Crónica de un proceso hacia la transparencia

Acceso a la Información

Como la utiliza la ciudadaníacinco testimonios

Ley de

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Acceso a la InformaciónComo la utiliza la ciudadaníacinco testimonios

Ley de

46 Ley de Acceso a la Información

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ÍNDICEPrimera parte Crónica /7Crónica de un proceso hacia la transparencia /8

Introducción /9 Nineth Montenegro y el Habeas Data /10

Primer esfuerzo del gobierno de diálogo con organizaciones de la sociedad civil /10

De un proyecto de acceso al conflicto armado a uno de transparencia y rendición de cuentas /12

Coyuntura escandalosa y aprobación de la Ley /15

Una ley aceptable, pero ante una ciudadanía indiferente /18 “La ley pudo ser mejor, pero lo aprobado no está mal” /19 Conclusiones /22Bibliografía /23

Segunda parte Entrevistas /25

Alejandro Pérez, periodista del portal Plaza Pública /26 Alejandro Pérez, reporter of web news media Plaza Pública /28

Aníbal García, abogado/30 Anibal García, attorney at law /32 Geovanni Contreras, reportero del diario Prensa Libre /34Geovanni Contreras, national correspondent of Prensa Libre, the leading newspaper in Guatemala City /36

Juan Francisco Marroquín, vecino de Oratorio, Santa Rosa /38Juan Francisco Marroquín, local of Oratorio, Santa Rosa /40

Juan Ramírez López, vecino de Magdalena Milpas Altas, Sacatepéquez /42 Juan Ramírez López, resident of Magdalena Milpas Altas, Sacatepéquez /44


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7Crónica

Primera parte

Crónica


rónica de un proceso

hacia la transparenciaC

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Introducción Guatemala es un Estado acostumbrado a permitir a sus funcionarios y dignatarios, un alto grado de discrecionalidad en el ejercicio de la función pública. Esto en gran medida se debe al autoritarismo que reinó en el poder político durante los 36 años de conflicto armado interno, cuando los tres poderes del Estado, capturados por los militares actuaron con total impunidad y hermetismo, amparados bajo la figura del “secreto de Estado.”

En 1996, con la firma de los Acuerdos de Paz, se abre la posibilidad de romper con la discrecionalidad y falta de transparencia con la que funcionan las distintas dependencias del Estado:

“El tema surge y agarra importancia a raíz que se vuelve una exigencia de los Acuerdos de Paz. Uno lo puede buscar en el Artículo 52B

del Fortalecimiento de la Sociedad Civil. Ahí es donde se habla específicamente del tema de acceder a la información pública y al tema de archivos personales”, expresa Silvio Gramajo .

En efecto, el Acuerdo sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática, firmado el 19 de septiembre de 1996, establece en el punto 52, inciso B, que “con miras a evitar cualquier abuso de poder y garantizar el respeto de las libertades y los derechos ciudadanos, el Gobierno se compromete a promover ante el Congreso de la República: b) Una ley que regule el acceso a información sobre asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, establecidos en el artículo 30 de la Constitución, y que disponga procedimientos y niveles de clasificación y desclasificación.


Nineth Montenegro y el

Habeas Data

Primer esfuerzo del gobierno

de diálogo con organizaciones de

la sociedad civil

A principios de la década de los 90, antes de la firma de los Acuerdos de Paz, la congresista Nineth Montenegro, quien previo a ser electa tuvo una amplia trayectoria como activista de derechos humanos y fue de las principales opositoras de las dictaduras militares, promovió ante diputados un anteproyecto de ley que instauraba el recurso de habeas data. Con este instrumento legal, el ciudadanía podría obligar a las autoridades a exponer toda aquella información que exista acerca de él o ella en los archivos del Estado.

“Al tener un familiar desaparecido descubrimos que en Argentina había un recurso de habeas data para exponer toda aquella información

Paralelo a los esfuerzos de la congresista Montenegro. En el año 2000, durante la administración de Alfonso Portillo se elabora la primera iniciativa de Ley de Acceso a la Información Pública. El liderazgo lo toma el entonces Secretario de Análisis Estratégico, Edgar Gutiérrez, quien inicia un proceso de diálogo con la sociedad civil para la preparación del primer borrador.

“En ese entonces, parece ser que había la intención del grupo que Edgar encabeza dentro del gobierno para sacar una especie de “checklist”. Es decir, ver qué cosas se podían ir haciendo para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz y entre esos estuvo el tema de acceso a la información”, relata Gramajo.

Las organizaciones de la sociedad civil como la Asociación para

que exista de uno en los archivos estatales. En aquellos años, como GAM vinimos al Congreso a tratar de dar a conocer la importancia que tenía el derecho de saber qué información posee el Estado sobre uno porque mucha de esa información clasificada sirvió para perseguir, vigilar o cuestionar a la gente por sus preferencias ideológicas, religiosas, etcétera”, comenta Montenegro.

En ese entonces la propuesta no obtiene eco dentro de los legisladores y la idea queda pospuesta, hasta el año 2000 cuando la ya entonces diputada Montenegro presenta la Iniciativa de Ley de Habeas Data.

el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democrática (SEDEM), la Fundación Mirna Mack, el Instituto para la Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES), el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Familiares y Amigos en contra de la Delincuencia y el Secuestro (FADS) el proyecto de Fortalecimiento de Organizaciones Sociales en temas de Seguridad (FOSS) y el Centro de Estudios de Guatemala (CEG) fueron actores claves para hacer avanzar el proyecto.

“En ese entonces el acceso a la información pública no se miraba como un tema de transparencia y de publicidad del Estado, ni como un derecho humano, sino como una posibilidad de revisar cuestiones del conflicto armado y conseguir documentos para inculpar responsables en los juicios que ellos ya tenían en mente que iban hacer”, resalta Gramajo.

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Se establece una metodología de trabajo entre los representantes de la SAE y las organizaciones civiles, en donde estos últimos discutían y presentaban enmiendas y posteriormente la SAE las tomaba en cuenta y las incorporaba al anteproyecto.

Sin embargo, en un aparente choque de tiempos políticos, el Organismo Ejecutivo decide adelantarse y sin haber consensuado la iniciativa de Ley, presenta un nuevo documento, modificado, ante el Congreso en 2001. De esta forma la administración Portillo, podía presumir de haber dado cumplimiento a uno de los cruciales compromisos de los Acuerdos de Paz que habían sido relegados por el gobierno signatario de los mismos, el régimen presidido por Álvaro Arzú.

Sin embargo, las circunstancias no eran favorables, dado que quien presidía el Congreso era el general Efraín Ríos Montt, ex jefe de Estado durante 1982-1983, uno de los períodos más duros del conflicto armado interno. El hecho de que la ley diese la potestad de acceder a información en manos del Gobierno implicaba que también se podía solicitar información del Ejército. La experiencia previa de la Comisión del Esclarecimiento Histórico -CEH-, a la que no se le permitió analizar información clave en poder del Ministerio de la Defensa hizo pensar que el espíritu de cuerpo

castrense no estaba preparado para desvelar las interioridades de las campañas contraiunsurgentes. Con la Presidencia del Legislativo en manos de un general retirado, actor clave de la guerra, el proyecto se estancó.

Luego, en la medida en el que el curso del gobierno iba avanzando y los medios informativos divulgaban denuncias sobre corrupción, tampoco el Ejecutivo mantuvo su interés, dado que precisamente el proyecto de Ley, de ser aprobado, habría dado acceso a documentos que revelaban el actuar del régimen en el mano de la cosa pública. Con un gobierno a la defensiva, por las acusaciones de malos manejos, y un congreso presidido por un general retirado y con varios ex militares como diputados, la perspectiva de aprobación de la ley se hizo cuesta arriba.

No obstante, tal como consigna Asociación DOSES en su informe anual de 2004, lo positivo del ejercicio fue sacar a discusión el índice de la información, no importando si la base de éste es pública o reservada, algo que al final quedó incorporado en la fallida iniciativa. Esto se logró gracias a los planteamientos de la Fundación Mack y de DOSES, organizaciones que lograron obtener el consenso sobre la necesidad de tener índices de información pública y la necesidad de construir y acceder al índice de la información reservada.


De un proyecto de acceso

al conflicto armado a uno de

transparencia y rendición de

cuentas

En las postrimerías del gobierno de Alfonso Portillo y del Frente Republicano Guatemala –FRG, ya en la campaña electoral, el candidato de la Gran Alianza Nacional –GANA- Óscar Berger hizo de la transparencia una de sus promesas de campaña. Cuando tomó posesión en 2005, nombró un Comisionado Nacional de la Transparencia. Este comisionado, el abogado Hugo Maúl, quien había sido magistrado del Tribunal Supremo Electoral, elabora y propone al Presidente Berger la aprobación de un acuerdo gubernativo titulado “Normas Generales de Acceso a la Información Pública del Organismo Ejecutivo y sus Entidades”, No. 645-2005. Tal como reporta Gramajo en su tesis doctoral:

“(…)los ministros se oponían al proyecto de manera global,unos manifestaron su rechazo ya que vislumbraban una avalancha de solicitudes de acceso a información que luego iba a ser utilizada en su contra y eso iba a perjudicar el desarrollo de su labor. Otros, llegaron al extremo de oponerse al proyecto en la línea de que el mismo era un contrasentido, pues cuestionaba la conducta de los funcionarios, quienes se autodenominaban honestos y éticos. Una de las funcionarias que más se enfrentó al proyecto fue la ex ministra de Educación, María del Carmen Aceña, señala Maúl”.

Esa oposición dentro del Ejecutivo hizo que el proyecto sufriera grandes modificaciones en la Secretaría General de la Presidencia, al grado que el acuerdo resultante desfiguró las intenciones del Comisionado, quien molesto expresó su intención de renunciar. El acuerdo resultante fue más una declaración

de principios que algo operativo y funcional.

Paralelamente a la discusión dentro del Ejecutivo, la sociedad civil reactivó sus esfuerzos de cara al Congreso. El grupo promotor toma como base el anteproyecto que fue elaborado por la SAE para continuar con la discusión. La entidad impulsadora de esta nueva acometida es Asies. y al finalizar las conversaciones se invita a Nineth Montenegro y Eduardo Zachrisson Castillo a presentar un nuevo borrador.

Se organiza un observatorio ciudadano de acceso a la información, dirigido por Acción Ciudadana. Esta entidad y DOSES organizan sendos seminarios, con la participación de experto internacionales como Francisco Escobedo, de México, y Roberto Saba, de Argentina. En el seminario de Acción Ciudadana participaron funcionarios de gobierno, quienes se comprometieron a impulsar la aprobación de una ley. El seminario de DOSES tuvo como fruto la integración de una alianza de ONG integrada por representantes de DOSES, la Fundación Myrna Mack, de Acción Ciudadana, de la Asociación de Investigaciones y Estudios Sociales (ASIES), de la Asociación para el estudio y la promoción de la Seguridad en Democracia (SEDEM), del proyecto de Fortalecimiento de Organizaciones Sociales en temas de Seguridad (FOSS) y del Centro de Estudios de Guatemala (CEG).

Las críticas hacia el Acuerdo 645-2005 ponen en una situación incómoda al Gobierno, que se ve cuestionado por la incongruencia de sus promesas de campaña y la emisión de esta normativa superficial y poco efectiva para

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propiciar el acceso a la información. Ello lleva al Ejecutivo a convocar en 2006 a mesas de trabajo para discutir el tema del manejo de la información y su asequibilidad a la ciudadanía. La discusión fue dirigida por Roberto González Díaz-Durán, gerente de la Presidencia. En la mesa participaron por parte del Gobierno, en orden alfabético:

Comisión Presidencial para la Reforma, Modernización y Fortalecimiento del Estado y sus entidades descentralizadas –COPRE-

Comisión Presidencial para la Transparencia y Contra la Corrupción,

Gerencia de la Presidencia

Instituto Nacional de Administración Pública - INAP-,

Ministerio de Finanzas Públicas –MINFIN-,

Oficina Nacional de Servicio Civil –ONSEC-,

Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia,

Secretaria General de Planificación y Programación SEGEPLAN-,

Secretaría General de la Presidencia,

Secretaría Privada de la Presidencia y

Superintendencia de Administración Tributaria –SAT.

Por parte de la sociedad civil, fueron invitadas organizaciones sociales, centros de investigación y medios

informativos. Los primeros dos se agruparon en la llamada Coalición por la Transparencia, en tanto que los medios no participaron en las discusiones sino solamente se limitaron a cubrir las sesiones.

Para entonces, la diputada Montenegro, ya se había constituido en un bastión de la transparencia y lucha contra la corrupción y Zachrisson, pues, era uno de los jefes de Bancada de la Gana y además presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, y se creía podía dar impulso al tema de acceso a la información. Ambos presentan una iniciativa conjunta, la 3165, el 9 de febrero de 2005. Sin embargo, la ley nuevamente se queda parqueada en el Congreso”, señala Gramajo.

“Años después nos enteramos que además del recurso de habeas data, podíamos tener acceso a más datos. Entonces con un equipo ideamos como crear un instrumento para accesar no solo a la información que consta de uno, sino información pública, cuyos datos deben ser conocidos”, comenta la diputada Montenegro.

Si bien uno de los resultado de la mesa fue el compromiso del gobierno de impulsar la aprobación de la ley en el Congreso, había dos problemas clave: 1. El gobierno no tenía una bancada mayoritaria que le permitiera impulsar legislación con facilidad, como sí lo podía hacer el FRG durante el gobierno de Alfonso Portillo. Y 2, las deliberaciones concluyeron en septiembre de 2006, con lo cual los primeros pasos que debían darse ya fueron malogrados por el inicio de la campaña electoral de 2007.

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El tema volvió a ser debatido nuevamente como promesa de campaña de tal manera que cuando toma posesión el candidato ganador, Álvaro Colom Caballeros, se instaura dentro del Ejecutivo, adscrita a la Vicepresidencia de la República la Comisión Nacional de Transparencia y Anticorrupción. Y por iniciativa del ministro de Finanzas Juan Alberto Fuentes Knight y del viceministro Carlos Barreda se instaura el viceministerio de Transparencia como parte de esa cartera.

La diputada Nineth Montenegro, conjuntamente con su compañero de bancada Armando Sánchez, presentará una nueva iniciativa, la número 3755, el 26 de febrero de 2008. Esta iniciativa se titula “Iniciativa que dispone aprobar Ley de Acceso a la Información Pública y Clasificacion y Desclasificación de Información Estatal Reservada”. De acuerdo con Gramajo (2008: 117), esta iniciativa fundamentalmente retomaba la que anteriormente había impulsado junto a Zachrisson. Es decir, la idea generadora y la manera como esta se plasma en el articulado replica a la iniciativa 3165.

También a finales de 2007 y principios de 2008, Acción Ciudadana en alianza con la legisladora Rosa María de Frade, realizan esfuerzos para poner en la opinión pública el tema del acceso a la información:

“En 2008, iniciamos con el apoyo de USAID, un proyecto que se llama promoción del acceso a la información pública. Uno de los componentes del programa era realizar un proyecto de incidencia para la aprobación de una Ley de Acceso a la Información Pública,

que ya lo habíamos intentado en otras ocasiones, sin éxito. Pero en este implementamos una estrategia de incidencia para que el tema no muriera dentro del Congreso”, señala, David Gaitán, de Acción Ciudadana.

La diputada de Frade, recuerda que “Nineth Montenegro ya había presentado una iniciativa. Y se buscó la unificación de ambas iniciativas para tomar más fuerza porque cuando uno está en el Congreso existe un rechazo de parte de los mismos diputados y diputadas a todas las leyes que tengan que ver con transparencia y lucha contra la corrupción”.

Además de la estrategia de incidencia, Acción Ciudadana y Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), contrataron a Ernesto Villanueva, coordinador del área de Derecho a la Información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para que diera sus observaciones y recomendaciones a las recién unificadas iniciativas de ley de Montenegro y de Frade.

“Fui invitado por la Agencia Internacional para el Desarrollo para participar como consultor y compartir la experiencia mexicana en dos aspectos: La forma de organización social y vinculación con el gobierno para aprobar una ley en materia de transparencia explicando sus ventajas para cada uno de los sectores involucrados; y para elaborar un anteproyecto de iniciativa de Ley considerando los avances existentes y ajustando los estándares internacionales y el caso mexicano a la realidad guatemalteca. La idea fue alcanzar lo mejor de lo posible en la circunstancia política guatemalteca”, resume Villanueva.

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Previo al escándalo de las inversiones del Congreso en la casa de bolsa MDF y de las acusaciones contra el expresidente Rubén Darío Paredes y el presidente Eduardo Meyer Maldonado, el 26 de marzo de 2008 Rosa María de Frade, presenta también otra iniciativa titulada “Iniciativa que dispone aprobar Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.

“Cuando nosotros analizamos las dos iniciativas, vimos que podían complementarse muy bien, porque la iniciativa de Nineth trabajaba muy bien el tema de clasificación y especificación de documentos que era más de lo que contenía su propuesta. Y la de Rosa María contenía más del tema de información de oficio que era la publicación en los portales electrónicos”, recuerda Gaitán.

Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, recuerda que el factor decisivo para la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública fue precisamente la divulgación de las inversiones, las comisiones cobradas por el diputado Paredes, que fueron documentadas por la IVE y el Ministerio Público y la posterior de los Q82.2 millones que habían sido depositados en MDF:

“Ahí empieza un acoso de la prensa hacia los diputados, titulares todos los días. Incluso se empezó a hablar de depuración y los que fueran depurados podrían irse presos. Todo ese ambiente hizo que se asustaran y en ese momento con Rosa María dijimos: ahora es cuando hay que meter la Ley”, indica Marroquín.

La diputada Montenegro coincide con Marroquín sobre esa coyuntura

escandalosa que derivó en la aprobación de la ley:

“Sólo así los partidos políticos y los bloques legislativos sintieron una válvula de presión y se aprobó”, expone. “Por eso cuando hago exposiciones digo que las crisis en Guatemala son las parteras de las reformas. Sin esas crisis, los diputados no se sienten contra la pared y no ceden para aprobar leyes trascendentales”, acota Gaitán, de Acción Ciudadana.

Tal como señala Gramajo, “Desde los partidos políticos y desde el Legislativo mismo no hubo una pronta respuesta que endilgara la responsabilidad a su(s) responsable (s). Todos cargaron con la culpa y los medios de comunicación y diversas corrientes de opinión pública se encargaron de favorecer dicha percepción e iniciar una campaña (no orquestada) en contra de la imagen del Legislativo por corrupción, ineficiencia, discrecionalidad y secrecía en el manejo administrativo.(2008: 125).

En medio de esa crisis, las diputadas De Frade y Montenegro, promovieron un dictamen conjunto a los dos anteproyectos de ley ante la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que era presidida en ese entonces por el congresista Oliverio García Rodas.

“Nineth y yo, tuvimos una participación activa junto al congresista Aníbal García y luchamos para que hubiera un dictamen. En ese entonces Oliverio García era el presidente de la Comisión y me pidió elaborara el proyecto de dictamen. Desde el principio tuvimos unos detractores increíbles, mucha gente”, recuerda De Frade.

Coyuntura escandalosa y aprobación de

la Ley


Ambas legisladoras recuerdan que las bancadas del Frente Republicano Guatemalteco (FRG), el Partido Unionista (PU), el Partido Patriota (PP), la Gran Alianza Nacional (Gana) y la entonces bancada oficial, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), eran los principales bloques que manifestaban reservas a la aprobación de una ley de transparencia.

“Al principio, el entonces presidente del Congreso, Roberto Alejos, nos decía que estaba difícil su aprobación. Incluso el propio Álvaro Colom descalificó públicamente está ley. Sólo porque alguien como su servidora las propuso, cuando al final no importaba quién las propusiera sino la utilidad pública que pueden tener. También Sandra Torres, la esposa del presidente salió a rechazar la ley”, rememora Montenegro.

De Frade dice que en aquel entonces los diputados “asociaban el tema con un eventual aumento de críticas. No querían que se diera a conocer los salarios, viáticos y ese tipo de cosas. Toda esta gente empezó a ponerse en contra del dictamen de la ley y fue una batalla conseguir las firmas y nuestros principales aliados fueron la sociedad civil y los medios de comunicación, entonces eso nos permitió explicarles a los guatemaltecos y guatemaltecas en qué consistía la ley y porque era tan importante su aprobación”, señala.

“Los que estaban en contra eran la GANA, el FRG, el Patriota y los Unionistas que por cierto eran los que más batallaban, y eran bancadas importantes y grandes. La UNE jugaba a grises, porque de repente te decía que sí y luego te salía con que no”, recuerda Montenegro.

“Los del Partido Unionista fueron la máxima oposición, pero a la vez, sin que lo supieran, se convirtieron en un aliado, porque hacían que el tema se mantuviera vigente con su constante confrontación y entonces los invitaban a muchos programas radiales y televisivos. Cada vez que hablaban en contra, era una oportunidad para mantener vivo el tema”, indica Manfredo Marroquín.

De acuerdo con Silvio Gramajo, el Partido Unionista, del alcalde capitalino Álvaro Arzú, se oponía porque de esa manera pretendían proteger a la Municipalidad de Guatemala: “Ellos lo que evidentemente querían era quitarle dientes a la ley para que no lograra penetrar a cosas como fideicomisos. Si usted se da cuenta hay un artículo el 16 pareciera ser que está destinado para los periodistas en él se dice que todas las personas que obtengan información son responsables de esta en función de lo que las leyes mandan, ese artículo lo metieron ellos, por ejemplo”, expone.

“Una de las principales victorias que hubo, fue que los Unionistas querían que se justificara para qué se iba a requerir la información siguiendo el artículo 30 de la Constitución que habla de la persona interesada. Eso tenía una connotación jurídica terrible. Si ellos lo hubieran logrado habrían matado el espíritu de la ley” comenta Gramajo.

Gaitán de Acción Ciudadana, también resalta la importancia que tuvieron los medios de comunicación para impulsar esta ley de transparencia. “Los medios de comunicación recordaban todo el tiempo que era el acceso a la información, la importancia de contar con una herramienta legal para acceder a la información

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pública y cuánto tiempo llevaban estas iniciativas entrampadas en el Congreso”.

También recuerda que Acción Ciudadana, desarrolló otras “estrategias de choque” para obligar a los diputados a comprometerse para apoyar la Ley de Acceso a la Información Pública, ante las cámaras de televisión.

“Recuerdo cuando iba a ser aprobada la ley en tercera lectura, mandamos a imprimir unos botones que decían 'Yo soy un diputado transparente, apoyo a la Ley de Acceso a la Información'. Entonces convocamos a los medios y nos fuimos a poner a la entrada del pleno, y cuando los diputados ingresaban, les decíamos 'diputado usted va apoyar la ley de acceso a la información pública'. Si nos respondían de manera afirmativa, les poníamos el botón y les pedíamos que lo utilizaran en el hemiciclo. Ante eso lógicamente todos decían si estar a favor. Fueron pocos los grupos que se negaron, como los Unionistas”, narra Gaitán.

También previo a su aprobación, la instancia de jefes de bloque, organizó seminarios para discutir la ley. Lo que ocasionó roces entre los diputados, recuerda De Frade:

“En los seminarios se dio otro lío porque no querían dejar entrar a los medios de comunicación. Nosotros pedimos que los dejaran entrar y estuvieran presentes para que se publicara cual era el acuerdo en cada artículo. Yo no me levantaba ni para ir al baño con eso digo todo. Porque se tenía el temor que en un abrir y cerrar de ojos quitaran elementos claros”, explica.

A criterio de Ernesto Villanueva, la oposición a la aprobación de una ley de esta naturaleza ha sido una constante en otros países de América Latina al momento de ser ratificada:

“Creo que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el ideal de un gobierno es ser percibido como el más abierto a cambio de permitir el menor acceso posible creando un gran número de excepciones o pocas pero haciendo definiciones genéricas en las excepciones para dificultar el camino. A pesar de eso, en Guatemala hubo mayor sensibilidad de la clase política que sus vecinos particularmente El Salvador que fue reacio a que se aprobara la ley”, señala,


Una ley aceptable, pero ante

una ciudadanía indiferente

“Creo que la población guatemalteca todavía no ha comprendido la importancia y la envergadura de la ley. Nosotros creemos que el tema de acceso a la información debería incluirse dentro de los pensum de estudios porque es una herramienta para hacer ciudadanía. Solo en la medida en la que un ciudadano se empodera y conoce, procesa información puede saber hacia dónde va y que quiere”, resume la legisladora Nineth Montenegro acerca del uso que tiene el Decreto 57-2008.

La parlamentaria considera que existe una idea equivocada que la Ley de Acceso a la Información Pública, ya que se le ve como una ley para los periodistas y diputados:

“Yo les digo que es para cualquier ciudadano. Es una llave para que la población pida y se informe de lo que él quiera siempre y cuando sea sobre fondos público”, comenta.

David Gaitán de Acción Ciudadana, coincide con Montenegro y también considera adecuado incluir el derecho a la información dentro de los pensum de estudios:

“Hay un desconocimiento generalizado del derecho de acceso a la información en Guatemala. Por ejemplo en México, dentro del currículo de la carrera de derecho llevan una rama de derecho civil, derecho penal, y del derecho a la información. Aquí es una pinceladita que dan en Ciencias de la Comunicación. Donde de manera muy superficial se les explica a los universitarios que existe un derecho a la información pública”, señala.

“Cuando uno revisa las sentencias estas carecen de doctrina que ilustren en un futuro. Por ejemplo, en el caso de Mi Familia Progresa la resolución de la Corte de Constitucionalidad

fue: “Se ampara provisionalmente a Nineth Montenegro y a Acción Ciudadana en virtud que ya se ha dicho constantemente que esa información debe ser pública, por lo tanto debe entregársele en un plazo…”, agrega Gaitán.

De Frade, también comparte la opinión del desconocimiento de la utilidad de la ley. “Lo que hace falta es dar a conocer la importancia de la ley en todos los niveles. A nivel de los abogados, de jueces, de las universidades, de los centros educativos y a nivel de la ciudadanía en general. Porque el gran problema es que la gente se ve ajena al Estado, ve de lejos al gobierno y se desatiende de los actos de corrupción”, asegura.

A criterio de la ex legisladora, los principales usuarios de la Ley de Acceso a la Información Pública “son diputados, empresarios, abogados y proveedores del Estado que buscan información más allá de lo que puede estar publicado en una página web. Pero sobretodo la sociedad civil organizada en el interior del país quienes solicitan información de las municipalidades”, señala.

En ese sentido, Gaitán, indica que el 80 por ciento de denuncias que ingresan al Centro de Asistencia Legal Anticorrupción de Acción Ciudadana provienen de la provincia del país.

En tanto, Silvio Gramajo, cree que una de las debilidades más grande de la ley es la indiferencia con la que ha actuado la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), a pesar que la Ley de Acceso a la Información Pública, le da funciones de ente rector para su cumplimiento:

“Nos enfrentamos a una PDH que le interesaban más otros temas, no le

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“La ley pudo ser mejor, pero lo

aprobado no está mal”

De acuerdo con Ernesto Villanueva, la normativa aprobada por el Congreso de Guatemala en 2008, se encuentra dentro del promedio ratificado por otras naciones latinoamericanas. “Pudo ser mejor, pero lo aprobado no está mal en el contexto latinoamericano”, expone.

A criterio del experto en relación con la ley aprobada en México existe una diferencia sustancial en cuanto al interés guatemalteco por conocer datos del pasado. “Guatemala tiene una característica muy distinta a México que reside en el deseo-necesidad de conocer información del pasado mientras en México el acento está más

bien en el presente o en el pasado inmediato”, asegura.

Villanueva resalta que la organización de los grupos sociales guatemaltecos a diferencia con otros países de la región es mucho más ordenada lo cual permite ser mucho más persistente al momento de buscar información con apoyo en la ley.

“Si bien es verdad que es más fácil obtener formalmente información en México, también lo es que los grupos sociales guatemaltecos son más organizados y persistentes en buscar datos con apoyo en la ley”, resalta Además comenta

interesaba ese tema para nada y con una visión poco inteligente sobre la transparencia”.

Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, confirma la indiferencia mostrada por la PDH y su visión politizada del asunto:

“Antes de la aprobación de la ley, fuimos a hablar con el entonces Procurador Sergio Morales, y este nos dijo que no quería saber nada del tema porque él estaba bien con los diputados y la Ley de Acceso a la Información no le gustaba a los legisladores”, menciona.

Por su parte, Ernesto Villanueva, considera de vital importancia crear una “cultura cívica” dentro de la sociedad guatemalteca para exigir a los gobernantes resultados en materia de transparencia:

“Creo que lo que nos falta no es tener las mejores leyes, sino los mejores programas educativos en la cultura de

un gobierno abierto”, acota. “La cultura cívica de la transparencia es lo más importante. Cuando en el año 2001 fui invitado por varios países para conocer sus sistemas de transparencia me sorprendió la sencillez y limitación de sus leyes y la ausencia de grandes obras sobre el tema. La respuesta que me dieron es que desde la escuela básica hasta la preparatoria de manera transversal aparecía la transparencia y la rendición de cuentas. En México nuestro sistema educativo es anticuado y formador de analfabetas funcionales y acríticos, lo que hace desde la perspectiva del poder “buenos” gobernados, pero ciudadanos limitados. Hoy 12 años después México tiene en el papel dentro de la Constitución y la ley, pero con un cumplimiento limitado. Suecia, el primer país del mundo en tener disposiciones en la materia y que acabo de visitar, hace tiempo tiene una ley muy limitada, pero con una gran sociedad para exigir y un gobierno claramente dispuesto a cumplir”, concluye.


que en México existe un ente regulador que garantiza el acceso a la información, sin embargo en Guatemala, esta propuesta “no fue bien recibida”.

Otro punto que fue tema de tensión y debate fue lo relacionado al acceso a información susceptible.

“Eso pasó también en México. La salida que se encontró en Guatemala fue hacer una ley de acceso a documentos en poder del gobierno y no a información en poder del gobierno que es muy distinta. La información puede estar contenida en distintas formas y los documentos como fue entendido se refirió a papel escrito. En México si bien se aprobó información se ha complicado obtener registros que no estén en papel”, explica.

Villanueva, dice que la resistencia de la clase política a una ley de esta naturaleza “es ha dado en todos los países de Latinoamérica”. “Creo que podemos decir sin temor a equivocarnos que el ideal de un gobierno es ser percibido como el mas abierto a cambio de permitir el menos acceso posible, creando un gran número de excepciones o pocas pero haciendo definiciones genéricas en las excepciones para dificultar el camino. A pesar de

eso, en Guatemala hubo mayor sensibilidad de la clase política que sus vecinos particularmente El Salvador que fue reacio a que se aprobara la ley”, comenta.

El especialista mexicano indica que los principales argumentos expuesto por los políticos para bloquear una ley de acceso a la información son los de “seguridad nacional, el orden público y la protección de los datos personales”. “Precisamente por eso es importante definir de manera limitativa estos conceptos. Por lo que se refiere a los Datos Personales hay que distinguir entre Datos Personales públicos y aquellos que no lo son. Un ejemplo común son las hojas de vida o currículum vitae que son importantes para saber si las personas que ocupan cargos públicos tienen los perfiles adecuados. ¿Estos documentos son datos personales? Sí, pero son mayormente públicos. ¿Qué podría ser confidencial o digno de protección para que no se revele? La dirección y el teléfono particular del servidor público. Y así como este hay varios casos que habría que hacer una lista y socializarla así como los argumentos de por qué es público o por qué no lo es”, señala.

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1. En Guatemala, el proceso de aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública se inició como una iniciativa limitada, en un contexto en el que no contemplaba este instrumento como una herramienta para ejercitar la cuentadancia.

2. El largo proceso de aprobación mostró una gran resistencia de los funcionarios para compartir la construcción del proyecto. En algunos momentos, el proyecto fue socializado por parte del Gobierno pero luego, como sucedió en las postrimerías del régimen de Alfonso Portillo, se evitó mostrar versiones finales y discutir cambios antes de enviarlo al Congreso.

3. Durante la administración de Óscar Berger lo que se ve es un mal entendido sentido del honor de parte de los funcionarios. Esta actitud se canalizó expresando el disgusto por todo aquello que exigiera cuentas, que fiscalizara el ejercicio de funciones, porque se asumía como poner en duda la honorabilidad del funcionario.

4. Durante la administración Berger, no obstante, se profundizó en la discusión y se perfeccionaron las conceptualizaciones que rodean a una Ley de esta naturaleza. La presencia de expertos de Argentina y México, invitados por Acción Ciudadana y DOSES, le sumó profundidad al significado y alcances al contenido de la ley.

5. Fue hasta la administración de Álvaro Colom que culminó el largo proceso iniciado en 2000. Sin embargo, no se debió a un cambio de actitud en el estamento político ni en los funcionarios de Gobierno, sino al estallido del escándalo de MDF. Este escándalo puso a la vista las consecuencias que tiene el manejo discrecional y sin transparencia de fondos públicos. La cobertura mediática y la efectiva acción crítica de la sociedad civil, sumada al compromiso de algunos diputados como Nineth Montenegro y Rosa María de Frade, y la colaboración de entidades internacionales como USAID, llevó a los diputados al Congreso y al propio Gobierno a acelerar el proceso de discusión en el pleno y a promulgar finalmente la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57 -2000.

6. Desde que la ley entró en vigencia, se ha visto un uso más constante de parte de medios informativos, que la utilizan para fundamentar sus reportajes. Sin embargo, como puede verse en los testimonios que se incluyen en la segunda parte de este documento, esta ley es también utilizada por ciudadanos para poder fiscalizar el trabajo que realizan diversas instituciones del Estado, en particular las municipalidades.

7. La Ley de Acceso a la Información es un instrumento que facilita la participación ciudadana, ya que da la posibilidad de que las personas puedan constituirse en observadores activos y críticos de los procesos administrativos gubernamentales.

8. A pesar de la aprobación, no quiere esto decir que haya más transparencia. Este es apenas el primer paso en un largo proceso de cambio cultural que habrá de tomar mucho tiempo, porque la tendencia enraizada en el ejercicio del poder público es precisamente a escamotear de la vista y análisis ciudadano todo lo que sea posible. En la medida en que la ciudadanía la utilice, en esa medida podrá instaurarse una actitud de participación activa en auditoría social y los funcionarios no verán como algo extraño y ajeno las peticiones para informar de sus actos.

9. Por supuesto, como se colige del proceso que aquí se reseña, hace falta también la voluntad política de instituciones claves, para que ordenen a sus funcionarios atender lo que la Ley de Acceso a la Información Pública les requiere hacer. Y también, es necesario que se sancione efectivamente a todos aquellos funcionarios que no atienden los pedidos de información pública.

Guatemala, mayo de 2013

Conclusiones

23Crónica

Acción Ciudadana (s.f.). El acceso a la información pública en Guatemala. Informe de tres experiencias piloto. Guatemala: Acción Ciudadana.

Asociación DOSES. (2004). Informe anual de actividades. Guatemala: DOSES.

Gaitán, D. (s.f.). Guía ciudadana para el acceso a la información pública. Guatemala: Acción Ciudadana.

Gramajo, S. (2010). Un pasado que aún pesa. Los legados autoritarios imprimen su huella en la ley de Acceso a la Información Pública en Guatemala. México, DF: FLACSO.Gramajo, S. (2008). El derecho de acceso a la información: Análisis del proceso de discusión y gestión en Guatemala. Guatemala: DOSES/SEDEM.

VILLANUEVA, E. (2006). El derecho de acceso de información en el mundo. México, DF: UNAM/Porrúa/Cámara de Diputados.

Entrevistas personalesRosa María de FradeDavid GaytánSilvio GramajoManfredo MarroquínNineth MontenegroErnesto Villanueva (vía correo electrónico).

Bibliografía


2

25Entrevistas

Segunda parte

Entrevistas


lejandro Pérez Periodista del

portal PlazaPública

Español

*A

27Entrevistas

La experiencia mas grata que tengo de uso de la Ley de Acceso a la Información a los primeros días de abril de 2010. Recuerdo

que por esas fechas existía una polémica en la Policía Nacional Civil por el uso de combustible en radiopatrullas. Y el ministro de Gobernación quería implementar un nuevo sistema de distribución de la gasolina. Entonces me nació la iniciativa de solicitar al Ministerio de Gobernación toda información relacionada a ese tema”, relata, el periodista, Alejandro Pérez y Pérez, quien laboraba para el Diario de Centroamérica.

De acuerdo, con el comunicador para entonces le fue bastante novedoso solicitar la información al Ministerio de Gobernación por medio de una solicitud electrónica. “Tenía conocimiento de la ley porque le di cobertura durante su proceso de aprobación pero pedir la información por internet eso sí que fue totalmente nuevo para mí. Al final todo resulto bien y la información me fue entregada”, comenta.

“En realidad lo único que tuve que hacer fue acceder al portal de internet del Ministerio de Gobernación, buscar la sección de acceso a la información. Llené un formulario en donde se me pedía mi nombre completo, número de cédula, institución a la que representaba y la información que solicitaba”, recuerda el periodista.

Pérez, solicitó al Ministerio de Gobernación, un desglose del combustible erogado por la Policía Nacional Civil durante 2009 y lo que iba de 2010. También pidió detalle de los gastos por comisarías y dependencias administrativas.

“Para entregarme esos datos pasaron 20 días hábiles. Con eso quiero dar a entender que la Unidad de Acceso a la Información me solicitó una prórroga de 10 días. La notificación para una extensión de tiempo llegó a mi correo electrónico el ultimo día que vencía el primer plazo”, explica. Tras ese lapso la información le fue entregada también por la vía electrónica, por lo que no incurrió en ningún costo.

Pérez, recuerda que el único inconveniente que se dio con su solicitud de información, fue que un jefe administrativo del Ministerio de Gobernación llamó al subdirector del Diario de Centroamérica, para indagar sobre las razones por las que el reportero había hecho la solicitud de información pública. “Como es sabido el Diario de Centroamérica pertenece al Ministerio de Gobernación. Por lo que el requerimiento pudo haber causado extrañeza. Pero mis jefes le explicaron de la importancia que hay en la independencias de la línea editorial por lo que me respaldaron y felicitaron por haber solicitado los datos vía la Ley de Acceso a la Información”, comenta.

“Al final publicamos una nota en la que dimos a conocer como se gastaban los fondos destinados a combustible dentro de la Policía Nacional Civil y la necesidad que existía en tratar de ordenar ese rubro debido a las discrecionalidad con la que contaban los jefes de la PNC para hacer uso de la gasolina”, menciona el periodista.

Pérez considera que la Ley de Acceso a la Información Pública “es una herramienta poderosa que necesitaba el ciudadano guatemalteco para fiscalizar a sus gobernantes y también para saber de primera mano sobre las decisiones que toman los tres poderes del Estado y las municipalidades” pero considera que el trabajo de los periodistas se ha visto parcialmente afectado. “Me he dado cuenta que algunos funcionarios o entidades del Estado maliciosamente solicitan prórroga para entregar la información y eso conlleva esperar por los datos aproximadamente 30 días calendario y eso para un periodista es terrible porque el tema puede haber perdido vigencia u otros medios de comunicación lo publican antes. Aunque insisto que para el ciudadano la Ley es positiva aun con la prórroga”, expone.

* Actualmente, Alejandro Perez trabaja para Plaza Pública, el portal web de la Universidad Rafael Landívar.

“


lejandro Pérez Reporter of web

news mediaPlaza Pública

English

A *

29Entrevistas

Alejandro Pérez used the Acces to Public Information Act when he was a rerporter in the governmnet newspaper

Diario de Centro América. “In the beginning of 2010 I had the most pleasant experience regarding the Access to Public Information Act. I remember that at this time there was a controversy on the use of gasoline for police cars, and Ministry of Interior wanted to implement a new distribution system. Consequently, I asked this office to provide me all the information about this subject.”

According to the reporter, when he made his inquiry, to make through e mail was a novelty. He mentions. “I was pretty aware about the content of the Law because I covered all the process of discussion and approval in Congress. However, asking for information online was completely new. At the end, everything worked out fine and they delivered me the information.”

He remembers. “All I had to do was look on the website of the Ministry of Interior and click on the public information link. There, they had made available an electronic form, which I filled out with my name, ID number, the media where I work for and the specific information I needed.”Pérez requested information about the procurement of oil bought by the Ministry for use by the National Police during 2009 and part of

2010. He asked for a report with the data disaggregated by years and precincts and other offices within the Police Department.

He says, “It took them twenty days to give me that information. They used a provision of the Law that allows them to ask for a ten days extension”. Several days before the new deadline, the Office of Public Information emailed him the requested information, so he didn’t spend any money on photocopies.

The only inconvenience which Perez recalls happened when a mid-level official at the Ministry called his boss at Diario de Centro America, where he was working at the time. The official asked his boss, the Asistant Editor, why would Perez need such information. “You may recall that Diario de Centroamérica belongs to the Ministry of Interior, so it was not a surprise that my request for that information arise suspicions. My bosses explained to the official the importance of having an independent newspaper with editorial freedom. They supported me with the authorities, and expressed their satisfaction that used the Access to Public Information Law to get information”.

The information I got gave me ground to write a news story which revealed how much did the Police Department spent in gasoline In addition, the story mentioned the waste and disorder, and the necessity to establish some

regulations to make the expense more efficient.”

Perez believes the Access to Public Information Act “is a powerful tool for Guatemalans to enact accountability at the different levels of Government: local, provincial, and national. It makes possible to know about decisions made by the three government branches –Executive, Judiciary, Congress- and the municipal.” It is true that the way it works is still not smooth, because the culture of opacity in the country makes public officials to distort its meaning, its provisions. “It is common that government entities and officials request an extension because they want to slow the processes for delivering the information. Journalists have had to wait a month to get the information requested. Whenever this happens, probably what they get would be outdated or it has already being published by other media. Even though those inconvenients, the Law is positive for society.”

* Currently, Alejandro Perez is working in the news website Plaza Pública, which is sponsored by University Rafael Landívar, a Catholic private college in Guatemala.


níbal GarcíaAbogadoA

Español

31Entrevistas

Aníbal García, es abogado y notario. Durante la legislatura 2008-2012 y en las elecciones generales de 2011 fue

candidato vicepresidencial en el binomio encabezado por Rigoberta Menchú por la coalición Winaq-URNG-ANN.

García se autodefine como un usuario frecuente de la Ley de Acceso a la Información Pública. “Yo utilizo mucha la Ley de Acceso a la Información, para hacer solicitudes tanto en mi calidad de abogado como ciudadano cualquiera, e incluso también a mucha gente la instruyo sobre el uso de la Ley para que sus requerimientos tengan éxito”, comenta.

De acuerdo con el ex diputado uno de los casos que le dejó con mayor satisfacción aconteció a inicios de 2012. “Uno de los casos más exitosos que he tenido es cuando solicite informes sobre minería al Ministerio de Energía y Minas”, relata.

“Como ciudadano me nació el interés en realizar un análisis sobre las regalías que produce la actividad de extracción de metales preciosos en el país. Para satisfacer esta inquietud acudí al Ministerio de Energía y Minas a solicitar informes oficiales”, detalla García.

El abogado recuerda que en esa ocasión se presentó a la Unidad de Acceso a la Información Pública del ministerio para hacer su solicitud. “Los encargados de la Unidad

se comportaron de una forma profesional y actuaron conforme les indica la Ley de Acceso a la Información Pública. Llené un formulario con mis datos generales y la información que les estaba requiriendo. A los días me enviaron un correo electrónico pidiéndome que fuera más específico en mi solicitud y en el plazo de los 10 días me entregaron todos los datos”, manifiesta.

García, recuerda que en esa ocasión solicitó al Ministerio de Energía y Minas le fuera entregado “el Acuerdo extraordinario que fue suscrito entre el gobierno y la empresa Montana Exploradora, el cual estipulaba el pago de un 5 por ciento en regalías en situaciones especiales. También pedí el listado de compañías que operan en Guatemala, las licencias de exploración y explotación que han sido ingresadas, autorizadas y rechazadas”, describe.

“Con esa información pude realizar un análisis el cual me indica que el presidente se equivocó porque debió promover una reforma a la Ley de Minería en lugar de buscar un acuerdo voluntario con la empresa minera, porque si Montana no llega a un nivel de ganancia establecido entonces solamente está obligada a pagar un 1 por ciento en concepto de regalías”, menciona.

De acuerdo, con García, no todas las solicitudes siempre tienen una resolución positiva, por lo que considera que debe existir voluntad política en el Ministerio

Público, una institución clave que a su criterio fortalecerían el derecho humano de tener acceso a toda la información que manejan las autoridades guatemaltecas.

“Francamente estoy preocupado porque aquí el tema es que la ley establece claramente una responsabilidad penal para quien no cumple con las obligaciones contempladas dentro de la Ley de Acceso a la Información Pública y sin embargo quienes contravienen los preceptos de este cuerpo jurídico no son objeto de sanción alguna. – “Si el Ministerio Público no investiga asesinatos, robos ni corrupción, menos aún lo hará con un tema de estos”, reflexiona el ex legislador.

El abogado García considera sería reabrir el debate sobre las limitaciones y alcances de la Ley y, discutir la posibilidad de promover una reforma para dar facultades más rigurosas a la Procuraduría de los Derechos Humanos. “Creo que una reforma que podría funcionar sería que se le diera realmente facultades a la Procuraduría de los Derechos Humanos como ente encargado de vigilancia de la aplicación de la ley, para que una vez denunciado un funcionario o empleado público por negación de información pública, la oficina del ombudsman pueda levantar un expediente sancionatorio y en caso se compruebe negligencia, ese expediente pueda ser utilizar para fundamentar la destitución del funcionario o empleado público”, concluye.


níbal GarcíaAttorney at lawA

English

33Entrevistas

Anibal Garcia is a lawyer. During the 2008 -2012 Legislation, he was a member of the Guatemalan Congress.

In the 2011 General Elections, Garcia ran for Vice-president for the coalition Winaq –Guatemalan National Revolutionary Union (URNG, in Spanish)–New Nation Alliance (ANN), a group of parties from the Left. The Presidential candidate was Rigoberta Menchu, who won the Peace Nobel Prize in 1992.

Garcia defines himself as a frequent user of Access to Public Information Act. “I use this law as a lawyer and citizen; in fact I teach people how to use this law in a successful fashion.” According to former congressman, one of the cases that gave him more satisfaction happened in early 2012. “It was in that occasion when I requested information from the Ministry of Mines and Energy.” “I wanted to know how much royalty mining generates in Guatemala; specially the one specialized in precious metals: silver, gold…. Therefore, I asked for the official reports of the Ministry of Mines and Energy”.

Garcia went personally to the office of Public Information and presented his request of information. “The personnel in charge of that Office were very professional and they follow the protocol stated in the law. I fill an application, which

asked for my personal data, and stated the information I need. A few days later, they sent me an email asking for more details about the information I wanted, and after ten days, they gave me all data.”

In that occasion, the Ministry gave him the information he asked for. “They provided me the agreement signed between Government and Montana Exploradora, in which the company commits to pay a five percent royalty. I also asked for the list of companies that work in Guatemala and the licenses for exploration and exploitation that have been received, authorized or rejected by the Ministry”.

“That information gave me the arguments to conclude that it was wrong for the President to sign such an agreement. He should have promoted a reform to the Mining Law reform of seeking this “voluntary commitment” by Montana. This agreement is valid only when Montana reaches a certain level of profit, otherwise, the royalties it pays are only one percent.”

According to Garcia not all requirements have a positive outcome. He thinks the Attorney General Office should have a more active role to make the Government office to comply with the Law. This institution is vital to strengthen the access to all information handled by Guatemalan authorities, which is a human right.

“This law clearly states a penal responsibility for those who do not abide with its regulations. Nonetheless, currently there are no sanctions. We know the Attorney General ´s has not the capacity for investigate murder, robbery nor corruption, so it is very difficult it will pay attention to violations to the Public Information Act.” The former congressman describes.

Garcia believes there should be a debate rto discuss the law´s effects and limitations, in order to promote several key amendments. One of them would give greater authority to the Ombudsman: “It’s necessary to empower the Ombudsman to enforce this law. Hence, whenever a public employee is charged with obstruction of public information, the Ombudsman would be able to initiate an investigation. If the official is found guilty, this investigation could be used to substantiate his or her dismissal”.


eovanni Contreras Reportero del diario

Prensa LibreGEspañol

35Entrevistas

Corrían los últimos días de diciembre de 2011 y el periodista Geovanni Contreras de Prensa Libre, se preparaba

para emplear por primera vez la Ley de Acceso a la Información Pública para una investigación periodística acerca de los trabajos de reconstrucción por la erupción del Volcán de Pacaya y el paso de la Tormenta Tropical Agatha y Tormenta 2CT.

“Recuerdo que el gobierno estableció un plan específico de reconstrucción y entonces me nació la inquietud de saber cómo iba la ejecución del mismo.

Y lo que hice fue repartir cartas de solicitud de información a todos los ministerios, secretarías y direcciones que estaban involucradas en el proceso de reconstrucción. Terminé solicitando información en más de 14 instituciones”, relata el comunicador.

Contreras, pidió a cada dependencia del Ejecutivo que estaba involucrada detalles de compras, adjudicaciones, montos y ejecución de obras de proyectos que habían sido incluidos en el plan de reconstrucción.

“La verdad, yo tenía una percepción de que la ley iba a ser ignorada por los funcionarios, pero en esa ocasión encontré una buena actitud en todas las unidades de Acceso a la Información. Tal vez la

única entidad que mostró un poco de resistencia fue el Instituto de Fomento Municipal; pero debo decir que al final si me entregaron toda la información, tal cual, fue solicitada”, señala.

El periodista, dijo que uno de los principales problemas que afrontó al momento de requerir la información fue que no había un proceso estándarizado, o un protocolo establecido, por lo que “recurrí a redactar cartas de solicitud similares porque todas las dependencias estaban involucradas con la construcción de obras o compras de insumos en renglones presupuestarios específicos, por lo que solo cambiaba obviamente el saludo y la institución a la que iba dirigida”, comenta.

Contreras, recuerda que solamente el Instituto de Fomento Municipal y el Ministerio de Salud hicieron uso de su derecho de prórroga para hacer entrega de la información. Sin embargo, al final entregaron la información tal y como la solicité”.

“De toda la información me fue entregada publiqué un reportaje en los últimos días de 2011 en la que evidenciaba que el proceso de reconstrucción por los destrozos ocasionados por los fenómenos naturales marchaba con retrasos. Y esto, pese a contar con la figura del Estado de Calamidad Pública, la cual le daba la potestad al gobierno de hacer adquisiciones y adjudicaciones burlando la Ley

de Contrataciones del Estado. En resumen se evidenciaba la incapacidad de las autoridades para ayudar a la población que se había visto afectada”, señala.

Pese a que la ley estipula que los solicitantes deben asumir el costo de las copias, las autoridades no le requirieron pago alguno por las fotocopias entregadas. “Ha de haber sido porque me identifiqué como periodista”, anota.

Para Contreras la apertura mostrada en esa ocasión por parte de las autoridades al entregar la información pública, lo ha impulsado a convertirse en un usuario frecuente de la Ley de Acceso a la Información Pública. “Yo soy de los que utilizo bastante seguido la ley, y soy de los que constantemente estoy mandando solicitudes. Siempre voy a dejarlas personalmente. Aunque debo señalar que desde que asumieron las nuevas autoridades tengo la impresión de que el tema de acceso a la información se ha vuelto más difícil. Afortunadamente creo que ha ido muy bien en el 80 por ciento de las peticiones”, indica.

“Creo que la Ley de Acceso a la Información Pública es un instrumento de fiscalización valioso, que en mi caso como periodista refuerza mi trabajo y mis publicaciones. Y también considero que el ciudadano tiene que empezar a hacer valer su derecho de pedir, analizar y cuestionar en que se invierten nuestros impuestos”, puntualiza.


eovanni Contreras National correspondent

of Prensa Libre, the leading newspaper in

Guatemala CityGEnglish

37Entrevistas

On the last days of December 2012 Geovanni Contreras, journalist of Prensa Libre, was preparing

himself to use for the first time Access to Public Information Act. He was doing research for a news story on reconstruction works after the eruption of Pacaya Volcano and aftermath of Tropical Storm Agatha and Storm 2CT.

He says, “I remember Government established a specific reconstruction plan and I felt curious to know about its completion. Therefore, I wrote several letters requesting to all Ministries, Secretary Offices, and Director Offices involved in the reconstruction process.

Contreras asked each department involved for details on the rebuilding plan. He asked for spending details, earnings, amounts, and information about the work done in other projects included in this plan.

“I had the impression this law was going to be ignored by officials, but in that occasion I felt a good attitude from all Access to Information Units. Probaby, the Instituto de Fomento Municipal (Municipal Development Institute) was the only unit that didn´t cooperate with my research, but I at the end it gave me all information as I asked for it.”

Contreras says one of the main

problems he had to face was an absence of a standardized procedure or protocol to request information. “Consequently, I wrote similar letters since all extensions were involved in specific budgets of construction works and supply acquisitions. “I only changed salutations and institution names.”

In Contreras recollection, only the Ministry of Health and Municipal Development Institute requested an extension to provide him with this information. “Nevertheless, in the end they gave me the information just as I asked for it.”

He mentions, “All this information would give me the context and data need for my story. When I publish it, it showed that the reconstruction process wasn’t efficient and didn’t evolve in a timely fashion, even though Government, under Public Calamity State, had authority to evade the Law for Procurement. In conclusion, officials in charge of reconstruction were obviously incompetent in solving the problems of victims of thoses catastrophes.”

Even though it is stated that people requesting public information must pay for documents photocopies; authorities didn’t charge him. “Maybe it was because I identified myself as a journalist.” He says.

Contreras felt encouraged by how the Public Information Law

works, therefore, he uses it as a tool for doing his job. “I use this law frequently to request information for my news stories. I have the feeling nowadays that it is becoming difficult for us to have more access to document because the current administrations seems to dislike the scope of the law. Fortunately, I have been successful in eighty percent of my requests”.

“I think the Access to Public Information Act is a valuable regulation tool; in my case it reinforces my job and buttresses reporting. I also believe citizens should start enforcing their right and ask, analyze, and question how taxes are invested. And they can do that making use of the Access to Public Information Act”.


uan FranciscoMarroquín

Vecino de OratorioSanta RosaJ

Español

39Entrevistas

Juan Francisco Marroquín, es un vecino de Oratorio, Santa Rosa, a quien la Ley de Acceso a la Información Pública, le permitió obtener

datos salariales de su comuna. “Yo me acerqué a la Municipalidad de Oratorio para requerir toda la información disponible que estuviera relacionada al salario del alcalde y toda su corporación municipal, porque la verdad los vecinos de acá teníamos dudas al respecto”, expone.

A pesar que la ley define que en un plazo de 10 días hábiles debe ser entregada la información, en este caso el desconocimiento, la indiferencia y la opacidad, por parte de las autoridades, hicieron que los datos fueran entregados casi tres meses después de solicitada.

“La primera vez que me presenté en la Municipalidad de Oratorio recibieron en la recepción mi solicitud con indiferencia. Se vencieron los plazos y al final nada ocurrió”, relata, Marroquín.

El vecino de Oratorio, no se dio por vencido y acudió por segunda ocasión. “Regresé y en esa oportunidad fui atendido por la señorita encargada de la Unidad de Acceso a la Información Pública y también por la secretaria del alcalde. Las dos empleadas municipales me atendieron enojadas y en forma prepotente me notificaron verbalmente que no me podía ser entregada por la

situación de inseguridad que vive el país”, expone.

Nuevamente Marroquín hizo un tercer intento, y en esta oportunidad buscó asesoría con Acción Ciudadana y la Procuraduría de los Derechos Humanos. “Busqué ayuda con la gente de Acción Ciudadana y ellos amablemente me proporcionaron una carta en la que le detallaban a las autoridades de la Municipalidad de Oratorio, los artículos que respaldaban mi solicitud de información pública”, comenta.

“Con carta en mano regresé otra vez a la municipalidad y esta vez no les quedó otra que entregarme la información. Pero como ellos no quería dar su brazo a torcer se la enviaron a los delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos y entonces ellos me contractaron y me entregaron los datos que había solicitado”, expone, Marroquín.

De acuerdo con el entrevistado entre la primera y la tercera solicitud trascurrieron tres meses para que la información fuera entregada y no tuvo que gastar dinero en las copias que recibió.

“Con los datos que me fueron entregados pude constatar la existencia de plazas fantasmas. También que hay empleados que injustamente tienen salarios entre los Q800 y Q1 mil mensuales, mientras que la corporación

municipal y el alcalde tienen salarios altísimos”, recuerda el vecino de Oratorio. Quien también dice que con la información proporcionada mediante la Ley de Acceso a la Información Pública, pudo constatar que existen algunos empleados municipales que fueron contratados para desempeñar unas funciones, sin embargo, están a cargo de otras. “Por ejemplo tenemos un policía municipal y lo tienen barriendo calles, y también hay contrataciones anómalas que ponen personas que supuestamente son empleados pero no aparecen en planilla ni nada y se cobra ese sueldo”, denuncia

Juan Carlos Marroquín, dice, que tras la experiencia, él y otros vecinos, decidieron organizarse y conformar una asociación que fiscalice los gastos y toma de decisiones de la Municipalidad de Oratorio, Santa Rosa. “En estos momentos el Ministerio de Gobernación debe estar por autorizar nuestra organización y entonces queremos aprovechar al máximo la Ley de Acceso a la Información Pública para investigar como ejecutan nuestros fondos en la Municipalidad”, señala.

“La verdad es que una Ley de esta naturaleza nos da la oportunidad a nosotros los ciudadanos acá en la provincia de exigir cuentas a las autoridades sobre cómo se gastan nuestros impuestos”, concluye Marroquín.


uan FranciscoMarroquín

Local of OratorioSanta Rosa J

English

41Entrevistas

Juan Francisco Marroquin lives at Oratorio, in the southeastern department (province) of Santa Rosa. He used the Access to Public

Information Law to know how much did public servants earn at the Municipality. “As neighbors we had doubts about it so I went to the Municipality of Oratorio and asked for all the information available regarding the wages of all the employees of the Municipality, including the Mayor´s”.

The information requested was delivered 3 months later, even though the Information Act stipulates a period no longer than ten days. Marroquin notices that the lack of interest was the main reason of this delay. However, the key data was missing.

“When I first submitted my request at the City Hall, the employees didn’t show any concern to fulfill it. Therefore, the deadline came, and they didn’t give the information”.

After this setback, Marroquín decided that he wouldn´t give up, and submitted the letter requesting the information for second time. “When I went to the City Hall, the Mayor´s secretary and the woman in charge in charge of the Access to Public Information Unit showed up to discuss my request. Both employees were arrogant and they seem to be angry. They told me this information, due to the country insecurity, was confidential.”

Marroquín made a third attempt. This time he asked the Ombudsman and Acción Ciudadana (the local chapter of Transparency International) to advise and help him. “I requested help to Accion Ciudadana. They wrote a letter for Municipality in Oratorio. In this letter they mentioned the dispositions of the Information Act which backed up my petition.

I took the letter to the municipality and this time, after reading it, they had no choice but to give me the information. However, as a way to save face, they didn’t give it to me personally: the sent it to the Ombudsman’s Office. This office contacted me and gave it to me”.

Between the first attempt and the delivery of information, there was a period of three months. The Municipality didn´t charge him for the photocopies.

“The information I got was very useful to find out the existence of “ghost employees”, people that where in the payroll but never showed up to their jobs. In addition to that, I learned the great gaps between the Mayor wage and other employees, who didn’t get more than 800 or 1,000 thousand quetzals.” Through the Access to Public Information Act he was able to verify the Municipality didn’t respect the job descriptions: “For instance they hired a person to work as a municipal policeman,

but actually he was assigned to sweeping floors”.

The information they found made Marroquin to call other neighbors to organize, to establish a citizen’s association to make the Municipality accountable. Now, they have a NGO whose mission is to oversee how the Municipality administers its budget. “We are very close to get the registration from the Interior Minister to become a legal organization. Whenever we get legal recognition we want to take advantage of the Access to Public Information Act and keep an eye on how our municipality manages public funds.”

“This Law has enabled us, citizens of Oratorio, to put more attention on how the authorities spend our taxes.”


uan Ramírez López Vecino de Magdalena

Milpas Altas,SacatepéquezJ

Español

43Entrevistas

Durante la campaña electoral de 2007, el entonces candidato a alcalde del municipio de Magdalena Milpas

Altas, Sacatepéquez, Juan Martínez Méndez, prometió a los vecinos que cuando fuese electo pondría en ejecución un programa de remozamiento de las escuelas que existen en esa localidad.

“El entonces candidato nos hizo un ofrecimiento para que nuestros hijos pudieran ir a estudiar a escuelas más amigables. Eso nos pareció muy positivo. Sin embargo, a inicios de 2010, siendo ya alcalde, esa promesa no había sido cumplida y por eso junto con unos amigos decidimos solicitar información sobre se tema haciendo uso de la Ley de Acceso a la Información Pública”, relata Juan Ramírez López, vecino de Magdalena Milpas Altas.

El principal temor de los vecinos era que los fondos asignados para el proyecto hubiesen sido trasladados a otros programas. “Teníamos nuestras sospechas de una malversación de fondos y de no ser así entonces queríamos una explicación sobre la lentitud en los trabajos”, explica Ramírez López.

“El alcalde no atendía nuestras peticiones de diálogo para que se nos diera una explicación. Por lo que decidimos utilizar la Ley de Acceso a la Información Pública para obtener los datos que nos

interesaba”, comenta el vecino. “La decisión de ir a la municipalidad y pedir la información no fue fácil porque nadie en su vida había hecho solicitudes de ese tipo”, agrega.

A la inexperiencia de este grupo de vecinos se sumaron dificultades que puso la Municipalidad de Magdalena Milpas Altas. “Para empezar en 2010 el alcalde aun no había instalado una Unidad de Acceso a la Información como está escrito en la Ley. Llegamos en tres oportunidades a pedir los datos y en las tres ocasiones nos dijeron que simple y sencillamente no nos podían dar esa información, porque era confidencial de parte de Tesorería y que estaba prohibido pedir eso porque eran reglas de la municipalidad establecidas por el alcalde”, narra.

De acuerdo con Ramírez, en las tres oportunidades que se acercaron al edificio edil los empleados municipales evitaban atenderlos y los remitían de un departamento a otro. “En la recepción nos decían que no tenían ese tipo de información, que fuéramos con la secretaria del alcalde, ella también decía desconocer del tema y nos envió a la Tesorería, allí cuando preguntamos los trabajadores se vieron las caras y nos dijeron en forma mal encarada que dejáramos de preguntar por eso porque no íbamos a conseguir esa información”, expone.

“Yo considero que esa administración municipal era muy deficiente y buscaba hacer todo en secreto. A lo mejor por eso el alcalde no fue reelecto. Pero sentimos que se burlaron de nosotros que teníamos un interés verdadero, legitimo y sustentado en querer fiscalizar el programa de remozamiento de escuelas”, comenta Juan Ramírez.

El vecino de Magdalena Milpas Altas, recuerda que un tiempo después de que ellos plantearon su petición, la municipalidad declaró prohibido solicitar los salarios de los empleados y otro tipo de informaciones. Esta decisión arbitraria provocó que los medios de comunicación cubrieran el hecho y adquiriera relevancia mediática, sin embargo “la actitud negativa del alcalde se mantuvo y no fue posible acceder a la fiscalización ni a los sueldos de los trabajadores de la municipalidad”.

Ramírez López, indica que con la nueva administración municipal no ha intentado hacer uso de la Ley de Acceso a la Información Pública “pero puede que ahora busque el apoyo de organizaciones de Acción Ciudadana o la Procuraduría de los Derechos Humanos para que los políticos sientan presión y se respete nuestro deseo de saber en que se utilizan nuestros impuestos”, concluye.


uan Ramírez López Resident of Magdalena

Milpas Altas,SacatepéquezJ

English

45Entrevistas

During the 2007 electoral campaign, Juan Martinez Méndez, in those days candidate for Mayor of Magdalena Milpas Altas,

Sacatepéquez made a promise: he said that whenever he would be elected, his administration would launch a program to repair all local public schools.

“As a candidate, Martinez promised he would improve Magdalena´s public schools. It seemed a positive initiative. However, after taking office in January 2010, he didn’t deliver. That was why a group of friends, all of them residents of Magdalena, decided to ask the Municipality for information regarding whether there were any plans to fix the public schools’ buildings. We supported our petition on the Access to Public Information Act”, says Juan Ramírez.

The petitioners were anxious about the prospect that the school funds might have assigned to other projects. “We were suspicious that the funds had been misused. Whatever the case we wanted an explanation about why the process of repairing schools was taking so long”, says Mr. Ramírez.

“Mayor Martinez was not willing to give us any explanation. Therefore, we decide to invoke the Access to Public Information Law has to get the information he denied us. This decision wasn’t an easy one, because we were the very first in

this locality to do so. No one has ever done it before.”

In addition to the petitioner’s lack of experience on Information Act’s procedures, the Municipality of Magdalena Milpas Altas wasn’t helpful. They produced a lot of hindrances. “First of all, the Mayor didn’t comply with the mandate of the Access to Public Information about establishing an office to deal with these issues. In three different occasions, we visited the City Hall to ask for this information and each time they denied it. According to them, what we were requesting was classified and the only authority that had access to it was the Treasury Office. Only the Mayor had the power to release it.”

Each time Ramírez and his group visited the Municipality, it was like crashing with a bureaucratic wall. No municipal official would give course to their petition. Everyone dodged it and send the group to different offices. “At the front desk they would say they didn’t have access to this information; they would send us to the Mayor’s secretary. The secretary would say she didn’t have access to this information and would ask us to go to Treasury. At Treasury the employees would look to each other, bemused, and told us we wouldn’t get this information, so we better stop asking.”

“This administration was incompetent and I think this was

the reason why they wanted hide all his actions from the people’s sight. That may be the reason of the Mayor losing his reelection bid. The mayor and his personnel laughed at our real concern in making the renovation school process accountable.”

Mr Ramírez, recalls that few months after they filed they information request, the municipality declared confidential any information about the pay roll and other kinds of material. This was criticized in the National media, but the Mayor was unrelenting in his position. “Thus, it wasn’t possible to make him and his personnel accountable. We weren’t able to know how much did the municipal employees earned at the time”.

Ramirez Lopez says they haven’t used yet the Access to Public Information Act to make accountable the current Administration. “However, next time we may ask the Ombudsman and Acción Ciudadana to help us, because in that fashion, the politicians will think twice not to disrespect our right to know how our taxes are spent”.


La reproducción de esta publicación fue posible gracias al apoyo del pueblo de losEstados Unidos de América proporcionado a través de la Agencia de los EstadosUnidos para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido expresado en este

opiniones de la USAID o del Gobierno de los Estados Unidos de América.

Crónica de un proceso hacia la transparencia

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