Elecciones: primer desafío del 2006...Elecciones: primer desafío del 2006 Con los comicios de este año está en juego qué tan independiente será la participación ciudadana, qué
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1 • hechos del callejón
PnudPrograma de las Naciones Unidas para el DesarrolloAño 2Enero de 2006ISSN 1794-9408 Asdi
Elecciones: primer desafío del 2006 Con los comicios de este año está en juego qué tan independiente será la participación ciudadana, qué tan transparentes serán estas elecciones,
cuánta incidencia tendrán los armados en tránsito de desmovilización, así haya prohibición expresa para su acceso directo a cargos de elección
popular, y qué legitimidad acompañará a los elegidos en dos de las máximas instituciones de la democracia. p. 2
Urge que los movimientos sociales se blinden
cada vez mejor contra la injerencia de los
armados y hagan oídos sordos a sus cantos de
sirena. La democracia interna y la constante
rendición de cuentas son, como podría esperar-
se, los mejores medios para lograrlo.
La página humanitariaMinorías sexuales son víctimas del conflicto armado.
p. 16
¿Y al fin qué?La violencia sindical: la estigmatización no cede.
p. 12
EditorialConstrucción de paz y de desarrollo humano.
p. 19
Buenas prácticasComunas, territorios de No Violencia.
p. 20
La colonización armada de los conflictos laborales
Así vamos p. 9p. 5¿Cómo nos ven?
En El Salvador, la guerra educó a generaciones completas en el uso más
profesional de la violencia; agudizó los conflictos sociales y terminó por
masificar el uso de las armas en la sociedad. Lo ocurrido en este país le
muestra a Colombia los peligros en estos procesos de desmovilización.
Número 11
Los casos de infiltración armada en organizaciones sociales y laborales
han dado lugar a una cultura de la suspicacia que afianza la tendencia a
la criminalización de la protesta. El Estado debe actuar imparcialmente y
eliminar prácticas que atentan con el ejercicio de la libertad sindical.
Lecciones para no repetir los errores de otros
La desmovilización paramilitar se cruzó con la campaña electoral al Congreso y a la Presidencia. Aquí la entrega de armas por parte de hombres del Bloque Central Bolívar.
Elecciones: primer desafío del 2006Con los comicios de este año está en juego qué tan independiente será la participación ciudadana, qué tan transparentes serán estas elecciones y cuánta incidencia tendrán los armados en tránsito de desmo-vilización, así haya prohibición expresa para su acceso directo a cargos de elección popular.
Adiferencia de otras elecciones, en las del Congreso y
Presidencia del 2006 el temor reside no tanto en cómo
actuarán las farc o el eln, sino en el nivel de incidencia y
presencia que tendrán las auc.
Paradójicamente, mientras se presume que las guerri-
llas presionarán para que los votantes no acudan a las urnas, como lo
han hecho en años anteriores, analistas y políticos sostienen que las
autodefensas presionarán para lograr lo contrario. Es decir, para que
se vote por quienes ellos indiquen en defensa de sus intereses.
Aún están en el ambiente declaraciones como la del ex jefe para-
militar Vicente Castaño, hoy desmovilizado: “Tenemos más del 35 por
ciento de amigos en el Congreso. Y para las próximas elecciones vamos
a aumentar ese porcentaje de amigos”. O las de su compañero, “Ernes-
to Báez”, cuando aseguró que las auc no desaparecerían, sino que se
transformarían: “Seremos un gran movimiento, un movimiento que
exige participar en las grandes decisiones de la Nación”.
A la preocupación por la incidencia que —de diferente forma— ten-
drán los grupos armados en las próximas elecciones (12 de marzo para
Congreso; 28 de mayo y 18 de junio, primera y segunda vuelta presiden-
cial) se suman la incertidumbre por el control efectivo a la financiación
de las campañas y las nuevas reglas electorales que estrenará el país.
Por ello, las elecciones son un desafío en el 2006, porque estarán en
juego qué tan real e independiente será la participación ciudadana, qué
“En las próximas elecciones, los paramilitares tendrán presencia a través de alianzas con caciques tradicionales o im-poniendo sus propios candidatos con el fin de asegurar y con-solidar su poder económico, político, militar y regional”.
Analistas opinan que a los paramilitares sí les importan los comicios porque, a dife-
rencia de la guerrilla, han logrado incidir en ellos.
Las nuevas reglas que se aplicarán en las elecciones exigen que el votante esté muy bien informado.
4 • hechos del callejón
El debate
en un reportaje de El Tiempo que será muy difícil cumplir con la ley:
“En las condiciones actuales no podemos garantizar pleno control para
evitar el ingreso de dineros ilícitos en las campañas”.
Además, los costos de las campañas varían dependiendo de variables
más prácticas que legales. Por ejemplo, de si se trata de hacer proselitis-
mo en el sur del país (donde es restringida la movilidad por las fuerzas
ilegales) o en el norte (donde algunos candidatos tienen mayor acceso a
las áreas rurales). “Esto puede llevar a que un candidato al Senado gaste
en Barranquilla entre 3.500 y 4 mil millones de pesos para conseguir 70
mil votos, mientras que otro de Bogotá haga la misma tarea con 400
millones de pesos”, dice el informe de El Tiempo mencionado, titulado
“Dineros de campaña, ¿sin control?”.
Nuevas reglas del juegoLas nuevas reglas electorales y de partidos que se pondrán en marcha en
estos comicios luego de la reforma política (acto legislativo 01 del 2003),
de la aprobación de la reelección presidencial inmediata (acto legislativo
02 del 2004) y de la ley de garantías electorales (junio del 2005) son otras
inquietudes, porque incidirán en “la transparencia y legitimidad de las
elecciones y la calidad de quienes elijamos para que nos representen en
el Congreso y en la Presidencia”, como lo dice la cartilla Guía pedagógica elecciones .
Se estrenan en el país nuevos umbrales: el voto preferente opcional y
la cifra repartidora; el voto en blanco tendrá un mayor alcance potencial;
hay prohibición expresa de la doble militancia, y habrá listas y candidatos
únicos. Asimismo, hay variaciones en la financiación de campañas, el
acceso a medios de comunicación y existen nuevas disposiciones para
garantizar el equilibrio entre los candidatos presidenciales.
“Hay una normatividad nueva que hace que la situación sea aún más
difícil. El voto en blanco, por ejemplo, incide en el umbral y eso puede
ser aprovechado por sectores políticos para deslegitimar candidatos
o hacer valer elecciones ilegítimas. En el caso del voto preferente se
supone que el votante debe conocer quién está en la lista, es decir,
exige que esté muy bien informado”, dice Elizabeth Ungar.
En ese sentido, los analistas advierten que es im-
portante una mayor pedagogía electoral, que se tomen
medidas para asegurar la transparencia en las actua-
ciones de la Registraduría Nacional y, especialmente,
de las registradurías departamentales, y que la Fiscalía
refuerce su labor investigativa.
Pero, principalmente, se requiere que haya un real
compromiso político para aislar las campañas de cual-
quier presencia ilegal. El objetivo es evitar sorpresas o
que aquellas sorpresas que son vox populi no se convier-
tan en una realidad electoral.
Los costos de las campañas varían dependiendo de si se trata de hacer
proselitismo donde es restringida la movilidad por las fuerzas ilegales
o donde éstas regulan el acceso de algunos candidatos.
do que los paramilitares de la zona les dijeron que dejaran “la campaña
tranquila, que ellos ya tenían los candidatos para Cámara y Senado”.
“Sigo siendo el líder... Yo sanié a todo Cundinamarca. Acabamos con
la guerrilla y por eso la gente nos quiere. Nos vamos satisfechos por el
deber cumplido”, aseguró el día de su desmovilización “El Águila”.
Frente a estos escenarios, puede ser claro que habrá incidencia de los
jefes de los cerca de 14 mil hombres que se han desmovilizado como de
los grupos de autodefensa aún pendientes de dejar las armas.
Hay antecedentes que preocupan. En octubre del 2004, “Don Berna”
paralizó el transporte en Medellín usando a sus muchachos desmovilizados
un año antes, luego de una or-
den de captura proferida contra
él. También alarma la revelación
hecha por el director del progra-
ma de reinserción del Ministerio
del Interior, Juan David Ángel,
según la cual algunos desmovi-
lizados de Córdoba (unos 70) tienen hasta dos cédulas, las cuales usan
para cobrar dos veces las bonificaciones gubernamentales. “El Gobierno
no lo va a permitir”, dijo de manera enérgica Ángel. ¿Puede existir control
efectivo para que esta doble cedulación no sea usada en las urnas?
La financiación de las campañasA este panorama se suman dos inquietudes más. Una relacionada con la
financiación de las campañas y la otra con los cambios en el sistema elec-
toral y de partidos políticos. En ambas, los armados siguen su juego.
Medios de comunicación y políticos han denunciado la compra y
venta de votos y el peligro de que el paramilitarismo utilice dineros
del narcotráfico para consolidar sus alianzas políticas o hacer elegir a
sus candidatos. Diez líderes de las auc, algunos desmovilizados, están
pedidos en extradición por narcotráfico y otros son reconocidos, más
que como autodefensas, como jefes de la mafia del Norte del Valle.
“La financiación de las campañas por grupos armados ilegales es otro
tipo de presión, aunque menos indirecta, y un tema crítico que introduce
mucho ruido en los comicios ante el costo de las campañas y la capacidad
económica de muchas fuerzas ilegales”, dice Elizabeth Ungar.
Aunque el Consejo Nacional Electoral —cne— fijó en 450 millones
de pesos el tope que puede invertir un candidato al Senado, en 10 mil
millones para la primera vuelta presidencial y en 6 mil millones para
la segunda vuelta, la experiencia ha demostrado que son máximos que
no se respetan. El magistrado del cne, Antonio José Lizarazo, reconoció
“Las farc le apuestan a la no reelección presidencial mediante acciones contra civiles y objetivos militares. El asesinato del ex gober-nador del Huila Jaime Lozada es una clara advertencia de que no de-jarán hacer proselitismo en las regiones donde ejercen influencia”.
Lecciones para no repetir los errores de otros en el tema de desmovilizaciónEn El Salvador, la guerra educó a generaciones completas en el uso más profesional de la violencia; in-trodujo ingentes cantidades de armas de fuego en el país que dejaron armada a una gran cantidad de civiles, y agudizó los conflictos sociales. La experiencia enseña que en la medida en que se fortalezcan las instituciones que ayudan a vivir en paz, con seguridad y convivencia, habrá más oportunidades de mitigar las perniciosas secuelas de las guerras.
Por José Miguel CruzDirector del Instituto Universitario de Opinión Pública, Universidad Centroamericana, El Salvador
En la actualidad, El Salvador figura como uno de los países
con los índices de violencia más elevados del hemisferio
occidental. Sumido en un largo historial de violencia criminal
que arranca desde el fin de la guerra civil de diez años, este
pequeño país centroamericano fue paradójicamente muy
exitoso en poner fin a la violencia política que corrompió las relaciones
sociales durante muchísimos años.
La violencia, sin embargo, se transformó significativamente en la so-
ciedad de posguerra. El Salvador pasó de ocupar la lista de los países más
violentos del mundo debido a guerras civiles, que lo llevaron a tasas de
Las armas que no entreguen los desmovilizados podrían terminar en la delincuencia organizada o el mercado negro.
“Al encontrarse en condiciones de vida precarias, con un acu-mulado de técnicas para uso de la fuerza y con armas de fuego, mu-chos ex combatientes se vieron tentados a continuar practicando lo que sabían hacer mejor: usar la violencia para vivir”.
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a usar la violencia de forma privada para conseguir fines particulares
o vengar agravios sufridos durante la guerra. Esto no quiere decir que
todos los desmovilizados se dedicasen a la vida violenta, aunque es
difícil estimar cuántos, en concreto, se dedicaron a la vida delictiva.
El problema de las armasEl conflicto bélico dejó una gran cantidad de población preparada
para la agresión, en términos psicológicos y de aptitudes, y también
la dejó efectivamente armada con
pistolas, fusiles, granadas y demás
instrumentos de violencia. La guerra
permitió el ingreso de gran cantidad
de armas, las cuales fueron a parar,
de una u otra forma, a los civiles.
A esto contribuyeron los intentos
expresos de cada bando por proveer
de armas a sus simpatizantes civiles, y también surgió un mercado y un
comercio de armas muy intenso (el cual persiste hasta el día de hoy). Ese
mercado encontró vías legales e ilegales para abastecerse de armas.
Al concluir la guerra las armas no fueron recogidas, pese a que los
acuerdos lo contemplaban. El gobierno salvadoreño no pudo reunir
más de un par de cientos de armas y la guerrilla, faltando a lo acorda-
do, se quedó con una cierta cantidad, escondida en buzones
o en casas de seguridad. Muchas de esas armas fueron, con el
tiempo, sustraídas y vendidas en el mercado negro por quienes
conocían su paradero.
La disponibilidad de armas se conjugó perfectamente con
el legado cultural de la guerra. La gente que quería continuar
viviendo del uso de la fuerza encontró en las armas las herra-
mientas idóneas. Pero no sólo eso: la disponibilidad, circulación
y libre porte de armas aumentó las condiciones para su uso.
Por ejemplo, las riñas callejeras y las disputas territoriales de
las pandillas juveniles pronto se vieron “fortalecidas” por las
armas disponibles, dejadas por la guerra.
La reserva de armas heredadas de la guerra se completó y, de
hecho, poco a poco, fue sustituida por nuevas armas de fuego
introducidas con anuencia de las autoridades. El mercado ilegal
e informal de armas fue reemplazado por comercialización legal.
Este comercio creció por la gran demanda creada por la insegu-
ridad y los patrones culturales y por la oferta de comerciantes
militares, surgida a raíz de la desmovilización. Además de ser
una cuestión de seguridad, el comercio legal de las armas de
fuego se convirtió en una próspera actividad económica para
sectores con influencia en la clase política.
El comercio legal de armas desvirtuó la creencia de quienes
sostenían que, con el tiempo, se agotarían las existencias de
municiones para las armas dejadas por la guerra. Sucedió lo
contrario, el comercio legal introdujo más armas al país y, lógi-
camente, también importó municiones para las armas nuevas y
las viejas, con lo cual su efecto se perpetuó.
Finalmente, el conflicto bélico también generó dinámicas
intrínsecas de violencia, las cuales se perpetuaron más allá
de aquél. Es lo que llamamos “venganzas diferidas”. Allende el
plano político y militar, la guerra originó dinámicas privadas de agravios
y violencia. Los asesinatos, las capturas, las torturas y otros vejámenes
hechos por los actores de la guerra crearon rencores y enemistades,
los cuales no fueron resueltos con el tratado de paz.
En el ámbito local esos perjuicios fueron asumidos como ofensas
particulares cometidas por individuos concretos e identificables y no
como las consecuencias inevitables de una guerra. Además, durante
mucho tiempo la violencia de la guerra fue experimentada como el
resultado de soplones, quienes acusaban y entregaban las víctimas
a los verdugos del otro bando. Al finalizar la guerra, y ya fuera del
alcance de las operaciones de castigo y represalia, algunas personas
encontraron la posibilidad de vengar y desquitarse por las agresiones y
daños sufridos. Entonces, ya no como parte de una estrategia político-
militar, comenzaron a tomar la justicia por su mano amparados por la
El pasado es lo más difícil de olvidar entre los desmovilizados que crecieron
en la guerra.
“Muchos ex combatientes se integraron a la vida criminal, formaron bandas junto con sus antiguos enemigos o simplemente comenzaron a usar la violencia de forma privada para conseguir fines particulares o vengar agravios sufridos durante la guerra”.
8 • hechos del callejón
¿Cómo nos ven?
falta de un aparato efectivo de seguridad y justicia local (el ejército y
las unidades guerrilleras estaban concentrados; la Policía Nacional se
estaba desmovilizando y la nueva policía no estaba aún desplegada).
Conocían la técnica y poseían armas. Recurrieron a la violencia no por
razones ideológicas sino para vengar una agresión pasada. Así, aunque
la guerra había terminado, las muertes continuaron, esta vez en nombre
de los familiares perdidos y asesinados.
La reparación socialLa ausencia de una institucionalidad, necesaria para contener esta nue-
va ola de violencia, no es la única explicación de la misma. Esa violencia
también está relacionada con el proceso
de reparación social, indispensable para
la reconciliación. Pero la reconciliación
de la que hablaron las élites políticas
tuvo poca relación con la necesidad de
resarcir de amplios sectores sociales.
Más aún, esa necesidad fue desdeñada
cuando, por decreto, aprobaron la amnistía general para todos los res-
ponsables de crímenes de la guerra y cuando descalificaron el informe
de la Comisión de la Verdad. En estas circunstancias, algunas personas
concluyeron que la única forma de encontrar justicia era tomársela ellas
mismas. Ahora bien, si la amnistía general no hubiera sido aprobada y
La reinserción a la vida civil es un largo proceso en el que hay que aprender
si el informe de la Comisión de la Verdad hubiera sido aceptado y sus
recomendaciones cumplidas, no todos los responsables de crímenes
de guerra hubiesen sido llevados ante la justicia. Por lo tanto, la ten-
tación de hacer justicia por propia mano no habría desaparecido. Pero
sí hubiese contribuido, sin duda, a pacificar la sociedad.
Reconocer la verdad de lo ocurrido y llevar a juicio a los responsables
principales de las atrocidades cometidas hubiera anunciado de forma
clara que la nueva institucionalidad estaba preparada para construir y
sostener un nuevo orden. La élite política, en cambio, optó por ignorar
la necesidad de justicia de mucha gente, maniobró para garantizar la
impunidad a los responsables de los crímenes de guerra y manipuló los
procesos de reconstrucción de las instituciones de seguridad y justicia
para retener el control de ambos aparatos.
La población, deseosa de saldar cuentas, entendió que la única forma
era la privada por medio de la violencia, el único recurso a su disposi-
ción. Las destrezas, la militarización psicosocial, las armas, la impunidad
y la ausencia de instituciones contribuyeron a ello.
Estas son, pues, algunas de las consecuencias de la guerra que
favorecieron los niveles de la violencia de la posguerra. Sin duda
otras han quedado fuera, pero las presentadas brevemente aquí
tienen que ver directamente con las decisiones políticas que se
tomaron en los acuerdos de la transición hacia la paz. Por ello,
cualquier esfuerzo de pacificación política debe tomar muy en
cuenta que la paz y su objetivo fundamental —la ausencia de
violencia— no se logran completamente si no se atienden las
secuelas sociales y políticas de la guerra.
Hay, sin embargo, una línea muy delgada que seguir a la hora
de tomar esas decisiones políticas como producto de los dilemas
que imponen las mismas condiciones de la pacificación: ofrecer
amnistías frente a la posibilidad de que los criminales de guerra
amenacen la estabilidad de la transición; permitir el negocio
de las armas y de seguridad privada de forma legal frente a la
posibilidad de que los antiguos combatientes se decidan por
la vida criminal, y financiar ampliamente los programas de
desmovilización frente a la escasez de recursos que suponen
siempre los cambios políticos.
En cualquier caso, el fracaso al erradicar la violencia social de
la posguerra en El Salvador sugiere que el derrotero más impor-
tante debe ser el fortalecimiento de la institucionalidad surgida
de los acuerdos; la falta de atención a las nuevas instituciones y a
la nueva cultura de convivencia que debía surgir en la posguerra
es probablemente uno de los descuidos más grandes de nuestra
propia transición. Nuestra experiencia enseña, por lo tanto, que
en la medida en que fortalezcamos las instituciones que ayudan
a vivir en paz, con seguridad y convivencia, habrá más oportuni-
dades de mitigar las perniciosas secuelas de las guerras.
“Reconocer la verdad de lo ocurrido y llevar a juicio a los responsables principales de las atrocidades cometidas hubiera anunciado de forma clara que la nueva institucionalidad estaba preparada para construir y sostener un nuevo orden”.
9 • hechos del callejón
Así vamos
La colonización armada de los conflictos laboralesLos episodios de infiltración armada en las organizaciones sociales y laborales han dado lugar a una cultura de la suspicacia que afianza la tendencia a criminalizar la protesta social y sindical. El Estado debe actuar imparcialmente y eliminar aquellas prácticas que atentan contra el ejercicio de la libertad sindical.
Por Mauricio Uribe LópezProfesor del cider de la Universidad de los Andes
14 . Emiro Mesa, Manuel Reina, Jana Silverman, Juliana Tabares (2005), op. cit., p. 73.
10. Gustavo Gallón Giraldo (2005), “Los riesgos de una
desenfocada política antiterrorista en Colombia”, en M.
Cárdenas, op. cit., p. 127.
11. pnud, op. cit., p. 377.
12. Luis Norberto Ríos Navarro (2005), “Fuerte cuestiona-
miento al gobierno colombiano por las limitaciones a la
libertad sindical”, en Cultura y Trabajo, N° 66, Medellín,
ens, agosto, p. 32-33.
13. Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social
(2004), Los sindicatos en Colombia. Una aproximación macroeco-
nómica, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, p. 30.
Gráfico 2. Densidad sindical en Colombia (porcentaje) 1947-2002
Fuente: Observatorio del Mercado de Trabajo y Seguridad Social.
12 • hechos del callejón
¿Y al fin qué?
La violencia contra sindicalistas: la estigmatización no cedeAsesinatos y amenazas son los principales delitos contra los sindicalistas colombianos, quienes siguen siendo estigmatizados por parte de grupos armados ilegales e incluso por representantes del Estado. La guerra también se ha convertido en un instrumento para tramitar los conflictos laborales.
Amedida que han ido disminuyendo los asesinatos de sin-
dicalistas, han aumentado las amenazas a este sector. Los
maestros siguen siendo las principales víctimas. El Gobier-
no, organizaciones defensoras de derechos humanos y
agremiaciones sindicales como la Central Unitaria de Traba-
jadores (cut) aseguran que faltan investigaciones que permitan establecer
las razones por las cuales se ataca a los sindicalistas en Colombia.
¿La violencia se da en medio de negociaciones colectivas en las empre-
sas? ¿Se trata de una campaña en contra de la lucha de los trabajadores?
¿Es acaso una lucha por los intereses de la Nación? ¿Se sigue asociando
el sindicalismo con actividades ilegales? ¿Es el resultado del conflicto
armado que padece Colombia? Para Carlos Rodríguez, presidente de la
cut, pueden ser todas las anteriores.
Lo que sí es claro es que las cifras continúan mostrando una violencia
generalizada contra los sindicalistas que se refleja tanto en homicidios
como en amenazas. Sin embargo, los homicidios de sindicalistas han
disminuido, como lo demuestran las cifras del Ministerio de la Protección
Social, del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la
República y de la Escuela Nacional Sindical (ens), una ong que sistematiza
las violaciones de los derechos humanos de sindicalistas (cuadro 1).
Aunque los homicidos de sindicalistas han disminuido, continúan siendo víctimas de la violencia por parte de los grupos armados .
“Más que a una política de protección, la disminución de los asesinatos de sindicalistas responde a dos nuevas estrategias de los actores armados”.
15 • hechos del callejón
La invitada
Más de 13 mil combatientes, en su mayoría
hombres, han ingresado al programa de
reinserción del Gobierno. ¿Qué pasa en
los lugares a los que estos ex comba-
tientes han regresado? ¿Qué significa
y de qué manera afecta a la comunidad el retorno de un
hijo, un compañero sentimental, un vecino que se había
enrolado en las filas del admirado, aceptado, temido o
repudiado paramilitarismo? ¿Qué pasa, en concreto, con
las mujeres, sus vidas y su seguridad? Estas preguntas
fueron abordadas recientemente en la investigación Riesgos para la seguridad de las mujeres en procesos de reinserción de ex combatientes, que
la ong Humanas emprendió en Córdoba con el auspicio del Fondo de
las Naciones Unidas para la Mujer (unifem).
En la investigación se presenta un panorama de la desmovilización, los
lineamientos a partir de los cuales se analizó la información y el impacto
de la reinserción en las mujeres teniendo en cuenta su organización y
agenda social; la exclusión socioeconómica; los derechos sexuales y re-
productivos y la seguridad física.
Además, se hacen recomendacio-
nes para garantizar los derechos
humanos y la seguridad de las
mujeres. La investigación, que se
basó en 35 entrevistas a una gran
diversidad de personas de Montería y Tierralta, en datos estadísticos y
fuentes secundarias, indica que seis son los factores que intervienen en
la afectación de la vida de las mujeres.
Estos factores, que deben ser considerados para evaluar otras expe-
riencias de desmovilización, son: 1) concentración de personas desmovi-
lizadas en la misma zona; 2) carácter o razón de la presencia de personas
desmovilizadas; 3) características derivadas de haber sido paramilitar;
4) nivel de coerción ejercida por el paramilitarismo; 5) credibilidad
en el proceso de desmovilización, y 6) situación y realización de los
derechos de las mujeres en las comunidades receptoras de población
desmovilizada. Este último factor, de carácter estructural, está en re-
lación directa con el reconocimiento que tiene la comunidad receptora
de los derechos de las mujeres y con la realización de esos derechos.
Este factor es la base de todos los impactos de la desmovilización en la
vida de las mujeres. Así, a mayor discriminación de la mujer en las zonas
de recepción de desmovilizados, mayor vulneración de su seguridad si
no se toman medidas.
Las mujeres en zonas con desmovilizadosUna investigación sobre los derechos de las mujeres en las zonas de recepción de desmovilizados reveló que a mayor discriminación de la mujer en esas áreas, mayor vulneración de su seguridad si no se toman medidas, y que a mayor coerción paramilitar mayor temor a organizarse o a exigir sus derechos.
Por Luz Piedad Caicedo DelgadoAntropóloga, Corporación Humanas, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género
Resultados de la investigaciónLa investigación reveló que no se valora que el Gobierno
beneficie a los desmovilizados, porque se considera que se
está incentivando la “vagabundería” al pagar por no tra-
bajar. En comparación —dicen varias mujeres—, ellas sólo
pueden acceder a remuneraciones inferiores a las de los
reinsertados por un trabajo intenso o, si son desplazadas,
deben pagar los créditos de las tierras recibidas. Políticas
hacia las mujeres rurales o desplazadas no han garanti-
zado que puedan tener una vida autónoma, reconstruir
su proyecto de vida o asegurar su sobrevivencia. Las mujeres se sienten
excluidas y señalan que el ámbito económico de sus vidas se ve afectado
porque no se valora su trabajo ni se hace justicia con ellas.
Por el nivel de coerción del paramilitarismo en la zona se ve limitada la
posibilidad de que las mujeres le exijan al Estado garantizar su bienestar,
revisar las políticas de entrega de tierras, que haya justicia en los casos
en que han sido víctimas del conflicto o que se puedan organizar para
atender sus necesidades. En varios testimonios predomina el temor a orga-
nizarse o a exigir sus derechos. El
proceso de paz del Gobierno con
las auc no les genera la suficiente
confianza ni credibilidad. Según
algunas, “ellos (los paramilita-
res) no han dejado en ningún
momento de ejercer la autoridad”. Desde esta perspectiva, el ámbito
político también se ve afectado. De manera opuesta, varias adolescentes
ven a los ex paramilitares como personas con autoridad que las hacen
respetar, y con estabilidad económica ante el “sueldo” que reciben por ser
desmovilizados. Esta valoración hace que algunas mujeres, sobre todo
las jóvenes, los busquen como parejas y se expongan a embarazos y a
infecciones de transmisión sexual (its), incluido el vih/sida. Las entre-
vistadas coincidieron en señalar que la desmovilización ha aumentado
los embarazos en adolescentes y las its, de tal forma que el ámbito
de la sexualidad se ha visto vulnerado. El 54% de las mujeres víctimas
de violencia sexual en Córdoba son niñas entre los 10 y 14 años. Sigue
siendo una realidad la práctica de “concederles” las hijas —desde los
12 o 13 años— a hombres con cierto poder adquisitivo.
La reinserción de paramilitares en los vecindarios ha significado un
mayor número de varones en un contexto social donde no se respetaban
los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, vulneraciones
que han aumentado.
“Por el nivel de coerción del paramilitarismo se ve limitada la posibilidad de que las mujeres le exijan al Estado garantizar su bienestar”.
16 • hechos del callejón
La página humanitaria
Minorías sexuales víctimas del conflicto armadoLa vulneración de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas ha ido en aumento, lo cual genera preguntas como: ¿qué efectos tiene el conflicto armado en sus vidas? ¿Con qué frecuencia y qué actores realizan estas violaciones? ¿Por qué?
Por Mauricio Albarracín CaballeroColombia Diversa ([email protected])
El conflicto armado colombiano ha generado amenazas graves
y sistemáticas de los derechos humanos de la población
civil. Este es un hecho conocido pero que requiere de un
análisis profundo y particular, ya que los efectos del conflicto
armado dependen de su naturaleza, actores, intereses y
contexto sociocultural, pues la mezcla de estos factores afecta de forma
singular y diferenciada a los distintos gru-
pos sociales de Colombia.
También constituye un obstáculo para
que lesbianas, gays, bisexuales y transge-
neristas (lgbt) disfruten de sus derechos.
Los actores armados mezclan su ideología
e intereses con los prejuicios y miedos
que existen en el país contra las personas con orientaciones sexuales
e identidades de género no normativas.
Existe una gran preocupación por parte de las organizaciones que
trabajan a favor del reconocimiento social de lgbt por el aumento de
casos de vulneración de sus derechos, lo que ha generado preguntas
como: ¿qué efectos tiene el conflicto armado en la vida y derechos de
las lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas? ¿Con qué frecuencia
y qué actores realizan estas vulneraciones? ¿Por qué ocurren? ¿El Es-
tado investiga, previene o sanciona estos crímenes? ¿Serán objeto de
investigación en eventuales procesos sobre verdad, justicia y repara-
ción? ¿Las organizaciones nacionales e internacionales que defienden y
promueven los derechos humanos se interesan por estas situaciones?
“Los actores del conflicto armado imponen normas sociales y de “convivencia” en sus zonas de influencia. Se trata de regula-ciones abusivas contra la población civil destinadas a controlar su vida y, en particular, su esfera íntima y cotidiana”.
Nuestro país posee una tradición social que no acepta ni reconoce
a las personas lgbt como sujetos legítimos. En diferentes épocas han
sido considerados como delincuentes, anormales, enfermos o indesea-
bles, etc. Las normas y prácticas discriminatorias han excluido a este
grupo social del acceso a distintos aspectos de la vida pública, como la
familia, las libertades fundamentales, el trabajo o la educación. Sólo
a partir de la Constitución de 1991 y del desarrollo dado por la Corte
Constitucional se ha avanzado en el reconocimiento de sus derechos.
Pero generalmente esta población no disfruta de estos avances anti-
discriminatorios y garantistas.
No escapan de la violenciaNo existen estudios que nos permitan profundizar en los efectos del
conflicto armado sobre la vida de esta población. Sin embargo, estudios
sobre violencia sexual contra las mujeres en el marco del conflicto han
mostrado que las violaciones de sus derechos humanos no siempre se
asocian a confrontaciones armadas, sino que hacen parte de las formas
en que actores armados imponen un modelo social y cultural como estra-
Tres son los ejes que definen la no violencia, según el equipo facilitador de la
Comisión Cívica de la Diócesis de Barrancabermeja:
1. La búsqueda de la verdad. Es la verdad histórica, que significa darles a los
sectores populares el derecho a la palabra, a construir su historia y desatar las
memorias atrapadas en la guerra. Más que juicios, las comunidades exigen ser
escuchadas, reconocidas y creídas.
2. Buscar la reconciliación. Significa que las personas que han estado separadas
por diferentes motivos empiezan a caminar juntas, lo que implica restaurar rela-
ciones o lograr acercamientos.
3. No cooperar con la injusticia y la humillación. Va más allá de la resistencia
como forma de lucha. Se trata de denunciar al que oprime y somete a las comuni-
dades con violencia. Significa organización popular para transformar las realidades
injustas y tomar la decisión firme de no aceptar pasivamente aquello que atente
contra la autonomía y autodeterminación de las personas y las comunidades.
y desarrollo comunal; 3) Trabajar por la
sostenibilidad y luchar contra la guerra,
el sometimiento y la violencia.
Cada uno de esos retos se ha venido
concretando en los últimos tres años me-
diante objetivos y acciones apoyadas por
los habitantes, el Laboratorio Nacional de
Paz y la comunidad internacional repre-
sentada por la Unión Europea y Secours
Catholique-Caritas Francesa.
• Cada comuna ha construido su pro-
pio plan comunal, que agrupa múltiples
acciones ambientales, productivas y so-
cioculturales.
• Se atienden comunas que han acogido
a los desplazados como nuevos habitantes,
participantes y protagonistas del desarro-
llo local.
• Se rescataron actividades lúdicas y
festivas que habían sido acalladas por la
violencia, como festivales deportivos y
culturales, pintura comunal de murales,
encuentros de víctimas de la violencia.
• Se publica mensualmente el periódico Gente Comuna, que informa
experiencias comunitarias positivas que reafirman el compromiso con
la no violencia.
• Barrancabermeja es hoy sede de numerosas convocatorias nacio-
nales de carácter académico, cívico y religioso que propenden por la
paz y la solución negociada del conflicto.
Estas acciones se han caracterizado, según el equipo facilitador de la
Comisión Cívica, por la integración y la unidad popular; el plan comu-
nal y la calidad de vida y la no violencia y la reconciliación. La lógica
del trabajo es propiciar unidad y organización popular para construir
y organizar los proyectos en una agenda que oriente y dinamice la
gestión y que promueva el liderazgo comunitario.
“La gente está muy motivada porque cree en el proceso, ve que
es 100% comunitario y que no hay de por medio intereses políticos
o religiosos. Siente que no hay filtro para entrar y que sólo hay que
proponer con el espíritu desarmado”, señala María Teresa Chavarría,
líder comunitaria de la comuna 6, una de las zonas recién integradas
al proceso.
El apóstol moderno de la no violencia fue Mahatma Gandhi (1869-
1948), quien desde el norte de la India, a orillas del río Yamuna, pro-
movió hasta su muerte los fundamentos centrales de su doctrina de
paz: buscar la verdad, buscar la reconciliación y no cooperar con la
injusticia y la humillación.
Hoy, al otro lado del mundo y en las riberas de otro río, estos mismos
principios son impulsados por los habitantes de cuatro de las siete co-
munas de Barrancabermeja más pobres y más asoladas por el conflicto
armado. Ellos llevan a su realidad aquella máxima expresada por Gandhi
en el fragor del proceso independentista indio: “Si logramos nuestra liber-
tad por medios violentos, ésta dejará de ser la tierra de mi orgullo”.
fin de comprometerse con la construcción de un proyecto colectivo
y animar un proceso que desde las comunidades impulse su transfor-
mación. Cada uno de estos procesos fue bautizado como “Apueste por
Barrancabermeja” y en la base popular como “Comunas Territorio de
No Violencia”.
Desde sus inicios, la Comisión definió los tres retos de este proyecto:
1) Trabajar con base en la integración, la unidad y la autonomía popu-
lar, porque sólo la confianza da la fuerza y capacidad para enfrentar
a los actores de la violencia; 2) Recuperar la capacidad de soñar para
que dirigentes y comunidad sean responsables de su propia historia
19 • hechos del callejón
Editorial
Bruno Moro, Representante Residente Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, pnud
Producido por: Área de Desarrollo Humano pnud
Director Académico: Hernando Gómez Buendía
Editora: Olga González Reyes
Asesor Especial: Mauricio Uribe
Colaboradores: Colaboradores: OCHA-SSH, Andrea Arboleda, Bibiana Mercado y María Victoria Duque • Agradecimiento Especial: Periódico El Tiempo • Prensa –Oficina del Alto
Comisionado para la Paz • Simone Bruno • Manuel Saldarriaga • Colprensa • Reconocimiento especial: Dirección de Prevención de Crisis y Recuperación (BCPR, por sus siglas en inglés) del
PNUD, con sede en Nueva York. • Diseño gráfico y corrección de textos: Editorial El Malpensante S. A. • Impresión: Panamericana Formas e Impresos S. A.
Boletín Hechos del Callejón: Carrera 11 N° 82-76, Oficina 802, Bogotá, Colombia • Teléfono: 6364750 extensión 205–208–202• Fax: extensión 209 • Comentarios y sugerencias: olga.gonzalez@undp.
org, indh @undp.org • Visite nuestra página de internet: www.pnud.org.co/indh
Las opiniones y planteamientos expresados no reflejan necesariamente las opiniones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, su junta directiva, ni los Estados miembros
Apesar de la complejidad del conflicto armado colombiano, el
país está lleno de esfuerzos e iniciativas civiles de construc-
ción de paz. Muchas de ellas expresadas en organizaciones
de la sociedad civil que operan regional y nacionalmente y que,
desde hace dos décadas, vienen cultivando alternativas a la lógica
de la guerra. Ahora, el desafío general consiste en transformar y
consolidar la movilización social por la paz en salidas democráticas
a la guerra. Se requieren arreglos institucionales y redes sociales
multiterritoriales capaces de convertir la propuesta de los ciuda-
danos en decisiones sociales ampliamente consensuadas, políticas
públicas y grandes acuerdos por la paz.
En tres regiones del país (Montes de María, oriente antioqueño y
Meta) el pnud acompaña diversas iniciativas de paz con la voluntad
de incrementar la capacidad que tienen para enfrentar los retos
asociados a la violencia y aprovechar mejor las oportunidades de
desarrollo humano. Es una apuesta decidida por la recuperación de
la política como mecanismo de gestión de conflictos y promoción
de desarrollo. En estas regiones el pnud —a través del programa
Redes— trabaja en cuatro líneas estratégicas:
Comunidades: aumentando la organización social para la paz
y la capacidad de las comunidades y la sociedad civil regional de
constituirse en actores primarios de iniciativas de paz y de desa-
rrollo humano.
Alianzas: motivando alianzas interinstitucionales e intersectoriales
entre poderes públicos, la sociedad civil y la cooperación internacio-
nal para incrementar la acción colectiva frente al conflicto.
La paz en Colombia depende primordialmente de la calidad
de las relaciones entre la sociedad civil y el Estado.
Conocimiento: promoviendo la participación y la delibe-
ración de estos diversos actores para generar conocimien-
to colectivo que sea capaz de orientar estrategias comunes
para superar retos concretos del conflicto armado.
das en las agendas de política pública municipal y depar-
tamental para atender los retos que genera la violencia y
las oportunidades de la construcción de la paz.
Convencidos de la importancia de este esfuerzo, el pnud y sus
aliados (Suecia, Países Bajos, España, Noruega y la Generalitat de
Cataluña) están llevando el programa Redes a la Sierra Nevada de
Santa Marta, las comunidades marginadas del sur de Cartagena, los
Altos de Cazucá y, próximamente, al Huila y Caquetá.
Tras dos años el pnud ha aprendido varias lecciones:
En primer lugar, los miembros de las iniciativas de paz locales y
regionales son actores legítimos que buscan promover proyectos
de vida y sociedad renunciando a la violencia como estrategia para
promover el cambio social.
En segundo lugar, no hay que esperar a la finalización del con-
flicto armado y a la firma de un acuerdo de paz para promover y
apoyar iniciativas de construcción de paz y de incremento de la
gobernabilidad democrática.
Por una parte, es importante destacar que la sostenibilidad de fu-
turos acuerdos de paz en Colombia depende de la calidad del capital
social regional y de la capacidad que tengan las iniciativas de paz de
convertirse en actores primarios en la construcción de país.
Impulsar el desarrollo humano en medio del conflicto no es sólo
necesario sino que es un imperativo. Es necesario crear espacios de
seguridad y paz en medio de la violencia, en los cuales las expre-
siones legítimas de la sociedad civil y la institucionalidad política
puedan sobreponerse a las lógicas de la guerra y transformarlas
en lógicas de paz.
Por último, es importante destacar que la comunidad interna-
cional debe coordinar sus políticas de cooperación inter-
nacional con el fin de acompañar, fortalecer y articular
las iniciativas locales y regionales de paz. Los actores
de la comunidad internacional pueden tener un papel
significativo a la hora de facilitar alianzas estratégicas
entre diversos actores del movimiento social por la paz
y el gobierno nacional, junto con los gobiernos locales y
regionales. De esta manera se abren las puertas para el
diseño consensuado de políticas públicas de paz, atención
humanitaria y desarrollo humano, contribuyendo, tam-
bién, al aumento de la legitimidad del Estado.
Construcción de paz y desarrollo humano
Editorial
20 • hechos del callejón
Por Alexánder Barajas Maldonado
El clima de Barrancabermeja —donde en un mismo día se puede
vivir un caluroso atardecer y una torrencial tormenta— imita la
ambigua realidad de este puerto santandereano sobre el Magda-
lena, donde bajo el mismo cielo se encuentran la riqueza petrolera y
la miseria del desplazado; la belleza de sus ciénagas y el horror de una
violencia tan añeja como inútil. Y coexisten, además, la sinrazón de la
razón armada y la unión de la comunidad para defender la vida.
El pasado 30 de octubre decenas de vecinos de los 22 barrios que
conforman la comuna 4 de Barrancabermeja decidieron reafirmar su
unión por la vida con un triatlón ecológico, actividad incluida en el
plan comunal que ellos mismos construyeron como “Territorio de No
Violencia” y que definió a su sector como “La Comuna Verde”.
Esa jornada de unión cívica estuvo precedida por un multitudinario
festival deportivo y cultural en la comuna 6, otro de los sectores de
Barrancabermeja golpeados por la más reciente de las violencias que
ha tocado a esta ciudad: la guerra urbana de masacres y asesina-
tos selectivos que cambió la dominación del eln y de
las farc por el régimen de las
Autodefensas Unidas de Co-
lombia (auc). Primero
fueron las Autodefen-
sas del Sur del Cesar
y, hoy, el Bloque
Central Bolívar.
Durante esta
época de violencia
se intensificaron el
desplazamiento forzado
y la pobreza. Barrancaber-
meja pasó de tener 160 mil habitantes en 1993 a casi 300 mil en la
actualidad, por el accionar violento de guerrillas y autodefensas. En
cuatro de las siete comunas barranqueñas se concentra el mayor nú-
mero de población desfavorecida, incluidos desplazados. Son en estos
sectores donde se están gestando “Territorios de No Violencia”.
En lo más cruento de los enfrentamien-
tos entre guerrilla y paramilitares, que
comenzaron en la década
pasada y continuaron
hasta hace un par de
años, se incubó la iniciativa que hoy tiene a los vecinos de las comunas
4, 5, 6 y 7 pensado y actuando por la reconstrucción de su tejido social.
Lo que precipitó esta lluvia de iniciativas comunitarias fue un exitoso
programa liderado por la Diócesis de Barrancabermeja y apoyado por
múltiples sectores sociales, culturales y académicos.
El germen de la paz estaba sembrado“El 4 de agosto de 2002 se puso en marcha las ‘Comunas Territorio de
No Violencia’ porque ese día se realizó la primera reunión formal de los
líderes de la comuna 4”, recuerda Patricia Rodríguez, coordinadora de
este proyecto desde la Comisión Cívica de Convivencia Ciudadana.
Esta Comisión, organismo de la sociedad civil convocado también
por la Iglesia católica local, nació en respuesta al cuestionado cierre del
Consejo Municipal de Paz, que no ha vuelto
a ser convocado por la Alcaldía desde 2000,
apenas dos años después de su creación
mediante acuerdo municipal.
A pesar de esta vacilante actitud
oficial, el germen de la paz ya estaba
sembrado por diversas or-
ganizaciones sociales,
sindicatos, entidades
defensoras de de-
rechos humanos y
la misma Diócesis,
que venían traba-
jando en propues-
tas de convivencia
y reconciliación
desde mediados de
los años noventa.
La Comisión Cívica se instauró
formalmente en septiembre de
2001, y desde sus inicios se trazó
dos estrategias: convocar a las
organizaciones sociales para
“repensar la ciudad” con el
Buenas prácticas
Comunas de Barrancabermeja: Territorios de No ViolenciaCuatro de siete comunas de Barrancabermeja, las más afectadas por la pobreza, la violencia y el despla-zamiento, se declararon “Territorios de No Violencia” para lograr la unidad y la autonomía popular y para trabajar por la paz y la reconciliación.
(Pasa a la página 18)
Ejemplos concretos de cómo sí es posible salir del callejónwww.saliendodelcallejon.pnud.org.co