Boletín SURCOS No. 2

Boletín No. 2 Marzo – Abril

2012

9 de abril: entre la memoria y la realidad de las víctimas

“Somos la Generación de la Esperanza”

Minga de Comunicación

Foro: Retos de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras

Los líderes del proceso de restitución de tierras se han convertido en objetivo militar de las bandas criminales

En un reciente comunicado la banda criminal “Los rastrojos” anunció nuevas amenazas de muerte contra los miembros de organizaciones sociales y los líderes vinculados a la ley de víctimas y restitución de tierras. En la misiva se menciona a Sisma Mujer, Arcoiris, PNUD, ACNUR y Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, entre otras. Lo anterior demuestra que en Colombia se está hablando de justicia transicional, del paso a una sociedad realmente democrática, incluyente e igualitaria, cuando se continúa amedrentando y asesinando a campesinos y líderes que luchan por la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas. Desde el 2006 hasta el 2011, en el país han sido asesinados más de 70 líderes por los procesos de restitución de tierras, según cifras de la Defensoría del Pueblo. ¿Es posible entonces hablar de transición a una sociedad de paz en medio del miedo, la zozobra y la muerte?. Consideramos muy loable la voluntad del

gobierno con la ley de víctimas y restitución de tierras, sin embargo, es preocupante la continua violación a los Derechos Humanos. Por esta razón es indispensable fortalecer la institucionalidad y brindarles todas las garantías a las víctimas, para que vuelvan a sus territorios y para lograr su reparación integral. Según Redepaz, más del 10% de los colombianos han sido golpeados en forma directa por las consecuencias del conflicto armado. Vivimos en un país de víctimas y no somos conscientes de ello. La restitución de tierras es sólo una parte del proceso de reparación para quienes han vivido la crudeza del conflicto. Llegó la hora de que todos los colombianos exijamos una política de la memoria y un verdadero compromiso estatal en el proceso de dignificación de las víctimas y sanción a los victimarios. No se puede seguir permitiendo que el crimen organizado empañe un proceso que si es bien llevado podría convertirse en los cimientos para una reforma agraria en nuestro país.

Foto El Espectador

En Colombia por primera vez se conmemoró el 9 de Abril el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, una fecha para reflexionar sobre la memoria histórica y las acciones de reparación simbólica para contribuir al bienestar y a la mitigación del dolor de las víctimas por el conflicto armado interno. Lo más irónico es que mientras se adelantaban conmemoraciones en todo el país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- en su informe anual, una vez más calificó a Colombia como uno de los cuatro países que merecieron especial atención en materia de Derechos Humanos durante el 2011.

Según la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el 9 de abril el Estado debe realizar eventos de reconstrucción de la memoria y de reconocimiento de los hechos que han victimizado a las colombianas y colombianos, como una medida de reparación simbólica. Para algunas organizaciones de víctimas este día más allá de servir para reflexionar, debe movilizar sobre los derechos de las víctimas, la importancia de la reconstrucción de la memoria, la responsabilidad del Estado y los compromisos con la población afectada por el conflicto armado interno, que “requiere ser escuchada”. La Conmemoración El 9 de Abril es la fecha que el pueblo colombiano recuerda como "El Bogotazo" día en el que asesinaron al líder político Jorge Eliecer Gaitán y que marcó la historia de la violencia en el país, razón

por el que este día fue seleccionado para conmemorar la Memoria y Solidaridad con las víctimas del conflicto. A nivel nacional como lo expresa a Ley alrededor de un acto simbólico y como parte del proceso de reparación integral, el Congreso de la República se reunió en sesión permanente y abrió las puertas a la población víctima del conflicto armado ese lunes desde las 3:00 pm. Este acto lo organizó la Comisión de seguimiento de la Ley de Víctimas. Así mismo en distintas regiones del país se realizaron eventos a la memoria (galerías, proyecciones de cine y documentales), así como caminatas, muestras artísticas y homenajes a las víctimas. Fue durante el transcurso del día que se conoció el informe de la CIDH en el que Colombia junto con Cuba, Honduras y Venezuela salieron mal librados. "Tras cinco décadas de violencia y del efecto del negocio del narcotráfico en la violencia, Colombia merece especial atención", señala el informe que advierte que aún existen grupos armados ilegales que continúan involucrados en actos de hostigamiento y violencia que afectan especialmente a las poblaciones, pueblos, grupos y personas históricamente sometidos a discriminación o que están en situación de especial vulnerabilidad, como lo son las mujeres, la niñez y los y las defensores de derechos humanos. Así mismo la CIDH manifestó que continúa recibiendo denuncias por utilización del fuero militar para situaciones de violación de derechos humanos y, tras seis años de la promulgación de la Ley de Justicia y Paz, únicamente se ha proferido una sentencia firme. Aunque reconoce los esfuerzos estatales para combatir estos fenómenos y desarticular la estructura armada de las Autodefensas Unidas de Colombia, así como las medidas de índole legislativa, administrativa y judicial para intentar superar las graves situaciones violatorias de derechos humanos derivadas del paramilitarismo y actividades ilegales de inteligencia. En Villavicencio, ciudad seleccionada por el gobierno para llevar a cabo la conmemoración histórica del primer Día Nacional de las Víctimas, el presidente Santos declaró que con la implementación de la Ley de víctimas y restitución de Tierras se han recibido

Galería de la memoria MOVICE, Huila.

441.000 solicitudes de reparación de víctimas, el Ministro de Agricultura expresó que las víctimas del despojo y el abandono forzado, han entablado 10.446 reclamaciones para que les restituyan 796.146 hectáreas y que durante el segundo semestre de 2012 se esperan los primeros fallos de restitución de tierras. Entre tanto representantes de las víctimas denunciaron que las amenazas y muertes de líderes de sus organizaciones y defensores de derechos humanos han aumentado desde que iniciaron las reclamaciones, y llamaron la atención al gobierno para que además de solidarizarse, se comprometa a dar garantías a las víctimas que inician los procesos de restitución de tierras y reparación. Según el Programa no gubernamental Somos Defensores, los líderes indígenas, de restitución de tierras y víctimas están entre los defensores(as) con mayor número de agresiones, 50 líderes asesinados que reclamaban sus tierras denunciaban a la fecha. Otro de los temas a los que llamó atención la CIDH es a los casos de "falsos positivos" que de acuerdo al informe podrían haber disminuido, no obstante, advierte "que el número de condenas a miembros de la Fuerza Pública por la comisión de estas

ejecuciones extrajudiciales ha sido escaso y que es fundamental que se adelanten investigaciones con celeridad y se tomen acciones para impedir hostigamientos y atentados contra las denunciantes de violaciones y a sus familiares". Entre tanto, el presidente de la Cámara Simón Gaviria, rechazó el informe y dijo que lamentaba la decisión de la CIDH, pero que para él Colombia en materia de reparación no solo a través de la verdad sino de la restitución de tierras apunta por el camino adecuado "la Ley de víctimas y el esfuerzo de todo el Estado para de alguna manera, reparar las heridas que deja el conflicto en Colombia, es un ejemplo para un país que sin duda tiene mucho que hacer en la materia, pero que va por buen camino". Afirmó el congresista. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.

Los y las jóvenes del Huila se reunieron para pensar su Departamento, en el II Festival Departamental de la Juventud. La difícil situación de la juventud colombiana en materia social, la criminalización de los jóvenes por la Ley de Seguridad y Convivencia Ciudadana, así como un análisis del Estatuto de Ciudadanía Juvenil fueron algunos de los temas trabajados en el espacio. De igual manera, en el Festival se hicieron dos grandes pronunciamientos al cierre del certamen: Por la Vida y no a la militarización de la juventud, y el respeto al territorio, la soberanía alimentaria y No a la Represa El Quimbo. Jhon Fredy Nagles Soto Corporación Júraco Neiva – Huila

Algo más de 150 jóvenes llegaron de por lo menos 20 municipios del departamento del Huila para avanzar en algunos de los lineamientos de la Política Departamental de la Juventud. Un efusivo pronunciamiento en contra de la construcción de la represa El Quimbo y contra el servicio militar obligatorio fueron las grandes declaraciones dadas durante el manifiesto juvenil entregado a la gobernadora del Departamento Cielo González Villa. Uno de los pronunciamientos realizados al final del II Festival fue el rechazo absoluto de cada una de las organizaciones a la construcción por parte de la multinacional Emgesa del proyecto hidroeléctrico El Quimbo. “Que se genere un proceso de consulta con las comunidades y los pueblos sobre los efectos e impactos que producen los proyectos minero-energéticos en el Departamento, particularmente sobre el proyecto hidroeléctrico ‘El Quimbo’. Lo que se busca es garantizar que el desarrollo de éstas obras no se haga a espaldas de la gente y para evitar que se destruya nuestra cultura y nuestros recursos naturales que están en manos de las empresas trasnacionales”, puntualizó el Manifiesto.

La situación de los jóvenes en Colombia En presencia de Martha Julieta Galindo Polanía, funcionaria encargada del área de desarrollo social de la Gobernación del Huila, los jóvenes miembros de las principales organizaciones y procesos de organización del Departamento hicieron entrega del pronunciamiento. Entre los análisis ya resueltos desde hace 20 años frente al modelo económico que se ha venido trazando en Colombia, se llevó a colación el enfoque educativo que se gesta desde los currículos académicos, y seguido por las instituciones educativas en todo el país que es la llamada ‘Educación para el Mercado’. Según el análisis de contexto abordado por Martha Carvajalino, coordinadora del Sector Jóvenes de Planeta Paz, “es un enfoque que habla de fortalecimiento de capacidades traducidas éstas en capacitación, elaboración y dotación de capacidades técnicas y tecnológicas para la producción y dinámica del mercado. Es un modelo educativo que ve al joven como una mano de obra, que debe ser capacitada para suplir las necesidades del mercado. Como el operador de la máquina y no como el innovador que crea la máquina”, explicó la joven conferencista en su análisis de contexto.

Otro enfoque que se le ha venido aplicando a las políticas de juventud en Colombia es en el tema de lo que se le ha denominado ‘La Normalización del Joven’. “Como buscar jóvenes que no solo se adapten al mercado sino que sean jóvenes adaptables al funciones y cambios del sistema de mercado o del modelo de producción”, explicó. La poca exigibilidad del modelo al estudiante, la poca crítica sobre el entorno y el afán del mismo a vincular al joven al mundo laboral, despreocupándolo de la necesidad de acceder a la formación profesional y al conocimiento son los parámetros de un sistema educativo que vuelca al pueblo a continuar siendo dependiente de las tecnologías foráneas, en últimas, a la dependencia, analiza la premisa. Festival, un escenario para ponernos de acuerdo Uno de los invitados a la jornada de debate y discusión en el Festival fue Mauricio Rodríguez, coordinador del Programa Convivencia y Protección Escolar de la Secretaría de Educación Distrital de la Alcaldía de Bogotá, quien resaltó lo importante de éste tipo de escenarios en la medida en que desde éstos son de donde realmente se realiza el ejercicio de construcción conjunta de los planes de desarrollo juvenil. “Éste es un gran escenario en dos sentidos: Primero, porque ha logrado reunir las principales organizaciones juveniles del Departamento, lo que permitirá fortalecer los lazos de unidad, que se construya una agenda común y que haya una declaración que permitan articular esos esfuerzos, lo que es determinante”. El Festival también permitirá definir algunas de las principales aristas de desarrollo para el sector, puesto que cada una de las entidades territoriales adelanta el diseño de los planes de desarrollo, municipales y departamentales. “En ese sentido, el aporte que éste Festival le puede hacer a los municipios, a Neiva es muy importante, porque si se logra trabajar esa interlocución sólidamente será posible incidir realmente en la ejecución de esos planes de desarrollo. Es decir, que es posible amarrar conclusiones del Festival con recursos a cuatro años”. Políticas de Juventud sin inversión serían un “saludo a la bandera” Lo primero a identificar es su concepto. Desde la perspectiva pragmática, las políticas de juventud serían herramientas que les permitirán a los muchachos y muchachas apoyarse en una normatividad para el desarrollo de sus iniciativas, de sus actividades, de sus proyectos. “Sin embargo, si ésta política de juventud no está articulada presupuestalmente a programas y proyectos de

inversión, pues no es más que un saludo a la bandera. Por eso lo que hay que garantizar es además de tener políticas públicas y que éstas estén amarradas a la inversión municipal, es decir, que estén dentro de los planes de desarrollo”, explicó Mauricio Rodríguez. De no haber recursos suficientes para la política juvenil, será difícil el compromiso gubernamental en la materialización de los derechos, promover escenarios de participación, en últimas, hacer realizables los sueños de las juventudes. Así lo sostiene Angélica Cachaya, coordinadora del área de juventud de la Corporación Casa de la Memoria, organización que realizó ésta versión del Festival. “La política en sí pues no sirve sin la articulación con recursos y responsabilidades del Departamento o del municipio”, dijo. Estatuto de Ciudadanía Juvenil, avances y retrocesos De unos años para acá, los procesos y sectores que agremian a las juventudes en Colombia se dieron a la tarea de analizar y abrir un debate nacional sobre la necesidad de reformar la Ley 375 de 1997 (Ley de la Juventud). Sobre ello, una plataforma nacional que se conoció como Juventudes Colombia avanzó en la construcción del proyecto de ley que en los próximos meses será ley de la república. Durante el Festival se visualizó un poco sobre lo que serían sus avances y sus retrocesos. En ésta nueva ley se reconocen a los y las jóvenes como un sujeto de derecho y no como un objeto. “Parte de la dificultad que teníamos con la 375 era que miraba a los jóvenes como una población objeto para aplicar la política. El Estatuto de Ciudadanía Juvenil permite avanzar un poco en eso”, explicó. Así mismo, fortalece el Sistema Nacional de Juventud en la medida en que reconoce procesos organizativos juveniles no institucionales. De igual manera, el Estatuto tiene un enfoque de derechos y da algunos lineamientos para avanzar en la política pública. Entre los retrocesos del Estatuto, es decir, lo que se tenía como propuesta inicial de proyecto de ley y que fue eliminado del documento borrador al iniciarse el gobierno de Juan Manuel Santos, fue la eliminación del rango de edad que permitía que se fuera joven hasta los 30 años. “La actual Ley 375 establece la edad de los 14 hasta los 26. En la negociación entre partidos lo aumentaron solo hasta 28. El proyecto de ley hablaba de tarifa diferencial, de tener acceso a servicios de manera diferente para los jóvenes, en servicios de salud sexual y reproductiva, en el tema de transporte y en el tema de educación no formal. Pues eso también salió del proyecto de ley.

El proyecto inicial hablaba de lo público como un espacio para ejercer derechos. En ese enfoque, “reconocía el derecho del ‘parche’, el derecho de estar en el parque, reconocía el derecho de los grupos artísticos de estar en la calle. Eso también lo sacaron del proyecto de ley. Establecía todo un mecanismo con el Ministerio Público para sancionar a los funcionarios que estigmatizaran a los jóvenes. Por ejemplo, cualquier funcionario que recibiera una hoja de vida y no la tramitara porque la persona era joven o el funcionario que reaccionara con estigmatización o señalamiento podría ser sancionado. Eso también salió del proyecto de ley”. La posibilidad de abstenerse de prestar el servicio militar por parte de los jóvenes también estuvo dentro de las negociaciones con el Gobierno. “Reconocía la objeción de conciencia como un derecho y en términos de eso, pues permitía ratificar la Convención Latinoamericana de Derechos Humanos y no obligaba a prestar el servicio militar obligatorio. Eso, en la negociación con el Gobierno, también salió de la ley”. Así mismo, el proyecto permitía al joven la libre escogencia de su opción sexual, “es decir, permitía que los jóvenes tuviesen la posibilidad de conformar familia con personas del mismo sexo. Eso también salió de la Ley”, explicó. Otro de los asuntos es que el nuevo Estatuto de Ciudadanía Juvenil establece la creación de lo que se le ha denominado las ‘Plataformas de organización Juvenil’ que es el espacio donde convergen las organizaciones juveniles que no son institucionales que no están en los consejos municipales de juventud y las que no necesariamente tienen una existencia jurídica pero si han ganado legitimidad social por su trabajo de base. “Pero donde está el mico de la ley, que quienes convocan la plataforma son los alcaldes. Es decir, lo que antes no era institucional por el trabajo de los grupos juveniles, pues ahora termina siendo institucional”. La situación nos trae varios vacíos: “primero, que el sistema no articula en el Sistema Nacional de Juventud al Ministerio de Educación, tampoco tenemos al gremio de universidades del país pero si tiene allí al Sena solamente. Es decir, que la política pública de juventud solo articula con la idea de volver a la juventud un sector de donde se obtiene mano de obra barata para suplir las necesidades del mercado”, argumentó. Ley 1453, norma que limita la expresión juvenil Otra situación en la que se verán sometidos los y las jóvenes del país es la planteada por la nueva Ley de Convivencia y Seguridad Ciudadana y que también

salió a discusión durante el Festival. Según Martha Carvajalino, la nueva normativa, que aunque no se presenta como ley de juventud, si interviene fundamentalmente las dinámicas juveniles. “Uno de los elementos de la Ley 1453 de 2011 es por ejemplo la creación de un nuevo tipo penal. “Lo que pasa es que poner penas privativas de la libertad para regular la conducta de la gente, sobre todo de los jóvenes, para mí no es la respuesta. Es como si a mis hijos yo en la casa, para que coman, yo los encierros en el cuarto. Esa es la lógica del castigo”, explicó. Según la conferencista, lo que busca la norma es agravar las condiciones de la movilización social. Por ejemplo, el artículo 44 del Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana modifica el artículo 353A de la Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano) el cual quedará así: “El que por medios ilícitos incite, dirija, constriña o proporcione los medios para obstaculizar de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo, incurrirá en prisión de veinticuatro (24) a cuarenta y ocho meses (48) y multa de trece (13) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes y pérdida de inhabilidad de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena de prisión”. Finalmente, más que resueltos sus cuestionamientos, los jóvenes del Huila concluyeron con más dudas que con las que llegaron. La movilización para darle mayor importancia al espacio de las juntas de acción comunal como lo adelantan en Soacha la Plataforma Juvenil, la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y la resignificación de los medios de comunicación como escenarios de expresión y encuentro más que de difusión, serán las nuevas apuestas en lo que será la Mesa Departamental de Unidad Juvenil que se conformará.

Entre el 19 y 21 de Abril de 2012 en el Resguardo Potrerito se realizó el Encuentro de medios y Experiencias de Comunicación “Minga de Comunicación 20 de Abril”, que reunió a comunicadores de los Pueblos indígenas Nasa, Misak y Yanakuna del Huila, Cauca, y del pueblo Kametsa de Putumayo, así como representantes de distintos procesos de comunicación y medios comunitarios y ciudadanos de Huila, Cauca y Nariño que compartieron saberes y experiencias en torno a las distintas estrategias de comunicación.

Potrerito está ubicado a unos 40 minutos del municipio de la Plata al occidente del Huila, en esta comunidad habitan indígenas Nasa, que se reasentaron aquí luego que fueran afectados por la avalancha del Río Páez desde entonces, las familias que aquí habitan se dedican principalmente al trabajo de la tierra.

Fue en este lugar que se dieron cita cerca de 120 comunicadores, en su mayoría jóvenes, que por cuarta ocasión le apostaron al Encuentro conocido como 20 de Abril, fecha que recuerda que en el sur colombiano la comunicación ciudadana y comunitaria tiene un especial protagonismo.

Este encuentro de comunicación fue convocado por el Comité Impulsor de este evento, integrado por distintas organizaciones que conforman el Movimiento de experiencias y medios de comunicación ciudadana y comunitaria “20 de abril”, junto con el programa “Vientos de comunicación”, del Consejo Regional Indígena del Huila – CRIHU, con el propósito de conocer la propuesta de comunicación propia y ponerla en conversación con la comunicación apropiada que hace uso de los medios y las tecnologías de la comunicación, desde el intercambio entre los pueblos indígenas y el Movimiento 20 de Abril. En este sentido, se pudo conocer que para los pueblos indígenas existe la comunicación espiritual, así como la comunicación con la naturaleza, que les permite buscar la armonía y el equilibrio con la “pacha mama”. Los animales, los astros y el cosmos informan sobre el clima y lo que ha de venir. Otro espacio de comunicación es “el fogón”, en el que la comunidad se reúne, conversa y trabaja de manera colectiva, allí, mayores, mujeres, jóvenes, niñas y niños, aprenden sobre las prácticas y tradiciones culturales de sus pueblos. Siendo el fogón un espacio de comunicación y educación propia. Otras formas de comunicarse de las comunidades originarias es a través de los sueños que comunican sobre aconteceres que trae el futuro. Los símbolos, tejidos, vestidos, las danzas y músicas propias, las mingas, asambleas, fogatas son otros espacios en los que se práctica la comunicación propia. Por su parte los mayores y las autoridades son muy importantes pues ellos son los llamados a enseñar y transmitir a las nuevas generaciones sus saberes. El trueque fue una de estas prácticas que se llevó a cabo durante el encuentro, entre los participantes, allí se intercambiaron productos y saberes, como alimentos, vestidos, programas de radio, libros, artesanías, músicas y revistas.

Por su parte, el Movimiento 20 de Abril compartió los avances que hasta el momento ha alcanzado así como las dificultades y retos que se tienen. Según sus impulsores, esta cuarta versión permitió hacer un alto en el camino y reconocer que existen otras experiencias que pueden fortalecer el movimiento y la articulación regional. “Pienso que el objetivo de conocer la comunicación propia se cumplió al 100%; para mi una de las enseñanzas que nos dejó este encuentro al Movimiento 20 de Abril, es poder identificar elementos comunes en nuestra concepción de comunicación que nos permita contar con unos pilares para la articulación del movimiento”. Aseguró Jacqueline García, Jefe del Programa de Comunicación Social y Periodismo de La Universidad Surcolombiana. Periodistas comunitarios en riesgo Durante el Encuentro también se puso en evidencia la difícil situación por la que pasan los periodistas comunitarios en el país. Precisamente José Elías Gonzáles, Presidente de la Red de Medios Comunitarios de Huila - ASOMECO, denunció las amenazas y asesinatos que los radialistas comunitarios están siendo víctimas por los grupos armados, como en el caso del reconocido periodista Argemiro Cárdenas Agudelo, presidente de la Red

Radial Cafetera que fue asesinado el pasado 15 de marzo, al igual que el comunicador Jesús Martínez Orozco en Sabanalarga, Cesar el pasado 30 de marzo. En el Huila, González manifestó que algunas emisoras están siendo perseguidas por los gobernantes locales, es el caso de la emisora Iquira Estéreo, que según su director está siendo víctima de persecución por la alcaldía del municipio, representando un riesgo para los radialistas de este medio comunitario y para el cumplimiento de su función social. Cabe resaltar que recientemente la organización Reporteros sin Fronteras, denunció que 3 periodistas comunitarios tuvieron que salir de sus municipios de origen por amenazas. Participantes 20 de Abril. Entre los colectivos de comunicación presentes en el 4 Encuentro estuvieron: Red SINDAMANOY de Nariño; Centro Cultural “El Faro”; Consejo de Cinematografía del Huila; Asociación Cultural y Ambientalista del sur, ASOQUIMBO; Corporación Com-unidad; Corporación HUIPAZ; representantes del Ministerio de Cultura; docentes y estudiantes de la Universidad sur Colombiana; Asociación de Medios de Comunicación Comunitaria del Huila- ASOMECO; La corporación Júraco, El Colectivo de Comunicación

COFISAN; La Televisión Comunitaria de Guadalupe – Huila; Corporación FORDEI, Red Juvenil, Periódico Informativo Sur Región, Centro Cultural de San Agustín, Consejo Departamental de Medios del Cauca, Tejido de Comunicación - ACIN, Emisora “Voces de Nuestra Tierra” de Jambaló – Cauca y Emisora Namuy Wan de Silvia – Cauca, entre otros. Durante el cierre del Encuentro se generaron compromisos entre las experiencias participantes a partir de acciones concretas tanto formativas, como de producción conjunta. Para Geovany Mensa, coordinador del Programa “Vientos de Comunicación” del CRIHU, si bien se logró compartir experiencias, para ellos es necesario profundizar más en la comunicación propia y capacitar a los comunicadores de sus pueblos, “es necesario tener un espacio de formación para los comunicadores propios del Huila y buscar los recursos necesarios para hacerlo posible”. En este sentido, se propuso articular esfuerzos para la creación de una Escuela de comunicación propia, así como de generar otros espacios formativos para la región sur. Durante este encuentro se confirmó que se realizará el encuentro de comunicadores del Sur en el departamento del Cauca.

El PAVIP apoya y acompaña este Encuentro desde su tercera versión. Así como la planeación del próximo Encuentro de Comunicación y de las

actividades del Movimiento 20 de Abril, como encuentros zonales y talleres formativos.

En la búsqueda de promover la reflexión regional entorno a los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral y garantías de no repetición entre la academia, las víctimas y las autoridades nacionales y territoriales, el próximo miércoles 16 de mayo el PAVIP realizará el foro "Los Retos para la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras". Desde el año 2010 ha tomado inusitada fuerza en la agenda pública la discusión sobre los derechos de las víctimas del conflicto armado, tanto por la voluntad expresada por el gobierno nacional como por los procesos de movilización y exigibilidad de derechos de las propias víctimas. La recientemente aprobada ley 1448 de 2011, conocida como “Ley de víctimas y de restitución de tierras”, representa un avance en la exigibilidad de derechos de las víctimas del conflicto armado, ya que hoy cuentan con un estatuto de protección, que pese a los cuestionamientos o limitaciones, busca saldar la deuda histórica, convertirse en un aporte para la paz que garantice el goce efectivo de derechos de las víctimas y facilitar caminos diferentes a la guerra, que promuevan el dialogo y la reconciliación nacional. Dicho esfuerzo del Estado y la sociedad Colombiana, requiere de un decidido, conjunto y complementario proceso de implementación que entre otras cosas, logre: articular las instituciones estatales para la debida protección y garantía de derechos, facilitar la participación efectiva y las medidas de protección para las víctimas, sus organizaciones y las organizaciones de derechos humanos que acompañan víctimas. Por ello, el presente Foro, en el marco del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, que se conmemoró el pasado 9 de abril, pretende convertirse en una oportunidad para la reflexión regional sobre los retos que implica, tanto para los gobiernos locales, como los demás actores regionales, la implementación de la mencionada ley, en un escenario de conflicto político, social y armado, que por demás, tiende agudizarse. Al respecto, Bruno Moro el Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, opina: "No es una ley perfecta y seguramente algunos aspectos podrían mejorarse para una mayor adhesión a los estándares internacionales y garantías de participación para las víctimas. Pero es una buena ley, la mejor que se ha logrado producir

internacionalmente, y que da un paso decisivo para Colombia. El reto es su implementación para garantizar una adaptación a las necesidades, intereses y derechos de las víctimas”. A partir de las ponencias presentadas por los invitados expertos en el tema, se espera brindar herramientas de análisis sobre los principales retos para la implementación de la ley de víctimas y restitución de tierras, con garantía de derechos y enfoques diferenciales, a la academia, las víctimas, las instituciones y ciudadanía en general.

El Foro se realizará el día miércoles 16 de mayo de 2012, entre las 8:30 a.m. y las 12 p.m. en el Auditorio de La Asamblea Departamental del Huila, con la participación del Ministerio de Justicia, La Defensoría del Pueblo, el Sistema de Naciones Unidas, La Gobernación del Huila, Comunidad Internacional, organizaciones sociales, la academia, las víctimas y sus organizaciones. Temprano en la mañana, a las 8:00a.m., se realizará una rueda de prensa y las organizaciones, instituciones y agencias que integran el PAVIP, en un acto protocolario firmarán el Acuerdo Marco que oficializará el Programa.

Para mayor información escribir a los correos electrónicos: [email protected], [email protected]; o comunicarse al teléfono 8 723352 o a los celulares: 313 4638995, 310 215 5602, 310 332 7430. El foro es realizado por El Programa de Acompañamiento e Intervención Integral a Víctimas del Conflicto Político, Social y Armado -PAVIP-, con el apoyo de La Universidad Surcolombiana, el Programa de Las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR.

"No es una ley perfecta y seguramente algunos aspectos podrían mejorarse para una mayor adhesión a los

estándares internacionales y garantías de participación para las víctimas. Pero es una buena ley, la mejor que se ha logrado producir internacionalmente, y que da un paso decisivo para Colombia. El reto es su implementación

para garantizar una adaptación a las necesidades, intereses y derechos de las víctimas”. Bruno Moro

AGENDA 09:00 a.m. Instalación Ing. Eduardo Pastrana Rector USCO 09:10 a.m. Palabras de Apertura Bruno Moro Coordinador Residente Sistema de Naciones Unidas 09:30 a.m. Ponencia: Terry Morel Representante en Colombia ACNUR 09:50 a.m. Ponencia: Margarita Bueso Representante en Colombia ONU Mujeres 10:10 a.m. Ponencia: Dr. Miguel Samper Director Justicia Transicional Ministerio de Justicia y el Derecho 10:45 a.m. Ponencia: Dr. Federico Andreu Comisión Colombiana de Juristas 11:05 a.m. Ponencia: Alfonso Castillo, ANDAS 11:25 a.m. 5 Preguntas de los Asistentes 11:40 a.m. Respuestas a las Preguntas 12:10 p.m. Cierre del Foro

Durante este evento se presentarán los objetivos y proyecciones de PAVIP

durante una rueda de prensa en la que se firmará un Acuerdo Marco entre los

representantes de las organizaciones sociales, de víctimas, universidades,

Ministerio público y agencias de cooperación que suman esfuerzos para crear este Programa que busca articular

acciones a favor de las víctimas.

Finalizada la rueda de prensa se realizará el Foro "Los Retos de la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de

Tierras" en que se contarán con importantes ponentes, analistas y

expertos en el tema. Así mismo durante la jornada se adelantarán homenajes y

acciones de recuperación de la memoria histórica de las víctimas.