Ttulo Tentativo : El boom minero y las comunidades
campesinas
INTRODUCCIN
El boom minero y las comunidades campesinas
En los ltimos aos, la llamada gran minera se ha constituido en
el sector de la economa que proporciona enormes recursos al fisco,
invierte ingentes capitales en zonas en las cuales ninguna
actividad podra interesarse, menos para ser un factor dinmico y de
desarrollo.
Sin embargo, sta incursin de capital y tcnica reunidas tiene
como un mbito de trabajo las regiones con mayor carga de tradicin y
costumbres ancestrales de nuestro pas. De aqu cierto choque
cultural con las comunidades es casi normal.
De este encuentro entre lo nuevo y lo ancestral, expresado en
trminos de anlisis, trata el presente trabajo.
Este anlisis servir de base para un posterior estudio en que se
habrn de sugerir lineamientos de poltica principalmente en los
mbitos cultural y social. De sta manera, creemos hacer un modesto
aporte a que la responsabilidad social de las empresas sea mucho ms
que una buena intencin, y que los ms modestos protagonistas de ste
encuentro mejoren su calidad de vida. As esperamos atemperar las
situaciones de tensin existentes.
I. Objetivo
Resulta pertinente ocuparnos del boom de la minera en nuestro
pas, en un momento en que el conflicto y la tensin aparecen
vigentes, entre otras razones, debido a la ausencia de reglas
claras y coherentes para este sector de la economa nacional. Sera
primordial para el Estado regular los temas relacionados a los
derechos de propiedad sobre tierra, las implicancias del derecho de
concesin, la problemtica que suscita la distribucin del canon, la
responsabilidad social de las empresas implicadas, la naturaleza de
las relaciones que se deben establecer entre las comunidades y las
empresas, teniendo en cuenta las diferencias culturales, sociales y
polticas.
Durante el desarrollo de este trabajo el tema ha tomado un
renovado inters, los medios de comunicacin han ayudado a que se
difunda el desarrollo de algunos enfrentamientos y las respuestas
dadas desde el gobierno. Producto de ciertas interpretaciones sobre
los orgenes de estos conflictos estamos ante un debate nacional
respecto al papel de las ONG, y ante la posibilidad de una ley, que
para muchos especialistas es una respuesta poltica poco mesurada, y
nada tcnica, que conciernen de manera crucial al desarrollo del
pas.
El trabajo que presentamos sobre la problemtica minera y su
relacin con las comunidades campesinas y/o indgenas, comprendida
dentro del rea de influencia de la explotacin, ha contemplado la
siguiente metodologa:
a) Observacin participante en algunos proyectos mineros,
principalmente sobre los aspectos relativos a la relacin de las
empresas con las comunidades. Estas observaciones fueron hechas en
las asesoras que hemos realizado para la consultora de la
Universidad del Pacfico, y en otros casos solicitud de empresas en
forma independiente.
b) Experiencias en trabajos de campo, a travs de consultoras y
asesoramiento en conciliaciones.
c) Entrevistas a especialistas en el rea de las ciencias
sociales que han trabajado para algunos megaproyectos mineros.
d) Anlisis de datos secundarios e informes sobre las relaciones
entre las empresas y las comunidades, relativos a las inversiones
en los principales proyectos mineros.
e) Material bibliogrfico especializado tanto de las entidades
internacionales como nacionales.
II. Antecedentes
El Per es un pas con actividad minera desde pocas prehispnicas,
y actualmente existen 1720 yacimientos mineros en 22 departamentos,
como lo seala la Sociedad Nacional de Minera y Petrleo. En esta
riqueza, que incluye una amplia variedad de minerales, el oro ocupa
lugar privilegiado, ubicando al Per en el centro orogrfico de
Amrica Latina, primero en el continente americano y en el sptimo
lugar a nivel mundial. Si hacemos referencia a algunos minerales
especficos, encontramos que somos el quinto productor de cobre, el
cuarto de plomo y zinc, el tercero de estao y el segundo de plata
(ver cuadro 1) El sector creci rpidamente a principios de los 90,
atrayendo inversiones debido a los cambios en los reglamentos que
regan el comercio y las inversiones y la privatizacin de las
propiedades mineras.Cuadro 1
Ranking comparativo del nivel de produccin minera en el Per
respecto a Latinoamrica y el Resto del Mundo (2003)
A lo largo de los ltimos aos, la minera ha representado
aproximadamente el 9% del producto bruto interno nacional y el
48.6% de las exportaciones totales. Asimismo, tiene un efecto
desencadenante en la economa; mayor an que las industrias
alimentarias, la pesquera, la produccin qumica, entre otros. La
minera es un sector primario que genera el 50% de las divisas del
pas, da empleo directo a decenas de miles de obreros e
indirectamente influye en el trabajo de miles de personas ms.
Medida esta realidad en trminos de empleo, la minera ocupa al 4% de
la poblacin econmicamente activa. Con el sector de construccin
civil, y el de industria, constituye uno de los ms dinmicos en la
economa del pas.
La minera trae consigo una cadena de relaciones econmicas que
son necesario mencionar. Se calcula que por cada dlar generado por
esta actividad, se crean directa e indirectamente US$ 3.74 como
efecto de demanda de insumos y servicios a los dems sectores. De
esta forma podemos considerar que el Per se encuentra en un
verdadero boom minero. Un ejemplo de ello se puede ser el caso de
Antamina, que ha sido adjudicada al consorcio canadiense Inmet
Mining Corporation y Ro Algom Ltd., y que ya han invertido, hasta
noviembre del ao pasado, un estimado de US$ 42 millones y si el
proyecto contina se tiene el compromiso de invertir alrededor de
US$ 2 300 millones en cuatro aos. Antamina generar 6 000 puestos de
trabajo. Al ingresar a la parte operativa del proyecto, proveer 1
000 puestos de trabajo directo, lo que implicar, por el efecto
multiplicador del empleo en la minera, alrededor de 5 000 nuevas
plazas. Otro caso de una compaa minera exitosa y prometedora es
Pierina, potencialmente una de las minas de oro de menor costo de
operacin en el mundo, localizada en los Andes peruanos a 4 300
metros sobre el nivel del mar y con 6.5 millones de onzas de oro,
reservas valorizadas en US$ 2.2 miles de millones. En 1996 Canadian
Barrick Gold Corporation compr Arequipa Resources Ltd., por US$ 790
millones, con lo que el precio de la accin de esta empresa en la
bolsa de Toronto alcanz cantidades considerables.
Otro caso importante de mencionar es la Minera Yanacocha ubicada
en el departamento de Cajamarca. El control y manejo gerencial de
la compaa est a cargo de Newmont Per, representante de Newmont
Second, la mayor empresa productora de oro del mundo, que posee el
51.35% del capital social; la empresa minera peruana Buenaventura y
el IFC participan con el 43.65% y el 5% del capital social
respectivamente.
Son muchas las causas que hicieron posible este boom minero;
entre ellas la buena cotizacin de los minerales en el mercado
internacional (sobre todo del oro, cobre, zinc y plata), el contar
con una nueva legislacin favorable a la inversin, los incentivos
tributarios, las nuevas tcnicas de exploracin y explotacin de
minerales, etc. Existan datos muy positivos y recientes sobre la
dinmica del sector minero; formacin de consorcios, montos de
capitales invertidos.
Existiendo un ambiente propicio para la inversin minera (ver
cuadro 2), es materia de preocupacin y anlisis, a travs de todo
este trabajo, el poco cuidado con que ciertas empresas se han
aproximado a las comunidades cercanas, el poco inters por la salud
ambiental, o la poca visin con que repiten varias actitudes que, en
muchos casos han llevado ha enfrentamientos y reclamos. Tampoco
podemos dejar de sealar la existencia de ciertos tipos de
desequilibrios laborales en las empresas e interminables conflictos
sociales entre las empresas y la comunidades en la que aquella se
encuentra, situaciones que pueden evitarse pero que sin embargo no
son prevenidas.
Cuadro 2
Inversin Anual Minera 1995 - 2005
(Millones de Dlares)
Fuente: BCRP, Apoyo Consultora, Ciudadanos al Da.
III. El Mundo Social y Cultural: los ActoresLa hiptesis
fundamental de este estudio, es que el ethos o matriz social y
cultural de los principales actores en esta problemtica no permite
una sinergia, una comprensin y cooperacin entre los principales
actores para lograr la viabilidad y el desarrollo de la minera.
Adems, es importante acotar que las empresas suelen ubicarse en
lugares donde las relaciones de las comunidades locales con el
Estado son mnimas. Existe poca presencia y representacin, lo que
constituye un escenario especial para las inversiones.
Entonces, consideramos como actores principales en este panorama
a:
a) Empresa: nos referimos a la organizacin empresarial minera,
cuyo enfoque econmico se mueve en un paradigma de economa de
mercado y de libre empresa, tendiendo a absolutizar el mercado en
el libre juego de la competencia y la rentabilidad.
El proceso productivo que usan se basa en una tecnologa muy
avanzada, que no logra correspondencia cercana entre el cambio
tecnolgico y el ajuste de las instituciones sociales y polticas.
Por otro lado, en la gran minera, como se sabe, existen
inversionistas extranjeros, en algunos casos los accionistas son
varias compaas extranjeras y los socios peruanos estn en una
situacin minoritaria, por lo cual las polticas para el tratamiento
en el tema que nos compete, no son siempre coherentes. Nos
referimos especficamente a la relacin con las comunidades cercanas
a los proyectos de las empresas.
Los planes estratgicos de la empresa suponen, por ejemplo,
cronogramas y metas especficas en la explotacin del recurso.
Sealaba un especialista que si la empresa contrata a una compaa
para realizar alguna tarea especializada, sta tiene que llevarse a
cabo en el aqu y ahora, y su postergacin podra significar prdidas
cuantiosas. Esta afirmacin es corroborada por el pionero en minera
Ingeniero Alberto Benavides de La Quintana, cuando en una
entrevista, al referirse a las comunidades, sealaba lo siguiente:
En el pasado, la minera fue declarada de inters nacional y tena
derecho a todo. No haba una mayor inquietud social con el trato a
las comunidades. Hoy debemos negociar con ellas, y si te dicen: No
quiero que usted trabaje en esta zona, no hay forma. Es frustrante
que la comunidad le diga a uno, vamos a llamar a asamblea el 22, y
el 21 lo llaman a uno y le dicen mire, se ha postergado para el 15
del prximo mes. Y as lo van peloteando a uno, y demoran. Y uno
tiene sus mquinas listas para perforar, pero hay que esperar.
b) Comunidades: por otro lado, los comuneros, dueos muchas veces
ancestrales de la tierra en la que va a operar el proyecto minero
tienen que opinar, autorizar y aprobar mediante procesos
democrticos, sobre el proyecto en la Asamblea Comunal, con una
mayora fijada por la ley. Pero tambin prevalece la costumbre, pues
como sabemos, las decisiones en estos casos son comunitarias. En
otro contexto, podemos sealar que las actitudes, comportamientos,
creencias de los comuneros, en el mbito de las relaciones
interpersonales difieren de la visin y accin social de los actores
empresariales. Por ejemplo: hay una persistencia en la desconfianza
hacia el forneo, a la valoracin que ellos sienten de parte de los
miembros de la empresa. Por otro lado, la economa campesina
familiar tiene una caracterstica de subsistencia, dentro de la cual
el apego a la tierra es fundamental. Su eficiencia no est ligada,
como en la economa de las empresas mineras, a una relacin de
mercado donde, como sabemos, el valor de la eficiencia est
determinado por la mayor rentabilidad, y basado en la ms alta
productividad posible.
No debemos olvidar que subsiste una dinmica entre un llamado Per
Oficial y el mundo rural, en el que el pas formal (en el que se
mueven las empresas) retiene y dispone de los instrumentos del
control de los canales oficiales de la economa, la sociedad y la
cultura. Esta situacin ha provocado desde hace muchos aos, la
irrupcin de las tensiones acumuladas hasta el presente. Esto es
crucial si pretendemos explicar la falta de entendimiento y
comunicacin entre ambos actores.
c) El Estado: no siempre ha sido capaz de implementar
procedimientos que ayuden a una eficiente cooperacin e integracin
de los actores econmicos y sociales. Los canales institucionales,
en algunos casos, se encuentran bloqueados, y la presencia del
Estado, sobre todo en el medio rural, es nominal. A ello se suma el
hecho que las legislaciones y procedimientos, la normatividad legal
y procesal han generado cuellos de botella que reducen la
eficiencia. En el caso concreto de nuestro trabajo, tenemos que
sealar que, si bien es cierto que el Estado ha legislado en los
ltimos aos con fines de incentivos a las inversiones mineras, en
otros aspectos la legislacin no ha contribuido a lograr la armona
entre estos dos actores principales: comunidad y empresa. Por
ejemplo: en el mbito rural, no se han estructurado polticas que
solucionen de manera duradera los problemas fundamentales de la
tenencia de la tierra, su distribucin y su titulacin. Adems de un
estatuto de comunidades campesinas que data desde el gobierno
militar de 1968, no existen mecanismos que permitan tomar
decisiones rpidas, de acuerdo a las expectativas de las empresas
mineras y de las comunidades. No ha existido hasta la fecha normas
claras, reglas de juego coherentes y pertinentes. Lamentablemente,
el Estado no ha cumplido el rol de encauzar y conducir
apropiadamente los procesos relacionados con las inversiones
mineras.
A propsito, resulta relevante recordar una entrevista con uno de
los ministros de energa y minas, durante el gobierno de Alejandro
Toledo, cuando se refera a que los empresarios mineros acudan a su
despacho, cuando ya el conflicto se haba declarado, y que sus
tecncratas encargados de resolver los conflictos con las
comunidades no haban acertado en un ao una decisin y menos adoptado
medidas preventivas de posibles conflictos.
Una opinin casi igual ha expresado el actual presidente del
consejo de ministros, Doctor Jorge del Castillo.
d) Las ONG, Redes y Consultoras: como sabemos, desde hace aos
son instituciones que han abogado por conservacin ambiental y la
responsabilidad social de las empresas, demostrando un rol activo
en la dinmica de las relaciones entre empresas y comunidades. Para
definirlas, podemos mencionar que son organizaciones privadas, sin
fines de lucro, dedicadas a la elaboracin y ejecucin de proyectos
de desarrollo y que canalizan fondos, por lo general del
extranjero, que se destinan para la cooperacin en beneficio de un
segmento determinado de la poblacin, definido segn indicadores muy
especficos (edad, gnero, actividad, condicin social, etc.) , las
caractersticas de las ONG explican en cierta manera el incremento
de los fondos destinados a ellas por las financieras. En gran
medida, este incremento tiene que ver con una serie de ventajas
comparativas que tienen las financieras al trabajar con las ONG, en
relacin con los antiguos programas estatales de desarrollo: la poca
burocracia y la mayor eficiencia demostrada por stas en la ejecucin
de los proyectos; su relacin ms directa con el grupo beneficiario;
la escala de los proyectos; la posibilidad de cambiar y ensayar con
relativa facilidad nuevas ideas y propuestas; el costo
relativamente bajo de los proyectos.
Obviamente, las ONG que trabajan los temas que involucran a la
minera tienen una lgica de trabajo interno y una tendencia al
anlisis de los problemas sociales que no concuerdan necesariamente
con los parmetros empresariales. Muchas de ellas trabajan bajo una
ideologa determinada, influidas adems por mecanismos
administrativos y burocrticos.
Se ha observado un enfrentamiento frontal entre ONG, Empresas, y
Asociaciones representativas de empresarios. Las ONG operan tambin
a travs de redes nacionales e internacionales; por ejemplo, una de
las ms conocidas se trata de la Red Muki, integrada por las
siguientes instituciones: Diacona para la Justicia y la Paz del
Arzobispado de Piura y Tumbes, Centro Pastoral de Dicesis de
Chulucanas, Pastoral Social del Vicariato San Francisco Javier Jan,
Comisin Prelatural de Accin Social de la Prelatura de Huamachuco,
Pastoral de Dignidad Humana - Pasdih de la Arquidicesis de
Huancayo, Asociacin Marianista de Accin Social Trujillo, Comisin
Episcopal de Accin Social- CEAS, Coordinadora Nacional de Derechos
Humanos, Fundacin Ecumnica para el desarrollo y la Paz FEDEPAZ,
Asociacin Civil Labor, Grupo de Formacin e Intervencin para el
Desarrollo Sostenible - Grufides Cajamarca, Grupo para la Promocin
del Desarrollo de los Andes, CooperAccion, Accin Solidaria para el
Desarrollo, Red uniendo manos contra la pobreza.
Por otro lado, las empresas, ante los conflictos sociales, han
recurrido a consultoras internacionales cuya tarea en un primer
momento era resolver problemas tcnicos como los estudios de impacto
ambiental (EIA), entre otros.
Debido a su carcter forneo estas consultoras y empresas, no han
tomado en cuenta las particularidades de las relaciones sociales y
culturales de nuestro pas (en especial el contexto andino -
amaznico) Por el poco conocimiento que se tiene de la situacin
poltica y social de nuestro pas, estas empresas no producen
soluciones que permitan una adecuada y justa interaccin entre los
actores. Por el contrario, pueden profundizar los conflictos y
hacer ms inestable la situacin.
IV. Problemtica del Canon Minero
En este enfoque, trataremos de describir el proceso y / o
circuito del canon, as como su operatividad, y funcionalidad,
tratndose de un mecanismo importante que est ntimamente ligado a
los temas: a) el desarrollo sustentable, y b) la poltica de la
responsabilidad social, ambos mencionados con filosofa adoptada en
la gestin de las empresas para actuar no solo en beneficio propio,
sino tambin, como un aporte al desarrollo de las comunidades del
entorno y de la sociedad en general.
a. Introduccin
El Canon Minero es la transferencia a los gobiernos regionales y
locales del 50% del Impuesto a la Renta (IR) que el Estado recibe
por la explotacin econmica de los recursos. Segn nuestra
legislacin, el Canon Minero es la participacin efectiva y adecuada
de la que gozan los Gobiernos Locales (municipalidades provinciales
y distritales) y los Gobiernos Regionales del total de ingresos y
rentas obtenidos por el Estado por la explotacin econmica de los
recursos mineros (metlicos y no metlicos). As, efectuada la
recaudacin del Impuesto a la Renta, el Estado, por intermedio del
Consejo Nacional de Descentralizacin (CND) transfiere un porcentaje
de los ingresos captados por dicho concepto a las zonas en donde se
explot el recurso minero.
El monto de la transferencia es depositado en cuentas especiales
en el Banco de la Nacin. Cabe sealar que los montos transferidos no
revierten al Estado. Entre enero de 1997 y mayo del 2002, el Canon
Minero estuvo constituido por el 20% del Impuesto a la Renta de
Tercera Categora pagado por los titulares de la actividad minera.
Sin embargo, a partir de junio del 2002 dicho porcentaje se
increment a 50%.
El Canon Minero, entonces, es el ms importante de los seis tipos
de canon existentes (minero, petrolero, gasfero, hidroenergtico,
forestal y pesquero), por el enorme volumen de recursos que genera
para las zonas donde se distribuye. El Canon Minero generado en un
ao determinado se distribuye desde junio del ao siguiente a su
recaudacin, hasta mayo del ao subsiguiente. Es decir, la
distribucin se hace con 18 meses de retraso (Boza, 2004). En los
ltimos aos el aporte por canon minero ha crecido significativamente
debido a una coyuntura internacional favorable de los precios de
los metales y al aumento de la produccin minera.
As, mientras en el ao 2001 el monto de canon minero transferido
fue de 81 millones de soles, en el 2004 se gener S/. 1,158.5
millones por concepto de Canon Minero, y en el ao 2006 se
transferir 1,746 millones de soles. El 88% de las transferencias se
concentra en los gobiernos regionales y en las municipalidades de
seis departamentos (Cajamarca, Tacna, Moquegua, Puno, Arequipa y
Ancash); de esta a los gobiernos regionales les corresponde el 25%
del monto transferido y a las municipalidades el 75%.
El siguiente cuadro resume los fondos generados por el
canon:
Cuadro 3
b. Circuito del Canon Minero
Cul es el camino que recorren las utilidades de las compaas
mineras antes de ingresar a las arcas de los gobiernos regionales y
locales?
Cada vez que una empresa registra utilidades debe declarar y
pagar Impuesto a la Renta a la Superintendencia Nacional de
Administracin Tributaria (Sunat). Sobre la base de lo recaudado por
Sunat, el Ministerio de Economa (MEF) calcula los montos de canon
minero (el 50% del Impuesto a la Renta de tercera categora pagado
por las empresas mineras). Luego los reporta al Consejo Nacional de
Descentralizacin (CND) para que ste a su vez los transfiera a los
gobiernos regionales y a los municipios provinciales y distritales,
depositando el dinero en cuentas en el Banco de la Nacin.
Cuadro 4
Con dichos fondos, los beneficiados deben ejecutar proyectos de
inversin en la zona. Aunque siempre existen destacadas excepciones,
ocurre por lo general que los ciudadanos y los comuneros vecinos a
la mina no notan que las autoridades locales estn verdaderamente
realizando obras; o al menos no aquellas que podran contribuir a
mejorar su calidad de vida. Dicho de otra forma, no perciben los
frutos del canon y, menos an, los de la minera. Lo que advierte el
poblador, en esas condiciones, es que la compaa minera se
enriquece, mientras que l y los suyos no progresan.
Como hemos sealado, las reglas para su reparticin, segn
Ciudadanos al Da, apuntan a beneficiar primordialmente a las
localidades donde se extraen los recursos, pero a la vez procuran
otorgar ms dinero a las zonas que ms lo requieran, dado su nivel de
pobreza y el tamao de su poblacin. Los criterios de distribucin del
Canon Minero han variado en diversas oportunidades desde su
promulgacin inicial en junio del 2001. En sus inicios se distribua
entre los Gobiernos Locales de acuerdo al criterio de rea de
influencia del yacimiento explotado y densidad poblacional, pero
actualmente tiene un criterio ms definido.En primer lugar, es
importante aclarar que el canon minero no constituye un fondo nico,
nacional, en el que se junta el dinero proveniente de las distintas
minas para luego prorratearlo entre todos los beneficiarios. Lo que
reciben los distritos, provincias y regiones productores
corresponde a los resultados econmicos de las minas de su
circunscripcin. Actualmente se distribuye de la siguiente
manera:
El distrito donde se ubican las operaciones de la mina recibe el
10% del canon minero generado en su localidad.
Un 25% del canon minero se distribuye entre todos los distritos
de la provincia a la que pertenece el llamado distrito productor,
incluyendo a ste. Para ello, se toma en cuenta el tamao de la
poblacin y sus necesidades bsicas insatisfechas.
El 40% corresponde al departamento donde se encuentra la mina y
se reparte entre todos sus distritos, incluyendo el productor,
adems de las municipalidades provinciales. Una vez ms, la
reparticin se basa en el tamao de la poblacin y en las necesidades
bsicas insatisfechas.
Por ltimo, el 25% del canon minero es transferido al gobierno
regional al que pertenece el distrito productor. El gobierno
regional debe entregar el 20% de este dinero a las universidades
nacionales que se encuentren en su jurisdiccin para que stas lo
destinen a la investigacin.Cuadro 5Sistema de Distribucin del Canon
Minero
Ley del Canon
Fuente: Ciudadanos al Da
Hasta la fecha, se han dado modificaciones importantes a los
criterios de reparticin, teniendo en cuenta la experiencia
recogida.
El criterio de densidad poblacional (habitantes por kilmetro
cuadrado) fue sustituido por el indicador de poblacin y pobreza
ligado a las necesidades bsicas insatisfechas y dficit de
infraestructura. Este criterio fue modificado, porque favoreca a
los municipios ms densos en desmedro de los de baja densidad, que
en muchos casos resultan ser las zonas de donde se extraen los
recursos minerales o tienen una poblacin con mayores necesidades
insatisfechas.
Por citar un ejemplo, el canon distribuido en el departamento de
Lima entre 1996 y el 2002, la provincia de Lima recibi el 81.86%
del canon generado, mientras que la provincia minera de Oyn recibi
el 0.98%, esto, debido a que la provincia de Lima tiene una
densidad poblacional superior.
Se otorga un porcentaje especial de 10% al distrito o distritos
donde estn ubicados los yacimientos y concesiones. Con esta
modificacin se beneficia directamente y en mayor porcentaje a los
distritos donde se ubican las concesiones.
Se modifica los porcentajes a distribuirse entre los gobiernos
locales del resto de la provincia y del resto del departamento.
En la Ley N 28322 se aprob una modificacin al texto de los
porcentajes de distribucin. Los cambios principales se refieren
a:
a) reemplazo de la frase donde se encuentra localizado el
recurso natural por donde se explota el recurso natural.; y b)
elimina la exclusin del distrito (o distritos) y provincia (o
provincias) productores en los literales b y c) de los porcentajes
de distribucin en la ley vigente, lo que implicara que los
gobiernos locales ms cercanos a la zona de explotacin del recurso
reciban una mayor transferencia por concepto de canon, al ser
incluidos en cada una de las otras distribuciones.
Los recursos que los Gobiernos Regionales y Locales reciban por
concepto de canon pueden ser utilizados exclusivamente para el
financiamiento o cofinanciamiento de proyectos u obras de impacto
regional y local. Para ello el Gobierno Regional o Local tendr que
abrir una cuenta destinada a dicho fin.
Excepcionalmente, para el ejercicio fiscal del 2006 se est
permitiendo que los Gobiernos Regionales y Locales utilicen el 20%
de los recursos provenientes del Canon y la Regala Minera para el
mantenimiento de la infraestructura generada por los proyectos de
impacto regional y local.
d. ndices de distribucin del canon minero
Anualmente el Ministerio de Economa y Finanzas determina el
monto que le toca a cada uno de los beneficiarios del canon minero,
siguiendo las pautas fijadas por la ley y echando mano de cinco
fuentes de informacin:
Impuesto a la Renta de tercera categora declarado por cada
empresa minera.
Volmenes producidos en cada operacin minera.
Demarcacin territorial.
ndice de Necesidades Bsicas Insatisfechas
Poblacin.
La magnitud de lo que le corresponde a cada municipio y gobierno
regional , luego de analizar estos elementos, se expresa en los
llamados ndices de distribucin del canon minero. Se trata de nmeros
decimales que equivalen a la proporcin de todo lo que se va a
repartir en el pas por concepto de canon minero. El MEF publica los
ndices de distribucin en junio de cada ao, cuando se inicia la
reparticin del canon minero generado en el periodo anterior, como
veremos ms adelante. El ndice de distribucin para el municipio
provincial de Ite, en Tacna, publicado en junio del 2005, es de
0.0246411509. Si multiplicamos ese valor por el total de lo que se
transfiere por canon minero a lo largo del pas entre junio de ese
ao y mayo del siguiente, vamos a obtener la cantidad exacta que
recibe Ite. Una vez que el MEF ha calculado los montos respectivos
para cada gobierno regional y local, el Consejo Nacional de
Descentralizacin (CND) efecta las transferencias depositndolas en
las respectivas cuentas en el Banco de la Nacin. El siguiente
cuadro resume las tareas de las entidades que participan en el
clculo y la distribucin del canon minero.
e. Como lograr la funcionalidad y eficacia de la ejecucin del
canon?
Conocido el circuito del canon, a la luz de su aplicacin ha
surgido una serie de cuestionamientos por parte de sus
beneficiarios, inclusive de varios empresarios mineros. Algunas de
las instituciones que han estudiado mejor esta problemtica son la
CAD (Ciudadanos al Da) y la Corporacin Financiera Internacional
(IFC) del Grupo Banco Mundial, entre otras, quienes, a travs de sus
estudios, se han interrogado acerca de los beneficios y su
aplicacin. La CAD, se pregunta, si es que el mencionado mecanismo
funciona como una caja chica o debera servir de palanca de
desarrollo para ser ms eficiente la responsabilidad social de las
empresas.Segn Ciudadanos al Da, lograr que el canon minero sea una
palanca para el desarrollo no es responsabilidad exclusiva del
Ministerio de Economa y Finanzas (MEF), de las compaas mineras ni
de los alcaldes. En el circuito del canon minero estn llamados a
intervenir ms de 20 actores, adems de la propia poblacin. Por lo
mismo, resultara insuficiente implementar mejoras aisladas. Qu
propone CAD?: una reforma integral consistente en doce propuestas.
La reforma que se plantea, se articula en funcin de cuatro ejes:
aumentar la transparencia en el manejo del canon, fortalecer
capacidades de gestin a nivel local, lograr un arreglo
institucional ms equitativo y acorde con la finalidad del canon, y
consolidar la responsabilidad empresarial.
1.1. Ms transparencia
a. Crear subcuentas de canon minero. A fin de que la ciudadana
pueda hacer el seguimiento de los recursos del canon minero y para
afinar las polticas de distribucin y de inversin, resulta necesario
crear una subcuenta por cada tipo de canon. Actualmente el Portal
de Transparencia Econmica del Ministerio de Economa y Finanzas
(mdulo SIAF) solamente provee informacin acerca del canon y
sobrecanon como una cuenta agregada. No puede haber vigilancia
ciudadana sin acceso a informacin.
b. Condicionar transferencias a mayor transparencia (SIAF
Municipal). Dada la creciente importancia de los recursos del canon
minero en los presupuestos locales, deberan condicionarse las
transferencias provenientes de ste a la incorporacin del gobierno
local a un sistema de informacin centralizado, administrado por el
Ministerio de Economa y Finanzas, que permita monitorear el uso de
dichos recursos (SIAF Municipal). Se debe acelerar el desarrollo
del SIAF Municipal, con el objetivo de que los ciudadanos cuenten
con informacin tanto acerca de los montos de canon minero como del
destino de stos, a nivel local. Adicionalmente CAD plantea que se
implemente un mecanismo de control previo y concurrente al gasto
del canon. Desde nuestro punto de vista, en el segundo ao de
transferencias de los dineros del canon se debera exigir a la
autoridad local, como requisito previo a nuevos desembolsos, la
elaboracin de una lnea de base, un plan de inversin y un plan
estratgico.
c. Rendicin de cuentas. Los presidentes de regin y los alcaldes
deben rendir cuentas a los pobladores de sus zonas sobre los
resultados de los proyectos en los que se ha invertido el dinero
del canon. Para ello debe emplearse una va que permita el flujo de
comunicacin entre la autoridad y la ciudadana, con el objetivo de
evaluar los resultados en cuanto a la utilidad, la eficiencia
econmica y el impacto de las obras, luego de ser implementadas.
Esta rendicin podra efectuarse de acuerdo con el ciclo temporal del
canon.
d. Participacin y vigilancia ciudadana. Las entidades del
gobierno central como el Consejo Nacional de Descentralizacin y el
Ministerio de Economa y Finanzas, as como los gobiernos regionales
y locales deben afinar los mecanismos existentes para facilitar el
acceso a informacin oportuna y detallada del uso de los recursos
del canon minero a la ciudadana; se ser el primer paso para lograr
participacin ciudadana informada. Asimismo, se debe
institucionalizar la formacin de comits de vigilancia ciudadana en
el marco del Presupuesto Participativo con el propsito de que
realicen acciones concurrentes de evaluacin y monitoreo de la
ejecucin presupuestal de los gobiernos regionales y locales.
Vigilar el correcto uso de los recursos pblicos y exigir la
rendicin de cuentas constituyen una responsabilidad y una tarea que
competen a la sociedad civil, a las universidades, a los medios de
comunicacin y a la ciudadana en general, como se plante en nuestros
talleres con periodistas; y por tanto, deben disearse programas que
ayuden al mejor desempeo de ese rol.
1.2 Mayor capacidad local
a. Financiar inversin en capital de desarrollo. Para CAD, el
principal problema por resolver es la insuficiente capacidad de
gestin a nivel local, tanto gubernamental como social. Frente a
ello, CAD sugiere que los recursos del canon minero no sean
destinados solamente a financiar obras de infraestructura fsica.
Deberan servir tambin para fortalecer el capital institucional de
los gobiernos locales y ofrecer programas de capacitacin que
redunden en un manejo ms eficiente de los recursos de la comunidad
y en desarrollo sostenible, sin que ello implique el financiamiento
de gastos operativos. Se sugiere que se permita financiar inversin
en capital de desarrollo con un lmite razonable y con garantas de
que esa inversin repercuta positivamente. Ello pasa por autorizar
el financiamiento quiz con los intereses de los fondos no
utilizados de la preinversin y de los estudios de pre factibilidad
y factibilidad que se requieren para el desarrollo de proyectos. Un
buen primer paso ha sido la decisin, adoptada en la Ley de
Presupuesto del Sector Pblico del ao 2006, de autorizar a los
gobiernos regionales y locales a destinar el 1% de lo que reciben
por canon a la elaboracin de perfiles para sus proyectos. Los
programas de fortalecimiento institucional y capacitacin podran
realizarse con la colaboracin del CND o del MEF o, en el mbito
departamental, bajo la supervisin de los gobiernos regionales.
b. Deduccin del Impuesto a la Renta para incentivar la inversin
en generacin de capacidades. Dado el desfase de 8 a 15 aos entre el
inicio de actividades de exploracin minera en una localidad y la
transferencia de canon minero a la zona, se debera incentivar que
las empresas mineras realicen desde un inicio inversiones en el
desarrollo de capacidades locales. Nosotros proponemos que se les
permita deducir stas de sus pagos por Impuesto a la Renta. Ello
ayudara a que comunidades de las zonas mineras mejoren su capacidad
local en menos tiempo.
c. Fondo de contingencia. Con el objeto de contribuir al
planeamiento del desarrollo local y dado que existe una relacin
directa entre el canon minero y el precio internacional de los
metales, debera materializarse la propuesta de establecer un fondo
de contingencia que mantenga relativamente estables los montos a
ser transferidos a nivel local. Este fondo permitira hacer ms
predecibles los flujos de las transferencias de canon minero y
contribuira a evitar el endeudamiento sobredimensionado derivado de
proyecciones optimistas.
1.3 Un mejor arreglo institucional
a. Modificacin legal del sistema de distribucin. Debido a la
naturaleza propia del canon minero, CAD propone que el 50% de los
recursos del canon, como mnimo, se destine a las zonas directamente
impactadas por la minera y que la diferencia se distribuya entre
las localidades indirectamente impactadas. De ese modo se reducira
la dispersin de montos.
b. Criterio de asignacin: impactado (EIA) = beneficiado. En
ciertos casos, localidades que estn muy cerca de una mina no
reciben canon porque formalmente estn fuera del departamento
productor. CAD plantea una reforma legal que considere el criterio
poblacin impactada por la explotacin minera como base para
determinar la poblacin beneficiaria del canon. Para ello se podra
recurrir a los Estudios de Impacto Ambiental y Social (EIAS), ya
que stos incluyen una lnea de base y sealan cules son las
comunidades directa e indirectamente impactadas por la actividad
minera. Ello implicara un cambio normativo y exigira que el
Ministerio de Energa y Minas (Minem), el Ministerio de Economa y
Finanzas (MEF) y el Consejo Nacional de Descentralizacin (CND)
exploren mecanismos a fin de alinear la actual distribucin del
canon al criterio de impacto, en el mediano plazo.
c. Ampliar la base de clculo. Con el objeto de cumplir con el
mandato constitucional, CAD considera que el clculo del canon
minero debe incluir el Impuesto a la Renta de tercera categora de
los contratistas de las mineras, el de cuarta de ciertos
proveedores de servicios de los titulares de la concesin y el de
quinta de sus empleados, as como los aranceles y las otras rentas
que percibe el Estado vinculadas a la actividad, adems del Impuesto
a la Renta de tercera categora que pagan las empresas mineras.
1.4 Mayor responsabilidad
a. Responsabilidad social de la empresa. Las empresas mineras
deberan apoyar los procesos de vigilancia y participacin ciudadanas
orientados a la priorizacin de obras y a la rendicin de cuentas de
los recursos del canon. Asimismo deberan contribuir con la
generacin de capital humano de las localidades en las que operan y
hacer transparente el cumplimiento de sus respectivos Estudios de
Impacto Ambiental y Social (EIAS).
b. Responsabilidad gremial. El gremio minero debe comprometerse
a dar a conocer de manera agregada el aporte del sector a las
rentas e ingresos del Estado. Adems convendra que sus miembros
busquen sinergias y compartan las buenas prcticas que realicen en
ciertas zonas para poder replicarlas e implementarlas, tanto en lo
referido al seguimiento del gasto del canon, como a la generacin de
capacidades y la ejecucin de proyectos.
f. Cmo invertir eficientemente los recursos del canon?
En un reciente artculo sobre la responsabilidad social y la
minera, Luis Alberto Arias, experto en tributacin y Ex Jefe de la
SUNAT, cita a La Corporacin Financiera Internacional (IFC) del
Grupo Banco Mundial como la entidad que ha identificado los
factores por los cuales las municipalidades no estaran gastando en
forma eficiente los recursos recibidos por concepto de canon
minero. Estos factores, entre otros, son los siguientes:
1. Las municipalidades no han sido estructuradas para gestionar
inversiones pblicas significativas sino para gestionar servicios
urbanos locales, cosa que requiere instalar un gestin local moderna
y eficiente de proceso integral de inversiones pblicas.
2. La complejidad de los sistemas y normas nacionales (gestin
presupuestaria, Sistema Integrado de Administracin Tributaria SIAF
-, Sistema Nacional de Inversin Pblica SNIP -, sistema de
adquisiciones y contrataciones) que deben cumplirse para ejecutar
el gasto. Esta complejidad es relativamente mayor para
municipalidades urbanas pequeas y para municipalidades rurales.
3. La poca calificacin del personal de las municipalidades,
debida en la mayor parte de casos, a la inexistencia de capacitacin
prctica en sistemas y normas.
4. La escasa predictibilidad de los recursos que anualmente
reciben las municipalidades, que varan por la forma en que est
diseado el cronograma de transferencias, por la volatilidad del
Impuesto a la Renta y por la fluctuacin de los precios de los
metales, y los niveles de produccin.
5. La ausencia de planes de desarrollo local que orienten
adecuadamente las inversiones.
6. Las limitaciones para el uso de los recurso del canon, pues
deben destinarse en mayor parte a gastos de infraestructura.
El documento seala que la poca capacidad de gasto que
normalmente se atribuye a los gobiernos locales no es de su
exclusiva responsabilidad, pues est compartida con las
instituciones del Gobierno Central que son las responsables de
desarrollar los sistemas y de dictar las normas, difundirlas y
desarrollar un programa nacional de asistencia y capacitacin
permanente a los funcionarios municipales.
Respecto de este ltimo punto, convendra que el Gobierno central
asumiera el liderazgo a travs del Ministerio de Economa y Finanzas
y el Consejo Nacional de Descentralizacin (CND), y canalizara los
diferentes esfuerzos en el reto de aportar asistencia y capacitacin
a las municipalidades.
Esta capacitacin debe tener como objetivo la transmisin de
conocimientos en las siguientes materias: (i) presupuestos
participativos; (ii) gestin presupuestaria; (iii) Sistema Integrado
de Administracin Financiera (SIAF); (iv) Sistema Nacional de
Inversin Pblica (SNIP); (v) formulacin de proyectos; (vi)
instrumentos para gestionar adecuadamente el ciclo de proyectos de
inversin; y (vii) normas de adquisiciones y contrataciones.
Los lineamientos aqu expuestos son parte del programa nacional
para canon minero propuesto por el IFC, en el marco de la
asistencia del Grupo Banco Mundial al proceso de descentralizacin.
La solucin de los problemas identificados depender de que las
municipalidades estn en capacidad de convertir los recursos del
canon minero recibidos en inversiones de impacto para la
poblacin.
g. Los aportes voluntarios de la gran minera
El solicitud y posterior anuncio del Presidente de la Repblica
Alan Garca, respecto a los aportes voluntarios de las empresas
mineras han sido bien recibidos por parte de los medios de
comunicacin y la opinin pblica. En la exposicin del Presidente del
Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, anunci que las mineras
entregaran el 3.75% de las ganancias netas anuales por concepto de
aporte voluntario, lo que equivaldra a 500 millones de soles. Estos
aportes se han justificado en virtud a los altos precios de los
minerales, que generan sobre ganancias a las empresas, las cuales
deben ser repartidas en las poblaciones que oportunamente decidirn
los entes del Estado. El investigador Schuldt hace una crtica al
sistema de aportes voluntarios, pues considera que su clculo
impositivo es inadecuado. Por otra parte, considera un poco ingenuo
que las empresas mineras estn dispuestas a invertir en obras
sociales adicionalmente por un monto de 2,500 millones de soles en
el quinquenio. Para el investigador, el espritu de los aportes
voluntarios no debera ser confundido con el concepto de regalas,
pues las empresas mineras tratarn de evadir dicho impuesto con la
excusa de la entrega de los ya mencionados aportes voluntarios.
V. Conflictos comunidad empresaDentro de la dinmica de los
conflictos ocurridos entre la poblacin, rural o urbana, y las
empresas mineras, hemos podido observar, de acuerdo a la informacin
obtenida de la Defensora del Pueblo y de nuestro de trabajo de
campo, tres grandes dimensiones: (Vase Anexo 5).
a. Conflictos motivados por problemas ambientales, que seran
aquellos donde se han ocasionado o existe potencial dao ambiental
por parte de la empresa minera hacia los recursos de la
comunidad.
b. Conflictos motivados por problemas de propiedad, que estaran
en relacin con la limitacin clara de los terrenos pertenecientes y
explotables, tanto por las comunidades como por las empresas
mineras. Las disputas entre las mismas empresas tampoco son
raras.
c. Conflictos motivados por demandas sociales, relacionados por
temas tan diversos como la inadecuada licencia social, la falta de
propuestas de desarrollo hacia la localidad, los reclamos en salud,
educacin, e inversin.
Estas tres clasificaciones slo se muestran como una abstraccin
til a nuestro anlisis, ya que en nuestra investigacin en la
problemtica minera notamos que las nociones especficas de
desarrollo o responsabilidad social, por ejemplo, no se encuentran
en todas las discusiones entre comunidades y empresas, pero podemos
notar cierta tendencia que hace til esta clasificacin.
La responsabilidad social, entendida como acciones de desarrollo
de las comunidades por parte de las empresas, entonces, pareciera
que va por el lado de problemas ambientales y problemas sociales,
lo que hace que la problemtica de tierras sea un tema ms delicado
en lo que respecta al tratamiento de las consecuencias sociales que
debe asumir la empresa al entrar a explotar una determinada
regin.
A decir de la responsabilidad social, esta es planteada como una
serie de estrategias diseadas para ayudar a desarrollar las
comunidades, desde la organizacin de las empresas, o al menos en su
financiamiento. Los problemas, que pueden ser clasificados como
conflictos causados por motivaciones sociales y ambientales, pueden
tener un horizonte ms claro y de ms fcil solucin, en comparacin con
los problemas generados por la propiedad de la tierra. Estos, estn
relacionados con estructuras de orden ancestral.
Por eso, nosotros planteamos la necesidad de entender el
concepto de Responsabilidad Social, en un sentido integral y
humano, que implicara la conducta tica de la empresa en tanto se
responsabiliza y asume las consecuencias que sus operaciones pueden
producir, y que pueden afectar sobretodo a las comunidades del
entorno. Por esto, un adecuado manejo de los problemas sobre
propiedad se vuelve crucial, porque mal llevado, engendrara
posteriores reclamos sociales y ambientales ante el poco respeto
sobre las comunidades y sus recursos naturales. Esto nos conduce a
pensar que es viable incluir el tema del inadecuado manejo de
tierras como una parte significativa de la problemtica minera y de
la cual se derivan los problemas sociales.
Teniendo en cuesta esto, los conflictos que tienen como base
problemas ambientales y sociales, no slo necesitaran el respeto y
cumplimiento de los compromisos adquiridos por las empresas, sino
tambin se hace necesaria una comunicacin permanente con los
pobladores y sus representantes, en torno a los cambios inducidos y
permitidos por ellas y ellos mismos.
V.1. Conflictos por problemas ambientales
La mayora de estos conflictos tienen un elemento comn: el
problema de daos ambientales por el inadecuado tratamiento de los
relaves, la forma en que se manejan los elementos qumicos, la
sobreexplotacin del subsuelo que perjudica las viviendas de las
comunidades, los daos ambientales a la vegetacin y a los animales,
entre otros.
En estos casos, el Ministerio de Energa y Minas tiene las
atribuciones legales de intervenir en el conflicto, ya sea de
oficio o por pedido expreso de algunas de las partes involucradas.
En la mayora de los casos vistos en el presente documento, existen
muchas discrepancias entre las empresas y las comunidades, las
cuales han tenido que ser solucionadas mediante mesas de dilogo
convocadas por el Ministerio de Energa y Minas, en la cual termina
actuando de rbitro entre las partes, en lugar de establecer algn
tipo de procedimiento ante potenciales problemas ambientales a
producirse en la regin, o algn sistema de procedimiento
sancionador, fiscalizador, o mitigador ante los casos de dao
ambiental comprobado.
El problema de los pasivos ambientales, entonces, no es
exclusivo de las empresas que actualmente operan en las
comunidades, pues viene de antiguas empresas que trabajaron bajo un
sistema que les permita hacer y deshacer acciones vinculadas al
medio ambiente, en nombre del inters nacional; sino que es un
problema, que en mayor parte de los casos, no tiene responsables
designados (ya que las empresas que colocaron esos pasivos han
cerrado o han sido privatizadas, o hay otras empresas en su lugar),
y el Estado an no asume totalmente la responsabilidad de mitigar o
sanear los pasivos ambientales.
Dado que actualmente el rol de las ONG y de las organizaciones
de defensa de las comunidades radica en despertar la conciencia de
las comunidades en los temas medioambientales, los pobladores
exigen mejores sistemas de manejo del ambiente del entorno en el
que se encuentran; por ello, consideran que el concepto desarrollo
sustentable debe ser tomado en cuenta por las empresas mineras, las
cuales en este caso particular, no sienten que deban tener
responsabilidades sobre actividades que no les corresponden hacer,
dado que en su cultura organizacional, consideran que su mera
presencia como agente empresarial, ya es un aporte para las
comunidades, desarrollando un concepto de solidaridad social
relativamente distinto al que las comunidades esperan.
Finalmente, en los casos registrados, notamos que existen muchas
discrepancias en lo que se refiere a las decisiones de las
comunidades en torno a objetivos claros. En algunos casos, las
mesas de dilogo han sido suspendidas por falta de acuerdos entre
los miembros de la comunidad ante la empresa y el Ministerio de
Energa y Minas; en otros casos, las empresas desconocen por
completo sus responsabilidades sociales, ante lo cual el MINEM no
tiene capacidad de coaccin y se limita nicamente a enviar
sugerencias relativas, en su mayora, a una facilitacin del
dilogo.
Resumiendo, los conflictos generados por problemas
medioambientales son de dos tipos:
a. Problemas ex ante: el MINEM acta como agente facilitador, la
empresa debe sustentar que sus estudios de impacto ambiental (EIA)
son los adecuados y la poblacin debe tener la garanta de que no
habr un impacto adverso sobre el medio ambiente.
b. Problemas ex post: el MINEM acta como agente sancionador, en
caso de existir dao ambiental causado por la empresa minera, y
propone medidas de remediacin. En caso de existir pasivos
ambientales de empresas que ya no operan, el Ministerio busca una
solucin negociada entre la empresa y la comunidad.
V.2. Conflictos por problemas de tierras
Dentro de los conflictos vistos en el presente estudio, notamos
que en algunos casos, los derechos de propiedad de las tierras no
estn adecuadamente formalizados por parte de las comunidades. Un
caso interesante es el del Consorcio Minero Horizonte, en el cual
los pobladores de Pataz reclaman que la empresa est realizando
excavaciones subterrneas, las cuales generan derrumbes en varias
zonas aledaas a la comunidad.
Por otra parte, los conflictos por tierras tambin ocurren entre
empresas, como lo sucedido con la Compaa Minera Don Rafo 2, la cual
invadi los terrenos de la Compaa Minera La Milagrosa, en
Arequipa.
Dado que existe una diferencia entre la extensin de los
denuncios mineros y los catastros agrarios, los cuales no son
adecuadamente delimitados, algunas comunidades campesinas reclaman
sus derechos ante el Ministerio de Energa y Minas, a fin de poder
delimitar los lmites en que la explotacin minera debe actuar.
En este tema existe una falta de precisin de jurisdicciones
entre ambos ministerios.
V.3. Conflictos por demandas sociales
Los conflictos mineros por demandas sociales son variados, en
los casos estudiados, usualmente son reclamos por parte de las
empresas ante movilizaciones de los pobladores. En otros casos ms
concretos, la sola presencia de la compaa minera fue un factor
detonante de desbordes sociales, como ha sido en los casos de
Tambogrande y Cerro Quilish.
Debemos anotar que las demandas sociales por parte de las
comunidades del entorno son muy variadas (adecuacin de
instalaciones elctricas de la empresa minera, salud, educacin,
vivienda, trabajo, remediacin de pasivos ambientales, entre otros),
pero todas incluyen las demandas de los dirigentes que la empresa
minera, no slo debe producir, debera generar desarrollo en la
comunidad directamente involucrada.
En estos casos, la intervencin del MINEM es insuficiente, pues
en casos como Antamina o Cerro Quilish, se han visto forzados a
involucrarse otros actores del Estado, como la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM) y OSINERG, as como los Comits de Defensa
Social de las regiones involucradas y las ONG. Esta multiplicidad
de actores y los mltiples dilogos convocados para la solucin de
estos conflictos, muestran un nivel de falta de polticas en el
sector minero. Las mesas de dilogo intersectoriales, los comits de
defensa, las reuniones de negociacin de las partes, las sesiones
informativas no slo son sntomas de un gran nivel de indecisin sobre
los roles que cada parte debe asumir.
Nos encontramos con que el anlisis de nuestros datos nos ha
revelado una realidad ms compleja, dentro de todo el universo de
intereses creados en el contexto de la explotacin minera, y que
merece nuestra atencin.
Es importante sealar, a manera de premisa, que los actores
sociales se constituyen en relaciones y prcticas contextuales, y
que por ello no tienen atributos fijos que se puedan entender sin
analizarlos de manera relacional con otros aspectos de los
problemas analizados. De modo que veremos cmo ciertos actores van a
aparecer de distinta manera y con funciones diferentes en contextos
polticos, sociales y econmicos especficos.
A propsito del tema, podramos hacer una digresin terica sobre el
campesino como actor social. Segn Orin Star, es necesario tomar en
cuenta que la protesta campesina puede sonar como un asunto muy
concreto y definido de movilizacin clasista... pero, las protestas
rurales no son la encarnacin de categora prefabricadas; tambin
tienen que ver con la manera en que se moldean nuevas formas de
visin y prctica poltica. Y es en las prcticas en que debemos tener
presente quines reclaman, con el apoyo y legitimacin social de qu
actores sociales.
Bajo los casos revisados vemos la presencia de organizaciones
polticas, como las asambleas comunales, con formas propias de
eleccin y toma de decisiones; organizaciones conformadas
exclusivamente para presentar los reclamos hacia las empresas, y
que pueden o no tener una vida prolongada despus de la disputa; la
mediacin de los Ministerios de Salud o de Minas, y como se ha
sealado anteriormente, sin una clara lgica de accin o sancin hacia
las infracciones producidas por algunas empresas mineras, develando
una inclinacin de intereses; algunas ONG que han venido trabajando
en las zonas y que tienen una mirada crtica, y a veces criticista
no slo al modelo del desarrollo aplicado nuestros pases, sino a
toda una lgica capitalista de explotacin de los recursos, segn
ellos.
Si deseamos entender, pero tambin buscar salidas y proponer
ciertas frmulas de concertacin, debemos considerar que las
comunidades campesinas estn en una situacin de desventaja, por
falta de adecuada asesora, por la ausencia permanente de las
instancias del estado y la poca sensibilizacin respecto a la
defensa de los derechos de los campesinos.
Cuando no se da la importancia debida a la posicin en desventaja
social, poltica y econmica en las que se encuentran situadas
distintas poblaciones, la respuesta a sus reclamos ofrece
soluciones circunstanciales que buscan apaciguar el contexto ms que
concentrarse en alternativas a problemas estructurales. El efecto
que estas soluciones ocasionan, es el de mostrar a ciertos sectores
de la sociedad como insatisfechos, como aquellos que siempre
quieren ms.
Para poder entender que no slo se ha mediado con prcticas
empresariales, que en definitiva tienen que contemplar el contexto
cultural y poltico de donde se instalan, respetando ciertas
condiciones sociales dadas, tambin es importante notar que estamos
ante una lucha por el reconocimiento y la legitimacin poltica. Esto
se muestra evidente, si mencionamos que en los 8 casos revisados,
en 5 de ellos han tenido participacin importante algunos
representantes de la Iglesia Catlica.
Tal mediacin sera innecesaria si los pueblos campesinos
estuvieran en la posicin de exigir sus derechos o la presencia del
Estado, sabiendo que los conflictos se pueden solucionar a su
favor, lo que no siempre ha sucedido en los ltimos aos. Tambin, es
evidente que el Estado acta slo como mediador cuando el conflicto
entra en su etapa crtica, pero es casi nulo su rol fiscalizador,
mostrando a las comunidades, y a la opinin pblica en general, que
hay una red de intereses que no contemplan el bienestar material o
cultural de los pueblos afectados, generando mayor desconfianza al
momento de tomar medidas que puedan tener resultados.
VI. Estudio de Casos Importantes
Durante los ltimos aos hemos observado, con no poca preocupacin,
diversos conflictos sociales entre empresas mineras, el entorno
social de las comunidades y las reas de influencia en que se
desarrolla la minera. Estos casos constituyen un tema interesante
para profundizar el anlisis de los conflictos.
VI.1 El Caso de la comunidad de Tambogrande
El conflicto entre la empresa Manhattan y las poblaciones
involucradas de Tambogrande ha sido uno de los casos ms sonados con
relacin a empresas mineras y poblaciones afectadas por la
realizacin de exploraciones. El conflicto se dio en medio de una
amplia campaa informativa en los medios de comunicacin por ambas
partes del conflicto, en especial por el Frente de Defensa del
Valle de San Lorenzo y Tambogrande, el cual logr establecer una red
de apoyo (nacional e internacional) para evitar que la Minera
Manhattan pudiera operar y extender sus actividades de explotacin
en el valle.
El problema en esta regin surge de una negociacin entre la
empresa minera y el Estado, sin tomar en consideracin la
problemtica existente en la zona, es decir, sin considerar la
principal actividad productiva del valle, la agricultura, y sin una
consulta participativa a la poblacin sobre el proyecto. La entrada
de la empresa minera y sus intentos por establecerse en la
localidad generaron una serie de manifestaciones, paros, acciones
cvicas, consultas vecinales, resistencia civil, ejercicio del
derecho de autodeterminacin y eleccin. Pero tambin este caso
implica una serie de crmenes no resueltos, en torno al asesinato
del mximo lder de defensa, en relacin a la campaa de desinformacin
propiciada por la empresa minera, y al silencio del Estado en la
negociacin, y a la intervencin de los Organismos No Gubernamentales
(ONG).
Para tener una mayor idea de la dimensin geogrfica del
conflicto, Tambogrande es la localidad ms afectada de una serie de
distritos en el valle de San Lorenzo (Piura), ya que su estructura
econmica, basada en la agricultura, hubiera terminado seriamente
afectada por la contaminacin de los relaves mineros. El valle de
San Lorenzo posee 57,373 hectreas, de las cuales 42,188 estn bajo
riego. De la parte correspondiente al rea de riego, 26,363 hectreas
son cultivadas, mientras que 15,825 no lo son. El 46% de la
superficie agrcola de la regin Piura se concentra en el valle de
San Lorenzo.
Segn los clculos hechos por Juan Aste Daffs, el total de los
ingresos del valle fue de US$ 42.2 millones para 1999, con un costo
total estimado en US$ 24.5 millones. De esta manera, el ingreso
neto estimado es de US$ 17.72 millones para 1999, y el ingreso neto
anual estimado por agricultor es en promedio de US$ 226. La mayora
de estos ingresos provienen de los cultivos de limn, mango y arroz,
cultivos importantes puesto que los de mango y limn significan el
40% y el 38% de la produccin nacional, respectivamente.
Como dato estadstico tenemos que Tambogrande es un distrito
clasificado como pobre. En el censo nacional de 1993, el total de
la poblacin de hogares de viviendas particulares con ocupantes
presentes fue de 62,807. Existen 58,970 hogares de nivel bajo,
2,929 de nivel medio bajo, 827 de nivel medio, 81 de nivel medio
alto, y ningn hogar de nivel alto.
Dadas las caractersticas anteriormente descritas, el pueblo de
Tambogrande considera que la llegada de la minera a su localidad
afecta notablemente el esfuerzo que los pobladores han tenido que
hacer desde 1960 para convertir al valle en una regin agrcola. Los
pobladores consideran que las negociaciones entre el Estado y la
Empresa son perjudiciales para ellos, y que el Estado est en contra
de ellos, por lo que toman la decisin de empezar una lucha por sus
derechos, es decir, defender su forma de vida. Segn el CEPES, al
entrevistar a los pobladores de la zona, stos creen que la llegada
de la minera trae de por s enfermedades a los nios, muerte a la
agricultura, conflictos de intereses entre los lderes comunales,
represin del Estado a travs de las fuerzas armadas, migracin
forzada de las comunidades hacia otras localidades (volver a
empezar), para que luego la empresa se lleve los beneficios sin
dejar poco o nada a la comunidad. Bajo este panorama la actividad
agrcola es preferida a la minera.
En lo que respecta a las acciones y la estrategia de la compaa
minera Manhattan, desde 1999 la empresa intent ganar la confianza
de la poblacin a travs de campaas de salud, arreglo de viviendas,
donaciones, entre otros. Con ello, logr en un principio obtener
ciertas simpatas, por parte de la poblacin, quienes consideraban la
obra como inofensiva y benfica. El problema surge cuando la empresa
quiso empezar los trabajos de exploracin en el valle, realiz
negociaciones slo con los dirigentes, para obtener un permiso de
prospeccin, pagando una cantidad de dinero destinado a obras
pblicas. Este monto fue negociado sin conocimiento de la poblacin,
lo que dio lugar a una serie de suspicacias sobre dichas
negociaciones y el descontento de la poblacin. Estos hechos, a la
larga, resultaran muy negativos para la compaa, pues la
interpretacin que se dio de ellos, condicionara la imagen que los
pobladores tuvieron de la empresa.
En el inicio de los trabajos, los vecinos fueron tomados por
sorpresa, lo mismo que al enterarse de la existencia de los
convenios. Luego de la sorpresa, se pas a la impotencia, a la
indignacin y finalmente a la violencia. El punto ms crtico de esta
situacin se present en el casco urbano de Tambogrande, donde el
inicio de las perforaciones desencaden enfrentamientos y la
destruccin de sus propiedades, lo que se tradujo en sendas
denuncias policiales para los pobladores y sus lderes. A
continuacin de ello y de manera muy rpida, el Frente de Defensa del
Valle de San Lorenzo y Tambogrande crecera en apoyo,
representatividad y poder, convirtindose en el interlocutor natural
de la poblacin en este conflicto. Ello signific rechazo y oposicin
a los planes mineros.
La empresa, a fin de contrarrestar la mala imagen generada, en
vez de enmendar los errores, utiliz otros instrumentos menos lcitos
para desinformar a la mayora de los pobladores, afirmando que su
presencia haba sido pactada con la poblacin, a travs de sus
alcaldes. El nivel de pobreza y desempleo en Tambogrande, si bien
podan ser unas buenas razones para la entrada de la compaa, no fue
debidamente argumentada por la empresa minera, que en su afn de
apresurar el inicio del proyecto se sirvi de la misma necesidad de
los pobladores y pag a personas que testificaron a favor de la
compaa, aun cuando era sabido que la mayora opinaba lo
contrario.
Segn el estudio sobre minera y las comunidades campesinas
(CEPES) desde un principio y sobre todo cuando se trataba de
actividades que requeran de centenas de personas, la empresa
contrataba o pagaba a gente de otras zonas de Piura, lo que
generaba enfrentamientos y disputas. En Cruceta (Tambogrande) fue a
raz de la convocatoria de talleres que haba programado el
Ministerio de Energa y Minas que trajeron a cerca de 300 400
personas de otros sitios ... invadieron la plaza de armas y la
gente se despert preocupada por ver gente que nunca habamos visto,
inclusive como los mercados no abran, algunos comenzaron a tirar
piedras en los techos de los quioscos, dando lugar a que la gente y
los dirigentes formularan una denuncia. Posteriormente lleg la
polica y los materiales para el taller, y ya se comenz a amontonar
la gente de ac de Cruceta y como los desconocidos tiraban piedras,
la gente reaccion y tambin comenz a tirar piedras. La gente no
quera permitir que se realizaran los talleres. Segn los pobladores
entrevistados, probablemente tambin incluy en estas estrategias de
la empresa, compra de conciencias de lderes y autoridades, aunque
demostrarlo es mucho ms difcil.
La empresa complement esta poltica de desinformacin con acciones
sociales, cursos de capacitacin en corte y confeccin, escuelas,
postas, comedores populares, campaas navideas, en que se pagaba a
los asistentes por su participacin. Un hecho importante en algunas
de estas actividades de promocin es que la participacin en ellas
exiga un empadronamiento o registro de participantes. Ello con el
fin de generar una atmsfera de apoyo y respaldo ciudadano. Como en
el caso anterior, el desarrollo del conflicto provoc que esta clase
de actividades fuera perdiendo intensidad y se hicieran cada vez ms
insostenibles por el rechazo y la presin social.
Cuando la poblacin se vio en la necesidad de tomar parte en el
conflicto minero que estaba surgiendo, ya haban llegado desde Piura
y otras localidades los organismos no gubernamentales, que
asesoraban a los pobladores en la defensa de sus derechos. La
poblacin actu en bloque contra sus autoridades y contra la empresa,
por lo que sta, viendo que era muy costoso demorar las acciones de
explotacin ante las reservas de oro comprobadas, decidi utilizar
una estrategia de divisin y enfrentamiento interno entre los
pobladores, la que fue complementada con una campaa de represin,
denuncias y acoso a los dirigentes del frente de defensa de los
intereses de Tambogrande.
Entre los testimonios recogidos por el estudio de CEPES, la
poblacin coincidi en sealar que la empresa haba buscado la divisin
de los pobladores en diferentes grados. La empresa en algunos casos
pagaba a parte de la poblacin para que internamente generaran
pleitos y desacuerdos respecto a la posicin de los pobladores.
Citando la versin de uno de los informantes vemos el siguiente
caso:
En una ocasin (la empresa) contrat a mujeres para que hagan una
especie de barrera humana protegiendo la maquinaria de la empresa
ante una movilizacin de protesta que el mismo pueblo haca. Este
hecho gener a la larga un clima cotidiano de desaprobacin y
sospecha contra aquellos que haban prestado sus servicios a la
empresa, pese a que podan hallarse explicaciones sobre la base de
las carencias por las que atravesaba la mayora de los involucrados.
Sin embargo, eso no evit que se convirtiera en un argumento y
excusa para descalificar a las personas, as como para acusarlas. El
caso ms complejo y elaborado de esta poltica lo constituye la
formacin de la Coordinadora por el Desarrollo de Tambogrande ,
organizacin que se funda en oposicin al Frente de Defensa en el
2002 -que acta desde dentro y va la promocin y proyeccin social-
que en enero de 2003 presenta un padrn a las autoridades
competentes y opinin pblica, incluyendo el Frente, donde figuran
las firmas de ms de mil tambograndinos que supuestamente estaban en
favor del Proyecto Minero Tambogrande. Meses despus, el RENIEC y la
Defensora del Pueblo terminaran por aceptar que se haba cometido un
delito y que la mayora de las firmas presentadas eran falsificadas.
Muchos vecinos se vieron sorprendidos al encontrar su nombre en la
lista: Yo saqu en un disquete 10 mil firmas e hice un estudio: el
80% eran falsas. Hay varios casos. El primero es como el mo, de
gente que nunca tuvo nada que ver con la empresa; el segundo, de
gente que recibi panetones, juguetes, etc; pero que no saba para qu
estaba firmando, pero firmaron igual; y el tercero, de gente que
trabaj para la empresa en un primer momento, en la etapa de
exploracin y que para pagarles firmaron planillas. Tambin se ha
dado el caso de 5 fallecidos y de jvenes que son menores de edad, y
DNI que los tienen 3 o 4 personas. O sea, esa coordinadora es una
farsa (Informante 139) De esta manera, el padrn presentado
sintetizaba o utilizaba de alguna manera el nombre de todo aquel
individuo que hubiera sido beneficiario de alguno de los pagos,
trabajos, actividades, programas, etc. programado por la empresa.
La presencia de menores de edad y muertos slo sirve para confirmar
su ilegalidad. Pese a ello, a la fecha no hay ningn detenido o
sancionado, pero lo cierto es que la presentacin del padrn sirvi
para azuzar el miedo, las sospechas y acusaciones entre ciudadanos.
La lentitud en su proceso de esclarecimiento (tom tres meses para
que la Defensora del Pueblo se manifestara) solo sirvi para
aumentar la desconfianza. Ahora bien, de hecho la presentacin del
padrn de firmas falsas no fue una decisin fortuita, pues apenas das
antes, el 9 de diciembre de 2002, Manhattan haba presentado su EIA,
y el padrn serva como medida simblica de apoyo, toda vez que este
padrn lleg al MEM y otras autoridades competentes. Tambin coincida
con el ingreso a la alcalda del Presidente del Frente de Defensa,
Francisco Ojeda, lo que poda servir como medida desestabilizadora,
en el mismo mes en que el Municipio sufri la intervencin de la
Contralora General de la Repblica y el acoso policial.
Luego del escandaloso caso de las firmas falsas, la Defensora
del Pueblo demostr poca celeridad, lo que fue interpretado como
complicidad por parte del Estado con la Empresa. Esta poca
celeridad en la problemtica minera (presentada por la ONPE,
Contralora, Defensora, Ministerio de Energa y Minas, entre otras
instituciones) fue aprovechada por la empresa Manhattan, que
pretendiendo mostrarse agraviada, utiliz argumentos legales para
intentar movilizar las fuerzas del orden, desinformando a las
autoridades y a la poblacin. Las redes de las organizaciones no
gubernamentales, y la Iglesia Catlica jugaron un rol preponderante
en el equilibrio de poderes en el conflicto, asesorando los frentes
de defensa y utilizando sus contactos a nivel nacional e
internacional en una campaa de informacin y concientizacin del
problema que estaba surgiendo en la localidad:
En Tambogrande, si se es dirigente o lder, no slo del Frente
sino de las organizaciones que lo integran, de las bases, es normal
que debera estar denunciado, con su correspondiente trato policial.
Sobre la cabeza de los lderes pesa no una sino varias denuncias.
Sin embargo, la estrategia de la empresa ha sido, por sobre todas
las cosas, de pintarlos como desadaptados, como delincuentes y
terroristas. En ello los medios han jugado un rol importante.
Finalmente, los entrevistados denuncian la presencia de personas
que trabajan informando a la empresa sobre personas y lderes que se
oponen a sus proyectos, sobre las discusiones y problemas que hay
en Tambogrande, sobre las decisiones y acciones que se programan,
es decir, que nutren de informacin que de una u otra manera puede
ser aprovechada por la empresa.
En la revisin bibliogrfica hemos observado que al darse un
debate tcnico respecto a las consecuencias de la explotacin minera
dentro de la localidad, los pobladores tomaron conciencia de la
gravedad del caso. Lo que al principio era una sospecha y
desconfianza se convirti en una certeza y una lucha articulada en
los movimientos de defensa. Esta articulacin implicaba que la
poblacin, en diferentes grados tuviera cierta conciencia de poder
ciudadano y estuviera interesada en las consecuencias que la
explotacin pudiera tener sobre su estilo de vida.
El estudio citado, menciona que existieron cuatro orgenes
importantes sobre los que se desarroll el conflicto, los que
fueron: razones referidas a lo ecolgico o ambiental, razones
laborales, percepciones influidas en base a la experiencia en otros
pueblos (Caso Yanacocha), razones econmicas, y la reivindicacin de
los proyectos de vida personales y colectivos. Estos cuatro
elementos, ms all de la conveniencia econmica de la entrada de la
empresa minera y los impactos en la vida de los pobladores, denota
que existe una mala imagen sobre los impactos de la minera en las
comunidades. Esta imagen, sumada a la demora del Estado en materia
de penalizacin de las empresas mineras que incumplen las normas, da
espacio a las diferentes organizaciones para actuar en un conflicto
donde el gobierno no ha intervenido de manera eficiente. Fue
necesaria una campaa de informacin y de lucha para que el Estado
tomara medidas, que se convirtieron en la resolucin del contrato de
opcin entre Centromn y Manhattan Sechura S.A. el 10 de diciembre
del 2003.
VI.2 El caso de la minera BHP Billington Tintaya
La empresa minera BHP Billington Tintaya S.A. se dedica a la
produccin de concentrado de cobre. Su asiento minero est ubicado a
4,100 m.s.n.m, en la provincia de Espinar, a 250 Km al suroeste de
la ciudad del Cusco y a 260 Km de la ciudad de Arequipa. Haciendo
un poco de historia, la primera exploracin concreta y conocida fue
realizada durante los aos 1917- 1918 por la Cia. Andes Exploration
of Maine, que efectu 4 perforaciones a percusin y abri 11 tneles de
corta longitud; estas exploraciones mostraron la existencia de una
mina. Luego de esta incursin, recin en la dcada del 40 encontramos
referencias a nuevos trabajos realizados sobre el yacimiento de
Tintaya por empresas tales como American Smelting, Anaconda y la
Cerro de Pasco Cooper Corporation. En 1952, la Cerro de Pasco tom
una opcin sobre las concesiones pertenecientes al seor Juan Mariano
Velasco, que cubren el yacimiento de Tintaya. En 1971 Minero Per se
hizo cargo directamente de la explotacin de dicho yacimiento,
contratando a HA Simons International Ltd., para preparar el
estudio de factibilidad de explotacin del depsito. En concordancia
con la activa presencia estatal en las inversiones mineras, el 2 de
mayo de 1980 se constituy la Empresa Estatal Minera Asociada, de
acuerdo a la Ley General de Minera. Poco tiempo despus, mediante
Decreto Legislativo 109 cambi su status legal por el de Empresa
Minera Especial Tintaya S.A., iniciando sus operaciones en
1985.
El 29 de noviembre de 1994, como parte de la estrategia de
reduccin de la participacin de capitales pblicos, y de acuerdo al
programa de privatizacin establecido por el gobierno de Alberto
Fujimori, el consorcio norteamericano Magma Coopper se adjudic la
buena pro de la explotacin minera en subasta internacional al
ofrecer US $218 millones en efectivo, $55 millones en papeles de la
deuda peruana y un compromiso de inversin de $85 millones en un
plazo de 5 aos. En enero de 1996, Broken Hill Propietary Inc. (BHP)
de Australia, adquiri Magma Coopper Company. Esta compaa, la mayor
en el rea de industria y extraccin de recursos naturales en
Australia, posee activos en explotacin de minerales y petrleo, y
produccin de acero, de ms de 36,000 millones de dlares americanos
con ingresos anuales calculados en US $ 22,320 millones, siendo su
fuerza laboral de alrededor de 61 mil trabajadores en ms de 50
pases del mundo. Finalmente, en el ao 2001 se consolid la fusin
estratgica entre BHP y Billinton. Ambas corporaciones comparten una
visin de futuro similar, aunque BHP tiene como elementos
principales el cobre, el carbn y el acero, mientras que Billinton
por su parte tiene minas en aluminio y otros metales.
La unidad minera se encuentra ubicada a 4,100 m.s.n.m., en la
provincia de Espinar, abarca en su rea de influencia directa a las
comunidades de Tintaya Marquiri, Alto Huancan, Bajo Huancan, Huano
Huano, Alto Huarca, Huisa, Huarca, Huisa Ccollana y Anta Ccollana.
Sin embargo, slo las cinco primeras forman parte de la mesa de
dilogo que se instal en febrero de 2002 ante el conflicto minero
surgido. BHP Billinton Tintaya produce en su planta concentradora
cerca de 300,000 TM de concentrado de cobre al ao, con una ley
promedio de 30% de cobre. Esta produccin se realiza a partir de
minerales con sulfuros de cobre, especialmente calcopirita. Luego,
el concentrado es transportado al puerto de Matarani, en Arequipa,
para su comercializacin. Por otra parte, la empresa ejecuta los
proyectos cuprferos complementarios de Antapaccay y Coroccohuayco.
El proyecto Antapaccay se ubica a diez kilmetros al suroeste del
tajo actual de Tintaya.
El perfil ms comn del poblador de las comunidades involucradas
rene como caractersticas principales el ser joven, menor de 30 aos,
bilinge quechua y castellano, originario de la zona, y con
movimientos migratorios pendulares hacia las ciudades cercanas a
Arequipa o Cusco, con fines laborales o de estudios. Segn un
estudio realizado por la empresa minera, la poblacin de las
comunidades tiene una distribucin piramidal, concentrndose los
mayores porcentajes de habitantes en los grupo menores de 15 aos
(39,3%) y de jvenes de 15 a 30 aos (28.4%). El comn denominador de
la poblacin mayor de 18 aos en las comunidades involucradas en el
conflicto es el hecho de no haber concluido sus estudios primarios.
Sin embargo, en Bajo Huancan predomina el grupo de los que han
terminado la primaria; y en Tintaya Marquiri hay un 22.7% de la
poblacin que ha concluido la secundaria.
Como presentamos en los datos comunales, en cada comunidad
existe al menos una escuela primaria estatal, con excepcin de las
de Tintaya Marquiri y Alto Huancan que son fiscalizadas, es decir,
cuentan con el apoyo de BHP Billinton Tintaya. Adems, la comunidad
de Tintaya Marquiri cuenta con un colegio secundario fiscalizado.
Las escuelas y colegios de rgimen fiscalizado tienen ciertas
ventajas en cuanto a la posibilidad del personal docente,
infraestructura y servicios, frente a los colegios de rgimen
plenamente estatal. En las escuelas primarias estatales de las
comunidades hay menos docentes que el requerido; por ejemplo, en
Bajo Huancan existen tres secciones por docente, lo cual incide en
la calidad de la enseanza y del aprendizaje. En lo que respecta a
la salud, el perfil de morbilidad de la poblacin de las comunidades
estudiadas se caracteriza por tener como principal enfermedad a las
infecciones respiratorias, segn lo percibe la poblacin. Sin
embargo, hay enfermedades de ndole digestiva que, segn el personal
de los centros de salud, tienen fuerte incidencia en la poblacin.
La atencin en salud se da bsicamente a travs de dos centros de
salud estatales uno en Espinar y otro en Tocroyoc y eventualmente
un hospital de la Seguridad Social que da atencin a la poblacin no
asegurada, que es la ms numerosa, aunque slo en casos de
emergencia.
El conflicto minero en Tintaya, a diferencia del caso anterior,
Tambogrande, nace en una mina en pleno funcionamiento. Los
pobladores han tomado conciencia de la importancia del medio
ambiente y del desarrollo sostenible que se hace necesario, as como
de la relacin comunidad-empresa minera. La empresa BHP Billington
Tintaya ha heredado pasivos de las empresas que anteriormente han
explotado la zona, estas empresas no tenan ningn tipo de
fiscalizacin ambiental ni consideraban temas como la
responsabilidad social, licencia social, desarrollo sostenible,
etc. Estos pasivos recibidos por la empresa han generado problemas
con la poblacin, pero tambin se ha originado por la expropiacin y
compra-venta de venta de tierras, tanto de parte del Estado como de
parte de las empresas mineras posteriores. Sin embargo, los hechos
que se han sucedido son percibidos de distinta manera por los
comuneros, los cuales estn conformando una Mesa de Dilogo con la
Empresa, luego de hacer realizado protestas.
La frustracin de los pobladores la comunidad de Tintaya Marquiri
fue grande en el momento en que los desalojaron de sus tierras, he
aqu que se produjo lo que los antroplogos llaman un choque cultural
(Oberg, 1958). Este trmino es utilizado para describir la ansiedad
y los sentimientos causados en un individuo por el contacto con un
medio social totalmente distinto. Se relaciona frecuentemente con
la incapacidad entender las pautas de accin de la otra cultura.
Frecuentemente se combina con un fuerte rechazo (moral o esttico) a
ciertos aspectos de la cultura ajena. El trmino fue introducido por
primera vez en 1958 por Kalervo Oberg, y de acuerdo a la teora
desarrollada a partir de sus escritos, se definen cuatro etapas de
sntomas comunes al choque cultural. La primera es la etapa de la
luna de miel, que dura unas cuantas semanas. En esta etapa la gente
recibe todo lo nuevo como estupendo. Luego viene el choque descrito
anteriormente. Despus hay un perodo de negociacin, en el que la
gente trabaja para resolver las diferencias culturales. Finalmente
viene la aceptacin. Con esta, la gente se da cuenta de que hay
cosas buenas y malas en la cultura, y que es posible trabajar con
ella. Dependiendo del nivel de choque entre idiosincrasias, la
aceptacin como proceso usualmente demora mucho, por lo cual, ms
adelante, veremos la teora de la Tripple Bottom Line of
Sustaintability como medio para acelera los procesos de
convergencia de intereses entre la empresa y la comunidad.
El choque cultural medianamente observado, en el contexto de
este conflicto, radica en la rudeza percibida por los pobladores
andinos sobre las acciones de la empresa, que tiene relacin con la
creencia socialmente compartida de que los ms fuertes deben ayudar
a los ms dbiles. Los comuneros, al vender sus tierras sin un precio
que equivalga el valor de las tierras perdidas y de la forma de
vida que sacrifican, tenan la esperanza de que la mina les dara
algo a cambio del valor que sacrificaba. Esperaban puestos de
trabajo, ya que se les haba sido prometido esto por parte de la
empresa. Asimismo, la filosofa de la empresa, que se rige sobre
parmetros de libre mercado y liberalismo econmico es que nadie
tiene la obligacin de hacerse responsable por otros, y cada persona
es responsable de su propio destino y felicidad, promoviendo, por
lo tanto una cultura pragmtica, funcional, eficiente, pero tambin
actitudes arribistas e informales. Esta diferencia cultural se hace
ms evidente en los conflictos que el Estado no regula.
Tal y como se mencion en el prrafo anterior, la fase de
negociacin y adaptacin al nuevo contexto (explotacin de las
tierras) fue realizada en forma violenta, respondiendo de una
manera similar, ya que sintieron que la empresa haba entrado de la
misma manera, y que era derecho contestar de forma similar. Es en
este escenario donde aparecen las organizaciones no
gubernamentales, que informan de los derechos a las comunidades
locales, les dan argumentos y promueven una lnea de accin para
evitar daos posteriores.
Asimismo, la Mesa de Dilogo establecida por el gobierno ante el
conflicto generado, permite que los comuneros conozcan ms de los
costos de operacin y otros procesos de la mina. Se elaboraron
cartillas informativas, relacionadas sobre todo con el medio
ambiente, para saber que hacer en una emergencia o accidente
ambiental. La naturaleza del conflicto ha originado que los
pobladores deseen conocer ms sobre lo que les afecta. Adems, la
mesa de negociacin es la responsable de este dilogo.
Antes, la empresa minera promova y demostraba un relacin esquiva
a las comunidades y no dialogaba sobre los problemas que le
aquejan, sino por el contrario, las amenazaba de recurrir a la
servidumbre minera a fin de obligarlas a vender sus tierras. La
empresa como agente econmico y de operaciones busca maximizar sus
beneficios sin considerar a los agentes con los que se
interrelaciona y convive.
Desde la instalacin de la empresa estatal, y la Empresa Minera
Especial Tintaya S.A., en 1980, ha venido recortando y daando el
territorio de cinco comunidades de la provincia de Espinar,
propiciando conflictos similares al de muchas otras regiones del
pas. Al haber sido desplazadas las tradicionales actividades
agropecuarias de las comunidades, hacia la actividad minera, sin
que se plantee oportunamente alternativas que garanticen la
generacin de ingresos a las familias afectadas, la situacin de las
comunidades es crtica.
Sin embargo, como seala CooperAccin, La multiplicacin de
conflictos sociales y ambientales en el Per ha provocado a su vez
el desarrollo de algunas experiencias de dilogo y concertacin, con
caractersticas y resultados diversos. Una de estas experiencias
tiene curso precisamente en Tintaya, donde se ha instalado una mesa
de dilogo con actores que se perciben como tales, a diferencia de
otras regiones en las cuales los espacios de concertacin son
liderados por las empresas o por el Estado mismo, jugando las
comunidades un rol subordinado.
El caso de Tintaya sintetiza tambin el esfuerzo de instituciones
y de las ONG que apoyan a los actores locales que se consideran
afectados -cinco comunidades campesinas- para acordar e implementar
una estrategia de dilogo con la empresa minera en la perspectiva
compartida de una solucin del conflicto y de establecimiento de
relaciones que permitan el desarrollo de las actividades mineras y
tambin, de las actividades agropecuarias.
Si bien la Mesa funciona con mucha lentitud, es importante
recalcar que la experiencia de Tintaya demuestra que s hay
alternativas posibles en la difcil ecuacin entre actividad minera y
comunidades y poblados campesinos.
VII.3 Caso de Minera Majaz
Desde el ao 2002, Huancabamba se encuentra en estado de conmocin
social por la presencia de la empresa britnica Monterrico Metals
que, con el nombre de Minera Majaz, pretende explotar un yacimiento
minero en medio de un bosque de neblina en la zona limtrofe con la
provincia de Ayabaca. Esta empresa viene operando de manera ilegal
dentro del territorio de dos comunidades campesinas (Segunda y
Cajas en Huancabamba y Yanta en Ayabaca). Muchos agricultores de
estas dos provincias de Piura, as como de San Ignacio y Jan en
Cajamarca sostienen que la explotacin les ocasionar serios
perjuicios, especialmente porque afectara las fuentes de agua y la
produccin agropecuaria y con ello el empleo y sus ingresos.
Dentro del escenario de desencuentros entre la comunidad y la
empresa, el hecho ms relevante sucedi el 12 de marzo de 2006,
cuando se produjo una brutal agresin contra los expositores y
asistentes al foro Minera, Agricultura y Desarrollo Sostenible,
realizado en Huancabamba; a este hecho se une la destruccin de la
emisora ambientalista La Poderosa, las agresiones sufridas por el
periodista Federico Ibez y la dirigenta campesina Josefa Adrianzn,
las denuncias por terrorismo realizadas por la empresa Majaz contra
un sacerdote y varios agentes pastorales, las campaas de difamacin
realizadas desde el diario Correo de Piura y el programa Panorama
en Lima contra todos los que se oponen al proyecto minero,
incluyendo al obispo de la zona, as como la muerte de los
campesinos Reemberto Herrera y Melanio Garca.
Una turba de matones, contratada por la empresa minera Majaz,
como los medios han confirmado, arroj piedras y golpe a varios de
los participantes en el evento e inclusive secuestr por varias
horas a algunos de ellos, tal como consta en el Informe N 036
emitido por la Comisara de Huancabamba y el Atestado Policial N
027. La turba se encontraba al mando de Ral Urbina, gerente de la
empresa Majaz, as como de Luis Armando Ludea, Jos Nicanor Jimnez,
Jorge Pucar, Ricardo Senz, Bartolo Bermeo, todos ellos empleados de
la mencionada empresa. Ellos alquilaron un equipo de sonido que
emplearon para interrumpir con arengas el evento, transportaron en
diversos vehculos a los matones y compraron huevos que fueron
arrojados al pblico, todo esto corroborado en los informes
policiales.
La presencia de Ral Urbina y de los dems empleados de Majaz
durante los incidentes violentos del 12 de marzo, comprobada por
las fuentes policiales, confirma lo que denunciaron varios
dirigentes ambientalistas, que implican directamente a la empresa
en tales actos. Los matones pretendieron golpear al alcalde de San
Ignacio y, por una confusin, agredieron salvajemente a Vicente
Zapata Alcorta, miembro del Frente de Defensa de Tambogrande, y lo
dejaron amarrado e inconsciente; posteriormente, la polica pudo
rescatarlo, como consta en los informes de los agentes que
intervinieron. Wilson Ibez, presidente del Frente de Defensa del
Medio Ambiente de Huancabamba, mencion que la empresa es
responsable de la muerte y desaparicin de dos campesinos y de los
disturbios en un frum el 21 de mayo, as como de otros actos de
violencia contra la poblacin. Por su parte, el presidente de la
Federacin de Comunidades Campesinas de Ayabaca, Magdiel Carrin,
indic que los funcionarios de Majaz usaron sus influencias en
algunos ex dirigentes para que firmaran documentos que los
habilitan a operar en la zona. Sin embargo, el dirigente aclar que
el 10 de enero del 2004, la Asamblea General decidi desconocer
tales documentos y no permitir que la minera siga realizando sus
trabajos de exploracin.
Ante estos problemas, la empresa minera Majaz decidi iniciar la
etapa de consultas a la poblacin de la provincia de Huancabamba
(Piura) y el estudio de impacto ambiental del proyecto Ro Blanco.
El proyecto representa mil millones de inversin en minera durante
los prximos cinco aos y se encuentra ubicado en las provincias de
Huancabamba y Ayabaca, en el departamento de Piura. Los pobladores
que se oponen al proyecto manifiestan que, adems de carecer de la
autorizacin de ellos, Ro Blanco originar contaminacin en zonas
ecolgicas protegidas.
El conflicto de Majaz se presenta muy complejo, debido a que
existen actos violentos de por medio, llevando a un
desentendimiento total de las partes. En particular la empresa
minera considera que no hay nada que negociar con los comuneros. Es
por ello que el 12 de julio del 2006, dirigentes y representantes
de las provincias de Piura y Cajamarca realizaron un plantn frente
al local de la empresa minera Majaz en Lima. El presidente del
Frente de Defensa del Medio Ambiente de Huancabamba, Wilson Ibez,
indic que su protesta tiene la finalidad de entregarles un
documento en el que piden aclarar su posicin legal y cesar el
hostigamiento a las autoridades comunales. El 14 de julio se
reunieron con el Vice Ministro de Energa y Minas, Ing. Rmulo Mucho,
el Director General de Minera, Ing. Csar Rodrguez, y otro