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http://radio.uchile.cl/2013/10/07/40-anos-de-modelo-neoliberal-en-chile40
aos de modelo neoliberal en ChileCarlos Prez Soto|Lunes 7 de
octubre 20138:54 hrs.
1. El sistema neoliberal no requiere de una dictadura
militarDurante casi cuarenta aos (desde 1975), Chile ha sido
escenario de un profundo experimento econmico y social. En un pas
pacificado a la fuerza por el golpe de Estado de septiembre de
1973, y por cinco aos (1973-1978) de cruenta represin de dirigentes
polticos y sociales, los ministros civiles del gobierno militar
pudieron despejar brutalmente toda traba institucional e
implementar, gobernando a travs de decretos leyes, un modelo
econmico completamente ajeno a la tradicin chilena, que careca de
precedentes incluso en cualquier poltica econmica implementada
alrededor del mundo durante el siglo XX.Muchas de las frmulas
econmicas y sociales ideadas por los tericos neoliberales a lo
largo de los aos 40 y 50 fueron aplicadas por primera vez en Chile
y luego, desde aqu, predicadas y aplicadas con diversos grados de
autoritarismo prcticamente en todos los pases del mundo desde los
aos 80 hasta hoy. Esto hace que Chile, un pas de escaza poblacin
(16 millones en 2012), con una economa relativamente menor a pesar
de sus enormes riquezas naturales, se haya convertido en un
verdadero modelo para la nueva derecha a nivel mundial. Un modelo
protegido por los grandes poderes mundiales de las oscilaciones ms
irresponsables del capital financiero y protegido tambin por una
eficiente clase poltica de las tentaciones de convertir sus avances
en provecho populista. Un pas cuyo xito econmico es usado para
disciplinar a los trabajadores en todo el mundo en torno a las
polticas capitalistas ms depredadoras. Polticas cuyas bondades son
repetidas hasta el cansancio, como verdades evidentes y dogmas
doctrinarios por las grandes cadenas de medios de comunicacin a
nivel mundial. Verdades y evidencias que apuntan sobre todo contra
los peligros que representara el Estado interventor, contra la
irresponsabilidad contenida en cualquier poltica que busque
asegurar derechos econmicos y sociales bsicos.Que el tan cacareado
xito de este modelo en Chile slo encubre una enorme catstrofe
social para los ms amplios sectores del pueblo chileno, y un modo
de grosera depredacin y saqueo de sus riquezas, es algo que se ha
mostrado, con cifras impresionantes, muchas veces. Baste con
indicar dos datos:a. Entre 2006 y 2011 las grandes compaas mineras
extranjeras se han llevado de Chile ms de 160.000 millones de
dlares en ganancias. Hay que notar, adems que mientras la inversin
total de estas compaas entre 1974 y 2006 sum 19.976 millones de
dlares, slo en 2006 obtuvieron ganancias por 25.405 millones de
dlares.b. Segn los datos del Servicio de Impuestos Internos (SII),
el 99% de los chilenos vive con un salario promedio de 680 dlares
($339.680), el otro 1% con un salario promedio de 27.400 dlares
($13.703.000), es decir, 40 veces mayor. Es importante notar que
esa mayora tambin es desigual: el 81% de las personas en Chile
viven con un salario promedio de tan slo 338 dlares ($169.000) con
un tope, en ese promedio, de 1096 dlares mensuales ($548.000).Datos
como estos son los que permiten entender el fraude que se esconde
tras las cifras macroeconmicas exitosas. Pero ms que las cifras que
lo caracterizan, o su origen sangriento, lo que me importa aqu es
ms bien en que ha consistido de manera profunda este modelo, y cmo
un anlisis marxista puede dar cuenta de su normalidad, es decir, de
la extraordinaria estabilidad poltica que lo ha acompaado hasta el
da de hoy. Describir sus mecanismos y los compromisos polticos que
permiten su funcionamiento.La primera fase del modelo neoliberal,
la privatizacin de los activos del Estado y la reduccin del gasto
estatal, es la que ha sido mejor estudiada y documentada. Es tambin
la que sus propios gestores publicitan ms a menudo, atribuyndole
toda clase de efectos ordenadores, disciplinantes, del caos en que
los Estados habran sumido a las economas modernas.Los diversos
analistas de izquierda que lo han abordado han puesto un gran
nfasis en sus orgenes violentos. Por un lado la violencia militar
extrema de las dictaduras latinoamericanas en los aos 70. Por otro
la extrema violencia de la corrupcin civil que, amparada en esa
posicin de fuerza, privatiz y desnacionaliz las riquezas y los
aparatos productivos estatales levantadas tras dcadas de economas
desarrollistas.Este nfasis en la violencia explcita, sin embargo,
ha contribuido durante mucho tiempo a oscurecer la segunda fase,
mucho ms profunda, en que el modelo se extiende y consolida,
promovido incluso por los agentes polticos que han sido vctimas en
diverso grado de la violencia primera, y que han usado
sistemticamente esa calidad de vctimas para legitimar como
alternativas, o como modificaciones en la medida de lo posible, los
propios dogmas econmicos que dicen criticar.Es la segunda fase, en
que Chile es nuevamente un modelo ejemplar, la que hoy en da es
urgente analizar y criticar pues es la que est presente en casi
todas las salidas que se ofrecen a nivel mundial para los efectos
de la crisis financiera que se arrastra desde 2008. Es la que es
necesario exponer y denunciar sobre todo para dejar al descubierto
uno de los principales mitos de la crtica anti neoliberal
imperante: el modelo neoliberal NO fue impuesto, ni fue hecho
eficaz y viable, a partir y a travs de dictaduras militares. Su
verdadera eficacia y profundidad ha sido implementada
progresivamente a travs de gobiernos civiles, por medios
democrticos, y por coaliciones polticas que proclaman ser de centro
izquierda. Lagos y Bachelet son los herederos perfectos de Pinochet
y sus ministros de hacienda. El PSOE es el complemento perfecto del
PP en Espaa. Los Kirchner los sucesores perfectos de Menem. Lula es
el complemento de Cardoso. Y esto es lo que ocurre en general con
la centro izquierda europea y su retrica anti Thatcher y anti
norteamericana.La primera etapa del nuevo modelo de dominacin
capitalista que se ha implementado desde los aos 80 en todo el
mundo ha sido caracterizada frecuentemente como poltica de shock. A
la luz de lo ocurrido con posterioridad, es necesario agregar
bastantes matices a esa visin simple. Es indudable que han existido
estos momentos de shock pero, a pesar de su importancia, han sido
ms bien la excepcin que la regla. Y, en todo caso, el componente de
violencia militar en ellos no ha sido el elemento crucial ni, mucho
menos, su condicin de posibilidad. El shock en Grecia, Irlanda,
Espaa, Portugal, se ha realizado en plena democracia. La transicin
neoliberal profunda se realiza en Estados Unidos, en Inglaterra, en
Alemania, en Rusia y en casi todos los pases que formaron parte del
rea socialista sin un shock visible, a travs de mltiples medidas
que apuntan en esa direccin, pero que no se presentan como una
poltica masiva, rpida y explcita.El shock neoliberal est
relacionado bsicamente con cuatro cuestiones:a. las polticas de
precarizacin del empleo y el debilitamiento de los derechos
laborales;b. las polticas de privatizacin de las ramas de la
produccin en manos del Estado;c. una poltica general de
desnacionalizacin de los recursos naturalesd. una poltica general
de liberalizacin del comercio mundial, de apertura arancelaria,
congruente con las nuevas formas de organizacin industrial
distribuida a nivel mundial.Ms que una dictadura militar que ordene
estas medidas por decreto (como ocurri en Chile), en realidad es
este ltimo aspecto el que desencadena y opera como motor permanente
de los tres anteriores. Desde fines de los aos 70 ha ocurrido un
drstico reordenamiento tanto en la base tcnica del capital como en
su localizacin. La produccin manufacturera ya no est organizada en
grandes instalaciones centralizadas, ubicadas de manera
predominante en el primer mundo, sino que se ha desplazado hacia la
periferia, en que es posible bajar notablemente los costos en
salarios, y en forma de redes de produccin de partes y piezas, en
que slo algunos mdulos actan como armaduras. Esto ha significado
una radical desindustrializacin de Estados Unidos y Europa, y a la
vez una industrializacin creciente de pases como Corea del Sur,
Taiwn, Singapur, Malasia, en una primera oleada, y ahora de China,
India, Brasil y Mxico. Esta produccin en red ha aumentado
enormemente el comercio mundial al interior de las propias empresas
trasnacionales, que se organizan como redes en que operan mercados
interiores que deben traspasar las fronteras nacionales. Esta
organizacin es la que ha obligado a la completa apertura comercial
que, de paso, permite la destruccin de toda iniciativa de
desarrollo industrial consistente y medianamente autnomo a todos
los dems pases.Tanto la precarizacin del empleo, como la
desnacionalizacin de los recursos naturales, como la destruccin de
los aparatos productivos estatales, en realidad han sido efectos de
esta profunda reorganizacin, de envergadura histrica, de la divisin
internacional del trabajo capitalista. En rigor, el discurso
doctrinario neoliberal, su pretendido saber tcnico, no ha sido la
causa, ni el motor, de esta reorganizacin, sino ms bien el discurso
con que se ha legitimado. La ineficacia del Estado, la necesidad
compulsiva de integrarse a la globalizacin, las supuestas
desgracias que traera el proteccionismo, las supuestas bondades de
la iniciativa y el emprendimiento individual en torno a pequeas
unidades econmicas, son todos argumentos que surgen desde, y son
funcionales a, este proceso en el orden de la produccin.Es por eso
que el llamado shock neoliberal no ha llegado de manera masiva,
explcita y uniforme a aquellos pases donde imperan regmenes
democrticos, es decir, a aquellos lugares y espacios sociales en
que esta revolucin post fordista no ha sido necesaria an. La
precarizacin del empleo, por ejemplo, se ha introducido en la mayor
parte del mundo por reas, a travs de polticas que se presentan
paradjicamente como fomento, o generacin de nuevos empleos, o como
excepcin: empleo precario para jvenes, para mujeres, para zonas
pobres, para profesionales universitarios recin egresados. Normas
que se agregan a las ya existentes, sin eliminarlas, aunque de
hecho las nieguen, van creando una tendencia, acompaada de
aparatosas campaas de propaganda, en que se debilitan por sectores
los derechos laborales tradicionalmente adquiridos a travs de
prolongadas luchas de los trabajadores. Una propaganda que
sostenidamente afirma favorecer el empleo, hacer viable la economa,
abrir nuevas posibilidades al adelanto econmico de los individuos y
las familias, sin hacerse cargo en absoluto ni de la calidad del
empleo que favorecen, ni de los bajos niveles salariales
implicados, ni de la absoluta falta de derechos laborales y
sindicales que los rodean. Eso explica que en la mayor parte de los
pases del mundo el avance de la precarizacin laboral coexista
perfectamente con sectores enteros de trabajadores que mantienen an
sus derechos clsicos, sobre todo en la administracin y en los
servicios que provee el Estado, en las fbricas en que subsiste el
rgimen fordista, y en el campo que no se ha reconvertido an a las
nuevas formas de industrializacin agrcola. Cuestiones que son
claramente visibles en pases como Mxico, Brasil y Argentina.De la
misma manera, la desnacionalizacin de los recursos naturales, no se
ha operado de un modo uniforme y tajante, que suprima o revierta
las grandes nacionalizaciones promovidas por gobiernos
antiimperialistas en los aos 70. Las formas ms eficaces son ms bien
el control de la comercializacin de los recursos de los que no se
es dueo, el dominio de toda la cadena de elaboracin de los
derivados o concentrados, que son los que realmente se ocupan en la
produccin industrial, e incluso el dominio de la administracin
financiera de los excedentes en dinero que produce la riqueza
tericamente nacionalizada. Los pases son dueos de la piedra, del
crudo, pero de nada ms. La industria petroqumica, las refineras del
cobre y el estao, las grandes productoras de acero, permanecen en
manos del capital trasnacional. Los excedentes en dinero son
administrados por la banca trasnacional. Y ahora, en la segunda
fase del modelo, dos mecanismos adicionales. Uno explotacin mixta
en que los Estados nacionales entran en sociedad con las empresas
trasnacionales (que frecuentemente los exceden en poder econmico),
en tratos paritarios que favorecen escandalosamente al capital, y a
la vez lo liberan de cargas tributarias o excesos de fiscalizacin
sobre sus operaciones. El otro es el rgimen de concesiones plenas,
ideado en Chile, ante la negativa del gobierno militar a privatizar
el cobre, por Jos Piera Echeique, uno de los principales idelogos
nacionales del modelo, y dictado como ley en 1981, segn las cuales
el Estado no pierde la propiedad de los recursos, pero si una vez
dictada la concesin decide retirarla (para lo cual bastara un
simple decreto presidencial), debe pagar a la empresa afectada el
100% de las ganancias que podra haber obtenido por su
explotacin!.Por ltimo, la privatizacin de los activos econmicos en
manos del Estado no ha operado en general sobre la base de decretos
dictados bajo el amparo militar sino ms bien tras un proceso de
destruccin metdica e intencionada: la disminucin de su
productividad y eficacia por falta de inversin, la reduccin de sus
ganancias y aportes al presupuesto general por la va del
despilfarro. Con esto el dogma neoliberal de la ineficiencia del
Estado se ha convertido en una mera profeca auto cumplida, tras la
cual la privatizacin aparece casi como un beneficio para toda la
sociedad. Es el caso de la empresa telefnica privatizada en la poca
del PSOE en Espaa, es el caso de la telefnica mexicana que,
milagrosamente, duplic su valor en menos de dos meses despus de ser
privatizada. Los servicios de comunicaciones, de transportes, de
agua potable, pueden ser privatizados cmodamente, y en forma
pacfica por esta va.Incluso, cuando se observa el propio proceso
chileno, del que se dice que estara fundado en la violencia
militar, lo que se encuentra es que los efectos reales del shock, y
sobre todo su consolidacin como rgimen de normalidad econmica, se
produjeron a partir de 1990, durante los gobiernos de la
Concertacin, no bajo la dictadura. A pesar de que la Ley de
Concesiones Plenas se dict en 1981, la inversin minera en Chile
entre 1974 y 1989 slo lleg a 2390 millones de dlares. En cambio,
entre 1990 y 2005 subi a 17578 millones de dlares. Las leyes que
han permitido que las empresas mineras eludan o evadan impuestos
proceden del gobierno de Patricio Aylwin. A pesar de las garantas
ofrecidas, an en 1990 las grandes mineras privadas controlaban slo
el 16% de la produccin de cobre; en 2007 esta proporcin haba
subido, en cambio al 69%. Otro tanto se puede decir de todas y cada
una de las grandes medidas econmicas dictadas en la poca
dictatorial. Hoy en da nadie pone en duda que los gobiernos de la
Concertacin han respetado y profundizado plenamente el modelo
econmico que heredaron, en contra incluso de lo que fue presentado
como su propio Programa Fundacional.2. Los mecanismos bsicos del
modelo en ChileConsiderando estas mltiples evidencias es que
importa hoy enumerar con la mayor claridad posible cules han sido
las herramientas econmicas han permitido que los tecncratas
chilenos prediquen el xito de su modelo.a. El cobreDesde luego, y
largamente, el gran asunto en juego es la desnacionalizacin del
cobre. Chile es un pas que vale para el capital trasnacional lo que
valen sus recursos naturales. Hoy en da la produccin de la minera
chilena equivale al 17,4% del PIB. En esta cifra, el 16%
corresponde a las exportaciones de cobre. En esta cifra, cerca del
70% corresponde a la minera privada. Es decir, ms del 12% del PIB
sale de Chile por la va de la produccin minera privada.b. Las
Administradoras de Fondos de PensionesEl crecimiento econmico
exhibido o, al menos, el exorbitante crecimiento del que han gozado
los sectores privilegiados de este pas tiene, sin embargo, otros
dos componentes, que dan cuenta ahora de la expansin de los
empresarios chilenos hacia los dems pases de Amrica Latina. Uno es
el sistema de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP),
creado en 1980, que obliga a los chilenos a cotizar el 10% de sus
salarios en Administradoras privadas, que pueden utilizar este
ahorro forzoso como fuente de capital para empresas relacionadas,
sin ofrecer a cambio ninguna garanta real de rentabilidad, ni
absolutamente ninguna participacin en la poltica de inversiones, a
los que son propiamente los dueos de ese capital.Tras ms de treinta
aos del sistema se han acumulado ms de 250.000 millones de dlares,
nominalmente propiedad de los trabajadores. Sobre esos fondos los
propietarios de las Administradoras han cobrado cerca de un 30% de
las cotizaciones en comisiones por su administracin
independientemente de si las inversiones que hacen tienen o no
rentabilidad real. Esto ha significado que, a pesar de las
fluctuaciones y las crisis financieras, los dueos de las AFP han
recibido entre 500 y 1000 millones de dlares cada ao. Es notable
que desde 2008, debido a la crisis financiera internacional, el
fondo global, perteneciente a los trabajadores, disminuy en cerca
de un 30%!, una cifra mayor que todas las ganancias obtenidas por
esos fondos en los 27 aos anteriores, y an as los dueos de las AFP
obtuvieron en 2008 ganancias por 10 millones de dlares. Pero ya en
2009, sin que los fondos se hubiesen recuperado realmente, sus
ganancias volvieron al orden de los 500 millones de dlares. Por
estas dos vas, la posibilidad de utilizar el ahorro forzoso de los
trabajadores de todo un pas, y la libertad de apropiar cerca de un
tercio de ese ahorro como comisiones, las AFP han sido la viga
maestra de los empresarios nacionales del retail, de la fruta y las
pesqueras, de la celulosa y el papel, de la mediana minera privada.
Como dato ilustrativo hay que considerar que el 70% de los fondos
han sido invertidos en tan slo diez grandes grupos de empresas
chilenas.El reverso de este gigantesco aporte de los trabajadores a
la gran empresa privada es dramtico. En 2012 la pensin promedio
pagada por el sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones
(AFP) alcanz tan slo 178.000 pesos (unos 360 dlares). Las pensiones
pagadas correspondan en promedio a tan slo el 33% del salario
percibido por los trabajadores antes de pensionarse. Peor an, el
60% de las pensiones pagadas por las AFP entre 1982 y 2009 han sido
aportadas por el Estado! Una situacin que se explica porque el 60%
de los pensionados recibe menos de $75.000 (150 dlares), y sus
pensiones deben ser compensadas por un aporte estatal.c. La elusin
tributariaEl otro mecanismo, que explica que el 0,1% de los
contribuyentes chilenos acumulen 17% de la riqueza nacional son las
mltiples formas de evasin y elusin tributaria de las que han gozado
las empresas por ms de treinta aos. Slo por la principal de ellas,
el llamado Fondo de Utilidades Tributables (FUT) los empresarios de
este pas han logrado evadir cerca de 40.000 millones de dlares en
impuestos. Una mdica contribucin a costa de beneficios posibles
para todos los chilenos, que les ha permitido capitalizar e imponer
su crecimiento como si fuese un producto de su propia eficacia. En
general, se ha construido un sistema impositivo en que los
empresarios pagan sistemticamente menos impuestos que los
trabajadores.Precarizacin del empleo, desnacionalizacin de los
recursos naturales, privatizacin de la administracin de los fondos
de pensiones, un sistema de generosas ventajas tributarias, esos
son los grandes mecanismos que han operado desde la poca de la
dictadura. Pero a ellos hay que agregar una segunda fase que, como
he adelantado, ampla y profundiza el modelo, gestada e implementada
ahora completamente en democracia.3. La profundizacin del modeloEl
gran asunto ahora, en general, es la completa funcionalizacin del
Estado respecto del inters de los empresarios privados. Ms all de
la privatizacin que recurre al expediente simple y brutal de vender
a precio regalado los bienes acumulados por todos, se trata ahora
de la introduccin de la lgica de gestin de las empresas privadas en
la gestin de los servicios pblicos, acompaada de un masivo sesgo
que lleva a que el Estado privilegie, e incluso financie
directamente, a las empresas privadas en detrimento de sus propios
servicios. Un rgimen en que el gran capital logra convertir en reas
de negocios a los servicios, que se consideraron tradicionalmente
como derechos sociales, que tenan que ser provedos y garantizados
por el Estado. En la mercantilizacin de los servicios, que resulta
de estas polticas, el costo es descargado progresivamente sobre los
usuarios, el Estado autoriza y avala el lucro con bienes
esenciales, e incluso aporta directa e indirectamente los capitales
que requieren los privados para implementar sus negocios. Esto
resulta particularmente claro en cuatro reas extremadamente
sensibles para los ciudadanos comunes: el transporte pblico, la
educacin, la salud y la industria alimentaria.a. El transporte
pblicoEl caso del transporte pblico en Chile representa una mezcla
de neoliberalismo y corrupcin abierta. La privatizacin de la
Empresa de Transportes Colectivos del Estado se llev a cabo en los
primeros aos de la dictadura, bajo el pretexto de su ineficiencia y
su obsolescencia tecnolgica. El transporte de pasajeros en la
ciudad de Santiago (que concentra al 40% de la poblacin del pas) y
en todas las otras grandes ciudades, sin embargo, fue empeorando
con el tiempo debido justamente a esas mismas razones cuya solucin,
por cierto, no interes en lo ms mnimo a los eficientes empresarios
privados. A pesar de esta ineficiencia, cuando desde 2004 se pens
en hacer un cambio radical, la premisa que se dio por obvia es que
tena que ser realizado a partir de nuevas concesiones a esos mismos
o a otros empresarios privados.La extrema torpeza y falta de
viabilidad del fastuoso proyecto que se dise durante el gobierno de
Ricardo Lagos se hizo notoria en cuanto empez su implementacin,
oportunamente apurada para imponerla al gobierno siguiente. Pero
justo entonces, al enorme impacto que esta ineficiencia radical
implicaba sobre las rutinas de la gran ciudad se le encontr una
solucin extraordinaria: que el Estado subvencionara completamente
las prdidas posibles que los empresarios pudieran enfrentar. Se
supo entonces uno de los secretos a voces de esta gran renovacin:
en los contratos que el Estado firm con esos empresarios se
garantizaban, a todo evento, mrgenes de utilidad.Una frmula que se
ha usado de manera cada vez ms frecuente en las licitaciones de
obras llamadas por el Estado: en las carreteras, en las crceles
concesionadas, como veremos luego, en los hospitales pblicos.En el
caso del sistema de transporte de pasajeros, por esta sola va, en
los cinco primeros aos de su funcionamiento el Estado tuvo que
desembolsar ms de 9500 millones de dlares. Una cantidad absurda que
es de hecho mucho mayor que la que esos empresarios tuvieron que
gastar para comprar todas y cada una de las mquinas con que se
presentaron a licitacin para ofrecer el servicio.No slo eso, se
firmaron contratos, redactados por los propios representantes
estatales, que no establecan ningn mecanismo real de fiscalizacin a
la calidad del servicio, que establecan estndares de cumplimiento
para los que no se fijaba absolutamente ningn castigo en caso de no
llevarse a cabo, que no establecan absolutamente ningn resguardo de
los derechos laborales de los trabajadores que se emplearan.No slo
eso. Cuando la oposicin al gobierno de turno vislumbr la
posibilidad de ganar las elecciones para el gobierno siguiente y,
por tanto, la de heredar el desprestigio y enorme costo del
sistema, ambos bloques se pusieron de acuerdo en no convertir el
asunto en tema de las campaas electorales (ni la derecha critic al
gobierno en lo que era su flanco ms dbil, ni el gobierno emplaz a
la derecha para que lo resolviera si ganaba), y acordaron una ley
que aseguraba el financiamiento de la ineficacia, y las ganancias
de los empresarios, a costa de todos los chilenos: se acord por ley
que el Estado apoyara el sistema, y otros equivalentes en las dems
regiones del pas, por un monto equivalente a 16.000 millones de
dlares en el decenio 2012-2022. An as, este monto no es suficiente,
y cada ao se aprueban partidas presupuestarias que incrementan los
aportes.Cuando se considera este cmulo increble de ineficiencias y
costos con una cierta perspectiva, sin embargo, se advierte que
tras lo que parece ser simplemente idiotez y descuido hay una
poltica sistemtica, unas prcticas que sistematizan la corrupcin. En
los grandes contratos de obras pblicas que se licitan a privados,
por ejemplo, adems de garantizar los mrgenes de ganancia, se suele
aceptar a un oferente que promete, a un costo muy conveniente,
realizar una obra, digamos, en 100 millones de dlares. Como su
propuesta es la ms barata y conveniente, se le adjudica, de manera
vlida, la licitacin. Sin embargo, en el curso de la obra, el
contratista declara que debe hacer correcciones o ampliaciones al
proyecto original y entonces, fuera de toda licitacin, se renegocia
el contrato por montos que pueden incluso doblar el costo
proyectado original. O, en otro caso, en los estudios del impacto
ambiental que producira una empresa privada, se autorizan
instalaciones por una envergadura determinada, pero luego la
empresa extiende sin lmites sus instalaciones slo con el estudio y
la autorizacin inicial.b. La industria alimenticiaEl caso de las
industrias de alimentos es ilustrativo de este sistemtico sesgo de
los funcionarios pblicos a favor del inters privado, que incluso se
defiende doctrinariamente en los cursos de capacitacin en que son
formados. Se dicta un reglamento sobre los contenidos mximos que
los componentes de un alimento deben tener para no daar la salud de
tal manera que esos mximos permiten prcticamente todos los
alimentos ya en circulacin, sean dainos o no. Se suscriben los
tratados de libre comercio con toda clase de clusulas que permiten
debilitar la autonoma e incluso la seguridad alimentaria del pas.
Se aceptan las imposiciones de la Organizacin Mundial de Comercio
(OMC) en torno a la circulacin de transgnicos y las patentes a
productos biolgicos. Se acepta y promueve, sin gran publicidad, sin
que haya una ley que lo autorice, el cultivo de transgnicos en
Chile (slo para la exportacin). Se autoriza sin lmite la importacin
de transgnicos para el consumo. Se logra, por la va reglamentaria,
que los productos que contienen transgnicos no lo adviertan a los
consumidores.c. El sistema educacionalPero son las reas de la
educacin y la salud las que muestran mejor, en todas sus facetas,
en qu consiste la profundizacin del modelo. En la educacin, el
regalo a privados del sistema de educacin tecnolgica con que
contaba el pas, y la absoluta ausencia de inversin estatal en ese
rubro durante 35 aos. La creacin de un sistema de universidades
privadas que recurren a todo tipo de triquiuelas para obtener el
lucro que formalmente la ley les prohbe, a lo que hay que sumar
toda clase de nuevas y especiales exenciones tributarias. La
municipalizacin de la enseanza media bsica y media, paralela al
crecimiento, fomentado por el Estado, de un sistema de educacin
privada subvencionada, que tambin goza de privilegios tributarios.
El encarecimiento de las escolaridades de las universidades
estatales al mismo nivel de las privadas, obligado por las polticas
de autofinanciamiento y por el retiro progresivo del aporte directo
del Estado.Con las movilizaciones estudiantiles de 2005 y 2011 toda
el drama de la educacin chilena ha salido flote por fin, y ha sido
ampliamente discutida en la esfera pblica, sin que se haya logrado,
por cierto, mover ni un milmetro ni la poltica oficial, ni la
decisin de llevarla adelante en contra de la opinin de las ms
amplias mayoras nacionales. O, peor an, todas las medidas
propuestas desde las autoridades como soluciones no apuntan sino a
profundizar el modelo.Una consecuencia es el que el 40% del costo
de la educacin superior lo deben aportar las familias, en casi
todos los casos sobre la base del endeudamiento con la banca
privada, o con el Estado, en una situacin en que las escolaridades
se encuentran entre las ms altas del mundo. Otra, los colegios
privados subvencionados por el Estado crecen, y se agrupan en
grandes sociedades en manos de sostenedores que pueden lucrar
libremente con el servicio directo, y con los servicios
relacionados como el transporte escolar, los materiales de estudio,
o el financiamiento de las escolaridades compartido entre el Estado
y las familias. Paralelamente, los colegios municipales se
empobrecen, porque no pueden realizar ese lucro relacionado, porque
los municipios, manifiestamente en contra de la ley, desvan los
fondos que reciben para educacin hacia otros rubros, sin que haya
la menor fiscalizacin y, junto con su empobrecimiento, van
perdiendo a sus estudiantes, que migran al sistema privado, y
desaparecen uno a uno. Otra consecuencia: crece la precarizacin del
trabajo docente hasta el punto inverosmil de que en la educacin
superior el 60% de la docencia es impartida por profesores que no
tienen contratos estables y que frecuentemente slo reciben diez u
once meses de paga cada ao.Pero el aspecto ms profundo de estos
cambios es quizs, como he sostenido ms arriba, la introduccin de
formas de gestin tpicas del sector privado al sistema de educacin
estatal. Por esta va las universidades del Estado se han convertido
en centro de negocios para muchos profesores, a los que se alienta
a crear programas de diplomado, post ttulo o post grado
administrados por ellos mismos, bajo el nombre y la normativa de la
propia universidad a cambio de un cierto porcentaje de lo que
recauden por escolaridad. Siguiendo el mismo estilo, las
universidades estatales se han rodeado de sociedades relacionadas,
formadas por los propios profesores, que usufructan del nombre y
prestigio, e incluso de las instalaciones y personal de la
universidad para concursar a fondos que resultan casi completamente
destinados a su propio usufructo privado, nuevamente, a cambio slo
de un porcentaje de los ingresos, que luego se exhibe
orgullosamente como contribucin al autofinanciamiento decretado y
promovido por la poltica oficial.Por supuesto, resulta plenamente
funcional a esta situacin en la educacin superior, la adhesin a un
sistema de certificaciones que privilegia las formas de gestin
particularistas, de corto plazo, en beneficio de los acadmicos
individuales. De esta forma la certificacin que se presenta como
evidencia de la calidad de las universidades privilegia los grados
en su aspecto meramente formal, las investigaciones de corto plazo
que pueden dar origen a publicaciones en revistas indexadas a nivel
internacional, la gestin de los programas de post grado que,
justamente contribuyen a reproducirla. Es decir, un sistema en que
la calidad de la enseanza universitaria ha perdido toda conexin con
el desarrollo nacional, con proyectos estratgicos de desarrollo del
conocimiento y, mucho menos an, con las funciones tradicionales de
recreacin de la cultura, extensin y dilogo con las necesidades del
pas. Las universidades, incluso la del Estado, se han convertido en
fbricas de profesionales individualistas, que slo compran una
formacin que los habilite para el mercado laboral inmediato. Y esto
es lo que la doctrina oficial describe, acertadamente, cuando
considera a la educacin ya no como un derecho sino como un bien de
consumo.A travs un sistema de mediciones peridicas en torno a
estndares competitivos y meramente formales, desde sus primeros
niveles (SIMCE en segundo bsico, cuarto bsico, octavo bsico, SIMCE
por asignaturas, PSU para el ingreso a la universidad), el modelo
se instala en la gestin de la educacin convirtiendo a cada unidad
educativa, en todos los niveles, en una unidad en competencia, que
lucha por destacarse en los ndices de resultados, que adapta
completamente su modelo formativo a la formalidad de tales
instrumentos, convirtindose en un sistema preparador de pruebas,
que discrimina fuertemente segn los puntajes obtenidos, que
adiestra cada vez ms y forma o educa cada vez menos. Pero con esto
los actores mismos, los maestros, los estudiantes, las familias,
internalizan el sistema de la competencia. Las mismas familias se
acostumbran a demandar esos resultados formales, los maestros son
evaluados en torno a ellos, las unidades educativas enteras son
expuestas ao a ao a la publicacin de los resultados, y se
prestigian y autoevalan como exitosas o no a partir de ellos.d. Las
polticas en Salud PblicaLas polticas implementadas en la salud
pblica durante los gobiernos de la Concertacin, que contina las
polticas formuladas durante la dictadura son otro ejemplo central.
El paradigma de focalizacin de los recursos termin con el gasto
global, basal y permanente en salud, instaurando un modelo de
gestin en que el Estado slo construye la planta fsica de los
hospitales pblicos, y concesiona todo su funcionamiento, y en que
el sistema pblico de salud (FONASA, AUGE, GES) se dedica slo a
pagar prestaciones individuales.Consecuencia de esto es que se ha
privilegiado completamente la medicina curativa, en detrimento
absoluto de la prevencin primaria y de la medicina paliativa, a las
que se accede slo a travs de su medicalizacin (vacunacin,
rehabilitacin fsica, chequeos mdicos), y slo en la medida en que se
asimilan al rgimen de las prestaciones curativas.Por un lado la
licitacin y concesin, primero de los servicios anexos (aseo,
alimentacin), y luego incluso de los centrales (administracin,
prestaciones mdicas) precariza el empleo en el sector y convierte
el gasto estatal ms bien en un privilegio, en un sistema de bonos y
asignaciones, debilitando de manera sustantiva su carcter de
derecho permanente.Por otro lado, el debilitamiento sistemtico de
la infraestructura de la salud pblica, unida al sistema de Garantas
Explcitas en Salud (GES), constituyen uno de los mecanismos
caractersticos de transferencia de los fondos pblicos al sector
privado.En Chile dej de haber autnticamente salud pblica, con las
connotaciones sociales, de prevencin y empoderamiento de los
ciudadanos que eso implica. En realidad lo que hay es un sistema de
bonos y asignaciones estatales a las necesidades mdicas de los
individuos, considerados como particulares aislados. Un sistema de
prestaciones en que se evalan y fijan los montos de las
asignaciones segn tablas de siniestralidad, al estilo de las
compaas de seguros, y no de acuerdo a criterios sociales o de
prevencin. Con esto el gasto estatal deja de ser inversin destinada
a mejorar los niveles de salud de la poblacin, y empieza a ser
simplemente gasto, costos que se deben vigilar permanentemente para
que no aumenten demasiado el presupuesto estatal.La manera en que
este modo de pago favorece a las empresas de salud privadas puede
ejemplificarse con el escndalo de los pagos que hace el Estado a
travs del sistema de garantas GES. Consideremos un ejemplo
representativo. Si un cotizante de FONASA (en que se atiende el 84%
de la poblacin) necesita hospitalizacin el Estado aporta un bono
GES, a travs de FONASA, para pagar al hospital pblico que lo
atiende. En 2012 la cantidad pagada por el concepto de da cama
ascendi a $129.000. Pero el costo real de ese da cama es de
alrededor de $300.000. Como el hospital pblico es administrado como
una unidad econmica independiente, por los municipios, el hospital
queda debiendo esa diferencia al Estado. Ese costo debera ser
solventado por los municipios, pero estos no reciben fondos del
Estado dedicados a cubrir esa diferencia. Con esto slo los cuatro o
cinco municipios en Chile (de 350!) que tienen supervit econmico,
porque en ellos se concentran los sectores econmicamente ms
privilegiados del pas, pueden mantener sus servicios. En el resto
los hospitales acumulan una deuda hospitalaria que, desde luego,
les impide mejorar sus prestaciones, o aumentar las camas
disponibles. Pero como el usuario ha recibido un bono que implica
una garanta en salud, y como el hospital pblico, debido a su deuda,
no dispone de las camas necesarias, entonces tiene derecho a acudir
a una clnica privada, y el Estado debe asumir el costo que ello
implique. Pero entonces, mgicamente, el Estado acepta pagar
$800.000! por el da cama a esa clnica, es decir, ni siquiera el
costo real sino el costo comercial!, establecido de manera
unilateral por el empresario privado. Por esta va, slo en los
primeros nueve aos de la implementacin del sistema GES, el Estado
ha traspasado 8.000 millones de dlares al sistema privado de salud.
En otro ejemplo del mismo tipo: FONASA paga $4.950 por el tem
consulta mdica a los hospitales pblicos, y paga, en cambio, por el
mismo concepto, $11.730 a las clnicas privadas. El resultado es que
hasta 2012 se haban acumulado ms de 200 millones de dlares en deuda
hospitalaria. Para el Estado es relativamente poco, pero es lo
suficiente como para que el sistema pblico, administrado con
criterios de autofinanciamiento, no pueda invertir en su propio
mejoramiento.Durante el gobierno de Michele Bachelet se propuso,
proclamndolo como solucin al problema, la construccin de ms
hospitales pblicos. Una medida aparentemente muy progresista,
porque la construccin de infraestructura hospitalaria pblica haba
estado prcticamente paralizada durante casi treinta aos. Pero tanto
la construccin como la operacin de estas unidades se han planeado a
travs del sistema de licitaciones y concesiones a privados. Pero, a
su vez, para atraer al sector privado a un rea de negocios que
aparece como deficitaria, se han contemplado subsidios de
construccin y de operacin que garanticen que los privados tendrn
ganancias. Por esta va, en la construccin de slo dos hospitales,
cuyo costo real asciende a 300 millones de dlares, el Estado pagar
600 millones de dlares! slo en subsidios.Un efecto notable de estas
polticas es que el Estado chileno puede proclamar triunfalmente que
el gasto que hace en el sector salud ha aumentado. Del mismo modo,
a travs del mismo tipo de polticas, ha aumentado tambin en forma
extraordinaria el gasto en educacin, en cultura, en vivienda y en
obras pblicas. Lo que no se dice, en cambio, es que los
beneficiarios son usados como un modo de desviar el gasto pblico al
sector privado; que se le paga al sector privado sobreprecios y
mrgenes de ganancias completamente por fuera del mercado; que la
poltica de salud propiciada de esta manera (nfasis en la medicina
curativa) empeora la salud pblica en lugar de mejorarla; que el
gasto estatal se realiza a travs de concesiones y bonos cuyos
montos no constituyen un derecho permanente, y que pueden ser
congelados o desvalorizados progresivamente a travs de simples
medidas administrativas (sin que haga falta una ley); que la
proporcin en que aumenta el gasto pblico es absolutamente inferior
al aumento de la inversin privada, sobre todo porque la mayor parte
de ese aumento pblico va destinado justamente a esos privados.Es
importante agregar a esto una triste perspectiva histrica. En Chile
se intent privatizar la salud obligando a los trabajadores a
cotizar el 7% de sus salarios en un sistema privado de seguros
mdicos, las ISAPRES. Sin embargo, para que este sistema tenga una
mnima viabilidad, es decir, para que garantice ganancias a los
empresarios privados, es necesario que los salarios sean
relativamente altos. Pero en Chile el salario promedio es slo de
$390.000, y era mucho menor cuando se instal el sistema. Debido a
esto, a pesar de que las ISAPRES llegaron a captar al 25% de la
poblacin, actualmente slo afilian al 16%, que cuenta con los
salarios ms altos. El 84% de los chilenos se atiende por FONASA. An
as, entre 1990 y 2004 las ISAPRES recibieron subsidios directos del
Estado por 530 millones de dlares, lo que les permiti no slo tener
ganancias crecientes, sino comprar o formar sociedad con las
principales clnicas privadas. Y luego, en una operacin que ya debe
sernos familiar, se proclam con bombos y platillos que se termina
la subvencin directa a privados en salud mientras, paralelamente,
se implement desde 2005 el sistema GES. Con esto las ISAPRES y
clnicas, que hoy forman sociedades estrechamente relacionadas, han
llegado a tener acceso a los usuarios de FONASA, al otro 84%,
pagado por el Estado! El resultado est en las cifras que ya he
expuesto: entre 1990 y 2004 (15 aos) 530 millones de dlares en
subsidios; entre 2005 y 2013 (9 aos) 8.000 millones de dlares en
transferencias. El Estado ya no ayuda a las ISAPRES, simplemente
les paga lo que ellas mismas, de manera unilateral, consideran su
ganancia legtima. Esto ha llevado a que actualmente el 57% del
gasto en salud en Chile se realiza en el sector privado, que
atiende de manera preferente slo al 16% de la poblacin.Dems est
decir que con esos 8500 millones de dlares se podran haber
construido y gestionado 20 hospitales pblicos de calidad, mientras
lo que ocurre, en cambio, es que la infraestructura pblica en salud
es cada vez ms pobre y deficitaria. Y esto es lo mismo que ocurre
que ocurre con la educacin pblica, el transporte, la vivienda, el
derecho a la cultura, la inversin en infraestructura.Es importante
aadir a todo esto que tambin en la salud pblica, como ocurre en
educacin, las familias chilenas pueden optar a mejorar sus niveles
de atencin aportando un copago a costa de sus propios bolsillos. El
efecto de esta descarga de un derecho bsico sobre los propios
usuarios, es que actualmente un 37% del gasto en salud proviene
directamente de las familias, de sus salarios. Y esta es una
situacin que se repite en educacin: cerca del 40% del gasto en
educacin superior en Chile proviene directamente de las familias de
los estudiantes.4. Burocratizacin y Estado Complacientea. Derechos
permanentes y beneficios precariosLa esencia de estos mecanismos es
la precarizacin del gasto estatal y, con ella, la conversin
progresiva de todos los derechos permanentes y globales
conquistados por los trabajadores en bonos y asignaciones
personalizadas. Bonos a las madres por cada hijo, bono a las
vctimas de un terremoto, subvenciones a los padres que deben hacer
copagos en los colegios privados, bonos para mejorar las viviendas,
para afrontar el alza de precio de los combustibles, para afrontar
los gastos escolares a principios de cada ao, bonos a voluntad de
la poltica neo populista y neo clientelista de los partidos que
lleguen temporalmente al gobierno. De esta forma el gasto estatal,
se convierte en un conjunto de concesiones ocasionales, de
asignaciones especiales, para situaciones puntuales, que se pueden
otorgar cuando las finanzas del estado marchan bien, pero que
desaparecen cuando las finanzas andan mal o las prioridades exigen
atender primero a la banca o a las grandes empresas.Y hay que
observar que se trata de una situacin en que el retroceso del gasto
estatal NO implica una disminucin de los derechos de los ciudadanos
simplemente porque esos derechos ya no tienen la fuerza y
permanencia propia de un derecho, que es exigible, sino la
precariedad de un beneficio o una regala que no constituye
derecho.De la misma manera, en las relaciones contractuales, el
salario base, fijo, que es reclamable como un derecho disminuye, y
es reemplazado por un sistema de bonos (por productividad, por
responsabilidad, por festividades especiales, por las cualidades
mostradas en la realizacin del trabajo), que constituyen ms bien
privilegios o derechos que puedan ser exigidos. Bonos y
asignaciones variables sometidos a formas de asignacin
frecuentemente informales, que dependen de evaluaciones en que
prima la subjetividad, y obligan, de paso, a los trabajadores a
mantener una actitud positiva, proactiva para hacerse acreedores o
elegibles, creando con eso una suerte de clientelismo interno entre
los trabajadores y los mandos medios de una empresa y, a su vez,
entre estos mandos medios y sus directivos superiores. No es raro,
en los sectores de empleo ms precario que los trabajadores de menor
nivel de especializacin deban pagar parte de los bonos que reciben
a los mandos medios que estn en posicin de asignrselos pero, a su
vez, que estos mandos medios deban pagar tambin ms arriba, por la
posicin que mantienen, con lo que se crea una cadena de depredacin
de los salarios en que la base ms amplia, y la que mantiene el
sistema, es siempre el nivel de los salarios ms bajos.b.
Burocratizacin al interior de las empresasPero, tambin, se observan
prcticas anlogas entre los propios empresarios capitalistas. De
manera habitual y formal, como parte de los contratos de compra y
venta, las grandes cadenas de comercializacin de productos de
consumo habitual (retail), cobran a sus proveedores entre un 15% y
un 20% slo por mantener sus productos en las estanteras a
disposicin del pblico. Una cantidad que se suma al margen de
comercializacin habitual que ya obtienen por la operacin de comprar
esos productos y venderlos a los consumidores. Y tambin, de manera
informal, las compaas proveedoras pagan de diversas formas
directamente a los encargados de escogerlas. El caso ms extendido y
comn es el de los visitadores mdicos a travs de los cuales la
industria farmacutica ofrece toda clase de incentivos a los mdicos
para que receten los productos que promocionan, aunque sean ms
caros que las posibles alternativas. Una poltica que se repite al
tratar con las farmacias, o con los servicios pblicos. El
resultado, por supuesto, es el encarecimiento en cadena de los
precios de cada producto, que recae finalmente en el consumidor
directo.Considerados de una manera ms general, lo que observamos en
todos estos planos es un proceso de burocratizacin creciente al
interior de la propia dinmica capitalista. Cada vez ms agentes
econmicos intermediarios se interponen entre los productores
directos de bienes y servicios y los consumidores y, paralelamente,
entre los propietarios jurdicos de los medios de produccin y los
trabajadores que reciben salario por tareas de produccin directa.
Una burocratizacin de nuevo tipo, que ya no responde a las formas
fordistas de la burocracia del siglo XX, sino que est constituida
como una capa enorme y creciente, voltil y fluctuante, de
prestadores de funciones de direccin y coordinacin que usufructan
de manera formal e informal de las ventajas que pueda
proporcionarles su espacio local e inmediato de poder.Y una
burocratizacin, tambin, en que los recursos del Estado se ponen
completamente al servicio del inters de los empresarios privados,
lo que tiene como resultado una presin constante del empresariado
sobre los agentes estatales y, desde luego, un chantaje permanente
de estos funcionarios sobre el emprendimiento capitalista, que ha
llegado a depender completamente de l. Esto explica el horror de
los sectores empresariales ante los proyectos polticos populistas.
No se trata ya de que se ponga en peligro la propiedad privada,
como en los buenos tiempos de la amenaza marxista, se trata ms bien
del precio, de la tajada, que los empresarios tendrn que pagar a
quienes dominan el mecanismo de legitimacin de todo este sistema:
la democracia administrada.c. Retrica progresista y
disciplinamientoPorque, en efecto, nada de todo esto habra sido
posible sin la activa y complaciente colaboracin de los propios
agentes del Estado, cuya reproduccin y usufructo de la riqueza
social proviene cada vez ms de la medida en que sepan administrar
la democracia en beneficio del capital, y de s mismos. Para esto
han destruido completamente el rgimen fordista de derechos
laborales permanentes y estables, promoviendo y manteniendo
sistemas de trabajo precario que han destruido los sindicatos, que
anulan completamente el derecho de huelga, que obliga a los
trabajadores a condiciones absolutamente desiguales de negociacin.
Manteniendo el rgimen tributario regresivo, el sistema de las AFP,
el sistema de concesiones plenas.Pero tambin, profundizando la
precariedad del empleo estatal; destruyendo de hecho los sistemas
de educacin y salud pblicos; manteniendo un sistema de qurum
calificado para cambiar las leyes que afectan al inters privado,
junto a un sistema electoral que asegura a la derecha el control de
la mitad del parlamento con slo un tercio de los votos.Es esencial
notar que, en estas estrategias, el disciplinamiento de los
ciudadanos en torno al modelo pasa por una constante retrica
progresista. No slo la precariedad del empleo y el endeudamiento
excesivo mantienen a los ciudadanos atados a un sistema que
cotidianamente los sobreexplota y niega, tambin resultan atrapados
por la construccin permanente, orquestada desde el monopolio de los
medios de comunicacin, de ilusiones en torno a la pronta y segura
superacin de las miserias que temporalmente los afligen. El
consenso bsico de lo que se ha llegado a llamar la clase poltica
(que en Chile es el duopolio Alianza Concertacin), apoyado y
magnificado casi unnimemente por los medios de comunicacin, es un
discurso a la vez populista y claudicante, que se mueve desde una
peculiar reconstruccin de un discurso izquierdista (todo esto es
herencia de la dictadura), hasta el populismo atemperado por la
prudencia de los expertos (estamos avanzando da a da en la medida
de lo posible).Se trata de una retrica en que juega un papel
esencial el relato pico de la lucha contra la dictadura. Incluso el
presidente Piera, un notorio derechista, y un poderoso empresario,
reclama entre sus mritos haber votado por el NO, contra Pinochet,
en 1988. Un discurso en que los personajes que han traicionado a
Chile exhiben, en tono moralizante, como si an sufrieran las
secuelas, que estuvieron en el exilio, que sus padres fueron
asesinados, o que estuvieron algunos meses en campos de prisioneros
hace ms de treinta aos. Una retrica en que buscan distinguirse de
manera ostentosa de lo que llaman la derecha slo para implementar
ellos mismos las polticas de la derecha. En que no dudan en
recurrir a Salvador Allende cuando son emplazados, pero en que lo
silencian metdicamente cuando hacen llamados a la responsabilidad y
a la prudencia.Como sostn poltico, por mucho que est respaldada por
la precariedad del empleo y el endeudamiento, quizs esta sea la
principal caracterstica del modelo chileno, y la que mejor se puede
proyectar al resto de los pases de Amrica Latina y, ms an, al
perodo de ajuste a que estn siendo obligados hoy los trabajadores
europeos: la extraordinaria capacidad de la clase poltica para el
gatopardismo, el disimulo y el arreglo entre cuatro paredes. Su
olmpica capacidad para decir que reconocen lo que de hecho no
reconocen, para decir que estn dispuestos a escuchar lo que de
hecho no escuchan, para afirmar, sin que se les mueva ni un msculo
de la cara, que han tratado de hacer algo cuando de hecho acaban de
hacer lo contrario.Lagos diciendo que las concesiones mineras se
concedieron por que Chile no tena recursos para explotar nuevos
yacimientos de cobre; Bachelet, y todo el espectro poltico,
anunciando una nueva ley de educacin, Bitar afirmando que los
crditos universitarios con aval de Estado beneficiaron a los
estudiantes, Piera declarando que el movimiento estudiantil de 2011
era una lucha grande, noble y generosa, son slo algunos de los
momentos estelares de un estilo general.Hay que considerar que cada
gobierno dura slo cuatro aos. Si hay protestas hay que escuchar a
la gente, aunque luego no se haga nada. Si las protestas siguen hay
que formar una comisin enorme e inoperante para que todos estn
representados. Si el asunto se agrava hay que formar una comisin de
expertos y mandar un proyecto de ley al parlamento. Si se est
obligado por la presin poltica probar una ley hay que redactarla de
manera vaga, que la haga inaplicable, o que impida su fiscalizacin.
Si los apuran para que fiscalicen hay que elegir al peor de todos
los empresarios, al que est al borde de la quiebra o es
extremadamente corrupto, para castigarlo pblicamente, con escarnio,
mientras se salva a todos los otros. Si el que resulta castigado
tiene conexiones suficientes con el poder poltico hay que
denostarlo con bombos y platillos, durante un tiempo breve, y
despus tramitar en silencio y en las sombras sus apelaciones y
compensaciones.Pero si todo esto falla, y el movimiento social se
empecina en llenar una y otra vez las calles, hay que llamar a la
responsabilidad, a respetar los canales de comunicacin. Hay que
asustar con el caos, con los poderes fcticos, hay que recordar que
Chile es una tarea de todos, apelar a las opiniones de los
expertos, a lo que se hace en los pases desarrollados, hay que
asustar veladamente con que no queremos repetir las desgracias que
vivi nuestro pas. Hay que acusar a los intransigentes de no estar
abiertos al dilogo, de no respetar las reglas bsicas de la
democracia, y de poner en peligro el prestigio internacional de
nuestro pas. Maquiavelo podra escribir nuevamente El Prncipe con
todo esto, pero tendra que gastar el triple de pginas.5.
Disciplinamiento de la subjetividad individuala. La corrupcin como
modo de vidaEn su dimensin subjetiva, este patrn de comportamiento
de los funcionarios del Estado, que se supone que deben velar por
el beneficio de los ciudadanos a los que representan y que pagan
sus salarios, se hace posible por la sostenida promocin del inters
meramente individual, del beneficio puramente particular, sin
miramientos ni cuidados de ningn tipo por el entorno, o por quienes
puedan sufrir las consecuencias. La promocin de una mentalidad
exitista, fuertemente presionada por el ansia de demostrar logros y
estndares de consumo, una mentalidad en que no hay lmites al
beneficio propio, que suea con una cierta impunidad ante los daos
que pueda causar, y que en todo caso se desentiende de toda
responsabilidad social o solidaria, salvo en las excepciones
consagradas de ayuda al prjimo que se han revestido completamente
de paternalismo, de falsa buena conciencia, e incluso de ocasin de
negocios. Dos ahora tradicionales instituciones chilenas son una
muestra dramtica de esto ltimo: la Teletn, que se hace para
beneficiar a los nios discapacitados, y el Hogar de Cristo, que ha
sido concesionado por la Iglesia Catlica a una empresa privada.El
estado de la subjetividad pblica que ha originado esta mentalidad
hace posible que haya mdicos de los hospitales pblicos que
concursan como profesionales privados a la licitacin de las
prestaciones que ellos mismos deberan realizar en su jornada
regular de trabajo, y que puedan ganar esos concursos y ofrecer
esas prestaciones en esos mismos horarios, sin dejar de percibir lo
que el Estado les paga regularmente.Hace posible que los
sostenedores privados de los colegios bsicos y medios fomenten que
sus alumnos sean diagnosticados como personas que tienen
necesidades educativas especiales (como el dficit atencional, o los
trastornos leves de lenguaje) slo porque debido a eso recibirn el
triple de la subvencin que reciben por un nio normal.Hace posible
que los mdicos de zona en la atencin primaria atiendan sus
pacientes particulares en los horarios para los que estn
contratados por el Estado, o que los alcaldes desven los fondos que
reciben para educacin hacia otros servicios, o incluso hacia sus
propios sueldos, sin que nadie fiscalice realmente.Hace que los
parlamentarios de este pas decidan de mutuo acuerdo, con unanimidad
transversal a su orientacin poltica, trabajar slo dos das a la
semana, para poder viajar los otros tres das, con pasajes pagados
por el Estado, a sus regiones slo para hacer permanente campaa para
su reeleccin.Hace que los partidos polticos elijan sin consulta
ciudadana alguna a las personas que ocuparn los cargos
parlamentarios de sus colectividades que quedan vacantes por
renuncia o muerte de sus titulares.Hace que los profesores de las
universidades estatales formen programas de post grado que
administran de manera particular, usando el nombre y las
instalaciones de la universidad, a cambio slo de un porcentaje de
lo que recauden por matrcula o escolaridad; o que formen sociedades
privadas para participar en concursos pblicos usando el nombre de
la universidad, y frecuentemente su infraestructura.Hace que los
funcionarios pblicos que dirigen los rganos fiscalizadores del
Estado pasen habitualmente a formar parte de los directorios de las
empresas privadas que fiscalizaban.Hace que los funcionarios
pblicos redacten los contratos entre la empresa privada y el Estado
de manera intencionalmente vaga, garantizando mrgenes de ganancia
con cargo al Estado, y dificultando toda fiscalizacin o penalizacin
por los incumplimientos contractuales de los privados, an cuando
frecuentemente se gravan con altas multas los eventuales
incumplimientos del Estado.Hace que existan millonarios fondos
reservados de la Presidencia de la Repblica y de los principales
ministerios, que por acuerdo nuevamente transversal, todos los
sectores polticos aceptan que no sean susceptibles de cuentas
formales o de escrutinio pblico.Hace que el Senado Universitario de
la universidad de todos los chilenos exija financiamiento invocando
su carcter estatal, pero que simultneamente se niegue, incluso ante
los tribunales, a dar conocer los sueldos de sus funcionarios y
profesores, cuestin a la que est obligada por ley, argumentando que
es una institucin autnoma del Estado. Y la lista de estos ejemplos,
que corre como secreto a voces en todos los sectores de la sociedad
chilena, podra estirarse hasta el infinito.Dos cuestiones son
esenciales en estos mecanismos: su normalidad y su elitismo. Lo que
una visin moralizante, y apresurada, podra describir como corrupcin
en realidad es parte del funcionamiento normal, ampliamente
institucionalizado, del sistema. Describir con un cierto respaldo
terico este carcter, de tal manera que no quede entregado a la
estimacin moralizante, o relegado al espacio de la excepcin o lo
incidental (porque en realidad no se trata, ni por el monto ni por
la frecuencia, ni de excepciones ni de incidentes) requiere
considerar al inters burocrtico como algo especfico, no como una
simple prolongacin anmala o corrupta del inters capitalista.
Requiere, en el fundamento, una descripcin del neoliberalismo
profundo no ya como una prolongacin exclusiva de la lgica
capitalista sino, basalmente, como una combinacin, una alianza de
clase, entre el inters capitalista y el inters burocrtico.La
cuestin de fondo es que no estamos aqu en presencia de una
complicidad del Estado con el lucro capitalista, como si esa
complicidad fuese una anomala, una especia de traicin a los
verdaderos fines del Estado moderno. Estamos realmente, y de manera
directa, ante la esencia del Estado: los agentes estatales tienen
intereses propios, constituyen parte de una clase social. Forman,
junto con los burcratas en las propias grandes empresas y bancos
capitalistas (los funcionarios directivos superiores, no
propietarios), una parte del bloque de clases dominantes, que
usufructa, a partir de la apropiacin y el reparto de plusvala, de
la riqueza real creada por los productores directos.b. Elementos
para un anlisis de claseMs que esta cuestin de fundamento, que
relaciona la situacin global de la profundizacin del modelo
neoliberal con la emergencia del poder burocrtico, me interesa el
carcter elitista de este modo de organizar la dominacin
social.Desde luego, tratndose de una forma de organizar la
explotacin, se trata de una situacin dominada desde grupos
minoritarios. En la tradicin marxista, de manera mucho ms sincera,
se puede obviar la elegancia oblicua y mistificadora del trmino
lites, con que las designa la sociologa burocrtica estndar, y
tratarlos como lo que realmente son: un bloque de clases
dominantes.Un bloque de clases burgus burocrtico que a su vez es
atravesado por una drstica diferenciacin en estratos. La enorme
desigualdad en la distribucin del ingreso que he comentado en
prrafos anteriores de este mismo texto puede ser entendida, en
trminos de clase y estratos sociales, como la profunda diferencia
que separa a poqusimos grandes capitalistas nacionales (mucho menos
del 1% de la poblacin) y a los funcionarios superiores de la
empresa privada y el aparato del Estado (que fcilmente alcanzan a
un 10% de la poblacin) y el otro 90% de los chilenos.Respecto de la
primera cifra, el escaso 1% (o incluso 0,1%) de los chilenos que
son grandes capitalistas, banqueros o comerciantes, cabe una
reflexin melanclica. En realidad sus riquezas, enormes y
desproporcionadas para el resto de los chilenos, no son sino las
migajas que quedan en manos de los strapas intermediarios una vez
que el gran capital trasnacional ha saqueado las riquezas
producidas en Chile. La verdad cruda y trgica, es que prcticamente
toda la riqueza significativa que produce este pas se la llevan las
empresas trasnacionales. Y para constatar esto basta con recorrer
los principales enclaves desde los que se genera el xito del modelo
chileno: el 70% de las exportaciones de cobre y la mayor parte de
la propiedad de las AFP estn en manos del capital extranjero. Los
capitalistas nacionales mantienen fuertes lazos de propiedad, y de
endeudamiento, con el capital trasnacional. O, en resumen, el
capitalismo nacional no tiene prcticamente nada de nacional.La
segunda cifra, en cambio, es relevante para la pequea poltica de
este pequeo pas. Cuando vemos que el sistema de salud privada
afilia al 16% de la poblacin, esta cifra es muy significativa. Se
trata de las familias que pueden pagarla. Se trata de los medianos
empresarios pero, sobre todo, de los grandes funcionarios, que
pueden usufructuar tanto del Estado como de la empresa privada
desde sus experticias, desde sus gerencias interesadas, desde la
manipulacin no slo de los fondos pblicos, que constituyen en
realidad la principal empresa nacional, sino incluso de los fondos
privados que les son encargados por pequeos y medianos propietarios
de acciones. El caso de la empresa Ripley es ilustrativo respecto
de este segundo aspecto: sus propios gerentes estafaron a los
pequeos propietarios de acciones que los mantenan en sus cargos.
Una situacin que se repite cotidianamente, por cierto con volmenes
de riqueza muchsimo mayores, a lo largo de toda la economa
capitalista, a nivel mundial.c. El disciplinamiento de los
explotadosFrente a esos privilegiados est el 90%, constituido por
los que produce toda la riqueza real. Desde los pequeos empresarios
expoliados por el capital financiero y comercial, pasando por los
pequeos y medianos funcionarios del Estado y los sectores
profesionales, hasta llegar por fin a los trabajadores que producen
bienes tangibles, que son, en buenas cuentas, el origen de la
plusvala que logra mantener a todo el resto.Como he indicado ms
arriba, para el 90% la realidad es la precariedad del empleo, el
endeudamiento debido al altsimo costo que representa para las
familias proveerse de servicios de salud, educacin y previsin, y
debido tambin a la gruesa usura que campea en el crdito
comercial.Para la poltica concreta, para la expresin de la
indignacin, estas precariedades tienen, sin embargo, un signo
contrario, que complejiza las perspectivas del movimiento social.
Por un lado, la precarizacin de las condiciones laborales es
evidente, masiva, y vivida de manera ampliamente consciente por los
trabajadores.Pero esa misma precariedad los mantiene atados al poco
y mal empleo que logran obtener: la sindicalizacin, la negociacin
colectiva, la protesta ms o menos pasiva en el puesto de trabajo,
son percibidas en general como conductas riesgosas. Y los
empleadores mantienen polticas permanentes para prolongar esta
inseguridad, recordarla constantemente, hacer pesar de tiempo en
tiempo el poder arbitrario que poseen como recurso disciplinante.La
prepotencia de los empresarios chilenos se ha hecho famosa en
Amrica Latina. Los empresarios grandes por su prepotencia real,
respaldada por un poder sin contrapeso. Los empresarios medianos y
pequeos como un reflejo cultural, altisonante, grosero, cuyo doble
carcter lo hace an ms ignominioso: capataces prepotentes ante los
trabajadores, servilismo sin lmites ante los empresarios mayores
que a su vez los esquilman con la misma doble faz.Pero el
endeudamiento prolonga y agrava esta servidumbre. Por un lado
aparece como poderosa droga, como evasin en el consumo vanidoso y
exhibicionista, fomentado por la propaganda millonaria como ndice
de estatus y de xito. Por otro lado pesa, cada vez ms, sobre las
angustias, sobre los servilismos obligados, sobre la ansiedad de
obtener algo, lo que sea, a toda costa, para encontrarle algn tipo
de sentido a tanto sacrificio.Las condiciones del endeudamiento de
las personas en Chile se han hecho cada vez ms opresivas y
usureras. Establecidas como bancos, las grandes casas comerciales
obtienen recursos del Banco Central a un 5% de inters anual, y
pueden convertirlo en crditos de consumo a tasas del 50% o 60%
anual. Chilenos que ganan escasamente ms que el salario mnimo,
pueden tener, sin control pblico alguno, tres o cuatro tarjetas de
crdito. Ganancias millonarias por un lado, angustia y obligacin de
retener los malos empleos sin la menor protesta por el otro.El
efecto de esta opresin cotidiana sobre la subjetividad pblica ha
sido sealado por muchas voces de alerta. Chile presenta cifras
rcord en maltrato infantil, violencia intrafamiliar, agresividad en
los comportamientos pblicos. Y su reverso, enormes tasas de
depresin, de todo tipo de cuadros psicosomticos, de disfunciones en
las capacidades de comunicacin y expresin de los afectos.El doblez
siniestro de este efecto sobre la salud subjetiva pblica, sin
embargo, es que tambin ella se ha convertido en otro enorme
negocio. Chile debe ser de los pocos pases en el mundo en que se
pueden encontrar dos o tres farmacias en un mismo cruce de calles.
Ansiolticos, antidepresivos, relajantes musculares, pastillas para
las alergias, para los males gstricos, pastillas para dormir,
pastillas para mantenerse despierto. La protesta social en Chile
est retenida, de manera subterrnea, en las farmacias y las
consultas mdicas. La indignacin que no puede expresarse sin graves
riesgos laborales y salariales, termina expresndose como
somatizacin del malestar, termina convirtindose en un sordo rumor,
recubierto ideolgicamente de discurso mdico, que incluso es
aplacado a travs de medios farmacolgicos que no hacen sino
prolongarlo y profundizarlo. Chile es el pas del colapso depresivo.
Desde la ms humilde trabajadora hasta el candidato presidencial
fascistoide bajo un signo comn: cualquier agravamiento repentino de
los niveles permanentes de estrs lleva al colapso.No es raro, en
estas condiciones, que sean los estudiantes, o los pobres absolutos
en la periferia de las ciudades, o los hinchas del ftbol, los que
expliciten masivamente la violencia social contenida. Los
estudiantes sintomatizan el malestar en las familias, y ante su
propio futuro. Los pobres absolutos descargan su rabia contenida
cada vez que hay algn evento pblico masivo.La violencia. Una
sociedad profundamente violenta. Los que no ven, los que abusan
posedos de un sentimiento ciego de omnipotencia e impunidad, no
pueden sembrar y sembrar oscuros vientos sin lmites. Tendrn que
cosechar tarde o temprano las tempestades que incubaron. Cosecharn
tempestades. Slo esa puede ser, por fin, la hora de Chile.