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SAN QUINTIN:
EL VALLE DEL OLVIDO
Por Jaime Martnez Veloz
(Algunos apuntes sobre la problemtica de San Quintn, del
Municipio de Ensenada, de Baja California, que realice hace algunos
aos y que creo pueden
brindar algunos elementos para entender el grado de
inconformidad que existe en la regin)
(Paralelo a este documento existen dos anexos que contienen, una
propuesta
para elaborar un Programa de Desarrollo Regional y una propuesta
de Reglamento para crear una verdadera y representativa organizacin
comunitaria, que permita brindar cauces a algunos de los elementos
que han generado tensin
social en la regin)
1. Peor que en los Tiempos de Don Porfirio
2. Alta Produccin Agrcola con escasos derechos laborales
3. El calvario de las mujeres indgenas en San Quintn
4. Baja California : Un Estado Multicultural y Plurietnico
5. Los grandes rezagos sociales se acumulan en las mujeres
indgenas
6. Se respeta el derecho de acceso a los Servicios de Salud?
7. La Salud en San Quintn un derecho en el olvido
8. Los Nios Jornaleros de San Quintn
9. 9La injusta distribucin del Agua en San Quintn
10. San Quintn Dnde est el Estado de Derecho?
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1.- Peor que en Porfirismo.
Los esclavos del Valle Nacional de la Oaxaca porfiriana de hace
un siglo tendran poco que envidiarle a sus paisanos jornaleros en
el San Quintn de la Baja California del nuevo milenio. En el
trasfondo histrico hay semejanzas en ambos casos. Entre los
desterrados al sur del Mxico brbaro de Porfirio Daz haba yaquis
indmitos que fueron a pagar su rebelin en el infierno de las
haciendas henequeneras de Yucatn, sitio menos terrible que las
haciendas oaxaqueas. Entre los actuales compaeros sureos en Baja
California, hay mixtecos, zapotecos, Mixes, Nahuatl y triquis,
damnificados econmicos perennes de la modernidad nacional que
parece benefici a muchos en el pas, menos a ellos. San Quintn
constituye un claro ejemplo en Baja California de lo que ocasionan
el crecimiento y el desarrollo desiguales en una regin con ventajas
geogrficas. El nombre de este valle lo asociamos con el proceso
sociolgico de la migracin jornalera en el pas. Una caracterstica
peculiar de este fenmeno laboral es la ubicacin de enclaves
culturales en regiones muy distantes al sitio de origen de quienes
migran. Este enclave particular favorece, a su vez, enclaves agros
exportadores de la economa nacional. Baja California puede
vanagloriarse de vivir algunos resultados de la bonanza manifestada
en la evolucin de lagunas variables macroeconmicas las cuales ya
parece estamos habituados a escuchar.
En los aos 2009 y 2010 varios hechos que provienentes del valle
de San Quintn sacudieron nuestras conciencias. Por un lado, a
inicios de ao el accidente de un autobs en la carretera de La
Rumorosa con destino a Villa de Jurez, Sinaloa, donde fallecieron
16 personas entre
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nios, nias, mujeres y hombres, y con igual nmero de heridos,
todos jornaleros agrcolas y en su mayora indgenas. La desesperacin
de miles de familias indgenas jornaleras al verse sin alimentos e
ingresos debido a los desastres ocasionados por las tormentas que
azotaron los principales poblados de la regin de San Quintn, y en
el 2011, de nueva cuenta otro accidente de carretera a la altura de
Punta Colonet, de un camin que transportaba jornaleros que laboran
en la Empresa Agrcola Vicente Camalu, propiedad de la familia
Garca, y que provoc la muerte de una persona y 10 lesionados de
gravedad.
Es imperdonable que despus de lo ocurrido en el accidente de La
Rumorosa y de escuchar declaraciones de parte de los funcionarios
federales, estatales y municipales de hacer una revisin profunda
del marco jurdico del transporte, de la seguridad social, del
respeto a los derechos laborales, nos enteremos de que poco o nada
se ha hecho para prevenir y para solventar las consecuencias de
este tipo de accidentes.
Este ltimo percance implica que la Empresa Agrcola Vicente
Camalu contrata el servicio de transporte de un autobs cuyos
documentos no tienen nada que ver con la transportacin de
trabajadores, que para cubrir las apariencias el camin se pint del
mismo color que una lnea de transporte autorizada, que de nueva
cuenta, la situacin de los heridos en trminos de su atencin vuelve
a indicarnos las maniobras patronales para no afiliar a sus
trabajadores al rgimen ordinario del Seguro Social y que los
recursos en derecho a favor del trabajador difcilmente son
reclamados, por ignorancia de los mismos trabajadores, y que el
sindicato con el cual est firmado el convenio laboral su papel
nominalmente es de extorsin para ambas partes, a unos les impone el
contrato con la ddiva de proteger a la empresa y de tener todo en
calma, y a los otros simplemente la posibilidad de trabajar para
mantener a sus familias sin el recurso de exigir ningn derecho.
Ellos cruzan no una sino varias fronteras para llegar a su
destino. Tambin son vctimas de sujetos sin escrpulos y la
intrincada red de corrupcin que existe en el pas.
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Ellos no son chinos y por eso no los regresan en avin a sus
lugares de origen. No hay organismos internacionales preocupados
por su situacin. A los organismos nacionales que luchan por sus
derechos no se les escucha. A ellos, menos an. Pareciera que hay
una conspiracin entre algunos medios, autoridades y partidos para
hacer un silencio ah donde debera haber un foco rojo encendido.
Ellos son principalmente mixtecos, zapotecos, triquis y purpechas,
vienen de Oaxaca, Guerrero y Michoacn. Traen con ellos sus
costumbres y un pedazo de esperanza. Muchas veces tambin traen a
sus familias. Ellos son los indocumentados mexicanos en Mxico. Pero
sus condiciones de vida y de trabajo son tan o ms difciles que la
de aquellos compatriotas que cruzan la frontera. Son los
indocumentados que no gozan de la proteccin de las leyes ni de las
autoridades federales y estatales, a pesar de ser mexicanos. Ellos
solamente saltan a la primera plana de los diarios cuando ocurren
accidentes como el de hace unos das, en el que varias personas
perdieron la vida. Mientras, ellos son los invisibles de la
poltica. Ellos son los jornaleros agrcolas de los valles ms
productivos y ricos del Estado. Vienen a cosechar productos que son
reconocidos por su calidad en el mercado nacional y norteamericano;
sin embargo, ellos, lo que producen esa riqueza, no son
reconocidos. Los jornaleros se encuentran en una permanente
desproteccin jurdica-laboral, para ellos no existe seguridad en el
empleo. Se contratan por da o por temporada, encontrndose siempre
expuesto al trabajo eventual y al desempleo; su permanencia en
el
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trabajo depende del tipo de cultivo, de las fluctuaciones del
mercado de trabajo, as como de la modalidad que asume el salario,
que puede ser por destajo o por tarea
2. La alta Produccin Agrcola en el Valle de San Quintn
Este valle, del municipio de Ensenada, Baja California, se ubica
a 200 kilmetros al sur de la cabecera municipal.
La regin destaca por estar entre los primeros lugares a escala
nacional en produccin de hortalizas para exportacin.
Cuenta con ms de 20 mil hectreas de riego, con tecnologa de
punta, que le permiten aprovechar al mximo el recurso del agua;
cuenta adems con la modernizacin de sus procesos productivos,
semillas mejoradas, fertirrigacin, invernaderos computarizados y
empacadoras que garantizan calidad y presentacin de los
productos.
Los niveles de productividad impactan en altos rendimientos que
lo llevan a competir en el mercado mundial de las hortalizas en
cultivos como tomate, pepino, calabaza, coliflor, brcoli, y en los
ltimos aos, la produccin de fresa.
Su cercana con la frontera de Estados Unidos y los costos de
mano de obra son dos condiciones que hacen que las empresas
agroexportadoras de San Quintn sean altamente competitivas en el
mercado mundial.
El despegue de la regin obedece principalmente a la presencia de
miles de jornaleras y jornaleros agrcolas migrantes indgenas,
quienes provienen desde hace ms de cuatro dcadas del sur y sureste
del pas, siendo Oaxaca, Guerrero, Hidalgo y Veracruz los estados
con mayor oferta de mano de obra agrcola: mixtecos, zapotecos,
triquis y nahuas son los grupos indgenas que en mayor proporcin
viajan a Baja California, dando trabajo, riqueza y desarrollo a la
regin.
Las comunidades de origen de las y los jornaleros agrcolas se
caracterizan por ser de alta y muy alta marginacin debido a la
escasez de fuentes de trabajo, por lo que la migracin hacia las
zonas agrcolas del noroeste resulta una atractiva estrategia de
sobrevivencia.
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Durante la temporada alta de las cosechas se llega a contar con
la presencia de hasta 40 mil trabajadores y trabajadoras jornaleros
migrantes.
La migracin en un principio era mayoritariamente de hombres
solos, quienes eran los que por tradicin provean el sustento
familiar, pero por necesidades econmicas se convirti en nuclear,
por lo que actualmente familias enteras emigran.
En el ao 2011, existan 14 empresas agrcolas en la regin con
alrededor de 20 campamentos en donde se albergan las familias de
los jornaleros por temporada. Asimismo, existen 43 asentamientos en
colonias de familias de jornaleros con una poblacin de ms de 30 mil
pobladores, que representan la mano de obra cautiva.
Del total, 45 por ciento eran mujeres y con 10 por ciento de
mano de obra infantil, en donde ms de 65 por ciento habla una
lengua indgena.
Cerca de 45 por ciento de la mano de obra jornalera percibe un
ingreso de menos de dos salarios mnimos. Con motivo de la crisis
recesiva, el mercado de hortalizas se contrajo, por lo que en
diversas pocas de temporada slo estn laborando un promedio de
cuatro das, afectando seriamente el ingreso familiar, por lo que se
incrementa la necesidad de que ms miembros de la familia se
incorporen al trabajo agrcola.
La situacin de la mujer jornalera y el de la mujer miembro del
hogar refleja altos niveles de exclusin y discriminacin, se acenta
el nivel de analfabetismo y los niveles de violencia familiar tanto
sicolgica como fsica, econmica y comunitaria.
A escala regional el avance en infraestructura social sigue
siendo insuficiente en los servicios educativos y de salud.
No hay justificacin alguna para postergar la atencin que los
jornaleros de San Quintn y sus familias demandan.
El Congreso de la Unin y los tres rdenes de gobierno estn
emplazados a brindar una atencin integral a esta problemtica, antes
de que se presente una situacin de mayor explosividad social.
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3. El calvario de las mujeres indgenas en San Quintn Baja
California ha sufrido un retroceso en el campo de los derechos de
las mujeres. La reciente modificacin al contexto legislativo que
establece que el embrin es una persona y que ser penalizado el uso
de algn mtodo que provoque su expulsin, incluso en casos de
violacin, riesgo de muerte materna o deformacin, ha puesto a la
mujer indgena migrante en una situacin de altsima vulnerabilidad en
cuanto a sus derechos sexuales y reproductivos. La sistemtica
violacin a los derechos colectivos de los pueblos indgenas es el
factor mayor de la violencia de gnero. Asegurar los derechos
humanos de las mujeres indgenas, en especial el de una vida libre
de violencia, es integral para garantizar los derechos indgenas
como grupo (ONU).
La relacin de los pueblos indgenas migrantes con el Estado
plantea un anlisis de reflexin sobre la concepcin de stos de
territorio, derecho y cultura. La mujer indgena migrante, asentada
o no en el valle de San Quintn, intenta cambiar sus costumbres a
causa de la discriminacin que sufre.
Se enfrentan adems a que todos los productos implican un gasto,
a diferencia de su pueblo de origen, donde se siembra y cosecha el
alimento, adems la desilusin ante la expectativa de que en el norte
se gana ms, que no siempre resulta cierta, por lo que los hijos e
hijas se deben incorporar a la labor.
El trabajo infantil es una costumbre, una manera en la que los y
las hijas se ensean a trabajar, a valorar su vida, y su mayor temor
es que caigan en la garra de las adicciones.
Las mujeres indgenas, adems, se ven enfrentadas entre dos
realidades: por una parte se les menciona que en Baja California
las mujeres tienen ms derechos, como el trabajar y que se les pague
a ellas, el derecho a la salud, etctera; sin embargo a la hora de
ejercerlos, en su comunidad, en su familia, entre las autoridades,
les
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ratifican que debe obedecer al esposo y si l sabe de los
derechos las amenaza.
Algunas mujeres mencionan que se sienten deprimidas, sin
esperanza, y cuando estn embarazadas viven con el miedo de tener
una nia.
El derecho a decidir sobre su cuerpo, en el caso de las mujeres
indgenas se ve limitado por el escaso acceso a la insuficiencia de
promotoras indgenas en salud. Las mujeres plantean dos conflictos
con los sistemas de salud en la regin: las y los doctores no
aceptan que ellas prefieran hacer un trabajo de parto en cuclillas,
as como que durante el periodo de gestacin consulten a la partera y
se soben.
Cuando algunas mujeres indgenas les explican a los doctores que
les duele demasiado el trabajo de parto acostadas, ellos se
molestan y reportan que se les dice que van muy sucias de los pies,
que los traen con tierra, adems les dicen que no sean escandalosas,
ya que con el esposo no lo fueron, lo cual es violencia
discriminatoria e institucional del sistema que carece de
interculturalidad y sensibilidad de gnero para relacionarse con la
mujer indgena.
Otra situacin parecida se vive en relacin al temazcal, ya que en
los hospitales de la regin les piden el bao al da siguiente despus
del parto, lo cual genera conflicto que detona en una mala atencin
y victimizacin de la mujer.
A 190 kilmetros de la ciudad de Ensenada, en la parte sur del
estado de Baja California, se localiza la regin agrcola del valle
de San Quintn.
Esta regin de produccin hortcola orientada principalmente hacia
el comercio exterior se ha caracterizado por su alta tecnologa de
punta y es representativa de la agricultura moderna en Mxico (Lya
Nio, 2009), lo que ha implicado la polarizacin social entre los
altos niveles de produccin y las condiciones de extrema pobreza y
de empleo en que viven los trabajadores agrcolas.
La fuerza laboral jornalera es relativamente joven: el promedio
de edad flucta entre 19 y 50 aos, por lo que los empresarios
contratan
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a las y los jornaleros en su etapa de vida ms productiva (Moret
y Cosso, 2004).
A partir de los aos 80 las mujeres se incorporaron de forma
directa al mercado laboral y con ello se inicia el proceso de la
feminizacin de la fuerza laboral agrcola y se considera que su
aportacin en mano de obra es importante: entre 25 y 30 por ciento
de la actividad agrcola corresponde a las mujeres (Snchez-Moreno,
1998).
La situacin de las mujeres no es mejor que la de los dems
trabajadores en la regin.
Los derechos de las madres trabajadoras no se respetan en lo que
se refiere a trabajos pesados durante gestacin, parto y posparto:
menos de uno por ciento de las mujeres ha recibido permiso en
tiempo para amamantar a su bebe, y menos de 9 por ciento ha
recibido algunas semanas de pre y posparto que establece la ley.
Durante 2007, bajo el reglamento a la ley de los trabajadores
eventuales del campo del IMSS, los patrones negaron la afiliacin a
cientos de jornaleros.
Por medio de Coprodiac-CNDH se llevo a cabo una intervencin y se
logr la afiliacin de los 120 trabajadores; sin embargo, poco a poco
fueron despedidos. La mayora de las mujeres trabajadoras han
expresado que al asistir a solicitar su afiliacin al IMSS el patrn
inmediatamente las amenaza con el despido. A escala estatal, la
poblacin femenina de Ensenada es la que posee el menor ndice de
jubilacin.
En el Valle de San Quintn debe terminar el mltiple proceso de
discriminacin que sufre la mujer en sus derechos, porque es mujer,
indgena, jornalera, migrante y pobre.
Las premisas de una relacin social intercultural adecuada debern
basarse en la interaccin con igualdad de condiciones entre grupos
humanos con culturas diferentes, as como en la eliminacin de
asimetras y de la imposicin de una cultura dominante. La diversidad
no se elimina, se asume. La diversidad representa una riqueza.
4. Baja California es un estado multicultural y plurietnico
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Uno de sus desafos es lograr una sociedad plural y justa, en la
cual los diversos pueblos y culturas convivan armoniosamente, y los
conflictos puedan resolverse por vas no violentas y con respeto a
los derechos individuales, colectivos y de grupo.
La poblacin indgena, pero especialmente las mujeres, jovencitas
y nias, requiere atencin especfica para erradicar la inequidad de
gnero, que se traduce en mayor vulnerabilidad respecto de la salud
sexual y reproductiva, as como la violencia familiar y de
gnero.
Un estudio reciente de El Colegio de la Frontera Norte presenta
casos en los que el detonante de la violencia fsica hacia la mujer
indgena embarazada que habita en el Valle de San Quintn, municipio
de Ensenada, Baja California, fue la disputa por la comida.
Otros casos muestran que los abusos en edad temprana fueron
perpetrados por un familiar cercano, desarrollando en la agredida
sentimientos de indefensin, desesperacin, depresin, desrdenes
alimentarios, aislamiento, inseguridad, miedo a tomar decisiones y
culpabilidad.
Para que las indgenas puedan acceder a una vida libre de
violencia hay que romper los esquemas ancestrales que les impiden
el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Las
consecuencias derivadas de la falta de respeto a estos derechos
fundamentales, las afectan en todos los mbitos y tienen
consecuencias que ejemplifican dos testimonios.
Llegu y le dije que me hiciera Papanicolaou y me dijo que
cobraba 50 pesos y le pregunt por qu vas a cobrar, si mi marido
trabaja en el campo agrcola?, y me dijo que as cobraba a las que
atenda, que a l no lo mandaba el centro de salud; pagu. Siempre me
engaan porque yo no s.
Me hizo el Papanicolaou y tard seis meses para entregarme el
resultado y la enfermera sali a la puerta y me lo entreg, y haba
mucha gente y me dijo que sal con infeccin, y me lo dijo delante de
la gente.
Una de las consecuencias ms graves de la lejana de los servicios
de salud es el riesgo en que se colocan ante una posible
enfermedad,
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aun cuando est demostrado que detectado a tiempo el cncer es
curable. La falta de personal de salud especializado en la revisin
de laminillas es una constante en esta zona.
Es comn que la migrante jornalera padezca enfermedades
gastrointestinales, desnutricin e intoxicaciones causadas por los
agroqumicos empleados en el campo de cultivo, lo que, aunado al
desgaste por exceso de trabajo, en ocasiones ha producido
abortos.
Respecto de la planificacin familiar la gravedad de los casos
documentados por estas mujeres amerita un anlisis institucional
sobre las razones por las cuales se hace caso omiso al
consentimiento informado, uno de los avances que la sociedad civil
organizada ha demandado desde los aos 70.
Lamentablemente, el acceso a la seguridad social es uno de los
derechos ms restringidos.
A finales de 2006, un estudio del Consejo Nacional para Prevenir
la Discriminacin seal que a pesar de las reformas realizadas al
reglamento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
mediante las cuales se obliga a atender a las trabajadoras del
campo y otorgarles el derecho a la atencin mdica, hospitalizacin y
guarderas, en el Valle de San Quintn slo la mitad de ellas (y
ellos) estaban registradas como derechohabientes; nicamente existan
10 guarderas para el cuidado de hijos menores de cinco aos.
Que no se aplique el citado reglamento obedece, en gran parte, a
la resistencia de los empresarios agrcolas, quienes han promovido
amparos para protegerse del incumplimiento de este derecho. Adems,
funciona bien la amenaza de despido para quienes insistan en ser
afiliados al IMSS.
No obstante, las indgenas del Valle de San Quintn han visto una
luz de esperanza desde el momento en que han tomado conciencia de
su situacin y adaptado sus costumbres que determinan el pudor y la
vergenza como propios de su cultura para favorecer el cuidado de su
salud. Sin embargo, no han cambiado ni se han flexibilizado las
prcticas mdicas en la deteccin y atencin del cncer
crvico-uterino.
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El Colectivo para la Promocin del Desarrollo Integral Jess
Rubiell, AC, y Mujeres por un Nuevo Amanecer reconocen que existen
convenciones internacionales que nuestro pas ha suscrito obligndose
a respetar los derechos de las mujeres y eliminar la violencia
basada en el gnero, y que tambin hay leyes nacionales y estatales,
as como normas oficiales de salud.
Los grupos organizados de mujeres indgenas cada da toman
conciencia de sus derechos y de que pueden ser las mejores aliadas
en la implementacin de programas especialmente orientados a la
mujer y vigilados socialmente por ellas y polticas pblicas con
perspectiva de gnero e interculturalidad, para hacer real el
derecho a una vida libre de todas las formas de discriminacin, una
vida con justicia y dignidad.
5. Los grandes rezagos sociales se acumulan en las mujeres
indgenas
El municipio de Ensenada, Baja California, ocupa el primer lugar
en poblacin indgena, al concentrar 39 por ciento de la poblacin de
ese sector del estado.
La poblacin indgena en Ensenada posee los porcentajes ms altos
de analfabetismo (27.7 por ciento) del estado, a la vez que el
promedio ms bajo de escolaridad con 3.4 aos. Los hogares indgenas
presentan desventajas respecto a los no indgenas en el contexto
estatal en derecho a servicios mdicos.
Son las mujeres quienes acumulan los mayores rezagos sociales
del pas, discriminadas y afectadas por la pobreza y por referentes
culturales que en ocasiones fomentan desigualdad, traducindose en
menores oportunidades para acceder a mnimos de bienestar (PNDPI
2009-2010).
Lograr que las instituciones encargadas de la atencin a la salud
que tienen dentro de su mandato la responsabilidad de trabajar para
las comunidades indgenas deben incorporar el enfoque intercultural
como una estrategia vlida operativa que permitira disminuir los
ndices de mortalidad materna e infantil, la adopcin de prcticas de
deteccin oportuna del cncer crvico uterino y acceso a mtodos
anticonceptivos bajo el principio del consentimiento informado.
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Se define el concepto interculturalidad como el proceso
relacional que se establece entre dos o ms culturas al interior de
una sociedad, que de por si es heterognea en cuanto a sus orgenes y
caractersticas econmicas, polticas y sociales.
El artculo 8 de la Convencin de Belem do Par, igualmente,
establece deberes del Estado mexicano y, por tanto, del estado de
Baja California como: Obligacin de adoptar, en forma progresiva,
medidas especficas, inclusive programas para: fomentar el
conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida
libre de violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y
protejan sus derechos humanos
Un diagnostico en el tema de salud reciente realizado por el
Colectivo para la Promocin del Desarrollo Integral Jess Rubiell
(Coprodi), seala que los casos de violaciones de derechos humanos
en materia de salud se presentan en primer lugar en el Valle de San
Quintn en el rango de edad de 16 a 20 aos, al que si se suman el
siguiente rango hasta 25 aos, juntos concentran 39 por ciento.
La edad reproductiva es considerada por la OMS a partir de los
12 aos y hasta los 49 aos, aunque tambin se presentaron casos de
inicio de la vida sexual a partir de los 11 y 12 aos, casos
asociados a una prctica cultural de usos y costumbres de inicio de
la maternidad a edad temprana, as como el casamiento o la unin
forzada, o los embarazos producto de la violacin; sin embargo se
requiere de un anlisis ms minucioso, en el marco del acceso a la
justicia y a una vida libre de violencia, para identificar las
razones por las cuales se detectaron casos de jvenes de 16 y 17 aos
que en los pasados tres aos han vivido violaciones a sus derechos
sexuales y reproductivos.
Acudir a atenderse el parto con una partera es una de las
alternativas accesibles para las mujeres indgenas, pero esto es
penalizado en el mbito de salud; sin embargo, ante condiciones
institucionales que no valoran la vida y la salud de las mujeres,
cabe preguntar:
6. Se respeta el derecho de acceso a los servicios de salud?
Algunas mujeres mencionan la manera en la que ya es costumbre
ser atendidas: La doctora me regaaba que si no tena experiencia,
que
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si no miraba televisin, que estaba muy grande para tener hijos y
tena miedo y vergenza de ir a revisarme el embarazo.
Dur cuatro das con dolor y el da 13 de septiembre ya tena mucho,
no aguantaba ni caminar y entr a urgencias, me revis el doctor y
dijo que me faltaba 6 de dilatacin, que me fuera a caminar o a
comer, que todava me faltaba mucho, sal de urgencias y entr al bao
y se me fue la respiracin, no hallaba dnde detenerme, y me sent en
la taza y entr una seora y me dijo que me metiera a urgencias
porque ya me iba a aliviar y entr y el doctor me dijo, otra vez, no
le dije que le faltaba mucho, y me revis y dijo que raro si ya ests
pariendo.
Yo iba a que me revisaran al beb porque no se me mova y la
enfermera me dijo que estaba tranquilo (el beb ya estaba
muerto).
La diversidad cultural en nuestro pas ha sido reconocida en el
plano formal a partir de 1992, ao en que se incluy en la
Constitucin mexicana la composicin pluricultural de la nacin.
Este hecho es el resultado de los movimientos polticos y
sociales que los pueblos indgenas han impulsado desde hace dcadas,
reclamando reconocimiento, respeto y equidad con miras a construir
un estado-nacin multitnico, pluricultural, multilinge y democrtico;
sin embargo, es la discriminacin, por razn de lengua, edad, estado
civil, condicin indgena, otra de las barreras de acceso a los
servicios de salud, barreras invisibles pero presentes de acuerdo
con los testimonios de mujeres que acuden en bsqueda de
atencin.
Los servicios de toma de muestras de cncer crvico uterino
tampoco son la excepcin: las mujeres indgenas de la regin sealan
que, el cobro del servicio, la falta de calidad en la atencin, de
confidencialidad tanto en la toma de la prueba como en la entrega
de resultados, son condiciones que limitan el acceso de las mujeres
a la prctica que tienen derecho.
Es necesario hacer una valoracin del sistema de salud que maneja
un discurso doble, por un lado se insiste en la necesidad de que
las mujeres tomen conciencia de la importancia del cuidado de su
salud.
En Baja California, como en otros estados del pas, las campaas
de deteccin oportuna de cncer crvico uterino son prioritarias;
sin
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embargo, cuando se presentan situaciones como las que expresan
las mujeres de la delegacin de San Quintn, se puede entender que
una de las consecuencias primera es el alejamiento de sta de los
sistemas de salud.
La falta de personal especializado en la toma de la prueba, el
que sta se realice sin la privacidad que corresponde y que los
resultados no sean entregados en los tiempos que marca la norma
oficial mexicana, van tejiendo condiciones que vulneran la salud de
las mujeres.
7. La salud en San Quintn: un derecho en el olvido
La regin de San Quintn se localiza a 300 kilmetros de la
frontera con el estado de California, EUA, lo que permite a las ms
de 14 empresas agroexportadoras ventajas en la comercializacin con
otros productores no slo nacionales sino estadunidenses, lo que
conlleva reducir los costos en el proceso productivo. No slo
estamos hablando del insumo del transporte, sino tambin del costo
del agua y, por supuesto, del pago de salarios y prestaciones de
los miles de hombres y mujeres que contratan las empresas, desde la
siembra, limpieza, fertilizacin y cosecha.
San Quintn cuenta con una superficie menor de 10 mil hectreas
susceptibles de riego, mientras que el estado de Sinaloa lo supera
por 10 veces ms en tierras de cultivo.
Ambas zonas productivas compiten relativamente entre s, aunque
se insertan en el mercado con algunos productos en temporadas
agrcolas diferentes.
Por las caractersticas de los productos que se cosechan en ambos
lugares, como tomate, calabaza, cebolla, fresa, brcoli, pepino,
entre otros, requieren de grandes contingentes de mano de obra, que
tradicionalmente provienen de las comunidades indgenas ms pobres
del pas, de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero, etctera.
En este rubro de la produccin las estrategias son diferenciadas;
por ejemplo, en el caso de San Quintn para la mano de obra implica
el traslado de ms 3 mil kilmetros y para Sinaloa resulta la
mitad.
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La preocupacin de garantizar la mano de obra en Baja California
y tener mayor control en la regulacin del mercado de trabajo llev a
propiciar asentamientos de las familias jornaleras, que al paso de
ms de 20 aos llevan al valle de San Quintn a contar con ms de 45
asentamientos con cerca de 20 mil jornaleros como reserva de mano
de obra entre hombres, mujeres, nios y nias.
De ah que si bien es cierto la poblacin asentada no es
suficiente y se requieren flujos de mano de obra, stos cada vez
resultan menores: de las 35 a 40 mil personas que se requeran hace
30 aos, su nmero se ha reducido a cerca de la mitad, de ah que de
los 40 albergues o campamentos que existan ahora son menos de
15.
Para esta fuerza de trabajo, la salud se enmarca en el mbito de
la seguridad social, en donde constitucionalmente, en la Ley
Federal del Trabajo y en la Ley del Seguro Social, se enuncia como
un derecho irrenunciable de los trabajadores; en donde se garantiza
la prevencin y atencin en los riesgos y accidentes de trabajo, de
enfermedades, de la gratuidad en el costo de medicamentos, de la
atencin especializada de segundo y tercer nivel y de prestaciones
sociales como la atencin de las mujeres trabajadoras antes, durante
y despus del embarazo, el derecho a todos estos servicios por la
familia, esposa e hijos, y de aquellos dependientes econmicamente
como pueden ser los padres y personas discapacitadas.
La demanda por parte de los trabajadores ha sido, sigue y ser el
de ser afiliados al rgimen permanente del Seguro Social.
Institucionalmente la responsabilidad recae en el gobierno federal,
y es ah donde el Poder Legislativo debe actuar.
La ltima modificacin al reglamento de los trabajadores
eventuales del campo de la Ley del Seguro Social (2007) result un
retroceso porque se alcanzara la afiliacin al Seguro Social, desde
la concepcin de lo que se entiende por eventualidad del trabajador
agrcola () aquel que no labora ms all de 3 meses continuos, y la
subrogacin de servicios, tanto en el mbito de la atencin a la salud
como en la prestacin del servicio de guarderas.
Estos cambios violentan la relacin laboral, los patrones en la
mayora de los casos, con el afn de no asumir compromiso alguno y
jugando al ciego las inspectoras del trabajo de la Secretaria del
Trabajo del
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estado y los supervisores del Seguro Social, al trabajador se le
descuenta su cuota del seguro, aunque en muchos de los casos se
simula que la empresa los haya dado de alta.
La infraestructura de salud est rebasada por el alto crecimiento
demogrfico que tiene la regin, la tasa es arriba de 5.6 por
ciento.
Con que se cuenta?
Existen dos servicios de atencin mdica que estn encaminados a la
atencin a poblacin abierta del valle de San Quintn y que brindan
atencin de primer y segundo nivel, uno por parte de Isesalud, del
gobierno del estado y otro por parte del Instituto Mexicano del
Seguro Social, los cuales se ubican en la delegacin municipal de
Colonia Vicente Guerrero, en donde slo se trabaja de lunes a
viernes, y las guardias que se establecen poco o en nada resuelven
la demanda.
No existe en la regin un hospital con especialidades, que
responda a las necesidades de la poblacin, y esto es ms
preocupante, pues si consideramos que no existe infraestructura
mdica en la regin, mucho menos existe en la regin Sur-Sur del
municipio de Ensenada, es decir, ms de 170 mil ciudadanos no
obtienen servicios de tercer nivel, por lo que los traslados de
pacientes y familiares se tiene que dar, si es del valle de San
Quintn, a ms de 200 kilmetros, y si es de las delegaciones de la
Sur-Sur, les resulta ms econmico viajar por avin al estado de
Sonora.
El gobierno estatal en sus planes de desarrollo y bienestar ha
considerado esta problemtica, y dentro los mismos estn la
construccin de dos hospitales, uno de atencin general y otro de
especialidades, lo que por razones de los recortes presupuestales
se ha pospuesto, excluyendo a la poblacin de la regin de los
servicios requeridos.
Las alternativas a esta situacin no pueden encuadrarse solamente
en el mbito de la infraestructura; aunque es de alta prioridad, la
salud debe concebirse tomando en cuenta las caractersticas de la
poblacin.
Debe observarse que en los programas de prevencin y atencin no
existe un enfoque de interculturalidad, en donde las acciones
de
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fomento tomen en cuenta los valores, usos y costumbres de la
diversidad indgena que existe en la regin.
La tarea recae en todos los niveles de gobierno, pero quien es
el responsable directo es el Ejecutivo estatal.
ste debe convocar a todos los actores involucrados en la revisin
de las polticas pblicas que se ejecutan, sin seguir postergando la
demanda de los pueblos indgenas en materia de justicia y seguridad
social.
8. Los Nios Jornaleros de San Quintn
San Quintn constituye un claro ejemplo en Baja California de lo
que ocasionan el crecimiento y el desarrollo desiguales en una
regin con ventajas geogrficas.
El nombre de este valle lo asociamos con el proceso sociolgico
de la migracin jornalera en el pas.
Una caracterstica peculiar de este fenmeno laboral es la
ubicacin de enclaves culturales en regiones muy distantes al sitio
de origen de quienes migran.
Este enclave particular favorece, a su vez, enclaves
agroexportadores de la economa nacional.
Baja California se vanagloria de vivir algunos resultados de la
bonanza manifestada en la evolucin de algunas variables
macroeconmicas las cuales ya parece estamos habituados a
escuchar.
As, por ejemplo, el gobierno del estado nos dice que para 1998
el ingreso per cpita anual fue de alrededor de cinco mil dlares, lo
cual es alto comparado con los estndares nacionales. Para el
Gobierno Panista, Baja California es el paraso del empleo.
Sin embargo, hay otras cifras siniestras que se ocultan debajo
de la alfombra, pero sobre todo aquellas relacionadas con las
condiciones del Valle de San Quintn.
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Los trabajadores migratorios permanecen periodos fluctuantes en
la zona. Se asientan en campamentos adjuntos a los campos de
trabajo, pero en condiciones sumamente deplorables.
La mayora de las veces, los llamados campamentos son sitios poco
apropiados para albergar gente. Hay necesidades insatisfechas de
los servicios pblicos ms bsicos.
Esta poblacin flotante concentra un caudal significativo de nios
jornaleros, autntica carne de yugo en la entidad del paraso del
pleno empleo y la inversin. Los infantes, virtualmente arrancados
de un entorno natural sano, necesario para su desarrollo como seres
humanos, deben contribuir desde pequeos a la subsistencia
familiar.
En 1996 se estim que uno de cada cinco trabajadores estacionales
en el Valle de San Quintn era un nio de entre 8 y 14 aos.
Algunos de ellos ya son autnticos veteranos de las faenas
agrcolas. Como dira el poeta Miguel Hernndez, el nio jornalero no
sabe contar sus aos y ya sabe que el sudor es una corona grave de
sal.
Las virtudes del libre mercado saltan a la vista en la oferta y
demanda laboral en el Valle de San Quintn.
Para sus apologistas, en la economa de mercado, gran becerro de
oro de la actualidad, todo es posible y todo est permitido. Hay
ajustes naturales y el mercado se encarga de corregir cualquier
exceso.
Debemos reconocer que a Baja California fluye la inversin,
atrada por los bajos salarios y por la oferta ilimitada de mano de
obra. Sin embargo, las condiciones sociales en San Quintn dejan de
cubrir todos los supuestos sobre los que se construye la
justificacin econmica del libre mercado, a pesar de la pretendida
libertad de que gozan los jornaleros para elegir si trabajan o
no.
La enumeracin de estos hechos de violencia refleja la dificultad
de las instituciones para garantizar ms que la tranquilidad social
en Baja California. El trato hacia los jornaleros es desptico. Ms
an, a duras penas se oculta un componente altamente racista,
alimentado por la ignorancia y el prejuicio.
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La situacin actual en San Quintn es ms vergonzosa que la de hace
un siglo en el Valle Nacional.
En aquel entonces se viva una dictadura, cobijada en un pacto
social altamente clasista.
Ahora vivimos en un Estado de derecho, que en la realidad slo
parece ser de palabra.
En nuestro Valle, en la Baja California del tercer milenio la
inconstitucionalidad se palpa a flor de tierra. La tierra que
labran los nios jornaleros.
9. La injusta distribucin del agua en San Quintn
De nuevo el valle de San Quintn, ubicado al sur de Ensenada,
municipio de Baja California, es sacudido por un movimiento social,
surgido por el reparto injusto del suministro del agua en dicha
regin. Mientras en la ciudad de Mxico el gasto diario de agua por
persona es calculado por algunas estadsticas de 300 litros diarios
y 10 mil 500 litros seran consumidos por una familia de cinco
miembros en una semana, en el valle de San Quintn una familia de
jornaleros consume a la semana apenas un tambo de 200 litros, a un
costo de 15 pesos.
Esta injusta situacin motiv que representantes de colonias en
donde se asientan miles de familias indgenas jornaleras del valle
de San Quintn se hayan plantado en la oficinas del gobierno del
estado solicitando la destitucin del representante en aquella regin
de la Comisin Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indgenas
(CDI) y del representante de la Comisin Estatal de Servicios
Pblicos de Ensenada (CESPE).
El reclamo de los habitantes de San Quintn se produce ante una
situacin en donde los empresarios agrcolas sin lmite alguno extraen
millones de litros de agua para sus cultivos de exportacin y cuyo
abasto proviene de la cuenca de San Simn.
La problemtica que reviste el agua en la regin para el abasto de
las familias y el uso agrcola se ha agudizando al paso del tiempo;
los mantos acuferos de tipo superficial se han venido salitrando
ante la
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sobrexplotacin que se hace de los mas de 700 pozos concesionados
a ejidos, a particulares y a las empresas agrcolas, en donde ms de
85 por ciento se utiliza en los diferentes cultivos de exportacin,
cuya propiedad pertenece a una nueva generacin de empresarios
asociados al capital trasnacional.
Segn datos oficiales, la regin presenta una extraccin de 47
millones de metros cbicos y 35 millones de metros cbicos de
recarga, por lo que existen de 10 a 12 millones de metros cbicos de
sobrexplotacin anual de los mantos acuferos.
Las concesiones otorgadas por la Comisin Nacional del Agua (CNA)
a estas empresas con volmenes de agua asignados, mas no respetados
por stas, han sido la prioridad en la regin, dejando de lado a
miles de familias jornaleras que no cuenten con este recurso que
les permita garantizar condiciones mnimas de higiene y salud.
Por ello en los hogares de los jornaleros, las enfermedades ms
frecuentes son las gastrointestinales y de la piel, ocasionadas
principalmente por falta de agua.
Es de todos conocidos que el tema de la salud es una de las
demandas principales de los jornaleros agrcolas, junto con la
seguridad social; en la regin, menos de 15 por ciento de los
trabajadores agrcolas estn afiliados al Seguro Social, ante la
complacencia de las autoridades del trabajo.
Existen colonias con redes de agua potable hoy inservibles que
por cuestiones de desabasto dejaron de operar, donde han surgido
otros ganadores; los ejidatarios y ex ejidatarios que siguen
contando en calidad de patrimonio propio pozos que venden y
abastecen de agua cobrando a 15 pesos el tambo de agua potable.
En temporadas de calor se especula con el precio sin control
alguno por parte de la autoridad, socavando el ingreso
familiar.
El movimiento de las familias indgenas afectadas por el desbasto
de agua y la duda generada sobre la palabra empeada por los
funcionarios de estas instituciones no responde slo al retraso de
la ejecucin de las obras sino al desvo de los beneficios.
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Por ejemplo, hace dos aos la CDI y el gobierno del estado
construyeron un camino de acceso con cemento hidrulico al
campamento de El Vergel, propiedad de la empresa Rancho Los Pinos,
con un presupuesto de ms de 4 millones de pesos; la gestin la
realiz directamente la empresa, con el acompaamiento del ingeniero
Antonio Rodrguez, secretario de Fomento Agropecuario y
copropietario de esta compaa, que ha crecido exponencialmente en la
ltima dcada.
Despus de 10 aos de reclamos en esta materia, con recursos de la
CDI y del gobierno del estado se estn perforando tres pozos para
abastecer a ms 30 colonias, cuya poblacin es mayor de 30 mil
personas, principalmente indgenas, que viven en pobreza
extrema.
Las obras, cuyo monto rebasa los 35 millones de pesos, son la
respuesta que las autoridades de gobierno dieron despus de una
lucha de ms de 10 aos ante el problema del desabasto de agua
potable que existe en la regin, principalmente en los hogares
indgenas.
La negativa de las familias jornaleras a desmovilizarse en el
plantn realizado en esos das hasta obtener la presencia de los
representantes tanto de CESPE y de la CDI, as como del
representante de gobierno en el municipio de Ensenada, culmin con
una serie de acuerdos donde se ratifica que los beneficiarios
directos de la perforacin de estos pozos debern ser las familias
jornaleras indgenas.
En aquel tiempo, las autoridades se comprometieron a reunirse de
nuevo por segunda ocasin para establecer entre las instancias de
gobierno y los representantes de las colonias un plan de
seguimiento a las diferentes demandas planteadas, que no slo es
garantizar la fuente de agua, sino su conduccin hasta los hogares
de los jornaleros.
Sin embargo el problema no se resuelve del todo; existen ms de
80 colonias entre las delegaciones municipales de San Quintn,
colonia Vicente Guerrero y Camal que sufren desabasto permanente
del recurso y cuyos integrantes laboran como mano de obra
asalariada de las empresas que existen en la regin.
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Seguramente ante el crecimiento anual de poblacin, que rebasa 11
por ciento, se tendr que buscar una solucin en donde el estado
tendr que asumir que la prioridad es la poblacin y en segundo los
desarrolladores agrcolas, de lo contrario San Quintn se volver un
polvorn ante tanta injusticia social.
10. San Quintn dnde est el Estado de derecho?
La justa preocupacin que se ha manifestado en la sociedad y en
el gobierno ante las violaciones a los derechos humanos y laborales
que se cometen en contra de nuestros connacionales allende nuestras
fronteras, debe traducirse en la misma preocupacin por las que se
cometen en nuestra propia casa.
En el Valle de San Quintn, en Baja California, se violan
cotidianamente los derechos fundamentales de miles de
mexicanos.
Documentos proporcionados por varias organizaciones de
jornaleros agrcolas, muestran que muchos mexicanos viven en
condiciones infrahumanas.
Algunos patrones en el Valle de San Quintn se comportan como
hacendados de principios de siglo. Tambin hay empresarios quienes
tienen una actitud solidaria con sus trabajadores, y acompasan
productividad con buen trato para el personal, pero han sido
arrastrados, por quienes prefieren burlar las normas jurdicas
Las violaciones a la Ley en que algunos de estos patrones
incurren, llevan implcito un componente adicional de racismo.
El problema no es nuevo, tiene dcadas de ser una herida abierta
que se ha pretendido soslayar.
Muchos de los jornaleros son ciudadanos indgenas provenientes de
Oaxaca y Guerrero. Tanto los recin llegados como aqullos que llevan
varios aos asentados, sufren las mismas deplorables
condiciones.
Las denuncias son muy concretas.
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Los jornaleros trabajan en condiciones irregulares, muchas veces
sin contrato y en condiciones claramente violatorias a lo que la
Ley establece para los trabajadores rurales.
Las condiciones de hacinamiento e insalubridad, los bajos
salarios y la falta de una cobertura suficiente de los servicios de
salud, aunado al uso de pesticidas y plaguicidas sin el cuidado
debido, condenan a la muerte temprana y a la enfermedad a un
elevado nmero de mujeres, hombres y nios. Enfermedades y muertes
que son evitables.
Igualmente, se seala el empleo de menores de edad en jornadas de
trabajo que exceden con mucho los lmites establecidos por la Ley,
que fija limitaciones concretas al trabajo infantil y reglamenta
con precisin el trabajo de los menores, limitando la jornada
laboral para evitar un deterioro fsico y mental que dae su
desarrollo posterior.
Esta misma situacin obliga a los jornaleros a trabajar en
condiciones de inseguridad para ellos y sus familias.
Los casos de violencia y de violacin a su integridad fsica y
moral no son pocos. La perspectiva de los ancianos jornaleros es la
de ser desechados despus de haber dejado la vida en un trabajo que
no les garantiza ninguna seguridad.
Este problema no es privativo de Baja California, involucra
otros estados donde se presentan condiciones de vida y de trabajo
similares, importa tambin porque la mayora de los jornaleros
proviene de algunos de los estados ms pobres del pas. Es, por lo
tanto, un problema de importancia nacional.
La suma de problemas y la bsqueda de su solucin abarcan no slo
la esfera de la responsabilidad del gobierno de Baja California,
sino tambin requiere de la concurrencia del gobierno federal y del
esfuerzo de otros gobiernos estatales.
Con respeto a la soberana del Estado, pero sin eximirlo de la
responsabilidad que tiene, se deben buscar las soluciones que,
conforme a la Ley, procedan.
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Este asunto no se refiere slo a una desavenencia salarial o
laboral entre partes, estamos hablando de la violacin sistemtica a
la Constitucin General de la Repblica y las leyes
fundamentales.
Dnde estn ahora los constitucionalistas que se indignan ante una
iniciativa de Reforma Indgena, que pretende mejorar las condiciones
de vida de los indgenas, pero callan ante el hecho concreto de la
violacin cotidiana de sus derechos ms elementales?
Acaso se fueron de vacaciones?
La intervencin decidida de las instituciones republicanas es
imprescindible para evitar que el ahondamiento de la situacin
actual derive en una agudizacin de las contradicciones presentes en
San Quintn, que signifiquen una mayor violencia y polarizacin que a
nadie beneficiara.
La Ley no debe ser letra muerta en ninguna porcin de la
Patria.