Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré, como un anillo, al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he segado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. En el principio, Blas de Otero. AYOTZINAPA: EL DÍA QUE MÉXICO VOLTEÓ HACIA GUERRERO. VOCES Y CONTEXTO Por Alejandro Álvarez Sánchez FOTOGRAFÍA Dalila Severiano Garcés 25 de octubre de 2014
Reportaje de investigación sobre la norma Isidro Burgos de Ayotzinapa. Por Alejandro Álvarez
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Si he perdido la vida, el tiempo, todo
lo que tiré, como un anillo, al agua,
si he perdido la voz en la maleza,
me queda la palabra.
Si he sufrido la sed, el hambre, todo
lo que era mío y resultó ser nada,
si he segado las sombras en silencio,
me queda la palabra.
Si abrí los labios para ver el rostro
puro y terrible de mi patria,
si abrí los labios hasta desgarrármelos,
me queda la palabra.
En el principio, Blas de Otero.
AYOTZINAPA: EL DÍA QUE MÉXICO VOLTEÓ HACIA
GUERRERO. VOCES Y CONTEXTO
Por Alejandro Álvarez Sánchez
FOTOGRAFÍA
Dalila Severiano Garcés
25 de octubre de 2014
Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos
La Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos llegó a Ayotzinapa, Guerrero, en los años 30 del siglo
XX, luego de haber sido fundada en 1926, en Tixtla, una ciudad aledaña.
Formó parte del programa educativo impulsado por el estado mexicano, con el objetivo de masificar
la educación. Pero el proyecto de las escuelas Normales Rurales fue más allá, ya que no solo formó
profesores, sino que también fue la cuna de movimientos sociales. En la Normal de Ayotzinapa se
formaron líderes sociales como Lucio Cabañas Barrientos, Genera Vázquez Rojas y Othón Salazar
Ramírez, quienes encabezaron movimientos guerrilleros durante el siglo XX.
Esta escuela tiene como una de sus funciones formar a profesores de educación primaria, y se enfoca
en capacitar docentes para escuelas rurales, a partir de un sistema de interinato. Pero los alumnos
además de recibir esta formación académica, también acuden a talleres que fortalecen su formación
política, sus herramientas discursivas y su formación social.
De esta institución han egresado 88 generaciones de maestros, que provienen de diversos estados del
país, como Oaxaca, Chiapas, Puebla, Distrito Federal, Tlaxcala, Sonora, además de Guerrero, entre
otros. Actualmente cuenta con más de 500 estudiantes, de acuerdo con información de Animal Político.
Antecedentes
El historial de violaciones a los derechos humanos de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl
Isidro Burgos es largo, al igual que su postura crítica hacia el gobierno. El último caso de agresión
sucedió hace más de tres años, el 12 de septiembre de 2011, cuando Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel
Echeverría de Jesús, estudiantes de esta escuela, fueron asesinados al recibir disparos de policías
federales y estatales, así como de agentes ministeriales, durante el violento desalojo de un grupo de
alumnos de esa escuela, quienes bloqueaban la Autopista del Sol México-Acapulco y la carretera
federal, a la altura de Chilpancingo.
En ese entonces, los estudiantes de Ayotzinapa buscaban una audiencia con el Gobernador de
Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, a quien le exigían la reanudación de las clases en la Normal, las cuales
estaban suspendidas desde el 2 de noviembre, debido a que los maestros pretendían imponer como
director a Eugenio Hernández García, a quien los alumnos acusaban de represor.
También exigían el aumento de la matrícula escolar de 140 a 170 plazas para el ciclo 2011-2012 y que los
aspirantes que tuvieran promedio de siete de calificación pudieran realizar el examen de admisión.
El asesinato de los dos estudiantes generó protestas y manifestaciones en Guerrero, y en varias partes
de México. Más tarde, el 14 de diciembre, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, que en ese
entonces encabezaba García Luna, difundió el resultado de un peritaje que realizó, en el que estableció
que un agente de la Policía Ministerial de Guerrero, vestido de civil, era el responsable de la muerte
de uno de los dos estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.
La investigación de la SSP no esclarecía por completo las circunstancias del asesinato de los dos
normalistas de Ayotzinapa, ni sentaba las bases suficientes para que los familiares de los dos
estudiantes asesinados encontraran la justicia que llevaban exigiendo por más de un año, por lo que
el 13 de diciembre de 2012, miles de personas realizaron protestas en la capital de Guerrero, exigiendo
al gobernador castigo a los responsables, tanto materiales como intelectuales.
Dentro de la protesta, el director del Centro de Derechos Humanos de la
Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, recalcó que el gobierno
de Guerrero no había cumplido las recomendaciones que la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había emito respecto a estos
asesinatos. El caso sigue abierto hasta la fecha.
Ataques en Iguala del 26 de septiembre
“Chalma”, originario de Tijuana, es uno de los normalistas que se encontraban boteando en Iguala, y
explica que una vez que Pineda Villa terminó su informe de labores, los normalistas tuvieron un
enfrentamiento con los policías que resguardaban el evento, de acuerdo a declaraciones recogidas por
Reporte Índigo el 9 de octubre.
“Para detener la acción de los policías tuve un pequeño jaloneo con el uniformado, agarre lo que fue
la culata del rifle y me amenazó que si no lo soltaba iba a disparar contra nosotros y siguió el jaloneo.
Lo tomé por la espalda y empecé a jalar el rifle, solo veía que era gordo y moreno”, explica.
El normalista narra que el policía disparó una ráfaga hacia el suelo, y después levantó su arma y
disparó contra los estudiantes a una distancia de un metro.
Para protegerse de los disparos, los estudiantes subieron a los autobuses y avanzaron. En el trayecto,
los policías siguieron disparando, eran como diez patrullas, asegura “Chalma”, quien alcanzó a
distinguir que todas eran de la Policía Municipal.
El camión iba con las llantas ponchadas, y casi al llegar a la carretera, los policías atravesaron una
patrulla, impidiendo el paso del autobús, bajándose para ubicarse detrás de la unidad, a una distancia
de unos veinte metros, momento en el que empezaron a apunar sus armas hacia los vehículos de los
normalistas, recuerda.
Con el recuerdo latente del asesinato de dos normalistas en 2011, el
26 de septiembre de este año ocurrió otro suceso que permanecerá
en la historia de la Escuela Normal Rural René Isidro Burgos.
Ese día, un grupo de normalistas provenientes de Ayotzinapa arribó
a Iguala por la tarde con el objetivo de recolectar fondos para
trasladarse a la marcha que se celebraría el 2 de octubre en la capital
del país, por el 46 aniversario de la masacre estudiantil de Tlatelolco
en 1968, así que desde las seis de la tarde empezaron a “botear” en la
Plaza de las tres Garantías, ubicada en Iguala, de acuerdo a
testimonios de los normalistas.
Al mismo tiempo, Ángeles Pineda Villa, presidenta del DIF y esposa
del alcalde de Iguala José Luis Abarca, presentaba su segundo
informe de labores, y al percatarse de la llegada de los normalistas,
ordenó a Felipe Flores Velázquez, titular de Seguridad Pública,
detener la movilización, ya que consideró que los estudiantes
“reventarían” su evento, de acuerdo a un informe del Centro de
Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
Después, los estudiantes se bajaron y rodearon a los policías, ya que los jóvenes del tercer autobús
estaban siendo cercados por elementos policiacos.
“Me puse atrás de un policía municipal, el cual ya había cortado cartucho y estaba apuntando sus
armas, disparaban y en eso observamos que a los del tercer autobús los estaban bajando los
municipales, los tenían sometidos, eran como diecisiete o dieciocho, y policías eran alrededor de
sesenta o más”, detalla.
Narra que en este segundo ataque a muchos estudiantes los tuvieron un rato en el suelo, y observaba
que había normalistas heridos. A “Chalma” y otro grupo de 25 normalistas los quisieron convencer
para que se entregaran, mientras que a los estudiantes que bajaron del autobús que tenían cercado se
los llevaron, recuerda.
Transcurrió una hora para que los policías se retiraran del lugar. En ese momento, arribaron alumnos
del Centro Regional de Educación Normal (CREN), así como otros de Ayotzinapa.
Los autobuses estaban llenos de sangre. Los cristales rotos. En su interior había balas percutidas,
recuerda “Chalma”.
“Los disparos eran a matar. Nos cazaron como perros, como si fuéramos peor que unos delincuentes”,
relata otro estudiante.
Un autobús donde viajaban jugadores del equipo de futbol de tercera división Los Avispones, también
recibió impactos de bala, por lo que el vehículo se desbarrancó. En el ataque perdieron la vida el chofer
de la unidad Víctor Manuel Lugo Ortiz y el futbolista David Josué García Evangelista, de 14 años de
edad.
En ese ataque, un taxista que pasaba por allí también resultó herido y su pasajera, Blanca Montiel
Sánchez, murió. Mientras que otras cuatro personas resultaron heridas por los disparos.
Las agresiones continuaron, ya que entre las 11 y 12 de la noche, los normalistas convocaron a una
conferencia de prensa para denunciar el ataque que habían sufrido, pero en plenas declaraciones,
delante de medios de comunicación, un grupo armado arribó al lugar, abriendo fuego por un lapso de
15 minutos, de acuerdo con testimonios de algunos de los normalistas, recogidas por El Universal el
28 de septiembre.
En ese ataque, que se desarrolló a un lado de los
camiones de los normalistas, que había sido
baleado en la primera agresión, quedó herido
gravemente el indígena huave Edgar Andrés
Vargas, originario de San Francisco del Mar,
Oaxaca, al recibir el impacto de una bala en la
boca.
De acuerdo a un testigo anónimo, fue en ese
tercer ataque cuando decenas de los normalistas
desaparecieron, según información publicada
por Animal Político el 7 de octubre.
Al mediodía del sábado, los estudiantes realizaron una nueva conferencia de prensa, en donde padres
de familia y dirigentes estudiantiles denunciaron que fueron ejecutados los alumnos Daniel Solís
Gallardo, oriundo de Zihuatanejo, así como Yosivani Guerrero, del pueblo de Omeapa, municipio de
Tixtla; en tanto que a Aldo Gutiérrez Solano, originario de Ayutla de los Libres, se le dictaminó muerte
cerebral.
Ese mismo día, en la carretera en la que fueron asesinados los estudiantes, se halló el cadáver de un
joven con huellas de tortura y la cara desollada. No se aclaró si pertenecía al grupo de los normalistas,
sin embargo la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero (PGJE) estableció que con esta víctima
se contabilizaban seis muertes.
Más tarde, el comité estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa daría a conocer que el joven
asesinado era Julio César Mondragón, alias “El Chilango”, estudiante de la Escuela Normal Rural “Raúl
Isidro Burgos”, originario del Distrito Federal, quien cursaba el primer año de su Carrera Profesional.
Entrada la noche, a través de un comunicado, el gobierno de Iguala anunció la cancelación del segundo
informe del alcalde perredista José Luis Abarca Velázquez tras los hechos violentos registrados el fin de
semana.
Pero supuestamente, el alcalde desconocía la gravedad de los hechos que habían ocurrido en esa
cabecera municipal. Fue entrevistado el viernes a las 22:50 horas, y señaló que “la policía lanzó unos
disparos al aire; eso es todo. No me reportan un solo herido ni un solo muerto”.
“Fue una provocación, y lo entendemos porque los ayotzinapos llegaron exactamente ahí, en un camión
robado, como siempre. Me gustaría que en caso de que hubiera algún detenido declare quién los
contrató, porque esos muchachos no viven aquí, no tienen nada que hacer aquí”, declaró.
43 desaparecidos
Los desaparecidos no pertenecen al ayer,
pero en el presente se encuentran difusos.
Son como fantasmas con nombre propio y
apellido. Son como huellas que se niegan a
borrarse. Aunque no se pueda hablar con
ellos, ni se sepa dónde están, tienen ojos y
vos, tienen sonrisas, tienen sueños. Porque
los desaparecidos nunca serán, siempre
son, y son personas: una hermana, un
padre, una hija, un amigo.
Al siguiente día de los ataques en contra de
los normalistas en Iguala, integrantes del
comité estudiantil de la Normal Rural de
Ayotzinapa Raúl Isidro Burgos
denunciaron la desaparición de 58
estudiantes, en conferencia realizada en
las instalaciones de la normal de
Ayotzinapa.
Entre los supuestos que manejaban acerca
de la ubicación de sus compañeros,
mencionaron que tenían indicios de que
algunos normalistas se encontraban
retenidos en el cuartel del 27 Batallón de
Infantería con sede en Iguala, mientras que
otros podrían encontrarse en
inmediaciones de los cerros tratando de
llegar a un lugar seguro.
La reacción del gobierno estatal consistió en la difusión de un comunicado, donde confirmó la
desaparición de 58 normalistas desde la madrugada del sábado y anunció el inició de la averiguación
previa AEBPNL/49/2014, así como acciones para buscar y tratar de localizar a los estudiantes.
El secretario de Seguridad Pública de ese estado, Felipe Flores Velázquez, entregó a las autoridades
de la PGJE de Guerrero, días después de la violencia registrada en Iguala, copias de la licencia colectiva
para la portación de armas de los policías municipales de ese municipio, además de la relación de
armamento de los municipales y la del personal.
Pero de lo ocurrido el
viernes 26 de septiembre,
no dijo nada. De acuerdo a
información de Reporte
Indigo publicada el 8 de
octubre, Flores Velázquez
argumentó que no pudo
obtener un informe oficial
de sus policías ni
comandantes porque la
mayoría estaban detenidos.
“No tengo conocimiento de
quién haya disparado
alguna arma de fuego en
contra de determinada
personal, ni menos aún tengo conocimiento como ocurrieron estos hechos”.
El 30 de septiembre trascendió que 14 de los normalistas habían sido localizados, ya que después de los
ataques violentos salieron de Iguala, refugiándose en sus casas, por lo que la cifra de desaparecidos
quedaba en 43 estudiantes, señaló en entrevista con Radio Fórmula, Uriel Alonso Solís, representante
del Comité Estudiantil de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
Días después de la agresión en Iguala, varios normalistas se presentaron en las instalaciones de la PGJE
para rendir sus declaraciones, además, por medio de un álbum fotográfico que contenía los rostros de
los elementos policiales de Iguala, pudieron identificar a 20 policías que participaron en el ataque del
26 de septiembre, asentando, también, el número de identificación de varias patrullas que se
encontraban en ese lugar.
Pero los policías arrestados se declararon inocentes, argumentando que ese día descansaron y no
estuvieron en labores, mientras que otros aseguraron que no escucharon nada por el radio de la policía,
de acuerdo a declaraciones recogidas por Reporte Indigo, publicadas el 10 de octubre.
“Posteriormente me enteré por la misma vía de radio, que había problemas en el periférico Norte y por
mi parte yo no me acerqué, de ahí se quedó en silencio el radio (…) de aquí en adelante ya no me di
cuenta de nada”, declaró uno de los policías arrestados.
El presidente Enrique Peña Nieto se pronunció acerca de este caso 4 días después de los sucesos
violentos de Iguala, ofreciendo apoyo al estado de Guerrero en la investigación de los hechos ocurridos
en Iguala el viernes 26, aunque pidió al gobierno de Ángel Aguirre que asumiera su responsabilidad.
“Me parece que es muy lamentable lo que ha ocurrido, me parece que es un hecho que merece toda la
investigación a fondo y a profundidad para deslindar responsabilidades, saber quiénes fueron los
responsables de la ley en este caso”, expresó el mandatario.
El silencio que mantenía el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue interrumpido justo el
día en que el presidente Enrique Peña Nieto lo había invitado públicamente a asumir su
responsabilidad por la violencia que aqueja a la región, por lo que aparte de pronunciarse acerca del
caso de Iguala, señaló que la seguridad en el estado era una responsabilidad de los tres niveles de
gobierno.
En cuanto a su posicionamiento acerca de las muertes, así como de los normalistas desaparecidos,
Aguirre Rivero afirmó que “la investigación no se ha concluido, vamos a seguir adelante y vamos a ir
hasta donde esto tope, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”.
A dos semanas del ataque a los normalistas registrado en Iguala, las autoridades de Guerrero
levantaron cargos en contra de alcalde de ese municipio José Luis Abarca, quien ya se había amparado
y para ese entonces se desconocía su ubicación.
Ante la incertidumbre de por qué Abarca no fue detenido después de la matanza en Iguala, el fiscal de
Guerrero explicó que el alcalde contaba con un fuero, por lo que no podía ser detenido ni procesado,
pero aseguró que ya se trabajaba en la revocación de ese amparo, para acusarlo de omisión de
responsabilidades.
El secretario de Seguridad Pública de ese estado, Felipe Flores Velázquez, uno de los personajes
centrales en el ataque perpetuado en Iguala, al ser el encargado de los policías durante la noche de la
agresión, tampoco había sido arrestado, ya que de acuerdo al fiscal no habían encontrado motivos
para arrestarlo, debido a que había colaborado con el caso, al haber presentado a los primeros 22
policías acusados de participar en el asesinato y desaparición de los normalistas. Para cuando se realizó
una orden de aprensión en su contra, el 9 de octubre, el jefe policial se encontraba prófugo.
La hermana de uno de los normalistas desaparecidos, en entrevista con David Monroy de Milenio, el
20 de octubre, recordó que “cuando mi mamá supo lo que estaba pasando allá (Iguala), se fue para allá
para traérselo. Era el 28 de septiembre. Cuando llegó, le dijeron que su hijo no aparecía, que no lo
encontraban, y ella preguntó ¿cómo que no lo encuentran?... y entonces ella se quedó, y desde
entonces no ha regresado... lo busca en cerros, en montes, en todos lados, por eso mi otro hermano se
fue para estar con ella".
En las instalaciones de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos se encuentran los familiares de los
normalistas desaparecidos. Se les pude
ver leyendo periódicos, o sentados en
bancas mientras observan un punto en
el espacio. Sostienen cartulinas con las
fotografías de sus hijos. Son
campesinos, ojalateros, amas de casa.
Algunos llegaron al siguiente día de los
ataques en Iguala. Llevan semanas
esperando. Todos tienen la misma
exigencia, quieren a sus hijos de vuelta,
con vida.
“Cuando vemos que las personas se pierden o desaparecen, pues nos compadecemos, pero ya cuando te
pasa, se siente horrible. Es un sentimiento que a nadie se lo deseamos. ¿Cómo se siente? Pues para aquellas
personas que -quizás- han pedido a un familiar, cuando alguien fallece, es el mismo dolor, es el que
estamos sintiendo ahorita, nada más que en nuestro caso, nuestro sufrimiento es a diario, día a día,
minuto a minuto... es como estar muriendo lento", concluye la hermana de uno de los normalistas.
Guerrero grita…
El estado de Guerrero, actualmente es la
entidad más violenta del país, con una
tasa de homicidio de 69.57 asesinatos
por cada 100 mil habitantes, de acuerdo
al estudio más reciente publicado por el
Consejo Ciudadano para la Seguridad
Pública y la Justicia Penal.
La situación de violencia que se vive en
este estado, quedó acentuada con el
ataque que sufrió un estudiante alemán
del Tecnológico de Monterrey, quien
resultó herido el 12 de octubre, cuando
la camioneta en la que viajaba con otros
cuatro estudiantes recibió varios
disparos de la Policía Ministerial estatal.
Y en ese estado, la violencia no repercute
solamente en estudiantes. Los políticos
también han sido afectados por estos
actos, el último caso es el asesinato de
Braulio Zaragoza Maganda, quien era el
líder del PAN en Guerrero.
En este caso, el procurador de Guerrero,
Iñaky Blanco, dio a conocer que el
asesinato fue perpetuado por los
hermanos Aldy Manuel y Eder Gonzales
Rodríguez, quienes eran ex militantes panistas, y realizaron el homicidio a petición de Benito Manrique
Contreras, miembro del Comité estatal panista, por lo que el homicidio tuvo “un móvil político”, de
acuerdo a Blanco, según información difundida por El Universal el 18 de octubre.
Dentro de este contexto de violencia, el 26 de septiembre fueron asesinadas seis personas en el
municipio de Iguala, mientras que 43 estudiantes desaparecieron. La reacción de la sociedad
guerrerense no se hizo esperar. Trabajadores de las nueve normales públicas de Guerrero anunciaron
un paro de labores a partir del lunes 29 de septiembre, para exigir la renuncia del alcalde de Iguala,
José Luis Abarca, además de que se investigaran a fondo los ataques realizados por policías
municipales contra normalistas.
Y no solo hubo paro de actividades, el lunes al menos dos mil estudiantes marcharon en la capital de
Guerrero para exigir que se presentaran con vida los 57 estudiantes que permanecen desaparecidos
desde los hechos violentos registrados en Iguala.
Los inconformes arribaron a la sede del Congreso local para exigir una reunión con los diputados
locales, pero los legisladores no los recibieron, lo que provocó que los manifestantes entraran en la
sede del Congreso, lanzando piedras contra los vidrios, e incendiando la biblioteca del recinto.
Con protestas de los normalistas en varios municipios de Guerrero, con casetas tomadas y con un
ataque a la sede del Congreso local, el Procurador General de Justicia del estado de Guerrero (PGJE),
Iñaky Blanco, informó el 30 de septiembre que la policía de Iguala había hecho un excesivo uso de
fuerza en contra de los normalistas, además de que su reacción no fue adecuada, ni se justificaba el
uso de armas de fuego, los 43 normalistas seguían desaparecidos.
En declaraciones a Milenio Televisión, el procurador de Guerrero dijo
que también se investigaba “la probable responsabilidad” del
secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores, y del alcalde
José Luis Abarca.
Y mencionó tibiamente algo que en muchas partes de Guerrero no
causó sorpresa: la participación de grupos delincuentes en la agresión
contra estudiantes normalistas.
En Guerrero se seguían escuchan voces que clamaban justicia para
los normalistas de Ayotzinapa. El 2 de octubre se realizó otra marcha
para condenar la masacre de Iguala, en la que se bloquearon todos
los carriles de la autopista del Sol. En las calles marchaban
normalistas de Ayotzinapa, padres de familia, miembros de
organizaciones sociales y del magisterio disidente, dejando claro que
la protesta por este hecho no se concentraba solamente en las escuelas normales rurales.
No solo marchaban personas por las calles de Guerrero, el 7 de octubre arribó a ese estado un grupo de
170 policías pertenecientes a la división de la Gendarmería Nacional, quienes llegaron con la tarea de
asumir el control de seguridad en el municipio de Iguala.
El arribo de los elementos de la Gendarmería se dio unas horas después de que el grupo delictivo
Guerreros Unidos solicitara a las autoridades que liberara a los 22 policías detenidos tras el acto violento
de Iguala, de lo contrario, advirtieron que revelarían los nombres de los políticos que colaboran con esta
agrupación criminal.
A la sociedad guerrerense se le empezaba a terminar la paciencia. Ya no solo exigían la aparición con vida
de los normalistas, sino también la renuncia del gobernador y del presidente municipal de Iguala. No solo
incrementaban las demandas, también aumentaba la gente que marchaba en las calles de la capital de ese
estado, en la manifestación que se celebró el 9 de octubre, se contabilizaron más de 10 mil personas, de
acuerdo a cifras de La Jornada.
Las protestas se empezaron a radicalizar. En la marcha del 13 de octubre en la capital de Guerrero,
estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, acompañados por maestros de la Coordinadora Estatal de
Trabajadores de la Educación Guerrero, incendiaron el Palacio de gobierno, además de realizar pintas y
romper vidrios en las inmediaciones de este inmueble. Era el primer edificio que incendiarían como parte
de los reclamos por la desaparición de 43 normalistas, además del asesinato de tres estudiantes.
Las marchas que se han realizado en Guerrero para exigir la aparición de los 43 normalistas desaparecidos,
han estado encabezada por los padres de familia, en una de ellas, Manuel Martínez, padre de un
estudiante desaparecido, portaba una gran lona, en donde aparecen los nombres de los estudiantes
extraviados.
Mientras seguía caminando, declaró que “vamos a pedir que nos hagan la entrega de los 43 jóvenes
desaparecidos, o de lo contrario, nosotros vamos a demostrar que es capaz la ciudadanía del estado de
Guerrero, cuando el estado ya está molesto, está cansado de tanta porquería, de tanta injusticia”.
Guerrero empezaba a ser una bomba de tiempo. La paciencia de los familiares de los desaparecidos se
terminaba. Las manifestaciones crecían cada día, y con el transcurso del tiempo, más estados de México
se unían al reclamo que exige la presentación con vida de los estudiantes. Y en el mundo también
marchaban. En países como España, Venezuela, Alemania y Estados Unidos, los estudiantes salían a las
calles exigiendo justicia para los normalistas de Ayotzinapa.
“Lo único que queremos que aparezcan los jóvenes, que aparezcan nuestros hijos, porque ya estamos
hartos, estamos cansados de que las autoridades federales tampoco estén haciendo algo por la búsqueda
de nuestros hijos, entonces nosotros mismos vamos a buscar la manera de que se nos haga la entrega de
nuestros hijos, vivos, porque vivos se los llevaron”, explicaba Manuel Martínez en un enlace con Carlos
Reyes el 17 de octubre.
Mientras que en la capital de Guerrero y otros municipios del estado, se llevaban a cabo protestas para
exigir la aparición con vida de los normalistas, además de condenar el asesinato de seis personas en Iguala,
el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (EPRI) anunciaba medidas en contra del gobierno.
“En el ambiente de terror del narco-Estado que vive México, se hace necesario el ejercicio de la
autodefensa. Se hará lo que se tenga que hacer y lo hará quien lo tenga que ejercer, sea de los nuestros o
no”, advertía el EPRI en su segundo comunicado, emitido el 19 de octubre.
Por su parte, las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP) denunciaban que “los tres partidos
políticos y los tres niveles de gobierno son culpables” de los hechos ocurridos en Iguala. Además exigían
la presentación con vida de los estudiantes.
De acuerdo con Reporte Indigo, María de los Ángeles Pineda Villa convirtió su presidencia del DIF de
Iguala en una precampaña con la intención de convertirse en la próxima alcaldesa de Iguala.
En días posteriores a la agresión de un grupo de normalistas en esa localidad, se dio a conocer que la
presidenta del DIF pertenece a la familia del Clan Pineda, un grupo del narco que operó conjuntamente
con el Cártel de los Beltrán Leyva.
Dos de sus hermanos -Alberto Pineda Villa, alias “El Borrado”, y Marco Antonio Pineda Villa, alias “El
MP”- eran cabecillas de este grupo del crimen organizado, quienes fueron ejecutados hace cinco años,
presuntamente por el mismo cártel.
Sin embargo, su otro hermano, Salomón Pineda Villa, alias “El Molón”, quien estaba recluido en el Cefreso
de Matamoros por delitos contra la salud, salió en libertad el año pasado, y actualmente es uno de los
presuntos líderes del grupo delictivo Guerreros Unidos.
En Guerrero no solamente existe un clima de violencia, también está la relación que tienen algunos
políticos con miembros del crimen organizado. Tal es el caso del ex alcalde de Iguala y su esposa, quienes
sostenían trato con el grupo criminal Guerreros Unidos, de acuerdo a testimonios de Sidronio, testigo de
la PGR, difundidas por Milenio el 23 de octubre.
Además, identificó a María de los Ángeles como la principal operadora de Guerreros Unidos desde la
presidencia municipal, en compañía de su marido y del secretario de Seguridad local, Felipe Flores
Velázquez.
También reveló que José Luis Abarca pagaba entre dos y tres millones de pesos a Guerreros Unidos para
tener bajo control la localidad; al menos 600 mil pesos eran usados para control de la policía local.
Cabe señalar que el 14 de octubre, en entrevista con Carmen Aristegui, el gobernador de Guerrero, Ángel
Aguirre, afirmó que él mismo había hablado con funcionarios de la PGR, el Ejército y el Cisen, sobre los
vínculos del alcalde de Iguala con el crimen organizado. "Tengo entendido que se abrió una averiguación
previa por eso, " declaró esa ocasión.
Además, el 16 de octubre Aguirre destituyó de su cargo a Lázaro Mazón, secretario de Salud, al encontrar
que tenía una relación de amistad con el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.
El secretario de salud, en días anteriores, había sido destapado como precandidato a la gubernatura de
Guerrero por parte del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Narcotráfico y gobierno
Las protestas en apoyo a los normalistas empezaron a
extenderse fuera de Guerrero. En Chiapas se anunció una
marcha en solidaridad con los normalistas desaparecidos, en
la que participarían maestros, campesinos, estudiantes y
activistas.
Las manifestaciones para exigir la presentación con vida de
los 43 normalistas desaparecidos continuaron. El 9 de
octubre, en por lo menos 25 estados miles de personas
salieron a manifestarse en favor de los normalistas de
Ayotzinapa, todos con la misma exigencia: ‘‘¡Vivos se los
llevaron, vimos los queremos!’’.
Hubo marchas en Oaxaca, Michoacán, Querétaro, Veracruz,