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Estudiantes: Simn Ladino Cano; Yesid Camilo Lpez; Ricardo
Murcia; Maria Alejandra Eslava Profesor: Freddy Alexander Pineda
Asignatura: Historia del conflicto armado y la negociacin
El espinoso camino de la Paz de Colombia:
del Cagun, de La Habana y de los retos y perspectivas de la
negociacin
En efecto, este es un momento de esperanza. No es una esperanza
ingenua. Sabemos que ha dificultades enormes. Tenemos una dosis de
optimismo moderado. Creemos que existen oportunidades reales para
la paz, pero venimos dispuestos a hacer nuestro mejor esfuerzo.
Humberto de la Calle Jefe de la delegacin del Gobierno
Entonces la paz s. Sinceramente queremos la paz () Pero la paz
no significa el silencio de los fusiles, sino que abarca la
transformacin de la estructura del Estado y el cambio de las formas
polticas, econmicas y militares. S, la paz no es la simple
desmovilizacin.
Ivn Mrquez Principal vocero de la
Delegacin de Paz de las FARC-EP1
INTRODUCCIN
La intempestiva ruptura de los dilogos de paz del Cagun, tras la
retencin por parte de las FARC-EP del senador Jorge Eduardo Gechem
el 20 de febrero del 2002 (que le servira al gobierno de Andrs
Pastrana para justificar su decisin unilateral de levantar la mesa
de negociacin y de remilitarizar la zona de distensin), caera como
un baldado de agua fra en la sociedad civil que, habiendo abrigado
un intenso anhelo de paz durante el cuatrienio pasado, volvera a
sumergirse en una dinmica de guerra frontal entre la insurgencia
armada y el Estado colombiano. Tendra que pasar, entonces, ms de
una dcada para que, el 27 de agosto del 2012, Francisco Santos en
el canal RCN y el periodista Jorge Enrique Botero de Telesur
revelaran la existencia del Acuerdo General para la terminacin del
conflicto y la construccin de una paz estable y duradera y de una
agenda de dilogos de paz, suscritos en La Habana (Cuba) el da
inmediatamente anterior por las delegaciones respectivas del
Gobierno de la Repblica de Colombia, las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia Ejrcito del Pueblo (FARC-EP) y los
testigos de las repblicas de Cuba, Noruega y Colombia. De esa
manera, el 4 de septiembre del mismo ao el presidente Juan Manuel
Santos Caldern y el
1 Discursos de las delegaciones del Gobierno y las FARC-EP en la
instalacin de la Mesa de Dilogos de La Habana en Oslo, Noruega, el
18 de octubre de 2012.
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comandante del Estado Mayor Central de las FARC-EP, Timolen
Jimnez, le anunciaron al pas y al mundo el trmino de la fase
exploratoria y el comienzo de dilogos de paz, sobre la base de una
agenda concreta de seis puntos, de conformidad con el comn deseo de
buscarle la solucin poltica dialogada al conflicto armado
colombiano de ms de medio siglo (Lozano Guilln, 2013).
De vuelta, una sociedad mucho ms escptica que en el momento de
la eleccin presidencial de 1998 asumira este anuncio con
sentimientos encontrados y se debatira, entonces, entre la
esperanza de las fuerzas sociales democrticas cuyo esfuerzo
denodado de una dcada completa cristalizaba en la reapertura del
horizonte de la solucin poltica del conflicto y la apata de los
sectores polticos, econmicos y sociales comprometidos con el
despliegue brutal del Estado colombiano contra la insurgencia
armada tras la clausura de la mesa del Cagun y el inicio del doble
perodo presidencial de lvaro Uribe Vlez y su poltica de Seguridad
Democrtica. Un punto, sin embargo, constituy el consenso mnimo de
los amigos y enemigos de los dilogos de paz: la necesidad de no
repeticin de los errores cometidos durante la experiencia de
negociacin frustrada en el 2002. Por lo tanto, ante el vuelco de la
situacin poltica nacional y la urgencia de generar pautas
comprensivas sobre las perspectivas presentes del dilogo para la
paz de Colombia, el presente trabajo busca poner de presente los
elementos que posibilitaron la apertura y clausura de la mesa del
Cagun en cuatro momentos: primero, una contextualizacin sobre el
desarrollo del conflicto social armado durante la dcada de 1990
como el escenario en el cual se configuraron las relaciones de
fuerza poltico-militares entre la insurgencia de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia Ejrcito del Pueblo (FARC-EP) y
el Estado colombiano que encuadraran el escenario de negociacin
abierto en el Cagun; segundo, un repaso histrico detallado basado
fundamentalmente en una revisin de archivo de prensa sobre la
trayectoria de los dilogos del Cagun desde el momento de la eleccin
de Andrs Pastrana hasta el momento en que el presidente mismo toma
la decisin de romperlos; tercero, una descripcin a los alcances que
tuvo la negociacin y a la recomposicin de los actores del conflicto
y la dinmica general de la confrontacin armada despus de su
clausura; cuarto, una aproximacin al anlisis comparado de los
procesos de negociacin del Cagun y de La Habana.
ASPECTOS GENERALES DEL CONFLICTO DURANTE DE LA DCADA DE 1990
En la dcada de los aos noventa, encontramos como marco de
referencia para el anlisis del conflicto social armado el
establecimiento de un nuevo orden internacional y nacional
caracterizado por el colapso del denominado socialismo real, por el
fin de la guerra fra y por el afianzamiento del capitalismo a travs
del desarrollo del modelo socioeconmico neoliberal. En Colombia,
nos encontramos ante la emergencia de una nueva constitucin poltica
que, si bien posibilit una ampliacin de ciertos aspectos
democrticos y un conjunto de reformas que llevan a la
desmovilizacin de distintas estructuras guerrilleras como el M -19,
el EPL, el PRT y el Quintn Lame, tambin desarrolla una
reestructuracin econmica en el pas caracterizada por un modelo de
apertura e internacionalizacin de la economa colombiana. Este
modelo aperturista lleva a cabo un proceso de desmonte del papel
regulativo del Estado sobre la actividad productiva que generara
una nueva serie de problemticas y conflictos sociales como la
prdida de derechos laborales, el estancamiento de sectores de la
industria colombiana, la privatizacin de las empresas pblicas
estatales y la mercantilizacin de derechos sociales
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como la salud y la educacin. La descentralizacin del Estado
adelantada desde finales de los aos 80 y profundizados con la
Constitucin del 91, con el objetivo de democratizar el ejercicio
del poder poltico en las regiones y de otorgar mayor autonoma
fiscal a los entes territoriales, tendra como implicaciones un
crecimiento de desigualdad entre regiones, una deficiente gestin en
las diferentes unidades administrativas de gobierno (afectadas
estructuralmente por fenmenos de corrupcin y clientelismo) y el
mantenimiento y emergencia de nuevos y viejos cacicazgos en las
distintas regiones y localidades (Maldonado, 2011)
Sin embargo, sera el sector rural el que se vera ms afectado por
la incursin neoliberal a travs del abandono de las polticas
redistributivas de la tierra, la imposicin de modelo de
competitividad agropecuaria y el desmonte de las barreras
arancelarias para la comercializacin de productos agrcolas forneos
en Colombia. En este contexto se presentara una expansin y
consolidacin del narcotrfico en Colombia, el cual se apoyara sobre
la precarizacin de las economas campesinas en zonas integradas y
marginales a travs del aumento de los cultivos ilcitos y de la
configuracin de economas cocaleras insertas en el circuito econmico
de las drogas ilcitas. De este aspecto surgira el sector de
movilizacin social ms representativo durante la dcada de los
noventa que se manifestara a travs de las denominadas marchas
cocaleras durante los aos de 1996 y 1997. Ante todas estas
problemticas las FARC sealaran que la constitucin del 91 no era
suficiente para desactivar las causas estructurales que dieron
origen a la confrontacin armada y, por lo tanto, no bastara para
avanzar en un proceso de reinsercin a la vida poltica abierta.
De esta manera, en el ao de 1993 durante el gobierno del
presidente Csar Gaviria se desarrollara la VIII Conferencia
Nacional de las FARCEP en el municipio de La Uribe, Meta, en la
cual se elaborara un nuevo programa cambios polticos y econmicos
para el pas sobre la base de la denominada Plataforma para un
Gobierno de Reconstruccin y Reconciliacin Nacional que propona la
conformacin de un gobierno nacional, pluralista, patritico y
democrtico. (Medina Gallego, 2010) Partiendo, entonces, de un
anlisis de la situacin general de este momento, la guerrilla de las
FARC establece unos ajustes y modificaciones a su rgimen interno en
lo referente a los estatutos de los guerrilleros, las normas
internas de comando y las responsabilidades especficas de los
Estados Mayores instancias de mando de la organizacin ; igualmente,
se realizara una caracterizacin de los objetivos de los distintos
bloques y frentes, una mejora en los mecanismos de comunicacin y
una unificacin de los criterios polticos para la elaboracin de los
distintos planes poltico-militares de corto, mediano y largo plazo
(Medina Gallego, 2010, pg. 592). En esta conferencia se sealara,
igualmente, la necesidad de una solucin poltica al conflicto
armado, la cual debera forzarse a travs del escalamiento del
conflicto, de una fuerte presin militar y del auge del movimiento
de masas.
Al respecto seala Mario Aguilera que, posteriormente al
desarrollo de esta Conferencia, las FARC no solamente aumentara el
nmero de los miembros del Secretariado del Estado Mayor Central de
cinco a siete integrantes, sino que dara un gran salto cuantitativo
al pasar de contar con 48 Frentes y 5800 combatientes en el ao de
1991 a 62 frentes con 28000 combatientes para el ao 2002 y
ampliando su presencia a 622 municipios (lo cual corresponde al 60
% del territorio nacional) (Aguilera, 2010). Se llevara a cabo, en
ese sentido, un reajuste al Plan Estratgico de la organizacin sobre
tres ejes fundamentales: el primero de ellos hara referencia a la
conformacin de un ejrcito revolucionario con la capacidad de
generar fuertes golpes militares de alto valor estratgico contra
las Fuerzas Militares; el segundo, el objetivo de desplazar el eje
central del conflicto armado a lo urbano volcando su estrategia
militar hacia el
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cercamiento de las ciudades (principalmente de Bogot) para lo
que se impulsara la creacin de Milicias Bolivarianas de carcter
urbano y redes de apoyo articuladas en el Movimiento Bolivariano
por la Nueva Colombia. Por ltimo, se generara la formalizacin del
distanciamiento respecto al Partido Comunista Colombiano y la
construccin de una lnea poltico-estratgica autnoma, impulsada a
travs de la creacin del Partido Comunista Clandestino Colombiano
(PCCC) (Centro de Memoria , 2013, pg. 155)
La estrategia militar y el despliegue de FARC durante estos aos
consistira en la toma y en la ocupacin de la cordillera oriental
con la intencin de dividir el pas y de generar un cerco sobre
Bogot, por otro lado se buscaba la consolidacin en el suroriente
como zona retaguardia estratgica, lugar donde se concentrara el
poder econmico de la guerrilla con base al control de las econmicas
cocaleras, la presencia del bloque militar ms fuerte (bloque
oriental ) y el poder social fundado sobre las bases sociales
histricas y las relaciones con nuevos grupos emergentes como los ya
mencionados campesinos cocaleros. (Centro de Memoria, 2013, pg.
161). Dentro de este contexto de expansin militar y territorial por
parte de las FARC, hay que acotar especialmente el proceso de
copamiento de los territorios dejados por otras guerrillas
desmovilizadas como es el caso del EPL en el Urab, su despliegue
hacia zonas econmicamente integradas pero con grandes desigualdades
como el sur de los departamentos de la Costa Caribe y la
diversificacin de las fuentes de financiamiento a travs de
mecanismos como las retenciones con fines econmicos o la utilizacin
de recursos provenientes del gramaje a la produccin cocalera. De
esta forma, se lograra propinarle fuertes derrotas a las Fuerzas
Militares en diferentes zonas del territorio nacional
(principalmente en el Sur y Oriente del pas), con acciones
destacadas como: el ataque a la base militar de Las Delicias en
Putumayo, el 30 de agosto de 1996, que dejara 54 militares muertos
y 60 retenidos; el ataque al Cerro de Patascoy, el 21 de diciembre
de 1997, con un saldo de 10 soldados muertos y 18 retenidos; la
emboscada del Billar en Cartagena del Chair, en el departamento de
Caquet, el 3 de marzo de 1998, que dejara 58 militares muertos, 20
desparecidos y 26 retenidos; y, por ltimo, la toma de Mit, Vaups,
la primera toma efectiva de una capital departamental en la
historia del movimiento armado guerrillero, el 4 de noviembre de
1998, que dejara 35 militares muertos y decenas de retenidos
(Medina Gallego, 2010, pg. 740). Tambin se desarrollaran acciones
contra los grupos paramilitares, entre los que destacan el asalto
al fortn de Carlos Castao en el Nudo de Paramillo, el 28 de
diciembre de 1998.
Los golpes a las fuerzas militares se combinaran con acciones de
presin sobre distintas elites regionales a travs de mecanismos como
el secuestro, el asalto de propiedades y las extorsiones; adems, se
desarrollaran acciones de sabotaje contra la infraestructura vial y
elctrica, bloqueos y restricciones a la movilidad e, incluso,
expulsiones del Estado de algunas localidades, a travs de la
obstaculizacin de elecciones locales y regionales (en 1997), tomas
de pueblos y amenazas y asesinatos de polticos (Centro de Memoria ,
2013, pg. 162). Durante el gobierno del presidente Samper, se
adelantaran distintas acciones e iniciativas de paz tanto por parte
de la guerrilla como por parte del Estado, los cuales no podran
verse materializados en un proceso de negociacin en razn de la
falta de legitimidad del gobierno de turno (empantanado en el
denominado Proceso 8000), sus mltiples contradicciones y a la misma
dinmica ascendente del conflicto armado. Sin embargo, durante este
periodo se destaca el intercambio humanitario pactado para canjear
retenidos de la guerrilla y prisioneros polticos del Estado en el
ao 1996, el Mandato por la Paz en el que participaran cerca de 10
millones de colombianos en el ao de 1997 y la conformacin del
Consejo Nacional de Paz con
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representantes de la sociedad civil y del Estado (Medina
Gallego, 2007). Como vemos, en el ltimo momento del gobierno Samper
se empez estructurar la propuesta de paz que tendra desarrollo en
el gobierno siguiente. No obstante, el sabotaje a las elecciones de
1997 contrastara con el guio de la guerrilla al candidato
conservador, Andrs Pastrana, para las elecciones presidenciales del
ao 1998, quien en su etapa como candidato tendra una reunin con
Manuel Marulanda y se acordaran algunos compromisos con la
guerrilla que terminara desembocando en la instalacin del proceso
de paz para finales de la dcada en la regin de Remolinos del
Cagun.
A modo de sntesis, sobre el accionar poltico de las FARC durante
la dcada de los 90 en el marco del desarrollo del conflicto social
armado, Carlos Medina Gallego plantea que a pesar de las derrotas
tenidas con las Brigadas Mviles en los primeros aos de la dcada del
90, de la presin sobre zonas influencia en el noroccidente del pas
por parte de los grupos paramilitares y la confrontacin abierta a
stos, de los repliegues tcticos y las disputas territoriales
perdidas, en particular en Sucre, Crdoba, Cesar y Bolvar, las
FARC-EP se convirtieron, desde 1994 y hasta comienzos del 2000, en
una fuerza capaz de copar bases militares, de capturar prisioneros
de guerra en nmero significativo y mantenerlos retenidos a pesar de
los operativos militares en su contra y su condicin de ejrcito
itinerante, lo cual permitira el alto nivel de despliegue poltico y
militar durante el proceso de paz (Medina Gallego, FARC-EP y ELN
Una historia poltica comparada, 2010, pg. 741).
Por otro lado, desde el lado del establecimiento colombiano
encontramos que durante la dcada de los noventa, asumiendo el
discurso internacional de la guerra contra el narcotrfico liderada
por Estados Unidos, se generara una especia de fusin entre la
guerra contrainsurgente y la guerra antinarcticos que transformaran
la dinmica interna del conflicto armado, a travs de la
internacionalizacin de la guerra y del apoyo logstico militar
directo de los Estados Unidos para combatir lo que se denominara
como narcoguerrillas. Sobre este discurso se fundamentara
posteriormente la implantacin del Plan Colombia, el cual se
desarrollara paralelamente al proceso de paz en el Cagun (Rojas,
2006). En el gobierno de Pastrana se adelantara, de ese modo, un
fortalecimiento y reestructuracin del aparato militar del Estado
con el fin de neutralizar la ventaja militar de la insurgencia y de
recuperar el territorio que haba obtenido las FARC durante dcada en
mencin. Esta reorientacin estratgica se basara fundamentalmente en
el fortalecimiento de la guerra area a travs del uso de helicpteros
artillados y aviones (los cuales seran determinantes en el
posterior desarrollo del conflicto armado). El Plan Colombia, que
se empezara a implementar desde finales del ao de 1998 basado en la
cooperacin y ayuda militar norteamericana, servira para ayudar a
menguar la presin de la cpula militar ante el desarrollo de los
procesos de negociacin y como estrategia de reestructuracin militar
para hacer frente al constante avance de la insurgencia y para
pasar a un etapa de ofensiva frontal contra los grupos
guerrilleros.
Por otro lado, durante este momento histrico, encontramos como
actor fundamental en el desarrollo del conflicto armado la
recomposicin y expansin del paramilitarismo. Despus de la derrota
de diferentes capos del narcotrfico como Pablo Escobar y Gonzalo
Rodrguez Gacha, muchos de los principales actores implicados en el
impulso de formas, organizaciones y personajes del antiguo y nuevo
paramilitarismo en Colombia, pasaran a liderar desde la ilegalidad
aunque con el apoyo de sectores militares y de elites econmicas y
polticas locales y regionales una guerra contrainsurgente que se
caracterizara por la guerra sucia contra la poblacin civil sealada
de ser parte o de colaborar con la guerrilla o simplemente por
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representar distintas formas de oposicin poltica (Centro de
Memoria , 2013, pg. 155). Los paramilitares de los aos noventa
presentan una articulacin, como ya se mencion anteriormente, con
los grupos antisubversivos de los aos ochenta y con nuevas formas
del paramilitarismo (como en el caso de las Convivir y de ejrcitos
privados estrechamente relacionados con carteles del narcotrfico).
Durante esta etapa, se presenta un proceso de reconversin
organizativa a travs de la adopcin de un modelo confederativo que
les servira para ampliar su alcance al nivel nacional, a travs del
proyecto que se denominara como Autodefensas Unidas de Colombia
(AUC). A mitad de 1997, se presentaran los primeros avances hacia
la unificacin nacional desde donde se emprendera una serie de
acciones orientadas al reconocimiento poltico y su despliegue a
distintas reas del territorio nacional donde no tenan presencia
(Medina Gallego, 2010, pg. 735).
Si bien se podra pensar al paramilitarismo como una muestra para
el periodo de la creciente dislocacin entre la poltica nacional y
los poderes locales y regionales existentes, las FARC consideraba
que no se poda concebir la existencia de una separacin entre el
despliegue general del Estado contra los grupos guerrilleros y los
distintos movimientos sociales y el accionar de los grupos
paramilitares. La guerrilla de las FARC llamara la atencin en
reiteradas ocasiones, tanto al gobierno de Samper como de Pastrana
sobre el crecimiento y legalizacin de los grupos paramilitares, los
cuales no reconoca como actores polticos y consideraba como un
impedimento para el desarrollo de un real proceso de paz (como lo
haran saber en una carta enviada directamente al presidente en el
ao de 1997). Sobre este punto, hay que sealar que desde el ao de
1996 se producira un escalamiento y recrudecimiento de la guerra,
debido al cual el conflicto armado se configurara como una gran
disputa geopoltica a escala nacional entre los distintos actores en
base a la conformacin de corredores estratgicos, de zonas de
retaguardia y de disputa territorial a gran escala, dejando atrs a
la guerra de disputas locales y regionales. Bajo este marco se
configurara lo que se denominara como la guerra del Urab y toda la
serie de conflicto en la zona norte y noroccidental del pas entre
la guerrilla de las FARC y el paramilitarismo. Por otro lado, en la
zona sur, con el auge de la movilizacin campesina (ms precisamente
del movimiento cocalero en los departamentos de Caquet y Putumayo,
durante los aos de 1995 y 1996) la guerrilla encontrara un espacio
de fortalecimiento poltico y de retaguardia (Centro de Memoria,
2013, pg. 161). A grandes rasgos, este cuadro sociopoltico,
econmico y militar sellara la complejidad con que se desarrollaran
los dilogos del Cagun.
ESBOZO HISTRICO DE LOS DILOGOS DE PAZ DEL CAGUN (1998-2002)
El proceso de negociacin de paz del Cagun fue un intento de
concertar la solucin poltica dialogada del conflicto armado
colombiano, entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia-Ejrcito del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno colombiano, en
cabeza del presidente Andrs Pastrana Arango, entre 1998 y 2002. Los
primeros acercamientos empiezan antes de las elecciones
presidenciales de 1998, cuando Luis Carlos Villegas (actual
embajador colombiano ante Estados Unidos) viaja a Mxico para
reunirse con Olga Marn y Marcos Calarc (miembros de la delegacin
internacional de las FARC-EP); posteriormente, Juan Manuel Santos
(actual presidente de Colombia) se encontrara en Costa Rica con
algunos dirigentes de la insurgencia para darle paso al diseo de
una zona desmilitarizada en la cual se pudiesen llevar a cabo los
dilogos (Coronell, 2010). Posteriormente, el presidente Andrs
Pastrana se
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reunira con el mximo lder de esta guerrilla, Pedro Antonio Marn
(alias Manuel Marulanda o Tirofijo), el 9 de junio de 1998, tras
una mediacin de lvaro Leyva, tras lo cual las FARC-EP le hicieron
un llamado a Pastrana, el 14 de junio de 1998 (siendo candidato
presidencial), para demostrar disposicin al dilogo con su eventual
administracin, ante lo que Pastrana anunciara su voluntad de
despejar varios municipios para iniciar un proceso de paz.
Tras ser electo presidente, Pastrana, el 14 de octubre de 1998,
constituy la zona de distensin en los municipios de Mesetas, La
Uribe, La Macarena, Villahermosa y San Vicente del Cagun, en las
cuales se acabara el despeje el 7 de febrero de 1999, debido a lo
cual debe reconocerle el status poltico a la insurgencia y exigir
la suspensin de rdenes de captura contra 'Ral Reyes', 'Joaqun Gmez'
y Fabin Ramrez, los jefes guerrilleros que seran voceros en el
escenario de negociacin. Posteriormente, el 7 de noviembre de 1998,
la insurgencia anuncia la decisin de no iniciar negociaciones con
el gobierno de Pastrana hasta que 130 soldados desarmados del
Batalln Cazadores abandonen la zona. Los soldados son retirados,
entonces, por orden del gobierno sin consultar con los altos mandos
de las Fuerzas militares y el 13 de noviembre los militares se
retiran completamente de la zona del Cagun por rdenes
presidenciales. El 25 de noviembre el presidente pide a las FARC-EP
un alto al fuego para la poca de Navidad, a lo que esta insurgencia
responde dos das despus con propuestas para canjear guerrilleros
presos por militares secuestrados por las FARC y el 14 de diciembre
de 1998, Manuel Marulanda y el Comisionado de Paz acuerdan mantener
negociaciones, empezando el 7 de enero de 1999. Posteriormente, el
15 de diciembre de 1998, se renen en Costa Rica el alto comisionado
para la paz Vctor G. Ricardo, un vocero del Departamento de Estado
de los Estados Unidos y el responsable internacional de las FARC,
Ral Reyes, para tratar el tema del narcotrfico y la posibilidad de
inspeccionar los cultivos ilcitos en compaa de representantes de
las FARC en las zonas de influencia de la guerrilla. Para culminar
el ao, el 26 de diciembre de 1998, la insurgencia comienza a
ejercer control sobre la zona de distensin.
Iniciado el ao de 1999, el 7 de enero, con la asistencia del
presidente Andrs Pastrana, se instala la mesa de negociacin, tras
una ceremonia en el municipio de San Vicente del Cagun, a la que
asiste el presidente pero no acude el comandante de las FARC,
Manuel Marulanda Vlez. Este episodio fue denominado La silla vaca,
ante el cual la insurgencia posteriormente argumentara las razones
de la inasistencia de Tirofijo basndose en los problemas de
seguridad para su presencia fsica. Posteriormente, el 19 de enero
de 1999, las FARC-EP anuncian la primera congelacin de las
conversaciones a la espera de informes oficiales sobre la lucha
contra los paramilitares, tras una serie de masacres perpetuadas
por las AUC. El 25 de febrero las FARC expulsaron a un fiscal que
atenda denuncias contra las FARC en San Vicente del Cagun, dentro
de la zona de distensin y, mientras esto ocurra, retienen a los
tres indigenistas norteamericanos Ingrid Washinawatok, Laheenae Gae
y Terence Freitas. Posteriormente, el 8 de abril de 1999, los
voceros de las FARC y el comisionado de paz, Vctor G. Ricardo, se
reunieron para tratar la crisis de los dilogos. Para el 18 de
abril, los dilogos continuaron estancados, por lo que el presidente
Pastrana condicion la prrroga de la zona al "reinicio del proceso
de negociacin". El 20 de abril, el gobierno Pastrana y la
insurgencia reanudan las conversaciones de paz.
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El 2 de mayo, el presidente Pastrana viaja a la zona de
distensin sin previo anuncio oficial para reunirse con Marulanda y
firmar un acuerdo escrito, en un intento por reactivar el proceso
de negociacin de paz, denominado el Acuerdo de Caquetania. En ste,
los dilogos son retomados y cuatro das despus se reanud el proceso
de negociacin. La insurgencia incrementa, sin embargo, su accionar
militar a travs de las llamadas "pescas milagrosas", la destruccin
de oleoductos petroleros y torres de energa as como con las
emboscadas a militares y policas. El 6 de mayo de 1999, el gobierno
y las FARC-EP dieron a conocer la Agenda Comn por el Cambio para
una Nueva Colombia, por lo cual el presidente Pastrana otorg una
prrroga a la zona de distensin y anuncia una veedura internacional
para los dilogos de paz.
El 26 de mayo, el Gobierno y las FARC dieron a conocer la agenda
de doce puntos con la que comenzaron los anlisis en la mesa de
negociacin, los cuales eran:
1. Solucin poltica al conflicto
2. Derechos humanos
3. Poltica agraria integral
4. Explotacin y conservacin de recursos naturales
5. Estructura econmica y social
6. Reformas a la justicia, la lucha contra la corrupcin y el
narcotrfico
7. Reformas polticas para la ampliacin de la democracia
8. Reformas del estado
9. Acuerdos sobre DIH
10. Fuerzas Militares
11. Relaciones internacionales
12. Formalizacin de acuerdos
Durante el mes de junio, las FARC-EP incrementan sus ataques
armados en toda Colombia, en especial con tomas guerrilleras a 13
municipios del pas, con el objetivo de mostrarse fortalecidas
frente al gobierno Pastrana antes de las negociaciones de paz. El
18 de junio, sin embargo, el dilogo es congelado por estar en
desacuerdo con el gobierno sobre la creacin de una comisin de
verificacin que reciba denuncias de la comunidad sobre violaciones
de derechos humanos en la zona de distensin. El 22 de junio, la
Fiscala General de la Nacin suspendera temporalmente las rdenes de
captura contra los voceros de las FARC, Ral Reyes, Fabin Ramrez y
Joaqun Gmez.
Posteriormente, el 29 y 30 de junio, los representantes de
gobiernos de 27 pases del mundo se reunieron para debatir con el
gobierno y las FARC-EP en la Mesa Temtica ubicada en la poblacin de
Los Pozos, San Vicente del Cagun. En este escenario se discutieron
las polticas y estrategias para la sustitucin de cultivos ilcitos,
la eliminacin del narcotrfico y el 'Plan Colombia', en donde los
asistentes se comprometen a apoyar poltica y econmicamente el
eventual acuerdo de paz. De igual manera, el 18 de julio se lleva a
cabo una reunin entre los dirigentes del fondo ganadero del
departamento de Huila y Ral Reyes, Joaqun Gmez y Fabin Ramrez tras
lo cual se acuerda trasladar la sede del fondo ganadero de la
ciudad de Florencia a de San Vicente del Cagun para la
comercializacin de ganado vacuno. Las ganancias se invertiran en el
municipio con la condicin de que el Gobierno aportara parte de
http://es.wikipedia.org/wiki/DIH
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los dineros a las FARC para que la organizacin respetara y no
secuestrara a los ganaderos o sus propiedades.
El 16 de octubre, los representantes de la insurgencia y el Alto
Comisionado para la paz se reunieron de nuevo en la Macarena (Meta)
donde se formaliza un acuerdo para instalar la mesa de negociacin a
partir del 25 de octubre siguiente en el municipio de La Uribe. En
el acuerdo, el gobierno Pastrana cede ante el tema de la
verificacin internacional y deja a los alcaldes locales como
representacin de la "autoridad constitucional", reiterada
posteriormente el 19 de octubre. El 24 de octubre, entonces, los
representantes del gobierno y los voceros de las FARC instalan en
La Uribe la mesa de negociacin. Aparte de los dos actores en
disputa asisten los encargados de los Comits Temticos que iniciaran
el seguimiento y discusin de la Agenda Comn. Posteriormente, el 18
de noviembre, las FARC reiteran la no aceptacin de una comisin
internacional supervisora del proceso de dilogo. El 3 de diciembre,
seis negociadores del Gobierno y tres de las FARC se renen para
definir el primer tema "Derechos humanos" de los 12 captulos de la
agenda, que fue sometido a debate pblico.
Despus de meses de intensos ataques armados, la insurgencia
emite un comunicado a la opinin pblica anunciando una tregua
unilateral que comenzara el 15 de diciembre y con una duracin de un
mes. De esa manera, el 20 de diciembre, desde la localidad de Los
Pozos, alias Ral Reyes declara el cese unilateral de acciones
contra el estado colombiano anunciado previamente hasta enero de
2000. Luego de pasado el cese al fuego, el 29 de enero de 2000, el
gobierno y las FARC reinauguran las negociaciones de paz. El 3 de
marzo varios ejecutivos de multinacionales se reunieron con Manuel
Marulanda en la zona de distensin; entre ellos, el director
ejecutivo de la empresa de internet America On Line (AOL), Jim
Kinsey. Posteriormente, el 26 de abril de 2000, el presidente
Pastrana acepta la renuncia al comisionado de paz Vctor G. Ricardo,
que es sustituido por Camilo Gmez, secretario privado del
presidente. Siendo el 29 de abril, las FARC anuncian el lanzamiento
de su brazo poltico, en un acto multitudinario, al que llamaron el
Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia (MB), brazo que
posterior al derrumbe de los dilogos de paz seguira funcionando de
forma clandestina.
Sin embargo, el 22 de mayo el gobierno suspendi las
negociaciones de paz con las FARC hasta que se esclareciera la
autora del crimen del "collar bomba" perpetuado a Maria Elvia
Ramrez. Das despus el gobierno reconoce que no fue una accin de las
FARC, motivo por el cual extiende el plazo de la zona de distensin
hasta el 7 de diciembre. El 25 de mayo del 2000, Ivn Mrquez anuncia
que el jefe mximo de las FARC sancionara leyes para, segn las FARC,
establecer orden y justicia en Colombia. Entre ellas se encuentra
la Ley 001, que consisti en una reforma agraria operada con la
expropiacin a grandes terratenientes para entregrselas a los
campesinos ms pobres; la famosa Ley 002, de carcter tributario, que
pretenda generar un impuesto del 10% a todas aquellas empresas o
personas, nacionales o extranjeras, que tuviesen en Colombia ms de
un milln de dlares de patrimonio; la Ley 003 anticorrupcin, la cual
sancionara y castigara a los polticos y funcionarios que las FARC
consideren vinculados a la corrupcin que afectaba a las
instituciones pblicas. El 20 de junio, los negociadores del
gobierno y de las FARC anunciaron el intercambio de propuestas para
lograr un cese de hostilidades como uno de los avances del dilogo
de paz, emprendido en Caracas. Actuando como delegado del gobierno,
Luis Guillermo Giraldo se rene con Ral Reyes en la capital
venezolana. En relacin al canje humanitario, las partes aclararon
que dicho
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tema era solo tratado por el Presidente y Tirofijo y valoraron
el papel de facilitador del gobierno del presidente venezolano Hugo
Chvez, el gobierno espaol de Jos Mara Aznar, Fidel Castro de Cuba e
Hiplito Meja de la Repblica Dominicana.
El 17 de julio las Fuerzas Militares de Colombia revelaron un
informe en el que destacan que, desde que se haba iniciado la zona
de distensin, las FARC haban realizado 45 acciones armadas, contra
24 municipios perifricos a la zona con lo que haban obligado al
retiro de la Polica Nacional de Colombia de 10 poblaciones. El 7 de
septiembre, se discutira de nuevo en la mesa de dilogo sobre el
canje de militares secuestrados por guerrilleros presos y del cese
al fuego y hostilidades; al da siguiente, el 8 de septiembre,
Arnubio Ramos (guerrillero de las FARC-EP), que era trasladado
desde una prisin de Bogot, secuestra el avin en el que era
transportado hacia la ciudad de Neiva para ser enjuiciado. El
guerrillero hace desviar el avin a San Vicente del Cagun en la zona
de distensin, donde vuelve a refugiarse con las FARC, por lo que el
gobierno del presidente Pastrana suspende las negociaciones y exige
la entrega del secuestrador, pero las FARC se niegan a entregarlo.
Posteriormente la insurgencia realiza un paro armado en el
departamento de Putumayo, zona en la cual los gobiernos de Estados
Unidos y Colombia acordaron llevar a cabo planes anti-drogas. Las
FARC llamaron a eliminar el componente militar del Plan Colombia y
prohibieron todo tipo de trfico terrestre y fluvial en el Putumayo.
El 24 de octubre del 2000, funcionarios del gobierno Pastrana y los
negociadores de las FARC lograran reanudar el proceso de paz mes y
medio despus del secuestro del avin de Satena.
Pasado el caso del avin, el 14 de noviembre, las FARC anuncian
la congelacin indefinida de las negociaciones hasta que el gobierno
no mostrara resultados en la lucha contra las paramilitares. El 18
de noviembre, empresarios colombianos le piden al gobierno no
seguir negociando con las FARC sin pactar un cese al fuego por
parte de la organizacin guerrillera. Mientras tanto, el 28 de
noviembre, la hija del empresario Luis Carlos Villegas y presidente
de la Asociacin Nacional de Industriales (ANDI), Juliana Villegas
Restrepo, es secuestrada por las FARC cuando sala de clases en la
Universidad Javeriana de Bogot. El presidente Pastrana intercedera
tiempo despus por su liberacin directamente con Tirofijo. El 4 de
diciembre, el dirigente conservador y exministro de desarrollo,
Fernando Araujo fue secuestrado por las FARC en la ciudad de
Cartagena de Indias. El 6 de diciembre, no obstante lo anterior, el
presidente Pastrana extendi el plazo para el trmino de la zona de
distensin por 55 das.
El Frente Comn por la Paz, que integraba a representantes de
varios partidos polticos, le pidi paralelamente al presidente que
introdujera cambios en el proceso de negociacin con las FARC tras
el asesinato de Turbay, quien era presidente de la comisin de paz
de la Cmara de Representantes. El 14 de enero de 2001, Ral Reyes
anunci que las FARC liberaran unilateralmente a policas y militares
que dicha organizacin mantena retenidos como gesto unilateral para
fortalecer los dilogos, por lo que, el 17 de enero del nuevo ao,
Manuel Marulanda pidi a travs de una carta de once puntos al
presidente la prrroga indefinida para la zona de distensin. Despus
de anlisis y consultas con el Frente Comn por la Paz, con distintos
sectores del pas y con otros gobiernos, el 31 de enero el
presidente anuncia que le otorgaba una prrroga por cuatro das ms a
la zona de distensin, hasta el 4 de febrero, con el fin de reunirse
con el jefe de las FARC.
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El 8 y 9 de febrero Pastrana y Tirofijo se renen en la localidad
de Los Pozos en la zona de distensin, dialogan sobre el intercambio
de prisioneros por secuestrados, la lucha contra los paramilitares,
los resultados el proceso de paz y el Plan Colombia. Gracias a esta
reunin, se acuerda crear el Comit de Vigilancia, un comit con
portavoces de ambas partes en la mesa de dilogo para que estudie
los hechos que afectaban la sustentabilidad de los dilogos y para
asegurar la no interrupcin de los mismos. Tambin se acord invitar a
un grupo de pases amigos y organismos internacionales para que
visitaran Colombia y apoyaran los dilogos. El 16 de junio las FARC
liberan, de ese modo, a 29 miembros del Ejrcito y la Polica
Nacional. Los miembros de la fuerza pblica fueron entregados en
algn lugar de la zona de distensin a los negociadores del gobierno
Camilo Gmez, Jorge Mario Eastman y Fernando Criales en cumplimiento
de un acuerdo humanitario suscrito por las partes para liberar a
combatientes enfermos; otros 34 fueron liberados tambin
eventualmente para totalizar 55, lo que constituy la primera fase
de liberaciones dentro del acuerdo humanitario. El gobierno, por su
parte, excarcel a once guerrilleros. Los miembros de las FARC
fueron liberados y entregados por las autoridades al Comit
Internacional de la Cruz Roja (CICR) en la ciudad de Valledupar,
dado que presentaban sntomas de enfermedad. El 27 de junio las
partes anunciaron una liberacin masiva de secuestrados como segunda
fase del acuerdo de liberaciones. Las FARC liberaran como gesto de
paz a 242 policas y militares que haban empezado a retener a partir
del ao 1997.
El 29 de septiembre del 2001, guerrilleros de las FARC
asesinaron a la ex ministra de Cultura, Consuelo Araujo Noguera en
zona rural de la ciudad de Valledupar, tras ser secuestrada y a
causa de un fallido intento de rescate por parte del Ejrcito
colombiano, por lo que el Presidente orden imponer mayores
controles militares a las fronteras terrestre y fluviales de la
zona de distensin, adems de aumentar los sobrevuelos de aviones
militares de reconocimiento. El 5 de octubre de 2001 el gobierno y
las FARC firman el Acuerdo de San Francisco de la Sombra, basado
principalmente en el compromiso de estudiar cuanto antes un alto al
fuego y cese de hostilidades. De esa manera, el 7 de octubre se
anuncia una prrroga por 100 das ms de la zona de distensin, hasta
el 20 de enero de 2002. El 17 de octubre, sin embargo, las FARC
dijeron que no regresaban a los dilogos en protesta contra los
controles militares sobre la zona de distensin que Pastrana haba
orden el 7 de octubre de 2001 por lo que se levantaron
temporalmente de la Mesa de Dilogo.
El 24 de diciembre, el comisionado de paz viaja a la zona de
distensin para reunirse con los negociadores de las FARC y acordar
la reanudacin inmediata de los dilogos. El 3 de enero de 2002, los
negociadores y las FARC se reencuentran en la mesa de negociacin en
El Cagun, despus de casi 3 meses de suspensin de los dilogos por
las diferencias sobre los controles militares en esa regin
desmilitarizada y por la falta de acuerdos para un cese al fuego,
las conversaciones, sin embargo, no avanzaban ya que ambos lados
insistan en discutir el mismo punto en el que no se ponan de
acuerdo. Dejaron pasar un fin de semana, pero al regresar a la mesa
de dilogo, ambos bandos mantenan sus posiciones. El 8 de enero del
2002, los delegados del gobierno y las FARC no lograron avances en
las negociaciones, tras pasar 10 horas deliberando, a lo que la
insurgencia enva nueve cartas abiertas al presidente Pastrana, al
secretario de la ONU Kofi Annan, al Congreso de Colombia y a la
jerarcas de la Iglesia Catlica, responsabilizando al gobierno del
presidente Pastrana del fracaso de los dilogos:
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8 de enero de 2002
El Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia, Ejrcito del Pueblo FARC-EP, manifiesta:
Los cambios unilaterales frente a las garantas que le dan
sustento a la Zona Desmilitarizada anunciados en la alocucin
presidencial el pasado 7 de octubre, son el principal obstculo del
proceso, y mientras no se revisen ser imposible avanzar, como es el
deseo de la mayora de los colombianos.
En el transcurso de los tres meses de parlisis del proceso las
FARC-EP han presentado diversas propuestas que no han sido tenidas
en cuenta por parte del Gobierno Nacional. Por el contrario ha
extremado las medidas anunciadas, que lo nico que generan es
incomodidad y alteracin de la vida normal de los pobladores como
consecuencia del control exagerado al ingreso de remesas,
medicinas, mercancas y la libre movilizacin. Asimismo, hemos
escuchado por boca de los representantes del Gobierno y los Altos
Mandos militares la afirmacin de que no estn dispuestos a negociar
ninguna de las medidas anunciadas por el Presidente en su
alocucin.
Cabe deducir que lo que se busca con el cambio unilateral de las
medidas sobre el funcionamiento de la Zona es enredar el proceso en
el debate de los mecanismos y procedimientos, para impedir que se
aborde en la Mesa la discusin de los temas polticos, econmicos y
sociales que preocupan al comn de los colombianos, tales como la
reforma del rgimen poltico, el desempleo, la salud, la vivienda, la
educacin, la redistribucin del ingreso, las reformas pensional y
laboral, entre otros.
Mientras el Rgimen persista en la idea de unos dilogos limitados
a pactar nicamente las condiciones de rendicin de la insurgencia,
va a ser muy difcil adelantar el proceso. La solucin poltica del
conflicto social y armado en nuestro pas pasa por la realizacin de
cambios profundos en el sistema econmico, y en el rgimen poltico y
social que eviten que Colombia caiga por el despeadero como ocurri
en Argentina.
Manifestamos nuestra disposicin de continuar buscando salidas a
la actual situacin. Dentro del espritu que nos anima, el Comandante
Manuel Marulanda el da de hoy ha enviado una carta al seor
Presidente, con una propuesta dirigida a buscar salidas al actual
estancamiento.
Estamos seguros que el seor Presidente sabr tomar la decisin ms
conveniente para el pas el prximo 20 de enero.
Estado mayor Central de las FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE
COLOMBIA. FARC-EP
Sin embargo, el 13 de enero de 2002 las FARC presentan un
proyecto para continuar con el proceso de paz a lo que Pastrana
rechaza la propuesta, pues ya el plazo dado haba vencido; al da
siguiente, la Comisin de Pases Facilitadores llegaron al Cagun con
la propuesta negociada con el gobierno Pastrana para evitar que se
terminara el proceso de paz con las FARC. La Comisin d se reuni con
los voceros de las FARC, el alto Comisionado para la Paz y el
Asesor Especial, Juan Gabriel Uribe. El 15 de enero, despus de
vencidos los dos plazos de 48 horas otorgados por el presidente,
los negociadores anunciaron que tenan hasta el 20 de enero. El 17
de enero, el presidente le enva a las FARC una propuesta de
cronograma para la desintensificacin del conflicto y tregua; al da
siguiente, se renen con la Comisin de Pases Facilitadores y ambas
partes definieron las funciones del acompaamiento internacional en
la reunin planeada para el 19 de enero, cuando se tratara el
cronograma. Ese da, el gobierno y las FARC se renen y logran un
acuerdo para buscar una tregua antes del 7 de abril. Al da
siguiente crean un acuerdo sobre la conformacin de una 'Comisin
Internacional de
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Acompaamiento' para verificar los acuerdos y superar cualquier
inconveniente dentro del Acuerdo de cronograma de consenso para el
futuro del proceso de paz. El 7 de febrero el gobierno Pastrana y
las FARC firmaron el Acuerdo sobre Acompaamiento Nacional e
Internacional a la Mesa de Dilogo y Negociacin.
El 20 de febrero, un frente de las FARC secuestra un avin de la
aerolnea Aires (con matrcula HK 3951) procedente de la ciudad de
Neiva y fuerza a los pilotos a aterrizar en medio de una carretera,
en el municipio de El Hobo, liberando a casi todos los pasajeros
pero llevndose retenido al senador Jorge Eduardo Gechem. Despus de
lo sucedido, el presidente Pastrana pone fin a los dilogos de paz,
emitiendo resoluciones que terminaron oficialmente el proceso de
dilogo con las FARC, al retirarle el status poltico a las FARC,
reactivar las rdenes de captura contra todos los miembros de la
guerrilla y acabar con la 'Polica Cvica' que funcion en la zona
desmilitarizada.
EL FIN DEL CAGUN Y LA REINVENCIN DE LA GUERRA
CONTRAINSURGENTE
Para Eduardo Pizarro Leongmez hay fundamentalmente dos lecturas
respecto a la transformacin que gener los dilogos del Cagun para el
conflicto armado en Colombia, en trminos del balance estratgico
FARC-EP, de un lado, y Gobierno y fuerzas militares, del otro. En
primera instancia se encuentra la lectura triunfalista de parte del
Ministerio de Defensa segn la cual las FARC se encuentran en un
serio e irreversible debilitamiento estratgico y en un futuro muy
prximo (2006) se van a ver obligadas a sentarse en la mesa de
negociacin bajo condiciones dictadas por el Estado. Y la segunda la
lectura escptica que dice que las FARC se hallan intactas y bajo un
repliegue estratgico organizado, en que se esperan agazapadas en la
selva profunda el desgaste de la poltica de Seguridad Democrtica,
para retomar iniciativa militar (Pizarro Leongmez, 2006). Por otro
lado, se identifica que las guerrillas colombianas, despus de los
dilogos del Cagun, dieron un punto de inflexin de manera que,
debido a la poltica de guerra total que empieza desde el genocidio
de la Unin Patritica y encuentra sus puntos ms lgidos en la poltica
de seguridad democrtica en el periodo presidencial de lvaro Uribe
Vlez, ha llevado a que las insurgencias prioricen la proteccin
militar de sus acumulados polticos, generando una militarizacin de
su poltica en la que el vnculo con los sectores sociales se ha
debilitado, dndole una bienvenida a la poltica reducida en gran
medida a los efectos de los actos de la guerra. (Aguilera Pea). Del
lado del Estado, la poltica militarista en el periodo de lvaro
Uribe muestra una insostenibilidad financiera, social y poltica, lo
que le obligar a entrar en un proceso de solucin negociada al
conflicto.
Esta perspectiva de anlisis, sin embargo, no tienen en cuenta
las continuidades y discontinuidades entre el acumulado
poltico-militar de la insurgencia, la capacidad de maniobra
institucional de los sectores militaristas incrustados en el
Estado, la injerencia directa de las agencias de seguridad
norteamericanas en el conflicto colombiano y el despliegue del
movimiento social y los sectores polticos alternativos en torno a
la bsqueda de la solucin poltica, que constituye el eje de anlisis
central de la perspectiva para la apertura de un proceso de
negociacin y la concrecin de un acuerdo de paz. Es necesario
comprender el balance de la dcada pasada del conflicto en su
movimiento, a la luz de las transformaciones en las
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relaciones de fuerza dadas por la apuesta poltica de los actores
en disputa, adems de la relacin que sostienen con las
transformaciones del modelo econmico y poltico en Colombia.
De vuelta a la experiencia de negociacin del Cagun, es preciso
mencionar igualmente que tras su clausura, la capacidad militar que
demostr la insurgencia durante el perodo que dur la Zona de
Distencin (como el secuestro de varias figuras polticas
importantes; Fernando Araujo (secuestro 4 de Diciembre del 2000) ,
Consuelo Araujo (muerte en operacin de rescate, 29 de Septiembre de
2001), Jorge Gechem Turbay (secuestrado 20 de Febrero del 2001)) no
se emparej con una ampliacin de su legitimidad social y de su
acumulado poltico de masas (Aguilera Pea), en tanto fueron acciones
capitalizadas por el Estado para menguar la imagen de la
insurgencia y aprovechadas como un argumento para afirmar que no
haba voluntad de paz durante la negociacin. Por otro lado, las FARC
argumentan en los mismos trminos, que la disposicin del gobierno
para plantear una solucin negociada al conflicto, fue el obstculo
mayor para llevarlos a cabo, en tanto el Estado no acceda a buscar
el desmonte del paramilitarismo y la desmilitarizacin de la zona de
distensin, y que las agresiones cometidas por la fuerza pblica
hacia la poblacin civil como desplazamiento forzado, el robo de
recursos, hostigamientos, etc. demostraban una condicin estructural
del ejercicio del monopolio del uso de la fuerza en Colombia ajena
al propsito de alcanzar la solucin poltica del conflicto, en la
medida en que resultaba funcional a la etapa de profundizacin de un
modelo de mayor privatizacin de los recursos, inversin extranjera y
ampliacin de la economa extractivista. (Medina Gallego) La
complejidad de situacin marca la pauta para comprender unos dilogos
que se ejecutaron infructuosamente en medio de la guerra, pero que
resultaban de la urgencia de ambos actores de darle una pausa a la
dinmica de la confrontacin para reposicionarse en el desarrollo
general del conflicto armado. Tanto las FARC como el gobierno
dieron cuenta, entonces, de un desinters silencioso por sacar
adelante el proceso de negociacin, dado que desde tiempo atrs venan
trabajando en cambios en su estructura poltica y acciones
militares. Los replanteamientos estratgicos de ambos actores,
entendidos a la luz del eje analtico definido con anterioridad,
deben entenderse, no obstante, de forma asimtrica y contrapuesta:
del lado del Estado colombiano, como una repotenciacin de la
doctrina de seguridad nacional y de reestructuracin de su aparato
militar para desplegarse con mayor contundencia hacia la solucin
militar del conflicto por la va de la derrota de la insurgencia;
del lado de las FARC, como un replanteamiento tctico de sus nuevos
modos de operar en clave de la reconstruccin de su acumulado
poltico-social sintonizado con su acumulado poltico-militar a travs
del relanzamiento de su proyecto poltico con perspectiva y alcance
nacional (cuyo eje principal haba de ser la bsqueda de la solucin
poltica del conflicto).
Del lado del Estado colombiano, el gobierno de Andrs Pastrana
aprovech las pausas en la confrontacin, dadas por el ambiente
nacional de dilogo para la paz, para consolidar el Plan Colombia
como la apuesta efectiva con la cual, anteponiendo el pretexto de
la lucha antinarcticos y la guerra contra el narcotrfico, se
pudiese avanzar en el rediseo de su accionar contrainsurgente con
el apoyo tcnico-militar y econmico de Estados Unidos. Con este
acuerdo se abri una nueva fase de la guerra contrainsurgente a
travs de la modernizacin de las fuerzas militares, la
profesionalizacin de su pie de fuerza, la adquisicin de mejor
armamento, el aumento en la moral de los soldados, etc. De esta
manera, Colombia llegara a ser el tercer pas con mayor apoyo
militar norteamericano en el mundo, permitindole al Estado retomar
las riendas de la dinmica de guerra. (Aguilera Pea) El Plan
Colombia sera la antesala de los golpes a la guerrilla que, tras la
reinvencin de la doctrina de seguridad
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nacional con el discurso de la lucha antiterrorista arriada por
los Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre del 2011
en Nueva York, seran definitivos en el punto de inflexin en las
relaciones de fuerza poltico-militares que significara el ascenso
de lvaro Uribe Vlez y su poltica de Seguridad Democrtica. El
asesinato o captura de varios comandantes de las FARC (Simn
Trinidad, Rodrigo Granda, Sonia, Negro Acacio, Martn Caballero, Ral
Reyes, Ivn Ros, Jorge Briceo, Alfonso Cano, entre otros), la fuga
de prisioneros, desarticulacin de las comunicaciones y de las redes
de provisin de recursos bsicos, la desmovilizacin de una parte
importante de los guerrilleros rasos, el debilitamiento poltico de
la insurgencia ante la opinin pblica, etc., son algunas de las
pautas que permiten considerar efectivamente la lectura
triunfalista generalizada por la hegemona cultural durante la
segunda mitad de la dcada del 2000 acerca del debilitamiento
estructural y la derrota estratgica de las FARC por parte del
establecimiento colombiano.
En ese sentido, hubo varios factores que cruzaron las
negociaciones del Cagun, habiendo empezado a gestarse desde antes,
y que se configuraron a favor del gobierno para acumular fuerzas en
perspectiva de su posterior replanteamiento estratgico y en
detrimento de campo de accin de las insurgencias y su respaldo
poltico (Gonzlez Posso). Es preciso, no obstante, mencionar que el
elemento nodal que intervino decisivamente en la nueva etapa del
conflicto social armado fue la reinvencin de la Doctrina de
Seguridad Nacional (DNS), el pretexto anticomunista y la
reconfiguracin de la lgica contrainsurgente del Estado colombiano a
partir de la promulgacin de la doctrina de Seguridad Democrtica
soportada por el desarrollo de la lucha contra el terrorismo en la
escala de la geopoltica mundial. Al respecto, Carolina Galindo
Hernndez menciona lo siguiente: En efecto, la guerra contra el
terrorismo ha fortalecido al gobierno incluso ms de lo que hizo la
Guerra Fra, en tanto el contraterrorismo se desplaza nuevamente al
mbito de la seguridad nacional. Sin embargo, como bien se ha
insistido sobre este punto el retorno a la seguridad nacional
implica serios riesgos en materia de promocin y defensa de los
derechos humanos, en la medida en que la seguridad nacional intenta
anticiparse a los hechos antes de que se produzcan y emplea
cualquier tipo de medios, pblicos y encubiertos, pacficos y
violentos. Es su propia polica, juez, jurado y verdugo. El regreso
de la seguridad nacional es el regreso del Estado, es el regreso de
la realpolitik. El caso de la Poltica de Seguridad Democrtica en
Colombia no es ajeno a esta tendencia y se ilustra tanto en las
disposiciones y acciones contempladas en la misma (en el marco
internacional de la lucha contra el terrorismo) as como en los
discursos oficiales que pretenden brindar un respaldo poltico a
este tipo de iniciativas. () Sin embargo, el retorno a la Seguridad
Nacional no representa, por lo menos hasta ahora, una solucin
contundente a las nuevas amenazas para los Estados y una estrategia
efectiva en el esquema de desarrollo de nuevas formas de hacer la
guerra, aunque se presente como una alternativa ante la inminencia
de una amenaza terrorista y el fracaso de las nuevas tendencias en
materia de seguridad (desde un paradigma de interdependencia y
cooperacin) que no lograron, en su debido momento, tener en cuenta
algunas particularidades importantes para casos como el
latinoamericano y el colombiano (Galindo Hernndez). La seguridad
democrtica se consolid como una poltica funcional a las
transformaciones del modelo poltico y econmico, en razn de los
intereses geoestratgicos de Estados Unidos en la regin
latinoamericana y, a su vez, en torno a la salida autoritaria a la
crisis de hegemona de la oligarqua colombiana con la frmula
carismtica del Estado comunitario de seguridad. Sin embargo, ante
la pretensin de ubicar a las guerrillas como actores unvocamente
armados, la dinmica misma de la guerra en Colombia ha demostrado su
desgaste progresivo en trminos del consenso social con el cual se
blinda su esencia
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autoritaria y la limitacin estructural de darle un viraje
definitivo al conflicto en la perspectiva de la solucin militar
entendida como derrota, rendicin y entrega de la insurgencia ante
el Estado como nica fuente de autoridad legtima. Esta condicin
relieva la necesidad de darle apertura a un nuevo horizonte de
negociacin hacia finales del segundo gobierno de lvaro Uribe
Vlez.
Innegablemente, esta nueva dinmica contribuy a propinarle golpes
demoledores a la insurgencia que le obligaron a asumir el repliegue
tctico y la acumulacin y consolidacin centrpeta de sus fuerzas como
mecanismo de evasin de la posibilidad de una derrota estratgica
poltico-militar. Sin embargo, desde principios de los aos 1990,
esta tendencia se haca previsible desde la perspectiva estratgica
de la insurgencia y, por lo tanto, el desenlace fatal de los
dilogos del Cagun constitua un escenario probable al cual deba
hacrsele frente con nuevos instrumentos poltico-organizativos e
ideolgicos. En ese orden de ideas, hay varias tareas que se empea
por realizar las FARC, orientada desde su VII Conferencia Nacional:
la transformacin de la guerra de guerrillas hacia la guerra de
movimientos, lo cual era necesario para avanzar militarmente en el
objetivo de la toma del poder y por tanto lograr posicionarse como
una opcin real de poder; para ello se necesitaba de una
cualificacin poltica de la guerrilla, en tanto se dieran a conocer
sus propuestas y se lograra posicin de control territorial y
militar, para lo cual se impuls la creacin del Movimiento
Bolivariano y el Partido Comunista Clandestino. Desde los dilogos
con Gaviria, dar a conocer su proyecto poltico y plataforma se haba
vuelto una prioridad, que finalmente recay en los dilogos del
Cagun. En el terreno militar, el dominio en varios municipios y el
cerco a varias ciudades principales equiparaba su fuerza como actor
en armas al del ejrcito. En consecuencia, el objetivo que tena en
el Cagun era una cualificacin de la guerra para ser reconocido no
slo como un sujeto armado sino tambin eminentemente poltico.
Los dilogos de paz seran el escenario para el relanzamiento
poltico de las FARC-EP tras el repliegue generado por el genocidio
contra la Unin Patritica. Mario Aguilera lo sintetiza de la
siguiente manera: la consolidacin de un imaginario Bolivariano,
desarrollos programticos e intentos por construir un movimiento
poltico clandestino. (Aguilera Pea). Hacia finales de la dcada de
1990, la insurgencia aprovecha la tribuna nacional de discusin
sobre la paz para presentar definitivamente el MB, el 29 de abril
del 2000, su propuesta poltica amplia e inspirada en el ideario
bolivariano que sintetizaron durante alrededor de dos dcadas. En su
saludo ante el evento de presentacin del Movimiento, el comandante
histrico de las FARC, Manuel Marulanda Vlez, expres lo siguiente:
Este encuentro va a ser histrico en Colombia por el surgimiento de
un nuevo movimiento, en donde todos, sin distingos polticos, raza o
credo, puedan agruparse para defender sus intereses econmicos y
sociales, con la certeza que estamos abriendo caminos a una nueva
democracia, sin el temor de ser asesinados por el Estado y, a la
vez, luchando contra la intervencin de los Estados Unidos en
nuestros asuntos internos, con el sofisma de combatir el
narcotrfico (Marulanda Vlez, 2000). En adelante, las FARC habran de
desarrollar su lnea de masas a travs del MB, el cual, hasta la
actualidad, se ha proyectado como un espacio de encuentro que, pese
a su carcter organizativo de movimiento clandestino, pretende
aglutinar a hombres y mujeres que, sin distincin de sus creencias
religiosas, su identidad tnica, cultural o sexual, y sus opiniones
polticas, (pueden) contribuir con su participacin en la construccin
de la Nueva Colombia (Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia,
n.d.). Ante la ofensiva poltico-militar e ideolgica impulsada por
el Estado colombiano, en cooperacin directa con las agencias de
seguridad norteamericanas a travs del Plan Colombia, Plan Patriota,
Plan Consolidacin, Plan Espada
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de Honor, etc., las FARC insistirn en levantar las banderas
emanadas del pensamiento bolivariano y que sintetizan la
reivindicacin soberanista y democrtica de los pueblos
latinoamericanos (integracin latinoamericana, independencia
nacional y justicia social).
El ideario bolivariano de las FARC, entonces, sera sintetizado
por Alfonso Cano de la siguiente manera:
rescata la esencia del pensamiento, la vida y la obra de El
Libertador. Porque asimila y hace propio su profundo sentido
latinoamericanista que convoca a nuestros pueblos, no a las
oligarquas a unir esfuerzos por construir esa gran nacin que pueda
enfrentar los grandes retos del futuro en igualdad de condiciones a
las potencias contemporneas. Por su hondo amor a la independencia
de nuestros pueblos frente a las potencias imperiales. Por su
enorme visin de futuro. Por su compresin de que solo un poder que
surja del pueblo garantiza el futuro de nuestras naciones. Por su
grandeza y genialidad en los campos de batalla, por su entrega a la
causa de todos y por su total desprendimiento personal que le llev
a sacrificar salud, comodidades y lujos en aras del bien comn.
Porque la epopeya sintetizada en su vida, resume todas las
tradiciones de nuestros ancestros y se proyecta, vigorosa, vigente
y luminosa como un faro, en estos tormentoso tiempos que debemos
superar (Cano, 2000).
Este ideario ser desarrollado sistemticamente durante la dcada
del 2000 tanto en el despliegue del Movimiento Bolivariano como a
travs de las diferentes publicaciones de las FARC (revistas como
Resistencia, Dignidad, Identidad, Nueva Colombia; obras como el
Esbozo histrico de las FARC-EP; cartillas de formacin interna; y
artculos publicados por la dirigencia de la insurgencia fariana).
Uno de ellos, Jess Santrich, publicara un texto especialmente claro
en su exposicin sobre la orientacin ideolgica de las FARC y su
asimilacin del pensamiento bolivariano, en relacin con la ideologa
fundacional marxista-leninista. El texto, llamado Bolivarismo y
marxismo, un compromiso con lo imposible, rescata la dimensin
utpica del pensamiento bolivariano para ajustarle a la perspectiva
revolucionaria, de lucha por el socialismo, que contiene el
marxismo. Pero esta dimensin utpica no es concebida como mera
imposibilidad de realizacin prctica, sino proyeccin de la praxis
sobre la base real de las circunstancias. Por eso, el compromiso
con lo imposible es un compromiso con la concrecin histrica de la
revolucin socialista. Algunos creen, asemejando el concepto a intil
fantasa, que soar con cosas imposibles se llama utopa, y pueden
tener razn; pero como bolivarianos-marxistas, precisamente eso es
lo que nos corresponde, la lucha por lo imposible y no por lo que
se nos muestre como evidentemente imprescindible para la
supervivencia de la especie y alcanzable dentro de un horizonte
temporal de la vida; o sea, lo que llaman realismo. Nuestro
realismo puede ser eso, pero es sobre todo hacer lo imposible,
adems (Santrich, n.d.), menciona Santrich hacia el final de su
texto. En sntesis, entonces, las FARC al apelar desde sus inicios
al marxismo-leninismo, ante la clausura de las experiencias del
socialismo real como faro ideolgico, propendern por el intenso
desarrollo de un marxismo bolivariano como el modo de afirmar
ideolgicamente la elaboracin autnoma de su proyecto poltico. Los
alcances de este replanteamiento tctico en lo poltico-ideolgico se
convirtieron en la apuesta central de la lnea poltica de las
FARC-EP, en su intento por rearticular efectivamente su dinmica de
operacin militar con las dinmicas de movilizacin poltico-social.
Sin embargo, esta apuesta se vera entrabada por los desarrollos de
la guerra en Colombia durante la dcada del 2000, agudizando la
crisis de representatividad poltica de la insurgencia hasta su
nuevo viraje tctico con la asuncin de Alfonso Cano a la comandancia
del Estado Mayor Central de las FARC en 2008, tras la muerte
natural del jefe histrico, Manuel Marulanda Vlez.
-
18
No obstante lo anterior, los dilogos del Cagun, pese a no ser
considerados por ninguna de las partes como el escenario propicio
para la solucin poltica del conflicto, dej unos puntos residuales
es importante rescatar. En primera instancia, se logr un
intercambio humanitario de 42 militares retenidos a cambio de 15
guerrilleros presos, y posteriormente se dio la liberacin
unilateral de 242 soldados. Segundo, se logr la creacin de la
Comisin de Notables que tena la intencin de realizar
recomendaciones a la mesa de negociacin sobre temas como cese al
fuego y hostilidades. Adicionalmente, hubo una fuerte participacin
de la comunidad internacional (Aguilera Pea). El compendio de los
logros principales del dilogo puede sintetizarse de la siguiente
manera: la suscripcin de los 12 puntos de la Agenda Comn para el
cambio, firmados en la Machaca, que sin lugar a dudas constituye el
logro ms importante de las conversaciones, porque en tanto es la
carta de navegacin hacia la solucin poltica negociada contiene los
temas polticos, sociales y econmicos de cuya solucin concreta podr
sobrevenir la paz con democracia y justicia social; la realizacin
de las audiencias pblicas, multitudinario escenario de la
participacin ciudadana en los dilogos de paz; el intercambio
humanitario de prisioneros de guerra enfermos; el acuerdo de Los
Pozos, suscrito por el Presidente Pastrana y el Marulanda en
febrero de 2001, relanz el proceso de paz en un momento de
dificultades; el informe de la Comisin de Notables, bien recibido
por las partes y por amplios sectores del pas, donde se establecan
recomendaciones concretas para disminuir la intensidad del
conflicto y acabar el fenmeno del paramilitarismo, entre otros
aspectos; el acuerdo de San Francisco de la Sombra, que introdujo
importantes elementos humanitarios para dinamizar el proceso de paz
en su conjunto; el cronograma aprobado el 20 de enero de 2002 y la
decisin del acompaamiento internacional de las Naciones Unidas, del
grupo de pases amigos y facilitadores y de la Iglesia Catlica
colombiana, adoptadas posteriormente. Los anteriores aspectos, por
si solos, justifican el valor y la importancia histrica de las
negociaciones adelantadas durante el gobierno Pastrana, y a su vez
sirven de puente para dimensionar las posibilidades y
potencialidades de los futuros dilogos y negociaciones entre el
Estado y las guerrillas.
CONCLUSIONES
HACIA UN ANLISIS COMPARADO DEL CAGUN Y LA HABANA
Finalmente, teniendo como punto de referencia ineludible los
avances, retrocesos, logros y
dificultades que caracterizaron los dilogos de paz del Cagun, es
pertinente diferenciar los
elementos contextuales que marcan la especificidad del proceso
de La Habana como primer
paso para la aproximacin a un anlisis comparado. A diferencia de
hace una dcada, los
actores de la negociacin (las FARC-EP y el Estado colombiano, en
cabeza del Gobierno
nacional) llegan con perspectivas radicalmente diferentes sobre
la necesidad del dilogo a las
que tenan al inicio de los dilogos del Cagun; estas diferencias
son un eje transversal de la
mesa de La Habana: a diferencia de 1998, al 2012 el Estado y las
FARC cuentan con la
necesidad poltico-estratgica, militar y econmica de llevar a
buen puerto el dilogo para
concretar efectivamente la solucin poltica dialogada. De esta
situacin da cuenta: por un lado,
la creciente urgencia del Gobierno por adelantar la negociacin a
marcha rpida (en la lgica
de concretar una paz exprs con concesiones y reformas mnimas)
con el objetivo de destrabar
el proceso de reprimarizacin financiarizada de la economa
colombiana, que encuentra serias
-
19
cortapisas en la accin insurgente, para consolidar un modelo
econmico basado
esencialmente en el extractivismo minero-energtico; por el otro,
el inters de la insurgencia por
relegitimar y reposicionar su proyecto poltico a travs de los
mecanismos de participacin
poltica abierta y democrtica, sin necesidad de recurrir a las
armas, en consonancia con el
horizonte trazado por el Plan Renacer Revolucionario de las
Masas elaborado durante la
comandancia de Alfonso Cano. La onerosa carga fiscal de la
guerra, la disminucin de los
golpes de alto valor estratgico, la imposibilidad de acorralar
definitivamente a la insurgencia y
la incapacidad de transformar el campo de acuerdo a un concepto
de espacialidad capitalista
articulado al circuito econmico del capital transnacional, as
como el repliegue tctico militar a
las zonas de retaguardia estratgica, el viraje hacia la guerra
de guerrillas mviles (la tctica de
guerrilla rodada de la que hablaba Marulanda) y el nfasis de su
operacin puesto en la
reconstruccin de las organizaciones de masas influenciadas en
cada sector social para
consolidar un escenario de despliegue en el campo de la lucha de
masas, son algunas de las
razones por las cuales Estado y FARC-EP dan cuenta de un inters
indito en los procesos de
negociacin en Colombia de llegar, por la va del dilogo y la
concertacin, a la concrecin
efectiva de la solucin poltica del conflicto. Negociar para
arreciar la guerra no parece ser,
entonces, la motivacin de ninguno de los actores del dilogo.
Muestra de lo anterior fue la discrecin con que se iniciaron los
acercamientos, a finales del
segundo gobierno de lvaro Uribe, entre el Gobierno nacional y
las FARC-EP, con la mediacin
de un empresario vallecaucano, amigo de Pablo Catatumbo. De la
misma manera, a diferencia
de la Agenda Comn, la gua rectora de los dilogos de La Habana,
si bien cuenta con el mismo
espritu reformista (necesario para avanzar en el camino de la
solucin poltica), abarca un
conjunto de puntos especficamente dispuestos para el pronto
arribo a buen puerto de los
dilogos. El denominado Acuerdo General para la terminacin del
conflicto y la construccin
de una paz estable y duradera, elaborado durante el Encuentro
Exploratorio que tuvo lugar en
la capital cubana entre el 23 de febrero y el 26 de agosto del
2012. Basado en la premisa de la
decisin mutua de poner fin al conflicto como condicin esencial
para la construccin de la paz
estable y duradera, el Acuerdo contiene los siguientes ejes
temticos:
1. Poltica de desarrollo agrario integral
2. Participacin poltica
3. Fin del conflicto
4. Solucin al problema de las drogas ilcitas
5. Vctimas
6. Implementacin, verificacin y refrendacin
El Acuerdo de La Habana, a diferencia de su contraparte del
Cagun, contiene igualmente unas
reglas de funcionamiento que determinan desde la composicin de
las delegaciones y voceras
de ambas partes hasta la financiacin de la mesa y los principios
bajo los cuales se regir su
desarrollo metodolgico.
Lo anterior, sin embargo, no est exento de dificultades. Desde
el prembulo del acuerdo, se
advierte una fuerte contradiccin en la comprensin de los
alcances y la dimensin real de la
mesa y sus eventuales acuerdos finales en la redefinicin de las
estructuras polticas,
econmicas y sociales del pas. Los lineamientos del prembulo son
los siguientes:
-
20
La construccin de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto
que requiere de la participacin de
todos, sin distincin, incluidas otras organizaciones
guerrilleras a las que invitamos a unirse a este
propsito;
El respeto de los derechos humanos en todos los confines del
territorio nacional, es un fin del Estado que
debe promoverse;
El desarrollo econmico con justicia social y en armona con el
medio ambiente, es garanta de paz y
progreso;
El desarrollo social con equidad y bienestar, incluyendo las
grandes mayoras, permite crecer como pas;
Una Colombia en paz jugar un papel activo y soberano en la paz y
el desarrollo regional y mundial;
Es importante ampliar la democracia como condicin para lograr
las bases slidas de la paz.
El avance irregular de los dos aos corridos de negociacin que
lleva el proceso de paz de La
Habana permite, en ese sentido, trazar lneas de continuidad con
los dilogos del Cagun, que,
en ltimas, afectan la dinmica interna de la mesa y limitan su
potencialidad transformadora.
De un lado, la amplitud de los lineamientos del prembulo se ha
prestado para la interpretacin
contradictoria de las partes. De un lado, las FARC-EP han
trabajado bajo la premisa de que las
reformas democrticas de avanzada, la apertura poltica, la
reforma agraria integral, etc., deben
ser condiciones de necesidad para propiciar, no slo la
elaboracin de un texto de acuerdo final,
sino la concrecin efectiva de la terminacin del conflicto por la
va de la solucin poltica
dialogada. De otro lado, el Gobierno ha reiterado incesantemente
que trabaja sobre la base de
que nada est acordado hasta que todo est acordado y que los
cambios en el modelo
econmico, la doctrina militar y el rgimen poltico no hacen parte
de la agenda de negociacin.
Estas contradicciones de fondo, adems de las contradicciones de
forma sobre la participacin
de la sociedad colombiana en la construccin de los acuerdos y
sobre su implementacin,
verificacin y refrendacin, marcan la pauta sobre las
dificultades de avance del proceso en
clave de armonizarlos con el eje analtico mencionado con
anterioridad. En esa medida, la
negativa gubernamental a pactar un tratado de regularizacin de
la guerra, a acordar las
condiciones de una tregua y cese al fuego bilateral, etc.; es
decir, la obcecacin en torno a la
premisa de negociar en medio de la guerra, constituye el
principal reto a afrontar por parte de
ambos actores, por cuanto el fragor de la confrontacin tiene una
resonancia adicional por darse
durante un perodo de negociacin. La dinmica reciente del
conflicto ha venido profundizando,
entonces, la dislocacin entre el ambiente y la dinmica interna
de los dilogos que han
producido varias cuartillas de acuerdos parciales sobre los
temas 1, 2, 4 y 5 de la agenda y el
frgil consenso social en Colombia sobre la necesidad de los
dilogos de paz. La actitud
dubitativa del Gobierno frente al desmantelamiento definitivo
del paramilitarismo, a la
desarticulacin de los vasos comunicantes entre la cpula militar
y la ultraderecha enemiga de
los dilogos, a la importancia de ampliar el debate nacional con
participacin de todos los
sectores sociales y polticos sobre cada punto de la agenda de La
Habana, as como la
imposicin reiterativa de tiempos fatales para la negociacin,
obstaculiza la ampliacin del
respaldo social a los dilogos y, por lo tanto, le resta
legitimidad y capacidad de maniobra a la
mesa en su propsito de mancomunar esfuerzos para la terminacin
del conflicto.
No obstante lo anterior, la posibilidad de la solucin poltica
nunca haba estado tan cercana: la
granularidad de los acuerdos parciales alcanzados en los temas
de Desarrollo Agrario Integral,
Participacin Poltica y Drogas Ilcitas dan cuenta de esta
realidad. Este aspecto contrasta
-
21
diametralmente con el paquidrmico ritmo de la negociacin en El
Cagun, que nunca alcanz
a llegar al momento de difusin de acuerdos sobre algn punto de
la Agenda Comn. Hasta el
momento, los avances son significativos aunque profundamente
limitados y el reto reside en
establecer un mecanismo consensuado para dirimir los disensos
que perduran con la
participacin abierta, amplia, plural y democrtica de los
sectores sociales y polticos
directamente involucrados en la espiral de violencia poltica que
caracteriza al conflicto armado
colombiano. La bsqueda de puntos de medios entre las posturas de
la insurgencia y el Estado,
sobre la base del mutuo reconocimiento y la disposicin a
concederle al adversario los mritos
que le corresponden, debe ser la gua para acelerar la marcha de
los dilogos sin forzar los
tiempos y ritmos de la negociacin. Como seala Vicenc Fisas,
iniciar y desarrollar un proceso
de paz es, pues, una autntica aventura, un reto maysculo lleno
de incertidumbres, obstculos
y posibilidades. Hay quien lo ha comparado con la primera
escalada a una montaa, pero sin
mapas de relieve, con lo que ello supone de misterio y de
riesgo, al tener que enfrentar cuestas
no previstas, desniveles frecuentes y cimas aparentemente
inalcanzables. Si en el proceso de
paz hay una mediacin y un buen acompaamiento social, en el smil
significara que contamos
con un gua que nos ayuda a organizar la estrategia de escalada y
con personas que nos
acompaan en la ascensin, lo que nos har ms llevadera la cuesta y
nos posibilitar llegar a
la cumbre en compaa, para disfrutar del logro, y lo que es
tambin de vital importancia,
regresar al punto de partida con seguridad (Fisas, 2010).
Los dilogos de La Habana cuentan, en ese sentido, con una
disposicin subjetiva de los
actores que no cuenta con parangn alguno, en tanto se trata de
una negociacin entre una
insurgencia debilitada militarmente, pero lejana a ser derrotada
estratgicamente, y un Estado
fortalecido en el campo de la guerra, pero sin margen de
maniobra para introducir los cambios
sociales necesarios en la implementacin del modelo econmico
actual. Ni el asesinato de los
comandantes Jorge Briceo y Alfonso Cano de las FARC-EP durante
la fase exploratoria de los
dilogos, ni la captura por primera vez en la historia de un
general de las FFMM por parte
de la insurgencia, han bastado para quebrantar definitivamente
la frgil confianza entre las
partes. Bien deca Pablo Catatumbo recientemente, esta vez s
vamos a firmar la paz. Sin
lugar a dudas, como nunca antes, es mucho lo avanzado; pero es
mucho ms lo que falta por
avanzar en el camino espinoso de la construccin de la paz. El
punto de inflexin definitivo hacia
el fin de la guerra, el trnsito a travs del umbral de la solucin
poltica, an dista de ser
inminente. Es momento de pasar de la voluntad de paz llana y
abstracta a la concreta voluntad
de cambio para una paz realmente estable y duradera, la paz con
democracia y justicia social.
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