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Carlos H. Filgueira (compilador) Gustavo Cosse - Javier
Marsiglia
Enrique Piedra Cueva - Diego E. Pieiro Suzana Prates - Patricio
Rod
Silvia Rodrguez Villamil - Ernesto Rodrguez
MOVIMIENTOS SOCIALES EN EL URUGUAY DE HOY
CLACSO/CIESU/EDICIONES DE LA BANDA ORIENTAL
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CARLOS H. FILGUEIRA Movimientos Sociales en la restauracin del
orden democrtico: Uruguay, 1985.
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1. INTRODUCCIN
Durante el perodo autoritario, entre fines del ao 1973 e inicios
de 1985, son reconocibles tres etapas del sistema poltico uruguayo
que afectaron en forma diferente la existencia, expresin y
funcionamiento de los movimientos sociales. (1)
La primera etapa, cuyos antecedentes se reconocen an antes del
ao 1973, corresponde al cierre de los canales de expresin de la
sociedad civil y pol-tica, congelamiento de las organizaciones
tradicionales de agregacin y articula-cin de demandas,
desestructuracin de las formas colectivas de identificacin de los
actores sociales, y prdida consecuente de los marcos de referencia
de las orientaciones individuales. En esencia se trat de un perodo
de fuerte desmovili-zacin social y poltica sustentada en la
represin y coercin abierta (supresin de los gremios y libertades
sindicales, control e ilegalidad de los movimientos socia-les,
persecucin a los lderes, disolucin de los partidos polticos,
control de agre-miaciones, supresin de libertad de reunin, de
comunicacin, etctera).
Podemos ubicar tentativamente el final de esta etapa sobre los
umbrales de la dcada del ochenta. Hasta ese momento las
organizaciones sociales y polti-cas preexistentes y otras nuevas
que se crean en el perodo, dan lugar a formas clandestinas o
semiclandestinas, de escasa presencia pblica en virtud de las
res-tricciones impuestas para su desenvolvimiento. En algunos
casos, se trat apenas de organizaciones congeladas tendientes a
mantener el "acervo" ideolgico-cultural del movimiento original, en
otros, de organizaciones larvarias que, bajo objetivos explcitos y
pblicos aceptados por el rgimen, ocultaron subyacentes intereses y
propuestas de los movimientos originarios o de los nuevos surgidos
en el perodo.
Como consecuencia de la derrota experimentada por el rgimen en
el Plebiscito de 1980 y de los pasos siguientes (elecciones
internas de algunos parti-dos polticos tendientes a reconstituir
las autoridades partidarias, en 1982), se abri un espacio antes
inexistente para las expresiones y organizaciones polticas. Ello
incluy, en la prctica, no solamente a los actores "legi-
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12 timados" por el rgimen para su constitucin, sino tambin a
otros actores polticos partidarios y sociales que encontraron "de
facto" un clima poltico propenso para su desarrollo. Si cabe una
denominacin sinttica de esta etapa, digamos que no se trat ya de
una fase "defensiva" de la sociedad civil y poltica. Al contrario,
fue una fase reactiva de los movimientos sociales y partidos
polticos que procuraban imponer, desde los escasos espacios
obte-nidos, nuevas reglas de juego opuestas a las del rgimen.
Ello fue posible porque, de hecho, la realizacin de las dos
instancias de consulta popular plebiscito y elecciones interna ya
hablan socavado el monopolio de la iniciativa poltica que hasta ese
momento habla retenido para si el rgimen militar.
En esta etapa se manifiestan pblicamentey se organizan
internamen-te muchos de los nuevos y viejos movimientos sociales y
partidarios que no hablan podido expresarse pblicamente en el
momento anterior. Entre ellos el movimiento estudiantil
universitario y secundario (ASCEEP), los movi-mientos
cooperativistas de vivienda (FUCVAM), organizaciones gremiales y
sindicales (PIT), otros movimientos juveniles, movimientos de amas
de casa, "ollas populares", movimientos comunales, organizaciones
rurales de peque-os y medianos productores, movimientos de mujeres,
etctera. Paralela-mente, en la esfera poltico partidaria, tambin se
asiste a la reconstitucin de los dos partidos tradicionales en sus
mltiples fracciones, de la coalicin de izquierda a travs de la
recomposicin de los partidos y fracciones que la integran. A pesar
del permanente conflicto que signa esta fase establecido alrededor
de las violaciones de las leyes del juego, que el rgimen aduce en
contra de los actores que no se sujetan a ellas, parece claro de
cualquier forma que es esta una etapa esencialmente reconstitutiva
de la trama social y poltica precedente al golpe de Estado. Con
ello se afirma como antes la importancia que en el sistema poltico
hablan tenido los diferentes movimien-tos sociales.
Por ltimo, es posible identificar el inicio de la tercera etapa
con la cul-minacin del proceso de negociacin entre el rgimen
militar y las fuerzas de la oposicin democrtica que da lugar a las
nuevas reglas del juego acordadas en el Club Naval y el llamado a
elecciones nacionales para el ao 1984. Con esta instancia, el
proceso de apertura democrtica proscripciones de lderes y partidos
mediante alcanza el punto ms avanzado que se conoce desde 1973 y
consolida el espacio de facto para casi todas las fuerzas y
movimientos sociales existentes.
Esta etapa se caracteriza por la accin de los movimientos
sociales y par-tidos polticos tendiente a enfrentar la instancia
electoral del 84, y por la rearticulacin de aqullos dentro del
sistema de partidos reemergente. Dos hechos merecen sealarse como
indicativos de esta etapa: en primer lugar, la accin de algunos
movimientos sociales hacindose presentes en el nuevo es-
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cenario poltico en forma de oposicin abierta al rgimen por
ejemplo, la negativa del Movimiento Cooperativo de Vivienda a pagar
las cuotas del rgi-men de prestaciones estatal, las oposiciones
obreras y la movilizacin estu-diantil y en segundo lugar, la plena
participacin de los movimientos socia-les en la Concertacin
Nacional Programtica que se lleva a cabo en el perodo previo a las
elecciones.
El mecanismo de la Concertacin establecido incluy en su momento
diversas instancias que culminan Analmente con la constitucin de la
CONAPRO (Concertacin Nacional Programtica), en la cual los partidos
polticos, movimientos sociales, sindicatos, movimientos
corporativos, gre-miales empresariales, se constituyeron en
mltiples Comisiones (Poltica Econmica, Poltica Habitacional, Salud,
Seguridad Social y otras) encar-gadas de establecer los acuerdos
mnimos y lincamientos de la poltica futura del gobierno
democrtico.
En esta etapa, por lo tanto, la accin de los movimientos
sociales tiene ya un carcter positivo no reactivo o defensivo y su
referente est dado por la legitimacin del nuevo orden
democrtico.
Como consecuencia de este proceso brevemente descrito, no cabe
duda de que los movimientos sociales se incorporaron al proceso
democrtico que se abre a partir de marzo de 1985, en forma plena y
revitalizados por su accin en el periodo autoritario. Por una
parte, la supresin de los mecanis-mos tradicionales de mediacin
poltica y de la expresin de intereses y demandas de la sociedad
parece haber Actuado reforzando manifestaciones espontneas de la
sociedad civil. Por otra parte, la misma inexistencia de instancias
articuladoras y mediadoras constituidas por los partidos polticos,
gremios y sindicatos, parece haber incidido en la mxima autonoma
relativa de esos movimientos con respecto a sus matrices histricas
de insercin. En cualquier caso, es claro que si algo caracteriz a
los movimientos sociales en el periodo autoritario, fue su
diversicacin, autonoma y espontanesmo.
En segundo lugar, es destacable igualmente la heterogeneidad de
este tipo de manifestaciones. A diferencia del periodo democrtico
preautoritario, donde la dominante de los movimientos sociales se
nucleaba alrededor del sindicalismo, resulta notoria ahora la
presencia de movimientos "nuevos", asentados en mltiples demandas
organizadas alrededor del consumo, o las polticas pblicas, de
cierto tipo de demandas "single issues" y de los movi-mientos
generacionales y de gnero. Algunas de estas organizaciones son
compatibles y estn articuladas con los movimientos sindicales,
otras les son totalmente ajenas, o constituyen segmentos de
reivindicaciones circuns-criptas dentro del sindicato,
constituyndose a veces en formas superpuestas y redundantes o,
alternativamente, en formas competitivas con otros
movi-mientos.
En tercer lugar, otro rasgo distintivo de los movimientos
sociales emer-
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gentes en el sistema democrtico es su heterogeneidad con
respecto a sus formas asociativas y organizativas. Son
identificables, al respecto, desde lar" organizaciones de protesta
ms inarticuladas hasta los movimientos sociales ms
institucionalizados, desde los ms homogneos o definidos por reas de
igualdad amplia, hasta los ms estructurados en sus liderazgos y
mecanismos decisorios.
Por ltimo, en cuarto lugar, es evidente que todos los
movimientos socia-les constituidos en este momento, estn sujetos a
transformaciones internas y externas en virtud de las nuevas
condiciones democrticas. Por ello tambin, para estas organizaciones
se trata de un periodo de transicin y reacomodacin en sus
referentes de accin, a la presencia del Estado, de los partidos
polticos y de otras formas institucionalizadas de mediacin poltica*
Es posible, en consecuencia, formular la hiptesis de que gran parte
de la autonoma, espontanelsmo e "igualdad de base" que
caracterizaron a los mo-vimientos sociales en el periodo
autoritario tendern a experimentar tensiones en el sentido opuesto:
dependencia o articulaciones con otras instancias mediadoras,
institucionalizacin y diferenciacin interna prdida de reas de
igualdad, eventual cooptacin desde el Estado, etctera.
Cabe entonces preguntarse si muchos de estos movimientos
sobrevivirn manteniendo las caractersticas organizativas, metas y
formas de funciona-miento propias del periodo autoritario.
Tericamente, ello implica indagar acerca de la naturaleza ms o
menos permanente o bien coyuntura) de este avance de los
movimientos sociales, y del papel que los mismos pueden desempear
en un nuevo sistema de mediacin poltica ms alejado de las
instituciones clsicas del liberalismo poltico (partidos,
elecciones, parla-mento).
II. ACERCA DE LA DEMARCACION DE LOS "MOVIMIENTOS SOCIALES"
Hasta el momento hemos empleado el trmino "movimientos sociales"
para denominar un conjunto heterogneo de organizaciones colectivas
desa-rrolladas alrededor de algn tipo de solidaridad especifica. La
literatura espe-cializada no contribuye a aclarar el tema, desde el
momento en que existe una considerable ambigedad en la definicin
del concepto de "movimientos sociales".
La primera pregunta, entonces, es relativa a la pertinencia de
englobar bajo el trmino de "movimientos sociales" a toda la gama de
expresiones co-lectivas a las que se ha hecho referencia. En otras
palabras, examinar en qu medida es til para el anlisis poltico y
pertinente tericamente una
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demarcacin inclusiva de todas estas expresiones para dar cuenta
de un solo actor relevante en el juego poltico. El riesgo es obvio;
si se ponen en el mismo saco actores muy diferentes, la
conceptualizacin pierde sentido y confunde ms que aclara.
Si se adopta una definicin amplia, como es frecuente en muchos
traba-jos, se incluirn en la categora de "movimientos sociales" a
todas aquellas expresiones colectivas, no partidarias, que: a) se
organizan alrededor de cier-tos intereses (o valores) socialmente
determinados; b) establecen ciertas reas de igualdad entre sus
miembros alrededor de las cules priman solidaridades especificas, y
c) inciden (o buscan incidir) en algn nivel del proceso de toma de
decisiones polticas.
De acuerdo a los cinco estudios desarrollados para el Uruguay,
dentro del marco del Proyecto sobre Movimientos Sociales, una
conceptualizacin de esta naturaleza llevarla a incluir
indiscriminadamente en esta amplia catego-ra de la participacin
poltica extrapartidaria, a las organizaciones comuna-les o
barriales orientadas a la satisfaccin de sus necesidades bsicas
(por ejemplo, movimientos populares organizados para la atencin de
la salud, el mejoramiento de las condiciones ambientales y
habitacionales, ollas popula-res); otro tipo de movimientos afines
a formas corporativas o gremiales (pe-queos y medianos productores
rurales), sindicatos obreros de orientaciones clasistas,
movimientos feministas identificados con diferentes propuestas de
cambio social, organizaciones desarrolladas alrededor de la defensa
de los derechos humanos, etctera.
Alternativamente, una definicin "estrecha" de los "movimientos
socia-les" entenderla como tales a slo las expresiones colectivas
de carcter extra-estatal. En esta hiptesis, los "movimientos
sociales" conceptualment co-rresponderan nada ms que a los que se
proponen fines amplios o limitados de reforma de la sociedad como
una empresa colectiva para establecer un orden social alternativo.
Quedaran excluidos en consecuencia todos los res-tantes
"movimientos" que tienen un referente estatal positivo para su
accin solidaridades polticas que se forman en la lucha de los
intereses priva-dos, como los grupos de inters, los grupos
corporativos, asociaciones vo-luntarias o "subculturas".
Las dos opciones presentan virtudes e inconvenientes. Sin
pretender una definicin formal del tpico, es importante sin
embargo, discutir sus im-plicaciones.
La primera opcin demarcacin amplia corresponde, como ha sido
reiteradamente sealado, a una conceptualizacin excesivamente
inclusiva y en consecuencia poco til para demarcar un tipo
especifico de comportamien-to poltico. En la prctica, la demarcacin
amplia incluye dentro de los movi-mientos sociales a cualquier
forma de expresin colectiva que adems de ser extrapartidaria tenga
un referente de naturaleza poltica en su accin (directo
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o indirecto). La segunda opcin, en cambio, ha sido defendida en
la medida en que
recupera una "diferencia especfica" de mayor utilidad para
demarcar dife-rentes formas de expresiones colectivas. Al mismo
tiempo, porque centra el punto de atencin en aquel tipo de
expresiones que contienen en si un germen de cambio y transformacin
de la sociedad. Si por movimientos sociales se entiende solamente
las expresiones colectivas de la sociedad (privada o polti-ca) con
fines amplios o limitados de transformacin de las desigualdades
es-tructurales (clasistas, autogestionarias, cooperativas,
etctera), todas las for-mas que no contemplan esta condicin
reafirmacin o no cuestionamiento de la estructura de desigualdades
corresponderan a otra categora conceptual de las expresiones
colectivas. No nos interesa calificar estas "otras" expresiones
colectivas, pero si interesa preguntarnos qu es lo que estamos
dejando de lado a] demarcar en trminos estrechos la nocin de
"mo-vimientos sociales".
Parece claro, en primer lugar, que en esta opcin dejaramos de
lado muchos de los movimientos que han sido caractersticos del
periodo autori-tario y a los que se hizo referencia en la
Introduccin. Ms an, no parece aventurado afirmar que tambin se
estara dejando de lado un tipo de movi-miento que en Amrica latina
desde la dcada del sesenta ha estaido presente como un fenmeno
nuevo en el escenario politico.(2) Puede aducirse que todos estos
tipos de manifestaciones colectivas no tienen la misma importancia
para el cambio social que aquellos que expresan una conciencia y
propuesta de transformaciones ms o menos radicales (en particular
aquellos que asumen expresiones de conflictos de clase). Sin
embargo, las dificultades no son pocas desde esta perspectiva
cuando se coloca la discusin en un contexto ms amplio de la
participacin poltica. Ni se puede ignorar por una parte, el
pro-fundo impacto que se deriva de la emergencia de movimientos "no
contesta-tarios" sobre los mecanismos de articulacin y mediacin
poltica y por ende de la legitimidad. Ni tampoco se puede ignorar
que incluso cuando se focaliza el inters en los movimientos
sociales radicales y sus potencialidades de cam-bio, los "otros
movimientos" insertos en el sistema estatal no pueden dejar de
considerarse. Precisamente si alguna enseanza han dejado los
estudios his-tricos acerca de la (incompatibilidad entre
capitalismo y democracia, es la importancia que adquieren estas
otras formas de movimientos insertos positi-vamente en la esfera
del Estado como mecanismos de atenuacin del conflicto y
resentimiento de las opciones radicales. (Offe).(3) Las modalidades
de accin insertas positivamente en el Estado ya sea dentro de
formas de coopta-cin o clientela estatal, corporativas o como
grupos de presin e inters son en consecuencia igualmente
importantes para entender el cambio de la sociedad, como lo son los
"movimientos sociales" estrechamente definidos como agen-tes
explcitos y autoconscientes de esos fines.
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En segundo lugar, la oposicin entre movimientos insertos en el
Estado y los extraestatales no slo es una dicotoma que separa
conceptualmente dife-rentes tipos de movimientos sino que, con
frecuencia, separa orientaciones ambivalentes, de un mismo
movimiento.
De alli que las dificultades para establecer una demarcacin
precisa al respecto no slo provienen dla definicin de cules son los
fines (amplios o limitados) de reforma de la sociedad de un
movimiento, sino tambin de que virtualmente las formas puras de
acciones orientadas en la esfera estatal o extraestatal no son las
nicas. Por ello, las dificultades de conceptualizar los movimientos
sociales son las mismas que se enfrentan cuando se procura
identificar las reas de solidaridad politica que se generan en el
sistema de desigualdades sociales y en la lucha por los intereses
privados. La ambivalen-cia de la privatizacin del poder poltico
dada por la superposicin de reas de igualdad frente al Estado
(ciudadana) y desigualdad de la estructura social coloca dos
fuertes referentes en la accin politica que en el Estado moderno
tienden a producir las formas mixtas no puras de participacin
poltica (superposicin de solidaridades insertas en el sistema
estatal y solidaridades extraestatales).
Por ltimo, un tercer elemento que debe ser introducido en esta
discu-sin se refiere al carcter cambiante de los movimientos
sociales y su transfor-macin en otro tipo de expresiones
colectivas. Como lo ha sealado Mayntz (4) y ms especficamente
Pizzorno (5) con referencia a los movimientos socia-les, este tipo
de expresiones colectivas no son formas estables de participacin
poltica; o bien alcanzan sus fines o se transforman. "Las
condiciones que los hacen surgir pueden resumirse en las
situaciones de movilizacin social, que generalmente conllevan
mutaciones en la estructura de la sociedad civil". A su vez,
podramos agregar, la transformacin de los movimientos sociales en
otras modalidades de participacin politica, tiene lugar cuando el
movimiento se transforma en partido poltico (o es cooptado total o
parcialmente por un partido poltico), cuando alcanza sus fines y se
disuelve, o bien cuando se produce una mutacin en los referentes de
su accin con respecto al Estado (accin inserta positivamente en el
sistema estatal o aceptacin del Estado como normador del orden
civil existente versus accin extraestatal).
El grado de inestabilidad de los movimientos sociales alude, por
supues-to, a un concepto relativo, pero en cualquier caso la
consideracin de la din-mica de transformacin de las diferentes
formas de participacin poltica abre un campode interrogantes de
mucho mayor inters que la consideracin esttica de las tipologas o
demarcaciones definitorias estrechas. Por qu surgen diferentes
formas de participacin poltica, cules son sus trayectorias, qu
factores contribuyen a la mayor permanencia de algunos y a la
transfor-macin de otros y qu papel juegan en los mecanismos de
articulacin social, son algunas de las preguntas que parece ms
relevante formular. En este
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sentido, entonces, tampoco parece pertinente una definicin
estrecha de los "movimientos sociales" circunscripta a las formas
de solidaridades extra-estatales.
III. SOCIEDAD Y MOVIMIENTOS SOCIALES
Cuando se caracteriz el primer momento de la dictadura militar
como una etapa fuertemente "desmovilizadora", se hacia referencia a
un rasgo del autoritarismo que no tiene, hablando con propiedad,
nada de excepcional si se lo compara con procesos similares. Lo que
si en cambio constituye una diferencia importante respecto de otras
experiencias es la intensidad y la pro-fundidad con que se llev a
cabo este proceso desmovilizador, la amplitud de instituciones,
individuos y organizaciones que alcanz a afectar, y la persis-tente
poltica de control y cercenamiento de las libertades de asociacin,
expresin y reunin, que se prolongaron incluso en las instancias de
disten-sin de las negociaciones polticas entre militares y la
oposicin democrtica.
Ninguno de estos rasgos de la represin seran comprensibles si no
se tomara en cuenta el carcter plenamente participativo y altamente
movilizado de la sociedad que precede al golpe de Estado.
Como no es ste el lugar para tratar los procesos de formacin
histrica que dieron como resultado una peculiar matriz estructural
de la sociedad uruguaya, recordemos por lo menos algunos de los
rasgos que la caracte-rizaron. *
Como es bien sabido, el Uruguay es un caso relativamente atpico
en la regin. Todas las tipologas elaboradas sobre los pases de
Amrica Latina asi lo indicaron. Ello se expres en algunos
indicadores muy conocidos: por un elevado nivel de vida (asegurado
por uno de los ms elevados PBI per cpita de la regin,
"mesocrticamente" distribuido), por el predominio de formas de vida
urbana desde la formacin del Estado moderno, por las ms altas tasas
de educacin y los ms bajos ndices de analfabetismo, una
homogenei-dad tnica, cultural y regional que no conoce equivalentes
en la regin, a la vez que el desarrollo temprano de un "welfare
state" que sigui adelante hasta su reversin bajo la poltica
neoliberal del rgimen autoritario (Estado prescindente),(6)
En la esfera poltica los indicadores equivalente*, y que slo
anotamos, son la larga permanencia de los partidos tradicionales
(Colorado y Nacional) existentes prcticamente desde la
independencia nacional, la alta estabilidad poltica a lo largo de
todo este siglo, el carcter no excluyente de la participa-cin
ciudadana, la temprana participacin de toda la poblacin en las
instan-cias electorales, la vigencia de un sistema pluralista
democrtico, la intensidad de la participacin e inclusin poltica de
la poblacin, y una
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elevada tasa de participacin poltica no partidaria a travs de
los movimien-tos y otras expresiones de formacin (y reformacin) de
intereses y demandas. (Rial). (7)
Durante todo lo que va del siglo y particularmente en los dos
impulsos modernizantes, uno de principio de siglo (perodo
batllista) caracterizado por la consolidacin y expansin del Estado
moderno y otro hacia mediados de siglo ("neobatllismo"), a partir
de la movilizacin industrial, se avanzaron los procesos de
modernizacin social y "desarrollo hacia adentro". Con ello se
cristaliz una estructura social caracterizada por la presencia
dominante de las clases medias urbanas y sectores obreros
plenamente incorporados a la economa formal, cuyo perfil se asemej
ms al de las sociedades europeas de desarrollo intermedio que al de
las sociedades excluyentes y duales latino-americanas. La alta
movilidad social que predomin durante la primera mitad del siglo,
sostenida por las profundas transformaciones estructurales y las
pautas reproductivas, a la vez que la gestin lder que encar el
Estado en materia de redistribucin progresiva, permitieron una
incorporacin crecien-te de casi ta totalidad de los sectores
sociales a los "beneficios del desarrollo". Como resultado de ello,
sobre la dcada del sesenta, el Uruguay comparta con la Argentina
indiscutiblemente una posicin privilegiada en el marco de las
naciones latinoamericanas, pues estaban a la cabeza del sistema
regional en todos los indicadores de desarrollo y modernizacin
social que pudieran considerarse. "
Sin embargo, por detrs de la eficiencia distributiva y de la
exitosa capa-cidad de atenuacin de conflictos que el sistema
poltico logr desarrollar garantizando por ms de medio siglo la
compatibilidad del orden democrti-co con su forma capitalista,
fueron notorias las dificultades de crecimiento econmico y
sostenimiento de las bases productivas en que el sistema se
asen-taba. En rigor, lo que se hizo notorio ya sobre la dcada del
cincuenta, fue el carcter "modernizante-conservador" del modelo que
no pudo remover su dependencia de las fuentes tradicionales de
poder econmico. La rigidez cre-ciente de la esfera productiva, y en
consecuencia las limitaciones de los recur-sos econmicos que
pudieran sostener el modelo redistributivista, contrastaron con las
altas aspiraciones y expectativas de vida que la sociedad toda haba
acumulado a lo largo de varias dcadas y que siguieron adelante an
en los momentos de crisis econmica.
La expansin del sistema educacional en el perodo 1950-60, con
tasas excepcionales de crecimiento de los niveles medios y altos,
contribuy podero-samente a incrementar y legitimar las aspiraciones
de los sectores medios y de las clases bajas incorporados al
sistema. Al mismo tiempo, el segundo empuje industrializador del
periodo "neobatllista" en la posguerra, hizo lo mismo con los
estratos bajos urbanos (movilizacin por migraciones del campo a la
ciudad, conformacin de un proletariado urbano dependiente moderno).
A
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ello se agreg la capacidad de organizacin y demandas de los
diferentes grupos y sectores involucrados en la esfera laboral,
cuyo ingrediente novedoso fue su alta capacidad de movilizacin.
Las consecuencias de este proceso de expansin diferencial del
orden social sobre pautas modernas y de la rigidez de la estructura
de poder econ-mico incapaz de dar continuidad a un crecimiento
capitalista sostenido, se manifestaron en la tensin estructural
creciente caracterstica de la crisis reite-radas de los modelos de
modernizacin conservadora.(8) En tanto los sectores populares
movilizados a travs de diferentes movimientos sociales
desarrolla-dos alrededor del trabajo, el consumo, la prestacin de
servicios del Estado, la seguridad social, el sistema educativo, la
poltica de viviendas, etctera, pre-sionan sobre el aparato estatal
y los gobiernos de turno con nuevas demandas, desde el Estado se
apela a polticas de corto plazo de escaso grado de raciona-lidad
econmica tendientes a resolver emergencias y sostener la
legitimidad.
La primera expresin electoral del deterioro de este exitoso
modelo de convivencia logrado por el pas a lo largo de medio siglo,
fue la derrota del batllismo en 1958, despus de ms de noventa aos
de continuidad en el poder, y su desplazamiento por el Partido
Nacional. Paradojalmente, sin em-bargo el grado de tensin y la
movilizacin social consecuente que erosion las bases de legitimidad
secular del Partido Colorado, no signific un afianza-miento de los
sectores populares de izquierda en la esfera electoral sino que dio
lugar, en rigor, a una forma de "restauracin conservadora". De all
en adelante, los gobiernos blancos y colorados que se sucedieron
hasta el golpe de Estado de 1973 debieron manipular el sistema de
dominacin bajo una si-tuacin potencialmente explosiva por el
"desborde" de los movimientos so-ciales en un clima de polarizacin
y radicalizacin ideolgica donde crecieron en los dos extremos del
espectro ideolgico las opciones autoritarias.
El punto ms importante a destacar es, sin embargo, que la forma
que adquiere el conflicto y el poder relativo de los actores
involucrados, no se esta-blecen en la arena electoral parlamentaria
como una oposicin de empate o equilibrio de fuerzas, sino que opera
en diferentes planos; en el sistema
parti-dario-electoral-parlamentario por una parte, y en el sistema
de los movimien-tos sociales por otro. La hegemona electoral
continu perteneciendo a los dos grandes partidos tradicionales cuya
naturaleza "catch all" les permite una amplia base de apoyo, pero
las expresiones contestatarias se expresaron como forma efectiva de
ejercicio de poder de la izquierda, minoritaria electoralmen-te, en
los movimientos sociales. Esta incapacidad de trasladar al plano
electo-ral y parlamentario el equivalente del poder de movilizacin,
demandas, "veto" y capacidad de presin de los movimientos sociales,
al igual que la escasa representatividad de los grandes partidos
multiclasistas, evidenciaron, sin duda, uno de los ms crticos
problemas de mediacin del sistema polti-co.^)
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Es precisamente en este contexto el de mediacin y
representatividad del sistema poltico donde corresponde ubicar el
papel que juegan los movimientos sociales en la crisis, y el que
pueden venir a jugar, en el proceso de profundizacin de la
democracia.
I. Sociedad y movimientos sociales
Estamos por lo tanto ahora en condiciones de discutir con ms
propiedad las caractersticas de los movimientos sociales, sus
orgenes, sus trayectorias y sus posibilidades de transformacin en
la reconstitucin del orden demo-crtico.
En la extensa literatura especializada que se ha generado en las
ltimas dcadas acerca de los movimientos sociales, tanto en
referencia a Latinoamrica como al mundo desarrollado, surgieron dos
grandes aproxi-maciones. Por una parte la literatura sobre Amrica
Latina se ha desarrollado alrededor de dos supuestos bsicos: a) el
carcter excluyente del sistema pol-tico y la cuestin nacional como
un problema no resuelto y b) la ausencia del papel articulador de
los partidos polticos como instancias de mediacin efectiva.
Los movimientos sociales como formas colectivas de solidaridad
han sido tradicionalmente explicados como resultantes de procesos
incompletos o truncados de conformacin de las sociedades
nacionales. En consecuencia los movimientos sociales se vieron como
la expresin de tensiones estructurales inducidas por grandes
mutaciones en la estructura de la sociedad civil deriva-das ya sea
de: a) la definicin de la territorialidad nacional (conflictos de
cen-tralizacin, conflictos entre poderes locales, etctera); b) por
los movimientos surgidos alrededor de solidaridades religiosas,
tnicas o culturales en com-petencia entre s y con la solidaridad
nacional; c) por la conflictiva integracin de la "periferia" al
"centro" (exclusin de la participacin poltica, cuestin de la
ciudadana), o bien, d) por la lucha alrededor de la estructura de
desi-gualdades econmicas y privilegios sociales de la estructura
socioeconmica (cuestiones de redistribucin, acceso, movilidad
social y conflictos de cla-ses).(10)
La inexistencia de una plena incorporacin de la poblacin a un
sistema poltico con mecanismos eficientes de intermediacin, ha
sealado a su vez a los partidos polticos como los "grandes
ausentes" del rol que los mismos jugaron tradicionalmente en los
sistemas pluralistas democrticos de los pases ms desarrollados. En
este sentido, la literatura ha insistido en el papel alternativo de
la participacin poltica en los movimientos sociales, como
res-puesta a la omisin de mecanismos representacionales plenamente
institu-cionalizados (inestabilidad poltica, fragilidad de las
instituciones propias del liberalismo poltico, carcter excluyente o
elitista de la polltica).(l 1)
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Por otra parte, cuando se consideran las interpretaciones acerca
de los "nuevos" movimientos en los pases ms desarrollados, los
supuestos son otros y se concentran casi con exclusividad en las
mutaciones estructurales derivadas de: a) las ms recientes formas
de gestin del Estado (welfare state) y la proliferacin consecuente
de una gran diversidad de solidaridades (recreadas alrededor de las
clientelas estatales;(12); b) los desplazamientos de los procesos
de acumulacin (importancia creciente del conocimiento en des-medro
de los recursos materiales) (13) y de la prdida relativa de
centralidad del conflicto capital-trabajo en desmedro de los
conflictos desarrollados alrededor del consumo, condiciones de
bienestar, y calidad de vida.(14) La crisis de los partidos
polticos como instancia de mediacin y representacin eficientes (y
no la ausencia de ese papel) es, por otra parte, otro de los temas
recurrentes en los estudios, y se le atribuye la emergencia de
nuevos actores colectivos. En sus versiones ms elaboradas lo es
tambin la forma de media-cin concertada (neo-corporativa) por su
carcter excluyente de otros intere-ses que no se organizan
alrededor del capital y del trabajo. Al respecto, en palabras de
Schmitter (15) "lo que ha cambiado extensiva e irreversiblemente en
las sociedades capitalistas avanzadas son los procesos de
intermedia-cin poltica por los cuales el volumen potencial de
demandas societales es capturado y concentrado y a travs de los
cuales los patrones eventuales de las polticas pblicas son
analizados y evaluados".
En suma, si se trata de caracterizar la naturaleza de los
movimientos sociales en el mundo desarrollado y en los pases
latinoamericanos, parecen existir suficientes evidencias que
sugieren la conveniencia de evitar extrapola-ciones simplistas
entre uno y otro contexto. Como lo plantea Grossi en su estudio,
(16), "contrariamente a lo que pasa con los movimientos sociales en
los pases de capitalismo avanzado, que no presentan como
prioritarias reivindicaciones de aumento de participacin y de
representacin en el siste-ma poltico, estas reivindicaciones son
fundamentales en Amrica Latina ya que el problema de la
incorporacin plena de los sectores populares al sistema poltico an
no ha encontrado solucin".
Nosotros no discutiremos esta aseveracin que sin duda es
correcta en tanto constituye una caracterizacin de los rasgos
dominantes de la regin, pero s tenemos objeciones si se trata de
generalizar la afirmacin de Grossi como un patrn vlido para
cualquier pas de la regin.
De la discusin previa acerca de la conformacin de la estructura
social y poltica del Uruguay, se desprenden con claridad algunos
rasgos que lo apro-ximan ms a la "tipologa" de las sociedades ms
desarrolladas que a las lati-noamericanas.
En primer lugar, con respecto al problema de la incorporacin o
mar-ginalidad al sistema poltico, las crisis reiteradas de
incorporacin poltica (ampliacin del mercado poltico), que generaron
recurrentemente en la re-
-
23
gin inestabilidad endmica (o coercin ms o menos abierta), no
estuvieron presentes en la formacin del Uruguay moderno. La
incorporacin, al contra-rio, oper como un trnsito relativamente
fcil tanto en la faz de absorcin de los nuevos sectores proletarios
en los dos empujes industrializadores, como en la emergencia de las
modernas clases medias urbanas. Incluso las clases bajas rurales,
sectores stos donde se localiza la marginalidad politica dominante
en los pases de la regin, estuvieron tradicionalmente incorporadas
a los par-tidos histricos.
En segundo lugar, los partidos polticos jugaron un papel capital
como agencias mediadoras del sistema poltico. Sus estabilidad y
continuidad secu-lares tienen, en este sentido, mucho ms afinidad
con el papel histrico de los partidos en las democracias liberales
de los pases desarrollados que con las dbiles estructuras
partidarias latinoamericanas. En este sentido, tambin es pertinente
hablar de una crisis de un sistema que fue eficiente y luego fracas
como instancia de intermediacin entre la sociedad civil y la
politica. Si se quiere expresarlo con ms propiedad, puede afirmarse
que las instituciones clsicas del liberalismo poltico tuvieron
plena vigencia y en ellas descans el excepcional modelo de
desarrollo econmico y estabilidad democrtica del pas. Por ello,
tambin las condiciones que generaron la ruptura del orden
democrtico en 1973 deben ser vistas, en sentido estricto, como el
agotamien-to de un modelo de dominacin mediante un eficiente
sistema de representa-cin y mediacin politica y no como una
ausencia o una institucionalidad nunca lograda.
En tercer lugar, la proximidad del modelo uruguayo al "polo
desarro-llado" tambin se manifiesta en la intensidad y el tipo de
tensiones a que dan lugar las diversas formas de expresiones
colectivas partidarias y extrapartida-rias. Dos aspectos son
sealables al respecto: por una parte la centralizad.que ocupan las
tensiones propias de la estructura de desigualdades socioeconmi-cas
en oposicin a la escasa relevancia de las tensiones de las etapas
anteriores de la formacin del Estado nacional (territorialidad,
identidad cultural y ampliacin del mercado poltico). Por otra
parte, el elevado grado de libre asociabilidad expresado en la
intensidad del fraccionamiento y diversificacin de las
solidaridades de grupos y sectores alrededor de intereses
especficos.
-
44 una dimensin especifica de la problemtica de la mujer.
En su conjunto, los tres movimientos no constituyen
organizaciones de masas aunque desarrollan una tarea efectiva a
partir de las unidades de base diseminadas en diferentes reas
geogrficas y laborales. A su vez, en diferen-tes instancias de
resistencia al rgimen autoritario desarrollaron mltiples
actividades cuya presencia pblica fue, por su magnitud, una de las
expresio-nes ms importantes de los movimientos de mujeres en muchas
dcadas. Cabe por otra parte sealar que en la esfera de las
organizaciones partidarias tam-bin se constituyeron grupos de
mujeres que tuvieron un activo papel en la coordinacin de puntos de
accin en comn: la Comisin de Mujeres del Frente Amplio, que retoma
las actividades de la Coordinadora Femenina de 1971, el
Secretariado de la Mujer Demcrata Cristiana, el grupo de Mujeres de
las Coordinadoras del Movimiento Por la Patria, Corriente Popular
Nacio-nalista, y la Comisin de Mujeres Batllistas, Libertad y
Cambio y la Corriente Batllista Independiente.
Las lderes de estos movimientos no se ubican, sin embargo, en
las posi-ciones altas o "centrales" de sus estructuras partidarias.
Si bien tienen activa participacin en las instancias de acciones
"de base", su marginalidad con respecto a las estructuras
partidarias parece ser elevada.(49) Tampoco las posturas adoptadas
por las mujeres integrantes de los Partidos Polticos con respecto a
sus reivindicaciones especificas sobre la condicin de la mujer
parecen haber ocupado un lugar importante en las plataformas y
propuestas electorales de los partidos polticos. Se seala al
respecto que slo el Frente Amplio les otorg algn espacio, pero aun
asi de escasa visibilidad. Otros partidos, en tanto, no les
incorporaron. Ello puede explicar la marginacin de los movimientos
de mujeres en la etapa de la preconcertacin, en la cual esos
movimientos acordaron efectuar una preconcert acin paralela.
Como balance de estas experiencias parece claro en primer lugar
que el conjunto de movimientos que aqu discutimos corresponden ms a
los "movi-mientos de mujeres" que a los "feministas". Al menos ello
parece ser cierto si se consideran los objetivos y las "reas de
igualdad" que definen las solidari-dades que nuclean a sus
miembros. Con todo, no puede perderse de vista, que en el interior
del conjunto de grupos que componen esos movimientos son
dis-tinguibles variaciones en ambas orientaciones, tanto entre
grupos como dentro de los grupos. En este sentido es importante el
papel que juegan las mujeres de clase media en la formulacin de
propuestas feministas, y sobre todo aquellas que ideolgicamente
tienen condiciones para establecer identi-dades alrededor de la
problemtica femenina.
En segundo lugar, como lo sealan Prates y Rodrguez Villamil (50)
existe la posibilidad de que. pasado el periodo de resistencia al
autoritarismo y superada la etapa de movilizacin electoral, muchos
de estos movimientos se disuelvan o pierdan vigor en virtud del
predominio de otras lealtades.
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45
V. CONSIDERACIONES FINALES
Durante el periodo autoritario, las formas de participacin
poltica de la sociedad civil fteron todas de carcter extraestatal.
El Gobierno autoritario fracas tanto en sus intentos de cooptacin
de las formas polticas preexisten-tes como en su capacidad de
movilizacin "desde arriba". Ciertamente, tampoco puso mucho empeo
en ello.
Es asi, que no se registraron como en otros regmenes
autoritarios, ni movimientos sociales inducidos, subsidiados o
sancionados por el Estado, como tampoco partidos polticos creados
(o recreados) por el rgimen.
Desde las primeras manifestaciones de la apertura democrtica a
partir de los aos 80/fue notorio en cambio el crecimiento
excepcional de diferentes formas de participacin poltica cuyo
denominador comn fue el rechazo al rgimen y la bsqueda de una
salida democrtica.
La uniformidad de estos objetivos no pudo ocultar, sin embargo,
sus diferencias. Como resultado de la supresin de los mecanismos
tradicionales de mediacin y articulacin poltica, las modalidades de
participacin cono-cieron una amplia gama de formas organizativas
desarrolladas en torno a reas especificas de igualdad y
solidaridad. En sus inicios, un elevado grado de atomizacin,
autonoma y espontaneismo, fue la caracterstica de esta
multiplicidad de formas de participacin.
Como se pudo apreciar del anlisis efectuado, en algunos casos se
trat de los "nuevos" movimientos sociales generados en torno a las
necesidades bsicas, y que se nuclearon ya sea en la pequea
comunidad urbana, vecinal o barrial, en los subsectores del trabajo
organizado, o en las formas cooperati-vas de consumo. En otros
casos se trat de la reactivacin de viejos y tradicio-nales
movimientos, bajo nuevas demandas; liderazgos y "rtulos". Y por
ltimo, tampoco fueron ajenos a estas transformaciones, los
fraccionamientos o reagrupaciones de diversos movimientos
corporativos previamente exis-tentes.
En principio, lo ocurrido parecera confirmar la proposicin
terica que identifica la emergencia de los movimientos sociales en
relacin a las grandes mutaciones que han operado en la estructura
social. Sin embargo, creemos que no es este el caso y debe
recordarse que: a) la "gran" mutacin fue poltica, y b) que la misma
no destruy el sistema politico preexistente sino
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46
que lo congel.(51) Es por ello que como se vio en el punto
precedente, esa alta diferencia-
cin; atomizacin y extraestatalidad iniciales tendieron a
modificarse en la medida en que las fuerzas democrticas tomaron la
iniciativa, desplazaron el monopolio de la iniciativa politica de
los militares, y finalmente restauraron el orden poltico
antecedente al golpe de estado.
Del anlisis antecedente se deriva en primer lugar, que una de
estas transformaciones estuvo constituida por la creciente prdida
de "especifici-dad" de los nuevos movimientos. Las reas de igualdad
establecidas inicial-mente alrededor de demandas especificas
(solidaridades puntuales) tendieron a perder importancia en relacin
a reivindicaciones y demandas de carcter ms general (por ejemplo,
salarios, empleo, calidad de vida, etc.).
En segundo trmino, la atomizacin de mltiples focos de
solidaridad confinados a limites territoriales o sectoriales
estrechos, tambin tendieron a perder importancia al integrarse en
unidades mayores (instancias de agrega-cin de solidaridades de
segundo grado).
En tercer lugar, el carcter extraestatal de los movimientos,
ante la inmi-nencia primero y la realidad despus de un escenario
democrtico, tendi a desaparecer. Con la reconstitucin del
pluralismo poltico y las instituciones propias del rgimen
democrtico, aparecieron a su vez en los movimientos, gremios y
corporaciones, fuertes demandas orientadas positivamente hacia el
Estado por participacin e involucramiento en la toma de decisiones
o instan-cias similares. En consecuencia se debilit el perfil
"extraestatal puro" de los movimientos.
En cuarto lugar, los nuevos movimientos y las fracciones nuevas
de las estructuras corporativas antiguas que se crearon en ese
periodo, fueron rpi-damente reabsorbidos o neutralizados por las
estructuras tradicionales de agregacin de intereses.
En particular* el movimiento sindical pas a ocupar el tugar
central que ocupara antes como la expresin ms importante de las
reivindicaciones po-pulares, y algo similar ocurri con los gremios
rurales histricos.
Del examen de los cinco "estudios de caso" que se han
desarrollado en este trabajo, surgen tambin algunos otros puntos de
inters terico.
El primero se refiere a la falsa oposicin entre las
interpretaciones de la participacin politica como resultado de
transformaciones estructurales (mu-taciones en la estructura
socio-econmica), versus la dimensin propiamente politica. Lo que
han mostrado concluyentcmente los estudios que discutimos en este
trabajo es el rol fundamental que juegan en la formacin de reas de
igualdad y solidaridades, las agencias especializadas,
funcionalmente encar-gadas de captar, procesar y dirigir las
demandas societales. No podramos explicar la emergencia de las
nuevas formas de participacin ni su reformu-lacin posterior
meramente en referencia a las mutaciones en la estructura
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47
social. La existencia de agentes explcitos, internos o externos
a-los movimien-tos, ha sido un lugar comn en todo el proceso de
formacin y reformulacin de los movimientos sociales. Y los mismos
muestran la relativa autonoma del orden poltico en la conformacin
de los mismos. Hemos tratado de mos-trar que tanto las
orientaciones como los liderazgos, no se forman slo a partir de las
reas de igualdad definidas por la estructura social, sino tambin
desde las matrices polticas ms generales.
En segundo lugar, el anlisis tambin sugiere la importancia de la
conceptualizacin de los movimientos sociales en trminos amplios y
no cir-cunscriptos a las orientaciones extraestatales. Cuestiones
semnticas aparte y si s quiere evitar la polmica en torno a
definiciones, digamos que la alterna-tiva de circunscribir el
anlisis solamente a aquellas formas de participacin poltica que
buscan la transformacin amplia o limitada del orden social, hubiera
sido una manera de empobrecer el anlisis.
Por ltimo, el estudio sugiere que existe una clara correlacin
entre los diferentes contextos polticos y el tipo de movimientos
sociales que pueden generarse en su seno. Las matrices histricas
que cristalizan una sociedad "atpica" en la regin como lo es el
Uruguay, han dado lugar a ciertas formas transicionales de
movimientos sociales n el proceso de apertura poltica, al igual que
un retorno a los viejos clivajes en el nuevo orden democrtico.
Ello no implica que las nuevas reas de igualdad y solidaridad no
puedan desenvolverse en el futuro y dar lugar a una matriz renovada
de agencias de articulacin de intereses, pero conviene no confundir
lo coyuntural, propio de la transicin a la democracia, con las
tendencias de largo plazo de mutacin de la sociedad.
NOTAS
(1) Para la transicin del estado de excepcin a la democracia
vase: Gonzlez L. E., Uruguay 1980-81: Una apertura inesperada, Latn
American Research Review, 1983; Amarillo Ma del H., Participacin
Poltica de las Fuerzas Armadas, en Gillespie Ch., Goodman L., Rial
J. y Winn P.; Uruguay y la Democracia, EBO, Uruguay, 1984; Rial J.,
La reorganizacin de los Partidos Tradicionales, Serie Documentos de
Trabajo, CIESU, N 41, Montevideo, 1984; Rial J., ThePolitical
Cojunture in Uruguay, Serie D. de T., CIESU, Montevideo, 1984;
Filgueira C Puesta al dia: el caso Uruguay, en DEBATES, N 1, B.
Aires, 1984; Gillespie Ch., From Suspended Animation to Anima-ted
Suspensin: Poitical Parties and de Difficult Birth of Uruguay 's
Transition 1973-83; D. de T., CIESU, N 94, Montevideo, 1985; SIJAU,
Uruguay y Paraguay: la Transicin del Estado de Excepcin a la
Democracia, EBO, Temas del Siglo XX, Uruguay, 1985.
(2) Boschi y Valladares en el estudio de las caractersticas de
los movimientos populares en Brasil sealan la ausencia de una
orientacin de cambio radical o trans-formacin social en estos
movimientos; su identidad desarrollada alrededor de lo
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48
cotidiano, carencia de identidades inmediatas de clase y
ausencia de una conciencia critica acerca de la ilegitimidad de la
estructura de desigualdades. Al. contrario, una defensa de los
derechos mnimos de ciudadana (nfasis en la incorporacin). Al
respecto, vase Grossi, M., "Movimientos populares en Brasil
1970-1983", en Movi-mientos sociales en Amrica Latina, FLACSO,
Costa Rica, Universidad de N. Unidas, 1983.
(3) Offe, C., Competitive party democracy and tke Keynesian
Welfare State, .1981 (trab. mimeografiado).
(4) Mayntz(1967) Sociologa de la Organizacin, Alianza Editorial,
Madrid, 1967. (5) Pizzorno, A., "Introduccin al estudio de la
participacin poltica", en Pizzor-
no, A., Kaplan, M. y Castels, M., Participacin y cambio social
en la problemtica con-tempornea, SIAP, 1976.
(6) Con todo, no fue como en el caso de Chile, una reversin
plenamente "ortodo-xa" que alcanzara a desmantelar instituciones y
servidos pblicos propios del Estado de Bienestar.
(7) Rial i., ob. cit. (8) Moore, B., Social origins of
Dictatorship and Democracy, Boston, Beacon
Press, 1967. (9) Vanse, Solari A., Estudio sobre la sociedad
uruguaya, Tomo II, Arca, Monte-
video, 1967; y Aguiar C., La dobk escena: Clivqjesy Subsistema
electoral, en Gillespie y otros ob. cit. Tambin los resultados del
Informe de Equipos Consultores, Los Sindica-tos, Estudios Vol. 1 N
1, Montevideo, Mayo, 198S.
(10) Las cuatro categoras corresponden a la distincin que efecta
Rokkan acerca de la formacin de los Estados Nacionales. Vase al
respecto Caldern F., y Laserna R., Nacin, Estado y movimientos
sociales en Amrica Latina, FLACSO - Universidad de Naciones Unidas.
(Programa PAL), Costa Rica, 1983.
(11) Grossi, M., ob. cit. (12) Schmitter, Ph., "Interest
Intermediation and Regime Governability in Con-
temporary Western Europe and North America", en Berger (ed.),
Organizing Interest in Western Europe; Cambridge University Press,
1980. Tooraine A. Actores Sociales y Pautas de Accin Colectiva en
Amrica Latina, PREALC, Santiago de Chile, 1984.
(13) Sunkel O. y otros, Trasnacionalizacin y Dependencia,
Cultura Hispnica, Madrid, 1980.
(14) Schmitter, Ph., ob. cit. (15) Schmitter, Ph., ob. cit. (16)
Grossi, M., ob. cit.
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50
casos, en D. de T. N 57 CIESU, 1983. (40) Rodrguez, E., ob. cit.
(41) Cosse, G., Clase obrera, democracia y autoritarismo, CIESU,
Montevideo,
1985. Presentado en el Seminario "Los movimientos sociales
frente a la crisis: Uruguay, tendencias y perspectivas", auspiciado
por la Universidad de las Naciones Unidas (Pro-grama Amrica
Latina).
(42) PREALC, Sector informal: funcionamiento y polticas,
Santiago de Chile, 1981. Tambin PREALC. La subutilizacin de la mano
de obra en los pases subdesa-rrollados, D. de T. Santiago de Chile,
Agosto 1974.
(43) Prates, S., "Cambios estructurales y movimientos populares:
reflexin sobre la concertacin social en el Uruguay
post-autoritario", en 7enfoques sobre ta Concerta-cin, CIESU, Banda
Oriental, Montevideo, 1984.
(44) Debe notarse un aspecto que no es suficientemente conocido
o evaluado: la alta proporcin del empleo generado por el Estado,
que alcanza casi a un 25 por ciento del total de la PEA.
(45) Filgueira, C. y Argenti, C., Implicaciones del Conflicto
entre Tecnologa y So-ciedad: notas preliminares sobre el caso
uruguayo; Cuadernos de CIESU, 1984.
(46) Prates, S. y Rodrguez Villamil, S., ob. cit. (47) Hobsbawm,
E. I., Rebeldes primitivos, Ariel, Barcelona, 1983. (48) Prates, S.
y Rodrguez Villamil, S., ob. cit. (49) La escasa presencia de las
mujeres en cargos directivos de los partidos pol-
ticos, hecho que ha sido tradicional en el sistema poltico
uruguayo, fue an mayor en la recomposicin democrtica. Esta
discriminacin se aprecia tambin en los candidatos a las elecciones
nacionales y en la integracin parlamentara.
(50) Prates, S. y Rodrguez Villamil, S.,ob.-cit. (51)
Gonz&lez L. E., ob. cit.
-
I. INTRODUCCION
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itias'o^wtattoHas traftiettaties e ' ^ regao j ry
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