El Defensor al día - Web de Extranjeria · Especial 25 Aniversario 7 Resoluciones, recomendaciones y sugerencias 9-14 ... mediante la descentralización; la aplicación de reglas

Noviembre 2007 nº 32 www.defensordelpueblo.esLa Revista del Defensor del Pueblo de EspañaEl Defensor al día

La Institución celebra su 25 Aniversario con un libro y un documental. Quejas de ofi cio sobre el nuevo régimen de las empleadas de hogar y sobre el estado de conservación de la Colegiata de Toro. El Defensor investiga las tarifas de parking. Concluida la investigación sobre la “Casa Malva”.

El Primer Encuentro de Ombudsman mediterráneos se marca como objetivo alentar la democracia y

reforzar las defensorías de la zona

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Los Defensores de los países de la cuenca mediterránea celebraron entre el 8 y el 10 de noviembre en Rabat (Marruecos) el Primer Encuentro de Ombudsman mediterráneos. Este Encuentro, inédito hasta la fecha, ha sido organizado conjuntamente por las Defensorías de Marruecos, Francia y España. En él han participado delegaciones de 23 países y de seis organizaciones supranacionales, que han dado lugar a la denominada “Declaración de Rabat”, que persigue consolidar la democracia y afi anzar el papel de las defensorías de la zona. Para ello, se creará una asociación de instituciones de mediación.

12 de Noviembre, Día Mundial de la Infancia“Tú eres un niño que no sueña, tú eres un niño que está triste” José Hierro

El primer ministro marroquí, Abbas El Fassi, junto a los Defensores del Pueblo de España y Marruecos, el pasado 8 de noviembre en Rabat. (Foto: Luis de Vega).

Enrique Múgica fi naliza su mandato como presidente de la FIO

El XII Congreso de la FIO, celebrado en la capital de Perú entre el 20 y el 23 de noviembre, ha elegido a Rafael Omar Cabezas como sucesor de Enrique Múgica Herzog en el cargo de Presidente de la organización. El Procurador para la Defensa de los Derechos de Nicaragua tomará las riendas de la Federación Iberoamericana de Ombudsman durante los próximos dos años.

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El defensor del Pueblo de España, Enrique Múgica Herzog, y la Defensora del Pueblo del Perú, Beatriz Merino. (Foto: FIO)

SUMARIO

I Encuentro de Ombudsman mediterráneos 1-5XII Congreso de la FIO en Perú 5

Especial 25 Aniversario 7 Resoluciones, recomendacionesy sugerencias 9-14

Relaciones Institucionales 15-18Visitas y Audiencias 19

Noviembre 2007 nº 32 El Defensor al día

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1982-2007: 25 ANIVERSARIO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO1982-2007: 25 ANIVERSARIO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO1982-2007: 25 ANIVERSARIO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO1982-2007: 25 ANIVERSARIO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

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Los Defensores mediterráneos se comprometen en la Declaración de Rabat a integrarse en una red que impulse una estrategia

común y potencie su labor Los objetivos marcados para la primera reunión de Defensores de la cuenca mediterránea pasan por crear unas relaciones sólidas de colaboración entre todos los países ribereños. El Encuentro se clausuró con la fi rma de la denominada Declaración de Rabat, una carta de conclusiones y compromisos en la que los participantes de las distintas delegaciones expusieron su voluntad de crear una red de Defensores mediterráneos.

La Declaración de Rabat persigue que las Defensorías mediterráneas se integren en una red “que refuerce su papel en la defensa de la ciudadanía, de la democracia y de los derechos humanos”

Organizado por la Institución Diwan Al Madhalim (Defensor del Reino de Marruecos), con la colaboración del Médiateur de la República Francesa y del Defensor del Pueblo de España, el Primer Encuentro Internacional de Ombudsman mediterráneos reunió en Rabat, los pasados 8, 9 y 10 de noviembre, a delegaciones de 23 países y de seis organizaciones supranacionales que intercambiaron experiencias y sentaron las bases de una mayor colaboración en materia de mediación y derechos humanos. Según los organizadores, los objetivos principales de este Encuentro han sido instaurar una cooperación permanente y concertada entre las diferentes instituciones de mediación;

apoyar y reforzar las defensorías mediterráneas para que puedan desempeñar plenamente su papel a favor de la justicia, la equidad, el buen gobierno, la democracia y los derechos humanos; y ayudar y apoyar a los países que no disponen todavía de Ombudsman. En palabras de Enrique

Múgica Herzog, Defensor del Pueblo de España, se trata de dar forma a “un encuentro mediterráneo continuo e institucionalizado de manera fl exible y práctica, cuyo punto de partida pretendemos que sea esta Conferencia de Rabat”.

Declaración de Rabat Así las cosas, este Encuentro ha dado como

resultado la denominada Declaración de Rabat, una carta de conclusiones y compromisos en la que los participantes de las distintas delegaciones expusieron sus intenciones para el impulso de una Red de Defensores Mediterráneos. Se trata de aplicar una estrategia común “que refuerce el papel de las instituciones de mediación en la defensa de la ciudadanía, de la democracia y de los derechos humanos”. Para ello, se creará una comisión de coordinación y seguimiento cuya primera labor será la creación, antes de que acabe el año, de una página web común. Los participantes en este Encuentro pudieron constatar, gracias al intercambio de sus experiencias, que todavía queda mucho por hacer en la zona mediterránea en cuanto a la consagración constitucional de los Derechos Humanos. Otros puntos calientes que hay que trabajar son la paulatina instauración del

multipartidismo y la celebración de elecciones libres y transparentes; la promoción de la democracia local mediante la descentralización; la aplicación de reglas de buen gobierno; y la lucha contra la corrupción en la gestión de los asuntos públicos. A juicio de las distintas delegaciones, todavía persisten algunos comportamientos que frenan el desarrollo de una completa cultura democrática, como son ciertas violaciones de Derechos Humanos, la falta de independencia de algunas instituciones, y apremios de tipo económico, fi nancero y social. Todos estos factores han suscitado, según lo expuesto en la Declaración de Rabat ,“el desafecto del ciudadano respecto al hecho democrático”. De ahí que el documento suscrito en la ciudad

alauí proclame su adhesión a los principios rectores de la democracia y del Estado de derecho, así como la celebración de elecciones libres y transparentes, el respeto, el diálogo y el buen gobierno. Asimismo, la Declaración de Rabat considera que el desarrollo y la consolidación de las instituciones de mediación contribuyen a establecer “un entorno favorable para que estos valores se realicen”. Y por eso cree necesaria la creación de un mecanismo que permita coordinar su acción y consolidar sus logros. Los fi rmantes de la Declaración de Rabat se reunirán el año que viene en Marsella para evaluar el cumplimiento de los objetivos marcados en este Encuentro.


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1982-2007: 25 ANIVERSARIO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO1982-2007: 25 ANIVERSARIO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

De izquierda a derecha, el Médiateur francés, Jean Paul Delevoye, el Wali Al Madhalim, M´hamed Iraki, y el Defensor del Pueblo de España, Enrique Múgica Herzog. (Foto: elaboración propia).

Enrique Múgica conversa con el Wali Al Maadhalim, y el Director de la Ofi cina del Ombudsman israelí, Hillel Shimon Shamgar Schweiger. (Foto: elaboración propia).

El Defensor español, el Médiateur francés y el Wali marroquí, apelan a los valores comunes de

los países mediterráneosLas claves de este Primer Encuentro de Defensores de la cuenca mediterránea pasan, a juicio de los organizadores, el Wali Al Madhalim de Marruecos, el Médiateur de la República Francesa y el Defensor del Pueblo de España, por buscar los valores culturales que unen a los países ribereños y por olvidar las diferencias históricas que les separan. Todo ello, gracias a la “tabla de salvación” que supone la defensa de los Derechos Humanos y de los intereses ciudadanos.

M`hamed Iraki, el Wali Al Madhalim (Defensor del Pueblo de Marruecos), destacó en su discurso de apertura del Primer Encuentro Internacional de Ombudsman mediterráneos que las defensorías tienen como misión “humanizar los valores sociales y conciliar los intereses de los ciudadanos y de la Administración”. En su opinión, el papel del Ombudsman tiene como referente “defender a los ciudadanos de los abusos, oponerse a los excesos, combatir las exageraciones e incitar a la Administración a cumplir

la ley y a ajustarse a los principios de la igualdad y la equidad”. Asimismo, insistió en la idea de que independientemente de cómo se llamen -defensorías, mediadores, Ombudsman- , “su valor es el mismo: proteger a los ciudadanos frente a los abusos de las administraciones”. Por su parte, Jean Paul Delevoye, Médiateur de la República Francesa, califi có el Encuentro de “inédito”, puesto que ha sido la primera vez que las defensorías de los países mediterráneos se han

reunido “animadas por la voluntad de dialogar y de intercambiar experiencias sobre problemas comunes”. El Médiateur francés apeló además a los valores comunes que unen a los países de la cuenca mediterránea. En este contexto, aseguró que “no se trata de borrar nuestras diferencias, sino de construir sobre el fondo que nos es común”. Tal y como expresó, “los países mediterráneos buscamos la justicia y la equidad y elegimos al individuo antes que al sistema”. En la misma línea que sus homólogos, Enrique Múgica Herzog, Defensor del Pueblo de España, destacó la “la relación de acuerdo, de apoyo mutuo, de cooperación y de anhelo de superación” que debe unir a los países mediterráneos, “más allá de las limitaciones que marcan las fronteras o las peculiaridades de la gestión de gobierno en los diferentes países”.

Soltar “lastre histórico” Para Múgica, este Encuentro servirá para “soltar lastre histórico, para refl exionar y caer en la cuenta de todo lo que tenemos en común, agarrándonos a la tabla de salvación de los derechos humanos y de los principios democráticos”. Por último, el Defensor del Pueblo de España se mostró convencido de que el éxito de este tipo de iniciativas de cooperación institucional “nos ofrece un ejemplo de cómo las reuniones destinadas a poner en común las distintas experiencias abren muchas posibilidades para impulsar, en el contexto político de cada Institución, nuevos horizontes de desarrollo democrático en los diferentes países”.

Cuatro mesas redondas El Encuentro se organizó en torno al debate que generaron cuatro mesas redondas sobre el papel de los Defensores y los Derechos de Hombre; sobre la relación de los Mediadores con la Democracia y el Buen Gobierno; y sobre la consolidación de las defensorías y el intercambio de experiencias.

De esta forma, la Adjunta Primera al Defensor del Pueblo, Mª Luisa Cava de Llano y Carrió, habló sobre “Defensor, Democracia y Buen Gobierno”. En su opinión, La Institución del Defensor del Pueblo “supone la culminación del edifi cio democrático de un país”. Además, Cava de Llano aseguró que el “buen gobierno” es un concepto que tiene que ver con la crisis del Derecho, con su insufi ciencia para resolver

los problemas sociales. Desde su experiencia, “si el buen funcionamiento de las Administraciones públicas tiene relación con el cumplimiento de los plazos y las previsiones normativas, el buen gobierno va más allá y ahonda en exigencias éticas y, sobre todo, en un concepto de ciudadano como verdadero titular de una democracia avanzada”. Por otra parte, el Adjunto Segundo al Defensor del Pueblo, Manuel Aguilar Belda, expuso sus puntos de vista sobre “Consolidación de las instituciones del Ombudsman”. Aguilar puso sobre la mesa los elementos, a su juicio imprescindibles, para reforzar el papel de las defensorías. De esta forma, habló sobre la necesidad de que las Instituciones de mediación sean independientes de los tres poderes; sobre la obligación de las Administraciones de atender los requerimientos que se les formula y de explicar por qué no aceptan determinadas recomendaciones; y sobre la importancia de que las defensorías cuenten con un presupuesto sufi ciente. Tal y como destacó, “apoyándonos unos en otros y tomando los puntos fuertes de cada uno de nosotros, llegaremos al Ombudsman ideal”. Por último, la participación de la Delegación española se cerró con la intervención de Agustín Millet Ruíz, asesor jurídico del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, que expuso casos prácticos de la labor de la sindicatura en temas relacionados con la inmigración, dentro de la Mesa Redonda: “Intercambio en la Cuenca del Mediterráneo”.


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Los organizadores del Encuentro, en un momento de la reunión. (Foto: elaboración propia).

Enrique Múgica conversa con los miembros de la Defensoría israelí, Hillel Shimon Shamgar Schweiger y Shlomo Gur. (Foto: elaboración propia).


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En la crisis hispano marroquí El Primer Encuentro de Defensores mediterráneos coincidió con un momento de tensión en las relaciones bilaterales entre España y Marruecos, tras la visita de SS.MM. los Reyes de España a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Preguntado por los periodistas sobre este asunto, Enrique Múgica se mostró convencido de que ambos gobiernos “están trabajando bien para disipar estas nubes de un cielo que siempre ha sido claro”. En su opinión, “uno y otro Gobierno pueden decir lo que crean

conveniente, pero la realidad que se impone es que somos vecinos, somos

amigos”. En cualquier caso, la activa participación española en la organización de este evento constituyó un elemento de distensión en las relaciones entre ambos países. En palabras del Wali Al Madhalim de Marruecos, este Encuentro “tendrá repercusiones

positivas no sólo a nivel regional, sino también a nivel internacional”. La gran capacidad de convocatoria de los tres organizadores logró reunir, a palestinos e israelíes y a griegos, turcos y chipriotas.

La Federación Iberoamericana de Ombudsman elige nueva directiva

Tras la votación de los miembros de la FIO, resultó elegido para ostentar la presidencia de la Federación durante los dos próximos años

Rafael Omar Cabezas, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos de Nicaragua. De acuerdo con los Estatutos de la FIO, la presidencia rota en función de los distintos ámbitos geográfi cos en que se estructura internamente, de tal forma que en la presente Asamblea correspondía la elección dentro de la región de Centroamérica. Transcurridos los dos años de la presidencia recién elegida, corresponderá la elección de este cargo, entre las defensorías de la región andina. Por otra parte, Beatriz Merino, Defensora

del Pueblo del Perú, fue elegida Vice Presidenta Primera de la FIO. Las otras vicepresidencias recayeron en Enrique Múgica Herzog, en representación de las defensorías de Europa; Carlos López Nieves, Defensor del Pueblo de Puerto Rico, en representación de las defensorías de América del Norte; y en Manuel María Páez Monge, Defensor del Pueblo del Paraguay, en representación de las defensorías del Cono Sur. Por último, los defensores y defensoras de Nayarit, México, Oscar Herrera; Asturias, España, Maria Antonia Fernández- Felgeroso; y Tucumán, Argentina, Jorge García Mena, resultaron elegidos en representación de las instituciones estatales, regionales y autonómicas. Además se presentó, con motivo de la Asamblea, el V Informe monográfi co, elaborado por la FIO, sobre sistema penitenciario, que recoge de manera detallada la situación de estos centros

La FIO ha elegido en Lima, Perú, la nueva directiva que, encabezada por el Procurador para la Defensa de los Derechos de Nicaragua, Rafael Omar Cabezas, se encargará de llevar las riendas de la Federación durante los próximos dos años. El XII Congreso anual se cerró con la denominada “Declaración de Lima”.


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de reclusión en cada uno de los 18 países miembros de la Federación. También incluye una serie de recomendaciones destinadas a los poderes públicos para la corrección de toda una serie de defi ciencias existentes en este campo. Este XII Congreso anual se clausuró con la denominada “Declaración de Lima”, por la que la FIO se propone fortalecer los sistemas democráticos de los países de América Latina; impulsar las políticas desarrolladas por las administraciones públicas para propiciar una mayor cohesión social; introducir mejoras en la legislación destinada a garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales; distribuir de una manera más igualitaria la riqueza generada por el crecimiento económico; promover una mayor participación de la ciudadanía en la gestión de los asuntos públicos y en el diseño de las políticas de carácter social, así como

facilitar que sus voces lleguen más claramente a las diversas instancias de decisión pública; y erradicar toda forma de violencia, especialmente la de género, la de carácter sexual y familiar. Para lograrlo, la FIO se compromete en esta “Declaración de Lima” a “incrementar nuestros esfuerzos para mejorar la calidad y cantidad de nuestro trabajo institucional en la promoción y defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas, y muy especialmente, de los colectivos sociales más desfavorecidos”. Además, la Organización promete mantener su independencia de los poderes públicos; aumentar la efi cacia de su supervisión y su capacidad de intermediación en los confl ictos sociales; y aplicar un mayor rigor a sus recomendaciones, así como a los procedimientos, para garantizar su efectividad.

El Defensor de Panamá y el Procurador de los Derechos Humanos de El Salvador visitaron Madrid invitados por el Defensor del Pueblo

La visita se llevó a cabo dentro de las actividades de intercambio y bienvenida al seno de la Federación Iberoamericana de Ombudsman. En un recorrido por el Senado, el Defensor de Panamá y el Procurador de los Derechos Humanos de El Salvador tuvieron oportunidad de saludar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

De izquierda a derecha, el presidente del Senado, Javier Rojo; el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; el Procurador salvadoreño, Oscar Humberto Luna; el Defensor del Pueblo de Panamá, Ricardo Julio Vargas; y el Adjunto Segundo al Defensor del Pueblo, Manuel Aguilar. (Foto: Povedano).

Bolivia: Seminario Internacional sobre Defensorías del Pueblo y Medios de Comunicación

Con la colaboración la FIO y el Defensor del Pueblo de España

En este nuevo taller de trabajo, que se enmarca dentro de las actividades del PRADPI y la Universidad de Alcalá, se abordaron los problemas a los que se enfrentan los gabinetes de comunicación de las Defensorías del Pueblo de Latinoamérica y el Defensor del Pueblo de España, en su relaciones con los medios de comunicación local de cada país. Las ponencias e intervenciones giraron en

torno a las estrategias para una buena comunicación institucional, con el objetivo de crear una Red de Comunicadores de las Defensorías, que tenga un espacio propio en el Portal FIO cuya fi nalidad sería compartir información útil y provechosa, para mejorar en lo posible las estrategias de comunicación institucional a través de la colaboración permanente entre sus miembros.


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EL DEFENSORDEL PUEBLO EN UNA ESPAÑA EN CAMBIO

[ 1982 – 2007 ]

25años[ 198

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EL DEFENSOR DEL PUEBLO

Se celebra el 25 Aniversario del Defensor del Pueblo con la publicación de un libro y la producción de un

documental por Canal de Historia

“EL DEFENSOR DEL PUEBLO EN UNA ESPAÑA

EN CAMBIO” Así se titula el libro que se editará próximamente, coincidiendo con el 25 Aniversario del Defensor del Pueblo de España, el próximo mes de diciembre de 2007. Fruto de un Convenio fi rmado por la Institución con la Universidad Complutense de Madrid, el libro conmemorativo recoge, de forma didáctica y resumida, los orígenes de la Institución, las normas que la rigen, la valoración de los ciudadanos, y las actividades más signifi cativas llevadas a cabo en este cuarto de siglo, entre otras cuestiones. Además, la publicación refl eja la evolución que ha tenido lugar en España en determinados ámbitos de especial repercusión social, tales como la educación o el empleo. Esta evolución se apoya en datos estadísticos disponibles. El libro tiene como objetivo fundamental dar a conocer la Institución, sus orígenes y competencias, y sus principales actividades, de una forma amena y didáctica, mostrando la aportación del Defensor a la difusión y aplicación real de los derechos fundamentales, así como su incidencia en la mejora de la actividad de las Administraciones públicas.

DOCUMENTAL HISTÓRICO

El libro incluye un DVD producido por Canal de Historia, canal temático dedicado íntegramente a la producción y emisión de documentales de historia. El documental repasa con imágenes de archivo y actuales, entrevistas, declaraciones y recreación de casos reales, los 25 años de trayectoria de la Institución a través de los recuerdos y testimonios de los cuatro Defensores que han pasado por la casa. El documental cuenta con intervenciones de prestigiosos políticos e historiadores, que hacen un repaso por los aspectos más signifi cativos relacionados con el Defensor del Pueblo de España. El hilo conductor de la historia es el actual cargo, Enrique Múgica Herzog, que habla sobre su labor diaria, sus competencias, y los logros conseguidos por la Institución en estos años de actividad.

Múgica en un momento de la entrevista. (Foto: elaboración propia).

Informes monográfi cos: una mirada en profundidad a los

problemas sociales


Los informes monográfi cos constituyen una de las actuaciones más importantes del Defensor del Pueblo, ya que analizan en profundidad diversos problemas y situaciones sociales, por su calado social o bien porque hayan suscitado gran cantidad de quejas y la opinión pública es altamente sensible a ellos. También se elaboran porque se intuye que determinadas situaciones causan perjuicio a los grupos más vulnerables en sus derechos y libertades. Algunas veces, estas extensas radiografías que abordan problemas sociales son fruto de acuerdos entre la Institución y otras instituciones (UNICEF, por ejemplo). Desde el año 1997 esta actividad se ha incrementado, puesto que en sólo una década se han publicado 13 informes monográfi cos.

2007* Informe sobre Violencia Escolar en el ámbito escolar: el maltrato entre iguales en la enseñanza secundaria obligatoria 1999-2006.

2006* Informe sobre daño cerebral sobrevenido en España: un acercamiento epidemiológico y sociosanitario.

2005* Contaminación acústica.* Informe sobre asistencia jurídica a los extranjeros en España.

2003* Escolarización del alumnado de origen inmigrante en España: análisis descriptivo y estudio empírico* Funcionarios interinos y personal eventual: la provisionalidad y temporalidad en el empleo público

2002* El primer año de vigencia de la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores* Listas de espera en el Sistema Nacional de Salud

2001* La atención sociosanitaria en España: perspectiva gerontológica y otros aspectos conexos* Listas de gestión de los residuos urbanos en España

2000* Presente y futuro de la fi scalidad del

discapacitado* Violencia escolar: el maltrato entre iguales en la educación secundaria obligatoria

1998* La violencia doméstica contra las mujeres

1997* Situación penitenciaria y depósitos municipales de detenidos 1988-1996* Seguridad y prevención de accidentes en áreas familiares

1996* Atención residencial a personas con discapacidad y otros aspectos conexos

1994* Situación jurídica y asistencial de los extranjeros en España

1991* Menores: estudios sobre la situación del menor en centros asistenciales y de internamiento y recomendaciones sobre el ejercicio de las funciones protectora y reformadora* Situación jurídica y asistencial del enfermo mental en España

1990* Situación penitenciaria en Cataluña* Residencias públicas y privadas de la tercera edad

1987* Situación penitenciaria en España

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Resoluciones, recomendaciones y sugerencias

Identifi cación del personal laboral de Correos

Se tuvo conocimiento, a través de una queja, de que los empleados laborales incorporados recientemente a la entidad estatal Correos y Telégrafos, cuando en su labor profesional tienen que respaldar avisos de recibos ofi ciales o notifi caciones a los usuarios, se ven en la necesidad de aportar su número de DNI personal en lugar del número de registro que, mediante un sello de caucho, utilizan los funcionarios y el personal laboral fi jo antiguo para las mismas actividades. Los afectados entienden que la utilización de su propio DNI podría provocar un uso indebido de sus datos personales y que la actuación que se les exige es contraria a las previsiones establecidas al efecto en la Ley de Protección de Datos, pero comunican que ya han reclamado sin éxito la búsqueda de una solución. Una vez estudiado el problema planteado, se consideró procedente iniciar la oportuna investigación, en el curso de la cual Correos y Telégrafos ha recordado que la obligación de que sus empleados se identifi quen en los acuses de recibo que acompañan a las notifi caciones, resulta de lo dispuesto en el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, aprobado por Real Decreto 1829/1999, y que, en consecuencia, el Manual de Productos y Procedimientos de la Sociedad prevé que “...además de hacer constar su fi rma en el aviso de recibo, los carteros consignarán su número de identifi cación personal o, en su caso, el de su DNI”. Se expresa, sin embargo, que las reclamaciones recibidas y la tramitación de la queja recibida por el Defensor del Pueblo han servido como elementos de refl exión y de análisis para buscar otras alternativas, que, sin obviar la citada identifi cación, que sin duda salvaguarda derechos de los ciudadanos receptores de los servicios postales, garanticen la protección de los datos personales de los empleados. Se indica que Correos está inmerso en un proceso de cambio, entre otros factores, por la progresiva liberalización del mercado que previsiblemente será total en el año 2009, por el incremento de la competencia y por el cambio en el régimen jurídico adoptado por la Sociedad, de

naturaleza mercantil, que sin duda afecta a la gestión de los recursos humanos, al contemplar un nuevo marco de relaciones laborales más ágil y fl exible. En consonancia con estos cambios, se están abordando proyectos de innovación con la incorporación de nuevas tecnologías, aplicables al proceso postal y a la gestión de la Sociedad, donde alcanza especial relieve el proyecto informático “Integra”. En este doble marco de adaptación del modelo de recursos humanos, complejo si se tiene en cuenta que Correos es la primera empresa del país en número de trabajadores, con una plantilla media que supera los 64.000 efectivos, y de implantación del nuevo sistema informático, se ha optado por un sistema de gestión de recursos humanos que podría estar operativo en el primer semestre del año 2008 y que se considera que es una oportunidad no sólo para mejorar los procesos, sino para incorporar los nuevos requerimientos de gestión, entre los que se ha contemplado la dotación de un número de identifi cación profesional para todos los trabajadores, con independencia de su relación jurídica o de la duración y el lugar de trabajo. En este sentido, Correos se ha comprometido a que, en el momento en el que esté operativa la aplicación que posibilite la asignación de este nuevo número de identifi cación profesional, se procederá a modifi car el Manual operativo interno, de lo que se desprende que se encuentra en vías de solución favorable el problema planteado a estos trabajadores, que se resolverá mediante la incorporación del citado número de identifi cación profesional que se demanda a la nueva aplicación informática.

(Foto: UCM)


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El Defensor del Pueblo inicia una investigación de ofi cio para que las familias se puedan descontar

del IRPF el gasto que supone el servicio doméstico

El nuevo régimen anunciado para el servicio doméstico constituye sin duda una mejora importante en la situación del colectivo de los empleados de hogar, que verán mejorada su calidad de vida y sus condiciones de trabajo, por lo que el Defensor del Pueblo no puede sino congratularse. No obstante, la nueva regulación ha hecho resurgir un problema no solventado en el pasado, referente a la falta de refl ejo del gasto que el servicio doméstico supone a las familias. Según los medios de comunicación social, dicha reforma entrará en vigor el año que viene e implicará el aumento de las cuotas de la seguridad social y el cambio en el sistema de resolución de contratos, que se aproximará al régimen general. El Defensor del Pueblo considera que estas modifi caciones harán que los cabezas de familia tengan un tratamiento normativo similar al de los empresarios o profesionales, y sin embargo, estas medidas no vienen acompañadas de un cambio en la legislación tributaria que permita equiparar las obligaciones y derechos del cabeza de familia

que contrata empleados de hogar con el resto de empleadores personas físicas, a los que sí se les permite computar ese gasto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Los gastos que se pueden descontar en el IRPF son aquellos que el legislador considera necesarios para la obtención de los ingresos, además de tener fi nes extrafi scales de impulso en la creación de empleo. Unos fi nes que, a juicio del Defensor del Pueblo, también se cumplen en el caso de los empleadores del servicio doméstico, ya que además de crear empleo, colaboran a la incorporación de ambos cónyuges en el mercado laboral cuando hay hijos menores, dada la ausencia de una red de guarderías sufi cientemente amplia y la diferencia entre el horario laboral y el escolar. Y lo mismo sucede cuando se trata del cuidado de las personas mayores y de personas en situación de dependencia. Es por eso que el Defensor del Pueblo cree que carece de justifi cación el hecho de que un empleador esté obligado a pagar la seguridad social de su empleado y que este gasto no sea fi scalmente deducible.

Ley contra el redondeo en las tarifas de parking: la Institución investiga su correcto cumplimiento

A raíz de diversas informaciones que aparecen habitualmente en los medios de comunicación y de algunas quejas recibidas en la Institución, el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica Herzog, ha decidido solicitar información sobre la subida de los precios de aparcamientos, tanto públicos como privados, que tuvo lugar cuando entró en vigor la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de Mejora de la Protección de Consumidores y Usuarios. Esta ley, que se empezó a aplicar en su totalidad

en septiembre pasado, prohíbe, entre otras cosas, redondear las tarifas de aparcamiento al alza. Es decir, no se podrá redondear por fracciones de tiempo no utilizadas y se deberá, por tanto, facturar al usuario el tiempo real usado, minuto a minuto. Sin embargo, un buen número de consumidores ha denunciado que algunos establecimientos cobran una cuota de entrada, exigiendo el pago por el usuario de una tarifa mínima, y que además se ha incorporado a las

tarifas el llamado “minuto de oro”

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consistente en el redondeo del primer minuto, que cuesta del 20% al 50% más que los 60 segundos posteriores. Al mismo tiempo, es importante señalar que el cobro abusivo no es el único incumplimiento de la presente Ley, ya que la mayoría de los parking sólo da a conocer sus tarifas cuando se está dentro del recinto y el pago es ya inevitable, y además tampoco se cumple en la mayoría de los casos la obligación de poner en el ticket del usuario la matrícula de su vehículo, ni el uso de cámaras

que registren la entrada y salida de coches. Por todo ello, Múgica ha considerado oportuno solicitar un informe al Instituto Nacional de Consumo para verifi car si son ciertas las informaciones, con el fi n de elaborar un

estudio más detallado si fuera necesario. Y de igual modo, desea conocer el resultado de las campañas puestas en marcha por dicho Instituto dirigidas a la comprobación del cumplimiento de la normativa vigente, debido a la amplia repercusión de la presente Ley en los consumidores.

Zamora: Múgica investiga de ofi cio el alarmante estado de conservación de la Colegiata de Santa

María la Mayor de Toro El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica Herzog, ha decidido abrir una investigación de ofi cio contra la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, ante algunas informaciones que han llegado a la Institución, en relación al estado de conservación de la Colegiata de Santa María la Mayor de Toro. Esta colegiata fue declarada monumento de Interés Cultural en 1982, y desde que se sanearan las cubiertas en 1999, no ha sido sometida a posteriores revisiones.

La Colegiata necesita ser restaurada con carácter de urgencia, según un informe de 2006, en el que un miembro de la Comisión

Territorial de Patrimonio especifi ca que las esculturas románicas del exterior se encuentran en una situación deplorable. Además, y debido a las frecuentes lluvias de los últimos meses, se han desprendido elementos de la fachada principal, hecho que no es nuevo, ya que hace algunos años hubo otra serie de desprendimientos en la misma fachada. Algunos expertos denuncian la

existencia de otros elementos de gran valor que están actualmente deteriorados, tales como unas cornisas románicas y otras barrocas, que además son muy sensibles a la humedad. Estos expertos y los ciudadanos de Toro reclaman a la Junta de Castilla y León el desarrollo del llamado Plan 2000, que prevé una inversión global de 3 millones de euros para la restauración de la colegiata. Ante tales informaciones, el Defensor del Pueblo ha solicitado información sobre el estado de la Colegiata de Toro para pedir, si los datos obtenidos lo requieren, la puesta en marcha del mencionado Plan 2000.

Según los expertos, algunas partes de la fachada principal están muy deterioradas y son sensibles a la humedad

(Foto: Ramón Sobrino. Castillos.net)

La mayoría de los parking sólo da a conocer sus tarifas cuando se está dentro del recinto y el pago es ya inevitable

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El Defensor del Pueblo intercede para que se aplique el silencio administrativo en la renovación de permiso a un extranjero

A través de una queja presentada en la Institución, se tuvo conocimiento de que se había inadmitido a trámite una solicitud de renovación de permiso de trabajo y residencia de un extranjero, tras más de nueve meses desde que se presentó. La disposición adicional primera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, establece que las solicitudes de prórroga del permiso de residencia, así como también las renovaciones del permiso de trabajo que se formulen por los interesados, se deben resolver y notifi car en el plazo máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo, en el caso de que la Administración no haya dado una respuesta expresa, se entenderá que la prórroga o renovación han sido concedidas. En relación con lo anterior, el Defensor del Pueblo consideró que la notifi cación de la denegación de la solicitud, transcurrido el mencionado plazo, no

era ajustada a derecho y, tras formular una sugerencia para que se dictara nueva resolución concediéndole la autorización de trabajo y residencia solicitada, ésta fue aceptada por la Subdelegación de Gobierno de Barcelona.

Interior acepta una recomendación para informar a los familiares en caso de traslado de presos por

enfermedad psíquica grave

La Recomendación del Defensor del Pueblo se efectuó después de tramitar quejas referidas por la falta de información a los familiares sobre el estado o paradero de presos durante sus conducciones. En una de ellas, la esposa de un recluso manifestaba que tuvo conocimiento del traslado de su marido al centro Psiquiátrico Penitenciario de Alicante tras intentar comunicar con él y no conseguirlo en el centro en el que cumplía condena. La administración penitenciaria, en su respuesta a la petición de información del Defensor, estimaba que su actuación había sido conforme a la legislación vigente, ya que ninguna norma obliga a comunicar el traslado de reclusos a familiares y los propios reclusos tienen derecho a comunicar estas circunstancias a sus familias, según el artículo 41.3 del Reglamento Penitenciario. El Defensor, aún compartiendo este criterio, manifestaba en su escrito a la Directora General de Instituciones

Penitenciarias, que hay que considerar que no todos los reclusos conocen el artículo citado, ni son capaces de exigirlo o denunciar su eventual incumplimiento. También considera la Institución que el ingreso de un recluso en un hospital psiquiátrico penitenciario no es equiparable al ingreso en cualquier otro centro. La Ley General Penitenciaria establece que en este tipo de centros prevalece el carácter asistencial. Por tanto, la persona privada de libertad es un enfermo con grave discapacidad psíquica y por ello, es antes enfermo que interno. En consecuencia, su tratamiento integral exige que la administración realice actuaciones directamente relacionadas con las familias de los reclusos, con independencia de los derechos que el enfermo-interno pueda ejercer. El Defensor del Pueblo consideró exigible en estos casos una actuación distinta a la desarrollada por la inexistencia de un deber jurídico de actuar

Colas de inmigrantes para pedir el permiso de residencia. (Foto: Rebeca Argudo. Cedida por 20 Minutos).

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de otra forma y efectuó una recomendación para que se dictaran normas internas a fi n de que, salvo que existan justifi cadas circunstancias que lo desaconsejen, cuando se vaya a proceder al traslado de un interno de un centro penitenciario ordinario

a uno de los hospitales psiquiátricos penitenciarios, se comunique esta circunstancia a los familiares o a las personas con las que mantenga relación jurídica en caso de incapacitación. La Directora General de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, en su escrito de respuesta al Defensor aceptando la Recomendación, manifi esta que se ha comunicado a todos los centros penitenciarios que “con motivo del traslado de internos a centros penitenciarios o extrapenitenciarios, para ingreso por enfermedad psíquica grave, el centro penitenciario de destino deberá comunicar dicho traslado a su recepción, de forma inmediata a la familia, persona o representante jurídico, en los supuestos de incapacitación”. Y añade que “el responsable de los servicios sanitarios o quien éste designe, facilitará información a los familiares de estos internos acerca de la enfermedad que padecen y evolución de la misma, razones del traslado etc., cuando lo soliciten y previo consentimiento del afectado o representante jurídico, en su caso”.

El Defensor del Pueblo se interesa por las listas numeradas de votantes

A través de una reclamación presentada en la Institución, se dejaba constancia del vacío legal que, a juicio del promotor de la queja, existía en la legislación electoral vigente respecto a las listas de votación que utilizan los interventores que están presentes en las listas de las mesas electorales. En este sentido, el reclamante manifestaba que estas listas -en las que los interventores puntean, para el control de la correcta realización de las operaciones electorales posteriores, a los electores que han acudido a ejercitar su derecho a voto- no deberían quedar en poder de partidos políticos, tal y como ocurre actualmente al no existir previsiones expresas en ningún otro sentido. Con ello, y específi camente en los supuestos en que la consulta electoral es un referéndum, los partidos conocen la medida en que cada ciudadano concreto se ha atenido a las consignas que cada uno de ellos haya dado en cuanto a la participación o no participación en la consulta. Datos que muchos electores preferirían que no estuvieran en manos de los partidos políticos.

Iniciada la oportuna investigación por el Defensor del Pueblo y tras varios requerimientos dirigidos a la Dirección General de Política Interior, se recibió el preceptivo informe. En el mismo se sostenía que efectivamente la normativa vigente no regula expresamente el destino de las listas numeradas de votantes que utilizan los vocales e interventores, si bien la Junta Electoral

Central en Acuerdos como el de 24 de julio de 2003, señaló la no cesión de listas de votantes a los representantes de los partidos para usos no contemplados en la propia Ley. Con motivo de las actuaciones realizadas, el

Defensor del Pueblo dará cuenta en el próximo informe anual que se presente a las Cortes Generales de la necesidad de una modifi cación normativa, que exigiría reformar diversos artículos de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, ya que nuestro sistema democrático obliga a que toda iniciativa de modifi cación legislativa parta de las Cortes Generales y sea consensuada y apoyada por la mayoría de los grupos parlamentarios.

Psiquiátrico penitenciario de Foncalent. (Foto: Instituciones Penitenciarias).

Las listas de votantes no deberían quedar en manos de los partidos políticos


1982-2007: cuatro nombres, cinco mandatosPrimer Mandato: 1982-1987 El 30 de diciembre de 1982 Joaquín Ruiz-Gimé-

nez Cortés es nombrado Defensor del Pueblo.

Segundo Mandato: 1988-1993 El 16 de marzo de 1988 se nombra Defensor del

Pueblo a Álvaro Gil-Robles y Gil-Delgado.

Tercer Mandato : 1994-1999El 1 de diciembre de 1994 se publica el nombra-

miento de Fernando Álvarez de Miranda y

Torres como Defensor del Pueblo.

Cuarto Mandato: 2000-2005 El 15 de junio de 2000 se publica el nombramiento

de Enrique Múgica Herzog como Defensor del

Pueblo.

Quinto Mandato: desde 2005 El 30 de junio de 2005 Enrique Múgica Herzog

es reelegido como Defensor del Pueblo.

Canal de Historia los reúne a todos, en un magnífi co documental de producción pro-pia, con motivo de nuestro 25 Aniversario.

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El Defensor del Pueblo da por concluida su investigación sobre presuntos malos tratos en la

“Casa Malva” A mediados de agosto, La Nueva España se hizo eco de las declaraciones de una usuaria del Centro de Atención Integral para maltratadas de Gijón (conocido con el nombre de Casa Malva), que lo había abandonado de forma voluntaria. En estas declaraciones se hacían graves acusaciones, y se afi rmaba que “la Casa Malva es una cárcel de lujo, llena de normas, obligaciones, presión y represalias, no un lugar de ayuda y apoyo a las víctimas”. A partir de esas declaraciones se inició una polémica en los medios de comunicación asturianos. Se sucedieron las opiniones a favor y en contra, las notas de prensa, los escritos de apoyo a la Casa Malva... El Instituto Asturiano de la Mujer y Cruz Roja – entidad gestora de la Red Regional de Casas de Acogida – así como el Ayuntamiento de Gijón, pusieron en marcha medidas tendentes a esclarecer los hechos. El Partido Popular de Gijón presentó una queja al Defensor del Pueblo quien la admitió a trámite. Además de las habituales peticiones de información a las administraciones públicas implicadas, asesores de la Institución se desplazaron a Gijón el pasado 11 de octubre para visitar el centro. La visita se realizó estando presentes la coordinadora, las psicólogas, la trabajadora social

y las mujeres residentes que en el momento de la visita se hallaban en el centro. La impresión de los asesores del Defensor del Pueblo sobre el Centro fue positiva, tanto por la calidad de las instalaciones y la higiene, como por la asistencia que reciben las mujeres allí residentes. A la vista de la información recibida de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del

Principado de Asturias y de las conclusiones de la visita de los asesores de la Institución a la Casa Malva, el Defensor del Pueblo decidió dar por fi nalizada la tramitación de la queja, informando a las administraciones implicadas y a los promoventes de la queja, del resultado de las actuaciones practicadas y del cierre de la investigación.

(Foto cedida por la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Asturias).

Relaciones Institucionales


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Enrique Múgica entrega al Defensor del Pueblo de la Nación Argentina la “Hoja de Otoño”

El pasado 6 de noviembre tuvo lugar en Guadalajara la apertura de los VIII Encuentros de Otoño. La presente edición está dedicada a Argentina, nación sobre la que han recaído algunos de los premios “Hojas de Otoño”. El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, acudió al acto acompañado por su Adjunto Segundo, Manuel Aguilar Belda, por la Secretaria General de la Institución, Mª Mar España Martí, así como por el Defensor del Pueblo de Panamá, Ricardo Vargas, y el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos del Salvador, Oscar Humberto Luna. Múgica fue el encargado de entregar el premio a su homólogo de la Nación Argentina, Eduardo Mondino. Del mismo modo, la Consejera de Cultura de Castilla-La Mancha, Soledad Herrero, entregó el premio al conjunto argentino de Tango “Cuarteto Cedrón”. Entre los premiados también se encontraba el dibujante Joaquín Salvador, “Quino”, padre de Mafalda. Organizado por la Diputación Provincial de Guadalajara y por la Fundación General de la Universidad de Alcalá de Henares, el acto se desarrolló en el Teatro Auditorio Buero Vallejo y

contó con la presencia de la Consejera de Turismo y Artesanía, Magdalena Valerio. Los otros galardonados fueron el Club Siglo Futuro-Fundación Valentín García Yebra, por su extraordinaria labor de difusión de la cultura y el diálogo entre las gentes, y dos asociaciones que desarrollan una importante labor social en apoyo de menores desfavorecidos: la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Guadalajara y la Asociación Familiar Ayuda a un Niño.

El Defensor del Pueblo inaugura un nuevo curso de Práctica Jurídica en Córdoba

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica Herzog, pronunció la conferencia inaugural del nuevo curso 2007/2008 de la Escuela de Práctica Jurídica Rafael Illescas Melendo. El acto estuvo presidido por Eduardo Baena, presidente del consejo rector de la Escuela de Práctica Jurídica; José Rebollo, decano del Colegio de Abogados y vicepresidente, y Francisco Acosta, director de la escuela. Durante su intervención, Múgica hizo un breve repaso de los orígenes de las Institución y su evolución hasta la fecha. Asimismo señaló alguna de sus características más importantes,

como su legitimación para plantear recurso de inconstitucionalidad frente a las leyes y disposiciones con fuerza de ley. Por otra parte, enunció los distintos procedimientos prácticos que lleva a cabo el Defensor del Pueblo, distinguiendo los indagatorios de las investigaciones de ofi cio. Los primeros, señaló Múgica, “son procedimientos iniciados a consecuencia de las peticiones de los ciudadanos que envían sus quejas personalizadas por correo postal o por medios electrónicos o bien entregándolas directamente en la sede institucional”.

De izquierda a derecha, Enrique Múgica, Eduardo Mondino y el actor José Sacristán. (Foto: fundación General UAH).

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Respecto a las investigaciones de ofi cio indicó que, “se inician desde que el Defensor del Pueblo tiene noticia o conocimiento directo de indicios razonables de vulneración de los derechos y libertades constitucionalmente protegidos”. Además de estos dos procedimientos prácticos, Múgica afi rmó que “existe otra actuación concreta que tiene lugar cuando el Defensor pone en conocimiento del Ministerio Fiscal o del Consejo General del Poder Judicial, hechos que pueden ser constitutivos de delito, o que puedan afectar a la Administración de Justicia en general, en cuanto servicio público”. En otro aspecto, no quiso dejar de recordar que fruto de las investigaciones

realizadas, el Defensor del Pueblo puede formular recomendaciones, sugerencias y recordatorios legales. Estos últimos, añadió “no implican una actuación ulterior por parte del órgano administrativo al que se dirigen, y actúan como una llamada de atención una vez comprobado que la Administración en cuestión no cumple debidamente una obligación jurídica bien determinada”. El Defensor del Pueblo fi nalizó su conferencia evocando la Constitución gaditana, asegurando que en nuestros días los españoles disponen de muchos más instrumentos para hacer efectiva la vieja obligación de “ser justos y benéfi cos”.

La Adjunta Primera comparece ante la Subcomisión del Congreso sobre política de inmigración

El 6 de noviembre pasado, la Adjunta Primera, María Luisa Cava de Llano, compareció en el Congreso de los Diputados ante la Subcomisión, creada en el seno de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, para explorar las vías que permitan llegar a un consenso entre las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria en torno a la política de inmigración que debe seguir nuestro país. La Adjunta Primera inició la sesión, (en la que también tomaron parte el Consejero de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, y la Secretaria Autonómica de Inmigración y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana, Gotzone Mora) exponiendo las preocupaciones del Defensor del Pueblo en relación con la salvaguarda de los derechos y la tutela de los intereses que se plantean en el hecho migratorio (extranjeros que quieren venir, españoles que los necesitan, mercado de trabajo, extranjeros que quieren tener a su familia con ellos, familias mixtas, control de fronteras, etc.). Su intervención se centró en cuatro ejes: la necesidad de modernizar los sistemas de gestión de la extranjería, la mejora de la atención a determinados elementos de integración, la búsqueda de una mayor coherencia en el régimen de

garantías y el tratamiento de la irregularidad.

Actualización y modernización de los sistemas de gestión de la inmigración Tras analizar la estructura de los centros gestores de la inmigración (ofi cinas de extranjería en el interior del territorio nacional y ofi cinas consulares), Cava de Llano manifestó que a esta red literalmente “le estallan las costuras”. Esto,

unido a otra serie de elementos como demoras generalizadas, carencia de medios adecuados, divergencia de criterios entre órganos de la Administración, cortapisas a la agilidad de los procedimientos, diversidad de requisitos en función de los órganos tramitadores, huída del procedimiento administrativo común, etc. hace que la posibilidad de asentarse en España por vías legales sea difi cultosa. Detalló las fases por las que pasa una solicitud de autorización de residencia y trabajo, que puede tardar en tramitarse entre

12 y 18 meses. Para superar este estado de cosas la Adjunta Primera apostó por la creación de una Agencia Estatal de Inmigración y Emigración que supusiera el rediseño de todos los sistemas de gestión y buscara un modelo de integración avanzada de los distintos organismos

involucrados, tanto de la Administración General del Estado como de las Comunidades Autónomas en función de sus competencias. Esta iniciativa, por su singularidad y su carácter pionero requeriría una norma legal específi ca, un sistema de nombramiento de su responsable y de su máximo órgano de dirección basado en el consenso de los gobiernos centrales y autonómicos, y una defi nición adecuada de los ámbitos de actuación conjunta. Sería necesario crear un fondo presupuestario de dotación mixta (Estado-Comunidades Autónomas)para atender al cumplimiento de sus funciones y especialmente al refuerzo fi nanciero de las Comunidades con mayor presencia de inmigrantes. Mejora en la atención dispensada a determinados elementos fundamentales para la integración Cava de Llano señaló que la visión economicista que pretende abordar la inmigración, de forma casi exclusiva, desde su relación con el mercado de trabajo olvida lo que la realidad ha puesto de relieve de manera contundente: que, aunque queríamos mano de obra, han llegado personas. Por tanto y aunque la situación del mercado laboral pueda ser el punto de partida para la regulación de fl ujos, no podemos olvidar nunca que ha de ir de la mano del respeto a los derechos humanos. Abordó también el tema de la reagrupación familiar y los problemas burocráticos, que siguen siendo lentos y complicados.

Sobre las garantías Los expedientes de expulsión incoados por procedimiento preferente por estancia irregular pueden ser rápidos y cuando media el internamiento del extranjero previa autorización judicial, progresan a un ritmo que, en principio, está compensado con un amplio régimen de garantías, tanto sobre la decisión de internamiento y su control, como sobre la posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. Sobre el papel todo parece equilibrado, pero eso es enteramente verdad sólo en la literalidad de la ley. La Adjunta Primera recordó que la cuestión de las garantías y su efectividad material en los procedimientos y procesos de extranjería fue analizada en el Informe sobre asistencia jurídica a los extranjeros en España y puso en conocimiento

de la Subcomisión las cuestiones que necesitan ser reformadas en opinión de nuestra Institución (atribución de la competencia para la autorización de los internamientos a los jueces de instrucción en lugar de a los jueces de lo contencioso-administrativo, acceso a la tutela judicial fuera del horario de los juzgados y tribunales, mayor control judicial de las condiciones de los internamientos de extranjeros (CIES), mejora de la normativa de los CIES de modo que tengamos un modelo específi co para este tipo de centros, tutela judicial efectiva en la repatriación de los menores extranjeros no acompañados, etc.). También mostró su preocupación ante la frecuente falta de reacción de los sistemas de investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante las denuncias de actos de maltrato a inmigrantes, ya sea con ocasión de su paso por las dependencias policiales ya en las actuaciones de represión de su acceso irregular.

El tratamiento de la irregularidad Sin perjuicio de facilitar las vías regulares de acceso al trabajo y la residencia, así como difi cultar

—aunque obviamente no a cualquier precio— la entrada y asentamiento de los irregulares, nuestra política de inmigración tiene la absoluta necesidad de contar con instrumentos que permitan sacar de la irregularidad, o cuando menos permitirles subsistir dignamente, a personas que de otro modo serían presa fácil de la marginalidad. Por otra parte, más

allá de un determinado nivel de irregularidad la perspectiva de materializar la totalidad o un número signifi cativo de las órdenes de expulsión dictadas es sencillamente imposible. A partir de estas consideraciones, Cava de Llano fue explicitando la postura de la Institución en relación con varios de los colectivos de personas en situación irregular y concluyó refl exionando sobre la situación planteada por la creciente tendencia a la externalización de los controles migratorios. Hoy las fronteras marítimas, el control fronterizo y las operaciones contra la inmigración irregular se están alejando de nuestro territorio y eso plantea diversas cuestiones: ¿cuál es el estatuto de nuestras fuerzas de seguridad en territorio extranjero? ¿quién es el responsable material de las decisiones que allí se adopten? ¿cómo hacemos compatible todo esto con la obligación de protección internacional que tenemos en virtud de las normas internacionales y de nuestro derecho interno? Son cuestiones —fi nalizó la Adjunta

En opinión de Cava de Llano, a la red de centros

gestores de la inmigración

“le estallan las costuras”


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Primera— “que tenemos la obligación de abordar con seriedad, pues de lo contrario acabaremos actuando por la vía de los hechos y ello generará problemas, tanto de naturaleza bilateral como internos”.

Participación de los miembros de la Subcomisión El representante del Grupo Vasco (EAJ-PNV), Emilio Olabarría preguntó sobre la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros, los trámites de expulsión o devolución, las nuevas vías de acceso de la inmigración irregular y la autorización de los internamientos. Por el Grupo Popular, Lourdes Méndez Monasterio pidió a la Adjunta Primera que ampliara sus explicaciones sobre cómo facilitar las vías de entrada de manera regular y sobre el impacto que tendría la propuesta de la Institución

de permitir a los irregulares inexpulsables el acceso a determinados trabajos. Su compañero de grupo parlamentario, Tomás Burgos, preguntó sobre reagrupación familiar, permisos de residencia para trabajadores de alta cualifi cación y sobre plazos de internamiento, las causas de expulsión vinculadas a la tenencia de antecedentes penales y la participación de las Comunidades Autónomas en los trámites de extranjería laboral. Finalmente, por el Grupo Socialista, María Pilar López Rodríguez quiso conocer las modifi caciones que, a juicio de esta Institución, convendría introducir en la Ley de extranjería, y solicitó a la Adjunta que ampliase sus explicaciones sobre el modelo de agencia propuesto y sobre el tratamiento a los menores extranjeros no acompañados.


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Aguilar: “el desarrollo y la democracia son imprescindibles para que los derechos humanos

sean una realidad efectiva” Manuel Aguilar Belda, Adjunto Segundo al Defensor del Pueblo, participó en el IV Seminario Internacional sobre “Exclusión social y derechos humanos”, organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional y la Defensoría del Pueblo de Santa Fe (Argentina). En estas jornadas de intercambio de perspectivas, celebradas a mediados del pasado mes de noviembre, el Adjunto Segundo impartió una conferencia sobre “Derechos económicos, sociales y culturales y tratados internacionales de derechos humanos: evolución y actualidad”. Según Aguilar, las desigualdades generadas por la globalización y la distribución de sus benefi cios, han vuelto a suscitar la inquietud en torno a las repercusiones negativas que los desequilibrios del desarrollo, en general, y del desarrollo económico, en particular, pueden tener para el disfrute de los derechos humanos. En este sentido, destacó que “los derechos humanos podrían volver a servir de orientación general, y de criterio, a la hora de tomar decisiones políticas”. Se trataría, en su

opinión, “de humanizar el proceso globalizador”. Por otra parte, Aguilar mostró su convencimiento de que, para lograr traspasar las meras declaraciones de derechos humanos de

carácter formal, convirtiéndolas en regulaciones efi caces que permitan el disfrute efectivo y real de los derechos reconocidos en el ordenamiento, “es imprescindible alcanzar unos determinados niveles de desarrollo. Desarrollo económico y desarrollo democrático”. Es decir, la regulación y asentamiento de los derechos humanos exigen un caldo de cultivo que sólo proporciona la sociedad democrática y, a su vez, para asegurar la efectividad de los derechos y libertades, resulta imprescindible un

cierto grado de desarrollo. Así las cosas, Aguilar destacó la progresiva toma de conciencia sobre la importancia del derecho al desarrollo y puso como ejemplo la evolución experimentada por los escritos de queja presentados ante la Institución del Defensor en España en los últimos años. Así, éstos refl ejan tanto una ampliación o diversifi cación del objeto de los derechos sobre los que se reclama, como una


Visitas y Audiencias

Una delegación de la República de Benin visita la sede del Defensor del Pueblo

El Médiateur de la República africana de Benin, Albert Tevoedjre, acompañado de Edmond Atchessi, alto funcionario del Gobierno beninés y de uno de sus asesores, visitó la Institución a principios de noviembre. El objetivo de esta visita era el intercambio

de experiencias y metodologías de trabajo en ambas Instituciones. La visita de estas personalidades africanas se enmarca dentro del Proyecto de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores español. En una intensa agenda de trabajo, la delegación de Benin, que asistió durante tres días a diversos programas y sesiones, recibió una presentación general sobre el funcionamiento del Defensor del Pueblo, y una descripción de las tareas de las diferentes áreas que componen la Institución. Otro de los temas destacados fueron las quejas formuladas en nuestro país referentes tanto a derechos civiles y políticos, como a derechos sociales, económicos y culturales, entre otros aspectos del trabajo del Defensor del Pueblo

de España. La Delegación africana mostró especial interés por conocer el trabajo de la Institución en materia de protección de los derechos de aquellos grupos sociales considerados especialmente vulnerables.

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica Herzog, recibe en la sede al Médiateur de la República de Benin, Albert Tevoedjre.

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creciente coherencia y focalización de las demandas en las normas del ordenamiento que proclaman, afi rman y regulan los derechos humanos. En este contexto, Aguilar destacó algunos de los estudios y recomendaciones realizadas desde el Defensor del Pueblo de España, como los relacionados con el control de los medios de comunicación social de titularidad pública; las declaraciones de impacto ambiental; el uso sexista del lenguaje; la sustracción internacional de menores por parte de alguno de sus progenitores; la adecuación de los centros de internamiento para extranjeros; la facturación de nuevos servicios de telefonía; y el traslado y el enterramiento de líneas de alta tensión que atraviesan núcleos urbanos. Asuntos en los que, más allá de su simple enunciado, “se adivina el telón de fondo de las garantías constitucionales sobre el derecho a la libre información, el derecho a la salud, el derecho a la propia imagen, el derecho a la seguridad, la protección de la familia y de la

infancia y el derecho a la propiedad privada”. Y es que tal y como resaltó el Adjunto Segundo, el derecho al desarrollo supone, al mismo tiempo, unos mejores niveles educativos y sanitarios, una naturaleza mejor conservada, un medio cultural más rico y diverso, una igualdad de oportunidades más efi caz y, en defi nitiva, una mayor calidad de vida. Por último, Aguilar recordó la importancia que en los países iberoamericanos tiene la fi gura del Comisionado para la defensa de los derechos humanos o Defensor del Pueblo. Según aseguró, “se trata de instituciones que, tanto desde el punto de vista formal, como desde el práctico y real, consolidan los esquemas constitucionales y suponen una garantía añadida para la protección de ese conjunto de derechos, los llamados derechos humanos, que por diversas circunstancias son, a la vez, los más importantes y los más vulnerables”.


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Fallo del Concurso Defensor del Pueblo 2007

El pasado 15 de noviembre se fallaron los Premios escolares de dibujo Defensor del Pueblo, en su edición de este año. El Jurado, compuesto por humoristas gráfi cos a nivel nacional como Máximo Sanjuán Arranz, José María Gallego, Julio Rey, Vicente Ferrer y Gonzalo Panzano, eligió, de entre todos los dibujos presentados, a cuatro ganadores de cada una de las dos categorías: Primaria y Secundaria. Los premios serán entregados por el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, el 10 de diciembre en el Congreso de los Diputados, coincidiendo con el acto de lectura anual de la Declaración de los Derechos Humanos.

Presentación de quejas al Defensor del Pueblo

Por Internet:

www.defensordelpueblo.es

Por Fax:

Remitiendo un escrito fi rmado al (+34) 913081158.

Personalmente:

En Zurbano, 42 esq. Eduardo Dato, de lunes a viernes de 9 a 14 horas (mañanas) y de lunes a jueves de 16 a 18 horas

Metro más próximo: Rubén Darío, Línea 5; y autobuses 40 y 147

Correo ordinario:

Remitiendo un escrito fi rmado a la dirección: Zurbano, 42 - 28010 Madrid.

La asociación de enfermos Bihotz Bizi de Álava visita al Defensor del Pueblo

Esta asociación alavesa quiere solicitar el amparo de Enrique Múgica para que el Defensor del Pueblo apoye su reivindicación de que los enfermos de corazón alaveses puedan ser atendidos en Alava. Tanto el Parlamento como el Gobierno Vasco han rechazado esta petición, ya que consideran que el número de enfermos coronarios que necesitan intervención quirúrgica es bajo en esta ciudad – en torno a los 150 enfermos – por lo que esta petición no estaría justifi cada y en la actualidad los pacientes que

padecen de corazón se ven obligados a trasladarse a otras ciudades para poder ser atendidos. La Asociación ha solicitado también la fi rma de un convenio con el sector privado para no tener que desplazarse a otros hospitales. La Asociación para la

Información y Prevención de la Enfermedad Cardiovascular Bihotz Bizi – Corazón Vivo – se constituyó por iniciativa de los propios pacientes, enfermos de corazón, y su objetivo es concienciar a la sociedad de los riesgos derivados de enfermedades de tipo cardiovascular.

El Defensor del Pueblo en su despacho, con tres de los miembros de la Asociación, y personal del área de Sanidad de la Institución.

Enrique Múgica, rodeado del Jurado, en la sede del Defensor del Pueblo.

El Defensor al día - Web de Extranjeria · Especial 25 Aniversario 7 Resoluciones, recomendaciones y sugerencias 9-14 ... mediante la descentralización; la aplicación de reglas

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