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De las arcas fiscales al negocio familiar:
Cores aprobaron millonarios fondos regionales
para favorecer a sus propias empresas
Entre 2009 y 2013, los entonces Consejeros Regionales (Cores)
del Biobío Eduardo Araya
(PS) y Óscar Ferrel (DC) asignaron en total más de $3.000
millones en recursos para
proyectos financiados con el Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR).
Posteriormente, las licitaciones fueron adjudicadas a un call
center y una constructora:
ambas empresas vinculadas a ellos y sus familiares. Incluso, el
democratacristiano negoció
alzas a los contratos por $500 millones extra entre marzo y mayo
de 2014. Pese a que este
conflicto de interés es una práctica ilegal, ninguna de las
mencionadas autoridades fue
expulsada del Consejo Regional, según lo ordena la ley de
Gobiernos Regionales.
Por: Jonathan Flores Belmar
Concepción, junio de 2014
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Cerca de las 17:30 del 28 de diciembre de 2011, con sus 22
miembros presentes,
comenzó la última sesión del año del Consejo Regional (Core) del
Biobío liderado por el
entonces intendente Víctor Lobos (IND) en Concepción. Tras
saludar a todos los alcaldes
presentes en el Salón Mural del edificio de gobierno, ubicado
frente a la Plaza España, las
autoridades comenzaron la revisión del informe de la Comisión de
Gobierno.
Su presidente, el entonces Core Óscar Ferrel (DC), explicó los
detalles de una
reunión que sostuvo ocho días antes en la Gobernación de Ñuble
para analizar el futuro
del proyecto de mejoramiento de la Ruta N-55, que mantenía un
tramo sin pavimentar de
7.8 kilómetros entre el sector Las Trancas y las Termas de
Chillán. Para ello, conversó con
el gobernador de Ñuble, Eduardo Durán (RN); el alcalde de
Chillán, Sergio Zarzar (RN); el
alcalde de Pinto, Fernando Chávez (UDI); representantes del
Consorcio Nevados Chillán, la
Hotelera Somontur e Inmobiliaria Aitué.
Allí alcanzaron un acuerdo de financiamiento compartido para
lograr concretar las
obras que requerían cerca de $3.442 millones en total. La mitad
la aportó el gobierno
central, mientras que el dinero restante, cerca de $1.721
millones, debía salir del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Por su parte, los
interesados (municipios y
empresas) ofrecieron aportar $300 millones que posteriormente
fueron ingresados a las
arcas fiscales. De esta forma, tras su explicación, Ferrel
mostró a sus pares la conveniencia
de la iniciativa.
Minutos más tarde, la Comisión de Presupuesto –que revisó el
proyecto
previamente y recomendó aprobarlo sin objeciones– sometió la
propuesta a votación del
Core, donde fue aprobada por unanimidad. Ferrel incluido.
Más de dos años después, en una sesión realizada el 9 de enero
de 2013, el
entonces Core de la Provincia de Ñuble Juan del Pino (RN) pidió
la palabra y preguntó
sobre el estado de la licitación realizada por el Ministerio de
Obras Públicas (MOP) para
pavimentar la Ruta N-55; un cuestionamiento que le surgió a raíz
de una publicación
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realizada dos días antes en el Diario La Discusión de Chillán,
donde ya se anunciaba cuál
era la oferta más baja existente para adjudicarse los
trabajos.
Debido a que en el proyecto había dinero del FNDR involucrado,
solicitó de
inmediato información oficial para corroborar si los hechos eran
ciertos. Inmediatamente,
el intendente Lobos propuso consultar directamente al MOP para
aclarar las dudas.
Pero nada de eso fue necesario. Óscar Ferrel, quien fue Director
Nacional de
Vialidad entre 1992 y 1997, entró de golpe en la conversación y
confesó que su empresa
Ingeniería y Construcción Cosmito Limitada (ICCOS LTDA) se
adjudicó la licitación tras
presentar la oferta más baja: $3.341 millones de pesos (ver
recuadro).
Antes de cualquier reacción, Ferrel defendió la irregular
adjudicación diciendo que
Contraloría General de la República no le prohibía aprobar los
recursos, ya que sólo lo
limitaba a no participar del proceso de licitación, del cual no
son parte los Cores, porque,
en su caso, es una decisión del MOP. De hecho, al ser contactado
sobre el tema, Ferrel no
reconoce ni cree estar incurriendo en una ilegalidad. “Yo tengo
mi conciencia tranquila”,
expresó.
Por lo mismo, no fue la única obra que se adjudicó el consejero.
El 26 de octubre
de 2011 también votó a favor de reponer los puentes Malvén y
Chumulco en la Ruta Q-80,
que unen las localidades de Negrete y Mulchén en la Provincia de
Biobío. El proyecto
consideró $1.347 millones con cargo al FNDR y de igual modo el
Consejo Regional aprobó
la iniciativa por unanimidad.
Pese a todos los cuestionamientos recibidos, ambos proyectos
tuvieron
modificaciones de contrato que aumentaron los recursos para
ICCOS LTDA. En marzo de
este año, la Dirección de Vialidad cedió $448 millones
adicionales para concluir las obras
de la ruta entre Las Trancas y las Termas de Chillán. Mientras
que en el caso de los dos
puentes, las asignaciones subieron $95 millones extra, según el
contrato firmado el 5 de
mayo pasado.
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Al respecto, el hijo de Óscar Ferrel, quien tiene el mismo
nombre y se encuentra a
cargo de la gerencia de la empresa de su padre, explicó que
ambas extensiones de los
contratos son justificadas. En el caso de la ruta N-55, aseguró
que se debió a un aumento
en los costos de las barreras de contención de vehículos que
consideraba el proyecto, ya
que “se trató de reducir las partidas por varios lados y esa fue
una de las partidas (de la
licitación) que no se incorporó en su dimensión real, ya que eso
no se puede ver hasta que
vas terminando el camino y puedes determinar qué tan peligrosas
son las curvas”, explicó.
Respecto de los puentes en la Ruta Q-80, dijo que simplemente se
trató de un error en el
cálculo de la cantidad de materiales a ocupar.
Así las cosas, al igual que los 22 Cores de ese entonces
(actualmente son 28), Juan
del Pino también votó a favor y, sin saberlo, se convirtió en
cómplice de una mala práctica
que siempre ha quedado en rumores y comentarios de pasillo, pero
que se ha repetido
más de una vez en el periodo 2009-2014.
Beneficiando a la familia
Según explica Del Pino, el caso anterior es uno de los más
millonarios, pero no es el
único al interior del Core. Todo se trataría de una práctica
común asumida como normal
por algunos integrantes del Consejo Regional que han aprovechado
sus facultades para
beneficio propio.
De forma extraoficial, según confirmaron algunos ex integrantes
del Core, Juan del
Pino comentó internamente la existencia de algunos conflictos de
interés, pero nadie lo
apoyó ni respaldó su posición. “Yo me sentía un Quijote en el
Consejo diciendo ‘esta
cuestión es impresentable’ y todo el mundo miraba para el lado.
Por eso no seguí (en el
Core)”.
–Algunos consejeros tenían mucha incidencia en determinados
proyectos. Y
también, de una u otra forma, actuaban con ciertas intenciones
que me parecían muy
poco éticas.
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– ¿Qué intenciones?
–De favorecer a familiares en forma particular.
En términos concretos, Del Pino se refiere a Eduardo Araya (PS).
En el Fondo de
Subvención de Carácter Social y Rehabilitación de Drogas del
FNDR, el Servicio Nacional
del Adulto Mayor (Senama) presentó tres proyectos para las
provincias de Arauco, Biobío
y Ñuble para asistir por vía telefónica a ancianos vulnerables
con más de 65 años. Todos
fueron aprobados en la sesión número 22 del Core realizada el 21
de noviembre del 2012.
Seis meses más tarde, las licitaciones fueron adjudicadas a la
empresa Servicios
Integrales de Ayuda al Adulto Mayor Limitada (SIAAM LTDA), que
pertenece en un 50% a
Norma Arroyo, la actual pareja de Araya y con quien tiene dos
hijas. “Eso lo sabían todos
los colegas. Era de conocimiento público”, expresó el ex
consejero RN.
Hasta la fecha, el servicio que SIAAM ofrece es un seguimiento a
los adultos
mayores vulnerables que, gracias a recursos públicos, reciben un
teléfono móvil (con
números grandes y un botón de emergencia en la parte trasera),
para obtener asistencia a
distancia a la hora de tomar sus medicamentos, visitar al médico
u otra necesidad
específica.
El 30 de marzo de 2012, el proyecto del Servicio Integral de
Asistencia al Adulto
Mayor Limitada (SIAAM LTDA.) recibió $50 millones de pesos desde
Corfo a través del
Capital Semilla de Innova Biobío, que apoya la puesta en marcha
y despegue de negocios
innovadores en general. Según información de Corfo, toda esa
inversión pública
representó casi un 80% de los $64 millones que se requerían para
financiar el total del
proyecto; aunque quienes son parte de éste actualmente niegan lo
anterior y dicen que la
inversión total alcanzó en realidad los $150 millones. (Ver
recuadro)
De hecho, se trata de un proyecto tan innovador que la misma
Norma Arroyo
reconoció que “no tenían competencia”. En efecto, eso sólo fue
en un inicio, ya que ahora
hay dos empresas más (Eulen y Familia en Línea) que prestan
servicios similares desde
Santiago, pero de todos modos son los únicos que funcionan en la
región.
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Según consta en Mercado Público, la plataforma online de
licitaciones del Estado,
los contratos sumaron casi $100 millones en conjunto. Los
correspondientes a Biobío y
Ñuble fueron firmados el 3 de mayo de 2013, por $30 y $34
millones respectivamente;
mientras que el tercero para Arauco se concretó el 18 de abril
del mismo año por $32
millones adicionales. Al respecto, Juan José Río, Gerente
General de SIAAM y quien firmó
los contratos con Senama, dijo que se enteró de un posible
conflicto de interés justo antes
de iniciar el proyecto, por lo que le consultó a Araya en ese
momento. “Yo no estoy
casado con Norma Arroyo”, le respondió el entonces consejero,
dando a entender que
con eso no habría ningún problema legal al respecto.
Pese a que estuvo presente en la sesión 22 del Consejo Regional,
Araya se restó de
la votación de la glosa que incluía los tres proyectos que
terminaron a favor de su pareja.
Aun así, no se inhabilitó abiertamente ni reconoció de forma
oficial sus intereses respecto
de la iniciativa. Y enseguida, sin explicación aparente, retomó
su participación en las
demás decisiones que el Core acordó en esa misma jornada.
Según explicó Araya, lo anterior habría sido a consecuencia de
llamadas telefónicas
que lo habrían hecho entrar y salir reiteradas veces de la
sesión. Él mismo contó que esa
jornada se mantuvo muy preocupado por el robo de una propaganda
perteneciente a su
campaña que buscaba la reelección en 2013. Aun así, existe una
contradicción, ya que la
sesión en que se discutió el financiamiento a los proyectos fue
en noviembre de 2012, por
lo que es improbable que en esa fecha ya haya tenido propaganda
política instalada.
Por su parte, Estrella Mollá, ciudadana española que trajo la
idea del proyecto
desde su país y quien es dueña del otro 50% de SIAAM, aseguró
que Norma nunca le
comentó sobre un eventual conflicto por la ocupación de su
pareja. “Si ella montó este
negocio conmigo es porque no le debe influir en nada”, aseguró.
Pese a que sabía que
Eduardo Araya se desempeñaba como Consejero Regional, tampoco
advirtió por cuenta
propia ningún tipo de problema debido a su desconocimiento de la
institucionalidad
chilena, explicó Mollá.
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Ante lo evidente de los hechos, Juan del Pino expuso los
antecedentes frente a la
Comisión Jurídica de la Asociación Nacional de Consejeros
Regionales (Ancore), que se
reunió en la Región de Aysén los días 24, 25 y 26 de mayo de
2012; sin embargo, sus
críticas tampoco fueron acogidas y ni siquiera se estimó
realizar algún tipo de
investigación. “No me pescaba nadie”, recalcó.
Burlando las reglas
Pese a que la Ley 19.175 de Gobiernos Regionales -que norma la
actividad de los
Cores entre los artículos 28 y 43 del Capítulo III- establece
claramente las inhabilidades
para desempeñar el cargo de consejero, la normativa no ha sido
aplicada como
corresponde.
El escrito expresa claramente que “ningún consejero podrá tomar
parte en la
discusión y votación de asuntos en que él o sus parientes, hasta
el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, estén interesados”. De
esta forma, en la actual
legislación se entiende que dicho interés existe cuando el
conflicto de un Core se relaciona
moral o monetariamente, por ejemplo, con alguna empresa de su
propiedad o sus
familiares.
Ante esto, Juan Vejar (DC), presidente de la Asociación Nacional
de Consejeros
Regionales (Ancore) y quien presidió la Comisión Jurídica del
organismo en Aysén,
reconoció que la agrupación discutió a nivel nacional lo
sucedido con este tipo de
conflictos en la región del Biobío, donde los representantes
locales fueron Bernardo
Daroch (PPD), Juan del Pino y Marcelo Chávez (DC). Según expresó
Vejar, la sanción que
deberían haber recibido Óscar Ferrel y Eduardo Araya es la
expulsión del Consejo Regional
una vez estudiados los antecedentes por parte del Tribunal
Electoral Regional (TER). El
problema radica en que la comisión mencionada no posee
atribuciones para sancionar a
los Cores y, al mismo tiempo, ninguno de los hechos planteados
fue comprobado por la
Ancore como para presentarlo al TER.
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La ley actual considera que tomar parte en la discusión y
votación es motivo de
inhabilidad, por lo que habría bastado sólo un requerimiento de
cualquier miembro del
consejo para ser despedido del organismo. Aunque “naturalmente,
si hay defraudación al
fisco también hay sanciones penales, pero eso lo determinan los
tribunales de justicia”,
explicó el presidente de Ancore.
Una presentación que podría haber hecho cualquier miembro de la
Comisión de
Fiscalización del Core, que coincidentemente presidía Eduardo
Araya: el mismo consejero
cuestionado por su conflicto de interés en torno a los proyectos
que se adjudicó SIAAM
LTDA.
La comisión deficiente
Asimismo, los entonces integrantes de la Comisión de
Fiscalización, el ex Core
Daniel Cuevas (PPD) y el reelecto Mario Morales (PS), revelaron
que dicha repartición del
organismo casi no funcionó entre 2009 y 2014, porque “no hubo
muchos temas” y
tampoco actuaba de oficio. De hecho, una de las pocas veces que
dicha cartera sesionó
fue para investigar respecto de los fondos con que se construyó
un polideportivo en Los
Ángeles, el cual –si bien terminó de ser construido– dejó un
déficit de $200 millones para
su posterior implementación deportiva.
De todas maneras, ambos se defendieron de la casi nula labor que
tuvieron
diciendo que no era parte de sus atribuciones, ya que “sólo se
fiscalizan los actos del
ejecutivo, de los proyectos y los recursos que el Gobierno
Regional (Gore) asigna a las
organizaciones y a los municipios”, recalcó Cuevas. Pese a lo
anterior, en los dos casos
expuestos (ICCOS y SIAAM) había dinero del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional
involucrado.
Según afirmó el ex consejero PS, nunca hubo actos relacionados
con conflictos de
interés de Araya y Ferrel en ninguna tabla de la Comisión de
Fiscalización. Y así consta en
las actas de las sesiones llevadas a cabo entre 2009 y 2014, ya
que en la mayoría de ellas
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ni siquiera aparecían en la lista inicial de temas a tratar. Una
de las pocas ocasiones fue
cuando Juan del Pino preguntó por el proyecto de la ruta a las
Termas de Chillán
(vinculado a Ferrel), aunque nunca se pidió fiscalizar el
asunto. Otro caso fue planteado
en una actividad pública realizada en Ñuble, donde el mismo Del
Pino mencionó el caso de
Eduardo Araya y su pareja incluso antes de que los fondos fueran
aprobados.
Según el aludido, posterior a este episodio se reunió con la
bancada del Partido
Socialista (integrada por Juan López Ferrada, Víctor Valenzuela
y Mario Morales), a
quienes les aseguró que en la votación de aquellos proyectos se
iba a inhabilitar. De ahí en
adelante, el tema nunca volvió a ser tratado en alguna instancia
oficial del Core, señaló
Eduardo Araya.
De acuerdo a Morales, para no dar pie a las irregularidades
planteadas, lo único
que hay que hacer es inhabilitarse cuando hay algún conflicto de
interés. Eso es lo que
exige la ley y lo que, según consta en las actas, han hecho
algunos Cores como Gustavo
Seguel (UDI), Juan Manso (UDI) y Javier Ávila (RN). “Cualquier
ciudadano que quiera hacer
una observación sobre los actuaciones de los consejeros puede
hacerlo, pero es un tema
que escapa al Consejo y se tiene que hacer ante los tribunales o
en la Contraloría General
de la República”, reafirmó.
De hecho, pese a que no hay ningún registro del dictamen, Óscar
Ferrel aseguró
que en su caso Contraloría consideró que no hay ninguna
incompatibilidad, debido a que
los proyectos fueron licitados en Mercado Público y no por
contrato directo. “Sólo se
establece que no puedo ser parte de los equipos que resuelven
las propuestas, que es
distinto”, expresó.
Pese a que es una competencia de la Comisión de Fiscalización,
ésta no se ha
preocupado de las evaluaciones posteriores a la asignación de
los fondos. “La labor del
Consejo llega hasta que se aprueban los recursos y de ahí en
adelante no se sabe qué
pasa. Y ahí hay un problema, ya que una de nuestras obligaciones
es evaluar”, aseguró
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Juan López Ferrada, actual Consejero Regional del Partido
Socialista, que presidió la
cartera de presupuesto y también votó a favor de los proyectos
que beneficiaron a Ferrel.
De hecho, López considera que el caso de este último “era poco
ético (…) y a juicio
de muchos no debiera haberse presentado a la licitación porque
(todo) parece medio
extraño”.
“Juez y parte”
“Hay que establecer un conjunto de inhabilidades e
incompatibilidades, porque,
me van a disculpar, pero que un consejero regional apruebe un
proyecto y después se lo
adjudique a través de su propia empresa es una inmoralidad. Eso
no corresponde en
ninguna parte”, recalcó el senador Felipe Harboe (PPD) en medio
de una sesión
extraordinaria del Core realizada en la Intendencia el pasado 27
de mayo. La idea de la
convocatoria buscaba discutir, en conjunto con los congresistas
de la región, las
características de la nueva Ley 20.678, que modifica la
legislación vigente sobre las
facultades del Consejo Regional.
En la misma línea, pero en un tono menos directo, el diputado
Jorge Ulloa (UDI)
recalcó que no se puede ser “juez y parte” pidiendo más fondos
para la región y, al mismo
tiempo, más herramientas para fiscalizar. Los consejeros
regionales “no debieran tener
injerencia en la decisión respecto de los proyectos uno por uno
y, claramente, sería
mucho más grave que además fueran partícipes de algunas
empresas. Eso naturalmente
sería contrario a la ética en todo sentido”, aseguró en medio de
la sesión.
Una posición que también comparte el ex consejero Juan del Pino,
ya que en la Ley
de Gobiernos Regionales a los Core se les entrega atribuciones
para fiscalizar al Ejecutivo.
Y luego, el problema se genera cuando se debe velar por el
avance de las obras que se
realizan con fondos regionales. “No puedo ser juez y parte.
Sanciono un proyecto, lo
evalúo, lo voto, le entrego los recursos y después yo me lo
adjudico. No corresponde”,
enfatizó.
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Ante este adverso panorama, los 28 integrantes actuales del
Consejo Regional
mantienen una posición rígida en busca de mantener sus
atribuciones. Al comenzar el
encuentro, la Subcomisión Jurídica del Core entregó un informe a
todos los presentes
donde insistieron, principalmente, en que ellos debían seguir
decidiendo el destino del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Acto seguido, la Comisión de Gobierno del Core también respondió
a los 12
congresistas que asistieron al encuentro (son 18 en total), ya
que el proyecto transfiere al
intendente la capacidad de decidir sobre el FNDR. “Atenta contra
una efectiva política de
descentralización regional y, en su nefasta estructura, quita
las facultades resolutivas, lo
cual es una bofetada a la ciudadanía que votó por autoridades
empoderadas”, reclamaron
a través de una declaración pública entregada en medio de la
sesión.
A la discusión local de la ley, que aún se encuentra en su
segunda fase de discusión
en el Senado tras haber pasado por la Cámara de Diputados,
faltaron Clemira Pacheco
(PS), Loreto Carvajal (PPD), Roberto Poblete (IND), Rosauro
Martínez (RN), Manuel
Monsalve (PS) y Alejandro Navarro (MAS). Eso sí, los
congresistas que estuvieron
presentes reclamaron inmediatamente por el tono confrontacional
de las declaraciones
del Core, ya que a juicio de ellos cuestionó en términos muy
duros el trabajo de senadores
y diputados. Al finalizar la discusión, los consejeros también
se sintieron ofendidos. Uno
de sus integrantes, Félix González (PEV), expresó públicamente
su molestia: “Me parece
muy ofensivo que se insinúe corrupción para quienes recién
asumimos”, reclamó, puesto
que apenas 5 de los 28 miembros del Consejo Regional fueron
reelectos en las urnas en
noviembre de 2013.
Lo cierto es que las autoridades regionales lucharán por no
perder potestad sobre
el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, ya que –según su
declaración pública– es el
único factor que les permite mantener un rol activo contra la
descentralización. Y no sólo
se quedarán en palabras, ya que el 10 de julio pasado las
bancadas de la Alianza del Core
Biobío dijeron a través de la prensa que si los obligan a votar
por glosas tomarán medidas
de protesta similares a las realizadas por el consejo de la
región del Maule, quienes tres
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días antes protagonizaron un paro de “brazos caídos” (en el que
suspendieron la sesión
programada para esa jornada) por la misma causa y también debido
a la demora en la
tramitación de la Ley 20.678 en el Congreso.
Recuadros
Negocio rentable
Según destaca su propio sitio web, la empresa Ingeniería y
Construcción Cosmito Limitada
(ICCOS LTDA.) fue creada fundamentalmente para desarrollar
proyectos para el Ministerio
de Obras Públicas (MOP), el Ministerio de Vivienda y Urbanismo
(MINVU),
municipalidades y, en último lugar, entidades privadas en
general.
Lo anterior queda demostrado en Mercado Público, la plataforma
online de licitaciones
del Estado, donde cerca del 50% de las licitaciones que aparecen
adjudicadas a dicha
constructora están ligadas a obras de la Dirección de Vialidad
del MOP. Entre 2006 y 2014,
12 de 27 adjudicaciones pertenecían a obras de esa cartera
ministerial.
Además de la construcción de obras civiles, la empresa tiene una
división de áridos
ubicada en la localidad de Quinchamalí, distante 80 kilómetros
de Concepción, que
produce cerca de mil metros cúbicos de arena y gravilla
diariamente.
Esta constructora se constituyó el 28 de noviembre de 1996, pero
no funcionó de forma
efectiva hasta 1997, el mismo año en que Óscar Ferrel dejó su
puesto como Director
Nacional de Vialidad tras cinco años en el cargo.
Reconocimiento nacional y extranjero
El 17 de noviembre de 2012, SIAAM LTDA. fue reconocida con el
Premio a la
Innovación Social de la Región del Biobío, otorgado por Innova
Biobío. Lo anterior fue
consecuencia de que, a mediados de 2011, la empresa fue
impulsada por IncubaUdec (la
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Plataforma de Emprendimientos Tecnológicos de la Universidad de
Concepción), quienes
guiaron al proyecto para que obtuviera fondos de Corfo.
Así fue que el proyecto comenzó a operar en comunidades alejadas
de la Provincia
de Biobío, como Negrete y Alto Biobío, donde recibieron buenos
resultados desde los
municipios respectivos, ya que los adultos mayores bajaron sus
visitas presenciales al
médico debido a que el servicio les recordaba oportunamente la
ingesta de
medicamentos.
Del mismo modo, como fruto del trabajo del proyecto, obtuvieron
el tercer lugar
en el concurso RedEmprendia, organizado por el Banco Santander y
la Universidad de
Santiago de Compostela, España, que premia el emprendimiento e
innovación a nivel
iberoamericano y donde se presentaron más de 130 proyectos
diferentes.
Destacados
El ex Consejero Regional Juan del Pino aseguró que “algunos
consejeros tenían mucha
incidencia en determinados proyectos. Y también, de una u otra
forma, actuaban con
ciertas intenciones que me parecían muy poco éticas (…) De
favorecer a familiares en
forma particular”.
Juan José Río, Gerente General de SIAAM y quien firmó los
contratos con Senama, dijo
que se enteró de un posible conflicto de interés justo antes de
iniciar el proyecto, por lo
que le consultó a (Eduardo) Araya sobre su relación de pareja.
“Yo no estoy casado con (la
propietaria de SIAAM) Norma Arroyo”, le respondió el entonces
consejero, dando a
entender que con eso no habría ningún problema legal al
respecto.