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Anlisis Temtico de Coyuntura Nacional
Octubre de 2013
Introduccin
I. La situacin actual del contesto de las conversaciones de
paz
II. Avances de la Ley 1448 de 2011 de Vctimas y Restitucin de
Tierras.
III. El modelo de desarrollo econmico extractivista exportador:
impactos sobre los bienes naturales y las resistencias
sociales.
IV. Anlisis de la agenda legislativa colombiana: segundo
semestre de 2013.
V. Coyuntura preelectoral y participacin poltica
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Anlisis temtico de coyuntura nacional, octubre de 2013.
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Introduccin
El equipo del ADI (rea de Desarrollo Institucional) del
Secretariado Nacional de Pastoral
Social, presenta a las Critas que conforman el Grupo de Trabajo
por Colombia (GTC) este
documento de anlisis, que tiene como objetivo aportar una mirada
crtica a los temas de
coyuntura nacional desde las realidades que viven las
comunidades que acompaamos y desde
los espacios de debate nacional en los cuales hace presencia el
equipo.
Este documento retoma los temas presentados en el anlisis
temtico del mes de junio, los
cuales siguen estando vigentes y, consideramos, merecen una
actualizacin para no perder el
hilo de los acontecimientos de este ao 2013.
Primero, se presentar una actualizacin de las negociaciones de
paz con la guerrilla de las
FARC EP. Mesa de negociacin en la que actualmente se aborda el
segundo punto de la agenda temtica: la participacin poltica, tema
que ha generado nuevos debates y tensiones de
cara a la opinin pblica nacional por la posibilidad de que
miembros de la insurgencia puedan
ser partcipes del escenario poltico.
Segundo, se presentar la actualizacin del tema de la Ley de
Vctimas y Restitucin de Tierras.
En el tercer punto se actualizarn los debates en torno al tema
de las implicaciones de un
modelo de desarrollo basado en la extraccin, con base en la
informacin recopilada por el
equipo en los anlisis de realidad y en las investigaciones
adelantadas.
Cuarto, se presenta un balance de la agenda legislativa
colombiana durante el segundo semestre
del presente ao.
Por ltimo, introdujimos el tema de escenarios preelectorales, un
nuevo tpico que tendr un
importante espacio en los anlisis del ao 2014 debido a las
elecciones presidenciales y
legislativas, lo que reconfigura el escenario poltico y la
agenda pblica de los prximos aos.
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I. La situacin actual del contexto de las conversaciones de
paz
Las delegaciones del gobierno y de la guerrilla de las FARC - EP
se encuentran negociando en
la Habana el punto dos de la agenda, referente a la participacin
poltica. En este captulo se
incluyen tanto las garantas y condiciones para la participacin
poltica de los miembros de la
insurgencia que busquen participar en las instancias de la
democracia, como una revisin de la
legislacin referente al modelo electoral, el acceso a los medios
de comunicacin por parte de
partidos polticos, la financiacin de campaas electorales, entre
otros.
Estamos frente a un punto particularmente controversial. Ya que
el debate se ha concentrado en
la posibilidad que miembros de la guerrilla puedan participar en
poltica, incluso aquellos que
tengan responsabilidades e investigaciones formales frente a
crmenes de lesa humanidad.
El debate tiene una faceta jurdica y otra poltica. La jurdica
est estrechamente relacionada con
el margen de accin que tenga el Estado colombiano frente a sus
compromisos con la
legislacin penal internacional, particularmente el Estatuto de
Roma.
La discusin poltica se centra en la aceptabilidad de la opinin
pblica de este posible
escenario, en donde el pas vea un grupo de representantes
excombatientes participando en los
escenarios que permite la democracia colombiana.
Finalmente, un bloque de la opinin pblica, as como grupos
polticos, han planteado la
posibilidad de una pausa en las conversaciones de paz. Esto,
para evitar la politizacin del
proceso de paz en medio del debate electoral colombiano, debido
a que en el 2014 el pas tendr
dos elecciones fundamentales: las del poder legislativo y las
presidenciales.
Ciertamente, la posibilidad de reeleccin del actual presidente
Santos es viable jurdicamente,
pero su viabilidad poltica inevitablemente est relacionada con
el xito en las conversaciones
de paz, dado el capital poltico que el gobierno ha invertido en
las conversaciones con las
FARC.
La oposicin poltica al proceso de paz ha tenido unos meses de
gran visibilizacin en la
opinin pblica, lo cual se suma a un ambiente en donde esta ltima
pide se anuncien
pblicamente los avances en las negociaciones, lo que no se ha
dado en las ltimas semanas.
Analizando esa posibilidad de cesacin de las negociaciones, es
bueno recordar que en
experiencias pasadas, cuando se propusieron pausas en los
dilogos de paz que se emprendieron
estos se han visto congelados e incluso finalizados. Como sucedi
en los aos 80 con la
experiencia de Casa Verde con las FARC, y en los 90 nuevamente
con el paso de los dilogos
desde Caracas a Tlaxcala en Mxico.
En contraposicin, hay muchas voces en el sentido de no pausar
los dilogos de paz. Para
blindar el proceso, que debe ser entendido como un propsito
nacional independiente de las
dinmicas electorales, se ha pedido a la mesa de conversaciones
que se brinde un informe
completo al pas de los avances actuales en la mesa. Por otro
lado, tambin se ha convocado un
acuerdo nacional, que involucre todos los partidos polticos, en
donde haya un compromiso
pblico a no cesar este escenario de paz, que ciertamente es una
opcin viable e importante para
Colombia, en medio de las obvias tensiones que un proceso de
este talante conlleva.
En este complejo escenario, podemos retomar a Len Valencia
cuando dice que Las FARC-EP
necesitan vislumbrar el espacio poltico que tendrn en su ingreso
a la vida civil y quieren
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Anlisis temtico de coyuntura nacional, octubre de 2013.
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absoluta claridad sobre el tema de Justicia Transicional1;
puntos importantes de la agenda que si
logran acordarse es posible firmar un acuerdo definitivo para el
fin de las hostilidades entre el
Estado y las guerrillas de las FARC-EP.
II. Avances de la Ley 1448 de 2011 de vctimas y restitucin de
tierras
Anlisis general de la ley de victimas
La ley 1448 de 2011 es el resultado de consensos parciales sobre
las vctimas del conflicto
armado interno y un esfuerzo de algunos sectores por armonizar
con los estndares
internacionales, teniendo por objeto un conjunto de medidas
judiciales, administrativas, sociales
y econmicas, individuales y colectivas, para que se dignifique
con la materializacin de sus
derechos constitucionales.
Dicha Ley ha establecido cinco medidas de reparacin para las
vctimas del conflicto armado
interno: 1. Restitucin, 2. Rehabilitacin, 3. No repeticin, 4.
Indemnizacin, 5. Satisfaccin;
las cuales contemplan un conjunto de garantas que pretenden
materializar los derechos
fundamentales de las vctimas: verdad, justicia y reparacin
integral. Constituyendo un avance
en el pas, en materia de reconocimiento de las afectaciones de
los derechos de las vctimas y en
teora jurdica civil de transicin, puesto que:
Estas medidas se justifican a partir de cuatro razones: una
basada en principios de justicia distributiva, otra relacionada con
la insuficiencia de una propuesta de justicia
puramente correctiva, una tercera basada en elementos de
eficiencia econmica, que
recomiendan otorgar un lugar importante a la economa campesina y
de las
comunidades tnicas y, finalmente, una sustentada en la
convivencia poltica debido a la
razonable relacin que existe entre equidad agraria, paz y
democracia poltica (Sanchez, 2010).
Sin embargo, a pesar que la Ley de Vctimas se enfoca en la
justicia correctiva, haciendo
esfuerzos por devolver las cosas a su estado anterior,
subsanando parcialmente las afectaciones
materiales y subsidiarias que contempla la misma, enfrenta
varias dificultades:
1. Implementacin en un contexto de continuidad del conflicto
armado, caso nico en el mundo.
2. En un pas donde el ndice GINI de propietarios de la tierra es
el ms alto del mundo 0.87, lo
que representa que un 78% de propietarios tiene un promedio de
10.5 hectreas y el 52% del
rea de territorio nacional es propiedad del 1% (Informe Colombia
rural 2011. PNUD).
3. No trata, ni desarrolla, los temas de la justicia
distributiva, lo que la Comisin de seguimiento
de la Poltica Publica de desplazamiento forzado ha denominado la
falla de redistribucin respecto de este tipo de justicia como de
los criterios de productividad, rentabilidad e insercin
econmica y como actor fundamental del modelo de desarrollo
regional, nacional y mundial.
As mismo presenta una falla de reconocimiento por no reconocer
al campesino como clase, como proyecto cultural nacional, como
ciudadano de derechos y como actor poltico de un pas
agrario sin agro (Carlos Salgado, 2009).
4. La necesidad de una pedagoga de la Ley para que sea apropiada
por los ms de cinco
millones de vctimas a quienes la sta reivindica. A este respecto
se conoce que apenas el 61% de las mujeres jefes de hogar y el 56%
de los hombres jefes de hogar desplazados han
1 En:
http://www.semana.com/opinion/articulo/columna-leon-valencia-la-habana/360693-3
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Anlisis temtico de coyuntura nacional, octubre de 2013.
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completado la primaria y que menos del 5% cuenta con algn tipo
de educacin superior o
tcnica. Esto para indicar el reto de que las vctimas conozcan
las medidas de reparacin de la
Ley (Ministerio Educacin, 2013).
Principales desafos de la ley segn su implementacin a 2013:
a. Resultados exiguos en el proceso de restitucin de tierras
La Comisin de seguimiento de la Poltica Publica de
desplazamiento forzado (Garay 2011)
estima que entre el ao 1980 y julio de 2010 se habran abandonado
y/o despojado de manera forzada, como consecuencia del accionar
sistemtico de algunos grupos violentos legales e
ilegales, cerca de 6,6 millones de hectreas, lo que representa
el 15,4% de la superficie
agropecuaria de todo el pas, y el gobierno nacional ha
establecido como meta 2.345.245 hectreas, con lo cual se podra
concluir que existira un saldo en rojo que no se cubrira en la
vigencia de esta ley a junio 2021, cerca de las 2/3 partes de
esta cifra.
Adicionalmente, las cifras de restitucin logradas al mes de
junio de 2013, indican serias
debilidades en las etapas administrativa y judicial del proceso
de restitucin de tierras. El
siguiente cuadro permite hacer la inferencia2:
Etapa administrativa Etapa judicial
Solicitudes
ingresadas
para
Registro
de Tierras
N de hectreas que
representan las
solicitudes
ingresadas
N de
Solicitudes
que han
presentado
demanda
Demandas
judiciales
que han
derivado en
sentencias
N de
hectreas a
restituir
segn
sentencias
Restituciones
materiales
hechas
Tierra
entregada
segn
restitucin
material3
43.590
2.915.687 hectreas
1.560 128
12.141,6
Es imprescindible cuestionar qu pasa con el excedente entre una
etapa y la otra, si el nmero de
solicitudes de restitucin presentadas ante la Unidad de
Restitucin de Tierras URT- es de 43.590 y el nmero de solicitudes
de demandas judiciales es de 1.560, qu pasa con casos
restantes? Qu situacin jurdica presentan?, estos requerimientos
faltantes de anlisis y de
informacin representan cerca del 90% del universo de los
casos.
Por otra parte, el gobierno considera restitucin al proceso de
otorgamiento y legalizacin de
ttulos de predios, as como a las restituciones materiales, no
obstante no hay informacin
oficial sobre las restituciones materiales que den cuenta que
las personas ya estn haciendo uso
de sus tierras.
Las medidas de post-restitucin tampoco se observan efectivas, a
pesar que el gobierno ha
manifestado que 300 familias campesinas, hasta la fecha, se han
beneficiado de las medidas de
restitucin y post-restitucin, se identifica en lo local las
siguientes tensiones:
+ Especulaciones sobre las sumas de dinero por indemnizacin que
reciben las familias
restituidas, creando una expectativa social que puede ser
utilizada por los actores armados del
conflicto y las BACRIM, en diferentes modalidades delictivas y
de re-victimizacin.
+ Nuevos conflictos en las restituciones de las tierras por
anteriores poseedores, ocupantes de
buena fe, terceros y/u opositores de buena y de mala fe.
2La informacin contenida en el cuadro, se extrae de informe a
junio de 2013 de la Unidad de restitucin de tierras.
Consultado 28-05-13.
http://restituciondetierras.gov.co/?action=article&id=386 3No
hay informacin oficial sobre la cantidad de tierra entregada segn
restitucin material.
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Anlisis temtico de coyuntura nacional, octubre de 2013.
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+ Falta de financiamiento, asesoramiento y tecnificacin
sostenida para proyectos agrarios
vigentes en un tiempo considerable de auto-sostenibilidad y
equilibrio ambiental, que permita
superar el asistencialismo prevaleciente en esta poltica
pblica.
Balance de los actores generadores de despojo4:
Actores armados generadores del
despojo y / o abandono de tierras
Solicitudes de ingreso al registro de tierras
despojadas y /o abandonadas
Guerrillas: 36.25% 12.995 solicitudes de ingreso
Paramilitares: 32.46% 11.636 solicitudes de ingreso
Bandas Criminales Bacrim: 0.87% 311 solicitudes de ingreso
Testaferros y otros: 30.42% 10.904 solicitudes de ingreso
100% 35.846 licitudes de ingreso
Los testaferros, como actores que se mueven entre la ilegalidad
y la legalidad, son personajes
grises que permanecen en la sombra permisiva. Segn artculo de
prensa en la versin en lnea
del diario nacional Eltiempo.com, La Comisin de seguimiento de
la Poltica Pblica de
desplazamiento forzado, est avanzado en un informe sobre el
tema, en el que segn este diario,
se hicieron 67 cruces de variables de despojo como caducidad
administrativa y se encontr que este es un caso de un gran
concierto para apropiarse de tierras, en el que particip gente
del
INCORA (antiguo Incoder) y del INCODER(Instituto Colombiano para
el Desarrollo Rural), de
oficinas de instrumentos pblicos, de notaras y hasta de
inspecciones de polica. El estudio, que se plasmar en una
publicacin, ser entregado a la Unidad de Restitucin de Tierras y a
la
Fiscala para que se inicie la recuperacin de predios.
Desafos frente a la institucionalidad y la coherencia normativa
de la ley
Por tratarse de una ley de justicia transicional, requiere para
el desarrollo de las medidas
administrativas y judiciales, contar con funcionarios que
manejen este enfoque, y se debe decir
que en Colombia son pocas las instituciones de educacin superior
o tcnicas que desarrollen
proceso de enseanza en temas transicionales y agrarios.
Por otra parte, 17 jueces civiles de circuito son insuficientes
para atender las demandas de
restitucin, a esto se suma, la falta de funcionarios vinculados
en el nivel local y regional a las
unidades territoriales de atencin a vctimas y de restitucin de
tierras.
Adicionalmente, en el sistema judicial colombiano ha prevalecido
la falta de agilidad de los
procesos judiciales, la falta de credibilidad en esta institucin
judicial y la prevalencia de
impunidad; y tratndose de justicia transicional, la experiencia
con la Ley de Justicia y Paz
(975/05) no ha dado credibilidad y eficacia a las victimas luego
de 8 aos.
Seguridad de los reclamantes de tierras
La ley de vctimas no contempla soluciones efectivas a las
diferentes modalidades y nuevas
violencias que subsisten en los territorios restituidos por esta
ley. Al respecto, en lo que va
corrido del ao se han registrado por lo menos 7 muertes a lderes
reclamantes de tierras y cerca
de 700 lderes amenazados, la mayora de los casos presentados en
Crdoba, Cesar, Antioquia y
Choc, segn lo reportan importantes medios de comunicacin como la
revista Semana, El
Espectador y El Tiempo entre el segundo semestre del 2012 y lo
que va del 2013. Sobre este
4 Ibid.
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Anlisis temtico de coyuntura nacional, octubre de 2013.
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tema el informe de defensores y defensoras de DDHH 2013 es ms
alarmante al respecto,
prueba de lo anterior es la ltima vctima reportada el da 6 de
octubre de 2013 en la plaza
principal del municipio de los Palmitos (Sucre) el representante
de la mesa de victimas el Seor
Carlos Olmos Crdenas. Haciendo de este tema el principal en la
agenda de las vctimas.
Prolongacin y agravamiento de la situacin humanitaria de la
poblacin vctima del
conflicto armado que est por fuera de las zonas focalizadas,
para el proceso de restitucin
de tierras en el marco de la ley 1448 de 2011.
El gobierno nacional, ha determinado la macro y micro
focalizacin de las zonas que
inicialmente sern objeto de procesos de restitucin de tierras,
esta determinacin la hace el
Consejo de Seguridad Nacional, quienes evalan las condiciones de
seguridad en la zona. Si
bien es necesario contar con las condiciones de seguridad para
que las vctimas que solicitan la
restitucin de sus tierras vuelvan a stas, se requiere la
presencia efectiva de las instituciones
estatales y el acceso real a la oferta institucional general y
la particular para las vctimas del
conflicto.
III. El modelo de desarrollo econmico extractivista exportador:
impactos sobre los
bienes naturales.
Con el 0.7% de la superficie continental, Colombia posee cerca
del 10% de la biodiversidad del
mundo, siendo uno de los pases con mayor nmero de especies de
plantas y animales, as como
grandes porcentajes de territorios ricos en minerales,
hidrocarburos, agua, ecosistemas nicos
como la Amazonia y el Darin, zonas de pramo que surten el 70%
del agua que consume el
pas5, parques nacionales naturales, reas protegidas regionales y
municipales, reservas de
sociedad civil, humedales de inters internacional (RAMSAR por
sus siglas en ingls) y
territorios declarados por la UNESCO como zonas de reserva
biosfera6. Adicionalmente, el pas
se caracteriza por su riqueza tnica y cultural: Actualmente hay
102 pueblos indgenas que representan 1.400.000 personas (de los
cuales slo 87 estn reconocidos por el Estado) y cerca
de diez millones de personas son afrodescendientes7.
Por el gran dinamismo que tiene actualmente el sector minero
energtico es difcil determinar
cuntas hectreas estn siendo realmente exploradas, explotadas y/o
solicitadas. Segn datos de
la Contralora General de la Repblica, a finales de diciembre de
2012 haban sido suscritos
9.400 ttulos mineros, en un total de 5.6 hectreas. Se estima que
en la actualidad existen ms de 19 mil solicitudes mineras [abril de
2013] por resolver () se puede sealar que en el pas las reas con
inters minero abarcan cerca de 40 millones de hectreas de las 114
millones de
hectreas que conforman el territorio continental 8. Por su
parte, el Secretariado Nacional de Pastoral Social, a travs del
Observatorio de Realidad, ha identificado que cerca del 91% de
las
5 Colombia cuenta con el 60% de los pramos del mundo, con ms de
300 pramos reconocidos, en un
total en un total de 1 milln 932 mil hectreas, de las cuales
108. 972 han sido concesionadas para la
explotacin de minerales. 6 Colombia cuenta con cinco zonas de
reservas bisferas: Seaflower (San Andrs, Providencia y Santa
Catalina), declarada en el ao 2000; la Sierra Nevada de Santa
Marta (Sierra Nevada, parque Tayrona y el
Santuario de Flora y Fauna los Flamencos), declarada en 1979; la
Cinaga Grande de Santa Marta declara
en el 2000; El Tuparro declarada en 1980; y El Cinturn Andino
declarada en 1980. 7 Cceres Aguirre, Alirio, 2012, A cielo abierto:
hacia un discernimiento ecoteolgico de las gracias y
desgracias de la minera en Colombia. Ponencia presentada en el
Seminario Internacional sobre economa
extractiva, derechos humanos e identidades religiosas. 8 Garay,
Luis Jorge (Director), 2013, Minera en Colombia: fundamentos para
superar el modelo
extractivista, Contralora General de la Repblica.
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Anlisis temtico de coyuntura nacional, octubre de 2013.
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jurisdicciones (JE) del pas tienen en sus territorios algn tipo
de explotaciones de ms 25 tipos
de bienes naturales que son comercializados.
Estas actividades estn afectando los territorios colectivos
indgenas y afrodescendientes, tema
en el cual el Observatorio ha identificado que en 41 JE se
percibe que la afectacin principal de
estas actividades recae directamente en dichas poblaciones con
impactos como el
desplazamiento, la prdida de vocaciones econmicas, el aumento de
la pobreza y miseria, el
aumento del alcoholismo, la drogadiccin y la prostitucin, entre
muchos otros.
Adicionalmente, se estn afectando las zonas ecolgicamente
protegidas, ya nombradas, a causa
de la contaminacin de suelos, aguas y aire; segn datos del
Observatorio de Realidad 30 JE dan
cuenta de explotacin en zonas protegidas.
Esta realidad ha volcado a las comunidades afectadas, as como a
diversos sectores de la
sociedad civil, entre ellos la Iglesia Catlica, a pronunciarse y
actuar frente a la devastacin
ambiental y la enorme afectacin social por el escaso impacto
social en el desarrollo humano de las regiones mineras9 y en
general de todo el territorio nacional. Esta nueva conciencia
social est generando diversas luchas y movilizaciones que estn
marcando una forma diferente
de concebir los bienes naturales donde la tica, el bien comn, la
Madre Tierra, el buen vivir y
la bsqueda de un desarrollo humano, integral y solidario marcan
el camino de un creciente
movimiento latinoamericano que propende por un cambio de modelo
de desarrollo econmico
donde la dignidad de la persona y la defensa de sus derechos
sean los pilares fundamentales.
El Observatorio ha identificado que en 35 JE se han llevado
a
cabo procesos de resistencia frente al incremento de la
actividad extractiva por el deterioro de las condiciones de
vida de las poblaciones. Una muestra de ello son las cifras
oficiales del DANE (Departamento Nacional de Estadstica)
que dan cuenta que en los municipios donde se ha llevado
acabo la explotacin de recursos por dcadas, las necesidades
bsicas insatisfechas de las poblaciones son cada vez ms
altas.
Uno de los principales conflictos minero energticos de los
ltimos aos es el generado por el Proyecto Hidroelctrico El
Quimbo en el departamento del Huila, zona en la que confluyen un
alto nmero de
hidroelcricas y proyectos petroleros, que han movilizado no
solamente a campesinos sino a
indgenas y pobladores urbanos de toda la regin centro del pas
por la grave afectacin
ambiental y social. En esta ocasin, la poblacin ha sido
fuertemente amilanada por oponerse al
desarrollo de dichos proyectos, algunos de ellos en manos de una
empresa italo-espaola y otra
China, por afectar las zonas agrcolas ms productivas de la
regin, la pesca artesanal de miles
de pobladores, intervenir una de las principales arterias
fluviales del pas (el Ro Magdalena),
desconocer quiz la zona arqueolgica ms importante de Colombia y
obligar al desplazamiento
de un alto nmero de personas.
En esta ocasin la Iglesia ha estado acompaando de cerca a las
comunidades afectadas y
propiciando el dilogo con entes territoriales para que se
escuchen los clamores del pueblo. Un campesino al que yo le
pregunte: por qu se dejaron sacar tan fcil?. El campesino
mirndome
con tristeza [me dijo]: Padrecito nosotros sabemos pescar, pero
no sabemos luchar. Cranme
9 Comunicado Conferencia Episcopal de Colombia, La realidad
minero energtica en actual: riesgos y
posibilidades, 2012.
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Anlisis temtico de coyuntura nacional, octubre de 2013.
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que estas palabras las tengo en la mitad del corazn, mi
compromiso con Cristo me obliga a
comprometerme en esta lucha con los ms necesitados y con los ms
pobres 10.
Estos son slo unos pocos ejemplos de las luchas y resistencias
sociales que actualmente se
estn viviendo en Colombia, protagonizadas por la poblacin
campesina, afro e indgena
histricamente excluida del bienestar y la proteccin del Estado.
Poblaciones cuyos territorios
no se perciben por el aparato estatal como propios, sino como un
bien transable y explotable en
los cuales prima el provecho econmico ms que la dignidad y
calidad de vida de quienes los
habitan.
IV. Agenda legislativa segundo semestre 2013
Antecedentes: la compleja agenda del primer semestre
El 20 de julio de 2013 el actual Congreso de la Republica de
Colombia inici su ltimo periodo
legislativo, antes que empiecen en forma las campaas para las
elecciones nacionales del 2014
para Presidencia y Congreso de la Republica.
Luego de un primer semestre marcado al igual que el 2012 por
intensos debates de control
poltico11
, tensiones entre Gobierno y Congreso, investigaciones por
parapoltica, coaliciones
partidistas para apoyar precandidaturas y trmites legislativos
dilatados, al Congreso le restan
los meses de octubre y noviembre para tramitar proyectos de ley
pendientes del periodo anterior
(aproximadamente 150) como:
a. Reglamentacin del derecho fundamental a la consulta
previa
b. Los tres proyectos de ley radicados sobre desarrollo rural
(si la mesa negociadora en La
Habana lo avala)
c. Los nuevos Cdigos electoral y penitenciario.
d. La implementacin efectiva del marco legal para la paz.
e. El problema de la compra de tierras baldas por parte del
sector privado (Ley Urrutia)
f. La implementacin de la Ley 1448 de 2011, sobre el reciente
informe de su Comisin de
Seguimiento.
g. El reciente proyecto de Ley Estatutaria para impulsar un
referendo por la paz en torno a los
acuerdos que surjan con La Habana.
Adems de priorizar en los proyectos que el gobierno nacional
present con trmite de urgencia
con el apoyo de los partidos de la Mesa de Unidad Nacional, como
la Ley Estatutaria de Salud y
la reforma pensional.
Estos debates han sido muy fragmentados y convocados a ltimo
momento, dada la dinmica
preelectroral y el ausentismo de las ltimas sesiones de debate
sobre la reforma a la salud,
solucionado tras la expedicin de un Decreto Presidencial que les
devuelve una prima de ocho
millones de pesos desconocida por un fallo del Consejo de
Estado.
El conflicto fronterizo con Nicaragua:
10
Palabras del Padre Jaime Tovar de la dicesis de Neiva.
http://www.youtube.com/watch?v=8khBkTD1u8E 11 Sobre temas como la
implementacin de la Ley de Victimas y Restitucin de Tierras, el
modelo de desarrollo rural, el desarrollo de la industria
extractiva, la extranjerizacin de la tierra, la implementacin de la
nueva reglamentacin
del fuero militar y el debate sobre el acceso a los derechos a
la salud y la pensin (que modificar todo el Sistema
General de Seguridad Social en Colombia).
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Anlisis temtico de coyuntura nacional, octubre de 2013.
10
Aunque an falta la respuesta del Tribunal de la Haya al recurso
de revisin presentado
Colombia para revocar el fallo que reduce territorio colombiano
a favor del nicaragense, el
gobierno ha declarado inaplicable el fallo hasta tanto no haya
un nuevo tratado con ese pas que
lo implemente.
Por otro lado, las alianzas entre partidos polticos y
movimientos regionales, as como entre
bancadas oficialistas por un lado y movimientos de oposicin para
presentar.
SINTESIS DE LOS SIETES DEBATES PARLAMENTARIOS MS IMPORTANTES
DE 2013
I. En el tema de vctimas
La pertinencia de los mecanismos y estructura definidos por el
protocolo de participacin,
propuesto por la Unidad de Victimas para posibilitar la
participacin de las vctimas en la
construccin de polticas pblicas a su favor, el marco de la ley
1448 de 2011.
Los conflictos entre restitucin de tierras y concesiones
mineras.
La situacin de garantas de las organizaciones protierras y sus
lderes.
El surgimiento de ejrcitos anti restitucin como problema de
seguridad nacional.
II. Desarrollo rural y acceso a la tierra
La tierra para qu? Seguridad alimentaria / desarrollo
extractivo/ generacin de empleo,
bancarizacin o una mixtura de las anteriores.
La tierra para quin?, para quien la habita /puede invertir en
ella / tecnificarla y generar empleo
sobre su uso / o una mixtura de las anteriores.
La concentracin de tierras baldas a manos del sector privado y
la propuesta de la ley Urrutia
para legalizar esos procesos de adquisicin irregular de las
mismas
III. Derecho fundamental a la consulta previa
La consulta previa, derecho fundamental absoluto de las
comunidades tnicas y rurales absoluto
o derecho que debe ser reglamentado para ponerlo al servicio del
inters general, para priorizar
grandes proyectos de desarrollo e infraestructura.
IV. Reforma a la salud
El control a la autonoma de las entidades prestadoras de salud,
la participacin ciudadana en la
construccin del sistema y la poltica pbica en salud, los niveles
de intervencin estatal en la
regulacin del sistema.
V. Reforma a la pensin
El control a la autonoma de los fondos privados de pensin, el
desmonte de los regmenes
pensionales especiales y las pensiones paralelas la
flexibilizacin del mnimo vital y mvil
pensional y del mnimo de semanas para acceder al reconocimiento
pensional, y la figura de la
pensin compartida y los subsidios para cotizar.
VI. La constitucionalidad del marco legal para la paz
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Anlisis temtico de coyuntura nacional, octubre de 2013.
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La Corte Constitucional recientemente aprob dicho marco, que
gener debate por el riesgo de
que se repitan los errores de la Ley 975, que permiti
desmovilizaciones de paramilitares sin
procesos de verdad, justicia y reparacin, pero ahora aplicables
a grupos guerrilleros.
VII. El Referendo por la paz
Proyecto de ley estatutaria que de aprobarse hara uso de las
prximas elecciones nacionales
para hacer un referendo aprobatorio de los acuerdos que se
alcanzaron durante los dilogos de
paz el partido de la U y Conservador consideran que sin culminar
los acuerdos en La Habana es riesgoso aprobar dicha ley.
V. COYUNTURA PREELECTORAL Y PARTICIPACIN POLTICA
La crisis de los partidos polticos por problemas como la
corrupcin, ha generado nuevos
movimientos y expresiones de accin social y poltica que no
necesariamente buscan su
intermediacin y han venido desarrollando rpida capacidad de
convocatoria y presin poltica
mediante la generacin de opinin pblica.
En medio de esta, la institucionalidad publica tambin ha venido
buscando nuevos espacios de
dialogo social ms directos con la sociedad civil, con el fin de
jalonar su participacin y el
dialogo social directo en torno a temas como la construccin de
polticas pblicas y la bsqueda
de garantas para la accin social y poltica en las regiones y
comunidades (Conferencia
Nacional de Derechos Humanos, Mesa Nacional de Garantas, Foros
Regionales de Paz).
Aun as, la persistencia y reconfiguracin del conflicto armado
sigue siendo un obstculo a la
participacin y el dialogo social y poltico, limitando las
garantas que busca ofrecer el Estado
para tal fin, y tratando de debilitar en varias zonas del pas,
procesos de liderazgo, organizacin
y participacin, desde prcticas de estigmatizacin y persecucin a
las comunidades y
movimientos sociales.
a. La corrupcin poltica y la crisis de los partidos polticos: el
conflicto armado no es el
nico problema.
Durante estos dos aos, la Fiscala General de la Nacin, la Corte
Suprema de Justicia, la
Procuradura General de la Nacin y la Contralora General de la
Repblica han asumido en uno
u otro caso, las investigaciones por escndalos de corrupcin y
presuntos fraudes ocurridos
durante el periodo de la seguridad democrtica, como robos de
tierras a desplazados desde
notaras pblicas, defraudaciones a sectores como salud,
pensiones, educacin, impuestos (caso
DIAN y fondos para la infancia, con casos como la corrupcin del
Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar- ICBF, presuntas falsas desmovilizaciones de
grupos armados ilegales, falsos
atentados terroristas.
Estas instituciones deben continuar las investigaciones a la
ejecucin de proyectos
gubernamentales como Agro Ingreso Seguro AIS, nexos del Estado
con paramilitares, espionaje a defensores de derechos humanos,
magistrados, oposicin poltica y periodistas, y el
fenmeno mismo de la Yidis poltica y parapoltica.
Segn el Movimiento de Observacin Electoral MOE, han sido
procesados judicialmente por
parapoltica nexos con grupos paramilitares- entre 2010 y 2012
(19 en la cmara y 22 en senado, 38 de ellos en etapa de
investigacin preliminar, dos condenados y uno en etapa de
juzgamiento).
-
Anlisis temtico de coyuntura nacional, octubre de 2013.
12
Estos 41congresistas representan a casi todos los departamentos
del pas, pero principalmente a
los departamentos del norte, como Antioquia, Atlntico, Bolvar,
Cesar, Crdoba, Magdalena,
Santander y Norte de Santander, y algunos del sur como Tolima y
Valle del Cauca. La filiacin
poltica de los congresistas investigados corresponde a los
partidos de la U, Conservador,
Liberal y Cambio Radical. Escndalos que han generado no solo una
alteracin en las agendas
polticas (como la del Congreso con varios parlamentarios
involucrados) sino crisis, fricciones y
problemas de imagen y legitimidad de los actuales partidos
polticos, vacos que tratan de ser
llenados con nuevas coaliciones bipartidistas y surgimiento de
nuevos movimientos polticos.
b. El surgimiento de nuevas expresiones de participacin social y
poltica.
Ante la crisis descrita somos testigos hoy del surgimiento de
nuevas expresiones de
participacin social y poltica, por una parte el surgimiento de
nuevos movimientos polticos
como la Marcha Patritica, de corte originariamente campesino
pero con nuevos brazos de
accin urbana con movimientos como el sindical y el estudiantil,
de perfil opositor y de
izquierda, el Puro Centro Democrtico, que se anuncia como de
centro pero en el que militan
representantes de la derecha poltica y partidos oficialistas
seguidores del Uribismo y la poltica
de seguridad democrtica, y el Movimiento Pido la Palabra,
conformado por algunos
acadmicos, intelectuales y lderes de Organizaciones sociales y
no gubernamentales como
Claudia Lpez, ms de alcance deliberativo que poltico en la
actualidad, adems del reciente
resurgimiento de la Unin Patritica como partido de
izquierda.
As mismo el incremento de huelgas y movilizaciones sociales de
sectores como el campesino,
estudiantil, de transportes, minero, docente, sindical, del
sector areo entre otros, marcan una
tendencia fuerte a la accin poltica visible e inmediata, que
evita intermediaciones, marcada
por la accin meditica y generacin de opinin pblica ante medios
de comunicacin,
generalmente de oposicin a las polticas actuales en materia
agraria, econmica e industrial
entre otras, que muchos ven como expresiones de Democracia
Participativa, ante la crisis de la
Democracia Representativa.
c. Coaliciones sorpresivas entre partidos y movimientos
polticos, de cara a la carrera por
la Presidencia y el Congreso de la Repblica.
Las divisiones internas al interior de los Partidos Polticos
como parte de sus crisis, parece ser
evidentes en este periodo preelectoral.
Por ellos, los acercamientos a movimientos polticos para buscar
mayor apoyo electoral son
cada vez ms frecuentes, como entre el Partido Verde con perfil
de centro y el movimiento de
izquierda denominado Progresistas, as como acercamientos
paralelos entre militantes del
primero y el Puro Centro Democrtico.
As mismo algunos militantes del Partido Liberal buscan
acercamiento al Partido Verde y otros
a los Progresistas para el mismo fin, mientras el Polo
Democrtico Alternativo busca la
unificacin de la izquierda con los Progresistas, el movimiento
Marcha Patritica, los
Movimientos de Vctimas y la resurgida Unin Patritica (aunque
esta ltima aun no entra
claramente a la dinmica electoral), coaliciones que permitiran
nutrir las instituciones con
nuevas expresiones polticas, mientras se protege la continuidad
de los partidos tradicionales
con crisis internas y de legitimidad.