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ISSN 0123-2894 Circulacin nacional
560JUNIO 2016
Edicin
55 aosACORE
PATRIA - UNIN - PROGRESO
55 aosACORE
EDITORIAL
Conversatorio sobre mecanismos de refrendacin frente a los
acuerdos pactados con las Farc
En La Habana se est sustituyendo la Constitucin: Carlos Holmes
Trujillo
Por: Redaccin peridico ACORE.La sustitucin de la Constitucin va
comunicado de prensa desde La Habana es el ms reciente desatino de
la mesa de dilogos entre el Gobierno y las Farc.As lo dio a
entender Carlos Holmes Trujillo, precandidato presidencial por el
Centro Democrtico, durante el conversatorio Posibles mecanismos de
refrendacin frente a los acuerdos pactados con las Farc, el cual se
realiz recientemente en la sede nacional de ACORE.Esta polmica
tesis fue secundada por el abogado scar Ortiz, uno de los gestores
de la llamada sptima papeleta que propici la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, quien fue uno de los conferencistas
invitados al trigsimo noveno conversato-rio que realiza la
Asociacin. Pasa pgina. 9
Contundente respuesta a la Corte Constitucional
No! de ACORE a blindar Acuerdo General con el DIH Continuamos
por el
camino correctoUn no! rotundo a la posibilidad de blindar a la
luz de derecho internacional humanitario los acuerdos a que lleguen
en La Habana el Gobierno y las Farc, respondi la presidencia
nacional de ACORE a una peticin formulada por la Corte
Constitucional.En la misiva, tambin se preguntaba a la Asociacin
acerca de su posicin frente a la competencia de la Corte
Constitucional sobre acuerdos de paz, funcio-nes del Congreso de la
Repblica respecto a estos mismos acuerdos y los mecanismos de
participacin ciudadana para su refrendacin. Pasa pgina. 18
Por: Coronel (RA) Manuel Jos Santos PicoUno de los grandes
problemas irresueltos, segn Francisco de Roux en su columna de El
Tiempo del 5 de mayo pasado, es que las bacrim desbordan la
delincuencia organizada y se expresan como paramilitarismo, apoyado
en fracturas marginales del Estado, capaz de parar
territorios y matar a defensores de derechos humanos y de la
tierra. Esta afirmacin no es ms que el planteamiento equivocado de
un problema de seguridad nacional, que se repite por algunos
colombianos con intereses no muy claros, al sindicar a miembros del
Estado como fracturas marginales, expresin imprecisa que da para
todo, incluso para matar a defensores de derechos humanos. Pasa
pgina. 6
ACORE presente en nuevos escenarios internacionales en defen-sa
de nuestra legitimidad y dignidad institucional.
Excelente oportunidad para denunciar la guerra poltica, ju-rdica
y meditica de que son vctimas nuestras instituciones militares y
policiales.En nuestra condicin de nuevos agentes consultores de la
Organizacin de Estados Americanos (OEA), haremos presen-cia en
importantes escenarios de carcter internacional, junto con
distintas organizaciones pertenecientes a 35 pases de nuestro
continente.Para esta participacin, la Asociacin ha recibido
invitacin formal del Consejo Permanente de este organismo, para
asistir al Cuadragsimo Sexto Periodo Ordinario de Sesiones de la
Asamblea General de la OEA que se celebrara en Santo Domingo,
Repblica Dominicana, del 12 al 15 de junio del pre-sente ao. Pasa
pgina. 3
El futuro del paramilitarismo en Colombia
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DIA DEL PADRECELEBRACIN ALMUERZO ACORE
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2 junio de 2016
Saba ustedEl undcimo principio de la guerraEl undcimo principio
de la guerra es la opinin pblica. Cuando estaba en su furor la
guerra de Vietnam se entroni-z en este puesto, destronando el
principio que se haba funda-mentado en la II Guerra Mundial, es
decir el podero areo. Los diez principios iniciales son: masa,
maniobra, unidad de mando, secreto, sorpresa, se-guridad,
sencillez, economa de fuerzas, objetivo y ofensiva. Cada principio
es un tratado pero vamos dilucidar el moder-
no, la opinin pblica, dentro del marco de las negociaciones de
La Habana. Indudablemente nuestro presi-dente Juan Manuel Santos
tiene la opinin pblica en contra a sus dilogos de paz en La Habana.
No se est en contra de la paz, sino que como columnista de opinin
estamos analizando esta negociacin dentro del marco de los
principios de la guerra. Por ejemplo, la ne-gociacin de paz en
Pars
para poner fin al conflicto de Vietnam fue desastrosa para los
Estados Unidos; ganaron todas las batallas en el campo de com-bate
pero perdieron la guerra en la mesa de negociaciones de la capital
francesa; Henry Kissinger se gan el Nobel de la Paz mientras los
integran-tes de las Fuerzas Armadas de Vietnam del Sur (70 mil,
entre suboficiales, oficiales y solda-dos profesionales) sufrieron
una muerte lenta porque los obligaron a punta de bayoneta a
construir un canal en una zona cenagosa y todos murieron en
los temibles campos de concen-tracin o en la crcel.De todas
maneras, la negociacin se firm a pesar de la oposicin de los
militares estadouniden-ses porque tena el gobierno la opinin pblica
en contra de la guerra y exiga una firma de paz sin importar que
fuera vergon-zosa. La retirada del guila se denomin a ese abandono
de su aliado Vietnam del Sur. En esa guerra y las subsiguien-tes,
el principio de la guerra de la superioridad area fue
derribado: la fuerza area Estadounidense bombardeaba la ruta Ho
Chi Min, principal flujo logstico para la guerra en Indo China, y
por la noche la reconstrua el Vietcong, conti-nuando el flujo de
pertrechos. La contra ofensiva del Tet que inicio con una victoria
inicial del Vietcong, que termin en una derrota aplastante con la
repuesta Norteamericana, la volvieron un logro poltico a travs de
la propaganda; por ejemplo, cuando recuperaron la segunda ciudad de
Vietnam, quedo herido el Comandante de un Batalln de Infantes de
Marina y pas lo que se llam el grito que se oy en toda Norteamrica,
porque lo saca-ron herido y los noticieros di-fundieron la noticia.
Por eso el gobierno est hacien-do una propaganda a favor de los
dilogos de La Habana, pero el problema principal es la
desconfianza; que nos pase como en Vietnam que una mi-nora muy
activa y combativa se impuso en el pas llevando a campos de
concentracin mons-truosos a sus ponentes los del Vietnam del Sur y
no entreg a todo los pilotos estadouniden-ses prisioneros.
30 de junio al 2 de julio
- Cao cristalitos,- Cao piedra,- Finca tematica Vellouzia
Cano cristalesCano cristalesSegunda fecha: 04 al 07 julio
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3Edicin 560
NOTA: Los artculos no reflejan el pensamiento de ACORE. Son de
ex-clusiva responsabilidad de sus autores y por razones de espacio
podrn ser editados.La reproduccin total o parcial de los artculos
publicados en esta edicin pueden ser utilizados con la referencia
del peridico ACORE.
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Terradas.
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Editorial
Continuamos por el camino correctoACORE presente en nuevos
escenarios internacionales en defensa de nuestra legitimidad y
dignidad institucional.
Excelente oportunidad para denunciar la guerra poltica, jurdica
y meditica de que son vctimas nuestras instituciones militares y
policiales.
En nuestra condicin de nuevos agen-tes consultores de la
Organizacin de Estados Americanos (OEA), haremos presencia en
importantes escenarios de carcter internacional, junto con
dis-tintas organizaciones pertenecientes a 35 pases de nuestro
continente.Para esta participacin, la Asociacin ha recibido
invitacin formal del Consejo Permanente de este organismo, para
asistir al Cuadragsimo Sexto Periodo Ordinario de Sesiones de la
Asamblea General de la OEA que se celebrara en Santo Domingo,
Repblica Dominicana, del 12 al 15 de junio del presente ao.Este
importante compromiso ser la oportunidad para abrir nuevos espacios
de intercambio y cooperacin entre dife-rentes organizaciones de la
sociedad civil y los estados miembros que conforman este organismo
de carcter regional.
Para este propsito, se ha venido prepa-rando una agenda
consultada con las 18 asociaciones del cuerpo de oficiales de la
reserva activa de las FF.MM. y la Polica Nacional pertenecientes a
la Mesa de Trabajo Permanente, sobre temas de inters institucional
y as-pectos relativos a seguridad y defensa nacional.De manera
prioritaria y en coordinacin con la Defensora Militar, entidad que
igualmente ostenta su condicin de agente consultor, se pretende en
esta asamblea discutir priorita-riamente temas relacionados con la
se-guridad jurdica de los miembros de la Fuerza Pblica, con el nimo
de impul-sar eventuales acuerdos de cooperacin para la defensa de
sus derechos en dis-tintas instancias internacionales.Sobre este
particular, se dar a conocer la
guerra poltica, jurdica y mediti-ca que estn enfrentando
nuestras ins-tituciones castrenses y policiales por causa del
conflicto armado que registra el pas desde hace varias dcadas;
sea-lando la activa participacin de distintas organizaciones no
gubernamentales nacionales y extranjeras (ONG), en una persistente
y sistemtica campaa de intimidacin y desinformacin, en la cual se
formulan graves imputaciones sin pruebas ni sustentacin jurdica
al-guna, sobre supuestas violaciones a los derechos humanos.Dentro
de este tema, habr que explicar lo que se pretende con esta campaa
difamatoria, que no es otra cosa que in-tentar demostrar en forma
tendenciosa y sin frmula de juicio ante la comuni-dad
internacional, la existencia de una supuesta doctrina de seguridad
nacio-nal de origen norteamericano, apli-cada particularmente por
el estamento militar colombiano, orientada hacia la
persecucin sistemtica de los distintos movimientos socialistas,
progresistas y corrientes neocomunistas que actan en nuestro pas.
Habr que denunciar tambin la intensa actividad desa-rrollada en
este campo por el Partido Comunista Clandestino Colombiano (PCCC) o
PC3, que no es otra cosa que el brazo poltico invisible con que
cuen-ta la organizacin narcoterrorista Farc para conducir este tipo
de acciones en forma clandestina, advirtiendo que esta organizacin,
constituye una formidable mquina de guerra poltica para infiltrar
las distintas instituciones del Estado (rama ejecutiva, legislativa
y judicial) y organizaciones sociales que sean de su inters poltico
(gremios, sindicatos, uni-versidades, entre otras).Dentro de esta
misma agenda, tambin se han preparado estos otros posibles temas
que pudieran ser motivo de dis-cusin o de inters para los
partici-pantes: 1. Alternativas procesales para miem-bros de la
Fuerza Pblica. a. Fuero y justicia penal militar y policial
vigente.b. Justicia transicional y Jurisdiccin Especial para la
Paz.c. Justicia ordinaria y su aplicacin ac-tual.d. Tribunales
internacionales en busca de garantas procesales por denegacin de
justicia.e. Otras alternativas posibles dentro de la legislacin
interna del pas. 2. Proceso de negociaciones en La Habana y sus
efectos en la estabilidad democrtica del pas (dudas y
preocupa-ciones). a. Exceso de concesiones: Se negocia dentro de la
Constitucin o por fuera de sus preceptos?b. Desarme y
desmovilizacin:- Entrega total y verificable de las armas con que
cuentan?- Cese real y efectivo de toda actividad criminal?- Entrega
de bienes y recursos asocia-dos con hechos delictivos?-
Desmovilizacin o reintegro de sus
organizaciones delictivas como un sim-ple cambio de brazalete o
etiqueta?c. Territorios de Paz:- Utilizacin de Zonas de Reserva
Campesina con autonoma especial sin mayor control por parte del
Estado?- Plena garanta para el respeto a la propiedad privada?-
Coincidencia con zonas de influencia donde han desarrollado minera
ilegal y narcotrfico para ejercer un control te-rritorial?d.
Refrendacin Popular:- Plebiscito, constituyente o acuerdo con
caractersticas de tratado interna-cional?- Se omitir esta
refrendacin por no considerarse de obligatoriedad jurdica y legal?
3. Situacin actual del proceso de nego-ciaciones con las Farc y el
ELN.- Agendas previstas para estos procesos.- Aspiraciones
gubernamentales.- Logros alcanzados, salvedades y otros temas por
resolver. 4. Fuerzas Militares y Polica Nacional en el posacuerdo o
posconflicto.- Hasta qu punto desaparece o dis-minuye la amenaza?-
Qu tipo de transformaciones requiere la Fuerza Pblica para cumplir
su misin constitucional y enfrentar nuevas ame-nazas en materia de
seguridad y defensa nacional?- Qu implicaciones podran surgir de
estas eventuales transformaciones?- La tarea prioritaria de
seguridad na-cional que ha prevalecido deber ser modificada para
garantizar una mayor seguridad ciudadana? 5. Foro de Sao Paulo y
sus efectos polti-cos en el pas y en la regin iberoame-ricana.-
Conformacin de este organismo y participacin regional.- Estado
actual y plan de accin en el escenario internacional. 6. Vctimas de
la Fuerza Pblica por cau-sa del conflicto armado.- Reconocimiento
de verdad, justicia y reparacin integral.- Garantas y plena
proteccin de sus derechos fundamentales. 7. Refrendacin de acuerdos
pactados con categora de tratados para buscar un blindaje
internacional- Interpretacin del artculo tercero comn a los cuatro
Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949.- La voluntad
popular, los derechos hu-manos, el DIH y su prevalencia sobre
cualquier otra norma de carcter supra-nacional.- La Jurisdiccin
Especial para la Paz (JEP) y su aval por parte de la Corte Penal
Internacional.- Vigencia de la institucionalidad democrtica como
valor supremo de nuestro estado de derecho y soberana nacional.
Brigadier General (RA) Jaime Ruiz BarreraPresidente Nacional de
ACORE
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4 junio de 2016
Proceso de paz
Al inicio el proceso de paz se difundi profusamente el men-saje
de que las Farc estaban en La Habana porque haban sido llevadas all
debido al debilita-miento militar por la accin de las Fuerzas
Militares y porque haban sido convencidas por Chvez y los Castro de
que la lucha armada ya no era vlida para llegar al poder, como lo
de-mostraba el caso de Venezuela y otros pases en que los
socialis-tas haban llegado al poder por la va de las armas. Lo
contrario decan las Farc: no haban ido all derrotadas o vencidas y
menos rendidas. Lo que no sabamos los colombia-nos es que Santos
haba acor-dado que los llevara all como plenipotenciarios, los
pondra en el mismo nivel del Estado y que cumplira sus peticiones
de cualquier ndole. Cmo no iban a aceptar y como no iban a decir
tal cosa?Santos repeta a los militares en cuanta ceremonia asista:
la paz es la victoria, la victoria es la paz, dando a entender que
el
hecho de que las Farc estuvie-ran en La Habana para negociar una
salida poltica para alcanzar la paz despus empezaron a decir que
era para alcanzar, sim-plemente, el fin de lo que llaman conflicto
armado era la conse-cuencia de los resultados del cumplimiento de
la misin de las Fuerzas Armadas (Fuerzas Militares y Polica
Nacional) que haban acorralado en sus guari-das de la retaguardia
estratgi-ca a las Farc, limitndolas a las acciones terroristas y
haban obligado a sus mximos cabeci-llas a refugiarse en Venezuela
al amparo de Chvez. Recuerdo que el General Mora en reuniones con
la Reserva Activa y ante los medios deca que las Farc estaban all
por la accin de las Fuerzas Armadas y que todos los conflictos
termi-naban en negociaciones polti-cas; esto ltimo, parcialmente
cierto.Otros, colocados del lado de las Farc, dicen que el Estado
no pudo derrotar a las Farc; piden que nos olvidemos de todo y
que aqu no pas nada y que a esos pobres angelitos los
per-donemos y les demos lo que piden, porque se lo merecen. Con los
ojos cerrados, no s si voluntariamente o bajo la pre-sin de algo
desconocido, dicen, sin drsele nada: El Estado debi buscar la
aceptacin de las Farc a su invitacin al recono-cer su incapacidad
para derrotar-las mediante la aplicacin de la fuerza armada, as
esta haya al-canzado capacidades hasta hace pocos aos impensadas y
con-tinuara en su desarrollo. Decir que las Fuerzas Armadas fueron
incapaces de derrotar a las Farc es una solemne men-tira para
encubrir un proceso de paz, justificar su concepcin y arropar lo
que all se acuerde. No disque estn all por la ac-cin de las Fuerzas
Armadas y a consecuencia de su debilita-miento? Lo cierto es que
falto fue un poco ms de tiempo para reducirlos a su ms mnima
ex-presin que las hubiera obliga-do a someterse. Pero no fue as y
ahora tenemos que pagar por la funesta paz que nos imponen y
continuar rechazando lo que de all se derive y no le convenga al
pas.De otra parte, las Farc llegaron a un punto de inflexin en el
que su capacidad de control territo-rial y de atacar con xito a las
tropas se hizo mnima; les que-do slo su capacidad de causar dao a
las unidades militares y policiales, de delinquir para realizar
terrorismo, asesinar, secuestrar, extorsionar y
nar-cotraficar.Cuando mejor lo hacan las Fuerzas Armadas en la
lucha contra los narcoterroristas y a partir de 1998, con
eficiencia y eficacia comprobadas, llega Santos al poder y esa
lucha queda cuestionada, porque el Estado abre la puerta de una
ne-gociacin, que hasta ahora veni-mos a saber, prometindoles el oro
y el moro y entonces los bandidos deciden aceptar. Ellos saban que
a partir de ah tenan la iniciativa, que han mantenido en la
negociacin, porque sa-ben que para el Estado cons-tituyen algo ms
que simples delincuentes, como lo son. Interpretaron que el Estado
les otorgo el estatus de enemigo, de actor poltico y parte en la
negociacin. Exactamente lo que queran, un grupo armado marxista con
objetivos polticos y capacidad militar cuyo ene-migo es el Estado y
con el que el Estado se ve obligado a ne-gociar porque no puede
acabar militarmente con ellos segn la teora de algunos pocos
mili-tares, carente de toda validez y evidencia, que solapadamente
se esconden bajo esa falda o porque no est seguro de que-rer
hacerlo, que fue el camino que escogi Santos.Cuando estaba por
terminar estas reflexiones escritas, llego a mis manos un artculo
de Hctor Abad Faciolince, titulado No ganar la guerra, no perder la
paz, que me pareci importante para traer sus principales ideas, de
por si cuestionables, para complementar mi escrito.Afirma el
importante articulis-ta: La premisa mayor es que al final de los
ocho aos de Uribe, en agosto del 2010, la guerra es-taba a punto de
ganarse. Pero llego Santos y tal como lo expre-sa Hctor Abad, les
propuso ta-blas, empate, para se sentaran a negociar, que de
entrada repre-senta entrar ganando y para el Estado ceder lo
ganado, que no lo hace sino alguien para quien los narcoterroristas
estn por encima de los colombianos y sus instituciones, que merecen
su apoyo. Pero el problema no es que se sentaran a negociar, est en
que fuera para favorecer a las Farc, sin lmites a la nego-ciacin y
que se negociara como si fueran unos vencedores, colo-cando de
entrada el Estado en el mismo nivel y como incapaz de derrotarlos.
Las tablas, el em-
Primera entrega
De hroes a villanosPor: Mayor General (RA) Carlos Orlando
Quiroga Ferreira.
pate, en una partida de ajedrez, se dan cuando no puede haber ni
vencedores ni vencidos. Y ese no era el caso. Otra cosa es que
alguien declare un empate para favorecer a unos de los
con-trincantes que est perdiendo y con amplias posibilidades de ser
derrotado rpidamente. Es como amarrarle las manos al boxeador que
va ganando.Aade Abad Faciolince: Es ver-dad que Santos, en una
posicin ventajosa, renuncia a ganar la guerra. Lo que hay que
analizar es si esto es cobarde, entreguis-ta, blandengue, como
afirman el expresidente y sus aliados, o era en cambio lo
razonable, lo que deba hacerse, que es la tesis del actual
Gobierno.., Hay que reconocer, como afirma Abad Faciolince, que hay
me-nos muertos, menos dolor. Pero tambin es cierto que el
sufri-miento tambin es producto de los secuestros, la extorsin, la
intimidacin armada, la pre-sin para narcotraficar, la coac-cin a la
libertad, que no han cesado, aunadas a la perdida dignidad y
menosprecio a las vctimas, que ven como sus vic-timarios ahora son
los consen-tidos del Gobierno, camino a la impunidad y como los
militares y policas son mostrados como los culpables de 50 aos de
agresin a la sociedad.Renunciar a ganar la guerra es ya un
principio de paz, enten-dida esta como menos muertos y menos
sufrimiento, aade Abad Faciolince. Yo agrego: renunciar a la
persecucin de los agresores con tal de que los narcoterristas
reciban su castigo ejemplar y se sometan al Estado, sera la
contrapre-stacin adecuada, pero no ser as. Al contrario sern
premia-dos, mientras los que legitima y legalmente, as algunos
hayan cado en la comisin de delitos, impidieron que el Estado
cayera en manos de estos bandidos y protegieron a los colombianos
militares y policas, al igual que los civiles que se la jugaron por
perseguirlos, sern envia-dos al mismo tribunal inven-tado para
institucionalizar la impunidad, en inferioridad de condiciones,
pues sern trata-dos como delincuentes y crimi-nales organizados,
mientras los guerrilleros como delincuentes polticos, sujetos de
amnistas e indultos, que necesariamente conduce a perder la paz que
se pregona, pero que el mismo gobierno y sus aliados, definen como
fin del conflicto.De manera que Santos re-nuncio a ganar la guerra,
de-claro empate y adems les concedi, a los que estaban a punto de
ser derrotados, militar y polticamente, lo que pedan. Est por verse
lo que nos traer, que rogamos no sea tan funesto. Queremos la paz,
pero a la medida de los colombianos.
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5Edicin 560
Proceso de pazLa nueva cantaleta de la beligerancia
Por: Mayor General (RA) Juan Salcedo Lora
La fecha coincide con el da de la victoria, en la Segunda Guerra
Mundial, en ese entonces afor-tunado el mundo cambi de la guerra a
la paz. Hoy estamos en las mismas, guardadas las debi-das
proporciones. En reciente artculo me pronunci sobre la cantaleta de
las Farc alrededor del uso sistemtico del temor a la amenaza
usualmente ficticia de supuestos grupos paramili-tares amenazantes
de la inte-gridad de sus miembros en la guerra o en la paz.
Iniciaron esa cantaleta en los primeros tiem-pos del Cagun, la
silla vaca, la ausencia de Tirofijo y el desen-canto del presidente
Pastrana. Era ridcula y an lo sigue sien-do, en ese da de la silla
vaca las Farc en sus alrededores, tenan entre dos mil y tres mil
com-batientes, muy bien uniforma-dos y armados hasta los dien-tes.
Nadie les crey el cuento y ahora tampoco se les cree. Est presente
otra cantaleta. Pero esta viene adornada, ma-quillada, disimulada,
casi im-perceptible, se sugiere una cosa, pero se busca otra, bien
diferente pero reiterativa en el tiempo. Se cambia el elenco, ya no
es Jacobo Arenas u otro idelogo o amigo simpatizante de las Farc,
ahora es un actor del principal reparto nacional. El ex fiscal
general Eduardo Montealegre pide que los acuer-dos de paz de La
Habana sean elevados al rango de tratados. En el despacho del
magistrado Jorge Ivn Palacios qued la de-manda presentada en su
ltimo da como Fiscal, pidindole "a la Corte Constitucional una
sen-tencia interpretativa para que la Corte diga que los acuerdos
que
se van a firmar en La Habana son equivalentes a un tratado de
paz. Que adems se pueden clasificar especficamente como acuerdos
especiales, es decir, acuerdos a los cuales acuden las partes en
conflicto con la finali-dad de darle ms proteccin a la poblacin
civil". Humberto de la Calle, en Cuba, se estremeci, de estupor o
de preocupacin, anot que Es prematuro que la Corte Constitucional
se pronun-cie sobre un acuerdo y que la mesa de La Habana no tiene
el poder de reformar por s misma la Constitucin. Sabemos que van a
ser necesarias reformas constitucionales y el compromi-so del
Gobierno es promoverlas y convocar a los rganos compe-tentes para
lograrlo, pero para que est claro, en La Habana no se har una
Constitucin en la sombra. Sobraran ms palabras, pero si como todo
parece indicar la clta Corte es receptiva de la postura de
Montenegro, al admitir la re-visin de la demanda y adems convocaron
a audiencia pblica para ventilar el tema. Mayor estupor produjo el
hecho que la Corte Constitucional pidiera a las Farc un concepto
jurdico para aportar sus luces jurdicas a la honorable corte.
Vlgame Dios, si entra a operar la juris-prudencia fariana! Nobleza
ob-li-ga, Ivn Mrquez agradeci al magistrado Jorge Ivn Palacio, el
gesto y asegur este nuevo togado que elevar al rango de acuerdos
especiales los acuer-dos de La Habana constituye la va ms expedita
para garanti-zar su seguridad jurdica. Otro miembro de la alta
corte de las Farc, Pastor Alape, sentenci que "la paz para que sea
estable
y duradera se construye con todas la voces, la bilateralidad
juega, coherente decisin de la Corte Constitucional".Pretende el ex
Fiscal que la pa-labra acuerdo sea interpretada por la Corte como
un tratado internacional o tratado de paz que no solo tenga fuerza
vincu-lante para todas las institucio-nes sino que haga que lo que
se acuerde en La Habana no pueda ser modificado ni siquiera por una
iniciativa popular como un plebiscito o un referendo. Jaime
Arrubla, exmagistrado de Corte Suprema, tild de "inco-herente" el
pedido, que era un despropsito elevar los acuer-dos a la categora
de un tratado internacional, cuando las Farc ni siquiera tienen
personera jurdica.Un tratado, segn el diccionario de la lengua
espaola, es un acu-erdo que se establece entre dos o ms estados; es
un documento donde consta el acuerdo que se establece entre dos o
ms nacio-nes. O tambin tratado es todo acuerdo concluido entre dos
o ms sujetos del derecho inter-nacional; hablamos del sujeto y no
de Estados con el fin de in-cluir a las organizaciones
inter-nacionales. La Convencin so-bre el Derecho de los Tratados de
Viena, define a los tratados nternacionales en su artculo 2 prrafo
1, as: Se entiende por un tratado un acuerdo inter-nacional
celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho
internacional, ya que consiste en un instrumento ni-co o en dos o
ms instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominacin
particular.Los acuerdos celebrados entre un Estado y un particular,
sea persona fsica o jurdica, como por ejemplo las Farc, no son
tratados sino simples acuerdos que con frecuencia concluyen en
nuestros das. Si el ex Fiscal, como bien lo sabemos, que harto sabe
de derecho constitucional, y lo bien que conoce las lneas
el-ementales de los prrafos an-teriores, pretende con su po-nencia
volver los acuerdos de La Habana un tratado entre Estados, debe
saber tambin, que por esa va tortuosamente jurdica puede convertir
a las Farc en un Estado, con todas las connotaciones y por ende
usar la calidad de beligerantes a la que tanto y por tanto tiempo
han aspirado. Quedan dos caminos, en nimo a evitar tan desastrosas
situa-ciones hipotticas: que la Corte Constitucional se declare
in-hibida de pronunciarse sobre
el acuerdo entre el Gobierno y grupos alzados en armas. Ello ser
cuando haya acuerdo, mal podra pronunciarse errada-mente de fondo
si no existe ese acuerdo, bajo la firme premisa cuando se iniciaban
los dilo-gos de Cuba que nada est acordado hasta que todo est
acordado. Pero si hubiera fallo favorable a la pretensin de
Montealegre, y que ni siquiera la voluntad popular pudiera
modificar las nuevas normas de rango con-stitucional, porque segn
la po-nencia, el pueblo no tiene com-petencia para dar marcha atrs
a lo que se firme en La Habana, la solucin final, como cuando se
opta por la del suicidio, sera que no se firmaran los acuerdos de
La Habana, lastimosamente. Muchos abogan por ello, aunque el fin
del fin de los dilogos est muy cerca. La cantaleta realAdnde
conduce todo este enredo, el de cada semana, el de siempre, el que
nos tienen acostumbrados desde que se iniciaran los dilogos en
Cuba? Al reconocimiento de la belig-erancia de las Farc. Aos atrs,
me refer al tema y manifest que Las Farc, algunos periodis-tas, uno
que otro miembro del clero y uno que otro politlogo y hasta un
presidente vecino, han insinuado que es necesario el reconocimiento
del estado de beligerancia para las Farc y cada uno aduce una razn
para su respectiva insinuacin. El tristemente clebre cabecilla
Briceo o Mono Jojoy dijo que no acataran el derecho interna-cional
humanitario hasta tanto no se les reconociese el estado de
beligerancia.Reitero lo escrito en 1999, pues hoy cobra palpitante
realidad, para la guerrilla que se en-frenta al Estado, la
beligerancia es un peldao importante que la acerca a las metas
idealizadas de control de una porcin impor-tante de territorio y la
posibili-dad igualmente de formar tolda aparte como un Estado
indepen-diente si la fuerza insurgente se encuentra empeada en un
proceso de dilogo con miras a concertar el cese de hostilidades y
la paz, como lo hacen hoy da las Farc, algo est en contrava de unos
planteamientos serios. As como se busca la paz por medio de los
dilogos y las ne-gociaciones, por la beligerancia se busca la
continuacin de las hostilidades en un plano ms el-evado el estado
de beligeran-cia es del resorte exclusivo del derecho internacional
pblico y no del derecho internacional humanitario.
Hoy, como ese ayer cercano, debe quedar claro que cum-pliendo
los postulados del DIH se estara haciendo acopio de los requisitos
que exige la beli-gerancia y no lo contrario. No se puede pretender
llegar a la aceptacin de las normas del DIH por la va de la
beligeran-cia, como lo pretenda el Mono Jojoy. Bajo la suposicin o
la aceptacin de que la fuerza in-surgente cumple los requisitos y
pide el estado de beligeran-cia, el Gobierno tiene la facultad para
aceptar y reconocer o para negar simplemente tal recono-cimiento.
Nada le obliga. El reconocimiento puede hac-erlo un tercer Estado,
caso en el cual slo genera efectos para el Estado reconocedor y no
para el Estado primario contra el cual lucha la fuerza insurgente.
Pero ojo juristas de la Corte Constitucional o miembros del
Conreso, se precisa que la beli-gerancia es un paso previo a la
secesin y que la fuerza beliger-ante como tal reconocida encar-na
un proyecto de Estado que necesariamente est poniendo en entredicho
la soberana inte-gral del otro Estado. Si a pesar de los conceptos
anteriores, al-guien insiste en abogar por la beligerancia
estaremos dando pasos muy firmes para la balca-nizacin
colombiana.En los tiempos del Cagun, el gobierno advirti que la
auto-ridad resida en los alcaldes de cada municipio y ello motiv un
interrogante: A los alcaldes quin los ronda? Once frentes de la
guerrilla ms el Secretariado, mil quinientos guerrilleros al
empezarse el despeje y nada impeda que fueran ms. Quin manda y quin
obedece? No es fcil la situacin. Para algunos el asunto se tradujo
en entrega de soberana cuando la beligeran-cia se asomaba, supuse
que ello era hilar demasiado delgadito. Pero la beligerancia es
cosa se-ria. En ello no se puede ceder ni dar pie a que en las
circun-stancias de la aproximacin a la paz, se aprovechen de la
in-genuidad de los colombianos. Si en marzo de 1999 el presi-dente
de Colombia reaccion acertadamente cuando su veci-no Hugo Rafael
Chvez lanz al aire la inaceptable sentencia que Venezuela es
neutral en el conflicto interno entre el go-bierno colombiano y la
guer-rilla", porque la neutralidad de un pas es aceptable ante el
enfrentamiento de dos estados, hoy es viable alzar la voz para
impedir que lo pretendido por el ex Fiscal prospere, porque conduce
a los mismos terrenos farragosos de una soberana cuestionada.
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6 junio de 2016El futuro del paramilitarismo en ColombiaPor:
Coronel (RA) Manuel Jos Santos Pico
Actualidad
Uno de los grandes problemas irresueltos, segn Francisco de Roux
en su columna de El Tiempo del 5 de mayo pasado, es que las bacrim
desbordan la delincuencia organizada y se expresan como
paramilita-rismo, apoyado en fracturas marginales del Estado, capaz
de parar territorios y matar a de-fensores de derechos humanos y de
la tierra. Esta afirmacin no es ms que el planteamiento equivocado
de un problema de seguridad nacional, que se re-pite por algunos
colombianos con intereses no muy claros, al sindicar a miembros del
Estado como fracturas marginales, ex-presin imprecisa que da para
todo, incluso para matar a de-fensores de derechos humanos. En el
fondo, el problema se identifica con uno de los puntos exigidos por
las Farc en la mesa de La Habana, la erradicacin del
paramilitarismo, incluido en el Acuerdo General, numeral 7 del
punto 3, Fin del conflicto, cuando escriben: En el marco de lo
establecido en el punto 5 (Vctimas) de este acuerdo se esclarecer,
entre otros, el fen-meno del paramilitarismo. La palabra utilizada
esclarecer ha sido cambiada por erradi-cacin.Cul es el problema del
para-militarismo? Cmo naci? Dnde? Realmente existe? Estas seran las
preguntas bsi-cas para proponer algn camino hacia el futuro en
Colombia.El Diccionario Enciclopdico de la lengua espaola dice:
para-militar, adj. Dcese de ciertas or-ganizaciones civiles cuya
estruc-tura y disciplina son similares a las del ejrcito.. En el
Protocolo I, Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto
de 1949, Seccin II, Estatuto de Combatiente, Artculo 43, nu-meral
3, dice: Siempre que una Parte en conflicto incorpore a sus fuerzas
armadas un orga-nismo paramilitar o un servi-cio armado encargado
de velar por el orden pblico, deber notificarlo a las otras Partes
en conflicto. En este numeral se acepta que un Estado puede,
le-galmente activar un organismo paramilitar legal. En Colombia se
utiliz el termino por prime-ra vez, durante el gobierno del general
Rojas Pinilla, quien re-organiz la Polica Nacional, cuerpo de
naturaleza civil, y le otorg grados militares. A par-tir de
entonces en las Fuerzas Militares se calificaba a la Polica
Nacional como un organismo paramilitar, en concordancia con la
definicin, por cuanto tena
una estructura y disciplina simi-lares a las del ejrcito.En la
dcada del ao 30, el Partido Comunista cre las lla-madas ligas
campesinas, or-ganizaciones independientes que pretendan colonizar
tie-rras baldas, y asentarse como propietarios, enfrentando a los
grandes terratenientes califica-dos de latifundistas, situacin que
cambi cuando las lucha por el poder entre liberales y
con-servadores empez a generar violencia poltica en esta misma
dcada, la cual en la dcada del 40, estas ligas se transformaron en
autodefensas campesinas, para defenderse de ataques ar-mados
producidos por grupos polticos que aprovecharon el momento para
disputarles las tierras que los colonos haban explorado y ya eran
tierra pro-ductivas. Las autodefensas campesinas se mantuvieron
durante el perodo ms crtico de la violencia poltica (1948-1953) y
algunos grupos de au-todefensa se transformaron en guerrillas
liberales y comuni-stas para enfrentar la violen-cia oficial
representado en la polica municipal, manipulada por polticos
locales extremis-tas contra liberales, agrandando el clima de
violencia que se gen-er despus del asesinato de Jorge Eliecer
Gaitn.Para 1964, dada la situacin de la presencia de grupos armados
en el territorio nacional donde expresaban la intensin de to-marse
el poder por medio de las armas y de una inconformidad manifiesta
en las reas urba-nas que promova la accin de masas mediante huelgas
y dis-turbios civiles, se materializ el concepto de amenazas a la
se-guridad nacional y el gobierno del Presidente Guillermo Len
Valencia public el Decreto 3398 del 24 de diciembre de 1965, con el
cual se organizaba la Defensa Nacional, documen-to que pretenda
actualizar la poltica en este sentido, frente a la doctrina
universal que los pases democrticos tenan. Para el 21 de mayo de
1965 se haba declarado turbado el or-den pblico y en estado de
sitio el territorio nacional, tal como lo expresa uno de los
conside-randos del Decreto 3398: Que la accin subversiva que
pro-pugnan los grupos extremistas para alterar el orden jurdico,
requiere un esfuerzo coordi-nado de todos los rganos del poder
pblico y de las fuerzas vivas de la nacin. Este de-creto fue el
primero elaborado en Colombia para organizar la Defensa Nacional;
no fue, como
lo afirma el sacerdote Javier Giraldo, en un panfleto titulado
Desde los mrgenes, el origen del paramilitarismo, al incluir en una
de sus apartes la auto-rizacin legal para El uso de civiles en
actividades de resta-blecimiento de la normalidad (artculo 25), y
la posibilidad de entregar a civiles armas de uso privativo de las
FF.AA (artculo 33, pargrafo 3). Estos artculos que menciona el
padre Giraldo fueron introduci-dos no para crear las bases del
paramilitarismo sino para crear las Juntas de Autodefensas segn los
conceptos expre-sados posteriormente en el Reglamento de
Contraguerrillas. EJC-3-10, elaborado por el Comando del Ejrcito y
apro-bado por Resolucin No 005 de 1969 por el Comando General de
las Fuerzas Militares. En ese entonces, en la doctrina mili-tar se
conceba la utilizacin de fuerzas paramilitares como se le
denominaba a la Polica Nacional y la Defensa Civil, dos trminos que
tenan significa-dos diferentes: autodefensa y paramilitares. En ese
ao se concret una idea que dio origen a las Autodefensas Ganaderas,
segn relato de Carlos Castao al pe-riodista Aranguren Molina: .a
finales de 1982, se dio la primera reunin de ganaderos,
agricultores y comerciantes de la regin. Cerca de doscientos
cincuenta empresarios se or-ganizaron para defenderse de los
atropellos de la guerrilla. Con base en las disposiciones legales
de 1965 y 1968, que permita a los ciudadanos por-tar armas con
salvoconducto. El espritu de la ley pretenda que los ciudadanos se
organizaran y cuidaran sus predios, con co-laboracin de las fuerzas
arma-das. Como era algo legal, surgi la primera asociacin de
au-todefensa colectiva, Acdegam, Asociacin Campesina de Ganaderos y
Agricultores del Magdalena Medio. La reunin se efectu en Medelln,
porque el setenta por ciento de ellos no podan regresar a las
fincas.Estas Autodefensas tenan una base legal para su creacin como
fue expuesto en una valla publica, que todo el pas recono-ci,
instalada a la entrada del unicipio de Puerto Boyac, aos despus,
donde se poda leer: Bienvenido a Puerto Boyac, tierra de paz y
progreso capital antisubversiva de Colombia.Al margen de esta
autodefen-sa se cre un grupo ilegal ese
mismo ao conocido como el MAS (Muerte a secuestrado-res), que
fue organizado por el cartel de Medelln para vengar el secuestro de
Martha Nieves Ochoa, hermana de Fabio Ochoa, un famoso
narcotrafi-cante de la regin. Esta orga-nizacin tuvo un periodo muy
corto de actuacin, ya que al ser liberada la secuestrada, la
organizacin desapareci, pero el nombre qued en el imagi-nario de la
opinin pblica. A estas dos organizaciones de autodefensa le
siguieron otras que se fueron extendiendo por todo el pas en la
dcada de los ochenta, con una clara orien-tacin antiguerrillera que
lle-garon a crear un ambiente de muerte y destruccin, bajo las
siglas de AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) y ACCU
(Autodefensas Unidas de Crdoba y Urab). La vinculacin del
narcotrfico a los primeros grupos de auto-defensa que tenan una
clara orientacin de lucha contra la guerrilla en defensa de
intereses particulares, vulner su base le-gal en defensa propia,
frente a la incapacidad del Estado de pro-teccin ciudadana y
terminaron enfrentados a la fuerza pblica al comprometer a sus
miembros en la comisin de delitos graves contra la vida y la
propiedad, en las regiones donde se desa-rrollaron. Los nombres de
los hermanos Ochoa y Castao Gil, Pablo Escobar, Rodrguez Gacha
alias El Mexicano, fueron los ms famosos en la dcada de los ochenta
y el noventa, llegando a conformar una fuerza de au-todefensas
ilegales que retomo el nombre de paramilitares, adoptando el
uniforme camu-flado del Ejrcito Nacional, con el apoyo inicial
clandestino de ganaderos, esmeralderos y co-merciantes, y ms tarde
con el apoyo de polticos, industriales y algunos miembros de la
fuer-za pblica. Su control territo-
rial pas del Magdalena Medio, donde nacieron, a Crdoba y Urab,
el Meta, Caquet, Guaviare y Putumayo. Se crea-ron escuelas de
entrenamiento donde el israelita Yahir Klein demostr sus
habilidades en tcnicas y tcticas antiguerri-lleras. Su principal
financiacin lleg del narcotrfico con apoyos de empresarios mineros
y esmeralderos. Al suspenderse por ley el uso de autodefensas
legales, el Ejrcito Nacional activ el sistema del servicio militar
para campesi-nos con Decreto nmero 1382 del 13 de mayo de 1983,
siste-ma que puso en funcionamiento ese mismo ao, concentrando su
utilizacin en zonas donde se crea necesario consolidar terri-torios
que estaban siendo con-trolados por la fuerza pblica y el Estado.
Este sistema tuvo mucho xito operacional pero ms de tipo sicolgico
y social sobre la poblacin campesina, ya que requera de un pie de
fuerza adicional de soldados regulares para proporcionar
su-ficiente seguridad propia lo que oblig a reforzar la seguridad
local de las veredas, sistema que fue utilizado en la dcada de los
ochenta y los noventa, cuando fue reglamentado el servicio militar
obligatorio por medio del Decreto 2048 de 1993.Rotas las
conversaciones con las Farc durante el gobierno an-terior, es
elegido presidente de la Repblica Ernesto Samper (1994-1998),
gobierno donde las prcticas terroristas de las Farc se intensifican
y la activi-dad poltica se centran en la de-fensa de la figura
presidencial, acusados de recibir dinero del narcotrfico. El
narcotrfico y las autodefensas se haban extendido en el pas,
logrando implantar un rgimen de terror y dominio, teniendo como
ob-jetivo poltico la lucha contra la
Futuro / Sigue pgina 7
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7Edicin 560
Actualidad
subversin. De las autodefensa ganaderas creadas en 1982 en
Puerto Boyac y el Magdalena Medio, con unos efectivos aproximados
de 420 hombres, se pas a las de Crdoba y Urab de los hermanos
Castao, las de los arroceros de San Martn en los Llanos, las
Autodefensas de Santander apoyadas por com-erciantes y ganaderos,
las del guila en Cundinamarca, las de los hermanos Rodrguez en el
Valle del Cauca y los Traquetos de Putumayo y Caquet. De una serie
dispersa de gru-pos de autodefensa, se pas en 1997 a una
organizacin de tipo nacional llamada Autodefensas Unidas de
Colombia (AUC), idea que se gest en 1995 por Carlos Castao. Las AUC
son obra ma, y nadie crey en ellas al comien-zo, cuenta Castao. Una
fuerza civil armada antiguerrillera, en la cual no participa el
Estado, ni los dueos del pas. Aranguren Molina afirma: Se conjug el
grupo ms dismil del mundo: militares retirados, ex guerrille-ros,
ganaderos, empresarios, co-merciantes, arroceros, cacaote-ros,
cafeteros, palmareros, los cultivadores del pas y sectores de los
transportadores. En fin la clase media. Las vctimas de la guerrilla
se ensamblaron para orientarse en un solo rumbo, y aclamaron como
su comandan-te a Carlos Castao. Carecan de lder y lo encontraron,
lo cual permiti la creacin de las AUC.
Aqu est representado un gru-po de personas desprotegidas por el
Estado. Se inicia un proceso de forta-lecimiento del movimiento de
autodefensa organizacin de extrema derecha al integrarse los grupos
existentes bajo un solo movimiento nacional de autodefensas, con la
aceptacin de una plataforma poltica bajo el liderazgo de Carlos
Castao y con un pie de fuerza de 3.400 hombres armados. En esta
fase, la expresin autodefensas fue fortalecida al volverse popular
que estas eran integradas por paramilitares, civiles que tenan una
organizacin de tipo militar, portaban armas largas y vestan
uniformes de campaa, mien-tras en el argot de la izquierda, los
paramilitares eran militares y policas que apoyaban desde las filas
del gobierno las accio-nes de las autodefensas, lo que les daba un
estatus de poder en las regiones. Alrededor de esta alianza se
cre-aron mitos y mentiras que per-judicaron la imagen del Ejrcito y
la Polica. Entre ellos, no fue cierto que para ser ascendido en el
Ejrcito se requera el respaldo poltico y econmico de algn jefe
paramilitar; es posible que se diera en la clase poltica o en la
carrera judicial como lo afirma Duncan Gustavo, pero de all a que
un ascenso militar dependiera de un jefe paramilitar es una gran
mentira
que solo tiene como finalidad sustentar la tesis de que el
para-militarismo se cre y continua impulsado por miembros de las
Fuerzas Militares como una doctrina de la institucin.La
desmovilizacin de los grupos de autodefensa Este proceso se inicia
en diciem-bre de 2002, cuando se toma la decisin de negociar con
las au-todefensas y se puede consoli-dar el 15 de julio de 2003
cuan-do se logra la firma del llamado Acuerdo de Santa Fe de
Ralito, en el cual las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se
comprometen a desmovilizar a la totalidad de sus miembros, de
manera gradual que comen-zar con las primeras desmovi-lizaciones
antes de terminar el 2003 y que deber culminar a ms tardar el 31 de
diciembre de 2005.Los debates en el Congreso du-rante el 2003 no
tienen xito y el proceso avanza poco cuestio-nado por las
posiciones polti-cas frente a la existencia de esta modalidad que
fue sindicada de nexos con el Estado. Tras la muerte de Carlos
Castao, asumi el liderazgo Salvatore Mancuso, quien logr firmar
un
segundo acuerdo en Santa Fe de Ralito el 13 de mayo de 2004.El
proyecto de verdad, justicia y reparacin, liderado por los
senadores Rafael Pardo y Gina Parody que contemplaba pe-nas entre 5
y 10 aos, la confe-sin pblica de los delitos y la prdida de
beneficios en caso de omisin, la participacin de las vctimas y una
reparacin integral y simblica de estas se hundi durante un periodo
de crisis y empantanamiento de los dilogos. Despus un nuevo
proyecto aparece, presentado por el ministro del Interior y
Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, que cont inicialmente con el
visto bueno de la comunidad internacional, pero tuvo sus tropiezos
cuando se cuestion las relaciones de los paramilita-res con el
narcotrfico. Los cam-bios adoptados por el gobierno pretendan
construir un proyec-to que se adecuara a los intere-ses de las
autodefensas como a las condiciones de los Estados Unidos.
Finalmente, a mediados del 2005, el Congreso aprueba un proyecto de
Ley de Justicia y Paz sancionado por el presi-dente que produce
nuevas des-movilizaciones, pero tambin no desaparecen crticas como
la aparecida en el New York Times.
De todas maneras se calculan en 30.000 los desmovilizados de las
AUC, conocindose con certeza que no todos los integrantes de esta
organizacin adoptaron este camino, sino que algunos continuaron
formando bandas criminales o Bacrim vinculados especialmente al
narcotrfico, entre las que ms sobresalen estn Las guilas Negras,
Los Urabeos, los Paisas, la Oficina de Envigado y el Erpac. Creemos
que mientras existan las guerrillas en Colombia habrn autodefensas
o para-militares ilegales, segn las definiciones contempladas al
principio de este artculo. El Estado no tiene intencin de organizar
grupos de autode-fensa o paramilitares legales, dada la experiencia
negativa de su utilizacin, Es preferible fortalecer el Ejrcito y la
Polica Nacional, empleando soldados campesinos o profesionales. El
fenmeno del paramilitarismo es claro para cualquier ciudada-no en
los trminos ya descritos, pero nunca lo ser para las Farc en los
trminos del Acuerdo General firmado el La Habana el 26 de agosto de
2012; ser siempre un motivo de disculpa y chantaje contra el
gobierno y las Fuerzas Militares.
Crecimiento de los efectivos de las AUC, aproximados. Datos de
inteligencia.1982 1986 1990 1994 1998 2000 2001 2002420 hombres
1.020 2.100 2.450 3.650 8.150 10.520 12.175Grfica 1
Elecciones presidenciales 2018Por: Daniel Castellanos /
Subgerente de Cifras y Conceptos.
Muy temprano para hablar de candidaturas presidenciales. O no?
Quines tienen posi-bilidades de ser presidente de Colombia en 2018?
Segn las cuentas de Csar Caballero, hoy en Colombia hay por lo
menos 35 precandidatos presidencia-les. La pregunta es quin va a
ser candidato presidencial de verdad.Comencemos por la derecha.
Repetir scar Ivn, despus de la cantidad de votos que obtuvo en las
elecciones pasa-das? Hoy, exiliado en Miami, no parece probable.
Buscar el Centro Democrtico una fig-ura interna nueva, como Ivn
Duque? No estara mal. O dar lvaro Uribe su bendicin al procurador
Ordez? No sera raro. Por ahora, suena lo ms probable que Ordez sea
el candidato de Uribe, del Centro Democrtico y de una parte del
Partido Conservador.El Partido Conservador? La pregunta es si se
unir al Centro Democrtico o si tendr candi-dato propio. Marta Luca
tiene
muchas ganas, y seguramente volver a intentar. Si el par-tido no
tiene candidato propio, perder mucho como fuerza poltica. Pero hoy
luce ms probable que el conservatismo adhiera al uribismo que
vicev-ersa.Cambio Radical? Tiene un can-didato cantado: Germn
Vargas Lleras. Es el candidato del esta-blecimiento (ms poltico que
econmico). Es un fuerte con-tendiente. A su favor su experi-encia
pblica y su rcord como ejecutor en temas de vivienda e
infraestructura. En contra su salud y su mala imagen. Y es una
incgnita su postura fr-ente al proceso de paz. Ahora que es
vicepresidente, no lo ha atacado, pero tampoco lo ha apoyado.
Algunos dicen que una alianza entre Cambio Radical y el Centro
Democrtico no sera probable, debido a la distancia personal entre
Uribe y Vargas. Yo no pienso lo mismo: ah no hay qumica personal,
pero hay qumica ideolgica. Aqu puede haber una de las volteretas
inte-resantes de la poltica.
Los independientes y verdes? Aqu est Sergio Fajardo. Tiene un
gran espacio, porque no tiene la opinin en su contra. Puede hacer
una gran campaa en contra del establecimiento poltico. Va a sacar
muchos vo-tos. La pregunta es si le van a al-canzar para ganar. La
coyuntura est dada para que un candida-to de sus caractersticas
pueda hacer una gran campaa.La U y el Partido Liberal? Ganas tienen
muchos. Vuelo, muy pocos, prcticamente nin-guno. Esto es
particularmente cierto para la U. El nico rum-bo sensato es una
coalicin U-liberalismo, pero Santos no se movi en esa direccin con
el ltimo gabinete ministerial. Se especula que el candidato del
Partido Liberal ser Humberto de la Calle, con el apoyo de Csar
Gaviria. Para que vuele, hay que apoyarlo bastante. No tiene los
votos, pero tiene la talla presi-dencial. Es un hombre medido y
ponderado. Hay que evaluar qu tanto el escndalo de los Panama
Papers puede afec-tarlo. Si llega a ser el candidato del
liberalismo y del gobierno, puede ser un candidato fuerte.
La izquierda? Petro y Robledo. La pregunta es si pueden
presentar una candi-datura unida. Parece difcil. Petro va a tener
muchos vo-tos (10 o 15%). No va a ganar, pero algunos candidatos no
podrn distanciarse mucho de l, porque sus votos sern importantes.
Quizs la coyun-tura internacional, en la cual la izquierda
latinoamericana est implosionando, vctima de sus propios errores,
afecte a nuestros zurdos locales.Hoy luce que los dos candida-tos
para segunda vuelta sern Vargas Lleras y Fajardo. A mi juicio, el
que puede daar ese caminado es de la Calle. Para Vargas, la
pregunta es: Santos, o Uribe? Para Santos, la pregun-ta es: Vargas,
o de la Calle? Ni Vargas ni Santos respondern pronto. Pero yo creo
que Vargas se acercar a Uribe y Santos es-tara mejor yndose con de
la Calle, aunque esta ltima fr-mula tiene el problema de ser una
coalicin de dbiles. Para de la Calle es fundamental que la opinin
ciudadana sobre el proceso de paz mejore: una tar-ea de
titanes.
Aunque Vargas Lleras no pa-rece tan fuerte como en el pas-ado,
hoy luce que la campaa presidencial puede terminar en un toconvar:
todos contra Vargas. Aqu la gran pregunta es si las fuerzas
u-liberales y las independientes-verdes pu-eden juntarse
efectivamente contra Vargas. Es poco probable que aqu haya una
coalicin ex-plcita, pero quienes no gustan de Vargas Lleras (la
mitad de la poblacin) y que tampoco son de izquierda, vistas las
cosas hoy, tendrn que escoger entre Fajardo y de la Calle.Hay
elecciones que son de gi-gantes. Hay otras elecciones que son de
enanos. Hay otras que son de enanos y gigantes. La de 2018 parece
ser de este ltimo tipo. En este caso, la pregunta es: podrn los
enanos tumbar a los gigantes, o podrn los gigan-tes poner orden
entre los ena-nos? Por ahora se puede decir que las elecciones
presiden-ciales de 2018 lucen ideolgi-camente muy diversas y que el
juego de las coaliciones va a ser muy importante. Ojal el pas no se
incline por un juego de fa-natismos de extrema derecha e izquierda,
sino de medios.Como se dice en TV, espere el prximo captulo de esta
saga emocionante! Esto apenas co-mienza! Futuro /Viene pgina 6
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8 junio de 2016
Resumen concepto del comit de verificacin de salud integral de
ACORE sobre aplicacin y cumplimiento de la ley estatutaria de
salud
Objeto social
En el servicio de Sanidad Militar defini-tivamente no existe
unidad de gestin ni se cumplen los principios fundamentales sobre
los cuales se estructura y funciona un sistema de salud tal como lo
estable-ce la ley vigente sobre el particular.La Direccin General
de Sanidad Militar no acepta responsabilidad alguna en el
ordenamiento, administracin y control de la prestacin del servicio.
Un servici de salud carente de directivos y funcio-narios con el
perfil adecuado para su manejo, sin sistemas adecuados de
infor-macin y de protocolos giles y eficaces de referencia y contra
referencia para integrarse con los servicios de la red ex-terna, se
hace ingobernable. Algunos procedimientos, protocolos y costumbres
existentes en el Subsistema de Salud de las FF.MM., estn en
contra-posicin con lo dispuesto en la Ley esta-tutaria que regula
el derecho fundamen-tal a la salud y que afectan de manera
importante la prestacin del servicio in-tegral a los usuarios del
subsistema mili-tar, en especial al grupo ms vulnerable, de la
tercera edad y a los discapacitados que requieren acceder fcil y
oportuna-mente al servicio.La ley estatutaria, prolongacin de la
Constitucin Nacional
La aprobacin, modificacin o dero-gacin de las leyes estatuaras
exigir la mayora absoluta de los miembros del Congreso de la
Republica y deber efec-tuarse dentro de una misma legislatura. En
consecuencia, se encuentra jerrqui-ca y jurdicamente por encima de
la Ley orgnica. En este orden de ideas, todos los organismos del
Estado estn en la obligacin de cumplir estrictamente esta ley de la
Repblica.La declaracin de la salud como derecho fundamental es un
paso importantsimo para considerar que Colombia a pesar de sus
desgracias, desordenes, corrup-cin, violencia y crisis de diferente
n-dole, se constituye como estado social de derecho, donde se
garantiza la dignidad y se reconocen los derechos inalienables de
la persona humana por el simple hecho de serlo.La Ley 1751 del 16
de Febrero del 2015 regula el derecho fundamental de la salud que
debe aplicarse en todo el te-rritorio nacional. En los artculos
prime-ro y segundo expresa la obligacin que tiene el Estado de
garantizar y proteger el derecho fundamental de la salud. El
artculo segundo establece claramente que el derecho fundamental a
la salud es autnomo e irrenunciable en lo indi-vidual y colectivo.
Es as como los servi-cios de salud deben tener un acceso de manera
oportuna, eficaz y con calidad para la preservacin, el mejoramiento
y aplicacin efectiva de este servicio. El artculo quinto establece
las obligacio-nes del Estado como responsable de res-petar,
proteger y garantizar el goce efec-
tivo del derecho fundamental a la salud. Para ello deber:
Abstenerse de afectar directa o indi-rectamente en el disfrute al
derecho fundamental a la salud. Formular y adoptar polticas de
salud dirigidas a garantizar el goce efectivo del derecho en
igualdad de trato y oportunidades para toda la poblacin. Formular y
adoptar polticas que pro-pendan para una correcta promocin de la
salud. Establecer mecanismos para evitar la violacin del derecho
fundamental a la salud y determinar su rgimen san-cionatorio.
Ejercer adecuada inspeccin, vigilan-cia y control mediante
entidades es-pecializadas. Velar por el cumplimiento de los
principios del derecho fundamental a la salud en todo el territorio
nacional. Realizar el seguimiento continuo de la evolucin de las
condiciones de salud a lo largo del ciclo de vida de las
personas.El artculo sexto establece que los dife-rentes agentes del
sistema debern ser respetuosos de la tica mdica y de las diversas
culturas de las personas, res-petando las particularidades
sociocul-turales. El artculo 12 establece clara-mente que el
sistema debe responder adecuadamente a las necesidades de salud
relacionadas con el gnero y el ci-clo de vida.El artculo dcimo
establece los derechos y deberes de las personas, en cuanto a la
prestacin del servicio de salud y en par-ticular, en los siguientes
aspectos: Acceder a los servicios y tecnologa de salud que
garanticen una atencin integral, oportuna y de alta calidad.
Recibir la atencin de urgencias que sea requerida con la
oportunidad que su condicin amerite, sin que sea exigible documento
o pago previo al-guno. Mantener una comunicacin plena, permanente,
expresa y clara con el profesional de la salud tratante que le
permita tomar decisiones libres, conscientes e informadas respecto
a los procedimientos que se vayan a practicar y riesgos de los
mismos. La historia clnica debe ser tratada de manera confidencial
y reservada. nicamente pueda ser conocida por terceros, previa
autorizacin del pa-ciente o en los casos previstos por la ley y
poder ser consultada en su totalidad en forma gratuita y obte-ner
copia de la misma. As mismo se menciona que al paciente se le debe
prestar durante todo el proceso de la enfermedad, asistencia de
calidad por trabajadores de la salud debida-mente capacitados para
ejercer. No se deben trasladar a los pacientes las cargas
administrativas y buro-crticas que les corresponden asumir a los
encargados o intervinientes en
la prestacin del servicio y agotar to-das las posibilidades de
tratamiento para la superacin de la enfermedad.La ley estatuaria es
contundente respec-to de la obstruccin en la prestacin de los
servicios de salud a los que deben re-cibirlos por mandato legal.
El hecho de colocar nuevas condiciones para acceder a los exmenes
de laboratorio y proce-dimientos de baja complejidad, puede ser
considerado como una talanquera y un obstculo para el acceso a los
servi-cios de salud que son obligatorios en cuan-to a su prestacin.
Es importante mencionar que ciertas disposiciones del servicio de
salud de las Fuerzas Militares pueden encontrarse en contrava con
la disposicin legal supe-rior. En el artculo 11 se sealan aquellos
sujetos de especial proteccin: atencin a nios, nias y adolescentes,
mujeres en estado de embarazo, desplazados vcti-mas de violencia y
de conflicto armado, poblacin adulta mayor (como es el caso de la
mayora del personal de retirados), personas que sufren de
enfermedades hurfanas y en condicin de discapaci-dad indicando que,
gozaran de especial proteccin por parte del Estado. La aten-cin de
los sujetos antes mencionados, no estar limitada por ningn tipo de
restriccin administrativa o econmica. Tambin incluye atencin
domiciliaria para enfermos terminales.El artculo 15 establece
claramente que los recursos pblicos asignados a la salud no podrn
destinarse a financiar servicios y tecnologas, determinando los
siguientes criterios: No propsitos cosmticos o sun-tuarios. No
existencia de evidencia cientfica
sobre su seguridad, eficacia y efec-tividad clnica, que se
encuentren en fase de experimentacin o que ten-gan que ser
prestados en el exterior. El resto de los exmenes por consiguien-te
solamente requeriran de la orden del mdico tratante como parte de
la au-tonoma profesional. Tambin se establece claramente que est
prohibido todo constreimiento, presin o restriccin del ejercicio
pro-fesional que atente contra la autonoma de los profesionales de
la salud, as como cualquier abuso en el ejercicio profesional y que
proceda contra la se-guridad del paciente. Esta vulneracin ser
sancionada por los tribunales y por los organismos de inspeccin,
vigilancia y control en el mbito de sus competencias. La costumbre
viciosa de trasladar las carga administrativas a los pacientes en
aras de demorar el servicio, evitar la prestacin y con ello ahorrar
dinero para aumentar temporalmente sus ganancias y presentar
balances cosmticos, es una actividad nociva a expensas de la salud
de los usuarios.
As mismo es conveniente establecer que en el artculo dcimo de
ley estatutaria quedaron establecidos claramente los derechos y
deberes de las personas rela-cionados con la prestacin del servicio
y se analiza claramente el maltrato al per-sonal de la salud por
parte de personas o pacientes agresivos, groseros y abusivos con
quienes atienden una enfermedad.La Ley 1751 del 16 de Febrero del
2015 o Ley Estatutaria de Salud comprende 26 artculos y el mbito de
su aplicacin est determinado como ya se dijo en el artculo tercero,
en el cual se establece que la Ley se aplica a todos los agen-tes,
usuarios y dems que intervengan de manera directa en la garanta del
derecho fundamental a la salud. En el artculo quinto se determina
claramente que el Estado es responsable de respetar, proteger y
garantizar el goce efectivo del derecho fundamental a la salud y
realizar evaluaciones sobre los resultados efecti-vos del derecho
fundamental a la salud. Tambin se establece que los servicios y
tecnologa de salud deben ser accesibles, que incluye la no
discriminacin la accesibilidad fsica, la asequibilidad econmica, y
el acceso a la informacin. Por otra parte se seala en este artculo
que los establecimientos, servicios y tec-nologas de salud, debern
estar centra-das en el usuario, ser apropiados desde el punto de
vista mdico y responder a estndares de calidad aceptados por las
comunidades cientficas. Se debe mencionar tambin que el derecho
fundamental a la salud estable-ce, adems de la universalidad, la
equi-dad y la oportunidad, la continuidad, es decir, que las
personas tienen derecho a recibir los servicios de salud de manera
continua. Una vez la provisin de un ser-vicio ha sido establecida,
este no podr ser interrumpido por razones admi-nistrativas o
econmicas como sucede actualmente en el servicio de salud de las
Fuerzas Militares, donde se cambia permanentemente los mdicos
basados en este tipo de consideraciones. Por otra parte, no se
garantiza el servicio per-manente de medicamentos por cuanto
obligan al mdico a una formulacin no mayor de dos meses y exigen
una nue-va cita mdica para la reformulacin, lo cual es una
talanquera innecesaria y una clara induccin a la demanda que
perju-dica el sistema y la oportunidad de citas.Finalmente es
importante resaltar que en el artculo 12 se establece claramente
que el sistema estar organizado en redes integrales de servicio de
salud las cua-les podr ser pblicas, privadas y mixtas y en
consecuencia, el subsistema de las Fuerzas Militares puede
perfectamente apelar a la red privada sin que haya inob-servancia
de la Ley en referencia.Atentamente,Comit de Verificacin de Salud
Integral de ACORE
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9Edicin 560
Mesa de trabajoConversatorio sobre mecanismos de refrendacin
frente a los acuerdos pactados con las FarcPlebiscito no, referendo
revocatorio s
Por: Redaccin peridico ACORE.El plebiscito no es el mecanismo de
refren-dacin adecuado para legitimar los acuer-dos de La Habana
entre el Gobierno y las Farc.Esta fue la gran conclusin a la que
llegaron los tres invitados al conversatorio Posibles mecanismos de
refrendacin frente a los acuerdos pactados con las Farc, evento
reali-
zado en das pasados por ACORE y la Mesa de Trabajo Permanente.En
este conversatorio el trigsimo noveno que se rea-liza desde que la
Asociacin y su junta directiva decidie-ron llevar a cabo escenarios
para fortalecer el anlisis y el dilogo tomaron parte Carlos Holmes
Trujillo, precandidato presidencial por el Centro Democrtico, y el
abogado scar Ortiz, uno de los gestores de la sptima papeleta.El
periodista Ricardo Galn moder la discusin.El Congreso ser un simple
notario de los acuerdos: Holmes Trujillo
Durante su intervencin, Carlos Holmes Trujillo, adems de
lamentar la ausencia de lvaro Leyva en el conversatorio (por
motivos de su agenda), rechaz el artcu-lo que recientemente incluy
el gobierno en el llamado acto legislativo por la paz y que segn el
ejecutivo busca blindar los acuerdos a que se llegue en La
Habana.Holmes Trujillo hizo una crtica aguda a la ltima columna de
opinin de lvaro Leyva (Ballet constitucional) en la que el abogado
de las Farc defiende este articu-lado, cuyo polmico contenido
conoci la opinin pblica a travs del comunicado 69 de la mesa de
dilogos.Para el precandidato presidencial, las negociaciones de La
Habana estn ll-evando a un fenmeno de sustitucin de la Constitucin;
prueba de ello es el acu-erdo del pasado 12 de mayo. Dijo, adems,
que el Congreso de la Republica actuar como un simple no-tario de
estos acuerdos, pues le estn atando las manos para que nicamente
cumpla con lo que se indica desde La Habana.Holmes Trujillo seal
con claridad que los acuerdos entre el Gobierno y las Farc no
tienen el carcter de acuerdos espe-ciales a la luz del artculo
tercero comn a los Convenios de Ginebra y que cual-quier
interpretacin en este sentido es perversa.Sobre el particular, dijo
que se trata, pues, de una materia reglada, que no contempla
acuerdos entre un Gobierno y una organizacin armada al margen de la
ley. El DIH no es un instrumento para conseguir la paz, sin
perjuicio de
que aplicarlo puede facilitar los procesos destinados a
alcanzarla. La figura hu-manitaria de los acuerdos especiales es
completamente distinta a la idea de los acuerdos polticos con
caractersticas o fines humanitarios.Durante el desarrollo de este
argumento les pregunt a los asistentes sobre qu tienen que ver
algunos de los acuerdos parciales alcanzados en Cuba agrario,
drogas ilcitas o la misma jurisdiccin es-pecial para la paz con el
artculo tercero comn a los cuatro Convenios de Ginebra.As mismo,
asegur que los acuerdos entre el Gobierno y las Farc no pueden
incorporarse al bloque de constituciona-lidad. Este est compuesto
por los tra-tados y convenios internacionales sus-critos por el
Estado colombiano, con el cumplimiento de todas las formalidades,
que reconocen los derechos humanos. De otro lado, cumple la funcin
de gua en la interpretacin de los deberes y derechos consagrados en
la Carta fundamental. Lo acordado entre el Gobierno y las Farc no
es un tratado ni un convenio, y se refiere a materias que van mucho
ms all de la esfera de los Derechos Humanos, dijo.Con respecto al
depsito de los acuerdos en Ginebra, afirm que es un acto ino-cuo.
En Ginebra se depositan los instru-mentos de ratificacin de los
tratados o convenios suscritos por los Estados en materia
humanitaria. Lo que suscriban en La Habana no es ni lo uno ni lo
otro. En Ginebra no es posible depositar cual-quier papel, porque
all slo se llevan aquellos instrumentos de ratificacin de los
tratados suscritos entre los estados y los estados con
organizaciones con per-sonera jurdica internacional.
La declaracin unilateral no produce efectos jurdicos inmediatos.
Este fue otro argumento esgrimido por Holmes, ya que la Comisin de
Derecho Internacional prescribi que puede sur-tir el efecto de
crear obligaciones jurdi-cas, pero, igualmente, que para
determi-narlas es necesario tener en cuenta su contenido, las
circunstancias de hecho en que se produjeron y las reacciones que
suscitaron, adems de que ser nulo todo aquello que est en oposicin
con No nos vamos a dejar robar la Constitucin: Oscar Ortiz
una norma imperativa de derecho inter-nacional general.Concluy
recordndoles a los asis-tentes que el poder soberano que re-side en
el pueblo es el nico que pue-de aprobar o improbar lo pactado en La
Habana. Un acuerdo que mantenga una paz estable y duradera debe
ba-sarse en la legitimidad popular, la sos-tenibilidad de lo que se
acuerde y la estabilidad institucional.
El gestor de la sptima papeleta y ex zar anticorrupcin hizo un
recuento de cmo fue el proceso para que en 1991 se llevara a cabo
la Asamblea Nacional Constituyente y dej claro que este proceso
tuvo un respaldo social mayo-ritario. Explic que la corrupcin en
todas las esferas del Estado haba rebo-sado sus lmites y la
terrible inseguri-dad del momento cohesion a esta gran mayora para
promover lo que hoy es la Constitucin de 1991. Ortiz se refiri al
porqu las Farc no acudieron a la Constituyente como se les propuso
en el plan de gobierno del presidente Gaviria. El 9 de diciembre de
1990 se les reitero que era en serio que estaban invitados a la
Constituyente, pero claramente no acudieron.Ellos (las Farc) han
querido ser consti-tuyentes pero sin representacin, dijo Ortiz. Si
se dice que no hay impuesto sin representacin, puede haber
constitu-yentes sin representacin? A quin re-presentan acaso las
Farc? En Colombia no estamos viviendo como en otros conflic-tos,
por ejemplo, plan de catlicos contra protestantes, esto no es una
frica de negros contra blancos, incluso, no es una Colombia de
liberales contra conserva-dores, aqu s se necesita que tengamos una
Constitucin legitima y la que tene-mos no nos la vamos a dejar
raponear.En relacin con el plebiscito, subray que este no es el
mecanismo adecuado y que por eso se estn presentado argu-mentos
ante la Corte Constitucional, ale-
gatos para evitar que no se d la aparien-cia de respeto al
pueblo. Este no es leal porque se usa la expresin de ratificar los
esfuerzos para darle forma de norma jurdica, porque no es leal
invocar va-lores como la paz, sobre la cual sera ino-cuo preguntar
a la gente si hay voluntad o no de construir la paz, cuando en
rea-lidad no se est preguntando por la paz, sino que se pretende
poner en vigencia los acuerdos de La Habana. Sobre la posicin de
lvaro Leyva, Ortiz dijo que los colombianos no estamos asistiendo a
un ballet constitucional sino a un reggaetn constitucional.Al hacer
referencia a nuestra actual Constitucin, Ortiz dijo a los
asistentes que no nos la regalaron, ni nos la im-pusieron, sino ms
bien la conquista-mos, a pesar de los violentos, a pesar de los
corruptos, a pesar de los supuestos blindajes.Al final de su
intervencin, este abogado propuso la necesidad de adelantar un
re-ferendo derogatorio, del acto legislativo para la paz. Por qu
ese mecanismo? La Constituyente de 1991 identific algunas de las
vrtebras principales del proceso constituyente, como lo son; la
carta de derechos, el poder ciudadano o mecanis-mos de participacin
ciudadana y el nue-vo rgimen en el Congreso y cuando se ex-pide
reformas constitucionales que tratan sobre esos temas, hay un
mecanismo de convocatoria expedito, de menores exi-gencias en
recoleccin de firmas para que sea as el pueblo quien determine si
esa reforma sigue vigente o no.
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10 junio de 2016
1 32
Opinin
Quienes criticamos el proceso en La Habana no somos ciegos ni
irreflexivos
Por: Coronel (RA) lvaro Bonilla LpezEn la vida, todas nuestras
ob-ras, actividades, expresiones o actitudes, no estn exentas de
crticas, ni deben estarlo, porque no somos seres perfec-tos; el
nico es Dios; el resto tenemos defectos, cometemos errores y si
somos realistas, debemos estar dispuestos a es-cuchar .y, si es
necesario, corre-gir el rumbo. El proceso de paz es una idea
excelente, porque qu colom-biano viendo lo que ha ocur-rido no slo
en los ltimos 50 aos, sino recorriendo la historia durante los
ltimos 197 aos, desde la Batalla de Boyac que sell nuestra
liber-tad no desea la paz? Creo que todos los que hemos tenido el
privilegio de nacer en este bello y amado pas, amamos la paz,
porque es la que nos per-mite el progreso, culminar con
xito los anhelos de nuestras familias y hacer realidad el sueo
de un pas desarrollado y exitoso, que ojal fuera ejem-plo para
Latinoamrica.No es el primer gobierno que entabla conversaciones
con el grupo terrorista de las Farc, porque si hacemos historia el
primer proceso lo inici el presidente Belisario Betancourt en 1982,
seguido en 1986 con Virgilio Barco, en 1990 con Cesar Gaviria , en
1998 con Andrs Pastrana y, final-mente en 2010 con Juan Manuel
Santos. Luego, el problema no han sido los deseos de los gobiernos
consientes del des-gaste y la afectacin del pas, sino del grupo
narcoterrorista de las Farc.Todos somos conscientes del dao que
hace la violencia al
pas, por cuanto sta ha impe-dido o limitado el desarrollo de
Colombia. Por esto somos un pueblo anhelante de paz, anhelo por el
cual los gobier-nos de los ltimos 30 aos la han buscado, de acuerdo
con las circunstancias y su modo de apreciar cada situacin, como
uno de sus principales objetivos. En razn a lo an-terior, creo que
el presidente Juan Manuel Santo invit a este grupo terrorista a
dia-logar, para conseguir la anhe-lada paz.Pero, qu ha ocurrido en
Colombia? Lo que afirmar no es pegado slo a las p-ginas de la
historia, sino acudiendo a la memoria que, a estas alturas, puede
tener algunas falencias. Durante mi paso por las filas de la
ins-titucin me han marcado no
las palabras o las letras, sino los hechos que he vivido des-de
1957 cuando egres de la Escuela Militar como subte-niente del
Ejrcito y de inme-diato fui trasladado al Batalln Palac; a los
pocos das de llegar all, armado con una pistola Colt 45 y la compaa
de 18 soldados mal armados con fusiles Punto 30, tuve que salir a
Ceiln, en el Valle del Cauca, a enfrentar una grave situacin que se
haba presentado, pues haban asesi-nado a 25 personas, las cuales
fueron degolladas con el fa-moso corte de franela. Inicialmente mi
labor consis-ti en conseguir unas mulas y costales, posteriormente
enjal-marlas y cargar los cuerpos a lado y lado de la alforja con
su respectiva cabeza en un costal. No es dantesco,
horripilante, doloroso y cruel este hecho? Cul es su ori-gen?
Nada ms ni nada menos que la lucha partidista entre liberales y
conservadores, que sin respetar la dignidad hu-mana, con la
polarizacin que han organizado y mantenido nuestros polticos a
travs de los aos, gener este hecho, el cual, creo por lo menos no
lo he conocido no fue castigado, no gener accin de la justi-cia y
esos seres descuartizados pasaron a la eternidad y sus asesinos no
recibieron ningn castigo. Esto, qu gener? Ms violencia y ms odios
entre las gentes, los cuales an siguen, pero sus acciones ya no son
de liberales contra conservadores o viceversa, sino de comunis-tas
contra los colombianos que deseamos la democracia y no el
totalitarismo de extrema iz-quierda.Si criticamos la forma cmo se
lleva a cabo el proceso de paz, es porque amamos nuestra patria y
porque pre-cisamente por haber portado el uni-forme de soldados y
las insignias de los grados que logramos a lo largo de nuestro
servicio, nos duele an ms cualquier accin del gobierno que pueda
afectar a Colombia. Al re-specto y para que se entienda que no es
porque deseo la guerra sino la paz, me permito formular las
siguien-tes reflexiones:
1. No me incomoda ver a los asesi-nos sentados con unos miembros
del gobierno , sean o no sean plenipoten-ciarios o con el nombre
que quieran ponerse, porque nunca dejarn de ser los terroristas de
las Farc, pues ese fue el camino que decidieron to-mar y por ms que
quisiramos su denominacin siempre ser la mis-ma. De manera
especial, si continan con la prepotencia con que actan Algunos
afirman que los que no estamos de acuerdo con la forma cmo se lleva
a cabo el dialogo con los terroristas, deseamos la guerra, estamos
ciegos y somos irreflexivos, lo cual carece de verdad, porque si
bien los objetivos que se buscan son altruistas y nobles, carecen
de realismo en su de-sarrollo, veamos :
en La Habana. Adems, estn reunidos para dialogar y uno puede
dialogar con cualquier persona.2. Muchos comentan que los
negocia-dores y los delincuentes en la mesa estn al mismo nivel y
que nos inco-moda esta situacin. En primer lugar, debo aclarar que
si estn al mismo nivel y, es obvio, porque las sillas de todos los
que estn en la mesa tienen la misma altura y la misma estructura y
los asientos son iguales, pero no las personas que estn dialogando,
pues su trayectoria de vida es totalmente diferente: los unos son
criminales y terroristas y los otros son delegados del Gobierno que
cumplen una impor-tante tarea. No por estar sentados en la misma
mesa han dejado de ser crimi-nales, pero obviamente tienen todo el
derecho porque el gobierno lo ha querido, de estar frente a frente,
pero eso es de distribucin, ms no de digni-dad. Nunca un asesino
ser igual a una
persona que no ha infringido la ley. Eso puede incomodar, pero
es correcto, pues se est negociando y deseamos la paz, luego no lo
discutimos y podemos llegar a acuerdos, pero con dignidad y
obviamente sin llegar a extremos de prepotencia.3. Estn los
negociadores discutiendo sus puntos de vista, cada quien
expre-sando con entera libertad lo que con-sidera de importancia
para su grupo o para el Gobierno. Eso es normal, porque en otra
forma no estaran sentados en la misma mesa buscando alternativas
para dar solucin al conflicto armado de tantos aos; pero, sin lugar
a dudas, debemos tener en cuenta no con ni-mo belicoso ni
irreflexivo que la parte que pone las condiciones es el gobier-no
que representa a Colombia que ha sido la afectada y no los
delincuentes; pero en este caso, lo que se aprecia es que los
asesinos exigen y tratan de imponer sus condiciones, actitud
que
nos incomoda a los que amamos a Colombia, porque de victimas
pasamos a ser victimarios de las Farc.Sin lugar a dudas, el
apasionamiento poltico que vivimos incide en la po-larizacin de las
gentes; no obstante, es obligacin del gobierno escuchar y analizar
las recomendaciones y suge-rencias y no actuar con obsesiones o
ambiciones personales, como es al pa-recer lo que est ocurriendo,
porque se desea o se busca la paz de palabra, pero a ojos del ms
incauto esto no es verdad, es tremenda mentira. Lo que se est
buscando es la entrega de un grupo armado y la terminacin de un
conflicto de ms de 50 aos, mas no por ello el logro de la paz,
menos en este momento en que exis-ten varios grupos violentos. Lo
cierto del problema de la paz es que mien-tras exista el
narcotrfico sin control y creciendo la produccin, como en efecto
actualmente, esta no se lograr.
1. Alcanzar el fin del conflicto. De acuerdo, es lo ideal ,
porque es un anhelo de todos los colombianos y si se logra sera un
paso muy importante para el logro de la paz.2. Lograr que el grupo
renuncie a sus objetivos polticos. Eso s es estar ciego y
desconocer que el objetivo de los marxistas o de los comunistas es
la toma del poder, para lo cual el fin jus-
tifica los medios; de manera que no soemos con que ellos
polticamente van a renunciar a esto. Su poltica ya la conocemos,
luego no podemos soar despiertos.3. Que este grupo se reincorpore a
la sociedad y sea una organizacin poltica sera lo ideal, pero para
ello se necesita que haya justicia. Se re-quiere que los que no
estn de acuer-
do con sus crmenes, han sido sus vctimas y han sentido en carne
propia sus infamias, vean que se les aplic la justicia y que no sea
borrn y cuenta nueva, porque se generara ms violencia, como bien lo
afirme al comienzo de mi es-crito. Aunque me uno a soar un poco,
dudo mucho que abandonen sus estrategias para lograr el poder
poltico.
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11Edicin 560
1 3 42Opinin
Continuando en nuestro anlisis so-bre los diferentes aspectos
que lle-varon al gobierno a dialogar con los terroristas de las
Farc. Debemos, adems, tener en cuenta:1. Se les invita al dialogo
no porque sea imposible derrotarlos. De hecho estaban virtualmente
derrotados con el anterior gobierno, que de verdad si los combati;
tambin debemos ser justos, como quiera que el presidente Pastrana
reforz y dot al Ejrcito con tecnologa de punta, pues en los
go-biernos anteriores careca de me-dios. En una visita que acompa
al General Pedro Nel Molano a Florencia (Caquet), cuando su
comandante era el General Rafael Pea Ros, fui testigo que los
soldados en la poca de Belisario Betancourt no tenan bo-tas sino
cotizas, sus camuflados es-taban rotos y rados y los fusiles no
tenan portafusiles para cargarlos sino
cabuyas. Era la miseria total, pero as con dignidad y pundonor,
los comba-tamos gracias al valor y el herosmo de nuestros soldados.
Doy nombres para cualquier verificacin. Nunca hemos pensado, ni en
los peores momentos, que nuestras Fuerzas Militares fueran
incapaces de derrotarlos. As tengamos hasta la justicia en contra
nuestra, como ocurre en el momento actual; siempre luchamos hasta
conseguir la victoria.2. Sin lugar a dudas, la legislacin vi-gente
en nuestro pas es contraria a los intereses de Colombia, para
conse-guir la derrota de los narcoterroristas de las Farc o de
cualquier grupo de delincuentes. Es demasiado laxa y, para
completar, los jueces, en la mayora de los casos, no son
imparciales, pues ac-tan de acuerdo a sus intereses y sus simpatas
ideolgicas. Esta impunidad y esa benevolencia con los criminales ha
afectado la tranquilidad del pas y,
sin lugar a dudas, tarde o temprano, como ya lo estamos viendo,
afectar en la paz y la tranquilidad que tanto anhelamos.3. Somos
conscientes que los narco-terroristas no tiene en este momento la
capacidad para lograr la toma del poder, pero con todas las
prebendas y con la debilidad que est demostrando el gobierno en las
negociaciones, no sera extrao que lograran sus objetivos polticos,
afectando sensiblemente a los ciudadanos de bien que hemos senti-do
la violencia de su accionar, mxime si tenemos en cuenta la
corrupcin poltica que en las justas electorales logra colocar en
los puestos o cargos de eleccin a los que ms dinero aportan, por la
manipulacin y la propaganda engaosa y populista que emplean. Las
Farc con el dinero que tienen prove-niente del narcotrfico, el
secuestro, la extorsin y la minera ilegal, entre otros
delitos, tienen un importante poder econmico, lo cual les
permitir lograr resultados importantes en el campo electoral.4. No
soy enemigo del dialogo, porque no me cabe duda que es la forma
civi-lizada de romper las diferencias, pero cuando se dialoga debe
ser sin intran-sigencia y mucho menos tratando de imponer las
razones del delincuente. Los colombianos no somos los vic-timarios,
somos las vctimas de este absurdo terrorismo y de la sangre de
tantos inocentes que han cado bajo el fuego de sus armas y de las
minas que han sembrado en todos los te-rritorios de su accionar.
Dialoguemos y busquemos arreglos para acabar el conflicto, pero con
dignidad y sin perder la razn, pues el que impone las condiciones y
exige el cumplimien-to de la constitucin y las leyes es el gobierno
y no los terroristas.
Tenemos disposicin para el perdn, pero no porque sea nuestra
obliga-cin; perdonamos de corazn cuando apreciamos o sentimos que
hay arre-pentimiento, pero cuando surge la intransigencia y, an, se
hace gala de sus acciones como unas vctimas, de inmediato surge el
antagonismo y el rechazo al perdn. Recordemos el sa-cramento de la
confesin, que cuando cometemos un pecado, debemos tener propsito de
la enmienda y arrepen-timiento; adems, el sacerdote nos im-pondr
una penitencia por los pecados cometidos; entonces, por qu quieren
y exigen ser perdonados? Qu han hecho para ganar el perdn? Qu han
hecho para resarcir los crmenes? Si las respuestas llenan nuestras
inquietudes, vamos con el perdn. Por qu subsiste la violencia en
Colombia? Pueden ser muchas las causas: diferencias sociales,
raciales, econmicas, etctera, pero entre estas las ms resaltantes
son la falta de ac-cin de la justicia o la corrupcin en esta
importante rama del poder, al igual que la impunidad: no se ve
ninguna sancin o son muy laxas las penas a quienes han delinquido.
Un criminal, as este en una mesa de negociaciones, debe pagar una
condena, as sea mnima, pero pagar por lo que hizo y no seguir al
igual que cualquier persona que no ha delinquido.
Soy consciente que para sancionar a estos delincuentes se deben
buscar frmulas o alternativas, pero en ningn caso estos deben
quedar impunes, porque esto genera inconformismo en los afectados y
sed de venganza, lo cual obviamente hace nacer nuevas etapas de
violencia para hacerse justicia por su propia mano, ante la
indiferencia del Estado para hacerlo.Creo que cuando hemos
pertenecido a una institucin tan bella y tan llena de glorias y
honores como el Ejrcito, si algo deseamos es que la grandeza y la
dignidad que nos infundieron en la Escuela Militar nunca vaya a ser
profanada por hechos que la pongan en igualdad de condiciones a un
grupo delincuencial . Por esto, cuando juzgan militares, estos no
pueden ser medidos con el mismo racero con el que se mide a los
terroristas que han cometido crmenes atroces, salvo casos
excepcio-nales, en los cuales el miembro de la institucin se haya
igualado en su ac-tuar, realizando hechos similares a los cometidos
por estos.Sin lugar a dudas, debemos ser cui-dadosos con los
acuerdos que se logren en La Habana, analizando punto por punto,
para descubrir los micos que los negociadores de las Farc tratarn
de meter con su habilidad, en procura de no afectar las normas
constitucionales que
nos rigen. A este respecto, las ideas endiabladas y leguleyas
del ex fiscal Montealegre son un riesgo para el destino de Colombia
y tienen que mi-rarse desde todos los ngulos posibles. Ya sabemos
cules son sus objetivos, cules sus intereses y sobretodo cul es su
ideologa y a quines desea bene-ficiar, obviamente haciendo
abstraccin a la mayora del pueblo colombiano.Colombia requiere de
la unin, la cual pienso puede lograrse si la clase poltica abandona
la corrupcin y hace surgir ideas que den respuesta a las
necesidades reales del pas, hacien-do a un lado el populismo
barato, las promesas que despiertan anhelos y la manipulacin de los
medios de comu-nicacin, que no dan a conocer las no-ticias reales
del pas, sino de acuerdo a la conveniencia del gobierno, que gasta
ingentes cantidades de recursos en mostrar una imagen que no es la
real, buscando favorecer sus intereses, pero olvidndose de las
necesidades reales de Colombia. Todo esto origina in-conformismo y
hace surgir la violencia. Creo que el gobierno debe hablar con la
verdad para que recobre credibilidad y no como ocurre en este
momento, como lo dicen las encuestas, que tiene el 15 o 20 % de
credibilidad.Finalmente, considero que los concep-tos de personajes
de diferentes pases
del mundo sobre el proceso de paz tienen eco en los medios de
comuni-cacin, pero siendo realistas nos damos cuenta que se suman a
la manipulacin de la paz, porque estos personajes ob-viamente
consideran que es muy im-portante lograr sentar en una mesa de
negociaciones a los terroristas de las Farc y a los delegados del
Gobierno, pero desconocen el fondo del problema y los objetivos que
est