CONTRIBUCIN DE CABILDO A LAS REIVINDICACIONES CVICAS
1.- Antecedentes2.- IntroduccinA. PRIMERA PARTEA.1. La Palabra
de Cabildo acerca de los temas ms urgentes del quehacer cruceo y
nacional1.1 Crisis econmica nacional1.2 Desocupacin 1.3 Seguridad
ciudadana y delincuencia1.4 Tenencia de tierra1.5 Inoperancia
municipal
A. 2 Apoyo al Beni en su conflicto limtrofe
A. 3 Autonomas Regionales
B. SEGUNDA PARTEAnexo documental1. Pronunciamiento del 16 de
diciembre de 20002. Mensaje de diciembre de 20013. 2.-
IntroduccinEl presente documento trata de mostrar las actividades y
planteamientos ms importantes que realiz Cabildo a lo largo de su
existencia a objeto de dejar registrada la presencia de esta
institucin en la vida social y cultural de Santa Cruz.1.-
Antecedentes, Fundamentos y Principios de CabildoEl 15 de diciembre
del ao 1992 fue fundada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra,
Bolivia, la Agrupacin Cabildo, con el objeto de constituirse en una
trinchera de lucha por nuestros legtimos ideales de progreso y
bienestar. Segn su estatuto Cabildo es una agrupacin fundamental y
esencialmente pluralista, interdisciplinaria y transcultural. Su
mxima expresin es el respeto a la dialctica y al pensamiento de
todos sus asociados.En tal sentido, Cabildo encarna el sentir y el
palpitar de las legtimas aspiraciones de Santa Cruz.Cabildo
significa el ayuntamiento o municipio, siendo una de las
instituciones ms antiguas del pas, ya que los espaoles, a tiempo de
fundar una ciudad, procedan a nominar a los alcaldes y regidores
que conformaban el Cabildo. Al ao siguiente, una parte de sus
miembros era elegida entre vecinos principales o notables, de tal
manera que no exista el riesgo de que sea nombrada una persona
inadecuada, para ejercer las funciones de alcalde.Entre los
fundadores de la Agrupacin, se tiene a las siguientes
personalidades:Dr. Limberg Gutirrez CarreoDr. Oscar Romn VacaMy.
Gustavo Melgar GuerreroEl presente trabajo lo dividimos en tres
partes, a saber:
A. PRIMERA PARTEA.1. La Palabra de Cabildo acerca de los temas
ms urgentes del quehacer cruceo y nacionalApoyo de Cabildo a las
reivindicaciones cvicas
El 16 de diciembre del ao 2000, Cabildo emiti un pronunciamiento
pblico, en el cual se adverta el proceso de descomposicin que
amenazaba al pas y al departamento. Pedamos soluciones al problema
de la crisis econmica y a otros problemas de suyo urgenteLa
delicada situacin econmica-financiera, provocada por la cada de la
inversin, tanto pblica como privada, - deca el documento - y el
ahuyentamiento de la inversin extranjera, ha derivado en otras
consecuencias que inciden en los aspectos sociales, tales como el
aumento de la delincuencia y la criminalidad, para no citar otros
problemas, igual o ms agudos.No obstante de existir una ley que
norma y regula la tenencia de la tierra rural, existe una sensacin
de incertidumbre en la poblacin, especialmente entre los
productores agropecuarios y los campesinos originarios. Este vaco
jurdico se debe a la falta de firmeza del gobierno y a la debilidad
mostrada al ceder a la presin de algunos sectores ciudadanos.Un
hecho que aument an ms la susceptibilidad en nuestro departamento,
fue el compromiso asumido por el gobierno, de repartir 3 millones
800 mil hectreas de tierras en Santa Cruz, a los campesinos
altiplnicos, en desmedro de la gente originaria y de campesinos
asentados en este territorio oriental. En Santa Cruz existen miles
de campesinos y productores agropecuarios que no cuentan con
tierras propias y en ese caso, de existir tierras baldas, o de
propiedad del Estado, ellos tendran preferencia para ser acreedores
o beneficiarios de esas tierras que seran dotadas por el
Estado.Como directa consecuencia de la grave crisis por la que
atraviesa el pueblo boliviano y que con mayor intensidad ha
afectado a esta parte del pas, el desempleo abierto y la sub
ocupacin se han agravado, privando a muchos jefes de familia ganar
el sustento diario. De esta suerte, la situacin de pobreza que vive
el pueblo, ha adquirido contornos de suyo grave. El problema de la
desocupacin o desempleo, ha provocado el deterioro de los salarios
debido a que la oferta de mano de obra es muy superior a la
demanda.La falta de ingreso de las personas es a su vez causa de
muchos otros problemas sociales, como la delincuencia, la
prostitucin y el vicio.En esa ocasin denuncibamos: Las
instituciones locales, llmense cvicas, polticas o culturales, han
asumido una posicin demasiado cmoda al no combatir la corrupcin y
la falta de transparencia de estas entidades que manejan los
recursos del pueblo. Esta cmoda actitud ha devenido en los ltimos
tiempos en complacencia primero y en complicidad luego, al guardar
mutismo ante denuncias documentadas acerca de diferentes hechos
irregulares.Los poderes del Estado se asientan bsicamente en la
buena fe y en la confianza que depositan los mandantes en sus
autoridades. Si este requisito no se cumple, se est amenazando los
pilares de nuestra democracia y estamos poniendo en peligro nuestra
propia subsistencia como sociedad organizada.1. Soporte a la
entidad cvica, no suplantacin.- Cabildo pretende ser un soporte y
apoyo firme de nuestro principal ente cvico, sin pretender
suplantarlo, coadyuvando en su actuacin de defensa de los caros
intereses regionales.1. Denuncia en forma pblica y permanente de
las irregularidades y avasallamientos al pueblo cruceo1. Defensa
intransigente de los intereses generales, haciendo cuerpo con otras
entidades que sostengan los mismos o similares puntos de vista que
los nuestros1. Absoluta independencia partidaria y objetividad de
anlisis de Cabildo 1. Demandamos una atencin urgente para
solucionar la crisis econmica que vive el pas, con medidas
realistas y no como los anteriores planes de reactivacin que han
sido casi una burla a la nacin y una frustracin para los sectores
productivos en particular y para la poblacin en general.1. Medidas
de alivio o aplicacin de un plan de emergencia para la creacin de
empleos, y captacin de recursos para la recuperacin industrial1.
Adopcin de medidas oportunas para evitar la quiebra de los bancos y
dems entidades financieras1. Ejecucin de obras pblicas de
infraestructura e incremento de la inversin pblica en nuestro
Departamento1. Atencin urgente a los sectores productores, para
evitar su quiebra y coadyuvar en la tarea de hacer que esos
sectores sean competitivos de tal forma que puedan acceder a los
mercados internacionales
Por estas razones, es que hoy nuevamente salimos en defensa de
los intereses regionales y en apoyo a nuestra entidad
cvica.Pronunciamiento de la Agrupacin Cabildo acerca de la situacin
actual de Santa CruzEl 16 de diciembre del ao 2000 Cabildo emiti un
pronunciamiento pblico, sealando algunos notorios problemas
existentes en Santa Cruz y que de no tomarse medidas oportunas,
tendan a agravarse. Entre ellos se tocaba los temas de: La economa
nacional y el problema social retorno del gobierno municipal a su
estado de inepcia, ineficiencia, inoperancia y corrupcin al que se
hallaba antes de 1989 con amenaza de quiebra del municipio Tenencia
de la tierra Desempleo manejo arbitrario de los recursos pblicos.
Corrupcin generalizada inseguridad ciudadana, violaciones, atracos,
delincuencia e impunidad Basura, suciedad, drenaje, e insalubridad
en los mercados Utilizacin de las entidades cruceas como trampoln
poltico Ausencia de objetivos del pueblo cruceo y falta de
liderazgo1.- La sociedad amenazadaLa colectividad crucea se
encuentra amenazada de caer en un grave proceso de descomposicin. A
la juventud se la induce al vicio mediante el intenso bombardeo de
publicidad comercial incitando al consumo de bebidas alcohlicas, y
otras sustancias daosas a la salud, sin que existan autoridades que
pongan freno a ello.La violencia es una de las directas
consecuencias de este modo de vivir, y conduce al desinters hacia
los estudios y la lectura por parte de nuestra juventud. Los malos
hbitos se exhiben en las vas pblicas, dando un psimo ejemplo a la
niez y mostrndolos como si se tratase de una cuestin normal y digna
de imitarse. Los padres de familia y las autoridades no son capaces
de frenar estas actitudes. Por otro lado, el rpido proceso de
urbanizacin que vive la ciudad capital y el elevado contingente de
migracin que se incorpora, estn diluyendo la identidad del cruceo
como pueblo y se est perdiendo la unidad de criterio para la
definicin de sus objetivos. Adems, Santa Cruz se halla amenazada
por fuerzas extraas que pretenden avasallar sus derechos,
territorio y hbitat, sin que las entidades locales asuman su
defensa vigorosa. Los sucesos de septiembre del presente ao, han
demostrado la vulnerabilidad y la amenaza a que est sometido
nuestro crecimiento econmico y los peligros que implica la vigencia
de un rgimen sin voluntad de imponer el principio de
autoridad.Ahora que Santa Cruz ha adquirido, por mrito propio ms
que por accin de sucesivos gobiernos centrales, cierta
preponderancia en la economa nacional, se nos reclama una visin de
pas para el planteo de nuestros problemas de desarrollo, siendo que
cuando el pas era un neto productor minero, toda la poltica de
desarrollo nacional, de ejecucin de obras y de construccin de
infraestructura, estaba orientada al servicio de dichos intereses,
ignorando los nuestros y en desmedro de los sectores de produccin
cruceos. Fue as que los ferrocarriles se construyeron en funcin de
los intereses de la gran minera y de la carga de productos
minerales que deba ser transportada a los centros extranjeros de
consumo, an sean ellos medios para traer de retorno (importar)
productos que hagan franca competencia a los producidos por el
oriente boliviano, y gozando de fletes subvencionados. En esa poca
nadie reclamaba una visin nacional y menos era escuchada la voz de
reclamo de Santa Cruz.Ante esta diversidad de problemas, de suyo
graves, es que la Agrupacin Cabildo ha decidido actuar con ms
energa como portavoz de las aspiraciones e inquietudes del pueblo
cruceo, especialmente en lo que respecta a aquellos problemas que
aquejan a gruesos sectores de la poblacin. Para ello se ha
conformado una comisin institucional permanente que se encargar del
anlisis y la elaboracin de las ponencias mediante las cuales
Cabildo fijar su posicin como institucin.Como parte de esa labor,
hoy se emite el presente documento haciendo conocer nuestra posicin
acerca de los problemas econmicos, sociales y polticos que con
mayor intensidad afectan a Santa Cruz, donde el flagelo de la
crisis est golpeando a 9 de cada 10 hogares.2.- La economa nacional
y el problema socialComo consecuencia de la crisis del medio
oriente, desatada en 1997, Bolivia se halla sumida en una aguda
crisis que afecta a la mayor parte de la poblacin. No obstante que
todos los pases que sufrieron esta crisis ya la han superado,
nuestro pas continan estancada en sus niveles de crecimiento de la
economa, a tal punto que se ha llegado a provocar la quiebra de los
sectores productivos, la insolvencia de los deudores, y la seria
amenaza de quiebra de la banca nacional. La mora bancaria ha subido
de una tasa del 3 por ciento hace 5 aos, a cifras superiores al
10.La improvisacin de los polticos en funcin de gobierno , ha hecho
que la poblacin pierda toda su confianza en ellos. Esa improvisacin
se comprueba en el psimo manejo del problema econmico y la falta de
respuesta a los grandes problemas nacionales. Aparte de las medidas
represivas contra los cultivos de coca, impuestas por el imperio,
no se puede mencionar otra medida digna de reconocimiento a la
actual administracin.Casi al finalizar su mandato, algunos
ministros y dirigentes de partidos integrantes de la coalicin,
siguen culpando a terceros por su inoperancia y falta de visin.La
delicada situacin econmica-financiera, provocada por la cada de la
inversin, tanto pblica como privada, y el ahuyentamiento de la
inversin extranjera, ha derivado en otras consecuencias que inciden
en los aspectos sociales, tales como el aumento de la delincuencia,
la criminalidad y la prostitucin, para no citar otros problemas,
igual o ms agudos.3.- De los graves problemas regionales y
locales:Los problemas de la regin y de la ciudad capital crucea,
sin lugar a dudas, son innumerables, complejos y con la tendencia a
agravarse, sin que se vislumbre a corto plazo atisbos de alivio y
menos planes o programas que tiendan a la superacin de los mismos.
En el mbito departamental ya no existe la instancia institucional
encargada de pensar y de ofrecer alternativas no slo para la
solucin de nuestros problemas si no de trazar los lineamientos para
impulsar nuestro desarrollo, cual era la Corporacin regional, que
fue politizada al volver a depender de la prefectura, en un acto
retrgrado que Santa Cruz lo haba superado el ao 1963. Nadie puede
negar que la Prefectura del Departamento, despus de la
descentralizacin administrativa result ser una mala alternativa en
sustitucin del anterior ente de desarrollo regional.Por otro lado,
en el mbito local, el gobierno municipal retorn a su estado de
inepcia, inoperancia y corrupcin al que se hallaba antes de 1989.
La descentralizacin de los recursos financieros del Estado en favor
de los municipios fue dispuesto en el entendido de que las alcaldas
se hallaban habilitadas tcnicamente y con capacidad administrativa
para hacerse cargo del manejo de esos recursos. Lamentablemente,
dichos fondos antes de ser destinados a la ejecucin de obras en
beneficio de los barrios de la ciudad, se los utiliza en construir
infraestructura que contribuya a valorizar las propiedades de los
ejecutivos de turno y las alcaldas han mostrado seguir siendo
rganos sin capacidad de gestin ni solvencia.Seguidamente haremos un
repaso en forma muy breve de los problemas que con mayor intensidad
golpean la conciencia, el estmago y la mente de los hijos de esta
tierra, con el propsito de mostrar el estado en que se encuentra el
pueblo cruceo y la necesidad de la adopcin de medidas que superen
esta situacin.3.1Tenencia de la tierraNo obstante de existir una
ley que norma y regula la tenencia de la tierra rural, existe una
sensacin de incertidumbre en la poblacin, especialmente entre los
productores agropecuarios y los campesinos originarios. Este vaco
jurdico se debe a la falta de firmeza del gobierno y a la debilidad
mostrada al ceder a la presin de algunos sectores ciudadanos.Un
hecho que aument an ms la susceptibilidad en nuestro departamento,
fue el compromiso asumido por el gobierno, de repartir 3 millones
800 mil hectreas de tierras en Santa Cruz, a los campesinos
altiplnicos, en desmedro de la gente originaria y de campesinos
asentados en este territorio oriental. En Santa Cruz existen miles
de campesinos y productores agropecuarios que no cuentan con
tierras propias y en ese caso, de existir tierras baldas, o de
propiedad del Estado, ellos tendran preferencia para ser acreedores
o beneficiarios de esas tierras que seran dotadas por el Estado.Por
otro lado, se ha demostrado que en todo el departamento no existe
esa cantidad de tierras aptas para la agricultura, ya que las
existentes en menor cantidad- son reservas forestales que en ningn
caso podran ser dotadas para fines de explotacin agrcola. Ante tal
ofrecimiento y frente a la opinin contraria expresada por
productores agropecuarios y campesinos lugareos, dirigentes del
altiplano han hecho pblica sus amenazas de venir a tomar por la
fuerza las tierras prometidas por el gobierno. En tal sentido es
conveniente que el pueblo cruceo se encuentre unido para rechazar
cualquier amenaza de esta naturaleza. Es altamente conveniente que
las instituciones locales se hallen alertas para evitar el
avasallamiento y el atropello no slo a nuestro derecho sino a
nuestra dignidad.3.2DesempleoComo directa consecuencia de la grave
crisis por la que atraviesa el pueblo boliviano y que con mayor
intensidad ha afectado a esta parte del pas, el desempleo abierto y
la sub ocupacin se han agravado, privando a muchos jefes de familia
ganar el sustento diario. De esta suerte, la situacin de pobreza
que vive el pueblo, ha adquirido contornos de suyo grave. El
problema de la desocupacin o desempleo, ha provocado el deterioro
de los salarios debido a que la oferta de mano de obra es muy
superior a la demanda.La falta de ingreso de las personas es a su
vez causa de muchos otros problemas sociales, como la delincuencia,
la prostitucin y el vicio.3.3El manejo arbitrario de los recursos
pblicos. Corrupcin generalizada La poca transparencia en el manejo
de las instituciones pblicas y la crisis generalizada han hecho que
los actos de corrupcin sean ms frecuentes y se registren en todos
los niveles de las estructuras jerrquicas. Los recursos pblicos son
manejados en forma arbitraria y discrecional. La contratacin de
obras mediante procedimientos nada ortodoxos, y el cobro de
elevadas comisiones para dar oportunidades de trabajo a las
empresas o para la adquisicin de sus productos, es moneda corriente
en nuestro medio, llegando a extremos antes nunca vistos. Debido a
las necesidades y compromisos por las que se hallan urgidas estas
empresas se ven obligadas a aceptar la extorsin.Actualmente no es
raro ver que jvenes polticos con pocos meses de ejercicio de la
funcin pblica, se encuentran empeados en una franca competencia por
amazar riquezas descomunales que ofenden a la honestidad de sus
colegas, amigos y conterrneos.Lo que es peor, los mecanismos
legales para la recuperacin de los fondos pblicos indebidamente
apropiados por los servidores del Estado o dispuestos ilegalmente
por los mismos, o las leyes que penan los actos de corrupcin, no se
cumplen en el pas, y por el contrario, esos autores de actos de
corrupcin son premiados por los dirigentes de sus propios partidos,
asignndoles nuevas funciones con mayor jerarqua o promovindolos
como honorables representantes nacionales para que sean acreedores
a los privilegios de la impunidad (ms que la inmunidad).3.4La
inseguridad ciudadana, violaciones, atracos, etc.Frente a este
cuadro general de descomposicin social, la poblacin vive en un
estado de inseguridad ciudadana inquietante, a tal punto de haberse
convertido Santa Cruz la ciudad ms violenta. Amenazada en las
calles, en los paseos y lugares pblicos y lo que es aun peor,
amenazada en su propio hogar. En muchos casos los delincuentes
actan de consuno con los propios encargados de guardar el orden, y
cuando no, si los delincuentes caen en poder de la justicia, al
poco tiempo son liberados con carta blanca para continuar con sus
actividades ilcitas.En los ltimos aos los ndices de violaciones y
atracos a la luz pblica han aumentado en forma escandalosa ante la
inoperancia de las autoridades, obligando en muchos casos a la
poblacin a tomar la justicia por sus propias manos.3.5La
delincuencia y la impunidadEl asalto a los bancos, a los hogares,
el robo de autos y la delincuencia juvenil, son hechos delictivos
comunes en nuestro medio y con notoria tendencia al aumento ante la
impunidad de los malhechores, unas veces por la permisividad de las
leyes y otras por la tolerancia por parte de los encargados de la
aplicacin de esas leyes. Esta situacin se ha vuelto insoportable,
al sumarse a ello la incorporacin diaria de un importante
contingente de delincuentes extranjeros, que son atrados por
ofrecer este pas inmejorables condiciones de operatividad y
garantas legales para la accin delincuencial. Este hecho aumenta la
inseguridad ciudadana.3.6Ineficiencia, inoperancia y quiebra del
municipio. Excesivo endeudamiento, paralizacin de obras y
servicios, incremento de tarifas e impuestos en desmedro de la
poblacinEs opinin generalizada que la actual administracin
municipal es una de las peores en los ltimos 15 aos. Est marcada
por la impostura, la improvisacin, la ineptitud y la arrogancia
infundada. El elevado costo de las pocas obras que se ejecutan y la
mala calidad de ellas, es la caracterstica de la actual
administracin. Las obras son ejecutadas por empresas de amigos o
correligionarios, sin tomar en cuenta la experiencia ni la
idoneidad tcnica.El sobredimensionamiento de la planta burocrtica,
inflada para dar cabida a los seguidores y partidarios, hace que
los gastos corrientes se lleve la mayor parte de los menguados
ingresos que percibe la Alcalda, quedando escasos recursos para el
rubro de inversin. Adems, los recursos provenientes por concepto de
co-participacin tributaria creados por la Ley de Participacin
Popular y que, no obstante de estar prohibido su desvo hacia gastos
corrientes, son destinados a otros fines para los que fueron
destinados, lo que constituye un franco atropello a esa norma. La
mayor parte de esos fondos son utilizados en una obra estrella que
sirve para satisfacer los intereses de una familia y para aumentar
el valor de los terrenos adyacentes que han sido adquiridos por el
entorno, con fines especulativos.La evasin impositiva enseada con
el ejemplo por la actual administracin y el mal manejo
administrativo, han determinado una acentuada cada de los ingresos
municipales, empujando al gobierno municipal hacia un elevado nivel
de endeudamiento, muy superior al permitido por los organismos
financieros, y comprometiendo la estabilidad e hipotecando al
municipio por muchos aos. La disminucin de las recaudaciones
impositivas es una muestra de la falta de confianza del pblico
contribuyente hacia sus autoridades.A objeto de paliar esta
situacin de ahogo financiero, se recurre al fcil expediente de
reajustar las tasas de los servicio, tal como el caso del servicio
de la basura, que es uno de los ms caros y el peor del pas, a tal
punto que Santa Cruz se ha ganado el titulo de la ciudad ms sucia
de Bolivia. La promesa electoral de contar con un servicio de
limpieza a costo cero, se ha convertido en una broma macabra, al
obligar al pueblo que pague tan jugosa factura. No obstante esta
delicada situacin, las instituciones cruceas se muestran pasivas y
no atinan a buscar una salida que ponga remedio a la mayor
brevedad, para evitar el empeoramiento de los problemas, que est
causando dao econmico al vecindario.3.7 Santa Cruz ciudad sin
dueoEste panorama brevemente descrito, hace ver que Santa Cruz es
una ciudad sin dueo, donde cualquiera se puede asentar e instalar
la actividad que le venga en gana, se interrumpe el trfico
constantemente y se desarrollan actividades reidas con las buenas
costumbres, en calles, avenidas, barrios residenciales y plazas,
sin que haya autoridad capaz de poner atajo a ello.Algunas
autoridades locales, llamadas a dar buen ejemplo, contribuyen ms
bien a que prevalezca esta situacin de desorden, asumiendo actos
reidos contra el sentimiento ciudadano y actuando en forma
arbitraria, como el caso del intento de cambio de nombre de una
avenida sin observar las normas y procedimientos usuales en este
tipo de acciones y la colocacin de un monumento que nada tiene que
ver con los actos heroicos y la historia del pueblo cruceo, lo
cual- contrariamente- hace que constituya un atropello a su
dignidad.3.8 Arbitrariedad y falta de transparencia de
instituciones locales. Cooperativas de serviciosA esta forma
abusiva de actuacin de los poderes locales y departamentales del
sector pblico, se agrega la arbitrariedad con que las cooperativas
de servicio pblico, encargadas del manejo de nuestros recursos, lo
hacen en forma de festn, bajo una administracin nada transparente.
No existen rendiciones de cuentas adecuadas y claras y cuando se
les solicita informacin acerca del destino de los fondos, eluden de
todas formas y contratan firmas de auditorias complacientes para
que avalen sus actos.Adase a ello la falta de fiscalizacin, tanto
interna como externa, puesto que INALCO, rgano responsable de
supervisar y controlar el desenvolvimiento de este tipo de
empresas, ha mostrado ser incapaz de responder a las expectativas
de los socios que han depositado sus aportes.3.9 Utilizacin de las
entidades cruceas como trampoln poltico Una de las causas de la
actitud negligente en la defensa de nuestros derechos e intereses
regionales, es la prctica convertida en norma, asumida por
ciudadanos con pretensiones de liderazgo, o movidos por grupos de
intereses empeados en copar las principales instituciones, de
utilizar a nuestras ms preciadas entidades cruceistas, como
trampoln poltico. Esta conducta est lejos de reflejar los propsitos
altruistas de aquellos patricios que concibieron la idea de dotar
al pueblo de instrumentos de defensa idneos.3.10 Ausencia de
objetivos del pueblo cruceoAl ser Santa Cruz una comunidad de
dinmica evolucin, debido a la alta tasa de migracin, su identidad
ha tratado de desfigurarse y por lo tanto sus objetivos en muchos
casos no han sido claros o no se ha logrado consenso en su
definicin y menos se ha hecho esfuerzos por su difusin.Es preciso
sentarnos en torno de una mesa que rena a lderes cvicos, dirigentes
empresariales, trabajadores, jvenes e intelectuales, sin nimos
excluyentes, a fin de disear un conjunto de objetivos y delinear
los lineamientos estratgicos para su consecucin.3.11 Falta de
liderazgoSi a los dos factores anteriormente citados, le agregamos
la falta de un autntico liderazgo que responda a los verdaderos
derechos y aspiraciones generales del pueblo, por encima de
intereses sectoriales, gremiales o de grupos, la situacin de
defensa permanente e intransigente de los intereses regionales se
ve seriamente amenazada y consecuentemente la sociedad en su
conjunto.Es necesario en forma urgente patrocinar una recomposicin
de nuestras fuerzas defensivas y de nuestro faro de irradiacin de
ideas para la proyeccin de nuestra regin en el milenio que se
inicia. Esas ideas creativas que han caracterizado a Santa Cruz,
para forjar su destino promisorio, deben aflorar nuevamente en
nuestro suelo. Las soluciones deben salir de nosotros pues no
podemos esperar que nos vengan de otros lados, y menos de las
esferas del centralismo.4.- Fijacin de Posicin de Cabildo Antes de
pronunciarnos sobre los temas concretos que nos ocupan, es bueno
expresar los principios que guiarn en el futuro nuestro
pensamiento, los mismos que se sintetizan en los siguientes cuatro
pilares:a)Soporte a la entidad cvica, no suplantacin.- Cabildo
pretende ser un soporte y apoyo firme de nuestro principal ente
cvico, sin pretender suplantarlo, coadyuvando en su actuacin de
defensa de los caros intereses regionales.b)Denuncia en forma
pblica y permanente de las irregularidades y avasallamientos al
pueblo cruceoc)Defensa intransigente de los intereses generales,
haciendo cuerpo con otras entidades que sostengan los mismos o
similares puntos de vista que los nuestrosd)Absoluta independencia
partidaria y objetividad de anlisis de Cabildo4.1Nuestras
propuestas1)En el mbito econmicoa)Demandamos una atencin urgente
para solucionar la crisis econmica que vive el pas, con medidas
realistas y no como los anteriores planes de reactivacin que han
sido casi una burla a la nacin y una frustracin para los sectores
productivos en particular y para la poblacin en general.b)Medidas
de alivio o aplicacin de un plan de emergencia para la creacin de
empleos, y captacin de recursos para la recuperacin
industrialc)Adopcin de medidas oportunas para evitar la quiebra de
los bancos y dems entidades financierasd)Ejecucin de obras pblicas
de infraestructura e incremento de la inversin pblica en nuestro
Departamento2)En el mbito departamentala)Atencin por parte de las
autoridades de los problemas de delincuencia, violaciones e
inseguridad ciudadanab)Dotacin de un instrumento eficaz que se
encargue de promover y administrar el desarrollo regional, ya que
la actual prefectura, deja mucho que desear en cuanto a la labor
que cumple como rgano tcnico-econmico, pues no tiene ni los mnimos
mecanismos de custodia de los bienes que le son
encomendados.c)Atencin urgente a los sectores productores, para
evitar su quiebra y coadyuvar en la tarea de hacer que esos
sectores sean competitivos de tal forma que puedan acceder a los
mercados internacionales3)En el mbito locala)Debe prestarse
especial atencin a fin de superar la situacin de desastre en que se
encuentra la Alcalda crucea, mediante un acuerdo poltico de
elevadas miras, antes que se vea obligado el pueblo cruceo a tomar
medidas no convencionales o violentas.b)Aclaracin de las varias
denuncias pblicas de malos manejos financieros y robos de bienes
del Estado, con el consiguiente castigo a sus autoresc)Conformacin
de grupos de anlisis permanentes en el seno de las diferentes
entidades que tengan que ver con la defensa de los intereses
comunes del pueblo cruceo y promover debates para esclarecer y
concienciar a la opinin pblicad)Establecer un cdigo de tica para
evitar el manoseo de las instituciones de Santa Cruz, y el uso con
fines secundarios y no los de legtima defensa de los legtimos
derechos de los cruceosA.2 Apoyo de Cabildo al departamento del
Beni en su conflicto limtrofe
El 14 de agosto de 2001 La Agrupacin Cabildo emiti un
pronunciamiento en apoyo al hermano departamento del Beni con las
firmas de Mario Arteaga Antelo, como PRESIDENTE; y Jorge Hurtado
Hervas, en su calidad de SECRETARIO GENERAL, el mismo que tocaba
los siguientes aspectos:1. Antecedentes Histricos
Mediante Provisin Real de 15 de febrero de 1560, librada por el
Marqus de Caete Andrs Hurtado de Mendoza, Virrey y Capitn General
del Per, nombra a su hijo Garca Hurtado de Mendoza y Manrique, por
Gobernador, Capitn General y Justicia de la provincia Mojos y como
su Teniente General al Cap. uflo de Chvez. Esta Provisin Real, es
convalidada a los 3 aos, por el Rey Felipe II de Espaa, por Real
Cdula de 29 de agosto de 1563, mediante la cual se ampla la
jurisdiccin de la Audiencia de Charcas y se reconoce la existencia
jurdica de la Provincia Mojos y Chunchos, que posteriormente se
convierte en Gobernacin Poltico-Militar de Mojos y Apolobamba.La
existencia legal de esta provincia est documentalmente probada, as
como su jurisdiccin se encuentra claramente demarcada en los
diferentes mapas de la poca colonial, documentos en los cuales
figura la montaa de Yuracar como lugar perteneciente a la
jurisdiccin de Mojos.2. Origen del Conflicto
Decreto de 18 de noviembre de 1842El gobierno del Gral. Jos de
Ballivin, por medio del citado decreto, crea el Departamento del
Beni y se le encomienda la tarea de abrir diferentes vas de
comunicacin, para darle una organizacin conforme con los dems
departamentos de la Repblica.Para hacer efectiva esta creacin, el
decreto se inspira en el antiguo ente originalmente llamado
Gobernacin Poltico-Militar de Mojos y Apolobamba, pero con el
nombre de Caupolicn en vez de Apolobamba. Se crea como provincia
Yuracar, como tercera provincia con el denominativo de
Yuracars.Decreto de 10 de junio de 1854
En virtud a este decreto, el gobierno de Belzu erige una
provincia en el departamento de Cochabamba, con el nombre de
Chapare, designando como capital al cantn Mendoza, que ser la sede
de la gobernacin.Este distrito estar formado por las montaas de
Corani, Espritu Santo y Yuracars, en territorio beniano, lo que
significa un cercenamiento de ms de 40 mil kilmetros cuadrados.El
argumento para la consumacin de semejante despojo, contenido en uno
de los considerandos del citado decreto sostiene: que la accin de
la prefectura del Beni, a cuyo Departamento se agregaron las
montaas del Espritu Santo, y de Yuracars, ha sido de todo punto
insuficiente para atender y mejorar la poblacin establecida en
aquellas comarcas, tanto por la inmensa distancia que las separa de
la capital del Beni, cuanto por su difcil comunicacin con
ella.Basado en este pueril argumento, muchas localidades de la
repblica, hubieran sido cercenadas y desprendidas de varios
departamentos bolivianos, para ser transferidas a jurisdiccin de
otros departamentos que se hallen en condiciones de prestarles
mejor atencin.3. Conclusin
Por los antecedentes brevemente expuestos, se concluye que la
anexin de los territorios montaosos de Yuracar y Espritu Santo,
pertenecientes legtimamente al Departamento del Beni, es desde todo
punto de vista ilegal, abusivo y arbitrario, amn de que constituye
un elemento perturbador de la convivencia pacfica y la unidad
nacional que tanto se necesita en estos das tan difciles.4. Apoyo
decidido al Beni
Por lo expuesto, la Agrupacin Cabildo, institucin eminentemente
cvica e imbuida de alto espritu patritico, ha decidido prestar su
apoyo militante a favor de los hermanos benianos, no slo por los
tradicionales lazos de sangre que nos unen, sin por la justeza de
su posicin.Instamos a las dems instituciones cvicas, sociales y
culturales del departamento, sumarse a esta actitud de apoyo
moral.A. 3 Pronunciamiento sobre autonomas regionales y referndumEn
fecha 28 de abril de 2004 Cabildo envi una carta al seor Rubn
Costas Aguilera, Presidente del Comit Pro-Santa Cruz solicitando
audiencia a objeto de hacer entrega en forma oficial, el
Pronunciamiento que sobre el tema de las autonomas y el referndum
sobre la exportacin del gas, emitido por la Agrupacin Cvica
Cabildo, como un aporte a la resolucin de tan importantes asuntos,
que preocupan tanto a las instituciones cvicas del pas, como a la
sociedad civil en general.El documento que se har entrega es fruto
del mandato de la ltima asamblea de nuestra institucin, siendo
nuestro deseo hacer en esta ocasin, una explicacin de los alcances
y fundamentos del mismo.Consideramos seor Presidente, que Santa
Cruz, a la cabeza de su comit cvico debe continuar la lucha que ha
emprendido hasta conseguir que Bolivia sea un Estado moderno,
eficiente, equitativo, productivo y despojado del cncer de la
corrupcin que tanto dao hace a nuestra sociedad.Quedamos a la
espera seala la nota - que se nos seale da y hora para que nuestro
Directorio en pleno pueda hacerse presente en el seno de la ms
importante entidad cvica de los cruceos y nos ponemos a su
disposicin para contribuir al mejoramiento del grado de
concientizacin entre la ciudadana, referente a la aplicacin del
modelo de autonomas regionales - finalizaba.La nota estaba firmada
por el Lic. Jorge Hurtado Hervas, SECRETARIO GENERAL; y el Gral.
Olvis Arias Chvez, PRESIDENTE A.3.1 Contenido del
PlanteamientoDescentralizacin por la va de las Autonomas
RegionalesResumen y Conclusiones
El documento comienza diseando el marco conceptual o terico y
sealando que desde el punto de vista de la forma del Estado,
existen dos tipos de regmenes: el Estado unitario y el Estado
federal. En cuanto a la organizacin del gobierno, existen 4 formas:
Concentrado, desconcentrado, descentralizado y
autonmico-regionalizadoLa desconcentracin, es la forma mediante la
cual la administracin centralizada presta servicios o desarrolla
acciones en distintas regiones del pas a travs de rganos propios.
Su objeto es doble: acercar la prestacin de servicios en el lugar o
domicilio del usuario, con economa para ste, y descongestionar al
poder central.
La descentralizacin por su parte- es la forma de organizacin
administrativa que consiste en confiar la realizacin de algunas
actividades a entes que guardan una relacin con la administracin
central que no es la de jerarqua. Por tanto: el nico carcter que se
puede sealar como fundamental del rgimen de descentralizacin es el
de que los funcionarios y empleados que lo integran gozan de una
autonoma orgnica y no estn sujetos a los poderes jerrquicos.
Existen bsicamente dos tipos de modelos de descentralizacin.
Ellos son:a)El proyecto neoliberal y b)El proyecto de
descentralizacin democratizante, el cual es sugerido para su
adopcin.Este tipo de proyecto pone nfasis en el eje poltico de la
descentralizacin en aquellos aspectos que significan una
profundizacin de la prctica democrtica, al promover una
participacin efectiva de los actores sociales en la gestin de los
asuntos regionales.Para ello se busca impulsar ampliamente la
participacin de la ciudadana en la discusin y resolucin de los
problemas nacionales, sectoriales y regionales, incrementando el
conocimiento tcnico, el inters privado y atendiendo las necesidades
de los ciudadanos. En este proyecto se basa la formulacin de la
propuesta contenida en el Captulo IV del presente trabajo.
Qu es Regin?Dado que la regionalizacin es la estrategia mediante
la cual se debera llevar a cabo la descentralizacin, se hace
menester precisar el significado del trmino regin, apuntando que la
palabra regin evoca un rea geogrfica determinada, perifrica o
lejana al centro decisorio nacional y delimitada en s misma La
regionalizacin se considera como un elemento de progreso econmico
en el que las regiones son testigos de la diversidad y contribuyen
al enriquecimiento de su cultura, su prosperidad econmica y al
respeto a sus tradiciones e historia Se entiende por Autonoma
Regional, la creciente capacidad de autogestin poltica regional,
identificacin de la poblacin con su regin y capacidad de apropiacin
del excedente econmico generado en ella. Una regin es una porcin
del territorio de un Estado que presenta caractersticas geogrficas
(o sociogeogrficas) especficas. Su actividad gira en torno a un
centro econmico y administrativo.
Experiencias de Descentralizacin y Desconcentracin
Regionalizada
Espaa e Italia corresponden a los modelos de descentralizacin o
autonomas regionales, mientras que Chile es un modelo de
regionalizacin desconcentrada.
Desde 1978 Espaa ha experimentado un intenso proceso de
descentralizacin poltica que ha tenido como protagonista a las
Comunidades Autnomas. Esta esfera de gobierno ha hecho que los
nuevos gobiernos autonmicos gocen de amplias competencias. Por el
contrario, los gobiernos locales (municipios) en vez de haberse
constituido en el segundo eslabn de la descentralizacin, han
quedado rezagados. Las Comunidades Autnomas son entidades poltico
territoriales dotadas de autogobierno, que constituyen las
principales divisiones administrativas autnomas del Estado espaol.
La Constitucin espaola, aun cuando proclama desde su primer ttulo
la indisoluble unidad de la nacin, reconoce y garantiza el derecho
a la autonoma de las nacionalidades y regiones que la integran.
Sobre este derecho, las comunidades han accedido a su autogobierno,
constituyndose en entidades autnomas sujetas a los respectivos
estatutos de autonoma. Espaa opt por un Estado unitario con amplias
autonomas regionales. A dicha frmula se la denomin Estado Integral
y supona el justo medio entre las concepciones unitaristas y
federalistas. La Experiencia regionalizadora en Italia
La norma que dispone la formacin de gobiernos regionales en
Italia, data de la Constitucin de 1948, pero qued sin aplicacin
durante ms de 20 aos, hasta su reformulacin en 1970.
La introduccin de los gobiernos regionales tuvo su importancia
en el funcionamiento de las regiones, y su diseo result ser
distinto al del gobierno central y al diseo de los gobiernos
locales. A este respecto, se ha dicho: La idea de regin fue
introducida en la Constitucin italiana por los legisladores que, si
bien manejaron varias fuentes, se inspiraron sobre todo en el
ordenamiento de la Segunda Repblica espaola en la que aqulla recibi
una primera y sugestiva actuacin. Los italianos han perfeccionado
el modelo.
En el modelo italiano existen elementos que pueden acercar el
modelo constitucional (unitario) al modelo federal. Este modelo
territorial fue objeto de profundas modificaciones en octubre de
1997, con la aprobacin y posterior confirmacin - mediante referndum
- de la ley constitucional sobre el federalismo.
Las Reformas Administrativas en Italia
El cambio de las organizaciones complejas, como las
administraciones pblicas tanto centrales como locales, no se logra
nicamente a travs de leyes y reglamentos, ya que inciden
considerablemente en l aspectos como: la cultura organizativa, la
tecnologa o el tipo de relacin que se establece con los ciudadanos
y los usuarios de los servicios.
Al aprobarse las leyes de reforma en Italia, se ha ingresado en
una fase de grandes transformaciones. En los aos noventa se ha
introducido una serie de medidas legislativas orientadas a mejorar
el funcionamiento de las administraciones desde la ptica de la
modernizacin, de la recuperacin de la eficiencia y de la mejora de
los servicios a los ciudadanos, aspectos que han sido logrados por
la reforma italiana.
La modificacin del artculo 116 de la Constitucin introduce el
novedoso concepto de regionalismo diferenciado, que significa la
posibilidad o potestad que tienen las regiones para negociar con el
Estado formas y condiciones particulares de autonoma.
El proceso de Regionalizacin en Chile. Antecedentes
La discusin sobre la forma de descentralizar no es nueva en este
pas. A partir de los ltimos veinte aos el proceso asume una dinmica
acelerada, que ha llevado a discusiones encaminadas a determinar
las condiciones y metodologa para lograr una real descentralizacin.
Hubo medidas implementadas durante los aos de rgimen militar en
cuyo caso el proceso de descentralizacin se transforma en un
proceso de traspaso de funciones, ya que el componente democrtico
no estuvo presente. De todas maneras las transformaciones y medidas
tomadas en ese periodo an hoy son la base del sistema institucional
desconcentrado. Como parte del proceso de democratizacin y
modernizacin del Estado chileno iniciado a partir de 1990, se han
impulsado grandes cambios en su estructura, buscando dotarlo de
condiciones ms propicias para impulsar el desarrollo econmico,
social y cultural, y elevar la eficacia y eficiencia en su gestin.
El Gobierno de Aylwin (1990-1994), al promulgar la Ley Orgnica de
Gobierno y Administracin Regional, complement la reforma que ya
haba fortalecido las competencias y recursos de los gobiernos
locales. En el proceso de regionalizacin de Chile, hasta el
presente podemos identificar dos paradigmas:- El paradigma original
de la planificacin, funcional al estado centralizado y limitado a
la Planificacin Regional de espacios escogidos dentro de un pas y -
el moderno y actual, funcional con respecto al Nuevo Orden Econmico
Mundial y a la tecnologa electrnica e informatizada. Evaluando los
Resultados del Proceso ChilenoPara examinar los resultados del
proceso de descentralizacin remontmonos a 1998, ao en que se realiz
un ciclo de seminarios impulsado por el gobierno y que se plasm en
el texto Reflexin y Anlisis sobre el Proceso de Descentralizacin en
Chile. En este documento se plantean algunos desafos que dicen
relacin con el momento en que se encuentra la descentralizacin en
el pas. La reflexin da cuenta que se han logrado avances lentos y
que an existen no pocos aspectos no bien analizados. El problema
fundamental de la descentralizacin en Chile es el hecho que las
transformaciones institucionales introducidas en el intento
desconcentrador, no generan de modo inmediato la cultura que las
acompae. Esto debera transformarse en una relacin entre la oferta
institucional y la demanda de los actores, donde si una avanza
tambin debera avanzar la otra. Los gobiernos democrticos estn
empeados en avanzar en este esfuerzo descentralizador.El Proceso de
Descentralizacin en Bolivia. La Primera Etapa: Las luchas cvicas
por la descentralizacin
Desde los aos 50, la descentralizacin es uno de los temas
centrales de las reivindicaciones de la sociedad civil,
estructurada sta en torno a los movimientos cvicos, por la que se
cuestiona la incapacidad del sistema poltico de representar los
anhelos de los ciudadanos. El concepto de descentralizacin que se
plantea durante esta primera etapa en Bolivia, es de tipo poltico y
la reivindicacin central es el control total del manejo de los
recursos regionales a cargo de mecanismos tcnicos Los entes cvicos
haban avanzado como actores, en su protagonismo y presencia
departamental y nacional, pero no pasaba lo propio con los partidos
polticos. Cuanto ms cerca estaba la aprobacin de un proyecto de ley
sobre descentralizacin, ms renuentes se tornaban en resolver los
temas pendientes de consenso, postergando finalmente su aprobacin
para la siguiente gestin de gobierno. El documento detalla los
antecedentes jurdicos ms importantes vinculados con la
descentralizacin.Segunda etapa del proceso de descentralizacin
A partir de 1994 Bolivia ha experimentado transformaciones
estructurales mediante la dictacin de leyes que han descentralizado
el poder poltico; han asignado mayores recursos y mayor capacidad
de decisin a los gobiernos locales autnomos (alcaldas municipales);
han creado condiciones favorables para una creciente participacin
social en la gestin pblica; y han redefinido y aclarado los roles
de las instituciones pblicas en todos los niveles (Nacional,
Departamental, Provincial y Municipal). La promulgacin de las leyes
de Participacin Popular en abril de 1994 y la denominada de
Descentralizacin Administrativa en 1995, son los principales
instrumentos jurdicos que guardan estrecha relacin con el tema. La
LPP produjo los siguientes resultados: reorganizacin del Estado,
promocin de la descentralizacin de la gestin pblica a nivel local,
apertura a la participacin social y ensanchamiento de la
democracia. La LPP inici un proceso de descentralizacin fiscal, y
convirti al municipio en la instancia ms importante de la gestin
pblica. Con esta Ley la descentralizacin se inici por la va
municipal, pese a que el debate sobre el tema desde principios de
los aos 80 haba centrado su atencin slo en el nivel sub-nacional o
departamental sin haber contemplado la posibilidad de hacerlo a
travs de los municipios. Ley de Descentralizacin Administrativa
La descentralizacin iniciada en el nivel municipal con la LPP,
trat de avanzar hacia el nivel departamental con la promulgacin de
la Ley de Descentralizacin Administrativa (LDA), pero en la prctica
lo que hizo fue desconcentrar funciones del Poder Ejecutivo en
rganos subalternos de su dependencia. Los aspectos ms relevantes de
la LDA son los siguientes: Regula el Rgimen de Descentralizacin
(desconcentracin, segn la definicin adoptada en el Capitulo I del
presente trabajo) Administrativa del Poder Ejecutivo a nivel
departamental, que consiste en la transferencia y delegacin de
atribuciones tcnico-administrativas no privativas del Poder
Ejecutivo Nacional. Establece la estructura organizativa del Poder
Ejecutivo a nivel Departamental constituida por la Prefectura del
Departamento, cuya mxima autoridad es el Prefecto del Departamento,
nombrado por el Presidente de la Republica. En el proceso boliviano
hubo voluntad poltica para descentralizar. Esa voluntad se expresa
en una nueva modalidad para la formulacin de polticas con
participacin municipal, lo que crea condiciones favorables para la
obtencin de consensos entre los niveles municipal, departamental y
nacional y entre actores pblicos y privados. La voluntad poltica
tambin se expresa en la transferencia de recursos de coparticipacin
tributaria a todos los municipios del pas y en la potestad
ratificada a favor de los Gobiernos Municipales para priorizar
inversiones y asignar recursos para financiarlas. Haciendo un
balance
La descentralizacin iniciada en Bolivia a travs de la va
municipal ha demostrado indudables efectos positivos. Esos efectos
se manifiestan en las posibilidades de dinamizacin de la economa
local y en la democratizacin de la sociedad. Lo dicho se expresa en
varios mbitos. En lo econmico, la ejecucin de inversiones con
recursos locales permite incrementar la eficiencia en el uso de los
recursos municipales de inversin. Adems el proceso genera empleo
local y atrae recursos humanos calificados. En el mbito poltico, la
democracia se ha ensanchado y fortalecido, lo que ha permitido que
el sistema poltico mejore en cuanto a legitimidad y
representatividad. Antes el mbito de actuacin del municipio en
Bolivia era estrictamente urbano, lo que marginaba a la poblacin
rural de toda posibilidad de participacin.En este proceso tambin
estn presentes numerosas limitaciones. Por ejemplo, persiste la
enorme debilidad en la capacidad institucional en cuanto a gestin
local y la escasez de recursos humanos y tcnicos capacitados es
considerable. Por otra parte, se nota deficiente la coordinacin de
los municipios entre s y tampoco hay una buena coordinacin con la
gestin pblica departamental y nacional, lo que implica el riesgo de
un extremo localismo y la fragmentacin municipal. Sin embargo, en
algunos casos se ha registrado la formacin de mancomunidades
municipales.Los municipios se han convertido en la unidad bsica de
gestin pblica. Pero para pasar de la administracin burocrtica a la
gestin del desarrollo, es necesario entender que el municipio es un
espacio econmico y que, adems de administradores de infraestructura
y servicios, los Gobiernos Municipales deben convertirse en los
principales promotores del desarrollo en sus jurisdicciones, lo que
implica que su rol fundamental debe ser crear condiciones propicias
para el desarrollo de la economa local, aspecto descuidado. La
Solucin que propone Cabildo
Teniendo en cuenta la existencia en Bolivia de tres niveles de
gobierno, que son: a) el nivel nacional, b) el nivel sub-nacional o
intermedio (gobiernos departamentales) o Poder ejecutivo
desconcentrado y c) gobiernos locales (municipal); y dado que los
gobiernos municipales se encuentran descentralizados, gozan de
autonoma de gestin y cuentan con recursos y patrimonio propio,
queda como preocupacin la constitucin de los gobiernos del nivel
intermedio, hacia lo cual se dirige nuestra propuesta y consiste en
la descentralizacin por la va de la formacin de las autonomas
regionales, sin dejar de aprovechar lo avanzado con el proceso
desconcentrador. Supuestos del Modelo
He aqu algunos supuestos del Modelo:1. Regionalizando el pas, se
lograra una gradual, profunda y efectiva descentralizacin econmica,
administrativa y poltica, partiendo del actual sistema
desconcentrado.1. El gobierno central mantendra su competencia en
la poltica exterior, las Fuerzas Armadas, la seguridad nacional, el
comercio externo, la legislacin e interpretacin de la Constitucin
Poltica del Estado, el control de la moneda y dems tareas de
carcter nacional.1. La regionalizacin se considera como un elemento
de progreso econmico en el que las regiones, como componentes
esenciales del Estado, son testigos de la diversidad y contribuyen
al enriquecimiento de su cultura, su prosperidad econmica y el
respeto a sus tradiciones e historia.
Objetivos del Modelo
Debe quedar bien claro que la descentralizacin no es un fin en s
mismo, sino busca el mejoramiento de las condiciones de vida de los
habitantes, a travs de una mejor asignacin de sus recursos y la
eficiente prestacin de servicios a la poblacin. Para que el modelo
descentralizador responda a este concepto bsico se sugiere los
siguientes objetivos: Fortalecer el sistema democrtico y la unidad
nacional; Incrementar la participacin social; Introducir un sistema
autogestionario, que permita que los ciudadanos manejen sus propios
problemas y satisfagan sus necesidades de la mejor manera, a cargo
de las organizaciones descentralizadas asentadas all donde se
producen dichas necesidades. Consolidar la Autonoma Regional,
definida como creciente capacidad de autogestin poltica regional, y
capacidad de apropiacin del excedente econmico generado en
ella.Pilares o fundamentos del Modelo Descentralizador
Los pilares en que se asentara el modelo seran, entre otros, los
siguientes: Traspaso de funciones a las regiones y reforma del
Estado Descentralizacin econmica y fiscal Establecimiento de
Mecanismos de control eficaces Eficacia de Gestin y Resultados
Principios en que debe sustentarse el Modelo a) El principio de
subsidiariedad, con la atribucin de la generalidad de las tareas y
de las funciones administrativas a los municipios y regiones,
atribuyendo las responsabilidades pblicas con objeto de favorecer
el cumplimiento de funciones y tareas de relevancia social por
parte de las familias, asociaciones y comunidades, a la autoridad
territorial ms prxima a los ciudadanos involucrados.b) El principio
de eficiencia y de economa, incluyendo la supresin de las funciones
y tareas que han pasado a ser superfluas;c) el principio de
diferenciacin en la asignacin de las funciones en atencin a las
distintas caractersticas, incluso asociativas, demogrficas,
territoriales y estructurales de los entes receptores, que el
legislador debe considerar en la asignacin de esas funciones en
favor de los entes.d) los principios de responsabilidad y unicidad
de la administracin, con la consiguiente atribucin a un nico sujeto
de las funciones y de las tareas, mediante la aplicacin del
principio de identificabilidad de un sujeto nico, en que respecta a
la responsabilidad de cada servicio o actividad administrativa.
Instrumentos constitutivos del Modelo: Estatutos propios
Los Estatutos sern la norma institucional bsica de cada Regin
Autnoma y el Estado los reconocer y amparar como parte integrante
de su ordenamiento jurdico.Los Estatutos de autonoma debern
contener: a) La delimitacin de su territorio. b) La denominacin,
organizacin y sede de las instituciones autnomas propias. c) Las
competencias asumidas dentro del marco establecido en la
Constitucin y las bases para el traspaso de los servicios
correspondientes a las mismas. Competencias y atribuciones
Finalmente, es preciso referirnos a las competencias y
atribuciones, definiendo las atribuciones como "las facultades
principales involucradas en la administracin de una competencia",
mientras que las competencias son las reas de responsabilidad
comprendidas en la gestin de un sector o aspecto del
desarrollo.Cabe resaltar que las atribuciones son diferentes para
cada nivel de gobierno. Se ha visto conveniente, para la aplicacin
del modelo propuesto, sugerir las siguientes categoras de
atribuciones: 1) de polticas 2) de control 3) de planificacin 4) de
financiamiento 5) de operacin.CONCLUSIONESDe lo expuesto
anteriormente, se puede concluir lo siguiente:1.- Las luchas
encaradas por la sociedad civil a la cabeza de los comits cvicos
del pas, han sido largas y la reclamacin planteada ha sido la
descentralizacin administrativa, casi por lo general, habiendo
existido planteamientos aislados por obtenerse una descentralizacin
amplia que incluya la descentralizacin poltica y econmica.Al
llegarse a este ltimo planteamiento se entra ya en el terreno del
federalismo, lo cual significaba la introduccin de profundos
cambios constitucionales e institucionales. A la luz de la
experiencia moderna de pases europeos, se ha superado el debate
acerca de unitarismo y federalismo, y se ha llegado a demostrar que
hoy por hoy- es posible adoptar un justo medio, logrando las
ventajas de una amplia descentralizacin a travs de las autonomas
regionales, sin abandonar el sistema unitario y sin atentar contra
la unidad nacional, ms al contrario, llegando a reforzarse esa
unidad.2.- Existe importantes experiencias en el mundo acerca de la
aplicacin de modelos de autonomas regionales (Espaa e Italia) y de
sistemas desconcentrados de regionalizacin, como es el caso de
Chile. De esas experiencias, es posible extraer valiosas lecciones
que bien pueden ser adaptadas y aplicadas en nuestro pas.Se arguye
que la implementacin de las comunidades autnomas en Espaa, es un
fracaso. Sin embargo, Italia se ha inspirado y copiado ese modelo,
mejorndolo e introducindole muchas reformas importantes con
excelentes resultado en su aplicacin.3.- No obstante de haberse
dado en Bolivia, importantes pasos en cuanto a la descentralizacin
y la consolidacin de las autonomas a nivel de gobiernos locales, an
persiste la demanda de mayor descentralizacin de los llamados
gobiernos departamentales. Eso significa que se siente la necesidad
de avanzar en el proceso iniciado con la desconcentracin
administrativa hasta rematar en la descentralizacin mediante las
autonomas regionales. Este eslabn intermedio, es de suma
importancia, por cuanto sirve de bisagra entre el gobierno nacional
y los gobiernos locales.4- Las bases del modelo nacional de
descentralizacin por la va de las autonomas regionales que se
presentan en el presente documento, tiene la virtud de permitir la
unificacin de criterios, la clarificacin de los objetivos por los
cuales se debe luchar y posibilita el diseo de una estrategia que
permita la puesta en marcha del reencauzamiento del proceso de
descentralizacin, democratizante y participativo. Para ello es
menester someter el tema a un amplio debate y a su tratamiento
mediante el enfoque multidisciplinario. [Santa Cruz, 12 de julio de
2003]A.3.2 Argumentos contrarios al Estado MultinacionalEl 2 de
julio de 2007 Cabildo dirigi una carta a Branko Marincovic,
Presidente del Comit Pro-Santa Cruz solicitando audiencia al
directorio de esta Agrupacin, a objeto de hacerle entrega en forma
oficial, del documento que contiene argumentos en contra de la
pretensin de imponer un Estado Plurinacional por parte del
oficialismo. Este trabajo dice la nota - ha sido elaborado por una
comisin integrada por miembros de la Agrupacin Cabildo, como un
aporte a la reconocida lucha por las autonomas departamentales que
viene sosteniendo el Comit Pro-Santa Cruz y que merece la
preocupacin tanto de las instituciones cvicas del pas, como de la
sociedad civil en general.Consideramos seor Presidente, - aade la
carta - que Santa Cruz, a la cabeza de su comit cvico debe
continuar la lucha que ha emprendido hasta conseguir que Bolivia
sea un Estado moderno, plural, incluyente, equitativo, democrtico y
libre del cncer de la discriminacin que tanto dao est haciendo a
nuestra sociedad.A.3.3 Apoyo al Director de El DeberLa Agrupacin
Cabildo en su reunin plenaria de socios, llevada a cabo el da sbado
13 de agosto de 2011, decidi por unanimidad apoyar al Dr. Pedro
Rivero Mercado, Director del Diario EL DEBER y hacerle llegar en
forma personal su voz de aliento, para que persevere como siempre
lo ha hecho en la lucha por los sagrados y elevados intereses de
este bendito terruo que nos viera nacer.Los miembros de la
Agrupacin condenan las denuncias, actitudes y acciones emprendidas
en su contra con el fin de amedrentarlo y poner en zozobra a su
estimable familia, actitudes totalmente carentes de asidero legal y
que solo tienen por fin coartarle su libre pensamiento.Estamos
conscientes que la arremetida contra su estimada persona, - agrega
la nota - est dirigida a mancillar su bien ganado prestigio y su
invalorable dignidad y que es otra patraa ms del centralismo
anacrnico, negativo y succionador que conlleva la malvola intencin
de inmovilizar a nuestros lderes, para aplastar y sojuzgar a este
valeroso pueblo, e imponernos su cultura y su pensamiento retrgrado
Estamos seguros querido Pedro que ninguna obra construida sobre
cimientos deleznables e inspirada en la maldad pueden triunfar y
menos consolidarse en el tiempo, motivo por el cual este embate
contra su dignsima persona caer en saco roto y resurgir su espritu
combativo indemne y fortalecido, como miles de veces lo ha hecho,
dndonos muestras de su valor y coraje.A tiempo de hacer llegar
nuestra ms profunda admiracin al noble periodista cruceo termina la
carta - le reiteramos nuestras expresiones ms sinceras de aliento
para que siga - a pesar de su quebrantada salud al frente y en
primera lnea en la trinchera de lucha.Est firmada la misiva por el
Dr. Mario Surez Riglos PRESIDENTE; y el Dr. Limberg Gutirrez
Carreo, VICE-PRESIDENTE y fechada el 18 de agosto de 2011A.3.4 Otro
importante pronunciamiento de la Agrupacin CabildoEl Directorio de
la Agrupacin Cabildo, en cumplimiento de la recomendacin emanada en
la ltima reunin-almuerzo de socios, de fecha 24 de abril de 2004,
oportunidad en la que se escuch la disertacin del consocio Lic.
Jorge Hurtado Hervas, sobre el tema Nacionalismos Perifricos,
Antesala del Separatismo, emiti el siguiente pronunciamiento sobre
asuntos que se encuentran en debate de la opinin pblica:1.
Referndum sobre venta del gas. Es inadmisible, que nuestro pas,
durante toda su vida republicana ha venido exportado el fruto de la
extraccin de sus recursos naturales, tales como plata, oro, estao,
petrleo, y nunca se nos ha consultado - de ningn modo - sobre la
conveniencia o no de efectuar dichas operaciones. Hoy que nuestro
pas se muere de hambre y que atraviesa una de las crisis ms agudas
de su historia, se quiere someter a referndum, la venta del gas a
pases que les urge contar con este energtico y que por lo tanto
contamos con mercados seguros. Ya ni siquiera se habla de cual ser
el puerto ms conveniente para la exportacin, como se plante
inicialmente, sino simplemente si se est o no de acuerdo con la
venta del gas natural.Indudablemente que lo ms conveniente sera
venderlo luego de su industrializacin, y a un precio que sea
conveniente para el Estado boliviano. Pero dado que las reservas
son cuantiosas, las cantidades a ser industrializadas seran de poca
monta y quedara un excedente bastante considerable para venderlo en
estado natural. En tal sentido, la Agrupacin Cabildo, Otorga: su ms
decidido apoyo al Comit Pro-Santa Cruz y a las instituciones cvicas
y empresariales que han hecho conocer su posicin contraria al
verificativo de dicho referndum.2. Implementacin de las Autonomas
Regionales.- La posicin principista de Cabildo con respecto a las
autonomas regionales, ya es bien conocida, pues ha sido expuesta en
una ponencia presentada al Comit Pro-Santa Cruz y a la Brigada
Parlamentaria Crucea en julio del ao pasado. A fin de acelerar y
concretar el proceso de tan caro anhelo que naci en Santa Cruz y se
extendi al sur y al oriente boliviano, respaldamos las medidas
aprobadas por el movimiento cvico nacional y proponemos algunas
adicionales:a) Respaldamos vigorosamente el propsito del Comit
cvico y de las instituciones cruceas, de llevar a cabo los comicios
para elegir mediante voto popular directo, a nuestros
representantes ante el Consejo Departamental, rindiendo de esta
forma un merecido homenaje de reconocimiento al valiente pueblo de
Camiri. Instamos a que las regiones de Tarija, Beni, Pando y
Chuquisaca, imiten tal actitud.b) Igualmente, debe propenderse a
que la autoridad ejecutiva de la regin, sea elegida por votacin
directa, como medio de fortalecer la democracia participativa y dar
legitimidad a nuestros rganos de direccinc) Sugerimos al movimiento
cvico cruceo, que las instituciones locales, a la cabeza del Comit
Pro-Santa Cruz, convoquen y realicen un referndum en la poblacin de
Santa Cruz, para que se pronuncie sobre si continuamos con el
centralismo secante, perverso, usurpador y negativo, o abrazamos el
modelo de descentralizacin poltica, para contar con un autogobierno
departamental, mediante las autonomas regionales que permita la
construccin de nuestro futuro, el manejo de nuestros recursos y la
profundizacin de la democracia, por medio de una participacin
ciudadana ms amplia. Todo ello con miras a: Obtener una mayor
eficiencia, ms transparencia, y mejor control a travs de una
permanente rendicin de cuentas de nuestros representados.d)
Finalmente, invocamos que el pueblo se mantenga alerta para evitar
que grupos minoritarios, obtengan provecho en favor de sus
intereses particulares, y en desmedro de los altos intereses
colectivos.
A.3.5 Planteamiento para recuperar el control soberano de
nuestros hidrocarburos
El 9 de junio de 2004 Cabildo se dirigi al Agr. Rubn Costas
Aguilera, Presidente del Comit Pro-Santa Cruz preocupada por los
problemas que afectan a toda la Nacin boliviana, e imbuida del
propsito de contribuir a la noble lucha en que est empeado el Comit
Pro-Santa Cruz, para hacerle llegar un planteamiento acerca de la
forma prctica y de bajo costo, de recuperar el control soberano de
nuestros recursos hidrocarburferos.En fechas 25 y 26 de mayo ltimo,
- sealaba la nota - en el diario cruceo El Nuevo Da, nuestro
estimado consocio y secretario general de la Agrupacin, Lic. Jorge
Hurtado Hervas, public un artculo, cuya copia adjuntamos,
proponiendo dos alternativas para que el Estado reasuma el control
de los hidrocarburos, sin necesidad de recurrir a la extrema y
costosa medida de la nacionalizacin.Dichas opciones son las
siguientes:a) Introducir el concepto de accin de oro en los
estatutos de las empresas capitalizadas, accin que sera a favor del
Estado y que le otorgara derecho a veto;b) Compra a favor del
Estado de un pequeo porcentaje de acciones de las empresas
petroleras capitalizadas, que le permita romper el equilibrio de la
actual estructura accionaria de 50-50%, e incrementar la composicin
del Directorio a 9 miembros, 5 de los cuales corresponderan al
Estado, manteniendo los 4 directores que representan a los privados
extranjeros.
En dicho artculo se explica claramente lo que significa la accin
de oro y la experiencia registrada en otros pases, principalmente
europeos.Conviene de nuestro lado, exponer brevemente las ventajas
que reportara al Estado, la aplicacin de cualquiera de las dos
opciones, o una combinacin de ambas:1.- Recuperacin inmediata del
control de los hidrocarburos, que an siguen siendo de propiedad del
Estado, en virtud del mandato de la Constitucin Poltica del
Estado;2.- Evitar la evasin de impuestos y eliminar las prcticas de
contrabando, por cuanto la empresa, al tener mayora estatal, no
puede ni debe incurrir en esos procedimientos;3.- Mejorar
sustancialmente los ingresos del Estado, tanto por participacin,
cuanto por impuestos; y mejorar los sistemas de supervisin y
control;4.- Libertad para que el Estado pueda disponer de sus
recursos, orientar su poltica de comercio exterior y tener la
potestad de darle el uso de esos recursos como arma estratgica de
negociacin;Si se tiene en cuenta la gravedad de la crisis y el poco
inters gubernamental de solucionarla o de siquiera paliarla, estas
ventajas sern de gran importancia para el Estado. Adems, el gas
natural, en vez de ser hoy un factor de discordia, debe convertirse
en un elemento positivo que contribuya a aliviar la crisis, a unir
a los bolivianos y a integrarnos, factores que sin lugar a dudas-
contribuirn a facilitar la ejecucin del tan anhelado y
trascendental proyecto, cual es el de instituir las autonomas
regionales en el pas.Acerca de la viabilidad jurdica de esta
propuesta, conviene hacer referencia a un artculo suscrito por un
especialista en ciencias jurdicas de la universidad de Harvard,
publicado en La Razn de La Paz, el 7 del actual, y cuyo argumento
dice: conforme al origen de la operacin jurdica de la capitalizacin
que tuvo por objeto la adquisicin del 50 por ciento en licitacin,
sta resulta muy posible ofertndole al capitalizador un determinado
valor que pueda ser atractivo para ste, ya que dichas acciones se
encuentran inscritas en el Registro Nacional de la Bolsa de
Valores, y por tanto cotizadas para su transaccin en el Mercado de
Valores sin que exista impedimento legal tanto en la Ley de
Capitalizacin como en disposiciones conexas. En efecto, en la Ley
de Capitalizacin la prohibicin de adquisicin de acciones slo
alcanza al capitalizador y no a la inversa, es decir, el Estado
Boliviano tiene la libertad de adquirir dichas acciones. (Ramiro
Moreno Valdivieso)El Lic. Hurtado ya estuvo presente en el seno de
la Comisin de Hidrocarburos de ese Comit, explicando los alcances
de su propuesta. Si Ud. lo estima necesario, l puede acudir al
Directorio para hacer una amplia exposicin, de tan importante
tema.La carta est suscrita por el Lic. Hugo Espada Montero,
VICE-PRESIDENTE; y Gral Olvis Arias Chvez, PRESIDENTEEl texto de la
propuesta es el siguiente:El control soberano de los hidrocarburos
(propuesta para no incurrir en cuantiosas indemnizaciones).-Jorge
Hurtado Hervas Introduccin
El objetivo de este artculo, es plantear en forma concisa,
alternativas de solucin para reasumir el control soberano del
Estado boliviano, sobre sus recursos hidrocarburferos,
especialmente el gas natural, sin recurrir a medidas desatinadas,
que traeran complicaciones.
Descripcin del problema.-
En la actualidad, como consecuencia de la capitalizacin de la
entidad estatal YPFB, el control absoluto de la cadena de produccin
y comercializacin, ha pasado a manos de las empresas
transnacionales, con grave detrimento para el Estado, tanto en lo
que se refiere a participacin econmica, como a la prdida de
soberana en la disposicin de nuestras riquezas gasferas.El
detonante que agrav esta situacin, fue el referente al
reconocimiento mediante simple decreto supremo, del derecho de
propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo, en favor de las
empresas capitalizadas. A partir del ingreso de las empresas
extranjeras al pas, en su condicin de socias estratgicas, los
mecanismos del Estado se han mostrado o muy complacientes, o
demasiado ineficaces para ejercer el control de esas actividades.
Ello ha permitido que las empresas declaren las utilidades que les
han venido en gana y ha hecho que su aporte tributario sea
demasiado pequeo. Amn de actividades de contrabando detectadas, que
antiguamente eran causal de caducidad de las concesiones bolivianas
mediante simple acto administrativo.Propuestas de solucin.-
Frente a esta situacin se barajan varias propuestas para
enmendar esta injusticia, y para permitir que el Estado obtenga una
mayor participacin, tanto de la produccin bruta como en el aspecto
tributario. Dichas propuestas van desde la abrogacin de la ley de
hidrocarburos, con la subsiguiente aprobacin de una nueva, hasta la
nacionalizacin de las empresas.Consideramos que el debate acerca de
la re-nacionalizacin de los hidrocarburos, es ocioso, por cuanto
ello slo sera necesario en caso de que las reservas del subsuelo
hubiesen sido cedidas o enajenadas a los extranjeros. De acuerdo
con la Constitucin Poltica del Estado, Los yacimientos de
hidrocarburos, cualquiera que sea el estado en que se encuentren o
la forma en que se presenten, son del dominio directo, inalienable
e imprescriptible del Estado. Ninguna concesin o contrato podr
conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos. La
exploracin, explotacin, comercializacin y transporte de los
hidrocarburos y sus derivados, corresponden al Estado Es decir, no
ha habido una transferencia ni una enajenacin, ni un regalo de los
hidrocarburos. Lo que ha habido es una concesin para su usufructo,
mediante decreto y por medio de algunas medidas violatorias a la
Constitucin, decreto que ya, cuanto ha, debi ser derogado por el
actual ejecutivo, sin necesidad de referndum. Una medida como la
re-estatizacin (no olvidemos que ya han habido dos anteriores: en
1937 y en 1969) obligara al Estado a pagar una fuerte indemnizacin
a favor de las empresas transnacionales, que agravara ms la
situacin de endeudamiento del pas y del dficit fiscal.Nuestras dos
alternativas.... y deben haber otras.-
En primer trmino es necesario establecer qu es lo que los
bolivianos nos proponemos. Es decir, cules son nuestros objetivos
en esta materia. Desde nuestra ptica consideramos que ellos son las
siguientes:Alternativas: a) Recuperar el control soberano de los
hidrocarburos, sin traumas ni muchas complicaciones de orden legal.
b) Mejorar nuestra participacin econmica en el negocio de los
hidrocarburos: mayor regala, mayor porcentaje en la participacin
bruta en boca de pozo, y mayores ingresos por concepto de
impuestos.c) Evitar la evasin de impuestos por parte de las
empresas, el artificial abultamiento de los costos y la exportacin
clandestina.d) Disposicin libre y soberana de nuestro gas, exportar
donde el Estado vea por conveniente, a precios adecuados y utilizar
estos recursos como factor de negociacin. En tal sentido,
proponemos una de las siguientes dos medidas:1) Introducir el
concepto de accin de oro en los estatutos de las empresas
capitalizadas, a favor del Estado;2) Compra a favor del Estado de
un porcentaje pequeo de acciones, que le permita romper el
equilibrio del 50-50%, e incrementar la participacin de miembros
del directorio a 5 del sector pblico, frente a los 3 actuales de
los privados extranjeros.4.1 Qu es la accin de oro y para qu
sirve.- Son derechos que se reserva el Estado cuando privatiza una
sociedad pblica para poder controlar algunas decisiones de la
sociedad privatizada. A esta reserva que se hace el Estado es a la
que se conoce como Golden Share o Accin de Oro. Se dir que en
nuestro caso no es privatizacin, sino capitalizacin. No
discutiremos cuestiones semnticas, porque en el fondo es lo mismo,
ya que YPFB, empresa estatal, fue convertida en privada. Con esta
medida, el gobierno se reservara unos privilegios mediante los
cuales puede controlar cuestiones importantes de las empresas
enajenadas, tales como: las alianzas, el ingreso de nuevos
accionistas o las fusiones. Esta es una figura habitual en las
privatizaciones de empresas de pases europeos, pertenecientes a
sectores estratgicos como telecomunicaciones, energa o banca.
Espaa, por ejemplo, siempre ha tenido claro que la golden share era
un instrumento para evitar una renacionalizacin de empresas muy
sensibles, muy importantes, que haban sido privatizadas.Esta
modalidad ha sido utilizada ampliamente en Europa. El pas pionero
fue nada menos que Gran Bretaa, el abanderado de la privatizacin,
seguido por Italia, Espaa, y otros. En Amrica Latina, Argentina
hizo uso de ese derecho en algn periodo y luego lo perdi.En el
mbito europeo, la accin de oro se la define como el derecho de veto
o de autorizacin administrativa previa que los gobiernos europeos
mantienen sobre ciertas actuaciones de sus empresas privatizadas
(disolucin, escisin, fusin, cambio del objetivo de la empresa,
venta de activos o venta de acciones).4.2 Compra forzosa de
accionesLa otra medida alternativa sera basada en el artculo 135 de
la CPE hacer que el Estado boliviano, mediante ley expresa de la
Repblica, obligue a las empresas transnacionales capitalizadoras, a
transferir - a ttulo oneroso - una pequea fraccin de sus acciones,
que no pasara del 1% a favor del Estado, con lo cual se llegara a
tener derecho a la incorporacin de un nuevo director. Otro director
sera creado por la misma ley, para que el Estado tenga mayora y as
tenga poder de decisin. Con ello no necesitaramos hacernos de mala
sangre para recuperar los hidrocarburos en boca de pozo, por cuanto
pasaran al control soberano del Estado. Los otros tres directores
seran designados por el Poder Ejecutivo, de terna del Senado y ya
no por las AFP.
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