Ideas Para España

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ILUSTRACIONES: MARTN ELFMAN

ideas para Espaa

LETRAS LIBRES MAYO 2015

La crisis econmica que estall hace siete aos tambin se ha convertido en una crisis institucional y poltica. En ocasiones, los espaoles han descubierto cosas que no funcionaban bien. En otras, problemas que existan desde haca tiempo se han vuelto ms graves o ms evidentes. Y la crisis ha provocado otros nuevos. Ha habido movimientos sociales, cambios de gobierno y una repolitizacin de la sociedad. Intelectuales clsicos, socilogos, economistas y politlogos han avanzado explicaciones y estrategias morales, culturalistas, tecnocrticas o institucionalistas. Han surgido nuevos partidos, con distintos diagnsticos sobre la realidad. En algunos casos, el xito de esas formaciones desmonta una de sus tesis principales: su aparicin es la prueba de la capacidad de transformacin y regeneracin de un sistema defectuoso pero tambin mejorable. En este nmero, y de la mano de expertos reconocidos, pretendemos aportar cinco ideas sobre aspectos de la sociedad espaola: la educacin, el modelo territorial, el mercado laboral, el sistema fiscal y la administracin de la justicia. No son, por supuesto, los nicos problemas de Espaa, un pas donde la crisis econmica ha sido especialmente dura para los ms pobres y los inmigrantes y ha provocado un incremento de la desigualdad, donde existe una preocupante situacin demogrfica o donde la desafeccin hacia la poltica ha servido para construir nuevos chivos expiatorios. Pero esas cinco reas son claves, y muchas de sus ramificaciones y consecuencias son cruciales. No presentamos una coleccin de frmulas o dogmas, sino una invitacin a analizar los problemas de manera rigurosa, sin caer en el tpico ni la cerrazn ideolgica, y un intento de aportar propuestas para posibles soluciones. ~

La redaccin


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Acostumbrados los espa-oles a hacer las cosas a lo grande, cuando se trata de inventarnos conflictos que pueden acabar por conver-tirse en embrollos finalmen-te inmanejables, lo cierto es que cualquier acercamiento a la cuestin de la reforma de nuestro modelo de orga-

nizacin territorial debe partir de un hecho ya por desgra-cia irrefutable: que, territorialmente hablando, en Espaa genio y figura! no tenemos un problema sino dos. La cabal comprensin de esta aparente paradoja resulta esen-cial, en mi opinin, para tratar de resolverlos

Dos problemas, pues? S, dos, sin ningn gnero de dudas. El primero, que conoce todo el mundo, no es otro que el que plantean desde hace aos los nacionalismos vasco y cataln, y no plantean, al menos de momento, los nacionalismos gallego, valenciano, canario o balear, porque carecen de la fuerza poltica y electoral que para ello sera necesaria. El segundo problema, que guarda con el primero escasa relacin, resulta, sin duda, menos acuciante, pero no menos peligroso a medio plazo: tras ms de tres dca-das de funcionamiento, nuestro Estado autonmico presen-ta serios desajustes que es necesario corregir para evitar que

los vicios derivados de la descentralizacin acaben devo-rando sus virtudes.

LOS NACIONALISMOS, LA PECULIARIDAD DEL FEDERALISMO ESPAOLHe repetido muchas veces que Espaa es un Estado federal, tesis que, ampliamente compartida entre los especialistas extranjeros, trat de ilustrar por lo menudo en un extenso libro sobre Los rostros del federalismo publicado en 2012. Es suficiente con detenerse en la contemplacin comparada de esos rostros para obtener dos conclusiones: por un lado, que las diferencias entre el federalismo espaol y la mayora de los existentes en el mundo occidental no son mayo-res que las que estos presentan entre s; por el otro, que la autntica peculiaridad de nuestro federalismo no se deriva de esta o aquella caracterstica constitucional sino de un ele-mento poltico de indudable trascendencia: la existencia en Espaa de poderosos nacionalismos interiores. De hecho, ha sido la deriva secesionista de esos nacionalismos tras el desafo que supusieron, primero, el frustrado Plan Ibarretxe y, despus, el secesionismo cataln con su proyecto de refe-rndum la que ha generado un conflicto de muy difcil solu-cin. Para decirlo con toda claridad: ese primer problema (el de los separatismos) ser sencillamente irresoluble en tanto

Problema territorial? Dos por el precio de unoROBERTO L. BLANCO VALDS

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quienes lo plantean no renuncien de plano a una reivindi-cacin la secesin que ningn gobierno de Espaa hoy imaginable va a acceder a negociar. Por eso insistir, como lo hace el psoe ms all de toda lgica, en que el actual proble-ma cataln se resolver con una reforma de la Constitucin en sentido federal resulta doblemente falso: falso porque nuestro Estado ya es federal y esa federalizacin, lejos de haber servido para aquietar la reivindicacin secesionis-ta de los nacionalismos vasco y cataln, ha corrido parale-la a su imparable deriva hacia el independentismo; y falso, adems, porque la oferta que segn los socialistas debera hacrsele a ciu y pnv desde las instituciones del Estado a cambio de su renuncia a la secesin en esencia, un siste-ma autonmico fuertemente asimtrico, que privilegiase a Catalua y el Pas Vasco respecto de los restantes territo-rios resultara inaceptable para las otras comunidades. Esa asimetra no cuaj cuando intent construirse el Estado de las autonomas y fracasara hoy, con ms motivos, una vez que las comunidades se han asentado como sujetos esen-ciales de la vida poltica espaola. Los nacionalistas debe-ran ser conscientes de esta evidencia si no quieren llevar sus respectivas sociedades a una tremenda frustracin y, a la postre, a una ruptura de la convivencia civil que podra resultar irreparable.

LA NECESARIA RACIONALIZACIN DEL ESTADO AUTONMICOSostena lneas ms arriba que el problema suscitado por los nacionalismos guarda escasa relacin con el que a con-tinuacin abordar. Escasa, pero no nula, por una razn que no puede dejar de subrayarse: porque la necesidad de enfrentarse a los mltiples conflictos expresivos del desafo nacionalista tras la consolidacin del Estado de las autono-mas ha supuesto un inmenso consumo de energas socia-les y polticas que ha impedido en gran medida abordar la reforma racionalizadora que aquel necesita desde hace mucho tiempo. Nuestra Constitucin no contena un mode-lo definido de organizacin territorial, modelo que fue la consecuencia final, no solo de lo previsto en la ley funda-mental sino tambin de dos pactos polticos (los firma-dos en 1981 entre el gobierno y el psoe y en 1992 entre el gobierno, el psoe y el pp) y de una dinmica de constante competencia entre las llamadas comunidades de primera y de segunda: las constituidas por la va del artculo 151 y el 143 de la Constitucin. De todo ello se dedujeron diversas consecuencias que iban a tener gran influencia tanto en la estructura como en el funcionamiento del tipo de Estado que se asent en Espaa finalmente: en primer lugar, una notable falta de claridad en el modelo, que iba a exigir la permanente intervencin del Tribunal Constitucional para resolver los conflictos de competencias surgidos entre el Estado y sus comunidades e iba a poner en sus manos, por lo tanto, un gran poder; adems, un proceso constante de descentralizacin, fruto tanto de la dinmica de com-petencia entre comunidades que acabo de citar como de la dialctica que en cada una de ellas se produjo entre organi-zacin y competencias: la ampliacin de las segundas exiga

la extensin de la estructura organizativa de cada comuni-dad y esta, a su vez, en un crculo que se retroalimentaba sin parar, daba lugar a nuevas exigencias de poder; final-mente, y como consecuencia de todo ello, se producira el progresivo asentamiento de una clase poltica autonmi-ca que, incluso cuando estaba lejos de cualquier plantea-miento nacionalista, identific muy pronto, sin embargo, los objetivos de futuro coherentes con su supervivencia: la progresiva ampliacin del poder autonmico mediante el fortalecimiento competencial y orgnico de las diecisiete comunidades espaolas.

Sin tener presente todo este complejo proceso, que tan sucintamente he debido resumir, no es posible entender por qu nuestro Estado de las autonomas necesita un ajus-te urgente ni el sentido hacia el que este debe dirigirse. En cuanto a lo primero, la necesidad del ajuste se deriva del hecho cierto de que llevamos ms de tres decenios literal-mente enganchados a un discurso territorial en el que los nacionalistas consiguieron imponer desde muy pronto su idea poltica matriz (cuanta ms descentralizacin mejor), idea tan falsa como la contraria, que resulta incompatible con un abordaje sereno de las consecuencias que ha tenido el fortsimo adelgazamiento del Estado que se ha produci-do en Espaa en un periodo muy corto. De hecho, ha sido ese proceso el que exige ahora proceder a una reforma que, desde mi punto de vista, debera perseguir, al menos, cua-tro objetivos prioritarios.

1. Ms claridad, lo que exige, desde luego, modificar el sis-tema de distribucin de competencias mediante una refor-ma constitucional que implante el mejor de los modelos existentes en el derecho comparado: aquel que reserva al Estado los poderes esenciales para garantizar su unidad y cohesin y pone todas las restantes en manos de las unida-des descentralizadas. Esa reforma constitucional debera, adems, proceder a derogar el disparate contenido en el artculo 150.2 de nuestra ley fundamental, que regula unas leyes de delegacin o transferencia de competencias que pura y simplemente posibilitan un abuso inadmisible: que se cambie de hecho la Constitucin, sin modificarla de dere-cho, es decir, sin seguir el procedimiento que aquella esta-blece a tal efecto.

2. Ms cohesin, pues no hay Estado descentralizado que pueda pervivir sin instrumentos efectivos destinados a reforzar los vnculos polticos y culturales entre sus territo-rios y quienes los habitan. En este sentido existen dos esferas que considero prioritarias: la educacin, que debe contri-buir a crear lazos de unin y no a aminorarlos o disolverlos; y la lengua comn, cuya oficialidad, respetando, por supues-to, la de las otras lenguas existentes en Espaa, no puede ser sistemticamente vulnerada incumpliendo las leyes vigen-tes y las sentencias de los tribunales. Una reforma constitu-cional que estableciese un principio similar al contenido en la Constitucin de 1931 (que el castellano se usara tambin como instrumento de enseanza, junto a las lenguas regio-nales, en todos los centros de instruccin primaria y secun-daria) podra ser en este sentido de indudable utilidad.

3. Ms colaboracin, de modo que las comunidades, lejos de competir unas con otras, se ayuden mutuamente y ayu-den al Estado a la consecucin de los intereses generales.


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El mercado laboral espaol: una breve historia, un oscuro futuro y una alternativa

Las relaciones entre las comunidades y estas y el Estado deben basarse en el permanente trasvase de informacin, la colaboracin institucional, la planificacin conjunta y la mutua lealtad sin la cual todo lo anterior resulta sencilla-mente imposible.

4. Ms solidaridad, garantizando que los mecanismos esenciales que la aseguran estn especificados en el texto de la Constitucin. El sistema de financiacin autonmica ni puede estar en permanente cambio, ni depender de las presiones de las comunidades a las que nuestro peculiar sis-tema de partidos ofrece ms posibilidades de presin y de consecuente beneficio.

Conozco, por supuesto, que la consecucin de estos obje-tivos, y la adopcin de las medidas necesarias para hacerlos efectivos, ir en sentido contrario a las aspiraciones de los nacionalistas. Pero, llegados al punto en que se han puesto las cosas en Espaa, creo que constituira un autntico suicidio seguir esperando a que resolvamos un problema nacional, de cuya persistencia viven quienes lo provocan, para afrontar las urgen-tes reformas que la racionalizacin de nuestro Estado de las autonomas necesita. ~

JORGE GALINDO

Hace ya seis aos que el paro es lo que ms preo-cupa a los espaoles. No es para menos, claro: lleva-mos ms o menos el mismo tiempo con un desempleo que ronda el 25%. Resulta tentador dejar nuestras explicaciones, miedos y

frustraciones laborales calentarse, arder y finalmente perecer al calor de la crisis. Resultara comprensible si no fuese porque en Espaa el paro siempre, y no solo en esta crisis, ha sido tan excesivo que nos ha permitido mirar al resto de naciones desarrolladas desde unas tristes cumbres.

A principios de los aos ochenta Occidente estaba preocupado porque la inflacin y el desempleo se haban desbocado en paralelo; Espaa mantena un porcentaje

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que casi doblaba al del siguiente pas en la lista. En la crisis de inicios de la dcada siguiente llegamos a un 24,6% de paro mientras que en lugares como Finlandia o Irlanda se consideraba una catstrofe rozar el 15%. Solo durante el boom inmobiliario ha alcanzado Espaa niveles de desempleo cercanos a lo razonable, en torno al 8%. Incluso en ese momento pases primos hermanos del nuestro en situaciones no particularmente buenas (Francia, Portugal) estaban mejor situados. Necesitamos una burbuja crediticia de proporciones gigantescas para conseguir crear empleo a un ritmo razonable. Lo sorprendente no es que nos preocupemos ahora por el paro, sino que no lo hayamos hecho de manera constante durante los ltimos treinta aos.

CMO LLEGAMOS HASTA AQUNuestros niveles de desempleo comenzaron a dispararse en la dcada de los setenta, cuando la economa hizo fren-te simultneamente a shocks inflacionarios de origen ener-gtico y a la incorporacin al mercado laboral de mujeres, hijos del baby boom del desarrollismo franquista y emigran-tes retornados. Todo ello se produjo en un contexto de reconversin econmica por obsolescencia de la industria tutelada por la dictadura: proponer un ajuste salarial para acomodar la cada de la productividad y el incremento de la fuerza de trabajo era impensable, puesto que habra gene-rado unos niveles de conflictividad difcilmente asumibles por el rgimen naciente. Por el contrario, en la Transicin se produjo una espiral de subidas del paro y los salarios en paralelo a la inflacin que solo se comenz a embridar a finales de la dcada.

Cualquier pas puede optar por dos herramientas (com-binadas) para proteger a los empleados del riesgo de des-empleo. Se puede proteger a los trabajadores a travs de gasto en subsidios de desempleo y formacin que garanti-cen su poder adquisitivo en caso de despido y faciliten la reincorporacin a la ocupacin en un tiempo relativamen-te corto. O, por el contrario, se puede limitar la capacidad de las empresas para despedir libremente, maximizando la duracin de cada puesto de trabajo. Espaa fa casi todo a esta ltima va a travs de rigideces legales, a diferencia de aquellos pases donde contratar y despedir es sencillo pero cada trabajador cuenta con una potente red de seguridad (como en Dinamarca).

La ineludible demanda de flexibilidad del empresa-rio se viene cubriendo desde el primer gobierno socialis-ta a travs de una segmentacin del mercado de trabajo. La reforma laboral de 1984 consolid una situacin ya adelan-tada por numerosos decretos presuntamente pasajeros apro-bados en los aos anteriores: los contratos de tipo temporal, por obra y servicio y dems modalidades no permanentes podran utilizarse con relativa libertad para cubrir pues-tos de trabajo normales. Estos modelos ofrecan condicio-nes de contratacin y sobre todo de despido (por simple extincin) ms flexibles y convenientes para los empresa-rios. Se abra as una puerta de atrs para todos los nuevos miembros del mercado laboral y se facilitaba al capital una manera de controlar gastos salariales fuera de la rigidez y

de los sindicatos, poblados principalmente por trabajado-res indefinidos.

Pero esta medida no tuvo apenas efecto sobre la rela-cin entre ocupacin y desempleo. Lo que se modific fue la naturaleza de la relacin laboral. En poco ms de media dcada el pas alcanzara un 33% de trabajos temporales sobre el total de contratados, unos niveles sin parangn en nuestro entorno. La precariedad no solo no elimin el paro, sino que pas a ser el segundo pilar del sorprendentemente constante desastre laboral.

As llegamos a 2007, cuando la fuente de creacin de empleo de la burbuja se agot de manera sbita y el paro alcanz el 25% sin cambiar el hecho de que nueve de cada diez contratos firmados al mes en Espaa eran temporales. Ambos factores se combinaron para depositar todo el poder de negociacin a la hora de determinar condiciones labora-les y salariales en manos de los empresarios: as, la presin de un recin contratado para encontrar cualquier otro pues-to en caso de hipottico despido o renuncia es mucho mayor que la de su jefe para poner a un repuesto. Los sindicatos, por su lado, siguen dominados por trabajadores indefinidos y desproporcionadamente implantados en ciertos sectores (industria, sector pblico, grandes empresas).

Pero la situacin no es tampoco una panacea para las empresas en el largo plazo, pese a que en el corto parezcan bastante felices con este men de opciones. La dualidad laboral es un veneno para la productividad: genera equipos formados por trabajadores precarios (la proporcin de tem-porales es mayor en las organizaciones de menor tamao) con futuro incierto y por estables que saben que sus puestos no peligran porque los primeros sern, casi siempre, des-pedidos antes. Adems, todos ellos cuentan con una escasa oferta formativa especializada. Los incentivos para mejorar y crecer se cuentan con los dedos de una mano.

QU HACERSi consideramos su situacin en el mapa de opciones de regulacin laboral, Espaa est en la casilla de la dualidad, cuyos problemas (y su nefasta relacin con un desempleo estructural alto) son evidentes. Movernos hacia un modelo proteccionista, como se propone desde algunas instancias de la izquierda ms clsica, implicara introducir rigideces sumadas a gravmenes impositivos (que subiran los cos-tes salariales) en el principal factor productivo de nuestra economa, la mano de obra. Resulta difcil justificar seme-jante estrategia si se desea mantener una economa abier-ta, en relacin de competencia e intercambio con el resto del mundo.

Cualquier intento de eliminar la segmentacin renun-ciando a un mayor proteccionismo significar cerrar la bre-cha de proteccin entre indefinidos y temporales. Pero hay argumentos slidos para defender algn tipo de proteccin. Un cierto nivel de seguridad proporciona incentivos al tra-bajador para invertir en formacin especfica a su puesto. Tambin puede defenderse la proteccin directa contra el despido desde un punto de vista de justicia social para equilibrar el poder entre sindicatos y capital en el resto de


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negociaciones o para desincentivar el despido masivo de trabajadores mayores que lo tienen ms difcil para encon-trar un empleo. Una vez decidido un nivel razonable y no segmentado de regulacin por despido, si nos preocupan la igualdad (de oportunidades), la eliminacin de la pobre-za y el mantener una fuerza de trabajo actualizada, debe-mos asumir grandes inversiones para formar y garantizar la calidad de vida de quien busque activamente un empleo, acompaando al individuo a lo largo de todo su periplo en el mundo laboral.

Una ventaja fundamental de este modelo es que sirve para luchar en el frente del desempleo estructural. La experiencia nos dice que las polticas de oferta (liberali-zaciones de mercados de productos y servicios, reduccin de la proteccin por despido) no son suficientes para salir del pozo en que nos metimos hace dcadas. Pero no estamos hablando de una especie de Plan e masivo, sino ms bien de extremar el gasto en formacin (sobre todo tcnica y vocacional), incorporando previamente las reformas necesarias para hacer nuestro sistema educativo lo ms eficaz posible. Tambin sera interesante profun-dizar en la estimulacin de la igualdad en el ciclo laboral entre generaciones, as como entre hombres y mujeres. Se trata, como habr notado el lector, de polticas que actua-ran al mismo tiempo en el lado de la oferta, reduciendo cuellos de botella para el funcionamiento de la econo-ma, y en el de la demanda, creando nuevas oportunida-des de gasto y de trabajo.

El objetivo de esta combinacin de polticas, en definiti-va, es avanzar de manera lenta pero segura hacia un mejor maridaje entre igualdad y eficiencia.

Y CMO HACERLO: UNA CONCLUSINLamentablemente, no sabemos del todo por qu ciertos pa-ses terminaron aplicando un modelo laboral y otros, otro. Disponemos, eso s, de algunas intuiciones tiles. Unas tasas de sindicacin progresivamente ms altas y homo-gneas, sin grandes diferencias entre sectores econmicos o de la poblacin, y una patronal igualmente coordinada podran ayudar a alcanzar acuerdos que nos pongan en el

camino de las reformas descritas. Si todo ello funcionase en un marco regulatorio de la negociacin colectiva que incen-tivase grandes pactos nacionales pero posibilitase una cier-ta flexibilidad interna dentro de las empresas estaramos, adems, dando claros incentivos para cambiar los modelos empresariales hacia otros ms escalables, acordes con mayo-res tasas de sindicacin e inversin en formacin.

Pero la realidad es que ahora mismo no disponemos de estas instituciones. As que por algn sitio debemos empe-zar a tirar del hilo. Por ejemplo, ante la pregunta ineludible de quin paga los programas y de dnde sacamos el impulso reformador, la nica respuesta posible es la misma que Espaa lleva dando desde que las cosas le han empezado a ir real-mente bien, en 1986: nosotros junto al resto de Europa.

Lo normal ante una crisis como la que hemos sufrido es lo que los economistas llaman un two-handed approach: un programa de reformas estructurales acompaado de un impulso fiscal y monetario, ni ms ni menos que lo explicado hasta ahora. El problema es que Espaa est fiscalmente seca y no dispone de soberana monetaria, as que el acuerdo con el resto del continente es ineludi-ble: reformas a cambio de algo de ayuda. Al mismo tiem-po, resulta imprescindible formar una nueva coalicin dentro de nuestras fronteras a favor de un drstico cam-bio en nuestras polticas de igualdad laboral, que favo-rezca las oportunidades de quienes hasta ahora han sido dejados de lado y redirija el gasto pblico hacia ellos, reduciendo la necesidad de, como las llama el politlogo Pablo Beramendi, regulaciones punitivas a trabajadores y empresarios. Se trata de configurar un pacto entre tra-bajadores estables y precarios que sea, adems, relativa-mente aceptable para el capital.

Lo que aqu se propone es un salto tan grande como polticamente peligroso que implicara romper con toda una tradicin de polticas laborales que ha creado grupos de ganadores y perdedores con pocas ganas de que jue-guen de ms con sus destinos. Es probable que la mayor esperanza resida en el temor: si no queremos acabar en una situacin de estancamiento permanente o dejar todo el espacio a la voracidad del mercado, no nos queda alter-nativa. A veces el miedo es la nica fuente posible de valor. Aprovechmoslo. ~

La crisis de fijos y temporalesNmero de trabajadores (100 = 1998)

-6%fijos

-43%temporales

-65%temporales15 a 24 aos

Fuente: EPA

Trayectorias de reforma laboral

Regulacin y dualidadEspaa

LiberalizacinUSA

ProteccionismoFrancia (1970s)

Garanta de ingresos

Dinamarca

+

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100

50

0 1998 2007 2013

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FRANCISCO DE LA TORRE

Espaa no tiene realmen-te un sistema fiscal, sino ms bien un conjunto deslavaza-do de impuestos. Adems, tenemos unos niveles de fraude superiores a los de los pases a los que nos gustara parecernos. La prueba ms palpable de ambas cuestio-

nes es que con unos niveles de impuestos similares, sobre el papel, a los de nuestros vecinos europeos, recaudamos menos que ellos. No solo eso, sino que despus de mltiples subidas de impuestos, la recaudacin es claramente inferior al gasto pblico que tenemos que financiar.

Las subidas de impuestos que el Estado ha implan-tado desde 2010 suman, solo en el mbito de la Agencia Tributaria, es decir, de los grandes impuestos estatales, 37.500 millones de euros, aproximadamente un 3,5% del Producto Interior Bruto. Aun as, y como, entre otras cosas, no hemos conseguido recaudar estas cantidades en su totalidad, segui-mos teniendo un dficit pblico importante. 2014 cerr con un desfase entre ingresos y gastos pblicos de unos 60.000 millones de euros, alrededor de un 5,7% del Producto Interior Bruto. Como la economa no est creciendo a este ritmo, nuestra deuda pblica como porcentaje del pib sigue aumentando y pronto superar el 100% del pib, todo lo que producimos en un ao.

La palabra reforma ya no es popular ni cuando hablamos de economa en general ni cuando hablamos de impuestos y gasto pblico. Todos estamos hartos de que la palabra refor-ma sea un sucedneo de recortes indiscriminados de gastos austeridad, o bien de subidas de impuestos. Sin embargo, necesitamos cerrar la brecha del dficit, aunque solo sea por-que nuestro nivel de deuda pblica no puede seguir elevn-dose indefinidamente. Por otra parte, la llamada reforma fiscal del Gobierno ha sido fundamentalmente una pequea rebaja de impuestos; y, tristemente, si queremos mantener el Estado del bienestar, necesitamos recaudar ms y no menos.

Por otra parte, Espaa es el segundo pas de la Unin Europea donde ms se ha incrementado la desigualdad des-pus de Dinamarca. Adems, esto ha supuesto que, segn los datos oficiales de Eurostat (la agencia estadstica euro-pea), Espaa sea el segundo pas ms desigual de Europa, solo superado por Letonia. Esto no se ha debido esencial-mente a razones fiscales sino laborales: las empresas espao-las han recuperado competitividad, es decir, capacidad de competir, despidiendo a empleados temporales. Sin embar-go, segn los informes de Eurostat, el sistema de ingresos

Reformas posibles en nuestros impuestos

y gastos pblicos es uno de los que menos reduce la des-igualdad. Entre las razones de esta situacin est que las rentas del trabajo aportan ms de la mitad de la recauda-cin pblica. Esto significa que las rentas del capital y acti-vidades econmicas, a menudo ms elevadas, tributan en la prctica mucho menos. Si estos problemas fiscales los pode-mos corregir, reduciremos la desigualdad.

Cmo se puede recaudar ms sin poner en peligro el cre-cimiento econmico? En primer trmino, es necesario que los impuestos vuelvan a formar un sistema coordinado que acabe con la catica situacin actual. Pongamos un ejemplo: el impuesto de sucesiones. Espaa tiene ahora mismo dieci-nueve impuestos de sucesiones distintos, quince en las comu-nidades autnomas de rgimen comn, otro ms en Navarra, y uno distinto en cada territorio histrico vasco, exigido por su correspondiente diputacin foral.

Antes tenamos veinte sistemas, pero como el Tribunal de Justicia de la Unin Europea consider que Espaa dis-criminaba a los no residentes, ahora a estos se les aplica el rgimen de una comunidad autnoma con la que ten-gan conexin. Existen diferencias de 100 a 1 entre comu-nidades autnomas. As, un heredero en Extremadura podra pagar cien mil euros por una sucesin, mientras que en Madrid, al aplicarse una bonificacin del 99%, el mismo heredero solo pagara mil. Con esas diferencias


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escandalosas, lgicamente, recaudamos poco y hay deslo-calizaciones, reales y tambin ficticias, para pagar menos. Adems, hay una bonificacin, esta s general para todos los territorios, del 95% para las empresas familiares, que hace que las grandes herencias apenas paguen. En resu-men, hemos pasado de veinte a diecinueve formas de equi-vocarnos con el impuesto de sucesiones.

En el impuesto de patrimonio pasa algo parecido, ya que formalmente es muy elevado, pero apenas recauda y no aporta toda la informacin que debera para la gestin de los dems impuestos. Las razones son las mismas que en sucesiones: diferencias territoriales (en Madrid no exis-te) y exencin de las empresas familiares. Traduciendo: fuera de Madrid se paga en patrimonio por tener tres pisos, pero puede no pagarse por una participacin del 5% en una empresa del Ibex-35.

Si queremos rebajar la enorme presin sobre las ren-tas del trabajo y queremos que el Estado del bienestar se siga financiando hay que reformar a fondo el sistema, o lo que queda de l. Esto pasa por reducir las diferencias entre comunidades autnomas, que impiden a casi todas obte-ner recaudacin, y racionalizar los impuestos que gravan la fortuna: patrimonio y sucesiones.

Si las empresas son la principal fuente de riqueza, no se puede establecer una imposicin sobre la riqueza que no grave a las empresas. El impuesto que ms les afecta es el impuesto sobre el beneficio de sociedades. En 2015 estre-namos una nueva ley completa del impuesto. Hay varias cuestiones que esta ley no aborda. En primer trmino, hay muchos ciudadanos de gran capacidad econmica que cana-lizan su actividad a travs de sociedades, beneficindose de un tipo menor, ahora el 28%, y adems, deducindose gastos que no se pueden deducir los trabajadores por cuenta ajena. Esta actuacin ha generado mltiples actas de la Inspeccin de Hacienda, que en algunos casos han sido noticia en los medios de comunicacin. La reforma fiscal deba haber dejado claro en qu condiciones fiscales qu impuestos hay que pagar y cundo se ejerce la actividad a travs de una sociedad.

Otra cuestin clave es limitar las deducciones y bene-ficios fiscales. La nueva ley ha limitado algunas deduccio-nes pero ha establecido otras. Es necesario simplificar los impuestos; y hay que reconocer que, despus de la ltima reforma fiscal, los impuestos son an ms complicados. Adems, son las grandes empresas las que ms se benefi-cian de la maraa de deducciones e incentivos.

Por ltimo, y todava ms importante, no est nada clara la utilidad de los beneficios fiscales. Mientras las subvencio-nes tienen, con razn, muy mala fama, los incentivos fisca-les no. Sin embargo, seguimos sin saber si una deduccin fiscal, que parece loable sobre el papel, como por ejemplo la de Investigacin y Desarrollo, consigue sus objetivos. Dicho de otra forma, los impuestos que dejamos de cobrar a las empresas han servido para potenciar la investigacin, o tendramos la misma investigacin si no hubiese deduccio-nes? Habra que limitar deducciones e incentivos fiscales, que los impuestos de las empresas fuesen ms transparen-tes, y sobre todo evaluar sistemticamente para qu sirven los beneficios fiscales que se conceden.

Por otra parte, una cuestin que habra que abordar a nivel europeo, e incluso mundial, es la referente a los bajsi-mos impuestos que pagan las multinacionales. Esto se da en casi todo el mundo, pero con especial virulencia en Europa. Las grandes empresas llegan a acuerdos con algunos pases para, a cambio de instalar all alguna sede, o realizar algu-na inversin, pagar muy pocos impuestos. El esquema de desviar los beneficios de donde realmente se obtienen hacia territorios de baja tributacin y parasos fiscales est, desgra-ciadamente, muy extendido entre las empresas ms grandes. Un punto clave de reforma es incrementar la presin pol-tica y ciudadana para acabar con esta situacin. Esto no es algo que podamos hacer solo desde Espaa, pero los modes-tos avances que ha habido en este terreno se han debido a la presin de la opinin pblica en otros pases: nosotros tam-bin deberamos poner nuestro granito de arena.

La cuestin del fraude, y no solo el gran fraude y los parasos fiscales, es uno de los retos ms importantes de los que afrontamos en el mbito econmico. Evidentemente, nuestras leyes fiscales no son perfectas, como hemos visto, pero el punto clave es su cumplimiento. Para que los impuestos se cobren de forma ms efectiva, eficiente, y sobre todo justa, hay que hacer varias cosas. En primer lugar, hay que reducir los agujeros. Algunos son muy obvios: por ejemplo, el rgimen de mdulos es un nido de factu-ras falsas. Si un empresario en mdulos paga los mismos impuestos, independientemente de cunto gane o cunto venda, tendr un importante incentivo para inflar facturas o incluso inventrselas. Esto supondr que otros empresa-rios pagarn menos de lo que deberan. En el ao 2015, el rgimen de mdulos debera ser ya una extica forma de tributacin del pasado, o como mucho, tener una impor-tancia anecdtica.

Adems, Espaa debera ir incrementando sus escasos medios materiales, presupuestarios y humanos en la lucha contra el fraude fiscal. Los impuestos son obligatorios, a casi nadie le gusta pagarlos, y muchos no estn dispuestos a hacerlo si no perciben el control y la amenaza de las sancio-nes. En estas condiciones, por cada seis euros que invierten los alemanes en lucha contra el fraude, nosotros inverti-mos uno. Adems, solo tenemos la cuarta parte o menos de efectivos que Gran Bretaa o Francia. Si queremos recau-dar cuantas similares a las de los pases de nuestro entor-no no solo hay que tener impuestos parecidos, sino tambin medios de control similares.

Por ltimo, hay que convencer a los espaoles de que deben pagar sus impuestos, la medida antifraude ms importante de todas. Aunque haya que incrementar los medios de control, no se puede poner un inspector de Hacienda detrs de cada espaol. Si lo primero que se deja de pagar cuando hay dificultades son los impuestos, toda la sociedad tiene un problema. En esas condiciones, como el gasto pblico no se puede financiar, entramos en una espiral de impopulares recortes de gastos e injustas subidas de impuestos de la que no se puede escapar. Para romper ese crculo, es esencial que los impuestos no sean el precio del despilfarro pblico y la corrupcin, sino que se perciban como el precio del bienestar, la solidaridad, y en una palabra, la civilizacin. ~

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1. UN DIAGNSTICO RPIDOLos ciudadanos tienen la percepcin de que la Administracin de Justicia funciona muy mal. Los datos sobre el colapso de los tribunales y el nmero de

asuntos pendientes apuntan en la misma direccin. Quiz el problema ms conocido y el que ms espacio ocupa en los medios de comunicacin sea el de la politizacin del rgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (cgpj), que elige de manera discrecional (por libre designacin) a los cargos superiores de la judicatura, entre ellos a los magistrados del Tribunal Supremo, presidentes de los tribunales superiores de justicia, presidentes de las audiencias provinciales, etc. No es el nico problema que tiene nuestra justicia, aunque quiz sea el ms llamativo.

Es esencial acabar con la politizacin del rgano de gobierno de los jueces, pero no es tarea fcil. El control de los partidos polticos sobre este rgano constitucional ha ido aumentado con cada legislatura hasta consagrarse con la ltima Ley Orgnica del Poder Judicial, que garantiza el reparto partitocrtico de los cargos. El Consejo se asimila a un miniparlamento, donde la presidencia corresponde al partido mayoritario y el resto de los vocales se reparten entre la oposicin, ms o menos en proporcin a sus escaos. El

modelo, por tanto, est absolutamente pervertido, y puede afirmarse sin exageracin que, a pesar de que el principal cometido constitucional del cgpj es velar por la indepen-dencia judicial, en la prctica puede ocurrir lo contrario por lo menos cuando colisiona con los intereses de los par-tidos polticos. Episodios como el de la sustitucin del juez Ruz, instructor de la trama Grtel, que se haba convertido en un magistrado incmodo para el partido en el gobier-no en ao electoral, aprovechando que no tena su plaza en propiedad, son suficientemente expresivos.

Pero al margen de esta politizacin que por otra parte no suele afectar a las bases de la carrera judicial el defec-tuoso funcionamiento de la Administracin de Justicia espa-ola tiene tambin otras causas ms profundas. El rgimen competencial actual es profundamente ineficiente; tienen competencias sobre la Administracin de Justicia hasta tres administraciones distintas. Las comunidades autnomas tie-nen atribuidas las competencias sobre los medios materia-les (edificios, material de oficina, aplicaciones informticas y personal auxiliar); el Ministerio de Justicia tiene competen-cias legislativas y competencias sobre los secretarios judicia-les; y el cgpj tiene competencias sobre los jueces. Por poner un ejemplo, si hay un colapso en los juzgados laborales o mer-cantiles de una poblacin, el cgpj puede intentar conseguir jueces de refuerzo para sacar adelante los asuntos, pero nece-sita los medios materiales que le tiene que proporcionar la comunidad autnoma correspondiente, adems del plcet y los secretarios judiciales del Ministerio de Justicia, sin con-tar en su caso con las reformas normativas que sean precisas.

ELISA DE LA NUEZ SNCHEZ-CASCADO

Justicia: asignatura pendiente


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En definitiva, el Gobierno tiene competencias sobre la planta de los tribunales o puede promover las reformas pro-cesales que considera oportunas, pero no puede ejecutarlas por s solo. Las comunidades autnomas no tienen compe-tencias legislativas, pero tienen las competencias sobre los medios materiales, sin los cuales ninguna propuesta puede pasar del papel a la realidad. Y el personal que debe aten-der los juzgados depende de tres administraciones distin-tas, lo que entraa una enorme dificultad no ya para disear una poltica de recursos humanos razonable y eficiente sino incluso para establecer un sistema claro de responsabilida-des y de rendicin de cuentas. As las cosas, la justicia puede funcionar muy defectuosamente, pero nadie es responsable: siempre es posible culpar a otra administracin.

Desde luego el poder judicial como poder del Estado es algo ms que un servicio pblico, pero por lo menos debe-ra ser un servicio pblico mnimamente eficiente, aunque muchos no lo usarn nunca. Para aquellos que s lo hagan ser fundamental que funcione de forma adecuada, ya se trate de un despido, un divorcio, una herencia o unas par-ticipaciones preferentes. Como cualquier servicio pblico necesita una organizacin racional, unos fines claros (obte-ner una justicia rpida y de calidad), unos incentivos ade-cuados para los profesionales (retributivos y de promocin profesional), la correcta identificacin de responsabilida-des y la imprescindible rendicin de cuentas (inspecciones, rgimen disciplinario, separacin del servicio, disminucin de retribuciones).

Por ltimo, la Administracin de Justicia, como cual-quier servicio pblico, debe estar sujeta a indicadores y a evaluaciones peridicas. Se trata de evaluar las polticas pblicas que se llevan a cabo en este mbito, ya se trate de inversiones en recursos tecnolgicos o en inmuebles.

2. REFORMAS PARCIALES O PARCHESSe ha escrito mucho sobre reformas, pero, a pesar de los muchos planes y hasta de la existencia de un Pacto de Estado por la Justicia del ao 2003, ningn Gobierno hasta ahora ha ofrecido ms que soluciones parciales, es decir, parches, como las tasas judiciales, que han reducido drs-ticamente el nmero de asuntos en los tribunales, las inver-siones ingentes en aplicaciones informticas o el notable incremento del nmero de jueces.

Esta ltima solucin incrementar el nmero de jueces, secretarios judiciales y fiscales es lo ms sencillo, aunque no lo ms barato ni lo ms rpido, dado que el sistema de seleccin mediante oposiciones tiene unos tiempos que se compadecen mal con las necesidades perentorias de perso-nal. Los sucesivos incrementos de plantilla (y de juzgados) no han contribuido mucho a reducir problemas como la len-titud de los procedimientos, la escasa predictibilidad de las resoluciones judiciales o la inseguridad jurdica. Cada vez hay ms jueces, pero no se aprecian mejoras relevantes en el servicio, como ponen de manifiesto los datos disponibles.

Espaa tiene un nmero de jueces perfectamente homologable al de la mayora de pases europeos (Francia, Italia, Suecia), pero presenta una conflictividad muy

superior. Si nos limitamos a aumentar el nmero de jue-ces no vamos a solucionar el problema. Se trata de reducir la conflictividad y mejorar el rendimiento de la organiza-cin. Pero cmo hacerlo?

Se implant una solucin parcial ahora modifica-da para suprimir las tasas aplicables a las personas fsicas pero no a las pymes para atacar el problema de la eleva-da conflictividad: imponer tasas judiciales con la finalidad de desincentivar un mal uso del servicio, reducir su coste y mejorar su eficiencia. Pero hay que discriminar para saber cundo se trata de un mal uso o de un abuso y cundo no. No se consigue en un sistema como el espaol donde las tasas se establecen a priori sin diferenciacin alguna, ya se trate por litigante (si es una pyme o una multinacional) o por tipo de asunto, ms all de los supuestos de exencin que son muy limitados.

En definitiva, esta solucin parcial ha conseguido redu-cir correlativamente el coste (o el riesgo) de las grandes organizaciones por actuar en contra de la Ley, ya se trate de entidades bancarias que comercializan indebidamente productos financieros o de administraciones pblicas que cometen arbitrariedades. Necesitamos soluciones globales que tengan en cuenta todos los factores y sobre todo volun-tad poltica para introducirlas. Las tasas pueden ser una medida efectiva para disminuir la conflictividad si el diseo es razonable y se combinan con otras reformas estructura-les. Pero un sistema como el nuestro sencillamente aumen-ta la injusticia y debilita el Estado de Derecho.

3. LAS REFORMAS ESTRUCTURALESEs imprescindible abordar reformas estructurales tenden-tes a despolitizar la justicia y a mejorar su funcionamien-to. Resulta esencial reorganizar las competencias sobre la Administracin de Justicia, de manera que sean responsa-bilidad de una sola administracin por razones bsicas de eficacia y eficiencia.

Tambin es urgente abordar la reorganizacin de la planta judicial, dividiendo la Administracin de Justicia en dos niveles diferentes en funcin de la complejidad de los asuntos y estableciendo una jurisdiccin prxima que resuelva pequeas cuestiones con carcter verbal, en la lnea de los antiguos jueces de distrito. Las apelaciones frente a esas decisiones y la primera instancia e instruccin de los casos ms complicados pueden resolverse a travs de tribu-nales colegiados.

Por lo que se refiere al personal al servicio de la Administracin de Justicia es esencial introducir los meca-nismos de incentivos y de responsabilidad adecuados no solo para resolver el problema del colapso judicial sino tambin la falta de calidad o de predictibilidad de algunas resoluciones. El juez responsable que dicta buenas senten-cias y lleva el juzgado al da debe ser premiado en trmi-nos retributivos y de promocin profesional, y el que no lo haga debe ser penalizado.

Para establecer este mecanismo es imprescindible des-politizar los nombramientos de carcter discrecional, a fin de primar los principios de mrito y capacidad y disponer

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de buena informacin que permita evaluar con objetividad el volumen de entrada, cargas de trabajo, asuntos resuel-tos, sentencias anuladas o revocadas, trato a los profesiona-les, rotacin del personal, etc. Aunque algo se ha avanzado, falta informacin y sobre todo voluntad poltica para susti-tuir una promocin profesional ms fundada en la fidelidad, la confianza y la afinidad ideolgica por otra que tenga en cuenta mritos objetivos como la antigedad, la formacin o

la calidad del trabajo. En esta materia, como en tantas otras, resulta esencial la transparencia.

Por ltimo, hay que modificar el sistema de nombra-miento de los vocales del cgpj, con la finalidad de impedir el reparto por cuotas entre partidos. A estas alturas parece que cualquier sistema alternativo, incluso el de sorteo entre las personas que renan determinados requisitos, puede ser mejor que el actual. ~

El atasco de la educacin y cmo salir de lMARIANO FERNNDEZ ENGUITA

Cul es el gran proble-ma de la educacin en Espaa? No tiene uno, sino muchos, pero cul es el principal? En el mundi-llo polarizado, ideologiza-do y simplista de nuestra educacin hay dos res-puestas tpicas: la conser-

vadora dira que son los malos resultados, ejemplificados por la posicin catastrfica del pas en las clasificaciones pisa, piaac y otras, aunque en realidad solo sea una posi-cin mediana o mediocre, sobre todo porque sera atribui-ble a las reformas de la izquierda (la comprehensividad, la

logse, etc.); la progresista dira que es la falta de recursos, de siempre y ms ahora, tras los recortes en el gasto social provocados o amparados por la crisis, aunque el montante por alumno (Espaa tiene muy baja natalidad, por lo que no todo se resume en el porcentaje del pib) siga siendo muy digno, ya que esos recortes pueden achacarse ante todo al gobierno y a la derecha.

Pero esos no son los verdaderos problemas. No lo son los resultados pisa, etc., pues Espaa, aunque siempre por deba-jo de las medias de la ocde y la ue, lo est por poco, prcti-camente dentro del margen de error y a la par, por ejemplo, con los Estados Unidos. Tampoco lo son los recursos, pues aunque todo es mejorable y hay necesidades especiales que pueden requerir recursos adicionales hoy insuficientes, hay


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un nivel general ms que razonable que se manifiesta, por ejemplo, en la ventaja espaola en indicadores como los sala-rios docentes, el nmero de alumnos por profesor y aula o el equipamiento tecnolgico (vanse los datos de Eurydice, ocde y essie).

El verdadero problema es otro: el trinomio repeti-cin-fracaso-abandono. El de la repeticin empieza por su propia lgica: algn adulto en su sano juicio repeti-ra el trabajo de todo un ao porque parte mayor o menor del mismo result mal? Sabemos hasta el aburrimiento que no soluciona los problemas de los alumnos que los tienen, sino que los mantiene y agrava, y que es muy costosa. El mal no es autctono (era conocido, irnicamente, como el mal francs), pero Espaa encabeza hoy la lista. En todos los sis-temas la repeticin suele ser menos frecuente en la educa-cin primaria (donde las limitaciones de los alumnos y los desaciertos de los docentes alcanzan un desarrollo menor) y ms en la secundaria inferior u obligatoria (donde todo se agrava y se juega el futuro educativo y social de los ado-lescentes). En el conjunto de la Unin Europea el porcen-taje de alumnos que han repetido curso en primaria es del 7,7%, mientras que en Espaa es el 10% (lo que la pone en sexto lugar). En la educacin secundaria inferior (isced 2),1 la tasa europea (entre alumnos de quince aos) es del 10,4%, pero la espaola es del 31,9% (casi el triple!), lo que nos coloca en cabeza (Eurydice). La tasa de idonei-dad (alumnos que siguen el curso terico para su edad), en ltima instancia el mejor indicador de la repeticin acumulada (aunque incluye la infrecuente incorporacin tarda), se sita a los quince aos en el 60% (inee, indica-dor r4.1): cuatro de cada diez alumnos han repetido curso (y alguno ms lo har a los diecisis, todava en la educa-cin obligatoria).

El desenlace lgico de ese proceso es una elevada tasa de fracaso escolar: 25,7% en 2011. Este dato se refiere a quienes no obtienen la titulacin obligatoria (diez aos de escolaridad con xito), algo tan anmalo en nuestro entorno que la ocde ni se molesta ya en recopilar y com-parar las cifras (se limita al abandono). No es que en otros sistemas escolares se reduzca a cero, sino que son ya por-centajes marginales y, adems, no se les cierra el paso a continuar estudios. Pero en Espaa no solo es un porcen-taje muy elevado sino que, dada la ordenacin existente, se traduce en el abandono de la mayora de esos alumnos, en la mayora de los casos inmediato y, en buena parte, defi-nitivo. Es el efecto perverso de una medida bienintencio-nada (como otras que empiedran el camino al infierno) de la logse: exigir la titulacin en la enseanza secunda-ria obligatoria para el acceso a la formacin profesional, lo que dicho al revs significa excluir de esta a quienes no la tengan. Si el porcentaje de no titulados hubiese sido mar-ginal, tambin lo habra sido el efecto, pero si llega a un cuarto de la poblacin (a tres de cada diez a mediados de la dcada pasada) deja por fuerza de serlo.

El resultado es el abandono escolar prematuro (o edu-cativo temprano, que es ms polticamente correcto), el

1 La isced es la Clasificacin Internacional Normalizada de la Educacin, segn sus siglas en ingls. Es la estructura de clasificacin para organizar la informacin en edu-cacin y formacin de la unesco.

porcentaje de jvenes que no obtiene, al menos, un ttu-lo posobligatorio, lo que en el sistema espaol significa bachillerato, ciclos formativos de grado superior (equi-valentes a la antigua Formacin Profesional ii) o estu-dios universitarios. La cifra ltima de abandono es del 24,9%, pero lo subestima, pues es la de quienes segn la Encuesta de Poblacin Activa no han obtenido un ttu-lo ni lo intentan con veinticuatro aos o menos, luego no incluye a quienes, tras abandonar, han regresado aos des-pus al sistema, titulndose, ni a quienes lo estn inten-tando pero no lo lograrn.

Este fuerte nivel de abandono se combina con la tradi-cional aversin espaola a la formacin profesional, consi-derada siempre de segundo orden, para quienes no valen para estudiar, con el resultado de su desarrollo raqutico y de la escasez de tcnicos intermedios lo que da al sistema espaol una peculiar estructura de dibolo: muchos titu-lados superiores, muchos con apenas la titulacin mni-ma o bajo mnimos, y poca cosa en medio y de un doble fenmeno de infracualificacin (falta mano de obra cualifi-cada para multitud de empleos) y sobrecualificacin (titu-lados superiores que no encontrarn empleos para su nivel de titulacin).

Lo dicho apunta ya algunas cosas que urge reformar en la ordenacin del sistema educativo.

En primer lugar, acabar con la repeticin, que no es parte de la solucin sino del problema. En contrapartida hay que reforzar los mecanismos de deteccin, correccin y com-pensacin de las dificultades y necesidades especiales en la escuela, desde sus primeras etapas y antes de que tengan consecuencias de mayor calado.

En segundo lugar, revisar los criterios de evaluacin, pues resulta chocante que pequeas diferencias en com-petencias medidas (pisa, etc.) respecto de nuestro contexto social y cultural se traduzcan en diferencias enormes, des-mesuradas, en las tasas de xito, la continuidad en el siste-ma y la cualificacin final de la fuerza de trabajo.

En tercer lugar, ofrecer vas de continuidad a todos los alumnos, al menos hasta la obtencin de un ttulo posobli-gatorio, y en particular reforzar, promover e incentivar la formacin profesional en los niveles isced 3 y 4.

El tercero de estos puntos depende de la ordenacin; los otros dos, de la cultura profesional e institucional. El pro-fesorado absorbe cuatro quintos del presupuesto educati-vo y resulta el elemento decisivo en las trayectorias de los alumnos, el desempeo de los centros y la aplicacin de polticas y reformas. Y no hay mucho que celebrar: por un lado, cualquier anlisis objetivo indica lagunas formativas (de contenido en primaria, de mtodo en secundaria), esti-los tradicionales si no arcaicos y un compromiso limitado; del otro, cualquier encuesta a profesores revela un amplio malestar. Las condiciones laborales se antojan envidiables para la mayora de la poblacin trabajadora, pero no solo de pan vive el hombre.

La formacin y seleccin iniciales precisan cambios profundos. El nivel de las facultades de Educacin es tan variado como en cualesquiera otras, pero de media es bajo, tanto en alumnos manifiesto en sus notas de entra-da y propiciado por la nota de corte como en profesores

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manifiesto en las evaluaciones externas de la investiga-cin, y el nivel de exigencia de los profesores sobre los alumnos, una vez dentro, tambin lo es, como se refleja en la extraa combinacin de altas tasas de titulacin con bajas notas de entrada. Lo mismo cabe decir de la forma-cin para secundaria, en la que la reciente apuesta por el mster se parece cada vez ms al antiguo e intil cap. Pero la prctica del educador es altamente incierta y difcilmen-te normalizable (mejor dicho: solo como educacin de talla nica, al precio de una alta ineficiencia y una gran desigual-dad), lo que exige un enorme componente de conocimien-to tcito, no formalizado, adquirible solo en una prctica colaborativa, y por tanto asigna una gran importancia a la formacin e iniciacin sobre el terreno. Esto debera tradu-cirse en un practicum ms largo, ms denso y ms exigente, con funciones no solo de formacin e iniciacin sino tam-bin de evaluacin y seleccin, y que lgicamente debera estar a cargo de la institucin y la profesin mismas, no de la universidad. Lo contrario de lo que tenemos: una ficcin que las facultades fingen dirigir pero no dirigen ni pueden, ni saben, ni quieren, que pocos docentes en los centros y pocos alumnos de visita en ellos se toman en serio y que se ha reducido a una rutina de escaso valor.

La formacin continua debe tener un papel ms importante. Se acab para siempre aquello de formarse al inicio y ejercer con lo aprendido toda una vida labo-ral. El aprendizaje a lo largo de la vida, imprescindi-ble para todos, lo es ms an para el educador, que educa para el futuro a generaciones que en parte ya estn en l. Esto requiere que la formacin continua deje de ser ese fingimiento colectivo que es hoy (unos hacen como que ensean, otros hacen como que aprenden y el sistema se legitima sin mejorar), sin evaluacin alguna ni de los formados ni de los formadores. Por otra parte, es preciso reforzar los espacios informales de cooperacin y apren-dizaje, que comprenden los espacios virtuales, en expan-sin gracias al auge de la tecnologa y las redes pero poco reconocidos y aprovechados, y los espacios fsicos, aunque el tiempo de colaboracin en los centros se ha reducido a la nada por medidas desafortunadas como la jornada con-tinua y por la confusin del calendario y la jornada laboral con el lectivo.

Por ltimo, el profesor merece y necesita un mayor reconocimiento. No el profesorado, sino el profesor. No se trata de proclamar la nobleza de la misin, ni su infali-bilidad, ni su inviolabilidad, ni de ponerle estatuas por las calles, sino de apreciar, reconocer y difundir el trabajo bien hecho, lo contrario de lo que sucede hoy cuando es yugu-lado entre la desatencin de las administraciones, la exi-gencia de conformismo de los claustros y el trato uniforme reclamado por los sindicatos. Precisamente por la elevada y decisiva dependencia de la buena educacin respecto del buen profesor es necesario distinguir buenas y malas prc-ticas, ofrecer seguridad y propiciar la innovacin, tolerar el error pero premiar el acierto. En contra de cierta retri-ca neoliberal y managerialista, no se trata de incentivos econmicos, aunque puedan contemplarse, sino de la bs-queda, la valoracin y el reconocimiento del compromiso profesional y del trabajo bien hecho. ~

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