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Facttum 6, 2009, pp. 77-97ISSN
1989-9092http://www.revistafactotum.com
Variaciones latinoamericanas en torno al concepto de
ciudadana
Luciano Nosetto
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires
(Argentina)E-mail: [email protected]
Resumen: A partir de la conceptualizacin de la ciudadana operada
por el socilogo ingls T.H. Marshall, varios cientistas sociales y
polticos latinoamericanos han articulado inflexiones y reparos que
han contribuido a enriquecer y complejizar el pensamiento de la
ciudadana en la regin. Es el objetivo de este trabajo dar cuenta de
la productividad de estas inflexiones en la redefinicin y el debate
en torno al concepto de ciudadana. Para ello, se opta por una
estrategia analtica consistente en problematizar las diferentes
dimensiones inherentes a la nocin de ciudadana, identificando sus
elementos extensivos, intensivos y dinmicos.Palabras clave:
ciudadana, T. H. Marshall, Amrica Latina.
Abstract: From the starting point of T.H. Marshall's cannonical
conceptualization of citizenship, several Latin American scholars
have considered the accuracy of this notion when it comes to
understand the social and political processes of the region. The
aim of this paper is to analyze the various inflections operated
upon the notion of citizenship within Latin American thought. This
exercise is developed through an analytical strategy, aimed at
identifying and problematizing the various dimensions i.e.
extensive, intensive and dinamic, that characterize this
concept.Keywords: citizenship, T. H. Marshall, Latin America.
1. Introduccin
El pensamiento social y poltico contemporneo en torno al
concepto de de ciudadana ha sido articulado en gran parte a partir
del espacio de reflexin habilitado por el aporte cannico del
socilogo ingls Thomas H. Marshall. En una serie de conferencias que
dict en Cambridge en el ao 1949, Marshall propuso un anlisis del
concepto de ciudadana que identificaba la pertenencia a una
comunidad poltica con la titularidad de derechos de diverso tipo.
Mediante una lectura de la historia inglesa, Marshall propone
abordar la ciudadana como un proceso escandido en tres ondas de
universalizacin de derechos: al siglo XVIII corresponde el
reconocimiento de los derechos civiles; al XIX, la universalizacin
de los derechos polticos; y al siglo XX, el reconocimiento de los
derechos sociales. De modo que el concepto de ciudadana se
constituye para Marshall a partir de una
progresiva adquisicin de derechos, que permite una acumulacin
evolutiva de prerrogativas y libertades.1
En la tradicin as inaugurada por Marshall, la originalidad de la
ciudadana moderna refiere al status igual de los habitantes de un
territorio poltico determinado en tanto miembros de una comunidad.
Esta articulacin conceptual permite aprehender tanto la extensin de
la ciudadana (evaluando qu individuos pertenecen a una comunidad
determinada) como la intensidad de la misma (evaluando qu derechos
civiles, polticos y sociales constituyen el plexo jurdico del que
gozan aquellos denominados ciudadanos).
Ahora bien, respecto de los contenidos de la ciudadana, Marshall
considera que no hay ningn principio universal que determine cules
deben ser esos derechos y deberes de modo
1 Es de notar que el anlisis de Marshall da cuenta del proceso
de ciudadanizacin ingls, sin pretensin explcita de universalizar
este esquema a otras experiencias histricas.
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que, histricamente, las sociedades crean la imagen de una
ciudadana ideal con la cual puede medirse el logro y hacia la cual
deben dirigirse las aspiraciones (Marshall 2005: 37). De esta
manera, aprehender la especificidad de la ciudadana obliga a
abandonar una mirada esttica para entenderla como un proceso
histrico, como un concepto en movimiento, cuya extensin e
intensidad son determinadas en los proyectos colectivos, las
aspiraciones y los ideales de una sociedad. La ciudadana no es un
mero dato emergente de invariables humanistas o definiciones
trascendentes, sino que se constituye a partir de una construccin
social que se funda, por un lado, en un conjunto de condiciones
materiales e institucionales y, por el otro, en una cierta imagen
del bien comn y de la forma de alcanzarlo. Lo que equivale a decir
que es siempre el objeto de una lucha, por ms que en determinados
lugares sta pueda haberse resuelto desde hace mucho y haya tendido
a naturalizarse (Nun 2000: 65-66). En este sentido, es la misma
dinmica de contestacin social y reconocimiento estatal la que va
resignificando operativamente el concepto de ciudadana,
determinando quines son y de cules derechos gozan los ciudadanos.
En suma, la definicin cannica de Marshall permite identificar tres
dimensiones de la ciudadana:
1) Permite aprehender la extensin de la ciudadana, evaluando qu
individuos pertenecen a una comunidad poltica determinada.
2) Permite dar cuenta de la intensidad de la ciudadana,
evaluando qu derechos civiles, polticos y sociales constituyen el
plexo jurdico del que gozan aquellos denominados ciudadanos.
3) Permite identificar la dinmica de la ciudadanizacin, a partir
de los procesos de movilizacin social, reconocimiento estatal y
sancin jurdica de los diferentes derechos ciudadanos.
Ahora bien, a partir de esta definicin cannica, se ha articulado
un rico espacio de reflexin terica en torno a la realidad y a las
virtualidades de los procesos de ciudadanizacin en los diferentes
rdenes
nacionales. En el caso de los pases latinoamericanos, la
recepcin de la propuesta marshalliana ha dado lugar a profundas
reelaboraciones, inflexiones y crticas en dos sentidos: por un
lado, la teora de Marshall ha brindado un ideal regulatorio para la
crtica de la configuracin latinoamericana de la ciudadana y sus
derechos: Existen en Amrica Latina las condiciones para pensar en
una ciudadana? Puede legtimamente hablarse de ciudadana cuando
muchos de los elementos identificados por Marshall no son
observables? Por otro lado, y en sentido inverso, la experiencia
latinoamericana ha servido para cuestionar la adecuacin y
plausibilidad de una definicin de la ciudadana como la propuesta
por Marshall: el concepto de ciudadana tal y como lo plantea el
autor, es una herramienta conceptual til para abordar los procesos
de movilizacin e integracin de la regin? Es lo suficientemente
realista? En suma, es adecuado para pensar la situacin de Amrica
Latina?
As, en el encuentro del concepto de ciudadana con las
experiencias latinoamericanas, varios cientistas sociales y
polticos han articulado profundas reflexiones, debates, inflexiones
y reparos que han contribuido a enriquecer y complejizar el
pensamiento de la ciudadana en la regin. Es el objetivo de este
trabajo dar cuenta de la productividad de estas inflexiones en la
redefinicin y el debate en torno al concepto de ciudadana. Para
ello, optaremos por una estrategia analtica consistente en
descomponer los diferentes elementos presentes en la definicin
cannica de la ciudadana. Esta desimbricacin de la nocin
marshalliana en sus elementos extensivos, intensivos y dinmicos,
nos permitir ordenar las diferentes crticas e inflexiones operadas
sobre el concepto de ciudadana en Amrica Latina.
2. La dimensin extensiva de la ciudadana
Una primera dimensin del concepto de ciudadana est vinculada a
su extensin Quines son los ciudadanos? Quines son aquellos que
gozan de la membresa en una
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comunidad poltica determinada? En Amrica Latina, una de las
primeras crticas al concepto de ciudadana estuvo vinculada a la
imposibilidad de suponer una extensin homognea de relaciones
econmicas y polticas modernas.
En Amrica Latina dos grandes conjuntos de problemas definen,
segn Oscar Oszlak, tanto las formas iniciales del Estado como el
carcter problemtico de su evolucin posterior. El problema del
Orden, o de la imposicin de un nuevo esquema de relaciones sociales
y polticas en un mundo insuficientemente modernizado; y el problema
del Progreso, es decir la imposicin y la generalizacin de
relaciones econmicas capitalistas. La especificidad de los Estados
latinoamericanos residira en el carcter siempre problemtico que
reviste la estabilizacin de un orden en las relaciones
socio-polticas y la garanta de un progreso en la factibilidad
tcnica del capitalismo. (Andrenacci 1997: 125)
En este sentido, a lo largo de la regin, la penetracin
diferencial de los procesos de modernizacin poltica (estado) y
econmica (capitalismo) erigiran obstculos estructurales a la
dimensin extensiva de la ciudadana, desde el momento en que estos
procesos inacabados modulan de manera diferencial la membresa de
los diferentes habitantes de un territorio nacional.
2.1. Penetracin diferencial del estado
Una de las particularidad de Amrica Latina que estn a la base de
la inadecuacin de la perspectiva marshalliana de la ciudadana est
vinculada al dficit de modernizacin poltica. La titularidad de
derechos ciudadanos supone la posibilidad de hacer valer esos
derechos y exigir su cumplimiento all donde son conculcados; es
decir, supone la presencia efectiva del estado a lo largo de todo
el territorio nacional. En este sentido, varios autores observan,
en la regin, la existencia de una penetracin diferencial de la
institucionalidad y la legalidad estatal a lo largo del territorio.
Esto implica que los estados latinoamericanos no pueden hacer valer
sus leyes e instituciones en todo su territorio nacional, dando
lugar a la persistencia de formas de dominacin patrimonialistas,
que socavan los derechos de ciudadana. Uno de
los pensadores ms influyentes en esta perspectiva es Guillermo
ODonnell. Respecto de la ciudadana, O'Donnell identifica dos
caras:
Por un lado, la ciudadana est implicada por el rgimen democrtico
y por los derechos que ste asigna a todos/as los/as ciudadanos/as,
especialmente los derechos participativos de votar, ser elegido y
en general tomar parte en diversas actividades polticas. La otra
cara de la ciudadana derivada de la nacionalidad es un estatus
adscriptivo, obtenido pasivamente, antes de cualquier actividad
voluntaria, por el mero hecho de pertenecer, ya sea por jus solis o
jus sanguinis, a una nacin. (ODonnell 2004: 171)
A partir de esta distincin, el autor plantea que slo en la
modernidad ambas facetas de la ciudadana tienden a coincidir. En
los rdenes premodernos, la ciudadana, en tanto titularidad de
derechos polticos, estaba reservada a uno o a varios. Incluso en la
democracia griega, la ciudadana constitua un estatus del que estaba
excluida la mayora de los habitantes de las ciudades estados. Fue
en la modernidad, con los procesos de democratizacin, que la
ciudadana activa se extendi, prcticamente, a toda la poblacin
adulta. Ahora bien, en esta doble faceta de la ciudadana (entendida
como derecho de participar en la cosa pblica y, a su vez, como
pertenencia al colectivo nacional), el estado aparece como
cumpliendo un rol fundamental. El estado ha sido un lugar central
de concentracin de poderes en el cual y desde el cual se ha luchado
por mltiples derechos (ODonnell, 2004: 173).
Cuando, en el Noroeste, los campesinos, los trabajadores
urbanos, las mujeres y varias minoras lucharon por esos y otros
derechos, uno de los referentes fundamentales fue, y sigue siendo,
el estado. Estas luchas por derechos, algunos tradicionales y otros
inventados en el fragor de la lucha, buscaban inscribirlos para
efectivizarlos. Es decir, buscaban que esos derechos fueran
incorporados como parte del sistema legal del estado y que se
crearan, o reformaran, agencias estatales autorizadas y dispuestas
a efectivizarlos. (ODonnell 2004: 172)
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Si en la experiencia de las democracias noroccidentales el
estado constituy el referente institucional fundamental de las
luchas que diversos sectores emprendieron por el pleno
reconocimiento de sus derechos, poco de esto ha venido ocurriendo
en Amrica Latina (ODonnell 2004: 173). Para dar cuenta de la
dispersin de las experiencias latinoamericanas respecto de sus
antecesoras noroccidentales, ODonnell recurre a una definicin del
estado que incluye tres dimensiones. En primer lugar, el estado es
un conjunto de burocracias; en segundo lugar, es un sistema legal
y, tercero y ltimo, el estado remite a un foco de identidad
colectiva para los habitantes de su territorio. Estas tres
dimensiones son identificadas, respectivamente, con la eficacia (de
las burocracias estatales), la eficiencia (de sus leyes) y la
credibilidad (de su identificacin con el bien comn de los
habitantes). Ahora bien, en el caso de los pases latinoamericanos,
ODonnell registra un profundo dficit en las tres dimensiones de la
estatalidad. En estos casos, coinciden la ineficacia de las
burocracias estatales, la escasa penetracin de los sistemas legales
y la baja credibilidad de estos estados como intrpretes y
realizadores del bien comn de sus poblaciones.
El gran tema, y problema, del estado en Amrica Latina en el
pasado, y aun en el presente en el que los regmenes democrticos
predominan, es que, con pocas excepciones, no penetra ni controla
el conjunto de su territorio, ha implantado una legalidad
frecuentemente truncada y la legitimidad de la coercin que lo
respalda es desafiada por su escasa credibilidad como intrprete y
realizador del bien comn. (ODonnell 2004: 176)
En esta lnea, ODonnell considera central problematizar la
penetracin territorial y funcional del estado latinoamericano. El
autor identifica la poca atencin que las teoras del estado han
asignado a la eficacia de las instituciones estatales y la
eficiencia de sus leyes. En esta lnea, es comn a las actuales
teoras del estado la aceptacin de un supuesto que, segn ODonnell,
debe ser rebatido; ste es la idea de un alto grado de homogeneidad
en los alcances, tanto territoriales como
funcionales, del estado y del orden social que ste sustenta. No
se cuestiona (y, si se cuestiona, no se problematiza) si dicho
orden, y las polticas originadas en las organizaciones estatales,
tienen similar efectividad en todo el territorio nacional y en
todos los estratos sociales existentes (ODonnell 1993a: 168).
En esta lnea, Amrica Latina presenta situaciones en las que la
efectividad de la ley se extiende muy irregularmente (si no
desaparece por completo) por el territorio y las relaciones
sociales (tnicas, sexuales y de clase) que debe regular. En estas
situaciones de evaporacin funcional y territorial de estado, se
produce una peligrosa coexistencia de estados ineficaces e
ineficientes con esferas de poder autnomas, con sistemas de poder
local que tienden a alcanzar grados extremos de dominacin
personalista y violenta (patrimonial y hasta sultanista, en la
terminologa weberiana), entregados a toda suerte de prcticas
arbitrarias (ODonnell 1993a: 169).
2.2. Penetracin diferencial del capitalismo
Si la penetracin diferencial del estado latinoamericano a lo
largo de los territorios nacionales implica una modulacin
diferencial de la pertenencia de los individuos a su comunidad
poltica, la penetracin diferencial de la modernizacin econmica
contribuye, a su vez, a complejizar este panomara. Como seala
Maristella Svampa, en el marco del fordismo, la ciudadana social es
asociada, esencialmente, al trabajo formal y, a su vez, es
garantizada por las polticas universalistas; la intervencin del
estado tiende a desmercantilizar una parte de las relaciones
sociales y a construir una solidaridad secundaria por medio de
prestaciones pblicas sociales, a favor de los sectores
desfavorecidos en la confrontacin capital-trabajo (Svampa 2006:
10). De esta manera, la obtencin de los derechos de ciudadana en su
dimensin social estuvo histricamente vinculada a la condicin de
trabajador y al desarrollo del estado de bienestar. Ahora bien, la
experiencia latinoamericana evidencia un obstculo estructural,
vinculado a una modernizacin
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econmica inacabada, caracterizada por asincronas, arcasmos y
encabalgamientos. Es decir, la penetracin diferencial de las
relaciones econmicas capitalistas al interior de los pases
latinoamericanos da lugar a una formacin econmico social
heterognea, donde la figura del trabajador fordista aparece como un
fenmeno particular y no universalizable. En esta direccin,
recordamos aqu que, como ya lo han sealado los trabajos
desarrollados en torno a la marginalidad a finales de la dcada de
1960 en Amrica Latina, el proceso de construccin de la ciudadana ha
encontrado en las sociedades perifricas lmites estructurales
(Svampa 2006: 10). Con esta referencia, Svampa da cuenta del debate
en torno a la marginalidad en Amrica Latina estimulado por el
artculo Superpoblacin relativa, ejrcito industrial de reserva y
masa marginal publicado por Jos Nun en 1969. All, Nun articula una
nocin de marginalidad tributaria del marxismo pero alejada, a su
vez, de la identificacin habitual de los excluidos con la nocin de
ejrcito industrial de reserva. En palabras de Nun: Mi tesis de la
masa marginal supuso un cuestionamiento del hiperfuncionalismo de
izquierda, para el cual hasta el ltimo campesino sin tierras de
Amrica Latina (o de frica) apareca como funcional para la
reproduccin de la explotacin capitalista (Nun,2003b: 265).
En esta lnea, Nun presenta un ejercicio de relectura de la obra
de Marx que le permite distinguir los conceptos de superpoblacin
relativa y de ejrcito industrial de reserva. Por un lado, todo modo
de produccin supone una poblacin que le es adecuada y, al mismo
tiempo, un excedente de poblacin, llamado superpoblacin relativa.
Por otro lado, el modo de produccin capitalista en su fase
competitiva opera mediante una superpoblacin relativa que funciona
como ejrcito industrial de reserva. En este sentido, la
superpoblacin relativa es una nocin que remite a una teora general
de los modos de produccin, mientras que el concepto de ejrcito
industrial de reserva remite a la situacin particular de esta
superpoblacin en la fase competitiva del modo de produccin
capitalista. No toda superpoblacin constituye necesariamente a un
ejrcito industrial de reserva, categora
que implica una relacin funcional de ese excedente con el
sistema en su conjunto (Nun 2003a: 48-49).
Ahora bien, en qu consiste la particular funcin del ejrcito
industrial de reserva? Nun recuerda que ste cumple, en primer
lugar, una funcin directa, proveyendo la fuerza de trabajo
requerida en etapas ascendentes del ciclo econmico, cuando suceden
expansiones sbitas del capital que exigen contratar nuevos
trabajadores. Al mismo tiempo, el ejrcito industrial de reserva
ejerce funciones indirectas vinculadas a las presiones que estos
trabajadores desempleados ejercen sobre los trabajadores empleados,
obligndolos a aceptar las condiciones de trabajo y los salarios
impuestos por el capital (Nun 2003a: 75). Ahora bien, esta
funcionalidad de los sectores excluidos aparece cuestionada en el
texto de Nun en dos sentidos. En primer lugar, el pasaje de la fase
del capitalismo competitivo a la fase monopolstica genera
transformaciones en la superpoblacin relativa que modifican su
configuracin en los trminos de ejrcito industrial de reserva. En
segundo lugar, el tipo de desarrollo capitalista dependiente de
Amrica Latina hace que la funcionalidad de los excluidos respecto
del sistema sea aun ms cuestionable. Analicemos cada uno de estos
dos puntos.
En primer lugar, dijimos, el pasaje a la fase monopolstica exige
una revisin terica (Nun 2003a: 81). El mercado oligoplico y/o
monoplico descoyunta el mecanismo de la libre competencia: donde
antes el empresario individual era un tomador de precios del
mercado, ahora es la gran corporacin la que fija los precios del
mercado. Por otro lado, en esta fase se expande la productividad
del trabajo en vinculacin con el avance de la mecanizacin; esto,
acompaado por una exigencia de mayor especializacin de los
trabajadores. De esta manera, se produce una declinacin de las
posibilidades de transferir trabajadores de una rama a otra de la
produccin, al tiempo que pierde sustento la idea de una reabsorcin
de los obreros desocupados en etapas ascendentes del ciclo
econmico. As, la exclusin de amplios sectores no calificados de la
superpoblacin relativa pierde su funcionalidad respecto del sistema
y deja de
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constituirse en los trminos de un ejrcito industrial de reserva.
En suma, en la fase competitiva era lcito suponer que, en trminos
generales, la poblacin excedente tenda a actuar como un ejrcito
industrial de reserva; en la fase monopolstica, la propia lgica del
sistema obliga a diferenciar la parte que cumple esa funcin de la
que constituye una masa marginal (Nun, 2003a: 90).
Ahora bien y en segundo lugar cmo opera la marginalidad en
Amrica Latina? Aqu Nun recupera las nociones de desarrollo desigual
y combinado para dar cuenta de una penetracin diferencial del
capitalismo en las sociedades perifricas. La insercin tarda de los
pases perifricos en el mercado internacional genera relaciones
jerrquicas o neoimperialistas entre las economas nacionales, que
obstaculizan la modernizacin econmica de los pases perifricos. De
esta manera, las formaciones econmico sociales del capitalismo
dependiente aparecen caracterizadas por la coexistencia de formas
arcaicas y modernas de acumulacin. En el caso de Amrica Latina, Nun
identifica la coexistencia de tres fases. Es posible sostener que
coexisten tres procesos distintos de acumulacin: a) el del capital
comercial [que, estrictamente, es precapitalista]; b) el del
capital industrial competitivo; y c) el del capital industrial
monopolstico (Nun 2003a: 127). Por ltimo, los tres procesos de
acumulacin mencionados revisten grados variables de extensin y de
intensidad en los diversos pases del rea y se combinan de manera
especfica en cada uno de ellos. (Nun 2003a: 130). Cada uno de estos
procesos genera su superpoblacin relativa especfica, donde las
relaciones de funcionalidad aparecen fuertemente cuestionadas. Con
esto, afirmar Nun intent mostrar que, segn los lugares, creca un
poblacin excedente que, en el mejor de los casos, era simplemente
irrelevante para el sector hegemnico de la economa (Nun 2003b:
265).
Como afirmbamos al principio de este apartado, la ciudadana
social estuvo vinculada a la condicin de trabajador. Esto permita
establecer solidaridades al interior de una clase de trabajadores
relativamente homognea, que podan oscilar entre el
empleo y el desempleo, pero cumpliendo en todo caso funciones de
reproduccin sistmica. Ahora bien, por un lado, Nun indica que la
fase monopolstica del capital viene a cuestionar la funcionalidad
de los excluidos, consolidando la exclusin de aquellos que quedan
fuera y alzando las barreras para su reincorporacin. Pero, por otro
lado, esto se agrava en el caso de los pases latinoamericanos,
donde las condiciones del desarrollo desigual y combinado generan
un tipo de formacin econmico social en el que la exclusin de vastos
sectores sociales no implica funcionalidad ni disfuncionalidad
respecto del sector hegemnico de la economa. En suma, la existencia
de diferentes niveles y formas de integracin y de exclusin ha sido
la marca de origen de las sociedades perifricas, lo cual implica
(...) la institucionalizacin de una ciudadana de geometra variable
(Svampa 2005: 74).
3. La dimensin intensiva de la ciudadana
Tal como venimos presentando el concepto de ciudadana, una
segunda dimensin est vinculada a su carcter intensivo. Qu derechos
componen el plexo jurdico ciudadano? Como hemos visto, Marshall
describe el proceso de ciudadanizacin en trminos de una sucesin de
luchas por el reconocimiento de derechos, que se cristaliza en tres
grandes olas institucionalizantes que corresponden a la implantacin
de tres tipos diferentes de derechos: civiles, polticos y sociales.
Los logros histricos de los movimientos se traducen en la
superposicin de las distintas capas, donde cada grupo de derechos
obtenidos proporciona la plataforma para el surgimiento de los
siguientes. Ahora bien, el caso de los pases latinoamericanos
presenta profundas dispersiones, retrocesos y asincronas respecto
del modelo marshalliano. A modo de ejemplo, Elizabeth Jelin
indica:
La expansin de los derechos laborales y sociales en la regin no
siempre fue consecuencia de la plena vigencia de derechos civiles y
de derechos polticos. [Asimismo,] en los aos ochenta, la
recuperacin de derechos polticos en la
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transicin a la democracia est acompaada por violaciones muy
extendidas a los derechos civiles [...] En trminos generales, los
derechos econmico-sociales tuvieron ms vigencia que los polticos, y
stos ms que los civiles, aunque hubo en la regin reversiones
histricas significativas. (Jelin 2003a: 4)
A continuacin, daremos cuenta de las crticas e inflexiones
operadas por los cientistas sociales y polticos en torno a los
derechos civiles, polticos y sociales que integran el plexo jurdico
de este estatus universal. Trabajaremos aqu los distintos aportes a
la reflexin en torno a cada uno de estos conjuntos de derechos,
dando cuenta de sus particularidades e imbricaciones e
identificando, por ltimo, la emergencia de nuevos derechos que no
cuadran en la tipologa marshalliana.
3.1. Derechos civiles
En la perspectiva de Marshall, los derechos civiles estn
vinculados a las libertades individuales, ampliamente desarrolladas
por el pensamiento liberal. Entre estos derechos, se cuentan la
libertad de expresin, de conviccin y de culto; as como el derecho
de adquirir y proteger la propiedad y de disponer libremente de la
propia fuerza de trabajo. Por ltimo, constituye un elemento central
de los derechos civiles el acceso a la justicia, que es el derecho
a defender y afirmar todos los derechos propios en trminos de
igualdad con otros y mediante el debido proceso legal [...] Las
instituciones ms directamente asociadas con los derechos civiles
son los tribunales de justicia (Marshall 2005: 21).
En esta lnea, la experiencia latinoamericana demuestra un
marcado dficit en la universalizacin de los derechos civiles. Como
identifica Jos Nun, la poblacin latinoamericana goza muy
incompletamente de los derechos civiles, como lo evidencian en la
mayora de los pases la crisis y la subordinacin poltica de los
sistemas de justicia; la privatizacin y feudalizacin de los
aparatos legales segn regiones; las prcticas abiertamente
discriminatorias de las fuerzas de seguridad; los repetidos
intentos de coartar las libertades de prensa y de asociacin; la
falta de castigo de las prcticas corruptas;
etctera (Nun 2003: 297-298). En la perspectiva del autor, la
dimensin civil de la ciudadana adolece de un fuerte sesgo de clase,
donde los sectores postergados encuentran seriamente limitadas sus
posibilidades de acceso a la justicia. En lnea con el planteo de
Nun, ODonnell vincula el dficit de derechos civiles con el dficit
de penetracin funcional y territorial del estado:
Para grandes segmentos de la poblacin, las libertades liberales
bsicas son negadas o violadas recurrentemente. Los derechos de las
mujeres golpeadas de demandar a sus maridos, de los campesinos de
lograr un juicio imparcial frente a sus patrones, la inviolabilidad
del domicilio en los barrios pobres y, en general, el derecho de
los pobres y diversas minoras de ser adecuadamente tratados por las
agencias estatales y los tribunales de justicia son con frecuencia
negados. (ODonnell 1997b: 328)
En ambas perspectivas, es notable una vinculacin entre pobreza y
conculcacin de derechos civiles. La denegacin de los derechos
liberales a (casi siempre, pero no exclusivamente) los sectores
pobres o desposedos en otro sentido, es analticamente diferente de
la variacin de niveles de democratizacin social y econmica, y no
necesariamente guarda relacin con ellos (ODonnell 1993b: 76). De
esta manera, si, por un lado, no existe en la perspectiva de
ODonnell una correlacin terica entre la conculcacin de derechos
civiles y la conculcacin de derechos sociales, por otro lado,
empricamente, varias formas de discriminacin y de pobreza
extendida, as como su contraparte, la disparidad extrema en la
distribucin de recursos (no slo econmicos), van de la mano con la
ciudadana de baja intensidad. Aqu se entra en el tema de las
condiciones sociales necesarias para ejercer la ciudadana (ODonnell
1993b: 76).
3.2. Derechos polticos
Los derechos polticos estn vinculados a la posibilidad de
participar activa o pasivamente, de manera directa o delegada, en
los procesos de toma de decisiones pblicas. En palabras de
Marshall, por elemento poltico me refiero al derecho de participar
en el ejercicio del poder poltico,
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como miembro de un organismo dotado de autoridad poltica o como
elector de los miembros de tal organismo (Marshall 2005: 21). El
proceso de ciudadanizacin poltica no consisti en la creacin de
nuevos derechos sino, ms bien, en la generalizacin de antiguos
derechos a nuevos sectores de la poblacin. Hasta entonces, el voto
era el privilegio de una clase econmica limitada, cuyos alcances
fueron extendidos por cada ley de reforma sucesiva (Marshall 2005:
29).
El proceso latinoamericano de expansin de la base electoral del
estado est fuertemente caracterizado por una intermitencia crnica
de los derechos polticos, vinculados a los sucesivos golpes cvico
militares y las recurrentes suspensiones de los derechos polticos.
Una vez asumida la transicin a la democracia, los derechos polticos
aparecern en el centro del debate terico, de la agenda poltica y de
los valores sociales. En este contexto, los autores remarcan, por
un lado, la efectiva universalizacin de los derechos polticos a
partir de las transiciones a la democracia en la regin; y, por otro
lado, la insuficiencia de los derechos polticos para garantizar por
s mismos la ciudadana. Vayamos por partes.
Para empezar, digamos que ODonnell identifica que el tipo de
democracia que caracteriza la experiencia latinoamericana reciente
se aleja del modelo representativo y republicano, adquiriendo
rasgos profundamente delegativos. Las democracias delegativas se
basan en la premisa de que la persona que gana la eleccin
presidencial est autorizada a gobernar como l o ella crea
conveniente, slo restringida por la cruda realidad de las
relaciones de poder existentes y por la limitacin constitucional
del trmino de su mandato (ODonnell 1997a: 292). En esta lnea, el
autor argumenta que las nuevas democracias latinoamericanas
adolecen de falta de republicanismo, refiriendo con ello al
equilibrio de poderes y a la posibilidad de controles cruzados
entre distintas instancias de gobierno (lo que el autor llama
accountability horizontal). Pero, si bien la accountability
horizontal caracterstica de la democracia representativa no existe
o es extremadamente dbil en las democracias
delegativas, esto no implica que la democracia delegativa [sea]
ajena a la tradicin democrtica (ODonnell 1997a: 293).
A este tipo de mando se lo ha analizado como un captulo dentro
del estudio del autoritarismo, bajo las denominaciones de
cesarismo, caudillismo, populismo y otras por el estilo. Pero
tambin se lo debera estudiar como un tipo peculiar de democracia
que, aunque algunas de sus caractersticas se superponen con las de
esas formas autoritarias, no deja por ello de ser una poliarqua.
(ODonnell 1997a: 294)
De esta manera, ODonnel considera que los regmenes polticos
latinoamericanos posteriores al ciclo autoritario del 60-80 se han
constituido en trminos polirquicos (Dahl 1989). A pesar de las
notables dispersiones entre las poliarquas noroccidentales y las
latinoamericanas, autores como ODonnell defienden el carcter
polirquico de estas ltimas a partir de la constatacin de la
existencia efectiva de los derechos polticos. Incluso, el autor
identifica que los derechos polticos son observables tanto en las
zonas de penetracin funcional y territorial del estado como en
aquellas otras zonas donde la presencia estatal est fuertemente
cuestionada (ODonnell 1993b: 75).
Ahora bien, este diagnstico relativamente optimista habilitado
por la efectiva universalizacin de derechos polticos aparece
prontamente cuestionado por la situacin de los derechos civiles y
sociales. De manera categrica, ODonnell identifica que en muchas de
las nuevas poliarquas, los individuos son ciudadanos en relacin con
la nica institucin que funciona a la manera prescripta por sus
reglas formales: las elecciones. En el resto, slo los miembros de
una minora privilegiada son ciudadanos plenos (ODonnell 1993b:
328). En este sentido, si en un primer momento se reconoce la
universalidad de los derechos polticos; en un segundo momento,
estos derechos aparecen fuertemente cuestionados por la no
universalidad de los derechos civiles y sociales. Esto es as porque
las libertades civiles y los derechos sociales, con la correlativa
autonoma
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Facttum 6, 2009, pp. 77-97 85
individual que suponen, constituyen una premisa bsica de los
derechos polticos. Sin esta premisa, carecera de sentido aun la
definicin estrictamente poltica de la democracia, pues la autonoma
y la igualdad de cada uno estn presupuestas en el acto de elegir
entre candidatos rivales y de computar cada voto como uno,
independientemente de la condicin social del votante. (ODonnell
1997c: 348)
A partir de esto, al interior de una regin caracterizada por la
generalizacin de regmenes polirquicos y la universalidad de
derechos polticos, pueden distinguirse diferentes niveles de
democratizacin. Esas variaciones se relacionan con la equidad e
igualdad en las esferas civiles y sociales. En este contexto,
ODonnell incorpora el concepto de ciudadana de baja intensidad,
para dar cuenta de una situacin donde la plena titularizacin de
derechos polticos no puede ser ejercida debido a la conculcacin de
derechos civiles y sociales, que socavan el presupuesto de autonoma
que est a la base de la participacin poltica. El autor afirma, as,
que se produce una disyuncin entre el respecto de los derechos
democrticos y la violacin sistemtica de los componentes liberales y
sociales de la democracia. En este sentido, los derechos polticos
aparecen plenamente realizados y universales y, a su vez,
esterilizados en su ejercicio.
En suma, si bien los derechos polticos son identificados en la
literatura como derechos universales y efectivos; muy pronto, los
dficits de libertades civiles y de derechos sociales erosionan las
condiciones de autonoma que estn a la base de la participacin
poltica; constituyendo de esta manera ciudadanos de baja intensidad
o bien democracias representativas excluyentes.
3.3. Derechos sociales
Por ltimo, Marshall introduce los derechos sociales: Por
elemento social quiero significar toda la variedad desde el derecho
a una medida de bienestar econmico y seguridad hasta el derecho de
compartir plenamente la herencia social y a llevar la vida de un
ser civilizado segn las pautas prevalecientes en la sociedad
(Marshall 2005: 21). Previo a la emergencia de los derechos
sociales, las polticas de
asistencia eran incompatibles con la condicin de ciudadano: se
trataban los reclamos de los pobres no como una parte integrante de
los derechos del ciudadano sino como una alternativa a ellos, como
reclamos que slo se podan satisfacer si los peticionantes cesaban
de ser ciudadanos en todo sentido verdadero de la palabra (Marshall
2005: 32). A partir del siglo XX, la emergencia del estado de
bienestar invalidar esta oposicin entre ciudadana y polticas
sociales, incorporando derechos como la educacin y la salud en el
plexo jurdico del ciudadano (Polanyi 2001).
Al tratar los derechos civiles y polticos hemos adelantado la
situacin dramtica que la regin presenta respecto de los derechos
sociales. Pobreza y desigualdad caracterizan un escenario donde la
universalidad y la vigencia de los derechos sociales aparecen
fuertemente contestadas. En esta lnea, nos interesa en este
apartado dar cuenta de los fenmenos vinculados al dficit de
ciudadana social en la regin. El primero de ellos tiene que ver con
los rasgos corporativos de las prestaciones sociales, que han
socavado desde su origen la universalidad de los derechos sociales
en Amrica Latina. El segundo fenmeno est vinculado a la reciente y
progresiva conculcacin de aquellos derechos sociales adquiridos, a
partir de las transformaciones en el modo de regulacin fordista, en
contextos de globalizacin, hegemona neoliberal y desmonte del
estado de bienestar. Es decir, si bien las transformaciones del
capitalismo global del ltimo tercio del siglo XX han tenido en
Amrica Latina un impacto negativo sobre los derechos sociales, lo
cierto es que en la regin la ciudadana social se haba desarrollado
de manera limitada. De modo que los efectos desestructurantes de
las transformaciones recientes vinieron a agravar una situacin que
ya era de por s deficitaria.
Varios autores remarcan, en esta lnea, el carcter corporativo
del estado de bienestar latinoamericano como uno de los obstculos a
la universalizacin de los derechos sociales. El rgimen corporativo
del Estado de Bienestar aparece definido de manera cannica por Gsta
Esping-Andersen en Los Tres Mundos del Estado de Bienestar. All, el
autor despliega un estudio comparado
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86 Luciano Nosetto
de la institucionalidad de bienestar en varios pases, que le
permite construir tres tipos ideales:
El Estado Residual. Este primer modelo encuentra su fuente de
inspiracin en la economa neoclsica y en la filosofa moral
libertaria y, su caso prototpico, en los Estados Unidos. El mrito y
el esfuerzo individual aparecen aqu como la nica posibilidad de
conciliar derechos sociales universales con el resguardo de las
libertades individuales. Es este sentido, la cuestin social es
definida en los trminos de un dficit de proletarizacin: las
situaciones de vulnerabilidad social estn vinculadas a la exclusin
del mercado de trabajo. En este sentido, el estado debe orientarse
a la accin focalizada sobre situaciones de vulnerabilidad
moralmente inaceptables, permitiendo en los restantes casos la
autoregulacin por el mercado de los derechos sociales. El mercado
de trabajo siempre es el mejor mecanismo para asignar recursos de
acuerdo con el mrito y la productividad, y por lo tanto, la accin
estatal slo debe estar dirigida a los grupos sociales que por
alguna razn presentan dificultades para insertarse laboralmente
(Isuani y Nieto 2002: 2).
El Estado Corporativo. El segundo enfoque, caracterstico de
Europa continental, puede derivarse del diagnstico durkheimiano de
la dilucin de los vnculos de la solidaridad mecnica a partir de la
divisin social del trabajo. Este proceso amenaza la fuente de
estabilidad del orden social propia de las sociedades. Aqu, la
solidaridad orgnica aparece como consecuencia de la moderna divisin
social del trabajo y de las interdependencias que genera. Este
concepto dio origen a la tradicin integracionista del estado de
bienestar, que promovi un principio de integracin vinculado a los
sistemas de solidaridad orgnica. En estos casos, la relacin entre
las instituciones de bienestar y el mundo del trabajo fue central:
los procesos de construccin de una identidad colectiva, los
mecanismos de expresin de intereses y los de acceso a los
beneficios sociales son elaborados, tanto terica como prcticamente,
en relacin con el lugar que
cada individuo ocupa en la estructura productiva (Isuani y Nieto
2002: 2-3). De esta manera, el modelo corporativo identifica las
figuras del ciudadano y del trabajador. As, la ciudadana en el
modelo corporativo supondr la insercin de los individuos en
colectivos del trabajo. El modelo corporativo se expresa en el
aseguramiento frente al riesgo social de los trabajadores
organizados por categoras ocupacionales. La asignacin de derechos
presupone la participacin en la relacin laboral y en la organizacin
del ncleo familiar () La figura central de este modelo es el seguro
contributivo financiado por impuestos sobre la nmina salarial,
implicando una solidaridad estratificada por las relaciones
laborales y familiares. (Isuani y Nieto 2002: 4)
Estado universal. El tercer enfoque, caracterstico de los pases
escandinavos, describe el desarrollo del estado de bienestar como
un proceso de construccin de la ciudadana social. Para esta
tradicin, inspirada en la propuesta de T.H. Marshall, es central el
paso del individuo al ciudadano por medio del reconocimiento de
derechos civiles, polticos y sociales que remodelan la construccin
del contrato social. Aqu, los derechos de ciudadana no presuponen
la insercin laboral o mercantil sino que es la mera pertenencia a
una comunidad poltica la que determina la necesidad de asegurar la
libertad brindando garantas de igualdad en el mundo de lo social.
De modo que el concepto de trabajo no es aqu relevante como un
productor de integracin social. El modelo universal se propone
socializar la gestin del riesgo social otorgando coberturas
generales sobre derechos ciudadanos. Estos derechos comprenden al
conjunto de la sociedad y, por lo tanto, el papel del mercado es
mnimo, siendo el estado la principal institucin en la gestin del
riesgo. En este modelo, la proletarizacin de la fuerza de trabajo
se encuentra mediada por el igualitarismo del concepto de ciudadana
y por una gestin del riesgo social emancipada de la
mercantilizacin.
En el caso de los pases latinoamericanos, se observa una
convergencia en diferentes medidas de los
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Facttum 6, 2009, pp. 77-97 87
tres modelos. En el caso argentino, por ejemplo, el estado de
bienestar se organiza bajo el modelo universal en la prestacin de
los servicios de educacin y salud, mientras que en las dems
prestaciones sociales se articula de manera corporativa. Ahora bien
por qu una hibridacin entre el modelo corporativo y el universal
(que caracteriza experiencias que uno podra suponer exitosas, como
las de Alemania, por un lado, y Suecia, por otro) habra de ser tan
lesiva para la consolidacin de una ciudadana social en Amrica
Latina?
Segn los autores, el modelo corporativo se aleja de la nocin de
ciudadana en tanto supone derechos sociales que no son universales
sino que estn vinculados a la participacin en el mundo del trabajo.
Como remarcan Isuani y Nieto, la integracin social sobre bases
corporativas y familiares es el objeto central de este rgimen de
bienestar, sin embargo no es una integracin sobre la base de
derechos igualitarios, sino desde la pertenencia a una corporacin
profesional y a un ncleo familiar. Es una integracin construida
desde las jerarquas y el estatus (Isuani y Nieto 2002: 4). Sin
embargo, el supuesto de una sociedad de pleno empleo (que est a la
base del modelo corporativo) implica que los derechos vinculados a
la condicin de trabajador constituyen algo ms que simples
privilegios corporativos, acercndose a la universalidad. All donde
(tendencialmente) todos son trabajadores, la vinculacin de derechos
sociales a la condicin de trabajador implica una titularizacin
(tendencialmente) universal. Aqu es donde Amrica Latina se aleja de
la experiencia europea: Esta realidad contrasta con la
especificidad latinoamericana, ya que en esta regin el capitalismo
nunca lleg a organizar las relaciones sociales de manera total
alrededor del mercado de trabajo (Isuani y Nieto 2000: 9).
Ya hemos presentado las caractersticas y efectos de la
penetracin diferencial del capitalismo en la regin. Sus efectos de
exclusin y marginalidad hacen que el supuesto del pleno empleo no
sea operativo en los pases de Amrica Latina. En este contexto, una
institucionalidad de bienestar basada en el modelo corporativo slo
puede asegurar derechos de ciudadana a aquella minora de
trabajadores formales, en un
subcontinente caracterizado por la amplia extensin de
situaciones de informalidad, de marginalidad y exclusin social. De
modo que, si en los casos europeos el modelo corporativo puede
brindar ciudadana social a la mayora de sus miembros, en los casos
latinoamericanos, el modelo corporativo hace de la ciudadana social
un privilegio para los (pocos o varios) insertos en relaciones
laborales formales. En suma, la caracterstica peculiar de este
hbrido institucional es que favoreci la expansin del sistema por un
sendero de imitacin de privilegios. Es decir, no se pugnaba por
derechos bsicos universales sino que se legitimaban las diferencias
de estatus y los ms rezagados buscaban engancharse con los grupos
que perciban beneficios mximos (Lo Vuolo y Barbeito 1998).
3.4. Nuevos derechos
Hemos trabajado hasta aqu algunas de las crticas, debates e
inflexiones operadas en torno a los derechos civiles, polticos y
sociales concebidos por Marshall como constitutivos de la
ciudadana. Ahora bien, un conjunto de innovaciones bien influyentes
en la teora de la ciudadana est vinculada a la identificacin de la
emergencia de nuevos reclamos en torno a derechos que no
corresponden con la tipologa clsica. En este sentido, los derechos
de las mujeres, los derechos de las minoras culturales y tnicas,
los derechos colectivos y de los pueblos y, por ltimo, los derechos
medioambientales y de los consumidores generan nuevos tipos que
cuestionan la exhaustividad de la distincin de elementos civiles,
polticos y sociales. Digamos que si bien Marshall rechaz toda
posibilidad de establecer una enumeracin taxativa de derechos
ciudadanos, los nuevos derechos emergentes implican una serie de
dimensiones problemticas y de debates en torno a la nocin de
ciudadana. En esta lnea, el impacto de los movimientos tnicos en la
regin ha configurado un campo prolfico de reflexiones y prcticas
respecto de la ciudadana. Segn indica Elizabeth Jelin:
Las tendencias que se manifiestan en Amrica Latina en la dcada
de los 90 indican un crecimiento/emergencia de movimientos indgenas
que reivindican su
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88 Luciano Nosetto
derecho a la identidad y a la participacin en la sociedad
global, vinculados en una densa red internacional. Tambin una
bsqueda de reconocimiento de identidades racionales, especialmente
entre los negros en Brasil y entre las diversas comunidades latinas
de los Estados Unidos. Estas reivindicaciones de identidades
diferentes se desarrollan en el contexto de sociedades nacionales y
de estados que formalmente aceptan la igualdad ciudadana, que es
tambin reclamada por estos movimientos. Esta dialctica entre la
igualdad ciudadana y el pluralismo cultural plantea nuevas
tensiones y dilemas sociales y polticos. (Jelin 2003b: 13)
Will Kymlicka y Wayne Norman identifican que estos movimientos
articulan tres tipos de reivindicaciones de derechos: en primer
lugar, derechos especiales de representacin; en segundo lugar,
ciertos derechos de autogobierno; y, por ltimo, derechos
multiculturales, vinculados al reconocimiento identidad y a la
libertad de su despliegue. Esto es observado en Amrica Latina en la
agenda de movimientos indgenas (que muchas veces coinciden con
movimientos campesinos y gremiales). Segn identifica Jaime Mrquez
Calvo en el caso de los pases andinos, esta demanda comprende no
slo un reclamo por derechos fundamentales (derecho a la vida, la
libertad personal, la integridad fsica, etc.) sino tambin por el
reconocimiento de importantes derechos colectivos: territorios,
cultura propia, manejo de recursos naturales, reconocimiento como
pueblos, etc. (...) expresan as la existencia de una conciencia
tnica subyacente en sus reivindicaciones gremiales sobre sus
derechos como pueblos (Mrquez Calvo 2003: 32).
Ahora bien, como ha sido prontamente identificado por la
literatura sobre el tema, estas demandas de ciudadana diferenciada
plantean serios desafos a la concepcin clsica de la ciudadana.
Desde la perspectiva clsica, la ciudadana es, por definicin, un
status igual de todos los miembros de una comunidad poltica en
tanto miembros. Esta igualdad de base es lo que distingue a la
ciudadana moderna del feudalismo y de otras concepciones
premodernas, que fundaban los derechos polticos de los individuos
en funcin de su
pertenencia a una determinada colectividad, etnia o confesin
religiosa. En este sentido, la movilizacin en torno al derecho a
ser reconocido como diferente entra en contradiccin con la igualdad
que est a la base del concepto de ciudadana. La organizacin de la
sociedad sobre la base de derechos o pretensiones derivadas de la
pertenencia a determinado grupo se opone tajantemente al concepto
de sociedad basado en la idea de ciudadana. Esto explica por qu la
idea de ciudadana diferenciada es percibida como una inflexin
radical de la teora de la ciudadana (Kymlicka y Norman 1997: 28).
En este sentido, Jelin identifica que, despus de dcadas de debate,
el tema de la diversidad cultural ha comenzado a ser abordado de
otra manera. Si bien la idea original de la ciudadana estaba
orientada por una visin individualista de los derechos, de manera
creciente el eje pasa a las comunidades: Hablar de derechos
culturales es hablar de grupos y comunidades colectivas: el derecho
de sociedades y culturas (autodefinidas como tales) a vivir en su
propio estilo de vida, a hablar su propio idioma, usar su ropa y
perseguir sus objetivos, y su derecho a ser tratadas justamente por
las leyes del estado nacin en que les toca vivir (casi siempre como
minoras). El surgimiento de las reivindicaciones de derechos de los
pueblos indgenas basadas en criterios de etnicidad, constituye un
campo novedoso donde estas cuestiones estn siendo discutidas (Jelin
2003b: 11-12).
4. La dinmica de movilizacin e institucionalizacin
Como hemos ya adelantado, Marshall considera que no hay ningn
principio universal que determine cules son los derechos
ciudadanos, de modo que, histricamente, las sociedades crean la
imagen de una ciudadana ideal con la cual puede medirse el logro y
hacia la cual deben dirigirse las aspiraciones (Marshall 2005: 37).
De esta manera, la ciudadana es abordada como un concepto en
movimiento, cuya extensin e intensidad son determinadas en los
procesos de movilizacin social y reconocimiento jurdico y estatal.
En este sentido, Jos Nun afirma
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que la ciudadana es una construccin social que se funda, por un
lado, en un conjunto de condiciones materiales e institucionales y,
por el otro, en una cierta imagen del bien comn y de la forma de
alcanzarlo. Lo que equivale a decir que es siempre el objeto de una
lucha, por ms que en determinados lugares sta pueda haberse
resuelto desde hace mucho y haya tendido a naturalizarse (Nun 2000:
65-66).
Ahora bien, esta dinmica de movilizacin social y reconocimiento
jurdico y estatal de los derechos del ciudadano aparece
problematizada en la literatura latinoamericana a partir de un
conjunto de aportes. Sin pretender exhaustividad, expondremos en
este apartado dos consideraciones que cuestionan la pertinencia de
la dinmica de movilizacin e institucionalizacin en el contexto
latinoamericano. La primera de ellas est vinculada al fenmeno del
populismo como disruptivo de la dinmica de institucionalizacin de
derechos reclamados por los movimientos sociales. El segundo
conjunto de consideraciones est vinculado a las transformaciones en
la accin colectiva.
4.1. La disrupcin populista
Uno de los argumentos ms recurridos para dar cuenta de la
inadecuacin del modelo marshalliano a la experiencia
latinoamericana est vinculado al fenmeno populista. Segn Elizabeth
Jelin, en la historia latinoamericana de este siglo, la
preeminencia de regmenes populistas y los autoritarismos sociales y
polticos han creado una cultura donde la conciencia de derechos
ciudadanos es dbil (Jelin, 2003a: 4). Ahora bien en qu consiste
concretamente la disrupcin populista a la dinmica de
ciudadanizacin? Nos interesa, en este punto, recuperar la propuesta
de lectura de Enrique Peruzzotti. En Peruzzotti (1999) argumenta
que la erosin de la autoridad de las leyes, resultante de los
procesos populistas, se tradujo en un desconstitucionalizacin de la
sociedad civil que implic tanto la erosin de sus instituciones
mediadoras y sus prcticas organizativas como la prdida de los
derechos de ciudadana. Si bien el autor se concentra exclusivamente
en el caso argentino, su propuesta es que las reflexiones y
conclusiones del anlisis de
este caso pueden servir como lecciones para estudiar el
populismo latinoamericano en general.
El autor comienza distinguiendo dos aspectos de la sociedad
civil. Por un lado, indica una dimensin activa, que se refiere a
las asociaciones, los movimientos y las formas de accin colectiva
que contribuyen a la reproduccin, expansin y defensa de los
derechos; por otro lado, se observa una dimensin pasiva, que hace
referencia a las instituciones que diferencian y estabilizan a la
sociedad civil como esfera autnoma de intervencin social. Al
interior de esta dimensin pasiva, la presencia de derechos
fundamentales efectivos es el indicador ms claro de la existencia
de una sociedad civil institucionalizada.
Los derechos son las instituciones jurdicas que estabilizan el
espacio de lo social como sociedad civil, es decir, como una esfera
autnoma de interaccin diferenciada tanto del estado como de la
economa. El establecimiento de derechos constituye a la sociedad
civil en tanto delimita y organiza jurdicamente a lo social. Sin
derechos fundamentales efectivos, lo social queda reducido a su
dimensin activa, es decir, a accin colectiva no enmarcada ni
protegida por un marco jurdico. (Peruzzotti 1999: 156-157)
De este modo, los derechos brindan la plataforma institucional
para el despliegue de la accin colectiva, es decir, de la dimensin
activa de la sociedad civil. El desarrollo de una sociedad civil
moderna combina, en la perspectiva del autor, las acciones
colectivas de los movimientos sociales con el establecimiento de
derechos que se institucionalizan como logro de dichos movimientos.
El proceso de autoconstitucin de las modernas sociedades civiles es
inseparable de esta doble dialctica entre accin colectiva y
estabilizacin jurdica mediante la implantacin de derechos
protectores (Peruzzotti 1999: 157). Esta dialctica est ya presente
en la articulacin marshalliana de los derechos de ciudadana.
T.H. Marshall aporta el anlisis paradigmtico de la dialctica
accin colectiva/institucionalizacin que enmarc el proceso de
autoconstitucin de las
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90 Luciano Nosetto
modernas sociedades civiles. La nocin de ciudadana se refiere a
una institucin en constante desarrollo y cambio que tiene como
elemento dinmico la accin colectiva de movimientos sociales, la
cual, a su vez, contribuye a nuevas formas de juridificacin.
Marshall describe el proceso de extensin de la ciudadana en trminos
de una sucesin de luchas por la ampliacin y redefinicin de dicho
proceso, que se cristaliza en tres grandes olas
institucionalizantes que corresponden a la implantacin de tres
tipos diferentes de derechos: civiles, polticos y sociales. Los
logros histricos de los movimientos burgueses y socialistas se
traducen en la superposicin de distintas capas juridificantes,
donde cada grupo de derechos obtenidos proporciona la plataforma
institucional para el surgimiento de nuevas formas de accin
colectiva (Peruzzotti 1999: 157)
Esto muestra la profunda interconexin entre el desarrollo del
estado y el desarrollo de la sociedad civil a partir de la
ampliacin de los derechos de ciudadana. Ahora bien, los derechos de
ciudadana, como instituciones jurdicas que son el fruto de demandas
normativas de movimientos sociales ante el estado, slo pueden ser
efectivos en la medida en que exista un ordenamiento judicial. Aqu,
Peruzzotti remite a la necesaria existencia de un derecho moderno
consolidado y del principio de divisin de poderes como condiciones
para la efectividad de los derechos de ciudadana. Es aqu donde el
populismo gener un efecto disruptivo de la dinmica de movilizacin y
reconocimiento, no permitiendo la institucionalizacin de los
derechos de ciudadana. Las luchas histricas por derechos polticos y
sociales no resultaron en una mayor constitucionalizacin de las
dinmicas polticas y sociales. Por el contrario, la democratizacin
populista interrumpi el proceso histrico de juridificacin iniciado
por el rgimen conservador, implantando una dinmica poltica
desconstitucionalizante (Peruzzotti 1999: 163). En esta lnea, el
autor identifica en el corporativismo, el movimientismo y la
manipulacin propagandstica los tres males que limitaron toda
posibilidad de inscripcin jurdica duradera de los derechos de
ciudadana obtenidos.
En suma, la politizacin de los mecanismos jurdicos llevada a
cabo por los populismos destruye las condiciones constitutivas del
complejo derecho-estado-sociedad civil, obstaculizando la
institucionalizacin de la sociedad civil y, en particular, de los
derechos fundamentales, y haciendo depender a estos ltimos de una
vinculacin poltica con el rgimen populista. Al politizar el
derecho, el populismo elimina la distincin entre ratio y voluntas
sobre la que se construye la legitimidad del estado moderno
(Peruzzotti 1999: 167).
Nos interesa, por ltimo, recuperar en este punto la lnea
interpretativa articulada por Norbert Lechner. En su artculo
Modernizacin y modernidad. La bsqueda de la ciudadana, Lechner
comienza identificando a la modernidad con la secularizacin,
entendida como el pasaje de un orden recibido (instituido a travs
de la religin como garante indiscutible) a un orden producido, en
el cual la sociedad debe crearse a s misma en tanto comunidad. De
modo que la modernidad viene dada por la asuncin del orden social
como un producto que los hombres mismos deben darse, desde el
interior de lo social: con la modernidad tanto la comunidad como la
exclusin dejan de ser datos determinados de antemano y se pueden
percibir como productos de la accin social (Lechner 1993: 63).
Ahora bien, la experiencia de la modernidad en Amrica Latina
aparece de manera problemtica. Al desmoronarse el antiguo orden
oligrquico, que estructuraba jerrquicamente a lo social en trminos
de una comunidad orgnica, los fenmenos de desigualdad y exclusin
comienzan a ser vistos como no naturales, es decir, como producto
de un orden social impuesto, que puede asimismo transformarse: la
exclusin de obreros y campesinos aparece al desnudo, es decir, es
percibida como consecuencia del orden reinante (Lechner 1993:
64).
De esta manera, en el pasaje al siglo XX, emerge en los pases de
industrializacin temprana la cuestin social y, en muchos casos, de
manera simultnea, las nuevas democracias (apoyadas en una
incipiente legislacin social) pretenden resolver la exclusin social
a travs de la participacin poltica. En este intento de canalizar
polticamente la exclusin social, Lechner
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identifica un grave obstculo: las ideologas nacionales
populares. Este intento de enfocar polticamente la exclusin social
fracasa porque a la exclusin (como producto social) se responde con
una categora cuasi natural de comunidad: la nacin. La idea de nacin
apunta a una unidad preconstituida, no a una comunidad construida
(Lechner 1993: 64).
En este sentido, el nacionalismo remite a un orden ya dado,
natural, preconstituido que no aparece como producto de la accin
humana sino que preexiste y determina las configuraciones sociales
y las opciones polticas. Enlazado con el nacionalismo, el populismo
aparece como el intento simblico de restaurar una comunidad natural
perdida, en contextos de fragmentacin y exclusin social. De este
modo, el populismo aparece como el intento de darse una comunidad
all donde la sociedad aparece desintegrada. Esto da cuenta, en la
perspectiva de Lechner, de la actualidad del populismo en la regin:
siendo el populismo un sustituto de comunidad, no desaparecer
mientras nos se desarrollen nuevas formas de integracin social e
identidad colectiva (Lechner, 73).
En suma, el modelo nacional-popular aparece como la posibilidad
simblica y poltica de interpelacin a una comunidad en el contexto
profundamente fragmentado por la penetracin diferencial de la
modernizacin econmica y poltica y por la configuracin de ciudadanas
de geometra variable.
4.2. Los nuevos movimientos
Hemos planteado que la dinmica de movilizacin social y
reconocimiento jurdico y estatal de los derechos del ciudadano
aparece problematizada en la literatura latinoamericana a partir de
un conjunto de aportes vinculados, por un lado, al fenmeno
populista y, por otro lado, a las transformaciones recientes y la
configuracin actual de la accin colectiva en la regin. Tanto los
abordajes de la accin colectiva que parten de las teoras de los
movimientos sociales como aquellos que parten de la nocin de
protesta social2 enfatizan un
2 Para una discusin en torno a la pertinencia de los conceptos
de protesta social y movimiento social en el abordaje de la accin
colectiva argentina y latinoamericana recientes, ver Svampa (2005:
318), Schuster y Pereyra (2001) y Schuster (2005: 43 y ss.)
conjunto de transformaciones recientes en las experiencias de
contestacin social que exigen una revisin de la forma de entender
la relacin entre movilizacin social e institucionalizacin de
derechos.
En la perspectiva marshalliana, el concepto de ciudadana de
define en una relacin compleja e imbricada respecto del concepto de
clase social. Precisamente, Marshall distingue dos tipos de clases
sociales: por un lado, estn aquellas que llamaramos estamentales,
definidas en funcin del jerarquas de condicin (patricios, plebeyos,
siervos, esclavos, etc.); por otro lado, estn aquellas definidas
por las instituciones de la propiedad y la estructura de la economa
nacional (propietarios, trabajadores, etc.). La opinin del autor es
que la ciudadana moderna implica la desaparicin de los estamentos
clsicos y que, a su vez, reduce la importancia social de la
distincin entre clases. El autor plantea que, ms que lograrse la
igualdad entre las clases sociales, lo que permite el proceso de
ciudadanizacin es la igualdad de las personas en una nacin que
queda as constituida como si fuera una clase nica. La igualdad de
condicin [ciudadana] es as ms importante que la igualdad de ingreso
(Marshall 2005: 61). La preocupacin de Marshall est as vinculada a
la relacin existente entre la igualdad ciudadana y las
desigualdades de clase (ver Giddens 1985; Held 1997). En este
sentido, no en vano el ttulo de las conferencias de Marsall es
Ciudadana y clase social.
En este contexto, cuando Marshall presenta su dinmica de
movilizacin social e institucionalizacin de derechos, el foco est
puesto en un tipo muy particular de accin colectiva: en la de los
trabajadores. De esta manera, el movimiento obrero aparece como el
sujeto central de esta dinmica de movilizacin social que genera el
progresivo reconocimiento jurdico y estatal de derechos. Ahora
bien, este panorama aparece profundamente cuestionado por un
conjunto de fenmenos recientes. En primer lugar, el proceso de
balcanizacin de los comportamientos laborales y de
descolectivizacin implicados en el pasaje al modo de regulacin
posfordista marca un conjunto de transformaciones estructurales
irreversibles. Por otra parte, la emergencia de nuevos
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92 Luciano Nosetto
movimientos sociales (feminismo, estudiantes, ecologismo, etc.)
genera una dinmica de accin colectiva irreductible a la identidad
de clase. Estas transformaciones son recogidas por la emergencia de
un rico campo de estudio de las ciencias sociales: La accin
colectiva comenz a constituir un autntico y novedoso problema para
las ciencias sociales desde el momento en que muchas de nuestras
certezas acerca de los sujetos colectivos homogneos, aquellas que
dominaron casi un siglo de conocimiento, se desmoronaron. El
estudio de los movimientos sociales, las protestas y la accin
colectiva en general es hoy uno de los grandes temas de anlisis de
las ciencias sociales (Schuster 2005: 45). Ahora bien, cmo se
expresan estas transformaciones en Amrica Latina?
Como punto de partida podemos identificar que, en la regin, no
fue la clase obrera sino la figura ms difusa del pueblo la que
protagoniz la movilizacin social (Svampa 2005: 206). Elizabeth
Jelin indica que la regin tiene una historia rica y compleja de
luchas populares que impulsaron la expansin de la ciudadana y los
derechos. Las luchas campesinas, las protestas obreras, los
movimientos populares antiguos y recientes, las movilizaciones
polticas excepcionales [...], las propias revoluciones no pueden
ser dejadas de lado. Esta historia de luchas populares manifiesta
la riqueza de las experiencias de resistencia y de oposicin a la
dominacin (Jelin 2003a: 8). Si bien Jelin identifica que la accin
colectiva en Amrica Latina estuvo preeminentemente vinculada a los
derechos sociales de sectores populares, en el contexto de las
dictaduras militares de las dcadas del 60 al 80, comienza a emerger
un campo novedoso de demandas de nueva ciudadana (Dagnino 2006:
206) y de identidades caracterizadas por una mayor heterogeneidad,
complejidad y fragmentacin:
La oposicin a las dictaduras militares y la demanda de
democracia abre el espacio de los reclamos por los derechos
polticos; las violaciones masivas a los derechos humanos crea un
nuevo lenguaje, un nuevo cdigo. Si antes el ideal ciudadano
difcilmente se extenda ms all de los hombres de sectores medios
urbanos, educados, la ola de movilizaciones populares y
movimientos sociales, el feminismo y los movimientos de mujeres,
las nuevas manifestaciones del indigenismo, las movilizaciones
urbanas y las presiones democratizadoras ms generales, han incitado
a una nueva manera de plantear las demandas sociales, polticas y
culturales. Crecientemente, la sociedad civil se moviliza,
desarrollando acciones y demandas ancladas en los derechos y las
responsabilidades de la ciudadana. (Jelin 2003a: 9)
En el caso de Argentina, por ejemplo, Federico Schuster y
Sebastin Pereyra identifican cmo, a lo largo de las ltimas dos
dcadas del siglo XX, va perdiendo preeminencia la accin colectiva
de tipo sindical y se va consolidando una matriz ciudadana de
protesta, caracterizada por la dispersin y la fragmentacin de las
protestas en mltiples identidades, demandas y formatos. Ahora bien,
en este contexto de fragmentacin y heterogeneidad de las protestas
sociales, varios autores consideran posible identificar algunas
caractersticas comunes de los movimientos sociales
latinoamericanos. Por caso, el uruguayo Ral Zibecchi considera que
hacia fines de los setenta fueron ganado fuerza [nuevas] lneas de
accin que reflejaban los profundos cambios introducidos por el
neoliberalismo en la vida cotidiana de los sectores populares. Los
movimientos ms significativos (Sin Tierra y seringueiros en Brasil,
indgenas ecuatorianos, neozapatistas, guerreros del agua y
cocaleros bolivianos y desocupados argentinos), pese a las
diferencias espaciales y temporales que caracterizaron su
desarrollo, poseen rasgos comunes, ya que responden a problemticas
que atraviesan a todos los actores sociales del continente. A
continuacin, presentaremos a efectos ilustrativos algunos de los
rasgos centrales de los movimientos sociales latinoamericanos:
(i) Nuevas territorialidades. Varios autores coinciden en que
buena parte de las caractersticas comunes a los diferentes
movimientos sociales se debe a la territorializacin; es decir, a su
arraigo en espacios fsicos recuperados o conquistados a travs de
largas luchas, abiertas o
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subterrneas. Las nuevas territorialidades son el rasgo
diferenciador de los movimientos sociales latinoamericanos, y lo
que les est dando la posibilidad de revertir la derrota estratgica.
A diferencia del viejo movimiento obrero y campesino (en el que
estaban subsumidos los indios), los actuales movimientos estn
promoviendo un nuevo patrn de organizacin del espacio geogrfico,
donde surgen nuevas prcticas y relaciones sociales (Zibecchi 2003:
187).
(ii) Autonoma y democracia. La segunda caracterstica que
atraviesa a los movimientos es la bsqueda de autonoma, tanto
respecto de los estados como de los partidos polticos. Los
comuneros, los cocaleros, los campesinos Sin Tierra y cada vez ms
los piqueteros argentinos y los desocupados urbanos estn trabajando
de forma consciente para construir su autonoma material y simblica
(Zibecchi 2003: 186). Esta bsqueda de autonoma coincide con formas
de democracia organizacional vinculadas a prcticas horizontales,
participativas y asamblearias. En este sentido, la prctica y la
discursividad de muchos de los movimientos sociales aparecen
atravesadas por la relavorizacin de la democracia al interior de la
organizacin:
Por un lado, la promocin de formas participativas ms
horizontales y abiertas es vista como reaseguro frente a los
peligros de desconexin entre los diferentes niveles organizativos,
burocratizacin y manipulacin. Por otra parte, la confrontacin con
la hegemona neoliberal en el terreno de las polticas pblicas se ha
traducido en un creciente cuestionamiento al rgimen poltico, al
modelo de la democracia representativa y a la forma que adopt la
constitucin del estado nacin en Amrica Latina, promoviendo frente a
ste una diversidad de demandas que van desde la exigencia de
consultas o referndums hasta los reclamos de autonoma y
autogobierno, impulsados particularmente por los movimientos
indgenas (Seoane, Taddei, Algranati 2006: 243).
(iii) Identidades y diferencia. Los autores identifican que es
transversal a los diversos movimientos un trabajo por la
revalorizacin de la cultura y por la afirmacin de la propia
identidad. La poltica
de afirmacin de las diferencias tnicas y de gnero, que juega un
papel relevante en los movimientos indgenas y de mujeres, comienza
a ser valorada tambin por los viejos y los nuevos pobres (Zibecchi,
2003: 186). En el apartado en el que trabajamos los nuevos derechos
de ciudadana, hemos dado cuenta de la productividad de los
movimientos de derechos de minoras culturales y tnicas en la crtica
y complejizacin del concepto cannico de ciudadana. En esta lnea, el
surgimiento de las reivindicaciones de derechos de los pueblos
indgenas basadas en criterios de etnicidad, constituye uno de los
movimientos ms dinmicos y novedosos del escenario latinoamericano
reciente (ver p. ej. Dvalos 2000 y Quijano 2007).
(iv) El protagonismo de las mujeres. No slo los movimientos de
mujeres y feministas han logrado un amplio impacto sino que,
tambin, las mujeres han ganado protagonismo al interior de los
movimientos: mujeres indias se desempean como diputadas,
comandantes y dirigentes sociales y polticas; mujeres campesinas y
piqueteras ocupan lugares destacados en sus organizaciones. sta es
apenas la parte visible de un fenmeno mucho ms profundo: las nuevas
relaciones que se establecieron entre los gneros en las
organizaciones (Zibecchi 2003: 187). Tambin aqu, las mujeres en los
movimientos y los movimientos de mujeres imprimen un replanteo
necesario de los supuestos incuestionados que estn a la base de la
definicin marshalliana de ciudadana.
(v) La accin directa. Las formas de accin instrumentales de
antao, cuyo mejor ejemplo es la huelga, tienden a ser sustituidas
por formas de accin directa (como los piquetes, los cortes de ruta
y las tomas de espacios pblicos o privados) que, si por un lado
aparecen como el ltimo recurso en contextos de profundas asimetras
de poder, por otro lado constituyen prcticas autoafirmativas, a
travs de las cuales los nuevos actores se hacen visibles y
reafirman sus rasgos y seas de identidad.
Las tomas de las ciudades de los indgenas representa la
reapropiacin, material y simblica, de un espacio ajeno para darle
otros contenidos. La accin de
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ocupar la tierra representa, para el campesino sin tierra, la
salida del anonimato y es su reencuentro con la vida. Los
piqueteros sienten que en el nico lugar donde la polica los respeta
es en el corte de ruta y las Madres de Plaza de Mayo toman su
nombre de un espacio del que se apropiaron hace 25 aos. (Zibecchi
2003: 187)
(vi) El nuevo internacionalismo. Los movimientos sociales
regionales han sido protagonistas de la globalizacin de formas de
accin colectiva, vinculadas tanto a protestas como a campaas y
eventos globales (como foros y cumbres). El carcter eminentemente
social de los actores involucrados, su heterogeneidad y amplitud,
la extensin verdaderamente internacional de las convergencias, las
formas organizativas y las caractersticas que asumen estas
articulaciones sealan la novedad de este internacionalismo (Seoane,
Taddei y Algranati 2006: 244). De esta manera, la territorializacin
de los movimientos sociales ya referida es complejizada por la
transnacionalizacin de los territorios en los que esos mismos
movimientos se despliegan (Santos 2006; Manano Fernandes 2006).
Si bien otras caractersticas comunes pueden ser identificadas
(como el antineoliberalismo, la preocupacin por la organizacin del
trabajo y por la naturaleza y la capacidad para formar sus propios
intelectuales) consideramos que los elementos presentados permiten
identificar algunas particularidades centrales de las actuales
movilizaciones por derechos. Esto nos lleva a considerar algunas
preguntas: es posible seguir pensando de la misma manera la dinmica
de movilizacin social e institucionalizacin de derechos universales
de ciudadana? Qu tipo de institucionalizacin puede brindar una
respuesta a la demanda de autonoma? Qu tipo de institucionalizacin
puede brindar un estado nacional ante una demanda global? Qu tipo
de institucionalizacin puede brindar una respuesta a la
reivindicacin de las identidades, la afirmacin de las diferencias y
la bsqueda de formas de autogobierno? Es la dinmica de
ciudadanizacin planteada por Marshall compatible con las luchas de
estos
movimientos sociales? En todo caso, cun intensa debe ser una
reformulacin del concepto de ciudadana que permita pensar estos
nuevos derechos, bsquedas y reivindicaciones?
5. A modo de cierre
A partir de la definicin cannica de ciudadana habilitada por
T.H. Marshall, hemos intentado dar cuenta de la recepcin
latinoamericana de este concepto y de las profundas
reelaboraciones, inflexiones y crticas de las que ha sido objeto.
Si, por un lado, la teora de Marshall ha brindado un ideal
regulatorio para la crtica de la configuracin latinoamericana de la
ciudadana y sus derechos, por otro lado, en sentido inverso, la
experiencia latinoamericana ha servido para cuestionar la adecuacin
y plausibilidad de una definicin de la ciudadana como la propuesta
por Marshall. As, en el encuentro del concepto de ciudadana con las
experiencias latinoamericanas, varios cientistas sociales y
polticos han articulado profundas reflexiones, debates, inflexiones
y reparos que han contribuido a enriquecer y complejizar el
pensamiento de la ciudadana en la regin.
Comenzamos dando cuenta del debate en torno al concepto de
ciudadana en su dimensin extensiva. Hemos relevado en la literatura
poltica y social la identificacin, a lo largo de la regin, de una
penetracin diferencial de los procesos de modernizacin econmica
(capitalismo) y poltica (Estado). Tanto los aportes de Jos Nun
desde el debate de la marginalidad como las crticas de Guillermo
ODonnell al supuesto de penetracin homognea del estado al interior
de su territorio, nos permitieron dar cuenta de un doble dficit,
que erigira obstculos estructurales a la dimensin extensiva de la
ciudadana, desde el momento en que estos procesos inacabados
modulan de manera diferencial la membresa de los diferentes
habitantes de un territorio nacional.
En segundo lugar, hemos relevado las crticas e inflexiones
operadas por los cientistas sociales y polticos en torno a la
dimensin intensiva de la ciudadana; es decir, en lo vinculado a los
derechos civiles,
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polticos, sociales y de nuevo tipo que componen el plexo jurdico
de este estatus universal. En este sentido, una pluralidad de
pensadores latinoamericanos nos ha permitido identificar un
complejo escenario de ausencias, asincronas, intermitencias y
retrocesos en los diferentes derechos. Nuestra configuracin
contempornea aparece as caracterizada por:
1) Una extendida conculcacin de derechos civiles, que, las ms de
las veces, coincide con situaciones de pobreza y exclusin.
2) La universalizacin de derechos polticos, que, sin embargo,
son amenazados en su ejercicio por la falta de autonoma de aquellos
que carecen de derechos civiles y sociales, generando un
configuracin ciudadana de baja intensidad.
3) Una extendida conculcacin de derechos sociales, marcada por
la informalidad, marginalidad y exclusin de amplios sectores y por
la tradicin corporativista; y profundizada por el pasaje al modo de
regulacin posfordista y el desmonte neoliberal del estado de
bienestar, lo que profundiza las fragmentaciones de la
ciudadana.
4) La emergencia de nuevas demandas y derechos, vinculados a las
reivindicaciones de los movimientos indgenas y de los movimientos
de mujeres y feministas entre otros.
Por ltimo, hemos abordado el elemento dinmico de la definicin de
la ciudadana, dando cuenta de los aportes que remarcan
las particularidades de los procesos de movilizacin e integracin
en la regin. En este sentido, dimos cuenta de los obstculos de la
dinmica marshalliana de movilizacin y reconocimiento de derechos en
una regin caracterizada en la literatura social y poltica por
prcticas de tipo populista. Si, en el caso de Enrique Peruzzotti,
el populismo da cuenta de una politizacin de los derechos que no
permite institucionalizar de manera estable las garantas
ciudadanas; en el caso de Norbert Lechner, el populismo aparece
como una estrategia de integracin poltica y simblica de la
comunidad en contextos de fragmentacin y exclusin social.
Por su parte, la caracterizacin de los movimientos sociales
latinoamericanos a partir de un conjunto de rasgos novedosos exige
una revisin de la forma de entender la relacin entre movilizacin
social e institucionalizacin de derechos. El carcter territorial y
directo de la accin, la reivindicacin de las identidades, la
afirmacin de las diferencias, el internacionalismo de los
movimientos y la bsqueda de autonoma y de formas de autogobierno
imprimen una lgica novedosa en las formas de contestacin social que
invita a reflexionar sobre la pertinencia de seguir pensando en
trminos de la dinmica de movilizacin social e institucionalizacin
estatal y jurdica.
En suma, la productividad del debate en torno la ciudadana
latinoamericana y la vitalidad de los movimientos sociales
regionales invitan a pensar en el ingente desafo y las profundas
dificultades de ir ms all de una ciudadana para pocos, como la que
es caracterstica de la regin.
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