamento Nacional de Planeación (DNP), Contralorías Territoriales, Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), FMI, entre otros.

Estrategia de Optimización Cuentas Cero y FUT. Como se viene mencionando, la funcionalidad del Datamart, y la universalidad del clasificador de la Contraloría General de la República, hace que se puedan utilizar para el cumplimiento de las funciones de otras entidades públicas. Es el caso de las llamadas “cuentas cero” que produce la Contaduría General de la Nación y que son redundantes frente a la información de la Contraloría General de la República, además que invade la función constitucional de la Contraloría General de la República. Por lo tanto, el propósito es producir este informe con los datos registrados en el Datamart.



De igual forma, sucede con el Formato Único Territorial (FUT), el cual tiene un me-nor nivel de desagregación respecto al clasificador de la Contraloría General de la República y, por lo tanto, se puede producir como un informe del Datamart.

Expedición de las Certificaciones de la Ley 617. Uno de los más importantes desa-rrollos está en la generación de reportes mediante los cuales la Contraloría General de la República certifica en forma automática los ingresos corrientes de libre desti-nación (ICLD). Para tal fin, se han establecido dos plantillas mediante las cuales se certifican los departamentos y los municipios, con lo cual se facilita el seguimiento a los recursos de las entidades territoriales, y se ha podido adelantar este proceso al primer semestre de cada año, con una alta calidad de la información para la mayoría de entidades. En vigencias anteriores se llevaba todo el año realizar dicha certificación, y la información no era confiable.

7. Cátedra Internacional sobre Política Pública

Durante los días 6 al 10 de diciembre de 2010, en el Hotel Kualamaná de Melgar (Tolima), se llevó a cabo la Cátedra Internacional sobre Políticas Públicas y Control Fiscal, organizada por la Oficina de Capacitación, Producción de Tecnología y Producción Técnica Internacional de la Contraloría General de la República y la Fundación José Ortega y Gasset, institución dedicada a la difusión cultural, la formación, el debate y la investigación en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades.

El objetivo del evento fue generar un espacio de reflexión sobre los métodos, teorías, marcos conceptuales, para el análisis y evaluación de las políticas públicas. De igual manera se buscó la homogenización de conceptos y conocimientos para generar es-trategias que apunten a la verdadera evaluación de la gestión fiscal. La invitación por parte de la Contralora General es la de “cambiar el chip”, con el fin de construir entre todos una nueva visión y fijar las coordenadas conceptuales para el trabajo a futuro, teniendo claras las políticas públicas y su evaluación a nivel cualitativo más que cuantitativo.

Con el evento se dio inicio a un proceso en el que los funcionarios de la Contraloría General de la República aprenderán herramientas metodológicas y conceptos básicos que les permitan reorientar su trabajo de control fiscal hacia la evaluación de los resultados de la gestión en términos del cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

8. Foro Desastres Naturales: Experiencias y Retos del Control Fiscal

En el foro se revisaron las experiencias de otros países en la atención y reconstruc-ción de zonas afectadas por desastres, en particular, los casos recientes de Chile, Venezuela y Estados Unidos; el manejo de la información institucional y la mitigación de riesgos de indebidos usos de los recursos destinados a la emergencia, con énfasis en la publicidad de presupuestos, de los procesos contractuales y de la ejecución de proyectos, los apoyos para la ayuda humanitaria que prestan los organismos interna-cionales y los esquemas de participación ciudadana en los procesos de rehabilitación y reconstrucción y algunos aportes al ejercicio del control fiscal en casos de desastres, sobre la base de enfoques y experiencias de Venezuela y Chile.



Más específicamente, se abordó el panorama de la emergencia colombiana 2010-2011 y de la respuesta institucional en el corto y largo plazos; los ajustes financieros y presupuestales necesarios para la atención, reconstrucción y adaptación al cambio climático; la incorporación del tema en la planeación del desarrollo, en particular, en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para Todos”; el esquema diseñado e implantado para la atención de la emergencia por la temporada invernal dentro del mecanismo de Colombia Humanitaria; la organización territorial, la des-centralización y el uso de la figura de las urgencias manifiestas para la ejecución de recursos y la contratación en la emergencia y las complejidades y experiencias de la gerencia de procesos de reconstrucción y desarrollo a la luz del caso del Fondo de Reconstrucción del Eje Cafetero (FOREC) y de la Corporación Nasa Kiwe en el río Páez (Cauca y Huila).

También se examinó el panorama del manejo de la información técnico-científica, en especial, la de las variables hidrometeorológicas y geológicas y su consideración como base en la ejecución de planes, programas y proyectos de prevención y reconstruc-ción de los niveles nacional, regional y local; la disponibilidad de mejores canales de comunicación institucionales para la atención de emergencias y desastres, al ser este elemento una línea esencial de trabajo en tales actividades; la necesidad de fortalecer el componente institucional del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres en las dimensiones locales y regionales, su reforma hacia sistema de manejo del riesgo y su incorporación en la definición de las más altas políticas sobre el concepto de que “gobernar es anticiparse”; el complejo componente antropológico y ambiental de la prevención, la atención y la reconstrucción; el tema ubicado dentro del ordenamiento territorial sostenible y los diseños institucionales necesarios para la mayor eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión pública en la materia.

Especial tratamiento tuvo en el Foro el novedoso esquema de control fiscal especial a los recursos de atención y reconstrucción por la emergencia invernal a la luz de las responsabilidades de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la Nación, sobre el que se reconoció su efectividad y oportunidad.

El Foro concluyó con las siguientes recomendaciones:

• La conclusión de la vulnerabilidad de las comunidades que se ve acrecentada por condiciones de pobreza y marginalidad y por la devastación ambiental.

• En consecuencia, la necesidad de armonizar las políticas sociales y ambientales con las de prevención y mitigación de riesgos.

• La urgencia de concebir el sistema en perspectiva de gestión del riesgo, con la incorporación de tal concepto en la planificación del desarrollo nacional, departamental y local.

• El imperativo del fortalecimiento de las campañas de información y educación pú-blica, hasta incorporar la gestión del riesgo en la cultura colombiana, a objeto que las personas y familias la practiquen en su cotidianidad.

• La necesidad de afianzar el componente técnico-científico del sistema, con el me-joramiento del monitoreo de los fenómenos naturales y sociales, la ampliación de las



redes de alerta y la optimización de los protocolos de actuación en casos de desastres o calamidades.

• El reconocimiento de que el cambio climático llegó para quedarse y que el modelo de desarrollo económico, social, ambiental y territorial del país debe acomodarse a tal situación.

• La pertinencia de consolidar el componente de cooperación internacional para la gestión del riesgo a nivel regional y mundial, en las líneas técnico-científicas, sociales, ambientales, de fortalecimiento institucional, de educación e información pública, de la gestión y las políticas públicas, de gestión transnacional del riesgo y de los roles de la sociedad civil, la academia y los gremios.

• La necesidad de fortalecer el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, con énfasis en el desarrollo institucional de los comités locales y regionales en alcaldías y gobernaciones.

• La reubicación e incremento del nivel jerárquico de la principal instancia coordi-nadora, la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo, que debiera reincorporarse a la Presidencia de la República o como un Viceministerio del Ministerio del Interior y de Justicia.

• La pertinencia del control fiscal posterior y selectivo, pero oportuno, que viene adelantando la Contraloría General de la República que, se reconoció en el Foro, ha servido para corregir debilidades en la gestión y advertir posibles malos usos de los recursos de la emergencia, lo que ha llevado a que el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos afectados sea el eje de la atención.



XII. La Contraloría General de la República como organizaciónNo cabe duda, esa es una deuda pendiente con el Honorable Congreso de la República que muy generosamente tramitó en el Estatuto Anticorrupción, algunas disposiciones que constituyen los primeros pasos para adaptar la organización a los desafíos contemporáneos.

En este sentido se cuenta ya con las delegadas intersectoriales pues resulta contrario a la realidad suponer que la explotación minera se pueda evaluar sin tomar en cuenta los aspectos ambientales. Muchas veces los compartimentos estancos entre la delegada de infraestructura y la de medio ambiente, pueden llevar a conclusiones equivocadas, y así, varios ejemplos más se podrían citar. Al momento de redactar este informe, están pendientes de la firma del decreto de homologación de cargos, por lo que no se han podido proveer, a pesar de que el proceso de selección ya se finiquitó.

También se destaca la relación de las gerencias colegiadas, lo cual estamos seguros, redundará en un accionar más eficiente e imparcial de las gerencias departamentales, a las cuales hemos venido visitando para conocer sus necesidades a la vez que para comprometerlos con los cometidos y filosofía de esta administración.

1. Talento Humano

El personal

La Contraloría cuenta con una planta de personal de 4.057 cargos. Existen 200 cargos de carrera congelados, los cuales se han venido reactivando habida cuenta que la en-tidad necesita, con suma urgencia, profesionales en las áreas de ingeniería, contaduría, ingeniería, medicina, medio ambiente, minería y educación, así como abogados. Se han iniciado los trámites para la convocatoria a concurso aunque, paradójicamente, las universidades públicas, habilitadas por la ley como las únicas idóneas para hacer las pruebas, no han mostrado interés o han desistido. De todas, maneras el concurso ha de realizarse y será aprovechado para fortalecer las gerencias departamentales de manera especial.

Toda vez que se cuenta con esos recursos se han iniciado los trámites para lograr homologar los profesionales grado uno y dos y elevar la remuneración de los asisten-ciales. Tal decisión encuentra sustento en la necesidad de cumplir con el principio normativo en virtud del cual, a quien se le asignan las mismas funciones que a otro funcionario, tiene derecho a igual remuneración.

Cabe aclarar que la Contraloría ha contribuido todos estos años a la formación de sus funcionarios, de tal manera que los profesionales de grado uno, e incluso los asisten-ciales, cuentan hoy con título de especialista o de magister.

La Contraloría General de la República ha trazado como uno de los pilares esenciales del Plan Estratégico el Fortalecer el Talento Humano (Objetivo Corporativo 5), y lograr



como objetivo y estrategias la de propender por el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo profesional y personal del talento humano.

Con el fin de dar cumplimiento al Plan Estratégico, la Contraloría General de la Re-pública, cuenta con una nomina global de 4.057 empleados, distribuidos actualmente en la siguiente forma:

Planta Global de la Contraloría General de la República

Cuadro 12.1

Fuente: Gerencia del Talento Humano

Categoria Grado Nivel Total

Central Desconcentrado

Ocupado Vacante Ocupado Vacante

Directivo 1 0 0 31 0 31 2 1 0 0 0 1 3 26 0 0 0 26 4 19 0 0 0 19 5 1 0 0 0 1 6 1 0 0 0 1 Total directivos 48 0 31 0 79 Asesor 1 43 0 0 0 43 2 16 0 0 0 16 Total asesores 59 0 0 0 59 Ejecutivo 1 1 0 53 1 55 2 41 3 37 4 85 3 14 1 0 0 15 Total ejecutivos 56 4 90 5 155 Profesional 1 882 37 1160 56 2135 2 365 15 318 33 731 3 64 6 0 0 70 4 50 2 1 0 53 Total profesionales 1361 60 1479 89 2989 Tecnico 1 50 7 30 2 89 Total tecnicos 50 7 30 2 89 Asistencial 1 73 3 79 8 163 2 28 0 0 0 28 3 153 3 104 11 271 4 88 3 105 4 200 5 22 0 0 0 22 6 2 0 0 0 2 7 Total asistenciales 366 9 288 23 686 Total planta global 1940 80 1918 119 4057

A instancia de favorecer las mejores condiciones y fortalecer la labor de los funcio-narios públicos, se han implantado acciones enmarcadas dentro del nuevo modelo de gestión del talento humano, como son: cambios en la jornada laboral tendientes a incentivar el rendimiento; la vinculación de supernumerarios; cambio de administra-dora de riesgos profesionales; inicio del proceso de selección de personal, entre otros, detallados a continuación.

Horario de Trabajo

En desarrollo del objetivo “Fortalecer el Talento Humano y el Esquema Institucional”, contenido en el Plan Estratégico 2010-2014, la alta dirección basada en la recomen-



dación 165 de la OIT que sugiere adoptar medidas que permitan a los trabajadores con responsabilidades familiares conciliar sus obligaciones profesionales y familiares, decidió implementar mecanismos para propender por la mejora en la calidad de vida de sus servidores conducentes a favorecer el equilibrio entre la jornada laboral y sus responsabilidades, e incentivar el rendimiento laboral, expidiendo las Resoluciones 0121 de 2010 y 0123 de 2011 que permitieron la flexibilización de la jornada laboral a la mujeres con hijos menores de 18 años y padres cabeza de familia, beneficiando así a un 13% aproximadamente de la planta de personal ocupada.

Los supernumerarios

Así se denominó al equipo de profesionales que se nombró en provisionalidad en las distintas gerencias, previo un proceso de selección. Al culminar el período máximo previsto para el ejercicio de sus funciones en tal condición, se procedió a evaluar el modelo y a cada uno de los asesores. Correctivos a esa experiencia se plasmaron en el Estatuto Anticorrupción. Los que resultaron positivamente evaluados serán asignados como parte de las gerencias colegiadas

La Contraloría contaba con una partida presupuestal de cincuenta y tres mil millones de pesos para vincular contratistas a la labor de auditoría en el campo de las regalías.

Esta práctica, generalizada en el Estado, en virtud de la cual -en lugar de crear más cargos de planta cuando existiese una justificación objetiva, lo cual presupuestalmente se traduce en gastos de funcionamiento-, se reconocieron partidas adicionales a varias entidades para contratar el personal destinado a atender un determinado proyecto y ello se reflejaba presupuestalmente como inversión.

Sobra recalcar lo inapropiado de esa práctica que, además, proscribió la Corte Cons-titucional en la sentencia 614 de 2009, “Contrato de Prestación de servicios – Prohi-bición de celebración para ejercicio de funciones de carácter permanente se ajustará a la Constitución”

A más de generar una contingencia a cargo del Estado toda vez que, como justa-mente lo ha determinado la Sección Segunda del Consejo de Estado, se trata de funciones misionales asignadas a contratistas a quienes no se les reconoce el pago de prestaciones sociales.

Por lo demás, por esa vía se les confía a contratistas sujetos a un régimen de inha-bilidades e incompatibilidades mas laxo, información y bienes públicos que, no en pocos casos, han degenerado en graves episodios de corrupción.

En el caso de la Contraloría, no había ni asiento para los más de mil contratistas que, al no saber la técnica de auditoría, obligó a los funcionarios de planta a rehacer el trabajo.

Por ese motivo la Contraloría desplazó esa partida. Se ha dado a la tarea de descon-gelar la nómina y la contratación de asesores que ha tenido lugar para funciones de asesoría en materias especializadas y de manera temporal.

La Contraloría General de la República, en desarrollo de las disposiciones Constitucio-nales y legales, ante circunstancias coyunturales y excepcionales de gran complejidad



suscitadas en el orden nacional, que incrementaron en la última vigencia las solicitudes de control fiscal excepcional y concurrente, así como la conformación de grupo de reacción inmediata entre otras, consideró necesario abordar estos casos con la firmeza y rigor que correspondía, proporcionando las medidas, lineamientos y un mayor número de talento humano, que integrado todo coadyuvará al aseguramiento de los intereses de la comunidad, garantizando los fines esenciales del Estado.

Para el efecto, se creó una planta de empleos transitoria de supernumerarios adscrita al Despacho de la Contralora General de la República, consistente en 70 empleos equivalentes a Asesor de Despacho Grado 02, tendientes a fortalecer el control fiscal en el nivel desconcentrado, buscando obtener resultados reales en aplicación de un eficiente y eficaz ejercicio del control fiscal. Su fundamento legal se establece en el artículo 83 del Decreto 1042 de 1978, que señala; “… Que también podrán vincularse supernumerarios para desarrollar actividades de carácter netamente transitorio”.

Culminado el término para la mayoría de los vinculados mediante esta figura se evi-denciaron resultados tales como respuestas prontas y reales a los interrogantes de la comunidad y el Gobierno, aplicación de acciones inmediatas tendientes a la articu-lación de temas excepcionales, como, producto de decisiones adoptadas de manera compartida y consensuada.

Asimismo, se obtuvieron resultados tanto en el impulso de las auditorías especiales programadas, como en el fortalecimiento de hallazgos administrativos, disciplinarios y fiscales de las mismas, favorecieron la disminución de prorrogas, priorizaron seguimientos a auditorías de gran connotación para el país, presentaron propuestas tendientes a opti-mizar los resultados del PGA segundo semestre de 2011 respecto a procesos prioritarios, como instancia de coordinación, fortalecieron la comunicación entre los equipos del Proyecto Enlace, así como entre los distintos sectores y la Gerencia Departamental.

Estos funcionarios cubrieron el total del territorio nacional, llegando oportunamente a cada una de las regiones, con un costo a junio 30 de 2011 de $1.805.574.000.oo, coadyuvando en esta forma el quehacer institucional.

Sistema Integrado de Evaluación de Desempeño (SISED)

En cumplimiento de lo consagrado en los artículos 34 y siguientes del Decreto 268 de 2000 y reglamentado mediante la resolución 043 del 28 de agosto de 2006 respecto del sistema de evaluación del desempeño se efectuó el cierre del período ordinario el pasado 15 de febrero del año en curso. Los evaluadores contaron con 20 días hábiles para realizar este proceso y posterior envío a la Dirección de Carrera Administrativa, resultados que se encuentran en revisión y consolidación para generar el informe estadístico respectivo.

Conscientes de la importancia que representa la evaluación del desempeño para la entidad, con el fin de facilitar la operacionalización del mismo, la presente adminis-tración, a través de un contrato, se encuentra diseñando un software que permita realizar la concertación de objetivos y evaluación del desempeño en línea, lo que se constituirá en una herramienta administrativa que permita evaluar de manera integral a los empleados de carrera de la Contraloría General de la República y potencializar el talento humano existente determinando los logros institucionales alcanzados.



En este sentido, y en armonía con el nuevo software, se está planteando una mejora a la reglamentación existente, la cual actualmente se encuentra en estudio del Consejo Superior de Carrera Administrativa máximo órgano de Carrera Administrativa en la entidad.

Medición de competencias

Dentro del proceso de medición de competencias de los funcionarios de la Contraloría General de la República durante la vigencia 2011, se programaron a 593 funcionarios que ingresaron a la entidad producto del concurso de méritos 2008 o que ascendieron a un cargo de otro nivel jerárquico. El resultado del diligenciamiento de la medición se observa en el siguiente cuadro.

Funcionarios Programados 593 Funcionarios que Finalizaron la Medición 591 Funcionario que no Finalizaron la Medición 2 (*) Fecha Corte: Mayo 27 de 2011(*) Las dos programaciones no finalizadas, corresponden a funcionarios que presentaron renuncia.

Cobertura de medición de competencias

Cuadro 12.2


Bienestar integral

En aras de propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios y su entorno, la optimización de los recursos asignados y la equidad de los programas de bienestar, se están implementado nuevas directrices que permiten: generar acciones coordinadas con el Fondo de Bienestar Social y los aliados estratégicos, retroalimentar los programas con base en el estudio de necesidades y estudiar e implementar nuevas acciones en materia de bienestar.

Salud ocupacional

En cumplimiento de las normas legales vigentes, la Contraloría General de la Repú-blica desarrolla el programa salud ocupacional, cuyo objetivo es mantener actividades de promoción de la salud ocupacional y prevenir los riesgos profesionales a fin de preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva y por ende la calidad de vida de los servidores públicos.

Por tal motivo, y con el fin de propender por la mejora continua de la entidad y coadyuvar a otros organismos del Estado, la alta dirección optó por el cambio de Administradora de Riesgos Profesionales, al contratar a la ARP Positiva, sociedad con participación mayoritaria del Estado y vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El 18 de mayo de 2011, se oficializó al interior de la Contraloría General de la Repú-blica dicho cambio, el cual está enmarcado en el fortalecimiento del bienestar de los servidores públicos y en la generación de estrategias dirigidas al control y disminución de los riesgos profesionales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, encami-nadas al aumento de la productividad y competitividad de la entidad, concebidos desde la óptica de la prevención e intervención en el ámbito de la salud ocupacional.



2. Los nuevos delegados

Dichos funcionarios tendrán a su cargo las indagaciones más sensibles y deberán, con su grupo de trabajo, conducirlas hasta el final.

El Decreto 267 de 2000, expedido en ejercicio de las facultades extraordinarias confe-ridas al Presidente de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 573 del 07 de febrero de 2000, fijó la estructura orgánica y las funciones de las dependencias de la Contraloría General de la República.

Por su parte, el Decreto 269 de 2000, proferido por el Presidente de la República, conforme a las facultades arriba mencionadas, señaló la nomenclatura, clasificación y requisitos gene-rales para los empleos de este ente de control, precisando en el artículo 5° lo siguiente:

“Artículo 5. Nomenclatura. Establécese la denominación y nomenclatura de los empleos de la Contraloría General de la República, de acuerdo con los niveles administrativos señalados en el artículo 3, así:

Denominación del empleo grado

Nivel directivo Contralor General Vicecontralor Contralor Delegado 04 Gerente 04 Director de Oficina 04 Director 03 Secretario Privado 02 Gerente Departamental 01 Nivel asesor Asesor de Despacho 02 02 Asesor de Gestión 01 01 Nivel ejecutivo Coordinador de Gestión 03 Coordinador de Gestión 02 Tesorero 02 Coordinador de Gestión 01 Nivel profesional Profesional Especializado 04 Profesional Especializado 03 Profesional Universitario 02 Profesional Universitario 01 Nivel técnico Tecnólogo 01 Nivel asistencial Secretario Ejecutivo 06 Secretario Ejecutivo 05 Secretario 04 Auxiliar Administrativo 03 Auxiliar Operativo 02 Auxiliar Operativo 01

Nomenclatura de los empleos

Cuadro 12.3




Recientemente fue expedida la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.”.

En el artículo 128 del mencionado estatuto, se modifica la estructura orgánica y se amplía la planta de personal de la Contraloría General de la República, creándose nuevos empleos y en particular, nuevas denominaciones, tal como se pasa a ver:

Denominación del empleo Número

Jefes de Unidad 4 Contralores Delegados Intersectoriales 11 Contralores Provinciales 75

Nomenclatura de los nuevos empleos

Cuadro 12.4


En este sentido y, conforme a las expresas facultades otorgadas al Presidente de la República en la Ley 4ª de 1992, resulta procedente establecer la nomenclatura de los citados empleos, con el propósito de determinar los requisitos generales de cada uno de estos cargos y las funciones de los mismos, para materializar el objetivo contenido en el artículo 128 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, esto es, fortalecer ins-titucionalmente a la Contraloría General de la República y adicionarlos conforme a la actual estructura de la organización, de manera que la misma conserve su coherencia y funcionalidad.

Para tal propósito, mediante oficio 2011EE54548 del 21 de julio de 2011, la Con-traloría General de la República sometió a consideración del Departamento Adminis-trativo de la Función Pública el Informe Técnico para establecer la nomenclatura de los empleos antes relacionados y el respectivo proyecto de Decreto.

En el citado Informe, se justificó la adición de nomenclatura de los empleos, tal como se pasa a ver en el siguiente esquema:

Denominación del empleo Grado

Director de Oficina 04 Contralor Delegado 04 Gerentes Departamentales 01

Decreto 269 de 2000

Denominación del empleo Grado

Jefe de Unidad Nacional 04 Contralor Delegado Intersectorial 04 Contralores Provinciales 01

Ley 1474 de 2011

El costo relacionado con los cargos creados por el artículo 128 de la Ley 1474 de 2004, está garantizado para la presente vigencia ya que se encuentra apropiado el presupuesto para el efecto. Lo anterior, de acuerdo con lo señalado en el parágrafo segundo del artículo 128 de la norma en cita.



Luego de la revisión efectuada por el Departamento Administrativo de la Función Pú-blica, dicha entidad remitió el respectivo proyecto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para evaluación, mediante oficio con radicado 12011-046368 y a la fecha es objeto de estudio por parte de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional de dicho ministerio.

Función general de los contralores delegados intersectoriales creados por el Estatuto Anticorrupción.

Con el fin de fortalecer las acciones en contra de la corrupción, el Inciso segundo del artículo 128 de la Ley 1474 de 2011, crea los empleos de Contralores Delegados Intersectoriales, a quienes funcionalmente les corresponderá adelantar auditorías es-peciales o investigaciones relacionadas con hechos de impacto nacional que exijan la intervención inmediata de la entidad por el riesgo inminente de pérdida o afectación indebida del patrimonio público o para establecer la ocurrencia de hechos constitutivos de responsabilidad fiscal y recaudar y asegurar las pruebas para el adelantamiento de los procesos correspondientes.

Asimismo, adelantarán las actuaciones de control fiscal pertinentes, en los casos de temas específicos que le sean confiados, donde converja el accionar de distintas de-legadas sectoriales, tales como las investigaciones fiscales en todas sus etapas.

3. Los Sindicatos

Como es de público conocimiento, las relaciones con los sindicatos de la entidad inicialmente fueron muy negativas. Más que entrar en detalles, cabe resaltar que hoy encontramos en ellos a unos importantes aliados en la lucha contra la corrupción, sin perjuicio de diferencias y críticas que son normales y, en ocasiones, constructivas. Existen algunas personas, sin embargo, que han confundido su rol de directivas sin-dicales con el de auditores parcializados. A esas actitudes no nos plegamos, pero si al respeto por el movimiento sindical y por los derechos de todos los trabajadores.

En este sentido, la administración viene generando espacios de diálogo con las aso-ciaciones sindicales de la entidad, facilitando el ejercicio sindical que, dentro de las buenas prácticas, debe arrojar resultados favorables. Ello se evidencia, entre otras, con la conformación de una Comisión de Estudio con miras a evaluar las peticiones respetuosas presentadas a la administración, siempre en un marco de cordialidad y legalidad, arrojando resultados positivos.

4. El clima organizacional

La Contraloría General de la República es una entidad poco considerada en el contex-to nacional. Los insucesos de algunos contralores y el poco compromiso de algunos directivos, hacen del personal de planta, gente incrédula siempre lista para encontrar el rabo de paja de la administración de turno.

Allí se parte de la suposición de que el directivo carece de vocación de servicio y que nada sabe. El ejercicio de autoridad resulta, en esas condiciones, muy difícil.



Los directivos, por su parte, sienten la hostilidad, se aislan y, en consecuencia, no logran una fluída comunicación con funcionarios que quieren seguir haciendo las cosas como siempre se han hecho.

Construir confianza y marginar la corrupción y la ineficiencia es nuestra tarea. Por esa razón hemos emprendido un ambicioso plan de choque que consiste en la intervención masiva de cultura por áreas con los funcionarios del nivel central, en primera instancia, y posteriormente, al nivel desconcentrado a través de talleres grupales.

A partir de lo establecido dentro del Plan Estratégico 2010-2014“Por un Control Fiscal Oportuno y Efectivo”, se estableció como objetivo corporativo 5 “Fortalecer el Talento Humano y el Esquema Institucional”. Dicho objetivo busca entre otras cosas el mejo-ramiento del clima laboral, para lo cual se hace necesario el diseño de un programa que le apunte al logro del mismo.

A través de la Gerencia del Talento Humano se establecieron acciones o estrategias encaminadas a dar cumplimiento al objetivo corporativo 5, que conlleven al desarrollo integral del potencial humano donde se generen cambios planificados tanto en las actitudes y conductas de los funcionarios, como en la estructura organizacional o en uno o más de los subsistemas que la componen.

Se busca diseñar un programa de clima organizacional con miras a identificar e in-tervenir las variables que inciden en la organización. La importancia del programa se basa en la comprobación de que el clima organizacional influye en el comportamien-to manifiesto de los miembros de la entidad, a través de percepciones estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los niveles de motivación laboral y rendimiento profesional. De igual manera, establecer el programa con el fin de dar permanencia en el tiempo y en el establecimiento de parámetros de continuidad y seguimiento a la mejora del clima organizacional.

A continuación, es necesario definir el concepto de clima organizacional, que es complejo, sensible y dinámico a la vez. Complejo, porque abarca un sinnúmero de componentes; sensible, porque cualquiera de ellos puede afectarlo; y dinámico, porque estudiando la situación de sus componentes se puede mejorar aplicando las medidas de mejoramiento que resulten necesarias. Esta situación contribuye a que el estudio de clima organizacional se torne cada vez más relevante y necesario.

La entidad ha logrado avances frente al tema por medio de la ejecución de medicio-nes de clima y cultura a través del tiempo. Sin embargo, es importante diseñar una metodología clara que conlleve a desarrollar de manera estructurada y permanente un Programa de Clima Organizacional sostenible en el tiempo que redunde en el mejora-miento de las condiciones laborales de los funcionarios.

A través del programa, y de la solución de necesidades sentidas, se podrá permitir la sostenibilidad de las acciones, las cuales, al ser permanentes en el tiempo, serán susceptibles de ser comparadas, analizadas y modificadas para el establecimiento de mejoras que a este nivel se requieran.

El diseño del Programa de Clima Organizacional para la Contraloría General de la Re-pública, busca regular el correcto funcionamiento organizacional de tal manera que a futuro se generen acciones preventivas y no sólo reactivas o de cambio. De tal forma



que se pueda investigar para prevenir los problemas antes de que estos se presenten, acarreando consecuencias negativas en la productividad y peor aún en los resultados y al no cumplimiento de los objetivos y la misión.

Una de las fases para el desarrollo de este programa consiste en diagnosticar el clima in situ y detectar cuales de sus factores o componentes lo afectan, resulta beneficioso para descubrir las causas y niveles de afectación. Por lo tanto, se tendrán en cuenta aspectos como:

Los requerimientos que a nivel de clima han efectuado los directivos y funcionarios durante la vigencia del 2011 tanto en el nivel central como en el nivel desconcen-trado. Con base en dichas solicitudes, la Gerencia del Talento Humano, a través del equipo de psicología y trabajo social, tiene los resultados de las intervenciones que ha ejecutado, los cuales han servido de insumo para el programa, resultados que han permitido concluir que las variables que influyen en el clima laboral son muy similares a las de los estudios hechos anteriormente.

Las solicitudes allegadas a la Gerencia del Talento Humano se han enfatizado, espe-cialmente en problemas en la comunicación, estilos de dirección, relaciones interper-sonales y reconocimiento. Retomando el análisis comparativo que se realizó de los estudios anteriores, se puede determinar que las variables se mantienen a través del tiempo y aunque involucran aspectos tanto de clima como de cultura, se proyecta la necesidad de retomarlas como factores fundamentales a medir y valorar con el fin de corroborar el estado actual y futuro de la entidad en todo lo relacionado con el clima organizacional.

Los resultados de estudios previos, los análisis interpretativos realizados y las accio-nes efectuadas son aspectos que se tomarán como hipótesis derivadas de la historia institucional y que no pueden ser desconocidos ni desaprovechados en la medida que son una línea de base inicial para buscar explicaciones o interpretaciones alternativas y/o adicionales que coadyuvan al mejoramiento del clima organizacional.

Las necesidades del personal se basan también en la influencia que el clima ejerce sobre el comportamiento de los funcionarios, es decir, las personas trabajan para satisfacer necesidades de tipo social, económico, filial, entre otras, pero también de desarrollo personal. Estas necesidades dan lugar a las motivaciones que facilitan el rendimiento, por lo que la percepción de cada uno se determina por la historia de cada persona, sus anhelos y proyectos personales.

Es importante tener en cuenta que paralelamente al diseño de este programa, la entidad está realizando un proyecto de intervención de la Cultura que promueve los principios y valores éticos.

La cultura le precede al clima y actúa como su base o fundamento. La cultura es el factor permanente de la que el clima se deriva, mientras la cultura es más constante el clima es más variable, existen factores internos o externos que actúan sobre él y lo pueden hacer variar en cualquier momento, estos pueden ser: las capacidades, percep-ciones, habilidades, conocimientos, experiencia, entre otros. Lo importante es determinar qué factores se relacionan con la satisfacción, la productividad y el rendimiento con el fin de identificar cuáles de ellos lo aumentan, lo disminuyen y cuales lo mantienen.



Mientras el clima organizacional es un principio relativamente cambiante, la cultura organizacional supone permanencia, constancia y aún inercia.

Con base en lo anteriormente dicho, en la Contraloría General de la República se han venido adelantando acciones de cambio orientadas a fortalecer la eficiencia de la entidad, a través de la aplicación de políticas y medidas así como de nuevas prácti-cas que exigen de los funcionarios la modificación de las formas y el aprendizaje de nuevos estilos de trabajo, a partir de un ejercicio sobre las creencias, los valores y las actitudes. Dado lo anterior, la entidad se encuentra en una etapa de transición que ha desestabilizado los referentes de conducta de las personas generando confusión, desconcierto, incertidumbre y temor que se está manifestando en claras resistencias que impactan la gestión actual de la institución, haciéndose necesaria una interven-ción masiva a la cultura organizacional consolidando en los funcionarios una cultura de alto desempeño.

Para lograr dicha intervención se requiere:

* Alinear a la alta dirección respecto del objetivo del proyecto así como con la im-portancia de participación activa, para el logro del impacto esperado.

* Caracterizar la cultura actual para identificar los elementos que facilitan e inhiben una cultura de alto rendimiento y en consecuencia la apropiación de hábitos efectivos de trabajo.

* Diseñar y desarrollar acciones grupales utilizando metodologías basadas en el apren-dizaje experiencial que permitan la expresión legítima y armoniosa de su lenguaje tácito y subyacente y así construyan una nueva lectura de los mismos (cambios organizacio-nales de segundo orden) para generar formas de trabajo de alto desempeño.

* Sugerir estrategias de sostenimiento que le permitan a la institución estimular entre los funcionarios, comportamientos asociados al alto desempeño, que permita la incor-poración de los mismos en sus esquemas de trabajo.

* Realizar seguimiento durante dos meses, con el propósito de ofrecer espacios de sostenibilidad en las áreas críticas.

* Brindar formación a un grupo máximo de 20 funcionarios en las técnicas requeridas para el mantenimiento del programa.

El trabajo se centra en la caracterización de la cultura por medio de un enfoque on-tológico y un acompañamiento a través de la aplicación de técnicas lúdicas y viven-ciales. El objetivo es realizar un proceso de intervención en el corto plazo que permita direccionar y alinear la cultura organizacional hacia el alto desempeño a través de metodologías individuales y grupales donde se creen espacios de resignificación de un clima y una cultura de alto rendimiento que facilite la apropiación de los lineamientos y directrices de la entidad.

Este proyecto se inició el 25 de julio y a la fecha se ha desarrollado el plan de tra-bajo, la sensibilización y formación del equipo de talento humano y la caracterización de cultura. En el mes de agosto se realizará la intervención a la alta dirección, una caracterización adicional con 3 grupos, aplicando la técnica de grupo focal y la in-



tervención masiva a 1941 funcionarios del nivel central. El proyecto terminará en el mes de noviembre de 2011.

Con base en los resultados, se obtendrán unos insumos claves frente a la cultura de la entidad donde se van a intervenir las áreas críticas que requieran un fortalecimiento inmediato, de igual manera estas serán integradas a las variables que se identifiquen dentro de clima organizacional, con el fin de ejecutar un trabajo interrelacionado en ambos aspectos a futuro y de forma permanente.

5. Gerencias

Sobre las contralorías provinciales, el artículo 128 del Estatuto - Ley 1474 de 2011, estas y las gerencias departamentales y la distrital funcionalmente actuaran como gerencias colegiadas con las siguientes competencias:

a) Elaborar el componente territorial del plan general de auditoría de acuerdo con los lineamientos fijados por el Contralor General de la República y en coordinación con las contralorías delegadas;

b) Configurar y trasladar los hallazgos fiscales;

c) Resolver las controversias derivadas del ejercicio del proceso auditor;

d) Determinar la procedencia de la iniciación de los procesos de responsabilidad fiscal y del decreto de medidas cautelares;

Se puede evidenciar que el ejercicio del control fiscal como la ley lo determina se realizará de manera consensuada, coordinada y colegiada, proporcionando un mayor blindaje a las actuaciones y resultados de la vigilancia de los recursos públicos. Artí-culo 128 ley 1474 de 2011.(...)

Para la vigilancia de los recursos públicos de la Nación administrados en forma des-concentrada en el nivel territorial o transferidos a las entidades territoriales y sobre los cuales la Contraloría General de la República ejerza control prevalente o concurrente, organícense en cada departamento gerencias departamentales colegiadas, conformadas por un gerente departamental y no menos de dos contralores provinciales. Con la misma estructura, organícese para el Distrito Capital una gerencia distrital colegiada.

El número de contralores provinciales a nivel nacional será de 75 y su distribución entre las gerencias departamentales y la distrital la efectuará el Contralor General de la República en atención al número de municipios, el monto de los recursos auditados y nivel de riesgo en las entidades vigiladas.

6. Control disciplinario

Asuntos disciplinarios

Los trámites procesales adelantados en este período por la Oficina de Control Disci-plinario son los siguientes:



La Oficina de Control Disciplinario, en este período, atendió las siguientes conductas o hechos disciplinables: Irregularidades Proceso de Responsabilidad Fiscal; Irregulari-dades durante el desempeño de funciones; irregularidades durante desarrollo auditoría; maltrato, amenazas, agresión; no legalizar viáticos, irregularidades contratación; extra-limitación en el ejercicio de funciones; pérdida de elementos; incumplimiento horario laboral; incumplimiento obligaciones civiles; incumplimiento servicio como jurado de votación; violación régimen de inhabilidades e incompatibilidades; pérdida de docu-mentos; irregularidades reporte a boletín de responsables fiscales; accidente de trán-sito; documentos apócrifos; irregularidades uso del correo electrónico; irregularidades actividad deportiva; acceso remoto a equipo de computo sin autorización; divulgación informe preliminar auditoría; doble vinculación con el estado; enriquecimiento ilícito; falsificación documentos; irregularidad manejo de inventarios; no contestación oportuna de solicitud de información; participación en política; utilización indebida de recursos públicos; venta en instalaciones de la Gerencia Departamental; violación derecho a la intimidad; recibo de dádivas.

El estado de las conductas en relación con los demás comportamientos, se puede apreciar en el siguiente cuadro:

Procesos Disciplinarios a 1 de junio de 2010 166 Aperturas de Procesos Disciplinarios 1 de Junio 2010 a 30 de Junio 2011 306 Quejas Anónimas 1 de Julio 2010 a 30 de Junio 2011 9 Autos Inhibitorios1 de Julio 2010 a 30 de Junio 2011 75 Decisiones de Fondo 1 de Julio 2010 a 30 de Junio 2011 189 Sanciones 1 de Julio 2010 a 30 de Junio 2011 11 Expedientes en Trámite a 30 de Junio 2011 323

Asuntos disciplinarios

Cuadro 12.5

Fuente: Oficina de Control Disciplinario




Gráfico 12.1

Estado de conductas

Prevención disciplinaria

Según el plan de acción correspondiente a la vigencia 2010 -2011, se reforzaron las acciones de prevención disciplinaria, de conformidad a lo previsto en la Ley 734 de 2002. Para lo cual:

• Se dictaron charlas a las gerencias departamentales y a las dependencias del nivel central, sobre los tópicos o conductas que más la están afectando. Es así como, en las comisiones que se realizaron-además del desarrollo de la investigación-, se em-pezaron a tratar asuntos relacionados con la prevención disciplinaria. Las Gerencias Departamentales visitadas fueron las siguientes:



• La Oficina de Control Disciplinario participó en los cursos de inducción en los que se presentó a los funcionarios que ingresaron a la entidad la manera de atender el estatuto disciplinario y el que acompaña la prevención a conductas disciplinarias.

• La Oficina de Control Disciplinario estuvo atenta al comportamiento conductual de los funcionarios de la entidad, para lo cual desarrolló ciclos de conferencias de prevención sobre moras, inactividades y prescripciones, en el proceso de responsabilidad fiscal, con la asis-tencia de los coordinadores de todo el país en la escuela de capacitación y con el personal de la Contraloría Delegada de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva.

Segunda instancia procesos disciplinarios:

Frente a la revisión de la sustanciación de los recursos de apelación, revocatoria directa, nulidades y ejecución de sanciones de los procesos disciplinarios que llegan exclusi-vamente al Despacho de la Contralora General en segunda instancia, correspondientes al período comprendido entre septiembre de2010 a junio de 2011 se tramitaron los siguientes 23 procesos:

Departamental mes

Meta Jul-10 Arauca Ago-10 Guainía Nov-10 Cauca, Atlántico, Caldas Dic-10 Chocó Feb-11 Valle, Atlántico, Magdalena Mar-11 Casanare Abr-11 Amazonas May-11 Guainía, Guajira, Guaviare, Quindío, Sucre Jun-11

Visitas gerencias departamentales

Cuadro 12.6


No. Decisión 3 Suspensión en el ejercicio del cargo 2 Archivo definitivo 1 Revoca 2 Auto decreta pruebas 1 Nulidad a partir de pliego de cargos 1 Destitución e inhabilidad 1 devuelto para corrección de yerro caligráfico 1 Modificación fallo - se impone amonestación con copia a la hoja de vida 1 Revoca decisión y seguir adelante con la investigación 2 Confirma auto que niega prueba 2 Confirma auto y ordena investigación adicional 1 Confirma Fallo primera instancia por dilación procesal 1 Modifica parcialmente fallo ( 1ra, inst) respecto a la sanción y se mantiene inhabilidad 2 Proyecto de fallo 2 En estudio

Procesos

Cuadro 12.7

Fuente: Despacho de la Contralora General



7. Control Interno

El control interno es una herramienta gerencial que le permite a la administración de la Contraloría General de la República verificar el grado de cumplimiento y desviacio-nes en la ejecución de los procesos que la misma desarrolla en cumplimiento de su misión constitucional. Es un conjunto de acciones y mecanismos inherentes a todos los procesos, procedimientos y actividades a cargo de la entidad, diseñado e implementado para brindar una seguridad razonable en el logro de los objetivos de la entidad.

En la Contraloría General de la República el ejercicio del control interno se enfoca en los siguientes aspectos:

• Cumplimiento de la normatividad, requisitos de calidad, plan estratégico de la or-ganización y políticas de la administración.

• Eficiencia, eficacia y economía de las operaciones.

• Confiabilidad de la información.

• Plan de Mejoramiento Institucional y Administración de Riesgos.

• Generación de productos y servicios con la calidad, cantidad y oportunidad esperadas.

• Preservación al patrimonio de pérdidas por despilfarro, abuso, mala gestión, fraudes o irregularidades.

La estructura y funcionamiento del Sistema de Control Interno (SCI) de la entidad atiende lo dispuesto en el Manual del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) 1000:2005 adoptado para las entidades del Estado colombiano, el cual organiza los veintinueve elementos del SCI en tres subsistemas y nueve componentes. El Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC) de la Contraloría General de la República está conformado por los Sistemas de Control Interno y Gestión de Calidad, según lo establecido por la Resolución Reglamentaria No. 107 de 2010.

El ejercicio del control interno es responsabilidad de cada servidor público de la enti-dad, en el ámbito de sus funciones y competencias, en especial de quienes ostentan cargos de dirección, mando, supervisión y/o coordinación.

A través de la interrelación de la Oficina de Control Interno (OCI) con los demás elementos del Sistema de Control Interno de la entidad, dicha dependencia coadyuva en el desarrollo, funcionalidad y efectividad del mismo, y en consecuencia en la op-timización del desempeño organizacional. De conformidad con la normativa aplicable, la OCI de la Contraloría General de la República esencialmente desempeña el rol de asesor de la entidad (en especial de la Contralora General de la República y la alta dirección) en materia de control interno de la misma y de evaluador independiente de dicho control interno así como de la gestión y resultados de la organización. En paralelo a los roles mencionados, la OCI promueve la cultura del control en aras del mejoramiento continuo de la entidad en desarrollo de su misión constitucional.

El rol de asesoría a la entidad, en materia de control interno, lo ejerce a todos los niveles la Dirección de Control Interno



Por otra parte, algunos servidores de la esa dirección han apoyado en la capacita-ción de servidores públicos de la Contraloría General de la República, contralorías territoriales y otras entidades del orden nacional, sobre temas de control interno. Igualmente, han brindado asistencia técnica a la Contraloría General de Paraguay.

En igual forma ha coadyuvado el desarrollo y fortalecimiento institucional en la cul-tura de la gestión por procesos, el autocontrol y el mejoramiento continuo, lo que ha contribuido en el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad, impactando en esta forma en el desempeño institucional.

En agosto de 2010, todos los auditores de la Oficina de Control Interno fueron cer-tificados en auditoría interna de calidad del Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC) de la Contraloría General de la República bajo las NTC ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009.Adicionalmente, la firma Bureau Veritas certificó el SIGCC de la Contraloría General de la República bajo dichas normas.

La Oficina de Control Interno ejerce rol de evaluador independiente, mediante la eje-cución de auditorías internas a los macroprocesos, en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Interna, con sujeción al procedimiento establecido en el Sistema Inte-grado de Gestión y Control de Calidad (SIGCC) generando informes que detallan las fortalezas, deficiencias y recomendaciones. Asimismo, adelanta actuaciones especiales de seguimiento, verificación y evaluación cuando las circunstancias lo ameriten.

Dependencia que se ha constituido como “El control de los controles” al interior de la organización, dentro de cuyos resultados se destacan los siguientes:

Estado General del Sistema de Control Interno en la Contraloría General de la República, al 31 de diciembre de 2010

De conformidad con el Informe Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno (SCI) de la Contraloría General de la República, vigencia 2010, elaborado según las directrices del DAFP, a partir de la autoevaluación del SCI el mantenimiento de los 29 elementos de control interno establecidos por el MECI y de la Evaluación Independiente, el 31 de diciembre de 2010 se obtuvo avance total del 96.07% y con resultados en el subsistema estratégico del 95,4%; gestión 99,32% y evaluación 92.02%.

Actualmente se están mejorando los temas transversales en los macroprocesos de supervisión, seguimiento y control; metodología para la identificación de las causas de las deficiencias detectadas en los macroprocesos; cultura de autocontrol y autoevalua-ción; gestión de riesgos; comunicación y articulación entre procesos; administración y control de la información institucional; y gestión documental.

Según la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno, con sujeción a las directrices impartidas por la Contaduría General de la Nación, durante la vigencia 2010 el Control Interno Contable de la Contraloría General de la República obtuvo la calificación de 4,19 en una escala de 1 a 5.



Informes sobre Control Interno diferentes a los derivados de las audi-torías internas

De conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable, en febrero de 2011 se remitió al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y a la Conta-duría General de la Nación (CGN) los Informes de la vigencia 2010 Informe Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno (SC) y Control Interno Contable, respectiva-mente: Igualmente, se enviaron a la Auditoria General de la República (AGR) en línea a través del SIREL y a la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes. Asimismo se elaboró y entregó el informe trimestral sobre el seguimiento avance y cumplimiento del Plan de Mejoramiento Institucional (PMI).

Se cuenta también con el Informe ejecutivo semestral consolidado de los informes de autoevaluación sobre el desarrollo y fortalecimiento del control interno en el nivel desconcentrado; Informe mensual de seguimiento al cumplimiento de las medidas sobre austeridad y eficiencia en el gasto en la Contraloría General de la República; informes trimestral al DAFP sobre seguimiento a la labor de la entidad en relación con el Sistema Único de Información de Personal (SUIP).

Se produjo y entregó certificación acerca del Reporte de Información sobre Defensa Jurídica de la Contraloría General de la República, a cargo de la Oficina Jurídica Con-traloría General de la República, con destino al Ministerio del Interior y de Justicia.

Dada la importancia estratégica del PMI, mediante circulares de octubre de 2010 y mayo de 2011, se impartieron directrices y se adoptaron medidas para incrementar los niveles de cumplimiento y efectividad de las acciones, en virtud de las cuales todos los directivos de la entidad según su competencia prevén, coordinan y ejecutan.

Auditoría Interna y actuaciones especiales

En julio de 2010 se culminó la evaluación del cumplimiento y efectividad en los nueve macroprocesos de las acciones correctivas y preventivas incluidas en el Plan de Me-joramiento Institucional (PMI), derivadas de auditoría internas anteriores; en paralelo se realizó seguimiento al cumplimiento de las acciones de control contempladas en el Plan de Manejo de Riesgos Institucional (PMRI).

En julio de 2010 se realizó auditoría interna de calidad a los nueve macroprocesos, en el nivel central.

En el lapso agosto de 2010 a enero de 2011 se efectuó auditoría interna al macro-proceso de “Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva”.

En el período agosto de 2010 a marzo de 2011 se desarrolló la auditoría interna a los macroprocesos de “Gestión de recursos de la entidad”.

Actuaciones especiales en el período septiembre de 2010 a febrero de 2011. Audi-toría de seguimiento a la gestión de las siete contralorías delegadas sectoriales frente a las funciones de advertencia ejercidas por las mismas a sus sujetos de control, así como a sus traslados de presuntos hallazgos, en especial los de connotación fiscal; además, actuaciones especiales de evaluación y seguimiento en dependencias de los



niveles central y desconcentrado, en atención a solicitudes de la Contralora General de la República.

Durante el primer semestre de 2011, la OCI desarrolló la fase de ejecución de 12 de las 31 auditorías internas previstas para el año 2011 en el nivel desconcentrado.

Algunos comentarios sobre el Plan Anual de Auditoría Interna (PAI) para el año 2011

Frente a la coherencia con las prioridades, directrices y políticas de la actual admi-nistración de la Contraloría General de la República, entre los más relevante figuraron los siguientes asuntos:

• Evaluación a la gestión de siete contralorías delegadas sectoriales en el ejercicio de la función de advertencia frente a sus sujetos de control, incluido el seguimiento.

• Evaluación a la gestión de las siete contralorías delegadas sectoriales y la contraloría delegadad de investigaciones en el traslado y trámite de hallazgos.

• Evaluación de la gestión de la Contraloría General de la República en la atención de denuncias, quejas y derechos de petición recibidos.

• Evaluación de la gestión del Grupo de Reacción Inmediata de la contraloría de investigaciones.

• Planeación y coordinación de acciones, así como de la gestión y resultados de las con-tralorías delegadas sectoriales en relación con las auditorías articuladas o transversales.

Aumento de la cobertura del PAI

El PAI 2011 contempla nueve macroprocesos del SIGCC, a través de auditorías en el nivel central y 31 gerencias departamentales.

Frente a la vigencias 2005 a 2009, en promedio anualmente se efectuaron auditoría a diez de las 31 gerencias departamentales, y para el 2011 se efectuaron 31, incre-mentándose en un 210%

8. La ética en la Contraloría General de la República:

El Comité de Ética, a cargo de la Dirección de Control Disciplinario, realizó labores de conformidad con el plan de actividades acordadas, tales como:

• Atención al desarrollo del cuestionario de Transparencia por Colombia;

• Se realizaron reuniones con los Piles de Bogotá, para diseñar los parámetros del termómetro ético, actividad a realizarse en todo el país;

• El Comité de Ética tramitó solicitudes presentadas por funcionarios de la entidad en relación con comportamientos éticos;



• Se presenta al despacho de la Contralora General el informe sobre los resultados del termómetro ético, en el que se incluyeron las acciones y recomendaciones a seguir para conformar una cultura ética institucional en la Contraloría General de la República;

• Se remite a todos los contralores delegados y gerentes departamentales, la nota con los referentes éticos para el proceso auditor, ordenada por el despacho de la Contralora Genera;.

• El 30 de agosto de 2010, se efectuó videoconferencia con todos los Piles del país para cerrar el período de gestión 2006 - 2010 y se fijaron políticas para el manejo de la ética institucional;

• El Comité de Ética en reunió del día 13 de Octubre de 2010, presentó y analizó el estado de avance del plan de acción; y generó nuevas políticas para dar cumplimiento a lo propuesto;

• En desarrollo del ejercicio de sensibilización entre noviembre 29 y diciembre 7 de 2010 se sociabilizaron los resultados del termómetro ético a todas las áreas de la entidad;

• El Comité de Ética aprobó el Plan de Acción correspondiente al año 2011;

• En cada una de las dependencia de la entidad se eligieron los Líderes Éticos (PILE);

• El Comité Directivo de la entidad eligió a los dos representantes de los empleados al Comité de Ética.

9. Sistemas e Informática:

La gestión de la Oficina de Sistemas e Informática (OSEI), durante el período compren-dido entre la vigencia 2010-hasta Mayo del 2011, se enmarcó en los lineamientos del Plan Estratégico Institucional, específicamente al cumplimiento de la Misión y Visión, y los Objetivos: 4 (Modernizar la Estructura Tecnológica de la Contraloría General de la República, acorde con la política de Estado de TICs) y 5 (Fortalecer el Talento Humano y el Esquema Institucional).

Implementar servicios de TICs para apoyar la oportunidad, eficiencia y eficacia de los procesos misionales de rendición de la cuenta y control fiscal.

Implementar mejoras y actualizaciones a la infraestructura tecnológica existente de centro de datos, equipos, comunicaciones y plataforma de software que aumenten la disponibilidad y confiabilidad de los servicios de sus sistemas de información que faciliten la articulación con nuevos desarrollos de la Política de Gobierno en Línea.

A continuación, se hace un breve recuento de los logros obtenidos durante el período:

Sistemas Misionales

• Sistema para la Rendición de Cuentas a la Contraloría:



En desarrollo de la implementación de servicios TICs para apoyar la oportunidad, eficiencia y eficacia de los procesos misionales de la rendición de la cuenta para el control fiscal, se implementó una solución para soportar el proceso de la rendición de la cuenta, que deben rendir los sujetos de control de manera periódica, integrando tres módulos básicos:

- Recolección de información, con funcionalidad de la herramienta comercial.

- Solicitud de prorrogas y de información, basado en BPM (BussinessProcess Mana-gement)

- El módulo de inteligencia de negocio basado en la herramienta de Business Intelligence.

- Este aplicativo para el Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes (SIRECI), permitió desde el 1 de abril de 2011 que 212 entidades del Estado realizarán el primer proceso electrónico de rendición de cuentas en la modalidad anual (un promedio de 30 rendiciones diarias).Las entidades pudieron realizar tanto la rendición como la solicitud de prórrogas con éxito. El sistema seguirá siendo probado y ajustado con el proveedor.

• Sistema de Información de Participación Ciudadana (SIPAR) y Sistema de Respon-sabilidad Fiscal (SIREF)

Se fortalecieron los aplicativos mediante el desarrollo de nuevas funcionalidades que permiten generar reportes que facilitan la consolidación de información, así como también la optimización de opciones a solicitud de los usuarios. Se capacitaron fun-cionarios de gerencias departamentales y del nivel central, y se dispuso el acceso a la ciudadanía desde el portal institucional. Se inició el proceso de integración con otros aplicativos como el Sistema de Información de Responsabilidad Fiscal y el nuevo Sistema de Gestión Documental.

• Sistema de Boletín de Responsabilidad Fiscal (SIBOR)

Se desarrollaron nuevas funcionalidades, permitiendo a los usuarios generar informes detallados de trámites internos y otra para generar archivos planos para la Registra-duría Nacional para preparar la validación de las cédulas. Se migró el motor de base de datos viejo a una versión actual y se están realizando las pruebas de afinamiento y consistencia de la información, para su próximo paso a producción.

• Sistema de Información para el Control Fiscal Micro:

Se Elaboraron los términos de referencia (Fase I) de este sistema.

• Sistema de Indicadores de Gestión Aplicados: SIGA

Se elaboraron los términos de referencia (Fase I) de este sistema.

Apoyo al Proceso Auditor

Atendiendo los requerimientos de las contralorías delegadas, la Oficina de Sistemas e Informática (OSEI), realizó apoyo y asesoría técnica en las siguientes entidades:



Dependencia solicitante Apoyo técnico brindado

Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva - Ministerio de Agri-cultura y Desarrollo Rural.

Indagación preliminar 01801,Defensoría del Pueblo, INPEC, proceso de responsabilidad fiscal prf1791 – 1792

Delegada Sector Defensa, Justicia y Seguridad

Fondelibertad, Defensoría del Pueblo, Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, Universidad Pedagógica Nacional, Caja de Sueldos de la Policía – Casur, Indumil, Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, DAS

Delegada para la Gestión Públi-ca e Instituciones Financieras

Registraduría Nacional del Estado Civil, Superintendencia de Notariado y Registro Senado. Leasing Bancoldex, Superintendencia Financiera de Colombia, Banco Agrario de Colombia

Apoyo y asesoría técnica

Cuadro 12.8

Fuente: Oficina de Sistemas e Informática

Gobierno en línea

Con el fin de cumplir con la implementación de la Estrategia de GEL, se han adelan-tado las siguientes acciones:

Se prorrogó la vigencia del Convenio Interadministrativo No. 0352, suscrito con el Fondo del Ministerio de las TICs hasta el 31 de diciembre de 2013 para la cofinanciación del servicio de RAVEC, servicios de Red de Alta Velocidad del Estado Colombiano.

Se han evaluado los servicios que ofrece el programa a través del Centro de Datos de la Intranet Gubernamental, para llevar a hosting, aplicaciones de la Contraloría General de la República.

Se llevó a cabo el primer Comité de Gobierno en Línea, y se presentaron a sus miembros los objetivos, normatividad, resultados y expectativas del programa y las propuestas de nuevas iniciativas y del Manual de Implementación en su Versión 2.

Servicio de correo electrónico institucional

La Resolución Reglamentaria 0118 de 2010, modificando la Resolución Reglamentaria 0106 de abril 20 de 2010, la cual autoriza la creación y reactivación de cuentas de correo institucional, su uso, y el envío de mensajes de correo con información de interés general para los funcionarios a través de la Oficina de Comunicaciones y Pu-blicaciones, (salvo temas relacionados con el derecho de asociación sindical).

Actualización de plataforma y ofrecimiento de nuevos servicios

Se actualizó la plataforma de correo a la versión 8.5.2 reciente, se migró la plataforma de correo electrónico institucional a un servidor de mejores prestaciones; el servidor de mensajería instantánea a un servidor virtual, la estructura de datos a la unidad de almacenamiento; y se capacitó a los funcionarios que administran la plataforma y para un grupo de alrededor 150 funcionarios del nivel central.



Cubrimiento a gerencias departamentales

Se amplió la cobertura de uso de la herramienta de correo electrónico a todas las gerencias departamentales, con cuentas de correos para todos los funcionarios que requieren del servicio a solicitud del respectivo jefe.

Prestación del servicio de correo electrónico en dispositivos móviles: Se configuró la prestación del servicio de correo electrónico institucional en los dispositivos móviles iPhone, iPod Touch, iPad, y otros con sistemas operativos Symbian y Windows Mobile, y se permite visualizar la información del correo electrónico utilizando el acceso web de otros dispositivos móviles.

Mejoras y mantenimiento a otras aplicaciones

Se efectuaron ajustes, desarrollos y permanente mantenimiento a diferentes aplicaciones que soportan tanto los procesos misionales como la gestión administrativa, entre las que se pueden mencionar:

Nomina, planta, escalafón, cesantías, ingresos y egresos, viáticos escuela de capacitación, capacitación interna de la oficina, deuda pública interna y externa, plan de acción, sistema de información para pensionados, cordis (control de correspondencia).

Infraestructura tecnológica

Servidores de cómputo y almacenamiento

Se configuraron y pusieron en producción servidores tipo blade y sistema de almacena-miento de área de red SAN para procesar y guardar las aplicaciones y bases de datos institucionales. Sobre la Administración y Gestión infraestructura (redes y servidores) se implementó una plataforma virtual con el fin de atender más oportunamente los requerimientos de los usuarios y minimizar las posibles falencias, logrando aumentar la flexibilidad y reducir los costos y tiempos de operación.

Administración de Seguridad

Se realizó el análisis e implementación de un sistema de seguridad perimetral para conceder accesos de conectividad entre la red local y sus diferentes segmentos, en la red local y otras entidades para la realización de videoconferencias y entre la red local y diferentes enlaces tales como el SICE, PIJAO, SIIF.

Software Mesa de Ayuda al Usuario y de Gestión de Inventarios de Equipamiento Hardware y Software

Se elaboraron los términos de referencia.

Otros proyectos

Adicionalmente, con el Ministerio del Medio Ambiente se viene trabajando en el desarrollo del Proyecto “Fortalecimiento de las Capacidades para las compras públicas sostenibles en Colombia”, en virtud del cual se han definido directrices y compromisos para codificar los bienes y servicios que contribuyen a la protección del medio ambiente.



Mantenimiento de equipos y atención al usuario

Atender y resolver las solicitudes de servicio en relación con el hardware y software de la Entidad en el menor tiempo posible.

10. Gestión presupuestal, financiera y contable

Presupuesto y finanzas

La Dirección Financiera, en su función de realizar las actividades presupuestales, contables y de tesorería; así como, la coordinación de los planes y programas para la provisión, utilización y el control adecuado de los recursos financieros de la Con-traloría General de la República, ha cumplido en forma responsable y satisfactoria las operaciones bajo su responsabilidad, implementando normas de control interno ade-cuados para salvaguardar, prevenir y/o minimizar los riesgos. En este orden de ideas, en el cuadro anexo se presenta el informe de la apropiación y ejecución presupuestal correspondiente a la vigencia 2010 y de enero a mayo 31 de 2011.

Rubro Apropiacion Ejecucion Pagos

Gastos de personal 250.363.321 242.435.945 241.727.899 Gastos nómina 200.111.253 194.561.349 194.561.349 Servicios personales indirectos 4.185.104 2.775.963 2.067.918 Contribuciones sector público y privado 46.066.964 45.098.633 45.098.632 Gastos generales 20.147.069 4.437.232 4.437.232 Impuestos y Multas 347.790 4.722 4.722 Adquisición Bienes y Servicios 19.799.279 4.432.510 4.432.510 Transferencias 1.882.202 954.084 954.084 Olacefs 19.168 14.662 14.662 Sentencias 1.800.000 939.422 939.422 Fondo Publicaciones 63.034 - - Inversion 46.755.364 2.780.902 2.780.902 Adquisición 19 sedes 4.600 - - Renovación y adecuación sedes 1.988.600 118.301 118.301 Adquisición y desarrollo sistemas 14.793.600 358.586 358.586 Capacitación y formación funcionarios 1.695.785 679.882 679.882 Capacitación de la ciudadanía apoyo 1.286.798 148.111 148.111 Ampliación fortalecimiento calidad 26.715.909 1.476.022 1.476.022 Capacitación en la nueva guía auditoría 270.072 - -

Fuente: Gerencia Administrativa y Financiera *Ejecución financiera 2010

Apropiación, Ejecución y Pagos 2010 (Cifras en Miles de pesos)

Cuadro 12.9

En la vigencia 2010, la apropiación inicial fue 319.147,0 millones, distribuidos en $250.363,0 millones para gastos de personal; $20.147 millones para gastos generales; $1.882,0 millones para trasferencias corrientes y $46.755,0 millones para inversión. La ejecución presupuestal hasta diciembre 31 de 2010, fue de $299.856,0 millones correspondiente al 94,0% del total; $242.436,0 millones para gastos de personal;



$17.270 millones para gastos generales; $1.527,0 millones para trasferencias corrientes y $38.623,0 millones para inversión.

Rubro Apropiacion Ejecucion Pagos

Gastos de personal 257.120.004 125.918.746 123.304.659 Gastos nómina 203.692.996 101.817.824 101.817.824 Servicios personales indirectos 6.828.847 5.355.156 2.741.069 Contribuciones sector público y privado 46.598.161 18.745.766 18.745.766 Gastos generales 19.533.186 13.460.018 6.497.015 Impuestos y Multas 347.790 340.225 340.225 Adquisición Bienes y Servicios 19.185.396 13.119.793 6.156.790 Transferencias 1.232.733 913.414 846.605 Olacefs 16.066 16.066 16.066 Sentencias 1.119.400 897.348 830.539 Otras transferencias 32.342 - - Fondo Publicaciones 64.925 - - Inversion 43.471.184 13.002.403 4.433.530 Adquisición y desarrollo sistemas 10.926.700 234.900 Capacitación y formación funcionarios 2.357.668 631.330 267.207 Capacitación a la ciudadanía 1.403.816 541.357 228.101 Adquisición 19 sedes 790.000 - - Ampliación del fortalecimiento calidad 23.693.000 11.594.816 3.938.222 Renovación adecuación sedes Contraloría General de la República 4.300.000 - -

Nota: Los pagos se dejaron en igual valor a los compromisos del período septiembre-diciembre. Si observamos los repor-tes entre septiembre-diciembre nos da mayor el valor del pago que el valor del compromiso, lo que significa que en este período se cancelaron compromisos generados entre enero y agosto 31 de 2010.

Fuente: Gerencia Administrativa y Financiera *Ejecución financiera de enero a junio de 2010

Apropiación, Ejecución y Pagos - 01/01/2011 – 30/06/2011 (Cifras en Miles de pesos)

Cuadro 12.10

Para lo transcurrido de la vigencia 2011 al mes de mayo, la apropiación inicial fue 321.386,0 millones, de las cuales el valor de $252.720,0 millones corresponde a gastos de personal; $19.533,0 millones para gastos generales; $5.633,0 millones para trasferencias corrientes y $43.500,0 millones para inversión. La ejecución presupuestal hasta mayo 31 de 2011, es de $115.034,0 millones correspondiente al 35.8% del total; comprendidos en $92.766,0 millones para gastos de personal; $9.826 millones para gastos generales; $793,0 millones para trasferencias corrientes y $11.649,0 millones para inversión.

Información contable

La Contraloría General de la República es una entidad de carácter técnico con auto-nomía administrativa y presupuesta que, por su función de control, no genera rentas propias, por lo tanto depende del presupuesto nacional.



Para la vigencia 2010 el presupuesto de ingresos se estimó en $277.129 millones, por concepto de la Cuota de Fiscalización y Auditaje que deben pagar todas las entidades sujetos de control, y que para la vigencia 2011 ascendió a $277.885 millones.

Se debe tener en cuenta que, de conformidad con la ley de presupuesto, estos ingresos son asignados para financiar los gastos de funcionamiento de la Contraloría General de la República. Por lo tanto, los pagos que realiza cada una de las entidades, son recaudados directamente por la Dirección del Tesoro Nacional.

Los activos fijos más representativos son los siguientes:

• Terrenos: $2.644 millones

• Edificaciones: $ 21.727millones(menos depreciación acumulada de $5.024 millo-nes)

• Equipo de Comunicaciones y Computación $24.133 millones (depreciación acumu-lada $15.191 millones).

• Los activos fijos en la vigencia 2010 fueron valorizados en $40.500 millones.

• El patrimonio por valor de $51.500 millones, la cuenta más representativa corres-ponde al superávit por las valorizaciones hechas en el 2010 por $40.500 millones y el superávit al cierre del ejercicio por $10.498 millones.

• En Cuentas de Orden se lleva el control de las pretensiones originadas en actos procesales sobre los que no se ha agotado la vía gubernativa al poder ser objeto de apelación de acuerdo con la información reportada por la Oficina Jurídica así:

• Tarifa Fiscal / Procesos según la Oficina de Planeación $47.810 millones

• Acciones de Repetición $2.862 millones

• Acciones parte civil promovidas por la Contraloría General de la República $2.217 millones

• Acciones Ejecutivas Contraloría General de la República contra OEI $706 millones

• Procesos que se encuentran en apelación.(tarifa fiscal) $1.117 millones

• Adicionalmente se registran en esta cuenta las Obligaciones Fiscales, Títulos de Depósito Judicial por $7.114 millones.

11. Gestión de recursos físicos

En el período transcurrido del informe, la Dirección de Recursos Físicos, administró los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la entidad. Se actualizaron y con-trolaron los inventarios y se continúo con el programa de seguros que amparan los bienes de la entidad. Por otro lado, con el fin de apoyar la misión institucional, se realizaron los estudios de las necesidades institucionales de elementos de consumo y de equipos para las distintas dependencias de la Contraloría General de la República.



En este mismo sentido, se suministro oportunamente a las distintas dependencias de la Contraloría General de la República a nivel centralizado los elementos necesarios para el adecuado funcionamiento de la entidad y el cumplimiento de la misión.

Se coordinó la administración, el mantenimiento y la vigilancia de las instalaciones de los edificios sedes de la entidad en el nivel central.

Durante el período, se gestionó lo necesario para garantizar y organizar la prestación de los servicios de conmutador, vigilancia, electricidad, aseo y de los demás servicios concernientes al mantenimiento, conservación y seguridad de los edificios de la admi-nistración de la Contraloría General de la República.

Proceso de contratación

Durante el período comprendido entre septiembre de 2010 a junio de 2011, se realizaron 657 procesos de contratación con entidades públicas y privadas, para la adquisición de bienes y servicios. Igualmente se han elaborado y revisado estudios previos para los procesos de contratación a cargo de la Dirección de Recursos Físicos en los temas de seguridad, vigilancia, combustible, mantenimiento de parque auto-motor, aseo, cafetería, mantenimiento operativo, seguros, outsourcing de papelería, entre otros. Asimismo, se realizaron evaluaciones jurídicas, técnicas y financieras de las propuestas presentadas en los diferentes procesos de contratación, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

El proceso de contratación corresponde a:

Periodo: de septiembre 1 a diciembre 31 de 2010

Tipo de contrato Cantidad Valor $

Prestación de Servicios 8 1.087.422.610 Prestación de Servicios Profesionales 79 2.438.839.083 Contratación Directa 2 31.842.724 Mantenimiento 1 244.977.680 Suministros 2 367.715.000 Anulado 2 sin valor Totales 94 4.170.797.097

Periodo: de enero 1 a junio 30 de 2011

Prestación de Servicios 80 7.311.277.400 Prestación de Servicios Profesionales 180 12.134.624.932 Comodato 1 sin valor Anulado 2 sin valor Totales 263 19.445.902.332

Fuente: Gerencia Administrativa y Financiera – Recursos Físicos

Tipos de contrato

Cuadro 12.11

Plan de compras

Para la vigencia 2010 se aprobó el Plan General de Compras de funcionamiento e inversión por $66.902.436.445 y se ejecutó el valor de $56.419.339.480, equivalente al 84.33%.



Para la vigencia 2011 se elaboró y aprobó el Plan de Compras 2011, por$321.385.924.570.oo.

Respecto al tema de impuestos, durante la vigencia 2010 se pagó el impuesto predial por valor de $97.983.000.oo e impuesto de vehículos por valor de $39.410.000.oo.

En la vigencia 2011, se pagó el impuesto predial por valor de $132.350.000.oo y los impuestos de vehículos de Bogotá y Cundinamarca, por valor de $33.675.000.oo.

A diciembre de 2010, se gestionó el seguro de los bienes muebles e inmuebles de la entidad, realizando inclusiones por valor de $8.050.389.808.73 y exclusiones por valor de $1.487.145.674.02.

Para lo trascurrido de la vigencia 2011, los seguros están contratados del 19 de julio de 2010 al 4 de junio de 2011, como lo detalla el siguiente cuadro anexo:

Ramo Valor prima Valor prima adición

Póliza todo riesgo daños materiales 71.820.865,00 33.606.209,00 Póliza responsabilidad civil 2.691.836,00 1.223.562,00 Póliza trasporte automático de valores 9.002,00 4.091,00 Póliza manejo global 14.682.470,00 6.673.850,00 Póliza automóviles 47.331.285,00 21.872.390,00 Total 136.535.458,00 63.380.102,00

Fuente: Gerencia Administrativa y Financiera

Programa de Seguros 2010-2011

Cuadro 12.12

Para los suministros de elementos de bienes de consumo y devolutivos, se registraron ingresos por $9.801.699.545.94 y salidas por $9.693.693.438.41.El saldo de ele-mentos en el almacén fue por $324.584.633.29, durante la vigencia de 2010.

De enero a mayo 30 de 2011, se registraron ingresos por valor de $1.276.925.051.75 y salidas por valor de $272.945.653.75.

Parqueadero

Con relación a servicios generales, en la vigencia 2010, se atendió el 95% de los requerimientos solicitados, se atendieron 317 requerimientos operativos y 380 solici-tudes relacionados con los parqueaderos.

De enero a mayo 30 de 2011 se atendieron 1492 requerimientos operativos y 210 solicitudes relacionados con los parqueaderos.

Sedes

En la vigencia 2010 no se adquirieron sedes, porque el Gobierno Nacional aplazó re-cursos correspondientes a este proyecto por $995.400.000, de acuerdo al Decreto No.



325 de 2010, quedando un sobrante de $4.600.000. Con los recursos disponibles, se pagaron $4.511.840, por concepto de gastos notariales, impuestos de estampillas pro desarrollo y derechos de registro en la compra de la sede de Pereira, adquiridos en diciembre de 2009.

En la vigencia 2011, se programó la adquisición de las sedes, en las ciudades de Quibdó, Armenia y Puerto Carreño, por un valor aproximado de setecientos noventa millones de pesos ($790.000.000,00).

Renovación adecuación de las sedes de la Contraloría General de la República

De la revisión, estudios, análisis y diagnóstico del estado actual de la infraestructura de las sedes del nivel central y de algunas gerencias departamentales se hace necesario, en algunos casos, elaborar los diseños arquitectónicos y técnicos para la renovación y mejoramiento de dicha sedes y, en otros, buscar soluciones definitivas de reubicación. Al efecto, se están adelantado las gestiones y trámites necesarios con las entidades pertinentes del orden nacional.

12. Proyectos de inversión

En concordancia con el plan estratégico 2010-2014 se adelantó la gestión ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP) de registro y actualización de los nueve nuevos proyectos de inversión, para la solicitud de los recursos para la vigencia 2012, los cuales están encaminados a cubrir no sólo las necesidades del nuevo control fiscal sino que, también, atienden la política del Plan Nacional de Desarrollo, en coherencia con situaciones de urgencia que se vienen presentando en el país, en materia social y ambiental. Es así como los proyectos formulados abarcan temas de importancia a nivel nacional como el sector minero, capital natural, sistema general de participa-ciones, medio ambiente, población vulnerable, observatorio de las políticas públicas entre otros. De otro lado, se actualizaron otros proyectos que se vienen ejecutando, y que están encaminados a optimizar todo lo que se relaciona con el talento humano, fortalecimiento del control fiscal en materia de auditorías, control territorial e infra-estructura física de las instalaciones de la Contraloría General de la República. Entre otros, tenemos:

Ampliación del fortalecimiento de la calidad y cobertura de la vigilancia de la gestión fiscal ejercida por la Contraloría General de la República.

Durante las vigencias 2008-2010 el proyecto de inversión se enfocó a ampliar la capacidad operativa de la entidad para alcanzar una cobertura significativa en la vigi-lancia a los recursos del Sistema General de Participaciones, de las transferencias para regalías y de los recursos administrados por los fondos de pensiones, cajas de com-pensación y entidades promotoras de salud. Adicionalmente se programó la presencia en las entidades territoriales con el fin de que éstas adopten medidas para establecer mecanismos de control interno en pro de una eficiente y efectiva administración de los recursos públicos.

Igualmente el proyecto fortaleció los demás equipos de auditoría con personal de apoyo con el fin de incrementar el número de auditorías a los sujetos de control de



Tipo Número

Transferencias por Regalías 93 Sistema General de Participaciones 392 Entidades del Orden Nacional 434 Total de Entidades Vigiladas 919

Entidades vigiladas

Cuadro 12.13

Fuente: SIIGEP

la Contraloría General de la República, establecidos mediante resolución 6098 del 2 de diciembre de 2009.

De acuerdo con el informe de ejecución del PGA 2010, se realizaron un total de 1214 auditorías a 919 entidades objeto de control fiscal. El resumen por tipo de entidad vigilada se detalla a continuación:

Estos resultados representan un 101.88% de avance según la meta estimada del proyecto, que se había fijado en el auditaje a 902 entidades.

Para la vigencia 2011, la nueva administración adoptó la estrategia de focalizar el control fiscal en los sectores y actividades económicas que presentan un mayor riesgo de corrupción, estableciendo los lineamientos generales para ejercer control fiscal a proyectos sectoriales e intersectoriales e incorporando auditorías a los proyectos de inversión de alto impacto, en especial los contemplados en el Plan Nacional de De-sarrollo 2010-2014.

Esta estrategia se plasmó en el Plan Estratégico de la Entidad lo que implica sociali-zar ante las entidades sujetas de control fiscal los nuevos métodos para rendición de cuenta que contribuirán a agilizar el control fiscal, actualizar y adecuar el modelo de control y vigilancia de la entidad que incorpore una mayor coordinación intersectorial, realizar el examen de las políticas públicas y los proyectos de inversión, fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Fiscal (SINACOF) y la presentación y trámite de un proyecto de estatuto de control fiscal, que unifique, armonice y actualice la normati-vidad del control fiscal. Para llevar a cabo las anteriores actividades se programaron recursos para realizar la provisión total de los cargos de acuerdo con la planta de personal establecida mediante el Decreto 271 de 2000 artículo 2, debido a que en el momento con fecha corte 28 de Marzo de 2011, se encontró que la entidad tiene 179 cargos vacantes de carrera administrativa.

En cuanto a la vigilancia fiscal de las entidades, los recursos del proyecto se han des-tinado primordialmente al auditaje de los recursos destinados al estado de emergencia económica, social y ecológica y el control fiscal a recursos del Sistema General de Participaciones, transferencias para regalías directas, recursos de la seguridad social, alumbrado público, sector minero y realización de controles excepcionales.

El avance en la meta de los indicadores de seguimiento al proyecto se presenta en el siguiente cuadro:



Indicador Meta 2011 Avance a mayo 30 de

2011

% de avance

Entidades vigiladas que administran recursos del Sistema General de Participaciones, Regalías, Cajas de Compen-sación y Fondos de Pensiones*

322 13 4,04

Entidades vigiladas en su gestión fiscal* 736 76 10,33

Funcionarios capacitados en el Sistema de rendición de cuentas e informes

2.000 1.500 75,00

Auditoria a las entidades vigiladas realizadas* 1.043 142 13,61

Avance general de proyectos de inversión 4.101 1.731 42,21

*Fuente: Informe de seguimiento al Plan General de Auditorias 2011 – Oficina de Planeación

Avances del Proyecto

Cuadro 12.14

13. Comunicaciones

El proceso comunicativo de la Contraloría General de la República durante los primeros ocho meses de gestión de la actual administración, se orientó hacia el fortalecimiento de la imagen institucional en los ámbitos nacional y regional, así como a generar sentido de pertenencia y compromiso entre funcionarios de la institución.

Estos objetivos se alcanzaron a través del desarrollo de estrategias encaminadas a vincular a la ciudadanía y al Congreso de la República al proceso de control fiscal participativo, tales como el desarrollo de seminarios para análisis de la políticas pú-blicas con apoyo de expertos nacionales e internacionales, encuentros que permitieron el análisis de temas relacionados con desastres naturales, los desafíos de la reforma a la justicia y el Estatuto Anticorrupción. El fortalecimiento del portal institucional para dar a conocer, de manera oportuna, los resultados de la gestión institucional, y el trabajo conjunto con los medios de comunicación masiva, que permitió llevar a la luz pública temas como el “carrusel de la contratación” y las actuaciones de la Contraloría General de la República sobre la contratación estatal con el Grupo Nule, las nóminas paralelas, los retrasos en las obras del Túnel de La Línea, la emergencia invernal y el control a las ayudas a damnificados por la ola invernal. Así como las irregularidades en la Comisión Nacional de Televisión y el freno a la renovación de contratos en la Contraloría General de la República, y en el campo institucional, la flexibilización del horario laboral para las madres de la Contraloría General de la República con hijos menores de 18 años.

Los resultados más sobresalientes se relacionan con la amplía divulgación de todas las decisiones relacionadas con las vigencias futuras, el ahorro de $26.157 millones en la Contraloría General por el freno a la renovación de 699 contratos en la institución, el embargo a los bienes del Grupo Nule, las denuncias sobre la existencia de fuerzas paralelas al Estado en materia de contrataciones, la recuperación de 2.000 millones para ayudas humanitarias en Córdoba y las constantes advertencias sobre irregularida-des en la entrega de ayudas humanitarias a los damnificados por la ola invernal, y la publicación en la Página Web de la institución de 1161 informes finales de auditoría, respondiendo así al mensaje de transparencia dado por la Contralora General.



Esto se puede constatar en los 1064 artículos publicados, tanto en medios impresos como electrónicos, cuyo impacto obtuvo en promedio un 88% de registro de las noti-cias con carácter meramente informativo. El 4% de las informaciones tuvo un impacto positivo en la imagen de la entidad gracias a la gestión adelantada por la Contraloría a través de las diferentes dependencias de la entidad, mientras que en promedio el 7%, obtuvo impacto negativo en la imagen de la entidad.

Es de resaltar que los resultados de la gestión adelantada por la actual administración le permitieron a la Contraloría General de la República dar un gran paso para recu-perar la imagen institucional y posicionarla ante la opinión púbica como una entidad eficiente, que ejerce control fiscal de manera oportuna y efectiva.

Comunicación informativa

En este campo, las principales actividades se dirigieron a la rendición de cuentas pe-riódicas a la ciudadanía y al Congreso de la República sobre el quehacer institucional y los resultados de la gestión adelantada. Para tal fin se elaboraron y entregaron 34 boletines de prensa, que se encuentran publicados en el Portal Institucional. Se realizaron 13 ruedas de prensa. Se apoyó la organización y coordinación de 12 eventos, de los cuales ocho corresponden a encuentros, foros y seminarios, uno (1) a agendas ciuda-danas, uno (1) a audiencias públicas, un (1) foro y un (1) conversatorio. Además se mantuvo contacto permanente con los periodistas de los medios de comunicación.

De otra parte, se participó en dos (2) Teleconferencias sobre administración pública promovidas por la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), con el apoyo de la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la Nación, el Depar-tamento Nacional de Planeación, la Auditoria General de la Nación y la Contraloría General de la República

Se produjeron y emitieron 19 programas de televisión a través del Canal Institucional, mediante los cuales y, con el apoyo de consejeros de Estado, se presentaron ante la opinión pública el rol que cumple la Contraloría General de la República, los desafíos de la reforma a la justicia, los resultados del Foro Internacional sobre desastres na-turales y las acciones adelantadas por la institución en torno a la ola invernal, entre otros temas.

Comunicación organizacional

En lo que hace referencia a la comunicación interna las acciones adelantadas estu-vieron dirigidas a informar a los servidores públicos sobre los planes, los programas y el conjunto de actividades implementadas por la organización. Esto permitió crear y mantener buenas relaciones entre sus miembros, integrar y motivar a los funcionarios para que con su trabajo contribuyan al logro de los objetivos institucionales.

Con el fin de alcanzar las metas propuestas se inició el proceso de socialización del Plan Estratégico “Por un control Fiscal Oportuno y Efectivo”, se adelantaron dos cam-pañas de motivación para involucrar a los funcionarios en el desarrollo de procesos institucionales: elección “Piles” y uso adecuado de las carteleras. Se elaboraron 24 ediciones del periódico mural “Clic” (387 a la 411), que fueron publicados en carte-leras y en Intranet y remitidos a través del correo electrónico a los funcionarios de la



institución. Se elaboraron cinco (5) afiches, dos (2) calendarios de bienestar integral y 33 avisos clasificados. Además se apoyó a la Gerencia del Talento Humano y al Fondo de Bienestar Social, en la organización y divulgación de tres (3) eventos de carácter interno. Se remitieron a través del correo institucional 218 mensajes de interés para los funcionarios, y se adelantaron varias acciones para fortalecer la comunicación entre los sectores central y desconcentrado.

Medios de Comunicación

• Publicaciones:

En este campo la tarea de la Oficina de Comunicaciones y Publicaciones estuvo en-caminada a coordinar, supervisar y controlar el proceso editorial de las publicaciones y a calcular los costos de producción y de distribución de las mismas.

Entre las publicaciones realizadas durante el primer año de gestión de la Contralora General, se destacan la Revista Economía Colombiana, edición 331, que compila las ponencias de expertos internacionales y nacionales presentadas durante el Foro Desastres Naturales: Experiencias y retos del control fiscal, los boletines sobre la ola invernal, que cuenta sobre la gestión adelantada por la Contraloría General de la República frente a la ola invernal que azoto al país, y el periódico institucional “Clic”, que busca mantener informados a los funcionarios sobre las políticas, planes, programas y resultados de la gestión institucional. Además se elaboraron varias piezas publicitarias que permitieron posicionar aún más la imagen institucional, entre las cuales se destacan los boletines sobre ola invernal, los informes financieros, las concesiones del sector transporte y el informe Control Interno 2009.

Portal institucional

Durante el citado período, se modernizó el Portal Institucional, realizando ajustes al diseño, la diagramación y actualización, mejorando a nivel de fondo y forma, su consulta.

En desarrollo de este proceso se cambiaron botones, se actualizó la información jurí-dica, se generó un link sobre seguimiento en tiempo real al tema de la ola invernal y se creó un mapa con información de los departamentos afectados por el invierno. Se actualizaron los resultados del proceso auditor por delegadas, publicando 1161 informes finales de auditoría correspondientes a las vigencias 2009 y 2010, respondiendo así al mensaje de transparencia dado por la Contralora General. Asimismo se contribuyó a la implementación de la estrategia “Gobierno en Línea (GEL)”.

De otra parte se crearon las “Comunidades Virtuales”, que se han concebido como canales de comunicación interna específicos para las diferentes áreas de la entidad, y se constituyen en espacios de conversación, intercambio de información, colaboración y desarrollo de trabajo en equipo.

14. Imprenta, archivo y correspondencia

La Dirección de Imprenta, Archivo y Correspondencia (DIAC) está realizando actividades encaminadas a apoyar los procesos misionales, concientizar a los funcionarios sobre



el manejo de los documentos y archivos que se deriven del ejercicio de sus funciones y preservar la memoria institucional

Se tienen suscritos los contratos interadministrativos números 563 de mayo de 2009, y 828 de noviembre de 2010, con Servicios Postales Nacionales S.A 4-72 para el envío de comunicaciones oficiales, la cual es voluminosa y permanente en el tiempo. El indicador gerencial para medir la correspondencia devuelta por parte de la empresa Servicios Postales Nacionales correspondió al 7,72% para la vigencia 2010 y 4,10 % de enero a abril de 2011.

Administrar documentación

Las tablas de retención documental actualizadas pueden ser consultadas en IP http://192.168.20.35/cdisc/ o la intranet en el SIGCC. No tienen indicador asociado. Están en proceso de actualización en el año 2011.

Se programaron capacitaciones para el año 2010 a funcionarios de las dependencias del nivel central y desconcentrado en gestión documental, de los cuales asistieron 1.677. Para el año 2011 se han efectuado las capacitaciones de transferencias y eliminaciones documentales a cuarenta y cinco (45) funcionarios asignados al archivo de gestión del nivel central y los cursos virtuales hay dos grupos cada uno con un promedio de veinte (20) funcionarios.

A través de un cronograma se realizan las transferencias y eliminaciones documentales en el nivel central, mientras en el nivel desconcentrado, cada gerencia departamental realiza su propio cronograma, al cual la DIAC le realiza un seguimiento semestral y visitas a cada dependencia que se encuentra en una matriz consolidada. En el 2010 se realizaron 24 transferencias y 5 eliminaciones, mientras en el 2011 ya se efectuaron 25 visitas de eliminaciones.

Para el año 2010, se realizó la organización de 852 unidades de conservación o cajas. Para el 2011 de acuerdo con el convenio No.3 del proyecto del Sistema de Gestión Documental, el cual hace parte del convenio marco No.518 de 2008 firmado entre la Contraloría General de la República y Colvatel, la DIAC ha entregado a la firma Colvatel cuatrocientos (400) metros lineales para la organización quedando pendiente mil cuarenta (1.040) metros lineales por intervenir para lo cual se necesita contratar personal externo ya que al interior de la Dirección no se cuenta con el personal dis-ponible para ejecutar esta labor. Esta solicitud se efectuó a la Gerencia Administrativa y Financiera el 2 de mayo de 2011 con comunicación 2011IE25686.

Proyecto del Sistema Gestión Documental con la firma Colvatel

Se recibieron 509.257 imágenes prioritarias por la Contraloría General de la República, mediante acta de recibo No.001 de fecha 2 de septiembre de 2010. Para las 746.429 imágenes digitalizadas en 2010 con índices definidos en 2010, la Contraloría General de la República le solicito a Colvatel se habilite una versión del sistema el cual a la fecha no ha sido habilitado.

El día 17 de mayo de 2011 se le hizo entrega a la firma Colvatel de aproximada-mente un millón quinientos (1´500.000) folios pertenecientes a la serie documental



“81118-072 Historias Laborales” de las vigencias comprendidas entre el año1998 al año 2011, para proceso de digitalización.

A la fecha, la Contraloría General de la República ha hecho entrega a Colvatel, aproxi-madamente, de mil quinientos ochenta y tres (1.583) metros lineales, de los cuales ha entregado para su revisión y/o aprobación cuatrocientos setenta y nueve (479) metros lineales. No se aceptó la entrega de estos archivos hasta que no cumplan con las condiciones requeridas.

Otras actividades

Se realizaron tres (3) jornadas archivísticas en el año 2010. En 2011, se ha realizado hasta la fecha una (1) jornada archivística.

En la central de recepción de cuentas e informes, para el año 2010 se recibieron 477 cuentas, 131 actas de informes de gestión y 3.459 informes. Para el mes de abril de 2011 se ha recibido 275 cuentas consolidadas, 36 actas de informes de gestión y 1.416 informes.

Mediante la Resolución Reglamentaria 106 de 2010 se formuló la generación, envío, recepción, almacenamiento y comunicación de los mensajes de datos en Contraloría General de la República.

Se actualizó el manual de procedimientos de la gestión documental con sus anexos respectivos que se pueden consultar en la dirección IP http://192.168.20.35/cdisc o http://200.93.128.215/cdisc/.Para el año 2011, se envió la actualización de dicho manual de procedimientos con la edición de nuevos formatos, aclaración de algunos puntos e inclusión de otros.

A través de memorando se ha indicado a las dependencias del nivel central y desconcentrado la utilización del recicle del papel y la impresión por ambas caras. También se adquirieron once mil (11.000) unidades documentales de conservación en el año 2010.

15. Capacitación

A finales del año pasado se realizó una capacitación a 294 funcionarios en el Kuala-maná que contó con el siguiente programa:

• La política de las políticas públicas;

• Capital social;

• Teorías y modelos sobre el proceso de las políticas y sobre el cambio, y una intro-ducción a los procedimientos analíticos;

• La evaluación por indicadores. Propuesta de un modelo para el análisis, seguimiento y monitoreo y la evaluación en el ámbito público;

• Equipos de alto desempeño a partir del liderazgo;



• Nuevos enfoques del control de gestión: Propuesta de modelo de intervención de buen gobierno, transparencia y efectividad del estado;

• Estrategia para la obtención de una metodología de auditoría por proyectos;

• Anticorrupción,

• Políticas públicas en salud;

• Gestión pública admirable: herramientas para construir confianza;

• Políticas públicas y educación.

Este año, además de las capacitaciones que se reportan en este aparte, está prevista la ejecución de otras jornadas dirigidas a todos los funcionarios en temas prioritarios para esta administración como el Estatuto Anticorrupción y la nueva guía de auditoría.

Actividades de formación y capacitación

En la actualidad, el Plan General de Capacitación que orientará las acciones en esta materia para el período de la administración se encuentra en proceso de elaboración. Entre tanto, se han ido atendiendo los requerimientos puntuales de las áreas y se abrió la inscripción para los programas de capacitación en modalidad virtual. Los principales indicadores en esta materia son los siguientes:

Cuadro 12.15

Indicador 2010 Ene-abr 2011 Observaciones

Capacitación virtual Horas - hombre 28680 16100 Cursos desarrollados 63 23 Nº participantes (1) 413 (2) Estudiantes aprobados Estudiantes inscritos Capacitación presencial (*) Horas – hombre 59550 5546 Cursos desarrollados 119 14 Nº participantes (1) 4273 857 Incluye funcionarios de otras entidades: 315 en 2010 y 481 en 2011(*) Incluye eventos especiales así:2010:Seminario políticas públicas (294 funcionarios)2011:Seminario internacional nuevo código de procedimiento administrativo y de los contencioso administrativo (150 funcionarios) Foro desastres naturales: experiencias y retos del control fiscal (180 participantes internos y externo).Conversatorio sobre reforma a la justicia, (50 participantes internos y externos)

Indicadores de capacitación

Fuente: Oficina de Capacitación

Actividades del Programa de Créditos Educativos con contraprestación de servicios

Se adjudicaron y desembolsaron los créditos educativos de la vigencia 2010 por un monto de quinientos noventa y un millones setecientos setenta y cuatro mil trescientos



ochenta pesos ($591.774.380.oo), para 226 funcionarios beneficiarios y se apropio una partida de seiscientos millones de pesos ($600.000.000.oo) para la convocatoria de la vigencia 2011, la cual se encuentra en curso al momento de elaboración del presente informe.

Las cifras que resumen la ejecución del programa de créditos educativos con contra-prestación de servicios en el año 2010, son las siguientes:

Cuadro 12.16

Detalle Cantidad Cuantia

Total de solicitudes 258 1.234.602.596 Cumplen los requisitos 233 1.104.721.661 No cumplen requisitos 16 108.749.101 Solicitudes que renunciaron 9 21.131.834

Resumen de solicitudes crédito educativo 2010


Banca Multilateral y Cooperación Internacional

La Iniciativa de Desarrollo de INTOSAI (IDI), en cooperación con OLACEFS, adelantaron el programa “Capacitando al Capacitador” bajo modalidad presencial/virtual, para lo cual la Contraloría General firmó un memorando de entendimiento con la IDI y la OLA-CEFS, en el que se establecieron el cronograma y la obligaciones del mismo. Durante el segundo semestre de 2010 se desarrolló la fase virtual y, durante el mes de abril de 2011, se realizó la fase presencial del programa, que contó con la cooperación docente de la CGR a través de dos profesores, y se graduaron cuatro participantes de esa entidad que recibieron su certificación como Especialistas en Capacitación en julio de 2011.

En cuanto a Cooperación Horizontal, se dio continuación al Programa de Coopera-ción con la Contraloría General de la República de Paraguay en materia de control interno. Para ello, se ha autorizado la participación de cuatro funcionarios como docentes, bajo los auspicios de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID).

Se adelantaron las gestiones para la participación de funcionarios de la Contraloría General de la República en eventos de coordinación de grupos de trabajo de OLACE-FS, de los cuales la Contraloría General de la República forma parte, en particular, se

Cuadro 12.17

Detalle Cantidad Cuantia

Pregrado 39 80.909.597 Especialización 152 361.064.662 Maestría 35 149.800.121 Total 226 591.774.380

Funcionarios beneficiados con créditos educativos por período académico 2010




asistió a la Reunión de Planeación del Memorando de Entendimiento OLACEFS-GIZ en el mes de diciembre de 2010 en Quito y del Comité de Capacitación Regional de OLACEFS en el mes de marzo, en Lima. También se envió a una representante a la reunión de COMTEMA, en el mes de abril, en Buenos Aires.

La participación de Colombia en las reuniones de INTOSAI y de los grupos de trabajo de esa organización, de los cuales formamos parte, han sido declinadas (Congreso de INTOSAI, Reunión de los Grupos de Medio Ambiente y de Tecnologías de Información). Es necesario evaluar si se mantiene esta decisión, para informar a la organización del retiro definitivo de dichos grupos de trabajo.

Con motivo de la terminación del período en que la Contraloría General de la República de Colombia ocupó la Presidencia de OLACEFS, se realizó el traspaso formal de la documen-tación para lo cual se organizó una reunión en el mes de febrero con el Contralor General del Ecuador y se suscribió un acta de traspaso entre los titulares de las dos EFS.

Cooperación nacional

En la actualidad, están vigentes los convenios con la Universidad del Rosario y con la Universidad Pontifica Bolivariana de Palmira los cuales facilitan el acceso de los funcionarios a programas de especialización y maestría, mediante descuentos en el valor de la matricula. Se encuentra en trámite un convenio con la Escuela de Comu-nicaciones del Ejército Nacional, dirigido a fortalecer la formación de los funcionarios de la entidad en seguridad informática.

También está vigente un convenio con la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), el cual beneficia a funcionarios del nivel central y de las gerencias depar-tamentales, con programas diseñados e impartidos directamente por la ESAP, para atender la demanda interna de los funcionarios. Mediante comunicaciones suscritas por los representantes legales de ambas instituciones, se acordó prorrogar por cuatro años más (hasta 2015) la vigencia de este convenio.

Se firmó un nuevo Convenio de Cooperación con la Alianza Francesa de Popayán, a efectos de facilitar la participación de los funcionarios de la gerencia departamental Cauca en los programas de dicha institución. Igualmente, se firmó un otrosí al Convenio con la Alianza Francesa de Bogotá, para hacer extensivos los beneficios del mismo a los funcionarios de la Gerencia Departamental Boyacá, en la sede de Tunja.

Actividades de mejora continua y administración del sistema de control y gestión de calidad.

Se revisó la caracterización del proceso “Potencializar Talento Humano” y su diccionario de actividades en el SISCO y se gestionó la actualización de los procedimientos a la luz de los cambios introducidos por la Resolución Reglamentaria 0110 de 2010.

Capacitación y formación en el exterior.

Se han expedido los avales institucionales solicitados por los interesados en postularse para becas y cursos ofrecidos por instituciones y gobiernos extranjeros directamente o a través del ICETEX.



En el período junio 2010–mayo 2011 se han tramitado nueve comisiones de estudios en el exterior y en el interior para áreas de estudio relacionadas con el quehacer mi-sional de la Contraloría General de la República como Máster en Análisis Económico del Derecho y Políticas Públicas, Corrupción y Estado de Derecho, Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo, Derecho Internacional (Programa de Intercambio de Estu-diantes), Gestión Ambiental y Auditoría para Empresas, Medio Ambiente y Desarrollo, Contabilidad y Auditoría de Gestión y Evaluación de Políticas Públicas.

Informe de Gestión 2010-2011campusvirtual.contraloria.gov.co/campus/docsBiblio/InformeGestion2010-2011.pdfEstas decisiones, obviamente, están sometidas al control de legalidad del

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